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Res. 21942-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 01/08/2024
OutcomeResultado
The amparo is partially granted for violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, ordering AyA and the municipalities of Quepos, Golfito, and Garabito to build treatment plants and sewerage within 18 months, with a maximum of 2 years for completion, under the oversight of the Ministry of Health.Se acoge parcialmente el amparo por violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, ordenando al AyA y las municipalidades de Quepos, Golfito y Garabito construir plantas de tratamiento y alcantarillado en plazo de 18 meses, con un máximo de 2 años para finalizar, bajo fiscalización del Ministerio de Salud.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber hears an amparo against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), the Ministry of Finance, and the municipalities of Golfito, Quepos, Garabito, and Palmares, for the lack of wastewater treatment plants and sanitary sewerage in those localities, despite their inclusion in the Priority Zones Sanitation Program financed by a KfW loan. The Chamber finds that, despite the loan being approved by law in 2019, AyA had critical execution (0.04% disbursed by July 2023), failed to present the action plan requested by the Ministry of Finance since 2022, and did not design alternatives after the credit closure decision. The municipalities also took no concrete action. The Ministry of Finance is exonerated, as its actions fell within its public debt management authority. The amparo is partially granted for violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment (Article 50). AyA and the municipalities of Quepos, Golfito, and Garabito are ordered to manage and coordinate construction within 18 months, allocate budget, and provide a timeline to the petitioner, with a maximum of 2 years for completion. The Ministry of Health must oversee compliance. The Palmares claim is severed to a prior case (2003) where a ruling already exists.La Sala Constitucional conoce un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Ministerio de Hacienda y las municipalidades de Golfito, Quepos, Garabito y Palmares, por la inexistencia de plantas de tratamiento de aguas negras y alcantarillado sanitario en esas localidades, pese a haber sido incluidas en el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias financiado mediante un préstamo del KfW alemán. La Sala constata que, a pesar de que el préstamo fue aprobado por ley en 2019, el AyA tuvo una ejecución crítica (0.04% de desembolso a julio 2023), no presentó el plan de acción solicitado por Hacienda desde 2022 y no diseñó alternativas tras la decisión de cierre del crédito. Las municipalidades tampoco impulsaron acciones concretas. Se descarta la responsabilidad del Ministerio de Hacienda, cuya actuación se ajustó a sus competencias de administración de deuda pública. Se declara parcialmente con lugar por violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (artículo 50 constitucional). Se ordena al AyA y a las municipalidades de Quepos, Golfito y Garabito gestionar y coordinar la construcción de las obras en 18 meses, prever partidas presupuestarias y suministrar cronograma al recurrente, en un plazo máximo de 2 años. Se notifica al Ministerio de Salud para su fiscalización. En cuanto a Palmares, el asunto se desglosa al expediente anterior (2003) donde ya existe sentencia.
Key excerptExtracto clave
Thus, the violation of fundamental rights attributed to the Ministry of Finance is dismissed; and the appeal is granted insofar as it is directed against AyA, since this Chamber observes that the respondent authority has not only failed to provide a definitive solution to the reported problems, but it is also not apparent that it has designed an alternative strategy, given the closure of the loan signed with KfW of Germany. Moreover, it is observed that the municipalities in question have likewise not taken definite and concrete actions to compel AyA to fulfill its legal duty to provide the inhabitants of their jurisdictions with a wastewater evacuation service, as mandated by the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and to achieve a coordinated solution to the described water problem. In sum, it is not apparent that significant efforts have been made to make effective the loan contract to finance the priority zones sanitation program, or that necessary actions were taken in coordination with the relevant municipal and health authorities to provide solutions to the lack of water sanitation. Consequently, the appeal is granted against the Institute of Aqueducts and Sewers and the municipalities of Jacó, Golfito, and Quepos, as the petitioner’s right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated.Así las cosas, se descarta la vulneración a los derechos fundamentales que se atribuyen al Ministerio de Hacienda; y se acoge el recurso en cuanto se dirige contra el AyA, pues observa esta Sala que la autoridad recurrida no sólo no ha brindado una solución definitiva a los problemas denunciados, sino que tampoco se desprende que haya diseñado una estrategia distinta, ante el cierre del préstamo suscrito con el KFW, de Alemania. Por otro lado se observa que tampoco las municipalidades en cuestión han tomado acciones definidas y concretas para impulsar a que el AyA asuma su deber legal de para proveer a los habitantes de sus circunscripciones de un servicio de evacuación de aguas negras, conforme lo dispone la Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados) y se dé de manera coordinada una solución al problema de aguas descrito. En suma, no se observa que se hayan hecho esfuerzos importantes para hacer efectivo el contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias o que se tomaran acciones necesarias en coordinación con las instancias municipales y sanitarias que corresponden, a fin de brindar las soluciones a la falta de saneamiento de las aguas. Como consecuencia procede acoger el recurso en cuanto se dirige contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y las municipalidades de Jacó, Golfito y Quepos, al haberse quebrantado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del recurrente.
Pull quotesCitas destacadas
"Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras."
"To effectively comply with the protection of a healthy and ecologically balanced environment, the State, broadly understood, has the duty to provide the necessary measures so that communities nationwide receive timely and effective treatment of wastewater."
Considerando III
"Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras."
Considerando III
"Se corrobora, así, las distintas funciones y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y al Ministerio de Salud, en materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. Funciones y obligaciones que, además -y como ya se adelantó en el considerando anterior-, se deben ejercer de forma coordinada, para asegurar así la eficacia y eficiencia administrativas."
"Thus, the different functions and obligations imposed by the legal system on the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Ministry of Health regarding the collection, treatment, and final disposal of wastewater are corroborated. Functions and obligations that, in addition—and as previously stated—must be exercised in a coordinated manner to ensure administrative effectiveness and efficiency."
Considerando III
"Se corrobora, así, las distintas funciones y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y al Ministerio de Salud, en materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. Funciones y obligaciones que, además -y como ya se adelantó en el considerando anterior-, se deben ejercer de forma coordinada, para asegurar así la eficacia y eficiencia administrativas."
Considerando III
"En suma, no se observa que se hayan hecho esfuerzos importantes para hacer efectivo el contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias o que se tomaran acciones necesarias en coordinación con las instancias municipales y sanitarias que corresponden, a fin de brindar las soluciones a la falta de saneamiento de las aguas."
"In sum, it is not apparent that significant efforts have been made to make the loan contract effective to finance the priority zones sanitation program, or that necessary actions were taken in coordination with the relevant municipal and health authorities to provide solutions to the lack of water sanitation."
Considerando V
"En suma, no se observa que se hayan hecho esfuerzos importantes para hacer efectivo el contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias o que se tomaran acciones necesarias en coordinación con las instancias municipales y sanitarias que corresponden, a fin de brindar las soluciones a la falta de saneamiento de las aguas."
Considerando V
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[Excerpt begins mid-sentence] “(…) III.- ON THE COLLECTION, TREATMENT, AND FINAL DISPOSAL OF SEWAGE. To effectively comply with the protection of a healthy and ecologically balanced environment, the State, understood in the broad sense, has the duty to arrange the necessary measures so that timely and effective treatment of sewage is provided in the country's communities. In that regard, this Constitutional Court has held the view that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, the Municipalities, and the Ministry of Health are all responsible—within their respective spheres of competence—for ensuring the proper collection, treatment, and final disposal of such waters. Thus, in the specific case of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, its own Constitutive Law—Law No. 2726 of April 14, 1961, and its amendments—provides as follows:
“Article 1.- For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, undertaking and promoting the planning, financing, and development of, and resolving all matters related to, the supply of potable water and the collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of storm sewer systems in urban areas, for the entire national territory, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is hereby created as an autonomous institution of the State.” Therefore, that institution is responsible, pursuant to the provisions of Article 2 of that same regulatory body, for "(…) Directing and supervising everything related to providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection and evacuation of sewage and liquid industrial waste, and stormwater in urban areas (…)". Similarly, the General Health Law—Law No. 5395 of October 30, 1973—provides, in its Article 2, that the Executive Branch, through the Ministry of Health, is responsible for defining the national health policy, planning and coordinating all public and private activities related to health, as well as executing those activities that fall within its competence according to the law.
Likewise, Article 341 of the referenced law establishes, among the powers of the Ministry of Health, that of ordering and taking the special measures enabled by that regulation to prevent risk or harm to the health of persons or their spread or aggravation, and to inhibit the continuation or recurrence of infractions by private parties. Regarding the specific topic, the General Health Law, in its Book 1, Title 3, Chapter 3, “On the obligations and restrictions for the sanitary evacuation of excreta and wastewater,” provides—in relevant part—as follows:
“Article 285.- Excreta, sewage, wastewater, and stormwater must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and of natural water sources for human use and consumption, the formation of breeding grounds for vectors and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality.” (Emphasis not part of the original).
“Article 287.- Every person, natural or legal, who owns dwellings or establishments or buildings in which persons carry out their activities, shall be responsible for ensuring that such properties have a system for the disposal of excreta and sewage and wastewater approved by the Ministry, and the users of dwellings, establishments, or buildings shall be obligated to maintain said system in good working condition.” “Article 288.- Every owner is obligated to connect the system for the elimination of excreta, sewage, and wastewater from their property to the sanitary sewer system in places where it is in operation, except in cases of exception that the pertinent regulations recognize as admissible.” Furthermore, the obligation of the Ministry of Health authorities to ensure the application and control of compliance with the provisions of that law and its regulations is inferred from said regulation, without prejudice to the powers and obligations that special laws grant to or impose on other public bodies or entities within their respective fields of action (Article 337).
Thus, the different functions and obligations that the legal system imposes on the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Ministry of Health regarding the collection, treatment, and final disposal of sewage are corroborated. Functions and obligations that, moreover—and as already stated in the preceding recital—must be exercised in a coordinated manner, to thus ensure administrative effectiveness and efficiency.
IV.Regarding the lack of a waste and sewage treatment plant in Palmares. The petitioner complains that, as of the date this remedy was filed, there is still no waste and sewage treatment plant in various cantons. Insofar as the remedy refers to the lack of infrastructure in the Canton of Palmares in particular, in the report given in this matter by the representative of AyA, he asks this Chamber to take into account the provisions of ruling 03-01431 of 10:53 a.m. on February 21, 2003, which ordered the granting of the remedy filed on September 18, 2002, by the same petitioner [Name 002]. He recalls that on that occasion, this Chamber ordered the respondent parties, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Municipality of Palmares, as well as the Ministry of Health, to initiate the steps to build a treatment plant within a period of 12 months.
Indeed, in 2003, this Court ordered the following: “The remedy is GRANTED. Jorge Isaac Vásquez Pérez, in his capacity as Mayor of Palmares, and Heidi Ramírez Sánchez, Luis Carlos Araya Badilla, Coralia Pacheco Moreira, Oldemar Segura Rodríguez, and Miguel Ángel Vásquez, in their capacity as Councilors of the Municipality of Palmares, and Everardo Rodríguez Bastos, in his capacity as Executive President of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, or whoever holds their positions in their stead, are ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to, within the non-extendable term of TWELVE MONTHS from the notification of this judgment, manage the construction of a sewage treatment plant for the entire locality of Palmares, for which purpose the submission of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to SETENA must be included. In the same terms, those Authorities are ordered to foresee, within their budgets, the necessary budget items for the construction of said treatment plant, and to provide the petitioner with a note detailing the budget that will be allocated for that purpose, and a schedule of activities, so that compliance with the construction stages can be monitored; all this, on the understanding that they must complete the indicated task within a reasonable term, which may not exceed TWO YEARS.
