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Res. 07799-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/03/2025

Closure of Maíz de Boruca health post and delay in rebuilding itCierre del puesto de salud de Maíz de Boruca y demora en su reconstrucción

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The CCSS is ordered to complete construction of the Maíz de Boruca periodic visit post no later than December 2027; remaining claims are dismissed as unsuitable for amparo.Se ordena a la CCSS culminar la construcción del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca a más tardar en diciembre de 2027, y se rechazan el resto de reclamos por no ser propios de la vía de amparo.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber rules on an amparo filed by residents of Maíz village, within the Boruca Indigenous Territory, against the CCSS, Ministry of Public Education, and others, due to the closure of the local health post and transfer of services to the Boruca EBAIS. The Chamber partially grants the appeal, finding that the CCSS violated the right to health by excessively delaying construction of the new periodic visit post, a project begun in 2022 that remained stalled at the land acquisition phase. It orders completion no later than December 2027. However, it dismisses claims about the closure and temporary transfer, noting the decision was based on a request from the Health Committee and the need to vacate the land for the school, and that the CCSS ensured continuity of care in Boruca. It declines to examine disputes over land ownership and procedures, relegating them to ordinary courts. It also excludes community bodies from the proceedings. Two justices dissent in part.La Sala Constitucional resuelve un amparo presentado por vecinos del pueblo de Maíz, en el territorio indígena de Boruca, contra la CCSS, el MEP y otras autoridades, por el cierre del puesto de salud local y el traslado de la atención al EBAIS de Boruca. La Sala declara parcialmente con lugar el recurso. Considera que la CCSS lesionó el derecho a la salud de los habitantes al demorar excesivamente la construcción del nuevo puesto de visita periódica, cuyo proceso inició en 2022 pero se mantenía en fase de adquisición de terreno sin avance significativo. Ordena culminar la obra a más tardar en diciembre de 2027. Sin embargo, rechaza los alegatos sobre el cierre y traslado temporal, al constatar que la decisión respondió a la solicitud del Comité de Salud y a la necesidad de liberar el terreno para la escuela, y que la CCSS garantizó la continuidad del servicio en Boruca. Niega examinar disputas sobre propiedad del terreno y procedimientos, por ser propios de la vía ordinaria. También excluye a los órganos comunales por falta de interés. Se consignan votos salvados parciales.

Key excerptExtracto clave

In the instant case, the Chamber finds a violation of the fundamental rights of the protected parties solely with respect to the lack of efficient provision of health services due to the delay in the construction process of the periodic visit post of Maíz de Boruca; however, as for the rest of the grievances raised by the petitioner, the appeal is dismissed, in accordance with the following considerations. (...) Despite this, in the case under consideration the lack of efficient provision of health services by the CCSS is confirmed to the detriment of the protected persons, who reside in the indigenous territory of Maíz de Boruca, due to the delay in the construction of the periodic visit headquarters in that community. In this regard, it should be noted that, at least since 2022, the CCSS recognized the need to build a new health post in Maíz, which is why it was included among the institutional projects to be carried out (...). However, even though this project began in May 2022, at the time of issuing this pronouncement, i.e., more than two and a half years later, no significant progress has been verified; rather, it remains in the same initial phase, namely the acquisition of the land on which the health center in question will be located. (...) Consequently, the appropriate course is to grant the appeal with respect to this grievance and order the Executive President of the CCSS to coordinate whatever is necessary and carry out all actions within the scope of her competencies, so that no later than the month of December 2027 the construction of the periodic visit post of Maíz de Boruca is completed.En la especie, la Sala acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada únicamente respecto a la falta de prestación eficiente del servicio de salud ante la demora en el proceso constructivo del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca; empero, en cuanto al resto de agravios formulados por la parte accionante, se declara sin lugar el recurso, lo anterior de conformidad con las siguientes consideraciones. (...) Pese ello, en el sub iudice se corrobora la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS en perjuicio de las personas tuteladas, quienes residen en el territorio indígena Maíz de Boruca, debido a la demora en la construcción de la sede de visita periódica de esa comunidad. En ese sentido, adviértase que, al menos desde el año 2022, la CCSS reconoció la necesidad de construir un nuevo puesto de salud en Maíz, motivo por el cual se incluyó entre los proyectos institucionales a realizar (...). Sin embargo, aun cuando tal proyecto dio inicio desde mayo de 2022, al momento de emisión de este pronunciamiento, a saber, más de dos años y medio después, no se ha verificado algún avance significativo, sino que este sigue en la misma fase inicial, a saber, la atinente a la adquisición del terreno en el que se va a ubicar el centro de salud en cuestión. (...) En consecuencia, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a este agravio y ordenarle a la presidenta ejecutiva de la CCSS que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que a más tardar en el mes de diciembre de 2027 se culmine la construcción del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca.

Pull quotesCitas destacadas

  • "la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS en perjuicio de las personas tuteladas, quienes residen en el territorio indígena Maíz de Boruca, debido a la demora en la construcción de la sede de visita periódica de esa comunidad."

    "the lack of efficient provision of health services by the CCSS to the detriment of the protected persons, who reside in the indigenous territory of Maíz de Boruca, due to the delay in the construction of the periodic visit headquarters in that community."

    Considerando IV (fundamento de la estimación parcial)

  • "la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS en perjuicio de las personas tuteladas, quienes residen en el territorio indígena Maíz de Boruca, debido a la demora en la construcción de la sede de visita periódica de esa comunidad."

    Considerando IV (fundamento de la estimación parcial)

  • "no compete a esta Cámara Constitucional establecer, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si la titularidad del terreno en que estaba ubicado el puesto de salud de Maíz corresponde o no efectivamente a la Junta de Educación de la escuela de Maíz."

    "it is not within the purview of this Constitutional Chamber to determine, in accordance with the infra-constitutional regulations governing the matter and the particularities of the case under study, whether ownership of the land on which the Maíz health post was located indeed belongs to the Maíz School Board or not."

    Considerando V (desestimación de extremos sobre propiedad)

  • "no compete a esta Cámara Constitucional establecer, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si la titularidad del terreno en que estaba ubicado el puesto de salud de Maíz corresponde o no efectivamente a la Junta de Educación de la escuela de Maíz."

    Considerando V (desestimación de extremos sobre propiedad)

  • "al constatarse la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud a las personas indígenas pobladoras de Alto Carona por parte de la CCSS, se estima el recurso en cuanto a este agravio."

    "upon confirming the lack of efficient and effective provision of health services to the indigenous people of Alto Carona by the CCSS, the appeal is granted with respect to this grievance."

    Cita del precedente 2024013316, reiterado en el caso actual

  • "al constatarse la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud a las personas indígenas pobladoras de Alto Carona por parte de la CCSS, se estima el recurso en cuanto a este agravio."

    Cita del precedente 2024013316, reiterado en el caso actual

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand (sub lite), the petitioners indicate that they live in Maíz, which is on the boundary of the Boruca indigenous territory. They state that on January 22, 2025, they received a communication signed by representatives of the Maíz Development Association (Asociación de Desarrollo de Maíz), the Maíz Health Committee (Comité de Salud de Maíz), and the Maíz Board of Education (Junta de Educación de Maíz) addressed to “Residents of Maíz and nearby towns who receive Medical Care at the Maíz Health House (Casa de Salud de Maíz),” by means of which it was stated that no further care would be provided at the health post (puesto de salud) starting January 27, 2025, and therefore patient transport must be arranged and medical appointments attended in the community of Boruca. They claim that such a decision was adopted without prior consultation with the people. They maintain that the foregoing affects the population of Maíz, as well as other neighboring towns such as Jalisco, Ojo de Agua, Mayal, and San Luis, who also received medical care at the aforementioned health post. They assert that it became known that, on January 17, 2025, the Maíz Health Committee requested the transfer of patient care to the Ebais of Boruca, which was authorized by the Buenos Aires Health Area (Área de Salud de Buenos Aires). They emphasize that they are unaware of any technical basis for the decision, nor do they have knowledge of any future project for patients to be attended again in Maíz. They indicate that construction of the community school began on the land where the health post was located, even though this land was donated exclusively for that purpose, so they question that the designated use of a property dedicated to health care has been changed to a different one, such as education. They assert that the change of health post generates multiple inconveniences for the population, due to the distance they must travel to Boruca, the poor condition of the roads, and the issues with the public transportation service provided to the various affected communities. They request that the CCSS be ordered to provide a temporary solution to continue providing primary care in the community of Maíz while a new health post is constructed.

This Chamber verifies that, on November 21, 2016, the Integral Development Association (Asociación de Desarrollo Integral) of the indigenous territory of Boruca donated a lot to the Board of Education of the Maíz school, with real estate folio numbers (folio real) 6-145587-0007 and 6-145588-000. By official communication DRIPSSB-ASBA-ADM-024-2023 of January 17, 2023, the administrator of the Buenos Aires Health Area communicated to the Brunca Integrated Health Service Delivery Network Directorate (Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca) regarding the projects to be developed in the indigenous territories in 2023 “(…) a. Construction of the Maíz de Boruca Periodic Visit Post (Puesto de Visita Periódica de Maíz de Boruca), initiation of the indigenous consultation process (proceso de consulta indígena) as a prerequisite for the construction of the EBAIS in this territory. There is a Use Agreement (Convenio de Uso) in the form of a loan for the land to be used, in the process of formalization with the Medical Management (Gerencia Médica). Included in the Institutional Investment portfolio formulated for the 2024 period. Approximate investment amount ₡250,000,000.00 (…)”. On September 16, 2024, the Ministry of Health issued sanitary order MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 concerning the Maíz Health House, by means of which a three-month period was granted to carry out a series of actions, among them, to have a sanitary service that complies with the provisions of Law No. 7600. On December 2, 2024, the Ministry of Health issued an enabling permit (permiso de habilitación) for the activity of outpatient general or specialized medicine consultation services to the Maíz Health House, valid until August 7, 2029. By brief dated January 16, 2025, the Maíz Health Committee communicated to the Buenos Aires Health Area: "As is known to this Directorate and Administration of the ASBA, this Health Committee has been coordinating a Project for the construction of a new Health House, and they are aware of the reasons, conditions, and agreements reached to obtain a lot with the required characteristics; therefore, the lot of the current health house now belongs to the Maíz School, and they are already in the process of constructing a new School and require the land. In light of the above, we inform you and request the necessary coordination and authorization, in the shortest possible time, to transfer and provide the medical consultations of Maíz to the facilities of the Boruca Ebais, as other infrastructures in the community of Maíz have been evaluated but are not suitable for providing medical consultations (sic) and require a large investment to make the corresponding improvements. For these reasons, the best alternative is to provide the service at the Boruca Ebais, for the time required while the construction project is being processed, for which we take the opportunity to request all your support in the management and coordination so that said project is executed as soon as possible, assessing the difficulties due to distance that patients will have to face to travel to Boruca to receive the required medical care (…)". By official communication ASBA-DM-0035-2025 of January 22, 2025, the acting director of the Buenos Aires Health Stewardship Area (Área Rectora de Salud de Buenos Aires) of the CCSS communicated to the Maíz Health Committee the authorization so that, starting January 27, 2025, the community of Maíz will be attended at the Ebais of Boruca. By brief dated January 22, 2025, the Maíz Health Committee, the ADI Maíz, and the Board of Education of the Maíz school indicated to “Residents of Maíz and nearby towns who receive Medical Care at the Maíz Health House” that since the year 2000, a project for the construction of a new health house for Maíz has been coordinated, which is why a negotiation was conducted between the Health Committee and the Board of Education, so that the lot where the health house is located is the property of the Maíz school, while the Health Committee acquired the lot located above the Maíz bullring, which meets the requirements established by the CCSS. It was also indicated that, since the school began its construction project, it is necessary to vacate the land where the health house is located, which is why, starting January 27, 2025, the medical consultations of those receiving care at the Maíz Health House will be provided at the Boruca Ebais, and therefore patients must arrange their transport to that health center. By official communication DREGT-SCE11-007-2025 of February 5, 2025, the education supervisor of indigenous educational circuit 11 of the DRE Grande del Térraba of the MEP indicated: "1. At the educational center of Maíz de los Borucas, actions are being carried out within the property limits by the Board of Education of the Maíz de Los Borucas school, in response to a Sanitary Order (Orden Sanitaria) imposed by the Ministry of Health on the educational center, the same dating back to 2015 and which has been repeatedly managed for due compliance. 2. As established in Indigenous Law (Ley Indígena) No. 6172, the lands located within the limits of indigenous territory are under the administration of the Boruca Indigenous Integral Development Association (Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca), which in turn, in 2017, proceeded to ratify the possession of the land in favor of the Maíz de Los Borucas educational center, code 0905; as part of the registration annotation process in 2003, the Agrarian Development Institute (Instituto de Desarrollo Agrario) had officially transferred said land to the ADI Boruca, being that both the cadastral plan and the transfer that the ADI Boruca made to the Board of Education of the Maíz de Los Borucas school are within the framework of legality (Copies of the documents are attached). 3. It is important to indicate that for some years the Board of Education ceded, by way of a loan, a small lot so that the health center could operate, with the understanding that when the school required said land, the health committee would be notified so that they would remove the facilities or whatever the CCSS determined in order to release the land; for this reason, having the budget to address the infrastructure need of the school, the Ministry of Health was asked (sic) to release the space that had been facilitated to them under the conditions widely known by the parties; likewise, the information was transmitted to the residents of the community in different meetings where the viability of carrying out the reconstruction works and new works for the Maíz de Los Borucas school was analyzed. 4. No less important is to indicate that the Board of Education, understanding the need for the health post to be able to function, ceded to the Ministry of Health a lot in possession of the Board of Education in another location in the same community, all with the knowledge and participation of the ADI Boruca as administrators of the lands within the limits of the Boruca territory; it must be clarified likewise that at the time the Ministry of Health indicated that the space where the health post was located, due to its dimensions and being within 'third-party' land, was not viable for attempting to construct the health house intended to be built to provide the service to the inhabitants of the community of Maíz and its surroundings” (the emphasis was added). By official communication DVM-A-DIE-DDO-0054-2025 of February 7, 2025, the Works Development Department of the MEP explains: "1. The project arises from the sanitary order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, in conjunction with the amparo appeal (recurso de amparo) 22-018251-0007-Co and its resolution No. 2022023279, in which a specific period was given for the physical-sanitary improvements ordered by the Ministry of Health to be carried out. 2. Due to the urgency of the project, it was decided to carry out a design and construction process to reduce the timelines and serve the student population as soon as possible. 3. On February 21, 2024, by means of official communication DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, authorization is given for the contracting of design and construction of the works that include: major maintenance of two academic classrooms, major maintenance of the dining hall, construction of a kindergarten classroom, construction of a sanitary facility, and professional services such as preliminary studies, preliminary project, plans and technical specifications, detailed budget, work schedule, and inspection. The basic studies include: topography (boundary rectification, cadastral survey, and land surveying) and S.P.T. soil study with infiltration tests. 4. After the contracting process carried out by the Board of Education, the start order is given on April 12, 2024. 5. On April 24, 2024, a joint visit is made with the formulator from the DIE, the architect Gustavo Abarca Mora, the company in charge of the project, representatives of the Board of Education, and the director of the Educational Center. During said visit, this unit was informed that the EBAIS is within the land of the Educational Center, in a building on a loan basis, and that the Board had agreed with the CCSS that, as soon as required, the CCSS would be asked to release the land. 6. On May 6, 2024, the Board presented official communication 003-2024 to the DIE, in which it indicated that the EBAIS had been asked to vacate the building and that approval is given for the design to take into account the building temporarily used by the EBAIS, in order to improve the educational infrastructure project. 7. It is important to highlight that, in said official communication, the Board informs that the CCSS is offered the option of using another building of the Educational Center, even one larger than the one previously being used, to provide the health service to the community. 8. This Directorate corroborates that the building is within the land of the Educational Center, according to the cadastral plan and the certification of right of possession (certificación de derecho de posesión) by the Integral Development Association of the Boruca Indigenous Territory, and incorporates this building into the design, substantially improving the conditions of the project and allowing the Educational Center to be left with only one terrace. Therefore, it is decided to adapt this space to be the preschool classroom. 9. On December 18, 2024, the design stage is concluded, which contemplates the intervention of the EBAIS building. 10. The approved site plan is attached, which determines the scope of the project to be executed. The building that was occupied by the EBAIS will be adapted to be the preschool classroom of the educational center, which can be observed in the image with the description 'ADAPTATION FOR KINDERGARTEN, ADMINISTRATION, AND WAREHOUSE.' 11. It is important to highlight that there is a contract and therefore all contractual responsibilities acquired (…)” (the emphasis was added). In the Monthly Bulletin Strategic Portfolio of the Institutional Planning Directorate (Dirección de Planificación Institucional) of the CCSS, it is recorded that the project Periodic Visit Headquarters Maíz (Sede de Visita Periódica Maíz) with code CCSS-1223 is categorized among the relevant projects as of October 2024 and has a progress of 40%. On an unknown date, the director of Institutional Planning of the CCSS communicated to the executive president regarding the project Periodic Visit Headquarters Maíz: "Project Objective: Construction of a Periodic Visit Headquarters. Improvement of the quality of care for users of the Periodic Visit House of Maíz, Colinas (indigenous territory), and neighboring communities, through the improvement of operating conditions. To provide adequate infrastructure for the population assigned to the CVS of Maíz de Colinas, which guarantees quality and compassionate general health care for all persons. To provide comfort and safety to users and staff during the entire workday. In addition to guaranteeing an adequate place for the safeguarding of institutional assets, tools of great importance for the performance of duties and the care provided by the CCSS. Project Description: Concrete construction, in reinforced masonry on continuous footings and steel structure for roofs, terrazzo floors, suspended ceilings and paint finishes and exterior complementary works. It has potable water systems with elevated tanks and mini-split type air conditioning. Wastewater management is through a septic tank and drains. At the electrical level, with certified systems. It has fire and intrusion detection alarm systems. Activity: 40% Land Acquisition Process (ILLM) Life Cycle Percentage: 17% Executive Report: In the process of signing the loan for use agreement (comodato) with the Indigenous Association (Asociación Indígena) (sic) and then formalizing with Management and the notary office of the C.C.S.S. The land situation persists, the land has not yet (sic) been transferred to the name of the CCSS. The previous status of the project is maintained, as of today. No progress is presented (sic)." By brief PE-DPI-0203-2025 of February 20, 2025, the Institutional Planning Directorate of the CCSS indicated regarding the project "CCSS-1223. Construction of Periodic Visit Headquarters of Maíz, located in indigenous territory": "Operation start date: 08/01/2028. Current status: Stage: Land 40%. Activity: 40% Land Acquisition Process (ILLM). In the process of signing the loan for use agreement with the Indigenous Association and then formalizing with Management and the notary office of the C.C.S.S. Expected completion date: project scheduled for 2027 and 2028. Execution timeline:

| Construction of Periodic Visit Headquarters of Maíz de Buenos Aires | 1470 days | Mon 05/02/22 | Fri 12/17/27 | | Land Acquisition | 897 days | Mon 05/02/22 | Tue 10/07/25 | | Design SVP of Maíz | 10 days | Wed 10/08/25 | Tue 10/21/25 | | SETENA | 100 days | Wed 10/08/25 | Tue 02/24/26 | | SETENA Procurement Purchase Process | 20 days | Wed 10/08/25 | Tue 11/04/25 | | Submission of Documentation to SETENA | 20 days | Wed 11/05/25 | Tue 12/02/25 | | Obtaining Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) | 60 days | Wed 12/03/25 | Tue 02/24/26 | | Abbreviated Tender Purchase Process (Proceso de Compra de Licitación Abreviada) | 92 days | Wed 02/25/26 | Thu 07/02/26 | | Preparation of Procurement File (Expediente) | 2 days | Wed 02/25/26 | Thu 02/26/26 | | Invitation | 1 day | Fri 02/27/26 | Fri 02/27/26 | | Submission of Bids | 10 days | Mon 03/02/26 | Fri 03/13/26 | | Bid Opening | 1 day | Mon 03/16/26 | Mon 03/16/26 | | Procurement Analysis | 2 days | Tue 03/17/26 | Wed 03/18/26 | | Financial Analysis | 10 days | Thu 03/19/26 | Wed 04/01/26 | | Technical and Reasonableness Analysis | 5 days | Thu 04/02/26 | Wed 04/08/26 | | Legal Analysis | 5 days | Thu 04/09/26 | Wed 04/15/26 | | Award | 20 days | Thu 04/16/26 | Wed 05/13/26 | | Notification | 1 day | Thu 05/14/26 | Thu 05/14/26 | | Appeals Process | 15 days | Fri 05/15/26 | Thu 06/04/26 | | Finality and Guarantees | 5 days | Fri 06/05/26 | Thu 06/11/26 | | Internal Approval | 15 days | Fri 06/12/26 | Thu 07/02/26 | | Construction Process | 120 days | Mon 07/05/27 | Fri 12/17/27 | | Permits | 30 days | Mon 07/05/27 | Fri 08/13/27 | | Construction | 90 days | Mon 08/16/27 | Fri 12/17/27 | ".

In view of the foregoing, the Chamber deems it appropriate to bring up what was indicated in judgment No. 2024013316 of 9:30 a.m. on May 17, 2024:

"III.- ON THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner indicates that, from March 17 to 19, 2024, the Public Defense visited the community of Alto Carona and it was concluded that the community has deficient health service, in which the absence of a primary care center and periodic medical visits stands out. She details that the closest point of care is in La Peña, over four hours on foot along paths that are only passable in summer. She explains that the distance and the difficulty of the route prevent the travel of minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women, which often results in them not benefiting from the health visits when they are carried out. She states that the access roads from the Costa Rican side are impassable and, depending on the time of year, the cost of transportation reaches $170, an amount beyond the means of the persons protected under this remedy, given their condition of poverty. She indicates that, due to the coastal geography, maritime travel is also not viable. She requests that the CCSS be ordered to guarantee the provision of health service to the Ngäbe-buglé population of Alto Carona and that the Municipality of Golfito be ordered to enable the necessary roads to guarantee access to the Conte Burica territory.

This Court verifies that, as of September 2018, the Golfito Health Area has a periodic visit house (casa de visita periódica) composed of "1 physician, 1 networks, 1 assistant, 1 pharmacist, 1 atap" in the Conte Burica indigenous reserve. In addition, one community tour per week is conducted to the community of Progreso and dental tours at the Ebais Alto Conte. By official communication No. 0391-03-19 of March 12, 2019, the Brunca Region Health Services Regional Directorate communicated that the communities of La Peña and Carona became assigned to the Corredores Health Area and the Ciudad Neily hospital. By official communication ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, the Corredores Health Area of the CCSS stated: "(…) 3-In relation to the inhabitants of Alto Carona, visits are not being provided to this population because there is no access by land and the route by helicopter of the Civil Aviation Service was very irregular, suspending the tours and making it impossible to have an adequate schedule without affecting the other dispersed communities that are visited. For this reason, the purchase of helicopter services was requested, for which endorsement has not been granted. It is worth mentioning that official communication GM-16890-2023 from the Medical Management states: 'By official communication PE-4488-2023, the Executive Presidency informed that the cooperation agreement between the Ministry of Public Security and the Costa Rican Social Security Fund for the transport of patients in critical health condition, medical assistance to communities of difficult access, and transport of officials for disaster and emergency care, ended its validity last October 24…' Furthermore, it is important to consider that there is no current protocol and/or guideline for transporting officials by helicopter for ordinary patient care, according to (sic) what was indicated by the same Management in the official communication in question: '…In addition, it is reported that this Management appoints Dr. Ranjit Singh Apolayo and Dr. Armando Cortés Ruiz, both advisors to this Management, to collaborate in the review and update of the protocol for the transport of patients in ambulances, taking into account that the transport of officials must be included; the above in view of the changes that have arisen in light of the termination of the agreement with the Ministry of Public Security…' It is also important to consider what was recommended by the Internal Audit in report AGO-99-2021 of November 8, 2021: '…The Costa Rican Social Security Fund, as the entity responsible for overseeing the health of the population, has the commitment to provide this care to the different communities located throughout the country; however, it is necessary for users and officials to have minimum conditions to provide this service, conditions that it seems are not met in some periodic visit posts assigned to the Corredores Health Area, because they have dirt floors, structures in poor condition, exposed and dangerous electrical installations, unsanitary restrooms, uncomfortable and difficult access to the structures, among other aspects. Aspects that not only affect the quality of care but also the proper conservation of the infrastructure…' The PVP located in Alto Carona does not meet the minimum conditions suitable for the care of the residents and less so for officials to be able to provide adequate care, and it possibly also does not meet the requirements of the Ministry of Health regulations to enable medical offices (…) FACTS. 1. For this unit to be able to care for the residents of Punta Burica, Pavones district, officials must go by land from Paso Canoas to the vicinity of Puerto Armuelles, re-entering the national territory until reaching the beach (at risk to institutional vehicles), traveling about 20 km, entering through the mountain, until reaching the PVP La Peña in the town of La Peña. It is not possible to access by ordinary land route to Alto Carona as there are no passable roads. 2. The community of Alto Carona has a Periodic Visit Post PVP that does not meet the minimum conditions suitable for the care of the residents and less so for officials to be able to provide adequate care, and it possibly also does not meet the requirements of the Ministry of Health regulations to enable medical offices. The institution built the PVP La Peña for the care of the residents of Punta Burica in the town of La Peña before the re-sectorization, and after this it was transferred along with the communities to the Corredores Health Area; it was neither the decision nor the recommendation of this unit that this PVP be built in that town. It is not the competence of this unit to decide the construction of an EBAIS headquarters in Alto Carona. 3. Starting from the fact that the residents of Punta Burica, Pavones district, decided to be transferred to the Corredores Health Area, it was according to official communication ASC-SAVE-0862, because they considered easier access by land to this unit. The PVP is in La Peña, and the assertion that health care at that health post is irregular is not true; medical tours are conducted by the mobile EBAIS composed of a physician, a nursing assistant, a medical records official, and a pharmacist; they are announced in advance by the ATAP Technical Assistant official who lives in the area and through the Health Committee; these are carried out every month for a full week (an agenda of medical tours is attached), from January to August, since in September with the rainy season the roads become impassable and are suspended so as not to put officials at risk, until air transport service is available, the existing protocol is for the transport of patients in ambulances, not for the transport of officials, so there is no legality for making officials assume the risk of being transported by helicopter. It should be noted that in February we went to La Peñita for a special community activity, but it did not meet the minimum conditions required to provide adequate medical care. The La Peña health post is very well equipped with what is needed to provide quality medical care. Furthermore, there is no human resources team available to be permanently in that place, nor do they have the required population for an EBAIS. The lack of road development in that community is true, but this is a historical situation that has been maintained over time and is not within the purview of this unit (…)" (the emphasis was added). Finally, the executive president of the CCSS reports that, as of April 29, 2024, this institution is in the process of analyzing the institutional viability of providing air transport to the Corredores Health Area.

First of all, it should be noted that the case under examination (sub examine) was brought on behalf of the indigenous persons of Alto de Carona, which is why it is relevant to cite what was indicated by this Court in judgment No. 2018012113 of 9:20 a.m. on July 27, 2018:

"III.- ON THE PROTECTION OF INDIGENOUS PERSONS. By judgment No. 3003-92 of 11:30 a.m. on October 7, 1992, regarding the mandatory constitutional review related to ILO Convention 169, this Chamber ruled on the constitutional relevance of the protection of indigenous persons, articulated within a democratic framework that respects human rights.

Specifically, this Court stated: a) That it is necessary to recognize for indigenous people, in addition to the fullness of their rights and freedoms as human beings, other legally guaranteed conditions, through which the inequality and discrimination to which they are subjected can be compensated, with the purpose of guaranteeing their real and effective equality in all aspects of social life; b) That it is also necessary to guarantee respect for and the conservation of the historical and cultural values of indigenous populations, recognizing their peculiarity, without any limitation other than the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being recognized today by the civilized world—which implies that respect for the traditions, language, religion, and general culture of these peoples only admits as exceptions those necessary to eradicate practices universally considered inhuman, such as cannibalism—; c) Without prejudice to the foregoing, indigenous people must also be recognized the rights and means necessary to access, freely and with dignity, the spiritual and material benefits of the predominant civilization—means among which access to education and to the official language stand out due to their importance.

Likewise, it concluded that far from containing conflicts with the Political Constitution, (...) Convention 169 reflects the clearest values of our democratic nationality, developing the human rights of Costa Rican indigenous people and can be a starting point to begin a review of secondary legislation to adapt it to these needs (...).

Now then, Part V of the Convention, entitled Social Security and Health, establishes a series of provisions related to the right to health, as follows. Article 24, "Social security schemes shall be extended progressively to the peoples concerned and applied to them without any discrimination." Article 25 "...1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned or shall provide said peoples with the means that allow them to organize and provide such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest attainable standard of physical and mental health...

2. Health services shall be organized, to the extent possible, at the community level. These services shall be planned and administered in cooperation with the peoples concerned and take into account their economic, geographic, social, and cultural conditions, as well as their methods of prevention, curative practices, and traditional medicines.

3. The health care system shall give preference to the training and employment of local community health personnel and focus on primary health care, while at the same time maintaining close links with the other levels of health care.

4. The provision of such health services shall be coordinated with the other social, economic, and cultural measures taken in the country..." (...)

VII.- SPECIFIC CASE. In the present matter, the appellants allege that the protected parties are indigenous minors, who have disabilities and require rehabilitation work—the minor [Name 003] (cerebral palsy and the minor [Name 002] (lissencephaly)—. However, in order to be seen for rehabilitation, they must be transported to the province of San José or Limón, since there is no rehabilitation professional at the EBAIS in the Alta de Talamanca area, coupled with the fact that the minors do not have any state pension. They claim that due to the foregoing, transporting the protected minors to medical appointments is difficult for them. They allege that, through opinion No. 2013-010885, this Chamber had ordered the Health Area of the Alta de Talamanca zone to provide treatment to some children with disabilities in the area.

In this regard, the Chamber determines that the Caja Costarricense de Seguro Social provides medical care to the protected parties at the Amubri EBAIS, and they are also referred for physical therapy to the Hospital Nacional de Niños and the Hospital Dr. Tony Facio Castro. Likewise, it is verified that in the Talamanca area, no human resources are available to provide rehabilitation to patients requiring that service, and therefore, they are referred to other medical centers that do have a specialist. Such conduct by the Administration cannot be validated, as it would be equivalent to circumventing the special protection regime recognized in favor of the rights and integrity of the indigenous people under Convention No. 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries—approved by Law No. 7311 of November 30, 1992—, developed in the first substantive whereas clause of this resolution. In addition to the special protection that must prevail for persons suffering from disabilities. This Chamber does not ignore the authority of the Caja Costarricense de Seguro Social to organize itself in order to provide health services to the citizenry, such as classifying them into three levels of care. This is done in pursuit of better use of public funds. However, that organization cannot be to the detriment of the access to medical care for users, especially if they are indigenous persons suffering from disabilities who are in a situation of extreme vulnerability. Especially since the Costa Rican State has committed to providing them with special and differentiated guardianship compared to the rest of the population due to their historic precariousness, a commitment it has also undertaken for persons with disabilities. Thus, attempting to have the protected minors travel hundreds of kilometers from their place of origin to receive rehabilitation is nothing more than institutionalizing their inequality. Consequently, the appropriate course is to grant the appeal, and order Fernando Llorca Castro, Executive President of the Caja Costarricense de Seguro Social, or whoever holds that position in his stead, to immediately carry out the pertinent procedures and execute the necessary actions so that, within three months, counted from the notification of this judgment, the physical rehabilitation and/or physical therapy service that the protected minors [Name 002] AND [Name 003] require in accordance with the criteria of their treating physicians is provided at the medical center closest to their domicile. Likewise, if possible, the physical rehabilitation and/or physical therapy shall be provided to the protected parties in their home. Furthermore, the necessary coordination must be carried out to guarantee medical care and transportation for the protected parties to the Hospital Nacional de Niños, or as applicable to the Hospital Tony Facio, according to the medical specialties required by the patients (...)" (the bold text was added).

In a similar vein, in judgment no. 2019005560 of 9:30 a.m. on March 29, 2019, this Chamber ruled regarding the right to health of indigenous persons:

"XII. The right to health and indigenous persons. This Court has already made express reference to the recognition and guarantee of the fundamental rights of the members of indigenous peoples, in light of Constitutional Law. Thus, for example, in judgment number 1786-93 of 4:21 p.m. on April 21, 1993, this Court established as a general premise that our Political Constitution must be interpreted and applied in a way that permits and facilitates the independent life and development of the ethnic minorities that inhabit Costa Rica, without limits other than those that human rights themselves impose on the conduct of all men. In the same manner, the clauses of international instruments and common legislation must be developed when applied to indigenous peoples. As a consequence of the foregoing, in our legal system, through Convention No. 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples, a series of individual and collective rights relating to education, health, among others, is recognized. Regarding this Convention, this Chamber, through judgment number 3003-92 of 11:30 a.m. on October 7, 1992, issued on the occasion of the mandatory constitutionality review formulated regarding the 'Bill for the approval of the "Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries"', adopted by the International Labour Organization (I.L.O.) at its 76th Conference, held in Geneva, Switzerland, on June 27, 1989, also known as Convention No. 169, provided as relevant: '[...] The Convention under review, within the general scope of the matters entrusted to the International Labour Organization (ILO), enshrines in a legally enforceable international instrument a series of rights, freedoms, and economic, social, and cultural conditions aimed not only at strengthening the dignity and essential attributes of indigenous people as human beings, but also, principally, at providing specific means so that their condition as human beings is fully realized in view of the depressed, sometimes even exploited and mistreated, situation in which the aborigines of many nations live; a situation that is not entirely alien to the American Continent, where indigenous minorities, and sometimes majorities, find themselves practically excluded from the predominant civilization, while, on the other hand, they suffer the depression and abandonment of their own traditions and cultures. Today, in the field of human rights, it is recognized, in summary: a) That it is necessary to recognize for indigenous people, in addition to the fullness of their rights and freedoms as human beings, other legally guaranteed conditions, through which the inequality and discrimination to which they are subjected can be compensated, with the purpose of guaranteeing their real and effective equality in all aspects of social life: b) That it is also necessary to guarantee respect for and the conservation of the historical and cultural values of indigenous populations, recognizing their peculiarity, without any limitation other than the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being recognized today by the civilized world—which implies that respect for the traditions, language, religion, and general culture of these peoples only admits as exceptions those necessary to eradicate practices universally considered inhuman, such as cannibalism—; c) Without prejudice to the foregoing, indigenous people must also be recognized the rights and means necessary to access, freely and with dignity, the spiritual and material benefits of the predominant civilization—means among which access to education and to the official language stand out due to their importance…". Now then, in the cited convention, specifically in Article No. 3, it is established that indigenous peoples shall fully enjoy human rights and fundamental freedoms, evidently, among them, the right to health, without obstacles or discrimination. Likewise, Article No. 4 provides that special measures necessary to safeguard indigenous persons must be adopted. In that line of thought, Article No. 7 of the cited instrument states that the improvement of living conditions, working conditions, level of health, and education shall be a priority in the overall economic development plans of the regions where they live. In that sense, Articles 24 and 25 of Convention No. 169 of the International Labour Organization reflect the obligations of the State regarding social security and the right to health. For a better understanding, the cited articles are transcribed below:

"Article 24. Social security schemes shall be extended progressively to the peoples concerned and applied to them without any discrimination." "Article 25. 1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned or shall provide said peoples with the means that allow them to organize and provide such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest attainable standard of physical and mental health.

2. Health services shall be organized, to the extent possible, at the community level. These services shall be planned and administered in cooperation with the peoples concerned and take into account their economic, geographic, social, and cultural conditions, as well as their methods of prevention, curative practices, and traditional medicines.

3. The health care system shall give preference to the training and employment of local community health personnel and focus on primary health care, while at the same time maintaining close links with the other levels of health care.

4. The provision of such health services shall be coordinated with the other social, economic, and cultural measures taken in the country." Therefore, the indigenous peoples of our country, by constitutional and conventional provision, have special protection and, furthermore, respect for their fundamental rights must be guaranteed, among them, undoubtedly, the right to health. Coupled with this, it is through adequate and timely health care that allows safeguarding indigenous persons and improving the conditions of the level of health, as well as the possibility of exercising other fundamental rights that, without a good health condition, could not be satisfied" (emphasis added).

For its part, regarding the efficient provision of health services, it is pertinent to cite what was indicated in judgment no. 2023021882 of 1:32 p.m. on September 1, 2023:

"IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite case, the plaintiff alleges that for over six years the CCSS has been aware of the service limitations provided to the community of Paso Tempisque, given that there is insufficient personnel and space to serve the population. They add that, since 2020, the Carrillo Health Area issued a resectorization study, in which the need to open a new Ebais headquarters in Paso Tempisque was highlighted, due to the overcrowding it suffers. They explain that, for this purpose, the proposal has been to use the current Ebais headquarters of Paso Tempisque to house an afternoon Ebais, but it is necessary to staff it. They maintain that the respondent authorities have not acted under the argument that they lack sufficient financial resources to provide the service, despite acknowledging that it is insufficient and that, at the same time, exhausting schedules and long workdays are being imposed on existing personnel. They request that the afternoon Ebais be ordered to be adequately staffed.

This Court verifies that, on May 17, 2017, the Carrillo Health Area conducted a resectorization study, through which a gap of five Ebais was determined, of which one was staffed and the other four are pending, among which is the Paso Tempisque sector. Furthermore, since January 2020, the Municipal Council of Carrillo has been requesting the opening of a new headquarters for the Paso Tempisque Ebais before the CCSS.

On January 14, 2020, the CCSS issued the report "Expansion of Afternoon Care Hours EBAIS of Paso Tempisque, Carrillo Health Area," which states: "(...) according to the estimate made by the Health Services Provision Unit of the central level, based on the Resectorization analysis of May 16, 2017. Our Unit maintains a need gap of 4 EBAIS, to provide comprehensive care to the population served. It is important to highlight that our Unit requires these 4 EBAIS to meet the need to provide comprehensive health care to the affiliated population, in compliance with the objective of primary health care, at the first level of care, as corresponds to our Health Area: Acceptable Accessibility for the entire population, with the ultimate aim of meeting the needs of people of different ages, making efficient use of public resources. (...) The population served by the Paso Tempisque EBAIS (Table # 1. current population of the District of Palmira: 6791 inhabitants), as has been pointed out on various occasions, exceeds the installed capacity of the team, as has been raised by the Community and the Municipal Council of the Canton, through official communication MC-SCM-821-2020, dated November 26, 2020, in which the community reiterates its request for the creation of a new EBAIS for Paso Tempisque de Carrillo, with afternoon service, with the objective of taking advantage of existing resources and thus addressing the backlog of the population that is not receiving comprehensive care (...) The EBAIS of Paso Tempisque, located in the District of Palmira, is composed of 2 ATAPs, 1 physician, 1 REDES assistant, 1 Nursing Assistant, 1 Pharmacist, and 1 Pharmacy Technician. 1 janitorial staff and security guard from 4:00 p.m. to 7:00 a.m., by third-party contract. Every other week, dental care is provided, with the dental professional and dental assistant, who also covers the District of Belén. The hours of care are Monday to Thursday from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. and Friday from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. One day per month, care is provided at the Community PVP. Regarding user satisfaction measurement, the Canton of Carrillo has declined from 85% to 73% in recent years, one of the main reasons being that users complain about not finding appointment slots to be seen, this being one of the sectors presenting that problem. (...) 2.1 Project Name Expansion of Care Hours at the Paso Tempisque EBAIS headquarters 2.2 Responsible Unit Carrillo Health Area. UE: 2560 2.3 Project Modality 2.3.2 Consultation Monday to Thursday from 4:00 p.m. to 10:00 p.m., Friday from 3:00 p.m. to 10:00 p.m., and Saturdays from 4:00 p.m. to 10:00 p.m., with scheduling of 04 patients per hour (...) The estimated cost is 13 million monthly, which represents approximately 150 million annually. Regarding investment in public services, an annual increase of approximately 10 million in electricity (account 2126) and 500 thousand colones in water service is estimated. Telecommunications consumption is approximately 300 thousand colones annually. In inputs and supplies, it is approximately 7 million colones annually (...)" (the bold text was added).

On January 31, 2020, the Carrillo Health Area sent official communication DASC-0033-2020 to the DRIPSSCH of the CCSS, which reads: "The EBAIS request made by the community of the District of Palmira, represented by the local Government, is entirely valid and supported by this Medical Directorate; a need that has been demonstrated by the Resectorization study of the Carrillo Health Area, conducted since 2017, as it is true that the Palmira sector requires one more EBAIS, as do the other mentioned sectors. This gap negatively impacts the quality of services, due to the high demand for appointments from users who cannot find availability at their EBAIS headquarters, among them, Paso Tempisque, which must be provided in the emergency service. The Paso Tempisque EBAIS headquarters could also house an afternoon EBAIS like the one we have in Sardinal, therefore, if we were provided with the positions right now, we have no infrastructure, security, or cleaning issues, since we have these through third-party contracting" (the highlighting was added). Furthermore, on July 21, 2020, the director of the Carrillo Health Area certified that: "in the Carrillo Health Area, Caja Costarricense de Seguro Social, Programmatic Unit 2560, We have the possibility of immediately housing an EBAIS in a second shift, in existing facilities that are in optimal condition, in the following locations: 1. Paso Tempisque EBAIS Headquarters. 2. La Costa EBAIS Headquarters. This EBAIS is under construction, which will be completed in the month of December 2020." By official communication GM-2456-2021 of February 23, 2021, the Medical Management of the CCSS informed a deputy of the Legislative Assembly: "This Office, in response to your official communication DLAC-004-2021 dated January 11, 2021, to which you attach agreement 02, item 05 issued in Ordinary Session No. 51-2020 of the Municipal Council of Carrillo – Guanacaste regarding the request for the creation of a new EBAIS headquarters in Paso Tempisque de Carrillo with an Afternoon Service; in this sense, we proceeded to carry out the technical consultations at the central and regional levels regarding this proposal, obtaining the following results. - The Health Services Projection Directorate (GM-0844-2021), in official communication GM-DPSS-0080-2021, dated February 17, 2021, concludes the following: '…According to the study "Action Plan for the Conformation of EBAIS and Strengthening of the Health Areas of the Caja Costarricense de Seguro Social, version #2" carried out by this Directorate, for the Carrillo Health Area a gap of two more sectors has been proposed. That is, a total of 11 health sectors. Regarding the population data shown previously, it can be seen that this need for two new sectors is in the La Costa sector; additionally, this sector presents the particularity that it is the furthest from the Health Area headquarters and must cover the tourist population of the zone. The other sector required by population is Paso Tempisque, which presents the particularity that it is located a few kilometers from the Health Area headquarters. - The underlining does not correspond to the original text - It has been confirmed with the local level regarding these needs and it is confirmed that it is in these places where said health sectors are required…' - The Chorotega Integrated Health Services Delivery Network Directorate, in official communication DRIPSSCH-ARPLAI-0003-2021(DRIPSSCH-0082-2021), signed by Dr. Eddy Apuy Muñoz, Medical Assistant, and Licda. Juliana Monge Agüero, Coordinator of the Planning and Internal Control Area, of the Chorotega Integrated Health Services Delivery Network Directorate, concludes that '…Therefore, having analyzed the arguments set forth in this report, as well as what was reiterated in the background section, in paragraph 5, this Network Directorate considers the Project for the Opening of the Afternoon EBAIS Consultation pertinent, for the benefit of the population of the canton and surrounding communities. It is also recommended that it be implemented with the provision of positions for a period of 6 months and that the continuity of this service be evaluated…' - The underlining does not correspond to the original text - In accordance with the foregoing, the institution is fully willing to address this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations it has generated in the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating positions for the conformation of new EBAIS is subject to financial conditions as it is part of the attention to what was instructed by the Board of Directors in article 29 of session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020)" (the emphasis was added).

By official communication GM-6317-2021 of May 19, 2021, the Medical Management of the CCSS informed the Municipality of Carrillo: "(…) as you are aware, this Management issued official communication GM-2461-2021, dated February 23, 2021, which stated the following: '… according to the technical criteria requested, the need for the creation of the Paso Tempisque EBAIS in Carrillo is ratified; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations it has generated in the institution, the matter of creating positions for the conformation of new EBAIS is subject to financial conditions as it is part of the attention to what was instructed by the Board of Directors in article 29 of session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020) …' In this sense, it is necessary to inform you that there has been no significant change to what was stated in the preceding paragraph, therefore, this Management remains vigilant of the provisions of the higher institutional authorities in financial matters, and once the limitations at this level are overcome, the attention to this need for the benefit of the health of the inhabitants of the Canton and Paso Tempisque will be scheduled accordingly (…)". Through submission MC-ALC-CRR-435-2022 of March 7, 2022, the Municipality of Carrillo reiterated to the CCSS the urgent need to have an Ebais headquarters in Paso Tempisque.

Through submission DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, the Chorotega Integrated Health Services Delivery Network Directorate stated: "This Chorotega Integrated Health Services Delivery Network Directorate proceeds to report that, in relation to this request, a technical opinion was sent to the Medical Management, through the attached official communication DRSS-DRIPSSCH-0082-2021. Subsequently, a copy of the response from the Medical Management to Deputy Luis Antonio Aiza Campos was received, through attached official communication GM-2456-2021, which literally indicated: 'In accordance with the foregoing, the institution is fully willing to address this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations it has generated in the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating positions for the conformation of new EBAIS is subject to financial conditions as it is part of the attention to what was instructed by the Board of Directors in article 29 of session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020).' Due to the foregoing, the conformation of the new EBAIS is subject to the financial conditions of the Institution, according to what was indicated by the Medical Management, in its official communication GM-2456-2021". Furthermore, by official communication GM-7414-2022 of June 15, 2022, the Medical Management of the CCSS stated: "(…) through official communication DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, Dr. Warner Picado Camarena, Director, Chorotega Integrated Health Services Delivery Network Directorate, forwards the following report: '...This Chorotega Integrated Health Services Delivery Network Directorate proceeds to report that, as indicated in previous reports: The Ebais of Paso Tempisque, which is assigned to the Carrillo Health Area, is located in the District of Palmira, and is composed of: 2 ATAPS, 1 physician, 1 REDES assistant, 1 Nursing Assistant, 1 Pharmacist, and 1 Pharmacy Technician. In addition to 1 janitorial staff and security guard from 4:00 p.m. to 7:00 a.m., through third-party contracting. Every other week, dental care is provided, with the dental professional and dental assistant, who also covers the District of Belén. The hours of care are Monday to Thursday from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. and Friday from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. One day per month, care is provided at the Periodic Community Visit Post. In addition to the above, a technical opinion was sent to the Medical Management, regarding the need for an additional Ebais, through official communication DRSS-DHIPSSCH-0082-2021, (which is attached). Subsequently, a copy of the response from the Medical Management to Deputy Luis Antonio Aiza Campos was received, through attached official communication GM-2456-2021, which literally indicates: 'In accordance with the foregoing, the institution is fully willing to address this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations it has generated in the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating positions for the conformation of new EBAIS is subject to financial conditions as it is part of the attention to what was instructed by the Board of Directors (…)' Therefore, according to the foregoing, the conformation of the new Ebais for the district of Paso Tempisque is an evident need that has been analyzed and is subject to the financial conditions of the institution...' By virtue of the foregoing, this Office reports that care is currently being provided as described above, to the population of the community of Paso Tempisque, in addition to the fact that, as indicated by Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Director of the Health Services Projection Directorate, through official communication GM-DPSS-0080-2021; according to the study 'Action Plan for the Conformation of EBAIS and Strengthening of the Health Areas of the CCSS, version #2', to date, the pertinent studies have been conducted to determine the need for new sectors for the canton of Carrillo Guanacaste, including the Paso Tempisque Ebais, which, according to financial policy and economic conditions, are scheduled for creation between the years 2022-2026, according to the programming." As such, this Office provides the report on the actions taken regarding the construction of the new EBAIS headquarters in Paso Tempisque; however, it reiterates that due to the COVID-19 pandemic and the financial constraints it has generated for the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to financial conditions.” On December 22, 2022, by memorandum DRSS-DRIPSSCH-0987-2022, the director of the Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega sent the Dirección de Proyectos de Servicios de Salud of the CCSS the proposal for the prioritization of Ebais for the year 2023, in which the Área de Salud Carrillo is mentioned, specifically the Ebais Paso Tempisque, under the “Afternoon, rotating positions” modality.

On July 20, 2023, the Gerencia Médica of the CCSS stated by memorandum GM-10588-2023: “according to the analysis carried out regarding the need to reduce EBAIS gaps of the Direcciones de Red Integradas de prestación de Servicios de Salud, the prioritization of the human resources formation exists for the opening of 1 EBAIS in Paso Tempisque. It is necessary to indicate that this Gerencia, for the provision of human resources for the creation of the aforementioned EBAIS and the rest of the EBAIS prioritized nationwide, is awaiting the definition of the limit for the creation of positions indicated by the Junta Directiva for the period 2023 or subsequent periods.” Finally, by official letter GM-10689-2023 of July 21, 2023, the Gerencia Médica of the CCSS noted: “(…) The Consejo Financiero y de Control Presupuestario in article 2 of session 255-18, held on July 19, 2018, ordered: ‘…To prioritize the creation of institutional positions in accordance with the following order: international agreements, compliance with laws, the provisions of the Junta Directiva and Presidencia Ejecutiva, and the needs raised by the Gerencias, with the Consejo Financiero y de Control Presupuestario being the Body responsible for reviewing the proposal for the creation of positions, to define their prioritization in a specific phase and issue the endorsement so that the technical validation by the Dirección Administración y Gestión de Personal proceeds. Likewise, the provisions in circular GA-51002-12, dated December 6, 2012, signed by the Cuerpo Gerencial (Ref. PE-0418-2018 of February 21, 2018, signed by Dr. Fernando Llorca Castro, executive president) regarding the procedure for preparing technical studies for determining human resources needs at the institutional level are maintained (…)’. It should be clarified that the Gerencia Financiera will annually define the maximum limit for the creation of positions according to the financial possibilities of the insurances administered by the institution, which must be oriented towards the priority programs and activities of the Caja Costarricense de Seguro Social. For 2022 and 2023, the maximum limit for the creation of positions with central funding will be 670 positions for each year, excluding positions with local funding and those related to special services. In the case of positions with local funding and special services, financial possibilities and institutional priorities will be considered, therefore what was indicated by the Política Presupuestaria 2022-2023 of the Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, and Régimen no Contributivos de Pensiones is transcribed: Guideline 6: Budgetary resources for personal services (remunerations) ‘…Strategies a. The Gerencia Financiera will annually define the maximum limit for the creation of positions according to the financial possibilities of the insurances administered by the institution, which must be oriented towards the priority programs and activities of the Caja Costarricense de Seguro Social. For 2022 and 2023, the maximum limit for the creation of positions with central funding will be 670 positions for each year…’ In relation to the aforementioned, for the 2023 period and according to the agreements of the Consejo Financiero y Control Presupuestario, the number of positions that currently have technical validation by the Dirección de Administración y Gestión de Personal for the creation of new positions exceeds the figure already previously defined by the Junta Directiva. This situation leaves us awaiting the actions that this instance must take to cover the needs prioritized by this Gerencia. It is important to note that the positions for the EBAIS of Paso Tempisque have not been prioritized by this Gerencia, but rather were identified by the Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega and transferred to this Office, where, complying with the order of prioritization, they were transferred for review and technical analysis to the Dirección de Proyección de Servicios de Salud, an instance that has them considered in a second phase of position provision for the reinforcement of the I Nivel de Atención, and complying with what was agreed by the Junta Directiva of the Caja Costarricense de Seguro Social, in article 6° of session No. 9231, held on January 6, 2022, regarding the Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención in the short and medium term, which notably indicates: […] ‘ARTICLE 6º Official letter No. GG-4192-2021, dated December 15, 2021, signed by Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente, is reviewed, by which he presents: PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.’ PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.” Por tanto, Considering the proposal of the Plan de reducción de brechas en el Primer Nivel de Atención in the short and medium term contained in official letter GG-PFPSS-0217-2021 signed by Dr. Luis Carlos Vega Martínez in his capacity as Director of the Programa de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud and what was expressed in official letter GG-4192-2021 signed by Dr. Roberto Cervantes Barrantes in his capacity as Gerente General, the Junta Directiva – unanimously – AGREES: AGREEMENT ONE To approve for its implementation the Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención in the short and medium term, aimed at strengthening comprehensive care, with emphasis on promotion and prevention activities. The creation of positions and the expenses required by the gap reduction plan must be approved annually in accordance with the institutional procedure established for these purposes, according to the plan’s implementation process and consistently with the financial situation and possibilities of the health insurance. AGREEMENT TWO To designate the Gerencia Médica to develop and conduct the necessary processes related to human resources, budget, infrastructure, supply, and associated regulations, to guarantee the implementation of the Plan de Reducción de Brechas del Primer Nivel de Atención en el Corto y Mediano Plazo, with the active involvement of the DRIPSS and the pertinent institutional units, in accordance with the provisions of agreement one. […] By virtue of the foregoing, this Gerencia Médica has defined the prioritizations, considering in the first instance the provision of human resources for the sustainability of the start-up of new infrastructures, agreements of the Junta Directiva, institutional projects, projects of the Plan Nacional de Desarrollo, and others, where they have had to be encompassed in different phases to meet general needs. Thus, it is determined that the positions for the EBAIS of Paso Tempisque are to be prioritized according to the Plan arranged by the Junta Directiva, cited above’ (emphasis added).

In view of the above, it is worth noting that this Court has held in repeated jurisprudence that:

“VI.- FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH. The right to life recognized in numeral 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that ordinal of the political charter, since life is inconceivable if the human person is not guaranteed minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other health care units of the Caja Costarricense del Seguro Social can negatively impact the preservation of the health and life of its users (…) Public entities, organs, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.

VII.- EFFICIENCY, EFFECTIVENESS, CONTINUITY, REGULARITY, AND ADAPTATION IN PUBLIC HEALTH SERVICES. The public organs and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Caja Costarricense de Seguro Social are under the duty to adopt and implement the organizational changes, to hire the medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment that are required to provide efficient, effective, and rapid services. The heads of the Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious care for patients, the problem of ‘waiting lists’ for surgical interventions and the application of certain specialized exams or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and swift manner. The heads of the Caja Costarricense de Seguro Social and the Directors of the Hospitals and Clinics belonging to it are under a duty and, consequently, are personally responsible – in the terms of article 199 and following of the Ley General de la Administración Pública – for adopting and implementing all administrative and organizational provisions and measures to put a definitive stop to the tardy provision – which, on occasions, becomes negligent due to its consequences – of health services, a situation that constitutes, clearly, an unequivocal lack of service that may give rise to the patrimonial administrative responsibility of that entity for the unlawful injuries caused to the administered or users (articles 190 and following of the Ley General de la Administración Pública)” (highlighting was added) (see judgments Nos. 2003013863 of 5:13 p.m. on December 2, 2003, 2010012297 of 2:42 p.m. on July 21, 2010, 2013004539 of 2:30 p.m. on April 9, 2013, 2015008671 of 9:05 a.m. on June 12, 2015, 2019007242 of 9:20 a.m. on April 26, 2019, 2021022837 of 9:30 a.m. on October 12, 2021, 2023019503 of 9:45 a.m. on August 9, 2023, among others).

From the foregoing, in the sub iudice case, the injury to fundamental rights by the CCSS is evident, as explained below. From the abundant documentary evidence attached to the file, it is fully demonstrated that, since 2017, the CCSS recognized the inefficient and ineffective provision of the health service in Paso Tempisque, as well as the consequent need to provide that community with a new Ebais. Precisely, in the report “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo” of January 14, 2020, the CCSS considered that the population served by the medical center of that locality “exceeds the installed capacity of the team,” which is why it was deemed appropriate to create a new Ebais with afternoon service in order to leverage existing resources. Additionally, the inefficient and ineffective provision of the aforementioned service is reflected in official letter DASC-0033-2020 of January 31, 2020, in which the Área de Salud de Carrillo noted that: “This gap negatively impacts the quality of services, due to the high demand for care from users who cannot find space at their EBAIS locations, among them, that of Paso Tempisque.” Even in official letter DRSS-DRIPSSCH-0987-2022 of December 22, 2022, the Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega included Paso Tempisque as part of the prioritization proposal for Ebais for the year 2023 under the afternoon modality.

However, despite the fact that, since 2017, the CCSS has recognized the need to expand the supply of health services to the population of Paso Tempisque and that various social actors have raised actions with the purpose of solving that problem, in the sub examine case it is demonstrated that such situation has not been resolved. Precisely, in various memorials that are part of the evidence, the authorities of the CCSS indicate that the failure to create the necessary positions for the installation of the aforementioned Ebais is due to financial conditions, in adherence to what was established by the Junta Directiva in article 29 of session No. 9139 of November 12, 2020. Furthermore, in memorandum GM-7414-2022 of June 15, 2022, the Gerencia Médica of the CCSS explained that, according to the financial policy and economic conditions, the creation of the Ebais of Paso Tempisque is scheduled between the years 2022 and 2026.

Despite this, in the sub iudice case, there is no evidentiary element whatsoever that the situation that is the object of this recurso will actually be addressed before the year 2026, which is reflected in the fact that in official letter GM-10689-2023 of July 21, 2023, the Gerencia Médica of the CCSS indicated that “the positions for the EBAIS of Paso Tempisque have not been prioritized by this Gerencia, but rather were identified by the Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega and transferred to this Office, where, complying with the order of prioritization, they were transferred for review and technical analysis to the Dirección de Proyección de Servicios de Salud, an instance that has them considered in a second phase of position provision for the reinforcement of the I Nivel de Atención, and complying with what was agreed by the Junta Directiva of the Caja Costarricense de Seguro Social, in article 6° of session No. 9231, held on January 6, 2022, regarding the Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención in the short and medium term.” Additionally, note that this Cámara Constitucional has been emphatic in pointing out that, within the framework of a constitutional, social, and democratic state of law, it is unacceptable to allege financial or budgetary limitations to evade the efficient provision of a service as essential as health, given that, as indicated ut supra, it is a constitutional imperative that this service be provided in an efficient, effective, continuous, regular, and swift manner, as recorded, among others, in judgments Nos. 2003013863 of 5:13 p.m. on December 2, 2003, 2010012297 of 2:42 p.m. on July 21, 2010, 2013004539 of 2:30 p.m. on April 9, 2013, 2015008671 of 9:05 a.m. on June 12, 2015, 2019007242 of 9:20 a.m. on April 26, 2019, 2021022837 of 9:30 a.m. on October 12, 2021, 2023019503 of 9:45 a.m. on August 9, 2023.

Therefore, the recurso is upheld, with the order issued in the operative part of this judgment (…)

Por tanto:

By majority vote, the recurso is declared with place. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez and Eva Camargo Batista, in their respective capacities, executive president in charge of the Gerencia General and medical director of the Área de Salud de Carrillo, as well as whoever holds the position of regional director of the Red de Servicios de Salud of the Chorotega region, all of the Caja Costarricense de Seguro Social, are ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their respective competencies so that, within a maximum period of ONE YEAR, counted from the notification of this pronouncement, the problem alleged by the recurrente, concerning the lack of efficient and effective provision of the health service in Paso Tempisque, is definitively resolved. The foregoing is issued with the warning that, based on the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on those who receive an order that they must fulfill or cause to be fulfilled, issued in an amparo recurso, and who do not fulfill it or cause it to be fulfilled, provided that the crime is not more severely penalized. The Caja Costarricense de Seguro Social is condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be settled in the execution of judgment of the contentious-administrative proceeding. Magistrados Castillo Víquez and Salazar Alvarado and Magistrada Garro Vargas issue a dissenting vote and declare the recurso without place. Notify” (highlighting was added).

In sum, this Constitutional Court has been consistent in emphasizing the special protection afforded to indigenous persons, as well as the relevance of the right to health, which constitutes the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights rest, and therefore its provision must respond to the criteria of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation.

Now then, in the sub examine case, the injury to the fundamental rights of the indigenous persons of Alto Carona is verified, due to the lack of efficient provision of the health service by the CCSS, which has been recognized by the same institution. In this sense, it should be remembered that the Área de Salud de Corredores is responsible for providing the health service to the population of Alto Carona; however, in memorandum ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, it was recognized that “visits are not being provided to those users because there is no access by land and access via helicopter from the Servicio de Aviación Civil was very irregular, suspending the tours and making adequate scheduling impossible without affecting the other dispersed communities that are visited (…) The PVP located in Alto Carona does not meet the minimum adequate conditions for the care of the residents, and even less so for the officials to provide adequate care, and it possibly also does not meet the requirements of the regulations of the Ministerio de Salud to qualify medical offices.” Furthermore, it is important to consider that in report AGO-99-2021 of November 8, 2021, the Internal Audit of the CCSS recognized that the users and officials of the Área de Salud de Corredores do not have the minimum conditions to receive and provide, respectively, the health service, because some periodic visit posts “have dirt floors, structures in poor condition, exposed and dangerous electrical installations, unpleasant sanitary services, uncomfortable and difficult access to the structures, among other aspects.” Thus, the CCSS itself recognized at least since 2021 that the Área de Salud de Corredores, responsible for providing the health service to the protected population of Alto Carona, does not have the minimum conditions to provide that service. Furthermore, the aforementioned Área de Salud indicated that visits are not made to the users of Alto Carona because “there is no access by land and access via helicopter from the Servicio de Aviación Civil was very irregular.” In this regard, it should be noted that this Cámara Constitucional cannot endorse the CCSS’s position regarding the lack of diligent and swift action to provide the health service in favor of the protected population, as doing so would be equivalent to circumventing the special protection regime recognized in favor of the rights and integrity of the indigenous people. Thus, while the power of the CCSS to organize itself to provide the aforementioned health service is recognized, this cannot be to the detriment of the access to medical assistance for the users, in this case, indigenous persons, who, as indicated ut supra, enjoy special protection by virtue of their condition of vulnerability. Additionally, note that in the sub lite case, there is no evidentiary element whatsoever that allows for accrediting that the situation that is the object of this recurso will be addressed promptly.

Therefore, upon verifying the lack of efficient and effective provision of the health service to the indigenous persons residing in Alto Carona by the CCSS, the recurso is upheld regarding this grievance, as indicated in the operative part of this judgment.

(…)

Por tanto:

The recurso is declared with place. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, in her capacity as executive president of the Caja Costarricense de Seguro Social, or whoever may occupy that position in her stead, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her competencies so that, within a maximum period of ONE YEAR, counted from the notification of this pronouncement, the problem alleged by the recurrente, concerning the lack of efficient and effective provision of the health service in Alto Carona, is definitively resolved. Regarding the Municipalidad de Golfito, Freiner Lara Blanco, in his capacity as mayor of Golfito, or whoever holds that position, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of his competencies so that, within a maximum period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the problem reported by the recurrente regarding the condition of the road that provides access to the community of Alto Carona in the indigenous territory Conte Burica is resolved. The foregoing is issued with the warning that, based on what is established in article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, will be imposed on those who receive an order that they must fulfill or cause to be fulfilled, issued in an amparo recurso, and who do not fulfill it or cause it to be fulfilled, provided that the crime is not more severely penalized. The Caja Costarricense de Seguro Social and the Municipalidad de Golfito are condemned to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which will be settled in the execution of judgment of the contentious-administrative proceeding. Magistrado Salazar Alvarado issues a note. Magistrada Garro Vargas issues a dissenting vote and declares the amparo recurso without place. Notify” (the emphasis is from the original).

In the instant case, the Chamber finds an injury to the fundamental rights of the protected party only with respect to the lack of efficient provision of the health service due to the delay in the construction process of the periodic visit post of Maíz de Boruca; however, regarding the rest of the grievances formulated by the accionante party, the recurso is declared without place, in accordance with the following considerations.

As recorded in the cited precedent, this Cámara Constitucional has emphasized the special protection enjoyed by indigenous persons, as well as the importance of the right to health, which constitutes the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights rest, and therefore its provision must respond to criteria of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation.

Despite this, in the sub iudice case, the lack of efficient provision of the health service by the CCSS is corroborated, to the detriment of the protected persons, who reside in the indigenous territory Maíz de Boruca, due to the delay in the construction of the periodic visit headquarters for that community. In this sense, note that, at least since 2022, the CCSS recognized the need to build a new health post in Maíz, which is why it was included among the institutional projects to be carried out and the objective was determined as “Construction of a Periodic Visit Headquarters. Improvement of the quality of care for the users of the Casa de Visita Periódica of Maíz, Colinas (indigenous territory), and surrounding communities, through the improvement of operating conditions. Provide adequate infrastructure for the population assigned to the CVS of Maíz de Colinas, guaranteeing comprehensive health care for all persons, with quality and warmth. Provide comfort and safety to users and officials throughout the working day. In addition to guaranteeing an adequate place for the safeguarding of institutional assets, tools of great importance for the performance of functions and the care provided by the CCSS.” However, even though such a project began in May 2022, at the time of issuance of this pronouncement, namely more than two and a half years later, no significant progress has been verified; rather, it remains in the same initial phase, namely, the one concerning the acquisition of the land on which the health center in question will be located. The foregoing is reflected in the execution schedule provided as evidence in memorandum PE-DPI-0203-2025 of February 20, 2025, signed by the Dirección de Planificación Institucional of the CCSS:

Construction of the Periodic Visit Headquarters of Maíz de Buenos Aires

1470 dayslun 02/05/22vie 17/12/27
Land acquisition897 dayslun 02/05/22mar 07/10/25
Design SVP de Maíz10 daysmié 08/10/25mar 21/10/25
SETENA100 daysmié 08/10/25mar 24/02/26
SETENA Contracting Purchase Process20 daysmié 08/10/25mar 04/11/25
Submission of documentation to SETENA20 daysmié 05/11/25mar 02/12/25
Obtaining Environmental Viability60 daysmié 03/12/25mar 24/02/26
Simplified Tender Purchase Process92 daysmié 25/02/26jue 02/07/26
Preparation of File2 daysmié 25/02/26jue 26/02/26
Invitation1 dayvie 27/02/26vie 27/02/26
Presentation of Bids10 dayslun 02/03/26vie 13/03/26
Purchase Opening1 daylun 16/03/26lun 16/03/26
Purchase Analysis2 daysmar 17/03/26mié 18/03/26
Financial Analysis10 daysjue 19/03/26mié 01/04/26
Technical Analysis and Reasonableness5 daysjue 02/04/26mié 08/04/26
Legal Analysis5 daysjue 09/04/26mié 15/04/26
Award20 daysjue 16/04/26mié 13/05/26
Notification1 dayjue 14/05/26jue 14/05/26
Appeals Process15 daysvie 15/05/26jue 04/06/26
Firmness and Guarantees5 daysvie 05/06/26jue 11/06/26
Internal Approval15 daysvie 12/06/26jue 02/07/26
Construction Process120 dayslun 05/07/27vie 17/12/27
Permits30 dayslun 05/07/27vie 13/08/27
Construction90 dayslun 16/08/27vie 17/12/27

The aforementioned lack of diligent and swift attention by the CCSS is aggravated when considering that, as of January 27, 2025, the health post where medical care was provided to the population of Maíz and surrounding areas ceased to function, because the land on which it was located is owned by the community school, where a construction process began.

Consequently, the appropriate course of action is to uphold the recurso regarding this grievance and order the executive president of the CCSS to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her competencies, so that by no later than December 2027 the construction of the periodic visit post of Maíz de Boruca is completed, as recorded in the schedule provided as evidence in memorandum PE-DPI-0203-2025 of February 20, 2025, signed by the Dirección de Planificación Institucional of the CCSS.

V.- On the other hand, it should be remembered that in judgment No. 2022023279 of 9:20 a.m. on October 7, 2022, the Chamber referred to the educational center Maíz in the following terms:

“III.- SPECIFIC CASE. In the instant case, the recurrentes consider the fundamental rights of those protected to be harmed, by virtue of the fact that, since May 9, 2022, at the educational center Maíz de los Borucas, the dining service has not been provided, a situation that also affects academic performance. They claim that only three hours of class are provided, under the pretext that there is no dining service.

They allege that since 2015, the school has had a sanitary order that to date has not been addressed, and therefore they currently lack a dignified and safe place to attend classes. They affirm that the students receive lessons in the school cafeteria; consequently, the administrative authorities justify its non-use for this reason, thereby violating the fundamental right of access to proper nutrition.

From the record, it is accredited that, in 2015, the Health Governing Area of Buenos Aires de Puntarenas issued a sanitary order regarding the poor physical-sanitary conditions of the El Maíz de los Borucas school. Added to the above, the follow-up visits that this governing area has been conducting since May 2017 confirm that the problems denounced by the child students persist. Even aside from the fact that, according to the director of Educational Infrastructure, between 2015 and 2016 a design process for the new infrastructure of that educational center was initiated, the reality is that, due to the limited budgetary availability of that agency, this project is postponed. Even, it was reported under oath that the project in question would enter the investment plan for the year 2023. The foregoing, despite the fact that as of July 2021, the Indigenous Development Association granted a new property to the educational center for the construction of the new facilities. Thus, on this aspect of the appeal, the Chamber finds that the alleged violation occurred, since, as can be observed with crystal clarity, the reality is that seven years after that sanitary order was issued, the problem persists.

Regarding the second aspect of the appeal, the regional director of Grande de Térraba reported that the schedule being challenged is due to enrollment, as they only have 8 students in preschool and 16 students in I and II Cycles, and because, for the 2022 school year, the educational center is classified as D. Therefore, he explains, students are served in a single session from 7 a.m. to 10 a.m., on short days, or to 10:50 a.m., on long days, in accordance with the time module established by the Higher Education Council.

Finally, regarding the nutrition of the student population, it was proven that from May 9, 2022, until August 24 of the same year, the child students of the El Maíz de los Borucas school did not receive any food, given that the cafeteria worker of that educational center resigned from her position and that the Health Committee informed the school board that the premises where the children's food was prepared would not be made available, given that the land where that establishment is located was collapsing. As explained, by virtue of the above, on July 22, 2022, the form "Cambio de Modalidad de Servicio de Comedor 2022" for the El Maíz de los Borucas school was submitted to DANEA. Therefore, as of August 24 of the current year, the meal service for the students of that school became effective through the "plato servido" modality. Precisely, on this particular point, since the restoration of the child students' nutrition had already been arranged prior to the notification of the transfer order, the Chamber rules out that this grievance occurred.

