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Res. 13316-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 17/05/2024

Lack of health services and roads for the Ngäbe-Buglé indigenous community of Alto CaronaFalta de servicio de salud y caminos en comunidad indígena Ngäbe-Buglé de Alto Carona

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The CCSS is ordered to definitively solve the lack of efficient and effective health service provision in Alto Carona within one year, and the Municipality of Golfito is ordered to resolve the access road problem within six months, under penalty of criminal sanctions.Se ordena a la CCSS solucionar definitivamente la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud en Alto Carona en el plazo de un año, y a la Municipalidad de Golfito resolver el problema del camino de acceso en seis meses, bajo apercibimiento de sanciones penales.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo filed on behalf of indigenous residents of Alto Carona, Conte Burica territory, for deficient health services provided by the CCSS and the poor condition of access roads under the responsibility of the Municipality of Golfito. The Chamber found that the Corredores Health Area did not conduct medical visits to Alto Carona due to lack of land access and irregular air transport, and that the periodic visit post lacked minimum conditions. It reiterated the special constitutional and conventional protection of indigenous peoples, particularly the right to health, and the obligation to provide public services efficiently, effectively, continuously, and regularly, without financial limitations justifying non-compliance. It ordered the CCSS to definitively solve the lack of efficient health service provision within one year, and the Municipality of Golfito to resolve the road access problem within six months. Both entities were ordered to pay costs, damages, and losses. Justices Salazar Alvarado and Garro Vargas dissented, considering that the claims regarding roads and the lack of individualization of the protected persons corresponded to ordinary jurisdiction.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto a favor de personas indígenas residentes en Alto Carona, territorio indígena Conte Burica, por la deficiente prestación del servicio de salud por parte de la CCSS y el mal estado de los caminos de acceso a cargo de la Municipalidad de Golfito. La Sala comprobó que el Área de Salud de Corredores no realizaba visitas médicas a Alto Carona por falta de acceso terrestre y la irregularidad del transporte aéreo, y que el puesto de visita periódica carecía de condiciones mínimas. Reiteró la especial protección constitucional y convencional de los pueblos indígenas, especialmente el derecho a la salud, y la obligación de prestar servicios públicos de forma eficiente, eficaz, continua y regular, sin que las limitaciones financieras justifiquen su incumplimiento. Ordenó a la CCSS solucionar definitivamente la falta de prestación eficiente del servicio de salud en el plazo de un año, y a la Municipalidad de Golfito resolver el problema del camino de acceso en seis meses. Se condenó a ambas entidades al pago de costas, daños y perjuicios. Los magistrados Salazar Alvarado y Garro Vargas salvaron el voto por considerar que los reclamos sobre caminos e indeterminación de los amparados correspondían a la vía ordinaria.

Key excerptExtracto clave

Therefore: The appeal is granted. It is ordered to Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, in her capacity as executive president of the Costa Rican Social Security Fund, or whoever occupies that position, to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her powers so that, within a maximum period of ONE YEAR, counted from the notification of this ruling, the problem alleged by the petitioner regarding the lack of efficient and effective provision of health services in Alto Carona is definitively solved. As for the Municipality of Golfito, it is ordered to Freiner Lara Blanco, in his capacity as mayor of Golfito, or whoever holds that position, to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of his powers so that, within a maximum period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the problem reported by the petitioner regarding the condition of the road that gives access to the community of Alto Carona in the Conte Burica indigenous territory is solved. [...] Now, in the case at hand, the violation of the fundamental rights of the indigenous people of Alto Carona is verified, due to the lack of efficient provision of health services by the CCSS, which has been acknowledged by the institution itself. [...] Thus, the CCSS itself recognized at least since 2021 that the Corredores Health Area, in charge of providing health services to the protected population of Alto Carona, does not have the minimum conditions to provide that service. Moreover, the aforementioned Health Area indicated that visits are not made to the users of Alto Carona because “there is no land access and the air route via Civil Aviation Service helicopter was very irregular.” In this regard, it should be noted that this Constitutional Chamber cannot endorse the CCSS's position regarding the lack of diligent and prompt action to provide health services in favor of the protected population, since doing so would amount to circumventing the special protection regime recognized in favor of the rights and integrity of the indigenous people.Por tanto: Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en su condición de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se solucione de manera definitiva la problemática acusada por la parte recurrente atinente a la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud en Alto Carona. En cuanto a la Municipalidad de Golfito, se le ordena a Freiner Lara Blanco, en su condición de alcalde de Golfito, o a quien desempeñe ese puesto, que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione el problema denunciado por la parte recurrente referente al estado del camino que da acceso a la comunidad de Alto Carona del territorio indígena Conte Burica. [...] Ahora bien, en el sub examine se comprueba la lesión a los derechos fundamentales de las personas indígenas de Alto Carona, debido a la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS, lo que ha sido reconocido por la misma institución. [...] Así las cosas, la propia CCSS reconoció al menos desde el año 2021 que el Área de Salud de Corredores, encargada de prestar el servicio de salud a la población tutelada de Alto Carona, no cuenta con las condiciones mínimas para brindar ese servicio. Además, la aludida Área de Salud indicó que a las personas usuarias de Alto Carona no se les efectúan visitas, debido a que “vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular”. Sobre el particular, adviértase que esta Cámara Constitucional no puede avalar la postura de la CCSS en cuanto a la falta de actuación diligente y célere para brindar el servicio de salud a favor de la población amparada, por cuanto hacerlo equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena.

Pull quotesCitas destacadas

  • "los pueblos indígenas de nuestro país por disposición constitucional y convencional tienen una especial protección y además, se les debe garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, entre ellos, sin duda, el derecho a la salud."

    "the indigenous peoples of our country, by constitutional and conventional provisions, have special protection and, in addition, respect for their fundamental rights must be guaranteed, including, without a doubt, the right to health."

    Considerando III

  • "los pueblos indígenas de nuestro país por disposición constitucional y convencional tienen una especial protección y además, se les debe garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, entre ellos, sin duda, el derecho a la salud."

    Considerando III

  • "no resulta de recibo aducir limitaciones financieras o presupuestarias para eludir la eficiente prestación de un servicio tan esencial como el de salud."

    "it is unacceptable to invoke financial or budgetary limitations to evade the efficient provision of a service as essential as health."

    Considerando III

  • "no resulta de recibo aducir limitaciones financieras o presupuestarias para eludir la eficiente prestación de un servicio tan esencial como el de salud."

    Considerando III

  • "esta Cámara Constitucional no puede avalar la postura de la CCSS en cuanto a la falta de actuación diligente y célere para brindar el servicio de salud a favor de la población amparada, por cuanto hacerlo equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena."

    "this Constitutional Chamber cannot endorse the CCSS's position regarding the lack of diligent and prompt action to provide health services in favor of the protected population, since doing so would amount to circumventing the special protection regime recognized in favor of the rights and integrity of the indigenous people."

    Considerando III

  • "esta Cámara Constitucional no puede avalar la postura de la CCSS en cuanto a la falta de actuación diligente y célere para brindar el servicio de salud a favor de la población amparada, por cuanto hacerlo equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

**Constitutional Chamber** **Resolution No. 13316 - 2024** **Resolution Date:** May 17, 2024 at 09:30 **Case File:** 24-009041-0007-CO **Drafted by:** Paul Rueda Leal **Type of Matter:** Amparo Appeal **Analyzed by:** CONSTITUTIONAL CHAMBER **Judgment with Separate Opinion** **Relevance Indicators** **Relevant Judgment** **Related Judgments** **Judgment with protected data, in accordance with current regulations** **Content of Interest:** **Strategic Themes:** Right to Health, Economic, Social, Cultural and Environmental Rights **Type of Content:** Majority Vote **Branch of Law:** 4. GUARANTEE MATTERS **Topic:** HEALTH **Subtopics:** PUBLIC POLICIES.

**Topic:** EXECUTIVE BRANCH **Subtopics:** INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

013316-24. HEALTH. EXECUTIVE BRANCH. THE LACK OF HEALTH SERVICE IN AN INDIGENOUS COMMUNITY IS ALLEGED, WHERE THE NEAREST CENTER IS A FOUR-HOUR WALK AWAY, ALONG ROADS ONLY PASSABLE IN SUMMER. THE APPEAL IS GRANTED. THE EXECUTIVE PRESIDENT OF THE COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND IS ORDERED TO COORDINATE WHAT IS NECESSARY AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF HER COMPETENCIES SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF ONE YEAR, THE PROBLEM ALLEGED BY THE APPELLANT REGARDING THE LACK OF EFFICIENT AND EFFECTIVE PROVISION OF HEALTH SERVICE IN ALTO CARONA IS DEFINITIVELY RESOLVED. REGARDING THE MUNICIPALITY OF GOLFITO, THE MAYOR OF GOLFITO IS ORDERED TO COORDINATE WHAT IS NECESSARY AND CARRY OUT ALL ACTIONS WITHIN THE SCOPE OF HIS COMPETENCIES SO THAT, WITHIN A MAXIMUM PERIOD OF SIX MONTHS, THE PROBLEM REPORTED BY THE APPELLANT REGARDING THE STATE OF THE ROAD THAT PROVIDES ACCESS TO THE COMMUNITY OF ALTO CARONA IN THE CONTE BURICA INDIGENOUS TERRITORY IS RESOLVED. VCG05/2024 “(…) III.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at bar, the appellant indicates that, from March 17 to 19, 2024, the Public Defense visited the community of Alto Carona and it was concluded that the community has a deficient health service, notable for the absence of a primary care center and periodic medical visits. She details that the nearest point of care is in La Peña, more than a four-hour walk away along roads only passable in summer. She explains that the remoteness and difficulty of the route prevent the travel of minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women, which often results in them not benefiting from health visits when they occur. She states that the access routes from the Costa Rican side are impassable and, depending on the time of year, the cost of transport reaches $170, an amount beyond the means of the protected persons, given their condition of poverty. She indicates that, due to the coastal geography, maritime travel is also not viable. She requests that the CCSS be ordered to guarantee the provision of health service to the Ngäbe-buglé population of Alto Carona and that the Municipality of Golfito be ordered to enable the necessary roads to guarantee access to the Conte Burica territory.

The Tribunal verifies that, starting in September 2018, the Golfito Health Area has a periodic visit house comprised of “1 doctor, 1 networks, 1 assistant, 1 pharmacist, 1 atap” in the Conte Burica indigenous reserve. Additionally, one community tour per week is carried out to the community of Progreso and dental tours at the Alto Conte Ebais. By official communication no. 0391-03-19 of March 12, 2019, the Regional Directorate of Health Services Brunca Region reported that the communities of La Peña and Carona were transferred to the jurisdiction of the Corredores Health Area and the Ciudad Neily hospital. By official communication ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, the Corredores Health Area of the CCSS stated: “(…) 3-Regarding the inhabitants of Alto Carona, visits are not being provided to this population because there is no overland access and air access via helicopter from the Civil Aviation Service was very irregular, suspending the tours and making proper scheduling impossible without affecting the other dispersed communities that are visited. Due to the above, the purchase of helicopter services was requested, for which approval has not been granted. It is worth mentioning that official communication GM-16890-2023 from the Medical Management states: “Through official communication PE-4488-2023, the Executive Presidency reported that the cooperation agreement between the Ministry of Public Security and the Costa Rican Social Security Fund for the transfer of patients in critical health condition, medical assistance to communities of difficult access, and transfer of officials for disaster and emergency care, ended its validity this past October 24…” Furthermore, it is important to consider that there is no current protocol and/or guideline for transporting officials by helicopter for routine patient care, according to what was indicated by the same Management in the official communication in question: “…In addition to this, it is reported that this Management appoints Dr. Ranjit Singh Apolayo and Dr. Armando Cortés Ruiz, both advisors to this Management, to collaborate in the review and update of the protocol for patient transfer by ambulance, considering that the transfer of officials must be included; the foregoing in view of the changes that have arisen in light of the termination of the agreement with the Ministry of Public Security…” It is also important to consider what was recommended by Internal Audit in report AGO-99-2021 of November 8, 2021: “…The Costa Rican Social Security Fund, as the entity responsible for safeguarding the health of the population, has the commitment to provide this care to the different communities located throughout the country; however, it is necessary that users and officials enjoy minimum conditions to provide this service, conditions that apparently are not met in some periodic visit posts assigned to the Corredores Health Area, because they have dirt floors, structures in poor condition, exposed and dangerous electrical installations, unpleasant sanitary facilities, uncomfortable and difficult access to the structures, among other aspects. Aspects that not only affect the quality of care but also the proper conservation of the infrastructure…” The PVP located in Alto Carona does not meet the minimum conditions suitable for serving the residents, much less for officials to provide adequate care, and possibly does not meet the requirements of the Ministry of Health regulations for enabling medical offices either. (…) FACTS. 1. For this unit to be able to serve the residents of Punta Burica, Pavones district, officials must travel by land from Paso Canoas to the vicinity of Puerto Armuelles, re-entering the national territory and arriving at the beach (at risk to institutional vehicles), traveling approximately 20 km, then entering through the mountain until reaching the PVP La Peña in the town of La Peña. There is no ordinary overland access to Alto Carona because there are no passable roads. 2. The community of Alto Carona has a Periodic Visit Post (PVP) that does not meet the minimum conditions suitable for serving the residents, much less for officials to provide adequate care, and possibly does not meet the requirements of the Ministry of Health regulations for enabling medical offices either. The institution built the PVP La Peña for the care of the residents of Punta Burica in the town of La Peña before the re-sectorization, and subsequently, it was transferred along with the communities to the Corredores Health Area. It was neither the decision nor the recommendation of this unit that this PVP be built in that town. It is not within the competence of this unit to decide on the construction of an EBAIS headquarters in Alto Carona. 3. Starting from the fact that the residents of Punta Burica, Pavones district, decided to be transferred to the Corredores Health Area, it was according to official communication ASC-SAVE-0862, because they considered overland access to this unit to be easier. The PVP is in La Peña, and the assertion that health care is irregular at that health post is not true; medical tours are carried out by the mobile EBAIS consisting of a doctor, a nursing assistant, a medical records official, and a pharmacist. They are announced in advance by the Technical Assistant (ATAP) official who lives in the area and through the Health Committee. These are carried out every month for one full week (a schedule of medical tours is attached), from January to August, since in September, with the rainy season, the roads become impassable and are suspended so as not to put officials at risk, until air transport service is available. The existing protocol is for patient transfer by ambulance, not for the transfer of officials, so there is no legality to make officials assume the risk of transport by helicopter. It should be noted that in February, a visit was made to La Peñita for a special community activity, but it did not meet the minimum conditions required to provide adequate medical care. The La Peña health post is very well equipped with what is required to provide quality medical care. Furthermore, there is no available human resource team that is permanently in that place, nor do they have the required population for an EBAIS. The lack of road development in that community is true, but that is a historical situation that has persisted over time and is not the responsibility of this unit (…)” (emphasis added). Finally, the executive president of the CCSS reports that, as of April 29, 2024, that institution is analyzing the institutional feasibility of providing air transport to the Corredores Health Area.

First, it should be noted that the sub examine was filed on behalf of the indigenous people of Alto de Carona, which is why it is relevant to cite what was stated by this Tribunal in judgment no. 2018012113 of 9:20 a.m. on July 27, 2018:

“III.- ON THE PROTECTION OF INDIGENOUS PEOPLE. By judgment No. 3003-92 of 11:30 a.m. on October 7, 1992, regarding the mandatory constitutional review of Convention 169 of the ILO, this Chamber ruled on the constitutional relevance of the protection of indigenous people, articulated within a democratic framework respectful of human rights. Specifically, this Tribunal stated: a) That it is necessary to recognize for indigenous people, in addition to the fullness of their rights and freedoms as human beings, other legally guaranteed conditions, through which the inequality and discrimination to which they are subjected can be compensated, with the purpose of guaranteeing their real and effective equality in all aspects of social life; b) That it is also necessary to guarantee respect for and conservation of the historical and cultural values of indigenous populations, recognizing their uniqueness, without any limitation other than the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being recognized today by the civilized world - which implies that respect for the traditions, language, religion, and culture in general of these peoples only admits exceptions necessary to eradicate practices universally considered inhuman, such as cannibalism-; c) Without prejudice to the foregoing, indigenous people must also be recognized the rights and means necessary to access, freely and with dignity, the spiritual and material benefits of the predominant civilization - means among which access to education and the official language stands out for its importance-.

Likewise, it concluded that far from containing clashes with the Political Constitution, (“) Convention 169 reflects the clearest values of our democratic nationality, developing the human rights of Costa Rican indigenous people and can be a starting point to initiate a review of secondary legislation to adapt it to these needs (“).

Now, Part V of the Convention, entitled Social Security and Health, establishes a series of provisions related to the right to health, thus. Article 24, “Social security schemes shall be progressively extended to the peoples concerned and applied to them without any discrimination”. Article 25 “…1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned or shall provide them with the means to allow them to organize and deliver such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest possible standard of physical and mental health…

2. Health services shall, to the extent possible, be community-based. These services shall be planned and administered in cooperation with the peoples concerned and take into account their economic, geographic, social and cultural conditions, as well as their preventive methods, healing practices and traditional medicines.

3. The health care system shall give preference to the training and employment of local community health workers, and focus on primary health care, while maintaining close links with other levels of health care.

4. The provision of such health services shall be coordinated with other social, economic and cultural measures taken in the country…” (…)

VII.- SPECIFIC CASE. In the present matter, the appellants allege that the protected persons are indigenous minors who have disabilities and require rehabilitation work -the minor [Name 003] (cerebral palsy and the minor [Name 002] (lissencephaly)-. However, to receive rehabilitation care, they must be transferred to the province of San José or Limón, because there is no rehabilitation professional at the EBAIS in the Alta de Talamanca area, in addition to the fact that the minors do not have any State pension. They claim that, due to the foregoing, transferring the protected minors to medical appointments is difficult for them. They contend that, through vote No. 2013-010885, this Chamber had ordered the Health Area of the Alta de Talamanca zone to provide treatment to some children with disabilities in the area.

In this regard, the Chamber determines that the Costa Rican Social Security Fund provides medical care to the protected persons at the EBAIS of Amubri, and they are also referred for physical therapy to the National Children's Hospital and the Dr. Tony Facio Castro Hospital. Likewise, it is verified that in the Talamanca area, there is no human resource available that provides rehabilitation to patients requiring that service, and therefore, they are referred to other medical centers that do have a specialist. Such conduct by the Administration cannot be validated, as this would be equivalent to evading the special protection regime recognized in favor of the rights and integrity of the indigenous people based on Convention No. 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries - approved by Law No. 7311 of November 30, 1992 -, developed in the first substantive recital of this resolution. In addition to the special protection that must prevail for persons suffering from disabilities. This Chamber does not ignore the authority of the Costa Rican Social Security Fund to organize itself to provide health services to citizens, such as classifying these into three levels of care. This is in pursuit of better use of public funds. However, that organization cannot be to the detriment of access to medical assistance for users, especially if they are indigenous persons suffering from disabilities who are in a situation of extreme vulnerability. Especially since the Costa Rican State has committed to providing them with special and differentiated protection compared to the rest of the population due to their historical precariousness, a commitment it has also made for persons with disabilities. Thus, attempting to have the protected minors travel hundreds of kilometers from their place of origin to receive rehabilitation is nothing more than institutionalizing their inequality. Consequently, the appropriate course is to grant the appeal, and order Fernando Llorca Castro, Executive President of the Costa Rican Social Security Fund, or whoever holds that position in his stead, to immediately carry out the pertinent steps and execute the necessary actions so that within a period of three months, counted from the notification of this judgment, the physical rehabilitation and/or physical therapy service required by the protected minors [Name 002] AND [Name 003], according to the criteria of their treating physicians, is provided at the medical center closest to their domicile. Likewise, if possible, physical rehabilitation and/or physical therapy shall be provided to the protected persons in their home. Furthermore, the necessary coordination shall be made to guarantee medical care and transportation for the protected persons to the National Children's Hospital, or where applicable, to the Tony Facio Hospital, in accordance with the medical specialties required by the patients (…)” (boldface added).

In a similar sense, in judgment no. 2019005560 of 9:30 a.m. on March 29, 2019, this Chamber ruled regarding the right to health of indigenous persons:

“XII. The right to health and indigenous persons. This Tribunal has already expressly referred to the recognition and guarantee of the fundamental rights of members of indigenous peoples, in light of Constitutional Law. Thus, for example, in judgment number 1786-93 of 4:21 p.m. on April 21, 1993, this Tribunal established as a general premise that our Political Constitution must be interpreted and applied in a way that allows and facilitates the independent life and development of the ethnic minorities that inhabit Costa Rica, without other limits than those that human rights themselves impose on the conduct of all people. The clauses of international instruments and common legislation must be developed in the same way when applied to indigenous peoples. As a consequence of the foregoing, in our legal system, through Convention No. 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples, a series of individual and collective rights related to education, health, among others, is recognized. Regarding this Convention, this Chamber, through judgment number 3003-92 of 11:30 a.m. on October 7, 1992, issued on the occasion of the mandatory constitutional review formulated regarding the "Draft law approving the 'Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries'," adopted by the International Labour Organization (I.L.O.) at its LXXVI Conference, held in Geneva, Switzerland, on June 27, 1989, also known as Convention No. 169, provided, as relevant: «[...] The consulted Convention, within the general scope of the matters entrusted to the International Labour Organization (ILO), captures in a legally enforceable international instrument, a series of rights, freedoms, and economic, social, and cultural conditions aimed, not only at strengthening the dignity and essential attributes of indigenous people as human beings, but also, mainly, at providing specific means so that their condition as human beings is fully realized in view of the depressed situation, sometimes even exploited and mistreated, in which the aborigines of many nations live; a situation that is not entirely foreign to the American Continent, where the minorities, and sometimes majorities of indigenous people find themselves practically [sic] secluded from the predominant civilization, while, on the other hand, they suffer the depression and abandonment of their own traditions and cultures. Today, in the field of human rights, it is recognized, in summary: a) That it is necessary to recognize for indigenous people, in addition to the fullness of their rights and freedoms as human beings, other legally guaranteed conditions, through which the inequality and discrimination to which they are subjected can be compensated, with the purpose of guaranteeing their real and effective equality in all aspects of social life: b) That it is also necessary to guarantee respect for and conservation of the historical and cultural values of indigenous populations, recognizing their uniqueness, without any limitation other than the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being recognized today by the civilized world - which implies that respect for the traditions, language, religion, and culture in general of these peoples only admits exceptions necessary to eradicate practices universally considered inhuman, such as cannibalism-; c) Without prejudice to the foregoing, indigenous people must also be recognized the rights and means necessary to access, freely and with dignity, the spiritual and material benefits of the predominant civilization - means among which access to education and the official language stands out for its importance…” . Now then, in the cited convention, specifically in Article No. 3, it is established that indigenous peoples shall fully enjoy human rights and fundamental freedoms, evidently, among them, the right to health, without obstacles or discrimination. Likewise, Article No. 4 provides that special measures must be adopted as needed to safeguard indigenous persons. In that vein, Article No. 7 of the cited instrument states that the improvement of living and working conditions and of the level of health and education shall be a priority in the overall economic development plans of the regions where they live. In this sense, Articles 24 and 25 of Convention No. 169 of the International Labour Organization reflect the obligations that the State has regarding social security and the right to health. For a better understanding, the cited articles are transcribed below:

“Article 24. Social security schemes shall be progressively extended to the peoples concerned and applied to them without any discrimination.” “Article 25. 1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned or shall provide them with the means to allow them to organize and deliver such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest possible standard of physical and mental health.

2. Health services shall, to the extent possible, be community-based. These services shall be planned and administered in cooperation with the peoples concerned and take into account their economic, geographic, social and cultural conditions, as well as their preventive methods, healing practices and traditional medicines.

3. The health care system shall give preference to the training and employment of local community health workers, and focus on primary health care, while maintaining close links with other levels of health care.

4. The provision of such health services shall be coordinated with other social, economic and cultural measures taken in the country.” Therefore, the indigenous peoples of our country, by constitutional and conventional provision, have special protection and, furthermore, must be guaranteed respect for their fundamental rights, among them, undoubtedly, the right to health. In addition to this, it is through adequate and timely health assistance that indigenous persons can be safeguarded and health conditions improved, as well as the possibility of exercising other fundamental rights that, without good health condition, could not be satisfied” (emphasis added).

For its part, regarding the efficient provision of health service, it is appropriate to cite what was indicated in judgment no. 2023021882 of 1:32 p.m. on September 1, 2023:

“IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at bar, the complaining party contends that for more than six years, the CCSS has been aware of the service limitations provided to the community of Paso Tempisque, given that there is insufficient personnel and space to serve the population. She adds that, since 2020, the Carrillo Health Area issued a re-sectorization study, which highlighted the need to open a new Ebais headquarters in Paso Tempisque, due to the overcrowding it suffers. She explains that, for this purpose, the proposal has been to use the current Ebais headquarters in Paso Tempisque to house an afternoon Ebais, but it is necessary to staff it. She maintains that the respondent authorities have not acted on the argument that they do not have sufficient financial resources to provide the service, despite acknowledging that it is insufficient and that, at the same time, the existing personnel are being imposed strenuous schedules and long working days. She requests that the afternoon Ebais be ordered to be provided with sufficient personnel.

This Tribunal verifies that, on May 17, 2017, the Carrillo Health Area carried out a re-sectorization study, which determined a gap of five Ebais, one of which was staffed, and the other four are awaited, among which is the one for the Paso Tempisque sector. Furthermore, since January 2020, the Carrillo Municipal Council has been negotiating with the CCSS for the opening of a new headquarters for the Paso Tempisque Ebais.

On January 14, 2020, the CCSS issued the report “Expansion of Afternoon Care Hours EBAIS de Paso Tempisque Carrillo Health Area,” which states: “(…) according to the estimate made by the Central Level Health Service Provision Unit, based on the Re-sectorization analysis of May 16, 2017. Our Unit maintains a need gap of 4 EBAIS to provide comprehensive care to the assigned population. It is important to highlight that our Unit requires these 4 EBAIS to meet the need of providing comprehensive health care to the enrolled population, in compliance with the objective of primary health care, at the first level of care, as corresponds to our Health Area: Acceptable Accessibility for the entire population, with the ultimate goal of meeting the needs of people at different ages, making efficient use of public resources. (…) The population served by the EBAIS of Paso Tempisque (Table # 1. current population of the District of Palmira: 6791 inhabitants), as has been pointed out on different occasions, exceeds the installed capacity of the team, as has been raised by the Community and the Municipal Council of the Canton, through official communication MC-SCM-821-2020, dated November 26, 2020, in which the community reiterates its request for the creation of a new EBAIS for Paso Tempisque de Carrillo, with afternoon service, with the aim of leveraging existing resources and thus address the backlog of the population that is not receiving comprehensive care (…) The EBAIS of Paso Tempisque, located in the District of Palmira, is composed of 2 ATAPs, 1 doctor, 1 REDES assistant, 1 Nursing Assistant, 1 Pharmacist and 1 Pharmacy Technician. 1 janitor and a security guard from 4:00 pm to 7:00 am, by third parties. Every other week, dental care is provided, with the dental professional and dental assistant, which also covers the District of Belén. The service hours are Monday through Thursday from 7:00 am to 4:00 pm and Fridays from 7:00 am to 3:00 pm. One day per month, care is provided at the Community PVP. Regarding user satisfaction measurement, the Canton of Carrillo has decreased from 85% to 73% in recent years, one of the main reasons being that users complain about not finding appointments to be seen, this being one of the sectors that presents this problem. (…) 2.1 Project Name Expansion of Service Hours at the EBAIS headquarters of Paso Tempisque 2.2 Responsible Unit Carrillo Health Area. UE: 2560 2.3 Project Modality 2.3.2 Consultation Monday through Thursday from 4:00 pm to 10:00 pm, Friday from 3:00 pm to 10:00 pm, and Saturdays from 4:00 pm to 10:00 pm, with scheduling of 04 patients per hour (…) The estimated cost is 13 million monthly, which represents approximately 150 million annually. Regarding investment in public services, an annual increase of approximately 10 million in electricity (account 2126) and 500 thousand colones in water service is estimated. Telecommunications consumption is approximately 300 thousand colones annually.

On supplies and materials, it amounts to approximately 7 million colones annually (…)” (the boldface was added).

On January 31, 2020, the Carillo Health Area sent official communication DASC-0033-2020 to the DRIPSSCH of the CCSS, which reads: “The request for an EBAIS, raised by the community of the District of Palmira, represented by the local Government, is entirely valid and supported by this Medical Directorate; a need that has been demonstrated by the Resectorization study of the Carrillo Health Area, carried out since 2017, since it is true that the Palmira sector requires one more EBAIS, as do the other sectors mentioned. This gap has a negative impact on the quality of services, due to the high demand for care from users who cannot find an appointment at their EBAIS facilities, including the Paso Tempisque one, which must then be provided in the emergency service. The Paso Tempisque EBAIS facility could also house an evening EBAIS like the one we have in Sardinal; therefore, if we were provided with the positions at this time, we have no infrastructure, security, or cleaning issues, as we have these through third-party contracting” (the highlighting was added). Additionally, on July 21, 2020, the director of the Carrillo Health Area certified that: “in the Carrillo Health Area, Costa Rican Social Security Fund, Programmatic Unit 2560, We have the possibility of immediately housing an EBAIS in a second shift, in existing facilities that are in optimal condition, at the following locations: 1. Paso Tempisque EBAIS Facility. 2. La Costa EBAIS Facility. This EBAIS is under construction, which will be completed in December 2020.” By official communication GM-2456-2021 of February 23, 2021, the CCSS Medical Management informed a deputy of the Legislative Assembly: “This Office, in response to your communication DLAC-004-2021 of January 11, 2021, attaching Agreement 02, Item 05 issued in Ordinary Session No. 51-2020 of the Municipal Council of Carrillo – Guanacaste regarding the request for the creation of a new EBAIS facility in Paso Tempisque de Carrillo with an evening service; in this regard, technical consultations were made at the central and regional levels regarding this proposal, obtaining the following results. - The Health Services Projection Directorate (GM-0844-2021), in official communication GM-DPSS-0080-2021, dated February 17, 2021, concludes the following: “…According to the study ‘Action Plan for the Formation of EBAIS and Strengthening of Health Areas of the Costa Rican Social Security Fund, version #2’ carried out by this Directorate, a gap of two additional sectors has been identified for the Carrillo Health Area. That is, a total of 11 health sectors. Regarding the population data shown above, it can be seen that this need for two new sectors is in the La Costa sector; additionally, this sector has the particularity of being the farthest from the Health Area headquarters and must cover the tourist population of the area. The other sector required by population is Paso Tempisque, which has the particularity of being located a few kilometers from the Health Area headquarters. - The underlining does not correspond to the original text- It has been confirmed with the local level regarding these needs, and it is confirmed that these are the locations where such health sectors are required…” - The Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate, in official communication DRIPSSCH-ARPLAI-0003-2021 (DRIPSSCH-0082-2021), signed by Dr. Eddy Apuy Muñoz, Medical Assistant, and Licda. Juliana Monge Agüero, Coordinator of the Planning and Internal Control Area, of the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate, concludes that “…Therefore, having analyzed the arguments presented in this report, as well as what is reiterated in the background section, in paragraph 5, this Network Directorate considers the Evening EBAIS Consultation Opening Project pertinent, for the benefit of the population of the canton and surrounding communities. It is also recommended that it be implemented with the provision of positions for a period of 6 months and the continuity of this service be evaluated…” - The underlining does not correspond to the original text- In accordance with the foregoing, the institution is most willing to address this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial constraints this has generated for the Costa Rican Social Security Fund, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to financial conditions, as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors in Article 29 of Session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020)” (the highlighting was added).

By official communication GM-6317-2021 of May 19, 2021, the CCSS Medical Management informed the Municipality of Carrillo: “(…) as you know, this Management issued communication GM-2461-2021, dated February 23, 2021, which stated the following: ‘… according to the technical criteria requested, the need for the creation of the Paso de Tempisque de Carrillo EBAIS is ratified; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial constraints this has generated for the institution, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to financial conditions, as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors in Article 29 of Session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020) …’ In this regard, it is necessary to inform you that there has been no significant change in what was indicated in the preceding paragraph; therefore, this Management is monitoring the provisions of higher institutional authorities on financial matters, and once the limitations at this level are overcome, the attention to this need will be scheduled as appropriate for the benefit of the health of the inhabitants of the Canton and Paso Tempisque (…)”. By motion MC-ALC-CRR-435-2022 of March 7, 2022, the Municipality of Carrillo reiterated to the CCSS the urgent need for an Ebais facility in Paso Tempisque.

By motion DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate stated: “This Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate proceeds to report that, in relation to this request, a technical criterion was sent to the Medical Management via the attached communication DRSS-DRIPSSCH-0082-2021. Subsequently, a copy was received of the Medical Management’s response to Deputy Luis Antonio Aiza Campos via the attached communication GM-2456-2021, which textually stated: ‘In accordance with the foregoing, the institution is most willing to address this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial constraints this has generated for the Costa Rican Social Security Fund, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to financial conditions, as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors in Article 29 of Session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020).’ For the reasons stated above, the formation of the new EBAIS is subject to the financial conditions of the Institution, according to (sic) what was indicated by the Medical Management in its communication GM-2456-2021.” Additionally, by official communication GM-7414-2022 of June 15, 2022, the CCSS Medical Management stated: “(…) by motion DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, Dr. Warner Picado Camarena, Director, Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate, forwards the following report: ‘…This Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate proceeds to report that, as indicated in previous reports: The Paso Tempisque Ebais, which is attached to the Carrillo Health Area, is located in the District of Palmira; it is comprised of: 2 ATAPS, 1 physician, 1 REDES assistant, 1 Nursing Auxiliary, 1 Pharmacist, and 1 Pharmacy Technician. In addition to 1 janitorial staff member and a security guard from 4:00 p.m. to 7:00 a.m., through third-party contracting. Every other week, dental care is provided, with the dental professional and dental assistant who also cover the District of Belén. The service hours are Monday through Thursday from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. and Friday from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. One day per month, care is provided at the Periodic Community Visit Post. In addition to the above, a technical criterion regarding the need for an additional Ebais was sent to the Medical Management via communication DRSS-DHIPSSCH-0082-2021 (which is attached). Subsequently, a copy was received of the Medical Management’s response to Deputy Luis Antonio Aiza Campos via the attached communication GM-2456-2021, which textually states: ‘In accordance with the foregoing, the institution is most willing to address this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial constraints this has generated for the Costa Rican Social Security Fund, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to financial conditions, as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors (…)’ Therefore, according to the foregoing, the formation of a new Ebais for the district of Paso Tempisque is an evident need that has been analyzed and is subject to the financial conditions of the institution…’ By virtue of the foregoing, this Office reports that care is currently being provided as described above to the population of the community of Paso Tempisque, in addition to the fact that, as indicated by Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Director of the Health Services Projection Directorate, via communication GM-DPSS-0080-2021; according to the study ‘Action Plan for the Formation of EBAIS and Strengthening of Caja Health Areas, version #2’, to date, the pertinent studies have been conducted to determine the need for new sectors for the canton of Carrillo Guanacaste, including the Paso Tempisque Ebais, which, according to financial policy and economic conditions, are scheduled for creation between 2022 and 2026, according to (sic) the schedule. Thus, this Office provides the report on the actions carried out regarding the construction of the new EBAIS facility in Paso Tempisque; however, it reiterates that due to the COVID-19 pandemic and the financial constraints this has generated for the Costa Rican Social Security Fund, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to financial conditions.” On December 22, 2022, by motion DRSS-DRIPSSCH-0987-2022, the director of the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network sent the Ebais prioritization proposal for the year 2023 to the CCSS Health Services Projects Directorate, in which the Carillo Health Area is mentioned, specifically the Paso Tempisque Ebais, “Evening, rotating positions” modality.