Furthermore, Eduardo López Cárdenas, in his capacity as Acting Minister of Health, or whoever occupies his post, is ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to coordinate efforts with the other respondent parties and oversee that said treatment plant is built in accordance with Health regulations. The Mayor and Councilors of the Municipality of Palmares, or whoever holds their positions, are ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to provide a definitive solution to the sanitary problem caused by the Palmares Municipal Market, within the NON-EXTENDABLE PERIOD OF TWO YEARS, and Eduardo López Cárdenas, in his capacity as Acting Minister of Health, or whoever occupies his post, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to order the closure of the Palmares Municipal Market, if the problem in question is not corrected within the indicated period. The State, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, and the Municipality of Palmares are ordered to pay the damages caused by the facts on which this declaration is based, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the administrative contentious jurisdiction.
The respondent parties are warned that, pursuant to Article 71 of the Law of this jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that they must fulfill or cause to be fulfilled, issued in a remedy of amparo (recurso de amparo), and does not fulfill it or does not cause it to be fulfilled, provided that the crime is not more severely penalized. This resolution will be notified to ALL THE OFFICIALS MENTIONED IN THE OPERATIVE PART OF THIS JUDGMENT, or to whoever occupies those same positions in their stead, IN PERSON.” Regarding this point, the Mayor of the Municipality of Palmares informs this Chamber that, at present, with respect to the water treatment project for that Canton, since March 27, 2023, Arch. Silvia Carazo Angulo, Head of the Municipal Engineering Department of Palmares, sent via email to the Head of the Cantonal Office of Palmares, the Director of Operation and Maintenance of the Central West Region, and the Operation and Maintenance Engineer of the Central West Region, all of the Instituto de Acueductos y Alcantarillados of the canton of Palmares, official communication MP-DU-108-2023, providing them with the hydrogeological variable that forms part of the Regulatory Plan process of the Canton of Palmares, an input required so that said Institute can complete the sewage and residual water treatment system for the canton of Palmares, in accordance with the 2021-2026 Sanitation Investment Plan of AYA.
He adds that the Municipality “is in (sic) constant meetings with AYA officials, regional office of Palmares, with the purpose of coordinating the development of the project, because it is the responsibility of said institute to seek public funds for its construction; therefore, the Municipality of Palmares is waiting for AyA to submit the construction project for approval, in accordance with the regulations governing the treatment of residual waters.” Given the factual situation described, regarding the lack of construction of the water treatment plant in the Municipality of Palmares, claimed against that Municipality and the Instituto de Acueductos y Alcantarillados; let this matter be separated to be processed under case file 02-7556-0007-CO.
Insofar as the remedy refers to the lack of waste and sewage treatment and sewer infrastructure in the municipalities of Jacó, Quepos, and Golfito; after reviewing the reports rendered under the solemnity of oath, as well as the evidence provided, it is evident that despite the need in those areas for the waste and sewage treatment plant and sewer system, – in the same sense indicated in Considerando IV above, referring to the Municipality of Palmares – in the cantons of Jacó, Quepos, and Golfito, the respondent authorities reveal that they also lack that infrastructure, necessary to execute the residual water treatment processes, according to national legislation and applicable technical regulations.
Regarding the noted omission, the representative of the Ministry of Finance explains to this Chamber in his report that, although since 2019, through Law 9723, a loan agreement was approved to finance the sanitation program for priority zones, signed with the Bank KFW Frankfurt am Main (hereinafter KFW), published in Supplement 210 to Gazette 183 of September 27, 2019. The truth is that for said program—to build the infrastructure works for residual water sanitation including the construction of the sewer system, the water collection network, a treatment plant, and, in the case of the city of Palmares, a Research and Training Center in Sanitation Technologies—the Ministry of Finance deemed it necessary for AyA to create an action plan, which it had already requested in November 2022, via official communication MH-DM-OF-2702-2022.
In the report, the representative of the Ministry of Finance emphasizes that the Public Credit Directorate of that Ministry had requested a Plan from the Program Executing Unit on different occasions, which would define the lines of action by the Senior Administration of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados to reassess the Program's scope and the increase in its costs. This was due to the critical performance results shown by the Program, where at that time, according to the Schedule of the Separate Loan Agreement, the works for the four sanitation projects showed an evident delay as they should have begun in July 2021, while the bidding processes would not be published until the second quarter of 2023.
He also informs that the Ministry of Finance warned the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of the high impact on the Program's follow-up indicators, due to the null execution of loan resources as of December 31, 2022, considering that its entry into force dates back to September 2019. He explains that for the Ministry of Finance, the decision-making required by the Program Executing Unit and the submission of the indicated action plan, which would establish clear and precise planning to achieve its prompt acceleration and set forth the activities, responsible parties, and compliance deadlines that would lead to definitively resolving, among other things, the issue of the exponential increase in the total cost of the Program, was of special importance; however, the repeated requests were ignored.
Based on the previous situation, through official communication number MH-DM-OF-1303-2023 of August 2023, the Ministry of Finance asked AyA to coordinate the corresponding actions to carry out the orderly closure of the credit operation and other activities associated with the financing; a request he explains is due to the statements of the Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados regarding the impossibility of bringing to completion, in quantity and scope, the projects initially agreed upon with KFW with the amount of the loan agreement.
For his part, the representative of the respondent AyA adds in his report that, in response to the changes in the treatment plant construction projects for the four cantons (Jacó, Palmares, Quepos, and Golfito) and given the Ministry of Finance's order to close the credit operation for building said infrastructure, the Executive Presidency of AyA is in the process of constructing an analysis of risks, implications, and actions to be developed, from the legal, financial, technical, and environmental standpoints, to facilitate the proposal of other alternatives and the definition of a feasible financing strategy that allows achieving the program (AyA report).
However, in the report rendered by the representative of the respondent AyA, it is neither indicated to this Chamber nor is it evident from the evidence provided to the case file what development the project has, if any, or what actions have been taken aimed at providing a solution to the lack of a treatment plant in the different cantons of Palmares, Jacó, Quepos, and Golfito.
In accordance with the considerations set forth, the Chamber finds it established that five years after the loan was approved by law to finance the sanitation program for priority zones of Golfito, Quepos, Palmares, and Jacó, signed with KFW, published in Supplement 210 to Gazette 183 of September 27, 2019, it is in the closure phase since August 2023, due to lack of execution. It draws this Chamber's attention that since 2022, the Ministry of Finance asked AyA to prepare an action plan to be able to obtain the loan; however, to date, AyA has not responded to the Ministry of Finance. Nor has it proposed any strategy, much less started building the infrastructure works for residual water sanitation and the constructions that entails, for the cantons of Palmares, Jacó, Golfito, and Quepos.
Thus, the violation of fundamental rights attributed to the Ministry of Finance is dismissed; and the remedy is granted insofar as it is directed against AyA, as this Chamber observes that the respondent authority has not only failed to provide a definitive solution to the reported problems, but it is also not evident that it has designed a different strategy, given the closure of the loan signed with KFW, of Germany.
On the other hand, it is observed that the municipalities in question have also not taken defined and concrete actions to urge AyA to assume its legal duty to provide the inhabitants of their jurisdictions with a sewage evacuation service, as provided in the Constitutive Law of the Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, and to provide a coordinated solution to the described water problem.
As has been set forth on other occasions, this Court understands that some environmental problems require coordination among various state entities; however, that does not justify AyA, within the scope of its powers and addressing the needs of the governed, deciding in this case to simply not respond to the notes sent by the Ministry of Finance urging it since 2022; and not submitting the action plan requested to establish clear and precise planning to achieve the prompt acceleration of the loan agreement to finance the sanitation program for priority zones.
In summary, it is not observed that significant efforts have been made to make effective the loan agreement to finance the sanitation program for priority zones, or that necessary actions were taken in coordination with the corresponding municipal and health authorities, in order to provide solutions to the lack of water sanitation. Consequently, it is appropriate to grant the remedy insofar as it is directed against the Instituto de Acueductos y Alcantarillados and the municipalities of Jacó, Golfito, and Quepos, given that the petitioner's right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated.
VI.Conclusion. Accordingly, insofar as the remedy is directed against the Municipality of Palmares, the petitioner must abide by what was indicated in judgment number 03-01431 of 10:53 a.m. on February 21, 2003, which ordered the granting of the remedy filed on September 18, 2002. Insofar as it is directed against the Ministry of Finance, it is appropriate to dismiss the remedy, and it is partially granted, insofar as it is directed against AyA and the municipalities of Garabito, Golfito, and Quepos, for violation of the petitioner's right to a healthy and ecologically balanced environment, under the terms indicated in the operative part of this judgment. (…)”
During the June 2023 mission with KfW Bank, which included the participation of the Ministry of Finance, the need to assess the relevance and urgency of the Program by the borrower was determined. Under this premise, the Ministry of Finance, through official communication MH-DM-OF-1303-2023 of August 16, requested that AyA proceed to coordinate the corresponding actions to carry out the orderly closure of the credit operation and other activities associated with it. Regarding the actions that the Executive Presidency will take in response to the Ministry of Finance's decision, in its capacity as borrower of Loan Agreement 28568, the Senior Management is building an analysis of risks, implications, and actions to be developed, from a legal, financial, technical, and environmental perspective, that facilitate the proposal of other alternatives and the definition of a feasible financing strategy that allows the achievement of the program.” It requests that the appeal be dismissed.
In this regard, in the Minutes of the Meeting dated June 22, 2023, held on the occasion of the KFW supervision mission, the following was stated: Extension of disbursement period: Uncertainty about the costs for the Borrower is mentioned in case the Borrower terminates the Loan Agreement or in the event of a possible extension, and the need to have projected information in this regard, in order to make decisions. It is highlighted that a concrete amount for each issue cannot be guaranteed at the time of the meeting. Despite this, for the Ministry of Finance it is indeed necessary to have the cited information to analyze realistic scenarios that support timely decision-making, and therefore it requests KfW to provide an estimate in this regard. (The bold text does not belong to the original) Information that, once reviewed from a technical standpoint and its implications assessed, led the Ministry of Finance to make the decision to request the closure of the credit operation, considering it beneficial to the interests of the State that this Ministry protects in accordance with its competencies.
It is reiterated that the decision to shorten the scope of the projects from 4 to 2 with a reduced scope within the framework of the Program was a decision forged within the very bosom of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, in which the Ministry of Finance had no interference whatsoever. Likewise, emphasis is placed on the fact that this Ministry did not in any way order the Program to be left without budgetary content; the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados is technically and legally capable of carrying out the Program works with the resources it budgets for them. III. Petition. Under the protection of the reasons of fact and law set forth, I request that the amparo appeal filed by Mr. [Name 001] be dismissed, since this Ministry, within its competencies, has complied with the provisions of the regulations and has not violated the fundamental rights to Health, to a Healthy and Ecologically Balanced Environment, and the Protection of Natural Beauties.”