In summary, the appeal must be upheld solely regarding the physical-sanitary problems at the El Maíz de los Borucas school and the non-compliance with the sanitary order issued due to this problem. The rest of the petition is dismissed.

(...)

THEREFORE:

The appeal is partially granted, solely regarding the physical-sanitary problems at the El Maíz de los Borucas school and the non-compliance with the sanitary order issued due to this problem. It is ordered that José Leonardo Sánchez Hernández and Álvaro Mata Leitón, in their capacity as acting minister and director of the Directorate of Educational Infrastructure, respectively, both of the Ministry of Public Education, or whoever occupies those positions in their stead, issue the necessary directives, within the respective scope of their powers, and take the necessary steps so that, within a maximum period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the physical-sanitary improvements indicated by the Ministry of Health be carried out at the El Maíz de los Borucas school. Said property must guarantee a healthy and adequate environment for the education of the students of that educational center. Likewise, these educational authorities are ordered, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of this same judgment, to adopt and execute the necessary provisional measures to allow the continuity and development of lessons and other activities, with full safety for the health and physical and emotional integrity of the educational community of the El Maíz de los Borucas school. It is ordered that Randall Bejarano Campos, director of the Health Governing Area of Buenos Aires, or whoever occupies that position in his stead, within a period of ONE MONTH, counted from the notification of the judgment, verify compliance with sanitary order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 of June 15, 2015, to protect the life, physical integrity, and health of the minors attending the school, as well as the teaching and administrative staff, ensuring its compliance and, if it is not complied with, take timely and pertinent measures to establish responsibilities for the officials who fail to act. The foregoing under warning that, based on the provisions of Article 71, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo appeal, and does not comply with it or does not enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the events serving as the basis for this declaration, which shall be liquidated in execution of the judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrate Salazar Alvarado records a note. Magistrate Garro Vargas records a note. In all other respects, the appeal is dismissed. Let this be notified." In the sub iudice, although the appellants maintain that the Maíz health post was located on land donated for that purpose and challenge the change of use made to that property, it is no less true that the record shows that this structure was actually located on the land that was donated in November 2016 by the ADI of Boruca to the Education Board of the Maíz school. Furthermore, according to the evidence in the record, as of that date, the educational center allowed the health post to operate on the land; however, facing the construction works to be carried out to comply with the provisions of both sanitary order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 of June 15, 2015, and the aforementioned judgment No. 2022023279 of 9:20 a.m. on October 7, 2022, the Education Board communicated the need to dispose of the establishment.

Considering the foregoing, it is pertinent to clarify that the amparo appeal is eminently summary in nature, such that its processing is incompatible with the undertaking of extensive or complex evidence, which rather corresponds to the ordinary jurisdiction. Therefore, it is not for this Constitutional Chamber to establish, in accordance with the infra-constitutional regulations governing the matter and the particularities of the case under study, whether the ownership of the land on which the Maíz health post was located effectively corresponds to the Education Board of the Maíz school or not, nor whether the procedures stipulated in the legal system for making the change of registered owner of the aforementioned land were complied with or not. Nor is it for this specialized venue to determine whether, given the impossibility of using the Maíz health post and the lack of construction of the new health center referred to supra, the best alternative for providing health services to the community of Maíz is the Ebais of Boruca, or whether this can be provided in some other structure located within the aforementioned community. In the same vein, it is not for this Chamber to rule on the disagreements raised by the appellant party regarding the actions of the respondent community representation bodies concerning the request to relocate the health center. This is because carrying out such an analysis would necessitate slow and complex evidentiary proceedings that are incompatible with the summary nature of the amparo appeal, and therefore such disputes must be resolved in the ordinary jurisdictional venue.

Having clarified the above, an integral reading of the filing brief reveals the appellant party's disagreement with the decision to cease providing health services in Maíz and the consequent transfer of patients assigned to that health post to the Ebais of Boruca. Regarding this, although given the facts described, health services can no longer be provided in the community of Maíz as they had been for years, it is no less true that, at the request of the Maíz Health Committee itself—that is, a body possessing community representation—the CCSS adopted a temporary measure to guarantee the provision of the right to health to the inhabitants of Maíz and neighboring towns, that being their transfer to receive medical care at the Ebais of Boruca; this, while the necessary actions are undertaken to build a new health post in the mentioned community, a provisional measure which, in the opinion of this Chamber, is not openly arbitrary and disproportionate. In this sense, note that what is relevant for the purposes of this specialized venue is that the essential core of the right under study, the right to health, is not affected, and in this case it is evident that, given the impossibility of continuing to use the Maíz health post due to the circumstances described above, the CCSS adopted decisions to continue providing that essential service provisionally while the construction works referred to in the preceding recital are completed.

On the other hand, although in the filing brief the appellant party requests that the respondent authorities be ordered to clarify a series of questions, for example, what the procedure used was to accept the change of use of an asset dedicated to a public purpose such as healthcare for the purpose of education, as well as to indicate the situation of the land that was donated years ago for the health post, it is no less true that the record in this sub iudice contains no evidence that the petitioners had raised such requests before the respondent authorities, and therefore no injury to fundamental rights is proven on this point.

Finally, the Chamber observes that the petitioners also file the appeal against the Asociación de Desarrollo De Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz; however, by virtue of the considerations indicated supra, it is deemed that there is no interest in granting a hearing to such parties.

Consequently, the appeal is dismissed with respect to these points. (...)" ...

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Content type: Majority opinion Branch of Law: 2. PRINCIPLES WITH JURISPRUDENCE Topic: Efficiency and effectiveness of public services Subtopics:

NOT APPLICABLE.

EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICES.

"(...) In the specific case, the Chamber finds injury to the fundamental rights of the protected party only with respect to the lack of efficient provision of the health service due to the delay in the construction process of the periodic visit post of Maíz de Boruca; however, regarding the rest of the grievances formulated by the appellant party, the appeal is dismissed, in accordance with the following considerations.

As stated in the cited precedent, this Constitutional Chamber has emphasized the special protection enjoyed by indigenous persons, as well as the importance of the right to health, which constitutes the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights rest, and therefore its provision must respond to criteria of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation.

Despite this, in the sub iudice, the lack of efficient provision of the health service by the CCSS to the detriment of the protected persons, who reside in the indigenous territory of Maíz de Boruca, is confirmed, due to the delay in the construction of the periodic visit headquarters for that community. In this sense, note that, at least since the year 2022, the CCSS recognized the need to build a new health post in Maíz, which is why it was included among the institutional projects to be carried out, and the objective was determined as "Construction of the Periodic Visit Headquarters. Improvement of the quality of care for users of the Periodic Visit House of Maíz, Colinas (indigenous territory), and surrounding communities, through the improvement of operating conditions. To provide adequate infrastructure for the population assigned to the CVS of Maíz de Colinas, guaranteeing quality and warmth in general health care for all persons. To provide comfort and safety to users and staff during the entire workday. In addition to guaranteeing an adequate place for the safeguarding of institutional assets, tools of great importance for the performance of functions and the care provided by the CCSS." However, even though this project started in May 2022, at the time of issuance of this pronouncement, that is, more than two and a half years later, no significant progress has been verified; rather, it remains in the same initial phase, namely, that related to the acquisition of the land on which the health center in question will be located. The foregoing is reflected in the execution schedule provided as evidence in brief PE-DPI-0203-2025 of February 20, 2025, signed by the Directorate of Institutional Planning of the CCSS:

Construction of the Periodic Visit Headquarters of Maíz de Buenos Aires | --- | --- | --- | --- | | 1470 days | | Mon 05/02/22 | Fri 12/17/27 | | | | | | | Land acquisition | | 897 days | Mon 05/02/22 | Tue 10/07/25 | | | | | | | Design SVP de Maíz | | 10 days | Wed 10/08/25 | Tue 10/21/25 | | | | | | | SETENA | | 100 days | Wed 10/08/25 | Tue 02/24/26 | | | | | | | SETENA Procurement Process | | 20 days | Wed 10/08/25 | Tue 11/04/25 | | | | | | | Submission of documentation to SETENA | | 20 days | Wed 11/05/25 | Tue 12/02/25 | | | | | | | Obtaining Environmental Viability | | 60 days | Wed 12/03/25 | Tue 02/24/26 | | | | | | | Abbreviated Tender Procurement Process | | 92 days | Wed 02/25/26 | Thu 07/02/26 | | | | | | | Dossier Preparation | | 2 days | Wed 02/25/26 | Thu 02/26/26 | | | | | | | Invitation | | 1 day | Fri 02/27/26 | Fri 02/27/26 | | | | | | | Submission of Bids | | 10 days | Mon 03/02/26 | Fri 03/13/26 | | | | | | | Opening of Procurement | | 1 day | Mon 03/16/26 | Mon 03/16/26 | | | | | | | Procurement Analysis | | 2 days | Tue 03/17/26 | Wed 03/18/26 | | | | | | | Financial Analysis | | 10 days | Thu 03/19/26 | Wed 04/01/26 | | | | | | | Technical and Reasonability Analysis | | 5 days | Thu 04/02/26 | Wed 04/08/26 | | | | | | | Legal Analysis | | 5 days | Thu 04/09/26 | Wed 04/15/26 | | | | | | | Award | | 20 days | Thu 04/16/26 | Wed 05/13/26 | | | | | | | Notification | | 1 day | Thu 05/14/26 | Thu 05/14/26 | | | | | | | Appeals Process | | 15 days | Fri 05/15/26 | Thu 06/04/26 | | | | | | | Finality and Guarantees | | 5 days | Fri 06/05/26 | Thu 06/11/26 | | | | | | | Internal Approval | | 15 days | Fri 06/12/26 | Thu 07/02/26 | | | | | | | Construction Process | | 120 days | Mon 07/05/27 | Fri 12/17/27 | | | | | | | Permits | | 30 days | Mon 07/05/27 | Fri 08/13/27 | | | | | | | Construction | | 90 days | Mon 08/16/27 | Fri 12/17/27 | The aforementioned lack of diligent and swift attention by the CCSS is aggravated when considering that, as of January 27, 2025, the health post where medical care was provided to the population of Maíz and nearby places ceased to function, because the land on which it was located is the property of the community school, where a construction process began.

Consequently, the proper course is to uphold the appeal with respect to this grievance and order the executive president of the CCSS to coordinate the necessary actions and carry out all activities within the scope of her powers, so that no later than the month of December 2027, the construction of the periodic visit post of Maíz de Boruca is completed, as stated in the schedule provided as evidence in brief PE-DPI-0203-2025 of February 20, 2025, signed by the Directorate of Institutional Planning of the CCSS. (...)" VCG03/2025 ... See more Content of Interest:

Content type: Dissenting vote Branch of Law: 4. MATTERS OF REMEDY Topic: HEALTH Subtopics:

MEDICAL CARE. PUBLIC POLICIES.

VI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO AND MAGISTRATE GARRO VARGAS, WITH THE LATTER WRITING.

I.On the object of the appeal. In the case under study, residents of the town of Maíz, belonging to Colinas de Buenos Aires, Puntarenas, filed an amparo appeal against the Caja Costarricense de Seguro Social, the Ministry of Public Education, the Ministry of Health, the Asociación de Desarrollo de Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz, alleging the following:

"The appellants state that they live in Maíz, which is located on the boundary of the Boruca indigenous territory. They point out that on January 22, 2025, a communication signed by representatives of the Asociación de Desarrollo de Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz was received, addressed to "Residents of Maíz and nearby towns who receive Medical Care at the Casa de Salud de Maíz," through which it was stated that care would no longer be provided at the health post as of January 27, 2025, and therefore the transfer of patients must be arranged and medical appointments must be attended in the community of Boruca. They claim that such a decision was adopted without prior consultation with the people. They maintain that the foregoing affects the population of Maíz, as well as other nearby towns such as Jalisco, Ojo de Agua, Mayal, and San Luis, who also received medical care at the aforementioned health post. They affirm that it became known that, on January 17, 2025, the Comité de Salud de Maíz requested the transfer of patient care to the Ebais of Boruca, which was authorized by the Health Area of Buenos Aires. They emphasize that they are unaware of any technical basis for the decision, nor do they have knowledge of any future project for patients to be attended again in Maíz. They point out that construction of the community school began on the land where the health post was located, despite the fact that this land was donated exclusively for that purpose, and they therefore question that the use of an asset dedicated to health care was changed to another purpose such as education. They affirm that the relocation of the health post creates multiple inconveniences for the population, due to the distance they must travel to Boruca, the poor condition of the roads, and the inadequacies of the public transportation service provided to the various affected communities. They request that the CCSS be ordered to provide a temporary solution to continue providing primary care in the community of Maíz while a new health post is built.

II.Contextualization of the amparo appeal. Although not alleged in the amparo appeal, it must be noted that following a public pronouncement by the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social to suspend all projects in the institutional investment portfolio that have not yet started, with the justification that they seek to guarantee the financial sustainability of the entity, various actors in society - including members of Municipalities - filed amparo appeals to protect their constituents, arguing that these measures violated the right to health and to the correct, efficient, and effective provision of public services.

III.Background on claims regarding the suspension of institutional investments of the Caja Costarricense de Seguro Social. In this regard, this constitutional jurisdiction has processed several amparo appeals challenging the agreement of the Board of Directors of the CCSS to suspend the institutional investment portfolio whose construction process had not started. In judgment No. 2023-015622 of 9:20 a.m. on June 30, 2023, it heard the specific case related to the construction of the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya, in which this Court held:

"IV.- ON THE MERITS. The purpose of the amparo appeal is to provide timely protection against violations or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as an instrument for controlling the legality of the acts of the various Public Administrations. For this reason, the amparo process is eminently summary in nature - that is, brief and simple - and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine - declaratively - whether the facilities housing the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya (Clinic) and the Branch do or do not meet the requirements for properly providing the public services entrusted to the Caja Costarricense de Seguro Social. Furthermore, although it is indicated that the current buildings do not meet such conditions for adequate operation - as they are two-story buildings, with no elevator or ramps because they were not built for that purpose, failing to comply with the regulations of the Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad - that the spaces where some services are provided are very small, enclosed, and not designed for such purposes, and, in addition, they lack parking, a Shock Room, a Training Area, or the possibility of housing a Laboratory Service, among others, the fact is that the appellants do not mention having filed any complaint in this regard. In this respect, it is important to highlight that this Constitutional Chamber is not a complaint-processing body, which is why they must appeal to the Ministry of Health, the Caja Costarricense de Seguro Social, or the appropriate legal venue to raise the pertinent claims (see, in the same sense, Judgment No. 2023-13510 of 9:20 a.m. on June 9, 2023).

V.- On the other hand, regarding the accusation that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social unanimously adopted an agreement to suspend the 'Institutional Investment Portfolio whose construction process has not started'; and, consequently, the construction of the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya (Clinic) and the Branch, it was proven that the Nicoya Health Area headquarters project effectively includes the construction of a new Type 1 Health Area Headquarters, through the CCSS-BCR Real Estate Trust contracting model. This contract's scope includes Preliminary Studies, Preliminary Design, Design, Construction, Equipment, Commissioning, and Maintenance, on a land area of 26,941 m2 with an initially estimated construction area of 5,144.11 m2. This has an estimated investment cost of ¢10.114 billion colones and incremental operating costs initially estimated at ¢11.495 billion colones, both figures corresponding to the disbursements the institution would incur in the 2023-2032 decade. According to the project schedule, containing the estimated execution times, this project would conclude in the year 2026 as detailed below: a) contracting March 2022, completion in July 2023, b) preliminary design, construction plans, permits, and endorsements, start August 2023, completion in December 2024, c) execution start in 2024 and completion in March 2026. Project CCSS-0879 Sede Área de Salud Nicoya is in the Procurement stage, under the public tender process of ADCEM #4 (2022PP-000013-007930000 1), specifically in the activity of bid analysis and technical recommendation by the Project Management Unit. Now, it was also proven that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, by Article 1, of Session No. 9318, held on March 9, 2023, resolved to suspend all projects in the Institutional Investment Portfolio that had not started the construction process. Subsequently, by Article 1, of Session No. 9319, held on March 13, 2023, it clarified that any project definitively awarded would continue its execution phase and, additionally, that the Board of Directors would make the decision on the continuity of projects, considering financial viability and funding sources, according to requested studies. Finally, it is accredited that the referred Board of Directors, by Article 22, of Session No. 9331, held on May 4, 2023, resolved the following: 'FIRST AGREEMENT. Instruct the Infrastructure and Technologies Management to continue the development and execution of the 30 Health Area projects included in the CCSS-BCR Real Estate Trust (6 already definitively awarded and 24 in different development processes) according to the operational start-up scenario approved by the Board of Directors in Article 4 of session No. 9237 held on January 27, 2022, by virtue of the fact that the Trust contract does not allow the application of Prioritization Rules for decision-making.' Regarding the Caja Costarricense de Seguro Social, it is pertinent to explain that it is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social security, including its infrastructure. Furthermore, in accordance with Article 3, of Law No. 17 of October 22, 1943, Constitutive Law of the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), the Board of Directors shall adopt the necessary agreements to progressively extend its services throughout the country, for which it must make agreements regarding the investment of the institution's funds according to criteria of opportunity and social convenience. In this respect, the Executive President of the Caja Costarricense de Seguro Social indicated that the Board of Directors has issued various agreements regarding the investment portfolio, in which the issue has been analyzed and important decisions with institutional impact have been adopted regarding the continuity of different projects, which aims to protect fundamental rights such as health, equality, and life. Thus, it is clear to this Court that it will depend on the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in protection of health as a public interest asset, to carry out the necessary actions to safeguard the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the powers entrusted in the Political Constitution and infra-constitutional regulations. In this specific case, beyond alleging a violation of fundamental rights, the aim of the appellant party is for this Constitutional Court to carry out a legality review of the actions of the respondent Administration that affect the suspension of the construction project of their interest. However, the issue raised must be discussed in the appropriate legal venue, not the constitutional one. In any event, under oath, it was indicated that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, by Article 22, of Session No. 9331, held on May 4, 2023, resolved to continue actively working on the necessary procedures concerning each of the institution's Health Areas included in the cited trust, including the Health Area of Nicoya. In conclusion, this Constitutional Chamber establishes that there is currently no situation justifying its intervention in defense of the right to health or equal opportunities for any person or persons with disabilities. By virtue of the foregoing, the appeal is dismissed" (see also, in a similar vein, ruling No. 2023016389 of 9:30 a.m. on July 7, 2023, issued in amparo appeal 23-008311-0007-CO).

In judgment No.

2023016389 of 09:30 hours on July 7, 2023, the Constitutional Court heard an amparo against the Caja Costarricense de Seguro Social in which it was claimed that the Board of Directors of that institution suspended the construction project for the new Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez and the institutional investment portfolio whose construction process had not begun. They emphasize that the suspension of the procedure leaves the users of the aforementioned hospital defenseless and puts the life and health of the petitioners at risk by not having adequate conditions for their care. Unanimously, the Chamber ordered:

"In congruence with the partially transcribed judgment and as there is no element whatsoever to vary the criterion expressed therein, this Chamber considers that the appeal must be declared without merit, since, in the particular case, there is no record that the petitioners have filed any complaint regarding the conditions alleged and supposedly found at the Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez. In this regard, it is reiterated that this Constitutional Chamber is not a complaint-processing instance, which is why they must go to the Ministry of Health (Ministerio de Salud), the Caja Costarricense de Seguro Social, or the appropriate legality channel, in order to file the pertinent claims.

Finally, regarding the accusation that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social adopted a unanimous agreement to suspend the institutional investment portfolio intended for the construction of the new hospital in Cartago. The Caja Costarricense de Seguro Social is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social insurance, including its infrastructure. Thus, it will be up to the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in safeguarding health as a public interest good, to carry out the necessary actions to protect the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the powers entrusted to it in the Political Constitution and in infra-constitutional regulations. In the specific case, beyond accusing a violation of fundamental rights, the claim of the petitioner seeks to have this Constitutional Court carry out a legality control (control de legalidad) of the actions of the appealed Administration, which affect the suspension of the construction project of its interest. However, it is in the appropriate legality channel that the issue raised must be discussed, not in the constitutional one.

In conclusion, this Constitutional Chamber establishes that there is currently no situation that justifies its intervention in defense of the right to health of any person or persons. By virtue of the foregoing, the appeal is declared without merit." For further elaboration, it is worth citing that this Chamber on other occasions has referred to the investment portfolio of the CCSS and precisely on the construction of the EBAIS of Santa Cruz, through judgment No. 2023-018187 of 09:55 hours on July 25, 2023, resolved the following:

"III.- On the specific case. In the sub lite, the petitioner, who is a member of the Health Board (Junta de Salud) of Turrialba, states that she has coordinated with the appealed authority the construction of two EBAIS in Turrialba, specifically, in Santa Cruz and in Grano de Oro -Cabécar indigenous zone-. She claims that the appealed authority canceled both projects, as recorded in official letters Nos. ASTJ-ADM-024-03-2023 and ASTJ-ADM-032-03-2023, in which, specifically, it was ordered: 'Suspend all Institutional Investment Portfolio projects that have not begun the construction process.' She maintains that this decision will cause a deterioration in the condition and treatment of the ailments of the affected populations and is based on budgetary reasons.

In this regard, this constitutional jurisdiction has processed several amparo appeals in which the agreement of the CCSS Board of Directors to suspend the institutional investment portfolio whose construction process has not begun has been questioned. In judgment no. 2023-015622 of 9:20 hours on June 30, 2023, it heard the specific case related to the construction of the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya, in which this Court held:

"IV.- ON THE MERITS. The purpose of the amparo appeal is to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as an instrument for controlling the legality of the acts of the various Public Administrations. For this reason, the amparo process is eminently summary in nature -that is, brief and simple- and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to previously examine -declaratively- whether the facilities housing the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya (Clinic) and the Branch meet or not the requirements to appropriately provide the public services entrusted to the Caja Costarricense de Seguro Social. On the other hand, although it is indicated that the current buildings do not meet such conditions for adequate operation -since they are two-story, do not have an elevator or ramps because it was not built for that purpose, failing to comply with the regulations of the Law on Equal Opportunities for Persons with Disabilities (Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad)-, that the spaces where some services are provided are very small, enclosed, and not designed for such purposes, and, in addition, they have no parking, or Shock Room or Training Area, possibility of housing a Laboratory Service, among others, the truth of the case is that the petitioners do not refer to having filed any complaint in that sense. In this regard, it is important to emphasize that this Constitutional Chamber is not a complaint-processing instance, which is why they must go to the Ministry of Health (Ministerio de Salud), the Caja Costarricense de Seguro Social, or the appropriate legality channel, in order to file the pertinent claims (see, in the same sense, Judgment No. 2023-13510 of 9:20 hours on June 9, 2023).

V.- On the other hand, regarding the accusation that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social adopted a unanimous agreement to suspend the 'Institutional Investment Portfolio whose construction process has not begun'; and, consequently, the construction of the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya (Clinic) and of the Branch, it was proven that indeed the project for the headquarters of the Health Area of Nicoya includes the construction of a new Type 1 Health Area Headquarters, through the contracting figure of the CCSS-BCR Real Estate Trust. This contract foresees in its scope, the Preliminary Studies, Blueprint, Design, Construction, Equipment, Commissioning and Maintenance, on a land area of 26,941m2 and with a preliminarily estimated construction area of 5,144.11 m2. The foregoing with an estimated investment cost of ₡10,114 million colones and incremental operating costs for a preliminary estimated amount of ₡11,495 million colones, both figures correspond to the expenditures that the institution would incur in the decade 2023-2032. According to the project schedule, which contains the estimated execution times, this project would be completed in 2026 as detailed below: a) contracting March 2022 completion in July 2023, b) blueprint, construction plans, permits and approvals, start August 2023 completion in December 2024, c) execution start 2024 and completion in March 2026. Project CCSS-0879 Nicoya Health Area Headquarters, is in the Contracting stage, under the bidding process of ADCEM #4 (2022PP-000013-007930000 1), specifically in the activity of bid analysis and technical recommendation by the Project Management Unit. However, it was also proven that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, by article 1, of Session No. 9318, held on March 9, 2023, resolved to suspend all Institutional Investment Portfolio projects that had not begun the construction process. Subsequently, by article 1, of Session No. 9319, held on March 13, 2023, it clarified that any project that had been firmly awarded would continue with its execution stage and, in addition, that the Board of Directors would make the decision on the continuity of the projects, considering financial viability and funding sources, according to requested studies. Finally, it is taken as proven that the referred Board of Directors, by article 22, of Session No. 9331, held on May 4, 2023, resolved the following: "FIRST AGREEMENT. Instruct the Infrastructure and Technologies Management to continue with the development and execution of the 30 Health Area projects included in the CCSS-BCR Real Estate Trust (6 already firmly awarded and 24 in different development processes) according to the operational entry scenario approved by the Board of Directors in session Article 4 of session No. 9237 held on January 27, 2022, by virtue of the fact that the Trust contract does not allow the application of Prioritization Rules for decision-making." Regarding the Caja Costarricense de Seguro Social, it is worth noting that this is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social insurance, including its infrastructure. In addition, in accordance with article 3, of Law No. 17 of October 22, 1943, Constitutive Law of the Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, the Board of Directors will take the necessary agreements to progressively extend its services to the entire country, for which it must make agreements regarding the investments of the institution's funds according to criteria of opportunity and social convenience. In this regard, the Executive President of the Caja Costarricense de Seguro Social indicated that the Board of Directors has issued various agreements regarding the investment portfolio, in which the issue has been analyzed and important decisions with institutional impact have been adopted, regarding the continuity of various projects, which aims to protect fundamental rights such as health, equality, and life. Thus, it is clear to this Tribunal that it will be up to the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in safeguarding health as a public interest good, to carry out the necessary actions to protect the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the powers entrusted to it in the Political Constitution and in infra-constitutional regulations. In the specific case, beyond accusing a violation of fundamental rights, the claim of the petitioner seeks to have this Constitutional Court carry out a legality control (control de legalidad) of the actions of the appealed Administration, which affect the suspension of the construction project of its interest. However, it is in the appropriate legality channel that the issue raised must be discussed, not in the constitutional one. In any case, under oath, it was indicated that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, by article 22, of Session No. 9331, held on May 4, 2023, resolved to continue actively working on the necessary procedures in relation to each of the institution's Health Areas that are within the cited trust, including the Health Area of Nicoya. In conclusion, this Constitutional Chamber establishes that there is currently no situation that justifies its intervention in defense of the right to health or equal opportunities for any person or persons with any disability. By virtue of the foregoing, the appeal is declared without merit" (see also, in a similar sense, vote no. 2023016389 of 9:30 hours on July 7, 2023, issued in amparo appeal 23-008311-0007-CO).

In congruence with the criterion expressed in the partially transcribed judgment and, as there is no element whatsoever to vary it, it is the criterion of this Tribunal that the appeal must be declared without merit. In that sense, in the specific case, it is taken as demonstrated that the Board of Directors agreed to instruct the Infrastructure and Technologies Management to continue with the development and execution of the projects for 30 Health Areas included in the CCSS-BCR Real Estate Trust. For this reason, the Institutional Planning Directorate together with the Infrastructure Management of the Caja Costarricense de Seguro Social sent official letter PE-DPI-445-2023 of June 7, 2023, to the Board of Directors, through which they requested the continuity of those projects that, due to their impact and level of maturity, among which are the medical centers being claimed: EBAIS of Santa Cruz and the EBAIS of Grano de Oro, Periodic Visit Paso Marcos and Periodic Visit Roca Quemada. Consequently, based on the cited antecedents, the appeal must be declared without merit." In judgment No. 2023-18187 of 09:55 hours on July 25, 2023, an amparo appeal filed by a member of the Health Board (Junta de Salud) of Turrialba was heard, where it was claimed that they have coordinated with the appealed authority the construction of two EBAIS in Turrialba, specifically, in Santa Cruz and in Grano de Oro -Cabécar indigenous zone-. They state that the construction of the EBAIS in Santa Cruz was approved because the property where it was previously located was declared uninhabitable and, given such circumstance, a property owned by the Archdiocese of Cartago was rented, but this measure is not definitive and the closure of that premises would imply that users must go to a center located 12 km away. They point out that the construction of the EBAIS in Grano de Oro was planned together with Periodic Visit Posts in Roca Quemada and Paso Marcos. They detail that said complex of constructions is necessary to improve the comprehensive care that must be provided in the indigenous zone. They argue that the CCSS canceled both projects, as recorded in official letters nos. ASTJ-ADM-024-03-2023 and ASTJ-ADM-032-03-2023, in which, specifically, it was ordered: "Suspend all Institutional Investment Portfolio projects that have not begun the construction process." They maintain that this decision will cause a deterioration in the condition and treatment of the ailments of the affected populations and is based on budgetary reasons. Consequently, they request the intervention of this Chamber so that it orders "to finish both construction projects properly and thus cover the health care needs of the populations of Santa Cruz and Grano de Oro in Turrialba." (highlighting is not original). On that occasion, the Chamber -unanimously- resolved:

"In congruence with the criterion expressed in the partially transcribed judgment and, as there is no element whatsoever to vary it, it is the criterion of this Tribunal that the appeal must be declared without merit. In that sense, in the specific case, it is taken as demonstrated that the Board of Directors agreed to instruct the Infrastructure and Technologies Management to continue with the development and execution of the projects for 30 Health Areas included in the CCSS-BCR Real Estate Trust. For this reason, the Institutional Planning Directorate together with the Infrastructure Management of the Caja Costarricense de Seguro Social sent official letter PE-DPI-445-2023 of June 7, 2023, to the Board of Directors, through which they requested the continuity of those projects that, due to their impact and level of maturity, among which are the medical centers being claimed: EBAIS of Santa Cruz and the EBAIS of Grano de Oro, Periodic Visit Paso Marcos and Periodic Visit Roca Quemada. Consequently, based on the cited antecedents, the appeal must be declared without merit." In resolution No. 2023022339 of 09:15 hours on September 8, 2023, this Tribunal heard an amparo appeal filed by residents of the district of Santa Cruz de Turrialba. In that judgment -unanimously- the amparo was dismissed, under the following arguments:

"Such considerations are applicable to the case under study, since this Tribunal finds no reasons to vary the criterion expressed in said judgments, nor reasons that would lead it to assess the situation differently. Consequently, the appeal must be dismissed, since in the case under study there is no record that the petitioners have filed any complaint regarding the conditions alleged. In that sense, it is reiterated that this Constitutional Chamber is not a complaint-processing instance, which is why they must go to the Ministry of Health (Ministerio de Salud), the Caja Costarricense de Seguro Social, or the appropriate legality channel, in order to file the pertinent claims.

On the other hand, regarding the accusation that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social adopted an agreement to suspend the institutional investment portfolio, it should be noted that the Caja Costarricense de Seguro Social is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social insurance, including its infrastructure. Thus, it will be up to the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in safeguarding health as a public interest good, to carry out the necessary actions to protect the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the powers entrusted to it in the Political Constitution and in infra-constitutional regulations. In the specific case, beyond accusing a violation of fundamental rights, the claim of the petitioner seeks to have this Tribunal carry out a legality control (control de legalidad) of the actions of the appealed administration, which affect the construction project of its interest. However, it is in the appropriate legality channel that the issue raised must be discussed, not in the constitutional one.

In conclusion, it is necessary to indicate that in the case under study there is currently no situation that justifies its intervention in defense of the right to health of any person or persons. Thus, the appeal is declared without merit." In short, from the cited precedents, a conclusion can be drawn, which is that the petitioners of said amparos were claiming a similar situation: that the Caja Costarricense de Seguro Social does not adequately provide the health service and with the decision to suspend the investment portfolio, the situation was aggravated and this was contrary to the right to health of the population of their locality. However, it is observed that the Constitutional Chamber provides certain elements of relevance that deserve to be highlighted:

  • a)The Caja Costarricense de Seguro Social is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social insurance, including decisions on its infrastructure.
  • b)It will be up to the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in safeguarding health as a public interest good, to carry out the necessary actions to protect the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the powers entrusted to it in the Political Constitution and in infra-constitutional regulations.
  • c)Beyond accusing a violation of fundamental rights, the claim of the petitioner in the cited amparo appeals seeks to have this Tribunal carry out a legality control (control de legalidad) of the actions of the appealed administration, which affect the construction project of its interest.
  • d)There is no situation that justifies its intervention in defense of the right to health of any person or persons.

IV.On the unquestionable critical situation in the provision of the health service by the Caja Costarricense de Seguro Social. This Constitutional Chamber in judgment No. 2019-5560 of 09:30 hours on March 29, 2019 declared the systematic and repeated violation of the right to health of the insured persons of the Caja Costarricense de Seguro Social. On that occasion, the Chamber had resolved the following:

"A constant increase is inferred, from 2012 to date, in the number of matters for violation of the right to health that have entered the constitutional jurisdiction, a trend that at this moment tends to increase. Note that in 2012 the percentage of entry was 10.26% while in 2018 it represented 33.78%, that is, more than double. Of such matters, a good number correspond to waiting lists. Now, during 2018, the Constitutional Chamber, in amparo appeals related to health matters, verified the infringement in approximately 75% of the voted matters (between amparos declared with merit and partially with merit). In addition to the above, the right to health during 2018 was the matter most voted on in this Tribunal and therefore, it is the fundamental right most appealed before this jurisdiction… This Tribunal is of the criterion that the actions of the Caja Costarricense de Seguro Social in the provision of the public service violate the right to health of the administered parties as an autonomous fundamental right, but also infringe the constitutional principles of public service. In addition to the above, delayed attention in the provision of the service radiates not only in the patient's health, but also in other spheres of the administered parties, be it in work, educational, and even family life." Within that case file, the Caja Costarricense de Seguro Social had recognized a series of structural causes that affected the provision of the public service. The Tribunal had said on that occasion:

"XVII. On the causes that generate waiting lists in the provision of services of the Caja Costarricense de Seguro Social. As reported by the representatives of the CCSS, there are a series of causes and conditions that have generated the existence of waiting lists in the provision of health services. The causes that generate the delay in the various services: a) population increase and epidemiological considerations; b) limited installed capacity (number of beds, number of operating rooms, personnel, equipment, etc.); c) lack of specialist doctors; d) equipment needs and e) demand in the increase of the first level of care that generates saturation in the second and third level of care. Likewise, in the Plan for Timely Care of Persons of the CCSS, the existence of a series of weaknesses in management and administration was proven, such as: a) that each center manages its waiting lists differently with different results from each other; b) non-generalized use of rules and protocols, as well as the resistance of managers in their application; c) excessive specialization of medical care, since the procedures and internal regulations concentrate the demand for services; d) due to the lack of protocols, some diagnostic procedures are ordered without documenting a real need; e) lack of specialists in some specialties, such as anesthesia, orthopedics, internal medicine, among others; f) the risk of flight of human resources; g) on average, nationally only 60% of the enabled operating rooms have utilization times greater than or equal to five hours; h) there are centers that lack recovery beds to strengthen major ambulatory surgery; i) exhaustion of specialized human resources; j) absence of an objective methodology for measuring the quality of user care, among others. On the other hand, the College of Physicians and Surgeons pointed out the existence of various causes that have generated an impact on the service provided by the Caja Costarricense de Seguro Social, namely the lack of planning regarding the future of the population, lack of operating rooms and problems in existing ones, lack of management, planning, poor administration. In addition, the lack of beds, equipment that has reached the end of its useful life, lack of preventive maintenance, lack of spare parts, deficiencies in the purchases of medical equipment, problems in the infrastructure, among others, were highlighted. In that line of ideas, the Office of the Ombudsman highlighted the existence of inadequate resource management, lack of adequate planning, and the absence of a human rights approach. Now, it is important to note that the problems pointed out by the appealed institution are constant in the amparo processes. By way of exemplifying the above, we proceed to cite various judgments where the various deficiencies in the provision of the health service by the CCSS are evidenced due to lack of beds, specialists, medical supplies, damaged machines, among others." From the vote itself -based on arguments given by the competent authorities- it was possible to evidence that some of the causes that affect the adequate provision of the service are precisely the increase in the demanding population, limited installed capacity (lack of personnel), and also a demand in the increase of the first level of care that generates saturation in the second and third level of care. With this, it is intended to maintain that those of us who make up this Tribunal are not unaware of the critical situation that the users of the Caja Costarricense de Seguro Social are going through, which is constantly evidenced in the frequent granting of amparo appeals for injuries to the right to health.

V.On the lack of standing in the amparo appeal. In amparo appeals, it is required that the process be filed on behalf of a specific person or a population -at least determinable-. It is highlighted that in the cases of suspension due to lack of infrastructure -structural cause of the inadequate provision of the right to health-, despite the fact that the appeal was reasonably filed on behalf of the populations that were affected, the Chamber dismissed the amparos and resolved that "there is no situation that justifies its intervention in defense of the right to health of any person or persons." Note that for the specific case, no situation of a physical person who was being affected by what was denounced in the amparo was indicated or individualized.

VI.Regarding the economic sustainability of the Caja Costarricense de Seguro Social. It is evident -as was stated in preceding lines- that the Caja Costarricense de Seguro Social is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social insurance, including matters relating to infrastructure. It will be up to the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in safeguarding health as a public interest good, to carry out the necessary actions to protect the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the powers entrusted to it in the Political Constitution and in infra-constitutional regulations.

It cannot be ignored that social security systems and specifically the Caja Costarricense de Seguro Social are in a constant dilemma regarding their economic and financial sustainability, due to many factors: the investment in the population pyramid, the onerousness of procedures, equipment and treatments, and medical preparation, among others. It is public, notorious, and unquestionable that demand exceeds supply and within the institution there are similar situations of service needs to the one accused in this amparo appeal. It is not -in our judgment- appropriate to prioritize projects, or the hiring of personnel through amparo appeals, which by their summary nature do not allow determining the financial impact it has on the Caja Costarricense de Seguro Social which, it is worth saying, has autonomy to determine which cases are more critical, urgent, or necessary to resolve.

Legally, it cannot be forgotten either that the right to health is categorized as an economic and social right that is governed under the principle of progressivity and within the Constitution itself there are constitutional principles on budgetary matters that impose certain limits on Public Administrations.

VII.In conclusion. In short, we issue a dissenting vote (salvamos el voto) and also declare the appeal without merit on the sole point that is granted, as we consider that it is the Caja Costarricense de Seguro Social itself that, in attention to its constitutional and legal duties, must define priorities in the face of the great demands it faces, and this cannot be done in a summary process such as the amparo.

VCG03/2025 ... See more  Res. No. 2025007799 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE.

San José, at nine hours twenty minutes on the fourteenth of March, two thousand twenty-five.

Amparo proceeding processed under case file number 25-002303-0007-CO, filed by [Name 001], identity card [Value 001], [Name 002], identity card [Value 002], [Name 003], identity card [Value 003], [Name 004], identity card [Value 004], [Name 005], identity card [Value 005], [Name 006], identity card [Value 006], [Name 007], identity card [Value 007], [Name 008], identity card [Value 008], [Name 009], identity card [Value 009], [Name 010], identity card [Value 010], [Name 011], identity card [Value 011], [Name 012], identity card [Value 012], [Name 013], identity card [Value 013], [Name 014], identity card [Value 014], [Name 015], identity card [Value 015], [Name 016], identity card [Value 016], [Name 017], identity card [Value 017], [Name 018], identity card [Value 018], [Name 019], identity card [Value 019] and [Name 020], identity card [Value 020], against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), the MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP), the MINISTERIO DE SALUD, the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE MAÍZ, the COMITÉ DE SALUD DE MAÍZ, and the JUNTA DE EDUCACIÓN DE MAÍZ.

Whereas:

1.- By brief incorporated into the digital case file on January 25, 2025, the petitioners file an amparo action. They state: “I. HISTORICAL BACKGROUND: Before explaining the reason for this action, we will explain to the honorable Chamber some background about our town, as well as other nearby ones, so that the reasons for its filing, and above all the condition of vulnerability in which we find ourselves, are better understood. Our town belongs to the district of Colinas in the Canton of Buenos Aires, and is located on the boundary of the Boruca indigenous territory. The towns that are nearby, some are within the indigenous territory and others outside of it. The town of Boruca, by way of example, is approximately 14 kilometers away, which takes 40 minutes to travel in a 4x4 vehicle. In addition, we have a bus service that transports us to this town (Boruca), once a day (only one service is offered), so for the transfer we must take an entire full day to go and return, from 5 in the morning -approximately- until 4 in the afternoon. Depending on the time of year the wait is even longer, mainly because the roads are, for the most part, dirt, stone, and gravel, with only brief stretches of pavement. If one does not want to use the entire day to move from Maíz to Boruca, one must pay for private transport, from some of the scarce agricultural-type vehicles that exist in the town; this service costs around 15,000 colones to 20,000 colones. One can also go by motorcycle, but not all have helmets for passengers and they are not suitable or even possible transport for older adults, children, or people with bone ailments, back problems, or similar. To this expense must be added the cost of food for the entire day, which is not always available or is not for sale to the public. Taking into account also that these do not meet requirements for certain patients, such as diabetics. The money required is not always readily available or so easily obtained in an agricultural community so far from urban centers where the majority of inhabitants live off harvest cycles or are laborers, such that money is not always available to make such purchases or cover such expenses. Due to this, it is not always possible to travel to Boruca and it is not done with the regularity with which other residents in other areas of the country go to more urban centers to make purchases, run errands, carry out formalities, or take recreational trips where they can organize their trip and complete it in a fraction of the day without it representing such a great economic sacrifice, or affecting their work duties or their chores on their farms or in their homes. In simple terms, moving to Boruca requires extraordinary efforts that cannot be assumed on a daily basis. On the other hand, in Maíz, not all residents live in the center of town. There are those who live on the outskirts, whether in Bajo de Cacao or in Maíz Abajo or in other areas, who must travel on foot or by horse. These areas mentioned are also places within Maíz. A few residents own a motorcycle or car, but there are also no gasoline stations nearby, so it cannot be said that this transport is always available or easily accessible. The gasoline stations of “El Brujo” in Buenos Aires are one hour (by car) from the exit of the Boruca indigenous territory known as the Térraba entrance. There are also other gasoline stations in Palmar Sur, which is even farther away. Some transfers from the homes of these people to the “center” of town can require an hour and a half or more on foot. Those who have a horse can do it faster but may even have to cross rivers without bridges, which in rainy seasons can pose a real threat to human life. Living in our community presents real challenges in daily life; one of them is the aforementioned transport within the town, but it is also so for several neighboring localities to an even greater extent, because there is no direct transport to them. For example, even to go to the district seat, which is Colinas, using public transport the inhabitants of Maíz can only go at night when the bus returns from Buenos Aires. This bus leaves at 3:30 in the afternoon from said canton seat, makes its route and finally passes through Maíz; when boarding on this route it continues to other towns like San Luis and then arrives at Colinas. At this place, which is the destination, they would have to stay overnight to return by taking the 5 am bus that goes from Colinas to Maíz, and then again goes to Buenos Aires, passing through some towns, but not all those in the area, since they are not connected by this route. We reiterate, mobility is a complex and difficult situation that we must face day by day. There are four communities near Maíz; San Luis (which was already mentioned and is on the way to Colinas, the district seat), and others such as Cedral, Jalisco, Mayal, and Ojo de Agua. The inhabitants of these communities carry out some of their formalities and obtain some basic services in the locality of Maíz, which in turn is the nearest town for them. This is a piece of information of vital importance that will be further elaborated later in our action. In the case of Cedral, it does not have a bus to Maíz, nor a direct one to Boruca. Rather, they must go to the “exit” located in an area of Maíz known as Maíz Arriba and not in their own town, so they must catch this bus along its route. With this, it can be understood that it is more difficult to go to Boruca than to Maíz. At present, in said town some older adults live and they travel, when required, even on foot, traversing roads of difficult access mainly in the rainy season because they have no pavement and there are no bridges over the water tributaries. On this road there exists a body of water known as the Quebrada de la Esperanza. Which, due to its flow volume, is treated with the due respect and precaution inherent to rural life alongside nature, where there are no large infrastructures that make life simple and resolved in some matters. In simple words, crossing this river is dangerous when it has rained a lot; this makes passage impossible at various times and it is not recommended to return home late, when the rains increase in the afternoon. Mention must also be made of the community of San Luis, which connects with Maíz via the same single bus that leaves from Colinas and passes through said town once a day. This community is smaller than our town and to reach it one must cross two rivers of considerable size; these do have bridges and it is a closer community, but the transfer is along a steep or quite vertical road, that is, laborious, that takes time to traverse on foot and represents a great effort to travel. In this town there are many older adults. Also, some families from another community come to Maíz for services. These people come from a town called Mayal and it has a smaller population. However, it is located, in terms of location, farther away or more complex for leaving their town. They must first go to the “most traveled” road where the bus passes at an exit near the neighboring town of Maíz, which is Ojo de Agua, and then they can reach Maíz, descending along a road that, on the return, is a laborious and steep road. The community of Ojo de Agua mentioned is therefore in the middle of these populations and uses the same bus; it also travels along the same road. There are some families that come to Maíz to receive basic services as well. In addition, there is another community called Jalisco, whose entrance and exit is closer to the town of San Luis mentioned above; like Mayal, it does not have its own bus and much of its population must arrange private transport, or otherwise, if they lack sufficient means, they must transport themselves by horse or on foot. The distance, as can be seen, between the towns is several kilometers, through temperatures that tend to be high, and they present hardships such as the slope of the terrain, rivers that may be swollen with or without bridges, a road that is not always in good condition, to which access is only possible in 4x4 vehicles, as well as a very limited bus service schedule. The distance from each town to Maíz is as follows: Mayal (5.4 km), Ojo de Agua (3.6 km), Jalisco (6 km), Cedral (3.2 km), and San Luis (3.3 km). Moving people even farther from Maíz represents an enormous difficulty, as well as significant efforts of time and money. Because of this, any change that distances from Maíz the services obtained in this community would also affect the mentioned towns, together with our town due to their remoteness and the conditions described. Furthermore, one must not forget that the inhabitants of these places, like ours, do not always live in the center, but are distant on farms or in smaller hamlets. For better understanding, a hand-drawn sketch made by one of us is attached (attached as evidence). Also, for context for the Magistrate Judges and in order that they have the complete case, it is noted that some of these towns are located within the indigenous territory, such as Ojo de Agua, Mayal, a large part of Maíz, a part of Cedral, and others are located outside the territory like Jalisco and San Luis. This reference is so that the Chamber takes it into account in its analysis. Thus, with the context now provided to the honorable magistrates, it is time to proceed to indicate that our grounds are the following: GROUNDS FOR THE ACTION: FIRST: On the 22nd of January of this year, a communication signed by the representatives of the Asociación de Desarrollo de Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz, and addressed to the “Residents of Maíz and nearby towns who receive Medical Care at the Casa de Salud de Maíz,” was sent to the neighbors of the community, in which it was indicated, among other things, that care would no longer be provided at the Health Post (Puesto de Salud), starting January 27th. Furthermore, it is mentioned that we must make the transfers as patients and go to appointments in the community of Boruca. All of the foregoing, through a prior process that they carried out internally, without the knowledge of the town and in which we only knew that a new lot would eventually be purchased to build the health center. (The communication is attached as evidence). It should be noted that the communication was sent to residents of Maíz, but also to people from the neighboring towns of Jalisco, Ojo de Agua, Mayal, and San Luis, who receive medical consultations, treatments for chronic diseases, and prescriptions for essential medicines at the aforementioned health post. SECOND: On the 23rd of January of the current year (two days ago), we were informed (without any document explaining it or evidencing the scope of its content) that the Comité de Salud de la Comunidad de Maíz had requested the transfer of patient care to the EBAIS of Boruca on January 17, 2025. The foregoing was confirmed through a document in which Dr. Paulo Baeza Chacón, as acting director of the Área de Salud de Buenos Aires, authorizes the transfer to Boruca of the care for the residents of Maíz and surrounding towns with the following reasoning: “Once the case and the situation presented have been analyzed, it is authorized that as of 01/27/2025 the community of Maíz be attended at the EBAIS of Boruca.” (Attached as evidence). FOURTH: As indicated, the request made by the Comité de Salud is unknown, but we also do not know of any existing eviction order from the Ministerio de Salud and we also do not know of the existence of any document that records and analyzes any technical or legal reason for having made any change regarding the location of the health post or the infrastructure available. There is great obscurity regarding the information held by the committees and not provided to the community. FIFTH: The patients attended, inhabitants, and any interested parties were not consulted; rather, the matter was resolved in a unilateral manner that we consider not the most appropriate for our Right to Health under the conditions in which our towns live. We stress that we did not participate as patients and residents in this decision and were not taken into account. Nor were the particularities of the place taken into account, with a decision that clearly lacks sense and is not in the best interest of the administered parties and of the same public purpose of pursuing the health of the population even in the most remote places of the country. Something that has always characterized the Caja Costarricense de Seguro Social, even in this area of the country where this post has existed for more than 40 years. SIXTH: It is deeply striking that the communication points out some problems that had been occurring regarding a supposed impossibility of renewing permits for the Ministerio de Salud, without dwelling on what it is really about or informing the patients. Nor do we have knowledge of any concrete, prompt, and effective measure that exists in the immediate future so that patients are attended in Maíz. That is, there is no immediate care and protection of the right to health but rather this service for the town is merely postponed or annulled by transferring care to another place without carrying out any other short-term action. A clear inertia is seen on the part of the CCSS, both to address the problem presented and to inform the population. It is only mentioned that there is a possible construction project in the medium or long term, of which no progress has been disclosed to the public with official documents, and of which there does not appear to be progress according to what is mentioned due to COVID, which is striking because COVID occurred 5 years ago now and a response to the situation does not appear to have been given. SEVENTH: It is mentioned in the communication that “the School has already started its Construction Project, so it requires the land where the health house (casa de salud) is located; for this reason we must vacate said facilities and there is no other infrastructure in the community …” According to our knowledge, this lot was donated many years ago by Mr. Román Morales, who also donated part of the Sports Plaza so that the health post could be built there, where it has remained for more than 30 years and where we have been attended as patients to date. The School lot, for its part, was donated by another person. These facts are known by the town. The Chamber has recently resolved two amparo actions regarding the lot of the Escuela de Maíz and a purported exchange for the Sports Plaza. We do not understand what the procedure was for the Ministerio de Educación to accept or carry out the change of purpose of a property dedicated to a public purpose such as health care for another purpose, also laudable and we know absolutely necessary, such as the purpose of education. But we do not understand this because it continues to be another purpose. The situation is that a property donated 40 years ago and used by the population as a health post, we are now told was apparently exchanged for another lot or a donation or we do not know what occurred, and this was carried out, as the communication indicates, without verifying that another location or enclosure existed where patients could be attended under the required conditions. Nor do we understand how it is that the exchange was made and an equivalent property or one with conditions already ready to be used as a health post has not yet been received. EIGHTH: Near said project being carried out for the School is spatially the health post, which has always occupied that place. Photographs are provided. It must be noted for the Magistrate Judges that the entrance to the Health Post was located above the school and below the CEN building or school dining hall, of which we attest and declare that we saw and went to medical care by this path, a type of easement (servidumbre) that existed. In the photographs provided, the location is indicated more clearly. Currently, said entrance was removed with a tractor as a result of this School project, whereby said entrance disappeared due to action by the State itself. NINTH: We add to these events our knowledge that renovations were recently carried out on said post, in which investment was made to include a bathroom that complied with the provisions of the Equal Opportunities for Persons with Disabilities Law No. 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N°7600). TENTH: We want to make it clear that the transfer to the EBAIS of Boruca for all our appointments and medical care causes us serious harm, which has to do not only with the number of kilometers we must travel, but also with all the circumstances surrounding our towns, which we have already made known to you. PETITION: We respectfully request: 1- That a PRECAUTIONARY MEASURE be ordered to suspend the administrative measure of transferring care to the EBAIS of Boruca for violating the exercise and protection of the right to health. 2- That the CCSS be ordered to provide a temporary solution if the current premises cannot meet the requirements to continue receiving primary care in the community of Maíz and thus avoid transfers that are costly and complicated for us. 3- That the respondents be ordered not to violate our right to citizen participation and information on aspects that directly affect our right to health, by reporting completely, clearly, precisely, and with sufficient time to take precautions, on the decisions that affect us. 4- That, in case the contracting mentioned in the communication is not being carried out, said process be carried out with urgency so that a new health post is built in a place that meets the requirements. 5- That the Ministerio de Educación be ordered to indicate what the procedure was to accept the change of purpose of a property dedicated to a public purpose such as health care for the purpose of education. 6- That the Ministerio de Educación be ordered to indicate why the entrance to the health post was removed, leaving it without its own exit. 7- That the Ministerio de Educación Pública and the Ministerio de Salud be ordered not to order or demolish the current building of the health post and to refrain from any construction until there is a place where medical care can be received as a health post. 8- That the Ministerio de Salud or the CCSS clarify to us what the situation is of the land that years ago was donated for the Health Post (…)”.

2.- By order of the Presidency of the Chamber at 12:26 hours on January 30, 2025, the proceeding was admitted and a report was requested from the Executive President and the Medical Manager, both of the Caja Costarricense de Seguro Social; the Minister of Health, and the Minister of Public Education, regarding the facts alleged by the petitioners.

3.- By brief incorporated into the digital case file on February 5, 2025, Mary Munive Argermüller, in her capacity as Minister of Health, reports under oath. She explains: “Now, in response to this action, I proceed to issue the legal report based on official letter No. CARTA-MS-DRRSBRU-0155-2025 (attached) dated February 03, 2025, issued by Dr. Christian Valverde Alpízar, Regional Director of the Rectoría de la Salud Brunca, and by Dr. Randall Bejarano Campos, Director of the Área Rectora de Salud de Buenos Aires of said Regional Directorate, by means of which the following is indicated: “Official Letter No. CARTA-MS-DRRSBRU-0155-2025 Regarding the decision that, on the part of the Caja Costarricense de Seguro Social, care will no longer be provided at the Casa de Salud de Maíz de Boruca, it is a matter over which this Ministry has no involvement; however, it is important to indicate that, according to the administrative file of said establishment, on September 16, 2024, sanitary order MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 was issued, by means of which Mr. José Pablo Ruíz Rodríguez is ordered to, within a period of 3 months (counted from the notification thereof), proceed to: Modify the dimensions of the cubicle of the sanitary service accessible to persons with some disability in accordance with the provisions of Law No. 7600 (Ley N° 7600). Install the accessories of the sanitary service (towel racks, waste bins, diaper bins) at a maximum height of 0.90 meters. Install a mirror in the cubicle of the sanitary service accessible to persons with some disability at a maximum height of 80 cm. Have a paper towel dispenser for each hand-washing station located in the consultation rooms. Have an emergency response plan. Have a comprehensive waste management program. Install a smoke detector system in the establishment. This sanitary order was notified by electronic mail on September 16, 2024, and an inspection visit is scheduled for Tuesday, February 4, 2025. Finally, it is important to indicate that the establishment Casa de Salud de Maíz was granted, by the Área Rectora de Salud de Buenos Aires, Enabling Permit MS-DRRSBRU-DARS-BA-H-0595-2024 on December 2, 2024, valid until August 7, 2029. Thus, there is no closure or eviction order issued by this Ministry against the Casa de Salud de Maíz; there is only a sanitary order and an inspection visit is scheduled to be carried out in order to follow up on its compliance on February 4, 2025.” (…)” In this regard, it must be stated that the decision of the Caja Costarricense de Seguro Social to no longer provide care at the Casa de Salud de Maíz de Boruca is outside the competence of this Ministry; however, it is necessary to point out that the authorities of the Dirección del Área Rectora de Salud de Buenos Aires issued sanitary order MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 dated September 16, 2024, containing a series of physical-sanitary provisions to guarantee compliance with health and safety regulations in the establishment “Casa de Salud de Maíz”. Said order was duly notified and as part of the follow-up to its compliance, that same health authority will carry out an inspection on February 4, 2025. Likewise, it is reiterated that there is no closure or eviction order against the Casa de Salud de Maíz, since it has an enabling permit valid until August 7, 2029, granted by authorities of the Área Rectora de Salud de Buenos Aires (…) PETITION Based on the foregoing, as well as on the evidence existing and presented through this report, I respectfully request the Honorable Constitutional Chamber to DISMISS this Amparo Action, given that the decision of the Caja Costarricense de Seguro Social to no longer provide care at the Casa de Salud de Maíz de Boruca is outside the competence of this Ministry. It should be added that this Ministry has not issued a closure or eviction order against the Casa de Salud de Maíz; to date, sanitary mandate MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 has been issued, containing a series of physical-sanitary provisions in pursuit of guaranteeing compliance with health and safety regulations in the aforementioned establishment. Thus, I reiterate the respectful request that THE UNDERSIGNED MINISTER OF HEALTH AND THE MINISTERIO DE SALUD BE EXEMPTED FROM ALL LIABILITY AND THAT THIS AMPARO ACTION BE DISMISSED”.

4.- By brief incorporated into the digital case file on February 5, 2025, Mónica Taylor Hernández, in her capacity as Executive President of the CCSS, reports under oath. She states: “PRELIMINARILY It is preliminarily indicated to the Magistrate Judges that the undersigned president does not have direct knowledge of the facts alleged by the person filing before the esteemed Constitutional Chamber, given that they are not among the substantive duties inherent to the Executive Presidency1. Ergo, the competent technical body was consulted in order to provide a report on the facts set forth by the petitioner, which was submitted by the Área de Salud Buenos Aires and the Dirección de Planificación Institucional of the Caja Costarricense de Seguro Social to this presidency, for the purpose of responding to the course of the action, admitted by the honorable chamber. (…) II. REPORT OF THE ADMINISTRATION: As reported by Luis Rodolfo Granados Hernández, Director of the Área de Salud de Buenos Aires, the following response is issued: “(…) Geographic location: It is true that the geographic location of the mentioned community is as indicated, and in accordance with the available information, this data corresponds to reality. Public service: With respect to the public service, we also confirm that the information presented is true. The Área de Salud de Buenos Aires is aware of the limitations and characteristics of access to health services in the region. Road conditions: In relation to the road conditions, it is equally true that these present difficulties for access to health centers, which has been a recurring issue in various previous proceedings. Private service charges: Regarding the private service charges mentioned in the action, the Área de Salud de Buenos Aires does not know the specific amounts of payment for these private services, since this is not the direct competence or responsibility of this institution. Motorcycle helmet use: In relation to the statement regarding the lack of helmet use by motorcycle drivers, it is true that, unfortunately, this is an identified problem in the canton, and it falls outside the direct control scope of the Área de Salud. Amounts of money used: Regarding the amount of resources used, the exact figure referred to by the petitioner is unknown, as said information is not within the scope of action of this entity. Possibilities of transfer to Boruca: Regarding the possibilities of citizens to travel to Boruca, it is not possible to verify with precision the economic or personal conditions of each citizen to meet the transfer costs, as this is a particular circumstance of each inhabitant, outside the scope of the Área de Salud. Distribution of citizens in Maíz: With respect to the distribution of citizens in Maíz, it is true that not all inhabitants are concentrated in the center of the town, which affects access to services. However, this information is known by the community and corresponds to the geographic conditions of the place. Vehicle ownership (car or motorcycle): In relation to the vehicle ownership (car or motorcycle) of citizens, we do not know the exact data on the percentage of the population that owns such means of transport, as this is information of a private nature and is not under the management of the Área de Salud. Note of January 22, 2025: Regarding the mentioned note of January 22, 2025, this institution does not know its content, since the Área de Salud de Buenos Aires was not copied on it and, therefore, does not have direct access to the information contained in said document. Actions of the Asociación de Desarrollo de Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz: The actions taken by the Asociación de Desarrollo de Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz correspond to the community sphere and are not of direct knowledge or responsibility of the Área de Salud. These entities act autonomously within their scope of competence. Note received from the Comité de Salud de Maíz de Boruca (January 17, 2025): The Área de Salud de Buenos Aires received the note from the Comité de Salud de Maíz de Boruca on January 17, 2025. Said request was attended to in a timely manner through official letter ASBA-DM-0035-2025, signed by Dr. Paulo Baeza Chacón, Acting Director of the Área de Salud de Buenos Aires.

Inquiry of the inhabitants: Regarding the mentioned inquiry about the inhabitants, this institution does not know the specific details, as it corresponds to a community area and is not under the direct responsibility of the Health Area (Área de Salud). (…)” Having seen the report, the Office of the Executive Presidency reviews the causes held by the Health Area for the mobilization of health care for the town of Maíz to the EBAIS Boruca, and the triggering event is held to be an official letter signed by Angiere Aguilar Barquero, a member of the Maíz Boruca Health Committee (Comité de Salud), which in its relevant part states: “(…) Through this medium, the Health Committee of Maíz de Colinas, we address you to inform you of the following: As is known to this Directorate and Administration of the ASBA, this Health Committee has been coordinating a Project for the construction of a new Health House (Casa de Salud), and they have knowledge of the reasons, the conditions, and the agreements reached to obtain a lot with the required characteristics, therefore, the lot of the current health house now belongs to the Maíz School, and they are already in the process of building a new School and require the land. In light of the above, we inform you and request the necessary coordination and authorization, in the shortest possible time, to transfer and provide the medical consultations from Maíz to the facilities of the EBAIS Boruca, since other infrastructures in the community of Maíz have been assessed but they are not suitable for providing medical consultations and require a large investment to make the corresponding improvements. For these reasons, the best alternative is to provide the service at the EBAIS Boruca, for the time required while the construction project is being processed, for which we take the opportunity to request your full support in the management and coordination so that said project is executed in the shortest possible time, assessing the difficulties due to distance that patients will have to face to travel to Boruca to receive the required medical care. We also need coordination on the destination of the assets belonging to the CCSS. Without further ado for the moment, we thank you for your attention and help, we await your authorization for the respective coordination and information to our users. (…)”. The underlining is ours (…) The above-mentioned official letter demonstrates the need for care at the EBAIS Boruca, due to the assessment of other infrastructures that were not suited to the medical care required in light of the Maíz School’s request for the infrastructure loaned for that purpose. In accordance with the above, as can be seen in the attached image, said requirement was approved by Dr. Paulo Baeza, as part of the actions to guarantee the continuity of services to the community of Maíz de Boruca. (…) In response to said request, the decision was made to provide the service at the EBAIS Boruca, in order to guarantee continuity of care for the community of Maíz. As a corollary to the above, this Presidency knows that the decision reported by the people of Maíz responded to a decision taken by Dr. Paulo Baeza Chacón at the request of the Health Committee of that community, which, although it is true it does not follow the consultative methodology for indigenous peoples, responds to a clear and express request from the committee representing the community. In addition to this, through official letter DRIPSSB-ASBA-ADM-024-2023, information was received regarding the projects to be developed in the indigenous territories of Buenos Aires, including in point 7. Others, subsection a): “(…) Construction of the Periodic Visit Post (Puesto de Visita Periódica) of Maíz de Boruca, start of the indigenous consultation process as a prerequisite for construction in this territory. There is a Use Agreement in the form of a loan for the land to be used, in the process of formalization with Medical Management. Included in the Institutional Investment portfolio formulated for the 2024 period. Approximate investment amount of ¢250,000,000.00 (…)” According to the Monthly Bulletin of the Strategic Portfolio of the Directorate of Institutional Planning, this project is within the Investment Portfolio, categorized among the Relevant projects (as of October 2024), as can be seen in the attached image. (…) According to the information provided to this office by Eng. Susan Peraza Solano, Director of Institutional Planning, the project has an authorized budget and is at 40% progress in the land acquisition process and 17% in its life cycle. (…) In conclusion, the Health Area of Buenos Aires acted as a guarantor for the community of Maíz, in response to the Maíz School’s request for the infrastructure to build a new building, removing the possibility of maintaining the visit post since, as the same Commission expresses, “since other infrastructures in the community of Maíz have been assessed but they are not suitable for providing medical consultations and require a large investment to make the corresponding improvements” and the institution, as the guarantor body in the provision of health services, makes the temporary transfer to the EBAIS Boruca, whose infrastructure allows for the correct addressing of user requirements, at least until the construction project for the visit post is finalized. The Executive Presidency reiterates its willingness to meet the needs of indigenous communities and to work jointly, guaranteeing the continuity and quality of health services. We reaffirm our will to collaborate with the authorities and the community to find solutions that favor all citizens, in accordance with institutional possibilities. By virtue of the foregoing, no specific situation is perceived that would be susceptible to constitutional protection (tutela constitucional). In this way, we respectfully request that the appeal (recurso) against the institution be declared without merit, given that the requirement was requested by the community itself through the Health Committee in the face of a manifest threat to the access of health services due to the lack of a space that guarantees the community’s safety. LAW AND OTHER CONSIDERATIONS The right to health is a fundamental right inherent to every person, which has been protected since the constitution of the World Health Organization in 1946, reiterated later in the Declaration of Alma-Ata of 1978 and in the World Health Declaration adopted by the World Health Assembly in 1998, being recognized in various international instruments, among which are the provisions of articles 25 of the Universal Declaration of Human Rights, 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights. By virtue of this, for the adequate protection of the right to health, the Chamber (Sala) has reiterated the public service nature that health services possess, considering that as such, the characteristics of efficiency, speed, simplicity, and opportunity in their provision must be fulfilled at all times. Particularly regarding this nature, through judgment 2005-5600, at sixteen hundred thirty-four hours on May tenth, two thousand five, the Chamber defined that: (…) However, when it comes to the protection of the right to health, particular reference must also be made to the content of observation No. 14 of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, a body created within the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, to interpret, supervise, and protect the application of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which constitutes a general observation on the right to health, the understanding of which is of particular interest in the analysis of the matter subject to amparo, given that it is the principal interpretation made regarding the right to health protection by the highest-ranking international body, which is the UN, through the cited Committee. Among the main considerations included in said Observation, we find the following: (…) Note then that when it comes to the protection of the right to health, there are basic essential elements that must be considered to guarantee the full enjoyment of this right, such as adaptability, accessibility, availability, and quality, it being that the required services must be guaranteed to serve the entire population, under parameters of equity, prioritizing them according to the most pressing needs that are identified and for the most vulnerable groups. In constitutional jurisprudence, the right to health has been recognized in the following manner: (…) Now, from an integral interpretation of the Political Constitution, it can be pointed out that the right to health is founded on the following norms: article 21 which provides that human life is inviolable; article 46, last paragraph, which refers to the right of consumers and users to the protection of their health; article 50, second paragraph, which points out the right to a healthy environment; article 73 which establishes that the government and administration of social insurance is the responsibility of the CCSS; and article 177 referring to the universalization of health insurance and the obligation of the State to contribute economically on this point. For its part, the General Health Law (Ley General de Salud), in its article 1, establishes that health is a public interest good, while numeral 2 of said normative body provides that it is an essential function of the State to watch over the health of the population. This demonstrates that it is a right whose protection is not exclusive to the Caja (CCSS) but to the State as such. All the above allows us to point out that the right to health is a complex right whose protection depends on multiple factors, both at an internal and external level to the Caja. This is taking into consideration that the legal rights protected by it, health and human life, depend on determining factors of different natures (economic, social, cultural, ecological, biological, service administration, among others). Consequently, it is essential that in each specific case, a due analysis is carried out to understand which of these factors are related to the specific case, in order to have clarity of the factual framework under study. PETITION. In accordance with the foregoing, I request that the present amparo appeal (recurso de amparo) be dismissed and declared without merit in all its aspects, since it is demonstrated that the institution has not incurred any breach of the constitutional rights of the protected party, as well as its consequent exoneration from costs”.

5.- By written submission incorporated into the digital case file on February 6, 2025, Luis Rodolfo Granados Hernández appears, in his capacity as director of the Health Area of Buenos Aires of the CCSS. He mentions: “Regarding the Amparo Appeal filed by Mrs. [Name 001], in the above-cited case file, and after a detailed analysis of the facts set forth in her request, this institution allows itself to issue the following response: 1. Geographic location: It is true that the geographic location of the mentioned community is the one that has been indicated, and according to available information, this data corresponds to reality. 2. Public service: Regarding public service, we also confirm that the information presented is true. The Health Area of Buenos Aires is aware of the limitations and characteristics of access to health services in the region. 3. Condition of the roads: In relation to the conditions of the roads, it is equally true that these present difficulties for access to health centers, which has been a recurring theme in various previous proceedings. 4. Charging for private services: Regarding the charging for private services mentioned in the appeal, the Health Area of Buenos Aires does not know the specific amounts of payment for these private services, as this is not the competence or direct responsibility of this institution. 5. Use of motorcycle helmets: In relation to the statement about the lack of helmet use by motorcycle drivers, it is true that, unfortunately, this is an identified problem in the canton, and it is outside the direct control scope of the Health Area. 6. Amounts of money used: Regarding the amount of resources used, the exact figure referred to by the appellant is unknown, as said information is not under the scope of action of this entity. 7. Possibilities of transfer to Boruca: Regarding citizens' possibilities to travel to Boruca, it is not possible to verify with precision the economic or personal conditions of each citizen to meet the transfer costs, as this is a particular circumstance of each inhabitant, outside the reach of the Health Area. 8. Distribution of citizens in Maíz: Regarding the distribution of citizens in Maíz, it is true that not all inhabitants are concentrated in the center of the town, which affects access to services. However, this information is known by the community and corresponds to the geographic conditions of the place. 9. Vehicle ownership (car or motorcycle): In relation to vehicle ownership (car or motorcycle) by citizens, we do not know the exact data on the percentage of the population that possesses such means of transportation, as this is private information and not under the management of the Health Area. 10. Note dated January 22, 2025: Regarding the mentioned note of January 22, 2025, this institution does not know its content, as the Health Area of Buenos Aires was not copied on it and, therefore, does not have direct access to the information contained in said document. 11. Actions of the Maíz Development Association, the Maíz Health Committee, and the Maíz Board of Education: The actions carried out by the Maíz Development Association, the Maíz Health Committee, and the Maíz Board of Education correspond to the community sphere and are not within the direct knowledge or responsibility of the Health Area. These entities act autonomously within their scope of competence. 12. Note received from the Health Committee of Maíz de Boruca (January 17, 2025): The Health Area of Buenos Aires received the note from the Health Committee of Maíz de Boruca on January 17, 2025. Said request was addressed in a timely manner through official letter ASBA-DM-0035-2025, signed by Dr. Paulo Baeza Chacón, Acting Director of the Health Area of Buenos Aires. 13. Inquiry of the inhabitants: Regarding the mentioned inquiry about the inhabitants, this institution does not know the specific details, as it corresponds to a community area and is not under the direct responsibility of the Health Area. In conclusion, the Health Area of Buenos Aires reiterates its willingness to meet the community's needs and to work jointly in seeking a consensus to guarantee the continuity and quality of health services. We reaffirm our will to collaborate with the authorities and the community to find solutions that favor all citizens, without losing sight of the available resources and the conditions of the environment. Finally, we call for maintaining a constructive and collaborative approach, in which the common well-being is privileged and the appropriate channels are followed to resolve any situation related to health services in our region”.