On July 20, 2023, the CCSS Medical Management stated by motion GM-10588-2023: “according to the analysis carried out regarding the need to reduce EBAIS gaps in the Integrated Health Service Delivery Network Directorates, the prioritization of forming the human resources for the opening of 1 EBAIS in Paso Tempisque is in place. It is necessary to indicate that this Management, for the provision of human resources for the creation of the aforementioned EBAIS and the rest of the nationally prioritized EBAIS, is awaiting the definition of the limit for the creation of positions indicated by the Board of Directors for the 2023 period or subsequent periods.” Finally, by official communication GM-10689-2023 of July 21, 2023, the CCSS Medical Management stated: “(…) The Financial and Budgetary Control Council, in Article 2 of Session 255-18, held on July 19, 2018, ordered: ‘…Prioritize the creation of institutional positions in accordance with the following order: international agreements, compliance with laws, provisions of the Board of Directors and Executive Presidency, and the needs raised by the Managements; the Financial and Budgetary Control Council is the Body responsible for reviewing the proposal for the creation of positions, to define their prioritization in a given phase and issue the endorsement to proceed with technical validation by the Personnel Administration and Management Directorate. Likewise, the provisions of Circular GA-51002-12, dated December 6, 2012, signed by the Management Body (Ref. PE-0418-2018 of February 21, 2018, signed by Dr. Fernando Llorca Castro, Executive President) regarding the procedure for preparing technical studies for determining human resource needs at the institutional level remain in effect (…)’. It should be clarified that the Financial Management will annually define the maximum limit for the creation of positions according to the financial possibilities of the insurances managed by the institution, which must be oriented towards the priority programs and activities of the Costa Rican Social Security Fund. For 2022 and 2023, the maximum limit for creating positions with central financing will be 670 positions for each year, excluding locally financed positions and those related to special services. For positions with local financing and special services, financial possibilities and institutional priorities will be considered, therefore, what is indicated by the 2022-2023 Budgetary Policy for Health Insurance, Disability, Old-Age, and Death Regime, and Non-Contributory Pension Regimes is transcribed: Guideline 6: Budgetary resources for personal services (remunerations) ‘…Strategies a. The Financial Management will annually define the maximum limit for the creation of positions according to the financial possibilities of the insurances managed by the institution, which must be oriented towards the priority programs and activities of the Costa Rican Social Security Fund. For 2022 and 2023, the maximum limit for creating positions with central financing will be 670 positions for each year…’ In relation to the above, for the 2023 period and according to the agreements of the Financial and Budgetary Control Council, the number of positions that currently have technical validation by the Personnel Administration and Management Directorate for the creation of new positions exceeds the figure previously defined by the Board of Directors. This situation leaves us waiting for the actions that said body must take to cover the needs prioritized by this Management. It is important to note that the positions for the Paso Tempisque EBAIS have not been prioritized by this Management, but rather were identified by the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate and forwarded to this Office, where, complying with the order of prioritization, they were forwarded for review and technical analysis to the Health Services Projection Directorate, an entity that has them considered in a second phase of position provision for the strengthening of the First Level of Care, and complying with what was agreed by the Board of Directors of the Costa Rican Social Security Fund, in Article 6 of Session No. 9231, held on January 6, 2022, regarding the Gap Reduction Plan at the First Level of Care in the short and medium term, which states: […] ‘ARTICLE 6. Official communication No. GG-4192-2021, dated December 15, 2021, signed by Dr. Roberto Cervantes Barrantes, General Manager, is reviewed, by which he presents: SHORT AND MEDIUM-TERM GAP REDUCTION PLAN AT THE FIRST LEVEL OF CARE.’ SHORT AND MEDIUM-TERM GAP REDUCTION PLAN AT THE FIRST LEVEL OF CARE. Therefore, Considering the proposal for the Short and Medium-Term Gap Reduction Plan at the First Level of Care contained in communication GG-PFPSS-0217-2021 signed by Dr. Luis Carlos Vega Martínez in his capacity as Director of the Health Service Delivery Strengthening Program, and what was expressed in communication GG-4192-2021 signed by Dr. Roberto Cervantes Barrantes in his capacity as General Manager, the Board of Directors -unanimously- AGREES: FIRST AGREEMENT To approve for implementation the Short and Medium-Term Gap Reduction Plan at the First Level of Care, aimed at strengthening comprehensive care, with emphasis on promotion and prevention activities. The creation of positions and the expenses required by the gap reduction plan must be approved annually in accordance with the institutional procedure established for these purposes, according to the plan’s implementation process and consistent with the financial situation and possibilities of the health insurance. SECOND AGREEMENT To designate the Medical Management to develop and conduct the necessary processes related to human resources, budget, infrastructure, supply, and associated regulations, to guarantee the implementation of the Short and Medium-Term Gap Reduction Plan at the First Level of Care, with the active involvement of the DRIPSS and the pertinent institutional units, in accordance with the provisions of the first agreement. […] By virtue of the foregoing, this Medical Management has defined the prioritizations considering, in the first instance, the provision of human resources for the sustainability of the start-up of new infrastructures, Board of Directors agreements, institutional projects, National Development Plan projects, and others, which have had to be covered in different phases to meet general needs. Thus, it is determined that the positions for the Paso Tempisque EBAIS are to be prioritized according to the Plan ordered by the Board of Directors, cited above” (the emphasis was added).

In view of the foregoing, it should be noted that this Court has repeatedly held in its case law that:

“VI.- FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH. The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, the right to health finds support in that article of the political charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other health care units of the Costa Rican Social Security Fund can negatively impact the preservation of the health and life of its users (…) Public entities, bodies, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation for service, since that has been the reason for their creation and existence.

VII.- EFFICIENCY, EFFECTIVENESS, CONTINUITY, REGULARITY, AND ADAPTATION IN PUBLIC HEALTH SERVICES. The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Costa Rican Social Security Fund have the duty to adopt and implement the organizational changes, to hire medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment required to provide efficient, effective, and prompt services. The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of ‘waiting lists’ for surgical interventions and the application of certain specialized exams, or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and expeditiously. The heads of the Costa Rican Social Security Fund and the Directors of its Hospitals and Clinics have the duty and, consequently, are personally responsible -in the terms of Article 199 et seq. of the General Public Administration Law- for adopting and implementing all administrative and organizational measures and provisions to definitively put an end to the delayed provision -which, on occasions, becomes negligent due to its consequences- of health services, a situation that clearly constitutes an unequivocal failure of service that may give rise to the patrimonial administrative liability of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 et seq. of the General Public Administration Law)” (the highlighting was added) (see rulings Nos. 2003013863 of 5:13 p.m. on December 2, 2003, 2010012297 of 2:42 p.m. on July 21, 2010, 2013004539 of 2:30 p.m. on April 9, 2013, 2015008671 of 9:05 a.m. on June 12, 2015, 2019007242 of 9:20 a.m. on April 26, 2019, 2021022837 of 9:30 a.m. on October 12, 2021, 2023019503 of 9:45 a.m. on August 9, 2023, among others).

Based on the foregoing, in the sub iudice case, the infringement of fundamental rights by the CCSS is evident, as explained below. From the abundant documentary evidence attached to the case file, it is fully demonstrated that, since 2017, the CCSS recognized the inefficient and ineffective provision of health services in Paso Tempisque, as well as the consequent need to provide that community with a new Ebais. Specifically, in the report “Expansion of Evening Care Hours at the Paso Tempisque EBAIS, Carrillo Health Area” of January 14, 2020, the CCSS considered that the population served by the medical center in that locality “exceeds the installed capacity of the team,” which is why it was deemed appropriate to create a new Ebais with an evening service in order to leverage existing resources. Additionally, the inefficient and ineffective provision of the aforementioned service is reflected in communication DASC-0033-2020 of January 31, 2020, in which the Carrillo Health Area indicated that: “This gap has a negative impact on the quality of services, due to the high demand for care from users who cannot find an appointment at their EBAIS facilities, including the Paso Tempisque one.” Even in communication DRSS-DRIPSSCH-0987-2022 of December 22, 2022, the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network included Paso Tempisque as part of the Ebais prioritization proposal for 2023 in the evening modality.

However, despite the fact that, since 2017, the CCSS has recognized the need to expand the health services offered to the population of Paso Tempisque, and despite various social actors having filed efforts to resolve this issue, in the sub examine case, it has been demonstrated that this situation has not been resolved. Specifically, in various motions that appear as evidence, the CCSS authorities indicate that the failure to create the necessary positions for the establishment of the aforementioned Ebais is due to financial conditions, in accordance with what was established by the Board of Directors in Article 29 of Session No. 9139 of November 12, 2020. Furthermore, in motion GM-7414-2022 of June 15, 2022, the CCSS Medical Management explained that, according to financial policy and economic conditions, the creation of the Paso Tempisque Ebais is scheduled between the years 2022 and 2026.

Despite this, in the sub iudice case, there is no evidentiary element whatsoever that the situation subject to this appeal will actually be addressed before the year 2026, which is reflected in the fact that in communication GM-10689-2023 of July 21, 2023, the CCSS Medical Management indicated that “the positions for the Paso Tempisque EBAIS have not been prioritized by this Management, but rather were identified by the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate and forwarded to this Office, where, complying with the order of prioritization, they were forwarded for review and technical analysis to the Health Services Projection Directorate, an entity that has them considered in a second phase of position provision for the strengthening of the First Level of Care, and complying with what was agreed by the Board of Directors of the Costa Rican Social Security Fund, in Article 6 of Session No. 9231, held on January 6, 2022, regarding the Short and Medium-Term Gap Reduction Plan at the First Level of Care.” Additionally, it must be noted that this Constitutional Chamber has emphatically stated that, within the framework of a constitutional, social, and democratic rule-of-law state, it is unacceptable to invoke financial or budgetary constraints to avoid the efficient provision of a service as essential as health, since, as indicated ut supra, it is a constitutional imperative that this service be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and expeditiously, as recorded, among others, in rulings Nos. 2003013863 of 5:13 p.m. on December 2, 2003, 2010012297 of 2:42 p.m. on July 21, 2010, 2013004539 of 2:30 p.m. on April 9, 2013, 2015008671 of 9:05 a.m. on June 12, 2015, 2019007242 of 9:20 a.m. on April 26, 2019, 2021022837 of 9:30 a.m. on October 12, 2021, 2023019503 of 9:45 a.m. on August 9, 2023.

Therefore, the appeal is granted, with the order set forth in the operative part of this judgment (…)

Por tanto:

By majority vote, the appeal is declared with merit. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez and Eva Camargo Batista, in their respective capacities as executive president in charge of the General Management and medical director of the Carrillo Health Area, as well as whoever holds the position of regional director of the Health Services Network of the Chorotega region, all of the Costa Rican Social Security Fund, are ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their respective competencies so that, within a maximum period of ONE YEAR, counted from the notification of this ruling, the problem alleged by the appellant, concerning the lack of efficient and effective provision of health services in Paso Tempisque, is definitively resolved. The foregoing is issued with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that must be complied with or enforced, dictated in an amparo appeal, and who fail to comply with it or fail to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Costa Rican Social Security Fund is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of judgment phase of the contentious-administrative jurisdiction. Judges Castillo Víquez and Salazar Alvarado and Judge Garro Vargas dissent and declare the appeal without merit. Notifíquese” (the highlighting was added).

In summary, this Constitutional Court has been consistent in emphasizing the special protection of indigenous persons, as well as the relevance of the right to health, which constitutes the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights rest; therefore, its provision must meet the criteria of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation.

Now, in the sub examine case, the infringement of the fundamental rights of the indigenous persons of Alto Carona is verified, due to the lack of efficient provision of health services by the CCSS, which has been recognized by the institution itself. In this regard, it must be recalled that the Corredores Health Area is responsible for providing health services to the population of Alto Carona; however, in motion ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, it was recognized that “visits are not being provided to these users because there is no access by land, and by helicopter from the Civil Aviation Service, they were very irregular, suspending the tours and making adequate scheduling impossible without affecting the other dispersed communities that receive visits (…) The PVP located in Alto Carona does not meet the minimum adequate conditions for the care of the inhabitants, much less for the officials to be able to provide adequate care, and possibly does not even comply with the regulatory requirements of the Ministry of Health to enable medical offices.” Furthermore, it is important to consider that in report AGO-99-2021 of 8 November 2021, the Internal Audit Office of the CCSS acknowledged that the users and staff of the Corredores Health Area lack the minimum conditions to receive and provide, respectively, health services, because some periodic visit posts “have dirt floors, structures in poor condition, exposed and dangerous electrical installations, unpleasant sanitary facilities, uncomfortable and difficult access to the structures, among other aspects.” Thus, the CCSS itself acknowledged at least since 2021 that the Corredores Health Area, responsible for providing health services to the protected population of Alto Carona, does not have the minimum conditions to provide that service. Furthermore, the aforementioned Health Area indicated that visits are not made to the users of Alto Carona, because “there is no access by land and access by helicopter from the Civil Aviation Service was very irregular.” On this matter, it should be noted that this Constitutional Chamber cannot endorse the CCSS’s position regarding the lack of diligent and expeditious action to provide health services for the protected population, since doing so would be equivalent to circumventing the special protection regime recognized in favor of the rights and integrity of the indigenous people. Thus, while the CCSS’s authority to organize itself to provide the aforementioned health service is recognized, this cannot be to the detriment of access to medical care for the users, in this case, indigenous people, who, as indicated above, enjoy special protection by virtue of their condition of vulnerability. Additionally, it should be noted that in the case at hand (sub lite) there is no evidentiary element whatsoever that proves that the situation that is the subject of this appeal will be addressed promptly.

Therefore, upon confirming the lack of efficient and effective provision of health services to the indigenous people residing in Alto Carona by the CCSS, the appeal is upheld with respect to this grievance, as indicated in the operative part of this judgment.

IV.- On the other hand, the appellant alleges that the roads to access the Conte Burica indigenous territory are in poor condition and are only passable in summer, which prevents the movement of minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women.

In this regard, the Chamber verifies that, in June 2019, the Municipality of Golfito, in conjunction with the Ministry of the Presidency, the Rural Development Institute, the Institute for Municipal Development and Advisory, the Ministry of Foreign Affairs and Worship, and the Punta Burica Indigenous Development Association, approved a project for a declaration of national convenience for the “Improvement of the road and rehabilitation of the drainage system along the entire longitudinal extent of the road to Punta Burica.” Subsequently, on 10 January 2022, the Municipality of Golfito issued the start order for the direct contracting “CD 2021 CD-000040-00044 called Environmental and Forestry Engineering Services for the Alto Comte -La Peña road on 23 November 2021,” in order to “have the Forest Inventory and the D1 studies (environmental feasibility) within a period of 60 days from its award and contract formalization.” Through resolution no. 1235-2022-SETENA of 21 July 2022, the National Environmental Technical Secretariat granted environmental feasibility for the Alto Comte-La Pena road. In February 2023, “the reopening of road 6-07-203 called (Ent.C 178) Alto Conte – End of La Peña (Burica) road with municipal machinery” was initiated. This included the shaping of the road from the Buriki crossing to Caña Blanca, water outlets, widening, and clearing (descuajes) of the sector, as well as the placement of six culvert crossings. On 20 November 2023, the start order was given “for contracting 2023LE-000026-0015500001, with the company ALCAPRA S.A. being awarded the contract, (…) with an execution time of 200 calendar days, 4.5 km were intervened with an approximate investment of ₡442,000,000.00.” Finally, between May 2023 and April 2024, follow-up meetings were held by the local government of Golfito in order to obtain economic support to achieve the total intervention of public road no. 6-07-203 Alto Comte to puesto la playa la Peña.

Thus, in the case at hand, it is verified that, although the Municipality of Golfito has carried out various efforts, to date the road that provides access to Alto Carona in the Conte Burica indigenous territory is not in optimal condition. In that sense, as indicated by the respondent mayor, that local government has sought to obtain economic support to fully intervene public road no. 6-07-203. Furthermore, it should be recalled that in official communication ASCORRE-DM-0118-2024 of 25 April 2024, the Corredores Health Area of the CCSS stated: “(…) 3-In relation to the inhabitants of Alto Carona, visits are not being provided to this population because there is no access by land (…) It is not possible to access Alto Carona by land in an ordinary manner since there are no passable roads (…)”.

Thus, in the case under examination (sub examine), a diligent and expeditious action by the Municipality of Golfito is lacking in order to address the problem concerning the state of the road that provides access to the community of Alto Carona in the Conte Burica indigenous territory, which has hindered, among other things, the provision of health services. Consequently, the appeal is also upheld with respect to this grievance. (…)” ... See more Related Judgments Content of Interest:

Type of content: Separate note Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

V.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. As a matter of principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, because such omission constitutes a matter of legality, the discussion of which falls to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate their disagreements with greater scope. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or groups considered vulnerable are affected, I do proceed to hear the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this subject, as is the case here, where the protection of the safety and physical integrity of an indigenous community is at stake, due to the poor condition of the road that gives them access to their village; given that, to date, the respondent authorities have not adopted the necessary measures to resolve the denounced problem.

VCG05/2024 ... See more Content of Interest:

Type of content: Dissenting vote Branch of Law: 4. GUARANTEE MATTERS Topic: EXECUTIVE BRANCH Subtopics:

INFRASTRUCTURE AND CONDITIONS.

VI.- DISSENTING VOTE BY JUDGE GARRO VARGAS.

Regarding the claim of the lack of roads.

Although I have concurred with the vote in matters where similar grievances are raised, upon better consideration I believe that this type of reproach where the improvement and construction of roads is sought must be filed in the ordinary channels of legality. This is especially so if, from the record, the existence of a duly individualized person who requires the protection of this jurisdiction due to threats to the fundamental rights already indicated or who belongs to a vulnerable group demanding the intervention of this Chamber, is not verified.

I consider that in such cases, it is appropriate, first, to challenge the inactivity before the authorities competent for the maintenance of the public road in question, and then, if the omissive conduct persists, before the contentious-administrative jurisdiction. That jurisdictional instance, with greater tools, can hear in depth and weigh the underlying complaint, assess the administrative conduct, rule on jurisdiction—national road network or cantonal road network—, issue specific mandates to address the identified problem, and, of course, monitor compliance with the judgment.

In the case at hand (sub lite), the appellant alleges that there are no duly enabled roads to guarantee access to the Conte Burica territory. Therefore, without any subjective determination or individualization, they argue that this has created a situation of danger to life and risk to the safety and integrity of the community's inhabitants, mainly, for “minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women.” That element alone, in my opinion, is sufficient to dismiss the amparo appeal. This Court has warned that, based on the effects that the Law of Constitutional Jurisdiction confers on the amparo appeal (arts. 41 and 49), it must be concluded that any person may file it, provided they individualize the subjects whose fundamental rights they consider were violated (see, for example, judgments numbers 2019-003879, 2021-017532 and 2022-009133, among others). Consequently, respectfully and from my perspective, it does not seem valid that, based on a generic argument of the alleged existence of “minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women,” a matter of administrative inactivity that is more appropriately heard in the contentious-administrative jurisdiction should be heard in this venue.

In light of such elements, I consider that a direct and imminent threat to the fundamental rights mentioned above is not proven. Rather, the intervention of this Court could alter the municipality's proper administrative planning for the execution of works that are inherently costly and that may affect the adequate administration and forecasting of the resources that said corporation has for such purposes. Moreover, as already noted, this type of administrative omission that does not demonstrate an imminent threat or injury to the fundamental rights of any specific person—the appellant only refers to minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women—must be raised and resolved in the ordinary venues of legality.

Regarding the absence of a primary care medical center. The amparo appeal claimed that the community of Alto Carona has deficient health services, highlighting the absence of a primary care center and periodic medical visits. It details that the nearest point of care is in La Peña, more than four hours away on foot via roads only passable in summer. It stated that the distance and difficulty of the route prevent the movement of minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women, which often results in their not benefiting from health visits when they are made.

That said, as stated above, in the case under examination (sub examine), there is a lack of determination of the protected persons, i.e., specific individuals who could be aggrieved were not individualized. Furthermore, as I resolved in claims where it was questioned that the Costa Rican Social Security Fund did not include or suspended a certain work from the investment portfolio, it is not proven that the appellant filed any complaint regarding the alleged conditions. In that sense, it is reiterated that this Constitutional Chamber is not an instance for processing complaints, which is why they must go to the Ministry of Health, the Costa Rican Social Security Fund, or the corresponding channel of legality, in order to raise the pertinent claims.

In addition, it cannot be overlooked that the amparo appeal is eminently summary in nature—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to previously examine—with a declaratory nature—whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual list of the amparo appeal or the legal report, as the case may be, actually exist.

Consequently, I dissent and dismiss the appeal in its entirety.

VCG05/2024 ... See more  Res. No. 2024013316 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine thirty hours on the seventeenth of May two thousand twenty-four.

Amparo appeal processed in case file number 24-009041-0007-CO, filed by [Name 001], on behalf of the INDIGENOUS PERSONS RESIDING IN ALTO CARONA, CONTE BURICA INDIGENOUS TERRITORY, against the COSTA RICAN SOCIAL SECURITY FUND (CCSS) and the MUNICIPALITY OF GOLFITO.

Whereas:

1.- By brief added to the digital case file on 8 April 2024, the appellant files an amparo appeal. They mention that, from 17 to 19 March 2024, the Public Defense visited the community of Alto Carona and it was concluded that the community has deficient health services, highlighting the absence of a primary care center and periodic medical visits. They detail that the nearest point of care is in La Peña, more than four hours away on foot via roads only passable in summer. They maintain that the irregularity in care and monitoring of chronic diseases, as well as prenatal support and child and geriatric check-ups, have been problematic during 2023 and 2024. They state that the distance and difficulty of the route prevent the movement of minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women, which often results in their not benefiting from health visits when they are made. They indicate that sick people have had to be transported on improvised stretchers to receive medical attention; furthermore, the lack of a nearby and accessible health center also complicates the response to common emergencies, such as snake bites. They mention that this situation is aggravated by the absence of internet and cellular telephony in the locality of Alto Carona, since the nearest point with connectivity is approximately five kilometers away. They state that the access routes from the Costa Rican side are equally impassable and, depending on the time of year, the cost of transport reaches $170, an amount beyond the means of the protected persons, given their condition of poverty. They indicate that, due to the coastal geography, maritime travel is also not viable. They point out that these conditions of isolation and vulnerability exacerbate the marginalization of the community, which requires special protection from the State to ensure the right to health, according to precedents such as the judgment of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) in the case of the Sawhoyamaxa indigenous community vs. Paraguay. They invoke the application of international regulations such as the Indigenous Peoples' Health Initiative, known as SAPIA, Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries of the International Labour Organization, and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) and General Comment No. 14 on the right to health contained in Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). They highlight the need for the CCSS to ensure the provision of health services in the area and for the Municipality of Golfito to improve the roads to guarantee access to the territory, in coordination with other local governments if necessary. They consider that the facts set forth violate the fundamental rights of the protected persons. They request that the appeal be upheld.

2.- By resolution of the Presidency of the Chamber at 20:10 hours on 12 April 2024, the amparo was admitted and a report was requested from the executive president and the medical director of the Golfito Health Area, both of the CCSS, as well as the mayor of Golfito, regarding the facts alleged by the appellant.

3.- By brief added to the digital case file on 23 April 2024, Freiner Lara Blanco reports under oath, in his capacity as mayor of Golfito. He indicates: “FIRST: Not known to the undersigned. SECOND: Regarding the allegation of deficient health services in said community, I allow myself to indicate that I am unaware of the reasons that the Costa Rican Social Security Fund has for not providing medical care in that place. THIRD: Not known to the undersigned. FOURTH: Not known to the undersigned. FIFTH: With respect to the allegations in fact five, with total adherence to the real truth, I inform you that this municipality has acquired a commitment with the population inhabiting said area and through multiple work meetings and inter-institutional coordination with: the Ministry of the Presidency, INDER, IFAM, the Ministry of Foreign Affairs and Worship, the Punta Burica Indigenous Development Association (ADI), various technical documents were drafted in June 2019, which resulted in the approval of a project for the “Declaration of National Convenience of the Project called: ‘Improvement of the road and rehabilitation of the drainage system along the entire longitudinal extent of the road to Punta Burica’”, with the purpose that specifically the Ministry of Environment and Energy (MINAE) cooperate with its publication in the Official Gazette La Gaceta. On 10 November 2021, budget modification No. 04-2021 was made before the Cantonal Road Board to be able to initiate the direct contracting CD 2021 CD-000040-00044 called Environmental and Forestry Engineering Services for the Alto Comte -La Peña road on 23 November 2021, this was awarded on 13 December 2021 to the company Geosfera Consultores Geo ambientales represented by geologist Daniel Murillo Montoya. The municipality of Golfito, specifically the department of the Technical Road Management Unit, issued the start order on 10 January 2022. The purpose of said contracting was to have the Forest Inventory and the D1 studies (environmental feasibility) within a period of 60 days from its award and contract formalization. Said period was issued due to the difficulty of access to enter said area, even so, the company requested an extension of 30 calendar days to be able to deliver the contracted inputs. On 15 March 2022, the company Geosfera Consultores Geo ambientales delivered the required documentation to the Municipality of Golfito, likewise, the information regarding the feasibility studies was provided by the company to the National Environmental Technical Secretariat (SETENA) on 11 March of this year, obtaining a response according to official communication SETENA-DTDEA-0388-2022 which indicated that we had to complement the Geotechnical study and gave us time until the end of June 2022 to attach what was requested. As a corollary to the foregoing, an addendum to the contracting was made in the name of the company Geosfera Consultores Geo ambientales to be able to meet SETENA's request for the expansion of the geotechnical studies of some critical points they deemed necessary; the report was prepared by Geologist Murillo Montoya before the 90 business days that had been requested of this administration. On 21 July 2022, the plenary commission of SETENA provided us with resolution No. 1235-2022-SETENA in which they granted us Environmental Feasibility (License). In addition to this, the contracted Geologist had already sent the forest study on 7 March 2022 addressed to Eng. Javier García, Coordinator of the Subregion Coto Office SINAC Piedras Blancas, MINAE. In the month of February 2023, the reopening of road 6-07-203 called (Ent.C 178) Alto Conte – End of La Peña (Burica) road officially began with municipal machinery. The shaping of the road from the Buriki crossing to Caña Blanca began; in addition to this, water outlets, widening, and clearing (descuaje) of said sector were carried out. Likewise, 6 culvert crossings were placed by the municipal gray works crew with an approximate value of ₡3,700,000.00. In compliance with judgment number 23-003921-0007-CO of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, and in line with the objectives of INDER, within the framework of the project “Rehabilitation of the Alto Comte - Alto Buriki Road,” contracting 2023LE-000026-0015500001 was carried out, with the company ALCAPRA S.A. being awarded the contract, which had a start order for said contracting on 20 November 2023 with an execution time of 200 calendar days, 4.5 km were intervened with an approximate investment of ₡442,000,000.00. During a visit to the canton of Golfito by President Rodrigo Chaves, he commented during a visit made in the community of Buriki, Pavón district, on contributing 500 million colones to the reopening of said road, administered by INDER. Different follow-up meetings have been held from May 2023 to the current date with the purpose of seeking economic support to achieve the total intervention of public road 6-07-203 Alto Comte to puesto la playa la Peña. The last in-person one was promoted by the Vice Presidency of the Republic in which different institutions participated, such as: the Chancellery, INDER, IGN, ICE, and our municipal representation. The central theme was the reopening of public road 607203 'Alto Conte to Puesto La Playa La Peñita'. Mr. Stephan Brunner's interest is to be able to count on the greatest institutional support to make it possible, in two summers (2025-2026), to have said route already enabled. In which the issue of border limits must be defined with the IGN, which is why the municipal need to carry out the topographic survey to make it known to the IGN as soon as possible is urgent. Mr. Brunner requested machinery from ICE to support the Municipality and they stated that it is viable to provide machinery as long as the endorsement of the Presidency of ICE is obtained, which is why the Vice Presidency of the Republic committed to carrying out said process. The purpose of said meeting was to establish inter-institutional coordination to be able to offer a response to the communities that have been waiting for years. Likewise, the municipality of Golfito, through the UTGVM department, in the first extraordinary budget ₡150,000,000.00 million to be invested in said route (…) All of the above are the efforts we have made at the MUNICIPAL level with the purpose of being able to provide a response to the population of our new district of Comte - Burica. Thus, Justices of the Constitutional Chamber, Supreme Court of Justice, I request with due respect to your authority that the appeal filed by the plaintiff be dismissed. Given that this municipality is working arduously on the road in question, as established by the Constitutional Chamber in the previously cited judgment.” 4.- By brief added to the digital case file on 29 April 2024, Joel Navarro Camarena reports under oath, in his capacity as general director of the Golfito Health Area of the CCSS. He explains that: “The Golfito Health Area for many years carried out the provision of health services to these communities; however, we were informed that as of March 2019, these communities (La Peña and Carona) were transferred to the Corredores Health Area. The population residing in Punta Burica requested the sectorization, taking ‘accessibility’ as the main determinant, since the inhabitants of that locality must leave through Panamanian territory (Puerto Armuelles) and subsequently travel to the Golfito Hospital ‘Manuel Mora Valverde’ to attend scheduled medical appointments or in emergency situations, which represents a high economic cost. Through official communication No. 0391-03-19, signed by Dr. Luis Carlos Vega Martínez, Regional Director of the Integrated Health Services Delivery Networks Brunca Region, he informs of the sectorization that according to Official Communication No. ASC-SAVE-0862-2017 signed by the Collective Health Area attached to the Health Services Development Directorate. The distribution was carried out as follows: 1. Corredores Health Area a. Alto Carona Periodic Visit House (Carona, Campo Verde, Guaimí, la Palma) b. La Peña Periodic Visit House (La Peñita, La Peña, Vanegas, Puesto la Playa). c. Bella Luz d. Canoas e. Canos abajo Punta Burica f. Colorado g. Corredor Centro h. Corredor Neily i. Corredor Norte j. Corredor Sur k. Ebais Fincas l. La Cuesta m. La Unión n. Laurel o. Naranjo. 2. Golfito Health Area a. Pavón b. Alto Conte c. Altamira d. Progreso I add that, as of September 2018, the Golfito Health Area has an EBAIS made up of a Basic Care Team (1 doctor, 1 networks, 1 assistant, 1 pharmacist, 1 atap) in the Conte Burica indigenous reserve, which remains open from Monday to Thursday from 7am to 4pm, Friday from 7am to 3pm, Saturdays, Sundays, and holidays off. It should be added that it currently does not have an EBAIS infrastructure but rather a periodic visit house, but it is in the investment portfolio to be developed in the year 2025. From that moment to date, medical attention has been provided to the users of the Conte Burica Sector and its surroundings, in addition, one community tour per week is carried out to the community of Progreso, and dental tours at the EBAIS of Alto Conte. The population of Conte Burica has received health provision services as the first level of care and we continue to improve services within the installed capacity of the Health Area. As mentioned earlier, due to the sectorization that the residents of La Peña and Carona themselves requested and according to the study by the Collective Health Area attached to the Health Services Development Directorate, these communities became the responsibility of the Corredores Health Area. III- LAW AND OTHER CONSIDERATIONS: Our Political Constitution implicitly recognizes the fundamental right of the administered to the good and efficient functioning of public services, that is, that they be provided with high quality standards, which has as a necessary corollary the obligation of public administrations to provide them in a continuous, regular, expeditious, effective, and efficient manner. This latter obligation derives from the systematic relationship of several constitutional precepts, such as 140, subsection 8, which imposes on the Executive Branch the duty to “Monitor the proper functioning of administrative services and dependencies,” and 139, subsection 4), insofar as it incorporates the principle of “efficiency of the administration.” This atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services of an assistance nature, such as those of social security, and, especially, when we have patients who, due to the pathology or clinical syndrome presented, require immediate attention without any undue delay to guarantee their rights to life and health. The GOLFITO Health Area of the Costa Rican Social Security Fund is aimed at offering quality public health services, where the intervention it exercises is oriented towards protecting and improving the health of individuals, also including the responsibility to ensure access to these health services for the appellant, as well as their efficiency, effectiveness, and continuity. In accordance with the foregoing, this representation considers that in the present case it is not competent to address the appellant's claims regarding primary care and periodic medical visits; as previously indicated, these communities do not belong to the Golfito Health Area, but to the Corredores Health Area. On the right to health and to enjoy a healthy environment. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in articles 21, 50, 73, and 89 of the Political Constitution, as well as through international regulations. Specifically, article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. This right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. This constitutional provision is complemented by what is established in numeral 11 of the ‘Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights.’ Likewise, in relation to the obligations of public authorities to guarantee the right to health and the right to a healthy environment, this Constitutional Court, through Judgment No. 180-98 of 16:24 hrs.

of January 13, 1998, provided: "...the State not only has the unavoidable responsibility of ensuring that the health of each person comprising the national community does not suffer harm from third parties, in relation to (sic) these rights, but it must also assume the responsibility of achieving the propitious social conditions so that each person can enjoy their health, understanding such right as a situation of physical, psychological (or mental), and social well-being…". In this regard, the Costa Rican State is obligated to act preventively, avoiding, through direct oversight and intervention, the commission of acts that harm the environment, which is inevitably correlated with the State's obligation to ensure the preservation of its inhabitants' health. IV- PETITION: In accordance with the foregoing and given that this servant, an official of the Caja Costarricense de Seguro Social, considers that this Amparo Appeal should be directed to the Area (sic) de Salud de Corredores so that a response is provided regarding primary care and periodic medical visits, since according to official communication No. 0391-03-19, they were assigned to Programmatic Unit 2758 (AS Corredores). This Administration considers that the communities assigned according to the sectorization are being attended to as legally corresponds. It is requested that this amparo appeal be DECLARED WITHOUT MERIT in all its aspects; furthermore, should it be declared with merit, it is requested that consideration be given to what was stated by this Honorable Chamber through resolution 2019-008866 of nine thirty hours on May seventeenth, two thousand nineteen, in which it was indicated (…)".