Considering that the legal analysis conducted by the Huetar Norte Region and the Rectorate Area is also sound in its comprehensive interpretation of health, industrial safety and hygiene, and construction legislation, this Directorate recommends that these regional and local levels be the ones to alert or consult the Municipality regarding the inconsistencies detected between the construction and location permits granted by the local government; and that they abide by what the latter subsequently resolves." CONCLUSIONS. It is considered proven, through the content of official communication N° MS-DPRSA-USA-1996-2023 of October 2, 2023, cited above, that all due diligence has been performed by the authorities of the Ministry of Health to address what was requested by this Constitutional Chamber. EVIDENCE. A duly certified copy of the indicated documents is submitted. PRAYER FOR RELIEF. By virtue of the foregoing, we respectfully request that this Constitutional Chamber deem the request made through the resolution issued at seven hours and one minute on September twenty-ninth, two thousand twenty-three, as fulfilled, since a timely and proper response has been provided to what was required."
Drafted by Magistrate Alvarado Paniagua; and,
Considering:
The appellant states that there is no treatment plant or sanitary sewer system in the central district of Palmares (a situation known in case file No. 02-007756-0007-CO). He indicates that in Garabito, specifically Jacó, the situation is similar to that of Palmares, as citizens are affected by significant anthropogenic pollution in their streams and rivers, bringing death to river life and health problems to the residents, and to the riverine and marine ecosystems. He comments that, apparently, water sanitation has never been a priority for the respondents. Faced with this problem, the communities of Golfito, Quepos, Jacó, and Palmares had been included in the Sanitation Program in Priority Zones, thus authorizing the construction of treatment plants and their respective sanitary sewer systems. However, he complains that the Minister of Finance, through official communication MH-DM-OF-1303-2023 dated August 16, 2023, communicated the cancellation of the program to the Executive President of the Institute of Aqueducts and Sewers (ICAA).
He adds that the elimination of the budget and financing for the projects of the 4 communities was made under the crude argument that there is a lack of promptness in materializing the works and obtaining the necessary enabling acts. Part of the argument is even that the president of the ICAA requested the Minister of Finance to remove the Quepos and Golfito projects from the schedule of activities and financing, wanting to leave only Palmares and Jacó. He complains that none of the 4 projects will be carried out by order of the Minister of Finance, who ordered the Sanitation Program in Priority Zones to be left without budgetary content, an issue that leads to the irrational closure of the materialization of all the works in the 4 cities. He accuses that the actions of the respondent authorities violate constitutional provisions 21, 50, and 89, as a period of unbridled and irreversible environmental damage will begin, harming the rights of people who have not even been born.
He requests that the appeal be granted and that the respondents be ordered to take the pertinent actions to activate the source of financing for the treatment plant and sanitary sewer system projects of Palmares, Jacó, Quepos, and Golfito.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven, either because they have been accredited as such or because the respondent authority has failed to refer to them, as provided in the initial order:
Regarding the treatment plant and sewer systems of the Municipality of Palmares:
IN THE SAME TERMS, THESE AUTHORITIES ARE ORDERED TO EARMARK, WITHIN THEIR BUDGETS, THE NECESSARY ITEMS FOR THE CONSTRUCTION OF THE REFERRED TREATMENT PLANT, AND TO PROVIDE THE APPELLANT WITH A NOTE DETAILING THE BUDGET TO BE ALLOCATED TO THAT END, AND A SCHEDULE OF ACTIVITIES, IN ORDER TO MONITOR COMPLIANCE WITH THE CONSTRUCTION STAGES; ALL OF THIS, ON THE UNDERSTANDING THAT THEY MUST FINISH THE INDICATED TASK WITHIN A REASONABLE TERM, WHICH MAY NOT EXCEED TWO YEARS. FURTHERMORE, IT IS ORDERED TO EDUARDO LOPEZ CARDENAS, IN HIS CAPACITY AS ACTING MINISTER OF HEALTH, OR TO WHOEVER HOLDS HIS POSITION, UNDER PENALTY OF DESOBEDIENCE, TO COORDINATE EFFORTS WITH THE OTHER RESPONDENTS AND TO SUPERVISE THAT THE MENTIONED TREATMENT PLANT IS BUILT IN ACCORDANCE WITH HEALTH REGULATIONS. THE MAYOR AND THE COUNCILORS OF THE MUNICIPALITY OF PALMARES, OR WHOEVER HOLDS THEIR POSITIONS, ARE ORDERED, UNDER PENALTY OF DESOBEDIENCE, TO PROVIDE A DEFINITIVE SOLUTION TO THE SANITARY PROBLEM CAUSED BY THE PALMARES MUNICIPAL MARKET, WITHIN THE NON-EXTENDABLE TERM OF TWO YEARS, AND EDUARDO LOPEZ CARDENAS, IN HIS CAPACITY AS ACTING MINISTER OF HEALTH, OR TO WHOEVER HOLDS HIS POSITION, UNDER PENALTY OF DESOBEDIENCE, IS ORDERED TO CLOSE THE PALMARES MUNICIPAL MARKET, IF THE PROBLEM AT HAND IS NOT CORRECTED WITHIN THE INDICATED TERM" (see case file number 02-007756-0007-CO, brought ad efectum videndi et probandi).
Regarding the treatment plant and sewer systems of Jacó, Quepos, and Golfito d) Through Law number 9723 dated August 14, 2019, Loan Contract No. 28568 to finance the sanitation program in priority zones, signed with KFW Frankfurt am Main Bank (hereinafter KFW), was approved, published in Scope 210 of Gaceta 183 of September 27, 2019. Said Program consists of four components, to build the infrastructure works in four cities of Costa Rica, which have been chosen as priorities according to various technical selection criteria involving, among others, the impact on the beneficiary population, the environmental and economic impact of the project, which are: Palmares, Jacó, Quepos, and Golfito. It is provided that in each of them, infrastructure works for wastewater sanitation will be built, including the construction of the sewer system, the water collection network, a treatment plant, and, in the case of the city of Palmares, a Center for Research and Training in Sanitation Technologies. (see report of the Ministry of Finance and the Legislative Assembly portal: Archivo_Leyes - Contrato de préstamo N° 28568 para financiar... (asamblea.go.cr)).
After that, the Declaration that the company Pre-qualification process was deserted implied that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers later made the decision to restart the contracting processes, but individually (by project). Therefore, concern was raised about the additional time that the cited Institute already estimated it would require to conclude the Program, which corresponded to 24 additional months (see report).
At that time, other elements that continued to be critical were indicated:
To effectively comply with the protection of a healthy and ecologically balanced environment, the State, understood in a broad sense, has the duty to provide the necessary measures so that timely and effective treatment of black waters is provided in the country's communities. In that sense, this Constitutional Court has been of the opinion that both the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, the Municipalities, and the Ministry of Health are responsible—within their respective areas of competence—for ensuring the proper collection, treatment, and final disposal of such waters. Thus, in the specific case of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, its own Constitutive Law—Law No. 2726 of April 14, 1961, and its reforms—provides the following:
"Article 1.- For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, carrying out and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of potable water (agua potable) and the collection and evacuation of black waters and liquid industrial waste, as well as the normative aspect of storm sewer (alcantarillado pluvial) systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is created as an autonomous institution of the State." Therefore, said institution is responsible, in accordance with the provisions of Article 2 of that same regulatory body "(…) Directing and supervising everything concerning providing the inhabitants of the republic with a service of potable water, collection, and evacuation of black waters and liquid industrial waste and stormwater in urban areas (…)".
Similarly, the General Health Law (Ley General de Salud)—Law No. 5395 of October 30, 1973—provides, in its Article 2, that the Executive Branch, through the Ministry of Health, is responsible for the definition of the national health policy, the planning and coordination of all public and private activities relating to health, as well as the execution of those activities that fall within its competence according to the law. Likewise, Article 341 of the referred law establishes, within the powers of the Ministry of Health, that of ordering and taking the special measures that this regulation enables to prevent risk or harm to the health of persons or that these spread or worsen, and to inhibit the continuation or recurrence of the infringement by private parties. Regarding the specific topic, the General Health Law, in its Book 1, Title 3, Chapter 3, "Of the obligations and restrictions for the sanitary evacuation of excreta and wastewater (aguas servidas)," provides—as pertinent—the following:
"Article 285.- Excreta, black waters, wastewater, and stormwater must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural sources of water for human use and consumption, the formation of breeding grounds for vectors and diseases, and the contamination of the air through conditions that threaten its purity or quality." (The highlighting is not part of the original).
"Article 287.- Every person, natural or legal, owner of dwellings or establishments or buildings where people carry out their activities, shall be responsible for ensuring that such properties have a system for disposing of excreta and black waters and wastewater approved by the Ministry, and the users of dwellings, establishments, or buildings shall be obliged to maintain said system in good working order." "Article 288.- Every owner is obliged to connect the system for eliminating excreta, black waters, and wastewater from their property to the sanitary sewer (alcantarillado sanitario) in places where it is in operation, except in cases of exemption that the pertinent regulations recognize as applicable." Likewise, from said regulations, the obligation of the Ministry of Health authorities to ensure the application and control of compliance with the provisions of that law and its regulations is inferred, without prejudice to the powers and obligations that special laws grant and impose on other public bodies or entities within their respective fields of action (Article 337).
Thus, the different functions and obligations that the legal system imposes on the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Ministry of Health regarding the collection, treatment, and final disposal of black waters are corroborated. Functions and obligations that, moreover—and as already mentioned in the preceding recital (considerando)—must be exercised in a coordinated manner, to thus ensure administrative effectiveness and efficiency.
IV.Regarding the lack of a treatment plant (planta de tratamiento) for waste and black waters in Palmares. The petitioner claims that as of the filing date of this appeal, there is still no treatment plant for waste and black waters in various cantons. Concerning the appeal regarding the lack of infrastructure in the Canton of Palmares in particular, in the report given in this matter by the representative of AyA, he requests the Chamber to take into account the provisions of Ruling 03-01431 of 10:53 a.m. on February 21, 2003, which decided to grant the appeal filed on September 18, 2002, by the same petitioner [Name 002]. He recalls that on that occasion, this Chamber ordered the respondents, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Municipality of Palmares, as well as the Ministry of Health, to begin the procedures to build a treatment plant within a period of 12 months.
Indeed, in 2003, this Court ordered to that effect: "The appeal is GRANTED. Jorge Isaac Vásquez Pérez, in his capacity as Mayor of Palmares Municipality, and Heidi Ramírez Sánchez, Luis Carlos Araya Badilla, Coralia Pacheco Moreira, Oldemar Segura Rodríguez, and Miguel Ángel Vásquez, in their capacity as Council Members of the Municipality of Palmares, and Everardo Rodríguez Bastos, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, or whoever holds their positions, are hereby ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to, within the non-extendable term of TWELVE MONTHS counted from the notification of this judgment, arrange for the construction of a black water treatment plant for the entire locality of Palmares, for which purpose the presentation of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) to SETENA must be included. Under the same terms, these Authorities are ordered to provide, within their budgets, the necessary allocations for the construction of the referred treatment plant, and to provide the petitioner with a note detailing the budget that will be allocated to that end, and a schedule of activities, so that compliance with the construction stages can be monitored; all this, on the understanding that they must complete the indicated task, within a reasonable term, which may not exceed TWO YEARS.