6.- By written submission incorporated into the digital case file on February 6, 2025, Alexander Sánchez Cabo testifies under oath, in his capacity as acting medical manager of the CCSS. He mentions: “This office informs the Constitutional Court that the undersigned has no specific or immediate knowledge of the facts subject to the appeal, since direct care for users of health services does not correspond to one of the substantive functions of the Medical Manager; by virtue of the above, a report was requested from the Medical Directorate of the Health Area of Buenos Aires, to whose factual content I adhere as the facts are unknown. (…) In response to the report requested by the honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional), regarding the allegations by the appellant, a response was requested from the Medical Directorate of the Health Area of Buenos Aires, which is detailed: REPORT RENDERED BY THE HEALTH AREA OF BUENOS AIRES The Health Area of Buenos Aires provides a report dated 05-11-2025 (attached as evidence), which indicates the following: “…Regarding the Amparo Appeal filed by Mrs. [Name 001], in the above-cited case file, and after a detailed analysis of the facts set forth in her request, this institution allows itself to issue the following response: Geographic location: It is true that the geographic location of the mentioned community is the one that has been indicated, and according to available information, this data corresponds to reality. Public service: Regarding public service, we also confirm that the information presented is true. The Health Area of Buenos Aires is aware of the limitations and characteristics of access to health services in the region. Condition of the roads: In relation to the conditions of the roads, it is equally true that these present difficulties for access to health centers, which has been a recurring theme in various previous proceedings. Charging for private services: Regarding the charging for private services mentioned in the appeal, the Health Area of Buenos Aires does not know the specific amounts of payment for these private services, as this is not the competence or direct responsibility of this institution. Use of motorcycle helmets: In relation to the statement about the lack of helmet use by motorcycle drivers, it is true that, unfortunately, this is an identified problem in the canton, and it is outside the direct control scope of the Health Area. Amounts of money used: Regarding the amount of resources used, the exact figure referred to by the appellant is unknown, as said information is not under the scope of action of this entity. Possibilities of transfer to Boruca: Regarding citizens' possibilities to travel to Boruca, it is not possible to verify with precision the economic or personal conditions of each citizen to meet the transfer costs, as this is a particular circumstance of each inhabitant, outside the reach of the Health Area. Distribution of citizens in Maíz: Regarding the distribution of citizens in Maíz, it is true that not all inhabitants are concentrated in the center of the town, which affects access to services. However, this information is known by the community and corresponds to the geographic conditions of the place. Vehicle ownership (car or motorcycle): In relation to vehicle ownership (car or motorcycle) by citizens, we do not know the exact data on the percentage of the population that possesses such means of transportation, as this is private information and not under the management of the Health Area. Note dated January 22, 2025: Regarding the mentioned note of January 22, 2025, this institution does not know its content, as the Health Area of Buenos Aires was not copied on it and, therefore, does not have direct access to the information contained in said document. Actions of the Maíz Development Association, the Maíz Health Committee, and the Maíz Board of Education: The actions carried out by the Maíz Development Association, the Maíz Health Committee, and the Maíz Board of Education correspond to the community sphere and are not within the direct knowledge or responsibility of the Health Area. These entities act autonomously within their scope of competence. Note received from the Health Committee of Maíz de Boruca (January 17, 2025): The Health Area of Buenos Aires received the note from the Health Committee of Maíz de Boruca on January 17, 2025. Said request was addressed in a timely manner through official letter ASBA-DM-0035-2025, signed by Dr. Paulo Baeza Chacón, Acting Director of the Health Area of Buenos Aires. Inquiry of the inhabitants: Regarding the mentioned inquiry about the inhabitants, this institution does not know the specific details, as it corresponds to a community area and is not under the direct responsibility of the Health Area. In conclusion, the Health Area of Buenos Aires reiterates its willingness to meet the community's needs and to work jointly in seeking a consensus to guarantee the continuity and quality of health services. We reaffirm our will to collaborate with the authorities and the community to find solutions that favor all citizens, without losing sight of the available resources and the conditions of the environment. Finally, we call for maintaining a constructive and collaborative approach, in which the common well-being is privileged and the appropriate channels are followed to resolve any situation related to health services in our region…” LAW AND OTHER CONSIDERATIONS The right to health is a fundamental right inherent to every person, which has been protected since the constitution of the World Health Organization in 1946, reiterated later in the Declaration of Alma-Ata of 1978 and in the World Health Declaration adopted by the World Health Assembly in 1998, being recognized in various international instruments, among which are the provisions of articles 25 of the Universal Declaration of Human Rights, 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and 10 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights. By virtue of this, for the adequate protection of the right to health, the Chamber has reiterated the public service nature that health services possess, considering that as such, the characteristics of efficiency, speed, simplicity, and opportunity in their provision must be fulfilled at all times. Particularly regarding this nature, through judgment 2005-5600, at sixteen hundred thirty-four hours on May tenth, two thousand five, the Chamber defined that: “Among such principles, those of efficacy, efficiency, simplicity, and speed stand out (articles -all from the Political Constitution- 140, subsection 8, insofar as it imposes on the Executive Branch the duty to “Monitor the proper functioning of administrative services and dependencies”, 139, subsection 4, to the extent it incorporates the concept of “smooth functioning of the Government”, and 191 in incorporating the principle of “efficiency of the administration”). (…) That atypical or unnamed individual guarantee is accentuated in the case of essential public services of an assistance nature, such as those of social security. (…)”.

However, when it comes to the protection of the right to health, particular reference must also be made to the content of observation No. 14 of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, a body created within the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, to interpret, supervise, and protect the application of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which constitutes a general observation on the right to health, the understanding of which is of particular interest in the analysis of the matter subject to amparo, given that it is the principal interpretation made regarding the right to health protection by the highest-ranking international body, which is the UN, through the cited Committee. Among the main considerations included in said Observation, we find the following: (…) Note then that when it comes to the protection of the right to health, there are basic essential elements that must be considered to guarantee the full enjoyment of this right, such as adaptability, accessibility, availability, and quality, it being that the required services must be guaranteed to serve the entire population, under parameters of equity, prioritizing them according to the most pressing needs that are identified and for the most vulnerable groups. In constitutional jurisprudence, the right to health has been recognized in the following manner: “On repeated occasions, this Chamber has ruled on the right to life and health. The Political Constitution, in article 21, establishes that human life is inviolable, and it is from this statement that the right to health that every citizen has has been derived, the State being ultimately responsible for overseeing public health. The preponderance of life and health, as supreme values of persons, is present and indicated as a mandatory protection for the State, not only in the Political Constitution but also in various international instruments signed by the country (…)”5.

Now, from an integral interpretation of the Political Constitution, it can be pointed out that the right to health is founded on the following norms: article 21 which provides that human life is inviolable; article 46, last paragraph, which refers to the right of consumers and users to the protection of their health; article 50, second paragraph, which points out the right to a healthy environment; article 73 which establishes that the government and administration of social insurance is the responsibility of the CCSS; and article 177 referring to the universalization of health insurance and the obligation of the State to contribute economically on this point. For its part, the General Health Law, in its article 1, establishes that health is a public interest good, while numeral 2 of said normative body provides that it is an essential function of the State to watch over the health of the population. This demonstrates that it is a right whose protection is not exclusive to the Caja but to the State as such. All the above allows us to point out that the right to health is a complex right whose protection depends on multiple factors, both at an internal and external level to the Caja. This is taking into consideration that the legal rights protected by it, health and human life, depend on determining factors of different natures (economic, social, cultural, ecological, biological, service administration, among others). Consequently, it is essential that in each specific case, a due analysis is carried out to understand which of these factors are related to the specific case, in order to have clarity of the factual framework under study.

It is evidenced that there is no reasonable motive to appeal; it does not emerge from the case that any infraction is being committed against the fundamental right alleged in this amparo appeal, for the following reasons: 1. The Health Area of Buenos Aires indicates in its report that, the geographic location: It is true that the geographic location of the mentioned community is the one that has been indicated, and according to available information, this data corresponds to reality. 2. The Health Area of Buenos Aires indicates in its report that, the public service: Regarding public service, we also confirm that the information presented is true. The Health Area of Buenos Aires is aware of the limitations and characteristics of access to health services in the region. 3. The Health Area of Buenos Aires indicates in its report that, the condition of the roads: In relation to the conditions of the roads, it is equally true that these present difficulties for access to health centers, which has been a recurring theme in various previous proceedings. 4. The Health Area of Buenos Aires indicates in its report that, charging for private services: Regarding the charging for private services mentioned in the appeal, the Health Area of Buenos Aires does not know the specific amounts of payment for these private services, as this is not the competence or direct responsibility of this institution. 5. The Health Area of Buenos Aires indicates in its report that, use of motorcycle helmets: In relation to the statement about the lack of helmet use by motorcycle drivers, it is true that, unfortunately, this is an identified problem in the canton, and it is outside the direct control scope of the Health Area. 6. The Health Area of Buenos Aires indicates in its report that, the amounts of money used: Regarding the amount of resources used, the exact figure referred to by the appellant is unknown, as said information is not under the scope of action of this entity. 7. The Health Area of Buenos Aires indicates in its report that, the possibilities (sic) of transfer to Boruca: Regarding citizens' possibilities to travel to Boruca, it is not possible to verify with precision the economic or personal conditions of each citizen to meet the transfer costs, as this is a particular circumstance of each inhabitant, outside the reach of the Health Area.

The Buenos Aires Health Area indicates in its report that, regarding the distribution of citizens in Maíz: With respect to the distribution of citizens in Maíz, it is true that not all inhabitants are concentrated in the town center, which affects access to services. However, this information is known by the community and corresponds to the geographical conditions of the place. 9. The Buenos Aires Health Area indicates in its report that, regarding vehicle ownership (car or motorcycle): In relation to the vehicle ownership (car or motorcycle) of the citizens, we do not know the exact data on the percentage of the population that owns such means of transport, as this is private information and is not under the management of the Health Area. The Buenos Aires Health Area indicates in its report that, regarding the note of January 22, 2025: As for the mentioned note of January 22, 2025, this institution is unaware of its content, since the Buenos Aires Health Area was not copied on it and, therefore, does not have direct access to the information contained in said document. The Buenos Aires Health Area indicates in its report that, regarding the actions of the Maíz Development Association (Asociación de Desarrollo de Maíz), the Maíz Health Committee (Comité de Salud de Maíz), and the Maíz Education Board (Junta de Educación de Maíz): The actions carried out by the Maíz Development Association, the Maíz Health Committee, and the Maíz Education Board fall within the community sphere and are not directly known or the responsibility of the Health Area. These entities act autonomously within their scope of competence. The Buenos Aires Health Area indicates in its report that, regarding the note received from the Maíz de Boruca Health Committee (January 17, 2025): The Buenos Aires Health Area received the note from the Maíz de Boruca Health Committee on January 17, 2025. Said request was addressed in a timely manner through official letter ASBA-DM-0035-2025, signed by Dr. Paulo Baeza Chacón, Acting Director of the Buenos Aires Health Area. The Buenos Aires Health Area indicates in its report that, regarding the consultation of the inhabitants: In relation to the mentioned consultation about the inhabitants, this institution is unaware of the specific details, as it falls within a community sphere and is not under the direct responsibility of the Health Area. The Buenos Aires Health Area indicates in its report that said area reiterates its willingness to meet the needs of the community and work jointly in the search for a consensus to guarantee the continuity and quality of health services; we reaffirm our willingness to collaborate with the authorities and the community to find solutions that benefit all citizens, without losing sight of the available resources and the conditions of the environment. In accordance with the foregoing, it can be concluded that, on the part of the institutional dependencies, at no time have the fundamental rights alleged in this appeal been violated, contrary to the petitioner who does not provide evidence to prove their assertions.

PETITION In accordance with the foregoing, this Management requests that the present amparo appeal be declared without merit in all its aspects, since it has been demonstrated that in the specific case the Caja Costarricense de Seguros Social has not violated any fundamental right of the protected person. In the event that a declaration with merit is issued, it is requested that the Caja be exempted from the payment of damages, in accordance with the provisions of numeral 52, paragraph 1 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, given the nature of the function incumbent upon this Institution regarding the provision of medical services, and it has been clearly shown the good faith and celerity with which the Institution has acted in this case." 7.- By writing incorporated into the digital file on February 11, 2025, Patricia Porras Segura and Sonia Aguilar Zamora appeared, in their respective order as mayor and president of the Municipal Council, both of the Municipality of Aserrí.

8.- By means of a record signed on February 7, 2025, by the acting secretary and judicial technician 3, both of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), it was indicated: "reviewed, at fifteen hours fifty-one minutes of February seventh, two thousand twenty-five, in the Costa Rican judicial dispatch management system the control of documents received and this file, it did not appear that from 01/31/2025 to 02/05/2025, the MINISTER OF PUBLIC EDUCATION (MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA) had filed any writing or document, in order to render the report that was requested in the resolution issued at twelve hours twenty-six minutes of January thirtieth, two thousand twenty-five." 9.- By resolution of the investigating magistrate at 10:35 hours on February 12, 2025, it was ordered: "the writings incorporated into the digital file on February 11, 2025, are detached, in order to be heard in file no. 25-002300-0007-CO." 10.- By writing incorporated into the digital file on February 14, 2025, José Sánchez Hernández, in his condition as Minister of Education, reported extemporaneously. He mentions: "FIRST: Through official letter DVM-A-DIE-0132-2025, dated February 10, 2025, signed by the Educational Infrastructure Directorate (Dirección de Infraestructura Educativa), report DVM-A-DIE-DDO-0054-2025 is provided, dated February 07 of the current year, signed by Arch. Paola Fernández Ángel, an official of the Department of Work Development (Departamento de Desarrollo de Obra) of the DIE, which in its relevant parts indicates: … 1. The project arises from the sanitary order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, in conjunction with amparo appeal 22-018251-0007-Co and its resolution No. 2022023279, in which a specific period was given to make the physical-sanitary improvements indicated by the Ministry of Health. 2. Due to the urgency of the project, it was decided to carry out a design and construction process to reduce deadlines and attend to the student population as soon as possible. 3. On February 21, 2024, by means of official letter DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, authorization was given for the contracting of design and construction of the works that include: major maintenance of two academic classrooms, major maintenance of the dining hall, construction of a kindergarten classroom, construction of a restroom block, and professional services such as preliminary studies, preliminary project (anteproyecto), plans and technical specifications, detailed budget, work schedule, and inspection. The basic studies include: topography (boundary rectification, cadastral survey and land surveying) and S.P.T. soil study with infiltration tests. 4. Following the contracting process carried out by the Education Board (Junta de Educación), the start order was given on April 12, 2024. 5. On April 24, 2024, a joint visit was made with the formulator from the DIE, architect Gustavo Abarca Mora, the company in charge of the project, representatives of the Education Board and the director of the Educational Center. During that visit, this unit was informed that the EBAIS is within the land of the Educational Center, in a building on loan, and that the Board had agreed with the CCSS that, as soon as it was required, the CCSS would be asked to release the land. 6. On May 6, 2024, the Board submitted official letter 003-2024 to the DIE, in which it indicates that the EBAIS was asked to vacate the building and that the endorsement is given for the design to take into account the building temporarily used by the EBAIS, in order to improve the educational infrastructure project. 7. It is important to highlight that, in said official letter, the Board informs that the CCSS was offered the option of using another building in the Educational Center, even a larger one than the one previously being used, to provide the health service to the community. 8. This Directorate confirms that the building is within the land of the Educational Center, according to the cadastral plan and the certification of right of possession by the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca, and incorporates this building into the design, substantially improving the conditions of the project and allowing the Educational Center to have only one terrace. Therefore, it was decided to adapt this space to be the preschool classroom. 9. On December 18, 2024, the design stage was completed, which includes the intervention of the EBAIS building. 10. The approved site plan is attached, which determines the scope of the project to be executed. The building that was occupied by the EBAIS will be adapted to be the preschool classroom of the educational center, which can be seen in the image with the description “ADAPTATION FOR KINDER, ADMINISTRATION AND WAREHOUSE”. 11. It is important to highlight that there is a contract and therefore all the contractual responsibilities acquired. It is thus concluded that the fundamental rights of the community have not been violated and that this unit is working to improve the physical-sanitary conditions in which the fundamental service of education is offered. SECOND: Through official letter DREGT-DIR-JUD-0001-2025, dated February 05, 2025, signed by Mr. Gabriel Emilio Mora Monge as Regional Director of Education of Grande de Térraba, it is pointed out in the relevant part: … 1. In the educational center of Maíz de los Borucas, works are carried out within the property limits by the Education Board of the Maíz de Los Borucas school, as a response to a sanitary order imposed by the Ministry of Health on the educational center, which dates back to the year 2015 and which has been repeatedly managed for due compliance. 2. As established in Indigenous Law No. 6172, the lands located within the limits of the indigenous territory are under the administration of the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, which in turn in the year 2017 proceeded to ratify the possession of the land in favor of the educational center Maíz de Los Borucas code 0905; as part of the process of registry annotations in the year 2003, the Instituto de Desarrollo Agrario had made the official transfer of said land to the ADI Boruca, and both the cadastral plan and the transfer that the ADI Boruca made to the Education Board of the Maíz de Los Borucas school are framed in legality (Deed attached). 3. It is important to indicate that for some years the Education Board provided a small lot on loan so that the health center could operate, with the understanding that when the school required said land, the health committee would be contacted to remove the facilities or whatever the CCSS determined in order to release the land; for this reason, when the budget was available to meet the infrastructure needs of the school, the Ministry of Health was asked to release the space that had been provided under the conditions widely known by the parties, likewise the information was transmitted to the community neighbors in different meetings where the feasibility of carrying out the reconstruction works and new works for the Maíz de Los Borucas school was analyzed. 4. No less important is to indicate that the Education Board, understanding the need for the health post to function, ceded to the Ministry of Health a lot in the possession of the Education Board in another location in the same community, all with the knowledge and participation of the ADI Boruca as administrators of the lands within the limits of the Boruca territory. It must also be clarified that in its moment the Ministry of Health indicated that the space where the health post was located, due to its dimensions and being within "someone else's" land, was not viable to attempt to build the health house intended to provide service to the inhabitants of the community of Maíz and its surroundings. In accordance with the foregoing reports, it is evident that this Ministry has acted within the current regulatory framework, and in strict adherence to the procedures and technical criteria established by the Administration in relation to the (sic) project being developed within the facilities of the Maíz de los Borucas School. Furthermore, according to the report transcribed above, it is reported that the land where the EBAIS was located belongs to the Maíz de los Borucas School, and had been ceded on loan by the Education Board. However, due to the infrastructure needs of said school, the CCSS was asked to return the building that had been provided to them. Nonetheless, understanding the importance of the health post, the Education Board offered the CCSS the possibility of using another building in the educational center, even larger than the one previously used. Due to the foregoing, it is not considered that any fundamental right has been violated, therefore we respectfully request this Honorable Constitutional Chamber (Sala Constitucional) to declare the present Amparo Appeal without merit (...) PETITION For the reasons stated above, it is requested that the present amparo appeal be declared without merit and the file be ordered archived." 11.- By writing incorporated into the digital file on February 14, 2025, Gabriel Mora Monge appeared, in his condition as director of the Dirección Regional Grande del Térraba of the MEP. He indicates: "In the educational center of Maíz de los Borucas, works are carried out within the property limits by the Education Board of the Maíz de Los Borucas school, as a response to a sanitary order imposed by the Ministry of Health on the educational center, which dates back to the year 2015 and which has been repeatedly managed for due compliance. As established in Indigenous Law No. 6172, the lands located within the limits of the indigenous territory are under the administration of the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, which in turn in the year 2017 proceeded to ratify the possession of the land in favor of the educational center Maíz de Los Borucas code 0905; as part of the process of registry annotations in the year 2003, the Instituto de Desarrollo Agrario had made the official transfer of said land to the ADI Boruca, and both the cadastral plan and the transfer that the ADI Boruca made to the Education Board of the Maíz de Los Borucas school are framed in legality (Deed attached). It is important to indicate that for some years the Education Board provided a small lot on loan so that the health center could operate, with the understanding that when the school required said land, the health committee would be contacted to remove the facilities or whatever the CCSS determined in order to release the land; for this reason, when the budget was available to meet the infrastructure needs of the school, the Ministry of Health was asked to release the space that had been provided under the conditions widely known by the parties, likewise the information was transmitted to the community neighbors in different meetings where the feasibility of carrying out the reconstruction works and new works for the Maíz de Los Borucas school was analyzed. No less important is to indicate that the Education Board, understanding the need for the health post to function, ceded to the Ministry of Health a lot in the possession of the Education Board in another location in the same community, all with the knowledge and participation of the ADI Boruca as administrators of the lands within the limits of the Boruca territory. It must also be clarified that in its moment the Ministry of Health indicated that the space where the health post was located, due to its dimensions and being within "someone else's" land, was not viable to attempt to build the health house intended to provide service to the inhabitants of the community of Maíz and its surroundings. PETITION Based on the stated facts and law, it is requested: That the amparo appeal be declared without merit." 12.- By resolution of the investigating magistrate at 10:55 hours on February 17, 2025, it was ordered: "it is ordered as evidence for better resolution that Mónica Taylor Hernández, in her condition as executive president of the CCSS, or whoever holds that position in her stead, clarify to this Tribunal in relation to the project Sede de Visita Periódica Maíz with code CCSS-1223: i) the start date; ii) the current status; iii) the expected date for its conclusion and iv) the execution schedule." 13.- By writing incorporated into the digital file on February 19, 2025, Karina Rodríguez Méndez appeared, in her condition as attorney for the protected party and indicates: "That note be taken, for the purposes of resolving this appeal, that the following persons are not mentioned or included in the documents related to this file, despite having signed as protected parties: 1. [Name 014] (known as Juanita) ID [Value 014]. 2. [Name 015], ID [Value 015]. 3. [Name 021], ID [Value 016]. 4. [Name 022], ID [Value 017]. 5. [Name 023], ID [Value 018]. 6. [Name 019], ID [Value 019]. 7. [Name 024], ID [Value 020]." 14.- By writing incorporated into the digital file on February 19, 2025, a detachment made in file 25-002203-0007-CO was received, by which a report rendered by Mónica Taylor Hernández, in her condition as executive president of the CCSS, was added, in the same terms as the writing incorporated into the digital file on February 5, 2025.

15.- By writing incorporated into the digital file on February 21, 2025, Mónica Taylor Hernández appeared, in her condition as executive president of the CCSS. She explains: "Through official letter PE-0674-2025 dated February 18, 2025, this Office of the Presidency requested the Director of the Institutional Planning Directorate (Dirección de Planificación Institucional) to send a report regarding what was requested by the Judicial Authority. In this regard, Eng. Susan Peraza Solano, in her condition as Director, through official letter PE-DPI-0203-2025 dated February 20, 2025, and having addressed the instructions from the Office of the Executive Presidency, sends the requested report in the following terms: “(…) in this regard, we proceed to answer each of the queries posed: i. Operation start date: 08/01/2028. ii. Current status: Stage: Land 40%. Activity: 40% Land Acquisition Process (ILLM). In the process of signing the comodato (loan for use agreement) with the Indigenous Association and then formalizing it with the Management and notary of the C.C.S.S. iii. Expected date for its conclusion: project scheduled for 2027 and 2028. iv. Execution schedule: (…) It is important to consider that on November 20, 2024, the Medical Management (Gerencia Médica) sent to Dr. Randal José Chavarría Flores, acting director, official letter No. GM-17431-2024 with subject: In response to official letter DRSS-DRIPSSB-2758-2024 regarding a gratuitous loan agreement between the Caja Costarricense del Seguro Social and the Asociación de Desarrollo Integral de Boruca, Maíz de Boruca, Brunca Region, where one of the paragraphs reads as follows: “…Likewise, from the follow-up on this matter, it is known that from a satellite review the property number that will be considered in this voluntary agreement is different from the one indicated by the Asociación de Desarrollo Integral Boruca in the documentation of the digital file formed for this purpose, information shared through the digital platform Teams on November 12 of the current year. In view of the foregoing, you are urged to reform the file to make the necessary adjustments and thus continue with the processing of the agreement.” PETITION 1- In accordance with the foregoing, I request that the evidence for better resolution be considered as addressed, that the present amparo appeal be dismissed and declared without merit in all its aspects, since it is demonstrated that the institution has not incurred in any breach of the constitutional rights of the protected party, as well as its consequent exoneration in costs." 16.- By writing incorporated into the digital file on February 23, 2025, the petitioner states: "That during the preparation and filing of this appeal, a new fact occurred that I am including here, as part of my efforts on behalf of my represented parties. NEW FACT: The health house was partially dismantled, as part of the progress of the project mentioned in this file for the construction of the School. This occurred until the moment the amparo appeal was notified to the respective authorities and there has been no progress since then. Petition: Due to the aforementioned, we request: 1- That the new fact be included for the purposes of decision-making. 2- We request that the eight photographs provided be admitted as evidence for better provision to support our statement." 17.- By writing incorporated into the digital file on February 24, 2025, evidence is provided.

18.- In the proceedings followed, the legal requirements have been observed.

Drafted by Magistrate Rueda Leal; and,

Considering:

I.- PRELIMINARY ISSUES. In view of the fact that the minister of the MEP omitted to respond to the hearing within the period set by this Tribunal in the resolution that initiated this sub lite, in accordance with Article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, we proceed to resolve the appeal based on the other writings and evidence provided to the case file.

Second, the Tribunal deems the request for precautionary measures filed by the petitioner to be inadmissible, for although the sub lite was initiated for the purposes of establishing or ruling out any injury to the constitutional order, it is no less true that the evidentiary and argumentative support ab initio is insufficient to sustain an appearance of good right (fumus boni iuris) with such a degree of probability as to justify the issuing of such measures.

II.- PURPOSE OF THE APPEAL. The petitioners state that they live in Maíz, which is located on the boundary of the Boruca indigenous territory. They point out that on January 22, 2025, a communication was received signed by representatives of the Maíz Development Association (Asociación de Desarrollo de Maíz), the Maíz Health Committee (Comité de Salud de Maíz), and the Maíz Education Board (Junta de Educación de Maíz) addressed to “Neighbors of Maíz and nearby towns who receive Medical Attention at the Maíz Health House,” by which it was stated that no further care would be provided at the health post as of January 27, 2025, so the transfer of patients must be managed and they must attend medical appointments in the community of Boruca. They claim that this decision was adopted without prior consultation of the people. They argue that the foregoing affects the population of Maíz, as well as other nearby towns such as Jalisco, Ojo de Agua, Mayal, and San Luis, who also received medical attention at the aforementioned health post. They affirm that it became known that, on January 17, 2025, the Maíz Health Committee requested the transfer of patient care to the Boruca Ebais, which was authorized by the Buenos Aires Health Area. They emphasize that they are unaware of any technical basis for the decision, nor is there knowledge of any future project for patients to be attended again in Maíz. They point out that the construction of the community school began on the land where the health post was located, even though this land was donated exclusively for that purpose, and therefore they question that the use of an asset dedicated to health care has been changed to a different one such as education. They affirm that the change of health post creates multiple inconveniences for the population, due to the distance they must travel to Boruca, the poor state of the roads, and the shortcomings of the public transportation service provided to the various affected communities. They request that the CCSS be ordered to provide a temporary solution to continue providing primary care in the community of Maíz while a new health post is built.

III.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly proven:

  • a)On November 21, 2016, the Asociación de Desarrollo Integral del territorio indígena de Boruca donated a lot to the Education Board of the Maíz school with real estate folio 6-145587-0007 and 6-145588-000. (See documentary evidence).
  • b)By means of official letter DRIPSSB-ASBA-ADM-024-2023 of January 17, 2023, the administrator of the Buenos Aires Health Area communicated to the Brunca Integrated Health Service Delivery Network Directorate (Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca) regarding the projects to be developed in the indigenous territories in the year 2023 “(…) a. Construction of the Maíz de Boruca Periodic Visit Post (Puesto de Visita Periódica), initiation of the indigenous consultation process as a prerequisite for the construction of the EBAIS in this territory. There is a Usage Agreement on loan for the land to be used, in the process of formalization at the Medical Management. Included in the Institutional Investment portfolio formulated for the period 2024. Approximate investment amount ¢250,000,000.00 (…)” (See documentary evidence).
  • c)On September 16, 2024, the Ministry of Health issued sanitary order MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 concerning the Maíz Health House, by which a period of three months was granted to carry out a series of actions, among them, having a restroom that complies with the provisions of Law No. 7600. (See documentary evidence).
  • d)On December 2, 2024, the Ministry of Health issued an enabling permit for the activity of outpatient consultation services in general or specialized medicine for the Maíz Health House, valid until August 7, 2029. (See documentary evidence).
  • e)By memorial dated January 16, 2025, the Maíz Health Committee communicated to the Buenos Aires Health Area:

"As is known to this Directorate and Administration of the ASBA, this Health Committee has been coordinating a Project for the construction of a new Health House, and they are aware of the reasons, conditions, and agreements reached to obtain a lot with the required characteristics; therefore, the lot of the current health house now belongs to the Maíz School, and they are already in the process of building a new School and require the land.

Therefore, we inform and request the necessary coordination and authorization in the shortest possible time, to transfer and provide medical consultations of Maíz to the facilities of the Boruca Ebais, since other infrastructures in the community of Maíz have been assessed but are not suitable for providing medical consultations and require significant investment to make the corresponding improvements. For these reasons, the best alternative is to provide the service at the Boruca Ebais, for as long as is required while the construction project is being processed, for which we take the opportunity to request your full support in the management and coordination so that said project is executed in the shortest possible time, taking into account the difficulties due to distance that patients will have to face to travel to Boruca to receive the required medical care (…)” (See documentary evidence).

  • f)Through official letter ASBA-DM-0035-2025 of January 22, 2025, the acting director of the Buenos Aires Health Governing Area (Área Rectora de Salud de Buenos Aires) of the CCSS communicated to the Maíz Health Committee the authorization so that, as of January 27, 2025, the community of Maíz will be attended at the Boruca Ebais. (See documentary evidence).
  • g)By memorial dated January 22, 2025, the Maíz Health Committee, the ADI Maíz, and the Education Board of the Maíz school informed “Neighbors of Maíz and nearby towns who receive Medical Attention at the Maíz Health House” that since the year 2000 a project for the construction of a new health house for Maíz has been coordinated, for which reason a negotiation was carried out between the Health Committee and the Education Board, such that the lot where the health house is located is the property of the Maíz school, while the Health Committee acquired the lot located above the Maíz bull ring, which meets the requirements established by the CCSS. It was also indicated that, given that the school has started its construction project, the land where the health house is located needs to be vacated, which is why, as of January 27, 2025, the medical consultations of those who receive care at the Maíz Health House will be provided at the Boruca Ebais, so patients must manage their transfer to that health center. (See documentary evidence).
  • h)On January 30, 2025, the respondent authorities were notified of the resolution initiating this appeal. (See notification records).
  • i)Through official letter DREGT-SCE11-007-2025 of February 5, 2025, the education supervisor of the indigenous educational circuit 11 of the DRE Grande del Térraba of the MEP indicated:

"1. In the educational center of Maíz de los Borucas, works are carried out within the property limits by the Education Board of the Maíz de Los Borucas school, as a response to a Sanitary Order imposed by the Ministry of Health on the educational center, which dates back to the year 2015 and which has been repeatedly managed for due compliance.

2.

As established in Indigenous Law No. 6172, the lands located within the boundaries of the indigenous territory are under the administration of the Boruca Integral Indigenous Development Association (Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca), which in turn, in 2017, ratified the possession of the land in favor of the Maíz de Los Borucas educational center, code 0905; as part of the process of registry annotations in 2003, the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) had made the official transfer of said land to the ADI Boruca, with both the cadastral plan and the transfer that the ADI Boruca made to the Education Board (Junta de Educación) of the Maíz de Los Borucas school being framed within legality (Copies of the documents are attached).

3. It is important to note that for some years the Education Board loaned a small lot so that the health center could operate, with the understanding that when the school required said land, the health committee would be notified so that they could remove the facilities or whatever the CCSS determined in order to release the land; for this reason, when the budget was available to address the school's infrastructure needs, the Ministry of Health was asked (sic) to release the space that had been provided to them under the conditions widely known by the parties, and likewise the information was transmitted to the community residents in various meetings where the feasibility of carrying out reconstruction works and new works for the Maíz de Los Borucas school was analyzed.

4. No less important is it to note that the Education Board, understanding the need for the health post to be able to function, ceded to the Ministry of Health a lot in the possession of the Education Board in another location in the same community, all with the knowledge and participation of the ADI Boruca as administrators of the lands within the boundaries of the Boruca territory; it should also be clarified that at the time, the Ministry of Health indicated that the space where the health post was located, due to its dimensions and being on “someone else’s” land, was not viable for attempting to build the health house intended to be constructed to provide service to the inhabitants of the community of Maíz and its surroundings” (emphasis added). (See documentary evidence).

  • j)Through official communication DVM-A-DIE-DDO-0054-2025 of February 7, 2025, the Department of Works Development of the MEP explains:

“1. The project arises from sanitary order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, in conjunction with amparo appeal 22-018251-0007-Co and its resolution No. 2022023279, in which a specific deadline was given for the physical-sanitary improvements indicated by the Ministry of Health to be carried out.

2. Due to the urgency of the project, it was decided to carry out a design and construction process to reduce timelines and serve the student population as soon as possible.

3. On February 21, 2024, through official communication DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, authorization was given for the contracting of design and construction of works including: major maintenance of two academic classrooms, major maintenance of the dining hall, construction of a kindergarten classroom, construction of a sanitary block, and professional services such as preliminary studies, preliminary project, plans and technical specifications, detailed budget, work schedule, and inspection. Basic studies include: topography (boundary rectification, cadastral registration, and survey) and S.P.T. soil study with infiltration tests.

4. Following the contracting process carried out by the Education Board, the start order was given on April 12, 2024.

5. On April 24, 2024, a joint visit was made with the formulator from the DIE, architect Gustavo Abarca Mora, the company in charge of the project, representatives of the Education Board, and the director of the Educational Center. During said visit, this unit was informed that the EBAIS is within the grounds of the Educational Center, in a building on loan, and that the Board had agreed with the CCSS that, as soon as required, the CCSS would be asked to release the land.

6. On May 6, 2024, the Board submitted official communication 003-2024 to the DIE, stating that the EBAIS had been asked to vacate the building and giving approval for the design to take into account the building temporarily used by the EBAIS, in order to improve the educational infrastructure project.

7. It is important to highlight that, in said communication, the Board informed that the CCSS was offered the option of using another building of the Educational Center, even a larger one than what was previously being used, to provide the health service to the community.

8. This Directorate verifies that the building is within the grounds of the Educational Center, according to the cadastral plan and the certification of right of possession by the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca, and incorporates this building into the design, substantially improving the project conditions and allowing the Educational Center to be left with only one terrace. Therefore, it was decided to adapt this space to be the preschool classroom.

9. On December 18, 2024, the design stage was concluded, which includes the intervention of the EBAIS building.

10. The approved site plan is attached, which determines the scope of the project to be executed. The building that was occupied by the EBAIS will be adapted to become the preschool classroom of the educational center, which can be observed in the image with the description “ADAPTACIÓN PARA KINDER, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA”.

11. It is important to highlight that there is a contract and therefore all the acquired contractual responsibilities (…)” (emphasis added). (See documentary evidence).

  • k)In the Monthly Strategic Portfolio Bulletin of the Institutional Planning Directorate of the CCSS, it is recorded that the project Sede de Visita Periódica Maíz with code CCSS-1223 is categorized among the relevant projects as of October 2024 and has a progress of 40%. (See documentary evidence).
  • l)On an unknown date, the director of Institutional Planning of the CCSS communicated to the executive president in relation to the project Sede de Visita Periódica Maíz:

“Project Objective: Construction of a Periodic Visit Headquarters (Sede de Visita Periódica). Improvement of the quality of care for users of the Casa de Visita Periódica of Maíz, Colinas (indigenous territory), and surrounding communities, by improving the operating conditions. Providing adequate infrastructure for the population assigned to the CVS of Maíz de Colinas, guaranteeing quality, warm general health care for all people. Providing comfort and safety to users and staff throughout the work day. In addition to guaranteeing an adequate place for safeguarding institutional assets, tools of great importance for the performance of duties and the care provided by the CCSS.

Project Description: Concrete construction, with reinforced masonry on continuous footings and steel structure for the roofs, terrazzo floors, suspended ceilings, and painted finishes and complementary exterior works. It has potable water systems with elevated tanks and mini-split type air conditioning. Wastewater management is via septic tank and drains. Electrically, it has certified systems. It has a fire and intrusion detection alarm system.

Activity: 40% Land Acquisition Process (ILLM) Life Cycle Percentage: 17%.

Executive Report:

In the process of signing the loan for use (comodato) with the Indigenous Association (Asociación Indíguena) (sic) and then formalizing it with the Management and notary office of the C.C.S.S. The land situation persists, the land has not yet been transferred (sic) to the name of the CCSS. The project remains in its previous state, as of today. No progress is made (sic). (See documentary evidence).

  • m)By submission PE-DPI-0203-2025 of February 20, 2025, the Institutional Planning Directorate of the CCSS indicated in relation to the project “CCSS-1223. Construction of the Periodic Visit Headquarters (sede de Visita Periódica) of Maíz, located in indigenous territory”:

“Operation start date: 08/01/2028.

Current state: Stage: Land 40%. Activity: 40% Land Acquisition Process (ILLM). In the process of signing the loan for use (comodato) with the Indigenous Association and then formalizing it with the Management and notary office of the C.C.S.S.

Estimated completion date: project scheduled for 2027 and 2028.

Execution schedule:

Construction of Sede de Visita Periódica of Maíz de Buenos Aires

1470 daysMon 05/02/22Fri 12/17/27
Land acquisition897 daysMon 05/02/22Tue 10/07/25
Design SVP de Maíz10 daysWed 10/08/25Tue 10/21/25
SETENA100 daysWed 10/08/25Tue 02/24/26
SETENA Contracting Purchase Process20 daysWed 10/08/25Tue 11/04/25
Presentation of documentation to SETENA20 daysWed 11/05/25Tue 12/02/25
Obtaining Environmental Viability60 daysWed 12/03/25Tue 02/24/26
Abbreviated Tender Purchase Process92 daysWed 02/25/26Thu 07/02/26
File Preparation2 daysWed 02/25/26Thu 02/26/26
Invitation1 dayFri 02/27/26Fri 02/27/26
Submission of Bids10 daysMon 03/02/26Fri 03/13/26
Purchase Opening1 dayMon 03/16/26Mon 03/16/26
Purchase Analysis2 daysTue 03/17/26Wed 03/18/26
Financial Analysis10 daysThu 03/19/26Wed 04/01/26
Technical and Reasonableness Analysis5 daysThu 04/02/26Wed 04/08/26
Legal Analysis5 daysThu 04/09/26Wed 04/15/26
Awarding20 daysThu 04/16/26Wed 05/13/26
Notification1 dayThu 05/14/26Thu 05/14/26
Appeals Process15 daysFri 05/15/26Thu 06/04/26
Firmness and guarantees5 daysFri 06/05/26Thu 06/11/26
Internal approval15 daysFri 06/12/26Thu 07/02/26
Construction process120 daysMon 07/05/27Fri 12/17/27
Permits30 daysMon 07/05/27Fri 08/13/27
Construction90 daysMon 08/16/27Fri 12/17/27

”. (See documentary evidence).

IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellants indicate that they live in Maíz, which is located on the border of the Boruca indigenous territory. They point out that on January 22, 2025, a communication was received, signed by representatives of the Maíz Development Association, the Maíz Health Committee, and the Maíz Education Board, addressed to “Residents of Maíz and nearby towns who receive Medical Care at the Maíz Health House (Casa de Salud de Maíz),” stating that care would no longer be provided at the health post as of January 27, 2025, and therefore patients’ transfer must be arranged and they must attend medical appointments in the community of Boruca. They allege that this decision was made without prior consultation with the people. They maintain that the above affects the population of Maíz, as well as other neighboring towns such as Jalisco, Ojo de Agua, Mayal, and San Luis, who also received medical care at the aforementioned health post. They state that it became known that, on January 17, 2025, the Maíz Health Committee requested the transfer of patient care to the Ebais of Boruca, which was authorized by the Buenos Aires Health Area. They emphasize that they are unaware of any technical basis for the decision, nor do they know of any future project for patients to be served again in Maíz. They point out that construction of the community school began on the land where the health post was located, even though this was donated exclusively for that purpose, and therefore they question that the purpose of a property dedicated to health care was changed to a different one, such as education. They state that the change of health post generates multiple inconveniences for the population, due to the distance they must travel to Boruca, the poor condition of the roads, and the deficiencies of the public transport service provided to the various affected communities. They request that the CCSS be ordered to provide a temporary solution to continue providing primary care in the community of Maíz while a new health post is built.

This Chamber verifies that, on November 21, 2016, the Asociación de Desarrollo Integral of the indigenous territory of Boruca donated a lot to the Education Board of the Maíz school with real estate folio 6-145587-0007 and 6-145588-000. Through official communication DRIPSSB-ASBA-ADM-024-2023 of January 17, 2023, the administrator of the Buenos Aires Health Area communicated to the Brunca Integrated Health Service Delivery Network Directorate, regarding projects to be developed in indigenous territories in 2023, “(…) a. Construction of the Maíz de Boruca Periodic Visit Post (Puesto de Visita Periódica), initiation of the indigenous consultation process as a prerequisite for the construction of the EBAIS in this territory. There is a Use Agreement as a loan for the land to be used, in the process of formalization in Medical Management. Included in the Institutional Investment portfolio formulated for the 2024 period. Approximate investment amount ¢250,000,000.00 (…)”. On September 16, 2024, the Ministry of Health issued sanitary order MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 concerning the Maíz Health House, granting a three-month period to carry out a series of actions, including having a sanitary service that complies with Law No. 7600. On December 2, 2024, the Ministry of Health issued an operating permit for the activity of outpatient consultation services in general or specialized medicine to the Maíz Health House, valid until August 7, 2029. Through a submission dated January 16, 2025, the Maíz Health Committee informed the Buenos Aires Health Area: “As is known to this Directorate and Administration of the ASBA, this Health Committee has been coordinating a Project for the construction of a new Health House, and you are aware of the reasons, conditions, and agreements reached to obtain a lot with the required characteristics; therefore, the lot of the current health house now belongs to the Maíz School, and they are already in the process of building a new School and require the land. For the above, we inform you and request the necessary coordination and authorization, in the shortest possible time, to transfer and provide medical consultations for Maíz to the facilities of the Ebais of Boruca, since other infrastructures in the community of Maíz have been assessed but are not suitable for providing medical consultations (sic) and require significant investment for corresponding improvements. For these reasons, the best alternative is to provide the service at the Ebais Boruca, for as long as needed while the construction project is being processed; we take this opportunity to request your full support in the management and coordination so that said project is executed in the shortest possible time, considering the difficulties due to distance that patients will have to face to travel to Boruca to receive the required medical care (…)”. Through official communication ASBA-DM-0035-2025 of January 22, 2025, the acting director of the Buenos Aires Health Governing Area of the CCSS informed the Maíz Health Committee of the authorization so that, as of January 27, 2025, the community of Maíz be served at the Ebais of Boruca. By submission dated January 22, 2025, the Maíz Health Committee, the ADI Maíz, and the Education Board of the Maíz school informed the “Residents of Maíz and nearby towns who receive Medical Care at the Maíz Health House” that since 2000, a project has been coordinated for the construction of a new health house for Maíz, for which reason a negotiation was carried out between the Health Committee and the Education Board, such that the lot where the health house is located is the property of the Maíz school, while the Health Committee acquired the lot located above the Maíz bullring, which meets the requirements established by the CCSS. It was also stated that, since the school began its construction project, the land where the health house is located needs to be vacated; therefore, as of January 27, 2025, medical consultations for those receiving care at the Maíz Health House will be provided at the Ebais of Boruca, so patients must arrange their transfer to that health center. Through official communication DREGT-SCE11-007-2025 of February 5, 2025, the education supervisor of indigenous educational circuit 11 of the DRE Grande del Térraba of the MEP stated: “1. Within the boundaries of the property of the Education Board of the Maíz de Los Borucas school, actions are carried out at the Maíz de Los Borucas educational center, in response to a Sanitary Order imposed by the Ministry of Health on the educational center, dating back to 2015, which has been repeatedly managed for due compliance. 2. As established in Indigenous Law No. 6172, lands located within the boundaries of the indigenous territory are under the administration of the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, which in turn, in 2017, ratified the possession of the land in favor of the Maíz de Los Borucas educational center, code 0905; as part of the process of registry annotations in 2003, the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario) had made the official transfer of said land to the ADI Boruca, with both the cadastral plan and the transfer that the ADI Boruca made to the Education Board of the Maíz de Los Borucas school being framed within legality (Copies of the documents are attached). 3. It is important to note that for some years the Education Board loaned a small lot so that the health center could operate, with the understanding that when the school required said land, the health committee would be notified so that they could remove the facilities or whatever the CCSS determined in order to release the land; for this reason, when the budget was available to address the school's infrastructure needs, the Ministry of Health was asked (sic) to release the space that had been provided to them under the conditions widely known by the parties, and likewise the information was transmitted to the community residents in various meetings where the feasibility of carrying out reconstruction works and new works for the Maíz de Los Borucas school was analyzed. 4. No less important is it to note that the Education Board, understanding the need for the health post to be able to function, ceded to the Ministry of Health a lot in the possession of the Education Board in another location in the same community, all with the knowledge and participation of the ADI Boruca as administrators of the lands within the boundaries of the Boruca territory; it should also be clarified that at the time, the Ministry of Health indicated that the space where the health post was located, due to its dimensions and being on “someone else’s” land, was not viable for attempting to build the health house intended to be constructed to provide service to the inhabitants of the community of Maíz and its surroundings” (emphasis added). Through official communication DVM-A-DIE-DDO-0054-2025 of February 7, 2025, the Department of Works Development of the MEP explains: “1. The project arises from sanitary order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, in conjunction with amparo appeal 22-018251-0007-Co and its resolution No. 2022023279, in which a specific deadline was given for the physical-sanitary improvements indicated by the Ministry of Health to be carried out. 2. Due to the urgency of the project, it was decided to carry out a design and construction process to reduce timelines and serve the student population as soon as possible. 3. On February 21, 2024, through official communication DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, authorization was given for the contracting of design and construction of works including: major maintenance of two academic classrooms, major maintenance of the dining hall, construction of a kindergarten classroom, construction of a sanitary block, and professional services such as preliminary studies, preliminary project, plans and technical specifications, detailed budget, work schedule, and inspection. Basic studies include: topography (boundary rectification, cadastral registration, and survey) and S.P.T. soil study with infiltration tests. 4. Following the contracting process carried out by the Education Board, the start order was given on April 12, 2024. 5. On April 24, 2024, a joint visit was made with the formulator from the DIE, architect Gustavo Abarca Mora, the company in charge of the project, representatives of the Education Board, and the director of the Educational Center. During said visit, this unit was informed that the EBAIS is within the grounds of the Educational Center, in a building on loan, and that the Board had agreed with the CCSS that, as soon as required, the CCSS would be asked to release the land. 6. On May 6, 2024, the Board submitted official communication 003-2024 to the DIE, stating that the EBAIS had been asked to vacate the building and giving approval for the design to take into account the building temporarily used by the EBAIS, in order to improve the educational infrastructure project. 7. It is important to highlight that, in said communication, the Board informed that the CCSS was offered the option of using another building of the Educational Center, even a larger one than what was previously being used, to provide the health service to the community. 8. This Directorate verifies that the building is within the grounds of the Educational Center, according to the cadastral plan and the certification of right of possession by the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca, and incorporates this building into the design, substantially improving the project conditions and allowing the Educational Center to be left with only one terrace. Therefore, it was decided to adapt this space to be the preschool classroom. 9. On December 18, 2024, the design stage was concluded, which includes the intervention of the EBAIS building. 10. The approved site plan is attached, which determines the scope of the project to be executed. The building that was occupied by the EBAIS will be adapted to become the preschool classroom of the educational center, which can be observed in the image with the description “ADAPTACIÓN PARA KINDER, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA”. 11. It is important to highlight that there is a contract and therefore all the acquired contractual responsibilities (…)” (emphasis added). In the Monthly Strategic Portfolio Bulletin of the Institutional Planning Directorate of the CCSS, it is recorded that the project Sede de Visita Periódica Maíz with code CCSS-1223 is categorized among the relevant projects as of October 2024 and has a progress of 40%. On an unknown date, the director of Institutional Planning of the CCSS communicated to the executive president in relation to the project Sede de Visita Periódica Maíz: “Project Objective: Construction of a Periodic Visit Headquarters (Sede de Visita Periódica). Improvement of the quality of care for users of the Casa de Visita Periódica of Maíz, Colinas (indigenous territory), and surrounding communities, by improving the operating conditions. Providing adequate infrastructure for the population assigned to the CVS of Maíz de Colinas, guaranteeing quality, warm general health care for all people. Providing comfort and safety to users and staff throughout the work day. In addition to guaranteeing an adequate place for safeguarding institutional assets, tools of great importance for the performance of duties and the care provided by the CCSS. Project Description: Concrete construction, with reinforced masonry on continuous footings and steel structure for the roofs, terrazzo floors, suspended ceilings, and painted finishes and complementary exterior works. It has potable water systems with elevated tanks and mini-split type air conditioning. Wastewater management is via septic tank and drains. Electrically, it has certified systems. It has a fire and intrusion detection alarm system. Activity: 40% Land Acquisition Process (ILLM) Life Cycle Percentage: 17%. Executive Report: In the process of signing the loan for use (comodato) with the Indigenous Association (Asociación Indíguena) (sic) and then formalizing it with the Management and notary office of the C.C.S.S. The land situation persists, the land has not yet been transferred (sic) to the name of the CCSS. The project remains in its previous state, as of today. No progress is made (sic).”. By submission PE-DPI-0203-2025 of February 20, 2025, the Institutional Planning Directorate of the CCSS indicated in relation to the project “CCSS-1223. Construction of the Periodic Visit Headquarters (sede de Visita Periódica) of Maíz, located in indigenous territory”: “Operation start date: 08/01/2028. Current state: Stage: Land 40%. Activity: 40% Land Acquisition Process (ILLM). In the process of signing the loan for use (comodato) with the Indigenous Association and then formalizing it with the Management and notary office of the C.C.S.S. Estimated completion date: project scheduled for 2027 and 2028. Execution schedule:

Construction of Sede de Visita Periódica of Maíz de Buenos Aires

1470 daysMon 05/02/22Fri 12/17/27
Land acquisition897 daysMon 05/02/22Tue 10/07/25
Design SVP de Maíz10 daysWed 10/08/25Tue 10/21/25
SETENA100 daysWed 10/08/25Tue 02/24/26
SETENA Contracting Purchase Process20 daysWed 10/08/25Tue 11/04/25
Presentation of documentation to SETENA20 daysWed 11/05/25Tue 12/02/25
Obtaining Environmental Viability60 daysWed 12/03/25Tue 02/24/26
Abbreviated Tender Purchase Process92 daysWed 02/25/26Thu 07/02/26
File Preparation2 daysWed 02/25/26Thu 02/26/26
Invitation1 dayFri 02/27/26Fri 02/27/26
Submission of Bids10 daysMon 03/02/26Fri 03/13/26
Purchase Opening1 dayMon 03/16/26Mon 03/16/26
Purchase Analysis2 daysTue 03/17/26Wed 03/18/26
Financial Analysis10 daysThu 03/19/26Wed 04/01/26
Technical and Reasonableness Analysis5 daysThu 04/02/26Wed 04/08/26
Legal Analysis5 daysThu 04/09/26Wed 04/15/26
Awarding20 daysThu 04/16/26Wed 05/13/26
Notification1 dayThu 05/14/26Thu 05/14/26
Appeals Process15 daysFri 05/15/26Thu 06/04/26
Firmness and guarantees5 daysFri 06/05/26Thu 06/11/26
Internal approval15 daysFri 06/12/26Thu 07/02/26
Construction process120 daysMon 07/05/27Fri 12/17/27
Permits30 daysMon 07/05/27Fri 08/13/27
Construction90 daysMon 08/16/27Fri 12/17/27

”.

In view of the foregoing, this Chamber deems it appropriate to cite what was stated in judgment No. 2024013316 of 9:30 a.m. on May 17, 2024:

“III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the appellant indicates that, from March 17 to 19, 2024, the Public Defense visited the community of Alto Carona and it was concluded that the community has deficient health service, highlighting the absence of a primary care center and periodic medical visits. She details that the nearest care point is in La Peña, more than four hours on foot along roads only passable in summer. She explains that the remoteness and difficulty of the route prevent the movement of minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women, which often results in them not benefiting from health visits when they occur. She states that the access routes from the Costa Rican side are impassable, and depending on the time of year, the cost of transport reaches $170, an amount beyond the means of the protected persons, given their condition of poverty.

It indicates that, due to the coastal geography, maritime travel is also not viable. It requests that the CCSS be ordered to guarantee the provision of health services to the Ngäbe-buglé population of Alto Carona and that the Municipality of Golfito be ordered to enable the necessary roads to guarantee access to the Conte Burica territory.

The Court verifies that, as of September 2018, the Golfito Health Area has a periodic visit house (casa de visita periódica) in the Conte Burica indigenous reserve, staffed by “1 doctor, 1 redes, 1 auxiliary, 1 pharmacist, 1 atap”. In addition, one community tour per week is conducted to the community of Progreso, and dental tours are conducted at the Alto Conte Ebais. By official communication no. 0391-03-19 of March 12, 2019, the Brunca Region Regional Directorate of Health Services reported that the communities of La Peña and Carona became assigned to the Corredores Health Area and the Ciudad Neily hospital. By official communication ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, the Corredores Health Area of the CCSS stated: “(…) 3-Regarding the inhabitants of Alto Carona, this population is not being visited because there is no access by land and the Civil Aviation Service helicopter route was very irregular, suspending the tours and making it impossible to establish an adequate schedule without affecting the other dispersed communities that are visited. Due to the foregoing, the purchase of helicopter services was requested, but approval has not been granted. It is worth mentioning that official communication GM-16890-2023 from the Medical Management states: “Through official communication PE-4488-2023, the Executive Presidency reported that the cooperation agreement between the Ministry of Public Security and the Costa Rican Social Security Fund for the transfer of patients in critical health condition, medical assistance to communities of difficult access, and transfer of officials for disaster and emergency response, expired on October 24… Furthermore, it is important to consider that there is no current protocol and/or guideline for transporting officials by helicopter for routine patient care, according to what was indicated by the same Management in the official communication in question: “…In addition, it is reported that this Management designates Dr. Ranjit Singh Apolayo and Dr. Armando Cortés Ruiz, both advisors to this Management, to collaborate in the review and update of the protocol for patient transport in ambulances, taking into account that the transport of officials must be included; the foregoing in view of the changes that have arisen in light of the termination of the agreement with the Ministry of Public Security…” It is also important to consider what was recommended by the Internal Audit in report AGO-99-2021 of November 8, 2021: “…The Costa Rican Social Security Fund, as the entity responsible for ensuring the health of the population, has the commitment to provide these services to the different communities located throughout the country; however, it is necessary for users and officials to enjoy minimum conditions to provide this service, conditions that appear not to be met in some periodic visit posts assigned to the Corredores Health Area, due to them having dirt floors, structures in poor condition, exposed and dangerous electrical installations, unpleasant sanitary facilities, uncomfortable and difficult access to the structures, among other aspects. Aspects that not only affect the quality of care, but also the proper conservation of the infrastructure…” The PVP located in Alto Carona does not meet the minimum adequate conditions for the care of the residents, much less for the officials to be able to provide adequate care, and it possibly also does not meet the requirements of the Ministry of Health regulations for enabling medical offices (…) FACTS. 1. For this unit to be able to attend to the residents of Punta Burica, Pavones district, the officials must travel by land from Paso Canoas to the vicinity of Puerto Armuelles, re-entering the national territory until reaching the beach (with risk to institutional vehicles), traveling about 20 km, entering through the mountain, until reaching the PVP La Peña in the town of La Peña. There is no ordinary land access to Alto Carona because there are no passable roads. 2. The community of Alto Carona has a Periodic Visit Post (Puesto de Visita Periódica, PVP) that does not meet the minimum adequate conditions for the care of the residents, much less for the officials to be able to provide adequate care, and it possibly also does not meet the requirements of the Ministry of Health regulations for enabling medical offices. The institution built the PVP La Peña for the care of the residents of Punta Burica in the town of La Peña before the re-sectorization, and subsequently it was transferred along with the communities to the Corredores Health Area; it was neither the decision nor the recommendation of this unit to build that PVP in that town. It is not within the competence of this unit to decide on the construction of an EBAIS headquarters in Alto Carona. 3. Based on the fact that the residents of Punta Burica, Pavones district, decided to transfer to the Corredores Health Area, according to official communication ASC-SAVE-0862, it was because they considered easier access to this unit by land. The PVP is in La Peña, and the assertion that health care at that health post is irregular is not true; the medical tours are conducted by the mobile EBAIS, composed of a doctor, a nursing assistant, a medical records official, and a pharmacist, announced in advance by the Technical Assistant (Asistente Técnico de Atención Primaria, ATAP) official who lives in the area and through the Health Committee. These are carried out every month for one full week (a schedule of medical tours is attached), from January to August, since in September with the rainy season, the roads become impassable and they are suspended so as not to put the officials at risk, until air transport service is available. The existing protocol is for the transport of patients in ambulances, not for the transport of officials, so there is no legality to force the officials to assume the risk of being transported by helicopter. It should be noted that in February a visit was made to La Peñita for a special community activity, but it did not meet the minimum conditions required to provide adequate medical care. The La Peña health post is very well equipped with what is required to provide quality medical care. Furthermore, there is no available human resource team permanently at that location, nor do they have the required population for an EBAIS. It is true that there is a lack of road development in that community, but this is a historical situation that has persisted over time and is not within the purview of this unit (…)” (emphasis added). Finally, the executive president of the CCSS reports that, as of April 29, 2024, this institution is analyzing the institutional feasibility of providing air transport to the Corredores Health Area.

First of all, it should be noted that the sub examine was brought on behalf of the indigenous people of Alto de Carona, which is why it is relevant to cite what was indicated by this Court in judgment no. 2018012113 of 9:20 a.m. on July 27, 2018:

“III.- ON THE PROTECTION OF INDIGENOUS PERSONS. By judgment No. 3003-92 of 11:30 a.m. on October 7, 1992, on the occasion of the mandatory constitutionality review regarding ILO Convention 169, this Chamber ruled on the constitutional relevance of the protection of indigenous people, articulated within a democratic framework respectful of human rights. Specifically, this Court pointed out: a) That it is necessary to recognize for indigenous people, in addition to the fullness of their rights and freedoms as human beings, other legally guaranteed conditions, through which the inequality and discrimination to which they are subjected can be compensated, with the purpose of guaranteeing their real and effective equality in all aspects of social life; b) That it is also necessary to guarantee respect for and conservation of the historical and cultural values of indigenous populations, recognizing their peculiarity, without any limitation other than the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being recognized today by the civilized world - which implies that respect for the traditions, language, religion, and general culture of these peoples only admits, as exceptions, those necessary to eradicate practices universally considered inhuman, such as cannibalism-; c) Without prejudice to the foregoing, indigenous people must also be recognized with the rights and means necessary to access, freely and with dignity, the spiritual and material benefits of the predominant civilization - means among which access to education and the official language stand out for their importance-.

Likewise, it concluded that far from containing confrontations with the Political Constitution, (") Convention 169 reflects the clearest values of our democratic nationality, developing the human rights of Costa Rican indigenous people and can be a starting point to initiate a review of secondary legislation to adapt it to these needs (").

Now then, Part V of the Convention, called Social Security and Health, establishes a series of provisions related to the right to health, thus. Article 24, “Social security schemes shall be extended progressively to cover the peoples concerned and shall be applied to them without any discrimination.” Article 25 “…1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned, or shall provide them with resources to allow them to design and deliver such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest attainable standard of physical and mental health…

2. Health services shall, to the extent possible, be community-based. These services shall be planned and administered in co-operation with the peoples concerned and take into account their economic, geographic, social and cultural conditions, as well as their traditional preventive care, healing practices and medicines.

3. The health care system shall give preference to the training and employment of local community health workers, and focus on primary health care while maintaining strong links with other levels of health care services.

4. The provision of such health services shall be co-ordinated with other social, economic and cultural measures in the country…” (…)

VII.- SPECIFIC CASE. In the present matter, the appellants allege that the protected parties are indigenous minors, who have disabilities and require rehabilitation work - the minor [Name 003] (cerebral palsy) and the minor [Name 002] (lissencephaly)-. However, to be seen in rehabilitation, they must be transferred to the province of San José or Limón, because there is no rehabilitation professional at the EBAIS in the Alta de Talamanca zone, in addition to the fact that the minors do not receive any state pension. They claim that, due to the foregoing, transporting the protected minors to medical appointments is difficult for them. They accuse that, by vote No. 2013-010885, this Chamber had ordered the Health Area of the Alta de Talamanca zone to provide treatment to some children with disabilities in the zone.

In this regard, the Chamber determines that the Costa Rican Social Security Fund provides medical care to the protected parties at the EBAIS in Amubri, and they are also referred for physical therapy to the National Children's Hospital and the Dr. Tony Facio Castro Hospital. Likewise, it is verified that in the Talamanca zone there is no human resource available to provide rehabilitation to patients requiring that service, and therefore, they are referred to other medical centers that do have a specialist. Such conduct by the Administration cannot be validated, as it would be equivalent to circumventing the special protection regime recognized in favor of the rights and integrity of the indigenous people under Convention No. 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries - approved by Law No. 7311 of November 30, 1992 -, developed in the first substantive recital of this resolution. In addition to the special protection that must prevail for persons suffering from disabilities. This Chamber is not unaware of the authority of the Costa Rican Social Security Fund to organize itself to provide health services to citizens, such as classifying these into three levels of care. This is in pursuit of better use of public funds. However, that organization cannot be to the detriment of access to medical care for users, especially if they are indigenous persons suffering from disabilities who are in a situation of extreme vulnerability. Especially since the Costa Rican State has committed to providing them special and differentiated protection compared to the rest of the population due to their historical precariousness, a commitment it has also undertaken for persons with disabilities. Thus, attempting to have the protected minors travel hundreds of kilometers from their place of origin to receive rehabilitation amounts to nothing more than institutionalizing their inequality. Consequently, the proper course is to grant the appeal, and order Fernando Llorca Castro, Executive President of the Costa Rican Social Security Fund, or whoever holds that position in his stead, to immediately carry out the pertinent procedures and execute the necessary actions so that, within three months, counted from the notification of this judgment, the physical rehabilitation and/or physical therapy service that they require in accordance with the criteria of their treating physicians is provided at the medical center closest to the domicile of the protected minors [Name 002] AND [Name 003]. Likewise, if possible, the physical rehabilitation and/or physical therapy must be provided to the protected parties in their home. Furthermore, it must make the necessary arrangements to guarantee medical care and transportation of the protected parties to the National Children's Hospital, or, as the case may be, to the Tony Facio Hospital, in accordance with the medical specialties required by the patients (…)” (bold text was incorporated).

In a similar vein, in judgment no. 2019005560 of 9:30 a.m. on March 29, 2019, this Chamber ruled in relation to the right to health of indigenous persons:

“XII. The right to health and indigenous persons. This Court has already made express reference to the recognition and guarantee of the fundamental rights of the members of indigenous peoples, in light of Constitutional Law. Thus, for example, in judgment number 1786-93 of 4:21 p.m. on April 21, 1993, this Court established as a general premise that our Political Constitution must be interpreted and applied in a way that permits and facilitates the independent life and development of the ethnic minorities inhabiting Costa Rica, without other limits than those human rights themselves impose on the conduct of all persons. The clauses of international instruments and common legislation must be developed in the same way when applied to indigenous peoples. As a consequence of the foregoing, in our legal system, Convention No. 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples recognizes a series of individual and collective rights relating to education, health, among others. Regarding this Convention, this Chamber, through judgment number 3003-92 of 11:30 a.m. on October 7, 1992, issued on the occasion of the mandatory constitutionality review formulated regarding the ‘Bill for the approval of the "Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries"’, adopted by the International Labour Organization (I.L.O.) at its LXXVI Conference, held in Geneva, Switzerland, on June 27, 1989, also known as Convention No. 169, ordered in what is relevant: «[...] The Convention under review, within the general scope of the matters entrusted to the International Labour Organization (ILO), enshrines in a legally enforceable international instrument a series of rights, freedoms, and economic, social, and cultural conditions aimed, not only at strengthening the dignity and essential attributes of indigenous people as human beings, but also, mainly, at providing specific means so that their condition as human beings may be fully realized in view of the depressed, sometimes even exploited and mistreated, situation in which the aborigines of many nations live; a situation that is not entirely foreign to the American Continent, where minorities, and sometimes majorities, of indigenous people find themselves practically marginalized from the predominant civilization, while, on the other hand, they suffer the depression and abandonment of their own traditions and cultures. Today, in the field of human rights, it is recognized, in summary: a) That it is necessary to recognize for indigenous people, in addition to the fullness of their rights and freedoms as human beings, other legally guaranteed conditions, through which the inequality and discrimination to which they are subjected can be compensated, with the purpose of guaranteeing their real and effective equality in all aspects of social life: b) That it is also necessary to guarantee respect for and conservation of the historical and cultural values of indigenous populations, recognizing their peculiarity, without any limitation other than the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being recognized today by the civilized world - which implies that respect for the traditions, language, religion, and general culture of these peoples only admits, as exceptions, those necessary to eradicate practices universally considered inhuman, such as cannibalism-; c) Without prejudice to the foregoing, indigenous people must also be recognized with the rights and means necessary to access, freely and with dignity, the spiritual and material benefits of the predominant civilization - means among which access to education and the official language stand out for their importance…”. Now then, in the aforementioned convention, specifically in Article No. 3, it is established that indigenous peoples shall fully enjoy human rights and fundamental freedoms, evidently, among them, the right to health, without obstacles or discrimination. Also, Article No. 4 provides that special measures shall be adopted as appropriate for safeguarding indigenous persons. In this regard, Article No. 7 of the cited instrument states that the improvement of living conditions, work, health level, and education shall be a priority in plans for the overall economic development of the regions where they live. In this sense, Articles 24 and 25 of Convention No. 169 of the International Labour Organization reflect the obligations of the State in matters of social security and the right to health. For better understanding, the cited articles are transcribed below:

“Article 24. Social security schemes shall be extended progressively to cover the peoples concerned and shall be applied to them without any discrimination.” “Article 25. 1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned, or shall provide them with resources to allow them to design and deliver such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest attainable standard of physical and mental health.

2. Health services shall, to the extent possible, be community-based. These services shall be planned and administered in co-operation with the peoples concerned and take into account their economic, geographic, social and cultural conditions, as well as their traditional preventive care, healing practices and medicines.

3. The health care system shall give preference to the training and employment of local community health workers, and focus on primary health care while maintaining strong links with other levels of health care services.

4. The provision of such health services shall be co-ordinated with other social, economic and cultural measures in the country.” Therefore, the indigenous peoples of our country, by constitutional and conventional provision, have special protection and, furthermore, respect for their fundamental rights must be guaranteed, among them, without a doubt, the right to health. Moreover, it is through adequate and timely health care that indigenous persons can be safeguarded and health level conditions improved, as well as the possibility for the exercise of other fundamental rights that, without a good health condition, could not be satisfied” (emphasis added).

Furthermore, regarding the efficient provision of health services, it is appropriate to cite what was stated in judgment no. 2023021882 of 1:32 p.m. on September 1, 2023:

“IV.- ON THE SPECIFIC CASE. In the sub lite, the petitioner claims that for more than six years, the CCSS has been aware of the service limitations provided to the community of Paso Tempisque, given that there is insufficient personnel and space to attend to the population. It adds that, since 2020, the Carrillo Health Area issued a re-sectorization study, which highlighted the need to open a new Ebais headquarters in Paso Tempisque, due to the overcrowding it suffers. It explains that, for this purpose, the proposal has been to use the current Ebais headquarters in Paso Tempisque to house an evening Ebais, but it needs to be staffed. It maintains that the respondent authorities have not acted, arguing that they do not have sufficient economic resources to provide the service, despite acknowledging that it is insufficient and that, at the same time, exhausting hours and long workdays are being imposed on existing personnel. It requests that the evening Ebais be ordered to be provided with sufficient personnel.

This Court verifies that, on May 17, 2017, the Carrillo Health Area conducted a re-sectorization study, through which a gap of five Ebaiss was determined, of which one was provided and the other four are awaited, among which is the one for the Paso Tempisque sector. Furthermore, since January 2020, the Carrillo Municipal Council has been managing the opening of a new Ebais headquarters for Paso Tempisque with the CCSS.