5.- By document incorporated into the digital case file on April 29, 2024, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, in her capacity as executive president of the Caja Costarricense de Seguro Social, reports under oath. She explains: "It is preliminarily indicated to the Magistrates that the undersigned President does not have direct knowledge of the facts alleged by the appellant before the esteemed Constitutional Chamber, as these are not within the substantive duties inherent to the Executive Presidency1. Ergo, the competent technical body was approached so that it could provide a report on the facts set forth by the petitioner, which was submitted by the Área de Salud de Golfito and the Área de Salud de Corredores, in order to address the course of the appeal, accepted by the honorable chamber (…) III.- REPORTS SUBMITTED BY THE ADMINISTRATION. ÁREA DE SALUD GOLFITO. Dr. Joel Navarro Camarena, Medical Director of the Área de Salud de Golfito, reports via official communication number ASGOLF-DM-0220-2024 dated April 25, 2024, in the following terms: (…) ÁREA DE SALUD CORREDORES. Through official communication ASCORRE-DM-0118-2024 dated April 25, 2024, Dr. Arturo Lothrop Saballos, Medical Director of the Área de Salud de Corredores, reports in the following terms: "…1- As general information on the Área de Salud Corredores; it is comprised of four districts: Corredor (Central), La Cuesta, Paso Canoas, and Laurel. The population is 57,258 inhabitants, distributed across 9 sectors each with EBAIS of the same name: one concentrated located at the Area Headquarters: EBAIS La Cuesta and 8 decentralized EBAIS: Corredor Centro, Corredor Norte, Corredor Sur, Las Fincas, Colorado, Paso Canoas, Laurel, and Bella Luz. In 2015, this unit formed a mobile EBAIS (physician, nursing assistant, medical records, pharmacist, driver) for medical tours to dispersed populations in order not to close the EBAIS headquarters and to manage to bring medical care closer to the communities. Medical tours are made to 12 communities. In official communications No. 0391-03.19 of March 12, 2019, signed by Dr. Luis Carlos Vega Martínez, Regional Director of the Dirección Redes Integradas Servicios Salud Región Brunca, it reports the sectorization that, according to Official Communication No. ASC-SAVE-0862-2017 signed by the Área Salud Colectiva attached to the Dirección Desarrollo de Servicios de Salud. In official communication ASC-SAVE-0862 of January 24, 2017, signed by the Sub Área de Vigilancia Epidemiológica, it reports that a re-sectorization of the Área de Salud de Corredores was concluded, and towns in Punta Burica, canton of Golfito, are assigned to it for their health care, a decision whose main determinant was considered to be the ease of accessibility for the area's inhabitants to travel by land passing through Panama and entering through the Paso Canoas border to Costa Rica, thus arriving at this health center. (Official communications are attached) 2- In 2017, the institution sectorized the Área de Salud de Corredores, with this unit assuming the district of Pavón de Golfito, the populations in Punta Burica due to the ease of their access to this unit and to the HCN. With said population transfer, the PVP La Peña in the town of the same name was included. To travel to PVP La Peña, one goes by land, crossing the border with Panama, and after a long journey by road, re-enters Costa Rican territory passing through beach sectors and entering a mountainous area until reaching the PVP. See photos. Medical tours to PVP La Peña have been a trip of one week each month (tour schedule is attached) by land through Panama; first, the border is crossed and one goes on a route through Panama, re-entering national territory, arriving at the beach (with risk to institutional vehicles), traveling about 20 km, until entering the mountain, the aforementioned due to the fact that there are no national roads to access those communities (…) 3- In relation to the inhabitants of Alto Carona, visits are not being provided to this population because there is no access by land, and access via helicopter from the Servicio de Aviación Civil was very irregular, suspending the tours and making adequate scheduling impossible without affecting the other dispersed communities that are visited. Due to the foregoing, the purchase of helicopter services was requested, for which approval has not been granted. It is worth mentioning that in official communication GM-16890-2023, the Gerencia Médica states: "Through official communication PE-4488-2023, the Executive Presidency reported that the cooperation agreement between the Ministerio de Seguridad Pública and the Caja Costarricense de Seguro Social for the transfer of patients in critical health condition, medical assistance to communities of difficult access, and transfer of officials for disaster and emergency care, ended its validity on October 24 last…" Furthermore, it is important to consider that there is no current protocol and/or guideline for transporting officials by helicopter for routine patient care, according to what was indicated by the same Management in the official communication in question: "…Added to this, it is reported that this Management designates Dr. Ranjit Singh Apolayo and Dr. Armando Cortés Ruiz, both advisors to this Management, to collaborate in the review and updating of the protocol for patient transfer by ambulance, taking into account that the transfer of officials must be included; the above in view of the changes that have arisen in light of the termination of the agreement with the Ministerio de Seguridad Pública…" It is also important to consider what was recommended by Internal Audit in report AGO-99-2021 of November 8, 2021: "…The Caja Costarricense del Seguro Social, as the entity in charge of looking after the health of the population, has the commitment to provide these services to the different communities located throughout the country; however, it is necessary for users and officials to enjoy minimum conditions to provide this service, conditions that would appear not to be met at some periodic visit posts attached to the Área de Salud de Corredores, because they have dirt floors, structures in poor condition, exposed and dangerous electrical installations, unpleasant sanitary services, uncomfortable and difficult access to the structures, among other aspects. Aspects that not only affect the quality of care but also the proper conservation of the infrastructure…" The PVP located in Alto Carona does not meet the minimum conditions adequate for attending to the inhabitants, and even less so for officials to be able to provide adequate care, and possibly it also does not meet the requirements of the regulations of the Ministerio de Salud to enable medical offices. (See photos) Dr. Joel Navarro Camarena, Medical Director of the Área de Salud de Golfito, through official communication ASGOLF-DM-0220-2024 dated April 25, 2024, in which it is indicated: "…Regarding the communities of La Peña and Carona and neighboring communities, they were assigned to the Área de Salud de Corredores; this Administration considers that what was stated by the public defender must be shared with Programmatic Unit 2758 so that the necessary information is provided…" Regarding the Amparo Appeal filed by the Public Defender's Office on behalf of residents of Alto Carona, Territorio Indígena Conte Burica, the response is: FACTS. 1. For this unit to be able to attend to the inhabitants of Punta Burica, Pavones district, the officials must go by land from Paso Canoas to the vicinity of Puerto Armuelles, re-entering national territory, arriving at the beach (with risk to institutional vehicles), traveling about 20 km, entering the mountain, until reaching PVP La Peña in the town of La Peña. There is no ordinary land access to Alto Carona as there are no passable roads. 2. The community of Alto Carona has a Periodic Visit Post (Puesto de Visita Periódica, PVP) that does not meet the minimum conditions adequate for attending to the inhabitants, and even less so for officials to be able to provide adequate care, and possibly it also does not meet the requirements of the regulations of the Ministerio de Salud to enable medical offices. The institution built PVP La Peña for the care of the inhabitants of Punta Burica in the town of La Peña before the re-sectorization, and subsequently, it was transferred along with the communities to the Área de Salud Corredores. It was neither the decision nor the recommendation of this unit that this PVP be built in that town. It is not within the purview of this unit to decide on the construction of an EBAIS headquarters in Alto Carona. 3. Based on the fact that it was decided to transfer the inhabitants of Punta Burica, Pavones district, to the Área de Salud Corredores, it was according to official communication ASC-SAVE-0862, because they considered greater ease of access to this unit by land. The PVP is in La Peña, and the assertion that health care at that health post is irregular is not true; the medical tours are made by the mobile EBAIS, composed of a physician, a nursing assistant, a medical records official, and a pharmacist; they are announced in advance by the ATAP Technical Assistant official who lives in the area and through the Health Committee. These are carried out every month for one full week (a medical tour itinerary is attached), from January to August, since in September, with the rainy season, the roads become impassable and they are suspended so as not to put officials at risk, until air transport service is available. The existing protocol is for patient transfer by ambulance, not for the transfer of officials, so there is no legality for making officials assume the risk of being transported by helicopter. It should be noted that in February, La Peñita was attended for a special community activity, but it did not meet the minimum conditions required to provide adequate medical care. The La Peña health post is very well equipped with what is required to provide quality medical care. Furthermore, there is no available human resources team that is permanently in that place, nor do they have the required population for an EBAIS. The lack of road development in that community is true, but this is a historical situation that has persisted over time and is not within the purview of this unit. 4. Regarding access to health care, especially emergencies, it is important to remember that the inhabitants of Punta Burica, Pavones district, among them those of Alto Carona, were transferred to Corredores due to their ease of access by land, both to this unit and to the Hospital de Ciudad Neily. 5. What was said in the previous section is mentioned again: the inhabitants of Punta Carona, Pavones district, among them those of Alto Carona, were transferred to Corredores due to their ease of access both to this unit and to the Hospital de Ciudad Neily. (…) WHEREAS. Considering the above, it is important to clarify: -That it is correct to affirm that the care of the population of Alto Carona is assigned to the Área de Salud Corredores. The PVP located in Alto Carona does not meet the minimum conditions adequate for attending to the inhabitants, and even less so for officials to be able to provide adequate care, and possibly it also does not meet the requirements of the regulations of the Ministerio de Salud to enable medical offices. -That population of Punta Burica, Pavones district, and especially of Alto Carona, was transferred due to its supposed ease of accessing the services provided by this unit by land via the border with Panama. -The institution built a PVP in La Peña so that all inhabitants of Punta Burica, Pavones district, would go there to receive health care in the town of La Peña. -The inhabitants of Alto Carona have difficulty traveling to PVP La Peña and/or the Área de Salud Corredores, but they can, by land, go to the EBAIS of Alto Conte, attached to the Área de Salud de Golfito, to receive health care. -The municipality of Golfito is building a road that would reach Alto Carona and would connect them more easily to the EBAIS of Alto Conte of the Área de Salud de Golfito. - During the rainy season, the roads are impassable (see photos) starting in September, and for this reason, this unit requested in official communication DRIPSSB- DMASC – 0545-2022 of September 29, 2022, approval and provision of the economic resources to make Medical Tours to the Population of Punta Burica by air via helicopter. A petition that continued in official communications DRSS-DRIPSSB-3010-2022, DRSSDRIPSSB-2442-2023, DRSS-GR-0663-2022, DRSS-DRIPSSB-2442-2023, GM-16890-2023. The foregoing without an affirmative response to this unit. The existing protocol for helicopter travel is for patient transfer by ambulance, not for the transfer of officials, so there is no legality for making officials assume the risk of being transported by helicopter. THEREFORE. Therefore, this Active Administration considers that the communities assigned according to the sectorization are being attended to as legally corresponds, within the possibilities that the unit has to be able to travel to the area, and it is requested that this amparo appeal be DECLARED WITHOUT MERIT in all its aspects…" Furthermore, regarding the request from the Área de Salud de Corredores in relation to (sic) air transport made to the corresponding central-level technical units for them to determine the institutional viability of providing this type of transport to said Health Area, and as input for scheduling medical tours to Punta Burica for the transfer of health personnel in order to provide care to the indigenous population of difficult access, said request, to date, is in process, given that viability studies have been required for its purpose. For this, one can view official communication GM-2723-2024 dated February 27, 2024, in which the viability criterion is forwarded to be attended to and analyzed by the office of the Gerencia Médica, and subsequently communicated to the Área de Salud de Corredores, with the pertinent determination of the case. ON THE TECHNICAL OPERATIONAL GUIDELINE FOR CULTURALLY PERTINENT HEALTH CARE FOR PEOPLES. The institution, respectful of the rights of the indigenous peoples of our territory and in accordance with the provisions of ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, and the other related regulations, which are incorporated into said guideline, has had the obligation, commitment, and a progressive fulfillment of the individual and collective rights of indigenous peoples, the same being carried forward by the Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS), and in mandatory compliance by the different medical centers as well as institutional officials. Thus, within the CCSS, the participation of indigenous persons becomes a fundamental and mandatory axis in any action that has a positive or negative impact on this group; likewise, the guideline is developed considering the general and essential needs for the care of indigenous populations by health officials at the three levels of care, whose needs are taken based on (sic) different meetings developed by the Program for the Standardization of Health Care for Indigenous Peoples of the institution. It is important to note that this guideline contemplates that any project or approach planned to be developed in indigenous territory must guarantee the exercise of the rights of indigenous persons, so that they have the possibility, in a prior, free, and informed manner, to know the institutional proposals, whether regarding infrastructure, projects, or health service provision initiatives. Consequently, it leads to a gradual planning and adaptation of the service according to health care programs, adjusted in accordance with cultural relevance and identified health needs. Now, regarding communications and transfer services, in the section BASIC ELEMENTS OF NETWORK WORK IN THE PROVISION OF SERVICES TO INDIGENOUS PERSONS, point three, the following is stated: (…) Consequently, the institution, in respect of the fundamental rights of indigenous peoples, constantly defines coordination actions to address what is required by the indigenous user depending on the complexity of the case, whose duty of institutional officials is based on guaranteeing the right to comprehensive health care, and as has been mentioned, it is a right with high levels of progressivity in terms of its care. IV.- LAW AND OTHER CONSIDERATIONS. Regarding the petition of the amparo appeal: The appellants request the Constitutional Chamber to order, regarding the Caja Costarricense de Seguro Social, the following: "…Based on the foregoing, I request that the appealed Authority be ordered to submit a Report regarding the invoked facts. Once the evidence is evaluated, may the Amparo Appeal be declared with merit and the Caja Costarricense de Seguro Social be ordered to guarantee the provision of health services to the Ngäbe-buglé population of Alto Carona, territorio indígena Conte Burica…" This representation respectfully considers that said petition cannot be upheld by the Constitutional Court; the Caja, guarantor of the rights of health service users, has its own guidelines for the care of the indigenous population; likewise, as required by the Technical Operational Guideline for Culturally Pertinent Health Care for Indigenous Peoples in Costa Rican Territory, the different stakeholders must be in constant negotiation and dialogue—in both directions—to achieve agreements and consensus regarding the different needs that arise. This, in adherence to supra-constitutional provisions on indigenous populations and the bioethical principle of autonomy and individual responsibility, together with the principle of transparency in decision-making, in progressive fulfillment in accordance with the provisions of ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries, as well as related regulations. Now, as is evident from the reports submitted by the institutional authorities, the Regional Directorate of the Dirección Redes Integradas Servicios Salud Región Brunca, through official communication 0391-03-19, signed by Dr. Luis Carlos Vega Martínez, Director, signed by the Área Salud Colectiva attached to the Dirección Desarrollo de Servicios de Salud, which, through a technical study, led to the viability of the population of Punta Burica being attended in the health centers of the canton of Corredores, in order to achieve a more organized distribution. On the right to health: Pursuant to the provisions of Articles 21 and 50 of the Political Constitution, all inhabitants of the national territory have the right to enjoy the highest and most adequate level of life and physical, mental, social, and environmental well-being. For the correct and comprehensive application of the aforementioned constitutional articles, the recognition of the right to health is essential, whereby the Costa Rican State must ensure the availability, accessibility, and quality of programs, public policies, and assistance/provision services for health promotion, prevention, diagnosis, and treatment. (…) As can be observed from the foregoing, the recognition of the right to health implies a broad conceptualization, not limited solely to the provision of medical services against diagnosed physical illnesses, but rather even encompassing state framework actions for health promotion and disease prevention, all within the comprehensive health that must be guaranteed to individuals (Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; Article 24 of the Convention on the Rights of the Child; Article 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights; Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights; Article 11 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man). Added to the above, health is considered a good of public interest, constituting an essential function of the State to ensure the well-being and health of the inhabitants within the national territory, as established by Articles 1 and 2 of the General Health Law and numeral 10.2 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social and Cultural Rights. For this reason, in the protection of health also as a fundamental right, in order to safeguard the continuity and normal functioning of public services, the Public Administration has a duty to act in accordance with Article 113 of the General Law of Public Administration, the text of which states: (…) It is important to add that from this amparo appeal, no specific situation susceptible to constitutional protection is discernible, as no breach of access to the health right of the users is verified; a date on which access to institutional services was denied to a specific patient is not specified. Moreover, it is established that the Administration is constantly vigilant and, therefore, making decisions regarding the different indigenous communities for which the due right to health access is sought. In this vein, it is necessary to emphasize that the public defender does not provide technical evidence (typical of the ordinary jurisdiction) or easily verifiable elements or indications, such as an unattended patient, an affected indigenous person without treatment, or even a case as precedent; therefore, the distribution, planning, and sectorization of the EBAIS, health centers, and care protocols are consistent with the efficacy and efficiency of the Public Administration, and according to the constitutional principle of accountability. Through this report, the Constitutional Chamber can verify the efforts made and the fulfillment of care and protection of the right to health of the indigenous peoples. Therefore, as there is no direct or indirect impact with reasoning from the amparo appeal, there is no other procedural solution than to reject it in all its aspects. PETITION. 1- In accordance with the foregoing, it is requested that this amparo appeal be dismissed and declared without merit in all its aspects, given that it is demonstrated that the institution has not incurred in any violation of the constitutional rights of the protected party, as well as its consequent exoneration from costs".

6.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considering:

I.- OBJECT OF THE APPEAL. The appellant indicates that, from March 17 to 19, 2024, the Public Defense visited the community of Alto Carona, and it was concluded that the community has deficient health service, highlighting the absence of a primary care center and periodic medical visits. She details that the nearest point of care is in La Peña, more than a four-hour walk on paths only passable in summer. She explains that the distance and the difficulty of the route prevent the movement of minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women, which often results in them not benefiting from health visits when they are carried out. She states that the access routes from the Costa Rican side are impassable and, depending on the time of year, the cost of transportation reaches $170, an amount beyond the means of the protected persons, given their poverty condition. She indicates that, due to the coastal geography, maritime travel is also not viable. She requests that the CCSS be ordered to guarantee the provision of health services to the Ngäbe-buglé population of Alto Carona and that the Municipality of Golfito be ordered to enable the necessary roads to guarantee access to the territorio Conte Burica.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision of this matter, the following facts are deemed as duly demonstrated, either because they have been accredited or because the appealed authority has omitted to refer to them, as provided for in the initial order:

ON THE MUNICIPALITY OF GOLFITO a) In June 2019, the Municipality of Golfito, together with the Ministry of the Presidency, the Instituto de Desarrollo Rural, the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, the Ministry of Foreign Affairs and Worship, and the Asociación de Desarrollo Indígena Punta Burica, approved a project for the declaration of national convenience for the "Improvement of the road and rehabilitation of the drainage system along the entire longitudinal extension of the road to Punta Burica". (See report rendered under oath by the mayor of Golfito).

  • b)On January 10, 2022, the Municipality of Golfito issued the order to start the direct contracting "CD 2021 CD-000040-00044 called Environmental and forestry engineering services for the Alto Comte -La Peña road dated November 23, 2021", in order to "have the Forest Inventory and D1 studies (environmental viability, viabilidad ambiental) within a period of 60 days from its award and contract formalization". (See report rendered under oath by the mayor of Golfito).
  • c)Through resolution No. 1235-2022-SETENA of July 21, 2022, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted environmental viability (viabilidad ambiental) in relation to the Alto Comte-La Pena road. (See report rendered under oath by the mayor of Golfito).
  • d)In February 2023, the "reopening of road 6-07-203 called (Ent.C 178) Alto Conte – End of the road La Peña (Burica) with municipal machinery" began. The foregoing included the shaping of the road from the Buriki crossing to Caña Blanca, water outlets, widenings and clearing of the sector, as well as the placement of six culvert crossings. (See report rendered under oath by the mayor of Golfito).
  • e)On November 20, 2023, the start order was given "for the contracting 2023LE-000026-0015500001, with the company ALCAPRA S.A. being awarded (…) with an execution time of 200 calendar days, 4.5 km were intervened with an investment of approximately ₡442,000,000.00". (See report rendered under oath by the mayor of Golfito).
  • f)Between May 2023 and April 2024, follow-up meetings have been held by the local government of Golfito in order to obtain economic support to achieve the total intervention of public road No. 6-07-203, Alto Comte to the La Peña beach post. (See report rendered under oath by the mayor of Golfito).
  • g)On April 19, 2024, the mayor of Golfito was notified of the order to proceed with this appeal. (See notification record).

ON THE CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL a) As of September 2018, the Área de Salud de Golfito has a periodic visit house composed of "1 physician, 1 networks, 1 auxiliary, 1 pharmacist, 1 atap" in the Conte Burica indigenous reserve. Additionally, one community tour per week is made to the community of Progreso and dental tours at the Ebais Alto Conte. (See report rendered under oath by the direction of the Área de Salud de Golfito of the CCSS).

  • b)Through official communication No.

0391-03-19 of March 12, 2019, the Brunca Region Regional Directorate of Health Services communicated that the communities of La Peña and Carona were transferred to be assigned to the Corredores Health Area (Área de Salud de Corredores) and the Ciudad Neily hospital. (See documentary evidence).

  • c)On April 22, 2024, the medical director of the CCSS Golfito Health Area (Área de Salud de Golfito) was notified of the ruling on the course of this appeal. (See notification record).
  • d)On April 24, 2024, the executive president of the CCSS was notified of the ruling on the course of this appeal. (See notification record).
  • e)Through official communication ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, the CCSS Corredores Health Area (Área de Salud de Corredores) stated:

“(…) 3-Regarding the inhabitants of Alto Carona, visits are not being provided to this population because there is no access by land route and the route by helicopter from the Civil Aviation Service was very irregular, suspending the tours, making adequate scheduling impossible without affecting the other dispersed communities that are visited. Due to the foregoing, the purchase of helicopter services was requested, for which approval has not been granted.

It is worth mentioning that official communication GM-16890-2023 from the Medical Management states:

“Through official communication PE-4488-2023, the Executive Presidency reported that the cooperation agreement between the Ministry of Public Security and the Caja Costarricense de Seguro Social for the transfer of patients in critical health condition, medical assistance to communities of difficult access, and transfer of officials for disaster and emergency care, expired on October 24…” Furthermore, it is important to consider that there is no current protocol and/or guideline for transporting officials by helicopter for ordinary patient care, according to (sic) what was indicated by the same Management in the aforementioned official communication:

“…In addition to this, it is reported that this Management appoints Dr. Ranjit Singh Apolayo and Dr. Armando Cortés Ruiz, both advisors to this Management, to collaborate in the review and update of the protocol for the transfer of patients by ambulance, taking into account that the transfer of officials must be included; the foregoing in view of the changes that have arisen in light of the termination of the agreement with the Ministry of Public Security…” It is also important to consider what was recommended by Internal Audit in report AGO-99-2021 of November 8, 2021:

“…The Caja Costarricense del Seguro Social, as the entity responsible for ensuring the health of the population, has the commitment to provide these services to the different communities located throughout the country; however, it is necessary that users and officials enjoy minimum conditions to provide this service, conditions that apparently are not met in some periodic visit posts (puestos de visita periódica) assigned to the Corredores Health Area (Área de Salud de Corredores), because they have dirt floors, structures in poor condition, exposed and dangerous electrical installations, unpleasant sanitary services, uncomfortable and difficult access to the structures, among other aspects. Aspects that not only affect the quality of care, but also the adequate conservation of the infrastructure…” The PVP located in Alto Carona does not meet the minimum adequate conditions for the care of the residents, much less for the officials to be able to provide adequate care, and possibly does not meet the requirements of the Ministry of Health regulations to enable medical offices either (…)

FACTS.

1. In order for this unit to be able to attend to the residents of Punta Burica, Pavones district, the officials must travel by land from Paso Canoas to the vicinity of Puerto Armuelles, re-entering national territory until reaching the beach (at risk to institutional vehicles), traveling about 20 km, entering through the mountain, until reaching the PVP La Peña in the town of La Peña. There is no ordinary land access to Alto Carona as there are no passable roads.

2. The community of Alto Carona has a Periodic Visit Post (Puesto de Visita Periódica, PVP) that does not meet the minimum adequate conditions for the care of the residents, much less for the officials to be able to provide adequate care, and possibly does not meet the requirements of the Ministry of Health regulations to enable medical offices either. The institution built the PVP La Peña for the care of the residents of Punta Burica in the town of La Peña before the re-sectorization, and after this, it was transferred along with the communities to the Corredores Health Area (Área de Salud Corredores); it was neither the decision nor the recommendation of this unit that this PVP be built in that town. It is not within the competence of this unit to decide the construction of an EBAIS headquarters in Alto Carona.

3. Based on the fact that the residents of Punta Burica, Pavones district, decided to move to the Corredores Health Area (Área de Salud Corredores), it was according to official communication ASC-SAVE-0862, because they considered there was greater ease of access to this unit by land. The PVP is in La Peña, and the assertion that health care at that health post is irregular is not true; the medical tours are conducted by the mobile EBAIS comprised of a doctor, a nursing assistant, a medical records official, and a pharmacist. They are notified in advance by the ATAP Technical Assistant official who lives in the area and through the Health Committee. These are carried out every month for a full week (a schedule of medical tours is attached), from January to August, since in September, with the rainy season, the roads become impassable and are suspended so as not to put officials at risk, until air transport service is available. The existing protocol is for the transfer of patients by ambulance, not for the transfer of officials, so there is no legality to make officials assume the risk of being transported by helicopter. It is worth noting that in February, La Peñita was visited for a special community activity, but it did not meet the minimum conditions required to provide adequate medical care. The La Peña health post is very well equipped with what is required to provide quality medical care. Furthermore, there is no available human resource team permanently stationed in that place, nor do they have the required population for an EBAIS. The lack of road development in that community is true, but that is a historical situation that has persisted over time and is not the responsibility of this unit (…)” (the highlighting was added). (See documentary evidence).

  • f)As of April 29, 2024, the CCSS is analyzing the institutional feasibility of providing air transport to the Corredores Health Area (Área de Salud de Corredores). (See report rendered under oath by the executive president of the CCSS).

III.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant indicates that, from March 17 to 19, 2024, the Public Defense visited the community of Alto Carona and it was concluded that the community has deficient health service, highlighting the absence of a primary care center and periodic medical visits. They detail that the nearest care point is in La Peña, more than four hours on foot via roads only passable in the summer. They state that the distance and the difficulty of the route prevent the movement of minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women, which often results in them not benefiting from the health visits when they are carried out. They declare that the access routes from the Costa Rican side are impassable and, depending on the time of year, the cost of transportation reaches $170, an amount beyond the means of the protected persons, given their condition of poverty. They indicate that, due to the coastal geography, maritime travel is also not viable. They request that the CCSS be ordered to guarantee the provision of health services to the Ngäbe-buglé population of Alto Carona and that the Municipality of Golfito be ordered to enable the necessary roads to guarantee access to the Conte Burica territory.

The Court verifies that, as of September 2018, the Golfito Health Area (Área de Salud de Golfito) has a periodic visit house composed of “1 doctor, 1 networks, 1 assistant, 1 pharmacist, 1 atap” in the Conte Burica indigenous reserve. Additionally, one community tour per week is carried out to the community of Progreso and dental tours at the Ebais Alto Conte. Through official communication no. 0391-03-19 of March 12, 2019, the Brunca Region Regional Directorate of Health Services communicated that the communities of La Peña and Carona were transferred to be assigned to the Corredores Health Area (Área de Salud de Corredores) and the Ciudad Neily hospital. Through official communication ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, the CCSS Corredores Health Area (Área de Salud de Corredores) stated: “(…) 3-Regarding the inhabitants of Alto Carona, visits are not being provided to this population because there is no access by land route and the route by helicopter from the Civil Aviation Service was very irregular, suspending the tours, making adequate scheduling impossible without affecting the other dispersed communities that are visited. Due to the foregoing, the purchase of helicopter services was requested, for which approval has not been granted. It is worth mentioning that official communication GM-16890-2023 from the Medical Management states: “Through official communication PE-4488-2023, the Executive Presidency reported that the cooperation agreement between the Ministry of Public Security and the Caja Costarricense de Seguro Social for the transfer of patients in critical health condition, medical assistance to communities of difficult access, and transfer of officials for disaster and emergency care, expired on October 24…” Furthermore, it is important to consider that there is no current protocol and/or guideline for transporting officials by helicopter for ordinary patient care, according to (sic) what was indicated by the same Management in the aforementioned official communication: “…In addition to this, it is reported that this Management appoints Dr. Ranjit Singh Apolayo and Dr. Armando Cortés Ruiz, both advisors to this Management, to collaborate in the review and update of the protocol for the transfer of patients by ambulance, taking into account that the transfer of officials must be included; the foregoing in view of the changes that have arisen in light of the termination of the agreement with the Ministry of Public Security…” It is also important to consider what was recommended by Internal Audit in report AGO-99-2021 of November 8, 2021: “…The Caja Costarricense del Seguro Social, as the entity responsible for ensuring the health of the population, has the commitment to provide these services to the different communities located throughout the country; however, it is necessary that users and officials enjoy minimum conditions to provide this service, conditions that apparently are not met in some periodic visit posts (puestos de visita periódica) assigned to the Corredores Health Area (Área de Salud de Corredores), because they have dirt floors, structures in poor condition, exposed and dangerous electrical installations, unpleasant sanitary services, uncomfortable and difficult access to the structures, among other aspects. Aspects that not only affect the quality of care, but also the adequate conservation of the infrastructure…” The PVP located in Alto Carona does not meet the minimum adequate conditions for the care of the residents, much less for the officials to be able to provide adequate care, and possibly does not meet the requirements of the Ministry of Health regulations to enable medical offices either (…) FACTS. 1. In order for this unit to be able to attend to the residents of Punta Burica, Pavones district, the officials must travel by land from Paso Canoas to the vicinity of Puerto Armuelles, re-entering national territory until reaching the beach (at risk to institutional vehicles), traveling about 20 km, entering through the mountain, until reaching the PVP La Peña in the town of La Peña. There is no ordinary land access to Alto Carona as there are no passable roads. 2. The community of Alto Carona has a Periodic Visit Post (Puesto de Visita Periódica, PVP) that does not meet the minimum adequate conditions for the care of the residents, much less for the officials to be able to provide adequate care, and possibly does not meet the requirements of the Ministry of Health regulations to enable medical offices either. The institution built the PVP La Peña for the care of the residents of Punta Burica in the town of La Peña before the re-sectorization, and after this, it was transferred along with the communities to the Corredores Health Area (Área de Salud Corredores); it was neither the decision nor the recommendation of this unit that this PVP be built in that town. It is not within the competence of this unit to decide the construction of an EBAIS headquarters in Alto Carona. 3. Based on the fact that the residents of Punta Burica, Pavones district, decided to move to the Corredores Health Area (Área de Salud Corredores), it was according to official communication ASC-SAVE-0862, because they considered there was greater ease of access to this unit by land. The PVP is in La Peña, and the assertion that health care at that health post is irregular is not true; the medical tours are conducted by the mobile EBAIS comprised of a doctor, a nursing assistant, a medical records official, and a pharmacist. They are notified in advance by the ATAP Technical Assistant official who lives in the area and through the Health Committee. These are carried out every month for a full week (a schedule of medical tours is attached), from January to August, since in September, with the rainy season, the roads become impassable and are suspended so as not to put officials at risk, until air transport service is available. The existing protocol is for the transfer of patients by ambulance, not for the transfer of officials, so there is no legality to make officials assume the risk of being transported by helicopter. It is worth noting that in February, La Peñita was visited for a special community activity, but it did not meet the minimum conditions required to provide adequate medical care. The La Peña health post is very well equipped with what is required to provide quality medical care. Furthermore, there is no available human resource team permanently stationed in that place, nor do they have the required population for an EBAIS. The lack of road development in that community is true, but that is a historical situation that has persisted over time and is not the responsibility of this unit (…)” (the highlighting was added). Finally, the executive president of the CCSS reports that, as of April 29, 2024, that institution is analyzing the institutional feasibility of providing air transport to the Corredores Health Area (Área de Salud de Corredores).

Firstly, it should be noted that the sub examine was filed on behalf of the indigenous people of Alto de Carona, which is why it is relevant to cite what was indicated by this Court in judgment no. 2018012113 of 9:20 a.m. on July 27, 2018:

“III.- ON THE PROTECTION OF INDIGENOUS PERSONS. By judgment No. 3003-92 of 11:30 a.m. on October 7, 1992, on the occasion of the mandatory constitutional review relating to ILO Convention 169, this Chamber ruled on the constitutional relevance of the protection of indigenous people, articulated within a democratic framework respectful of human rights. Specifically, this Court stated: a) That it is necessary to recognize for indigenous people, in addition to the fullness of their rights and freedoms as human beings, other legally guaranteed conditions, through which the inequality and discrimination to which they are subjected can be compensated, with the purpose of guaranteeing their real and effective equality in all aspects of social life; b) That it is also necessary to guarantee the respect and conservation of the historical and cultural values of indigenous populations, recognizing their peculiarity, without any limitation other than the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being recognized today by the civilized world - which implies that respect for the traditions, language, religion, and in general culture of these peoples only admits as exceptions those necessary to eradicate practices universally considered inhuman, such as cannibalism-; c) Without prejudice to the foregoing, indigenous people must also be recognized the rights and means necessary to access, freely and with dignity, the spiritual and material benefits of the predominant civilization - means among which access to education and the official language stand out due to their importance-.

Likewise, it concluded that far from containing confrontations with the Political Constitution, («) Convention 169 reflects the clearest values of our democratic nationality, developing the human rights of Costa Rican indigenous people and can be a starting point to initiate a review of secondary legislation to adapt it to these needs («).

Now, Part V of the Convention, called Social Security and Health, establishes a series of provisions related to the right to health, as follows. Article 24, “Social security schemes shall be extended progressively to cover the peoples concerned and applied to them without any discrimination.” Article 25 “…1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned or shall provide them with resources to allow them to design and deliver such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest attainable standard of physical and mental health…

2. Health services shall, to the extent possible, be community-based. These services shall be planned and administered in co-operation with the peoples concerned and take into account their economic, geographic, social and cultural conditions as well as their traditional preventive care, healing practices and medicines.

3. The health care system shall give preference to the training and employment of local community health workers, and focus on primary health care while maintaining strong links with other levels of health care services.

4. The provision of such health services shall be co-ordinated with other social, economic and cultural measures in the country…” (…)

VII.- SPECIFIC CASE. In the present matter, the appellants allege that the protected persons are indigenous minors, who have disabilities and require rehabilitation work - the minor [Name 003] (cerebral palsy) and the minor [Name 002] (lissencephaly)-. However, to receive rehabilitation care, they must be transferred to the province of San José or Limón, because there is no rehabilitation professional in the EBAIS of the Alta de Talamanca area, coupled with the fact that the minors do not have any state pension. They claim that due to the foregoing, the transfer of the protected minors to medical appointments is made difficult. They accuse that, through vote No. 2013-010885, this Chamber had ordered the Health Area (Área de Salud) of the Alta de Talamanca area to provide treatment to some children with disabilities in the area.

In this regard, the Chamber determines that the Caja Costarricense de Seguro Social provides medical care to the protected persons at the EBAIS in Amubri, and they are also referred for physical therapy to the Hospital Nacional de Niños and the Dr. Tony Facio Castro Hospital. Likewise, it is verified that in the Talamanca area there is no human resource available that provides rehabilitation to patients requiring that service, and therefore, they are referred to other medical centers that do have a specialist. Such conduct by the Administration cannot be validated, as it would be equivalent to circumventing the special protection regime recognized in favor of the rights and integrity of the indigenous people under Convention No. 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries - approved by Law No. 7311 of November 30, 1992 -, developed in the first substantive considering of this resolution. In addition to the special protection that must prevail for persons suffering from disability. This Chamber is not unaware of the power of the Caja Costarricense de Seguro Social to organize itself in order to provide health services to citizens, such as classifying these into three levels of care. This is in pursuit of better use of public funds. However, this organization cannot be to the detriment of access to medical care for users, especially if they are indigenous persons suffering from disabilities who are in a situation of extreme vulnerability. Especially since the Costa Rican State has committed to providing them with special and differentiated protection from the rest of the population due to their historical precariousness, a commitment it has also acquired for persons with disabilities. Thus, attempting to have the protected minors travel hundreds of kilometers from their place of origin to receive rehabilitation is nothing more than institutionalizing their inequality. Consequently, the appropriate course is to declare the appeal with merit, and order Fernando Llorca Castro, Executive President of the Caja Costarricense de Seguro Social, or whoever holds that position in his place, to immediately carry out the pertinent steps and execute the necessary actions so that within three months, counted from the notification of this judgment, the physical rehabilitation and/or physical therapy service that they require in accordance with the criteria of their treating physicians is provided at the medical center closest to the domicile of the protected minors [Name 002] AND [Name 003]. Likewise, if possible, the physical rehabilitation and/or physical therapy shall be provided to the protected persons in their home. Furthermore, the necessary coordination shall be carried out to guarantee medical care and transportation of the protected persons to the Hospital Nacional de Niños, or alternatively to the Hospital Tony Facio, according to (sic) the medical specialties (sic) that the patients require (…)” (the bold text was incorporated).