Additionally, Eduardo López Cárdenas, in his capacity as Acting Minister of Health, or whoever occupies his position, is hereby ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to coordinate efforts with the other respondents and supervise that the mentioned treatment plant is built in accordance with Health regulations. The Mayor and the Council Members of the Municipality of Palmares, or whoever holds their positions, are hereby ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to provide a definitive solution to the sanitary problem caused by the Municipal Market of Palmares, within the NON-EXTENDABLE PERIOD OF TWO YEARS, and Eduardo López Cárdenas, in his capacity as Acting Minister of Health, or whoever occupies his position, is hereby ORDERED, UNDER PENALTY OF DISOBEDIENCE, to order the closure of the Municipal Market of Palmares, if the aforementioned problem is not corrected within the indicated period.
The State, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, and the Municipality of Palmares are condemned to pay the damages caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. The respondents are warned that, in accordance with Article 71 of the Law of this Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal (recurso de amparo), and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely punished. Notify this resolution to ALL THE OFFICIALS MENTIONED IN THE DISPOSITIVE PART OF THIS JUDGMENT, or to whoever occupies those same positions in their place, IN PERSON.
Regarding this point, the Mayor of the Municipality of Palmares informs this Chamber that, at present, with respect to the water treatment project of that Canton, since March 27, 2023, Architect Silvia Carazo Angulo, Head of the Municipal Engineering Department of Palmares, sent via email to the Head of the Cantonal Office of Palmares, the Director of Operation and Maintenance of the Central West Region, and the Engineer of Operation and Maintenance of the Central West Region, all from the Institute of Aqueducts and Sewers of the canton of Palmares, official letter MP-DU-108-2023, delivering the hydrogeological variable that forms part of the Regulatory Plan process of the Canton of Palmares, an input required so that said Institute can complete the black and residual water treatment system for the canton of Palmares, in accordance with AYA's Sanitation Investment Plan 2021-2026. He adds that the Municipality "is in (sic) constant meetings with AYA officials, Palmares regional office, for the purpose of coordinating so that the project is developed, this because it is the competence of said institute to seek public funds for its construction, therefore, the Municipality of Palmares is waiting for AyA to present the construction project for approval, in accordance with the regulations governing wastewater treatment." From the factual picture described, regarding the lack of construction of the water treatment plant in the Municipality of Palmares, which is claimed against that Municipality and the Institute of Aqueducts and Sewers; let this matter be separated to be processed under case file 02-7556-0007-CO.
V.Regarding the lack of a waste and black water treatment plant and sewer system (alcantarillado) in Jacó, Quepos, and Golfito.
Concerning the appeal regarding the lack of waste and black water treatment and sewer infrastructure in the municipalities of Jacó, Quepos, and Golfito; after reviewing the reports rendered under the solemnity of oath, as well as the evidence provided, it is clear that despite the need in those areas for a waste and black water treatment plant and sewer system—in the same sense indicated in Considerando IV above, referring to the Municipality of Palmares—in the cantons of Jacó, Quepos, and Golfito, the respondent authorities reveal that they also lack that infrastructure, which is necessary to execute the wastewater treatment processes, according to national legislation and applicable technical standards.
Regarding the noted omission, the representative of the Ministry of Finance explains to this Chamber in his report that, although since 2019, through Law 9723, a loan contract was approved to finance the sanitation program for priority zones, signed with Bank KFW Frankfurt am Main (hereinafter KFW, published in Supplement 210 to Gazette 183 of September 27, 2019). The truth is that for this program—to build the infrastructure works for wastewater sanitation, which include the construction of the sewer system, the water collection network, a treatment plant, and in the case of the city of Palmares, a Research and Training Center in Sanitation Technologies—the Ministry of Finance deemed it necessary for AyA to produce an action plan, which it had already requested in November 2022, through official letter MH-DM-OF-2702-2022.
In the report, the representative of the Ministry of Finance emphasizes that the Public Credit Directorate of that Ministry had requested a Plan from the Program Executing Unit on various occasions; which would define the lines of action by the Senior Administration of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers to reassess the scope of the Program and the increase in its costs. This was due to the critical performance results shown by the Program, where at that time, according to the Schedule of the Separate Loan Agreement, the works of the four sanitation projects showed an evident delay since they should have started in July 2021, while the tenders would not be published until the second quarter of 2023.
He also reports that the Ministry of Finance warned the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of the high impact on the Program's monitoring indicators, due to the zero execution of loan resources as of December 31, 2022, considering that its entry into force dates back to September 2019. He explains that for the Ministry of Finance, the decision-making that the Program Executing Unit required and the presentation of the indicated Action Plan, where it would establish clear and precise planning to achieve its prompt acceleration and set forth the activities, responsible parties, and compliance deadlines that would lead to definitively resolving, among others, the issue of the exponential increase in the total cost of the Program, was of special importance; however, the repeated requests were ignored.
Based on the previous situation, by official letter number MH-DM-OF-1303-2023 of August 2023, the Ministry of Finance requested AyA to coordinate the corresponding actions to carry out the orderly closure of the credit operation and other activities associated with the financing; a request that, he explains, stems from the statements of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers regarding the impossibility of completing, in quantity and scope, the projects initially agreed upon with KFW with the amount of the loan contract.
For its part, the representative of the respondent AyA adds in his report that, in response to the changes in the treatment plant construction projects for the four cantons (Jacó, Palmares, Quepos, and Golfito) and given the Ministry of Finance's order to close the credit operation for building said infrastructure, the Executive Presidency of AyA is in the process of constructing a risk analysis, implications, and actions to be developed, from a legal, financial, technical, and environmental point of view, that facilitate the proposal of other alternatives and the definition of a feasible financing strategy to allow the achievement of the program (AyA report).
However, the report rendered by the representative of the respondent AyA does not indicate to this Chamber, nor is it evident from the evidence provided in the case file, what development the project has, if any, or what actions have been taken, aimed at providing a solution to the lack of a treatment plant in the different cantons of Palmares, Jacó, Quepos, and Golfito.
In accordance with the considerations set forth, the Chamber finds it proven that five years after the loan was approved by law to finance the sanitation program for priority zones of Golfito, Quepos, Palmares, and Jacó, signed with KFW, published in Supplement 210 to Gazette 183 of September 27, 2019, it has been in the closure phase since August 2023, due to lack of execution. It draws this Chamber's attention that the Ministry of Finance requested since 2022 that AyA draw up an action plan in order to be able to access the loan; however, to date, AyA has not responded to the Ministry of Finance. Neither has it proposed any strategy, much less begun to build the infrastructure works for wastewater sanitation and the constructions that this includes, for the cantons of Palmares, Jacó, Golfito, and Quepos.
Thus, the violation of fundamental rights attributed to the Ministry of Finance is dismissed; and the appeal is granted insofar as it is directed against AyA, as this Chamber observes that the respondent authority has not only failed to provide a definitive solution to the denounced problems, but it is also not evident that it has designed a different strategy, given the closure of the loan signed with KFW, from Germany.
Furthermore, it is observed that the municipalities in question have also not taken defined and concrete actions to urge AyA to assume its legal duty to provide the inhabitants of their jurisdictions with a black water evacuation service, as stipulated by the Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados), and to provide a coordinated solution to the described water problem.
As has been stated on other occasions, this Court understands that some environmental problems require coordination between various state entities; however, this does not justify AyA, within the scope of its competencies and in response to the needs of the administered, deciding in this case simply not to respond to the notes sent by the Ministry of Finance that have urged it since 2022; and not presenting the action plan that was requested to establish clear and precise planning to achieve the prompt acceleration of the loan contract to finance the sanitation program for priority zones.
In short, it is not observed that significant efforts have been made to make effective the loan contract to finance the sanitation program for priority zones, or that necessary actions were taken in coordination with the corresponding municipal and health entities, in order to provide solutions to the lack of water sanitation. As a consequence, it is appropriate to grant the appeal insofar as it is directed against the Institute of Aqueducts and Sewers and the municipalities of Jacó, Golfito, and Quepos, as the petitioner's right to a healthy and ecologically balanced environment has been violated.
VI.Conclusion. Therefore, insofar as the appeal is directed against the Municipality of Palmares, the petitioner must abide by what was indicated in ruling number 03-01431 of 10:53 a.m. on February 21, 2003, which decided to grant the appeal filed on September 18, 2002. Insofar as it is directed against the Ministry of Finance, the appeal is dismissed, and it is partially granted, insofar as it is directed against AyA and the municipalities of Garabito, Golfito, and Quepos, for violation of the petitioner's right to a healthy and ecologically balanced environment, under the terms indicated in the dispositive part (por tanto) of this judgment.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Plenary Court in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in Judicial Bulletin number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Por tanto:
The appeal is partially granted for violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment. Insofar as the appeal is directed in part against the Municipality of Palmares and the Institute of Aqueducts and Sewers regarding that Municipality, let this matter be separated to be processed under case file 02-7556-0007-CO. Insofar as the appeal is directed against the municipalities of Garabito, Golfito, and Quepos and the Institute of Aqueducts and Sewers, regarding those municipalities, the appeal is granted. Luis Alejandro Guillén Guardia, in his capacity as Executive President of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, Jong Kwan Kim Jin, in his capacity as Mayor of Quepos, Freiner Lara Blanco, in his capacity as Mayor of Golfito, and Tobías Murillo Rodríguez, in his capacity as Mayor of Garabito, or whoever holds these positions, are hereby ordered, within the scope of their competencies, within a term of eighteen months counted from the notification of this judgment, to take the corresponding measures, arrange for, and coordinate the construction of a black water treatment plant and sewer system for the different localities of Quepos, Golfito, and Garabito, respectively.
These authorities are ordered to provide, within their budgets, the necessary allocations for the construction of the referred treatment plant and sewer system, and to provide the petitioner with the detail of the budget that will be allocated to that end, as well as a schedule of activities, so that they can monitor compliance with the construction stages; all this, on the understanding that they must complete the indicated task, within a reasonable term, which may not exceed two years. The respondent authorities are warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Law of the Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued within an amparo appeal, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided that the crime is not more severely punished.
The Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Municipalities of Quepos, Golfito, and Garabito are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be liquidated in the execution of the judgment by the contentious-administrative jurisdiction. As for the Ministry of Finance, the appeal is dismissed. The Minister of Health is notified so that they may coordinate efforts with the respondents and supervise that the mentioned treatment plants and infrastructure are built in each locality, in accordance with health regulations.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
*747DRXUH80T461* CASE FILE N° 23-021589-0007-CO Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Email address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Sabana Sur, Calle Morenos, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters from vulnerable groups: Supreme Court of Justice Building, San José, Catedral District, González Lahmann Neighborhood, streets 19 and 21, avenues 8 and 6 Classification prepared by the CONSTITUTIONAL CHAMBER (SALA CONSTITUCIONAL) of the Judicial Branch.
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Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Temas Estrategicos: Ambiental,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SERVICIOS PÚBLICOS Subtemas:
ALCANTARILLADO.
Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:
INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.