On January 14, 2020, the CCSS issued the report “Expansion of Evening Care Hours EBAIS of Paso Tempisque, Carrillo Health Area”, which states: “(…) according to the estimate made by the Health Services Provision Unit of the central level, in accordance with the Re-sectorization analysis of May 16, 2017. Our Unit maintains a need gap of 4 EBAIS, to provide comprehensive care to the assigned population. It is important to highlight that our Unit requires these 4 EBAIS to meet the need to provide comprehensive health care to the enrolled population, in compliance with the objective of primary health care, at the first level of care, as corresponds to our Health Area: Acceptable Accessibility for the entire population, with the ultimate goal of meeting the needs of people at different ages, making efficient use of public resources. (…) The population attended by the EBAIS of Paso Tempisque (Table # 1. current population of the Palmira District: 6791 inhabitants), as has been pointed out on different occasions, exceeds the installed capacity of the team, as has been raised by the Community and the Municipal Council of the Canton, through official communication MC-SCM-821-2020, dated November 26, 2020, in which the community reiterates its request for the creation of a new EBAIS for Paso Tempisque de Carrillo, with evening service, with the objective of taking advantage of existing resources and thus attending to the backlog of population that is not receiving comprehensive care (…) The EBAIS of Paso Tempsique, located in the Palmira District, is composed of 2 ATAPs, 1 doctor, 1 REDES assistant, 1 nursing auxiliary, 1 pharmacist and 1 pharmacy technician. 1 janitorial staff and a security guard from 4:00 pm to 7:00 am, by third parties. Every other week, dental care is provided, with the dental professional and dental assistant, who also covers the Belén District. The hours are Monday to Thursday from 7:00 am to 4:00 pm and Friday from 7:00 am to 3:00 pm. On 1 day per month, care is provided in the Community PVP. Regarding user satisfaction measurement, the Carrillo Canton has decreased from 85% to 73% in recent years, one of the main reasons being that users complain about not finding available appointment slots to be seen, this being one of the sectors presenting that problem. (…) 2.1 Project Name Expansion of Care Hours at the Paso Tempisque EBAIS headquarters 2.2 Responsible Unit Carrillo Health Area. UE: 2560 2.3 Project Modality 2.3.2 Consultation Monday to Thursday from 4:00 pm to 10:00 pm, Friday from 3:00 pm to 10:00 pm, and Saturdays from 4:00 pm to 10:00 pm, with scheduling of 4 patients per hour (…) The estimated cost is 13 million monthly, which represents approximately 150 million annually. Regarding investment in public services, an annual increase of approximately 10 million in electrical energy (account 2126), and 500 thousand colones in water service is estimated. Telecommunications consumption is approximately 300 thousand colones annually. In supplies and materials, it is approximately 7 million colones annually (…)” (bold text was incorporated).

On January 31, 2020, the Carillo Health Area sent official communication DASC-0033-2020 to the DRIPSSCH of the CCSS, which reads: “The request for the EBAIS, raised by the community of the Palmira District, represented by the local Government, is completely valid and endorsed by this Medical Directorate; a need that has been demonstrated by the Re-sectorization study of the Carrillo Health Area, conducted since 2017, as it is true that the Palmira sector requires one more EBAIS, as do the other mentioned sectors. This gap negatively impacts the quality of services, due to the high demand for appointments from users who cannot find appointments at their EBAIS headquarters, among them, the one in Paso Tempisque, which must be provided in the emergency department. The Paso Tempisque EBAIS headquarters could also host an evening EBAIS like the one we have in Sardinal, so if we were provided with the positions now, we have no infrastructure, security, or cleaning issues, as we have these through third-party contracting” (highlighting added). Furthermore, on July 21, 2020, the director of the Carrillo Health Area certified that: “in the Carrillo Health Area, Costa Rican Social Security Fund, Programmatic Unit 2560, We have the possibility to immediately accommodate EBAIS on a second shift, in existing facilities that are in optimal condition, at the following locations: 1. Paso Tempisque EBAIS Headquarters. 2. La Costa EBAIS Headquarters. This EBAIS is under construction, which is completed in December 2020.” By official communication GM-2456-2021 of February 23, 2021, the Medical Management of the CCSS indicated to a deputy of the Legislative Assembly: “This Office, in response to your official communication DLAC-004-2021 dated January 11, 2021, where you attach agreement 02, clause 05 issued in Ordinary Session No. 51-2020 of the Carrillo Municipal Council – Guanacaste regarding the request to create a new EBAIS headquarters in Paso Tempisque de Carrillo with an Evening service; in this regard, we proceeded to carry out technical consultations at the central and regional levels on this proposal, obtaining the following results. - The Health Services Projection Directorate (GM-0844-2021), in official communication GM-DPSS-0080-2021, dated February 17, 2021, concludes the following: “…In accordance with the study ‘Action Plan for the Conformation of EBAIS and Strengthening of the Health Areas of the Costa Rican Social Security Fund, version #2’ conducted by this Directorate, a gap of two more sectors has been proposed for the Carrillo Health Area. That is, a total of 11 health sectors. Regarding the population data shown above, it can be seen that this need for two new sectors is in the La Costa sector, and additionally, this sector has the particularity that it is the furthest from the Health Area headquarters and must cover the tourist population of the zone. The other sector required by population is Paso Tempisque, which has the particularity that it is located a few kilometers from the Health Area headquarters.” - The underlining does not correspond to the original text- It has been confirmed with the local level regarding these needs, and it is confirmed that it is in these locations where said health sectors are required…” - The Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate (Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega), in official communication DRIPSSCH-ARPLAI-0003-2021 (DRIPSSCH-0082-2021), signed by Dr. Eddy Apuy Muñoz, Medical Assistant, and Licda. Juliana Monge Agüero, Coordinator of the Planning and Internal Control Area, of the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate, concludes that “…Therefore, once the arguments set forth in this report have been analyzed, as well as what has been reiterated in the background section, in paragraph 5, this Network Directorate considers the Project for the Opening of an Evening EBAIS Consultation (Proyecto de Apertura de Consulta del EBAIS Vespertino) pertinent, for the benefit of the population of the canton and surrounding communities. It is also recommended that it be implemented with the allocation of positions for a period of 6 months and that the continuity of this service be evaluated…” - The underlining does not correspond to the original text- In accordance with the foregoing, the institution is fully willing to address this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations it has generated in the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to financial conditions, as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors (Junta Directiva) in article 29° of session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020)” (the emphasis was added).

By official communication GM-6317-2021 of May 19, 2021, the Medical Management (Gerencia Médica) of the CCSS informed the Municipality of Carrillo: “(…) as you are aware, this Management issued official communication GM-2461-2021, dated February 23, 2021, which stated the following: “… in accordance with the requested technical criteria, the need for the creation of the Paso de Tempisque de Carrillo EBAIS is ratified; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations this has generated in the institution, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to financial conditions, as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors in article 29° of session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020) …” In this regard, it is necessary to inform you that there has been no significant change to what was stated in the preceding paragraph; therefore, this Management is monitoring the provisions of the higher institutional authorities in financial matters, and once the limitations at this level are overcome, the attention to this need will be scheduled accordingly for the benefit of the health of the inhabitants of the Canton and Paso Tempisque (…)”. By brief MC-ALC-CRR-435-2022 of March 7, 2022, the Municipality of Carrillo reiterated to the CCSS the urgent need for an Ebais facility in Paso Tempisque.

By brief DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate stated: “This Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate proceeds to report that, in relation to this request, a technical criterion was forwarded to the Medical Management via attached official communication DRSS-DRIPSSCH-0082-2021. Subsequently, a copy of the Medical Management's response to Deputy Luis Antonio Aiza Campos was received via attached official communication GM-2456-2021, which textually indicated: “In accordance with the foregoing, the institution is fully willing to attend to this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations it has generated in the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to financial conditions, as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors in article 29° of session No. 9139, held on November 12, 2020. (SJD-2081-2020).” For the reasons stated above, the formation of the new EBAIS is subject to the financial conditions of the Institution, in accordance with (sic) what was indicated by the Medical Management in its official communication GM-2456-2021”. Furthermore, by official communication GM-7414-2022 of June 15, 2022, the Medical Management of the CCSS stated: “(…) via official communication DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, Dr. Warner Picado Camarena, Director, Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate, forwards the following report: \"...This Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate proceeds to report that, as indicated in previous reports: The Paso Tempisque Ebais, which is assigned to the Carrillo Health Area, is located in the District of Palmira. It is comprised of: 2 ATAPS, 1 doctor, 1 REDES assistant, 1 Nursing Assistant, 1 Pharmacist, and 1 Pharmacy Technician. In addition to 1 janitorial staff and a security guard from 4:00 p.m. to 7:00 a.m., through third-party contracting. Every other week, dental care is provided by the dental professional and dental assistant, who also cover the District of Belén. Service hours are Monday through Thursday from 7:00 a.m. to 4:00 p.m. and Friday from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. One day per month, care is provided at the Periodic Community Visit Post (Puesto de Visita Periódica de Comunidad). In addition to the foregoing, a technical criterion regarding the need for an additional Ebais was forwarded to the Medical Management via official communication DRSS-DHIPSSCH-0082-2021 (which is attached). Subsequently, a copy of the Medical Management's response to Deputy Luis Antonio Aiza Campos was received via attached official communication GM-2456-2021, which textually indicates: “In accordance with the foregoing, the institution is fully willing to attend to this need; however, due to the COVID-19 Pandemic and the financial limitations it has generated in the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to financial conditions, as it is part of addressing what was instructed by the Board of Directors (…)” Therefore, based on the foregoing, the formation of the new Ebais for the district of Paso Tempisque is an evident need that has been analyzed and is subject to the financial conditions of the institution...\" By virtue of the foregoing, this Office reports that care is currently being provided as described above to the population of the community of Paso Tempisque, in addition to the fact that, as indicated by Eng. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Director of the Health Services Projection Directorate (Dirección de Proyección de Servicios de Salud), via official communication GM-DPSS-0080-2021; according to the study ‘Action Plan for the Formation of EBAIS and Strengthening of CCSS Health Areas (Plan de Acción para la conformación de EBAIS y Fortalecimiento de las Áreas de Salud de la CCSS), version #2’, to date, the pertinent studies have been conducted to determine the need for new sectors for the canton of Carrillo Guanacaste, including the Paso Tempisque Ebais, which, according to the financial policy and economic conditions, are scheduled for creation between the year 2022-2026, according to (sic) the schedule. Thus, this Office provides the report on the actions taken regarding the construction of the new EBAIS headquarters in Paso Tempisque; however, it reiterates that due to the COVID-19 pandemic and the financial limitations they have generated in the Caja Costarricense de Seguro Social, the matter of creating positions for the formation of new EBAIS is subject to financial conditions”.

On December 22, 2022, by brief DRSS-DRIPSSCH-0987-2022, the director of the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network forwarded to the CCSS Health Services Projects Directorate the Ebais prioritization proposal for the year 2023, which mentions the Carrillo Health Area, specifically the Paso Tempisque Ebais, modality “Evening, rotating positions”.

On July 20, 2023, the CCSS Medical Management indicated by brief GM-10588-2023: “according to the analysis conducted regarding the need to reduce EBAIS gaps in the Integrated Health Service Delivery Network Directorates, the prioritization includes forming the human resources for the opening of 1 EBAIS in Paso Tempisque. It is necessary to indicate that, for the allocation of human resources for the creation of the aforementioned EBAIS and the rest of the prioritized EBAIS nationwide, this Management is awaiting the definition of the limit for position creation indicated by the Board of Directors for the 2023 period or subsequent periods”.

Finally, by official communication GM-10689-2023 of July 21, 2023, the CCSS Medical Management stated: “(…) The Financial and Budgetary Control Council (Consejo Financiero y de Control Presupuestario), in article 2 of session 255-18, held on July 19, 2018, resolved: “…Prioritize the creation of institutional positions in accordance with the following order: international agreements, compliance with laws, provisions of the Board of Directors and Executive Presidency, and the needs raised by the Managements, with the Financial and Budgetary Control Council being the Body responsible for reviewing the position creation proposal, to define its prioritization in a specific phase and issue the endorsement for the technical validation to proceed by the Personnel Administration and Management Directorate (Dirección Administración y Gestión de Personal). Likewise, the provisions of circular GA-51002-12, dated December 6, 2012, signed by the Management Body (Ref. PE-0418-2018 of February 21, 2018, signed by Dr. Fernando Llorca Castro, executive president) regarding the procedure for preparing technical studies for determining human resource needs at the institutional level (…) are maintained”. It should be clarified that the Financial Management (Gerencia Financiera) will annually define the maximum limit for position creation according to the financial possibilities of the insurances administered by the institution, which must be oriented toward the priority programs and activities of the Caja Costarricense de Seguro Social. For 2022 and 2023, the maximum limit for position creation with central financing will be 670 positions for each year, excluding positions with local financing and those related to special services. For positions with local financing and special services, the financial possibilities and institutional priorities will be considered; therefore, what is indicated by the 2022-2023 Budgetary Policy (Política Presupuestaria) for Health Insurance, Disability, Old Age, and Death Regime, and Non-Contributory Pension Regime is transcribed: Guideline 6: Budgetary resources for personal services (remunerations) “…Strategies a. The Financial Management will annually define the maximum limit for position creation according to the financial possibilities of the insurances administered by the institution, which must be oriented toward the priority programs and activities of the Caja Costarricense de Seguro Social. For 2022 and 2023, the maximum limit for position creation with central financing will be 670 positions for each year…” In relation to what has been indicated, for the 2023 period and according to the agreements of the Financial and Budgetary Control Council, the number of positions that currently have technical validation by the Personnel Administration and Management Directorate for the creation of new positions exceeds the figure previously defined by the Board of Directors. This situation leaves us awaiting the actions that said body must take to cover the needs prioritized by this Management. It is important to note that the positions for the Paso Tempisque EBAIS have not been prioritized by this Management; rather, they were identified by the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate and forwarded to this Office, where, complying with the order of prioritization, they were forwarded for review and technical analysis to the Health Services Projection Directorate, an entity that has them under consideration in a second phase of position allocation for strengthening the Level I of Care (I Nivel de Atención), and complying with what was agreed by the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, in article 6° of session No. 9231, held on January 6, 2022, regarding the Gap Reduction Plan in the First Level of Care in the short and medium term, which notably states: […] “ARTICLE 6º Official communication No. GG-4192-2021, dated December 15, 2021, signed by Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Manager, is acknowledged, by which he presents: GAP REDUCTION PLAN IN THE FIRST LEVEL OF CARE IN THE SHORT AND MEDIUM TERM (PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO).” Therefore, Considering the proposal for the Gap Reduction Plan in the First Level of Care in the short and medium term contained in official communication GG-PFPSS-0217-2021 signed by Dr. Luis Carlos Vega Martínez in his capacity as Director of the Program for Strengthening Health Service Delivery (Programa de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud), and what is expressed in official communication GG-4192-2021 signed by Dr. Roberto Cervantes Barrantes in his capacity as General Manager, the Board of Directors - unanimously - AGREES: FIRST AGREEMENT To approve for implementation the Gap Reduction Plan in the First Level of Care in the short and medium term, aimed at strengthening comprehensive care, with emphasis on promotion and prevention activities. The creation of positions and the expenses required by the gap reduction plan must be approved annually in accordance with the established institutional procedure for these purposes, according to the plan's implementation process and consistent with the situation and financial possibilities of the health insurance. SECOND AGREEMENT To designate the Medical Management to develop and conduct the necessary processes related to human resources, budget, infrastructure, procurement, and associated regulations, to guarantee the implementation of the Gap Reduction Plan in the First Level of Care in the Short and Medium Term, with the active involvement of the DRIPSS and the pertinent institutional units, in accordance with the provisions of the first agreement. […] By virtue of the foregoing, this Medical Management has defined the prioritizations considering, in the first instance, the allocation of human resources for the sustainability of the start-up of new infrastructures, Board of Directors agreements, institutional projects, National Development Plan projects, and others, which have had to be covered in different phases to meet the general needs. This is how it is determined that the positions for the Paso Tempisque EBAIS are pending prioritization according to the Plan established by the Board of Directors, cited above” (the emphasis was added).

In view of the foregoing, it is worth noting that this Tribunal has repeatedly held in its jurisprudence that:

“VI.- FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH. The right to life recognized in article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the other fundamental rights of the inhabitants of the republic rest. Likewise, the right to health finds its basis in that article of the political charter, since life is inconceivable if minimum conditions for an adequate and harmonious psychic, physical, and environmental balance are not guaranteed to the human person. Evidently, any delay by the hospitals, clinics, and other health care units of the Caja Costarricense del Seguro Social can negatively impact the preservation of the health and life of its users (…) Public entities, bodies, and officials owe themselves to the users with a clear and unequivocal vocation of service, since that has been the reason for their creation and existence.

VII.- EFFICIENCY, EFFICACY, CONTINUITY, REGULARITY, AND ADAPTATION IN PUBLIC HEALTH SERVICES. The public bodies and entities that provide public health services have the imperative and non-deferrable obligation to adapt them to the particular and specific needs of their users or patients and, above all, of those who demand immediate and urgent medical attention, without the lack of human and material resources being legally valid arguments to exempt them from fulfilling such obligation. From this perspective, the services of the clinics and hospitals of the Caja Costarricense de Seguro Social have the duty to adopt and implement organizational changes, to hire the necessary medical or auxiliary personnel, and to acquire the materials and technical equipment required to provide efficient, effective, and prompt services. The heads of Clinics and Hospitals cannot invoke, to justify deficient and precarious patient care, the problem of "waiting lists" for surgical interventions and certain specialized examinations or the lack of financial, human, and technical resources, since it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and promptly. The heads of the Caja Costarricense de Seguro Social and the Directors of Hospitals and Clinics that belong to it are under the duty and, consequently, are personally responsible - in the terms of article 199 and following of the Ley General de la Administración Pública - for adopting and implementing all administrative and organizational provisions and measures to put a definitive end to the delayed provision – which, on occasions, becomes omitted due to its consequences - of health services, a situation that constitutes, all lights, an unequivocal lack of service that may give rise to the patrimonial administrative responsibility of that entity for the unlawful injuries caused to the administered parties or users (articles 190 and following of the Ley General de la Administración Pública)” (the emphasis was added) (see judgments nos. 2003013863 of 5:13 p.m. on December 2, 2003, 2010012297 of 2:42 p.m. on July 21, 2010, 2013004539 of 2:30 p.m. on April 9, 2013, 2015008671 of 9:05 a.m. on June 12, 2015, 2019007242 of 9:20 a.m. on April 26, 2019, 2021022837 of 9:30 a.m. on October 12, 2021, 2023019503 of 9:45 a.m. on August 9, 2023, among others).

Based on the foregoing, in the sub iudice, the violation of fundamental rights by the CCSS is evident, as explained below. From the abundant documentary evidence attached to the file, it is fully proven that, since 2017, the CCSS acknowledged the inefficient and ineffective provision of the health service in Paso Tempisque, as well as the consequent need to provide that community with a new Ebais. Precisely, in the report “Expansion of Evening Care Hours, PASO TEMPISQUE EBAIS, Carrillo Health Area” (Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo) of January 14, 2020, the CCSS considered that the population served by the medical center of that locality “exceeds the installed capacity of the team,” and therefore, it was deemed appropriate to create a new Ebais with evening service to take advantage of existing resources. Additionally, the inefficient and ineffective provision of the aforementioned service is reflected in official communication DASC-0033-2020 of January 31, 2020, in which the Carrillo Health Area stated that: “This gap negatively impacts the quality of services, due to the high demand for care by users who cannot find space at their EBAIS locations, among them, Paso Tempisque”. Even in official communication DRSS-DRIPSSCH-0987-2022 of December 22, 2022, the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network included Paso Tempisque as part of the Ebais prioritization proposal for the year 2023 in the evening modality.

Now, despite the fact that since 2017, the CCSS has recognized the need to expand the health service offer to the population of Paso Tempisque, and that various social actors have filed actions to resolve this problem, in the sub examine it is proven that this situation has not been resolved. Precisely, in various briefs that appear as evidence, the CCSS authorities indicate that the failure to create the necessary positions for the installation of the aforementioned Ebais is due to financial conditions, in accordance with what was established by the Board of Directors in article 29 of session No. 9139 of November 12, 2020. Furthermore, in brief GM-7414-2022 of June 15, 2022, the CCSS Medical Management explained that, according to the financial policy and economic conditions, the creation of the Paso Tempisque Ebais is scheduled between the years 2022 and 2026.

Despite this, in the sub iudice, there is no probative element whatsoever that the situation subject of this appeal will actually be addressed before the year 2026, which is reflected in the fact that in official communication GM-10689-2023 of July 21, 2023, the CCSS Medical Management indicated that “the positions for the Paso Tempisque EBAIS have not been prioritized by this Management; rather, they were identified by the Chorotega Integrated Health Service Delivery Network Directorate and forwarded to this Office, where, complying with the order of prioritization, they were forwarded for review and technical analysis to the Health Services Projection Directorate, an entity that has them under consideration in a second phase of position allocation for strengthening the Level I of Care, and complying with what was agreed by the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, in article 6° of session No. 9231, held on January 6, 2022, regarding the Gap Reduction Plan in the First Level of Care in the short and medium term”. Additionally, it should be noted that this Constitutional Chamber (Cámara Constitucional) has been emphatic in pointing out that, within the framework of a constitutional, social, and democratic state governed by the rule of law (Estado constitucional, social y democrático de derecho), it is not acceptable to adduce financial or budgetary limitations to evade the efficient provision of a service as essential as health, since, as indicated ut supra, it is a constitutional imperative that such service be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and promptly, as stated, among others, in judgments Nos. 2003013863 of 5:13 p.m. on December 2, 2003, 2010012297 of 2:42 p.m. on July 21, 2010, 2013004539 of 2:30 p.m. on April 9, 2013, 2015008671 of 9:05 a.m. on June 12, 2015, 2019007242 of 9:20 a.m. on April 26, 2019, 2021022837 of 9:30 a.m. on October 12, 2021, 2023019503 of 9:45 a.m. on August 9, 2023.

Therefore, the appeal is granted, with the order issued in the operative part of this judgment (…)

Por tanto (Therefore):

By majority, the appeal is declared with place (con lugar). Marta Eugenia Esquivel Rodríguez and Eva Camargo Batista, in their respective order, executive president in charge of the General Management (Gerencia General) and medical director of the Carrillo Health Area, as well as whoever holds the position of regional director of the Health Services Network of the Chorotega region, all of the Caja Costarricense de Seguro Social, are ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of their respective competencies so that, within a maximum period of ONE YEAR, counted from the notification of this pronouncement, the problem raised by the appellant, concerning the lack of efficient and effective provision of health service in Paso Tempisque, is definitively resolved. The foregoing is issued with the warning that, based on the provisions of article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo appeal, and do not comply with it or do not enforce it, provided the crime is not more severely punished. The Caja Costarricense de Seguro Social is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the execution of judgment in the contentious-administrative jurisdiction. Magistrates Castillo Víquez and Salazar Alvarado and Magistrate Garro Vargas dissent and declare the appeal without place (sin lugar). Let it be notified” (the highlighting was added).

In summary, this Constitutional Tribunal has been consistent in emphasizing the special protection of indigenous persons, as well as the relevance of the right to health, which constitutes the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights rest; therefore, its provision must respond to the criteria of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation.

Now, in the sub examine, the violation of the fundamental rights of the indigenous persons of Alto Carona is verified, due to the lack of efficient provision of the health service by the CCSS, which has been recognized by the same institution. In that sense, it should be recalled that the Corredores Health Area is responsible for providing health services to the population of Alto Carona; however, in brief ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, it was recognized that “visits are not being provided to those users because there is no access by land, and access by helicopter from the Civil Aviation Service (Servicio de Aviación Civil) was very irregular, suspending the tours and making adequate scheduling impossible without affecting the other dispersed communities that are visited (…) The PVP located in Alto Carona does not meet the minimum conditions suitable for providing care to the residents, and even less so for the officials to provide adequate care, and possibly also does not comply with the requirements of the Ministry of Health regulations for enabling medical offices”. Furthermore, it is important to consider that in report AGO-99-2021 of November 8, 2021, the Internal Audit Office (Auditoría Interna) of the CCSS recognized that the users and officials of the Corredores Health Area do not have the minimum conditions to receive and provide, respectively, the health service, because some periodic visit posts “have dirt floors, structures in poor condition, exposed and dangerous electrical installations, unpleasant sanitary services, uncomfortable and difficult access to the structures, among other aspects”.

Thus, the CCSS itself recognized at least since the year 2021 that the Corredores Health Area, responsible for providing health services to the protected population of Alto Carona, does not have the minimum conditions to provide that service. Furthermore, the aforementioned Health Area indicated that visits are not made to the users of Alto Carona because “there is no access by land, and access by helicopter from the Civil Aviation Service was very irregular”. On this matter, it should be noted that this Constitutional Chamber cannot endorse the CCSS's position regarding the lack of diligent and prompt action to provide health services in favor of the protected population, as doing so would be equivalent to overlooking the special protection regime recognized in favor of the rights and integrity of the indigenous people. Thus, while the CCSS's authority to organize itself to provide the aforementioned health service is recognized, this cannot be to the detriment of the users' access to medical assistance, in this case, indigenous persons, who, as indicated ut supra, enjoy special protection by virtue of their vulnerable condition. Additionally, it should be noted that in the sub lite there is no probative element whatsoever that allows accrediting that the situation subject of this appeal will be addressed promptly.

Therefore, upon verifying the lack of efficient and effective provision of the health service to the indigenous persons residing in Alto Carona by the CCSS, the appeal is granted regarding this grievance, as indicated in the operative part of this judgment (…)

Por tanto (Therefore):

The appeal is declared with place (con lugar). Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, in her capacity as executive president of the Caja Costarricense de Seguro Social, or whoever holds that position in her stead, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her competencies so that, within a maximum period of ONE YEAR, counted from the notification of this pronouncement, the problem raised by the appellant party concerning the lack of efficient and effective provision of the health service in Alto Carona is definitively resolved. Regarding the Municipality of Golfito, Freiner Lara Blanco, in his capacity as mayor of Golfito, or whoever holds that position, is ordered to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of his competencies so that, within a maximum period of SIX MONTHS, counted from the notification of this judgment, the problem denounced by the appellant party regarding the condition of the road that provides access to the community of Alto Carona in the Conte Burica indigenous territory is resolved.

The foregoing is issued with the warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on those who receive an order that they must comply with or enforce, issued in an amparo proceeding, and who fail to comply with it or fail to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The Costa Rican Social Security Fund and the Municipality of Golfito are ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in administrative litigation. Magistrate Salazar Alvarado enters a note. Magistrate Garro Vargas dissents and declares the amparo appeal without merit. Notify” (emphasis in original).

In the present case, the Chamber finds a violation of the fundamental rights of the protected party solely regarding the lack of efficient provision of health service due to the delay in the construction process of the periodic visit post of Maíz de Boruca; however, with respect to the other grievances raised by the petitioner, the appeal is declared without merit, in accordance with the following considerations.

As stated in the cited precedent, this Constitutional Chamber has emphasized the special protection enjoyed by indigenous persons, as well as the importance of the right to health, which constitutes the cornerstone upon which the rest of the fundamental rights rest, and therefore its provision must meet criteria of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptation.

Despite this, in the sub iudice case, the lack of efficient provision of health service by the CCSS to the detriment of the protected persons, who reside in the Maíz de Boruca indigenous territory, is corroborated, due to the delay in the construction of the periodic visit headquarters for that community. In this regard, note that, at least since 2022, the CCSS recognized the need to build a new health post in Maíz, which is why it was included among the institutional projects to be carried out and the objective was determined as “Construction of a Periodic Visit Headquarters. Improvement of the quality of care for users of the Periodic Visit House of Maíz, Colinas (indigenous territory), and surrounding communities, through the improvement of operating conditions. Provide adequate infrastructure for the population assigned to the CVS of Maíz de Colinas, guaranteeing quality and compassionate general health care for all persons. Provide comfort and safety to users and staff throughout the workday. In addition to guaranteeing an adequate place for the safeguarding of institutional assets, tools of great importance for the performance of functions and the care provided by the CCSS.” However, even though this project began in May 2022, at the time of issuing this pronouncement, namely, more than two and a half years later, no significant progress has been verified; instead, it remains in the same initial phase, specifically, the one concerning the acquisition of the land on which the health center in question will be located. The foregoing is reflected in the execution schedule provided as evidence in brief PE-DPI-0203-2025 of February 20, 2025, signed by the Institutional Planning Directorate of the CCSS:

Construction of Periodic Visit Headquarters of Maíz de Buenos Aires

1470 daysMon 02/05/22Fri 17/12/27
Land acquisition897 daysMon 02/05/22Tue 07/10/25
Design SVP of Maíz10 daysWed 08/10/25Tue 21/10/25
SETENA100 daysWed 08/10/25Tue 24/02/26
SETENA Procurement Contracting Process20 daysWed 08/10/25Tue 04/11/25
Submission of documentation to SETENA20 daysWed 05/11/25Tue 02/12/25
Obtaining Environmental Viability60 daysWed 03/12/25Tue 24/02/26
Abbreviated Bid Procurement Process92 daysWed 25/02/26Thu 02/07/26
File Preparation2 daysWed 25/02/26Thu 26/02/26
Invitation1 dayFri 27/02/26Fri 27/02/26
Submission of Bids10 daysMon 02/03/26Fri 13/03/26
Bid Opening1 dayMon 16/03/26Mon 16/03/26
Purchasing Analysis2 daysTue 17/03/26Wed 18/03/26
Financial Analysis10 daysThu 19/03/26Wed 01/04/26
Technical and Reasonableness Analysis5 daysThu 02/04/26Wed 08/04/26
Legal Analysis5 daysThu 09/04/26Wed 15/04/26
Award20 daysThu 16/04/26Wed 13/05/26
Notification1 dayThu 14/05/26Thu 14/05/26
Appeals Process15 daysFri 15/05/26Thu 04/06/26
Finality and guarantees5 daysFri 05/06/26Thu 11/06/26
Internal approval15 daysFri 12/06/26Thu 02/07/26
Construction process120 daysMon 05/07/27Fri 17/12/27
Permits30 daysMon 05/07/27Fri 13/08/27
Construction90 daysMon 16/08/27Fri 17/12/27

The aforementioned lack of diligent and prompt attention on the part of the CCSS is aggravated considering that, as of January 27, 2025, the health post where medical care was provided to the population of Maíz and nearby places ceased to function, because the land where it was located is the property of the community school, where a construction process was initiated.

Consequently, the appropriate course is to uphold the appeal regarding this grievance and to order the executive president of the CCSS to coordinate what is necessary and carry out all actions within the scope of her powers, so that by no later than December 2027, the construction of the periodic visit post of Maíz de Boruca is completed, as set forth in the schedule provided as evidence in brief PE-DPI-0203-2025 of February 20, 2025, signed by the Institutional Planning Directorate of the CCSS.

V.- On the other hand, it is recalled that in judgment No. 2022023279 of 9:20 a.m. on October 7, 2022, the Chamber referred to the Maíz educational center in the following terms:

“III.- SPECIFIC CASE. In the present case, the petitioners consider the fundamental rights of the aggrieved parties injured by virtue of the fact that, since May 9, 2022, at the Maíz de los Borucas educational center, the cafeteria service has not been provided, a situation that also affects academic performance. They allege that they are only given three hours of class, under the pretext that there is no cafeteria. They allege that since 2015, the school has had a sanitary order (orden sanitaria) that to date has not been addressed, for which reason they currently lack a dignified and safe place to attend classes. They affirm that the students receive lessons in the school cafeteria, therefore, the administrative authorities justify its non-use for that reason, violating the fundamental right to have access to good nutrition.

From the case file, it is established that, in 2015, the Governing Health Area of Buenos Aires de Puntarenas issued a sanitary order in relation to the poor physical-sanitary conditions presented by the El Maíz de los Borucas school. Added to the above, the follow-up visits that this governing area has been conducting since May 2017 allow verification that the problem accused by the minor students persists. Indeed, regardless of the fact that according to the director of Educational Infrastructure, between 2015 and 2016, a design process was initiated for the new infrastructure of that educational center, the truth of the matter is that, due to the limited budgetary availability of that unit, that project is postponed. Even under oath, it was reported that the project in question would enter the investment plan for the year 2023. The foregoing, despite the fact that since July 2021, the Indigenous Development Association granted a new property to the educational center for the construction of the new facilities. Thus, in this aspect of the appeal, the Chamber finds that the alleged infringement occurred, since, as can be seen with crystal clarity, the truth of the matter is that seven years after that sanitary order was issued, the problem persists.

Regarding the second aspect of the appeal, the regional director of Grande de Térraba reported that the schedule being complained of is due to enrollment, since they only have 8 students in preschool and 16 students in Cycles I and II, and because, for the 2022 school year, the educational center is classified as D. For this reason, he explains that students are attended in a single session from 7 a.m. to 10 a.m. on short days, or until 10:50 a.m. on long days, in accordance with the time module established by the Higher Council of Education.

Finally, regarding the nutrition of the student population, it was demonstrated that from May 9, 2022, until August 24 of this same year, the minor students of the El Maíz de los Borucas school did not receive any food, given that the cafeteria worker of that educational center resigned from her position and because the Health Committee informed the School Board that the premises where the children's food was prepared would not be made available, since the land where that establishment is located was collapsing. As explained, by virtue of the foregoing, on July 22, 2022, the form “Change of Cafeteria Service Modality 2022” of the El Maíz de los Borucas school was submitted to DANEA. For this reason, as of August 24 of the current year, the food service for the students of that school was made effective through the “plated meal” modality. Precisely, in this particular point, as the restoration of food for the minor students had already been arranged prior to the notification of the order for response, the Chamber dismisses the occurrence of this grievance.

In sum, it is necessary to uphold the appeal solely for the physical-sanitary problems presented by the El Maíz de los Borucas school and the non-compliance with the sanitary order issued on the occasion of that problem. In all other respects, the amparo is dismissed.

(…)

THEREFORE:

The appeal is partially upheld, solely for the physical-sanitary problems presented by the El Maíz de los Borucas school and the non-compliance with the sanitary order issued on the occasion of that problem. It is ordered to José Leonardo Sánchez Hernández and Álvaro Mata Leitón, in their capacity as acting minister and director of the Directorate of Educational Infrastructure, both of the Ministry of Public Education, or to whomever occupies those positions in their stead, to issue the necessary directives within their respective spheres of competence and to take the corresponding steps so that, within a maximum period of TWELVE MONTHS, counted from the notification of this judgment, the physical-sanitary improvements indicated by the Ministry of Health be carried out at the El Maíz de los Borucas school. Said property must guarantee a healthy and adequate environment for the education of the students of that educational center. Likewise, said educational authorities are ordered to, within a maximum period of ONE MONTH, counted from the notification of that same judgment, adopt and execute the necessary provisional measures that allow the continuity and development of lessons and other activities, with full safety for the health and physical and emotional integrity of the educational community of the El Maíz de los Borucas school. It is ordered to Randall Bejarano Campos, director of the Governing Health Area of Buenos Aires, or to whomever occupies that position in his stead, to, within the period of ONE MONTH, counted from the notification of the judgment, verify compliance with sanitary order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 of June 15, 2015, to protect the life, physical integrity, and health of the minors attending the school, as well as the teaching and administrative staff, ensuring its compliance and, in the event of non-compliance, timely take the pertinent measures to establish responsibilities against the officials who fail to act. The foregoing under warning that, based on the provisions of Article 71 of the Law of Constitutional Jurisdiction, imprisonment of three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order that must be complied with or enforced, issued in an amparo proceeding, and fails to comply with it or fails to enforce it, provided the offense is not more severely punished. The State is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment in administrative litigation. Magistrate Salazar Alvarado enters a note. Magistrate Garro Vargas enters a note. In all other respects, the appeal is declared without merit. Notify.” In the sub iudice case, even though the petitioners maintain that the Maíz health post was located on land donated for such purpose and question the change of use (cambio de destino) made to that property, it is no less true that from the case file it is inferred that in reality that structure was located on the land that was donated in November 2016 by the ADI of Boruca to the Education Board (Junta de Educación) of the Maíz school. Furthermore, according to the evidence in the file, as of that date, said educational center allowed the health post to operate on the land; however, faced with the construction works to be carried out to comply with the provisions of both sanitary order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 of June 15, 2015, and the aforementioned judgment No. 2022023279 of 9:20 a.m. on October 7, 2022, the Education Board communicated the need to make use of the establishment.

In consideration of the foregoing, it is appropriate to clarify that the amparo appeal is of an eminently summary nature, and therefore its processing is incompatible with the undertaking of extensive or complex evidentiary proceedings, which are rather within the purview of the ordinary jurisdiction. Therefore, it is not for this Constitutional Chamber to establish, in accordance with the infra-constitutional norms governing the matter and the particularities of the case under study, whether ownership of the land where the Maíz health post was located effectively corresponds to the Education Board of the Maíz school or not, nor whether the procedures provided in the legal system for carrying out the change of registered owner of the aforementioned land were followed or not. Nor does this specialized venue have to determine whether, given the impossibility of using the Maíz health post and the lack of construction of the new health center referred to above, the best alternative for providing health service to the Maíz community is the Ebais de Boruca, or whether this can be provided in some other structure located within the aforementioned community. In the same vein, it is not for this Chamber to rule on the disagreements raised by the appellant party concerning the actions of the respondent community representation bodies regarding the request to relocate the health center. The foregoing because conducting such analysis would require carrying out slow and complex evidentiary proceedings incompatible with the summary nature of the amparo appeal, and therefore such disputes must be settled in the ordinary jurisdictional venue.

Having clarified the above, from a comprehensive reading of the filing brief, the appellant party's disagreement is evident with the decision to cease providing health service in Maíz and the consequent transfer of patients assigned to that health post to the Ebais de Boruca. Regarding this, while due to the described facts it is no longer possible to continue providing the health service in the Maíz community as it had been for years, it is no less true that, at the request of the Maíz Health Committee itself, i.e., a body with community representation, the CCSS adopted a temporary measure to guarantee the provision of the right to health to the inhabitants of Maíz and neighboring towns, i.e., their transfer to receive medical care at the Ebais de Boruca; this, while the necessary actions are taken to build a new health post in the aforementioned community, a provisional measure that, in the opinion of this Chamber, is not openly arbitrary and disproportionate. In this sense, it is noted that what is relevant for the purposes of this specialized venue is that the essential core of the right under study, i.e., the right to health, is not affected, and in this case, it is evident that, faced with the impossibility of continuing to use the Maíz health post due to the circumstances described above, the CCSS adopted decisions to continue providing that essential service on a provisional basis while the construction works referred to in the previous recital are completed.

On the other hand, although in the filing brief the appellant party requests that the respondent authorities be ordered to clarify a series of queries, for example, what procedure was used to accept the change of use (cambio de destino) of a property dedicated to a public purpose such as health care for the purpose of education, as well as to indicate the situation of the land that years ago was donated for the health post, it is no less true that in the sub iudice case there is no record that the aggrieved parties raised such petitions before the respondent authorities, and therefore no violation of fundamental rights in this respect is proven.

Finally, the Chamber observes that the petitioners also file the appeal against the Development Association of Maíz, the Health Committee of Maíz, and the Education Board of Maíz; however, by virtue of the considerations set forth above, it is deemed that granting a hearing to such parties lacks merit.

Consequently, the appeal is declared without merit as far as these aspects are concerned.

VI.- PARTIAL DISSENTING VOTE OF MAGISTRATE SALAZAR ALVARADO AND MAGISTRATE GARRO VARGAS, WITH DRAFTING BY THE LATTER.

I.On the subject matter of the appeal. In the case under study, residents of the town of Maíz, belonging to Colinas de Buenos Aires, Puntarenas, file an amparo appeal against the Costa Rican Social Security Fund, the Ministry of Public Education, the Ministry of Health, the Development Association of Maíz, the Health Committee of Maíz, and the Education Board of Maíz, where they alleged the following:

“The appellants indicate that they live in Maíz, which is located at the boundary of the Boruca indigenous territory. They point out that on January 22, 2025, a communication was received signed by representatives of the Development Association of Maíz, the Health Committee of Maíz, and the Education Board of Maíz addressed to “Residents of Maíz and nearby towns who receive Medical Care at the Health House of Maíz,” whereby it was stated that care would no longer be provided at the health post as of January 27, 2025, and therefore the transfer of patients must be arranged and medical appointments attended in the community of Boruca. They accuse that such decision was made without prior consultation with the people. They maintain that the foregoing affects the population of Maíz, as well as other nearby towns such as Jalisco, Ojo de Agua, Mayal, and San Luis, who also received medical care at the aforementioned health post. They affirm that it became known that, on January 17, 2025, the Health Committee of Maíz requested the transfer of patient care to the Ebais de Boruca, which was authorized by the Health Area of Buenos Aires. They emphasize that they are unaware of any technical basis for the decision, nor is there knowledge of any future project for patients to be attended again in Maíz. They note that construction of the community school began on the land where the health post was located, even though it was donated exclusively for that purpose, and therefore they question that the use of a property dedicated to health care was changed to another such as education. They state that the change of health post generates multiple inconveniences for the population, due to the distance they must travel to Boruca, the poor condition of the roads, and the shortcomings of the public transport service provided to the various affected communities. They request that the CCSS be ordered to provide a temporary solution to continue providing primary care in the Maíz community while a new health post is built.

II.Contextualization of the amparo appeal. Although not alleged in the amparo appeal, it must be noted that in response to a public pronouncement by the Board of Directors of the Costa Rican Social Security Fund to suspend all projects in the institutional investment portfolio that have not yet commenced, with the justification that they seek to guarantee the financial sustainability of the entity, different actors from society - including members of Municipalities - filed amparo appeals in protection of their constituents, claiming that these measures violated the right to health and the correct, efficient, and effective provision of public service.

III.Background on claims of suspension of institutional investments of the Costa Rican Social Security Fund. In this regard, this constitutional jurisdiction has processed several amparo appeals in which the agreement of the Board of Directors of the CCSS to suspend the institutional investment portfolio whose construction process has not begun has been challenged. In judgment No. 2023-015622 of 9:20 a.m. on June 30, 2023, it heard the specific case related to the construction of the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya, in which this Tribunal held:

“IV.- ON THE MERITS. The purpose of the amparo appeal is to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as an instrument for controlling the legality of the acts of the various Public Administrations. For that reason, the amparo process is eminently summary in nature - that is, brief and simple - and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to previously examine - with declaratory character - whether the facilities housing the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya (Clinic) and the Branch comply or not with the requirements to appropriately provide the public services entrusted to the Costa Rican Social Security Fund. On the other hand, although it is indicated that the current buildings do not meet such conditions for proper functioning - since they are two-story, do not have an elevator or ramps because it was not built for that purpose, failing to comply with the regulations of the Equal Opportunities for Persons with Disabilities Law - that the spaces where some services are provided are very small, enclosed, and not designed for such purposes, and also have no parking, Shock Room, or Training Area, nor the possibility of housing a Laboratory Service, among others, the truth of the matter is that the appellants do not mention having filed any complaint in this regard. In this respect, it is important to emphasize that this Constitutional Chamber is not an instance for processing complaints, for which reason they must go before the Ministry of Health, the Costa Rican Social Security Fund, or the appropriate ordinary venue to raise the pertinent claims (see, in the same sense, Judgment No. 2023-13510 of 9:20 a.m. on June 9, 2023).

V.- Furthermore, regarding the accusation that the Board of Directors of the Costa Rican Social Security Fund unanimously adopted an agreement to suspend the ‘Institutional Investment Portfolio whose construction process has not commenced’; and, consequently, the construction of the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya (Clinic) and the Branch, it was established that the project for the headquarters of the Health Area of Nicoya indeed includes the construction of a new Health Area Headquarters type 1, through the CCSS-BCR Real Estate Trust contracting modality. This contracting includes in its scope: Preliminary Studies, Preliminary Project, Design, Construction, Equipment, Commissioning, and Maintenance, on a land area of 26,941 m2 and with a construction area preliminarily estimated at 5,144.11 m2. This with an estimated investment cost of ¢10,114 million colones and incremental operating costs for an amount preliminarily estimated at ¢11,495 million colones; both figures correspond to the expenditures the institution would incur over the decade 2023-2032. According to the project schedule, which contains the estimated execution times, this project would end in the year 2026 as detailed below: a) contracting March 2022, completion in July 2023, b) preliminary project, construction plans, permits and approvals, start August 2023, completion in December 2024, c) execution start in 2024 and completion in March 2026. Project CCSS-0879 Headquarters Health Area Nicoya is in the Contracting stage, under the bidding process of ADCEM #4 (2022PP-000013-007930000 1), specifically in the activity of analysis of bids and technical recommendation by the Project Management Unit. Now then, it was also proven that the Board of Directors of the Costa Rican Social Security Fund, by Article 1, of Session No. 9318, held on March 9, 2023, resolved to suspend all projects in the Institutional Investment Portfolio that had not started the construction process. Subsequently, by Article 1, of Session No. 9319, held on March 13, 2023, it clarified that any project that was firmly awarded would continue with its execution stage and, furthermore, that the Board of Directors would make the decision on the continuity of the projects, considering financial viability and funding sources, according to requested studies. Finally, it is established that said Board of Directors, by Article 22, of Session No. 9331, held on May 4, 2023, resolved the following: 'FIRST AGREEMENT: Instruct the Infrastructure and Technologies Management to continue with the development and execution of the 30 Health Areas projects included in the CCSS-BCR Real Estate Trust (6 already firmly awarded and 24 in different development processes) according to the entry-into-operation scenario approved by the Board of Directors in Article 4 of session No. 9237 held on January 27, 2022, by virtue of the fact that the Trust contract does not allow the application of Prioritization Rules for decision making'. Regarding the Costa Rican Social Security Fund, it is appropriate to explain that this is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social insurances, including its infrastructure. Furthermore, in accordance with Article 3 of Law No. 17 of October 22, 1943, Constitutive Law of the Costa Rican Social Security Fund CCSS, the Board of Directors shall adopt the necessary agreements to progressively extend its services to the entire country, for which purpose, it must make agreements regarding the investments of the institution's funds according to criteria of opportunity and social convenience. In this regard, the Executive President of the Costa Rican Social Security Fund indicated that the Board of Directors has issued various agreements regarding the investment portfolio, in which the issue has been analyzed and important institutional-impact decisions have been adopted, regarding the continuity of different projects, which aims to protect fundamental rights such as health, equality, and life. Thus, it is clear to this Tribunal that it will be up to the Costa Rican Social Security Fund itself, in protection of health as a matter of public interest, to carry out the necessary actions to safeguard the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the attributions entrusted to it in the Political Constitution and in infra-constitutional norms. In the specific case, beyond accusing a violation of fundamental rights, the appellant party's claim seeks for this Constitutional Tribunal to carry out a legality control of the actions of the respondent Administration that affect the suspension of the construction project of their interest. However, it is in the corresponding ordinary venue, not the constitutional one, that the issue raised must be discussed.

In any event, it was stated under oath that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, by Article 22 of Session No. 9331, held on May 4, 2023, resolved to continue actively working on the necessary procedures regarding each of the institution's Health Areas (Áreas de Salud) included in the cited trust, including the Health Area of Nicoya (Área de Salud de Nicoya). In conclusion, this Constitutional Chamber (Sala Constitucional) establishes that there is currently no situation that justifies its intervention in defense of the right to health or the equality of opportunities for any person or persons with a disability. By virtue of the foregoing, the appeal is declared without merit" (see also, in a similar vein, ruling no. 2023016389 of 9:30 a.m. on July 7, 2023, issued in amparo action 23-008311-0007-CO).

In judgment No. 2023016389 of 09:30 a.m. on July 7, 2023, the Constitutional Court heard an amparo action against the Caja Costarricense de Seguro Social where it was claimed that the Board of Directors of that institution suspended the construction project for the new Dr. Maximiliano Peralta Jiménez Hospital and the institutional investment portfolio whose construction process had not begun. They emphasize that the suspension of the procedure leaves the users of the aforementioned hospital in a state of defenselessness and puts the life and health of the appellants at risk by not having adequate conditions for their care. Unanimously, the Chamber ordered:

"In congruence with the partially transcribed judgment and as there is no element whatsoever to vary the criterion set forth therein, this Chamber considers that the appeal must be declared without merit, since, in the particular case, there is no record that the appellants have filed any complaint regarding the alleged conditions supposedly found at the Dr. Maximiliano Peralta Jiménez Hospital. In this regard, it is reiterated that this Constitutional Chamber is not a complaint-processing body; therefore, they must go to the Ministry of Health (Ministerio de Salud), the Caja Costarricense de Seguro Social, or the appropriate legal channel to raise the relevant claims.

Finally, regarding the accusation that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social unanimously adopted an agreement to suspend the institutional investment portfolio intended for the construction of the new Cartago hospital. The Caja Costarricense de Seguro Social is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social insurance, including its infrastructure. Thus, it will depend on the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in protection of health as a matter of public interest, to carry out the necessary actions to safeguard the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the powers entrusted in the Political Constitution (Constitución Política) and infra-constitutional regulations. In the specific case, beyond accusing a violation of fundamental rights, the appellant's claim seeks to have this Constitutional Court exercise a legality review (control de legalidad) of the actions of the respondent Administration that affect the suspension of the construction project of their interest. However, it is in the corresponding legal channel, not the constitutional one, that the issue raised must be discussed.

In conclusion, this Constitutional Chamber establishes that there is currently no situation that justifies its intervention in defense of the right to health of any person or persons. By virtue of the foregoing, the appeal is declared without merit." Furthermore, it is worth citing that this Chamber on other occasions has referred to the investment portfolio of the CCSS and precisely regarding the construction of the EBAIS in Santa Cruz, through judgment No. 2023-018187 of 09:55 a.m. on July 25, 2023, resolved the following:

"III.- Regarding the specific case. In the case at hand, the appellant, who is a member of the Health Board (Junta de Salud) of Turrialba, states that she has coordinated with the respondent authority the construction of two EBAIS in Turrialba, specifically, in Santa Cruz and in Grano de Oro - Cabécar indigenous territory (zona indígena cabécar). She claims that the respondent authority canceled both projects, as evidenced in official letters Nos. ASTJ-ADM-024-03-2023 and ASTJ-ADM-032-03-2023, which specifically ordered: "Suspend all Institutional Investment Portfolio projects that have not begun the construction process." She contends that this decision will cause a deterioration in the condition and treatment of the ailments of the affected populations and is based on budgetary reasons.

In this regard, this constitutional jurisdiction has processed several amparo actions in which the agreement of the Board of Directors of the CCSS to suspend the institutional investment portfolio whose construction process has not begun has been questioned. In judgment no. 2023-015622 of 9:20 a.m. on June 30, 2023, it heard the specific case related to the construction of the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya (Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya), in which this Court held:

"IV.- ON THE MERITS. The purpose of the amparo action is to provide timely protection against infringements or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as an instrument for the legality review of the acts of the various Public Administrations. For that reason, the amparo process is eminently summary in nature—that is, brief and simple—and its processing is not compatible with the practice of slow and complex evidentiary proceedings, or with the need to first examine—with declaratory effect—whether or not the facilities housing the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya (Clínica) and the Branch comply with the requirements to properly provide the public services that have been entrusted to the Caja Costarricense de Seguro Social. On the other hand, while it is indicated that the current buildings do not meet such conditions for proper functioning—since they are two-story, lack an elevator or ramps because they were not built for that purpose, failing to comply with the regulations of the Law on Equal Opportunities for Persons with Disabilities (Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad), that the spaces where some services are provided are very small, enclosed, and not designed for such purposes, and, additionally, they have no parking, or Shock Room (Sala de Choque) or Training Area, possibility of housing a Laboratory Service, among others—the truth of the matter is that the appellants do not state that they have filed any complaint in that regard. In this respect, it is important to highlight that this Constitutional Chamber is not a complaint-processing body; therefore, they must go to the Ministry of Health, the Caja Costarricense de Seguro Social, or the appropriate legal channel to raise the relevant claims (see, in the same sense, Judgment No. 2023-13510 of 9:20 a.m. on June 9, 2023).

V.- On the other hand, regarding the accusation that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social unanimously adopted an agreement to suspend the "Institutional Investment Portfolio whose construction process has not begun"; and, consequently, the construction of the Headquarters (Clinic) of the Health Area of Nicoya (Clínica) and the Branch, it was accredited that indeed the project for the headquarters of the Health Area of Nicoya includes the construction of a new Type 1 Health Area Headquarters, through the contractual mechanism of the CCSS-BCR Real Estate Trust (Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR). This contract includes in its scope, the Preliminary Studies, Preliminary Design (Anteproyecto), Design, Construction, Equipment, Commissioning (Puesta en Marcha) and Maintenance, on a land area of 26,941m2 and with a construction area preliminarily estimated at 5,144.11 m2. The foregoing with an estimated investment cost of ¢10,114 million colones and incremental operating costs for a preliminarily estimated amount of ¢11,495 million colones, both figures correspond to the expenditures the institution would incur in the decade 2023-2032. According to the project schedule, which contains the estimated execution times, this project would conclude in the year 2026 as detailed below: a) contracting March 2022 completion in July 2023, b) preliminary design (anteproyecto), construction plans, permits and approvals (visados), start August 2023 completion in December 2024, c) execution start 2024 and completion in March 2026. Project CCSS-0879 Sede Área de Salud Nicoya, is in the Contracting stage, under the bidding process of ADCEM #4 (2022PP-000013-007930000 1), specifically in the activity of analysis of bids and technical recommendation by the Project Management Unit (Unidad Administradora de Proyecto). However, it was also verified that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, by Article 1 of Session No. 9318, held on March 9, 2023, resolved to suspend all projects of the Institutional Investment Portfolio that had not started the construction process. Subsequently, by Article 1 of Session No. 9319, held on March 13, 2023, it clarified that any project that had been firmly awarded would continue its execution stage and, additionally, that the Board of Directors would make the decision on the continuity of the projects, considering financial viability (viabilidad financiera) and funding sources, according to requested studies. Finally, it is considered accredited that the aforementioned Board of Directors, by Article 22 of Session No. 9331, held on May 4, 2023, resolved the following: "AGREEMENT FIRST. Instruct the Infrastructure and Technologies Management (Gerencia de Infraestructura y Tecnologías) to continue with the development and execution of the projects of 30 Health Areas included in the CCSS-BCR Real Estate Trust (6 already firmly awarded and 24 in different development processes) according to the entry-into-operation scenario approved by the Board of Directors in session Article 4 of session No. 9237 held on January 27, 2022, by virtue of the fact that the Trust contract does not permit the application of prioritization rules for decision-making." Regarding the Caja Costarricense de Seguro Social, it is worth explaining that this is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social insurance, including its infrastructure. Additionally, in accordance with Article 3 of Law No. 17 of October 22, 1943, the Constitutive Law of the Caja Costarricense de Seguro Social CCSS (Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS), the Board of Directors shall take the necessary agreements to progressively extend its services to the entire country, for which purpose it must make agreements regarding the investments of the institution's funds according to criteria of opportunity and social convenience. In this regard, the Executive President of the Caja Costarricense de Seguro Social indicated that the Board of Directors has issued various agreements concerning the investment portfolio, in which the matter has been analyzed and important decisions with institutional impact have been adopted regarding the continuity of various projects, which seeks to protect fundamental rights such as health, equality, and life. Thus, it is clear to this Court that it will depend on the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in protection of health as a matter of public interest, to carry out the necessary actions to safeguard the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the powers entrusted in the Political Constitution and infra-constitutional regulations. In the specific case, beyond accusing a violation of fundamental rights, the appellant's claim seeks to have this Constitutional Court exercise a legality review of the actions of the respondent Administration that affect the suspension of the construction project of their interest. However, it is in the corresponding legal channel, not the constitutional one, that the issue raised must be discussed. In any event, it was stated under oath that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, by Article 22 of Session No. 9331, held on May 4, 2023, resolved to continue actively working on the necessary procedures regarding each of the institution's Health Areas included in the cited trust, including the Health Area of Nicoya. In conclusion, this Constitutional Chamber establishes that there is currently no situation that justifies its intervention in defense of the right to health or the equality of opportunities for any person or persons with a disability. By virtue of the foregoing, the appeal is declared without merit" (see also, in a similar vein, ruling no. 2023016389 of 9:30 a.m. on July 7, 2023, issued in amparo action 23-008311-0007-CO).

In congruence with the criterion set forth in the partially transcribed judgment, and as there is no element whatsoever to vary it, it is the criterion of this Court that the appeal must be declared without merit. In that sense, in the specific case, it is held as proven that the Board of Directors agreed to instruct the Infrastructure and Technologies Management to continue with the development and execution of the projects of 30 Health Areas included in the CCSS-BCR Real Estate Trust. For this reason, the Institutional Planning Directorate (Dirección de Planificación Institucional) jointly with the Infrastructure Management (Gerencia de Infraestructura) of the Caja Costarricense de Seguro Social sent official letter PE-DPI-445-2023 of June 7, 2023, to the Board of Directors, through which they requested the continuity of those projects that, due to their impact and level of maturity, among which are the medical centers being claimed: EBAIS of Santa Cruz and the EBAIS of Grano de Oro, Periodic Visit Post (Visita Periódica) Paso Marcos and Periodic Visit Post Roca Quemada. Consequently, based on the cited background, the appeal must be declared without merit." In judgment No. 2023-18187 of 09:55 a.m. on July 25, 2023, an amparo action brought by a member of the Health Board of Turrialba was heard, claiming that she had coordinated with the respondent authority the construction of two EBAIS in Turrialba, specifically, in Santa Cruz and in Grano de Oro - Cabécar indigenous territory. She states that the construction of the EBAIS in Santa Cruz was approved because the property where it was previously located was declared uninhabitable and, under such circumstances, a property owned by the Archdiocese of Cartago was rented, but this measure is not definitive and the closure of that premises would imply that users must go to a center located 12 km away. She points out that the construction of the EBAIS in Grano de Oro was planned together with Periodic Visit Posts in Roca Quemada and Paso Marcos. She details that said complex of buildings is necessary to improve the comprehensive care (atención integral) that must be provided in the indigenous territory. She argues that the CCSS canceled both projects, as evidenced in official letters nos. ASTJ-ADM-024-03-2023 and ASTJ-ADM-032-03-2023, which specifically ordered: "Suspend all Institutional Investment Portfolio projects that have not begun the construction process." She contends that this decision will cause a deterioration in the condition and treatment of the ailments of the affected populations and is based on budgetary reasons. Consequently, she requests the intervention of this Chamber to order "to properly finish both construction projects and thus cover the health care needs of the populations of Santa Cruz and Grano de Oro in Turrialba." (emphasis not in original). On that occasion, the Chamber—unanimously—resolved:

"In congruence with the criterion set forth in the partially transcribed judgment and, as there is no element whatsoever to vary it, it is the criterion of this Court that the appeal must be declared without merit. In that sense, in the specific case, it is held as proven that the Board of Directors agreed to instruct the Infrastructure and Technologies Management to continue with the development and execution of the projects of 30 Health Areas included in the CCSS-BCR Real Estate Trust. For this reason, the Institutional Planning Directorate jointly with the Infrastructure Management of the Caja Costarricense de Seguro Social sent official letter PE-DPI-445-2023 of June 7, 2023, to the Board of Directors, through which they requested the continuity of those projects that, due to their impact and level of maturity, among which are the medical centers being claimed: EBAIS of Santa Cruz and the EBAIS of Grano de Oro, Periodic Visit Post Paso Marcos and Periodic Visit Post Roca Quemada. Consequently, based on the cited background, the appeal must be declared without merit." In resolution No. 2023022339 of 09:15 a.m. on September 8, 2023, this Court heard an amparo action filed by residents of the district of Santa Cruz de Turrialba. In that judgment—unanimously—the amparo was dismissed, under the following reasoning:

"Such considerations are applicable to the case under study, since this Court finds no reasons to vary the criterion set forth in said judgments, nor motives that would make it assess the situation raised differently. Consequently, the appeal must be dismissed, since in the case under study there is no record that the appellants have filed any complaint regarding the alleged conditions. In this sense, it is reiterated that this Constitutional Chamber is not a complaint-processing body; therefore, they must go to the Ministry of Health, the Caja Costarricense de Seguro Social, or the appropriate legal channel to raise the relevant claims.

On the other hand, regarding the accusation that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social adopted an agreement to suspend the institutional investment portfolio, it should be noted that the Caja Costarricense de Seguro Social is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social insurance, including its infrastructure. Thus, it will depend on the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in protection of health as a matter of public interest, to carry out the necessary actions to safeguard the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the powers entrusted in the Political Constitution and infra-constitutional regulations. In the specific case, beyond accusing a violation of fundamental rights, the appellant's claim seeks to have this Court exercise a legality review of the actions of the respondent administration that affect the construction project of their interest. However, it is in the corresponding legal channel, not the constitutional one, that the issue raised must be discussed.

In conclusion, it must be noted that in the case under study there is currently no situation that justifies its intervention in defense of the right to health of any person or persons. This being so, the appeal is declared without merit." In short, from the cited precedents, one conclusion can be drawn: that the appellants in those amparo actions were complaining about a similar situation: that the Caja Costarricense de Seguro Social does not adequately provide the health service and with the decision to suspend the investment portfolio, the situation was worsening and this was contrary to the right to health of the population of their locality. However, it is observed that the Constitutional Chamber provides certain relevant elements that deserve to be highlighted:

  • a)The Caja Costarricense de Seguro Social is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social insurance, including decisions on its infrastructure.
  • b)It will depend on the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in protection of health as a matter of public interest, to carry out the necessary actions to safeguard the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the powers entrusted in the Political Constitution and infra-constitutional regulations.
  • c)Beyond accusing a violation of fundamental rights, the claim of the appellants in the cited amparo actions seeks to have this Court exercise a legality review of the actions of the respondent administration that affect the construction project of their interest.
  • d)There is no situation that justifies its intervention in defense of the right to health of any person or persons.

IV.On the undeniable critical situation in the provision of health services by the Caja Costarricense de Seguro Social. This Constitutional Chamber, in judgment No. 2019-5560 of 09:30 a.m. on March 29, 2019, declared the systematic and repeated violation of the right to health of the insured persons of the Caja Costarricense de Seguro Social. On that occasion, the Chamber had resolved the following:

"A constant increase is inferred, from the year 2012 to date, in the number of matters for violation of the right to health that have entered the constitutional jurisdiction, a trend that currently tends to increase. Note that in 2012 the percentage of intake was 10.26% while in 2018 it represented 33.78%, that is, more than double. Of such matters, a good number corresponds to waiting lists (listas de espera). Now, during the year 2018, the Constitutional Chamber, in the amparo actions related to health matters, verified the infringement in approximately 75% of the matters voted on (between amparos declared with merit and partially with merit). In addition to the foregoing, the right to health during 2018 was the most voted-on matter in this Court and therefore, it is the fundamental right most frequently appealed before this jurisdiction… This Court is of the opinion that the actions of the Caja Costarricense de Seguro Social in the provision of the public service violate the right to health of the administered as an autonomous fundamental right, but also infringe upon the constitutional principles of public service. In addition to the foregoing, the delayed attention in the provision of the service radiates not only in the patient's health, but also in other spheres of the administered, be it in their working, educational, and even family life." Within that case file, the Caja Costarricense de Seguro Social had recognized a series of structural causes that affected the provision of the public service. The Court had said at that time:

"XVII. On the causes that generate waiting lists in the provision of services by the Caja Costarricense de Seguro Social. According to the representatives of the CCSS, there are a series of causes and conditions that have generated the existence of waiting lists in the provision of health services. The causes that generate the delay in the various services: a) population increase and epidemiological considerations; b) limited installed capacity (number of beds, number of operating rooms, personnel, equipment, etc.); c) lack of medical specialists; d) equipment needs and e) demand in the increase of the first level of care that generates a saturation in the second and third level of care. Likewise, in the Plan for the Timely Care of Persons of the CCSS (Plan para la Atención Oportuna de las Personas de la CCSS), it was possible to verify the existence of a series of weaknesses in management and administration, such as: a) that each center manages its waiting lists differently with differing results; b) non-generalized use of standards and protocols, as well as resistance from managers in their application; c) excessive specialization of medical care, as procedures and internal regulations concentrate the demand for services; d) due to a lack of protocols, some diagnostic procedures are ordered without documenting a real need; e) lack of specialists in some specialties, such as anesthesia, orthopedics, internal medicine, among others; f) the risk of flight of human resources; g) on average, nationally, only 60% of enabled operating rooms have utilization times greater than or equal to five hours; h) there are centers lacking recovery beds to strengthen major ambulatory surgery (cirugía mayor ambulatoria); i) exhaustion of specialized human resources; j) absence of an objective methodology for measuring the quality of user care, among others. On the other hand, the College of Physicians and Surgeons (Colegio de Médicos y Cirujanos) pointed out the existence of various causes that have generated an impact on the service provided by the Caja Costarricense de Seguro Social, namely the lack of planning regarding the future of the population, lack of operating rooms and problems in the existing ones, lack of management, planning, poor administration. Additionally, the lack of beds, equipment that has reached the end of its useful life, lack of preventive maintenance, lack of spare parts, deficiencies in the purchases of medical equipment, infrastructure problems, among others, were highlighted. Along these lines, the Ombudsman's Office (Defensoría de los Habitantes) highlighted the existence of inadequate resource management, lack of adequate planning, and the absence of a human rights approach. Now, it is important to point out that the problems identified by the respondent institution are constant in the amparo proceedings. To exemplify the foregoing, we proceed to cite various judgments where the various shortcomings in the provision of health services by the CCSS are evidenced due to lack of beds, specialists, medical supplies, damaged machines, among others." From the ruling itself—based on arguments provided by the competent authorities—it was possible to evidence that some of the causes affecting the adequate provision of the service are precisely the increase in the demanding population, limited installed capacity (lack of personnel), and also a demand increase at the first level of care that generates saturation at the second and third levels of care. With this, it is intended to maintain that those of us who comprise this Court are not unaware of the critical situation experienced by the users of the Caja Costarricense de Seguro Social, which is constantly evidenced in the continuous granting of amparo actions for injuries to the right to health.

V.On the lack of standing in the amparo action. In amparo actions, it is required that the proceeding be filed on behalf of a specific person or a population—at least determinable. It is highlighted that in the cases of suspension due to lack of infrastructure—a structural cause of the inadequate provision of the right to health—, despite the fact that the appeal was reasonably filed on behalf of the populations that were affected, the Chamber dismissed the amparos and resolved that "there is no situation that justifies its intervention in defense of the right to health of any person or persons." Note that in the specific case, a situation of a natural person who was being affected by what was reported in the amparo was not indicated or individualized.

VI.Regarding the economic sustainability of the Caja Costarricense de Seguro Social. It is evident—as stated above—that the Caja Costarricense de Seguro Social is an institution that enjoys autonomy for the governance and administration of social insurance, including matters relating to infrastructure. It will depend on the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in protection of health as a matter of public interest, to carry out the necessary actions to safeguard the continuity and normal functioning of public services, in accordance with the powers entrusted in the Political Constitution and infra-constitutional regulations.

It cannot be ignored that social security systems and specifically the Caja Costarricense de Seguro Social are in a constant dilemma regarding their economic and financial sustainability, due to many factors: investment in the population pyramid, the costliness of procedures, devices and treatments, and medical training, among others. It is public, notorious, and undeniable that demand exceeds supply and within the institution there are situations similar to the service need being alleged in this amparo action. It is not—in our view—appropriate to prioritize projects or personnel hiring through amparo actions, which by their summary nature do not allow for determining the financial impact it has on the Caja Costarricense de Seguro Social which, it should be said, has autonomy to determine which cases are more critical, urgent, or necessary to resolve.

Legally, it also cannot be forgotten that the right to health is categorized as an economic and social right governed by the principle of progressivity (principio de progresividad) and within the Constitution itself there are constitutional principles on budgetary matters that impose limits on Public Administrations.

VII. In conclusion

In closing, we dissent and also dismiss the appeal on the sole ground that is upheld, as we consider that it is the Caja Costarricense de Seguro Social itself which, in light of its constitutional and legal duties, must define its priorities given the great demands it faces, and this cannot be done in a summary proceeding such as an amparo.

VII.- DOCUMENTS SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are warned that, if they have submitted any paper document or objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be retrieved within a maximum period of 30 business days, counted from the notification of this judgment. It is warned that any material not collected within that period shall be destroyed, based on the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (approved by the Corte Plena in article XXVI of session No. 27-11 of August 22, 2011 and published in Boletín Judicial No. 19 of January 26, 2012) and in article LXXXI of the session of the Consejo Superior del Poder Judicial No. 43-12 of May 3, 2012.

Por tanto:

The appeal is declared partially with merit only regarding the Caja Costarricense de Seguro Social due to the delay in the construction of the periodic visit site of Maíz. Mónica Taylor Hernández, in her capacity as executive president of the Caja Costarricense de Seguro Social, or whoever occupies that position in her stead, is ordered to take all necessary measures and coordinate what is pertinent within the scope of her powers, so that no later than the month of December 2027, the construction of the periodic visit post of Maíz de Boruca is completed. The appealed authority is warned that, in accordance with the provisions of Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment of three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order that must be executed or enforced, issued within an amparo proceeding, and fails to execute it or have it executed, provided the offense is not more severely punished. The Caja Costarricense de Seguro Social is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts that serve as the basis for this declaration, which shall be liquidated in the enforcement of the judgment of the contentious-administrative proceeding. As for the rest, the appeal is dismissed. Magistrate Salazar Alvarado and Magistrate Garro Vargas partially dissent and dismiss the appeal in all its grounds. Let it be notified.

Fernando Cruz C.

Presidente a.i Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ana Cristina Fernandez A.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador --  Clasificación elaborada por SALA CONSTITUCIONAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Sala Constitucional Clase de asunto: Recurso de amparo Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL Sentencia con Voto Salvado Indicadores de Relevancia Sentencia relevante Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Derechos Humanos,Derecho a la salud,Grupos Vulnerables,Pueblos Indígenas Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SALUD Subtemas:

ATENCION MEDICA. POLITICAS PUBLICAS.

Tema: PODER EJECUTIVO Subtemas:

INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES.

Tema: MINORÍAS Subtemas:

INDIGENAS.