In a similar vein, in judgment no. 2019005560 of 9:30 a.m. on March 29, 2019, this Chamber ruled in relation to the right to health of indigenous persons:

“XII. The right to health and indigenous persons. This Court has already made express reference to the recognition and guarantee of the fundamental rights of the members of indigenous peoples, in light of Constitutional Law. Thus, for example, in judgment number 1786-93 of 4:21 p.m. on April 21, 1993, this Court established as a general premise that our Political Constitution must be interpreted and applied in a way that allows and facilitates the independent life and development of the ethnic minorities that inhabit Costa Rica, without other limits than those that human rights themselves impose on the conduct of all men. In the same way, the clauses of international instruments and common legislation must be developed when applied to indigenous peoples. As a consequence of the foregoing, in our legal system, through Convention No. 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples, a series of individual and collective rights related to education, health, among others, is recognized. Regarding this Convention, this Chamber, through judgment number 3003-92 of 11:30 a.m. on October 7, 1992, issued on the occasion of the mandatory constitutional review formulated regarding the «Bill for the Approval of the "Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries"», adopted by the International Labour Organization (I.L.O.) at its LXXVI Conference, held in Geneva, Switzerland, on June 27, 1989, also known as Convention No. 169, ordered in what is relevant: «[...] The Convention under review, within the general scope of the matters entrusted to the International Labour Organization (ILO), embodies in a legally enforceable international instrument a series of rights, freedoms, and economic, social, and cultural conditions aimed not only at strengthening the dignity and essential attributes of indigenous people as human beings, but also, mainly, at providing specific means so that their condition as human beings is fully realized in view of the depressed, sometimes even exploited and mistreated, situation in which the aborigines of many nations live; a situation that is not entirely foreign to the American Continent, where indigenous minorities, and sometimes majorities, are practically zzadas [sic] from the predominant civilization, while, on the other hand, they suffer the depression and abandonment of their own traditions and cultures. Today, in the field of human rights, it is recognized, in summary: a) That it is necessary to recognize for indigenous people, in addition to the fullness of their rights and freedoms as human beings, other legally guaranteed conditions, through which the inequality and discrimination to which they are subjected can be compensated, with the purpose of guaranteeing their real and effective equality in all aspects of social life: b) That it is also necessary to guarantee the respect and conservation of the historical and cultural values of indigenous populations, recognizing their peculiarity, without any limitation other than the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being recognized today by the civilized world - which implies that respect for the traditions, language, religion, and in general culture of these peoples only admits as exceptions those necessary to eradicate practices universally considered inhuman, such as cannibalism-; c) Without prejudice to the foregoing, indigenous people must also be recognized the rights and means necessary to access, freely and with dignity, the spiritual and material benefits of the predominant civilization - means among which access to education and the official language stand out due to their importance…”. Now, in the aforementioned convention, specifically in Article No. 3, it is established that indigenous peoples shall fully enjoy human rights and fundamental freedoms, evidently including the right to health, without obstacles or discrimination. Likewise, Article No. 4 provides that special measures must be adopted as required to safeguard indigenous persons. In that order of ideas, Article No. 7 of the cited instrument indicates that the improvement of living and working conditions, and of the level of health and education shall be a priority in the overall economic development plans of the regions where they live. In that sense, Articles 24 and 25 of Convention No. 169 of the International Labour Organization are a reflection of the obligations that the State has in matters of social security and the right to health. For a better understanding, the cited numerals are transcribed below:

“Article 24. Social security schemes shall be extended progressively to cover the peoples concerned and applied to them without any discrimination.” “Article 25. 1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned or shall provide them with resources to allow them to design and deliver such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest attainable standard of physical and mental health.

2. Health services shall, to the extent possible, be community-based. These services shall be planned and administered in co-operation with the peoples concerned and take into account their economic, geographic, social and cultural conditions as well as their traditional preventive care, healing practices and medicines.

3. The health care system shall give preference to the training and employment of local community health workers, and focus on primary health care while maintaining strong links with other levels of health care services.

4. The provision of such health services shall be co-ordinated with other social, economic and cultural measures in the country.” Therefore, the indigenous peoples of our country, by constitutional and conventional provision, have special protection and, furthermore, respect for their fundamental rights, including, without a doubt, the right to health, must be guaranteed. In addition to this, it is through adequate and timely health care that indigenous persons can be safeguarded and the conditions of the health level improved, as well as the possibility that other fundamental rights, which without a good health condition could not be satisfied, be exercised” (the emphasis was added).

For its part, regarding the efficient provision of health services, it is appropriate to bring up what was indicated in judgment no. 2023021882 of 1:32 p.m. on September 1, 2023:

“IV.- ON THE SPECIFIC CASE.

In the case at hand, the claimant alleges that for more than six years the CCSS has been aware of the service limitations provided to the community of Paso Tempisque, given that there is insufficient staff and space to serve the population. It adds that, since 2020, the Carrillo Health Area (Área de Salud de Carrillo) issued a re-sectorization study (estudio de resectorización), which highlighted the need to open a new Ebais headquarters in Paso Tempisque, due to the overcrowding it suffers. It states that, for this purpose, the proposal has been to use the current Ebais headquarters in Paso Tempisque to house an afternoon Ebais (Ebais vespertino), but it is necessary to provide it with staff. It maintains that the respondent authorities have not acted under the argument that they lack sufficient economic resources to provide the service, despite acknowledging that it is insufficient and that, at the same time, existing staff are being subjected to grueling schedules and long working hours. It requests that an order be made to provide sufficient staff for the afternoon Ebais (Ebais vespertino).

This Court verifies that, on May 17, 2017, the Carrillo Health Area (Área de Salud de Carrillo) conducted a re-sectorization study (estudio de resectorización), through which a gap of five Ebais was determined, of which one was provided and the other four are pending, among which is the one for the Paso Tempisque sector. Furthermore, since January 2020, the Municipal Council of Carrillo has been requesting the opening of a new Ebais headquarters for Paso Tempisque from the CCSS.

On January 14, 2020, the CCSS issued the report "Expansion of Afternoon Service Hours EBAIS of Paso Tempisque Carrillo Health Area" ("Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo"), which states: "(…) according to the estimate made by the Health Service Provision Unit of the central level, pursuant to the Re-sectorization analysis of May 16, 2017. Our Unit maintains a needs gap of 4 EBAIS, to provide comprehensive care to the population in its charge. It is important to highlight that our Unit requires these 4 EBAIS to satisfy the need to provide comprehensive health care to the assigned population, in compliance with the objective of primary health care, at the first level of care, as corresponds to our Health Area: Acceptable Accessibility for the entire population, with the ultimate goal of satisfying the needs of people at different ages, making efficient use of public resources. (…) The population served by the Paso Tempisque EBAIS (Table # 1. current population of the Palmira District: 6791 inhabitants), as has been pointed out on different occasions, exceeds the installed capacity of the team, as has been raised by the Community and the Municipal Council of the Canton, through official letter MC-SCM-821-2020, dated November 26, 2020, in which the community reiterates its request for the creation of a new EBAIS for Paso Tempisque de Carrillo, with afternoon service, with the objective of taking advantage of existing resources and thus addressing the backlog of population that is not receiving comprehensive care (…) The EBAIS of Paso Tempsique (sic), located in the Palmira District, is composed of 2 ATAPs, 1 doctor, 1 REDES assistant, 1 nursing assistant, 1 pharmacist and 1 pharmacy technician. 1 janitor (sic) and security guard from 4:00 pm to 7:00 am, by third parties. Every other week, dental care is provided, with the dental professional and dental assistant, who also cover the Belén District. Service hours are Monday to Thursday from 7:00 am to 4:00 pm and Friday from 7:00 am to 3:00 pm. One day per month, care is provided at the Community PVP. Regarding user satisfaction measurement, the Carrillo Canton has decreased from 85% to 73% in recent (sic) years, one of the main reasons being that users complain about not finding appointment slots to be served, this being one of the sectors presenting that problem. (…) 2.1 Project Name Expansion of Service Hours at the Paso Tempisque EBAIS headquarters 2.2 Responsible Unit Carrillo Health Area (Área de Salud Carrillo). UE: 2560 2.3 Project Modality 2.3.2 Consultation Monday to Thursday from 4:00 pm to 10:00 pm, Friday from 3:00 pm to 10:00 pm, and Saturdays from 4:00 pm to 10:00 pm, with a schedule of 04 patients per hour (…) The estimated cost is 13 million monthly, which represents approximately 150 million annually. Regarding investment in public services, an annual increase of approximately 10 million in electricity (account 2126), and 500 thousand colones in water service is estimated. Telecommunications consumption is approximately 300 thousand colones annually. In inputs and supplies, it is approximately 7 million colones annually (…)" (bold text was incorporated).

On January 31, 2020, the Carrillo Health Area (Área de Salud de Carrillo) sent official letter DASC-0033-2020 to the DRIPSSCH of the CCSS, which reads: "The request for the EBAIS, raised by the community of the Palmira District, represented by the local Government, is entirely valid and supported by this Medical Directorate; a need that has been demonstrated by the Re-sectorization study (estudio de Re sectorización) of the Carrillo Health Area, conducted since 2017, as it is true that the Palmira sector requires one more EBAIS, just like the other mentioned sectors. This gap negatively impacts the quality of services, due to the high demand for care from users who cannot find a slot at their EBAIS headquarters, among them, that of Paso Tempisque, which must be provided in the emergency service. The Paso Tempisque EBAIS headquarters could also house an afternoon Ebais (EBAIS vespertino) like the one we have in Sardinal, therefore, if we were provided with the positions at this time, we have no infrastructure, security, or cleaning inconveniences, as we have these through third-party contracting" (highlighting added). Furthermore, on July 21, 2020, the director of the Carrillo Health Area (Área de Salud de Carrillo) certified that: "in the Carrillo Health Area (Área de Salud Carrillo), Caja Costarricense de Seguro Social, Programmatic Unit 2560, We have the possibility of immediately hosting EBAIS in a second shift, in existing facilities that are in optimal condition, at the following locations: 1. Paso Tempisque EBAIS Headquarters. 2. La Costa EBAIS Headquarters. This EBAIS is under construction, finishing in the month of December 2020." Through official letter GM-2456-2021 of February 23, 2021, the Medical Management of the CCSS indicated to a deputy of the Legislative Assembly: "This Office, in response to your official letter DLAC-004-2021 dated January 11, 2021, attaching agreement 02, subsection 05 issued in Ordinary Session No. 51-2020 of the Municipal Council of Carrillo – Guanacaste regarding the request for the creation of a new EBAIS headquarters in Paso Tempisque de Carrillo with an Afternoon Service; in this regard, technical consultations were made at the central and regional levels on this proposal, obtaining the following results. - The Directorate of Health Service Projections (Dirección de Proyección de Servicios de Salud) (GM-0844-2021), in official letter GM-DPSS-0080-2021, dated February 17, 2021, concludes the following: '…In accordance with the study "Action Plan for the Formation of EBAIS and Strengthening of Health Areas of the Caja Costarricense de Seguro Social, version #2" carried out by this Directorate, for the Carrillo Health Area (Área de Salud Carrillo) a gap of two more sectors has been proposed. That is, a total of 11 health sectors. Regarding the population data shown above, it can be seen that this need for two new sectors is in the La Costa sector; additionally, this sector has the particularity of being the farthest from the Health Area headquarters and must cover the tourist population of the zone. The other sector required by population is that of Paso Tempisque; it has the particularity of being located a few kilometers from the Health Area headquarters. - The underlining does not correspond to the original text - It has been confirmed with the local level about these needs, and it is confirmed that it is in these places where said health sectors are required…' - The Chorotega Integrated Health Service Provision Network Directorate (Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega), in official letter DRIPSSCH-ARPLAI-0003-2021(DRIPSSCH-0082-2021), signed by Dr. Eddy Apuy Muñoz, Medical Assistant, and Licda. Juliana Monge Agüero, Coordinator of the Planning and Internal Control Area, of the Chorotega Integrated Health Service Provision Network Directorate, concludes that '…Therefore, having analyzed the arguments set forth in this report, as well as what is reiterated in the background section, in paragraph 5, this Network Directorate considers the Project for the Opening of the Afternoon EBAIS Consultation (Proyecto de Apertura de Consulta del EBAIS Vespertino) pertinent, for the benefit of the population of the canton and surrounding communities. It is further recommended that it be implemented with the provision of positions for a period of 6 months and that the continuity of this service be evaluated…' - The underlining does not correspond to the original text - In accordance with the foregoing, the institution is most willing to address this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations it has generated in the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to the financial conditions as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors in Article 29 of Session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020)" (emphasis added).

Through official letter GM-6317-2021 of May 19, 2021, the Medical Management of the CCSS indicated to the Municipality of Carrillo: "(…) as you are aware, this Management issued official letter GM-2461-2021, dated February 23, 2021, where the following was noted: '… according to the technical criteria requested, the need for the creation of the Paso Tempisque de Carrillo EBAIS is ratified; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations it has generated in the institution, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to the financial conditions as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors in Article 29 of Session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020) …' In this sense, it is necessary to inform you that there has been no significant change in what was stated in the preceding paragraph, so this Management remains vigilant of the provisions of the higher institutional authorities on financial matters, and once the limitations at this level are overcome, addressing this need will be scheduled as appropriate for the benefit of the health of the residents of the Canton and of Paso Tempisque (…)". Through brief MC-ALC-CRR-435-2022 of March 7, 2022, the Municipality of Carrillo reiterated to the CCSS the urgent need to have an Ebais headquarters in Paso Tempisque.

Through brief DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, the Chorotega Integrated Health Service Provision Network Directorate (Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega) stated: "This Chorotega Integrated Health Service Provision Network Directorate proceeds to report that, in relation to this request, a technical criterion was sent to the Medical Management through the attached official letter DRSS-DRIPSSCH-0082-2021. Subsequently, a copy of the Medical Management's response to Deputy Luis Antonio Aiza Campos was received, through the annexed official letter GM-2456-2021, which literally stated: 'In accordance with the foregoing, the institution is most willing to address this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations it has generated in the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to the financial conditions as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors in Article 29 of Session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020).' Therefore, given the foregoing, the formation of the new EBAIS is subject to the financial conditions of the Institution, according to what was indicated by the Medical Management, in its official letter GM-2456-2021." Furthermore, through official letter GM-7414-2022 of June 15, 2022, the Medical Management of the CCSS stated: "(…) through official letter DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, Dr. Warner Picado Camarena, Director, Chorotega Integrated Health Service Provision Network Directorate (Dirección Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Chorotega), forwards the following report: '...This Chorotega Integrated Health Service Provision Network Directorate proceeds to report that, as indicated in previous reports: The Paso Tempisque Ebais, which is assigned to the Carrillo Health Area (Área de Salud de Carrillo), is located in the Palmira District, composed of: 2 ATAPS, 1 doctor, 1 REDES assistant, 1 nursing assistant, 1 Pharmacist and 1 pharmacy technician. In addition to 1 janitor and security guard from 4:00 pm to 7:00 am, through third-party contracting. Every other week, dental care is provided, with the dental professional and dental assistant, who also cover the Belén District. Service hours are Monday to Thursday from 7:00 am to 4:00 pm and Friday from 7:00 am to 3:00 pm. One day a month, care is provided at the Periodic Community Visit Post (Puesto de Visita Periódica de Comunidad). In addition to the above, a technical criterion was sent to the Medical Management, regarding the need for an additional Ebais, through official letter DRSS-DHIPSSCH-0082-2021, (which is attached). Subsequently, a copy of the Medical Management's response to Deputy Luis Antonio Aiza Campos was received, through the annexed official letter GM-2456-2021, which literally states: "In accordance with the foregoing, the institution is most willing to address this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations it has generated in the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating pieces for the formation of new EBAIS is subject to the financial conditions as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors (…)" Therefore, based on the foregoing, the formation of the new Ebais for the district of Paso Tempisque is an evident need that has been analyzed and is subject to the financial conditions of the institution...' By virtue of the foregoing, this Office reports that care is currently being provided as described above to the population of the community of Paso Tempisque, in addition to the fact that, as indicated by Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Director Directorate of Health Service Projections (Dirección de Proyección de Servicios de Salud), through official letter GM-DPSS-0080-2021; according to the study 'Action Plan for the Formation of EBAIS and Strengthening of Health Areas of the CCSS. version #2', to date the pertinent studies have been carried out to determine the need for new sectors for the canton of Carrillo Guanacaste, including the Paso Tempisque Ebais, which, according to the financial policy and economic conditions, are scheduled for creation between the year 2022-2026, according to the programming. Thus, this Office provides the report on the actions carried out regarding the construction of the new EBAIS headquarters in Paso Tempisque; however, it reiterates that due to the COVID-19 pandemic and the financial limitations it has generated in the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to the financial conditions." On December 22, 2022, through brief DRSS-DRIPSSCH-0987-2022, the director of the Chorotega Integrated Health Service Provision Network (Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega) sent the Ebais prioritization proposal for the year 2023 to the Directorate of Health Service Projects (Dirección de Proyectos de Servicios de Salud) of the CCSS, which mentions the Carrillo Health Area (Área de Salud Carillo), specifically the Paso Tempisque Ebais, "Afternoon, rotating positions" ("Vespertino, plazas rotativas") modality.

On July 20, 2023, the Medical Management of the CCSS indicated through brief GM-10588-2023: "according to the analysis carried out regarding the need to reduce EBAIS gaps by the Integrated Health Service Provision Network Directorates (Direcciones de Red Integradas de prestación de Servicios de Salud), the prioritization of the formation of human resources for the opening of 1 EBAIS in Paso Tempisque is in place. It is necessary to indicate that this Management, for the provision of human resources for the creation of the aforementioned EBAIS and the rest of the EBAIS prioritized at the national level, is awaiting the definition of the limit for the creation of positions indicated by the Board of Directors for the period 2023 or subsequent periods." Finally, through official letter GM-10689-2023 of July 21, 2023, the Medical Management of the CCSS stated: "(…) The Financial and Budgetary Control Council (Consejo Financiero y de Control Presupuestario), in Article 2 of session 255-18, held on July 19, 2018, ordered: '…Prioritize the creation of institutional positions in accordance with the following order: international agreements, compliance with laws, provisions of the Board of Directors and Executive Presidency, and the needs raised by the Managements, with the Financial and Budgetary Control Council being the Body responsible for reviewing the proposal for the creation of positions, to define their prioritization in a specific tranche and issue approval to proceed with the technical validation by the Personnel Administration and Management Directorate. Likewise, the provisions of circular GA-51002-12, dated December 6, 2012, signed by the Management Body (Ref. PE-0418-2018 of February 21, 2018, signed by Dr. Fernando Llorca Castro, executive president) on the procedure for preparing technical studies for determining human resource needs at the institutional level are maintained (…)'. It should be clarified that the Financial Management will annually define the maximum limit for the creation of positions according to the financial possibilities of the insurances administered by the institution, which must be oriented towards the priority programs and activities of the Caja Costarricense de Seguro Social. For 2022 and 2023, the maximum limit for the creation of positions with central financing will be 670 positions for each year, excepting locally financed positions and those related to special services. In the case of locally financed positions and special services, the financial possibilities and institutional priorities will be considered, therefore, what is indicated by the 2022-2023 Budgetary Policy for Health Insurance, the Disability, Old Age and Death Regime, and the Non-Contributory Pension Regime is transcribed: Guideline 6: Budgetary resources for personal services (remunerations) '…Strategies a. The Financial Management will annually define the maximum limit for the creation of positions according to the financial possibilities of the insurances administered by the institution, which must be oriented towards the priority programs and activities of the Caja Costarricense de Seguro Social. For 2022 and 2023, the maximum limit for the creation of positions with central financing will be 670 positions for each year…' In relation to the foregoing, for the period 2023 and according to the agreements of the Financial and Budgetary Control Council, the number of positions that currently have technical validation by the Personnel Administration and Management Directorate for the creation of new positions exceeds the figure previously defined by the Board of Directors. A situation that leaves us waiting for the actions that this body must take to cover the needs prioritized by this Management. It is important to note that the Paso Tempisque EBAIS positions have not been prioritized by this Management; rather, they were identified by the Chorotega Integrated Health Service Provision Network Directorate (Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega) and forwarded to this Office, where, complying with the order of prioritization, they were forwarded for review and technical analysis to the Directorate of Health Service Projections (Dirección de Proyección de Servicios de Salud), a body that has them considered in a second tranche of position allocation for the reinforcement of the First Level of Care (I Nivel de Atención), and complying with what was agreed by the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, in Article 6 of Session No. 9231, held on January 6, 2022, regarding the Plan for Reducing Gaps in the First Level of Care in the short and medium term, which knowingly indicates: […] "ARTICLE 6. Official letter No. GG-4192-2021, dated December 15, 2021, signed by Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Manager, through which the following is presented: PLAN FOR REDUCING GAPS IN THE FIRST LEVEL OF CARE IN THE SHORT AND MEDIUM TERM." PLAN FOR REDUCING GAPS IN THE FIRST LEVEL OF CARE IN THE SHORT AND MEDIUM TERM." Therefore, Considering the proposal of the Plan for reducing gaps in the First Level of Care in the short and medium term contained in official letter GG-PFPSS-0217-2021 signed by Dr. Luis Carlos Vega Martínez as Director of the Program for Strengthening Health Service Provision (Programa de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud) and what was expressed in official letter GG-4192-2021 signed by Dr. Roberto Cervantes Barrantes in his capacity as General Manager, the Board of Directors -unanimously- AGREES: FIRST AGREEMENT To approve for its implementation the Plan for Reducing Gaps in the First Level of Care in the short and medium term, aimed at strengthening comprehensive care, with emphasis on promotion and prevention activities. The creation of positions and the expenses required by the gap reduction plan must be approved annually in accordance with the institutional procedure established for these purposes, according to the plan implementation process and consistent with the situation and financial possibilities of the health insurance. SECOND AGREEMENT To designate the Medical Management to develop and conduct the necessary processes related to human resources, budget, infrastructure, procurement, and associated regulations, to guarantee the implementation of the Plan for Reducing Gaps in the First Level of Care in the Short and Medium Term, with the active involvement of the DRIPSS and the pertinent institutional units, in accordance with the provisions of the first agreement. […] By virtue of the foregoing, this Medical Management has defined the prioritizations considering, in the first instance, the allocation of human resources for the sustainability of the start-up of new infrastructures, Board of Directors agreements, institutional projects, National Development Plan projects, and others, where they have had to be encompassed in different phases to satisfy the general needs. This is how it is determined that the positions for the Paso Tempisque EBAIS are to be prioritized according to the Plan established by the Board of Directors, cited above" (emphasis added).

In view of the foregoing, it is worth noting that this Court has held in reiterated case law that:

"VI.- FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH. The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Similarly, in that article of the political charter, the right to health finds its basis, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other health care units of the Caja Costarricense del Seguro Social can negatively impact the preservation of the health and life of its users (...) Public entities, bodies, and officials owe themselves to users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.

VII.- EFFICIENCY, EFFICACY, CONTINUITY, REGULARITY, AND ADAPTATION IN PUBLIC HEALTH SERVICES. The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Caja Costarricense de Seguro Social have the duty to adopt and implement organizational changes, to hire medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment required to provide efficient, effective, and rapid services. The heads of the Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of "waiting lists" for surgical interventions and the application of certain specialized exams or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and swiftly. The heads of the Caja Costarricense de Seguro Social and the Directors of the Hospitals and Clinics belonging to them have the duty and, consequently, are personally responsible - in the terms of Article 199 et seq. of the General Law of Public Administration (Ley General de la Administración Pública) - for adopting and implementing all administrative and organizational measures and steps to definitively put an end to the delayed provision - which, on occasions, becomes negligent due to its consequences - of health services, a situation that clearly constitutes an unequivocal lack of service that may give rise to the patrimonial administrative liability of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (Articles 190 et seq. of the General Law of Public Administration)" (emphasis added) (see judgments nos. 2003013863 of 17:13 hours on December 2, 2003, 2010012297 of 14:42 hours on July 21, 2010, 2013004539 of 14:30 hours on April 9, 2013, 2015008671 of 9:05 hours on June 12, 2015, 2019007242 of 9:20 hours on April 26, 2019, 2021022837 of 9:30 hours on October 12, 2021, 2023019503 of 9:45 hours on August 9, 2023, among others).

Based on the foregoing, in the sub iudice, the injury to fundamental rights by the CCSS is evident, as explained below. From the abundant documentary evidence attached to the file, it is fully demonstrated that, since 2017, the CCSS acknowledged the inefficient and ineffective provision of the health service in Paso Tempisque, as well as the consequent need to provide that community with a new Ebais. Precisely, in the report "Expansion of Afternoon Service Hours EBAIS of Paso Tempisque Carrillo Health Area" ("Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo") of January 14, 2020, the CCSS considered that the population served by the medical center in that locality "exceeds the installed capacity of the team," which is why it was deemed appropriate to create a new Ebais with afternoon service in order to take advantage of existing resources. Additionally, the inefficient and ineffective provision of the aforementioned service is reflected in official letter DASC-0033-2020 of January 31, 2020, in which the Carrillo Health Area (Área de Salud de Carrillo) stated that: "This gap negatively impacts the quality of services, due to the high demand for care from users who cannot find a slot at their EBAIS headquarters, among them, that of Paso Tempisque." Even in official letter DRSS-DRIPSSCH-0987-2022 of December 22, 2022, the Chorotega Integrated Health Service Provision Network (Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega) included Paso Tempisque as part of the Ebais prioritization proposal for the year 2023 in the afternoon modality.

Now, despite the fact that since 2017, the CCSS has recognized the need to expand the supply of health services to the population of Paso Tempisque and that various social actors have raised actions to resolve this problem, in the sub examine it is demonstrated that such situation has not been resolved. Precisely, in various briefs that appear as evidence, the CCSS authorities indicate that the failure to create the necessary positions for the installation of the aforementioned Ebais is due to financial conditions, in compliance with what was established by the Board of Directors in Article 29 of Session No. 9139 of November 12, 2020.

Furthermore, in memorandum GM-7414-2022 of June 15, 2022, the Medical Management of the CCSS explained that, according to financial policy and economic conditions, the creation of the Ebais of Paso Tempisque is scheduled between the years 2022 and 2026.

Despite this, in the sub iudice there is no evidentiary element whatsoever that the situation subject to this remedy will indeed be addressed before the year 2026, which is reflected in the fact that in official communication GM-10689-2023 of July 21, 2023, the Medical Management of the CCSS indicated that “the positions for the EBAIS of Paso Tempisque have not been prioritized by this Management, but rather were identified by the Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega and forwarded to this Office, where, in compliance with the order of prioritization, they were forwarded for review and technical analysis to the Dirección de Proyección de Servicios de Salud, an entity that has them considered in a second phase of staffing for the reinforcement of the I Level of Care, and in compliance with what was agreed by the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, in article 6 of session N° 9231, held on January 6, 2022, regarding the Plan for the Reduction of Gaps in the First Level of Care in the short and medium term”. Additionally, it must be noted that this Constitutional Chamber has been emphatic in pointing out that, within the framework of a constitutional, social, and democratic state governed by the rule of law, it is unacceptable to adduce financial or budgetary limitations to evade the efficient provision of a service as essential as healthcare, given that, as indicated ut supra, it is a constitutional imperative that this service be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and expeditiously, as recorded, among others, in judgments nos. 2003013863 of 5:13 p.m. on December 2, 2003, 2010012297 of 2:42 p.m. on July 21, 2010, 2013004539 of 2:30 p.m. on April 9, 2013, 2015008671 of 9:05 a.m. on June 12, 2015, 2019007242 of 9:20 a.m. on April 26, 2019, 2021022837 of 9:30 a.m. on October 12, 2021, 2023019503 of 9:45 a.m. on August 9, 2023.

Therefore, the remedy is granted, with the order issued in the operative part of this judgment (…)

Por tanto:

By majority, the remedy is declared with merit. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez and Eva Camargo Batista, in their order, as executive president in charge of the General Management and medical director of the Health Area of Carrillo, as well as whoever holds the position of regional director of the Red de Servicios de Salud of the Chorotega region, all of the Caja Costarricense de Seguro Social, are ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their respective competencies so that, within a maximum period of ONE YEAR, counted from the notification of this pronouncement, the problem alleged by the appellant, concerning the lack of efficient and effective healthcare service provision in Paso Tempisque, is definitively resolved. The foregoing is issued with the warning that, based on the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must fulfill or ensure fulfillment of, issued in an amparo remedy, and who do not fulfill it or do not ensure its fulfillment, provided that the offense is not more severely punished. The Caja Costarricense de Seguro Social is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Judges Castillo Víquez and Salazar Alvarado and Judge Garro Vargas dissent and declare the remedy without merit. Notifíquese” (highlighting added).

In summary, this Constitutional Court has been consistent in emphasizing the special protection of indigenous persons, as well as the relevance of the right to health, which constitutes the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights rest, so its provision must respond to the criteria of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptability.

That being said, in the sub examine, the violation of the fundamental rights of the indigenous persons of Alto Carona is verified, due to the lack of efficient healthcare service provision by the CCSS, which has been recognized by the institution itself. In that sense, it should be recalled that the Health Area of Corredores is responsible for providing healthcare service to the population of Alto Carona; however, in memorandum ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, it was recognized that these users “are not being provided with visits because there is no access by land and the Civil Aviation Service helicopter route was very irregular, suspending the tours, making adequate scheduling impossible without affecting the other dispersed communities that are visited (…) The PVP located in Ato Carona does not meet the minimum adequate conditions for the care of the residents, and even less so for the officials to provide adequate care, and it possibly also does not meet the requirements of the Ministry of Health regulations to enable medical offices”. Furthermore, it is important to consider that in report AGO-99-2021 of November 8, 2021, the Internal Audit of the CCSS recognized that the users and officials of the Health Area of Corredores do not have the minimum conditions to receive and provide, respectively, the healthcare service, because some periodic visit posts “have dirt floors, structures in poor condition, exposed and dangerous electrical installations, unpleasant sanitary services, uncomfortable and difficult access to the structures, among other aspects”.

Thus, the CCSS itself recognized at least since 2021 that the Health Area of Corredores, responsible for providing healthcare service to the protected population of Alto Carona, does not have the minimum conditions to provide that service. In addition, the aforementioned Health Area indicated that the users of Alto Carona are not provided with visits, because “there is no access by land and the Civil Aviation Service helicopter route was very irregular”. In this regard, it must be noted that this Constitutional Chamber cannot endorse the CCSS's position regarding the lack of diligent and expeditious action to provide healthcare service for the benefit of the protected population, because doing so would be equivalent to circumventing the special protection regime recognized in favor of the rights and integrity of the indigenous people. In this way, while the CCSS's authority to organize itself in order to provide the aforementioned healthcare service is recognized, this cannot be to the detriment of the access to medical assistance of the users, in this case, indigenous persons, who, as indicated ut supra, enjoy special protection by virtue of their vulnerable condition. Additionally, it should be noted that in the sub lite there is no evidentiary element whatsoever that allows for accrediting that the situation subject to this remedy will be addressed promptly.

Therefore, upon verifying the lack of efficient and effective healthcare service provision to the indigenous persons living in Alto Carona by the CCSS, the remedy is granted with respect to this grievance, as indicated in the operative part of this judgment.

IV.- On the other hand, the appellant alleges that the roads to access the Conte Burica indigenous territory are in poor condition and are only passable in the summer, which prevents the movement of minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women.

In this regard, the Chamber verifies that, in June 2019, the Municipality of Golfito, together with the Ministry of the Presidency, the Instituto de Desarrollo Rural, the Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, the Ministry of Foreign Affairs and Worship, and the Asociación de Desarrollo Indígena Punta Burica, approved a project for the declaration of national convenience for the “Improvement of the road and rehabilitation of the drainage system of the entire longitudinal extension of the road to Punta Burica”. Subsequently, on January 10, 2022, the Municipality of Golfito issued the start order for the direct procurement “CD 2021 CD-000040-00044 called Environmental and forestry engineering services for the Alto Comte -La Peña road on November 23, 2021”, in order to “have the forest inventory and the D1 studies (environmental feasibility) within a period of 60 days from its award and contract formalization”. Through resolution no. 1235-2022-SETENA of July 21, 2022, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental granted environmental feasibility in relation to the Alto Comte-La Pena road. In February 2023, the “reopening of road 6-07-203 called (Ent.C 178) Alto Conte – End of the La Peña (Burica) road with municipal machinery” began. The foregoing included the shaping of the road from the Buriki crossing to Caña Blanca, water outlets, widenings, and land clearing of the sector, as well as the placement of six culvert crossings. On November 20, 2023, the start order was given “for procurement 2023LE-000026-0015500001, with the company ALCAPRA S.A. being awarded, (…) with an execution time of 200 calendar days, 4.5 km were intervened with an approximate investment of ₡442,000,000.00”. Finally, between May 2023 and April 2024, follow-up meetings have been held by the local government of Golfito in order to obtain financial support to achieve the total intervention of public road no. 6-07-203 Alto Comte to the La Peña beach post.

Thus, in the specific case, it is verified that, although the Municipality of Golfito has carried out various actions, to date the road that allows access to Alto Carona in the Conte Burica indigenous territory is not in optimal condition. In that sense, as the respondent mayor indicated, that local government has sought to obtain financial support to completely intervene public road no. 6-07-203. Furthermore, it should be recalled that in official communication ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, the Health Area of Corredores of the CCSS stated: “(…) 3-In relation to the inhabitants of Alto Carona, this population is not being provided with visits because there is no access by land (…) It is not possible to access Alto Carona by land in an ordinary manner because there are no passable roads (…)”.

Thus, in the sub examine, diligent and expeditious action by the Municipality of Golfito is lacking, in order to address the problem concerning the condition of the road that gives access to the community of Alto Carona in the Conte Burica indigenous territory, which has hindered, among other things, the provision of healthcare service. Consequently, the remedy is also granted with respect to this grievance.

V.- NOTE BY JUDGE SALAZAR ALVARADO. In principle, I consider that cases related to the inactivity of the Public Administration in the repair, construction, modification, or demolition of any infrastructure work must be dismissed, as that omission constitutes a matter of legality, the discussion of which corresponds to the ordinary jurisdiction, before which the interested person can debate, with greater scope, their disagreements. However, when some violation of other fundamental rights protected in this constitutional jurisdiction derives from that omissive administrative conduct, or vulnerable groups are affected, I do proceed to examine the merits of the matter, as this situation constitutes an exception to my position on this matter, as is the case here, where the protection of the safety and physical integrity of an indigenous community is at stake, due to the poor condition of the road that gives them access to their village; given that, to date, the respondent authorities have not adopted the necessary measures to resolve the denounced problem.

VI.- DISSENTING VOTE BY JUDGE GARRO VARGAS.

Regarding the claim of the lack of roads.

Despite having concurred with the vote in matters where similar grievances are raised, upon better consideration, I believe that this type of complaint where the improvement and construction of roads is sought should be filed in the ordinary channels of legality. The foregoing, especially if, from the case file, the existence of a duly individualized person who requires the protection of this jurisdiction due to threats to the fundamental rights already indicated, or who belongs to a vulnerable group that demands the intervention of this Chamber, is not verified.

I consider that in such cases, it is appropriate, first, to challenge the inactivity before the authorities competent in the maintenance of the public road in question, and then, if the omissive conduct persists, before the contentious-administrative jurisdiction. That jurisdictional instance, with greater tools, can hear in depth and weigh the substantive complaint, assess the administrative conduct, rule on jurisdiction ‒national road network or cantonal road network‒, issue specific mandates to address the problem pointed out, and, of course, follow up on what was ordered in the judgment.

In the sub lite, the appellant alleges that there are no properly enabled roads to guarantee access to the Conte Burica territory. Therefore, without any subjective determination or individualization, they adduce that this has created a situation of danger to life and risk to the safety and integrity of the inhabitants of the community, mainly for “minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women”. This element alone, in my opinion, is sufficient to dismiss the amparo remedy. This Court has warned that, based on the effects that the Ley de la Jurisdicción Constitucional confers on the amparo remedy (arts. 41 and 49), it must be concluded that any person can file it, provided they individualize the subjects whose fundamental rights they consider were violated (see, for example, judgments numbers 2019-003879, 2021-017532 and 2022-009133, among others). Consequently, respectfully and from my perspective, it does not seem valid that, based on a generic argument of the supposed existence of “minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women”, an administrative inactivity that more appropriately should be heard in the contentious-administrative jurisdiction is addressed in this venue.

In light of such elements, I consider that a direct and imminent threat to the aforementioned fundamental rights is not accredited. Rather, the intervention of this Court could alter the due administrative planning of the municipality for the execution of works that are inherently burdensome and that may affect the proper administration and forecasting of the resources that said corporation has for such purposes. Moreover, as already warned, this type of administrative omissions that do not evidence an imminent threat or violation of the fundamental rights of any specific person ‒the appellant only refers to minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women‒ must be raised and resolved in the ordinary venues of legality.

Regarding the absence of a primary care medical center. In the amparo remedy, it was claimed that the community of Alto Carona has a deficient healthcare service, in which the absence of a primary care center and periodic medical visits stands out. They detail that the nearest point of care is in La Peña, more than four hours on foot along roads only passable in summer. They stated that the remoteness and difficulty of the route prevent the movement of minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women, which often results in them not benefiting from the health visits when they are carried out.

That being said, as stated above, in the sub examine, there is an indeterminacy of the protected persons, that is, no specific persons who could be aggrieved were individualized. On the other hand, just as I resolved in complaints where it was questioned that the Caja Costarricense de Seguro Social did not include or suspended certain work from the investment portfolio, there is no evidence that the appellant has filed any complaint regarding the alleged conditions. In that sense, it is reiterated that this Constitutional Chamber is not an instance for processing complaints, which is why they must go to the Ministry of Health, the Caja Costarricense de Seguro Social, or to the corresponding legal channel, in order to raise the pertinent claims.