Tema: AMBIENTE Subtemas:
ALCANTARILLADO. CONTAMINACION.
021942-24. SERVICIOS PÚBLICOS. PODER EJECUTIVO. AMBIENTE. ACUSA QUE NO EXISTE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO, NI ALCANTARILLADO SANITARIO EN PALMARES, GOLFITO, QUEPOS Y JACO, QUE TODAS ESTAS LOCALIDADES FUERON INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO EN ZONAS PRIORITARIAS, EL CUAL FUE CANCELADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ELIMINÓ EL PRESUPUESTO PARA ELLO. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO POR VIOLACIÓN DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. SE ORDENA AL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, AL ALCALDE DE QUEPOS Y AL ALCALDE DE GARABITO, QUE, EN EL TÉRMINO DE DIECIOCHO MESES, TOMEN LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDEN, GESTIONEN Y COORDINEN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS NEGRAS Y ALCANTARILLADO PARA LAS DISTINTAS LOCALIDADES DE QUEPOS, GOLFITO Y GARABITO, RESPECTIVAMENTE. SE LES ORDENA A ESAS AUTORIDADES QUE PREVEAN, DENTRO DE SUS PRESUPUESTOS, LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFERIDA PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALCANTARILLADO, Y QUE SUMINISTREN AL RECURRENTE EL DETALLE DEL PRESUPUESTO QUE SE DESTINARÁ A ESE FIN, ASÍ COMO UN CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES, CON EL OBJETO DE QUE PUEDA FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN; TODO ESTO, EN EL ENTENDIDO DE QUE DEBERÁN FINALIZAR LA TAREA INDICADA, EN UN TÉRMINO RAZONABLE, QUE NO PODRÁ EXCEDER LOS DOS AÑOS.
SE NOTIFICA AL MINISTRO DE SALUD PARA QUE COORDINE ESFUERZOS CON LOS RECURRIDOS Y FISCALICE QUE LAS MENCIONADAS PLANTAS DE TRATAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, SE CONSTRUYAN EN CADA LOCALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE SALUD. VCG08/2024 “(…) III.- SOBRE LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS NEGRAS. Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras. En ese sentido, este Tribunal Constitucional ha sido del criterio que, tanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como a las Municipalidades y al Ministerio de Salud, les corresponde -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia-, velar por la debida recolección, tratamiento y disposición final de tales aguas. Así, en el caso específico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, su propia Ley Constitutiva -Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas-, dispone lo siguiente:
“Artículo 1.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.” Por lo que a dicha institución le corresponde, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de ese mismo cuerpo normativo (…) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (…)”. De igual forma, la Ley General de Salud -Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973-, dispone, en su artículo 2°, que le corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley.
De igual forma, el artículo 341 de la referida ley establece, dentro de las atribuciones del Ministerio de Salud, la de ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esa normativa para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. En cuanto al tema específico, la Ley General de Salud, en su Libro 1, Título 3, Capítulo 3, “De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas”, dispone -en lo conducente-, lo siguiente:
“Artículo 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.” (El destacado no forma parte del original).
“Artículo 287.- Toda persona, natural o jurídica, propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.” “Artículo 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.” Asimismo, de dicha normativa se colige la obligación de las autoridades del Ministerio de Salud de velar por la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones de esa ley y de su reglamentación, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes especiales otorguen e impongan a otros órganos o entes públicos dentro de sus respectivos campos de acción (artículo 337).
Se corrobora, así, las distintas funciones y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y al Ministerio de Salud, en materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. Funciones y obligaciones que, además -y como ya se adelantó en el considerando anterior-, se deben ejercer de forma coordinada, para asegurar así la eficacia y eficiencia administrativas.
IV.De la falta de una planta de tratamiento de desechos y aguas negras en Palmares. El recurrente reclama que a la fecha de interposición de este recurso, aun no se cuenta con una planta de tratamiento de desechos y aguas negras en diversos cantones. En cuanto el recurso se refiere a la falta de infraestructura del Cantón de Palmares en particular, en el informe dado en este asunto por el representante del AyA, este pide a la Sala tomar en cuenta lo dispuesto por el voto 03-01431 de las 10:53 horas del 21 de febrero de 2003, que dispuso acoger el recurso planteado el 18 de setiembre de 2002, por el mismo recurrente [Nombre 002]. Recuerda que en esa oportunidad, esta Sala ordenó a los recurridos Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Palmares así como al Ministerio de Salud que iniciaran las gestiones para construir una planta de tratamiento en el término de 12 meses.
Efectivamente, en el año 2003, dispuso al efecto este Tribunal: “Se declara CON LUGAR el recurso. Se le ORDENA Jorge Isaac Vásquez Pérez, en su condición de Alcalde Municipal de Palmares, y a Heidi Ramírez Sánchez, Luis Carlos Araya Badilla, Coralia Pacheco Moreira, Oldemar Segura Rodríguez, y Miguel Ángel Vásquez, en su condición de Regidores de la Municipalidad de Palmares, y a Everardo Rodríguez Bastos, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ejerza sus cargos, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que en el término improrrogable de DOCE MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, gestionen la construcción de una planta de tratamientos de aguas negras para toda la localidad de Palmares, para lo cual se deberá incluir la presentación de un estudio de impacto ambiental a la SETENA. En los mismos términos, se les ordena a esas Autoridades que prevean, dentro de sus presupuestos, las partidas necesarias para la construcción de la referida planta de tratamiento, y que le suministren al recurrente una nota donde se detalle el presupuesto que se destinará a ese fin, y un cronograma de actividades, con el objeto de que se pueda fiscalizar el cumplimiento de las etapas de la construcción; todo esto, en el entendido que deberán finalizar la tarea indicada, en un término razonable, que no podrá exceder de DOS AÑOS.
Además, se le ordena a Eduardo López Cárdenas, en su calidad de Ministro de Salud a.i., o a quien ocupe su puesto, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que coordine esfuerzos con los otros recurridos y fiscalice que la mencionada planta de tratamiento se construya de conformidad con la normativa de Salud. Se le ordena al Alcalde y a los Regidores de la Municipalidad de Palmares, o a quienes ocupen sus cargos, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que den solución definitiva al problema sanitario provocado por el Mercado Municipal de Palmares, en el plazo IMPRORROGABLE DE DOS AÑOS, y a Eduardo López Cárdenas, en su calidad de Ministro de Salud a.i., o a quien ocupe su puesto, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que ordene el cierre del Mercado Municipal de Palmares, si el problema de marras no es corregido en el plazo indicado. Se condena al Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de Palmares, al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Se le advierte los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución TODOS LOS FUNCIONARIOS MENCIONADOS EN LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA, o a quienes ocupen esos mismos puestos en su lugar, EN FORMA PERSONAL Sobre este extremo, el Alcalde de la Municipalidad de Palmares informa a esta Sala que, en la actualidad, en lo que se refiere al proyecto de tratamiento de aguas de ese Cantón, desde el 27 de marzo del 2023, la Arq. Silvia Carazo Angulo, Encargada del Departamento de Ingeniería Municipal de Palmares, remitió a través de correo electrónico al Jefe de Oficina Cantonal de Palmares, al Director Operación y Mantenimiento Región Central Oeste, y a la Ingeniera Operación y Mantenimiento de la Región Central Oeste todos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados del cantón de Palmares, el oficio MP-DU-108-2023, haciéndoles entrega de la variable hidrogeológica que conforma el proceso del Plan Regulador del Cantón de Palmares, insumo requerido para que dicho Instituto pueda concluir el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares, conforme al Plan de Inversión de Saneamiento 20212026 de AYA.
Añade que la Municipalidad “está en (sic) constantes reuniones con los personeros de AYA, oficina regional de Palmares, con la finalidad de coordinar que el proyecto se desarrolle, ello en razón de que es competencia de dicho instituto buscar los fondos públicos para la construcción del mismo, por lo que, la Municipalidad de Palmares está a la espera de que AyA presente el proyecto constructivo para aprobación, conforme la normativa que regula el tratamiento de aguas residuales”.
Del cuadro fáctico descrito, en cuanto a la falta de construcción de la planta de tratamiento de aguas en la Municipalidad de Palmares, que se reclama a esa Municipalidad y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados; desglósese este asunto para que sea tramitado en el expediente 02-7556-0007-CO.
En cuanto el recurso se refiere a la falta de infraestructura de tratameinto de desechos y aguas negras y alcantarillados en las municipalidades de Jacó Quepos y Golfito; luego de revisados los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento, así como la prueba aportada, se desprende que pese a la necesidad de contar en esas zonas con la planta de tratamiento de desechos y aguas negras y alcantarillado, – en el mismo sentido indicado en el Considerando IV anterior, referido a la Municipalidad de Palmares- en los cantones de Jacó, Quepos y Golfito, las autoridades recurridas revelan que, tampoco cuentan con esa infraestructura, necesaria para para ejecutar los procesos de tratamiento de las aguas residuales, según la legislación nacional y normativa técnica aplicable.
Sobre la omisión apuntada, el representante del Ministerio de Hacienda explica a esta Sala en su informe que, si bien desde el año 2019 por la ley 9723 se aprobó un contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias, suscrito con el Banco KFW Frankfurt am Main (en adelante KFW, publicado en el Alcance 210 a la Gaceta 183 del 27 de setiembre del 2019). Lo cierto es que tal programa, -para construir las obras de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales que incluyen la construcción del alcantarillado, la red de recolección de aguas, una planta de tratamiento y en el caso de la ciudad de Palmares un Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento-, el Ministerio de Hacienda estimó necesario que el AyA hiciera un plan de acción, que ya había solicitado en noviembre del 2022, mediante el oficio MH-DM-OF-2702-2022.
En el informe, el representante del Ministerio de Hacienda hace énfasis en que la Dirección de Crédito Público de esa Cartera había solicitado un Plan a la Unidad Ejecutora del Programa en distintas oportunidades; que definiera las líneas de acción por parte de la Administración Superior del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para revalorar el alcance del Programa y el aumento en los costos del mismo. Lo anterior dado los críticos resultados de desempeño mostrados por el Programa, donde a ese momento, según el Cronograma del Acuerdo Separado del Préstamo, las obras de los cuatro proyectos de saneamiento mostraban un evidente retraso pues debieron haber iniciado en julio de 2021, cuando las licitaciones serían publicadas hasta el segundo trimestre del 2023.
Informa además, que el Ministerio de Hacienda advirtió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el alto impacto en los indicadores de seguimiento del Programa, debido a la nula ejecución de recursos del préstamo al 31 de diciembre 2022, considerando que su entrada en vigencia data desde setiembre 2019. Explica que para el Ministerio de Hacienda, la toma de decisiones que la Unidad Ejecutora del Programa requería y la presentación del Plan de acción indicado, en donde estableciera una planificación clara y precisa para lograr la pronta aceleración del mismo y plasmara las actividades, responsables y plazos de cumplimiento, que llevarían a resolver de forma definitiva, entre otros, el tema del incremento exponencial del costo total del Programa, resultaba de especial importancia, no obstante se hizo caso omiso a las reiteradas solicitudes.