007799-25. SALUD. PODER EJECUTIVO. MINORÍAS. SOBRE LA ELIMINACIÓN DE UN PUESTO DE SALUD EN UNA ZONA INDÍGENA, POR LA FALTA DE UN LUGAR FÍSICO DONDE ATENDER. SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO, ORDENÁNDOSE A LA CCSS, QUE, A MÁS TARDAR, EN DICIEMBRE DEL AÑO 2027, SE CULMINE EL PUESTO DE VISITA PERIÓDICA DE MAÍZ DE BORUCA. VCG03/2025 “(…) IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, los recurrentes indican que viven en Maíz, el cual se encuentra en el límite del territorio indígena Boruca. Señalan que el 22 de enero de 2025 se recibió un comunicado firmado por representantes de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz dirigido a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz”, mediante el cual se manifestó que no se brindaría más atención en el puesto de salud a partir del 27 de enero de 2025, por lo que se debe gestionar el traslado de los pacientes y asistir a las citas médicas en la comunidad de Boruca. Acusan que tal decisión se adoptó sin consultar previamente al pueblo. Sostienen que lo anterior afecta a la población de Maíz, así como de otros pueblos aledaños como Jalisco, Ojo de Agua, Mayal y San Luis, quienes también recibían la atención médica en el puesto de salud aludido. Afirman que se conoció que, el 17 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz solicitó el trasado de atención de los pacientes al Ebais de Boruca, lo cual fue autorizado por el Área de Salud de Buenos Aires. Recalcan que desconocen algún fundamento técnico de la decisión, ni se tiene conocimiento de algún proyecto a futuro para que los pacientes vuelvan a ser atendidos en Maíz. Señalan que se inició la construcción de la escuela de la comunidad en el terreno en que se encontraba el puesto de salud, pese a que este fue donado exclusivamente para ese propósito, por lo que cuestionan que se haya cambiado el destino de un bien dedicado a la atención de la salud por otro distinto como lo es la educación. Afirman que el cambio de puesto de salud genera múltiples inconvenientes a la población, debido a la distancia a la que deben desplazarse hasta Boruca, el mal estado de los caminos y los inconvenientes del servicio de transporte público que se presta a las diversas comunidades afectadas. Piden que se ordene a la CCSS proveer una solución temporal para continuar brindando atención primaria en la comunidad de Maíz mientras se construye un nuevo puesto de salud.

La Sala verifica que, el 21 de noviembre de 2016, la Asociación de Desarrollo Integral del territorio indígena de Boruca donó un lote a la Junta de Educación de la escuela Maíz con folio real 6-145587-0007 y 6-145588-000. Mediante oficio DRIPSSB-ASBA-ADM-024-2023 del 17 de enero de 2023, el administrador del Área de Salud de Buenos Aires comunicó a la Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca en relación con los proyectos a desarrollar en los territorios indígenas en el año 2023 “(…) a. Construcción del Puesto de Visita Periódica de Maíz de Boruca, inicio del proceso de consulta indígena como requisito previo para la construcción del EBAIS en este territorio. Se cuenta con Convenio de Uso en calidad de préstamo del terreno a utilizar en trámite de formalización en Gerencia Médica. Incluido en portafolio de Inversión Institucional formulado para el periodo 2024. Monto aproximado de inversión ¢250.000.000,00 (…)”. El 16 de setiembre de 2024, el Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 atinente a la Casa de Salud de Maíz, mediante la cual se otorgó un plazo de tres meses para efectuar una serie de actuaciones, entre ellas, contar con un servicio sanitario que cumpla lo dispuesto en la ley nro. 7600. El 2 de diciembre de 2024, el Ministerio de Salud emitió un permiso de habilitación para la actividad de servicios de consulta ambulatoria en medicina general o especializada a la Casa de Salud de Maíz con vigencia hasta el 7 de agosto de 2029. Por memorial fechado 16 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz comunicó al Área de Salud de Buenos Aires: “Como es del conocimiento de esta Dirección y Administración del ASBA, este Comité de Salud ha estado coordinando un Proyecto de construcción de una nueva Casa de Salud, y que tienen conocimiento sobre los motivos, las condiciones y acuerdos a las que se llegaron para conseguir un lote con las características requeridas, por tanto el lote de la casa de salud actual ahora pertenece a la Escuela de Maíz, y ellos ya están en el proceso de construcción de una Escuela nueva y requieren del terreno. Por lo anterior le informamos y solicitamos la coordinación y autorización necesaria y en el menor tiempo posible, para trasladar y brindar las consultas medicas de Maíz a las instalaciones del Ebais de Boruca, ya que se han valorado otras infraestructuras en la comunidad de Maíz pero no están aptas para brindar las consultas medicas (sic) y requieren de mucha inversión para hacer las mejoras correspondientes. Por estas razones la mejor alternativa es brindar el servicio en el Ebais Boruca, por el tiempo que se requiera mientras se le da tramite al proyecto de construcción, para lo cual aprovechamos para solicitarles todo su apoyo en la gestión y coordinación para que dicho proyecto se ejecute en el menor tiempo posible, valorando las dificultades por distancia a las que van a tener que enfrentarse los pacientes para trasladarse a Boruca a recibir la atención medica requerida (…)”. Mediante oficio ASBA-DM-0035-2025 del 22 de enero de 2025, el director a. i. del Área Rectora de Salud de Buenos Aires de la CCSS comunicó al Comité de Salud de Maíz la autorización para que, a partir del 27 de enero de 2025, la comunidad de Maíz sea atendida en el Ebais de Boruca. Por memorial fechado 22 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz, la ADI Maíz y la Junta de Educación de la escuela Maíz indicaron a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz” que desde el año 2000 se ha coordinado un proyecto de construcción de una casa de salud nueva para Maíz, motivo por el cual se efectuó una negociación entre el Comité de Salud y la Junta de Educación, de forma que el lote donde está ubicada la casa de salud es propiedad de la escuela de Maíz, en tanto que el Comité de Salud adquirió el lote que se ubica arriba del redondel de toros de Maíz, el cual cumple los requisitos establecidos por la CCSS. También se indicó que, dado que la escuela inició su proyecto de construcción, se requiere desocupar el terreno en que se encuentra la casa de salud, motivo por el cual, a partir del 27 de enero de 2025, las consultas médicas de quienes reciben atención en la Casa de Salud de Maíz se brindarán en el Ebais de Boruca, por lo que los pacientes deben gestionar su traslado a ese centro de salud. Mediante oficio DREGT-SCE11-007-2025 del 5 de febrero de 2025, el supervisor de educación del circuito educativo indígena 11 de la DRE Grande del Térraba del MEP indicó: “1. En el centro educativo de Maíz de los Borucas se realizan dentro de los límites de la propiedad la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas, como respuesta a Orden Sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud al centro educativo, mismo que data desde el año 2015 y que de manera reiterada se ha gestionado para el debido cumplimiento. 2. Como se establece en la ley Indígena N° 6172, los terrenos ubicados dentro de los límites de territorio indígena están bajo la administración de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, quien a su vez en el año 2017 procedió a ratificar la posesión del terreno a favor del centro educativo Maíz de Los Borucas código 0905; como parte del proceso de anotaciones registrales en el año 2003 el Instituto de Desarrollo Agrario había hecho el traspaso oficial de dicho terreno a la ADI Boruca, siendo que tanto el plano catastral como el traspaso que la ADI Boruca hizo a la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas se enmarca dentro de la legalidad (Se adjunta copia de los documentos). 3. Es importante indicar que durante algunos años la Junta de Educación cedió a modo de préstamo un pequeño lote para que el centro de saluda pudiera operar, con el entendido que cuando la escuela requiriera de dicho terreno, se comunicaría al comité de salud para que hicieran el retiro de las instalaciones o lo que la CCSS determinara a fin de liberar el terreno; por tal razón al contarse con el presupuesto para atender la necesidad de infraestructura de la escuela se le solicito (sic) al Ministerio de salud liberar el espacio que se les había facilitado bajo las condiciones conocidas de manera amplia por las partes, así mismo la información se transmitió a los vecinos de la comunidad en diferentes reuniones en donde se analizó la viabilidad de realizar las obras de reconstrucción y nuevas obras para la escuela Maíz de Los Borucas. 4. No menos importante es indicar que la Junta de Educación entendiendo la necesidad que el puesto de salud pudiese funcionar, cedió al Ministerio de salud un lote en posesión de la Junta de Educación en otro lugar en la misma comunidad, todo con conocimiento y participación de la ADI Boruca como administradores de las tierras dentro de los límites del territorio Boruca, se debe aclarar de igual forma que en su momento el Ministerio de Salud indicó que el espacio donde se ubicaba el puesto de salud por las dimensiones y estar dentro de un terreno “ajeno” no era viable para pretender hacer una construcción de la casa de salud que se pretende construir para brindar el servicio de los habitantes de la comunidad de Maíz y sus alrededores” (el destacado fue agregado). Mediante oficio DVM-A-DIE-DDO-0054-2025 del 7 de febrero de 2025, el Departamento de Desarrollo de Obra del MEP explica: “1. El proyecto surge a partir de la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, en conjunto con el recurso de amparo 22-018251-0007-Co y su resolución N° 2022023279, en la que se dio un plazo determinado para que se realizaran las mejoras físico-sanitarias señaladas por el Ministerio de Salud. 2. Debido a la urgencia del proyecto, se decide realizar un proceso de diseño y construcción para reducir los plazos y atender a la población estudiantil lo antes posible. 3. El 21 de febrero de 2024, por medio del oficio DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, se da la autorización para la contratación de diseño y construcción de las obras que incluyen: mantenimiento mayor de dos aulas académicas, mantenimiento mayor del comedor, construcción de un aula de kínder, construcción de una batería sanitaria, y servicios profesionales como estudios preliminares, anteproyecto, planos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado, programación de obra e inspección. Los estudios básicos incluyen: topografía (rectificación de linderos, catastrado y agrimensura) y estudio de suelos S.P.T. con pruebas de infiltración. 4. Tras el proceso de contratación realizado por la Junta de Educación, se da la orden de inicio el 12 de abril de 2024, 5. El 24 de abril de 2024, se realiza una visita en conjunto con el formulador de la DIE, el arquitecto Gustavo Abarca Mora, la empresa encargada del proyecto, representantes de la Junta de Educación y la directora del Centro Educativo. En dicha visita se informa a esta dependencia que el EBAIS está dentro del terreno del Centro Educativo, en un edificio a modo de préstamo, y que la Junta había acordado con la CCSS que, en cuanto se requiriera, se le solicitaría a la CCSS la liberación del terreno. 6. El 6 de mayo de 2024, la Junta presenta ante la DIE el oficio 003-2024, en el cual indica que se le solicitó al EBAIS que desocupara el edificio y que se da el aval para que en el diseño se tome en cuenta el edificio utilizado temporalmente por el EBAIS, a fin de mejorar el proyecto de infraestructura educativa. 7. Es importante resaltar que, en dicho oficio, la Junta informa que se ofrece a La CCSS la opción de utilizar otro edificio del Centro Educativo, incluso uno más grande que el que se estaba utilizando previamente, para brindar el servicio de salud a la comunidad. 8. Esta Dirección corrobora que el edificio está dentro del terreno del Centro Educativo, según el plano catastral y la certificación de derecho de posesión por parte de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca, e incorpora este edificio al diseño, mejorando sustancialmente las condiciones del proyecto y permitiendo que el Centro Educativo quede con solo una terraza. Por lo tanto, se decide acondicionar este espacio para ser el aula de preescolar. 9. El 18 de diciembre de 2024, se da por finalizada la etapa de diseño, la cual contempla la intervención del edificio del EBAIS. 10. Se adjunta la planta de conjunto aprobada, la cual determina el alcance del proyecto a ejecutar. El edificio que era ocupado por el EBAIS se adaptará para ser el aula de preescolar del centro educativo, lo cual puede observarse en la imagen con la descripción “ADAPTACIÓN PARA KINDER, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA”. 11. Es importante resaltar que se cuenta con un contrato y por ende con todas las responsabilidades contractuales adquiridas (…)” (el énfasis fue agregado). En el Boletín Mensual Portafolio Estratégico de la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS se consigna que el proyecto Sede de Visita Periódica Maíz con código CCSS-1223 está categorizado dentro de los proyectos relevantes a octubre de 2024 y tiene un avance del 40%. En fecha desconocida, la directora de Planificación Institucional de la CCSS comunicó a la presidenta ejecutiva en relación con el proyecto Sede de Visita Periódica Maíz: “Objetivo del Proyecto: Construcción de Sede de Visita Periódica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de Maíz, Colinas (territorio indígena), y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVS de Maíz de Colinas, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez. Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS. Descripción del Proyecto: Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados y aire acondicionado tipo mini-split- El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendio e, intrusión. Actividad: 40% Proceso de Adquisición de terreno (ILLM) Porcentaje Ciclo de Vida: 17% Reporte Ejecutivo: Proceso de firmar el comodato con la Asociación Indíguena (sic) y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S. Se mantiene la situación del terreno, el terreno aun (sic) no se ha traspasado a nombre de la CSSS. Se mantiene el estado anterior del proyecto, al día de hoy. No se preseta (sic) avance”. Por memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025, la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS indicó en relación con el proyecto “CCSS-1223. Construcción de sede de Visita Periódica de Maíz, ubicado en territorio indígena”: “Fecha de inicio de operación: 01/08/2028. Estado actual: Etapa: Terreno 40%. Actividad: 40% Proceso de Adquisición de terreno (ILLM). En proceso de firmar el comodato con la Asociación Indígena y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S. Fecha prevista para su conclusión: proyecto programado para el 2027 y 2028. Cronograma de ejecución:

Construcción de Sede de Visita Periódica de Maíz de Buenos Aires 1470 días lun 02/05/22 vie 17/12/27 Adquisición de terreno 897 días lun 02/05/22 mar 07/10/25 Diseño SVP de Maíz 10 días mié 08/10/25 mar 21/10/25 SETENA 100 días mié 08/10/25 mar 24/02/26 Proceso Compra Contratación SETENA 20 días mié 08/10/25 mar 04/11/25 Presentación documentación ante SETENA 20 días mié 05/11/25 mar 02/12/25 Obtención Viabilidad Ambiental 60 días mié 03/12/25 mar 24/02/26 Proceso de Compra de Licitación Abreviada 92 días mié 25/02/26 jue 02/07/26 Confección de Expediente 2 días mié 25/02/26 jue 26/02/26 Invitación 1 día vie 27/02/26 vie 27/02/26 Presentación de Ofertas 10 días lun 02/03/26 vie 13/03/26 Apertura Compra 1 día lun 16/03/26 lun 16/03/26 Análisis de Compras 2 días mar 17/03/26 mié 18/03/26 Análisis Financiero 10 días jue 19/03/26 mié 01/04/26 Análisis Técnico y Razonabilidad 5 días jue 02/04/26 mié 08/04/26 Análisis Legal 5 días jue 09/04/26 mié 15/04/26 Adjudicación 20 días jue 16/04/26 mié 13/05/26 Notificación 1 día jue 14/05/26 jue 14/05/26 Proceso Apelaciones 15 días vie 15/05/26 jue 04/06/26 Firmeza y garantías 5 días vie 05/06/26 jue 11/06/26 Aprobación interna 15 días vie 12/06/26 jue 02/07/26 Proceso constructivo 120 días lun 05/07/27 vie 17/12/27 Permisos 30 días lun 05/07/27 vie 13/08/27 Construcción 90 días lun 16/08/27 vie 17/12/27 ”.

Visto lo anterior, la Sala estima oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2024013316 de las 9:30 horas del 17 de mayo de 2024:

“III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente indica que, del 17 al 19 de marzo de 2024, la Defensa Pública visitó la comunidad de Alto Carona y se concluyó que la comunidad tiene un servicio de salud deficiente, en el que destaca la ausencia de un centro de atención primaria y de visitas médicas periódicas. Detalla que el punto de atención más cercano está en La Peña, a más de cuatro horas a pie por caminos solo transitables en verano. Expone que la lejanía y lo difícil de la vía impiden el desplazamiento de personas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas, lo que muchas veces resulta en que no se beneficien de las visitas de salud cuando se efectúan. Manifiesta que las vías de acceso desde el lado costarricense son intransitables y, depende de la época del año, el costo del transporte llega a $170, suma fuera de las posibilidades de las personas amparadas, dada su condición de pobreza. Indica que, debido a la geografía costera, el desplazamiento marítimo tampoco es viable. Pide que se ordene a la CCSS garantizar la prestación del servicio de salud a la población Ngäbe-buglé de Alto Carona y a la Municipalidad de Golfito a habilitar los caminos necesarios para garantizar el acceso al territorio Conte Burica.

El Tribunal comprueba que, a partir de setiembre de 2018, el Área de Salud de Golfito cuenta con una casa de visita periódica conformado por “1 médico, 1 redes, 1 auxiliar, 1 farmacéutico, 1 atap” en la reserva indígena de Conte Burica. Además, se realiza una gira comunitaria por semana a la comunidad de Progreso y giras odontológicas en el Ebais Alto Conte. mediante oficio nro. 0391-03-19 del 12 de marzo de 2019, la Dirección Regional de Servicios de Salud Región Brunca comunicó que las comunidades de La Peña y Carona pasaron a estar adscritas al Área de Salud de Corredores y al hospital de Ciudad Neily. Mediante oficio ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, el Área de Salud de Corredores de la CCSS expuso: “(…) 3-En relación con los habitantes de Alto Carona, a esta población no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas. Por lo anterior se solicitó compra de servicios de helicóptero lo cual no se ha otorgado el aval. Cabe mencionar que oficio GM-16890-2023 la Gerencia Médica manifiesta: “Mediante oficio PE-4488-2023 la Presidencia Ejecutiva informó que el convenio de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social para el traslado de pacientes en estado crítico de salud, asistencia médica a comunidades de difícil acceso y traslado de funcionarios para la atención de desastres y emergencias, finalizó su vigencia el pasado 24 de octubre…” Además, es importante considerar que no hay un protocolo y/o lineamiento actual para transportar funcionarios en helicóptero para atención ordinaria de pacientes, eso de acuerdo a (sic) lo indicado por la misma Gerencia en oficio de marras: “…Aunado a ello se informa que, esta Gerencia designa al Dr. Ranjit Singh Apolayo y al Dr. Armando Cortés Ruiz, ambos asesores de esta Gerencia, para que colaboren en la revisión y actualización del protocolo para el traslado de pacientes en ambulancia, tomando en cuenta que se debe incluir el traslado de funcionarios; lo anterior en vista de los cambios que se han generado a la luz del cese del convenio con el Ministerio de Seguridad Pública…” También es importante considerar lo recomendado por Auditoría Interna en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre del 2021: “…La Caja Costarricense del Seguro Social como encargada de velar por la salud de la población, tiene el compromiso por brindar estas atenciones a las distintas comunidades ubicadas a lo largo del país, sin embargo, es necesario que los usuarios y los funcionarios gocen de condiciones mínimas para brindar este servicio, condiciones que pareciera no se cumplen en algunos puestos de visita periódica adscritos al Área de Salud de Corredores, debido a que presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos. Aspectos que no solo afectan la calidad de la atención, sino también la adecuada conservación de la infraestructura…” El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos (…) HECHOS. 1. Para que esta unidad pueda atender a los pobladores de Punta Burica distrito Pavones, los funcionarios deben ir por tierra desde Paso Canoas hasta cercanías de Puerto Armuelles, reingresando al territorio nacional llegando hasta a la playa (con riesgo a los vehículos institucionales), recorriendo unos 20 Km, se ingresa por la montaña, hasta llegar al PVP La Peña en el poblado La Peña. No se puede accesar a vía terrestre de manera ordinaria a Alto Carona ya que no hay caminos transitables. 2. La comunidad de Alto Carona tiene un Puesto de Visita Periódica PVP que no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos. La institución construyó el PVP La Peña para la atención de los pobladores de Punta Burica en el poblado La Peña antes de la re-sectorización y posteriormente a esta fue trasladado junto con las comunidades al Área de Salud Corredores, no fue ni decisión ni recomendación de esta unidad que se construyera ese PVP en ese poblado. No es competencia de esta unidad decidir la construcción de una sede de EBAIS en Alto Carona. 3. Partiendo del hecho que los pobladores de Punta Burica distrito Pavones se decidieron trasladar al Área de Salud Corredores, fue según oficio ASC-SAVE-0862, porque consideraron mayor facilidad de acceso a esta unidad vía terrestre. El PVP está en La Peña, y no es cierta la afirmación que es irregular la atención en salud en ese puesto de salud, las giras médicas las hace el EBAIS móvil integrado por un médico una auxiliar de enfermería un funcionario de registro médicos y un farmacéutico, se avisan con antelación por el funcionario Asistente Técnico ATAP que vive en la zona y a través del Comité de Salud, estas se realizan todos los meses una semana completa (hay una agenda de giras medicas se adjunta), de enero a agosto, ya que en septiembre con la temporada lluviosa los caminos se hacen intransitables y se suspenden para no poner en riesgo a los funcionarios, hasta tanto no se cuente con servicio de transporte aéreo, el protocolo existente es para el traslado de pacientes en ambulancia, no para el traslado de funcionarios, por lo que no hay una legalidad para hacer que los funcionarios asuman el riesgo de transportarse por helicóptero. Cabe destacar que en febrero se acudió a La Peñita por una actividad especial de la comunidad, pero no cumplía con las condiciones mínimas requeridas para brindar una adecuada atención médica. El puesto de salud La Peña está muy bien equipado con lo que se requiere para dar una atención médica de calidad. Además, no existe un equipo de recurso humano disponible que esté de manera permanente en ese lugar ni tienen la población requerida para un EBAIS. Si es cierto la falta de desarrollo vial en esa comunidad, pero eso es una situación histórica que se ha mantenido en el tiempo y no es de resorte de esta unidad (…)” (el destacado fue agregado). Finalmente, la presidenta ejecutiva de la CCSS informa que, al 29 de abril de 2024, esa institución se encuentra en análisis sobre la viabilidad institucional de dotar de transporte aéreo al Área de Salud de Corredores.

Primeramente, cabe destacar que el sub examine se planteó a favor de las personas indígenas de Alto de Carona, motivo por el cual resulta de relevancia citar lo indicado por este Tribunal en la sentencia nro. 2018012113 de las 9:20 horas del 27 de julio de 2018:

“III.- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INDÍGENAS. Por sentencia No. 3003-92 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, con motivo de la consulta preceptiva de constitucionalidad relativa al Convenio 169 de la OIT, esta Sala se pronunció sobre la relevancia constitucional de la protección a los indígenas, articulada dentro de un marco democrático y respetuoso de los derechos humanos. En concreto, este Tribunal señaló: a)Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social; b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c) Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante - medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial-.

Asimismo, concluyó que lejos de contener enfrentamientos con la Constitución Política, («) el Convenio 169 refleja los más claros valores de nuestra nacionalidad democrática, desarrollando los derechos humanos de los indígenas costarricenses y puede ser un punto de partida para iniciar una revisión de la legislación secundaria para adaptarla a estas necesidades («).

Ahora bien, la parte V del Convenio, denominada Seguridad Social y Salud estatuye una serie de disposiciones relacionadas al derecho a la salud, así. Artículo 24, “Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”. Artículo 25 “…1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental…

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los ciudadanos primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país…” (…)

VII.- CASO CONCRETO. En el presente asunto, los recurrentes alegan que los amparados son menores de edad indígenas, que presentan discapacidad y requieren de trabajos de rehabilitación -la menor [Nombre 003] (parálisis cerebral y el menor [Nombre 002] (lisencefalia)-. No obstante, para ser atendidos en rehabilitación, deben trasladarlos a la provincia de San José o Limón, por cuanto, no existe algún profesional de rehabilitación en el EBAIS de la zona de Alta de Talamanca, aunado a que los menores, no cuentan con alguna pensión del Estado. Reclaman que por lo expuesto, se les dificulta el traslado de los menores amparados a las citas médicas. Acusan que, mediante el voto No. 2013-010885, esta Sala había ordenado al Área de Salud de la zona Alta de Talamanca, brindar el tratamiento a algunos niños con discapacidad de la zona.

Al respecto, la Sala determina que la Caja Costarricense de Seguro Social proporciona atención médica a los amparados en el EBAIS de Amubri, además son referidos a terapia física al Hospital Nacional de Niños y al Hospital Dr. Tony Facio Castro. Asimismo, se verifica que en la zona de Talamanca no se dispone de ningún recurso humano que brinde rehabilitación a los pacientes que requieren ese servicio, y por ello, se refieren a otros centros médicos que si cuentan con un especialista. Tal proceder de la Administración no es posible validar, por cuanto equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena a partir del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes-aprobado por Ley No. 7311 de 30 de noviembre de 1992-, desarrollado en el primer considerado de fondo de esta resolución. Además de la especial protección que debe imperara a las personas que sufren discapacidad. Esta Sala no desconoce de la facultad que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social para organizarse a fin de prestar los servicios de salud a la ciudadanía, como el clasificar éstos en tres niveles de atención. Ello en procura de una mejor utilización de los fondos públicos. No obstante, esa organización no puede ir en demérito del acceso a la asistencia médica de las personas usuarias, máxime si éstas, son personas indígenas que sufren discapacidad las cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Máxime que el Estado Costarricense se ha comprometido a brindarles una tutela especial y diferenciada al resto de la población por su histórica precariedad, compromiso que también ha adquirido para personas con discapacidad. Así las cosas, pretender que los menores amparados se trasladen a recibir rehabilitación a cientos de kilómetros de su lugar de origen, no es más que institucionalizar su desigualdad. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, y ordenar a Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que de forma inmediata realice las gestiones pertinentes y ejecute las acciones necesarias para que en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde en el centro médico más cercano al domicilio de los menores amparados [Nombre 002] Y [Nombre 003], el servicio de rehabilitación física y/o terapia física, que requieren de conformidad con el criterio de sus médicos tratantes. Asimismo de ser posible la rehabilitación física y/o terapia física se deberá dar a los amparados en su casa de habitación. Además, deberá realizar las coordinaciones necesarias para garantizar la atención médica y el transporte de los amparados al Hospital Nacional de Niños, o en su caso en el Hospital Tony Facio, de acuerdo a (sic) las especialidades medicas (sic) que requieran los pacientes (…)” (la negrita fue incorporada).

En similar sentido, en la sentencia nro. 2019005560 de las 9:30 horas del 29 de marzo de 2019, esta Cámara se pronunció en relación con el derecho a la salud de las personas indígenas:

“XII. El derecho a la salud y las personas indígenas. Este Tribunal ya ha hecho expresa referencia al reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de los miembros de los pueblos indígenas, a la luz del Derecho de la Constitución. Así, por ejemplo, en la sentencia número 1786-93 de las 16:21 horas del 21 de abril de 1993, este Tribunal sentó como premisa general que nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos imponen a la conducta de todos los hombres. De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas. Como consecuencia de lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico, mediante el Convenio No.169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, reconoce una serie de derechos individuales y colectivos relativos a educación, salud, entre otros. En cuanto a este Convenio, esta Sala, mediante sentencia número 3003-92 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, emitida con ocasión de la consulta preceptiva de constitucionalidad formulada respecto del «Proyecto de ley de aprobación del "Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes"», adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) en su LXXVI Conferencia, celebrada en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989, también conocido como Convenio No. 169, dispuso en lo que interesa: «[...] El Convenio consultado, dentro del ámbito general de las materias encomendadas a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) plasma en un instrumento internacional jurídicamente exigible, una serie de derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales tendentes, no sólo a fortalecer la dignidad y atributos esenciales a los indígenas como seres humanos, sino también, principalmente, a proveer medios específicos para que su condición de seres humanos se realice plenamente a la vista de la situación deprimida, a veces incluso explotada y maltratada, en que viven los aborígenes de muchas naciones; situación que no es del todo ajena al Continente Americano, donde las minorías, y a veces mayorías indígenas se encuentran prácticamente zzadas [sic] de la civilización predominante, mientras, por otra parte, sufren la depresión y el abandono de sus propias tradiciones y culturas. Hoy, en el campo de los derechos humanos, se reconoce, en resumen: a) Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social: b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c)Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante -medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial…” . Ahora bien, en el citado convenio, específicamente en el artículo No. 3 se establece que los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, evidentemente, entre ellos, el derecho a la salud, sin obstáculos o discriminación. Asimismo, el artículo No. 4 dispone que deban adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las personas indígenas. En ese orden de ideas, el artículo No. 7 del citado instrumento, señala que el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, del nivel de salud y educación deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. En ese sentido, los artículos 24 y 25 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo son un reflejo de las obligaciones que tiene el Estado en materia de seguridad social y en el derecho a la salud. Para un mejor entendimiento, se procede a transcribir los citados numerales:

“Artículo 24. Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”.

“Artículo 25. 1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país”.

Por ende, los pueblos indígenas de nuestro país por disposición constitucional y convencional tienen una especial protección y además, se les debe garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, entre ellos, sin duda, el derecho a la salud. Aunado a ello, es por medio de una asistencia en salud adecuada y oportuna que permiten salvaguardar a las personas indígenas y mejorar las condiciones del nivel de salud, así como la posibilidad que se ejerzan otros derechos fundamentales que sin una buena condición de salud, no se podrían ver satisfechos” (el énfasis fue agregado).

Por su parte, sobre la prestación eficiente del servicio de salud, conviene traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2023021882 de las 13:32 horas del 1° de setiembre de 2023:

“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte accionante acusa que desde hace más de seis años la CCSS es conocedora de las limitaciones de servicio brindado a la comunidad de Paso Tempisque, dado que no se cuenta con personal y espacio suficiente para atender a la población. Agrega que, desde el año 2020, el Área de Salud de Carrillo emitió un estudio de resectorización, en el cual se destacó la necesidad de abrir una nueva sede de Ebais en Paso Tempisque, debido al hacinamiento que sufre. Expone que, para ello, la propuesta ha sido la de utilizar la sede actual de Ebais de Paso Tempisque para alojar un Ebais vespertino, pero es necesario dotarlo de personal. Sostiene que las autoridades accionadas no han actuado bajo el argumento de que no cuenta con los recursos económicos suficientes para brindar el servicio, a pesar de que reconocen que es insuficiente y que al mismo tiempo se está imponiendo al personal existente horarios extenuantes y largas jornadas laborales. Solicita que se ordene dotar de personal suficiente el Ebais vespertino.

Este Tribunal verifica que, el 17 de mayo de 2017, el Área de Salud de Carrillo efectuó un estudio de resectorización, por medio del cual se determinó una brecha de cinco Ebais, del cual se dotó uno y se está en espera de los otros cuatro, dentro de los cuales se encuentra el del sector de Paso Tempisque. Además, desde enero de 2020, el Consejo Municipal de Carrillo ha gestionado ante la CCSS la apertura de una nueva sede del Ebais Paso Tempisque.

El 14 de enero de 2020, la CCSS emitió el informe “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo”, en el que se establece: “(…) según la estimación efectuada por la Unidad de prestación de servicios de Salud del nivel central, de acuerdo al (sic) análisis de Re sectorización del 16 de mayo del 2017. Nuestra Unidad, mantiene una brecha de necesidad de 4 EBAIS, para brindar atención integral a la población a cargo. Es importante resaltar que nuestra Unidad, requiere de estos 4 EBAIS para satisfacer la necesidad de brindar atención integral en salud a la población adscrita, en cumplimiento con el objetivo de la atención primaria de salud, del primer nivel de atención, como corresponde a nuestra Área de Salud: Accesibilidad Aceptable a toda la población, con el fin último de satisfacer las necesidades de las personas en las diferentes edades, haciendo uso eficiente de los recursos públicos. (…) La población que atiende el EBAIS de Paso Tempisque (Cuadro # 1. población actual del Distrito de Palmira: 6791 habitantes), tal y como se ha señalado en diferentes oportunidades, sobrepasa la capacidad instalada del equipo, tal y como ha sido planteado por la Comunidad y el Consejo Municipal del Cantón, mediante el oficio MC-SCM-821-2020, de fecha 26 de noviembre de 2020, en el cual la comunidad reitera su solicitud de la creación de un nuevo EBAIS para Paso Tempisque de Carrillo, con servicio vespertino, con el objetivo de aprovechar los recursos ya existentes y así atender el rezago de población que no está recibiendo atención integral (…) El EBAIS de Paso Tempsique (sic), ubicado en el Distrito de Palmira, está integrado por 2 ATAPs, 1 médico, 1 asistente de REDES, 1 Auxiliar de enfermería, 1 Farmaceutico (sic) y 1 Técnico de farmacia. 1 miscelaneo (sic) y guarda de seguridad de 4:00 pm a 7:00am, por terceros. De semana de por medio, se brinda atención odontológica, con el profesional de odontología y asistente dental, que cubre tambien (sic) el Distrito de Belén. El horario de atención es de Lunes a Jueves de 7:00 am a 4:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm. Durante 1 día al mes, se realiza atención en PVP de Comunidad. En cuanto a la medición de satisfacción al usuario, el Cantón de Carrillo ha descendido de un 85% a un 73% en los ultimos (sic) años, siendo uno de los principales motivos, el que los usuarios se quejan de No encontrar campos para ser atendidos, siendo este, uno de los sectores que presenta ese problema. (…) 2.1 Nombre del Proyecto Ampliación de Horario de atención en sede de EBAIS de Paso Tempisque 2.2 Unidad Responsable Area (sic) de Salud Carrillo. UE: 2560 2.3 Modalidad del proyecto 2.3.2 Consulta lunes a jueves de 4:00 pm a 10:00 pm, Viernes de 3:00 pm a 10:00 pm y, sábados de 4:00 pm a 10:00 pm, con programación de 04 pacientes por hora (…) El costo estimado es de 13 millones mensuales, lo cual representa aproximadamente, 150 millones anuales. En cuanto a la inversión en servicios públicos, se estima un incremento anual de aproximadamente 10 millones en energía eléctrica (cuenta 2126), y 500 mil colones en servicio de agua. El consumo en telecomunicaciones, es de aproximadamente 300 mil colones anuales. En insumos y suministros, es de aproximadamente 7 millones de colones anuales (…)” (la negrita fue incorporada).

El 31 de enero de 2020, el Área de Salud de Carillo remitió el oficio DASC-0033-2020 a la DRIPSSCH de la CCSS, en el que se lee: “Lo solicitud del EBAIS, que plantea lo comunidad del Distrito de Palmira, representado por el Gobierno local, es totalmente válida y respaldada por esta Dirección Médica; necesidad que ha sido demostrada por el estudio de Re sectorización del Área de Salud Carrillo, efectuado desde el año 2017, ya que es cierto que el sector de Palmira requiere un EBAIS más, al igual que los otros sectores mencionados. Esta brecha, impacta de manera negativa en la calidad de los servicios, debido a la alta demanda de atenciones de usuarios que no encuentran campo en sus sedes de EBAIS, entre ellas, la de paso Tempisque, las cuales deben brindarse en el servicio de emergencias. La sede del EBAIS de Paso Tempisque también podría alojar un EBAIS vespertino como el que tenemos en Sardinal, por lo cual, si nos dotaran de las plazas en estos momentos, no tenemos inconvenientes de infraestructura, ni de seguridad ni de limpieza, ya que lo tenemos por contratación de terceros” (el resaltado fue añadido). Además, el 21 de julio de 2020, la directora del Área de Salud de Carrillo certificó que: “en el Área de Salud Carrillo, Caja Costarricense de Seguro Social, Unidad programática 2560, Tenemos la posibilidad de albergar en forma inmediata a EBAIS en un segundo turno, en instalaciones existentes y que se encuentran en óptimas condiciones, en las siguientes ubicaciones: 1. Sede de EBAIS Paso Tempisque. 2. Sede de EBAIS La Costa. Este EBAIS se encuentra en proceso de construcción, el cual finaliza en el mes de diciembre del 2020”.

Por oficio GM-2456-2021 del 23 de febrero de 2021, la Gerencia Médica de la CCSS indicó a un diputado de la Asamblea Legislativa: “Este Despacho en atención de su oficio DLAC-004-2021 de fecha 11 de enero de 2021, donde adjunta el acuerdo 02, inciso 05 emitido en la Sesión Ordinaria N°51-2020 del Consejo Municipal de Carrillo – Guanacaste sobre la solicitud de creación de una nueva sede de EBAIS en Paso Tempisque de Carrillo con un servicio Vespertino; en este sentido, se procedió a realizar las consultas técnicas al nivel central y regional sobre este planteamiento, obteniéndose los siguientes resultados. - La Dirección de Proyección de Servicios de Salud (GM-0844-2021), en el oficio GM-DPSS-0080-2021, de fecha 17 de febrero de 2021, concluye lo siguiente: “…De acuerdo con el estudio” Plan de Acción para la conformación de EBAIS y Fortalecimiento de las Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, versión #2” realizado por esta Dirección, para el Área de Salud Carrillo se ha planteado una brecha de dos sectores más. Es decir, un total de 11 sectores de salud. En cuanto al dato poblacional mostrado anteriormente se puede apreciar que esta necesidad de dos nuevos sectores está en el sector de La Costa, adicionalmente este sector presenta la particularidad que es el más lejano de la sede del Área de Salud y debe cubrir la población turística de la zona. El otro sector requerido por población es el de Paso Tempisque, presenta la particularidad que se encuentra a pocos kilómetros de la sede del Área de Salud. - El subrayado no corresponde al texto original- Se ha confirmado con el nivel local sobre estas necesidades y se confirma que es en estos lugares donde se requieren dichos sectores de salud…” - La Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, en el oficio DRIPSSCH-ARPLAI-0003-2021(DRIPSSCH-0082-2021), suscrito por el Dr. Eddy Apuy Muñoz, Asistente Médico y la Licda. Juliana Monge Agüero, Coordinadora del Área de Planificación y Control Interno, de la Dirección Red Integrada de Prestación de servicios de Salud Chorotega, concluye que “…Por lo que, una vez analizados los argumentos expuestos en el presente informe, así como lo reiterado en la sección de antecedentes, en el apartado 5, esta Dirección de Red considera pertinente el Proyecto de Apertura de Consulta del EBAIS Vespertino, en beneficio de la población del cantón y comunidades aledañas. Se recomienda además que se implemente con la dotación de plazas por un período de 6 meses y se valore la continuidad de este servicio…”- El subrayado no corresponde al texto original- De acuerdo con lo anterior, la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N° 9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020)” (el destacado fue agregado).

Por oficio GM-6317-2021 del 19 de mayo de 2021, la Gerencia Médica de la CCSS indicó a la Municipalidad de Carrillo: “(…) como es de su conocimiento. esta Gerencia emitió el oficio GM-2461-2021, de fecha 23 de febrero de 2021, en donde se señaló lo siguiente: “… conforme los criterios técnicos solicitado se ratifica la necesidad de creación del EBAIS Paso de Tempisque de Carrillo, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que esta ha generado en la institución, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N° 9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020) …” En este sentido, es menester informarle que no ha existido cambio significativo en lo señalado en el párrafo anterior, por lo que esta Gerencia, se encuentra vigilante de las disposiciones de las autoridades institucionales superiores en materia financiera y una vez que las limitaciones a este nivel sean superadas. se programará según corresponda la atención de esta necesidad en beneficio de la salud de los pobladores del Cantón y de Paso Tempisque (…)”. Mediante memorial MC-ALC-CRR-435-2022 del 7 de marzo de 2022, la Municipalidad de Carrillo reiteró a la CCSS la urgente necesidad de contar con la sede de un Ebais en Paso Tempisque.

Por memorial DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega señaló: “Esta Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, procede a informar que en relación con esta solicitud se remitió criterio técnico a la Gerencia Médica, mediante el oficio adjunto DRSS-DRIPSSCH-0082-2021. Posteriormente, se recibe copia de la respuesta de la Gerencia Médica, al Diputado Luis Antonio Aiza Campos, mediante el oficio anexo GM-2456-2021, el cual indicaba textualmente: “De acuerdo con lo anterior, la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N°9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020).” Por lo anteriormente expuesto, la conformación del nuevo EBAIS, está supeditado a las condiciones financieras de la Institución, de acuerdo a (sic) lo indicado por la Gerencia Médica, en su oficio GM-2456-2021”. Además, por oficio GM-7414-2022 del 15 de junio de 2022, la Gerencia Médica de la CCSS expuso: “(…) mediante oficio DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, el Dr. Warner Picado Camarena, Director, Dirección Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Chorotega, traslada el siguiente informe: "...Esta Dirección de Red Integrada de Prestación da Servicios de Salud Chorotega, procede a informar que según se indicó en informes anteriores: El Ebais de Paso Tempisque, que está adscrito al Área de Salud de Carrillo, se ubica en el Distrito de Palmira, lo integran: 2 ATAPS, 1 médico, 1 asistente de REDES, 1 Auxiliar de enfermería, 1 Farmacéutico y 1 Técnico de farmacia. Además de 1 miscelánea y guarda de seguridad de 4:00 pm a 7:00am, mediante contratación por terceros. De semana de por medio, se brinda atención odontológica, con el profesional de odontología y asistenta dental, que cubre también el Distrito de Belén. El horario de atención es de lunes a jueves de 7:00 am a 4:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm. Durante 1 día el mes, se realiza atención en el Puesto de Visita Periódica de Comunidad. Aunado a lo anterior se remitió criterio técnico a la Gerencia Médica, en relación con la necesidad de un Ebais adicional, mediante el oficio DRSS-DHIPSSCH-0082-2021, (el cual se adjunta). Posteriormente, se recibe copia de la respuesta de la Gerencia Medica, al Diputado Luis Antonio Aiza Campos, mediante el oficio anexa GM-2456-2021, en el que se indica textualmente: “De acuerdo con lo anterior la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de piezas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditada a las condiciones financieres ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva (…)” Por lo que, según lo expuesto anteriormente, la conformación del nuevo Ebais para el distrito de Paso Tempisque, es una necesidad evidente que ha sido analizada y se encuentra supeditada a las condiciones financieras de la institución..." En virtud de la anterior, este Despacho informa que actualmente se está brindando la atención como se describió anteriormente, a la población de la comunidad de Paso Tempisque, además de que como lo indica la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora Dirección de Proyección de Servicios de Salud, mediante oficio GM-DPSS-0080-2021; de acuerdo con el estudio Plan de Acción para la conformación de EBAIS y Fortalecimiento de las Áreas de Salud de la CCSS. versión #2' a la fecha se han realizado los estudios pertinentes para determinar la necesidad de nuevos sectores para el cantón de Carrillo Guanacaste, incluyendo el Ebais de Paso Tempisque, los cuales, según la política financiera y condiciones económicas, están programadas para su creación entre el año 2022-2026, de acuerdo a (sic) la programación. Así las cosas, este Despacho brinda el informe sobre las gestiones realizadas con respecto a la construcción de la nueva sede del EBAIS en Paso Tempisque, sin embargo reitera que debido a le pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que han generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras”.

El 22 de diciembre de 2022, por memorial DRSS-DRIPSSCH-0987-2022, el director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega remitió a la Dirección de Proyectos de Servicios de Salud de la CCSS la propuesta de priorización de Ebais para el año 2023, en la que se menciona al Área de Salud Carillo, específicamente al Ebais Paso Tempisque, modalidad “Vespertino, plazas rotativas”.

El 20 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS indicó por memorial GM-10588-2023: “según el análisis que se realiza con respecto a la necesidad de disminución de brechas de EBAIS de las Direcciones de Red Integradas de prestación de Servicios de Salud, se tiene la priorización de la conformación del recurso humano para la apertura de 1 EBAIS en Paso Tempisque. Es menester indicar que esta Gerencia para la dotación del recurso humano para la creación del EBAIS mencionado anteriormente y el resto de EBAIS priorizados a nivel nacional, se encuentra a la espera de la definición del límite de creación de plazas que indique la Junta Directiva para el periodo 2023 o los periodos subsiguientes”.

Finalmente, por oficio GM-10689-2023 del 21 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS señaló: “(…) El Consejo Financiero y de Control Presupuestario en el artículo 2 de la sesión 255-18, celebrada el 19 de julio de 2018, dispuso: “…Priorizar la creación de plazas institucionales de conformidad con el siguiente orden: los convenios internacionales, el cumplimiento de las leyes, las disposiciones de la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva y las necesidades planteadas por las Gerencias, siendo el Consejo Financiero y de Control Presupuestario el Órgano encargado de conocer la propuesta de creación de plazas, para definir su priorización en determinado tracto y emitir el aval para que se proceda con la validación técnica por parte de la Dirección Administración y Gestión de Personal. Asimismo, se mantiene lo dispuesto en la circular GA-51002-12, con fecha 06 de diciembre 2012, suscrito por el Cuerpo Gerencial (Ref. PE-0418-2018 del 21 de febrero 2018, suscrito por Dr. Fernando Llorca Castro, presidente ejecutivo) sobre el procedimiento para la elaboración de los estudios técnicos para la determinación de necesidades de recursos humanos a nivel institucional (…)”. Cabe aclarar que, la Gerencia Financiera definirá anualmente el límite máximo de creación de plazas conforme las posibilidades financieras de los seguros administrados por la institución, las cuales deben orientarse a los programas y actividad prioritarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el 2022 y el 2023 el límite máximo de creación de plazas con financiamiento central será de 670 plazas para cada año, se exceptúan las plazas de financiamiento local y aquellas relacionadas con servicios especiales. Para el caso de plazas con financiamiento local y servicios especiales se considerará las posibilidades financieras y las prioridades institucionales, por lo que se transcribe lo indicado por la Política Presupuestaria 2022-2023 del Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen no Contributivos de Pensiones: Lineamiento 6: Recursos presupuestarios para servicios personales (remuneraciones) “…Estrategias a. La Gerencia Financiera definirá anualmente el límite máximo de creación de plazas conforme las posibilidades financieras de los seguros administrados por la institución, las cuales deben orientarse a los programas y actividad prioritarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el 2022 y el 2023 el límite máximo de creación de plazas con financiamiento central será de 670 plazas para cada año…” En relación con lo indicado, para el periodo 2023 y según los acuerdos del Consejo Financiero y Control Presupuestario, la cantidad de plazas que cuentan en este momento con validación técnica por la Dirección de Administración y Gestión de Personal para la creación de plazas nuevas, supera la cifra ya previamente definida por Junta Directiva. Situación que nos deja en espera de las acciones que deba tomar dicha instancia para dar cobertura a las necesidades priorizadas por esta Gerencia. Es importante señalar que las plazas del EBAIS de Paso Tempisque, no han sido priorizadas por esta Gerencia, sino que, fueron identificadas por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega y trasladadas a este Despacho, donde cumpliendo con el orden de priorización, fueron trasladadas para revisión y análisis técnico a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, instancia que las tiene consideradas en un segundo tracto de dotación de plazas para el reforzamiento del I Nivel de Atención, y cumpliendo con lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 6° de la sesión N° 9231, celebrada el 06 de enero del año 2022, referente al Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, que a saber indica: […] “ARTICULO 6º Se conoce oficio N° GG-4192-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito por Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente, mediante el cual presenta: PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.” PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.” Por tanto, Considerando la propuesta del Plan de reducción de brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo contenido en el oficio GG-PFPSS-0217-2021 suscrito por el Dr. Luis Carlos Vega Martínez en calidad de Director del Programa de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud y lo expresado en el oficio GG-4192-2021 suscrito por el Dr. Roberto Cervantes Barrantes en su calidad de Gerente General, la Junta Directiva -en forma unánime -ACUERDA: ACUERDO PRIMERO Aprobar para su implementación el Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, orientada a fortalecer la atención integral, con énfasis en las actividades de promoción y prevención. La creación de plazas y los gastos requeridos por el plan de reducción de brechas deberán ser aprobados anualmente de conformidad con el procedimiento institucional establecido para estos fines, de acuerdo con el proceso de implementación del plan y de manera consistente con la situación y posibilidades financieras del seguro de salud. ACUERDO SEGUNDO Designar a la Gerencia Médica para que desarrolle y conduzca los procesos necesarios relacionados con recursos humanos, presupuesto, infraestructura, abastecimiento y normativa asociada, para garantizar la implementación del Plan de Reducción de Brechas del Primer Nivel de Atención en el Corto y Mediano Plazo, con el involucramiento activo de las DRIPSS y las unidades institucionales pertinentes, en concordancia con lo dispuesto en el acuerdo primero. […] En virtud de lo anterior, esta Gerencia Médica ha definido las priorizaciones considerando en primera instancia la dotación de recurso humano para la sostenibilidad de la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras, acuerdos de Junta Directiva, proyectos institucionales, proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y otros, donde se han tenido que abarcar en diferentes fases para poder satisfacer las necesidades generales. Es así como se determina que las plazas para el EBAIS de Paso Tempisque se encuentran para ser priorizadas según el Plan dispuesto por la Junta Directiva, antes citado” (el énfasis fue añadido).

Visto lo anterior, cabe destacar que este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que:

“VI.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios (…) Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.

VII.- EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables -en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública-, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias- de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública)” (el destacado fue agregado) (véanse las sentencias nros. 2003013863 de las 17:13 horas del 2 de diciembre de 2003, 2010012297 de las 14:42 horas del 21 de julio de 2010, 2013004539 de las 14:30 horas del 9 de abril de 2013, 2015008671 de las 9:05 horas del 12 de junio de 2015, 2019007242 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2019, 2021022837 de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2021, 2023019503 de las 9:45 horas del 9 de agosto de 2023, entre otras).

A partir de lo expuesto, en el sub iudice se evidencia la lesión a los derechos fundamentales por parte de la CCSS, como de seguido se explica. De la abundante prueba documental adjunta al expediente, se tiene por plenamente demostrado que, desde el año 2017, la CCSS reconoció la ineficiente e ineficaz prestación del servicio de salud en Paso Tempisque, así como la consecuente necesidad de dotar a esa comunidad de un nuevo Ebais. Precisamente, en el informe “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo” del 14 de enero de 2020, la CCSS consideró que la población atendida por el centro médico de esa localidad “sobrepasa la capacidad instalada del equipo”, por lo que se estimó oportuno crear un nuevo Ebais con servicio vespertino a fin de aprovechar los recursos existentes. Adicionalmente, la ineficiente e ineficaz prestación del servicio aludido se refleja en el oficio DASC-0033-2020 del 31 de enero de 2020, en el que el Área de Salud de Carrillo señaló que: “Esta brecha, impacta de manera negativa en la calidad de los servicios, debido a la alta demanda de atenciones de usuarios que no encuentran campo en sus sedes de EBAIS, entre ellas, la de paso Tempisque”. Incluso, en el oficio DRSS-DRIPSSCH-0987-2022 del 22 de diciembre de 2022, la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega incluyó a Paso Tempisque como parte de la propuesta de priorización de Ebais para el año 2023 en la modalidad vespertina.

Ahora bien, a pesar de que, desde el año 2017, la CCSS ha reconocido la necesidad de ampliar la oferta de servicios de salud a la población de Paso Tempisque y a que diversos actores sociales han planteado gestiones con el propósito de solventar esa problemática, en el sub examine se tiene por demostrado que no se ha solucionado tal situación. Precisamente, en diversos memoriales que constan como prueba, las autoridades de la CCSS indican que la falta de creación de las plazas necesarias para la instalación del Ebais mencionado obedece a condiciones financieras, ello en apego a lo establecido por la Junta Directiva en el artículo 29 de la sesión nro. 9139 del 12 de noviembre de 2020. Además, en el memorial GM-7414-2022 del 15 de junio de 2022, la Gerencia Médica de la CCSS explicó que, según la política financiera y las condiciones económicas, la creación del Ebais de Paso Tempisque está programada entre los años 2022 y 2026.

Pese a ello, en el sub iudice no se cuenta con elemento probatorio alguno de que, efectivamente, la situación objeto de este recurso vaya a ser atendida antes del año 2026, lo cual se refleja en el hecho de que en el oficio GM-10689-2023 del 21 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS indicó que “las plazas del EBAIS de Paso Tempisque, no han sido priorizadas por esta Gerencia, sino que, fueron identificadas por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega y trasladadas a este Despacho, donde cumpliendo con el orden de priorización, fueron trasladadas para revisión y análisis técnico a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, instancia que las tiene consideradas en un segundo tracto de dotación de plazas para el reforzamiento del I Nivel de Atención, y cumpliendo con lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 6° de la sesión N° 9231, celebrada el 06 de enero del año 2022, referente al Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo”. Adicionalmente, adviértase que esta Cámara Constitucional ha sido enfática al señalar que, en el marco de un Estado constitucional, social y democrático de derecho, no resulta de recibo aducir limitaciones financieras o presupuestarias para eludir la eficiente prestación de un servicio tan esencial como el de salud, toda vez que, tal como se indicó ut supra, es un imperativo constitucional que ese servicio sea prestado de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere, tal como se consignó, entre otras, en las sentencias nros. 2003013863 de las 17:13 horas del 2 de diciembre de 2003, 2010012297 de las 14:42 horas del 21 de julio de 2010, 2013004539 de las 14:30 horas del 9 de abril de 2013, 2015008671 de las 9:05 horas del 12 de junio de 2015, 2019007242 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2019, 2021022837 de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2021, 2023019503 de las 9:45 horas del 9 de agosto de 2023.

Por ende, se acoge el recurso, con la orden que se dicta en la parte dispositiva de esta sentencia (…)

Por tanto:

Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se les ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Eva Camargo Batista, por su orden, presidenta ejecutiva a cargo de la Gerencia General y directora médica del Área de Salud de Carrillo, así como a quien desempeñe el puesto de director regional de la Red de Servicios de Salud de la región Chorotega, todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias respectivas para que, dentro del plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se solucione de manera definitiva la problemática acusada por el recurrente, atinente a la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud en Paso Tempisque. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. Notifíquese” (el resaltado fue agregado).

En suma, este Tribunal Constitucional ha sido consistente en recalcar la tutela especial de las personas indígenas, así como la relevancia del derecho a la salud que constituye la piedra angular sobre la que descansan el resto de derechos fundamentales, por lo que su prestación debe responder a los criterios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación.

Ahora bien, en el sub examine se comprueba la lesión a los derechos fundamentales de las personas indígenas de Alto Carona, debido a la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS, lo que ha sido reconocido por la misma institución. En ese sentido, recuérdese que el Área de Salud de Corredores es la encargada de prestar el servicio de salud a la población de Alto Carona; empero, en el memorial ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, se reconoció que a esas personas usuarias “no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas (…) El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos”. Además, resulta de importancia considerar que en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre de 2021, la Auditoría Interna de la CCSS reconoció que los usuarios y funcionarios del Área de Salud de Corredores no cuentan con las condiciones mínimas para recibir y prestar, respectivamente, el servicio de salud, debido a que algunos puestos de visita periódica “presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos”.

Así las cosas, la propia CCSS reconoció al menos desde el año 2021 que el Área de Salud de Corredores, encargada de prestar el servicio de salud a la población tutelada de Alto Carona, no cuenta con las condiciones mínimas para brindar ese servicio. Además, la aludida Área de Salud indicó que a las personas usuarias de Alto Carona no se les efectúan visitas, debido a que “vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular”. Sobre el particular, adviértase que esta Cámara Constitucional no puede avalar la postura de la CCSS en cuanto a la falta de actuación diligente y célere para brindar el servicio de salud a favor de la población amparada, por cuanto hacerlo equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena. De este modo, si bien se reconoce la facultad de la CCSS para organizarse a fin de prestar el servicio de salud supramencionado, ello no puede ir en detrimento del acceso a la asistencia médica de las personas usuarias, en este caso, indígenas, quienes, como se indicó ut supra, gozan de una tutela especial en virtud de su condición de vulnerabilidad. Adicionalmente, nótese que en el sub lite no se cuenta con elemento probatorio alguno que permita acreditar que la situación objeto de este recurso será atendida con prontitud.

Por ende, al constatarse la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud a las personas indígenas pobladoras de Alto Carona por parte de la CCSS, se estima el recurso en cuanto a este agravio, según lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia (…)

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en su condición de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se solucione de manera definitiva la problemática acusada por la parte recurrente atinente a la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud en Alto Carona. En cuanto a la Municipalidad de Golfito, se le ordena a Freiner Lara Blanco, en su condición de alcalde de Golfito, o a quien desempeñe ese puesto, que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione el problema denunciado por la parte recurrente referente al estado del camino que da acceso a la comunidad de Alto Carona del territorio indígena Conte Burica. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social y a la Municipalidad de Golfito al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso de amparo. Notifíquese” (el destacado es del original).

En la especie, la Sala acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada únicamente respecto a la falta de prestación eficiente del servicio de salud ante la demora en el proceso constructivo del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca; empero, en cuanto al resto de agravios formulados por la parte accionante, se declara sin lugar el recurso, lo anterior de conformidad con las siguientes consideraciones.

Tal como se consignó en el precedente de cita, esta Cámara Constitucional ha recalcado la tutela especial que gozan las personas indígenas, así como la importancia del derecho a la salud, el cual constituye la piedra angular sobre la que descansan el resto de los derechos fundamentales, por lo que su prestación debe responder a criterios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación.

Pese ello, en el sub iudice se corrobora la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS en perjuicio de las personas tuteladas, quienes residen en el territorio indígena Maíz de Boruca, debido a la demora en la construcción de la sede de visita periódica de esa comunidad. En ese sentido, adviértase que, al menos desde el año 2022, la CCSS reconoció la necesidad de construir un nuevo puesto de salud en Maíz, motivo por el cual se incluyó entre los proyectos institucionales a realizar y se determinó como objetivo “Construcción de Sede de Visita Periódica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de Maíz, Colinas (territorio indígena), y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVS de Maíz de Colinas, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez. Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS”. Sin embargo, aun cuando tal proyecto dio inicio desde mayo de 2022, al momento de emisión de este pronunciamiento, a saber, más de dos años y medio después, no se ha verificado algún avance significativo, sino que este sigue en la misma fase inicial, a saber, la atinente a la adquisición del terreno en el que se va a ubicar el centro de salud en cuestión. Lo anterior se refleja en el cronograma de ejecución aportado como prueba en el memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025 suscrito por la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS:

Construcción de Sede de Visita Periódica de Maíz de Buenos Aires 1470 días lun 02/05/22 vie 17/12/27 Adquisición de terreno 897 días lun 02/05/22 mar 07/10/25 Diseño SVP de Maíz 10 días mié 08/10/25 mar 21/10/25 SETENA 100 días mié 08/10/25 mar 24/02/26 Proceso Compra Contratación SETENA 20 días mié 08/10/25 mar 04/11/25 Presentación documentación ante SETENA 20 días mié 05/11/25 mar 02/12/25 Obtención Viabilidad Ambiental 60 días mié 03/12/25 mar 24/02/26 Proceso de Compra de Licitación Abreviada 92 días mié 25/02/26 jue 02/07/26 Confección de Expediente 2 días mié 25/02/26 jue 26/02/26 Invitación 1 día vie 27/02/26 vie 27/02/26 Presentación de Ofertas 10 días lun 02/03/26 vie 13/03/26 Apertura Compra 1 día lun 16/03/26 lun 16/03/26 Análisis de Compras 2 días mar 17/03/26 mié 18/03/26 Análisis Financiero 10 días jue 19/03/26 mié 01/04/26 Análisis Técnico y Razonabilidad 5 días jue 02/04/26 mié 08/04/26 Análisis Legal 5 días jue 09/04/26 mié 15/04/26 Adjudicación 20 días jue 16/04/26 mié 13/05/26 Notificación 1 día jue 14/05/26 jue 14/05/26 Proceso Apelaciones 15 días vie 15/05/26 jue 04/06/26 Firmeza y garantías 5 días vie 05/06/26 jue 11/06/26 Aprobación interna 15 días vie 12/06/26 jue 02/07/26 Proceso constructivo 120 días lun 05/07/27 vie 17/12/27 Permisos 30 días lun 05/07/27 vie 13/08/27 Construcción 90 días lun 16/08/27 vie 17/12/27 La mencionada falta de atención diligente y célere de parte de la CCSS se agrava al considerar que, a partir del 27 de enero de 2025, el puesto de salud en el que se brindaba atención médica a la población de Maíz y lugares aledaños dejó de funcionar, debido a que el terreno en que estaba ubicado es propiedad de la escuela de la comunidad, en la que se inició un proceso de construcción.

En consecuencia, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a este agravio y ordenarle a la presidenta ejecutiva de la CCSS que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que a más tardar en el mes de diciembre de 2027 se culmine la construcción del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca, tal como se consigna en el cronograma aportado como prueba en el memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025 suscrito por la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS.

V.- De otro lado, recuérdese que en la sentencia nro. 2022023279 de las 9:20 horas del 7 de octubre de 2022, la Sala se refirió al centro educativo Maíz en los siguientes términos:

“III.- CASO CONCRETO. En la especie, los recurrentes estiman lesionados los derechos fundamentales de los amparados, en virtud, de que desde el 9 de mayo de 2022, en el centro educativo Maíz de los Borucas, no se brinda el servicio de comedor, situación que afecta también el rendimiento académico. Alega que solo se les brinda tres horas de clase, con el pretexto de que no hay comedor. Alegan que desde el año 2015, la escuela cuenta con una orden sanitaria que a la fecha no ha sido atendida, por lo cual actualmente no cuentan un lugar digno y seguro para asistir a clases. Afirman que los estudiantes reciben lecciones en el comedor de la escuela, por lo tanto, las autoridades administrativas justifican la no utilización del mismo, por ese hecho, trasgrediendo el derecho fundamental de tener acceso a una buena alimentación.

De los autos se acredita que, en el año 2015, el Área Rectora de Salud de Buenos Aires de Puntarenas emitió una orden sanitaria en relación con las malas condiciones físico- sanitarias que presentaba la escuela El Maíz de los Borucas. Aunado a lo anterior, las visitas de seguimiento que viene realizando esa área rectora desde mayo de 2017, permiten constatar que la problemática acusada por los menores educandos, persiste. Incluso, al margen de que según el director de Infraestructura Educativa, entre el año 2015 y 2016 se inici ó un proceso de diseño para la nueva infraestructura de ese centro educativo, lo cierto del caso es que, debido a la limitada disponibilidad presupuestaria de esa dependencia, ese proyecto, se encuentra pospuesto. Incluso, bajo juramento se informó que el proyecto en cuestión entraría en el plan de inversión del año 2023. Lo anterior, pese a que desde julio de 2021, la Asociación de Desarrollo Indígena otorgó un nuevo inmueble al centro educativo, para la construcción de las nuevas instalaciones. Así las cosas, en este extremo del recurso, estima la Sala se produjo la infracción acusada, pues, como se puede advertir con meridiana claridad, lo cierto del caso es que siete años después de que se dictó esa orden sanitaria, la problemática persiste.

En lo que respecta al segundo extremo del recurso, el director regional Grande de Térraba informó que el horario que se reclama obedece a la matrícula, pues solo cuentan con 8 estudiantes en preescolar y 16 estudiantes en I y II Ciclos, y a que, para el curso lectivo de 2022, el centro educativo se encuentra calificado como D. Por lo anterior, explica se atiende a los estudiantes en una sola jornada de 7am a 10 a.m., en días cortos, o bien a 10:50 a.m., en días largos, en concordancia con el módulo horario dispuesto por el Consejo Superior de Educación.

Finalmente, en lo que respecta a la alimentación de la población estudiantil, se demostró que desde el 9 de mayo de 2022 y hasta el 24 de agosto de este mismo año, los menores educandos de la escuela El Maíz de los Borucas, no recibieron alimentación alguna, en vista de que la servidora del comedor de ese centro educativo renunció a su puesto y a que el Comité de Salud, informó a la Junta de la escuela, que no se iba a facilitar el local donde se preparaba la alimentación de los niños, en vista de que el terreno donde se ubica ese establecimiento se estaba derrumbando. Según se explica, en virtud de lo anterior, el 22 de julio de 2022 se presentó el formulario “Cambio de Modalidad de Servicio de Comedor 2022” de la escuela El Maíz de los Borucas ante DANEA. Por lo anterior, a partir de 24 de agosto de los corrientes se hizo efectivo el servicio de alimentación de los estudiantes de esa escuela, mediante la modalidad de “plato servido”. Precisamente, en este particular, como con antelación a la notificación del auto de traslado, ya se había dispuesto el restablecimiento de la alimentación de los menores educandos, descarta la Sala que se haya producido este agravio.

En suma, se impone acoger el recurso, únicamente, por los problemas físico- sanitarios que presenta la escuela El Maíz de los Borucas y el incumplimiento de la orden sanitaria dictada con ocasión de esa problemática. En lo demás, se desestima el amparo.

(…)

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, por los problemas físico- sanitarios que presenta la escuela El Maíz de los Borucas y el incumplimiento de la orden sanitaria dictada con ocasión de esa problemática. Se ordena a José Leonardo Sánchez Hernández y a Álvaro Mata Leitón, en condición de ministro a.i. y de director de la Dirección de Infraestructura Educativa, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que giren las directrices necesarias, en el respectivo ámbito de sus competencias, y gestionen lo correspondiente para que, en el plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las mejoras físico-sanitarias señaladas por el Ministerio de Salud en la escuela El Maíz de los Borucas. Dicho inmueble deberá garantizar un ambiente sano y adecuado para la educación de los estudiantes de ese centro educativo. Asimismo, se les ordena a dichas autoridades educativas que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esa misma sentencia, adopten y ejecuten las medidas necesarias de carácter provisional que permitan la continuidad y el desarrollo de las lecciones y demás actividades, con plena seguridad a la salud e integridad física y emocional de la comunidad educativa de la escuela El Maíz de los Borucas. Se ordena a Randall Bejarano Campos, director del Área Rectora de Salud Buenos Aires, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que, dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de la sentencia, verifique el cumplimiento de la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 de 15 de junio de 2015, para proteger la vida, integridad física y salud de los menores de edad que asisten a la escuela, así como del personal docente y administrativo, procurando su cumplimiento y, en caso de que no se cumplan, tomar oportunamente las medidas pertinentes para sentar responsabilidades a los funcionarios omisos. Lo anterior bajo apercibimiento que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas pone nota. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese”.

En el sub iudice, aun cuando los recurrentes sostienen que el puesto de salud de Maíz se encontraba en un terreno donado para tal fin y cuestionan el cambio de destino efectuado a esa finca, no menos cierto es que de los autos se colige que en realidad esa estructura se encontraba ubicada en el terreno que fue donado en noviembre de 2016 por la ADI de Boruca a la Junta de Educación de la escuela Maíz. Además, según la prueba que consta en autos, a partir de esa fecha, tal centro educativo permitió que el puesto de salud operara en el terreno; sin embargo, ante las obras de construcción a realizar para cumplir lo dispuesto tanto en la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 de 15 de junio de 2015 como en la supracitada sentencia nro. 2022023279 de las 9:20 horas del 7 de octubre de 2022, la Junta de Educación comunicó la necesidad de disponer del establecimiento.

En consideración de lo indicado, conviene aclarar que el recurso de amparo de naturaleza eminentemente sumaria, por lo que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, lo que más bien corresponde a la vía ordinaria. Por ende, no compete a esta Cámara Constitucional establecer, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si la titularidad del terreno en que estaba ubicado el puesto de salud de Maíz corresponde o no efectivamente a la Junta de Educación de la escuela de Maíz, ni si se cumplieron o no los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para realizar el cambio de propietario registral del aludido terreno. Tampoco corresponde a esta vía especializada determinar si, ante la imposibilidad de emplear el puesto de salud de Maíz y la falta de construcción del nuevo centro de salud a la que se hizo referencia ut supra, la mejor alternativa para prestar el servicio de salud a la comunidad de Maíz es el Ebais de Boruca, o bien si este puede ser brindado en alguna otra estructura que se encuentre dentro de la mencionada comunidad. En igual sentido, no compete a esta Sala pronunciarse sobre las disconformidades planteadas por la parte recurrente atinentes al accionar de los órganos de representación comunal recurridos en cuanto a la solicitud de traslado del centro de salud. Lo anterior por cuanto realizar ese análisis haría necesario efectuar diligencias probatorias lentas y complejas que resultan incompatibles con la naturaleza sumaria del recurso de amparo, por lo que tales diferendos corresponden que sean dilucidados en la sede jurisdiccional ordinaria.

Aclarado lo anterior, de la lectura integral del memorial de interposición se desprende la disconformidad de la parte accionante con la decisión de dejar de prestar el servicio de salud en Maíz y su consecuente traslado de los pacientes adscritos a ese puesto de salud al Ebais de Boruca. Acerca de esto, si bien ante los hechos descritos no se puede continuar prestando el servicio de salud en la comunidad de Maíz como se había dado años atrás, no menos cierto es que, ante la solicitud del propio Comité de Salud de Maíz, sea, un órgano que posee representación comunal, la CCSS adoptó una medida temporal para garantizar la prestación del derecho a la salud a los habitantes de Maíz y de pueblos vecinos, sea, su traslado para recibir atención médica en el Ebais de Boruca; ello, en el tanto se llevan a cabo las actuaciones necesarias para construir un nuevo puesto de salud en la mencionada comunidad, medida provisional que a criterio de esta Cámara no resulta abiertamente arbitraria y desproporcionada. En ese sentido, adviértase que lo relevante a los efectos de esta sede especializada es que no se afecte el núcleo esencial del derecho bajo estudio, sea, el derecho a la salud, y en este caso queda en evidencia que, ante la imposibilidad de continuar empleando el puesto de salud de Maíz por las circunstancias antes expuestas, la CCSS adoptó decisiones para continuar prestando ese servicio esencial de manera provisional mientras se culminan las obras de construcción a las que se hizo referencia en el considerando previo.

Por otra parte, si bien en el memorial de interposición la parte accionante solicita que se ordene a las autoridades recurridas aclarar una serie de consultas, verbigracia, cuál fue el procedimiento empleado para aceptar el cambio de destino de un bien dedicado a un fin público como la atención de salud para el fin de la educación, así como que se indique la situación del terreno que años atrás fue donado para el puesto de salud, no menos cierto es que en el sub iudice no se tiene constancia de que los amparados hayan planteado tales peticiones antes las autoridades accionadas, por lo que no se comprueba la lesión a los derechos fundamentales en cuanto a este extremo.

Finalmente, la Sala observa que las personas accionantes también formulan el recurso contra la Asociación de Desarrollo De Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz; sin embargo, en virtud de las consideraciones indicadas ut supra, se estima que carece de interés conferir audiencia a tales partes.

En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en lo que a estos extremos concierne. (…)” ... Ver más Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: 2. PRINCIPIOS CON JURISPRUDENCIA Tema: Eficiencia y eficacia de los servicios públicos Subtemas:

NO APLICA.

EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

“(…) En la especie, la Sala acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada únicamente respecto a la falta de prestación eficiente del servicio de salud ante la demora en el proceso constructivo del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca; empero, en cuanto al resto de agravios formulados por la parte accionante, se declara sin lugar el recurso, lo anterior de conformidad con las siguientes consideraciones.

Tal como se consignó en el precedente de cita, esta Cámara Constitucional ha recalcado la tutela especial que gozan las personas indígenas, así como la importancia del derecho a la salud, el cual constituye la piedra angular sobre la que descansan el resto de los derechos fundamentales, por lo que su prestación debe responder a criterios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación.