In addition to this, it also cannot be overlooked that the amparo remedy is of an eminently summary nature —that is, brief and simple— and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to previously examine —in a declaratory manner— whether the infra-constitutional rights that the parties cite as part of the factual matrix of the amparo remedy or the legal report, as the case may be, actually exist.

Consequently, I dissent and declare the remedy without merit in all its aspects.

VII.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be collected from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material that is not collected within this period will be destroyed, as provided in the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The remedy is declared with merit. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, in her capacity as executive president of the Caja Costarricense de Seguro Social, or whoever holds that position in her stead, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her competencies so that, within a maximum period of ONE YEAR, counted from the notification of this pronouncement, the problem alleged by the appellant concerning the lack of efficient and effective healthcare service provision in Alto Carona is definitively resolved. Regarding the Municipality of Golfito, Freiner Lara Blanco, in his capacity as mayor of Golfito, or whoever holds that position, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions that are within the scope of his competencies so that, within a maximum period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the problem denounced by the appellant regarding the condition of the road that gives access to the community of Alto Carona in the Conte Burica indigenous territory is resolved. The foregoing is issued with the warning that, based on the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must fulfill or ensure fulfillment of, issued in an amparo remedy, and who do not fulfill it or do not ensure its fulfillment, provided that the offense is not more severely punished. The Caja Costarricense de Seguro Social and the Municipality of Golfito are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contentious-administrative jurisdiction. Judge Salazar Alvarado adds a note. Judge Garro Vargas dissents and declares the amparo remedy without merit. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con nota separada Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencias Relacionadas Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derecho a la salud,Der Económicos sociales culturales y ambientales Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SALUD Subtemas:

POLITICAS PUBLICAS.

Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

013316-24. SALUD. PODER EJECUTIVO. SE ACUSA LA FALTA DE SERVICIO DE SALUD EN COMUNIDAD INDÍGENA, EN DONDE EL CENTRO MÁS CERCANO ES A CUATRO HORAS A PIE, POR CAMINOS SÓLO TRANSITABLES EN VERANO. SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO. SE LE ORDENA A LA PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, QUE COORDINE LO NECESARIO Y LLEVE A CABO TODAS LAS ACTUACIONES DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE UN AÑO, SE SOLUCIONE DE MANERA DEFINITIVA LA PROBLEMÁTICA ACUSADA POR LA PARTE RECURRENTE ATINENTE A LA FALTA DE PRESTACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DEL SERVICIO DE SALUD EN ALTO CARONA. EN CUANTO A LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO, SE LE ORDENA AL ALCALDE DE GOLFITO, QUE COORDINE LO NECESARIO Y LLEVE A CABO TODAS LAS ACTUACIONES QUE ESTÉN DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS PARA QUE, EN EL PLAZO MÁXIMO DE SEIS MESES, SE SOLUCIONE EL PROBLEMA DENUNCIADO POR LA PARTE RECURRENTE REFERENTE AL ESTADO DEL CAMINO QUE DA ACCESO A LA COMUNIDAD DE ALTO CARONA DEL TERRITORIO INDÍGENA CONTE BURICA. VCG05/2024 “(…) III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente indica que, del 17 al 19 de marzo de 2024, la Defensa Pública visitó la comunidad de Alto Carona y se concluyó que la comunidad tiene un servicio de salud deficiente, en el que destaca la ausencia de un centro de atención primaria y de visitas médicas periódicas. Detalla que el punto de atención más cercano está en La Peña, a más de cuatro horas a pie por caminos solo transitables en verano. Expone que la lejanía y lo difícil de la vía impiden el desplazamiento de personas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas, lo que muchas veces resulta en que no se beneficien de las visitas de salud cuando se efectúan. Manifiesta que las vías de acceso desde el lado costarricense son intransitables y, depende de la época del año, el costo del transporte llega a $170, suma fuera de las posibilidades de las personas amparadas, dada su condición de pobreza. Indica que, debido a la geografía costera, el desplazamiento marítimo tampoco es viable. Pide que se ordene a la CCSS garantizar la prestación del servicio de salud a la población Ngäbe-buglé de Alto Carona y a la Municipalidad de Golfito a habilitar los caminos necesarios para garantizar el acceso al territorio Conte Burica.

El Tribunal comprueba que, a partir de setiembre de 2018, el Área de Salud de Golfito cuenta con una casa de visita periódica conformado por “1 médico, 1 redes, 1 auxiliar, 1 farmacéutico, 1 atap” en la reserva indígena de Conte Burica. Además, se realiza una gira comunitaria por semana a la comunidad de Progreso y giras odontológicas en el Ebais Alto Conte. mediante oficio nro. 0391-03-19 del 12 de marzo de 2019, la Dirección Regional de Servicios de Salud Región Brunca comunicó que las comunidades de La Peña y Carona pasaron a estar adscritas al Área de Salud de Corredores y al hospital de Ciudad Neily. Mediante oficio ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, el Área de Salud de Corredores de la CCSS expuso: “(…) 3-En relación con los habitantes de Alto Carona, a esta población no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas. Por lo anterior se solicitó compra de servicios de helicóptero lo cual no se ha otorgado el aval. Cabe mencionar que oficio GM-16890-2023 la Gerencia Médica manifiesta: “Mediante oficio PE-4488-2023 la Presidencia Ejecutiva informó que el convenio de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social para el traslado de pacientes en estado crítico de salud, asistencia médica a comunidades de difícil acceso y traslado de funcionarios para la atención de desastres y emergencias, finalizó su vigencia el pasado 24 de octubre…” Además, es importante considerar que no hay un protocolo y/o lineamiento actual para transportar funcionarios en helicóptero para atención ordinaria de pacientes, eso de acuerdo a (sic) lo indicado por la misma Gerencia en oficio de marras: “…Aunado a ello se informa que, esta Gerencia designa al Dr. Ranjit Singh Apolayo y al Dr. Armando Cortés Ruiz, ambos asesores de esta Gerencia, para que colaboren en la revisión y actualización del protocolo para el traslado de pacientes en ambulancia, tomando en cuenta que se debe incluir el traslado de funcionarios; lo anterior en vista de los cambios que se han generado a la luz del cese del convenio con el Ministerio de Seguridad Pública…” También es importante considerar lo recomendado por Auditoría Interna en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre del 2021: “…La Caja Costarricense del Seguro Social como encargada de velar por la salud de la población, tiene el compromiso por brindar estas atenciones a las distintas comunidades ubicadas a lo largo del país, sin embargo, es necesario que los usuarios y los funcionarios gocen de condiciones mínimas para brindar este servicio, condiciones que pareciera no se cumplen en algunos puestos de visita periódica adscritos al Área de Salud de Corredores, debido a que presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos. Aspectos que no solo afectan la calidad de la atención, sino también la adecuada conservación de la infraestructura…” El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos (…) HECHOS. 1. Para que esta unidad pueda atender a los pobladores de Punta Burica distrito Pavones, los funcionarios deben ir por tierra desde Paso Canoas hasta cercanías de Puerto Armuelles, reingresando al territorio nacional llegando hasta a la playa (con riesgo a los vehículos institucionales), recorriendo unos 20 Km, se ingresa por la montaña, hasta llegar al PVP La Peña en el poblado La Peña. No se puede accesar a vía terrestre de manera ordinaria a Alto Carona ya que no hay caminos transitables. 2. La comunidad de Alto Carona tiene un Puesto de Visita Periódica PVP que no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos. La institución construyó el PVP La Peña para la atención de los pobladores de Punta Burica en el poblado La Peña antes de la re-sectorización y posteriormente a esta fue trasladado junto con las comunidades al Área de Salud Corredores, no fue ni decisión ni recomendación de esta unidad que se construyera ese PVP en ese poblado. No es competencia de esta unidad decidir la construcción de una sede de EBAIS en Alto Carona. 3. Partiendo del hecho que los pobladores de Punta Burica distrito Pavones se decidieron trasladar al Área de Salud Corredores, fue según oficio ASC-SAVE-0862, porque consideraron mayor facilidad de acceso a esta unidad vía terrestre. El PVP está en La Peña, y no es cierta la afirmación que es irregular la atención en salud en ese puesto de salud, las giras médicas las hace el EBAIS móvil integrado por un médico una auxiliar de enfermería un funcionario de registro médicos y un farmacéutico, se avisan con antelación por el funcionario Asistente Técnico ATAP que vive en la zona y a través del Comité de Salud, estas se realizan todos los meses una semana completa (hay una agenda de giras medicas se adjunta), de enero a agosto, ya que en septiembre con la temporada lluviosa los caminos se hacen intransitables y se suspenden para no poner en riesgo a los funcionarios, hasta tanto no se cuente con servicio de transporte aéreo, el protocolo existente es para el traslado de pacientes en ambulancia, no para el traslado de funcionarios, por lo que no hay una legalidad para hacer que los funcionarios asuman el riesgo de transportarse por helicóptero. Cabe destacar que en febrero se acudió a La Peñita por una actividad especial de la comunidad, pero no cumplía con las condiciones mínimas requeridas para brindar una adecuada atención médica. El puesto de salud La Peña está muy bien equipado con lo que se requiere para dar una atención médica de calidad. Además, no existe un equipo de recurso humano disponible que esté de manera permanente en ese lugar ni tienen la población requerida para un EBAIS. Si es cierto la falta de desarrollo vial en esa comunidad, pero eso es una situación histórica que se ha mantenido en el tiempo y no es de resorte de esta unidad (…)” (el destacado fue agregado). Finalmente, la presidenta ejecutiva de la CCSS informa que, al 29 de abril de 2024, esa institución se encuentra en análisis sobre la viabilidad institucional de dotar de transporte aéreo al Área de Salud de Corredores.

Primeramente, cabe destacar que el sub examine se planteó a favor de las personas indígenas de Alto de Carona, motivo por el cual resulta de relevancia citar lo indicado por este Tribunal en la sentencia nro. 2018012113 de las 9:20 horas del 27 de julio de 2018:

“III.- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INDÍGENAS. Por sentencia No. 3003-92 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, con motivo de la consulta preceptiva de constitucionalidad relativa al Convenio 169 de la OIT, esta Sala se pronunció sobre la relevancia constitucional de la protección a los indígenas, articulada dentro de un marco democrático y respetuoso de los derechos humanos. En concreto, este Tribunal señaló: a)Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social; b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c) Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante - medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial-.

Asimismo, concluyó que lejos de contener enfrentamientos con la Constitución Política, («) el Convenio 169 refleja los más claros valores de nuestra nacionalidad democrática, desarrollando los derechos humanos de los indígenas costarricenses y puede ser un punto de partida para iniciar una revisión de la legislación secundaria para adaptarla a estas necesidades («).

Ahora bien, la parte V del Convenio, denominada Seguridad Social y Salud estatuye una serie de disposiciones relacionadas al derecho a la salud, así. Artículo 24, “Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”. Artículo 25 “…1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental…

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los ciudadanos primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país…” (…)

VII.- CASO CONCRETO. En el presente asunto, los recurrentes alegan que los amparados son menores de edad indígenas, que presentan discapacidad y requieren de trabajos de rehabilitación -la menor [Nombre 003] (parálisis cerebral y el menor [Nombre 002] (lisencefalia)-. No obstante, para ser atendidos en rehabilitación, deben trasladarlos a la provincia de San José o Limón, por cuanto, no existe algún profesional de rehabilitación en el EBAIS de la zona de Alta de Talamanca, aunado a que los menores, no cuentan con alguna pensión del Estado. Reclaman que por lo expuesto, se les dificulta el traslado de los menores amparados a las citas médicas. Acusan que, mediante el voto No. 2013-010885, esta Sala había ordenado al Área de Salud de la zona Alta de Talamanca, brindar el tratamiento a algunos niños con discapacidad de la zona.

Al respecto, la Sala determina que la Caja Costarricense de Seguro Social proporciona atención médica a los amparados en el EBAIS de Amubri, además son referidos a terapia física al Hospital Nacional de Niños y al Hospital Dr. Tony Facio Castro. Asimismo, se verifica que en la zona de Talamanca no se dispone de ningún recurso humano que brinde rehabilitación a los pacientes que requieren ese servicio, y por ello, se refieren a otros centros médicos que si cuentan con un especialista. Tal proceder de la Administración no es posible validar, por cuanto equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena a partir del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes-aprobado por Ley No. 7311 de 30 de noviembre de 1992-, desarrollado en el primer considerado de fondo de esta resolución. Además de la especial protección que debe imperara a las personas que sufren discapacidad. Esta Sala no desconoce de la facultad que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social para organizarse a fin de prestar los servicios de salud a la ciudadanía, como el clasificar éstos en tres niveles de atención. Ello en procura de una mejor utilización de los fondos públicos. No obstante, esa organización no puede ir en demérito del acceso a la asistencia médica de las personas usuarias, máxime si éstas, son personas indígenas que sufren discapacidad las cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Máxime que el Estado Costarricense se ha comprometido a brindarles una tutela especial y diferenciada al resto de la población por su histórica precariedad, compromiso que también ha adquirido para personas con discapacidad. Así las cosas, pretender que los menores amparados se trasladen a recibir rehabilitación a cientos de kilómetros de su lugar de origen, no es más que institucionalizar su desigualdad. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, y ordenar a Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que de forma inmediata realice las gestiones pertinentes y ejecute las acciones necesarias para que en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde en el centro médico más cercano al domicilio de los menores amparados [Nombre 002] Y [Nombre 003], el servicio de rehabilitación física y/o terapia física, que requieren de conformidad con el criterio de sus médicos tratantes. Asimismo de ser posible la rehabilitación física y/o terapia física se deberá dar a los amparados en su casa de habitación. Además, deberá realizar las coordinaciones necesarias para garantizar la atención médica y el transporte de los amparados al Hospital Nacional de Niños, o en su caso en el Hospital Tony Facio, de acuerdo a (sic) las especialidades medicas (sic) que requieran los pacientes (…)” (la negrita fue incorporada).

En similar sentido, en la sentencia nro. 2019005560 de las 9:30 horas del 29 de marzo de 2019, esta Cámara se pronunció en relación con el derecho a la salud de las personas indígenas:

“XII. El derecho a la salud y las personas indígenas. Este Tribunal ya ha hecho expresa referencia al reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de los miembros de los pueblos indígenas, a la luz del Derecho de la Constitución. Así, por ejemplo, en la sentencia número 1786-93 de las 16:21 horas del 21 de abril de 1993, este Tribunal sentó como premisa general que nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos imponen a la conducta de todos los hombres. De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas. Como consecuencia de lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico, mediante el Convenio No.169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, reconoce una serie de derechos individuales y colectivos relativos a educación, salud, entre otros. En cuanto a este Convenio, esta Sala, mediante sentencia número 3003-92 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, emitida con ocasión de la consulta preceptiva de constitucionalidad formulada respecto del «Proyecto de ley de aprobación del "Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes"», adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) en su LXXVI Conferencia, celebrada en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989, también conocido como Convenio No. 169, dispuso en lo que interesa: «[...] El Convenio consultado, dentro del ámbito general de las materias encomendadas a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) plasma en un instrumento internacional jurídicamente exigible, una serie de derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales tendentes, no sólo a fortalecer la dignidad y atributos esenciales a los indígenas como seres humanos, sino también, principalmente, a proveer medios específicos para que su condición de seres humanos se realice plenamente a la vista de la situación deprimida, a veces incluso explotada y maltratada, en que viven los aborígenes de muchas naciones; situación que no es del todo ajena al Continente Americano, donde las minorías, y a veces mayorías indígenas se encuentran prácticamente zzadas [sic] de la civilización predominante, mientras, por otra parte, sufren la depresión y el abandono de sus propias tradiciones y culturas. Hoy, en el campo de los derechos humanos, se reconoce, en resumen: a) Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social: b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c)Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante -medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial…” . Ahora bien, en el citado convenio, específicamente en el artículo No. 3 se establece que los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, evidentemente, entre ellos, el derecho a la salud, sin obstáculos o discriminación. Asimismo, el artículo No. 4 dispone que deban adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las personas indígenas. En ese orden de ideas, el artículo No. 7 del citado instrumento, señala que el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, del nivel de salud y educación deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. En ese sentido, los artículos 24 y 25 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo son un reflejo de las obligaciones que tiene el Estado en materia de seguridad social y en el derecho a la salud. Para un mejor entendimiento, se procede a transcribir los citados numerales:

“Artículo 24. Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”.

“Artículo 25. 1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país”.

Por ende, los pueblos indígenas de nuestro país por disposición constitucional y convencional tienen una especial protección y además, se les debe garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, entre ellos, sin duda, el derecho a la salud. Aunado a ello, es por medio de una asistencia en salud adecuada y oportuna que permiten salvaguardar a las personas indígenas y mejorar las condiciones del nivel de salud, así como la posibilidad que se ejerzan otros derechos fundamentales que sin una buena condición de salud, no se podrían ver satisfechos” (el énfasis fue agregado).

Por su parte, sobre la prestación eficiente del servicio de salud, conviene traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2023021882 de las 13:32 horas del 1° de setiembre de 2023:

“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte accionante acusa que desde hace más de seis años la CCSS es conocedora de las limitaciones de servicio brindado a la comunidad de Paso Tempisque, dado que no se cuenta con personal y espacio suficiente para atender a la población. Agrega que, desde el año 2020, el Área de Salud de Carrillo emitió un estudio de resectorización, en el cual se destacó la necesidad de abrir una nueva sede de Ebais en Paso Tempisque, debido al hacinamiento que sufre. Expone que, para ello, la propuesta ha sido la de utilizar la sede actual de Ebais de Paso Tempisque para alojar un Ebais vespertino, pero es necesario dotarlo de personal. Sostiene que las autoridades accionadas no han actuado bajo el argumento de que no cuenta con los recursos económicos suficientes para brindar el servicio, a pesar de que reconocen que es insuficiente y que al mismo tiempo se está imponiendo al personal existente horarios extenuantes y largas jornadas laborales. Solicita que se ordene dotar de personal suficiente el Ebais vespertino.

Este Tribunal verifica que, el 17 de mayo de 2017, el Área de Salud de Carrillo efectuó un estudio de resectorización, por medio del cual se determinó una brecha de cinco Ebais, del cual se dotó uno y se está en espera de los otros cuatro, dentro de los cuales se encuentra el del sector de Paso Tempisque. Además, desde enero de 2020, el Consejo Municipal de Carrillo ha gestionado ante la CCSS la apertura de una nueva sede del Ebais Paso Tempisque.

El 14 de enero de 2020, la CCSS emitió el informe “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo”, en el que se establece: “(…) según la estimación efectuada por la Unidad de prestación de servicios de Salud del nivel central, de acuerdo al (sic) análisis de Re sectorización del 16 de mayo del 2017. Nuestra Unidad, mantiene una brecha de necesidad de 4 EBAIS, para brindar atención integral a la población a cargo. Es importante resaltar que nuestra Unidad, requiere de estos 4 EBAIS para satisfacer la necesidad de brindar atención integral en salud a la población adscrita, en cumplimiento con el objetivo de la atención primaria de salud, del primer nivel de atención, como corresponde a nuestra Área de Salud: Accesibilidad Aceptable a toda la población, con el fin último de satisfacer las necesidades de las personas en las diferentes edades, haciendo uso eficiente de los recursos públicos. (…) La población que atiende el EBAIS de Paso Tempisque (Cuadro # 1. población actual del Distrito de Palmira: 6791 habitantes), tal y como se ha señalado en diferentes oportunidades, sobrepasa la capacidad instalada del equipo, tal y como ha sido planteado por la Comunidad y el Consejo Municipal del Cantón, mediante el oficio MC-SCM-821-2020, de fecha 26 de noviembre de 2020, en el cual la comunidad reitera su solicitud de la creación de un nuevo EBAIS para Paso Tempisque de Carrillo, con servicio vespertino, con el objetivo de aprovechar los recursos ya existentes y así atender el rezago de población que no está recibiendo atención integral (…) El EBAIS de Paso Tempsique (sic), ubicado en el Distrito de Palmira, está integrado por 2 ATAPs, 1 médico, 1 asistente de REDES, 1 Auxiliar de enfermería, 1 Farmaceutico (sic) y 1 Técnico de farmacia. 1 miscelaneo (sic) y guarda de seguridad de 4:00 pm a 7:00am, por terceros. De semana de por medio, se brinda atención odontológica, con el profesional de odontología y asistente dental, que cubre tambien (sic) el Distrito de Belén. El horario de atención es de Lunes a Jueves de 7:00 am a 4:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm. Durante 1 día al mes, se realiza atención en PVP de Comunidad. En cuanto a la medición de satisfacción al usuario, el Cantón de Carrillo ha descendido de un 85% a un 73% en los ultimos (sic) años, siendo uno de los principales motivos, el que los usuarios se quejan de No encontrar campos para ser atendidos, siendo este, uno de los sectores que presenta ese problema. (…) 2.1 Nombre del Proyecto Ampliación de Horario de atención en sede de EBAIS de Paso Tempisque 2.2 Unidad Responsable Area (sic) de Salud Carrillo. UE: 2560 2.3 Modalidad del proyecto 2.3.2 Consulta lunes a jueves de 4:00 pm a 10:00 pm, Viernes de 3:00 pm a 10:00 pm y, sábados de 4:00 pm a 10:00 pm, con programación de 04 pacientes por hora (…) El costo estimado es de 13 millones mensuales, lo cual representa aproximadamente, 150 millones anuales. En cuanto a la inversión en servicios públicos, se estima un incremento anual de aproximadamente 10 millones en energía eléctrica (cuenta 2126), y 500 mil colones en servicio de agua. El consumo en telecomunicaciones, es de aproximadamente 300 mil colones anuales. En insumos y suministros, es de aproximadamente 7 millones de colones anuales (…)” (la negrita fue incorporada).

El 31 de enero de 2020, el Área de Salud de Carillo remitió el oficio DASC-0033-2020 a la DRIPSSCH de la CCSS, en el que se lee: “Lo solicitud del EBAIS, que plantea lo comunidad del Distrito de Palmira, representado por el Gobierno local, es totalmente válida y respaldada por esta Dirección Médica; necesidad que ha sido demostrada por el estudio de Re sectorización del Área de Salud Carrillo, efectuado desde el año 2017, ya que es cierto que el sector de Palmira requiere un EBAIS más, al igual que los otros sectores mencionados. Esta brecha, impacta de manera negativa en la calidad de los servicios, debido a la alta demanda de atenciones de usuarios que no encuentran campo en sus sedes de EBAIS, entre ellas, la de paso Tempisque, las cuales deben brindarse en el servicio de emergencias. La sede del EBAIS de Paso Tempisque también podría alojar un EBAIS vespertino como el que tenemos en Sardinal, por lo cual, si nos dotaran de las plazas en estos momentos, no tenemos inconvenientes de infraestructura, ni de seguridad ni de limpieza, ya que lo tenemos por contratación de terceros” (el resaltado fue añadido). Además, el 21 de julio de 2020, la directora del Área de Salud de Carrillo certificó que: “en el Área de Salud Carrillo, Caja Costarricense de Seguro Social, Unidad programática 2560, Tenemos la posibilidad de albergar en forma inmediata a EBAIS en un segundo turno, en instalaciones existentes y que se encuentran en óptimas condiciones, en las siguientes ubicaciones: 1. Sede de EBAIS Paso Tempisque. 2. Sede de EBAIS La Costa. Este EBAIS se encuentra en proceso de construcción, el cual finaliza en el mes de diciembre del 2020”.

Por oficio GM-2456-2021 del 23 de febrero de 2021, la Gerencia Médica de la CCSS indicó a un diputado de la Asamblea Legislativa: “Este Despacho en atención de su oficio DLAC-004-2021 de fecha 11 de enero de 2021, donde adjunta el acuerdo 02, inciso 05 emitido en la Sesión Ordinaria N°51-2020 del Consejo Municipal de Carrillo – Guanacaste sobre la solicitud de creación de una nueva sede de EBAIS en Paso Tempisque de Carrillo con un servicio Vespertino; en este sentido, se procedió a realizar las consultas técnicas al nivel central y regional sobre este planteamiento, obteniéndose los siguientes resultados. - La Dirección de Proyección de Servicios de Salud (GM-0844-2021), en el oficio GM-DPSS-0080-2021, de fecha 17 de febrero de 2021, concluye lo siguiente: “…De acuerdo con el estudio” Plan de Acción para la conformación de EBAIS y Fortalecimiento de las Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, versión #2” realizado por esta Dirección, para el Área de Salud Carrillo se ha planteado una brecha de dos sectores más. Es decir, un total de 11 sectores de salud. En cuanto al dato poblacional mostrado anteriormente se puede apreciar que esta necesidad de dos nuevos sectores está en el sector de La Costa, adicionalmente este sector presenta la particularidad que es el más lejano de la sede del Área de Salud y debe cubrir la población turística de la zona. El otro sector requerido por población es el de Paso Tempisque, presenta la particularidad que se encuentra a pocos kilómetros de la sede del Área de Salud. - El subrayado no corresponde al texto original- Se ha confirmado con el nivel local sobre estas necesidades y se confirma que es en estos lugares donde se requieren dichos sectores de salud…” - La Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, en el oficio DRIPSSCH-ARPLAI-0003-2021(DRIPSSCH-0082-2021), suscrito por el Dr. Eddy Apuy Muñoz, Asistente Médico y la Licda. Juliana Monge Agüero, Coordinadora del Área de Planificación y Control Interno, de la Dirección Red Integrada de Prestación de servicios de Salud Chorotega, concluye que “…Por lo que, una vez analizados los argumentos expuestos en el presente informe, así como lo reiterado en la sección de antecedentes, en el apartado 5, esta Dirección de Red considera pertinente el Proyecto de Apertura de Consulta del EBAIS Vespertino, en beneficio de la población del cantón y comunidades aledañas. Se recomienda además que se implemente con la dotación de plazas por un período de 6 meses y se valore la continuidad de este servicio…”- El subrayado no corresponde al texto original- De acuerdo con lo anterior, la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N° 9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020)” (el destacado fue agregado).

Por oficio GM-6317-2021 del 19 de mayo de 2021, la Gerencia Médica de la CCSS indicó a la Municipalidad de Carrillo: “(…) como es de su conocimiento. esta Gerencia emitió el oficio GM-2461-2021, de fecha 23 de febrero de 2021, en donde se señaló lo siguiente: “… conforme los criterios técnicos solicitado se ratifica la necesidad de creación del EBAIS Paso de Tempisque de Carrillo, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que esta ha generado en la institución, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N° 9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020) …” En este sentido, es menester informarle que no ha existido cambio significativo en lo señalado en el párrafo anterior, por lo que esta Gerencia, se encuentra vigilante de las disposiciones de las autoridades institucionales superiores en materia financiera y una vez que las limitaciones a este nivel sean superadas. se programará según corresponda la atención de esta necesidad en beneficio de la salud de los pobladores del Cantón y de Paso Tempisque (…)”. Mediante memorial MC-ALC-CRR-435-2022 del 7 de marzo de 2022, la Municipalidad de Carrillo reiteró a la CCSS la urgente necesidad de contar con la sede de un Ebais en Paso Tempisque.

Por memorial DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega señaló: “Esta Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, procede a informar que en relación con esta solicitud se remitió criterio técnico a la Gerencia Médica, mediante el oficio adjunto DRSS-DRIPSSCH-0082-2021. Posteriormente, se recibe copia de la respuesta de la Gerencia Médica, al Diputado Luis Antonio Aiza Campos, mediante el oficio anexo GM-2456-2021, el cual indicaba textualmente: “De acuerdo con lo anterior, la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N°9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020).” Por lo anteriormente expuesto, la conformación del nuevo EBAIS, está supeditado a las condiciones financieras de la Institución, de acuerdo a (sic) lo indicado por la Gerencia Médica, en su oficio GM-2456-2021”. Además, por oficio GM-7414-2022 del 15 de junio de 2022, la Gerencia Médica de la CCSS expuso: “(…) mediante oficio DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, el Dr. Warner Picado Camarena, Director, Dirección Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Chorotega, traslada el siguiente informe: "...Esta Dirección de Red Integrada de Prestación da Servicios de Salud Chorotega, procede a informar que según se indicó en informes anteriores: El Ebais de Paso Tempisque, que está adscrito al Área de Salud de Carrillo, se ubica en el Distrito de Palmira, lo integran: 2 ATAPS, 1 médico, 1 asistente de REDES, 1 Auxiliar de enfermería, 1 Farmacéutico y 1 Técnico de farmacia. Además de 1 miscelánea y guarda de seguridad de 4:00 pm a 7:00am, mediante contratación por terceros. De semana de por medio, se brinda atención odontológica, con el profesional de odontología y asistenta dental, que cubre también el Distrito de Belén. El horario de atención es de lunes a jueves de 7:00 am a 4:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm. Durante 1 día el mes, se realiza atención en el Puesto de Visita Periódica de Comunidad. Aunado a lo anterior se remitió criterio técnico a la Gerencia Médica, en relación con la necesidad de un Ebais adicional, mediante el oficio DRSS-DHIPSSCH-0082-2021, (el cual se adjunta). Posteriormente, se recibe copia de la respuesta de la Gerencia Medica, al Diputado Luis Antonio Aiza Campos, mediante el oficio anexa GM-2456-2021, en el que se indica textualmente: “De acuerdo con lo anterior la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de piezas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditada a las condiciones financieres ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva (…)” Por lo que, según lo expuesto anteriormente, la conformación del nuevo Ebais para el distrito de Paso Tempisque, es una necesidad evidente que ha sido analizada y se encuentra supeditada a las condiciones financieras de la institución..." En virtud de la anterior, este Despacho informa que actualmente se está brindando la atención como se describió anteriormente, a la población de la comunidad de Paso Tempisque, además de que como lo indica la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora Dirección de Proyección de Servicios de Salud, mediante oficio GM-DPSS-0080-2021; de acuerdo con el estudio Plan de Acción para la conformación de EBAIS y Fortalecimiento de las Áreas de Salud de la CCSS. versión #2' a la fecha se han realizado los estudios pertinentes para determinar la necesidad de nuevos sectores para el cantón de Carrillo Guanacaste, incluyendo el Ebais de Paso Tempisque, los cuales, según la política financiera y condiciones económicas, están programadas para su creación entre el año 2022-2026, de acuerdo a (sic) la programación. Así las cosas, este Despacho brinda el informe sobre las gestiones realizadas con respecto a la construcción de la nueva sede del EBAIS en Paso Tempisque, sin embargo reitera que debido a le pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que han generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras”.

El 22 de diciembre de 2022, por memorial DRSS-DRIPSSCH-0987-2022, el director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega remitió a la Dirección de Proyectos de Servicios de Salud de la CCSS la propuesta de priorización de Ebais para el año 2023, en la que se menciona al Área de Salud Carillo, específicamente al Ebais Paso Tempisque, modalidad “Vespertino, plazas rotativas”.

El 20 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS indicó por memorial GM-10588-2023: “según el análisis que se realiza con respecto a la necesidad de disminución de brechas de EBAIS de las Direcciones de Red Integradas de prestación de Servicios de Salud, se tiene la priorización de la conformación del recurso humano para la apertura de 1 EBAIS en Paso Tempisque. Es menester indicar que esta Gerencia para la dotación del recurso humano para la creación del EBAIS mencionado anteriormente y el resto de EBAIS priorizados a nivel nacional, se encuentra a la espera de la definición del límite de creación de plazas que indique la Junta Directiva para el periodo 2023 o los periodos subsiguientes”.

Finalmente, por oficio GM-10689-2023 del 21 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS señaló: “(…) El Consejo Financiero y de Control Presupuestario en el artículo 2 de la sesión 255-18, celebrada el 19 de julio de 2018, dispuso: “…Priorizar la creación de plazas institucionales de conformidad con el siguiente orden: los convenios internacionales, el cumplimiento de las leyes, las disposiciones de la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva y las necesidades planteadas por las Gerencias, siendo el Consejo Financiero y de Control Presupuestario el Órgano encargado de conocer la propuesta de creación de plazas, para definir su priorización en determinado tracto y emitir el aval para que se proceda con la validación técnica por parte de la Dirección Administración y Gestión de Personal. Asimismo, se mantiene lo dispuesto en la circular GA-51002-12, con fecha 06 de diciembre 2012, suscrito por el Cuerpo Gerencial (Ref. PE-0418-2018 del 21 de febrero 2018, suscrito por Dr. Fernando Llorca Castro, presidente ejecutivo) sobre el procedimiento para la elaboración de los estudios técnicos para la determinación de necesidades de recursos humanos a nivel institucional (…)”. Cabe aclarar que, la Gerencia Financiera definirá anualmente el límite máximo de creación de plazas conforme las posibilidades financieras de los seguros administrados por la institución, las cuales deben orientarse a los programas y actividad prioritarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el 2022 y el 2023 el límite máximo de creación de plazas con financiamiento central será de 670 plazas para cada año, se exceptúan las plazas de financiamiento local y aquellas relacionadas con servicios especiales. Para el caso de plazas con financiamiento local y servicios especiales se considerará las posibilidades financieras y las prioridades institucionales, por lo que se transcribe lo indicado por la Política Presupuestaria 2022-2023 del Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen no Contributivos de Pensiones: Lineamiento 6: Recursos presupuestarios para servicios personales (remuneraciones) “…Estrategias a. La Gerencia Financiera definirá anualmente el límite máximo de creación de plazas conforme las posibilidades financieras de los seguros administrados por la institución, las cuales deben orientarse a los programas y actividad prioritarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el 2022 y el 2023 el límite máximo de creación de plazas con financiamiento central será de 670 plazas para cada año…” En relación con lo indicado, para el periodo 2023 y según los acuerdos del Consejo Financiero y Control Presupuestario, la cantidad de plazas que cuentan en este momento con validación técnica por la Dirección de Administración y Gestión de Personal para la creación de plazas nuevas, supera la cifra ya previamente definida por Junta Directiva. Situación que nos deja en espera de las acciones que deba tomar dicha instancia para dar cobertura a las necesidades priorizadas por esta Gerencia. Es importante señalar que las plazas del EBAIS de Paso Tempisque, no han sido priorizadas por esta Gerencia, sino que, fueron identificadas por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega y trasladadas a este Despacho, donde cumpliendo con el orden de priorización, fueron trasladadas para revisión y análisis técnico a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, instancia que las tiene consideradas en un segundo tracto de dotación de plazas para el reforzamiento del I Nivel de Atención, y cumpliendo con lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 6° de la sesión N° 9231, celebrada el 06 de enero del año 2022, referente al Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, que a saber indica: […] “ARTICULO 6º Se conoce oficio N° GG-4192-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito por Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente, mediante el cual presenta: PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.” PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.” Por tanto, Considerando la propuesta del Plan de reducción de brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo contenido en el oficio GG-PFPSS-0217-2021 suscrito por el Dr. Luis Carlos Vega Martínez en calidad de Director del Programa de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud y lo expresado en el oficio GG-4192-2021 suscrito por el Dr. Roberto Cervantes Barrantes en su calidad de Gerente General, la Junta Directiva -en forma unánime -ACUERDA: ACUERDO PRIMERO Aprobar para su implementación el Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, orientada a fortalecer la atención integral, con énfasis en las actividades de promoción y prevención. La creación de plazas y los gastos requeridos por el plan de reducción de brechas deberán ser aprobados anualmente de conformidad con el procedimiento institucional establecido para estos fines, de acuerdo con el proceso de implementación del plan y de manera consistente con la situación y posibilidades financieras del seguro de salud. ACUERDO SEGUNDO Designar a la Gerencia Médica para que desarrolle y conduzca los procesos necesarios relacionados con recursos humanos, presupuesto, infraestructura, abastecimiento y normativa asociada, para garantizar la implementación del Plan de Reducción de Brechas del Primer Nivel de Atención en el Corto y Mediano Plazo, con el involucramiento activo de las DRIPSS y las unidades institucionales pertinentes, en concordancia con lo dispuesto en el acuerdo primero. […] En virtud de lo anterior, esta Gerencia Médica ha definido las priorizaciones considerando en primera instancia la dotación de recurso humano para la sostenibilidad de la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras, acuerdos de Junta Directiva, proyectos institucionales, proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y otros, donde se han tenido que abarcar en diferentes fases para poder satisfacer las necesidades generales. Es así como se determina que las plazas para el EBAIS de Paso Tempisque se encuentran para ser priorizadas según el Plan dispuesto por la Junta Directiva, antes citado” (el énfasis fue añadido).