Con base en la situación anterior, por el oficio número MH-DM-OF-1303-2023 de agosto de 2023, el Ministerio de Hacienda pidió al AyA, coordinar las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito y demás actividades asociadas al financiamiento; solicitud que explica obedece, a las manifestaciones del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, respecto a la imposibilidad de llevar a término, en cantidad y alcance, los proyectos inicialmente consensuados con el KFW con el monto del contrato de préstamo.
Por su parte, el representante del AyA recurrido, añade en su informe que, en atención a los cambios en los proyectos de construcción de planta de tratamiento de los cuatro cantones (Jacó, Palmares, Quepos y Golfito) y ante la disposición del Ministerio de Hacienda que ordena el cierre de la operación de crédito para hacer dicha infraestructura, la Presidencia Ejecutiva del AyA se encuentra construyendo un análisis de riegos, implicaciones y acciones a desarrollar, desde el punto de vista legal, financiero, técnico y ambiental, que faciliten la propuesta de otras alternativas y la definición de una estrategia factible de financiamiento que permita la consecución del programa (informe del AyA).
Sin embargo, en el informe rendido por el representante del AyA recurrido, no se indica a esta Sala ni se desprende de la prueba aportada al expediente, qué desarrollo tiene el proyecto, si existiere, o qué acciones se han tomado, dirigidas a dar una solución a la falta de planta de tratamiento en los distintos cantones de Palmares, Jacó, Quepos y Golfito.
De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala tiene por acreditado que luego de cinco años que por ley se aprobó el préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias de Golfito, Quepos Palmares y Jacó, suscrito con el KFW, publicado en el Alcance 210 a la Gaceta 183 del 27 de setiembre del 2019, el mismo se encuentra e en fase de cierre desde agosto de 2023, por la falta de ejecución. Llama la atención de esta Sala que el Ministerio de Hacienda pidió desde el año 2022 al AyA levantara un plan de acción para poder contar con el préstamos; sin embargo, a la fecha el AyA no ha respondido al Ministerio de Hacienda. Tampoco ha planteado alguna estrategia y mucho menos empezado a construir las obras de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales y las construcciones que ello incluye, para los cantones de Palmares, Jacó, Golfito y Quepos.
Así las cosas, se descarta la vulneración a los derechos fundamentales que se atribuyen al Ministerio de Hacienda; y se acoge el recurso en cuanto se dirige contra el AyA, pues observa esta Sala que la autoridad recurrida no sólo no ha brindado una solución definitiva a los problemas denunciados, sino que tampoco se desprende que haya diseñado una estrategia distinta, ante el cierre del préstamo suscrito con el KFW, de Alemania.
Por otro lado se observa que tampoco las municipalidades en cuestión han tomado acciones definidas y concretas para impulsar a que el AyA asuma su deber legal de para proveer a los habitantes de sus circunscripciones de un servicio de evacuación de aguas negras, conforme lo dispone la Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados) y se dé de manera coordinada una solución al problema de aguas descrito.
Como en otras ocasiones se ha expuesto, comprende este Tribunal, que algunos problemas ambientales requieren coordinación entre diversas instancias estatales; sin embargo, ello no justifica que el AyA dentro del ámbito de sus competencias y en atención a las necesidades de los administrados, decida en este caso, simplemente no responder a las notas enviadas por el Ministerio de Hacienda que le instan desde el 2022; y no presentara el plan de acción que se le pidió para establecer una planificación clara y precisa para lograr la pronta aceleración del contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias.
En suma, no se observa que se hayan hecho esfuerzos importantes para hacer efectivo el contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias o que se tomaran acciones necesarias en coordinación con las instancias municipales y sanitarias que corresponden, a fin de brindar las soluciones a la falta de saneamiento de las aguas. Como consecuencia procede acoger el recurso en cuanto se dirige contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y las municipalidades de Jacó, Golfito y Quepos, al haberse quebrantado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del recurrente.
VI.Conclusión. Así las cosas, en cuanto el recurso se dirige contra la Municipalidad de Palmares, debe estarse el recurrente a lo indicado en la sentencia número 03-01431 de las 10:53 horas del 21 de febrero de 2003, que dispuso acoger el recurso planteado el 18 de setiembre de 2002. En cuanto se dirige contra el Ministerio de Hacienda, procede desestimar el recurso y se acoge parcialmente, en cuanto se dirige contra el AyA y las municipalidades de Garabito, Golfito y Quepos, por violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del recurrente, en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia. (…)”
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina *230215890007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del uno de agosto de dos mil veinticuatro .
Recurso de amparo que se tramita en expediente nro. 23-021589-0007-CO, interpuesto por, [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, MINISTERIO DE HACIENDA, MUNICIPALIDADES DE GOLFITO, QUEPOS Y GARABITO, AMPLIADO A LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES.
Resultando:
Ante dicha problemática las comunidades de Golfito, Quepos, Jacó y Palmares habían sido incluidas en el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, autorizándose así la construcción de plantas de tratamiento y sus respectivos alcantarillados sanitarios A continuación se detalla el contenido del mismo: “En función del financiamiento disponible, se plantearon diferentes escenarios de aprovechamiento de la inversión. Los cambios en los proyectos a considerar se debieron a la oposición de la Municipalidad y la Marina Bahía Golfito sobre la ubicación de la futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, conforme con lo descrito en el documento PRE-2023-00493 (adjunto). La necesidad de ajustarse a las condiciones sociales actuales en el Proyecto del Alcantarillado Sanitario de Golfito dio como resultado la propuesta para la ejecución de los proyectos de Jacó y Palmares, con un alcance acorde con los recursos disponibles.
Durante la misión de junio del 2023 con el Banco KfW, la cual contó con la participación del Ministerio de Hacienda, se determinó la necesidad de valorar la pertinencia y urgencia del Programa por parte del prestatario. Bajo esta premisa, el Ministerio de Hacienda mediante nota MH-DM-OF-1303-2023 del 16 de agosto, solicitó al AyA proceder a coordinar las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito y demás actividades asociadas al mismo. Con respecto a las acciones que tomará la Presidencia Ejecutiva ante la decisión del Ministerio de Hacienda, en calidad de prestatario del Contrato de Préstamo 28568, la Administración Superior se encuentra construyendo un análisis de riegos, implicaciones y acciones a desarrollar, desde el punto de vista legal, financiero, técnico y ambiental, que faciliten la propuesta de otras alternativas y la definición de una estrategia factible de financiamiento que permita la consecución del programa” Pide se declare sin lugar el recurso.
Al respecto, en la Minuta de la Reunión de fecha 22 de junio de 2023 realizada con motivo de la misión de supervisión de KFW se manifestó lo siguiente: Ampliación de plazo de desembolso: Se menciona la incertidumbre sobre los costos para el Prestatario en caso de que éste rescinda el Contrato de Préstamo o ante una posible prórroga y la necesidad de tener información proyectada al respecto, para tomar decisiones. Se destaca que no puede garantizarse un monto concreto para cada tema al momento de la reunión. A pesar de esto, para el Ministerio de Hacienda sí es necesario el contar con la información citada para analizar escenarios realistas que apoyen la toma de decisiones oportunas, por lo que le solicita al KfW brindar una estimación al respecto. (La negrita no pertenece al original) Información que una vez revisada desde el ámbito técnico y valoradas sus implicaciones, llevó al Ministerio de Hacienda a tomar la decisión de solicitar el cierre de la operación de crédito, por considerarse beneficioso a los intereses del Estado que la presente Cartera protege conforme sus competencias.
Se reitera que la decisión de acortar el alcance de los proyectos de 4 a 2 con un alcance reducido en el marco del Programa, fue una decisión gestada desde el seno del propio Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, en la cual el Ministerio de Hacienda no tuvo ninguna injerencia. Asimismo, se hace énfasis en que este Ministerio no instruyó de ninguna manera a dejar sin contenido presupuestario el Programa, siendo que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados técnica y legalmente está en capacidad de llevar a cabo las obras del Programa con los recursos que presupueste para ello. III. Petitoria Al amparo de las razones de hecho y de derecho expuestas, solicito declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto por el señor [Nombre 001], ya que este Ministerio dentro de sus competencias se ha ajustado a lo dispuesto por la normativa y no ha violentado los derechos fundamentales a la Salud, al Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado, y la Protección de las Bellezas Naturales”.
En ese mismo sentido, el numeral 2° establece las funciones legales que el constituyente a AyA, a saber:
"a) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas; b) Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados, las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación; c) Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas (…); g) Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente.
Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.
Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.
Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de fales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos. Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades, (...)
TERCERO: Para cumplir con lo ordenado en el expediente 02-007756-0007-CO, mediante resolución de las catorce horas treinta minutos del tres de febrero del dos mil quince, en lo que respecta a la Municipalidad de Palmares, dispuso"(...) disponer lo necesario a efecto que en el término improrrogable de un año contado a partir de la notificación de esta resolución, se le suministre el Plan Regulador del Cantón de Palmares a este Instituto, a fin de que dentro de los tres años y medio siguientes se concluya con el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares," en fecha 27 de marzo del 2023, al ser las diez horas 00n catorce minutos, la Arq. Silvia Carazo Angulo, Encargada del Departamento de Ingeniería Municipal a.i., remitió a través de correo electrónico a los representantes del Instituto de Acueductos y Alcantarillados del cantón de Palmares, señores Pedro Barrantes Ramírez, Jefe de Oficina Cantonal de Palmares, Melvin Castro González, Director Operación y Mantenimiento Región Central Oeste, y Tatiana Vindas Valerio, Ingeniera Operación y Mantenimiento de la Región Central Oeste, el oficio MP-DU-108-2023, haciéndoles entrega de la variable hidrogeológica que conforma el proceso del Plan Regulador del Cantón de Palmares, cumpliendo de esta forma en la entrega del insumo requerido para que dicho Instituto pueda concluir el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares, ello conforme al Plan de Inversión de Saneamiento 20212026 de AYA.
El estudio hidrogeológico realizado, tal y como consta en el apartado 1.1 Justificación, constituye el insumo y nace como una necesidad de generar conocimiento técnico en temas relacionados con disponibilidad, calidad y vulnerabilidad del recurso hídrico subterráneo, para que las instituciones tomadoras de decisiones cuenten con mayor información técnico científica.
Siendo así, de parte de la Municipalidad de Palmares no existe documento requerido por AyA pendiente para que éste Instituto pueda concluir el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares, ya que la restante normativa legal aplicable es la respectiva a trámites de construcción, regulados por la Ley de Construcciones y su respectivo reglamento, el cual es de alcance nacional, mismo al que se encuentran sujetos ambas instituciones públicas" (…)PETICIONES: Por Io tanto, al haber entregado la Municipalidad de Palmares la variable hidrogeológica del proceso del Plan Regulador, misma que era requerida por AyA para concluir el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares, solicito que se tenga por cumplido por parte de mi representada lo ordenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.” Pide se declare sin lugar el recurso.