Pese ello, en el sub iudice se corrobora la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS en perjuicio de las personas tuteladas, quienes residen en el territorio indígena Maíz de Boruca, debido a la demora en la construcción de la sede de visita periódica de esa comunidad. En ese sentido, adviértase que, al menos desde el año 2022, la CCSS reconoció la necesidad de construir un nuevo puesto de salud en Maíz, motivo por el cual se incluyó entre los proyectos institucionales a realizar y se determinó como objetivo “Construcción de Sede de Visita Periódica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de Maíz, Colinas (territorio indígena), y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVS de Maíz de Colinas, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez. Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS”. Sin embargo, aun cuando tal proyecto dio inicio desde mayo de 2022, al momento de emisión de este pronunciamiento, a saber, más de dos años y medio después, no se ha verificado algún avance significativo, sino que este sigue en la misma fase inicial, a saber, la atinente a la adquisición del terreno en el que se va a ubicar el centro de salud en cuestión. Lo anterior se refleja en el cronograma de ejecución aportado como prueba en el memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025 suscrito por la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS:

Construcción de Sede de Visita Periódica de Maíz de Buenos Aires 1470 días lun 02/05/22 vie 17/12/27 Adquisición de terreno 897 días lun 02/05/22 mar 07/10/25 Diseño SVP de Maíz 10 días mié 08/10/25 mar 21/10/25 SETENA 100 días mié 08/10/25 mar 24/02/26 Proceso Compra Contratación SETENA 20 días mié 08/10/25 mar 04/11/25 Presentación documentación ante SETENA 20 días mié 05/11/25 mar 02/12/25 Obtención Viabilidad Ambiental 60 días mié 03/12/25 mar 24/02/26 Proceso de Compra de Licitación Abreviada 92 días mié 25/02/26 jue 02/07/26 Confección de Expediente 2 días mié 25/02/26 jue 26/02/26 Invitación 1 día vie 27/02/26 vie 27/02/26 Presentación de Ofertas 10 días lun 02/03/26 vie 13/03/26 Apertura Compra 1 día lun 16/03/26 lun 16/03/26 Análisis de Compras 2 días mar 17/03/26 mié 18/03/26 Análisis Financiero 10 días jue 19/03/26 mié 01/04/26 Análisis Técnico y Razonabilidad 5 días jue 02/04/26 mié 08/04/26 Análisis Legal 5 días jue 09/04/26 mié 15/04/26 Adjudicación 20 días jue 16/04/26 mié 13/05/26 Notificación 1 día jue 14/05/26 jue 14/05/26 Proceso Apelaciones 15 días vie 15/05/26 jue 04/06/26 Firmeza y garantías 5 días vie 05/06/26 jue 11/06/26 Aprobación interna 15 días vie 12/06/26 jue 02/07/26 Proceso constructivo 120 días lun 05/07/27 vie 17/12/27 Permisos 30 días lun 05/07/27 vie 13/08/27 Construcción 90 días lun 16/08/27 vie 17/12/27 La mencionada falta de atención diligente y célere de parte de la CCSS se agrava al considerar que, a partir del 27 de enero de 2025, el puesto de salud en el que se brindaba atención médica a la población de Maíz y lugares aledaños dejó de funcionar, debido a que el terreno en que estaba ubicado es propiedad de la escuela de la comunidad, en la que se inició un proceso de construcción.

En consecuencia, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a este agravio y ordenarle a la presidenta ejecutiva de la CCSS que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que a más tardar en el mes de diciembre de 2027 se culmine la construcción del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca, tal como se consigna en el cronograma aportado como prueba en el memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025 suscrito por la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS. (…)” VCG03/2025 ... Ver más Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: 4. ASUNTOS DE GARANTÍA Tema: SALUD Subtemas:

ATENCION MEDICA. POLITICAS PUBLICAS.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO Y DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS, CON REDACCIÓN DE LA SEGUNDA.

I.Sobre el objeto del recurso. En el caso bajo estudio, vecinos del pueblo Maíz, perteneciente a Colinas de Buenos Aires, Puntarenas, interponen recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz, donde alegaron lo siguiente:

“Los recurrentes indican que viven en Maíz, el cual se encuentra en el límite del territorio indígena Boruca. Señalan que el 22 de enero de 2025 se recibió un comunicado firmado por representantes de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz dirigido a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz”, mediante el cual se manifestó que no se brindaría más atención en el puesto de salud a partir del 27 de enero de 2025, por lo que se debe gestionar el traslado de los pacientes y asistir a las citas médicas en la comunidad de Boruca. Acusan que tal decisión se adoptó sin consultar previamente al pueblo. Sostienen que lo anterior afecta a la población de Maíz, así como de otros pueblos aledaños como Jalisco, Ojo de Agua, Mayal y San Luis, quienes también recibían la atención médica en el puesto de salud aludido. Afirman que se conoció que, el 17 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz solicitó el trasado de atención de los pacientes al Ebais de Boruca, lo cual fue autorizado por el Área de Salud de Buenos Aires. Recalcan que desconocen algún fundamento técnico de la decisión, ni se tiene conocimiento de algún proyecto a futuro para que los pacientes vuelvan a ser atendidos en Maíz. Señalan que se inició la construcción de la escuela de la comunidad en el terreno en que se encontraba el puesto de salud, pese a que este fue donado exclusivamente para ese propósito, por lo que cuestionan que se haya cambiado el destino de un bien dedicado a la atención de la salud por otro distinto como lo es la educación. Afirman que el cambio de puesto de salud genera múltiples inconvenientes a la población, debido a la distancia a la que deben desplazarse hasta Boruca, el mal estado de los caminos y los inconvenientes del servicio de transporte público que se presta a las diversas comunidades afectadas. Piden que se ordene a la CCSS proveer una solución temporal para continuar brindando atención primaria en la comunidad de Maíz mientras se construye un nuevo puesto de salud.

II.Contextualización del recurso de amparo. Si bien en el recurso de amparo no se aduce, debe señalarse que ante un pronunciamiento público de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social de suspender todos los proyectos del portafolio de inversiones institucional que hasta el momento no hayan dado inicio, con la justificación de que buscan garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad, distintos actores de la sociedad -entre ellos miembros de Municipalidades- acudieron en amparo en protección de sus administrados, aduciendo que con esas medidas se lesionaba el derecho a la salud y a la correcta prestación eficiente, eficaz del servicio público.

III.Antecedentes sobre reclamos de suspensión de inversiones institucionales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Al respecto, esta jurisdicción constitucional ha tramitado varios recursos de amparo en los que se ha cuestionado el acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS de suspender el portafolio de inversiones institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado. En la sentencia nro. 2023-015622 de las 9:20 horas de 30 de junio de 2023, conoció el caso concreto relacionado con la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya, en la cual este Tribunal sostuvo:

“IV.- SOBRE EL FONDO. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. Por esa razón, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario -es decir, breve y sencillo- y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si las instalaciones que albergan la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal cumplen o no los requerimientos para brindar apropiadamente los servicios públicos que le han sido encomendados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por otra parte, si bien se indica que los edificios actuales no reúnen tales condiciones para el funcionamiento adecuado -ya que son de dos plantas, no cuentan con ascensor ni rampas porque no fue construido para ese fin incumpliendo las regulaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad-, que los espacios donde se brindan algunos servicios son muy reducidos, encerrados y no diseñados para tales fines y, además, no tienen parqueo, ni Sala de Choque o Área de Capacitaciones, posibilidad de albergar un Servicio de Laboratorio, entre otros, lo cierto del caso, es que los recurrentes no refieren haber presentado alguna denuncia en ese sentido. Al respecto, es importante destacar que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes (véase, en igual sentido, la Sentencia N° 2023-13510 de las 9:20 horas del 9 de junio de 2023).

V.- Por otra parte, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo de forma unánime para suspender el “Portafolio de Inversiones Institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado”; y, en consecuencia, la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal, se acreditó que efectivamente el proyecto de la sede del Área de Salud de Nicoya, incluye la construcción de una nueva Sede de Área de Salud tipo 1, a través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Esta contratación prevé en su alcance, los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento, en un área de terreno de 26.941m2 y con un área de construcción preliminarmente estimada de 5.144,11 m2. Lo anterior con un costo de inversión estimado de ¢10.114 millones de colones y costos de operación incremental por un monto estimado preliminar de ¢11.495 millones de colones, ambas cifras corresponden a las erogaciones en las que incurriría la institución en el decenio 2023-2032. De acuerdo con el cronograma del proyecto, que contiene los tiempos estimados de ejecución, este proyecto finalizaría en el año 2026 según se detalla a continuación: a) contratación marzo de 2022 finalización en julio de 2023, b) anteproyecto, planos constructivos, permisos y visados, inicio agosto de 2023 finalización en diciembre de 2024, c) ejecución inicio de 2024 y finalización en marzo de 2026. El proyecto CCSS-0879 Sede Área de Salud Nicoya, se encuentra en etapa de Contratación, bajo el proceso licitatorio del ADCEM #4 (2022PP-000013-007930000 1), específicamente en la actividad de análisis de ofertas y recomendación técnica a cargo de la Unidad Administradora de Proyecto. Ahora bien, también se comprobó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 1°, de la Sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo del año 2023, resolvió suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional que no hubieran iniciado el proceso constructivo. Posteriormente, por artículo 1°, de la Sesión N° 9319, celebrada el 13 de marzo del año 2023, aclaró que todo proyecto que estuviera adjudicado en firme, continuaría con su etapa de ejecución y, además, que la Junta Directiva tomaría la decisión sobre la continuidad de los proyectos, considerando la viabilidad financiera y las fuentes de financiamiento, según estudios solicitados. Finalmente, se tiene por acreditado que la referida Junta Directiva, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió lo siguiente: "ACUERDO PRIMERO. Instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías a continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR (6 ya adjudicadas en firme y 24 en diferentes procesos de desarrollo) según el escenario de entrada en operación aprobado por la Junta Directiva en sesión Artículo 4° de la sesión N°9237 celebrada el 27 de enero de 2022, en virtud de que el contrato de Fideicomiso no permite aplicación de Reglas de priorización para la toma de decisiones”. En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social, conviene explicar que esta una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Además, de conformidad con el artículo 3, de la Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, la Junta Directiva tomará los acuerdos necesarios para extender progresivamente sus servicios a todo el país, para lo cual, debe realizar acuerdos respecto a las inversiones de los fondos de la institución según criterios de oportunidad y conveniencia social. Al respecto, la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, indicó que la Junta Directiva ha emitido distintos acuerdos en torno al portafolio de inversiones, en los cuales se ha analizado el tema y se han adoptado decisiones importantes de impacto institucional, respecto a la continuidad de distintos proyectos, lo que pretende proteger derechos fundamentales como la salud, igualdad y la vida. Así, resulta claro para este Tribunal, que dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal Constitucional efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la Administración recurrida, que inciden en la suspensión del proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional. En todo caso, bajo juramento, se indicó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió continuar trabajando activamente en los trámites necesarios en relación con cada una de las Áreas de Salud de la institución que se encuentran dentro del fideicomiso citado, dentro de ellas el Área de Salud de Nicoya. En conclusión, esta Sala Constitucional establece que actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud o de la igualdad de oportunidades para alguna persona o personas con alguna discapacidad. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso” (ver también, en similar sentido, el voto n.º 2023016389 de las 9:30 horas del 7 de julio de 2023, dictado en el recurso de amparo 23-008311-0007-CO).

En la sentencia No. 2023016389 de las 09:30 horas del 07 de julio de 2023, el Tribunal Constitucional conoció de un amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social donde se reclamó que la Junta Directiva de esa institución suspendió el proyecto de construcción del nuevo Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez y el portafolio de inversiones institucionales cuyo proceso constructivo no había iniciado. Destacan que la suspensión del procedimiento deja en estado de indefensión a los usuarios del citado hospital y pone en riesgo la vida y salud de los recurrentes al no contar con las condiciones adecuadas para su atención. Por unanimidad, la Sala dispuso:

“En congruencia con la sentencia parcialmente transcrita y al no existir elemento alguno para variar el criterio allí vertido, esta Sala considera que el recurso debe ser declarado sin lugar, por cuanto, en el caso particular, no consta que los recurrentes hayan presentado alguna denuncia de las condiciones alegadas y que supuestamente se encuentran en el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez. Al respecto, se reitera que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes.

Por último, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo de forma unánime para suspender el portafolio de inversiones institucionales que pretendía la construcción del nuevo hospital de Cartago. La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Así, dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal Constitucional efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la Administración recurrida, que inciden en la suspensión del proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional.

En conclusión, esta Sala Constitucional establece que actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud de alguna persona o personas. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso”.

A mayor abundamiento, cabe citar que esta Sala en otras oportunidades se ha referido sobre el portafolio de inversiones de la CCSS y precisamente sobre la construcción del EBAIS de Santa Cruz, mediante sentencia No. 2023-018187 de las 09:55 horas del 25 de julio de 2023, resolvió lo siguiente:

“III.- Sobre el casco concreto. En el sub lite, la recurrente, quien es miembro de la Junta de Salud de Turrialba, manifiesta que ha coordinado con la autoridad recurrida la construcción de dos EBAIS en Turrialba, específicamente, en Santa Cruz y en Grano de Oro -zona indígena cabécar-. Reclama que la autoridad recurrida canceló ambos proyectos, según consta en los oficios Nos. ASTJ-ADM-024-03-2023 y ASTJ-ADM-032-03-2023, en los que, en concreto, se dispuso: “Suspender todos los proyectos de Portafolio de Inversiones Institucional que no hayan iniciado el proceso constructivo”. Sostiene que esa decisión provocará un desmejoramiento en la condición y tratamiento de las afecciones de las poblaciones afectadas y se fundamenta en motivos presupuestarios.

Al respecto, esta jurisdicción constitucional ha tramitado varios recursos de amparo en los que se ha cuestionado el acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS de suspender el portafolio de inversiones institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado. En la sentencia nro. 2023-015622 de las 9:20 horas de 30 de junio de 2023, conoció el caso concreto relacionado con la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya, en la cual este Tribunal sostuvo:

“IV.- SOBRE EL FONDO. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. Por esa razón, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario -es decir, breve y sencillo- y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si las instalaciones que albergan la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal cumplen o no los requerimientos para brindar apropiadamente los servicios públicos que le han sido encomendados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por otra parte, si bien se indica que los edificios actuales no reúnen tales condiciones para el funcionamiento adecuado -ya que son de dos plantas, no cuentan con ascensor ni rampas porque no fue construido para ese fin incumpliendo las regulaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad-, que los espacios donde se brindan algunos servicios son muy reducidos, encerrados y no diseñados para tales fines y, además, no tienen parqueo, ni Sala de Choque o Área de Capacitaciones, posibilidad de albergar un Servicio de Laboratorio, entre otros, lo cierto del caso, es que los recurrentes no refieren haber presentado alguna denuncia en ese sentido. Al respecto, es importante destacar que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes (véase, en igual sentido, la Sentencia N° 2023-13510 de las 9:20 horas del 9 de junio de 2023).

V.- Por otra parte, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo de forma unánime para suspender el “Portafolio de Inversiones Institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado”; y, en consecuencia, la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal, se acreditó que efectivamente el proyecto de la sede del Área de Salud de Nicoya, incluye la construcción de una nueva Sede de Área de Salud tipo 1, a través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Esta contratación prevé en su alcance, los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento, en un área de terreno de 26.941m2 y con un área de construcción preliminarmente estimada de 5.144,11 m2. Lo anterior con un costo de inversión estimado de ¢10.114 millones de colones y costos de operación incremental por un monto estimado preliminar de ¢11.495 millones de colones, ambas cifras corresponden a las erogaciones en las que incurriría la institución en el decenio 2023-2032. De acuerdo con el cronograma del proyecto, que contiene los tiempos estimados de ejecución, este proyecto finalizaría en el año 2026 según se detalla a continuación: a) contratación marzo de 2022 finalización en julio de 2023, b) anteproyecto, planos constructivos, permisos y visados, inicio agosto de 2023 finalización en diciembre de 2024, c) ejecución inicio de 2024 y finalización en marzo de 2026. El proyecto CCSS-0879 Sede Área de Salud Nicoya, se encuentra en etapa de Contratación, bajo el proceso licitatorio del ADCEM #4 (2022PP-000013-007930000 1), específicamente en la actividad de análisis de ofertas y recomendación técnica a cargo de la Unidad Administradora de Proyecto. Ahora bien, también se comprobó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 1°, de la Sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo del año 2023, resolvió suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional que no hubieran iniciado el proceso constructivo. Posteriormente, por artículo 1°, de la Sesión N° 9319, celebrada el 13 de marzo del año 2023, aclaró que todo proyecto que estuviera adjudicado en firme, continuaría con su etapa de ejecución y, además, que la Junta Directiva tomaría la decisión sobre la continuidad de los proyectos, considerando la viabilidad financiera y las fuentes de financiamiento, según estudios solicitados. Finalmente, se tiene por acreditado que la referida Junta Directiva, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió lo siguiente: "ACUERDO PRIMERO. Instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías a continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR (6 ya adjudicadas en firme y 24 en diferentes procesos de desarrollo) según el escenario de entrada en operación aprobado por la Junta Directiva en sesión Artículo 4° de la sesión N°9237 celebrada el 27 de enero de 2022, en virtud de que el contrato de Fideicomiso no permite aplicación de Reglas de priorización para la toma de decisiones”. En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social, conviene explicar que esta una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Además, de conformidad con el artículo 3, de la Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, la Junta Directiva tomará los acuerdos necesarios para extender progresivamente sus servicios a todo el país, para lo cual, debe realizar acuerdos respecto a las inversiones de los fondos de la institución según criterios de oportunidad y conveniencia social. Al respecto, la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, indicó que la Junta Directiva ha emitido distintos acuerdos en torno al portafolio de inversiones, en los cuales se ha analizado el tema y se han adoptado decisiones importantes de impacto institucional, respecto a la continuidad de distintos proyectos, lo que pretende proteger derechos fundamentales como la salud, igualdad y la vida. Así, resulta claro para este Tribunal, que dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal Constitucional efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la Administración recurrida, que inciden en la suspensión del proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional. En todo caso, bajo juramento, se indicó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió continuar trabajando activamente en los trámites necesarios en relación con cada una de las Áreas de Salud de la institución que se encuentran dentro del fideicomiso citado, dentro de ellas el Área de Salud de Nicoya. En conclusión, esta Sala Constitucional establece que actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud o de la igualdad de oportunidades para alguna persona o personas con alguna discapacidad. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso” (ver también, en similar sentido, el voto n.º 2023016389 de las 9:30 horas del 7 de julio de 2023, dictado en el recurso de amparo 23-008311-0007-CO).

En congruencia con el criterio vertido en la sentencia parcialmente transcrita y, al no existir elemento alguno para variarlo, es criterio de este Tribunal que el recurso debe ser declarado sin lugar. En ese sentido, en el caso concreto, se tiene por demostrado que la Junta Directiva acordó instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías para continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Por tal motivo, la Dirección de Planificación Institucional en conjunto con la Gerencia de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social remitieron el oficio PE-DPI-445-2023 del 7 de junio de 2023 ante la Junta Directiva, por medio de los cuales solicitaron la continuidad de aquellos proyectos que por su impacto y nivel de madurez, entre los cuales se encuentran los centros médicos que se reclaman: EBAIS de Santa Cruz y el EBAIS de Grano de Oro, Visita Periódica Paso Marcos y Visita Periódica Roca Quemada. En consecuencia, con base a los antecedentes citados, debe declararse sin lugar el recurso”.

En la sentencia No. 2023-18187 de las 09:55 horas del 25 de julio de 2023, se conoció de un recurso de amparo promovido por un miembro de la Junta de Salud de Turrialba donde se reclamó que ha coordinado con la autoridad recurrida la construcción de dos EBAIS en Turrialba, específicamente, en Santa Cruz y en Grano de Oro -zona indígena cabécar-. Manifiesta que la construcción del EBAIS en Santa Cruz se aprobó por cuanto el inmueble en el que se ubicó anteriormente fue declarado inhabitable y, ante tal circunstancia, se alquiló un bien propiedad de la Arquidiócesis de Cartago, pero esta medida no es definitiva y el cierre de ese local implicaría que los usuarios deban acudir a un centro que se sitúa a 12 km. Señala que la construcción del EBAIS en Grano de Oro se planeó junto con Puestos de Visita Periódica en Roca Quemada y Paso Marcos. Detalla que dicho complejo de construcciones es necesario para mejorar la atención integral que se debe brindar en la zona indígena. Aduce que la CCSS canceló ambos proyectos, según consta en los oficios nros. ASTJ-ADM-024-03-2023 y ASTJ-ADM-032-03-2023, en los que, en concreto, se dispuso: “Suspender todos los proyectos de Portafolio de Inversiones Institucional que no hayan iniciado el proceso constructivo”. Sostiene que esa decisión provocará un desmejoramiento en la condición y tratamiento de las afecciones de las poblaciones afectadas y se fundamenta en motivos presupuestarios. En consecuencia, solicita la intervención de esta Sala para que se ordene “terminar como es debido ambos proyectos de construcción y así cubrir las necesidades de atención en salud a las poblaciones de Santa Cruz y Grano de Oro de Turrialba”. (el resaltado no es del original). En esa oportunidad, la Sala -por unanimidad- resolvió:

“En congruencia con el criterio vertido en la sentencia parcialmente transcrita y, al no existir elemento alguno para variarlo, es criterio de este Tribunal que el recurso debe ser declarado sin lugar. En ese sentido, en el caso concreto, se tiene por demostrado que la Junta Directiva acordó instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías para continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Por tal motivo, la Dirección de Planificación Institucional en conjunto con la Gerencia de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social remitieron el oficio PE-DPI-445-2023 del 7 de junio de 2023 ante la Junta Directiva, por medio de los cuales solicitaron la continuidad de aquellos proyectos que por su impacto y nivel de madurez, entre los cuales se encuentran los centros médicos que se reclaman: EBAIS de Santa Cruz y el EBAIS de Grano de Oro, Visita Periódica Paso Marcos y Visita Periódica Roca Quemada. En consecuencia, con base a los antecedentes citados, debe declararse sin lugar el recurso”.

En la resolución No. 2023022339 de las 09:15 horas del 08 de septiembre de 2023, este Tribunal conoció de un recurso de amparo formulado por vecinos del distrito de Santa Cruz de Turrialba. En esa sentencia -por unanimidad- se desestimó el amparo, bajo las siguientes argumentaciones:

“Tales consideraciones que son aplicables al caso en estudio, toda vez este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dichas sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. En consecuencia, el recurso debe ser desestimado, por cuanto en el caso bajo estudio no consta que los recurrentes hayan presentado alguna denuncia de las condiciones alegadas. En ese sentido, se reitera que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes.

Por otra parte, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo para suspender el portafolio de inversiones institucionales, cabe indicar que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Así, dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la administración recurrida, que inciden sobre el proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional.

En conclusión, es menester indicar que en el caso bajo estudio actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud de alguna persona o personas. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso”.

En fin, de los precedentes citados, se puede extraer una conclusión y es que las personas recurrentes de dichos amparos reclamaban una situación similar: que la Caja Costarricense de Seguro Social no presta de forma adecuada el servicio de salud y con la decisión de suspender el portafolio de inversiones, la situación se agravaba y esto era contrario al derecho a la salud de la población de su localidad. No obstante, obsérvese que la Sala Constitucional brinda ciertos elementos de relevancia que merecen ser destacados:

  • a)La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo las decisiones sobre su infraestructura.
  • b)Dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional.
  • c)Más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante de los recursos de amparo citados busca que este Tribunal efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la administración recurrida, que inciden sobre el proyecto constructivo de su interés.
  • d)No existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud de alguna persona o personas.

IV.Sobre la inobjetable situación crítica en la prestación del servicio de salud por la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019 declaró la violación sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas aseguradas de la Caja Costarricense de Seguro Social. En esa oportunidad, la Sala había resuelto lo siguiente:

“Se infiere un aumento constante, desde el año 2012 a la fecha, en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional, tendencia que en estos momentos tiende al aumento. Nótese que en el año 2012 el porcentaje de ingreso era de un 10,26% mientras que en el año 2018 representó un 33,78%, es decir, más del doble. De tales asuntos, buena cantidad corresponde a las listas de espera. Ahora bien, durante el año 2018, la Sala Constitucional, en los recursos de amparo relacionados con materia de salud, verificó la infracción en un 75% aproximadamente de los asuntos votados (entre los amparos declarados con lugar y parcialmente con lugar). Aunado a lo anterior, el derecho a la salud durante el año 2018 fue el asunto más votado en este Tribunal y por ende, es el derecho fundamental que más se recurre ante esta jurisdicción… Este Tribunal es del criterio que las actuaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social en la prestación del servicio público, violenta el derecho a la salud de los administrados como un derecho fundamental autónomo, sino que también se infringen los principios constitucionales del servicio público. Aunado a lo anterior, la atención tardía en la prestación del servicio irradia no solo en la salud del paciente, sino que en otras esferas de los administrados, sean en la vida laboral, educativa e inclusive familiar”.

Dentro de ese expediente, la Caja Costarricense de Seguro Social había reconocido una serie de causas estructurales que afectaban la prestación del servicio público. El Tribunal había dicho en esa oportunidad:

“XVII. Sobre las causas que generan las listas de espera en la prestación de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según informan los representantes de la CCSS, existen una serie de causas y condiciones que han generado la existencia de las listas de espera en la prestación de los servicios de salud. Las causas que generan el retraso en los diversos servicios: a) el aumento poblacional y consideraciones epidemiológicas; b) capacidad instalada limitada (número de camas, número de quirófanos, personal, equipo, etc.); c) falta de médicos especialistas; d) necesidades de equipamiento y e) demanda en el aumento del primer nivel de atención que genera una saturación en el segundo y tercer nivel de atención. Asimismo en el Plan para la Atención Oportuna de las Personas de la CCSS se logró comprobar la existencia de una serie de debilidades en la gestión y administración, tales como: a) que cada centro gestiona de forma diferente sus listas de espera con resultados distintos entre sí; b) uso no generalizado de normas y protocolos, así como la resistencia de los gestores en su aplicación; c) una excesiva especialización de la atención médica, por cuanto los procedimientos y la normativa interna concentran la demanda por servicios; d) a falta de protocolos algunas procedimientos diagnóstico son ordenados sin que se documente una necesidad real; e) carencia de especialistas en algunas especialidades, tales como anestesia, ortopedia, medicina interna, entre otros; f) el riesgo de fuga del recurso humano; g) en promedio, a nivel nacional únicamente el 60% de las salas de operación habilitadas tienen tiempos de utilización mayores o iguales a cinco horas; h) existen centros en los que se carece de camas en recuperación para fortalecer la cirugía mayor ambulatoria; i) agotamiento del recurso humano especializado; j) ausencia de una metodología objetiva de la medición de la calidad de la atención al usuario, entre otros. Por otro lado, el Colegio de Médicos y Cirujanos, señaló la existencia de diversas causas que han generado una afectación al servicio que presta la Caja Costarricense de Seguro Social, sea la falta de de planificación en cuanto al futuro de la población, falta de salas de operación y problemas en las existentes, la falta de gestión, planificación, mala administración. Además, se resaltó la falta de camas, equipamiento que ha cumplido su vida útil, falta de mantenimiento preventivo, falta de repuestos, falencias en las compras de equipos médicos, problema en la infraestructura, entre otros. En esa línea de ideas, la Defensoría de los Habitantes resaltó la existencia una inadecuada gestión de recursos, carencia de una adecuada planificación y la ausencia de un enfoque de derechos humanos. Ahora bien, resulta importante señalar que las problemáticas apuntadas por la institución recurrida son constantes en los procesos de amparo. A modo de ejemplificar lo anterior, se procede a citar diversas sentencias donde se evidencian las diversas falencias en la prestación del servicio de salud por parte de la CCSS por falta de camas, especialistas, insumos médicos, máquinas dañadas, entre otros”.

Del propio voto -basado en argumentaciones dadas por las autoridades competentes- se logró evidenciar que alguna de las causas que inciden en la prestación adecuado del servicio, precisamente es el aumento de la población demandante, capacidad instalada limitada (falta de personal) y también una demanda en el aumento del primer nivel de atención que genera una saturación en el segundo y tercer nivel de atención. Con esto se pretende sostener que quienes integramos este Tribunal no desconocemos la situación crítica que atraviesan las personas usuarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, que constantemente se ve evidenciada en las constantes estimatorias de recursos de amparo por lesiones al derecho a la salud.

V.Sobre la falta de la legitimación en el recurso de amparo. En los recursos de amparo se exige que el proceso sea interpuesto a favor de una persona en concreto o una población -al menos determinable-. Se destaca que en los casos de suspensión por falta de infraestructura -causa estructural de la prestación inadecuada del derecho a la salud-, pese a que el recurso venía razonablemente interpuesto a favor de las poblaciones que se veían afectadas, la Sala desestimó los amparos y resolvió que “no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud de alguna persona o personas”. Nótese que para el caso concreto no se indicó o se individualizó una situación de una persona física que se estuviera viendo afectada por lo denunciado en el amparo.

VI.Respecto a la sostenibilidad económica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es evidente -tal como quedó plasmado líneas atrás- que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo lo relativo a la infraestructura. Dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional.

No puede obviarse que los sistemas de seguridad social y específicamente la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentran en un constante dilema respecto de su sostenibilidad económica y financiera, debido a muchos factores: la inversión en la pirámide poblacional, la onerosidad de los procedimientos, de los aparatos y tratamientos, y de la preparación médica, entre otras. Es público, notorio e inobjetable que la demanda supera la oferta y dentro de la institución existen situaciones similares de necesidades de servicio a la que se acusa en este recurso de amparo. No resulta -a nuestro juicio- procedente priorizar los proyectos, contratación de personal a través de recursos de amparo, que por su naturaleza sumaria no permite determinar el impacto financiero que tiene sobre la Caja Costarricense de Seguro Social que, valga decir, tiene autonomía para determinar qué casos son más críticos, urgentes o necesarios de resolver.

Jurídicamente tampoco puede olvidarse que el derecho a la salud se encuentra categorizado como un derecho económico y social que se rige bajo el principio de progresividad y dentro de la propia Constitución hay principios constitucionales en materia presupuestaria que impone unos límites a las Administraciones Públicas.

VII.En conclusión. En fin, salvamos el voto y también declaramos sin lugar el recurso sobre el único extremo que se acoge, pues consideramos que es la propia Caja Costarricense de Seguro Social la que, en atención a sus deberes constitucionales y legales debe definir las prioridades ante las grandes demandas que enfrenta y no cabe hacerlo en un proceso sumario como el amparo.

VCG03/2025 ... Ver más  Res. Nº 2025007799 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil veinticinco .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-002303-0007-CO, interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], [Nombre 002], cédula de identidad [Valor 002], [Nombre 003], cédula de identidad [Valor 003], [Nombre 004], cédula de identidad [Valor 004], [Nombre 005], cédula de identidad [Valor 005], [Nombre 006], cédula de identidad [Valor 006], [Nombre 007], cédula de identidad [Valor 007], [Nombre 008], cédula de identidad [Valor 008], [Nombre 009], cédula de identidad [Valor 009], [Nombre 010], cédula de identidad [Valor 010], [Nombre 011], cédula de identidad [Valor 011], [Nombre 012], cédula de identidad [Valor 012], [Nombre 013], cédula de identidad [Valor 013], [Nombre 014], cédula de identidad [Valor 014], [Nombre 015], cédula de identidad [Valor 015], [Nombre 016], cédula de identidad [Valor 016], [Nombre 017], cédula de identidad [Valor 017], [Nombre 018], cédula de identidad [Valor 018], [Nombre 019], cédula de identidad [Valor 019] y [Nombre 020], cédula de identidad [Valor 020], contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP), el MINISTERIO DE SALUD, la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE MAÍZ, el COMITÉ DE SALUD DE MAÍZ y la JUNTA DE EDUCACIÓN DE MAÍZ.

Resultando:

1.- Por escrito incorporado al expediente digital el 25 de enero de 2025, la parte accionante interpone recurso de amparo. Expone que: “I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: De previo a explicar el motivo de este recurso, explicaremos a la honorable Sala algunos antecedentes sobre nuestro pueblo, así como de otros aledaños, para que se comprendan de mejor manera los motivos de su presentación, y sobre todo la condición de vulnerabilidad en la que nos encontramos. Nuestro pueblo pertenece al distrito de Colinas del Cantón de Buenos Aires, y se encuentra en el límite del territorio indígena Boruca. Los pueblos que se encuentran cercanos, algunos están en el territorio indígena y otros fuera de él. El pueblo de Boruca, a manera de ejemplo, se encuentra aproximadamente a unos 14 kilómetros de distancia, que se recorren en 40 minutos en automóvil 4x4. Además, contamos con un servicio de bus que nos traslada a este poblado (Boruca), una vez al día (solo se ofrece un servicio), por lo que para el traslado debemos tomar todo un día completo para ir y regresar, desde las 5 de la mañana -aproximadamente- y hasta las 4 de la tarde. Dependiendo de la época del año la espera es aún más larga, principalmente porque los caminos son en su gran mayoría, de tierra, piedra y lastre, con sólo breves tramos de pavimento. En el caso de no querer utilizar todo el día para trasladarnos de Maíz a Boruca, se debe pagar un transporte privado, de algunos escasos carros de tipo agrícola que existen en el pueblo, este servicio cuesta alrededor de 15.000 colones a 20.000 colones. También se puede ir en moto, pero no todas cuentan con casco para los pasajeros y no son transportes idóneos o siguiera posibles para adultos mayores, niños o personas con padecimientos óseos, en la espalda u otros similares. Se debe sumar a este gasto la alimentación de todo el día, que no siempre está disponible o que no se encuentra a la venta del público. Tomando en cuenta también que estas tampoco cumplen con requisitos para ciertos pacientes, como por ejemplo los diabéticos. El dinero requerido no está a la mano siempre o tan fácilmente en una comunidad agrícola tan alejada de los centros urbanos en donde la mayoría de los habitantes vive de los ciclos de la cosecha o son peones, por lo que no siempre se cuenta con dinero disponible para realizar dichas compras o gastos. Debido a ello, no siempre se puede viajar a Boruca y no se hace con la regularidad con que otros pobladores en otras zonas del país van a centros más urbanos a realizar compras, mandados, gestiones o viajes recreativos donde pueden organizar su viaje y realizarlo en una fracción del día sin que ello represente algún sacrificio económico tan grande, o que afecte sus labores de trabajo o sus quehaceres en las fincas o sus hogares. En términos sencillos, para movilizarnos a Boruca se requiere hacer esfuerzos extraordinarios que no pueden ser asumidos de forma cotidiana. Por otro lado, en Maíz, no todos los pobladores viven en el centro del pueblo. Están quienes viven a las afueras, sea en el bajo de Cacao o en Maíz Abajo o en otras zonas, quienes deben trasladarse a pie o en caballo. Estas zonas que se mencionan son lugares también de Maíz. Algunos pocos pobladores poseen moto o carro, pero no existen además estaciones de gasolina cerca por lo cual tampoco puede decirse que sea un transporte siempre disponible o de acceso sencillo. Las estaciones de gasolina de “El Brujo” de Buenos Aires, están a una hora (en automóvil) de la salida del territorio indígena de Boruca conocida como la entrada de Térraba. También hay otras estaciones de gasolina en Palmar Sur, que se encuentra ya más lejos. Algunos traslados desde la casa de estas personas, hacia “el centro” del pueblo pueden requerir de una hora y media o más a pie. Quienes cuentan con caballo pueden realizarlo más rápido pero incluso pueden tener que cruzar ríos sin puentes, que en temporadas de lluvia pueden resultar en una amenaza real para la vida humana. Vivir en nuestra comunidad presenta retos reales en la vida cotidiana, uno de ellos es el mencionado transporte dentro del pueblo, pero también lo es para varias localidades vecinas incluso en mayor medida, porque no existe transporte directo a éstas. Por ejemplo, incluso para ir a la cabecera del distrito que es Colinas, usando transporte público los habitantes de Maíz sólo pueden acudir de noche cuando el bus regresa de Buenos Aires. Este bus sale a las 3:30 de la tarde de dicha cabecera de cantón, hace su ruta y pasa finalmente por Maíz, al subirse en esta ruta continúa a otros poblados como San Luis y luego se llega a Colinas. En este lugar que es el destino se tendrían que quedar en la noche para regresar tomando el bus de las 5 am de la mañana que va desde Colinas a Maíz, y luego nuevamente va hasta Buenos Aires, pasando por algunos poblados, pero no todos los de la zona, pues no están conectados por esta ruta. Reiteramos, la movilidad es una situación compleja y difícil que debemos enfrentar día a día. Existen cuatro comunidades cercanas a Maíz; San Luis (que ya se mencionó y está de camino a Colinas la cabecera de distrito), y otras más como Cedral, Jalisco, Mayal y Ojo de Agua. Los habitantes de estas comunidades realizan algunas de sus gestiones y obtienen algunos servicios básicos en la localidad de Maíz, que a su vez es la población más cercana para ellos. Esto es un dato de vital importancia que se ahondará más adelante en nuestro recurso. En el caso de Cedral, éste no posee bus a Maíz, ni directo a Boruca. Sino que debe acudir a la “salida” que se encuentra en una zona de Maíz conocida como Maíz Arriba y no en su propio pueblo, por lo que deben tomar este bus dentro de su ruta. Con ello, puede comprenderse que es más difícil acudir a Boruca que a Maíz. En el presente, en dicho pueblo viven algunas personas adultas mayores y se trasladan cuando lo requieren incluso a pie, transitando por caminos de difícil acceso principalmente en la estación lluviosa pues no poseen pavimento y no se cuenta con puentes en los afluentes de agua. Existe en este camino un cuerpo de agua conocido como la Quebrada de la Esperanza. Misma que por su volumen de caudal es tratada con el debido respeto y prevención propios de la vida rural junto a la naturaleza, en donde no existen grandes infraestructuras que hagan la vida sencilla y resuelta en algunos temas. En palabras sencillas, cruzar este río es peligroso cuando ha llovido mucho, eso imposibilita el paso en varios momentos y no se recomienda regresar tarde al hogar, cuando aumentan las lluvias por la tarde. También se debe mencionar la comunidad de San Luis, que se comunica con Maíz a través del mismo bus único que sale de Colinas y pasa por dicho pueblo una vez al día. Esta comunidad, es más pequeña que nuestro pueblo y para llegar a él se deben cruzar dos ríos de considerable tamaño, estos sí poseen puente y es una comunidad más cercana pero el traslado es un camino empinado o bastante vertical, es decir trabajoso que se tarda en recorrer a pie y representa un esfuerzo grande para trasladarse. En este pueblo existen muchas personas adultas mayores. También, algunas familias de otra comunidad acuden a Maíz por servicios. Estas personas provienen de un pueblo que se llama Mayal y tiene menor población. Sin embargo, se encuentra en cuanto a ubicación más alejado o complejo para salir de su poblado. Deben primero acudir al camino “más transitado” por donde pasa el bus en una salida que queda cerca del poblado vecino de Maíz que es Ojo de Agua y luego pueden llegar a Maíz, bajando por un camino que al regresar es un camino laborioso y empinado. La comunidad de Ojo de Agua que se menciona entonces se encuentra en medio de estas poblaciones y emplea el mismo bus, también se desplaza por el mismo camino. Existen algunas familias que acuden a Maíz para recibir servicios básicos también. Además existe otra comunidad llamada Jalisco, que tiene su ingreso y salida más cerca del pueblo de San Luis que comentamos arriba, al igual que Mayal no posee bus propio y mucha de su población debe proveerse traslado privado, o de lo contrario, si no posee los medios suficientes se deben transportar a caballo o a pie. La distancia como se ve entre los pueblos es de varios kilómetros, por temperaturas que suelen ser altas, y presentan peripecias como la inclinación del terreno, ríos que pueden estar crecidos con o sin puentes, un camino que no presenta un buen estado siempre, al que sólo se puede tener acceso en carros 4x4, así como un horario de servicio de bus bastante limitado. La distancia de cada pueblo a Maíz es la siguiente: Mayal (5.4 km), Ojo de Agua (3.6 km), Jalisco (6 km), Cedral (3.2 km) y San Luis (3.3 km). Alejar a las personas aún más de Maíz representa una enorme dificultad, así como esfuerzos de tiempo y dinero importantes. Debido a ello cualquier cambio que aleje de Maíz los servicios que se obtengan en esta comunidad afectaría también los pueblos mencionados, junto con nuestro pueblo debido a su alejamiento y a las condiciones descritas. Además, no se debe olvidar que los habitantes de estos lugares al igual que los nuestros no siempre viven en el centro, sino que están alejados en fincas o caseríos más reducidos. Para mayor comprensión, se adjunta un croquis artesanal realizado por uno de nosotros (se adjunta como prueba). También, para contexto de los señores Magistrados y con la finalidad de que tengan el caso completo se les indica que algunos de estos pueblos se encuentran dentro del territorio indígena, como lo son Ojo de Agua, Mayal, gran parte de Maíz, una parte de Cedral y otros se encuentran fuera del territorio como Jalisco y San Luis. Esta referencia con la finalidad de que la Sala lo tome en cuenta en su análisis. Así las cosas, ya con el contexto dado a los honorables magistrados es momento de proceder a indicar que nuestros motivos son los siguientes: MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO: El día 22 de enero del presente año, se remite a los vecinos de la comunidad, un comunicado firmado por los representantes de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz, y la Junta de Educación de Maíz, y dirigido a los “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz”, en el que se indica, entre otras cosas, que no se daría más atención en el Puesto de Salud, a partir del 27 de enero. Además, se menciona que debemos hacer los traslados como pacientes e ir a las citas a la comunidad de Boruca. Todo lo anterior, a través de un proceso previo que realizaron internamente, sin conocimiento del pueblo y en el que sólo conocimos que se compraría eventualmente un nuevo lote para construir el centro de salud. (Se adjunta comunicado como prueba). Debe destacarse que el comunicado fue enviado a vecinos de Maíz, pero también a personas de los pueblos aledaños de Jalisco, Ojo de Agua, Mayal y San Luis, que reciben consulta médica, tratamientos para enfermedades crónicas y recetas de medicamentos de primera necesidad en el mencionado puesto de salud. SEGUNDO: El día 23 de enero del año en curso (hace dos días), se nos da a conocer (sin ningún documento que lo explique o que evidencie los alcances de su contenido) que el Comité de Salud de la Comunidad de Maíz había solicitado el traslado de atención de pacientes al EBAIS de Boruca el 17 de enero de 2025. Lo anterior se confirmó mediante un documento en que el doctor Paulo Baeza Chacón, como director a.i. del Área de Salud de Buenos Aires autoriza el traslado a Boruca de la atención de los pobladores de Maíz y pueblos de alrededor con la siguiente fundamentación “Una vez analizado el caso y la situación expuesta, se autoriza a que a partir del 27/01/2025 la comunidad de Maíz sea atendida en el EBAIS de Boruca”. (Se adjunta como prueba). CUARTO: Tal y como se indicó, se desconoce la solicitud realizada por el Comité de Salud, pero tampoco conocemos ninguna orden de desalojo existente por parte del Ministerio de Salud y tampoco conocemos la existencia de algún documento que registre y analice algún motivo técnico o legal para haber realizado cualquier cambio en cuanto al lugar del puesto de salud o la infraestructura con la que se cuenta. Hay una gran oscuridad en cuanto a la información que ostentan los comités y que no se brinda a la comunidad. QUINTO: No se consultó a los pacientes atendidos, habitantes y cualquier interesado, sino que se procedió a resolver el tema de una manera unilateral y que consideramos no es la más adecuada para nuestro Derecho a la Salud en las condiciones en las que viven nuestros pueblos. Recalcamos que en este proceso no participamos como pacientes y pobladores en esta decisión y no fuimos tomados en cuenta. Así como tampoco se tomaron en cuenta las particularidades del lugar, con una decisión que a todas luces carece de sentido y de ser el mejor interés de los administrados y del mismo fin público de perseguir la salud de la población aún en los lugares más alejados del país. Algo que siempre ha caracterizado a la Caja Costarricense del Seguro Social, incluso en esta zona del país en donde existe este puesto desde hace más de 40 años. SEXTO: Llama profundamente la atención, que en el comunicado señalan algunas problemáticas que se venían dando acerca de una supuesta imposibilidad de renovar permisos para el Ministerio de Salud, sin detenerse en realmente de qué se trata ni informarles a los pacientes. No se tiene conocimiento tampoco de alguna medida concreta, pronta y cumplida que se tenga a futuro inmediato para que sean los pacientes atendidos en Maíz. Es decir, no hay atención inmediata y protección al derecho a la salud sino que únicamente se posterga o se anula dicha gestión para el pueblo trasladando la atención a otro lugar sin realizar ninguna otra gestión a corto plazo. Se ve una clara inercia por parte de la CCSS, tanto para atender el problema presentado como para informar a la población. Se menciona únicamente que existe un proyecto posible de construcción a mediano o largo plazo, del que no se tiene avance dado al público con documentos oficiales, y del que no parece haber avances según se menciona en por el COVID, lo cual llama la atención porque el COVID ocurrió hace ya 5 años y no parece haberse dado una respuesta a la situación. SÉTIMO: Se menciona en el comunicado que “la Escuela ya inició su Proyecto de construcción, por lo que requiere el terreno donde se encuentra la casa de salud, por tal razón debemos desocupar dichas instalaciones y no se cuenta en la comunidad con otra infraestructura …” Según nuestro conocimiento este lote fue donado hace muchos años por el Señor Román Morales, quien donó también parte de la Plaza de Deportes para que se hiciera ahí el puesto de salud donde ha permanecido durante más de 30 años y hemos sido atendidos como pacientes hasta la fecha. El lote de la Escuela por su parte se donó por otra persona. Estos hechos son conocidos por el pueblo. La Sala ha resuelto recientemente dos recursos de amparo sobre el lote de la Escuela de Maíz y un pretendido intercambio por la Plaza de deportes. No comprendemos cuál fue el procedimiento para que el Ministerio de Educación aceptara o realizara el cambio de destino de un bien dedicado a un fin público como la atención de la salud para otro fin también loable y sabemos absolutamente necesario como el fin de la educación. Pero esto no lo comprendemos porque sigue siendo otro fin. La situación es que un bien donado hace 40 años y usado por la población como puesto de salud, ahora se nos indica que se hizo aparentemente un cambio por otro lote o una donación o no sabemos qué ocurrió y esto se realizó tal y como lo indica el comunicado sin verificar que existiera otra localidad o recinto en donde se pudiera atender a los pacientes en las condiciones requeridas. Tampoco comprendemos cómo es que se realizó el cambio y aún no se recibió un bien igual o con las condiciones ya listas para poder usarlo como puesto de salud. OCTAVO: Cerca de dicho proyecto que se realiza de la Escuela se encuentra espacialmente el puesto de salud, que siempre ha ocupado ese lugar. Se aportan fotografías. Deba anotarse para los señores magistrados, que la entrada del puesto de Salud se encontraba sobre la escuela y debajo de la edificación del CEN o comedor escolar, de lo cual damos fe y declaramos que vimos y acudimos a atención médica por este camino, tipo servidumbre que existía. En las fotografías aportadas se indica la ubicación más claramente. Actualmente dicha entrada fue removida con tractor a raíz de este proyecto de la Escuela, por lo cual dicho ingreso desapareció por accionar del mismo Estado. NOVENO: Sumamos a estos eventos nuestro conocimiento de que recientemente se realizaron renovaciones a dicho puesto en el que se invirtió para poder incluir un baño que cumpliera con lo dispuesto en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N°7600. DÉCIMO: Queremos dejar claro que el traslado al EBAIS de Boruca para todas nuestras citas y atenciones médicas nos causa un perjuicio grave, que no sólo tiene que ver con la cantidad de kilómetros que debemos recorrer, sino también con todas las circunstancias que rodean nuestros pueblos y que ya hicimos de conocimiento de ustedes. PETICIÓN: Se solicita respetuosamente: 1- Se ordene MEDIDA CAUTELAR de suspensión de la medida administrativa de traslado de atención al EBAIS de Boruca por vulnerar el ejercicio y protección del derecho a la salud. 2- Se ordene a la CCSS proveer de una solución temporal si el local actual no puede cumplir con los requerimientos para continuar recibiendo atención primaria en la comunidad de Maíz y así evitar traslados que resultan cuantiosos y complicados para nosotros. 3- Se ordene a los recurridos no violentar nuestro derecho a la participación ciudadana y la información sobre los aspectos que inciden directamente en nuestro derecho a la salud, informando de forma completa, clara, precisa y con tiempo suficiente para tomar previsiones, sobre las decisiones que nos afectan. 4- Se ordene, en caso de no estarse realizando la contratación apuntada en el comunicado, se realice dicho proceso con premura para que se construya un nuevo puesto de salud en un lugar que cumpla con los requisitos. 5- Se ordene al Ministerio de Educación señalar cuál fue el procedimiento para aceptar el cambio de destino de un bien dedicado a un fin público como la atención de la salud para el fin de la educación. 6- Se ordene al Ministerio de Educación indicar por qué se removió la entrada al puesto de salud dejándolo sin una salida propia. 7- Se ordene al Ministerio de Educación Pública y al Ministerio de Salud no ordenar o demoler el actual edificio del puesto de salud y abstenerse de cualquier construcción hasta tanto no se cuente con un lugar en el que se pueda recibir atención médica como puesto de salud. 8- Se nos aclare por parte del Ministerio de Salud o la CCSS cuál es la situación del terreno que años atrás fue donado para puesto de Salud (…)”.

2.- Mediante resolución de la Presidencia de la Sala de las 12:26 horas del 30 de enero de 2025, se dio curso al proceso y se requirió informe la presidente ejecutiva y el gerente médico, ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social; la ministra de Salud y la ministra de Educación Pública, sobre los hechos alegados por la parte recurrente.

3.- Por escrito incorporado al expediente digital el 5 de febrero de 2025, informa bajo juramento Mary Munive Argermüller, en su condición de ministra de Salud. Explica: “Ahora bien, en atención del presente recurso, procedo a emitir informe de ley con sustento en el oficio N° CARTA-MS-DRRSBRU-0155-2025 (adjunto) de fecha 03 de febrero de 2025, emitido por el Dr. Chtistian Valverde Alpízar Director Regional de Rectoría de la Salud Brunca y por el Dr. Randall Bejarano Campos, Director del Área Rectora de Salud de Buenos Aires de dicha Dirección Regional, mediante el cual se indica lo siguiente: “Oficio N° CARTA-MS-DRRSBRU-0155-2025 Con relación a (sic) la decisión de que, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social no se brinde más atención en la Casa de Salud de Maíz de Boruca, es un tema sobre el cual este Ministerio no tiene injerencia, no obstante, es importante indicar que, según el expediente administrativo de dicho establecimiento, el 16 de setiembre de 2024 se emitió la orden sanitaria MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024, mediante la cual se conmina al señor José Pablo Ruíz Rodríguez para que en el plazo de 3 meses (contados a partir de la notificación de la misma) proceda a: Modificar las dimensiones de la cabina del servicio sanitario accesible a las personas con alguna discapacidad de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 7600. Instalar los accesorios del servicio sanitario (toalleras, papeleras, pañeras) a una altura máxima de 0,90 metros. Instalar un espejo en la cabina del servicio sanitario accesible a las personas con alguna discapacidad a una altura máxima de 80 cm. Disponer de un dispensador de papel toalla por cada estación de lavado de manos ubicada en los consultorios. Disponer de un plan de atención de emergencias. Contar con un programa de manejo integral de residuos. Instalar un sistema de detector de humo en el establecimiento. Esta orden sanitaria fue notificada por correo electrónico el 16 de setiembre de 2024 y se tiene programada una visita de inspección para el martes 04 de febrero de 2025. Finalmente, es importante indicar que al establecimiento Casa de Salud de Maíz se le otorgó, por parte del Área Rectora de Salud de Buenos Aires, Permiso de Habilitación MS-DRRSBRU-DARS-BA-H-0595-2024 el 02 de diciembre de 2024, con vigencia al 07 de agosto de 2029. Así las cosas, no existe por parte de este Ministerio ninguna orden de clausura o desalojo emitida contra la Casa de Salud de Maíz, únicamente se tiene una orden sanitaria y se tiene programado realizar visita de inspección a fin de brindar seguimiento a su cumplimiento el 04 de febrero de 2025.” (…)” Al respecto cabe manifestar que, la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social de no brindar más atención en la Casa de Salud de Maíz de Boruca es ajena a la competencia de este Ministerio; sin embargo, es menester señalar que las autoridades de la Dirección del Área Rectora de Salud de Buenos Aires, emitieron la orden sanitaria MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 con fecha 16 de setiembre de 2024, conteniendo una serie de disposiciones físico sanitarias para garantizar el cumplimiento de la normativa de salud y seguridad en el establecimiento “Casa de Salud de Maíz”. Dicha orden fue debidamente notificada y como parte del seguimiento a su cumplimiento, esa misma autoridad sanitaria realizará una inspección el día 04 de febrero de 2025. Asimismo, se reitera que no existe ninguna orden de clausura o desalojo contra la Casa de Salud de Maíz, ya que cuenta con un permiso de habilitación vigente hasta el 07 de agosto de 2029, otorgado por parte de autoridades del Área Rectora de Salud de Buenos Aires (…) PETITORIA Con sustento en lo expuesto, así como en la prueba existente y presentada mediante el presente informe, respetuosamente solicito a la Honorable Sala Constitucional DECLARAR SIN LUGAR el presente Recurso de Amparo, por cuanto la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social de no brindar más atención en la Casa de Salud de Maíz de Boruca es ajena a la competencia de este Ministerio. Valga agregar que este Ministerio no ha girado orden de clausura o desalojo contra la Casa de Salud de Maíz, a la fecha se ha emitido el mandato sanitario MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024, conteniendo una serie de disposiciones físico sanitarias en procura de garantizar el cumplimiento de la normativa de salud y seguridad en el establecimiento de marras. Así las cosas, reitero la solicitud respetuosa de que se EXIMA DE TODA RESPONSABILIDAD A LA SUSCRITA MINISTRA DE SALUD, Y AL MINISTERIO DE SALUD Y SE DECLARE SIN LUGAR EL PRESENTE RECURSO DE AMPARO”.

4.- Por escrito incorporado al expediente digital el 5 de febrero de 2025, informa bajo juramento Mónica Taylor Hernández, en su condición de presidenta ejecutiva de la CCSS. Manifiesta: “DE PREVIO Se indica preliminarmente a los señores Magistrados que la suscrita presidenta no tiene conocimiento directo sobre los hechos alegados por quien recurre ante la estimable Sala Constitucional, toda vez que, no se encuentran dentro de las labores sustantivas inherentes a la Presidencia Ejecutiva1. Ergo, se acudió al órgano técnico competente a fin de que se brindara informe sobre los hechos expuestos por el petente, mismo que fue remitido por parte del Área de Salud Buenos Aires y Dirección de Planificación Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social a esta presidencia, con el objeto de atender el curso del recurso, acogido por la honorable sala. (…) II. INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: Según informó Luis Rodolfo Granados Hernández, Director del Área de Salud de Buenos Aires, se emite la siguiente respuesta: “(…) Ubicación geográfica: Es cierto que la ubicación geográfica de la comunidad mencionada es la que ha sido indicada, y de acuerdo con la información disponible, este dato corresponde a la realidad. Servicio público: Con respecto al servicio público, también confirmamos que la información presentada es cierta. El Área de Salud de Buenos Aires tiene conocimiento de las limitaciones y características del acceso a servicios de salud en la región. Condición de los caminos: En relación con las condiciones de los caminos, es igualmente cierto que estos presentan dificultades para el acceso a los centros de salud, lo cual ha sido un tema recurrente en diversas gestiones previas. Cobro de servicios privados: En cuanto al cobro de servicios privados mencionados en el recurso, el Área de Salud de Buenos Aires desconoce los montos específicos de pago de estos servicios privados, ya que no es competencia ni responsabilidad directa de esta institución. Uso del casco para moto: En relación con la afirmación sobre la falta de uso de casco por parte de los conductores de motocicletas, es cierto que, lamentablemente, este es un problema identificado en el cantón, y se encuentra fuera del ámbito de control directo del Área de Salud. Montos de dineros utilizados: Respecto al monto de los recursos utilizados, se desconoce la cifra exacta a la que hace referencia la recurrente, pues dicha información no está bajo el ámbito de acción de esta entidad. Posibilidades de traslado a Boruca: En cuanto a las posibilidades de los ciudadanos para trasladarse hasta Boruca, no es posible verificar con precisión las condiciones económicas o personales de cada ciudadano para hacer frente a los costos de traslado, ya que esta es una circunstancia particular de cada habitante, fuera del alcance del Área de Salud. Distribución de ciudadanos en Maíz: En lo que respecta a la distribución de los ciudadanos en Maíz, es cierto que no todos los habitantes están concentrados en el centro del poblado, lo que afecta el acceso a los servicios. Sin embargo, esta información es conocida por la comunidad y corresponde a las condiciones geográficas del lugar. Propiedad de vehículos (carro o moto): En relación con la propiedad de vehículos (carro o moto) de los ciudadanos, desconocemos los datos exactos sobre el porcentaje de la población que posee dichos medios de transporte, ya que esta es una información de índole privada y no está bajo la gestión del Área de Salud. Nota del 22 de enero de 2025: En cuanto a la nota mencionada del 22 de enero de 2025, esta institución desconoce su contenido, ya que el Área de Salud de Buenos Aires no fue copiada en la misma y, por tanto, no tiene acceso directo a la información contenida en dicho documento. Acciones de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz, y la Junta de Educación de Maíz: Las acciones realizadas por la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz corresponden al ámbito comunitario y no son de conocimiento directo o responsabilidad del Área de Salud. Estas entidades actúan de manera autónoma dentro de su ámbito de competencia. Nota recibida del Comité de Salud de Maíz de Boruca (17 de enero de 2025): El Área de Salud de Buenos Aires recibió la nota del Comité de Salud de Maíz de Boruca el 17 de enero de 2025. Dicha solicitud fue atendida oportunamente mediante el oficio ASBA-DM-0035-2025, suscrito por el Dr. Paulo Baeza Chacón, Director a.i. del Área de Salud de Buenos Aires. Consulta de los habitantes: En relación con la consulta mencionada sobre los habitantes, esta institución desconoce los detalles específicos, ya que corresponde a un ámbito comunitario y no está bajo la responsabilidad directa del Área de Salud. (…)” Visto el informe, el Despacho de la Presidencia Ejecutiva hace una revisión de las causas tenidas por el Área de Salud para la movilización de la atención del pueblo de Maíz al EBAIS Boruca y, se tiene como hecho generador un oficio suscrito por Angiere Aguilar Barquero, miembro del Comité de Salud Maíz Boruca, que en lo conducente indica: “(…) Por este medio, el Comité de Salud de Maíz de Colinas, nos dirigimos a usted para informarle lo siguiente: Como es del conocimiento de esta Dirección y Administración del ASBA, este Comité de Salud ha estado coordinando un Proyecto de construcción de una nueva Casa de Salud, y que tienen conocimiento sobre los motivos, las condiciones y acuerdos a las que se llegaron para conseguir un lote con las características requeridas, por tanto, el lote de la casa de salud actual ahora pertenece a la Escuela de Maíz, y ellos ya están en el proceso de construcción de una Escuela nueva y requieren del terreno. Por lo anterior le informamos y solicitamos la coordinación y autorización necesaria y en el menor tiempo posible, para trasladar y brindar las consultas médicas de Maíz a las instalaciones del EBAIS de Boruca, ya que se han valorado otras infraestructuras en la comunidad de Maíz pero no están aptas para brindar las consultas médicas y requieren de mucha inversión para hacer las mejoras correspondientes. Por estas razones la mejor alternativa es brindar el servicio en el EBAIS Boruca, por el tiempo que se requiera mientras se le da tramite al proyecto de construcción, para lo cual aprovechamos para solicitarles todo su apoyo en la gestión y coordinación para que dicho proyecto se ejecute en el menor tiempo posible, valorando las dificultades por distancia a las que van a tener que enfrentarse los pacientes para trasladarse a Boruca a recibir la atención medica requerida. También necesitamos se coordine el destino de los activos que pertenecen a la CCSS. Sin más por el momento, agradecemos su atención y ayuda, quedamos en espera de su autorización para la respectiva coordinación e información a nuestros usuarios. (…)”. El subrayado es propio (…) El oficio up supra, demuestra la necesidad de atención en el EBAIS Boruca, debido a la valoración de otras infraestructuras que no se adaptaban a la atención médica requerida ante la solicitud de la Escuela de Maíz de la infraestructura prestada para dicho fin. En concordancia con lo anterior, tal como se puede observar en la imagen adjunta, dicho requerimiento fue aprobado por el Dr. Paulo Baeza, como parte de las acciones para garantizar la continuidad de los servicios a la comunidad de Maíz de Boruca. (…) En atención a dicha solicitud fue que se tomó la decisión de brindar el servicio en el EBAIS Boruca, con el fin de garantizar la continuidad en la atención de la comunidad de Maíz. Colorario de lo anterior, esta Presidencia conoce que la decisión denunciada por el pueblo de Maíz respondió a una decisión tomada por el Dr. Paulo Baeza Chacón a solicitud del Comité de Salud de dicha comunidad, lo que si bien es cierto no responde a la metodología consultiva para pueblos indígenas, responde a una solicitud clara y manifiesta del comité en representación de la comunidad. Aunado a esto, mediante oficio DRIPSSB-ASBA-ADM-024-2023, se conoció sobre los proyectos a desarrollar en territorios indígenas Buenos Aires, teniendo en el punto 7. Otros, inciso a): “(…) Construcción del Puesto de Visita Periódica de Maíz de Boruca, inicio del proceso de consulta indígena como requisito previo para la en este territorio. Se cuenta con Convenio de Uso en calidad de préstamo del terreno a utilizar en trámite de formalización en Gerencia Médica. Incluido en portafolio de Inversión Institucional formulado para el periodo 2024. Monto aproximado de inversión ¢250.000.000,00 (…)” Conforme el Boletín Mensual Portafolio Estratégico de la Dirección de Planificación Institucional, dicho proyecto se encuentra dentro del Portafolio de Inversión, categorizado dentro de los proyectos Relevantes (a octubre 2024), tal como se logra observar en la imagen adjunta. (…) Conforme la información brindada a este despacho por la Ing. Susan Peraza Solano, Directora de Planificación Institucional, el proyecto se encuentra con el presupuesto autorizado y cuenta con un 40% de proceso en la adquisición de terreno y un 17% en el ciclo de vida. (…) En conclusión, el Área de Salud de Buenos Aires actuó en garantía de la comunidad de Maíz, ante la solicitud de la infraestructura por parte de la Escuela de Maíz para la construcción de una nueva infraestructura, suprimiendo la posibilidad de mantener el puesto de visita pues, tal como lo expresa la misma Comisión, “ya que se han valorado otras infraestructuras en la comunidad de Maíz pero no están aptas para brindar las consultas médicas y requieren de mucha inversión para hacer las mejoras correspondientes” y la institución, como órgano garante en la prestación de servicios de salud, realiza el traslado temporal al EBAIS Boruca, cuya infraestructura permite el correcto abordaje de los requerimientos de las personas usuarias, al menos hasta que el proyecto de construcción del puesto de visita se concrete. La Presidencia Ejecutiva reitera su disposición para atender las necesidades de las comunidades indígenas y trabajar de manera conjunta, garantizando la continuidad y calidad de los servicios de salud. Reafirmamos nuestra voluntad de colaborar con las autoridades y la comunidad para encontrar soluciones que favorezcan a todos los ciudadanos, conforme a las posibilidades institucionales. En mérito de lo expuesto, no se aprecia alguna situación en concreto que sea susceptible de la tutela constitucional. De esta forma, se solicita respetuosamente declarar sin lugar el recurso en contra de la institución toda vez que, el requerimiento fue solicitado por la misma comunidad mediante el Comité de Salud ante la amenaza manifiesta en los accesos de servicios de salud por no contar con un espacio que garantice la seguridad de la comunidad. DERECHO Y OTRAS CONSIDERACIONES El derecho a la salud es un derecho fundamental inherente a toda persona, el cual se encuentra tutelado desde la constitución de la Organización Mundial de la Salud en 1946, reiterado posteriormente en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en el año 1998, siendo reconocido en diversos instrumentos internacionales, entre los cuales se encuentran lo regulado en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos2, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 3 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos4. En virtud de ello, para la adecuada protección del derecho a la salud, la Sala ha reiterado el carácter de servicio público que poseen los servicios de salud, estimando que como tales debe cumplirse en todo momento con las características de eficiencia, celeridad, simplicidad y oportunidad en la prestación de estos. Particularmente sobre este carácter, mediante sentencia 2005-5600, de dieciséis horas con treinta y cuatro minutos del diez de mayo del dos mil cinco, la Sala definió que: (…) Ahora bien cuando se trata de la protección del derecho a la salud, de manera particular debe hacerse referencia también, al contenido de la observación No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU5, órgano creado dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para interpretar, supervisar y proteger la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual constituye una observación general sobre el derecho a la salud, cuyo comprensión resulta de particular interés en el análisis del asunto objeto de amparo, dado que se trata de la principal interpretación hecha en cuanto al derecho a la protección de la salud por parte del organismo internacional de mayor jerarquía, como lo es la ONU, por medio del citado Comité. Entre las principales consideraciones que se incluyen en dicha Observación, encontramos las siguientes: (…) Nótese entonces que cuando se trata de la protección del derecho a la salud existen elementos básicos esenciales que deben ser considerados para garantizar el pleno disfrute de este derecho, como lo son la adaptabilidad, la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad, siendo que, los servicios requeridos deben ser garantizados para atender a toda la población, bajo parámetros de equidad, priorizando los mismos según las necesidades más apremiantes que sean identificadas y para los grupos más vulnerables. En la jurisprudencia constitucional se ha reconocido el derecho a la salud de la siguiente manera: (…) Ahora bien, de una interpretación integral de la Constitución Política, se puede señalar que el derecho a la salud tiene fundamento en las siguientes normas: el artículo 21 que dispone, la vida humana es inviolable; el artículo 46, último párrafo, que se refiere al derecho del consumidor y usuarios a la protección de su salud; el artículo 50, párrafo segundo, que señala el derecho a un ambiente sano; el artículo 73 el cual establece que el gobierno y administración de los seguros sociales a cargo de la CCSS; y el artículo 177 referido a la universalización del seguro de salud y la obligación del Estado de contribuir económicamente en este punto. Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 1º establece que la salud es un bien de interés público, mientras que el numeral 2 de dicho cuerpo normativo dispone que es función esencial del Estado velar por la salud de la población. Ello evidencia que se trata de un derecho cuya protección no es exclusiva de la Caja sino del Estado como tal. Tolo lo anterior permite señalar que el derecho a la salud es un derecho complejo cuya protección depende de múltiples factores, tanto a nivel interno como externo de la Caja. Ello tomando en consideración que los bienes jurídicos protegidos por este, la salud y la vida humana, dependen de factores determinantes de distinta naturaleza (económicos, sociales, culturales, ecológicos, biológicos, de administración de los servicios, entre otros). En consecuencia, es indispensable que en cada caso concreto que realice el debido análisis que permita comprender cuáles de esos factores están relacionados con el caso concreto, para así poder tener claridad del cuadro fáctico objeto de estudio. PETITORIA. De conformidad con lo expuesto solicito se desestime y declare sin lugar en todos sus extremos el presente recurso de amparo, toda vez que se demuestra que la institución no ha incurrido en ningún quebranto a los derechos constitucionales de la amparada, así como su consecutiva exoneración en costas”.

5.- Por escrito incorporado al expediente digital el 6 de febrero de 2025, se apersona Luis Rodolfo Granados Hernández, en su condición de director del Área de Salude de Buenos Aires de la CCSS. Menciona: “Con respecto al Recurso de Amparo interpuesto por la señora [Nombre 001], en el expediente antes citado, y tras un análisis detallado de los hechos expuestos en su solicitud, esta institución se permite emitir la siguiente respuesta: 1. Ubicación geográfica: Es cierto que la ubicación geográfica de la comunidad mencionada es la que ha sido indicada, y de acuerdo con la información disponible, este dato corresponde a la realidad. 2. Servicio público: Con respecto al servicio público, también confirmamos que la información presentada es cierta. El Área de Salud de Buenos Aires tiene conocimiento de las limitaciones y características del acceso a servicios de salud en la región. 3. Condición de los caminos: En relación con las condiciones de los caminos, es igualmente cierto que estos presentan dificultades para el acceso a los centros de salud, lo cual ha sido un tema recurrente en diversas gestiones previas. 4. Cobro de servicios privados: En cuanto al cobro de servicios privados mencionados en el recurso, el Área de Salud de Buenos Aires desconoce los montos específicos de pago de estos servicios privados, ya que no es competencia ni responsabilidad directa de esta institución. 5. Uso del casco para moto: En relación con la afirmación sobre la falta de uso de casco por parte de los conductores de motocicletas, es cierto que, lamentablemente, este es un problema identificado en el cantón, y se encuentra fuera del ámbito de control directo del Área de Salud. 6. Montos de dineros utilizados: Respecto al monto de los recursos utilizados, se desconoce la cifra exacta a la que hace referencia la recurrente, pues dicha información no está bajo el ámbito de acción de esta entidad. 7. Posibilidades de traslado a Boruca: En cuanto a las posibilidades de los ciudadanos para trasladarse hasta Boruca, no es posible verificar con precisión las condiciones económicas o personales de cada ciudadano para hacer frente a los costos de traslado, ya que esta es una circunstancia particular de cada habitante, fuera del alcance del Área de Salud. 8. Distribución de ciudadanos en Maíz: En lo que respecta a la distribución de los ciudadanos en Maíz, es cierto que no todos los habitantes están concentrados en el centro del poblado, lo que afecta el acceso a los servicios. Sin embargo, esta información es conocida por la comunidad y corresponde a las condiciones geográficas del lugar. 9. Propiedad de vehículos (carro o moto): En relación con la propiedad de vehículos (carro o moto) de los ciudadanos, desconocemos los datos exactos sobre el porcentaje de la población que posee dichos medios de transporte, ya que esta es una información de índole privada y no está bajo la gestión del Área de Salud. 10. Nota del 22 de enero de 2025: En cuanto a la nota mencionada del 22 de enero de 2025, esta institución desconoce su contenido, ya que el Área de Salud de Buenos Aires no fue copiada en la misma y, por tanto, no tiene acceso directo a la información contenida en dicho documento. 11. Acciones de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz, y la Junta de Educación de Maíz: Las acciones realizadas por la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz corresponden al ámbito comunitario y no son de conocimiento directo o responsabilidad del Área de Salud. Estas entidades actúan de manera autónoma dentro de su ámbito de competencia. 12. Nota recibida del Comité de Salud de Maíz de Boruca (17 de enero de 2025): El Área de Salud de Buenos Aires recibió la nota del Comité de Salud de Maíz de Boruca el 17 de enero de 2025. Dicha solicitud fue atendida oportunamente mediante el oficio ASBA-DM-0035-2025, suscrito por el Dr. Paulo Baeza Chacón, Director a.i. del Área de Salud de Buenos Aires. 13. Consulta de los habitantes: En relación con la consulta mencionada sobre los habitantes, esta institución desconoce los detalles específicos, ya que corresponde a un ámbito comunitario y no está bajo la responsabilidad directa del Área de Salud. En conclusión, el Área de Salud de Buenos Aires reitera su disposición para atender las necesidades de la comunidad y trabajar de manera conjunta en la búsqueda de un consenso para garantizar la continuidad y calidad de los servicios de salud. Reafirmamos nuestra voluntad de colaborar con las autoridades y la comunidad para encontrar soluciones que favorezcan a todos los ciudadanos, sin perder de vista los recursos disponibles y las condiciones del entorno. Finalmente, hacemos un llamado a mantener un enfoque constructivo y colaborativo, en el que se privilegie el bienestar común y se sigan los cauces adecuados para resolver cualquier situación relacionada con los servicios de salud en nuestra región”.