Visto lo anterior, cabe destacar que este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que:

“VI.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios (…) Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.

VII.- EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables -en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública-, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias- de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública)” (el destacado fue agregado) (véanse las sentencias nros. 2003013863 de las 17:13 horas del 2 de diciembre de 2003, 2010012297 de las 14:42 horas del 21 de julio de 2010, 2013004539 de las 14:30 horas del 9 de abril de 2013, 2015008671 de las 9:05 horas del 12 de junio de 2015, 2019007242 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2019, 2021022837 de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2021, 2023019503 de las 9:45 horas del 9 de agosto de 2023, entre otras).

A partir de lo expuesto, en el sub iudice se evidencia la lesión a los derechos fundamentales por parte de la CCSS, como de seguido se explica. De la abundante prueba documental adjunta al expediente, se tiene por plenamente demostrado que, desde el año 2017, la CCSS reconoció la ineficiente e ineficaz prestación del servicio de salud en Paso Tempisque, así como la consecuente necesidad de dotar a esa comunidad de un nuevo Ebais. Precisamente, en el informe “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo” del 14 de enero de 2020, la CCSS consideró que la población atendida por el centro médico de esa localidad “sobrepasa la capacidad instalada del equipo”, por lo que se estimó oportuno crear un nuevo Ebais con servicio vespertino a fin de aprovechar los recursos existentes. Adicionalmente, la ineficiente e ineficaz prestación del servicio aludido se refleja en el oficio DASC-0033-2020 del 31 de enero de 2020, en el que el Área de Salud de Carrillo señaló que: “Esta brecha, impacta de manera negativa en la calidad de los servicios, debido a la alta demanda de atenciones de usuarios que no encuentran campo en sus sedes de EBAIS, entre ellas, la de paso Tempisque”. Incluso, en el oficio DRSS-DRIPSSCH-0987-2022 del 22 de diciembre de 2022, la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega incluyó a Paso Tempisque como parte de la propuesta de priorización de Ebais para el año 2023 en la modalidad vespertina.

Ahora bien, a pesar de que, desde el año 2017, la CCSS ha reconocido la necesidad de ampliar la oferta de servicios de salud a la población de Paso Tempisque y a que diversos actores sociales han planteado gestiones con el propósito de solventar esa problemática, en el sub examine se tiene por demostrado que no se ha solucionado tal situación. Precisamente, en diversos memoriales que constan como prueba, las autoridades de la CCSS indican que la falta de creación de las plazas necesarias para la instalación del Ebais mencionado obedece a condiciones financieras, ello en apego a lo establecido por la Junta Directiva en el artículo 29 de la sesión nro. 9139 del 12 de noviembre de 2020. Además, en el memorial GM-7414-2022 del 15 de junio de 2022, la Gerencia Médica de la CCSS explicó que, según la política financiera y las condiciones económicas, la creación del Ebais de Paso Tempisque está programada entre los años 2022 y 2026.

Pese a ello, en el sub iudice no se cuenta con elemento probatorio alguno de que, efectivamente, la situación objeto de este recurso vaya a ser atendida antes del año 2026, lo cual se refleja en el hecho de que en el oficio GM-10689-2023 del 21 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS indicó que “las plazas del EBAIS de Paso Tempisque, no han sido priorizadas por esta Gerencia, sino que, fueron identificadas por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega y trasladadas a este Despacho, donde cumpliendo con el orden de priorización, fueron trasladadas para revisión y análisis técnico a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, instancia que las tiene consideradas en un segundo tracto de dotación de plazas para el reforzamiento del I Nivel de Atención, y cumpliendo con lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 6° de la sesión N° 9231, celebrada el 06 de enero del año 2022, referente al Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo”. Adicionalmente, adviértase que esta Cámara Constitucional ha sido enfática al señalar que, en el marco de un Estado constitucional, social y democrático de derecho, no resulta de recibo aducir limitaciones financieras o presupuestarias para eludir la eficiente prestación de un servicio tan esencial como el de salud, toda vez que, tal como se indicó ut supra, es un imperativo constitucional que ese servicio sea prestado de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere, tal como se consignó, entre otras, en las sentencias nros. 2003013863 de las 17:13 horas del 2 de diciembre de 2003, 2010012297 de las 14:42 horas del 21 de julio de 2010, 2013004539 de las 14:30 horas del 9 de abril de 2013, 2015008671 de las 9:05 horas del 12 de junio de 2015, 2019007242 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2019, 2021022837 de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2021, 2023019503 de las 9:45 horas del 9 de agosto de 2023.

Por ende, se acoge el recurso, con la orden que se dicta en la parte dispositiva de esta sentencia (…)

Por tanto:

Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se les ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Eva Camargo Batista, por su orden, presidenta ejecutiva a cargo de la Gerencia General y directora médica del Área de Salud de Carrillo, así como a quien desempeñe el puesto de director regional de la Red de Servicios de Salud de la región Chorotega, todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias respectivas para que, dentro del plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se solucione de manera definitiva la problemática acusada por el recurrente, atinente a la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud en Paso Tempisque. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. Notifíquese” (el resaltado fue agregado).

En suma, este Tribunal Constitucional ha sido consistente en recalcar la tutela especial de las personas indígenas, así como la relevancia del derecho a la salud que constituye la piedra angular sobre la que descansan el resto de derechos fundamentales, por lo que su prestación debe responder a los criterios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación.

Ahora bien, en el sub examine se comprueba la lesión a los derechos fundamentales de las personas indígenas de Alto Carona, debido a la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS, lo que ha sido reconocido por la misma institución. En ese sentido, recuérdese que el Área de Salud de Corredores es la encargada de prestar el servicio de salud a la población de Alto Carona; empero, en el memorial ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, se reconoció que a esas personas usuarias “no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas (…) El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos”. Además, resulta de importancia considerar que en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre de 2021, la Auditoría Interna de la CCSS reconoció que los usuarios y funcionarios del Área de Salud de Corredores no cuentan con las condiciones mínimas para recibir y prestar, respectivamente, el servicio de salud, debido a que algunos puestos de visita periódica “presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos”.

Así las cosas, la propia CCSS reconoció al menos desde el año 2021 que el Área de Salud de Corredores, encargada de prestar el servicio de salud a la población tutelada de Alto Carona, no cuenta con las condiciones mínimas para brindar ese servicio. Además, la aludida Área de Salud indicó que a las personas usuarias de Alto Carona no se les efectúan visitas, debido a que “vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular”. Sobre el particular, adviértase que esta Cámara Constitucional no puede avalar la postura de la CCSS en cuanto a la falta de actuación diligente y célere para brindar el servicio de salud a favor de la población amparada, por cuanto hacerlo equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena. De este modo, si bien se reconoce la facultad de la CCSS para organizarse a fin de prestar el servicio de salud supramencionado, ello no puede ir en detrimento del acceso a la asistencia médica de las personas usuarias, en este caso, indígenas, quienes, como se indicó ut supra, gozan de una tutela especial en virtud de su condición de vulnerabilidad. Adicionalmente, nótese que en el sub lite no se cuenta con elemento probatorio alguno que permita acreditar que la situación objeto de este recurso será atendida con prontitud.

Por ende, al constatarse la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud a las personas indígenas pobladoras de Alto Carona por parte de la CCSS, se estima el recurso en cuanto a este agravio, según lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.

IV.- Por otra parte, la recurrente acusa que los caminos para acceder al territorio indígena Conte Burica están en mal estado y solo son transitables en verano, lo que impide el desplazamiento de personas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas.

Al respecto, la Sala comprueba que, en junio de 2019, la Municipalidad de Golfito en conjunto con el Ministerio de la Presidencia, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Asociación de Desarrollo Indígena Punta Burica aprobó un proyecto de declaratoria de conveniencia nacional del “Mejoramiento del camino y rehabilitación del sistema de drenajes de toda la extensión longitudinal del camino a Punta Burica”. Posteriormente, el 10 de enero de 2022, la Municipalidad de Golfito giró la orden de inicio de la contratación directa “CD 2021 CD-000040-00044 denominado Servicios de ingeniería ambiental y forestal del camino Alto Comte -La Peña en fecha 23 de noviembre del 2021”, a fin de “era contar con el Inventario forestal y los estudios D1 (viabilidad ambiental) en un plazo de 60 días a partir de su adjudicación y formalización de contrato”. Mediante resolución nro. 1235-2022-SETENA del 21 de julio de 2022, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental brindó la viabilidad ambiental en relación con el camino Alto Comte-La Pena. En febrero de 2023 se dio inicio a “la reapertura del camino 6-07-203 denominado (Ent.C 178) Alto Conte – Fin del camino La Peña (Burica) con maquinaria municipal”. Lo anterior incluyó la conformación del camino del cruce de Buriki a Caña Blanca, las salidas de agua, ampliaciones y descuajes del sector, así como la colocación de seis pasos de alcantarilla. El 20 de noviembre de 2023 se dio la orden de inicio “a la contratación 2023LE-000026-0015500001, quedando adjudicada la empresa ALCAPRA S.A., (…) con un tiempo de ejecución de 200 días naturales, se intervinieron 4.5 km con una inversión aproximada a los ¢442.000.000.00”. Por último, entre mayo de 2023 y abril de 2024 se han realizado reuniones de seguimiento por parte del gobierno local de Golfito a fin de obtener apoyo económico para lograr la intervención total del camino público nro. 6-07-203 Alto Comte a puesto la playa la Peña.

Así las cosas, en la especie se comprueba que, si bien la Municipalidad de Golfito ha efectuado diversas gestiones, a la fecha el camino que permite el acceso a Alto Carona en el territorio indígena Conte Burica no está en óptimas condiciones. En ese sentido, tal como lo indicó el alcalde recurrido, ese gobierno local ha procurado obtener apoyo económico para intervenir completamente el camino público nro. 6-07-203. Además, recuérdese que en el oficio ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, el Área de Salud de Corredores de la CCSS expuso: “(…) 3-En relación con los habitantes de Alto Carona, a esta población no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso (…) No se puede accesar a vía terrestre de manera ordinaria a Alto Carona ya que no hay caminos transitables (…)”.

De modo que, en el sub examine se echa de menos una actuación diligente y célere de la Municipalidad de Golfito, a fin de atender la problemática atinente al estado del camino que da acceso a la comunidad de Alto Carona del territorio indígena Conte Burica, lo que ha dificultado, entre otras cosas, la prestación del servicio de salud. En consecuencia, también se estima el recurso en cuanto a este agravio. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Nota separada Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que está de por medio la tutela de la seguridad e integridad física de una comunidad indígena, debido al mal estado en que se encuentra el camino que les da acceso a su poblado; siendo que a la fecha, las autoridades recurridas no han adoptado las medidas necesarias para dar solución a la problemática denunciada.

VCG05/2024 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS.

En cuanto al reclamo de la falta de caminos.

Pese a que he concurrido con el voto en asuntos donde se plantean similares agravios, bajo una mejor ponderación estimo que este tipo de reproches donde se pretende la mejora y construcción de caminos se deben plantear en las vías ordinarias de legalidad. Lo anterior, máxime si, de los autos, no se constata la existencia de una persona debidamente individualizada que requiera del amparo de esta jurisdicción por las amenazas a los derechos fundamentales ya indicados o que pertenezca a un grupo vulnerable que demanda la intervención de esta Sala.

Considero que en tales supuestos procede, en primer término, cuestionar la inactividad ante las autoridades competentes en el mantenimiento del camino público en cuestión y luego, de mantenerse la conducta omisa, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Dicha instancia jurisdiccional, con mayores herramientas, puede conocer con profundidad y sopesar la denuncia de fondo, valorar la conducta administrativa, resolver sobre la competencia ?red vial nacional o red vial cantonal?, dictar mandatos específicos para atender la problemática apuntada y, por supuesto, dar seguimiento a lo ordenado en sentencia.

En el sub lite, la parte recurrente acusa que no hay caminos debidamente habilitados para garantizar el acceso al territorio Conte Burica. Por ello, sin ninguna determinación subjetiva o individualización, aduce que esto ha creado una situación de peligro a la vida y riesgo para la seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad, principalmente, para “menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas”. Ya solo ese elemento, en mi criterio, es suficiente para desestimar el recurso de amparo. Este Tribunal ha advertido que partiendo de los efectos que la Ley de la Jurisdicción Constitucional confiere al recurso de amparo (arts. 41 y 49) debe concluirse que cualquier persona puede interponerlo, siempre y cuando individualice a los sujetos cuyos derechos fundamentales considera fueron conculcados (ver, por ejemplo, las sentencias números 2019-003879, 2021-017532 y 2022-009133, entre otras). En consecuencia, respetuosamente y desde mi perspectiva, no luce válido que a tenor de un argumento genérico de la supuesta existencia de “menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas” se conozca en esta sede sobre una inactividad administrativa que más corresponde ser residenciada en la jurisdicción contencioso-administrativa.

A la luz de tales elementos, considero que no se encuentra acreditada una amenaza directa e inminente a los derechos fundamentales supra mencionados. Más bien, la intervención de este Tribunal podría alterar la debida planificación administrativa de la municipalidad para la ejecución de unas obras de suyo onerosas y que pueden afectar la adecuada administración y previsión de los recursos con los que cuenta dicha corporación para tales efectos. Por lo demás, como ya se advirtió, este tipo de omisiones administrativas que no evidencian una amenaza o lesión inminente a los derechos fundamentales de alguna persona en concreto ?la recurrente únicamente refiere a menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas? deben ser planteadas y resueltas en las sedes ordinarias de legalidad.

En cuanto a la ausencia de un centro médico de atención primaria. En el recurso de amparo se reclamó que la comunidad de Alto Carona tiene un servicio de salud deficiente, en el que destaca la ausencia de un centro de atención primaria y de visitas médicas periódicas. Detalla que el punto de atención más cercano está en La Peña, a más de cuatro horas a pie por caminos solo transitables en verano. Expuso que la lejanía y lo difícil de la vía impiden el desplazamiento de personas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas, lo que muchas veces resulta en que no se beneficien de las visitas de salud cuando se efectúan.

Ahora bien, al igual que lo dicho líneas atrás, en el sub examine, existe una indeterminación de las personas amparadas, sea que no se individualizó a personas concretas que pudiesen estar agraviadas. Por otro lado, al igual que resolví en reclamos donde se cuestionaba que la Caja Costarricense de Seguro Social no incluía o suspendió cierta obra del portafolio de inversiones no consta que la parte recurrente haya presentado alguna denuncia de las condiciones alegadas. En ese sentido, se reitera que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes.

Aunado a ello, también no puede obviarse que el recurso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad.

En consecuencia, salvo el voto y declaro sin lugar el recurso en todos sus extremos.

VCG05/2024 ... Ver más  Res. Nº 2024013316 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 24-009041-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], a favor de las PERSONAS INDÍGENAS RESIDENTES EN ALTO CARONA, TERRITORIO INDÍGENA CONTE BURICA, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS) y la MUNICIPALIDAD DE GOLFITO.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 8 de abril de 2024, la parte recurrente interpone un recurso de amparo. Menciona que, del 17 al 19 de marzo de 2024, la Defensa Pública visitó la comunidad de Alto Carona y se concluyó que la comunidad tiene un servicio de salud deficiente, en el que destaca la ausencia de un centro de atención primaria y de visitas médicas periódicas. Detalla que el punto de atención más cercano está en La Peña, a más de cuatro horas a pie por caminos solo transitables en verano. Sostiene que la irregularidad en la atención y el seguimiento de enfermedades crónicas, así como el acompañamiento prenatal y los controles infantiles y geriátricos, han sido problemáticos durante el 2023 y 2024. Expone que la lejanía y lo difícil de la vía impiden el desplazamiento de personas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas, lo que muchas veces resulta en que estas no se beneficien de las visitas de salud cuando se efectúan. Indica que se ha tenido que transportar a los enfermos en camillas improvisadas para recibir atención médica; además, la falta de un centro de salud cercano y accesible también complica la respuesta a emergencias comunes, tales como las picaduras de serpiente. Menciona que esa situación que se agrava por la ausencia de internet y telefonía celular en la localidad Alto Carona, ya que el punto más cercano con conectividad se encuentra aproximadamente a cinco kilómetros. Manifiesta que las vías de acceso desde el lado costarricense son igualmente intransitables y, depende de la época del año, el costo del transporte llega a $170, suma fuera de las posibilidades de las personas amparadas, dada su condición de pobreza. Indica que, debido a la geografía costera, el desplazamiento marítimo tampoco es viable. Señala que esas condiciones de aislamiento y vulnerabilidad, exacerban la marginación de la comunidad, lo que requiere de una protección especial del Estado para asegurar el derecho a la salud, según precedentes como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de la comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Invoca la aplicación de normativa internacional como la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas, conocida como SAPIA, el Convenio nro. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) y la Observación General nro. 14. Sobre el derecho a la salud contenido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Comité de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC). Destaca la necesidad de que la CCSS asegure la prestación de servicios de salud en la zona y que la Municipalidad de Golfito mejore los caminos para garantizar el acceso al territorio, en coordinación con otros gobiernos locales de ser necesario. Estima que los hechos expuestos violan los derechos fundamentales de las personas amparadas. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 20:10 horas del 12 de abril de 2024, se dio curso al amparo y se requirió informe el presidente ejecutivo y el director médico del Área de Salud de Golfito, ambos de la CCSS, así como el alcalde de Golfito, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de abril de 2024, informa bajo juramento Freiner Lara Blanco, en su condición de alcalde de Golfito. Indica: “PRIMERO: No consta a quien suscribe. SEGUNDO: Sobre el alegato de la deficiencia del servicio de salud en dicha comunidad, me permito indicar que desconozco las razones que tenga la Caja Costarricense de Seguro social para no brindar atención medica (sic) en dicho sitio. TERCERO: No consta a quien suscribe. CUARTO: No consta a quien suscribe. QUINTO: Con respecto a los alegatos en el hecho quinto, con total apego a la verdad real, les informo que, esta municipalidad ha adquirido un compromiso con la población habitante de dicha zona y a través de múltiples reuniones de trabajo y coordinaciones interinstitucionales con: el Ministerio de la Presidencia, INDER, IFAM, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Asociación de Desarrollo Indígena de Punta Burica (ADI) se redactaron distintos documentos técnicos en junio del 2019, lo cual ofreció como resultado la aprobación de un proyecto de “Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto denominado: “Mejoramiento del camino y rehabilitación del sistema de drenajes de toda la extensión longitudinal del camino a Punta Burica”, con el propósito de que específicamente el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) cooperara con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. En fecha 10 de noviembre del 2021 se realizó la modificación presupuestaria N°04-2021 ante la Junta vial cantonal para poder iniciar con la contratación directa CD 2021 CD-000040-00044 denominado Servicios de ingeniería ambiental y forestal del camino Alto Comte -La Peña en fecha 23 de noviembre del 2021, esta se logró adjudicar en fecha 13 de diciembre 2021 a la Empresa Geosfera Consultores Geo ambientales representada por el geólogo Daniel Murillo Montoya, la municipalidad de Golfito específicamente el departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial le giro orden de inicio el 10 de enero 2022 . La finalidad de dicha contratación era contar con el Inventario forestal y los estudios D1 (viabilidad ambiental) en un plazo de 60 días a partir de su adjudicación y formalización de contrato, dicho plazo fue emitido por la dificultad de acceso que se tiene para ingresar a dicha zona, aun así, la empresa solicito una ampliación de 30 días naturales para poder entregar los insumos contratados. En fecha 15 de marzo del 2022 la empresa Geosfera Consultores Geo ambientales hizo entrega a la Municipalidad de Golfito la documentación requerida, así mismo la información referente a los estudios de viabilidad fue facilitada por la empresa a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) el 11 de marzo del presente año, obteniendo respuesta según oficio SETENA-DTDEA-0388-2022 el cual nos indicaban que debíamos complementar el estudio de Geotecnia y nos daban tiempo a finales de junio del 2022 para adjuntar lo solicitado. En corolario de lo expuesto, se realizó una adenda a la contratación a nombre de la Empresa Geosfera Consultores Geo ambientales para poder atender la solicitud de SETENA sobre la ampliación de los estudios geotécnicos de algunos puntos críticos que consideraron necesarios, el informe lo realizó el Geólogo Murillo Montoya antes de los 90 días hábiles que se habían solicitado a esta administración. En fecha 21 de julio 2022 la comisión plenaria de SETENA nos brindó la resolución N° 1235-2022-SETENA en la cual nos brindaron la Viabilidad (Licencia)Ambiental. Adicional a ello, el Geólogo contratado ya había realizado la remisión del estudio forestal en fecha 07 de marzo del 2022 dirigido al Ing. Javier García, Coordinador de la oficina Subregión Coto Oficina SINAC Piedras Blancas, MINAE. En el mes de febrero 2023 se dio inicio oficialmente con la reapertura del camino 6-07-203 denominado (Ent.C 178) Alto Conte – Fin del camino La Peña (Burica) con maquinaria municipal. Se inicio (sic) la conformación del camino del cruce de Buriki a Caña Blanca adicional a ello se realizaron las salidas de aguas, ampliaciones y descuaje de dicho sector. Así mismo se colocaron 6 pasos de alcantarilla por parte de la cuadrilla de obra gris municipal con un valor aproximado a los ₡3.700.000,00. En atención a la sentencia número 23-003921-0007- CO de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y de la mano con los fines del INDER, en el marco del proyecto “Rehabilitación de Camino Alto Comte - Alto Buriki” se procedieron a realizar la contratación 2023LE-000026-0015500001, quedando adjudicada la empresa ALCAPRA S.A., la cual conto (sic) con orden de inicio de dicha contratación para el 20 de noviembre 2023 con un tiempo de ejecución de 200 días naturales, se intervinieron 4.5 km con una inversión aproximada a los ₡442.000.000.00 En visita al cantón de Golfito por parte del señor presidente Rodrigo Chaves este comento (sic) en visita realizada en la comunidad de Buriki, distrito Pavón aportar 500 millones de colones a la reapertura de dicho camino, administrados por INDER. Se han dado diferentes reuniones de seguimiento de mayo del 2023 a la fecha actual con la finalidad de la búsqueda de apoyo económico para poder lograr la intervención total del camino publico 6-07-203 Alto Comte a puesto la playa la Peña. La última de ellas presencial fue promovida por la Vicepresidencia de la Republica en el cual se dio la participación de diferentes instituciones como: la cancillería, INDER, IGN, ICE y nuestra representación municipal. El tema central era la reapertura del camino publico 607203 ¨Alto Conte a Puesto La Playa La Peñita¨. El interés del señor Stephan Brunner es poder contar con el mayor apoyo institucional para hacer posible en dos veranos (2025- 2026) tener ya habilitada dicha ruta. En el cual se debe definir con la IGN el tema de los límites fronterizos por lo cual la necesidad municipal de realizar el levantamiento topográfico para darlo a conocer en el menor tiempo a la IGN es urgente. El señor Brunner solicito (sic) al ICE maquinaria para apoyar a la Municipalidad y estos manifestaron que si es viable aportar maquinaria siempre y cuando se cuente con el aval de Presidencia del ICE por lo cual la Vicepresidencia de la República se comprometió en realizar dicha gestión. La finalidad de dicha reunión fue establecer coordinaciones interinstitucionales para poder ofrecer dar respuesta a las comunidades que tienen años de esperar. De igual forma la municipalidad de Golfito mediante el departamento de la UTGVM en el primer extraordinario presupuesto ₡150.000.000,00 millones para ser invertidos en dicha ruta (…) Todo lo anterior son las gestiones que hemos realizado a nivel MUNICIPAL con la finalidad de lograr dar respuesta a la población de nuestro nuevo distrito Comte - Burica. Así las cosas, señores Magistrados de la Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia solicito con el debido respeto a su autoridad que se declare sin lugar el recurso presentado por la parte actora. Siendo que esta municipalidad esta (sic) trabajando arduamente en el camino en cuestión tal y como la estableció la sala Constitucional en la sentencia citada previamente”.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 29 de abril de 2024, informa bajo juramento Joel Navarro Camarena, en su condición de director general del Área de Salud Golfito de la CCSS. Explica que: “El Área de Salud de Golfito durante muchos años llevo (sic) la prestación de los servicios de salud a estas comunidades, sin embargo, se nos comunica que a partir de marzo del 2019 estas comunidades (La Peña y Carona) pasan al Area (sic) de Salud de Corredores. La población residente en Punta Burica solicitó la sectorización tomando como principal determinante “la accesibilidad” ya que los habitantes de esa localidad deben salir por territorio panameño (Puerto Armuelles) y posteriormente desplazarse hasta el Hospital Golfito “Manuel Mora Valverde”, para asistir a citas médicas programadas o en situaciones de emergencias, lo que representa un alto costo económico. Mediante oficio No. 0391-03-19, suscrito por el Dr. Luis Carlos Vega Martínez, Director Regional de la Dirección Redes Integradas Servicios Salud Región Brunca informa la sectorización que según Oficio N° ASC-SAVE-0862-2017 suscrito por el Área Salud Colectiva adscrita a la Dirección Desarrollo de Servicios de Salud. La distribución se realizó de la siguiente manera: 1. Area (sic) de Salud de Corredores a. Casa Visita Periódica Alto Carona (Carona, Campo Verde, Guaimí, la Palma) b. Casa Visita Periódica La Peña (La Peñita, La Peña, Vanegas, Puesto la Playa). c. Bella Luz d. Canoas e. Canos abajo Punta Burica f. Colorado g. Corredor Centro h. Corredor Neily i. Corredor Norte j. Corredor Sur k. Ebais Fincas l. La Cuesta m. La Unión n. Laurel o. Naranjo. 2. Area (sic) de Salud de Golfito a. Pavón b. Alto Conte c. Altamira d. Progreso Agregar, que a partir de septiembre del 2018 el Area (sic) de Salud de Golfito cuenta con un EBAIS conformado por un Equipo Básico de atención (1 médico, 1 redes, 1 auxiliar, 1 farmacéutico, 1 atap) en la reserva indígena de Conte Burica el cual permanece abierto de lunes a jueves de 7am a 4pm, viernes de 7am a 3pm, sábados, domingos y feriados libres. Cabe agregar, que actualmente no cuenta con una infraestructura de un EBAIS sino de una casa de visita periódica, pero se encuentra en el portafolio de inversiones para desarrollar en el año 2025. A partir de ese momento hasta la fecha se ha brindado atención médica a los usuarios del Sector de Conte Burica y sus alrededores, además se realiza una gira comunitaria por semana a la comunidad de progreso, giras Odontológicas en el EBAIS de Alto Conte. La población de Conte Burica ha recibido los servicios de prestación de salud como primer nivel de atención y seguimos mejorando los servicios dentro de la capacidad instalada del Área de Salud. Como se mencionó anteriormente debido a la sectorización que los mismos pobladores de La Peña y Carona solicitaron y según el estudio por el Área Salud Colectiva adscrita a la Dirección Desarrollo de Servicios de Salud, estas comunidades pasaron a ser resorte del Área de Salud de Corredores. III- DERECHO Y OTRAS CONSIDERACIONES: Nuestra Constitución Política recoge, implícitamente, el derecho fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de prestarlos en forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el principio de “eficiencia de la administración”. Esa garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales de carácter asistencial como los de la seguridad social y, en especial, cuando tenemos pacientes que por la patología o síndrome clínico presentado requieren de una atención inmediata sin ningún tipo de dilación indebida para garantizarles sus derechos a la vida y a la salud. El Área de Salud de GOLFITO de la Costarricense de Seguro Social se encuentran encaminadas a ofrecer servicios de salud pública de calidad, en donde la intervención que ejerce está orientada a proteger y mejorar la salud de las personas, incluyendo además la responsabilidad de asegurar el acceso a estos servicios de salud del recurrente, como así también la eficiencia, eficacia y continuidad de los mismos. De conformidad con lo expuesto, esta representación considera que en el presente caso no es competencia atender lo expuesto por la recurrente en cuanto a la atención primaria y de visitas médica periódicas, como se indico (sic) anteriormente estas comunidades no pertenecen al Area (sic) de Salud de Golfito, sino, al Área de Salud de Corredores. Sobre el derecho a la salud y a gozar de un ambiente sano. La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política, así como, a través de la normativa internacional. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. Esta disposición constitucional se complementa por lo establecido en el numeral 11 del "Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales". Asimismo, en relación con las obligaciones que tienen las autoridades públicas de garantizar el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano, este Tribunal Constitucional mediante la sentencia No.180-98 de 16:24 hrs. del 13 de enero de 1998 dispuso: “...el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de terceros, en relación a (sic) estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y social…”. En ese sentido, el Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando, mediante una fiscalización e intervención directa, la realización de actos que lesionen el medio ambiente, la cual está, inevitablemente, correlacionada con la obligación del Estado de velar por la preservación de la salud de sus habitantes. IV- PETITORIA: De conformidad con lo expuesto y siendo que este servidor funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social, considera que el presente Recurso de Amparo debe ser dirigido al Area (sic) de Salud de Corredores para que se brinde respuesta en cuanto a la atención primeria y visitas médicas periódicas ya que según oficio No. 0391-03-19 fueron asignadas a la Unidad Programática 2758 (AS Corredores). Considera esta Administración que las comunidades asignadas según la sectorización están siendo atendidas como a derecho corresponde. Se solicita SE DECLARE SIN LUGAR en todos sus extremos el presente recurso de amparo, además en caso de ser declarado con lugar, se solicita tomar en consideración lo manifestado por esa Honorable Sala mediante la resolución 2019-008866 de las nueve horas treinta minutos del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en la cual se indicó (…)”.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 29 de abril de 2024, informa bajo juramento Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en su condición de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Explica: “Se indica preliminarmente a los señores Magistrados que la suscrita Presidenta no tiene conocimiento directo sobre los hechos alegados por quien recurre ante la estimable Sala Constitucional, toda vez que, no se encuentran dentro de las labores sustantivas inherentes a la Presidencia Ejecutiva1. Ergo, se acudió al órgano técnico competente a fin de que se brindara informe sobre los hechos expuestos por el petente, mismo que fue remitido por parte del Área de Salud de Golfito y Área de Salud de Corredores, con el objeto de atender el curso del recurso, acogido por la honorable sala (…) III.- INFORMES RENDIDOS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. ÁREA DE SALUD GOLFITO. Informa el Dr. Joel Navarro Camarena, Director Médico del Área de Salud de Golfito, mediante oficio número ASGOLF-DM-0220-2024 de fecha 25 de abril de 2024, en los siguientes términos: (…) ÁREA DE SALUD CORREDORES. Mediante oficio ASCORRE-DM-0118-2024 de fecha 25 de abril de 2024, informa el Dr. Arturo Lothrop Saballos, Director Médico del Área de Salud de Corredores, en los siguientes términos: “…1- Como información general del Área de Salud Corredores; está comprendido por cuatro distritos: Corredor (Central), La Cuesta, Paso Canoas y Laurel. La población es de 57,258 habitantes; distribuidos en 9 sectores cada uno con EBAIS del mismo nombre: un concentrado ubicado en la Sede de Área: EBAIS La Cuesta y 8desconcentrados EBAIS: Corredor Centro, Corredor Norte, Corredor Sur, Las Fincas, Colorado, Paso Canoas, Laurel y Bella Luz. En el 2015 esta unidad conformó un EBAIS móvil (médico, auxiliar de enfermería, registros médicos, farmacéutico, chofer) para giras médicas a poblaciones dispersas con el fin de no cerrar las sedes de EBAIS y lograr acercar la atención médica a las comunidades. Se hacen giras a medicas a 12 comunidades. En oficios N.º 0391-03.19 del 12 de marzo del 2019, suscrito por el Dr. Luis Carlos Vega Martínez, Director Regional de la Dirección Redes Integradas Servicios Salud Región Brunca informa la sectorización que según Oficio N.º ASC-SAVE-0862-2017 suscrito por el Área Salud Colectiva adscrita a la Dirección Desarrollo de Servicios de Salud. En oficio ASC-SAVE-0862 del 24 de enero del 2017 suscrito por la Sub Área de Vigilancia Epidemiológica, informa que se dio por término una re sectorización del Área de Salud Corredores y se le asignan poblados de Punta Burica cantón de Golfito para su atención en salud, decisión que consideró como principal determinante la facilidad de accesibilidad de los pobladores de la zona para desplazarse vía terrestre pasando por Panamá y entrando por la frontera de Paso Canoas a Costa Rica llegando así a este centro de salud. (Se adjuntan oficios) 2- En 2017 la institución sectorizó al Área de Salud Corredores asumiendo esta unidad al distrito de Pavón de Golfito, las poblaciones en Punta Burica por la facilidad de acceso de ellas a esta unidad y al HCN. Con dicho traspaso poblacional se incluyó el PVP La Peña en poblado de igual nombre. Al PVP La Peña se viaja vía terrestre pasando la frontera con Panamá y luego de un largo trayecto por carretera se reingresa a territorio costarricense pasando por sectores de playa y se internan en área montañosa hasta llegar al PVP. Ver fotos. Las giras médicas al PVP La Peña han sido un viaje una semana cada mes (se adjunta agenda de giras) vía terrestre por Panamá, primero se pasa la Frontera y se va en un trayecto por Panamá reingresando al territorio nacional llegando a la playa (con riesgo a los vehículos institucionales), recorriendo unos 20 Km, hasta que se ingresa por la montaña, lo anterior debido a que no hay caminos nacionales para acceder a esas comunidades (…) 3-En relación con los habitantes de Alto Carona, a esta población no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas. Por lo anterior se solicitó compra de servicios de helicóptero lo cual no se ha otorgado el aval. Cabe mencionar que oficio GM-16890-2023 la Gerencia Médica manifiesta: “Mediante oficio PE-4488-2023 la Presidencia Ejecutiva informó que el convenio de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social para el traslado de pacientes en estado crítico de salud, asistencia médica a comunidades de difícil acceso y traslado de funcionarios para la atención de desastres y emergencias, finalizó su vigencia el pasado 24 de octubre…” Además, es importante considerar que no hay un protocolo y/o lineamiento actual para transportar funcionarios en helicóptero para atención ordinaria de pacientes, eso de acuerdo a lo indicado por la misma Gerencia en oficio de marras: “…Aunado a ello se informa que, esta Gerencia designa al Dr. Ranjit Singh Apolayo y al Dr. Armando Cortés Ruiz, ambos asesores de esta Gerencia, para que colaboren en la revisión y actualización del protocolo para el traslado de pacientes en ambulancia, tomando en cuenta que se debe incluir el traslado de funcionarios; lo anterior en vista de los cambios que se han generado a la luz del cese del convenio con el Ministerio de Seguridad Pública…” También es importante considerar lo recomendado por Auditoría Interna en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre del 2021: “…La Caja Costarricense del Seguro Social como encargada de velar por la salud de la población, tiene el compromiso por brindar estas atenciones a las distintas comunidades ubicadas a lo largo del país, sin embargo, es necesario que los usuarios y los funcionarios gocen de condiciones mínimas para brindar este servicio, condiciones que pareciera no se cumplen en algunos puestos de visita periódica adscritos al Área de Salud de Corredores, debido a que presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos. Aspectos que no solo afectan la calidad de la atención, sino también la adecuada conservación de la infraestructura…” 7 El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos. (Ver fotos) El Dr. Joel Navarro Camarena, director Médico del Área de Salud de Golfito, mediante oficio ASGOLF-DM-0220-2024 de fecha 25 de abril de 2024, en el cual se indica: “…En cuanto a las comunidades de la Peña y Carona y comunidades vecinas fueron asignadas al Área de Salud de Corredores, considera esta Administración que lo expuesto por la defensora pública debe ser compartido a la Unidad programática 2758 a fin de que se brinde la información necesaria…” En lo referente al Recurso de Amparo interpuesto por la Defensoría Pública a favor de personas residentes de Alto Carona Territorio Indígena Conte Burica, se responde: HECHOS. 1. Para que esta unidad pueda atender a los pobladores de Punta Burica distrito Pavones, los funcionarios deben ir por tierra desde Paso Canoas hasta cercanías de Puerto Armuelles, reingresando al territorio nacional llegando hasta a la playa (con riesgo a los vehículos institucionales), recorriendo unos 20 Km, se ingresa por la montaña, hasta llegar al PVP La Peña en el poblado La Peña. No se puede accesar a vía terrestre de manera ordinaria a Alto Carona ya que no hay caminos transitables. 2. La comunidad de Alto Carona tiene un Puesto de Visita Periódica PVP que no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos. La institución construyó el PVP La Peña para la atención de los pobladores de Punta Burica en el poblado La Peña antes de la re-sectorización y posteriormente a esta fue trasladado junto con las comunidades al Área de Salud Corredores, no fue ni decisión ni recomendación de esta unidad que se construyera ese PVP en ese poblado. No es competencia de esta unidad decidir la construcción de una sede de EBAIS en Alto Carona. 3. Partiendo del hecho que los pobladores de Punta Burica distrito Pavones se decidieron trasladar al Área de Salud Corredores, fue según oficio ASC-SAVE-0862, porque consideraron mayor facilidad de acceso a esta unidad vía terrestre. El PVP está en La Peña, y no es cierta la afirmación que es irregular la atención en salud en ese puesto de salud, las giras médicas las hace el EBAIS móvil integrado por un médico una auxiliar de enfermería un funcionario de registro médicos y un farmacéutico, se avisan con antelación por el funcionario Asistente Técnico ATAP que vive en la zona y a través del Comité de Salud, estas se realizan todos los meses una semana completa (hay una agenda de giras medicas se adjunta), de enero a agosto, ya que en septiembre con la temporada lluviosa los caminos se hacen intransitables y se suspenden para no poner en riesgo a los funcionarios, hasta tanto no se cuente con servicio de transporte aéreo, el protocolo existente es para el traslado de pacientes en ambulancia, no para el traslado de funcionarios, por lo que no hay una legalidad para hacer que los funcionarios asuman el riesgo de transportarse por helicóptero. Cabe destacar que en febrero se acudió a La Peñita por una actividad especial de la comunidad, pero no cumplía con las condiciones mínimas requeridas para brindar una adecuada atención médica. El puesto de salud La Peña está muy bien equipado con lo que se requiere para dar una atención médica de calidad. Además, no existe un equipo de recurso humano disponible que esté de manera permanente en ese lugar ni tienen la población requerida para un EBAIS. Si es cierto la falta de desarrollo vial en esa comunidad, pero eso es una situación histórica que se ha mantenido en el tiempo y no es de resorte de esta unidad. 4. En lo referente al acceso a atenciones en salud y sobre todo de emergencias, es importante recordar que los habitantes de Punta Burica distrito Pavones, entre ellos los de Alto Carona, se trasladaron a Corredores por su facilidad de acceso vía terrestre tanto a esta unidad como al Hospital de Ciudad Neily. 5. Se menciona nuevamente lo dicho en apartado anterior que los habitantes de Punta Carona distrito Pavones, entre ellos los de Alto Carona, se trasladaron a Corredores por su facilidad de acceso tanto a esta unidad como al Hospital de Ciudad Neily. (…) CONSIDERANDO. Considerando lo anterior es importante aclarar: -Que es correcto afirmar que la atención de la población de Alto Carona está adscrita al Área de Salud Corredores. El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos. -Esa población de Punta Burica distrito de pavones y sobre todo de Alto Carona se trasladó por su supuesta facilidad de accesar vía terrestre a los servicios que brinda esta unidad por la frontera con Panamá. -La institución construyó un PVP en La Peña para que todos los habitantes de Punta Burica distrito Pavones acudieran al mismo para recibir atención en salud en el poblado La Peña. -Los habitantes de Alto Carona tienen dificultad para trasladarse al PVP La Peña y/o al Área de Salud Corredores, pero si pueden vía terrestre acudir al EBAIS de Alto Conte adscrito al Área de Salud de Golfito para recibir atención en salud. -La municipalidad de Golfito está construyendo un camino que llegaría hasta Alto Carona y los comunicaría de manera más fácil al EBAIS de Alto Conte del Área de Salud de Golfito. - En época lluviosa no son transitables los caminos (ver fotos) a partir de septiembre, y por ello esta unidad solicitó en oficio DRIPSSB- DMASC – 0545-2022 del 29 de setiembre de 2022 aval y dotar con los recursos económicos para hacer las Giras Médicas a la Población de Punta Burica vía aérea por helicóptero. Petitoria que se continuó en oficios DRSS-DRIPSSB-3010-2022 DRSSDRIPSSB-2442-2023, DRSS-GR-0663-2022, DRSS-DRIPSSB-2442-2023, GM-16890-2023. Lo anterior sin una respuesta afirmativa a esta unidad. El protocolo existente de viajes en helicóptero es para el traslado de pacientes en ambulancia, no para el traslado de funcionarios, por lo que no hay una legalidad para hacer que los funcionarios asuman el riesgo de transportarse por helicóptero. POR TANTO. Por lo tanto, considera esta Administración Activa que las comunidades asignadas según la sectorización están siendo atendidas como a derecho corresponde dentro de las posibilidades que tiene la unidad para poder trasladarse a la zona, y se solicita SE DECLARE SIN LUGAR en todos sus extremos el presente recurso de amparo…” Por otra parte, respecto a la solicitud del Área de Salud de Corredores en relación al (sic) transporte aéreo realizada a las unidades técnicas del nivel central correspondientes para que determinen la viabilidad institucional de dotar de este tipo de transporte a dicha Área de Salud y como insumo para la programación de giras médicas a Punta Burica para el traslado del personal de salud a fin de brindar atención a la población indígena de difícil acceso, dicha solicitud, a la fecha, se encuentra en trámite siendo que se han requerido estudios de viabilidad para su cometido, para ello, se puede visualizar el oficio GM-2723-2024 de fecha 27 de febrero de 2024, en el cual se da traslado del criterio de viabilidad para ser atendido y analizado por parte del despacho de la Gerencia Médica, y posteriormente ser comunicado al Área de Salud de Corredores, con la determinación pertinente del caso. SOBRE EL LINEAMIENTO TÉCNICO OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN CON PERTINENCIA CULTURAL EN SALUD DE LOS PUEBLOS. La institución, respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro territorio y de conformidad a lo establecido en el Convenio N.º 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y la demás normativa relacionada, la cual se encuentra incorporada en dicho lineamiento, ha tenido la obligación, el compromiso y un cumplimiento progresivo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, mismo que es llevado adelante por parte de las Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS), y en acatamiento obligatorio por parte de los distintos centros médicos así como los funcionarios institucionales. De tal forma, en la CCSS la participación de las personas indígenas se torna en un eje fundamental y obligatorio en cualquier acción que tenga una afectación positiva o negativa hacia este grupo, asimismo el lineamiento es desarrollado, considerando las necesidades generales y esenciales para la atención de las poblaciones indígenas por parte de los funcionarios en salud de los tres niveles de atención, cuyas necesidades se toman en base a (sic) diferentes encuentros desarrollados por parte del Programa de Normalización para la Atención a la Salud de los Pueblos Indígenas de la institución. Es importante acotar que este lineamiento contempla que todo proyecto o abordaje que se programe desarrollar en territorio indígena debe garantizar el ejercicio de los derechos de las personas indígenas, de tal forma que, de manera previa, libre e informada, tengan la posibilidad de conocer los planteamientos institucionales, ya sea en cuanto a infraestructura, proyectos o iniciativas de prestación de servicios de salud. En consecuencia, se conduce a hacer una planificación y adaptación paulatina del servicio según programas de atención en salud, ajustados en concordancia con la pertinencia cultural y las necesidades en salud identificadas. Ahora bien, en cuanto a los servicios de comunicaciones y traslados en el apartado ELEMENTOS BÁSICOS DEL TRABAJO EN RED EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LAS PERSONAS INDÍGENAS, punto tercero, se señala lo siguiente: (…) En consecuencia, la institución en respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas define constantemente acciones de coordinación para el abordaje de lo que se requiera por parte de la persona usuaria indígena según sea la complejidad del caso, cuyo deber de los funcionarios institucionales se basa en garantizar el derecho a una atención integral en salud, y como ha sido mencionado es un derecho con altos niveles de progresividad en cuanto a su atención. IV.- DERECHO Y OTRAS CONSIDERACIONES. Sobre la petitoria del recurso de amparo: Los recurrentes, solicitan a la Sala Constitucional se ordene en lo que concierne a la Caja Costarricense de Seguro Social, lo siguiente: “…Con fundamento en lo expuesto, solicito, se ordene a la Autoridad recurrida remisión de Informe con respecto a los hechos invocados. Una vez evacuada la prueba, se declare con lugar el Recurso de Amparo y se ordene a la Caja Costarricense de Seguro Social garantizar la prestación de servicios de salud a la población ngabe-buglé de Alto Carona, territorio indígena Conte Burica…” Dicha petitoria, considera respetuosamente esta representación no puede ser acogida por parte del Tribunal Constitucional, la Caja garante de los derechos de los usuarios del servicio de salud, cuenta con sus propios lineamientos para la atención de la población indígena; asimismo, tal como lo demanda el Lineamiento Técnico Operativo para la Atención con Pertinencia Cultural en Salud de los Pueblos Indígenas en Territorio Costarricense, se debe estar por parte de los diferentes involucrados en constante negociación y diálogo -en ambas direcciones-, para lograr acuerdos y consensos, ante las diferentes necesidades que se vayan presentado. Esto, en apego a lo establecido supraconstitucional en materia de poblaciones indígenas y al principio bioético de autonomía y responsabilidad individual, junto al principio de transparencia en la toma de decisiones, en un cumplimiento progresivo de conformidad con lo estipulado en el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como la normativa relacionada. Ahora bien, tal como se desprende de los informes rendidos por parte de las autoridades institucionales, la Dirección Regional de la Dirección Redes Integradas Servicios Salud Región Brunca, medio del oficio 0391-03-19, suscrito por el Dr. Luis Carlos Vega Martínez, Director suscrito por el Área Salud Colectiva adscrita a la Dirección Desarrollo de Servicios de Salud, lo cual, conllevó por medio de un estudio técnico a la viabilidad de que la población de Punta Burica sea atendida en los centros de salud del cantón de Corredores, a fin de realizar una distribución más organizada. Sobre el derecho a la salud: Conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, todas las personas habitantes del territorio nacional tienen el derecho gozar del más alto y adecuado nivel de vida y bienestar físico, mental, social y ambiental. Para la correcta e integral aplicación de los artículos constitucionales mencionados, resulta imprescindible el reconocimiento del derecho a la salud; por medio del cual el Estado costarricense debe asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de programas, políticas públicas y servicios asistenciales/prestacionales para la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento sanitario. (…) Como se puede observar de lo anterior, el reconocimiento del derecho a la salud, implica una conceptualización amplia, no limitada únicamente a la prestación de servicios médicos contra las enfermedades físicas diagnosticadas, sino que incluso abarca acciones estatales marco para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, todo dentro de la salud integral que debe garantizarse a las personas (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 25 de la Declaración Universal de Derechos humanos; 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre). Aunado a lo anterior, la salud es considerada como un bien de interés público, constituyendo una función esencial del Estado velar por el bienestar y salud de las personas habitantes dentro del territorio nacional, tal cual lo establecen los artículos 1 y 2 de la Ley General de Salud y numeral 10.2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por tal motivo, en tutela de la salud además como derecho fundamental, en aras de salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, la Administración Pública se encuentra en el deber de actuar conforme al artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, cuyo texto señala: (…) Es importante adicionar que del presente recurso de amparo, no se aprecia alguna situación en concreto que sea susceptible de la tutela constitucional, por cuanto no se constata un quebranto al acceso del derecho a la salud de los usuarios; no se precisa una fecha en la cual se le denegara el acceso a los servicios institucionales a algún paciente en específico, asimismo se tiene que la Administración se encuentra en constante vigilancia y por ende, toma de decisiones respecto a las distintas comunidades indígenas de las cuales se procura el debido derecho al acceso a la salud. En este orden de ideas, es menester enfatizar que la defensora pública no aporta prueba técnica (propios de la jurisdicción ordinaria) ni elementos o indicios de fácil constatación como lo sería algún paciente no atendido, o una persona indígena afectada o sin algún tratamiento, o inclusive un caso como antecedente; por ende, la distribución, planificación y sectorización de los EBAIS, centros de salud y protocolos de atención, son acordes a la eficacia y eficiencia de la Administración Pública, y acorde al principio constitucional de rendición de cuentas, mediante este informe la Sala Constitucional puede verificar los esfuerzos realizados y el cumplimiento de atención y protección del derecho de la salud de los pueblos indígenas. Por lo anterior, al no existir una afectación directa o indirecta con razonamiento del recurso de amparo, no existe otra solución procesal que rechazar el mismo en todos sus extremos. PETITORIA. 1- De conformidad con lo expuesto solicito se desestime y declare sin lugar en todos sus extremos el presente recurso de amparo, toda vez que se demuestra que la institución no ha incurrido en ningún quebranto a los derechos constitucionales de la amparada, así como su consecutiva exoneración en costas”.