Redacta la Magistrada Alvarado Paniagua; y,
Considerando:
El accionante expone que no existe planta de tratamiento, ni alcantarillado sanitario en el distrito central de Palmares (situación conocida en el expediente nro. 02- 007756-0007-CO). Indica que, en Garabito, propiamente Jacó, la situación es similar a la de Palmares, pues los ciudadanos se ven afectados por gran contaminación antrópica en sus quebradas y ríos, trayendo muerte a la vida fluvial y problemas de salud a los pobladores, a los ecosistemas fluviales y marinos. Comenta que, al parecer, el saneamiento de las aguas nunca ha sido prioridad de los recurridos. Ante dicha problemática las comunidades de Golfito, Quepos, Jacó y Palmares habían sido incluidas en el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias, autorizándose así la construcción de plantas de tratamiento y sus respectivos alcantarillados sanitarios. No obstante, reclama que el ministro de Hacienda mediante el oficio MH-DM-OF-1303-2023 de fecha 16 de agosto de 2023, le comunicó al presidente ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) la cancelación del programa.
Añade que la eliminación del presupuesto y financiamiento de los proyectos de las 4 comunidades, se da bajo el burdo argumento que no existe prontitud en materializar las obras ni la obtención de actos habilitadores necesarios. Incluso, parte de la argumentación es que el presidente del ICAA solicitó al ministro de Hacienda eliminar del cronograma de actividades y financiamiento a los proyectos de Quepos y de Golfito, queriendo dejar solo los Palmares y Jacó. Reclama que ninguno de los 4 proyectos se llevarán a cabo por orden del Ministro de Hacienda, que dispuso dejar el Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias sin contenido presupuestario, asunto que conlleva al cierre irracional de la materialización de todas las obras en las 4 ciudades. Acusa que la actuación de las autoridades recurridas, violenta los numerales 21, 50 y 89 constitucionales, pues se entrará en un periodo desenfrenado, así como irreversible de daños ambientales perjudicando derechos de gente que incluso no ha nacido.
Solicita declarar con lugar el recurso y ordenar a las recurridas tomar las acciones pertinentes para activar la fuente de financiamiento de los proyectos de plantas de tratamiento y alcantarillados sanitarios de Palmares, Jacó, Quepos y Golfito.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
En cuanto a la planta de tratamiento y alcantarillados de la Municipalidad de Palmares:
EN LOS MISMOS TÉRMINOS, SE LES ORDENA A ESAS AUTORIDADES QUE PREVEAN, DENTRO DE SUS PRESUPUESTOS, LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA REFERIDA PLANTA DE TRATAMIENTO, Y QUE LE SUMINISTREN AL RECURRENTE UNA NOTA DONDE SE DETALLE EL PRESUPUESTO QUE SE DESTINARA A ESE FIN, Y UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, CON EL OBJETO DE QUE SE PUEDA FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DE LA CONSTRUCCION; TODO ESTO, EN EL ENTENDIDO QUE DEBERAN FINALIZAR LA TAREA INDICADA, EN UN TÉRMINO RAZONABLE, QUE NO PODRA EXCEDER DE DOS AÑOS. ADEMAS, SE LE ORDENA A EDUARDO LOPEZ C ARDENAS, EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE SALUD A.I., O A QUIEN OCUPE SU PUESTO, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, QUE COORDINE ESFUERZOS CON LOS OTROS RECURRIDOS Y FISCALICE QUE LA ME NCIONADA PLANTA DE TRATAMIENTO SE CONSTRUYA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE SALUD. SE LE ORDENA AL ALCALDE Y A LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES, O A QUIENES OCUPEN SUS CARGOS, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, QUE DEN SOLUCION DEFINITIVA AL PROBLEMA SANITARIO PROVOCADO POR EL MER CADO MUNICIPAL DE PALMARES, EN EL PLAZO IMPRORROGABLE DE DOS AÑOS, Y A EDUARDO LOPEZ CARDENAS, EN SU CALIDAD DE MINISTRO DE SALUD A.I., O A QUIEN OCUPE SU PUESTO, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, QUE ORDENE EL CIERRE DEL MERCADO MUNICIPAL DE PALMARES, SI EL PROBLEMA DE MARRAS NO ES CORREGIDO EN EL PLAZO INDICADO” (ver expediente número 02-007756-0007-CO, traído ad efectum videndi et probandi).
En cuanto a la planta de tratamiento y alcantarillados de Jacó, Quepos y Golfito d) Mediante la Ley número 9723 de fecha 14 de agosto de 2019, se aprobó Contrato de préstamo N° 28568 para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias, suscrito con el Banco KFW Frankfurt am Main (en adelante KFW), publicada en el Alcance 210 a la Gaceta 183 del 27 de setiembre del 2019. Dicho Programa consta de cuatro componentes, para construir las obras de infraestructura en cuatro ciudades de Costa Rica, las cuales han sido escogidas como prioritarias según varios criterios técnicos de selección que implican entre otros el impacto sobre la población beneficiaria, el impacto ambiental y económico del proyecto, que son: Palmares, Jacó, Quepos y Golfito. Se dispone que en cada una de ellas se construirán obras de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales que incluyen la construcción del alcantarillado, la red de recolección de aguas, una planta de tratamiento y en el caso de la ciudad de Palmares un Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento. (ver informe de Ministerio de Hacienda y portal de la Asamblea Legislativa: Archivo_Leyes - Contrato de préstamo N° 28568 para financiar... (asamblea.go.cr)).
También se le externó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados que el tipo de situaciones mostradas para el caso particular con el KFW se consideraban relevantes debido a que en otros Programas similares de la Institución ya se habían también evidenciado, generando incertidumbre en cuanto a la eficacia y eficiencia con que se estaban aplicando las lecciones aprendidas generadas en los Programas/proyectos de la Cartera del Instituto en ejecución y finalizados. Posterior a ello, la Declaración desierta del concurso de Precalificación de las empresas, implicó que luego el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tomara la decisión de iniciar nuevamente los procesos de contratación, pero de forma individual (por proyecto), por lo que se le hizo ver la preocupación sobre el plazo que desde ese momento el citado Instituto ya estimaba iba a requerir de más, para concluir el Programa y que correspondía a 24 meses adicionales (ver informe).
Sin embargo, al Ministerio de Hacienda mediante nota MH-DM-OF-1303-2023 del 16 de agosto, al AyA proceder a coordinar las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito y demás actividades asociadas al mismo, la Presidencia Ejecutiva del AyA, se encuentra construyendo un análisis de riegos, implicaciones y acciones a desarrollar, desde el punto de vista legal, financiero, técnico y ambiental, que faciliten la propuesta de otras alternativas y la definición de una estrategia factible de financiamiento que permita la consecución del programa (informe del AyA).
Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras. En ese sentido, este Tribunal Constitucional ha sido del criterio que, tanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como a las Municipalidades y al Ministerio de Salud, les corresponde -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia-, velar por la debida recolección, tratamiento y disposición final de tales aguas. Así, en el caso específico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, su propia Ley Constitutiva -Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas-, dispone lo siguiente:
“Artículo 1.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.” Por lo que a dicha institución le corresponde, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de ese mismo cuerpo normativo (…) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (…)”. De igual forma, la Ley General de Salud -Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973-, dispone, en su artículo 2°, que le corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley.
De igual forma, el artículo 341 de la referida ley establece, dentro de las atribuciones del Ministerio de Salud, la de ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esa normativa para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. En cuanto al tema específico, la Ley General de Salud, en su Libro 1, Título 3, Capítulo 3, “De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas”, dispone -en lo conducente-, lo siguiente:
“Artículo 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.” (El destacado no forma parte del original).
“Artículo 287.- Toda persona, natural o jurídica, propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.” “Artículo 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.” Asimismo, de dicha normativa se colige la obligación de las autoridades del Ministerio de Salud de velar por la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones de esa ley y de su reglamentación, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que leyes especiales otorguen e impongan a otros órganos o entes públicos dentro de sus respectivos campos de acción (artículo 337).
Se corrobora, así, las distintas funciones y obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y al Ministerio de Salud, en materia de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. Funciones y obligaciones que, además -y como ya se adelantó en el considerando anterior-, se deben ejercer de forma coordinada, para asegurar así la eficacia y eficiencia administrativas.
IV.De la falta de una planta de tratamiento de desechos y aguas negras en Palmares. El recurrente reclama que a la fecha de interposición de este recurso, aun no se cuenta con una planta de tratamiento de desechos y aguas negras en diversos cantones. En cuanto el recurso se refiere a la falta de infraestructura del Cantón de Palmares en particular, en el informe dado en este asunto por el representante del AyA, este pide a la Sala tomar en cuenta lo dispuesto por el voto 03-01431 de las 10:53 horas del 21 de febrero de 2003, que dispuso acoger el recurso planteado el 18 de setiembre de 2002, por el mismo recurrente [Nombre 002]. Recuerda que en esa oportunidad, esta Sala ordenó a los recurridos Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de Palmares así como al Ministerio de Salud que iniciaran las gestiones para construir una planta de tratamiento en el término de 12 meses.
Efectivamente, en el año 2003, dispuso al efecto este Tribunal: “Se declara CON LUGAR el recurso. Se le ORDENA Jorge Isaac Vásquez Pérez, en su condición de Alcalde Municipal de Palmares, y a Heidi Ramírez Sánchez, Luis Carlos Araya Badilla, Coralia Pacheco Moreira, Oldemar Segura Rodríguez, y Miguel Ángel Vásquez, en su condición de Regidores de la Municipalidad de Palmares, y a Everardo Rodríguez Bastos, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quien en su lugar ejerza sus cargos, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que en el término improrrogable de DOCE MESES contado a partir de la notificación de esta sentencia, gestionen la construcción de una planta de tratamientos de aguas negras para toda la localidad de Palmares, para lo cual se deberá incluir la presentación de un estudio de impacto ambiental a la SETENA. En los mismos términos, se les ordena a esas Autoridades que prevean, dentro de sus presupuestos, las partidas necesarias para la construcción de la referida planta de tratamiento, y que le suministren al recurrente una nota donde se detalle el presupuesto que se destinará a ese fin, y un cronograma de actividades, con el objeto de que se pueda fiscalizar el cumplimiento de las etapas de la construcción; todo esto, en el entendido que deberán finalizar la tarea indicada, en un término razonable, que no podrá exceder de DOS AÑOS.
Además, se le ordena a Eduardo López Cárdenas, en su calidad de Ministro de Salud a.i., o a quien ocupe su puesto, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que coordine esfuerzos con los otros recurridos y fiscalice que la mencionada planta de tratamiento se construya de conformidad con la normativa de Salud. Se le ordena al Alcalde y a los Regidores de la Municipalidad de Palmares, o a quienes ocupen sus cargos, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que den solución definitiva al problema sanitario provocado por el Mercado Municipal de Palmares, en el plazo IMPRORROGABLE DE DOS AÑOS, y a Eduardo López Cárdenas, en su calidad de Ministro de Salud a.i., o a quien ocupe su puesto, BAJO PENA DE DESOBEDIENCIA, que ordene el cierre del Mercado Municipal de Palmares, si el problema de marras no es corregido en el plazo indicado. Se condena al Estado, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y a la Municipalidad de Palmares, al pago de los daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Se le advierte los recurridos que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Notifíquese la presente resolución TODOS LOS FUNCIONARIOS MENCIONADOS EN LA PARTE DISPOSITIVA DE ESTA SENTENCIA, o a quienes ocupen esos mismos puestos en su lugar, EN FORMA PERSONAL Sobre este extremo, el Alcalde de la Municipalidad de Palmares informa a esta Sala que, en la actualidad, en lo que se refiere al proyecto de tratamiento de aguas de ese Cantón, desde el 27 de marzo del 2023, la Arq. Silvia Carazo Angulo, Encargada del Departamento de Ingeniería Municipal de Palmares, remitió a través de correo electrónico al Jefe de Oficina Cantonal de Palmares, al Director Operación y Mantenimiento Región Central Oeste, y a la Ingeniera Operación y Mantenimiento de la Región Central Oeste todos del Instituto de Acueductos y Alcantarillados del cantón de Palmares, el oficio MP-DU-108-2023, haciéndoles entrega de la variable hidrogeológica que conforma el proceso del Plan Regulador del Cantón de Palmares, insumo requerido para que dicho Instituto pueda concluir el sistema de tratamiento de aguas negras y residuales del cantón de Palmares, conforme al Plan de Inversión de Saneamiento 20212026 de AYA.