6.- Por escrito incorporado al expediente digital el 6 de febrero de 2025, informa bajo juramento Alexander Sánchez Cabo, en su condición de gerente médico a. i. de la CCSS. Menciona: “Se informa al Tribunal Constitucional que el suscrito no tiene conocimiento puntual ni inmediato de los hechos objeto del recurso, toda vez que la atención directa a los usuarios de los servicios de salud no corresponde una de las funciones sustantivas del Gerente Médico; en mérito de lo anterior, se solicitó informe a la Dirección Médica del Área de Salud de Buenos Aires, al cual me adhiero en su contenido fáctico por desconocerse los hechos. (…) En atención al informe solicitado por la honorable Sala Constitucional, por la alegado por el recurrente, se le solicitó rendir respuesta al respecto a la Dirección Médica del Área de Salud de Buenos Aires, el cual se detalla: INFORME RENDIDO POR EL ÁREA DE SALUD DE BUENOS AIRES El Área de Salud de Buenos Aires aporta informe de fecha 05-11-2025 (se adjunta como prueba), el cual indica lo siguiente: “…Con respecto al Recurso de Amparo interpuesto por la señora [Nombre 001], en el expediente antes citado, y tras un análisis detallado de los hechos expuestos en su solicitud, esta institución se permite emitir la siguiente respuesta: Ubicación geográfica: Es cierto que la ubicación geográfica de la comunidad mencionada es la que ha sido indicada, y de acuerdo con la información disponible, este dato corresponde a la realidad. Servicio público: Con respecto al servicio público, también confirmamos que la información presentada es cierta. El Área de Salud de Buenos Aires tiene conocimiento de las limitaciones y características del acceso a servicios de salud en la región. Condición de los caminos: En relación con las condiciones de los caminos, es igualmente cierto que estos presentan dificultades para el acceso a los centros de salud, lo cual ha sido un tema recurrente en diversas gestiones previas. Cobro de servicios privados: En cuanto al cobro de servicios privados mencionados en el recurso, el Área de Salud de Buenos Aires desconoce los montos específicos de pago de estos servicios privados, ya que no es competencia ni responsabilidad directa de esta institución. Uso del casco para moto: En relación con la afirmación sobre la falta de uso de casco por parte de los conductores de motocicletas, es cierto que, lamentablemente, este es un problema identificado en el cantón, y se encuentra fuera del ámbito de control directo del Área de Salud. Montos de dineros utilizados: Respecto al monto de los recursos utilizados, se desconoce la cifra exacta a la que hace referencia la recurrente, pues dicha información no está bajo el ámbito de acción de esta entidad. Posibilidades de traslado a Boruca: En cuanto a las posibilidades de los ciudadanos para trasladarse hasta Boruca, no es posible verificar con precisión las condiciones económicas o personales de cada ciudadano para hacer frente a los costos de traslado, ya que esta es una circunstancia particular de cada habitante, fuera del alcance del Área de Salud. Distribución de ciudadanos en Maíz: En lo que respecta a la distribución de los ciudadanos en Maíz, es cierto que no todos los habitantes están concentrados en el centro del poblado, lo que afecta el acceso a los servicios. Sin embargo, esta información es conocida por la comunidad y corresponde a las condiciones geográficas del lugar. Propiedad de vehículos (carro o moto): En relación con la propiedad de vehículos (carro o moto) de los ciudadanos, desconocemos los datos exactos sobre el porcentaje de la población que posee dichos medios de transporte, ya que esta es una información de índole privada y no está bajo la gestión del Área de Salud. Nota del 22 de enero de 2025: En cuanto a la nota mencionada del 22 de enero de 2025, esta institución desconoce su contenido, ya que el Área de Salud de Buenos Aires no fue copiada en la misma y, por tanto, no tiene acceso directo a la información contenida en dicho documento. Acciones de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz, y la Junta de Educación de Maíz: Las acciones realizadas por la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz corresponden al ámbito comunitario y no son de conocimiento directo o responsabilidad del Área de Salud. Estas entidades actúan de manera autónoma dentro de su ámbito de competencia. Nota recibida del Comité de Salud de Maíz de Boruca (17 de enero de 2025): El Área de Salud de Buenos Aires recibió la nota del Comité de Salud de Maíz de Boruca el 17 de enero de 2025. Dicha solicitud fue atendida oportunamente mediante el oficio ASBA-DM-0035-2025, suscrito por el Dr. Paulo Baeza Chacón, Director a.i. del Área de Salud de Buenos Aires. Consulta de los habitantes: En relación con la consulta mencionada sobre los habitantes, esta institución desconoce los detalles específicos, ya que corresponde a un ámbito comunitario y no está bajo la responsabilidad directa del Área de Salud. En conclusión, el Área de Salud de Buenos Aires reitera su disposición para atender las necesidades de la comunidad y trabajar de manera conjunta en la búsqueda de un consenso para garantizar la continuidad y calidad de los servicios de salud. Reafirmamos nuestra voluntad de colaborar con las autoridades y la comunidad para encontrar soluciones que favorezcan a todos los ciudadanos, sin perder de vista los recursos disponibles y las condiciones del entorno. Finalmente, hacemos un llamado a mantener un enfoque constructivo y colaborativo, en el que se privilegie el bienestar común y se sigan los cauces adecuados para resolver cualquier situación relacionada con los servicios de salud en nuestra región…” DERECHO Y OTRAS CONSIDERACIONES El derecho a la salud es un derecho fundamental inherente a toda persona, el cual se encuentra tutelado desde la constitución de la Organización Mundial de la Salud en 1946, reiterado posteriormente en la Declaración de Alma-Ata de 1978 y en la Declaración Mundial de la Salud adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en el año 1998, siendo reconocido en diversos instrumentos internacionales, entre los cuales se encuentran lo regulado en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos1, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos3. En virtud de ello, para la adecuada protección del derecho a la salud, la Sala ha reiterado el carácter de servicio público que poseen los servicios de salud, estimando que como tales debe cumplirse en todo momento con las características de eficiencia, celeridad, simplicidad y oportunidad en la prestación de estos. Particularmente sobre este carácter, mediante sentencia 2005-5600, de dieciséis horas con treinta y cuatro minutos del diez de mayo del dos mil cinco, la Sala definió que: “Dentro de tales principios destacan la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad (artículos -todos de la Constitución Política- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger el principio de “eficiencia de la administración”). (…) Esa garantía individual atípica o innominada se acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales de carácter asistencial como los de la seguridad social. (…)”. Ahora bien cuando se trata de la protección del derecho a la salud, de manera particular debe hacerse referencia también, al contenido de la observación No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU4, órgano creado dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para interpretar, supervisar y proteger la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la cual constituye una observación general sobre el derecho a la salud, cuyo comprensión resulta de particular interés en el análisis del asunto objeto de amparo, dado que se trata de la principal interpretación hecha en cuanto al derecho a la protección de la salud por parte del organismo internacional de mayor jerarquía, como lo es la ONU, por medio del citado Comité. Entre las principales consideraciones que se incluyen en dicha Observación, encontramos las siguientes: (…) Nótese entonces que cuando se trata de la protección del derecho a la salud existen elementos básicos esenciales que deben ser considerados para garantizar el pleno disfrute de este derecho, como lo son la adaptabilidad, la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad, siendo que, los servicios requeridos deben ser garantizados para atender a toda la población, bajo parámetros de equidad, priorizando los mismos según las necesidades más apremiantes que sean identificadas y para los grupos más vulnerables. En la jurisprudencia constitucional se ha reconocido el derecho a la salud de la siguiente manera: “En reiteradas ocasiones esta Sala se ha pronunciado acerca del derecho a la vida y a la salud. La Constitución Política en el artículo 21 establece que la vida humana es inviolable, y es a partir de dicho enunciado que se ha derivado el derecho a la salud que tiene todo ciudadano, siendo en definitiva el Estado el encargado de velar por la salud pública. La preponderancia de la vida y de la salud, como valores supremos de las personas, está presente y señalada como de obligada tutela para el Estado, no sólo en la Constitución Política, sino también en diversos instrumentos internacionales suscritos por el país (…)”5 Ahora bien, de una interpretación integral de la Constitución Política, se puede señalar que el derecho a la salud tiene fundamento en las siguientes normas: el artículo 21 que dispone, la vida humana es inviolable; el artículo 46, último párrafo, que se refiere al derecho del consumidor y usuarios a la protección de su salud; el artículo 50, párrafo segundo, que señala el derecho a un ambiente sano; el artículo 73 el cual establece que el gobierno y administración de los seguros sociales a cargo de la CCSS; y el artículo 177 referido a la universalización del seguro de salud y la obligación del Estado de contribuir económicamente en este punto. Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 1º establece que la salud es un bien de interés público, mientras que el numeral 2 de dicho cuerpo normativo dispone que es función esencial del Estado velar por la salud de la población. Ello evidencia que se trata de un derecho cuya protección no es exclusiva de la Caja sino del Estado como tal. Tolo lo anterior permite señalar que el derecho a la salud es un derecho complejo cuya protección depende de múltiples factores, tanto a nivel interno como externo de la Caja. Ello tomando en consideración que los bienes jurídicos protegidos por este, la salud y la vida humana, dependen de factores determinantes de distinta naturaleza (económicos, sociales, culturales, ecológicos, biológicos, de administración de los servicios, entre otros). En consecuencia, es indispensable que en cada caso concreto que realice el debido análisis que permita comprender cuáles de esos factores están relacionados con el caso concreto, para así poder tener claridad del cuadro fáctico objeto de estudio. Queda evidenciado, que no hay un motivo razonable para recurrir, no se desprende del caso que se esté cometiendo infracción alguna contra derecho fundamental alegado en este recurso de amparo, por las siguientes razones: 1. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, la ubicación geográfica: Es cierto que la ubicación geográfica de la comunidad mencionada es la que ha sido indicada, y de acuerdo con la información disponible, este dato corresponde a la realidad. 2. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, el servicio público: Con respecto al servicio público, también confirmamos que la información presentada es cierta. El Área de Salud de Buenos Aires tiene conocimiento de las limitaciones y características del acceso a servicios de salud en la región. 3. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, la condición de los caminos: En relación con las condiciones de los caminos, es igualmente cierto que estos presentan dificultades para el acceso a los centros de salud, lo cual ha sido un tema recurrente en diversas gestiones previas. 4. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, al cobro de servicios privados: En cuanto al cobro de servicios privados mencionados en el recurso, el Área de Salud de Buenos Aires desconoce los montos específicos de pago de estos servicios privados, ya que no es competencia ni responsabilidad directa de esta institución. 5. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, uso del casco para moto: En relación con la afirmación sobre la falta de uso de casco por parte de los conductores de motocicletas, es cierto que, lamentablemente, este es un problema identificado en el cantón, y se encuentra fuera del ámbito de control directo del Área de Salud. 6. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, los montos de dineros utilizados: Respecto al monto de los recursos utilizados, se desconoce la cifra exacta a la que hace referencia la recurrente, pues dicha información no está bajo el ámbito de acción de esta entidad. 7. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, la posibilidades (sic) de traslado a Boruca: En cuanto a las posibilidades de los ciudadanos para trasladarse hasta Boruca, no es posible verificar con precisión las condiciones económicas o personales de cada ciudadano para hacer frente a los costos de traslado, ya que esta es una circunstancia particular de cada habitante, fuera del alcance del Área de Salud. 8. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, la distribución de ciudadanos en Maíz: En lo que respecta a la distribución de los ciudadanos en Maíz, es cierto que no todos los habitantes están concentrados en el centro del poblado, lo que afecta el acceso a los servicios. Sin embargo, esta información es conocida por la comunidad y corresponde a las condiciones geográficas del lugar. 9. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, la propiedad de vehículos (carro o moto): En relación con la propiedad de vehículos (carro o moto) de los ciudadanos, desconocemos los datos exactos sobre el porcentaje de la población que posee dichos medios de transporte, ya que esta es una información de índole privada y no está bajo la gestión del Área de Salud. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, la nota del 22 de enero de 2025: En cuanto a la nota mencionada del 22 de enero de 2025, esta institución desconoce su contenido, ya que el Área de Salud de Buenos Aires no fue copiada en la misma y, por tanto, no tiene acceso directo a la información contenida en dicho documento. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, las acciones de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz, y la Junta de Educación de Maíz: Las acciones realizadas por la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz corresponden al ámbito comunitario y no son de conocimiento directo o responsabilidad del Área de Salud. Estas entidades actúan de manera autónoma dentro de su ámbito de competencia. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, la nota recibida del Comité de Salud de Maíz de Boruca (17 de enero de 2025): El Área de Salud de Buenos Aires recibió la nota del Comité de Salud de Maíz de Boruca el 17 de enero de 2025. Dicha solicitud fue atendida oportunamente mediante el oficio ASBA-DM-0035-2025, suscrito por el Dr. Paulo Baeza Chacón, Director a.i. del Área de Salud de Buenos Aires. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, la consulta de los habitantes: En relación con la consulta mencionada sobre los habitantes, esta institución desconoce los detalles específicos, ya que corresponde a un ámbito comunitario y no está bajo la responsabilidad directa del Área de Salud. Indica Área de Salud de Buenos Aires en su informe que, dicha área reitera su disposición para atender las necesidades de la comunidad y trabajar de manera conjunta en la búsqueda de un consenso para garantizar la continuidad y calidad de los servicios de salud, se reafirmamos nuestra voluntad de colaborar con las autoridades y la comunidad para encontrar soluciones que favorezcan a todos los ciudadanos, sin perder de vista los recursos disponibles y las condiciones del entorno. De conformidad con lo anterior se puede concluir que, por parte de las dependencias institucionales, en ningún momento sean han vulnerado los derechos fundamentales alegados en este recurso, al contrario de la parte actora quien no aporta prueba que demuestres sus aseveraciones. PETITORIA De conformidad con lo expuesto esta Gerencia solicita se declare sin lugar en todos sus extremos el presente recurso de amparo, toda vez que se ha demostrado que en el caso concreto la Caja Costarricense de Seguros Social no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la persona amparada. En el supuesto de que existiera una declaratoria con lugar de este, se solicita se exima a la Caja del pago de daños y perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 52, párrafo 1º de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dada la naturaleza de la función que compete a esta Institución en cuanto a la prestación de servicios médicos, además de que ha quedado claro la buena fe y celeridad con que en este caso ha actuado la Institución”.

7.- Por escrito incorporado al expediente digital el 11 de febrero de 2025 se apersonan Patricia Porras Segura y Sonia Aguilar Zamora, por su orden alcaldesa y presidenta del Concejo Municipal, ambas de la Municipalidad de Aserrí.

8.- Mediante constancia suscrita el 7 de febrero de 2025 por la secretaria a. i. y el técnico judicial 3, ambos de la Sala Constitucional, se indicó: “revisado, a las quince horas cincuenta y uno minutos del siete de febrero de dos mil veinticinco, en el sistema costarricense de gestión de despachos judiciales el control de documentos recibidos y este expediente, no apareció que del 31/01/2025 al 05/02/2025, la MINISTRA DE EDUCACIÓN PÚBLICA haya presentado escrito o documento alguno, a fin de rendir el informe que se le solicitó en la resolución dictada a las doce horas veintiséis minutos del treinta de enero de dos mil veinticinco”.

9.- Mediante resolución del magistrado instructor de las 10:35 horas del 12 de febrero de 2025 se dispuso “se desglosan los escritos incorporados al expediente digital el 11 de febrero de 2025, a fin de que sean conocidos en el expediente nro. 25-002300-0007-CO”.

10.- Por escrito incorporado al expediente digital el 14 de febrero de 2025, informa de manera extemporánea José Sánchez Hernández, en su condición de ministro de Educación. Menciona: “PRIMERO: Mediante oficio DVM-A-DIE-0132-2025, de fecha 10 de febrero de 2025, suscrito por la Dirección de Infraestructura Educativa, se brinda informe DVM-A-DIE-DDO-0054-2025, de fecha 07 de febrero de los corrientes, suscrito por la Arq. Paola Fernández Ángel, funcionaria del Departamento de Desarrollo de Obra de la DIE, el cual en lo conducente indica: … 1. El proyecto surge a partir de la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, en conjunto con el recurso de amparo 22-018251-0007-Co y su resolución N° 2022023279, en la que se dio un plazo determinado para que se realizaran las mejoras físico-sanitarias señaladas por el Ministerio de Salud. 2. Debido a la urgencia del proyecto, se decide realizar un proceso de diseño y construcción para reducir los plazos y atender a la población estudiantil lo antes posible. 3. El 21 de febrero de 2024, por medio del oficio DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, se da la autorización para la contratación de diseño y construcción de las obras que incluyen: mantenimiento mayor de dos aulas académicas, mantenimiento mayor del comedor, construcción de un aula de kínder, construcción de una batería sanitaria, y servicios profesionales como estudios preliminares, anteproyecto, planos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado, programación de obra e inspección. Los estudios básicos incluyen: topografía (rectificación de linderos, catastrado y agrimensura) y estudio de suelos S.P.T. con pruebas de infiltración. 4. Tras el proceso de contratación realizado por la Junta de Educación, se da la orden de inicio el 12 de abril de 2024, 5. El 24 de abril de 2024, se realiza una visita en conjunto con el formulador de la DIE, el arquitecto Gustavo Abarca Mora, la empresa encargada del proyecto, representantes de la Junta de Educación y la directora del Centro Educativo. En dicha visita se informa a esta dependencia que el EBAIS está dentro del terreno del Centro Educativo, en un edificio a modo de préstamo, y que la Junta había acordado con la CCSS que, en cuanto se requiriera, se le solicitaría a la CCSS la liberación del terreno. 6. El 6 de mayo de 2024, la Junta presenta ante la DIE el oficio 003-2024, en el cual indica que se le solicitó al EBAIS que desocupara el edificio y que se da el aval para que en el diseño se tome en cuenta el edificio utilizado temporalmente por el EBAIS, a fin de mejorar el proyecto de infraestructura educativa. 7. Es importante resaltar que, en dicho oficio, la Junta informa que se ofrece a La CCSS la opción de utilizar otro edificio del Centro Educativo, incluso uno más grande que el que se estaba utilizando previamente, para brindar el servicio de salud a la comunidad. 8. Esta Dirección corrobora que el edificio está dentro del terreno del Centro Educativo, según el plano catastral y la certificación de derecho de posesión por parte de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca, e incorpora este edificio al diseño, mejorando sustancialmente las condiciones del proyecto y permitiendo que el Centro Educativo quede con solo una terraza. Por lo tanto, se decide acondicionar este espacio para ser el aula de preescolar. 9. El 18 de diciembre de 2024, se da por finalizada la etapa de diseño, la cual contempla la intervención del edificio del EBAIS. 10. Se adjunta la planta de conjunto aprobada, la cual determina el alcance del proyecto a ejecutar. El edificio que era ocupado por el EBAIS se adaptará para ser el aula de preescolar del centro educativo, lo cual puede observarse en la imagen con la descripción “ADAPTACIÓN PARA KINDER, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA”. 11.Es importante resaltar que se cuenta con un contrato y por ende con todas las responsabilidades contractuales adquiridas. Se concluye así que no se han violentado los derechos fundamentales de la comunidad y que esta dependencia está trabajando para mejorar las condiciones físico-sanitarias en las que se ofrece el servicio fundamental de la educación. SEGUNDO: Por medio de oficio DREGT-DIR-JUD-0001-2025, de fecha 05 de febrero de 2025, suscrito por el señor Gabriel Emilio Mora Monge en calidad de Director Regional de Educación Grande de Térraba, en lo conducente se señala: … 1. En el centro educativo de Maíz de los Borucas se realizan dentro de los límites de la propiedad la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas, como respuesta a orden sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud al centro educativo, mismo que data del año 2015 y que de manera reiterada se ha gestionado para el debido cumplimiento. 2. Como se establece en la ley Indígena N° 6172, los terrenos ubicados dentro de los límites de territorio indígena están bajo la administración de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, quien a su vez en el año 2017 procedió a ratificar la posesión del terreno a favor del centro educativo Maíz de Los Borucas código 0905; como parte del proceso de anotaciones registrales en el año 2003 el Instituto de Desarrollo Agrario había hecho el traspaso oficial de dicho terreno a la ADI Boruca, siendo que tanto el plano catastral como el traspaso que la ADI Boruca hizo a la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas se enmarca en la legalidad (Se adjunta escritura). 3. Es importante indicar que durante algunos años la Junta de Educación cedió a modo de préstamo un pequeño lote para que el centro de salud pudiera operar, con el entendido que cuando la escuela requiriera de dicho terreno, se comunicaría al comité de salud para que hicieran el retiro de las instalaciones o lo que la CCSS determinara a fin de liberar el terreno; por tal razón al contarse con el presupuesto para atender la necesidad de infraestructura de la escuela se le solicito al Ministerio de salud liberar el espacio que se les había facilitado bajo las condiciones conocidas de manera amplia por las partes, así mismo la información se transmitió a los vecinos de la comunidad en diferentes reuniones en donde se analizó la viabilidad de realizar las obras de reconstrucción y nuevas obras para la escuela Maíz de Los Borucas. 4. No menos importante es indicar que la Junta de Educación entendiendo la necesidad que el puesto de salud pudiese funcionar, cedió al Ministerio de salud un lote en posesión de la Junta de Educación en otro lugar en la misma comunidad, todo con conocimiento y participación de la ADI Boruca como administradores de las tierras dentro de los límites del territorio Boruca, se debe aclarar de igual forma que en su momento el Ministerio de Salud indicó que el espacio donde se ubicaba el puesto de salud por las dimensiones y estar dentro de un terreno “ajeno” no era viable para pretender hacer una construcción de la casa de salud que se pretende construir para brindar el servicio de los habitantes de la comunidad de Maíz y sus alrededores. De conformidad con lo expuesto en los informes anteriores, consta que este Ministerio ha actuado dentro del marco normativo vigente, y en estricto apego a los procedimientos y criterios técnicos establecidos por la Administración con relación al (sic) proyecto que se desarrolla dentro de las instalaciones de la Escuela Maíz de los Borucas. Además, de acuerdo con el informe transcrito supra se informa que, el terreno donde se ubicaba el EBAIS pertenece a la Escuela Maíz de los Borucas, y había sido cedido a modo de préstamo por parte de la Junta de Educación. No obstante, debido a la necesidad de infraestructura de dicha escuela se solicitó a la CCSS la devolución del edificio que se les había facilitado. Sin embargo, comprendiendo la importancia del puesto de salud, la Junta de Educación ofreció a la CCSS la posibilidad de utilizar otro edificio del centro educativo, incluso más amplio que el anteriormente utilizado. Debido a lo anterior no se considera se haya vulnerado algún derecho fundamental, por lo que respetuosamente solicitamos a tan Honorable Sala Constitucional declarar sin lugar el presente Recurso de Amparo (…) PETITORIA Por las razones antes expuestas, se solicita se declare sin lugar el presente recurso de amparo y se ordene el archivo del expediente”.

11.- Por escrito incorporado al expediente digital el 14 de febrero de 2025, se apersona Gabriel Mora Monge, en su condición de director de la Dirección Regional Grande del Térraba del MEP. Indica: “En el centro educativo de Maíz de los Borucas se realizan dentro de los límites de la propiedad la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas, como respuesta a orden sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud al centro educativo, mismo que data del año 2015 y que de manera reiterada se ha gestionado para el debido cumplimiento. Como se establece en la ley Indígena N° 6172, los terrenos ubicados dentro de los límites de territorio indígena están bajo la administración de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, quien a su vez en el año 2017 procedió a ratificar la posesión del terreno a favor del centro educativo Maíz de Los Borucas código 0905; como parte del proceso de anotaciones registrales en el año 2003 el Instituto de Desarrollo Agrario había hecho el traspaso oficial de dicho terreno a la ADI Boruca, siendo que tanto el plano catastral como el traspaso que la ADI Boruca hizo a la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas se enmarca en la legalidad (Se adjunta escritura). Es importante indicar que durante algunos años la Junta de Educación cedió a modo de préstamo un pequeño lote para que el centro de salud pudiera operar, con el entendido que cuando la escuela requiriera de dicho terreno, se comunicaría al comité de salud para que hicieran el retiro de las instalaciones o lo que la CCSS determinara a fin de liberar el terreno; por tal razón al contarse con el presupuesto para atender la necesidad de infraestructura de la escuela se le solicito al Ministerio de salud liberar el espacio que se les había facilitado bajo las condiciones conocidas de manera amplia por las partes, así mismo la información se transmitió a los vecinos de la comunidad en diferentes reuniones en donde se analizó la viabilidad de realizar las obras de reconstrucción y nuevas obras para la escuela Maíz de Los Borucas. No menos importante es indicar que la Junta de Educación entendiendo la necesidad que el puesto de salud pudiese funcionar, cedió al Ministerio de salud un lote en posesión de la Junta de Educación en otro lugar en la misma comunidad, todo con conocimiento y participación de la ADI Boruca como administradores de las tierras dentro de los límites del territorio Boruca, se debe aclarar de igual forma que en su momento el Ministerio de Salud indicó que el espacio donde se ubicaba el puesto de salud por las dimensiones y estar dentro de un terreno “ajeno” no era viable para pretender hacer una construcción de la casa de salud que se pretende construir para brindar el servicio de los habitantes de la comunidad de Maíz y sus alrededores. PETITORIA Con fundamento en los hechos y derecho expuestos, se solicita: Se declare sin lugar el recurso de amparo”.

12.- Mediante resolución del magistrado instructor de las 10:55 horas del 17 de febrero de 2025, se dispuso: “se ordena como prueba para mejor resolver a Mónica Taylor Hernández, en su condición de presidenta ejecutiva de la CCSS, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, aclarar a este Tribunal en relación con el proyecto Sede de Visita Periódica Maíz con código CCSS-1223: i) la fecha de inicio; ii) el estado actual; iii) la fecha prevista para su conclusión y iv) el cronograma de ejecución”.

13.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de febrero de 2025, se apersona Karina Rodríguez Méndez, en su condición de abogada de la parte amparada e indica: “Que se tome nota, para efectos de la resolución de este recurso, que en los documentos relacionados a este expediente no se encuentran mencionados ni incluidos las siguientes personas, a pesar de haber firmado como amparados: 1. [Nombre 014] (conocida como Juanita) cédula [Valor 014]. 2. [Nombre 015], cédula [Valor 015]. 3. [Nombre 021], cédula [Valor 016]. 4. [Nombre 022], cédula [Valor 017]. 5. [Nombre 023], cédula [Valor 018]. 6. [Nombre 019], cédula [Valor 019]. 7. [Nombre 024], cédula [Valor 020]”.

14.- Por escrito incorporado al expediente digital el 19 de febrero de 2025, se recibió un desglose efectuado en el expediente 25-002203-0007-CO, mediante el cual se agregó un informe rendido por Mónica Taylor Hernández, en su condición de presidenta ejecutiva de la CCSS, en los mismos términos que en el escrito incorporado al expediente digital el 5 de febrero de 2025.

15.- Por escrito incorporado al expediente digital el 21 de febrero de 2025, se apersona Mónica Taylor Hernández, en su condición de presidenta ejecutiva de la CCSS. Explica: “Mediante oficio PE-0674-2025 de fecha 18 de febrero de 2025, este Despacho de la Presidencia solicita a la Directora de la Dirección de Planificación Institucional, remita informe respecto de lo solicitado por la Autoridad Judicial, en ese sentido la Ing. Susan Peraza Solano, en su condición de Directora, mediante oficio PE-DPI-0203-2025 de fecha 20 de febrero de 2025 y atendido lo instruido por el Despacho de la Presidencia Ejecutiva, remite el informe solicitado en los siguientes términos: “(…) en tal sentido, se procede a contestar cada una de las consultas planteadas: i. Fecha de inicio de operación: 01/08/2028. ii. Estado actual: Etapa: Terreno 40%. Actividad: 40% Proceso de Adquisición de terreno (ILLM). En proceso de firmar el comodato con la Asociación Indígena y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S. iii. Fecha prevista para su conclusión: proyecto programado para el 2027 y 2028. iv. Cronograma de ejecución: (…) Es importante considerar que el 20 de noviembre de 2024 la Gerencia Médica remitió al Dr. Randal José Chavarría Flores, director a.i. el oficio No. GM-17431-2024 con asunto: En atención al oficio DRSS-DRIPSSB-2758-2024 sobre convenio de préstamo gratuito entre la Caja Costarricense del Seguro Social y la Asociación de Desarrollo Integral de Boruca, Maíz de Boruca, Región Brunca, donde en uno de los párrafos se lee lo siguiente: “…Así mismo, del seguimiento de este asunto, se tiene conocimiento que de una revisión satelital el número de finca que será considerado en este acuerdo voluntario es distinto al indicado por parte de la Asociación de Desarrollo Integral Boruca en la documentación del expediente digital conformado al efecto, información compartida a través de la plataforma digital Teams el 12 de noviembre del año en curso. En vista de lo anterior, se les insta a formar nuevamente el expediente para realizar los ajustes necesarios y así continuar con el trámite del convenio.” PETITORIA 1- De conformidad con lo expuesto solicito se tenga por atendido la prueba para mejor resolver, se desestime y declare sin lugar en todos sus extremos el presente recurso de amparo, toda vez que se demuestra que la institución no ha incurrido en ningún quebranto a los derechos constitucionales de la amparada, así como su consecutiva exoneración en costas”.

16.- Por escrito incorporado al expediente digital el 23 de febrero de 2025, la accionante expone: “Que durante la elaboración y presentación de este recurso se dió (sic) un nuevo hecho que vengo a incluir acá, como parte de mis gestiones a favor de mis representados. HECHO NUEVO: La casa de salud fue parcialmente desarticulada, como parte del avance del proyecto que se menciona en este expediente de construcción de Escuela. Esto ocurrió hasta el momento en que fue notificado el recurso de amparo a las autoridades respectivas y no ha presentado avances desde entonces. Petición: Debido a lo anteriormente manifestado solicitamos: 1- Se incluya el nuevo hecho para efectos de la toma de decisión. 2- Solicitamos se admitan como prueba para mejor proveer las ocho fotografías aportadas para respaldar nuestro dicho”.

17.- Por escrito incorporado al expediente digital el 24 de febrero de 2025, se aporta prueba.

18.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,

Considerando:

I.- CUESTIONES PREVIAS. En vista de que la ministra del MEP omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se procede a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas aportadas a los autos.

De segundo, el Tribunal estima improcedente la solicitud de medidas cautelares formulada por la parte recurrente, pues si bien el sub lite se cursó a los efectos de establecer o descartar alguna lesión al orden constitucional, no menos cierto es que el sustento probatorio y argumentativo ab initio es insuficiente para sustentar una apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) con tal grado de probabilidad, que justifique el dictado de tales medidas.

II.- OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes indican que viven en Maíz, el cual se encuentra en el límite del territorio indígena Boruca. Señalan que el 22 de enero de 2025 se recibió un comunicado firmado por representantes de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz dirigido a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz”, mediante el cual se manifestó que no se brindaría más atención en el puesto de salud a partir del 27 de enero de 2025, por lo que se debe gestionar el traslado de los pacientes y asistir a las citas médicas en la comunidad de Boruca. Acusan que tal decisión se adoptó sin consultar previamente al pueblo. Sostienen que lo anterior afecta a la población de Maíz, así como de otros pueblos aledaños como Jalisco, Ojo de Agua, Mayal y San Luis, quienes también recibían la atención médica en el puesto de salud aludido. Afirman que se conoció que, el 17 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz solicitó el trasado de atención de los pacientes al Ebais de Boruca, lo cual fue autorizado por el Área de Salud de Buenos Aires. Recalcan que desconocen algún fundamento técnico de la decisión, ni se tiene conocimiento de algún proyecto a futuro para que los pacientes vuelvan a ser atendidos en Maíz. Señalan que se inició la construcción de la escuela de la comunidad en el terreno en que se encontraba el puesto de salud, pese a que este fue donado exclusivamente para ese propósito, por lo que cuestionan que se haya cambiado el destino de un bien dedicado a la atención de la salud por otro distinto como lo es la educación. Afirman que el cambio de puesto de salud genera múltiples inconvenientes a la población, debido a la distancia a la que deben desplazarse hasta Boruca, el mal estado de los caminos y los inconvenientes del servicio de transporte público que se presta a las diversas comunidades afectadas. Piden que se ordene a la CCSS proveer una solución temporal para continuar brindando atención primaria en la comunidad de Maíz mientras se construye un nuevo puesto de salud.

III.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:

  • a)El 21 de noviembre de 2016, la Asociación de Desarrollo Integral del territorio indígena de Boruca donó un lote a la Junta de Educación de la escuela Maíz con folio real 6-145587-0007 y 6-145588-000. (Ver prueba documental).
  • b)Mediante oficio DRIPSSB-ASBA-ADM-024-2023 del 17 de enero de 2023, el administrador del Área de Salud de Buenos Aires comunicó a la Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca en relación con los proyectos a desarrollar en los territorios indígenas en el año 2023 “(…) a. Construcción del Puesto de Visita Periódica de Maíz de Boruca, inicio del proceso de consulta indígena como requisito previo para la construcción del EBAIS en este territorio. Se cuenta con Convenio de Uso en calidad de préstamo del terreno a utilizar en trámite de formalización en Gerencia Médica. Incluido en portafolio de Inversión Institucional formulado para el periodo 2024. Monto aproximado de inversión ¢250.000.000,00 (…)”. (Ver prueba documental).
  • c)El 16 de setiembre de 2024, el Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 atinente a la Casa de Salud de Maíz, mediante la cual se otorgó un plazo de tres meses para efectuar una serie de actuaciones, entre ellas, contar con un servicio sanitario que cumpla lo dispuesto en la ley nro. 7600. (Ver prueba documental).
  • d)El 2 de diciembre de 2024, el Ministerio de Salud emitió un permiso de habilitación para la actividad de servicios de consulta ambulatoria en medicina general o especializada a la Casa de Salud de Maíz con vigencia hasta el 7 de agosto de 2029. (Ver prueba documental).
  • e)Por memorial fechado 16 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz comunicó al Área de Salud de Buenos Aires:

“Como es del conocimiento de esta Dirección y Administración del ASBA, este Comité de Salud ha estado coordinando un Proyecto de construcción de una nueva Casa de Salud, y que tienen conocimiento sobre los motivos, las condiciones y acuerdos a las que se llegaron para conseguir un lote con las características requeridas, por tanto el lote de la casa de salud actual ahora pertenece a la Escuela de Maíz, y ellos ya están en el proceso de construcción de una Escuela nueva y requieren del terreno.

Por lo anterior le informamos y solicitamos la coordinación y autorización necesaria y en el menor tiempo posible, para trasladar y brindar las consultas medicas de Maíz a las instalaciones del Ebais de Boruca, ya que se han valorado otras infraestructuras en la comunidad de Maíz pero no están aptas para brindar las consultas medicas (sic) y requieren de mucha inversión para hacer las mejoras correspondientes. Por estas razones la mejor alternativa es brindar el servicio en el Ebais Boruca, por el tiempo que se requiera mientras se le da tramite al proyecto de construcción, para lo cual aprovechamos para solicitarles todo su apoyo en la gestión y coordinación para que dicho proyecto se ejecute en el menor tiempo posible, valorando las dificultades por distancia a las que van a tener que enfrentarse los pacientes para trasladarse a Boruca a recibir la atención medica requerida (…)”. (Ver prueba documental).

  • f)Mediante oficio ASBA-DM-0035-2025 del 22 de enero de 2025, el director a. i. del Área Rectora de Salud de Buenos Aires de la CCSS comunicó al Comité de Salud de Maíz la autorización para que, a partir del 27 de enero de 2025, la comunidad de Maíz sea atendida en el Ebais de Boruca. (Ver prueba documental).
  • g)Por memorial fechado 22 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz, la ADI Maíz y la Junta de Educación de la escuela Maíz indicaron a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz” que desde el año 2000 se ha coordinado un proyecto de construcción de una casa de salud nueva para Maíz, motivo por el cual se efectuó una negociación entre el Comité de Salud y la Junta de Educación, de forma que el lote donde está ubicada la casa de salud es propiedad de la escuela de Maíz, en tanto que el Comité de Salud adquirió el lote que se ubica arriba del redondel de toros de Maíz, el cual cumple los requisitos establecidos por la CCSS. También se indicó que, dado que la escuela inició su proyecto de construcción, se requiere desocupar el terreno en que se encuentra la casa de salud, motivo por el cual, a partir del 27 de enero de 2025, las consultas médicas de quienes reciben atención en la Casa de Salud de Maíz se brindarán en el Ebais de Boruca, por lo que los pacientes deben gestionar su traslado a ese centro de salud. (Ver prueba documental).
  • h)El 30 de enero de 2025, las autoridades recurridas fueron notificadas de la resolución de curso de este recurso. (Ver actas de notificación).
  • i)Mediante oficio DREGT-SCE11-007-2025 del 5 de febrero de 2025, el supervisor de educación del circuito educativo indígena 11 de la DRE Grande del Térraba del MEP indicó:

“1. En el centro educativo de Maíz de los Borucas se realizan dentro de los límites de la propiedad la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas, como respuesta a Orden Sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud al centro educativo, mismo que data desde el año 2015 y que de manera reiterada se ha gestionado para el debido cumplimiento.

2. Como se establece en la ley Indígena N° 6172, los terrenos ubicados dentro de los límites de territorio indígena están bajo la administración de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, quien a su vez en el año 2017 procedió a ratificar la posesión del terreno a favor del centro educativo Maíz de Los Borucas código 0905; como parte del proceso de anotaciones registrales en el año 2003 el Instituto de Desarrollo Agrario había hecho el traspaso oficial de dicho terreno a la ADI Boruca, siendo que tanto el plano catastral como el traspaso que la ADI Boruca hizo a la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas se enmarca dentro de la legalidad (Se adjunta copia de los documentos).

3. Es importante indicar que durante algunos años la Junta de Educación cedió a modo de préstamo un pequeño lote para que el centro de saluda pudiera operar, con el entendido que cuando la escuela requiriera de dicho terreno, se comunicaría al comité de salud para que hicieran el retiro de las instalaciones o lo que la CCSS determinara a fin de liberar el terreno; por tal razón al contarse con el presupuesto para atender la necesidad de infraestructura de la escuela se le solicito (sic) al Ministerio de salud liberar el espacio que se les había facilitado bajo las condiciones conocidas de manera amplia por las partes, así mismo la información se transmitió a los vecinos de la comunidad en diferentes reuniones en donde se analizó la viabilidad de realizar las obras de reconstrucción y nuevas obras para la escuela Maíz de Los Borucas.

4. No menos importante es indicar que la Junta de Educación entendiendo la necesidad que el puesto de salud pudiese funcionar, cedió al Ministerio de salud un lote en posesión de la Junta de Educación en otro lugar en la misma comunidad, todo con conocimiento y participación de la ADI Boruca como administradores de las tierras dentro de los límites del territorio Boruca, se debe aclarar de igual forma que en su momento el Ministerio de Salud indicó que el espacio donde se ubicaba el puesto de salud por las dimensiones y estar dentro de un terreno “ajeno” no era viable para pretender hacer una construcción de la casa de salud que se pretende construir para brindar el servicio de los habitantes de la comunidad de Maíz y sus alrededores” (el destacado fue agregado). (Ver prueba documental).

  • j)Mediante oficio DVM-A-DIE-DDO-0054-2025 del 7 de febrero de 2025, el Departamento de Desarrollo de Obra del MEP explica:

“1. El proyecto surge a partir de la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, en conjunto con el recurso de amparo 22-018251-0007-Co y su resolución N° 2022023279, en la que se dio un plazo determinado para que se realizaran las mejoras físico-sanitarias señaladas por el Ministerio de Salud.

2. Debido a la urgencia del proyecto, se decide realizar un proceso de diseño y construcción para reducir los plazos y atender a la población estudiantil lo antes posible.

3. El 21 de febrero de 2024, por medio del oficio DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, se da la autorización para la contratación de diseño y construcción de las obras que incluyen: mantenimiento mayor de dos aulas académicas, mantenimiento mayor del comedor, construcción de un aula de kínder, construcción de una batería sanitaria, y servicios profesionales como estudios preliminares, anteproyecto, planos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado, programación de obra e inspección. Los estudios básicos incluyen: topografía (rectificación de linderos, catastrado y agrimensura) y estudio de suelos S.P.T. con pruebas de infiltración.

4. Tras el proceso de contratación realizado por la Junta de Educación, se da la orden de inicio el 12 de abril de 2024, 5. El 24 de abril de 2024, se realiza una visita en conjunto con el formulador de la DIE, el arquitecto Gustavo Abarca Mora, la empresa encargada del proyecto, representantes de la Junta de Educación y la directora del Centro Educativo.

En dicha visita se informa a esta dependencia que el EBAIS está dentro del terreno del Centro Educativo, en un edificio a modo de préstamo, y que la Junta había acordado con la CCSS que, en cuanto se requiriera, se le solicitaría a la CCSS la liberación del terreno.

6. El 6 de mayo de 2024, la Junta presenta ante la DIE el oficio 003-2024, en el cual indica que se le solicitó al EBAIS que desocupara el edificio y que se da el aval para que en el diseño se tome en cuenta el edificio utilizado temporalmente por el EBAIS, a fin de mejorar el proyecto de infraestructura educativa.

7. Es importante resaltar que, en dicho oficio, la Junta informa que se ofrece a La CCSS la opción de utilizar otro edificio del Centro Educativo, incluso uno más grande que el que se estaba utilizando previamente, para brindar el servicio de salud a la comunidad.

8. Esta Dirección corrobora que el edificio está dentro del terreno del Centro Educativo, según el plano catastral y la certificación de derecho de posesión por parte de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca, e incorpora este edificio al diseño, mejorando sustancialmente las condiciones del proyecto y permitiendo que el Centro Educativo quede con solo una terraza. Por lo tanto, se decide acondicionar este espacio para ser el aula de preescolar.

9. El 18 de diciembre de 2024, se da por finalizada la etapa de diseño, la cual contempla la intervención del edificio del EBAIS.

10. Se adjunta la planta de conjunto aprobada, la cual determina el alcance del proyecto a ejecutar. El edificio que era ocupado por el EBAIS se adaptará para ser el aula de preescolar del centro educativo, lo cual puede observarse en la imagen con la descripción “ADAPTACIÓN PARA KINDER, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA”.

11. Es importante resaltar que se cuenta con un contrato y por ende con todas las responsabilidades contractuales adquiridas (…)” (el énfasis fue agregado). (Ver prueba documental).

  • k)En el Boletín Mensual Portafolio Estratégico de la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS se consigna que el proyecto Sede de Visita Periódica Maíz con código CCSS-1223 está categorizado dentro de los proyectos relevantes a octubre de 2024 y tiene un avance del 40%. (Ver prueba documental).
  • l)En fecha desconocida, la directora de Planificación Institucional de la CCSS comunicó a la presidenta ejecutiva en relación con el proyecto Sede de Visita Periódica Maíz:

“Objetivo del Proyecto: Construcción de Sede de Visita Periódica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de Maíz, Colinas (territorio indígena), y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVS de Maíz de Colinas, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez. Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS.

Descripción del Proyecto: Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados y aire acondicionado tipo mini-split- El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendio e, intrusión.

Actividad: 40% Proceso de Adquisición de terreno (ILLM) Porcentaje Ciclo de Vida: 17%.

Reporte Ejecutivo:

Proceso de firmar el comodato con la Asociación Indíguena (sic) y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S. Se mantiene la situación del terreno, el terreno aun (sic) no se ha traspasado a nombre de la CSSS. Se mantiene el estado anterior del proyecto, al día de hoy. No se preseta (sic) avance”. (Ver prueba documental).

  • m)Por memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025, la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS indicó en relación con el proyecto “CCSS-1223. Construcción de sede de Visita Periódica de Maíz, ubicado en territorio indígena”:

“Fecha de inicio de operación: 01/08/2028.

Estado actual: Etapa: Terreno 40%. Actividad: 40% Proceso de Adquisición de terreno (ILLM). En proceso de firmar el comodato con la Asociación Indígena y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S.

Fecha prevista para su conclusión: proyecto programado para el 2027 y 2028.

Cronograma de ejecución:

Construcción de Sede de Visita Periódica de Maíz de Buenos Aires 1470 días lun 02/05/22 vie 17/12/27 Adquisición de terreno 897 días lun 02/05/22 mar 07/10/25 Diseño SVP de Maíz 10 días mié 08/10/25 mar 21/10/25 SETENA 100 días mié 08/10/25 mar 24/02/26 Proceso Compra Contratación SETENA 20 días mié 08/10/25 mar 04/11/25 Presentación documentación ante SETENA 20 días mié 05/11/25 mar 02/12/25 Obtención Viabilidad Ambiental 60 días mié 03/12/25 mar 24/02/26 Proceso de Compra de Licitación Abreviada 92 días mié 25/02/26 jue 02/07/26 Confección de Expediente 2 días mié 25/02/26 jue 26/02/26 Invitación 1 día vie 27/02/26 vie 27/02/26 Presentación de Ofertas 10 días lun 02/03/26 vie 13/03/26 Apertura Compra 1 día lun 16/03/26 lun 16/03/26 Análisis de Compras 2 días mar 17/03/26 mié 18/03/26 Análisis Financiero 10 días jue 19/03/26 mié 01/04/26 Análisis Técnico y Razonabilidad 5 días jue 02/04/26 mié 08/04/26 Análisis Legal 5 días jue 09/04/26 mié 15/04/26 Adjudicación 20 días jue 16/04/26 mié 13/05/26 Notificación 1 día jue 14/05/26 jue 14/05/26 Proceso Apelaciones 15 días vie 15/05/26 jue 04/06/26 Firmeza y garantías 5 días vie 05/06/26 jue 11/06/26 Aprobación interna 15 días vie 12/06/26 jue 02/07/26 Proceso constructivo 120 días lun 05/07/27 vie 17/12/27 Permisos 30 días lun 05/07/27 vie 13/08/27 Construcción 90 días lun 16/08/27 vie 17/12/27 ”. (Ver prueba documental).

IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, los recurrentes indican que viven en Maíz, el cual se encuentra en el límite del territorio indígena Boruca. Señalan que el 22 de enero de 2025 se recibió un comunicado firmado por representantes de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz dirigido a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz”, mediante el cual se manifestó que no se brindaría más atención en el puesto de salud a partir del 27 de enero de 2025, por lo que se debe gestionar el traslado de los pacientes y asistir a las citas médicas en la comunidad de Boruca. Acusan que tal decisión se adoptó sin consultar previamente al pueblo. Sostienen que lo anterior afecta a la población de Maíz, así como de otros pueblos aledaños como Jalisco, Ojo de Agua, Mayal y San Luis, quienes también recibían la atención médica en el puesto de salud aludido. Afirman que se conoció que, el 17 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz solicitó el trasado de atención de los pacientes al Ebais de Boruca, lo cual fue autorizado por el Área de Salud de Buenos Aires. Recalcan que desconocen algún fundamento técnico de la decisión, ni se tiene conocimiento de algún proyecto a futuro para que los pacientes vuelvan a ser atendidos en Maíz. Señalan que se inició la construcción de la escuela de la comunidad en el terreno en que se encontraba el puesto de salud, pese a que este fue donado exclusivamente para ese propósito, por lo que cuestionan que se haya cambiado el destino de un bien dedicado a la atención de la salud por otro distinto como lo es la educación. Afirman que el cambio de puesto de salud genera múltiples inconvenientes a la población, debido a la distancia a la que deben desplazarse hasta Boruca, el mal estado de los caminos y los inconvenientes del servicio de transporte público que se presta a las diversas comunidades afectadas. Piden que se ordene a la CCSS proveer una solución temporal para continuar brindando atención primaria en la comunidad de Maíz mientras se construye un nuevo puesto de salud.

La Sala verifica que, el 21 de noviembre de 2016, la Asociación de Desarrollo Integral del territorio indígena de Boruca donó un lote a la Junta de Educación de la escuela Maíz con folio real 6-145587-0007 y 6-145588-000. Mediante oficio DRIPSSB-ASBA-ADM-024-2023 del 17 de enero de 2023, el administrador del Área de Salud de Buenos Aires comunicó a la Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca en relación con los proyectos a desarrollar en los territorios indígenas en el año 2023 “(…) a. Construcción del Puesto de Visita Periódica de Maíz de Boruca, inicio del proceso de consulta indígena como requisito previo para la construcción del EBAIS en este territorio. Se cuenta con Convenio de Uso en calidad de préstamo del terreno a utilizar en trámite de formalización en Gerencia Médica. Incluido en portafolio de Inversión Institucional formulado para el periodo 2024. Monto aproximado de inversión ¢250.000.000,00 (…)”. El 16 de setiembre de 2024, el Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 atinente a la Casa de Salud de Maíz, mediante la cual se otorgó un plazo de tres meses para efectuar una serie de actuaciones, entre ellas, contar con un servicio sanitario que cumpla lo dispuesto en la ley nro. 7600. El 2 de diciembre de 2024, el Ministerio de Salud emitió un permiso de habilitación para la actividad de servicios de consulta ambulatoria en medicina general o especializada a la Casa de Salud de Maíz con vigencia hasta el 7 de agosto de 2029. Por memorial fechado 16 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz comunicó al Área de Salud de Buenos Aires: “Como es del conocimiento de esta Dirección y Administración del ASBA, este Comité de Salud ha estado coordinando un Proyecto de construcción de una nueva Casa de Salud, y que tienen conocimiento sobre los motivos, las condiciones y acuerdos a las que se llegaron para conseguir un lote con las características requeridas, por tanto el lote de la casa de salud actual ahora pertenece a la Escuela de Maíz, y ellos ya están en el proceso de construcción de una Escuela nueva y requieren del terreno. Por lo anterior le informamos y solicitamos la coordinación y autorización necesaria y en el menor tiempo posible, para trasladar y brindar las consultas medicas de Maíz a las instalaciones del Ebais de Boruca, ya que se han valorado otras infraestructuras en la comunidad de Maíz pero no están aptas para brindar las consultas medicas (sic) y requieren de mucha inversión para hacer las mejoras correspondientes. Por estas razones la mejor alternativa es brindar el servicio en el Ebais Boruca, por el tiempo que se requiera mientras se le da tramite al proyecto de construcción, para lo cual aprovechamos para solicitarles todo su apoyo en la gestión y coordinación para que dicho proyecto se ejecute en el menor tiempo posible, valorando las dificultades por distancia a las que van a tener que enfrentarse los pacientes para trasladarse a Boruca a recibir la atención medica requerida (…)”. Mediante oficio ASBA-DM-0035-2025 del 22 de enero de 2025, el director a. i. del Área Rectora de Salud de Buenos Aires de la CCSS comunicó al Comité de Salud de Maíz la autorización para que, a partir del 27 de enero de 2025, la comunidad de Maíz sea atendida en el Ebais de Boruca. Por memorial fechado 22 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz, la ADI Maíz y la Junta de Educación de la escuela Maíz indicaron a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz” que desde el año 2000 se ha coordinado un proyecto de construcción de una casa de salud nueva para Maíz, motivo por el cual se efectuó una negociación entre el Comité de Salud y la Junta de Educación, de forma que el lote donde está ubicada la casa de salud es propiedad de la escuela de Maíz, en tanto que el Comité de Salud adquirió el lote que se ubica arriba del redondel de toros de Maíz, el cual cumple los requisitos establecidos por la CCSS. También se indicó que, dado que la escuela inició su proyecto de construcción, se requiere desocupar el terreno en que se encuentra la casa de salud, motivo por el cual, a partir del 27 de enero de 2025, las consultas médicas de quienes reciben atención en la Casa de Salud de Maíz se brindarán en el Ebais de Boruca, por lo que los pacientes deben gestionar su traslado a ese centro de salud. Mediante oficio DREGT-SCE11-007-2025 del 5 de febrero de 2025, el supervisor de educación del circuito educativo indígena 11 de la DRE Grande del Térraba del MEP indicó: “1. En el centro educativo de Maíz de los Borucas se realizan dentro de los límites de la propiedad la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas, como respuesta a Orden Sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud al centro educativo, mismo que data desde el año 2015 y que de manera reiterada se ha gestionado para el debido cumplimiento. 2. Como se establece en la ley Indígena N° 6172, los terrenos ubicados dentro de los límites de territorio indígena están bajo la administración de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, quien a su vez en el año 2017 procedió a ratificar la posesión del terreno a favor del centro educativo Maíz de Los Borucas código 0905; como parte del proceso de anotaciones registrales en el año 2003 el Instituto de Desarrollo Agrario había hecho el traspaso oficial de dicho terreno a la ADI Boruca, siendo que tanto el plano catastral como el traspaso que la ADI Boruca hizo a la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas se enmarca dentro de la legalidad (Se adjunta copia de los documentos). 3. Es importante indicar que durante algunos años la Junta de Educación cedió a modo de préstamo un pequeño lote para que el centro de saluda pudiera operar, con el entendido que cuando la escuela requiriera de dicho terreno, se comunicaría al comité de salud para que hicieran el retiro de las instalaciones o lo que la CCSS determinara a fin de liberar el terreno; por tal razón al contarse con el presupuesto para atender la necesidad de infraestructura de la escuela se le solicito (sic) al Ministerio de salud liberar el espacio que se les había facilitado bajo las condiciones conocidas de manera amplia por las partes, así mismo la información se transmitió a los vecinos de la comunidad en diferentes reuniones en donde se analizó la viabilidad de realizar las obras de reconstrucción y nuevas obras para la escuela Maíz de Los Borucas. 4. No menos importante es indicar que la Junta de Educación entendiendo la necesidad que el puesto de salud pudiese funcionar, cedió al Ministerio de salud un lote en posesión de la Junta de Educación en otro lugar en la misma comunidad, todo con conocimiento y participación de la ADI Boruca como administradores de las tierras dentro de los límites del territorio Boruca, se debe aclarar de igual forma que en su momento el Ministerio de Salud indicó que el espacio donde se ubicaba el puesto de salud por las dimensiones y estar dentro de un terreno “ajeno” no era viable para pretender hacer una construcción de la casa de salud que se pretende construir para brindar el servicio de los habitantes de la comunidad de Maíz y sus alrededores” (el destacado fue agregado). Mediante oficio DVM-A-DIE-DDO-0054-2025 del 7 de febrero de 2025, el Departamento de Desarrollo de Obra del MEP explica: “1. El proyecto surge a partir de la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, en conjunto con el recurso de amparo 22-018251-0007-Co y su resolución N° 2022023279, en la que se dio un plazo determinado para que se realizaran las mejoras físico-sanitarias señaladas por el Ministerio de Salud. 2. Debido a la urgencia del proyecto, se decide realizar un proceso de diseño y construcción para reducir los plazos y atender a la población estudiantil lo antes posible. 3. El 21 de febrero de 2024, por medio del oficio DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, se da la autorización para la contratación de diseño y construcción de las obras que incluyen: mantenimiento mayor de dos aulas académicas, mantenimiento mayor del comedor, construcción de un aula de kínder, construcción de una batería sanitaria, y servicios profesionales como estudios preliminares, anteproyecto, planos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado, programación de obra e inspección. Los estudios básicos incluyen: topografía (rectificación de linderos, catastrado y agrimensura) y estudio de suelos S.P.T. con pruebas de infiltración. 4. Tras el proceso de contratación realizado por la Junta de Educación, se da la orden de inicio el 12 de abril de 2024, 5. El 24 de abril de 2024, se realiza una visita en conjunto con el formulador de la DIE, el arquitecto Gustavo Abarca Mora, la empresa encargada del proyecto, representantes de la Junta de Educación y la directora del Centro Educativo. En dicha visita se informa a esta dependencia que el EBAIS está dentro del terreno del Centro Educativo, en un edificio a modo de préstamo, y que la Junta había acordado con la CCSS que, en cuanto se requiriera, se le solicitaría a la CCSS la liberación del terreno. 6. El 6 de mayo de 2024, la Junta presenta ante la DIE el oficio 003-2024, en el cual indica que se le solicitó al EBAIS que desocupara el edificio y que se da el aval para que en el diseño se tome en cuenta el edificio utilizado temporalmente por el EBAIS, a fin de mejorar el proyecto de infraestructura educativa. 7. Es importante resaltar que, en dicho oficio, la Junta informa que se ofrece a La CCSS la opción de utilizar otro edificio del Centro Educativo, incluso uno más grande que el que se estaba utilizando previamente, para brindar el servicio de salud a la comunidad. 8. Esta Dirección corrobora que el edificio está dentro del terreno del Centro Educativo, según el plano catastral y la certificación de derecho de posesión por parte de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca, e incorpora este edificio al diseño, mejorando sustancialmente las condiciones del proyecto y permitiendo que el Centro Educativo quede con solo una terraza. Por lo tanto, se decide acondicionar este espacio para ser el aula de preescolar. 9. El 18 de diciembre de 2024, se da por finalizada la etapa de diseño, la cual contempla la intervención del edificio del EBAIS. 10. Se adjunta la planta de conjunto aprobada, la cual determina el alcance del proyecto a ejecutar. El edificio que era ocupado por el EBAIS se adaptará para ser el aula de preescolar del centro educativo, lo cual puede observarse en la imagen con la descripción “ADAPTACIÓN PARA KINDER, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA”. 11. Es importante resaltar que se cuenta con un contrato y por ende con todas las responsabilidades contractuales adquiridas (…)” (el énfasis fue agregado). En el Boletín Mensual Portafolio Estratégico de la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS se consigna que el proyecto Sede de Visita Periódica Maíz con código CCSS-1223 está categorizado dentro de los proyectos relevantes a octubre de 2024 y tiene un avance del 40%. En fecha desconocida, la directora de Planificación Institucional de la CCSS comunicó a la presidenta ejecutiva en relación con el proyecto Sede de Visita Periódica Maíz: “Objetivo del Proyecto: Construcción de Sede de Visita Periódica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de Maíz, Colinas (territorio indígena), y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVS de Maíz de Colinas, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez. Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS. Descripción del Proyecto: Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados y aire acondicionado tipo mini-split- El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendio e, intrusión. Actividad: 40% Proceso de Adquisición de terreno (ILLM) Porcentaje Ciclo de Vida: 17% Reporte Ejecutivo: Proceso de firmar el comodato con la Asociación Indíguena (sic) y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S. Se mantiene la situación del terreno, el terreno aun (sic) no se ha traspasado a nombre de la CSSS. Se mantiene el estado anterior del proyecto, al día de hoy. No se preseta (sic) avance”. Por memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025, la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS indicó en relación con el proyecto “CCSS-1223. Construcción de sede de Visita Periódica de Maíz, ubicado en territorio indígena”: “Fecha de inicio de operación: 01/08/2028. Estado actual: Etapa: Terreno 40%. Actividad: 40% Proceso de Adquisición de terreno (ILLM). En proceso de firmar el comodato con la Asociación Indígena y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S. Fecha prevista para su conclusión: proyecto programado para el 2027 y 2028. Cronograma de ejecución:

Construcción de Sede de Visita Periódica de Maíz de Buenos Aires 1470 días lun 02/05/22 vie 17/12/27 Adquisición de terreno 897 días lun 02/05/22 mar 07/10/25 Diseño SVP de Maíz 10 días mié 08/10/25 mar 21/10/25 SETENA 100 días mié 08/10/25 mar 24/02/26 Proceso Compra Contratación SETENA 20 días mié 08/10/25 mar 04/11/25 Presentación documentación ante SETENA 20 días mié 05/11/25 mar 02/12/25 Obtención Viabilidad Ambiental 60 días mié 03/12/25 mar 24/02/26 Proceso de Compra de Licitación Abreviada 92 días mié 25/02/26 jue 02/07/26 Confección de Expediente 2 días mié 25/02/26 jue 26/02/26 Invitación 1 día vie 27/02/26 vie 27/02/26 Presentación de Ofertas 10 días lun 02/03/26 vie 13/03/26 Apertura Compra 1 día lun 16/03/26 lun 16/03/26 Análisis de Compras 2 días mar 17/03/26 mié 18/03/26 Análisis Financiero 10 días jue 19/03/26 mié 01/04/26 Análisis Técnico y Razonabilidad 5 días jue 02/04/26 mié 08/04/26 Análisis Legal 5 días jue 09/04/26 mié 15/04/26 Adjudicación 20 días jue 16/04/26 mié 13/05/26 Notificación 1 día jue 14/05/26 jue 14/05/26 Proceso Apelaciones 15 días vie 15/05/26 jue 04/06/26 Firmeza y garantías 5 días vie 05/06/26 jue 11/06/26 Aprobación interna 15 días vie 12/06/26 jue 02/07/26 Proceso constructivo 120 días lun 05/07/27 vie 17/12/27 Permisos 30 días lun 05/07/27 vie 13/08/27 Construcción 90 días lun 16/08/27 vie 17/12/27 ”.

Visto lo anterior, la Sala estima oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2024013316 de las 9:30 horas del 17 de mayo de 2024:

“III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente indica que, del 17 al 19 de marzo de 2024, la Defensa Pública visitó la comunidad de Alto Carona y se concluyó que la comunidad tiene un servicio de salud deficiente, en el que destaca la ausencia de un centro de atención primaria y de visitas médicas periódicas. Detalla que el punto de atención más cercano está en La Peña, a más de cuatro horas a pie por caminos solo transitables en verano. Expone que la lejanía y lo difícil de la vía impiden el desplazamiento de personas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas, lo que muchas veces resulta en que no se beneficien de las visitas de salud cuando se efectúan. Manifiesta que las vías de acceso desde el lado costarricense son intransitables y, depende de la época del año, el costo del transporte llega a $170, suma fuera de las posibilidades de las personas amparadas, dada su condición de pobreza. Indica que, debido a la geografía costera, el desplazamiento marítimo tampoco es viable. Pide que se ordene a la CCSS garantizar la prestación del servicio de salud a la población Ngäbe-buglé de Alto Carona y a la Municipalidad de Golfito a habilitar los caminos necesarios para garantizar el acceso al territorio Conte Burica.

El Tribunal comprueba que, a partir de setiembre de 2018, el Área de Salud de Golfito cuenta con una casa de visita periódica conformado por “1 médico, 1 redes, 1 auxiliar, 1 farmacéutico, 1 atap” en la reserva indígena de Conte Burica. Además, se realiza una gira comunitaria por semana a la comunidad de Progreso y giras odontológicas en el Ebais Alto Conte. mediante oficio nro. 0391-03-19 del 12 de marzo de 2019, la Dirección Regional de Servicios de Salud Región Brunca comunicó que las comunidades de La Peña y Carona pasaron a estar adscritas al Área de Salud de Corredores y al hospital de Ciudad Neily. Mediante oficio ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, el Área de Salud de Corredores de la CCSS expuso: “(…) 3-En relación con los habitantes de Alto Carona, a esta población no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas. Por lo anterior se solicitó compra de servicios de helicóptero lo cual no se ha otorgado el aval. Cabe mencionar que oficio GM-16890-2023 la Gerencia Médica manifiesta: “Mediante oficio PE-4488-2023 la Presidencia Ejecutiva informó que el convenio de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social para el traslado de pacientes en estado crítico de salud, asistencia médica a comunidades de difícil acceso y traslado de funcionarios para la atención de desastres y emergencias, finalizó su vigencia el pasado 24 de octubre…” Además, es importante considerar que no hay un protocolo y/o lineamiento actual para transportar funcionarios en helicóptero para atención ordinaria de pacientes, eso de acuerdo a (sic) lo indicado por la misma Gerencia en oficio de marras: “…Aunado a ello se informa que, esta Gerencia designa al Dr. Ranjit Singh Apolayo y al Dr. Armando Cortés Ruiz, ambos asesores de esta Gerencia, para que colaboren en la revisión y actualización del protocolo para el traslado de pacientes en ambulancia, tomando en cuenta que se debe incluir el traslado de funcionarios; lo anterior en vista de los cambios que se han generado a la luz del cese del convenio con el Ministerio de Seguridad Pública…” También es importante considerar lo recomendado por Auditoría Interna en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre del 2021: “…La Caja Costarricense del Seguro Social como encargada de velar por la salud de la población, tiene el compromiso por brindar estas atenciones a las distintas comunidades ubicadas a lo largo del país, sin embargo, es necesario que los usuarios y los funcionarios gocen de condiciones mínimas para brindar este servicio, condiciones que pareciera no se cumplen en algunos puestos de visita periódica adscritos al Área de Salud de Corredores, debido a que presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos. Aspectos que no solo afectan la calidad de la atención, sino también la adecuada conservación de la infraestructura…” El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos (…) HECHOS. 1. Para que esta unidad pueda atender a los pobladores de Punta Burica distrito Pavones, los funcionarios deben ir por tierra desde Paso Canoas hasta cercanías de Puerto Armuelles, reingresando al territorio nacional llegando hasta a la playa (con riesgo a los vehículos institucionales), recorriendo unos 20 Km, se ingresa por la montaña, hasta llegar al PVP La Peña en el poblado La Peña. No se puede accesar a vía terrestre de manera ordinaria a Alto Carona ya que no hay caminos transitables. 2. La comunidad de Alto Carona tiene un Puesto de Visita Periódica PVP que no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos. La institución construyó el PVP La Peña para la atención de los pobladores de Punta Burica en el poblado La Peña antes de la re-sectorización y posteriormente a esta fue trasladado junto con las comunidades al Área de Salud Corredores, no fue ni decisión ni recomendación de esta unidad que se construyera ese PVP en ese poblado. No es competencia de esta unidad decidir la construcción de una sede de EBAIS en Alto Carona. 3. Partiendo del hecho que los pobladores de Punta Burica distrito Pavones se decidieron trasladar al Área de Salud Corredores, fue según oficio ASC-SAVE-0862, porque consideraron mayor facilidad de acceso a esta unidad vía terrestre. El PVP está en La Peña, y no es cierta la afirmación que es irregular la atención en salud en ese puesto de salud, las giras médicas las hace el EBAIS móvil integrado por un médico una auxiliar de enfermería un funcionario de registro médicos y un farmacéutico, se avisan con antelación por el funcionario Asistente Técnico ATAP que vive en la zona y a través del Comité de Salud, estas se realizan todos los meses una semana completa (hay una agenda de giras medicas se adjunta), de enero a agosto, ya que en septiembre con la temporada lluviosa los caminos se hacen intransitables y se suspenden para no poner en riesgo a los funcionarios, hasta tanto no se cuente con servicio de transporte aéreo, el protocolo existente es para el traslado de pacientes en ambulancia, no para el traslado de funcionarios, por lo que no hay una legalidad para hacer que los funcionarios asuman el riesgo de transportarse por helicóptero. Cabe destacar que en febrero se acudió a La Peñita por una actividad especial de la comunidad, pero no cumplía con las condiciones mínimas requeridas para brindar una adecuada atención médica. El puesto de salud La Peña está muy bien equipado con lo que se requiere para dar una atención médica de calidad. Además, no existe un equipo de recurso humano disponible que esté de manera permanente en ese lugar ni tienen la población requerida para un EBAIS. Si es cierto la falta de desarrollo vial en esa comunidad, pero eso es una situación histórica que se ha mantenido en el tiempo y no es de resorte de esta unidad (…)” (el destacado fue agregado). Finalmente, la presidenta ejecutiva de la CCSS informa que, al 29 de abril de 2024, esa institución se encuentra en análisis sobre la viabilidad institucional de dotar de transporte aéreo al Área de Salud de Corredores.

Primeramente, cabe destacar que el sub examine se planteó a favor de las personas indígenas de Alto de Carona, motivo por el cual resulta de relevancia citar lo indicado por este Tribunal en la sentencia nro. 2018012113 de las 9:20 horas del 27 de julio de 2018:

“III.- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INDÍGENAS. Por sentencia No. 3003-92 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, con motivo de la consulta preceptiva de constitucionalidad relativa al Convenio 169 de la OIT, esta Sala se pronunció sobre la relevancia constitucional de la protección a los indígenas, articulada dentro de un marco democrático y respetuoso de los derechos humanos. En concreto, este Tribunal señaló: a)Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social; b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c) Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante - medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial-.

Asimismo, concluyó que lejos de contener enfrentamientos con la Constitución Política, («) el Convenio 169 refleja los más claros valores de nuestra nacionalidad democrática, desarrollando los derechos humanos de los indígenas costarricenses y puede ser un punto de partida para iniciar una revisión de la legislación secundaria para adaptarla a estas necesidades («).