6.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente indica que, del 17 al 19 de marzo de 2024, la Defensa Pública visitó la comunidad de Alto Carona y se concluyó que la comunidad tiene un servicio de salud deficiente, en el que destaca la ausencia de un centro de atención primaria y de visitas médicas periódicas. Detalla que el punto de atención más cercano está en La Peña, a más de cuatro horas a pie por caminos solo transitables en verano. Expone que la lejanía y lo difícil de la vía impiden el desplazamiento de personas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas, lo que muchas veces resulta en que no se beneficien de las visitas de salud cuando se efectúan. Manifiesta que las vías de acceso desde el lado costarricense son intransitables y, depende de la época del año, el costo del transporte llega a $170, suma fuera de las posibilidades de las personas amparadas, dada su condición de pobreza. Indica que, debido a la geografía costera, el desplazamiento marítimo tampoco es viable. Pide que se ordene a la CCSS garantizar la prestación del servicio de salud a la población Ngäbe-buglé de Alto Carona y a la Municipalidad de Golfito a habilitar los caminos necesarios para garantizar el acceso al territorio Conte Burica.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la autoridad recurrida haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

SOBRE LA MUNICIPALIDAD DE GOLFITO a) En junio de 2019, la Municipalidad de Golfito en conjunto con el Ministerio de la Presidencia, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Asociación de Desarrollo Indígena Punta Burica aprobó un proyecto de declaratoria de conveniencia nacional del “Mejoramiento del camino y rehabilitación del sistema de drenajes de toda la extensión longitudinal del camino a Punta Burica”. (Ver informe rendido bajo juramento por el alcalde de Golfito).

  • b)El 10 de enero de 2022, la Municipalidad de Golfito giró la orden de inicio de la contratación directa “CD 2021 CD-000040-00044 denominado Servicios de ingeniería ambiental y forestal del camino Alto Comte -La Peña en fecha 23 de noviembre del 2021”, a fin de “era contar con el Inventario forestal y los estudios D1 (viabilidad ambiental) en un plazo de 60 días a partir de su adjudicación y formalización de contrato”. (Ver informe rendido bajo juramento por el alcalde de Golfito).
  • c)Mediante resolución nro. 1235-2022-SETENA del 21 de julio de 2022, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental brindó la viabilidad ambiental en relación con el camino Alto Comte-La Pena. (Ver informe rendido bajo juramento por el alcalde de Golfito).
  • d)En febrero de 2023 se dio inicio a “la reapertura del camino 6-07-203 denominado (Ent.C 178) Alto Conte – Fin del camino La Peña (Burica) con maquinaria municipal”. Lo anterior incluyó la conformación del camino del cruce de Buriki a Caña Blanca, las salidas de agua, ampliaciones y descuajes del sector, así como la colocación de seis pasos de alcantarilla. (Ver informe rendido bajo juramento por el alcalde de Golfito).
  • e)El 20 de noviembre de 2023 se dio la orden de inicio “a la contratación 2023LE-000026-0015500001, quedando adjudicada la empresa ALCAPRA S.A., (…) con un tiempo de ejecución de 200 días naturales, se intervinieron 4.5 km con una inversión aproximada a los ₡442.000.000.00”. (Ver informe rendido bajo juramento por el alcalde de Golfito).
  • f)Entre mayo de 2023 y abril de 2024 se han realizado reuniones de seguimiento por parte del gobierno local de Golfito a fin de obtener apoyo económico para lograr la intervención total del camino público nro. 6-07-203 Alto Comte a puesto la playa la Peña. (Ver informe rendido bajo juramento por el alcalde de Golfito).
  • g)El 19 de abril de 2024, el alcalde de Golfito fue notificado de la resolución de curso de este recurso. (Ver acta de notificación).

SOBRE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL a) A partir de setiembre de 2018, el Área de Salud de Golfito cuenta con una casa de visita periódica conformado por “1 médico, 1 redes, 1 auxiliar, 1 farmacéutico, 1 atap” en la reserva indígena de Conte Burica. Además, se realiza una gira comunitaria por semana a la comunidad de Progreso y giras odontológicas en el Ebais Alto Conte. (Ver informe rendido bajo juramento por la dirección del Área de Salud de Golfito de la CCSS).

  • b)Mediante oficio nro. 0391-03-19 del 12 de marzo de 2019, la Dirección Regional de Servicios de Salud Región Brunca comunicó que las comunidades de La Peña y Carona pasaron a estar adscritas al Área de Salud de Corredores y al hospital de Ciudad Neily. (Ver prueba documental).
  • c)El 22 de abril de 2024, el director médico del Área de Salud de Golfito de la CCSS fue notificada de la resolución de curso de este recurso. (Ver acta de notificación).
  • d)El 24 de abril de 2024, la presidenta ejecutiva de la CCSS fue notificada de la resolución de curso de este recurso. (Ver acta de notificación).
  • e)Mediante oficio ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, el Área de Salud de Corredores de la CCSS expuso:

“(…) 3-En relación con los habitantes de Alto Carona, a esta población no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas. Por lo anterior se solicitó compra de servicios de helicóptero lo cual no se ha otorgado el aval.

Cabe mencionar que oficio GM-16890-2023 la Gerencia Médica manifiesta:

“Mediante oficio PE-4488-2023 la Presidencia Ejecutiva informó que el convenio de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social para el traslado de pacientes en estado crítico de salud, asistencia médica a comunidades de difícil acceso y traslado de funcionarios para la atención de desastres y emergencias, finalizó su vigencia el pasado 24 de octubre…” Además, es importante considerar que no hay un protocolo y/o lineamiento actual para transportar funcionarios en helicóptero para atención ordinaria de pacientes, eso de acuerdo a (sic) lo indicado por la misma Gerencia en oficio de marras:

“…Aunado a ello se informa que, esta Gerencia designa al Dr. Ranjit Singh Apolayo y al Dr. Armando Cortés Ruiz, ambos asesores de esta Gerencia, para que colaboren en la revisión y actualización del protocolo para el traslado de pacientes en ambulancia, tomando en cuenta que se debe incluir el traslado de funcionarios; lo anterior en vista de los cambios que se han generado a la luz del cese del convenio con el Ministerio de Seguridad Pública…” También es importante considerar lo recomendado por Auditoría Interna en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre del 2021:

“…La Caja Costarricense del Seguro Social como encargada de velar por la salud de la población, tiene el compromiso por brindar estas atenciones a las distintas comunidades ubicadas a lo largo del país, sin embargo, es necesario que los usuarios y los funcionarios gocen de condiciones mínimas para brindar este servicio, condiciones que pareciera no se cumplen en algunos puestos de visita periódica adscritos al Área de Salud de Corredores, debido a que presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos. Aspectos que no solo afectan la calidad de la atención, sino también la adecuada conservación de la infraestructura…” El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos (…)

HECHOS.

1. Para que esta unidad pueda atender a los pobladores de Punta Burica distrito Pavones, los funcionarios deben ir por tierra desde Paso Canoas hasta cercanías de Puerto Armuelles, reingresando al territorio nacional llegando hasta a la playa (con riesgo a los vehículos institucionales), recorriendo unos 20 Km, se ingresa por la montaña, hasta llegar al PVP La Peña en el poblado La Peña. No se puede accesar a vía terrestre de manera ordinaria a Alto Carona ya que no hay caminos transitables.

2. La comunidad de Alto Carona tiene un Puesto de Visita Periódica PVP que no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos. La institución construyó el PVP La Peña para la atención de los pobladores de Punta Burica en el poblado La Peña antes de la re-sectorización y posteriormente a esta fue trasladado junto con las comunidades al Área de Salud Corredores, no fue ni decisión ni recomendación de esta unidad que se construyera ese PVP en ese poblado. No es competencia de esta unidad decidir la construcción de una sede de EBAIS en Alto Carona.

3. Partiendo del hecho que los pobladores de Punta Burica distrito Pavones se decidieron trasladar al Área de Salud Corredores, fue según oficio ASC-SAVE-0862, porque consideraron mayor facilidad de acceso a esta unidad vía terrestre. El PVP está en La Peña, y no es cierta la afirmación que es irregular la atención en salud en ese puesto de salud, las giras médicas las hace el EBAIS móvil integrado por un médico una auxiliar de enfermería un funcionario de registro médicos y un farmacéutico, se avisan con antelación por el funcionario Asistente Técnico ATAP que vive en la zona y a través del Comité de Salud, estas se realizan todos los meses una semana completa (hay una agenda de giras medicas se adjunta), de enero a agosto, ya que en septiembre con la temporada lluviosa los caminos se hacen intransitables y se suspenden para no poner en riesgo a los funcionarios, hasta tanto no se cuente con servicio de transporte aéreo, el protocolo existente es para el traslado de pacientes en ambulancia, no para el traslado de funcionarios, por lo que no hay una legalidad para hacer que los funcionarios asuman el riesgo de transportarse por helicóptero. Cabe destacar que en febrero se acudió a La Peñita por una actividad especial de la comunidad, pero no cumplía con las condiciones mínimas requeridas para brindar una adecuada atención médica. El puesto de salud La Peña está muy bien equipado con lo que se requiere para dar una atención médica de calidad. Además, no existe un equipo de recurso humano disponible que esté de manera permanente en ese lugar ni tienen la población requerida para un EBAIS. Si es cierto la falta de desarrollo vial en esa comunidad, pero eso es una situación histórica que se ha mantenido en el tiempo y no es de resorte de esta unidad (…)” (el destacado fue agregado). (Ver prueba documental).

  • f)Al 29 de abril de 2024, la CCSS se encuentra en análisis sobre la viabilidad institucional de dotar de transporte aéreo al Área de Salud de Corredores. (Ver informe rendido bajo juramento por la presidenta ejecutiva de la CCSS).

III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente indica que, del 17 al 19 de marzo de 2024, la Defensa Pública visitó la comunidad de Alto Carona y se concluyó que la comunidad tiene un servicio de salud deficiente, en el que destaca la ausencia de un centro de atención primaria y de visitas médicas periódicas. Detalla que el punto de atención más cercano está en La Peña, a más de cuatro horas a pie por caminos solo transitables en verano. Expone que la lejanía y lo difícil de la vía impiden el desplazamiento de personas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas, lo que muchas veces resulta en que no se beneficien de las visitas de salud cuando se efectúan. Manifiesta que las vías de acceso desde el lado costarricense son intransitables y, depende de la época del año, el costo del transporte llega a $170, suma fuera de las posibilidades de las personas amparadas, dada su condición de pobreza. Indica que, debido a la geografía costera, el desplazamiento marítimo tampoco es viable. Pide que se ordene a la CCSS garantizar la prestación del servicio de salud a la población Ngäbe-buglé de Alto Carona y a la Municipalidad de Golfito a habilitar los caminos necesarios para garantizar el acceso al territorio Conte Burica.

El Tribunal comprueba que, a partir de setiembre de 2018, el Área de Salud de Golfito cuenta con una casa de visita periódica conformado por “1 médico, 1 redes, 1 auxiliar, 1 farmacéutico, 1 atap” en la reserva indígena de Conte Burica. Además, se realiza una gira comunitaria por semana a la comunidad de Progreso y giras odontológicas en el Ebais Alto Conte. mediante oficio nro. 0391-03-19 del 12 de marzo de 2019, la Dirección Regional de Servicios de Salud Región Brunca comunicó que las comunidades de La Peña y Carona pasaron a estar adscritas al Área de Salud de Corredores y al hospital de Ciudad Neily. Mediante oficio ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, el Área de Salud de Corredores de la CCSS expuso: “(…) 3-En relación con los habitantes de Alto Carona, a esta población no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas. Por lo anterior se solicitó compra de servicios de helicóptero lo cual no se ha otorgado el aval. Cabe mencionar que oficio GM-16890-2023 la Gerencia Médica manifiesta: “Mediante oficio PE-4488-2023 la Presidencia Ejecutiva informó que el convenio de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social para el traslado de pacientes en estado crítico de salud, asistencia médica a comunidades de difícil acceso y traslado de funcionarios para la atención de desastres y emergencias, finalizó su vigencia el pasado 24 de octubre…” Además, es importante considerar que no hay un protocolo y/o lineamiento actual para transportar funcionarios en helicóptero para atención ordinaria de pacientes, eso de acuerdo a (sic) lo indicado por la misma Gerencia en oficio de marras: “…Aunado a ello se informa que, esta Gerencia designa al Dr. Ranjit Singh Apolayo y al Dr. Armando Cortés Ruiz, ambos asesores de esta Gerencia, para que colaboren en la revisión y actualización del protocolo para el traslado de pacientes en ambulancia, tomando en cuenta que se debe incluir el traslado de funcionarios; lo anterior en vista de los cambios que se han generado a la luz del cese del convenio con el Ministerio de Seguridad Pública…” También es importante considerar lo recomendado por Auditoría Interna en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre del 2021: “…La Caja Costarricense del Seguro Social como encargada de velar por la salud de la población, tiene el compromiso por brindar estas atenciones a las distintas comunidades ubicadas a lo largo del país, sin embargo, es necesario que los usuarios y los funcionarios gocen de condiciones mínimas para brindar este servicio, condiciones que pareciera no se cumplen en algunos puestos de visita periódica adscritos al Área de Salud de Corredores, debido a que presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos. Aspectos que no solo afectan la calidad de la atención, sino también la adecuada conservación de la infraestructura…” El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos (…) HECHOS. 1. Para que esta unidad pueda atender a los pobladores de Punta Burica distrito Pavones, los funcionarios deben ir por tierra desde Paso Canoas hasta cercanías de Puerto Armuelles, reingresando al territorio nacional llegando hasta a la playa (con riesgo a los vehículos institucionales), recorriendo unos 20 Km, se ingresa por la montaña, hasta llegar al PVP La Peña en el poblado La Peña. No se puede accesar a vía terrestre de manera ordinaria a Alto Carona ya que no hay caminos transitables. 2. La comunidad de Alto Carona tiene un Puesto de Visita Periódica PVP que no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos. La institución construyó el PVP La Peña para la atención de los pobladores de Punta Burica en el poblado La Peña antes de la re-sectorización y posteriormente a esta fue trasladado junto con las comunidades al Área de Salud Corredores, no fue ni decisión ni recomendación de esta unidad que se construyera ese PVP en ese poblado. No es competencia de esta unidad decidir la construcción de una sede de EBAIS en Alto Carona. 3. Partiendo del hecho que los pobladores de Punta Burica distrito Pavones se decidieron trasladar al Área de Salud Corredores, fue según oficio ASC-SAVE-0862, porque consideraron mayor facilidad de acceso a esta unidad vía terrestre. El PVP está en La Peña, y no es cierta la afirmación que es irregular la atención en salud en ese puesto de salud, las giras médicas las hace el EBAIS móvil integrado por un médico una auxiliar de enfermería un funcionario de registro médicos y un farmacéutico, se avisan con antelación por el funcionario Asistente Técnico ATAP que vive en la zona y a través del Comité de Salud, estas se realizan todos los meses una semana completa (hay una agenda de giras medicas se adjunta), de enero a agosto, ya que en septiembre con la temporada lluviosa los caminos se hacen intransitables y se suspenden para no poner en riesgo a los funcionarios, hasta tanto no se cuente con servicio de transporte aéreo, el protocolo existente es para el traslado de pacientes en ambulancia, no para el traslado de funcionarios, por lo que no hay una legalidad para hacer que los funcionarios asuman el riesgo de transportarse por helicóptero. Cabe destacar que en febrero se acudió a La Peñita por una actividad especial de la comunidad, pero no cumplía con las condiciones mínimas requeridas para brindar una adecuada atención médica. El puesto de salud La Peña está muy bien equipado con lo que se requiere para dar una atención médica de calidad. Además, no existe un equipo de recurso humano disponible que esté de manera permanente en ese lugar ni tienen la población requerida para un EBAIS. Si es cierto la falta de desarrollo vial en esa comunidad, pero eso es una situación histórica que se ha mantenido en el tiempo y no es de resorte de esta unidad (…)” (el destacado fue agregado). Finalmente, la presidenta ejecutiva de la CCSS informa que, al 29 de abril de 2024, esa institución se encuentra en análisis sobre la viabilidad institucional de dotar de transporte aéreo al Área de Salud de Corredores.

Primeramente, cabe destacar que el sub examine se planteó a favor de las personas indígenas de Alto de Carona, motivo por el cual resulta de relevancia citar lo indicado por este Tribunal en la sentencia nro. 2018012113 de las 9:20 horas del 27 de julio de 2018:

“III.- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INDÍGENAS. Por sentencia No. 3003-92 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, con motivo de la consulta preceptiva de constitucionalidad relativa al Convenio 169 de la OIT, esta Sala se pronunció sobre la relevancia constitucional de la protección a los indígenas, articulada dentro de un marco democrático y respetuoso de los derechos humanos. En concreto, este Tribunal señaló: a)Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social; b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c) Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante - medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial-.

Asimismo, concluyó que lejos de contener enfrentamientos con la Constitución Política, («) el Convenio 169 refleja los más claros valores de nuestra nacionalidad democrática, desarrollando los derechos humanos de los indígenas costarricenses y puede ser un punto de partida para iniciar una revisión de la legislación secundaria para adaptarla a estas necesidades («).

Ahora bien, la parte V del Convenio, denominada Seguridad Social y Salud estatuye una serie de disposiciones relacionadas al derecho a la salud, así. Artículo 24, “Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”. Artículo 25 “…1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental…

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los ciudadanos primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país…” (…)

VII.- CASO CONCRETO. En el presente asunto, los recurrentes alegan que los amparados son menores de edad indígenas, que presentan discapacidad y requieren de trabajos de rehabilitación -la menor [Nombre 003] (parálisis cerebral y el menor [Nombre 002] (lisencefalia)-. No obstante, para ser atendidos en rehabilitación, deben trasladarlos a la provincia de San José o Limón, por cuanto, no existe algún profesional de rehabilitación en el EBAIS de la zona de Alta de Talamanca, aunado a que los menores, no cuentan con alguna pensión del Estado. Reclaman que por lo expuesto, se les dificulta el traslado de los menores amparados a las citas médicas. Acusan que, mediante el voto No. 2013-010885, esta Sala había ordenado al Área de Salud de la zona Alta de Talamanca, brindar el tratamiento a algunos niños con discapacidad de la zona.

Al respecto, la Sala determina que la Caja Costarricense de Seguro Social proporciona atención médica a los amparados en el EBAIS de Amubri, además son referidos a terapia física al Hospital Nacional de Niños y al Hospital Dr. Tony Facio Castro. Asimismo, se verifica que en la zona de Talamanca no se dispone de ningún recurso humano que brinde rehabilitación a los pacientes que requieren ese servicio, y por ello, se refieren a otros centros médicos que si cuentan con un especialista. Tal proceder de la Administración no es posible validar, por cuanto equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena a partir del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes-aprobado por Ley No. 7311 de 30 de noviembre de 1992-, desarrollado en el primer considerado de fondo de esta resolución. Además de la especial protección que debe imperara a las personas que sufren discapacidad. Esta Sala no desconoce de la facultad que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social para organizarse a fin de prestar los servicios de salud a la ciudadanía, como el clasificar éstos en tres niveles de atención. Ello en procura de una mejor utilización de los fondos públicos. No obstante, esa organización no puede ir en demérito del acceso a la asistencia médica de las personas usuarias, máxime si éstas, son personas indígenas que sufren discapacidad las cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Máxime que el Estado Costarricense se ha comprometido a brindarles una tutela especial y diferenciada al resto de la población por su histórica precariedad, compromiso que también ha adquirido para personas con discapacidad. Así las cosas, pretender que los menores amparados se trasladen a recibir rehabilitación a cientos de kilómetros de su lugar de origen, no es más que institucionalizar su desigualdad. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, y ordenar a Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que de forma inmediata realice las gestiones pertinentes y ejecute las acciones necesarias para que en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde en el centro médico más cercano al domicilio de los menores amparados [Nombre 002] Y [Nombre 003], el servicio de rehabilitación física y/o terapia física, que requieren de conformidad con el criterio de sus médicos tratantes. Asimismo de ser posible la rehabilitación física y/o terapia física se deberá dar a los amparados en su casa de habitación. Además, deberá realizar las coordinaciones necesarias para garantizar la atención médica y el transporte de los amparados al Hospital Nacional de Niños, o en su caso en el Hospital Tony Facio, de acuerdo a (sic) las especialidades medicas (sic) que requieran los pacientes (…)” (la negrita fue incorporada).

En similar sentido, en la sentencia nro. 2019005560 de las 9:30 horas del 29 de marzo de 2019, esta Cámara se pronunció en relación con el derecho a la salud de las personas indígenas:

“XII. El derecho a la salud y las personas indígenas. Este Tribunal ya ha hecho expresa referencia al reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de los miembros de los pueblos indígenas, a la luz del Derecho de la Constitución. Así, por ejemplo, en la sentencia número 1786-93 de las 16:21 horas del 21 de abril de 1993, este Tribunal sentó como premisa general que nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos imponen a la conducta de todos los hombres. De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas. Como consecuencia de lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico, mediante el Convenio No.169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, reconoce una serie de derechos individuales y colectivos relativos a educación, salud, entre otros. En cuanto a este Convenio, esta Sala, mediante sentencia número 3003-92 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, emitida con ocasión de la consulta preceptiva de constitucionalidad formulada respecto del «Proyecto de ley de aprobación del "Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes"», adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) en su LXXVI Conferencia, celebrada en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989, también conocido como Convenio No. 169, dispuso en lo que interesa: «[...] El Convenio consultado, dentro del ámbito general de las materias encomendadas a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) plasma en un instrumento internacional jurídicamente exigible, una serie de derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales tendentes, no sólo a fortalecer la dignidad y atributos esenciales a los indígenas como seres humanos, sino también, principalmente, a proveer medios específicos para que su condición de seres humanos se realice plenamente a la vista de la situación deprimida, a veces incluso explotada y maltratada, en que viven los aborígenes de muchas naciones; situación que no es del todo ajena al Continente Americano, donde las minorías, y a veces mayorías indígenas se encuentran prácticamente zzadas [sic] de la civilización predominante, mientras, por otra parte, sufren la depresión y el abandono de sus propias tradiciones y culturas. Hoy, en el campo de los derechos humanos, se reconoce, en resumen: a) Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social: b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c)Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante -medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial…” . Ahora bien, en el citado convenio, específicamente en el artículo No. 3 se establece que los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, evidentemente, entre ellos, el derecho a la salud, sin obstáculos o discriminación. Asimismo, el artículo No. 4 dispone que deban adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las personas indígenas. En ese orden de ideas, el artículo No. 7 del citado instrumento, señala que el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, del nivel de salud y educación deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. En ese sentido, los artículos 24 y 25 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo son un reflejo de las obligaciones que tiene el Estado en materia de seguridad social y en el derecho a la salud. Para un mejor entendimiento, se procede a transcribir los citados numerales:

“Artículo 24. Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”.

“Artículo 25. 1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país”.

Por ende, los pueblos indígenas de nuestro país por disposición constitucional y convencional tienen una especial protección y además, se les debe garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, entre ellos, sin duda, el derecho a la salud. Aunado a ello, es por medio de una asistencia en salud adecuada y oportuna que permiten salvaguardar a las personas indígenas y mejorar las condiciones del nivel de salud, así como la posibilidad que se ejerzan otros derechos fundamentales que sin una buena condición de salud, no se podrían ver satisfechos” (el énfasis fue agregado).