Añade que la Municipalidad “está en (sic) constantes reuniones con los personeros de AYA, oficina regional de Palmares, con la finalidad de coordinar que el proyecto se desarrolle, ello en razón de que es competencia de dicho instituto buscar los fondos públicos para la construcción del mismo, por lo que, la Municipalidad de Palmares está a la espera de que AyA presente el proyecto constructivo para aprobación, conforme la normativa que regula el tratamiento de aguas residuales”.
Del cuadro fáctico descrito, en cuanto a la falta de construcción de la planta de tratamiento de aguas en la Municipalidad de Palmares, que se reclama a esa Municipalidad y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados; desglósese este asunto para que sea tramitado en el expediente 02-7556-0007-CO.
En cuanto el recurso se refiere a la falta de infraestructura de tratameinto de desechos y aguas negras y alcantarillados en las municipalidades de Jacó Quepos y Golfito; luego de revisados los informes rendidos bajo la solemnidad de juramento, así como la prueba aportada, se desprende que pese a la necesidad de contar en esas zonas con la planta de tratamiento de desechos y aguas negras y alcantarillado, – en el mismo sentido indicado en el Considerando IV anterior, referido a la Municipalidad de Palmares- en los cantones de Jacó, Quepos y Golfito, las autoridades recurridas revelan que, tampoco cuentan con esa infraestructura, necesaria para para ejecutar los procesos de tratamiento de las aguas residuales, según la legislación nacional y normativa técnica aplicable.
Sobre la omisión apuntada, el representante del Ministerio de Hacienda explica a esta Sala en su informe que, si bien desde el año 2019 por la ley 9723 se aprobó un contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias, suscrito con el Banco KFW Frankfurt am Main (en adelante KFW, publicado en el Alcance 210 a la Gaceta 183 del 27 de setiembre del 2019). Lo cierto es que tal programa, -para construir las obras de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales que incluyen la construcción del alcantarillado, la red de recolección de aguas, una planta de tratamiento y en el caso de la ciudad de Palmares un Centro de Investigación y Formación en Tecnologías de Saneamiento-, el Ministerio de Hacienda estimó necesario que el AyA hiciera un plan de acción, que ya había solicitado en noviembre del 2022, mediante el oficio MH-DM-OF-2702-2022.
En el informe, el representante del Ministerio de Hacienda hace énfasis en que la Dirección de Crédito Público de esa Cartera había solicitado un Plan a la Unidad Ejecutora del Programa en distintas oportunidades; que definiera las líneas de acción por parte de la Administración Superior del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para revalorar el alcance del Programa y el aumento en los costos del mismo. Lo anterior dado los críticos resultados de desempeño mostrados por el Programa, donde a ese momento, según el Cronograma del Acuerdo Separado del Préstamo, las obras de los cuatro proyectos de saneamiento mostraban un evidente retraso pues debieron haber iniciado en julio de 2021, cuando las licitaciones serían publicadas hasta el segundo trimestre del 2023.
Informa además, que el Ministerio de Hacienda advirtió al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el alto impacto en los indicadores de seguimiento del Programa, debido a la nula ejecución de recursos del préstamo al 31 de diciembre 2022, considerando que su entrada en vigencia data desde setiembre 2019. Explica que para el Ministerio de Hacienda, la toma de decisiones que la Unidad Ejecutora del Programa requería y la presentación del Plan de acción indicado, en donde estableciera una planificación clara y precisa para lograr la pronta aceleración del mismo y plasmara las actividades, responsables y plazos de cumplimiento, que llevarían a resolver de forma definitiva, entre otros, el tema del incremento exponencial del costo total del Programa, resultaba de especial importancia, no obstante se hizo caso omiso a las reiteradas solicitudes.
Con base en la situación anterior, por el oficio número MH-DM-OF-1303-2023 de agosto de 2023, el Ministerio de Hacienda pidió al AyA, coordinar las acciones que correspondan para realizar el cierre ordenado de la operación del crédito y demás actividades asociadas al financiamiento; solicitud que explica obedece, a las manifestaciones del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados, respecto a la imposibilidad de llevar a término, en cantidad y alcance, los proyectos inicialmente consensuados con el KFW con el monto del contrato de préstamo.
Por su parte, el representante del AyA recurrido, añade en su informe que, en atención a los cambios en los proyectos de construcción de planta de tratamiento de los cuatro cantones (Jacó, Palmares, Quepos y Golfito) y ante la disposición del Ministerio de Hacienda que ordena el cierre de la operación de crédito para hacer dicha infraestructura, la Presidencia Ejecutiva del AyA se encuentra construyendo un análisis de riegos, implicaciones y acciones a desarrollar, desde el punto de vista legal, financiero, técnico y ambiental, que faciliten la propuesta de otras alternativas y la definición de una estrategia factible de financiamiento que permita la consecución del programa (informe del AyA).
Sin embargo, en el informe rendido por el representante del AyA recurrido, no se indica a esta Sala ni se desprende de la prueba aportada al expediente, qué desarrollo tiene el proyecto, si existiere, o qué acciones se han tomado, dirigidas a dar una solución a la falta de planta de tratamiento en los distintos cantones de Palmares, Jacó, Quepos y Golfito.
De conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala tiene por acreditado que luego de cinco años que por ley se aprobó el préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias de Golfito, Quepos Palmares y Jacó, suscrito con el KFW, publicado en el Alcance 210 a la Gaceta 183 del 27 de setiembre del 2019, el mismo se encuentra e en fase de cierre desde agosto de 2023, por la falta de ejecución. Llama la atención de esta Sala que el Ministerio de Hacienda pidió desde el año 2022 al AyA levantara un plan de acción para poder contar con el préstamos; sin embargo, a la fecha el AyA no ha respondido al Ministerio de Hacienda. Tampoco ha planteado alguna estrategia y mucho menos empezado a construir las obras de infraestructura para el saneamiento de aguas residuales y las construcciones que ello incluye, para los cantones de Palmares, Jacó, Golfito y Quepos.
Así las cosas, se descarta la vulneración a los derechos fundamentales que se atribuyen al Ministerio de Hacienda; y se acoge el recurso en cuanto se dirige contra el AyA, pues observa esta Sala que la autoridad recurrida no sólo no ha brindado una solución definitiva a los problemas denunciados, sino que tampoco se desprende que haya diseñado una estrategia distinta, ante el cierre del préstamo suscrito con el KFW, de Alemania.
Por otro lado se observa que tampoco las municipalidades en cuestión han tomado acciones definidas y concretas para impulsar a que el AyA asuma su deber legal de para proveer a los habitantes de sus circunscripciones de un servicio de evacuación de aguas negras, conforme lo dispone la Ley Constitutiva Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados) y se dé de manera coordinada una solución al problema de aguas descrito.
Como en otras ocasiones se ha expuesto, comprende este Tribunal, que algunos problemas ambientales requieren coordinación entre diversas instancias estatales; sin embargo, ello no justifica que el AyA dentro del ámbito de sus competencias y en atención a las necesidades de los administrados, decida en este caso, simplemente no responder a las notas enviadas por el Ministerio de Hacienda que le instan desde el 2022; y no presentara el plan de acción que se le pidió para establecer una planificación clara y precisa para lograr la pronta aceleración del contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias.
En suma, no se observa que se hayan hecho esfuerzos importantes para hacer efectivo el contrato de préstamo para financiar el programa de saneamiento de zonas prioritarias o que se tomaran acciones necesarias en coordinación con las instancias municipales y sanitarias que corresponden, a fin de brindar las soluciones a la falta de saneamiento de las aguas. Como consecuencia procede acoger el recurso en cuanto se dirige contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y las municipalidades de Jacó, Golfito y Quepos, al haberse quebrantado el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del recurrente.
VI.Conclusión. Así las cosas, en cuanto el recurso se dirige contra la Municipalidad de Palmares, debe estarse el recurrente a lo indicado en la sentencia número 03-01431 de las 10:53 horas del 21 de febrero de 2003, que dispuso acoger el recurso planteado el 18 de setiembre de 2002. En cuanto se dirige contra el Ministerio de Hacienda, procede desestimar el recurso y se acoge parcialmente, en cuanto se dirige contra el AyA y las municipalidades de Garabito, Golfito y Quepos, por violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado del recurrente, en los términos que se indican en la parte dispositiva de esta sentencia.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso por violación del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En cuanto el recurso se dirige en parte contra la Municipalidad de Palmares y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados en lo referente a esa Municipalidad, desglósese este asunto para que sea tramitado en el expediente 02-7556-0007-CO. En cuanto el recurso se dirige contra las municipalidades de Garabito, Golfito y Quepos y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, en lo referente a esas municipalidades, se declara con lugar el recurso. Se ordena a Luis Alejandro Guillén Guardia, en su condición de presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Jong Kwan Kim Jin, en su condición de alcalde de Quepos Freiner Lara Blanco, en su condición de alcalde de Golfito y Tobías Murillo Rodríguez, en su condición de alcalde de Garabito o a quienes ocupen tales cargos, que dentro del ámbito de sus competencias, en el término de dieciocho meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, tomen las medidas que corresponden, gestionen y coordinen la construcción de una planta de tratamientos de aguas negras y alcantarillado para las distintas localidades de Quepos, Golfito y Garabito, respectivamente.
Se les ordena a esas autoridades que prevean, dentro de sus presupuestos, las partidas necesarias para la construcción de la referida planta de tratamiento y alcantarillado, y que suministren al recurrente el detalle del presupuesto que se destinará a ese fin, así como un cronograma de las actividades, con el objeto de que pueda fiscalizar el cumplimiento de las etapas de la construcción; todo esto, en el entendido de que deberán finalizar la tarea indicada, en un término razonable, que no podrá exceder los dos años. Se advierte a las autoridades recurridas que, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a las Municipalidades de Quepos, Golfito y Garabito al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En cuanto al Ministerio de Hacienda, se declara sin lugar el recurso. Se notifica al Ministro de Salud para que coordine esfuerzos con los recurridos y fiscalice que las mencionadas plantas de tratamiento e infraestructura, se construyan en cada localidad, de conformidad con la normativa de salud.
Fernando Castillo V.
Paul Rueda L.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Aracelly Pacheco S.
Alexandra Alvarado P.
*747DRXUH80T461* Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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