Por su parte, sobre la prestación eficiente del servicio de salud, conviene traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2023021882 de las 13:32 horas del 1° de setiembre de 2023:

“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte accionante acusa que desde hace más de seis años la CCSS es conocedora de las limitaciones de servicio brindado a la comunidad de Paso Tempisque, dado que no se cuenta con personal y espacio suficiente para atender a la población. Agrega que, desde el año 2020, el Área de Salud de Carrillo emitió un estudio de resectorización, en el cual se destacó la necesidad de abrir una nueva sede de Ebais en Paso Tempisque, debido al hacinamiento que sufre. Expone que, para ello, la propuesta ha sido la de utilizar la sede actual de Ebais de Paso Tempisque para alojar un Ebais vespertino, pero es necesario dotarlo de personal. Sostiene que las autoridades accionadas no han actuado bajo el argumento de que no cuenta con los recursos económicos suficientes para brindar el servicio, a pesar de que reconocen que es insuficiente y que al mismo tiempo se está imponiendo al personal existente horarios extenuantes y largas jornadas laborales. Solicita que se ordene dotar de personal suficiente el Ebais vespertino.

Este Tribunal verifica que, el 17 de mayo de 2017, el Área de Salud de Carrillo efectuó un estudio de resectorización, por medio del cual se determinó una brecha de cinco Ebais, del cual se dotó uno y se está en espera de los otros cuatro, dentro de los cuales se encuentra el del sector de Paso Tempisque. Además, desde enero de 2020, el Consejo Municipal de Carrillo ha gestionado ante la CCSS la apertura de una nueva sede del Ebais Paso Tempisque.

El 14 de enero de 2020, la CCSS emitió el informe “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo”, en el que se establece: “(…) según la estimación efectuada por la Unidad de prestación de servicios de Salud del nivel central, de acuerdo al (sic) análisis de Re sectorización del 16 de mayo del 2017. Nuestra Unidad, mantiene una brecha de necesidad de 4 EBAIS, para brindar atención integral a la población a cargo. Es importante resaltar que nuestra Unidad, requiere de estos 4 EBAIS para satisfacer la necesidad de brindar atención integral en salud a la población adscrita, en cumplimiento con el objetivo de la atención primaria de salud, del primer nivel de atención, como corresponde a nuestra Área de Salud: Accesibilidad Aceptable a toda la población, con el fin último de satisfacer las necesidades de las personas en las diferentes edades, haciendo uso eficiente de los recursos públicos. (…) La población que atiende el EBAIS de Paso Tempisque (Cuadro # 1. población actual del Distrito de Palmira: 6791 habitantes), tal y como se ha señalado en diferentes oportunidades, sobrepasa la capacidad instalada del equipo, tal y como ha sido planteado por la Comunidad y el Consejo Municipal del Cantón, mediante el oficio MC-SCM-821-2020, de fecha 26 de noviembre de 2020, en el cual la comunidad reitera su solicitud de la creación de un nuevo EBAIS para Paso Tempisque de Carrillo, con servicio vespertino, con el objetivo de aprovechar los recursos ya existentes y así atender el rezago de población que no está recibiendo atención integral (…) El EBAIS de Paso Tempsique (sic), ubicado en el Distrito de Palmira, está integrado por 2 ATAPs, 1 médico, 1 asistente de REDES, 1 Auxiliar de enfermería, 1 Farmaceutico (sic) y 1 Técnico de farmacia. 1 miscelaneo (sic) y guarda de seguridad de 4:00 pm a 7:00am, por terceros. De semana de por medio, se brinda atención odontológica, con el profesional de odontología y asistente dental, que cubre tambien (sic) el Distrito de Belén. El horario de atención es de Lunes a Jueves de 7:00 am a 4:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm. Durante 1 día al mes, se realiza atención en PVP de Comunidad. En cuanto a la medición de satisfacción al usuario, el Cantón de Carrillo ha descendido de un 85% a un 73% en los ultimos (sic) años, siendo uno de los principales motivos, el que los usuarios se quejan de No encontrar campos para ser atendidos, siendo este, uno de los sectores que presenta ese problema. (…) 2.1 Nombre del Proyecto Ampliación de Horario de atención en sede de EBAIS de Paso Tempisque 2.2 Unidad Responsable Area (sic) de Salud Carrillo. UE: 2560 2.3 Modalidad del proyecto 2.3.2 Consulta lunes a jueves de 4:00 pm a 10:00 pm, Viernes de 3:00 pm a 10:00 pm y, sábados de 4:00 pm a 10:00 pm, con programación de 04 pacientes por hora (…) El costo estimado es de 13 millones mensuales, lo cual representa aproximadamente, 150 millones anuales. En cuanto a la inversión en servicios públicos, se estima un incremento anual de aproximadamente 10 millones en energía eléctrica (cuenta 2126), y 500 mil colones en servicio de agua. El consumo en telecomunicaciones, es de aproximadamente 300 mil colones anuales. En insumos y suministros, es de aproximadamente 7 millones de colones anuales (…)” (la negrita fue incorporada).

El 31 de enero de 2020, el Área de Salud de Carillo remitió el oficio DASC-0033-2020 a la DRIPSSCH de la CCSS, en el que se lee: “Lo solicitud del EBAIS, que plantea lo comunidad del Distrito de Palmira, representado por el Gobierno local, es totalmente válida y respaldada por esta Dirección Médica; necesidad que ha sido demostrada por el estudio de Re sectorización del Área de Salud Carrillo, efectuado desde el año 2017, ya que es cierto que el sector de Palmira requiere un EBAIS más, al igual que los otros sectores mencionados. Esta brecha, impacta de manera negativa en la calidad de los servicios, debido a la alta demanda de atenciones de usuarios que no encuentran campo en sus sedes de EBAIS, entre ellas, la de paso Tempisque, las cuales deben brindarse en el servicio de emergencias. La sede del EBAIS de Paso Tempisque también podría alojar un EBAIS vespertino como el que tenemos en Sardinal, por lo cual, si nos dotaran de las plazas en estos momentos, no tenemos inconvenientes de infraestructura, ni de seguridad ni de limpieza, ya que lo tenemos por contratación de terceros” (el resaltado fue añadido). Además, el 21 de julio de 2020, la directora del Área de Salud de Carrillo certificó que: “en el Área de Salud Carrillo, Caja Costarricense de Seguro Social, Unidad programática 2560, Tenemos la posibilidad de albergar en forma inmediata a EBAIS en un segundo turno, en instalaciones existentes y que se encuentran en óptimas condiciones, en las siguientes ubicaciones: 1. Sede de EBAIS Paso Tempisque. 2. Sede de EBAIS La Costa. Este EBAIS se encuentra en proceso de construcción, el cual finaliza en el mes de diciembre del 2020”.

Por oficio GM-2456-2021 del 23 de febrero de 2021, la Gerencia Médica de la CCSS indicó a un diputado de la Asamblea Legislativa: “Este Despacho en atención de su oficio DLAC-004-2021 de fecha 11 de enero de 2021, donde adjunta el acuerdo 02, inciso 05 emitido en la Sesión Ordinaria N°51-2020 del Consejo Municipal de Carrillo – Guanacaste sobre la solicitud de creación de una nueva sede de EBAIS en Paso Tempisque de Carrillo con un servicio Vespertino; en este sentido, se procedió a realizar las consultas técnicas al nivel central y regional sobre este planteamiento, obteniéndose los siguientes resultados. - La Dirección de Proyección de Servicios de Salud (GM-0844-2021), en el oficio GM-DPSS-0080-2021, de fecha 17 de febrero de 2021, concluye lo siguiente: “…De acuerdo con el estudio” Plan de Acción para la conformación de EBAIS y Fortalecimiento de las Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, versión #2” realizado por esta Dirección, para el Área de Salud Carrillo se ha planteado una brecha de dos sectores más. Es decir, un total de 11 sectores de salud. En cuanto al dato poblacional mostrado anteriormente se puede apreciar que esta necesidad de dos nuevos sectores está en el sector de La Costa, adicionalmente este sector presenta la particularidad que es el más lejano de la sede del Área de Salud y debe cubrir la población turística de la zona. El otro sector requerido por población es el de Paso Tempisque, presenta la particularidad que se encuentra a pocos kilómetros de la sede del Área de Salud. - El subrayado no corresponde al texto original- Se ha confirmado con el nivel local sobre estas necesidades y se confirma que es en estos lugares donde se requieren dichos sectores de salud…” - La Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, en el oficio DRIPSSCH-ARPLAI-0003-2021(DRIPSSCH-0082-2021), suscrito por el Dr. Eddy Apuy Muñoz, Asistente Médico y la Licda. Juliana Monge Agüero, Coordinadora del Área de Planificación y Control Interno, de la Dirección Red Integrada de Prestación de servicios de Salud Chorotega, concluye que “…Por lo que, una vez analizados los argumentos expuestos en el presente informe, así como lo reiterado en la sección de antecedentes, en el apartado 5, esta Dirección de Red considera pertinente el Proyecto de Apertura de Consulta del EBAIS Vespertino, en beneficio de la población del cantón y comunidades aledañas. Se recomienda además que se implemente con la dotación de plazas por un período de 6 meses y se valore la continuidad de este servicio…”- El subrayado no corresponde al texto original- De acuerdo con lo anterior, la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N° 9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020)” (el destacado fue agregado).

Por oficio GM-6317-2021 del 19 de mayo de 2021, la Gerencia Médica de la CCSS indicó a la Municipalidad de Carrillo: “(…) como es de su conocimiento. esta Gerencia emitió el oficio GM-2461-2021, de fecha 23 de febrero de 2021, en donde se señaló lo siguiente: “… conforme los criterios técnicos solicitado se ratifica la necesidad de creación del EBAIS Paso de Tempisque de Carrillo, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que esta ha generado en la institución, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N° 9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020) …” En este sentido, es menester informarle que no ha existido cambio significativo en lo señalado en el párrafo anterior, por lo que esta Gerencia, se encuentra vigilante de las disposiciones de las autoridades institucionales superiores en materia financiera y una vez que las limitaciones a este nivel sean superadas. se programará según corresponda la atención de esta necesidad en beneficio de la salud de los pobladores del Cantón y de Paso Tempisque (…)”. Mediante memorial MC-ALC-CRR-435-2022 del 7 de marzo de 2022, la Municipalidad de Carrillo reiteró a la CCSS la urgente necesidad de contar con la sede de un Ebais en Paso Tempisque.

Por memorial DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega señaló: “Esta Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, procede a informar que en relación con esta solicitud se remitió criterio técnico a la Gerencia Médica, mediante el oficio adjunto DRSS-DRIPSSCH-0082-2021. Posteriormente, se recibe copia de la respuesta de la Gerencia Médica, al Diputado Luis Antonio Aiza Campos, mediante el oficio anexo GM-2456-2021, el cual indicaba textualmente: “De acuerdo con lo anterior, la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N°9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020).” Por lo anteriormente expuesto, la conformación del nuevo EBAIS, está supeditado a las condiciones financieras de la Institución, de acuerdo a (sic) lo indicado por la Gerencia Médica, en su oficio GM-2456-2021”. Además, por oficio GM-7414-2022 del 15 de junio de 2022, la Gerencia Médica de la CCSS expuso: “(…) mediante oficio DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, el Dr. Warner Picado Camarena, Director, Dirección Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Chorotega, traslada el siguiente informe: "...Esta Dirección de Red Integrada de Prestación da Servicios de Salud Chorotega, procede a informar que según se indicó en informes anteriores: El Ebais de Paso Tempisque, que está adscrito al Área de Salud de Carrillo, se ubica en el Distrito de Palmira, lo integran: 2 ATAPS, 1 médico, 1 asistente de REDES, 1 Auxiliar de enfermería, 1 Farmacéutico y 1 Técnico de farmacia. Además de 1 miscelánea y guarda de seguridad de 4:00 pm a 7:00am, mediante contratación por terceros. De semana de por medio, se brinda atención odontológica, con el profesional de odontología y asistenta dental, que cubre también el Distrito de Belén. El horario de atención es de lunes a jueves de 7:00 am a 4:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm. Durante 1 día el mes, se realiza atención en el Puesto de Visita Periódica de Comunidad. Aunado a lo anterior se remitió criterio técnico a la Gerencia Médica, en relación con la necesidad de un Ebais adicional, mediante el oficio DRSS-DHIPSSCH-0082-2021, (el cual se adjunta). Posteriormente, se recibe copia de la respuesta de la Gerencia Medica, al Diputado Luis Antonio Aiza Campos, mediante el oficio anexa GM-2456-2021, en el que se indica textualmente: “De acuerdo con lo anterior la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de piezas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditada a las condiciones financieres ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva (…)” Por lo que, según lo expuesto anteriormente, la conformación del nuevo Ebais para el distrito de Paso Tempisque, es una necesidad evidente que ha sido analizada y se encuentra supeditada a las condiciones financieras de la institución..." En virtud de la anterior, este Despacho informa que actualmente se está brindando la atención como se describió anteriormente, a la población de la comunidad de Paso Tempisque, además de que como lo indica la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora Dirección de Proyección de Servicios de Salud, mediante oficio GM-DPSS-0080-2021; de acuerdo con el estudio Plan de Acción para la conformación de EBAIS y Fortalecimiento de las Áreas de Salud de la CCSS. versión #2' a la fecha se han realizado los estudios pertinentes para determinar la necesidad de nuevos sectores para el cantón de Carrillo Guanacaste, incluyendo el Ebais de Paso Tempisque, los cuales, según la política financiera y condiciones económicas, están programadas para su creación entre el año 2022-2026, de acuerdo a (sic) la programación. Así las cosas, este Despacho brinda el informe sobre las gestiones realizadas con respecto a la construcción de la nueva sede del EBAIS en Paso Tempisque, sin embargo reitera que debido a le pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que han generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras”.

El 22 de diciembre de 2022, por memorial DRSS-DRIPSSCH-0987-2022, el director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega remitió a la Dirección de Proyectos de Servicios de Salud de la CCSS la propuesta de priorización de Ebais para el año 2023, en la que se menciona al Área de Salud Carillo, específicamente al Ebais Paso Tempisque, modalidad “Vespertino, plazas rotativas”.

El 20 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS indicó por memorial GM-10588-2023: “según el análisis que se realiza con respecto a la necesidad de disminución de brechas de EBAIS de las Direcciones de Red Integradas de prestación de Servicios de Salud, se tiene la priorización de la conformación del recurso humano para la apertura de 1 EBAIS en Paso Tempisque. Es menester indicar que esta Gerencia para la dotación del recurso humano para la creación del EBAIS mencionado anteriormente y el resto de EBAIS priorizados a nivel nacional, se encuentra a la espera de la definición del límite de creación de plazas que indique la Junta Directiva para el periodo 2023 o los periodos subsiguientes”.

Finalmente, por oficio GM-10689-2023 del 21 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS señaló: “(…) El Consejo Financiero y de Control Presupuestario en el artículo 2 de la sesión 255-18, celebrada el 19 de julio de 2018, dispuso: “…Priorizar la creación de plazas institucionales de conformidad con el siguiente orden: los convenios internacionales, el cumplimiento de las leyes, las disposiciones de la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva y las necesidades planteadas por las Gerencias, siendo el Consejo Financiero y de Control Presupuestario el Órgano encargado de conocer la propuesta de creación de plazas, para definir su priorización en determinado tracto y emitir el aval para que se proceda con la validación técnica por parte de la Dirección Administración y Gestión de Personal. Asimismo, se mantiene lo dispuesto en la circular GA-51002-12, con fecha 06 de diciembre 2012, suscrito por el Cuerpo Gerencial (Ref. PE-0418-2018 del 21 de febrero 2018, suscrito por Dr. Fernando Llorca Castro, presidente ejecutivo) sobre el procedimiento para la elaboración de los estudios técnicos para la determinación de necesidades de recursos humanos a nivel institucional (…)”. Cabe aclarar que, la Gerencia Financiera definirá anualmente el límite máximo de creación de plazas conforme las posibilidades financieras de los seguros administrados por la institución, las cuales deben orientarse a los programas y actividad prioritarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el 2022 y el 2023 el límite máximo de creación de plazas con financiamiento central será de 670 plazas para cada año, se exceptúan las plazas de financiamiento local y aquellas relacionadas con servicios especiales. Para el caso de plazas con financiamiento local y servicios especiales se considerará las posibilidades financieras y las prioridades institucionales, por lo que se transcribe lo indicado por la Política Presupuestaria 2022-2023 del Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen no Contributivos de Pensiones: Lineamiento 6: Recursos presupuestarios para servicios personales (remuneraciones) “…Estrategias a. La Gerencia Financiera definirá anualmente el límite máximo de creación de plazas conforme las posibilidades financieras de los seguros administrados por la institución, las cuales deben orientarse a los programas y actividad prioritarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el 2022 y el 2023 el límite máximo de creación de plazas con financiamiento central será de 670 plazas para cada año…” En relación con lo indicado, para el periodo 2023 y según los acuerdos del Consejo Financiero y Control Presupuestario, la cantidad de plazas que cuentan en este momento con validación técnica por la Dirección de Administración y Gestión de Personal para la creación de plazas nuevas, supera la cifra ya previamente definida por Junta Directiva. Situación que nos deja en espera de las acciones que deba tomar dicha instancia para dar cobertura a las necesidades priorizadas por esta Gerencia. Es importante señalar que las plazas del EBAIS de Paso Tempisque, no han sido priorizadas por esta Gerencia, sino que, fueron identificadas por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega y trasladadas a este Despacho, donde cumpliendo con el orden de priorización, fueron trasladadas para revisión y análisis técnico a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, instancia que las tiene consideradas en un segundo tracto de dotación de plazas para el reforzamiento del I Nivel de Atención, y cumpliendo con lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 6° de la sesión N° 9231, celebrada el 06 de enero del año 2022, referente al Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, que a saber indica: […] “ARTICULO 6º Se conoce oficio N° GG-4192-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito por Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente, mediante el cual presenta: PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.” PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.” Por tanto, Considerando la propuesta del Plan de reducción de brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo contenido en el oficio GG-PFPSS-0217-2021 suscrito por el Dr. Luis Carlos Vega Martínez en calidad de Director del Programa de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud y lo expresado en el oficio GG-4192-2021 suscrito por el Dr. Roberto Cervantes Barrantes en su calidad de Gerente General, la Junta Directiva -en forma unánime -ACUERDA: ACUERDO PRIMERO Aprobar para su implementación el Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, orientada a fortalecer la atención integral, con énfasis en las actividades de promoción y prevención. La creación de plazas y los gastos requeridos por el plan de reducción de brechas deberán ser aprobados anualmente de conformidad con el procedimiento institucional establecido para estos fines, de acuerdo con el proceso de implementación del plan y de manera consistente con la situación y posibilidades financieras del seguro de salud. ACUERDO SEGUNDO Designar a la Gerencia Médica para que desarrolle y conduzca los procesos necesarios relacionados con recursos humanos, presupuesto, infraestructura, abastecimiento y normativa asociada, para garantizar la implementación del Plan de Reducción de Brechas del Primer Nivel de Atención en el Corto y Mediano Plazo, con el involucramiento activo de las DRIPSS y las unidades institucionales pertinentes, en concordancia con lo dispuesto en el acuerdo primero. […] En virtud de lo anterior, esta Gerencia Médica ha definido las priorizaciones considerando en primera instancia la dotación de recurso humano para la sostenibilidad de la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras, acuerdos de Junta Directiva, proyectos institucionales, proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y otros, donde se han tenido que abarcar en diferentes fases para poder satisfacer las necesidades generales. Es así como se determina que las plazas para el EBAIS de Paso Tempisque se encuentran para ser priorizadas según el Plan dispuesto por la Junta Directiva, antes citado” (el énfasis fue añadido).

Visto lo anterior, cabe destacar que este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que:

“VI.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios (…) Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.

VII.- EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables -en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública-, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias- de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública)” (el destacado fue agregado) (véanse las sentencias nros. 2003013863 de las 17:13 horas del 2 de diciembre de 2003, 2010012297 de las 14:42 horas del 21 de julio de 2010, 2013004539 de las 14:30 horas del 9 de abril de 2013, 2015008671 de las 9:05 horas del 12 de junio de 2015, 2019007242 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2019, 2021022837 de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2021, 2023019503 de las 9:45 horas del 9 de agosto de 2023, entre otras).

A partir de lo expuesto, en el sub iudice se evidencia la lesión a los derechos fundamentales por parte de la CCSS, como de seguido se explica. De la abundante prueba documental adjunta al expediente, se tiene por plenamente demostrado que, desde el año 2017, la CCSS reconoció la ineficiente e ineficaz prestación del servicio de salud en Paso Tempisque, así como la consecuente necesidad de dotar a esa comunidad de un nuevo Ebais. Precisamente, en el informe “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo” del 14 de enero de 2020, la CCSS consideró que la población atendida por el centro médico de esa localidad “sobrepasa la capacidad instalada del equipo”, por lo que se estimó oportuno crear un nuevo Ebais con servicio vespertino a fin de aprovechar los recursos existentes. Adicionalmente, la ineficiente e ineficaz prestación del servicio aludido se refleja en el oficio DASC-0033-2020 del 31 de enero de 2020, en el que el Área de Salud de Carrillo señaló que: “Esta brecha, impacta de manera negativa en la calidad de los servicios, debido a la alta demanda de atenciones de usuarios que no encuentran campo en sus sedes de EBAIS, entre ellas, la de paso Tempisque”. Incluso, en el oficio DRSS-DRIPSSCH-0987-2022 del 22 de diciembre de 2022, la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega incluyó a Paso Tempisque como parte de la propuesta de priorización de Ebais para el año 2023 en la modalidad vespertina.

Ahora bien, a pesar de que, desde el año 2017, la CCSS ha reconocido la necesidad de ampliar la oferta de servicios de salud a la población de Paso Tempisque y a que diversos actores sociales han planteado gestiones con el propósito de solventar esa problemática, en el sub examine se tiene por demostrado que no se ha solucionado tal situación. Precisamente, en diversos memoriales que constan como prueba, las autoridades de la CCSS indican que la falta de creación de las plazas necesarias para la instalación del Ebais mencionado obedece a condiciones financieras, ello en apego a lo establecido por la Junta Directiva en el artículo 29 de la sesión nro. 9139 del 12 de noviembre de 2020. Además, en el memorial GM-7414-2022 del 15 de junio de 2022, la Gerencia Médica de la CCSS explicó que, según la política financiera y las condiciones económicas, la creación del Ebais de Paso Tempisque está programada entre los años 2022 y 2026.

Pese a ello, en el sub iudice no se cuenta con elemento probatorio alguno de que, efectivamente, la situación objeto de este recurso vaya a ser atendida antes del año 2026, lo cual se refleja en el hecho de que en el oficio GM-10689-2023 del 21 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS indicó que “las plazas del EBAIS de Paso Tempisque, no han sido priorizadas por esta Gerencia, sino que, fueron identificadas por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega y trasladadas a este Despacho, donde cumpliendo con el orden de priorización, fueron trasladadas para revisión y análisis técnico a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, instancia que las tiene consideradas en un segundo tracto de dotación de plazas para el reforzamiento del I Nivel de Atención, y cumpliendo con lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 6° de la sesión N° 9231, celebrada el 06 de enero del año 2022, referente al Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo”. Adicionalmente, adviértase que esta Cámara Constitucional ha sido enfática al señalar que, en el marco de un Estado constitucional, social y democrático de derecho, no resulta de recibo aducir limitaciones financieras o presupuestarias para eludir la eficiente prestación de un servicio tan esencial como el de salud, toda vez que, tal como se indicó ut supra, es un imperativo constitucional que ese servicio sea prestado de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere, tal como se consignó, entre otras, en las sentencias nros. 2003013863 de las 17:13 horas del 2 de diciembre de 2003, 2010012297 de las 14:42 horas del 21 de julio de 2010, 2013004539 de las 14:30 horas del 9 de abril de 2013, 2015008671 de las 9:05 horas del 12 de junio de 2015, 2019007242 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2019, 2021022837 de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2021, 2023019503 de las 9:45 horas del 9 de agosto de 2023.

Por ende, se acoge el recurso, con la orden que se dicta en la parte dispositiva de esta sentencia (…)

Por tanto:

Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se les ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Eva Camargo Batista, por su orden, presidenta ejecutiva a cargo de la Gerencia General y directora médica del Área de Salud de Carrillo, así como a quien desempeñe el puesto de director regional de la Red de Servicios de Salud de la región Chorotega, todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias respectivas para que, dentro del plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se solucione de manera definitiva la problemática acusada por el recurrente, atinente a la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud en Paso Tempisque. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. Notifíquese” (el resaltado fue agregado).

En suma, este Tribunal Constitucional ha sido consistente en recalcar la tutela especial de las personas indígenas, así como la relevancia del derecho a la salud que constituye la piedra angular sobre la que descansan el resto de derechos fundamentales, por lo que su prestación debe responder a los criterios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación.

Ahora bien, en el sub examine se comprueba la lesión a los derechos fundamentales de las personas indígenas de Alto Carona, debido a la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS, lo que ha sido reconocido por la misma institución. En ese sentido, recuérdese que el Área de Salud de Corredores es la encargada de prestar el servicio de salud a la población de Alto Carona; empero, en el memorial ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, se reconoció que a esas personas usuarias “no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas (…) El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos”. Además, resulta de importancia considerar que en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre de 2021, la Auditoría Interna de la CCSS reconoció que los usuarios y funcionarios del Área de Salud de Corredores no cuentan con las condiciones mínimas para recibir y prestar, respectivamente, el servicio de salud, debido a que algunos puestos de visita periódica “presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos”.

Así las cosas, la propia CCSS reconoció al menos desde el año 2021 que el Área de Salud de Corredores, encargada de prestar el servicio de salud a la población tutelada de Alto Carona, no cuenta con las condiciones mínimas para brindar ese servicio. Además, la aludida Área de Salud indicó que a las personas usuarias de Alto Carona no se les efectúan visitas, debido a que “vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular”. Sobre el particular, adviértase que esta Cámara Constitucional no puede avalar la postura de la CCSS en cuanto a la falta de actuación diligente y célere para brindar el servicio de salud a favor de la población amparada, por cuanto hacerlo equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena. De este modo, si bien se reconoce la facultad de la CCSS para organizarse a fin de prestar el servicio de salud supramencionado, ello no puede ir en detrimento del acceso a la asistencia médica de las personas usuarias, en este caso, indígenas, quienes, como se indicó ut supra, gozan de una tutela especial en virtud de su condición de vulnerabilidad. Adicionalmente, nótese que en el sub lite no se cuenta con elemento probatorio alguno que permita acreditar que la situación objeto de este recurso será atendida con prontitud.

Por ende, al constatarse la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud a las personas indígenas pobladoras de Alto Carona por parte de la CCSS, se estima el recurso en cuanto a este agravio, según lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia.

IV.- Por otra parte, la recurrente acusa que los caminos para acceder al territorio indígena Conte Burica están en mal estado y solo son transitables en verano, lo que impide el desplazamiento de personas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas.

Al respecto, la Sala comprueba que, en junio de 2019, la Municipalidad de Golfito en conjunto con el Ministerio de la Presidencia, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Asociación de Desarrollo Indígena Punta Burica aprobó un proyecto de declaratoria de conveniencia nacional del “Mejoramiento del camino y rehabilitación del sistema de drenajes de toda la extensión longitudinal del camino a Punta Burica”. Posteriormente, el 10 de enero de 2022, la Municipalidad de Golfito giró la orden de inicio de la contratación directa “CD 2021 CD-000040-00044 denominado Servicios de ingeniería ambiental y forestal del camino Alto Comte -La Peña en fecha 23 de noviembre del 2021”, a fin de “era contar con el Inventario forestal y los estudios D1 (viabilidad ambiental) en un plazo de 60 días a partir de su adjudicación y formalización de contrato”. Mediante resolución nro. 1235-2022-SETENA del 21 de julio de 2022, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental brindó la viabilidad ambiental en relación con el camino Alto Comte-La Pena. En febrero de 2023 se dio inicio a “la reapertura del camino 6-07-203 denominado (Ent.C 178) Alto Conte – Fin del camino La Peña (Burica) con maquinaria municipal”. Lo anterior incluyó la conformación del camino del cruce de Buriki a Caña Blanca, las salidas de agua, ampliaciones y descuajes del sector, así como la colocación de seis pasos de alcantarilla. El 20 de noviembre de 2023 se dio la orden de inicio “a la contratación 2023LE-000026-0015500001, quedando adjudicada la empresa ALCAPRA S.A., (…) con un tiempo de ejecución de 200 días naturales, se intervinieron 4.5 km con una inversión aproximada a los ₡442.000.000.00”. Por último, entre mayo de 2023 y abril de 2024 se han realizado reuniones de seguimiento por parte del gobierno local de Golfito a fin de obtener apoyo económico para lograr la intervención total del camino público nro. 6-07-203 Alto Comte a puesto la playa la Peña.

Así las cosas, en la especie se comprueba que, si bien la Municipalidad de Golfito ha efectuado diversas gestiones, a la fecha el camino que permite el acceso a Alto Carona en el territorio indígena Conte Burica no está en óptimas condiciones. En ese sentido, tal como lo indicó el alcalde recurrido, ese gobierno local ha procurado obtener apoyo económico para intervenir completamente el camino público nro. 6-07-203. Además, recuérdese que en el oficio ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, el Área de Salud de Corredores de la CCSS expuso: “(…) 3-En relación con los habitantes de Alto Carona, a esta población no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso (…) No se puede accesar a vía terrestre de manera ordinaria a Alto Carona ya que no hay caminos transitables (…)”.

De modo que, en el sub examine se echa de menos una actuación diligente y célere de la Municipalidad de Golfito, a fin de atender la problemática atinente al estado del camino que da acceso a la comunidad de Alto Carona del territorio indígena Conte Burica, lo que ha dificultado, entre otras cosas, la prestación del servicio de salud. En consecuencia, también se estima el recurso en cuanto a este agravio.

V.- NOTA DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO. En tesis de principio, considero que los casos relacionados con la inactividad de la Administración Pública en la reparación, construcción, modificación o demolición de cualquier obra de infraestructura deben ser desestimados, por constituir, esa omisión, un tema de legalidad, cuya discusión corresponde a la jurisdicción ordinaria, ante la cual la persona interesada puede debatir, con mayor amplitud, sus disconformidades. Sin embargo, cuando de aquella conducta administrativa omisiva se derive alguna violación a otros derechos fundamentales tutelados en esta jurisdicción constitucional, o se afecten grupos considerados vulnerables, sí entro a conocer el fondo del asunto, por constituir esta situación una excepción a mi posición en esta materia, tal y como sucede en este caso, en que está de por medio la tutela de la seguridad e integridad física de una comunidad indígena, debido al mal estado en que se encuentra el camino que les da acceso a su poblado; siendo que a la fecha, las autoridades recurridas no han adoptado las medidas necesarias para dar solución a la problemática denunciada.

VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS.

En cuanto al reclamo de la falta de caminos.

Pese a que he concurrido con el voto en asuntos donde se plantean similares agravios, bajo una mejor ponderación estimo que este tipo de reproches donde se pretende la mejora y construcción de caminos se deben plantear en las vías ordinarias de legalidad. Lo anterior, máxime si, de los autos, no se constata la existencia de una persona debidamente individualizada que requiera del amparo de esta jurisdicción por las amenazas a los derechos fundamentales ya indicados o que pertenezca a un grupo vulnerable que demanda la intervención de esta Sala.

Considero que en tales supuestos procede, en primer término, cuestionar la inactividad ante las autoridades competentes en el mantenimiento del camino público en cuestión y luego, de mantenerse la conducta omisa, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Dicha instancia jurisdiccional, con mayores herramientas, puede conocer con profundidad y sopesar la denuncia de fondo, valorar la conducta administrativa, resolver sobre la competencia ‒red vial nacional o red vial cantonal‒, dictar mandatos específicos para atender la problemática apuntada y, por supuesto, dar seguimiento a lo ordenado en sentencia.

En el sub lite, la parte recurrente acusa que no hay caminos debidamente habilitados para garantizar el acceso al territorio Conte Burica. Por ello, sin ninguna determinación subjetiva o individualización, aduce que esto ha creado una situación de peligro a la vida y riesgo para la seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad, principalmente, para “menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas”. Ya solo ese elemento, en mi criterio, es suficiente para desestimar el recurso de amparo. Este Tribunal ha advertido que partiendo de los efectos que la Ley de la Jurisdicción Constitucional confiere al recurso de amparo (arts. 41 y 49) debe concluirse que cualquier persona puede interponerlo, siempre y cuando individualice a los sujetos cuyos derechos fundamentales considera fueron conculcados (ver, por ejemplo, las sentencias números 2019-003879, 2021-017532 y 2022-009133, entre otras). En consecuencia, respetuosamente y desde mi perspectiva, no luce válido que a tenor de un argumento genérico de la supuesta existencia de “menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas” se conozca en esta sede sobre una inactividad administrativa que más corresponde ser residenciada en la jurisdicción contencioso-administrativa.

A la luz de tales elementos, considero que no se encuentra acreditada una amenaza directa e inminente a los derechos fundamentales supra mencionados. Más bien, la intervención de este Tribunal podría alterar la debida planificación administrativa de la municipalidad para la ejecución de unas obras de suyo onerosas y que pueden afectar la adecuada administración y previsión de los recursos con los que cuenta dicha corporación para tales efectos. Por lo demás, como ya se advirtió, este tipo de omisiones administrativas que no evidencian una amenaza o lesión inminente a los derechos fundamentales de alguna persona en concreto ‒la recurrente únicamente refiere a menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas‒ deben ser planteadas y resueltas en las sedes ordinarias de legalidad.

En cuanto a la ausencia de un centro médico de atención primaria. En el recurso de amparo se reclamó que la comunidad de Alto Carona tiene un servicio de salud deficiente, en el que destaca la ausencia de un centro de atención primaria y de visitas médicas periódicas. Detalla que el punto de atención más cercano está en La Peña, a más de cuatro horas a pie por caminos solo transitables en verano. Expuso que la lejanía y lo difícil de la vía impiden el desplazamiento de personas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas, lo que muchas veces resulta en que no se beneficien de las visitas de salud cuando se efectúan.

Ahora bien, al igual que lo dicho líneas atrás, en el sub examine, existe una indeterminación de las personas amparadas, sea que no se individualizó a personas concretas que pudiesen estar agraviadas. Por otro lado, al igual que resolví en reclamos donde se cuestionaba que la Caja Costarricense de Seguro Social no incluía o suspendió cierta obra del portafolio de inversiones no consta que la parte recurrente haya presentado alguna denuncia de las condiciones alegadas. En ese sentido, se reitera que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes.

Aunado a ello, también no puede obviarse que el recurso de amparo es de carácter eminentemente sumario —es decir, breve y sencillo— y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar —con carácter declarativo— si los derechos de rango infra constitucional que las partes citan como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso, existen en realidad.

En consecuencia, salvo el voto y declaro sin lugar el recurso en todos sus extremos.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en su condición de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se solucione de manera definitiva la problemática acusada por la parte recurrente atinente a la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud en Alto Carona. En cuanto a la Municipalidad de Golfito, se le ordena a Freiner Lara Blanco, en su condición de alcalde de Golfito, o a quien desempeñe ese puesto, que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione el problema denunciado por la parte recurrente referente al estado del camino que da acceso a la comunidad de Alto Carona del territorio indígena Conte Burica. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social y a la Municipalidad de Golfito al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso de amparo. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Alejandro Delgado F.

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    • Indigenous Law 6172 — Inalienable Territories and ILO 169Ley Indígena 6172 — Territorios Inalienables y Convenio OIT 169
    • Off-topic (non-environmental)Fuera de tema (no ambiental)

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Convenio 169 OIT Art. 24 y 25
    • Constitución Política Art. 21 y 50
    • Ley de la Jurisdicción Constitucional Art. 71

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