Ahora bien, la parte V del Convenio, denominada Seguridad Social y Salud estatuye una serie de disposiciones relacionadas al derecho a la salud, así. Artículo 24, “Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”. Artículo 25 “…1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental…

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los ciudadanos primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país…” (…)

VII.- CASO CONCRETO. En el presente asunto, los recurrentes alegan que los amparados son menores de edad indígenas, que presentan discapacidad y requieren de trabajos de rehabilitación -la menor [Nombre 003] (parálisis cerebral y el menor [Nombre 002] (lisencefalia)-. No obstante, para ser atendidos en rehabilitación, deben trasladarlos a la provincia de San José o Limón, por cuanto, no existe algún profesional de rehabilitación en el EBAIS de la zona de Alta de Talamanca, aunado a que los menores, no cuentan con alguna pensión del Estado. Reclaman que por lo expuesto, se les dificulta el traslado de los menores amparados a las citas médicas. Acusan que, mediante el voto No. 2013-010885, esta Sala había ordenado al Área de Salud de la zona Alta de Talamanca, brindar el tratamiento a algunos niños con discapacidad de la zona.

Al respecto, la Sala determina que la Caja Costarricense de Seguro Social proporciona atención médica a los amparados en el EBAIS de Amubri, además son referidos a terapia física al Hospital Nacional de Niños y al Hospital Dr. Tony Facio Castro. Asimismo, se verifica que en la zona de Talamanca no se dispone de ningún recurso humano que brinde rehabilitación a los pacientes que requieren ese servicio, y por ello, se refieren a otros centros médicos que si cuentan con un especialista. Tal proceder de la Administración no es posible validar, por cuanto equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena a partir del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes-aprobado por Ley No. 7311 de 30 de noviembre de 1992-, desarrollado en el primer considerado de fondo de esta resolución. Además de la especial protección que debe imperara a las personas que sufren discapacidad. Esta Sala no desconoce de la facultad que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social para organizarse a fin de prestar los servicios de salud a la ciudadanía, como el clasificar éstos en tres niveles de atención. Ello en procura de una mejor utilización de los fondos públicos. No obstante, esa organización no puede ir en demérito del acceso a la asistencia médica de las personas usuarias, máxime si éstas, son personas indígenas que sufren discapacidad las cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Máxime que el Estado Costarricense se ha comprometido a brindarles una tutela especial y diferenciada al resto de la población por su histórica precariedad, compromiso que también ha adquirido para personas con discapacidad. Así las cosas, pretender que los menores amparados se trasladen a recibir rehabilitación a cientos de kilómetros de su lugar de origen, no es más que institucionalizar su desigualdad. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, y ordenar a Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que de forma inmediata realice las gestiones pertinentes y ejecute las acciones necesarias para que en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde en el centro médico más cercano al domicilio de los menores amparados [Nombre 002] Y [Nombre 003], el servicio de rehabilitación física y/o terapia física, que requieren de conformidad con el criterio de sus médicos tratantes. Asimismo de ser posible la rehabilitación física y/o terapia física se deberá dar a los amparados en su casa de habitación. Además, deberá realizar las coordinaciones necesarias para garantizar la atención médica y el transporte de los amparados al Hospital Nacional de Niños, o en su caso en el Hospital Tony Facio, de acuerdo a (sic) las especialidades medicas (sic) que requieran los pacientes (…)” (la negrita fue incorporada).

En similar sentido, en la sentencia nro. 2019005560 de las 9:30 horas del 29 de marzo de 2019, esta Cámara se pronunció en relación con el derecho a la salud de las personas indígenas:

“XII. El derecho a la salud y las personas indígenas. Este Tribunal ya ha hecho expresa referencia al reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de los miembros de los pueblos indígenas, a la luz del Derecho de la Constitución. Así, por ejemplo, en la sentencia número 1786-93 de las 16:21 horas del 21 de abril de 1993, este Tribunal sentó como premisa general que nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos imponen a la conducta de todos los hombres. De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas. Como consecuencia de lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico, mediante el Convenio No.169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, reconoce una serie de derechos individuales y colectivos relativos a educación, salud, entre otros. En cuanto a este Convenio, esta Sala, mediante sentencia número 3003-92 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, emitida con ocasión de la consulta preceptiva de constitucionalidad formulada respecto del «Proyecto de ley de aprobación del "Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes"», adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) en su LXXVI Conferencia, celebrada en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989, también conocido como Convenio No. 169, dispuso en lo que interesa: «[...] El Convenio consultado, dentro del ámbito general de las materias encomendadas a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) plasma en un instrumento internacional jurídicamente exigible, una serie de derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales tendentes, no sólo a fortalecer la dignidad y atributos esenciales a los indígenas como seres humanos, sino también, principalmente, a proveer medios específicos para que su condición de seres humanos se realice plenamente a la vista de la situación deprimida, a veces incluso explotada y maltratada, en que viven los aborígenes de muchas naciones; situación que no es del todo ajena al Continente Americano, donde las minorías, y a veces mayorías indígenas se encuentran prácticamente zzadas [sic] de la civilización predominante, mientras, por otra parte, sufren la depresión y el abandono de sus propias tradiciones y culturas. Hoy, en el campo de los derechos humanos, se reconoce, en resumen: a) Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social: b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c)Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante -medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial…” . Ahora bien, en el citado convenio, específicamente en el artículo No. 3 se establece que los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, evidentemente, entre ellos, el derecho a la salud, sin obstáculos o discriminación. Asimismo, el artículo No. 4 dispone que deban adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las personas indígenas. En ese orden de ideas, el artículo No. 7 del citado instrumento, señala que el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, del nivel de salud y educación deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. En ese sentido, los artículos 24 y 25 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo son un reflejo de las obligaciones que tiene el Estado en materia de seguridad social y en el derecho a la salud. Para un mejor entendimiento, se procede a transcribir los citados numerales:

“Artículo 24. Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”.

“Artículo 25. 1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país”.

Por ende, los pueblos indígenas de nuestro país por disposición constitucional y convencional tienen una especial protección y además, se les debe garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, entre ellos, sin duda, el derecho a la salud. Aunado a ello, es por medio de una asistencia en salud adecuada y oportuna que permiten salvaguardar a las personas indígenas y mejorar las condiciones del nivel de salud, así como la posibilidad que se ejerzan otros derechos fundamentales que sin una buena condición de salud, no se podrían ver satisfechos” (el énfasis fue agregado).

Por su parte, sobre la prestación eficiente del servicio de salud, conviene traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2023021882 de las 13:32 horas del 1° de setiembre de 2023:

“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte accionante acusa que desde hace más de seis años la CCSS es conocedora de las limitaciones de servicio brindado a la comunidad de Paso Tempisque, dado que no se cuenta con personal y espacio suficiente para atender a la población. Agrega que, desde el año 2020, el Área de Salud de Carrillo emitió un estudio de resectorización, en el cual se destacó la necesidad de abrir una nueva sede de Ebais en Paso Tempisque, debido al hacinamiento que sufre. Expone que, para ello, la propuesta ha sido la de utilizar la sede actual de Ebais de Paso Tempisque para alojar un Ebais vespertino, pero es necesario dotarlo de personal. Sostiene que las autoridades accionadas no han actuado bajo el argumento de que no cuenta con los recursos económicos suficientes para brindar el servicio, a pesar de que reconocen que es insuficiente y que al mismo tiempo se está imponiendo al personal existente horarios extenuantes y largas jornadas laborales. Solicita que se ordene dotar de personal suficiente el Ebais vespertino.

Este Tribunal verifica que, el 17 de mayo de 2017, el Área de Salud de Carrillo efectuó un estudio de resectorización, por medio del cual se determinó una brecha de cinco Ebais, del cual se dotó uno y se está en espera de los otros cuatro, dentro de los cuales se encuentra el del sector de Paso Tempisque. Además, desde enero de 2020, el Consejo Municipal de Carrillo ha gestionado ante la CCSS la apertura de una nueva sede del Ebais Paso Tempisque.

El 14 de enero de 2020, la CCSS emitió el informe “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo”, en el que se establece: “(…) según la estimación efectuada por la Unidad de prestación de servicios de Salud del nivel central, de acuerdo al (sic) análisis de Re sectorización del 16 de mayo del 2017. Nuestra Unidad, mantiene una brecha de necesidad de 4 EBAIS, para brindar atención integral a la población a cargo. Es importante resaltar que nuestra Unidad, requiere de estos 4 EBAIS para satisfacer la necesidad de brindar atención integral en salud a la población adscrita, en cumplimiento con el objetivo de la atención primaria de salud, del primer nivel de atención, como corresponde a nuestra Área de Salud: Accesibilidad Aceptable a toda la población, con el fin último de satisfacer las necesidades de las personas en las diferentes edades, haciendo uso eficiente de los recursos públicos. (…) La población que atiende el EBAIS de Paso Tempisque (Cuadro # 1. población actual del Distrito de Palmira: 6791 habitantes), tal y como se ha señalado en diferentes oportunidades, sobrepasa la capacidad instalada del equipo, tal y como ha sido planteado por la Comunidad y el Consejo Municipal del Cantón, mediante el oficio MC-SCM-821-2020, de fecha 26 de noviembre de 2020, en el cual la comunidad reitera su solicitud de la creación de un nuevo EBAIS para Paso Tempisque de Carrillo, con servicio vespertino, con el objetivo de aprovechar los recursos ya existentes y así atender el rezago de población que no está recibiendo atención integral (…) El EBAIS de Paso Tempsique (sic), ubicado en el Distrito de Palmira, está integrado por 2 ATAPs, 1 médico, 1 asistente de REDES, 1 Auxiliar de enfermería, 1 Farmaceutico (sic) y 1 Técnico de farmacia. 1 miscelaneo (sic) y guarda de seguridad de 4:00 pm a 7:00am, por terceros. De semana de por medio, se brinda atención odontológica, con el profesional de odontología y asistente dental, que cubre tambien (sic) el Distrito de Belén. El horario de atención es de Lunes a Jueves de 7:00 am a 4:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm. Durante 1 día al mes, se realiza atención en PVP de Comunidad. En cuanto a la medición de satisfacción al usuario, el Cantón de Carrillo ha descendido de un 85% a un 73% en los ultimos (sic) años, siendo uno de los principales motivos, el que los usuarios se quejan de No encontrar campos para ser atendidos, siendo este, uno de los sectores que presenta ese problema. (…) 2.1 Nombre del Proyecto Ampliación de Horario de atención en sede de EBAIS de Paso Tempisque 2.2 Unidad Responsable Area (sic) de Salud Carrillo. UE: 2560 2.3 Modalidad del proyecto 2.3.2 Consulta lunes a jueves de 4:00 pm a 10:00 pm, Viernes de 3:00 pm a 10:00 pm y, sábados de 4:00 pm a 10:00 pm, con programación de 04 pacientes por hora (…) El costo estimado es de 13 millones mensuales, lo cual representa aproximadamente, 150 millones anuales. En cuanto a la inversión en servicios públicos, se estima un incremento anual de aproximadamente 10 millones en energía eléctrica (cuenta 2126), y 500 mil colones en servicio de agua. El consumo en telecomunicaciones, es de aproximadamente 300 mil colones anuales. En insumos y suministros, es de aproximadamente 7 millones de colones anuales (…)” (la negrita fue incorporada).

El 31 de enero de 2020, el Área de Salud de Carillo remitió el oficio DASC-0033-2020 a la DRIPSSCH de la CCSS, en el que se lee: “Lo solicitud del EBAIS, que plantea lo comunidad del Distrito de Palmira, representado por el Gobierno local, es totalmente válida y respaldada por esta Dirección Médica; necesidad que ha sido demostrada por el estudio de Re sectorización del Área de Salud Carrillo, efectuado desde el año 2017, ya que es cierto que el sector de Palmira requiere un EBAIS más, al igual que los otros sectores mencionados. Esta brecha, impacta de manera negativa en la calidad de los servicios, debido a la alta demanda de atenciones de usuarios que no encuentran campo en sus sedes de EBAIS, entre ellas, la de paso Tempisque, las cuales deben brindarse en el servicio de emergencias. La sede del EBAIS de Paso Tempisque también podría alojar un EBAIS vespertino como el que tenemos en Sardinal, por lo cual, si nos dotaran de las plazas en estos momentos, no tenemos inconvenientes de infraestructura, ni de seguridad ni de limpieza, ya que lo tenemos por contratación de terceros” (el resaltado fue añadido). Además, el 21 de julio de 2020, la directora del Área de Salud de Carrillo certificó que: “en el Área de Salud Carrillo, Caja Costarricense de Seguro Social, Unidad programática 2560, Tenemos la posibilidad de albergar en forma inmediata a EBAIS en un segundo turno, en instalaciones existentes y que se encuentran en óptimas condiciones, en las siguientes ubicaciones: 1. Sede de EBAIS Paso Tempisque. 2. Sede de EBAIS La Costa. Este EBAIS se encuentra en proceso de construcción, el cual finaliza en el mes de diciembre del 2020”.

Por oficio GM-2456-2021 del 23 de febrero de 2021, la Gerencia Médica de la CCSS indicó a un diputado de la Asamblea Legislativa: “Este Despacho en atención de su oficio DLAC-004-2021 de fecha 11 de enero de 2021, donde adjunta el acuerdo 02, inciso 05 emitido en la Sesión Ordinaria N°51-2020 del Consejo Municipal de Carrillo – Guanacaste sobre la solicitud de creación de una nueva sede de EBAIS en Paso Tempisque de Carrillo con un servicio Vespertino; en este sentido, se procedió a realizar las consultas técnicas al nivel central y regional sobre este planteamiento, obteniéndose los siguientes resultados. - La Dirección de Proyección de Servicios de Salud (GM-0844-2021), en el oficio GM-DPSS-0080-2021, de fecha 17 de febrero de 2021, concluye lo siguiente: “…De acuerdo con el estudio” Plan de Acción para la conformación de EBAIS y Fortalecimiento de las Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, versión #2” realizado por esta Dirección, para el Área de Salud Carrillo se ha planteado una brecha de dos sectores más. Es decir, un total de 11 sectores de salud. En cuanto al dato poblacional mostrado anteriormente se puede apreciar que esta necesidad de dos nuevos sectores está en el sector de La Costa, adicionalmente este sector presenta la particularidad que es el más lejano de la sede del Área de Salud y debe cubrir la población turística de la zona. El otro sector requerido por población es el de Paso Tempisque, presenta la particularidad que se encuentra a pocos kilómetros de la sede del Área de Salud. - El subrayado no corresponde al texto original- Se ha confirmado con el nivel local sobre estas necesidades y se confirma que es en estos lugares donde se requieren dichos sectores de salud…” - La Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, en el oficio DRIPSSCH-ARPLAI-0003-2021(DRIPSSCH-0082-2021), suscrito por el Dr. Eddy Apuy Muñoz, Asistente Médico y la Licda. Juliana Monge Agüero, Coordinadora del Área de Planificación y Control Interno, de la Dirección Red Integrada de Prestación de servicios de Salud Chorotega, concluye que “…Por lo que, una vez analizados los argumentos expuestos en el presente informe, así como lo reiterado en la sección de antecedentes, en el apartado 5, esta Dirección de Red considera pertinente el Proyecto de Apertura de Consulta del EBAIS Vespertino, en beneficio de la población del cantón y comunidades aledañas. Se recomienda además que se implemente con la dotación de plazas por un período de 6 meses y se valore la continuidad de este servicio…”- El subrayado no corresponde al texto original- De acuerdo con lo anterior, la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N° 9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020)” (el destacado fue agregado).

Por oficio GM-6317-2021 del 19 de mayo de 2021, la Gerencia Médica de la CCSS indicó a la Municipalidad de Carrillo: “(…) como es de su conocimiento. esta Gerencia emitió el oficio GM-2461-2021, de fecha 23 de febrero de 2021, en donde se señaló lo siguiente: “… conforme los criterios técnicos solicitado se ratifica la necesidad de creación del EBAIS Paso de Tempisque de Carrillo, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que esta ha generado en la institución, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N° 9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020) …” En este sentido, es menester informarle que no ha existido cambio significativo en lo señalado en el párrafo anterior, por lo que esta Gerencia, se encuentra vigilante de las disposiciones de las autoridades institucionales superiores en materia financiera y una vez que las limitaciones a este nivel sean superadas. se programará según corresponda la atención de esta necesidad en beneficio de la salud de los pobladores del Cantón y de Paso Tempisque (…)”. Mediante memorial MC-ALC-CRR-435-2022 del 7 de marzo de 2022, la Municipalidad de Carrillo reiteró a la CCSS la urgente necesidad de contar con la sede de un Ebais en Paso Tempisque.

Por memorial DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega señaló: “Esta Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, procede a informar que en relación con esta solicitud se remitió criterio técnico a la Gerencia Médica, mediante el oficio adjunto DRSS-DRIPSSCH-0082-2021. Posteriormente, se recibe copia de la respuesta de la Gerencia Médica, al Diputado Luis Antonio Aiza Campos, mediante el oficio anexo GM-2456-2021, el cual indicaba textualmente: “De acuerdo con lo anterior, la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N°9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020).” Por lo anteriormente expuesto, la conformación del nuevo EBAIS, está supeditado a las condiciones financieras de la Institución, de acuerdo a (sic) lo indicado por la Gerencia Médica, en su oficio GM-2456-2021”. Además, por oficio GM-7414-2022 del 15 de junio de 2022, la Gerencia Médica de la CCSS expuso: “(…) mediante oficio DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, el Dr. Warner Picado Camarena, Director, Dirección Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Chorotega, traslada el siguiente informe: "...Esta Dirección de Red Integrada de Prestación da Servicios de Salud Chorotega, procede a informar que según se indicó en informes anteriores: El Ebais de Paso Tempisque, que está adscrito al Área de Salud de Carrillo, se ubica en el Distrito de Palmira, lo integran: 2 ATAPS, 1 médico, 1 asistente de REDES, 1 Auxiliar de enfermería, 1 Farmacéutico y 1 Técnico de farmacia. Además de 1 miscelánea y guarda de seguridad de 4:00 pm a 7:00am, mediante contratación por terceros. De semana de por medio, se brinda atención odontológica, con el profesional de odontología y asistenta dental, que cubre también el Distrito de Belén. El horario de atención es de lunes a jueves de 7:00 am a 4:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm. Durante 1 día el mes, se realiza atención en el Puesto de Visita Periódica de Comunidad. Aunado a lo anterior se remitió criterio técnico a la Gerencia Médica, en relación con la necesidad de un Ebais adicional, mediante el oficio DRSS-DHIPSSCH-0082-2021, (el cual se adjunta). Posteriormente, se recibe copia de la respuesta de la Gerencia Medica, al Diputado Luis Antonio Aiza Campos, mediante el oficio anexa GM-2456-2021, en el que se indica textualmente: “De acuerdo con lo anterior la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de piezas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditada a las condiciones financieres ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva (…)” Por lo que, según lo expuesto anteriormente, la conformación del nuevo Ebais para el distrito de Paso Tempisque, es una necesidad evidente que ha sido analizada y se encuentra supeditada a las condiciones financieras de la institución..." En virtud de la anterior, este Despacho informa que actualmente se está brindando la atención como se describió anteriormente, a la población de la comunidad de Paso Tempisque, además de que como lo indica la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora Dirección de Proyección de Servicios de Salud, mediante oficio GM-DPSS-0080-2021; de acuerdo con el estudio Plan de Acción para la conformación de EBAIS y Fortalecimiento de las Áreas de Salud de la CCSS. versión #2' a la fecha se han realizado los estudios pertinentes para determinar la necesidad de nuevos sectores para el cantón de Carrillo Guanacaste, incluyendo el Ebais de Paso Tempisque, los cuales, según la política financiera y condiciones económicas, están programadas para su creación entre el año 2022-2026, de acuerdo a (sic) la programación. Así las cosas, este Despacho brinda el informe sobre las gestiones realizadas con respecto a la construcción de la nueva sede del EBAIS en Paso Tempisque, sin embargo reitera que debido a le pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que han generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras”.

El 22 de diciembre de 2022, por memorial DRSS-DRIPSSCH-0987-2022, el director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega remitió a la Dirección de Proyectos de Servicios de Salud de la CCSS la propuesta de priorización de Ebais para el año 2023, en la que se menciona al Área de Salud Carillo, específicamente al Ebais Paso Tempisque, modalidad “Vespertino, plazas rotativas”.

El 20 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS indicó por memorial GM-10588-2023: “según el análisis que se realiza con respecto a la necesidad de disminución de brechas de EBAIS de las Direcciones de Red Integradas de prestación de Servicios de Salud, se tiene la priorización de la conformación del recurso humano para la apertura de 1 EBAIS en Paso Tempisque. Es menester indicar que esta Gerencia para la dotación del recurso humano para la creación del EBAIS mencionado anteriormente y el resto de EBAIS priorizados a nivel nacional, se encuentra a la espera de la definición del límite de creación de plazas que indique la Junta Directiva para el periodo 2023 o los periodos subsiguientes”.

Finalmente, por oficio GM-10689-2023 del 21 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS señaló: “(…) El Consejo Financiero y de Control Presupuestario en el artículo 2 de la sesión 255-18, celebrada el 19 de julio de 2018, dispuso: “…Priorizar la creación de plazas institucionales de conformidad con el siguiente orden: los convenios internacionales, el cumplimiento de las leyes, las disposiciones de la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva y las necesidades planteadas por las Gerencias, siendo el Consejo Financiero y de Control Presupuestario el Órgano encargado de conocer la propuesta de creación de plazas, para definir su priorización en determinado tracto y emitir el aval para que se proceda con la validación técnica por parte de la Dirección Administración y Gestión de Personal. Asimismo, se mantiene lo dispuesto en la circular GA-51002-12, con fecha 06 de diciembre 2012, suscrito por el Cuerpo Gerencial (Ref. PE-0418-2018 del 21 de febrero 2018, suscrito por Dr. Fernando Llorca Castro, presidente ejecutivo) sobre el procedimiento para la elaboración de los estudios técnicos para la determinación de necesidades de recursos humanos a nivel institucional (…)”. Cabe aclarar que, la Gerencia Financiera definirá anualmente el límite máximo de creación de plazas conforme las posibilidades financieras de los seguros administrados por la institución, las cuales deben orientarse a los programas y actividad prioritarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el 2022 y el 2023 el límite máximo de creación de plazas con financiamiento central será de 670 plazas para cada año, se exceptúan las plazas de financiamiento local y aquellas relacionadas con servicios especiales. Para el caso de plazas con financiamiento local y servicios especiales se considerará las posibilidades financieras y las prioridades institucionales, por lo que se transcribe lo indicado por la Política Presupuestaria 2022-2023 del Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen no Contributivos de Pensiones: Lineamiento 6: Recursos presupuestarios para servicios personales (remuneraciones) “…Estrategias a. La Gerencia Financiera definirá anualmente el límite máximo de creación de plazas conforme las posibilidades financieras de los seguros administrados por la institución, las cuales deben orientarse a los programas y actividad prioritarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el 2022 y el 2023 el límite máximo de creación de plazas con financiamiento central será de 670 plazas para cada año…” En relación con lo indicado, para el periodo 2023 y según los acuerdos del Consejo Financiero y Control Presupuestario, la cantidad de plazas que cuentan en este momento con validación técnica por la Dirección de Administración y Gestión de Personal para la creación de plazas nuevas, supera la cifra ya previamente definida por Junta Directiva. Situación que nos deja en espera de las acciones que deba tomar dicha instancia para dar cobertura a las necesidades priorizadas por esta Gerencia. Es importante señalar que las plazas del EBAIS de Paso Tempisque, no han sido priorizadas por esta Gerencia, sino que, fueron identificadas por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega y trasladadas a este Despacho, donde cumpliendo con el orden de priorización, fueron trasladadas para revisión y análisis técnico a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, instancia que las tiene consideradas en un segundo tracto de dotación de plazas para el reforzamiento del I Nivel de Atención, y cumpliendo con lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 6° de la sesión N° 9231, celebrada el 06 de enero del año 2022, referente al Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, que a saber indica: […] “ARTICULO 6º Se conoce oficio N° GG-4192-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito por Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente, mediante el cual presenta: PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.” PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.” Por tanto, Considerando la propuesta del Plan de reducción de brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo contenido en el oficio GG-PFPSS-0217-2021 suscrito por el Dr. Luis Carlos Vega Martínez en calidad de Director del Programa de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud y lo expresado en el oficio GG-4192-2021 suscrito por el Dr. Roberto Cervantes Barrantes en su calidad de Gerente General, la Junta Directiva -en forma unánime -ACUERDA: ACUERDO PRIMERO Aprobar para su implementación el Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, orientada a fortalecer la atención integral, con énfasis en las actividades de promoción y prevención. La creación de plazas y los gastos requeridos por el plan de reducción de brechas deberán ser aprobados anualmente de conformidad con el procedimiento institucional establecido para estos fines, de acuerdo con el proceso de implementación del plan y de manera consistente con la situación y posibilidades financieras del seguro de salud. ACUERDO SEGUNDO Designar a la Gerencia Médica para que desarrolle y conduzca los procesos necesarios relacionados con recursos humanos, presupuesto, infraestructura, abastecimiento y normativa asociada, para garantizar la implementación del Plan de Reducción de Brechas del Primer Nivel de Atención en el Corto y Mediano Plazo, con el involucramiento activo de las DRIPSS y las unidades institucionales pertinentes, en concordancia con lo dispuesto en el acuerdo primero. […] En virtud de lo anterior, esta Gerencia Médica ha definido las priorizaciones considerando en primera instancia la dotación de recurso humano para la sostenibilidad de la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras, acuerdos de Junta Directiva, proyectos institucionales, proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y otros, donde se han tenido que abarcar en diferentes fases para poder satisfacer las necesidades generales. Es así como se determina que las plazas para el EBAIS de Paso Tempisque se encuentran para ser priorizadas según el Plan dispuesto por la Junta Directiva, antes citado” (el énfasis fue añadido).

Visto lo anterior, cabe destacar que este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que:

“VI.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios (…) Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.

VII.- EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere. Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables -en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública-, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias- de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública)” (el destacado fue agregado) (véanse las sentencias nros. 2003013863 de las 17:13 horas del 2 de diciembre de 2003, 2010012297 de las 14:42 horas del 21 de julio de 2010, 2013004539 de las 14:30 horas del 9 de abril de 2013, 2015008671 de las 9:05 horas del 12 de junio de 2015, 2019007242 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2019, 2021022837 de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2021, 2023019503 de las 9:45 horas del 9 de agosto de 2023, entre otras).

A partir de lo expuesto, en el sub iudice se evidencia la lesión a los derechos fundamentales por parte de la CCSS, como de seguido se explica. De la abundante prueba documental adjunta al expediente, se tiene por plenamente demostrado que, desde el año 2017, la CCSS reconoció la ineficiente e ineficaz prestación del servicio de salud en Paso Tempisque, así como la consecuente necesidad de dotar a esa comunidad de un nuevo Ebais. Precisamente, en el informe “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo” del 14 de enero de 2020, la CCSS consideró que la población atendida por el centro médico de esa localidad “sobrepasa la capacidad instalada del equipo”, por lo que se estimó oportuno crear un nuevo Ebais con servicio vespertino a fin de aprovechar los recursos existentes. Adicionalmente, la ineficiente e ineficaz prestación del servicio aludido se refleja en el oficio DASC-0033-2020 del 31 de enero de 2020, en el que el Área de Salud de Carrillo señaló que: “Esta brecha, impacta de manera negativa en la calidad de los servicios, debido a la alta demanda de atenciones de usuarios que no encuentran campo en sus sedes de EBAIS, entre ellas, la de paso Tempisque”. Incluso, en el oficio DRSS-DRIPSSCH-0987-2022 del 22 de diciembre de 2022, la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega incluyó a Paso Tempisque como parte de la propuesta de priorización de Ebais para el año 2023 en la modalidad vespertina.

Ahora bien, a pesar de que, desde el año 2017, la CCSS ha reconocido la necesidad de ampliar la oferta de servicios de salud a la población de Paso Tempisque y a que diversos actores sociales han planteado gestiones con el propósito de solventar esa problemática, en el sub examine se tiene por demostrado que no se ha solucionado tal situación. Precisamente, en diversos memoriales que constan como prueba, las autoridades de la CCSS indican que la falta de creación de las plazas necesarias para la instalación del Ebais mencionado obedece a condiciones financieras, ello en apego a lo establecido por la Junta Directiva en el artículo 29 de la sesión nro. 9139 del 12 de noviembre de 2020. Además, en el memorial GM-7414-2022 del 15 de junio de 2022, la Gerencia Médica de la CCSS explicó que, según la política financiera y las condiciones económicas, la creación del Ebais de Paso Tempisque está programada entre los años 2022 y 2026.

Pese a ello, en el sub iudice no se cuenta con elemento probatorio alguno de que, efectivamente, la situación objeto de este recurso vaya a ser atendida antes del año 2026, lo cual se refleja en el hecho de que en el oficio GM-10689-2023 del 21 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS indicó que “las plazas del EBAIS de Paso Tempisque, no han sido priorizadas por esta Gerencia, sino que, fueron identificadas por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega y trasladadas a este Despacho, donde cumpliendo con el orden de priorización, fueron trasladadas para revisión y análisis técnico a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, instancia que las tiene consideradas en un segundo tracto de dotación de plazas para el reforzamiento del I Nivel de Atención, y cumpliendo con lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 6° de la sesión N° 9231, celebrada el 06 de enero del año 2022, referente al Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo”. Adicionalmente, adviértase que esta Cámara Constitucional ha sido enfática al señalar que, en el marco de un Estado constitucional, social y democrático de derecho, no resulta de recibo aducir limitaciones financieras o presupuestarias para eludir la eficiente prestación de un servicio tan esencial como el de salud, toda vez que, tal como se indicó ut supra, es un imperativo constitucional que ese servicio sea prestado de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere, tal como se consignó, entre otras, en las sentencias nros. 2003013863 de las 17:13 horas del 2 de diciembre de 2003, 2010012297 de las 14:42 horas del 21 de julio de 2010, 2013004539 de las 14:30 horas del 9 de abril de 2013, 2015008671 de las 9:05 horas del 12 de junio de 2015, 2019007242 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2019, 2021022837 de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2021, 2023019503 de las 9:45 horas del 9 de agosto de 2023.

Por ende, se acoge el recurso, con la orden que se dicta en la parte dispositiva de esta sentencia (…)

Por tanto:

Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se les ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Eva Camargo Batista, por su orden, presidenta ejecutiva a cargo de la Gerencia General y directora médica del Área de Salud de Carrillo, así como a quien desempeñe el puesto de director regional de la Red de Servicios de Salud de la región Chorotega, todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias respectivas para que, dentro del plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se solucione de manera definitiva la problemática acusada por el recurrente, atinente a la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud en Paso Tempisque. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. Notifíquese” (el resaltado fue agregado).

En suma, este Tribunal Constitucional ha sido consistente en recalcar la tutela especial de las personas indígenas, así como la relevancia del derecho a la salud que constituye la piedra angular sobre la que descansan el resto de derechos fundamentales, por lo que su prestación debe responder a los criterios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación.

Ahora bien, en el sub examine se comprueba la lesión a los derechos fundamentales de las personas indígenas de Alto Carona, debido a la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS, lo que ha sido reconocido por la misma institución. En ese sentido, recuérdese que el Área de Salud de Corredores es la encargada de prestar el servicio de salud a la población de Alto Carona; empero, en el memorial ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, se reconoció que a esas personas usuarias “no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas (…) El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos”. Además, resulta de importancia considerar que en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre de 2021, la Auditoría Interna de la CCSS reconoció que los usuarios y funcionarios del Área de Salud de Corredores no cuentan con las condiciones mínimas para recibir y prestar, respectivamente, el servicio de salud, debido a que algunos puestos de visita periódica “presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos”.

Así las cosas, la propia CCSS reconoció al menos desde el año 2021 que el Área de Salud de Corredores, encargada de prestar el servicio de salud a la población tutelada de Alto Carona, no cuenta con las condiciones mínimas para brindar ese servicio. Además, la aludida Área de Salud indicó que a las personas usuarias de Alto Carona no se les efectúan visitas, debido a que “vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular”. Sobre el particular, adviértase que esta Cámara Constitucional no puede avalar la postura de la CCSS en cuanto a la falta de actuación diligente y célere para brindar el servicio de salud a favor de la población amparada, por cuanto hacerlo equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena. De este modo, si bien se reconoce la facultad de la CCSS para organizarse a fin de prestar el servicio de salud supramencionado, ello no puede ir en detrimento del acceso a la asistencia médica de las personas usuarias, en este caso, indígenas, quienes, como se indicó ut supra, gozan de una tutela especial en virtud de su condición de vulnerabilidad. Adicionalmente, nótese que en el sub lite no se cuenta con elemento probatorio alguno que permita acreditar que la situación objeto de este recurso será atendida con prontitud.

Por ende, al constatarse la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud a las personas indígenas pobladoras de Alto Carona por parte de la CCSS, se estima el recurso en cuanto a este agravio, según lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia (…)

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en su condición de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se solucione de manera definitiva la problemática acusada por la parte recurrente atinente a la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud en Alto Carona. En cuanto a la Municipalidad de Golfito, se le ordena a Freiner Lara Blanco, en su condición de alcalde de Golfito, o a quien desempeñe ese puesto, que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione el problema denunciado por la parte recurrente referente al estado del camino que da acceso a la comunidad de Alto Carona del territorio indígena Conte Burica. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social y a la Municipalidad de Golfito al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso de amparo. Notifíquese” (el destacado es del original).

En la especie, la Sala acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada únicamente respecto a la falta de prestación eficiente del servicio de salud ante la demora en el proceso constructivo del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca; empero, en cuanto al resto de agravios formulados por la parte accionante, se declara sin lugar el recurso, lo anterior de conformidad con las siguientes consideraciones.

Tal como se consignó en el precedente de cita, esta Cámara Constitucional ha recalcado la tutela especial que gozan las personas indígenas, así como la importancia del derecho a la salud, el cual constituye la piedra angular sobre la que descansan el resto de los derechos fundamentales, por lo que su prestación debe responder a criterios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación.

Pese ello, en el sub iudice se corrobora la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS en perjuicio de las personas tuteladas, quienes residen en el territorio indígena Maíz de Boruca, debido a la demora en la construcción de la sede de visita periódica de esa comunidad. En ese sentido, adviértase que, al menos desde el año 2022, la CCSS reconoció la necesidad de construir un nuevo puesto de salud en Maíz, motivo por el cual se incluyó entre los proyectos institucionales a realizar y se determinó como objetivo “Construcción de Sede de Visita Periódica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de Maíz, Colinas (territorio indígena), y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVS de Maíz de Colinas, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez. Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS”. Sin embargo, aun cuando tal proyecto dio inicio desde mayo de 2022, al momento de emisión de este pronunciamiento, a saber, más de dos años y medio después, no se ha verificado algún avance significativo, sino que este sigue en la misma fase inicial, a saber, la atinente a la adquisición del terreno en el que se va a ubicar el centro de salud en cuestión. Lo anterior se refleja en el cronograma de ejecución aportado como prueba en el memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025 suscrito por la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS:

Construcción de Sede de Visita Periódica de Maíz de Buenos Aires 1470 días lun 02/05/22 vie 17/12/27 Adquisición de terreno 897 días lun 02/05/22 mar 07/10/25 Diseño SVP de Maíz 10 días mié 08/10/25 mar 21/10/25 SETENA 100 días mié 08/10/25 mar 24/02/26 Proceso Compra Contratación SETENA 20 días mié 08/10/25 mar 04/11/25 Presentación documentación ante SETENA 20 días mié 05/11/25 mar 02/12/25 Obtención Viabilidad Ambiental 60 días mié 03/12/25 mar 24/02/26 Proceso de Compra de Licitación Abreviada 92 días mié 25/02/26 jue 02/07/26 Confección de Expediente 2 días mié 25/02/26 jue 26/02/26 Invitación 1 día vie 27/02/26 vie 27/02/26 Presentación de Ofertas 10 días lun 02/03/26 vie 13/03/26 Apertura Compra 1 día lun 16/03/26 lun 16/03/26 Análisis de Compras 2 días mar 17/03/26 mié 18/03/26 Análisis Financiero 10 días jue 19/03/26 mié 01/04/26 Análisis Técnico y Razonabilidad 5 días jue 02/04/26 mié 08/04/26 Análisis Legal 5 días jue 09/04/26 mié 15/04/26 Adjudicación 20 días jue 16/04/26 mié 13/05/26 Notificación 1 día jue 14/05/26 jue 14/05/26 Proceso Apelaciones 15 días vie 15/05/26 jue 04/06/26 Firmeza y garantías 5 días vie 05/06/26 jue 11/06/26 Aprobación interna 15 días vie 12/06/26 jue 02/07/26 Proceso constructivo 120 días lun 05/07/27 vie 17/12/27 Permisos 30 días lun 05/07/27 vie 13/08/27 Construcción 90 días lun 16/08/27 vie 17/12/27 La mencionada falta de atención diligente y célere de parte de la CCSS se agrava al considerar que, a partir del 27 de enero de 2025, el puesto de salud en el que se brindaba atención médica a la población de Maíz y lugares aledaños dejó de funcionar, debido a que el terreno en que estaba ubicado es propiedad de la escuela de la comunidad, en la que se inició un proceso de construcción.

En consecuencia, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a este agravio y ordenarle a la presidenta ejecutiva de la CCSS que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que a más tardar en el mes de diciembre de 2027 se culmine la construcción del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca, tal como se consigna en el cronograma aportado como prueba en el memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025 suscrito por la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS.

V.- De otro lado, recuérdese que en la sentencia nro. 2022023279 de las 9:20 horas del 7 de octubre de 2022, la Sala se refirió al centro educativo Maíz en los siguientes términos:

“III.- CASO CONCRETO. En la especie, los recurrentes estiman lesionados los derechos fundamentales de los amparados, en virtud, de que desde el 9 de mayo de 2022, en el centro educativo Maíz de los Borucas, no se brinda el servicio de comedor, situación que afecta también el rendimiento académico. Alega que solo se les brinda tres horas de clase, con el pretexto de que no hay comedor. Alegan que desde el año 2015, la escuela cuenta con una orden sanitaria que a la fecha no ha sido atendida, por lo cual actualmente no cuentan un lugar digno y seguro para asistir a clases. Afirman que los estudiantes reciben lecciones en el comedor de la escuela, por lo tanto, las autoridades administrativas justifican la no utilización del mismo, por ese hecho, trasgrediendo el derecho fundamental de tener acceso a una buena alimentación.

De los autos se acredita que, en el año 2015, el Área Rectora de Salud de Buenos Aires de Puntarenas emitió una orden sanitaria en relación con las malas condiciones físico- sanitarias que presentaba la escuela El Maíz de los Borucas. Aunado a lo anterior, las visitas de seguimiento que viene realizando esa área rectora desde mayo de 2017, permiten constatar que la problemática acusada por los menores educandos, persiste. Incluso, al margen de que según el director de Infraestructura Educativa, entre el año 2015 y 2016 se inici ó un proceso de diseño para la nueva infraestructura de ese centro educativo, lo cierto del caso es que, debido a la limitada disponibilidad presupuestaria de esa dependencia, ese proyecto, se encuentra pospuesto. Incluso, bajo juramento se informó que el proyecto en cuestión entraría en el plan de inversión del año 2023. Lo anterior, pese a que desde julio de 2021, la Asociación de Desarrollo Indígena otorgó un nuevo inmueble al centro educativo, para la construcción de las nuevas instalaciones. Así las cosas, en este extremo del recurso, estima la Sala se produjo la infracción acusada, pues, como se puede advertir con meridiana claridad, lo cierto del caso es que siete años después de que se dictó esa orden sanitaria, la problemática persiste.

En lo que respecta al segundo extremo del recurso, el director regional Grande de Térraba informó que el horario que se reclama obedece a la matrícula, pues solo cuentan con 8 estudiantes en preescolar y 16 estudiantes en I y II Ciclos, y a que, para el curso lectivo de 2022, el centro educativo se encuentra calificado como D. Por lo anterior, explica se atiende a los estudiantes en una sola jornada de 7am a 10 a.m., en días cortos, o bien a 10:50 a.m., en días largos, en concordancia con el módulo horario dispuesto por el Consejo Superior de Educación.

Finalmente, en lo que respecta a la alimentación de la población estudiantil, se demostró que desde el 9 de mayo de 2022 y hasta el 24 de agosto de este mismo año, los menores educandos de la escuela El Maíz de los Borucas, no recibieron alimentación alguna, en vista de que la servidora del comedor de ese centro educativo renunció a su puesto y a que el Comité de Salud, informó a la Junta de la escuela, que no se iba a facilitar el local donde se preparaba la alimentación de los niños, en vista de que el terreno donde se ubica ese establecimiento se estaba derrumbando. Según se explica, en virtud de lo anterior, el 22 de julio de 2022 se presentó el formulario “Cambio de Modalidad de Servicio de Comedor 2022” de la escuela El Maíz de los Borucas ante DANEA. Por lo anterior, a partir de 24 de agosto de los corrientes se hizo efectivo el servicio de alimentación de los estudiantes de esa escuela, mediante la modalidad de “plato servido”. Precisamente, en este particular, como con antelación a la notificación del auto de traslado, ya se había dispuesto el restablecimiento de la alimentación de los menores educandos, descarta la Sala que se haya producido este agravio.

En suma, se impone acoger el recurso, únicamente, por los problemas físico- sanitarios que presenta la escuela El Maíz de los Borucas y el incumplimiento de la orden sanitaria dictada con ocasión de esa problemática. En lo demás, se desestima el amparo.

(…)

POR TANTO:

Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, por los problemas físico- sanitarios que presenta la escuela El Maíz de los Borucas y el incumplimiento de la orden sanitaria dictada con ocasión de esa problemática. Se ordena a José Leonardo Sánchez Hernández y a Álvaro Mata Leitón, en condición de ministro a.i. y de director de la Dirección de Infraestructura Educativa, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que giren las directrices necesarias, en el respectivo ámbito de sus competencias, y gestionen lo correspondiente para que, en el plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las mejoras físico-sanitarias señaladas por el Ministerio de Salud en la escuela El Maíz de los Borucas. Dicho inmueble deberá garantizar un ambiente sano y adecuado para la educación de los estudiantes de ese centro educativo. Asimismo, se les ordena a dichas autoridades educativas que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esa misma sentencia, adopten y ejecuten las medidas necesarias de carácter provisional que permitan la continuidad y el desarrollo de las lecciones y demás actividades, con plena seguridad a la salud e integridad física y emocional de la comunidad educativa de la escuela El Maíz de los Borucas. Se ordena a Randall Bejarano Campos, director del Área Rectora de Salud Buenos Aires, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que, dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de la sentencia, verifique el cumplimiento de la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 de 15 de junio de 2015, para proteger la vida, integridad física y salud de los menores de edad que asisten a la escuela, así como del personal docente y administrativo, procurando su cumplimiento y, en caso de que no se cumplan, tomar oportunamente las medidas pertinentes para sentar responsabilidades a los funcionarios omisos. Lo anterior bajo apercibimiento que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas pone nota. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese”.

En el sub iudice, aun cuando los recurrentes sostienen que el puesto de salud de Maíz se encontraba en un terreno donado para tal fin y cuestionan el cambio de destino efectuado a esa finca, no menos cierto es que de los autos se colige que en realidad esa estructura se encontraba ubicada en el terreno que fue donado en noviembre de 2016 por la ADI de Boruca a la Junta de Educación de la escuela Maíz. Además, según la prueba que consta en autos, a partir de esa fecha, tal centro educativo permitió que el puesto de salud operara en el terreno; sin embargo, ante las obras de construcción a realizar para cumplir lo dispuesto tanto en la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 de 15 de junio de 2015 como en la supracitada sentencia nro. 2022023279 de las 9:20 horas del 7 de octubre de 2022, la Junta de Educación comunicó la necesidad de disponer del establecimiento.

En consideración de lo indicado, conviene aclarar que el recurso de amparo de naturaleza eminentemente sumaria, por lo que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, lo que más bien corresponde a la vía ordinaria. Por ende, no compete a esta Cámara Constitucional establecer, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si la titularidad del terreno en que estaba ubicado el puesto de salud de Maíz corresponde o no efectivamente a la Junta de Educación de la escuela de Maíz, ni si se cumplieron o no los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para realizar el cambio de propietario registral del aludido terreno. Tampoco corresponde a esta vía especializada determinar si, ante la imposibilidad de emplear el puesto de salud de Maíz y la falta de construcción del nuevo centro de salud a la que se hizo referencia ut supra, la mejor alternativa para prestar el servicio de salud a la comunidad de Maíz es el Ebais de Boruca, o bien si este puede ser brindado en alguna otra estructura que se encuentre dentro de la mencionada comunidad. En igual sentido, no compete a esta Sala pronunciarse sobre las disconformidades planteadas por la parte recurrente atinentes al accionar de los órganos de representación comunal recurridos en cuanto a la solicitud de traslado del centro de salud. Lo anterior por cuanto realizar ese análisis haría necesario efectuar diligencias probatorias lentas y complejas que resultan incompatibles con la naturaleza sumaria del recurso de amparo, por lo que tales diferendos corresponden que sean dilucidados en la sede jurisdiccional ordinaria.

Aclarado lo anterior, de la lectura integral del memorial de interposición se desprende la disconformidad de la parte accionante con la decisión de dejar de prestar el servicio de salud en Maíz y su consecuente traslado de los pacientes adscritos a ese puesto de salud al Ebais de Boruca. Acerca de esto, si bien ante los hechos descritos no se puede continuar prestando el servicio de salud en la comunidad de Maíz como se había dado años atrás, no menos cierto es que, ante la solicitud del propio Comité de Salud de Maíz, sea, un órgano que posee representación comunal, la CCSS adoptó una medida temporal para garantizar la prestación del derecho a la salud a los habitantes de Maíz y de pueblos vecinos, sea, su traslado para recibir atención médica en el Ebais de Boruca; ello, en el tanto se llevan a cabo las actuaciones necesarias para construir un nuevo puesto de salud en la mencionada comunidad, medida provisional que a criterio de esta Cámara no resulta abiertamente arbitraria y desproporcionada. En ese sentido, adviértase que lo relevante a los efectos de esta sede especializada es que no se afecte el núcleo esencial del derecho bajo estudio, sea, el derecho a la salud, y en este caso queda en evidencia que, ante la imposibilidad de continuar empleando el puesto de salud de Maíz por las circunstancias antes expuestas, la CCSS adoptó decisiones para continuar prestando ese servicio esencial de manera provisional mientras se culminan las obras de construcción a las que se hizo referencia en el considerando previo.

Por otra parte, si bien en el memorial de interposición la parte accionante solicita que se ordene a las autoridades recurridas aclarar una serie de consultas, verbigracia, cuál fue el procedimiento empleado para aceptar el cambio de destino de un bien dedicado a un fin público como la atención de salud para el fin de la educación, así como que se indique la situación del terreno que años atrás fue donado para el puesto de salud, no menos cierto es que en el sub iudice no se tiene constancia de que los amparados hayan planteado tales peticiones antes las autoridades accionadas, por lo que no se comprueba la lesión a los derechos fundamentales en cuanto a este extremo.

Finalmente, la Sala observa que las personas accionantes también formulan el recurso contra la Asociación de Desarrollo De Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz; sin embargo, en virtud de las consideraciones indicadas ut supra, se estima que carece de interés conferir audiencia a tales partes.

En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en lo que a estos extremos concierne.

VI.- VOTO SALVADO PARCIAL DEL MAGISTRADO SALAZAR ALVARADO Y DE LA MAGISTRADA GARRO VARGAS, CON REDACCIÓN DE LA SEGUNDA.

I.Sobre el objeto del recurso. En el caso bajo estudio, vecinos del pueblo Maíz, perteneciente a Colinas de Buenos Aires, Puntarenas, interponen recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz, donde alegaron lo siguiente:

“Los recurrentes indican que viven en Maíz, el cual se encuentra en el límite del territorio indígena Boruca. Señalan que el 22 de enero de 2025 se recibió un comunicado firmado por representantes de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz dirigido a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz”, mediante el cual se manifestó que no se brindaría más atención en el puesto de salud a partir del 27 de enero de 2025, por lo que se debe gestionar el traslado de los pacientes y asistir a las citas médicas en la comunidad de Boruca. Acusan que tal decisión se adoptó sin consultar previamente al pueblo. Sostienen que lo anterior afecta a la población de Maíz, así como de otros pueblos aledaños como Jalisco, Ojo de Agua, Mayal y San Luis, quienes también recibían la atención médica en el puesto de salud aludido. Afirman que se conoció que, el 17 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz solicitó el trasado de atención de los pacientes al Ebais de Boruca, lo cual fue autorizado por el Área de Salud de Buenos Aires. Recalcan que desconocen algún fundamento técnico de la decisión, ni se tiene conocimiento de algún proyecto a futuro para que los pacientes vuelvan a ser atendidos en Maíz. Señalan que se inició la construcción de la escuela de la comunidad en el terreno en que se encontraba el puesto de salud, pese a que este fue donado exclusivamente para ese propósito, por lo que cuestionan que se haya cambiado el destino de un bien dedicado a la atención de la salud por otro distinto como lo es la educación. Afirman que el cambio de puesto de salud genera múltiples inconvenientes a la población, debido a la distancia a la que deben desplazarse hasta Boruca, el mal estado de los caminos y los inconvenientes del servicio de transporte público que se presta a las diversas comunidades afectadas. Piden que se ordene a la CCSS proveer una solución temporal para continuar brindando atención primaria en la comunidad de Maíz mientras se construye un nuevo puesto de salud.

II.Contextualización del recurso de amparo. Si bien en el recurso de amparo no se aduce, debe señalarse que ante un pronunciamiento público de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social de suspender todos los proyectos del portafolio de inversiones institucional que hasta el momento no hayan dado inicio, con la justificación de que buscan garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad, distintos actores de la sociedad -entre ellos miembros de Municipalidades- acudieron en amparo en protección de sus administrados, aduciendo que con esas medidas se lesionaba el derecho a la salud y a la correcta prestación eficiente, eficaz del servicio público.

III.Antecedentes sobre reclamos de suspensión de inversiones institucionales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Al respecto, esta jurisdicción constitucional ha tramitado varios recursos de amparo en los que se ha cuestionado el acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS de suspender el portafolio de inversiones institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado. En la sentencia nro. 2023-015622 de las 9:20 horas de 30 de junio de 2023, conoció el caso concreto relacionado con la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya, en la cual este Tribunal sostuvo:

“IV.- SOBRE EL FONDO. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. Por esa razón, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario -es decir, breve y sencillo- y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si las instalaciones que albergan la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal cumplen o no los requerimientos para brindar apropiadamente los servicios públicos que le han sido encomendados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por otra parte, si bien se indica que los edificios actuales no reúnen tales condiciones para el funcionamiento adecuado -ya que son de dos plantas, no cuentan con ascensor ni rampas porque no fue construido para ese fin incumpliendo las regulaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad-, que los espacios donde se brindan algunos servicios son muy reducidos, encerrados y no diseñados para tales fines y, además, no tienen parqueo, ni Sala de Choque o Área de Capacitaciones, posibilidad de albergar un Servicio de Laboratorio, entre otros, lo cierto del caso, es que los recurrentes no refieren haber presentado alguna denuncia en ese sentido. Al respecto, es importante destacar que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes (véase, en igual sentido, la Sentencia N° 2023-13510 de las 9:20 horas del 9 de junio de 2023).

V.- Por otra parte, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo de forma unánime para suspender el “Portafolio de Inversiones Institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado”; y, en consecuencia, la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal, se acreditó que efectivamente el proyecto de la sede del Área de Salud de Nicoya, incluye la construcción de una nueva Sede de Área de Salud tipo 1, a través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Esta contratación prevé en su alcance, los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento, en un área de terreno de 26.941m2 y con un área de construcción preliminarmente estimada de 5.144,11 m2. Lo anterior con un costo de inversión estimado de ¢10.114 millones de colones y costos de operación incremental por un monto estimado preliminar de ¢11.495 millones de colones, ambas cifras corresponden a las erogaciones en las que incurriría la institución en el decenio 2023-2032. De acuerdo con el cronograma del proyecto, que contiene los tiempos estimados de ejecución, este proyecto finalizaría en el año 2026 según se detalla a continuación: a) contratación marzo de 2022 finalización en julio de 2023, b) anteproyecto, planos constructivos, permisos y visados, inicio agosto de 2023 finalización en diciembre de 2024, c) ejecución inicio de 2024 y finalización en marzo de 2026. El proyecto CCSS-0879 Sede Área de Salud Nicoya, se encuentra en etapa de Contratación, bajo el proceso licitatorio del ADCEM #4 (2022PP-000013-007930000 1), específicamente en la actividad de análisis de ofertas y recomendación técnica a cargo de la Unidad Administradora de Proyecto. Ahora bien, también se comprobó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 1°, de la Sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo del año 2023, resolvió suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional que no hubieran iniciado el proceso constructivo. Posteriormente, por artículo 1°, de la Sesión N° 9319, celebrada el 13 de marzo del año 2023, aclaró que todo proyecto que estuviera adjudicado en firme, continuaría con su etapa de ejecución y, además, que la Junta Directiva tomaría la decisión sobre la continuidad de los proyectos, considerando la viabilidad financiera y las fuentes de financiamiento, según estudios solicitados. Finalmente, se tiene por acreditado que la referida Junta Directiva, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió lo siguiente: "ACUERDO PRIMERO. Instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías a continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR (6 ya adjudicadas en firme y 24 en diferentes procesos de desarrollo) según el escenario de entrada en operación aprobado por la Junta Directiva en sesión Artículo 4° de la sesión N°9237 celebrada el 27 de enero de 2022, en virtud de que el contrato de Fideicomiso no permite aplicación de Reglas de priorización para la toma de decisiones”. En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social, conviene explicar que esta una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Además, de conformidad con el artículo 3, de la Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, la Junta Directiva tomará los acuerdos necesarios para extender progresivamente sus servicios a todo el país, para lo cual, debe realizar acuerdos respecto a las inversiones de los fondos de la institución según criterios de oportunidad y conveniencia social. Al respecto, la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, indicó que la Junta Directiva ha emitido distintos acuerdos en torno al portafolio de inversiones, en los cuales se ha analizado el tema y se han adoptado decisiones importantes de impacto institucional, respecto a la continuidad de distintos proyectos, lo que pretende proteger derechos fundamentales como la salud, igualdad y la vida. Así, resulta claro para este Tribunal, que dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal Constitucional efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la Administración recurrida, que inciden en la suspensión del proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional. En todo caso, bajo juramento, se indicó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió continuar trabajando activamente en los trámites necesarios en relación con cada una de las Áreas de Salud de la institución que se encuentran dentro del fideicomiso citado, dentro de ellas el Área de Salud de Nicoya. En conclusión, esta Sala Constitucional establece que actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud o de la igualdad de oportunidades para alguna persona o personas con alguna discapacidad. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso” (ver también, en similar sentido, el voto n.º 2023016389 de las 9:30 horas del 7 de julio de 2023, dictado en el recurso de amparo 23-008311-0007-CO).

En la sentencia No. 2023016389 de las 09:30 horas del 07 de julio de 2023, el Tribunal Constitucional conoció de un amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social donde se reclamó que la Junta Directiva de esa institución suspendió el proyecto de construcción del nuevo Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez y el portafolio de inversiones institucionales cuyo proceso constructivo no había iniciado. Destacan que la suspensión del procedimiento deja en estado de indefensión a los usuarios del citado hospital y pone en riesgo la vida y salud de los recurrentes al no contar con las condiciones adecuadas para su atención. Por unanimidad, la Sala dispuso:

“En congruencia con la sentencia parcialmente transcrita y al no existir elemento alguno para variar el criterio allí vertido, esta Sala considera que el recurso debe ser declarado sin lugar, por cuanto, en el caso particular, no consta que los recurrentes hayan presentado alguna denuncia de las condiciones alegadas y que supuestamente se encuentran en el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez. Al respecto, se reitera que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes.

Por último, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo de forma unánime para suspender el portafolio de inversiones institucionales que pretendía la construcción del nuevo hospital de Cartago. La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Así, dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal Constitucional efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la Administración recurrida, que inciden en la suspensión del proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional.

En conclusión, esta Sala Constitucional establece que actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud de alguna persona o personas. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso”.

A mayor abundamiento, cabe citar que esta Sala en otras oportunidades se ha referido sobre el portafolio de inversiones de la CCSS y precisamente sobre la construcción del EBAIS de Santa Cruz, mediante sentencia No. 2023-018187 de las 09:55 horas del 25 de julio de 2023, resolvió lo siguiente:

“III.- Sobre el casco concreto. En el sub lite, la recurrente, quien es miembro de la Junta de Salud de Turrialba, manifiesta que ha coordinado con la autoridad recurrida la construcción de dos EBAIS en Turrialba, específicamente, en Santa Cruz y en Grano de Oro -zona indígena cabécar-. Reclama que la autoridad recurrida canceló ambos proyectos, según consta en los oficios Nos. ASTJ-ADM-024-03-2023 y ASTJ-ADM-032-03-2023, en los que, en concreto, se dispuso: “Suspender todos los proyectos de Portafolio de Inversiones Institucional que no hayan iniciado el proceso constructivo”. Sostiene que esa decisión provocará un desmejoramiento en la condición y tratamiento de las afecciones de las poblaciones afectadas y se fundamenta en motivos presupuestarios.

Al respecto, esta jurisdicción constitucional ha tramitado varios recursos de amparo en los que se ha cuestionado el acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS de suspender el portafolio de inversiones institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado. En la sentencia nro. 2023-015622 de las 9:20 horas de 30 de junio de 2023, conoció el caso concreto relacionado con la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya, en la cual este Tribunal sostuvo:

“IV.- SOBRE EL FONDO. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. Por esa razón, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario -es decir, breve y sencillo- y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si las instalaciones que albergan la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal cumplen o no los requerimientos para brindar apropiadamente los servicios públicos que le han sido encomendados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por otra parte, si bien se indica que los edificios actuales no reúnen tales condiciones para el funcionamiento adecuado -ya que son de dos plantas, no cuentan con ascensor ni rampas porque no fue construido para ese fin incumpliendo las regulaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad-, que los espacios donde se brindan algunos servicios son muy reducidos, encerrados y no diseñados para tales fines y, además, no tienen parqueo, ni Sala de Choque o Área de Capacitaciones, posibilidad de albergar un Servicio de Laboratorio, entre otros, lo cierto del caso, es que los recurrentes no refieren haber presentado alguna denuncia en ese sentido. Al respecto, es importante destacar que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes (véase, en igual sentido, la Sentencia N° 2023-13510 de las 9:20 horas del 9 de junio de 2023).

V.- Por otra parte, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo de forma unánime para suspender el “Portafolio de Inversiones Institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado”; y, en consecuencia, la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal, se acreditó que efectivamente el proyecto de la sede del Área de Salud de Nicoya, incluye la construcción de una nueva Sede de Área de Salud tipo 1, a través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Esta contratación prevé en su alcance, los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento, en un área de terreno de 26.941m2 y con un área de construcción preliminarmente estimada de 5.144,11 m2. Lo anterior con un costo de inversión estimado de ¢10.114 millones de colones y costos de operación incremental por un monto estimado preliminar de ¢11.495 millones de colones, ambas cifras corresponden a las erogaciones en las que incurriría la institución en el decenio 2023-2032. De acuerdo con el cronograma del proyecto, que contiene los tiempos estimados de ejecución, este proyecto finalizaría en el año 2026 según se detalla a continuación: a) contratación marzo de 2022 finalización en julio de 2023, b) anteproyecto, planos constructivos, permisos y visados, inicio agosto de 2023 finalización en diciembre de 2024, c) ejecución inicio de 2024 y finalización en marzo de 2026. El proyecto CCSS-0879 Sede Área de Salud Nicoya, se encuentra en etapa de Contratación, bajo el proceso licitatorio del ADCEM #4 (2022PP-000013-007930000 1), específicamente en la actividad de análisis de ofertas y recomendación técnica a cargo de la Unidad Administradora de Proyecto. Ahora bien, también se comprobó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 1°, de la Sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo del año 2023, resolvió suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional que no hubieran iniciado el proceso constructivo. Posteriormente, por artículo 1°, de la Sesión N° 9319, celebrada el 13 de marzo del año 2023, aclaró que todo proyecto que estuviera adjudicado en firme, continuaría con su etapa de ejecución y, además, que la Junta Directiva tomaría la decisión sobre la continuidad de los proyectos, considerando la viabilidad financiera y las fuentes de financiamiento, según estudios solicitados. Finalmente, se tiene por acreditado que la referida Junta Directiva, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió lo siguiente: "ACUERDO PRIMERO. Instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías a continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR (6 ya adjudicadas en firme y 24 en diferentes procesos de desarrollo) según el escenario de entrada en operación aprobado por la Junta Directiva en sesión Artículo 4° de la sesión N°9237 celebrada el 27 de enero de 2022, en virtud de que el contrato de Fideicomiso no permite aplicación de Reglas de priorización para la toma de decisiones”. En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social, conviene explicar que esta una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Además, de conformidad con el artículo 3, de la Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, la Junta Directiva tomará los acuerdos necesarios para extender progresivamente sus servicios a todo el país, para lo cual, debe realizar acuerdos respecto a las inversiones de los fondos de la institución según criterios de oportunidad y conveniencia social. Al respecto, la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, indicó que la Junta Directiva ha emitido distintos acuerdos en torno al portafolio de inversiones, en los cuales se ha analizado el tema y se han adoptado decisiones importantes de impacto institucional, respecto a la continuidad de distintos proyectos, lo que pretende proteger derechos fundamentales como la salud, igualdad y la vida. Así, resulta claro para este Tribunal, que dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal Constitucional efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la Administración recurrida, que inciden en la suspensión del proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional. En todo caso, bajo juramento, se indicó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió continuar trabajando activamente en los trámites necesarios en relación con cada una de las Áreas de Salud de la institución que se encuentran dentro del fideicomiso citado, dentro de ellas el Área de Salud de Nicoya. En conclusión, esta Sala Constitucional establece que actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud o de la igualdad de oportunidades para alguna persona o personas con alguna discapacidad. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso” (ver también, en similar sentido, el voto n.º 2023016389 de las 9:30 horas del 7 de julio de 2023, dictado en el recurso de amparo 23-008311-0007-CO).

En congruencia con el criterio vertido en la sentencia parcialmente transcrita y, al no existir elemento alguno para variarlo, es criterio de este Tribunal que el recurso debe ser declarado sin lugar. En ese sentido, en el caso concreto, se tiene por demostrado que la Junta Directiva acordó instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías para continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Por tal motivo, la Dirección de Planificación Institucional en conjunto con la Gerencia de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social remitieron el oficio PE-DPI-445-2023 del 7 de junio de 2023 ante la Junta Directiva, por medio de los cuales solicitaron la continuidad de aquellos proyectos que por su impacto y nivel de madurez, entre los cuales se encuentran los centros médicos que se reclaman: EBAIS de Santa Cruz y el EBAIS de Grano de Oro, Visita Periódica Paso Marcos y Visita Periódica Roca Quemada. En consecuencia, con base a los antecedentes citados, debe declararse sin lugar el recurso”.

En la sentencia No. 2023-18187 de las 09:55 horas del 25 de julio de 2023, se conoció de un recurso de amparo promovido por un miembro de la Junta de Salud de Turrialba donde se reclamó que ha coordinado con la autoridad recurrida la construcción de dos EBAIS en Turrialba, específicamente, en Santa Cruz y en Grano de Oro -zona indígena cabécar-. Manifiesta que la construcción del EBAIS en Santa Cruz se aprobó por cuanto el inmueble en el que se ubicó anteriormente fue declarado inhabitable y, ante tal circunstancia, se alquiló un bien propiedad de la Arquidiócesis de Cartago, pero esta medida no es definitiva y el cierre de ese local implicaría que los usuarios deban acudir a un centro que se sitúa a 12 km. Señala que la construcción del EBAIS en Grano de Oro se planeó junto con Puestos de Visita Periódica en Roca Quemada y Paso Marcos. Detalla que dicho complejo de construcciones es necesario para mejorar la atención integral que se debe brindar en la zona indígena. Aduce que la CCSS canceló ambos proyectos, según consta en los oficios nros. ASTJ-ADM-024-03-2023 y ASTJ-ADM-032-03-2023, en los que, en concreto, se dispuso: “Suspender todos los proyectos de Portafolio de Inversiones Institucional que no hayan iniciado el proceso constructivo”. Sostiene que esa decisión provocará un desmejoramiento en la condición y tratamiento de las afecciones de las poblaciones afectadas y se fundamenta en motivos presupuestarios. En consecuencia, solicita la intervención de esta Sala para que se ordene “terminar como es debido ambos proyectos de construcción y así cubrir las necesidades de atención en salud a las poblaciones de Santa Cruz y Grano de Oro de Turrialba”. (el resaltado no es del original). En esa oportunidad, la Sala -por unanimidad- resolvió:

“En congruencia con el criterio vertido en la sentencia parcialmente transcrita y, al no existir elemento alguno para variarlo, es criterio de este Tribunal que el recurso debe ser declarado sin lugar. En ese sentido, en el caso concreto, se tiene por demostrado que la Junta Directiva acordó instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías para continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Por tal motivo, la Dirección de Planificación Institucional en conjunto con la Gerencia de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social remitieron el oficio PE-DPI-445-2023 del 7 de junio de 2023 ante la Junta Directiva, por medio de los cuales solicitaron la continuidad de aquellos proyectos que por su impacto y nivel de madurez, entre los cuales se encuentran los centros médicos que se reclaman: EBAIS de Santa Cruz y el EBAIS de Grano de Oro, Visita Periódica Paso Marcos y Visita Periódica Roca Quemada. En consecuencia, con base a los antecedentes citados, debe declararse sin lugar el recurso”.

En la resolución No. 2023022339 de las 09:15 horas del 08 de septiembre de 2023, este Tribunal conoció de un recurso de amparo formulado por vecinos del distrito de Santa Cruz de Turrialba. En esa sentencia -por unanimidad- se desestimó el amparo, bajo las siguientes argumentaciones:

“Tales consideraciones que son aplicables al caso en estudio, toda vez este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dichas sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. En consecuencia, el recurso debe ser desestimado, por cuanto en el caso bajo estudio no consta que los recurrentes hayan presentado alguna denuncia de las condiciones alegadas. En ese sentido, se reitera que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes.

Por otra parte, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo para suspender el portafolio de inversiones institucionales, cabe indicar que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Así, dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la administración recurrida, que inciden sobre el proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional.

En conclusión, es menester indicar que en el caso bajo estudio actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud de alguna persona o personas. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso”.

En fin, de los precedentes citados, se puede extraer una conclusión y es que las personas recurrentes de dichos amparos reclamaban una situación similar: que la Caja Costarricense de Seguro Social no presta de forma adecuada el servicio de salud y con la decisión de suspender el portafolio de inversiones, la situación se agravaba y esto era contrario al derecho a la salud de la población de su localidad. No obstante, obsérvese que la Sala Constitucional brinda ciertos elementos de relevancia que merecen ser destacados:

  • a)La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo las decisiones sobre su infraestructura.
  • b)Dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional.
  • c)Más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante de los recursos de amparo citados busca que este Tribunal efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la administración recurrida, que inciden sobre el proyecto constructivo de su interés.
  • d)No existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud de alguna persona o personas.

IV.Sobre la inobjetable situación crítica en la prestación del servicio de salud por la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019 declaró la violación sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas aseguradas de la Caja Costarricense de Seguro Social. En esa oportunidad, la Sala había resuelto lo siguiente:

“Se infiere un aumento constante, desde el año 2012 a la fecha, en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional, tendencia que en estos momentos tiende al aumento. Nótese que en el año 2012 el porcentaje de ingreso era de un 10,26% mientras que en el año 2018 representó un 33,78%, es decir, más del doble. De tales asuntos, buena cantidad corresponde a las listas de espera. Ahora bien, durante el año 2018, la Sala Constitucional, en los recursos de amparo relacionados con materia de salud, verificó la infracción en un 75% aproximadamente de los asuntos votados (entre los amparos declarados con lugar y parcialmente con lugar). Aunado a lo anterior, el derecho a la salud durante el año 2018 fue el asunto más votado en este Tribunal y por ende, es el derecho fundamental que más se recurre ante esta jurisdicción… Este Tribunal es del criterio que las actuaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social en la prestación del servicio público, violenta el derecho a la salud de los administrados como un derecho fundamental autónomo, sino que también se infringen los principios constitucionales del servicio público. Aunado a lo anterior, la atención tardía en la prestación del servicio irradia no solo en la salud del paciente, sino que en otras esferas de los administrados, sean en la vida laboral, educativa e inclusive familiar”.

Dentro de ese expediente, la Caja Costarricense de Seguro Social había reconocido una serie de causas estructurales que afectaban la prestación del servicio público. El Tribunal había dicho en esa oportunidad:

“XVII. Sobre las causas que generan las listas de espera en la prestación de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según informan los representantes de la CCSS, existen una serie de causas y condiciones que han generado la existencia de las listas de espera en la prestación de los servicios de salud. Las causas que generan el retraso en los diversos servicios: a) el aumento poblacional y consideraciones epidemiológicas; b) capacidad instalada limitada (número de camas, número de quirófanos, personal, equipo, etc.); c) falta de médicos especialistas; d) necesidades de equipamiento y e) demanda en el aumento del primer nivel de atención que genera una saturación en el segundo y tercer nivel de atención. Asimismo en el Plan para la Atención Oportuna de las Personas de la CCSS se logró comprobar la existencia de una serie de debilidades en la gestión y administración, tales como: a) que cada centro gestiona de forma diferente sus listas de espera con resultados distintos entre sí; b) uso no generalizado de normas y protocolos, así como la resistencia de los gestores en su aplicación; c) una excesiva especialización de la atención médica, por cuanto los procedimientos y la normativa interna concentran la demanda por servicios; d) a falta de protocolos algunas procedimientos diagnóstico son ordenados sin que se documente una necesidad real; e) carencia de especialistas en algunas especialidades, tales como anestesia, ortopedia, medicina interna, entre otros; f) el riesgo de fuga del recurso humano; g) en promedio, a nivel nacional únicamente el 60% de las salas de operación habilitadas tienen tiempos de utilización mayores o iguales a cinco horas; h) existen centros en los que se carece de camas en recuperación para fortalecer la cirugía mayor ambulatoria; i) agotamiento del recurso humano especializado; j) ausencia de una metodología objetiva de la medición de la calidad de la atención al usuario, entre otros. Por otro lado, el Colegio de Médicos y Cirujanos, señaló la existencia de diversas causas que han generado una afectación al servicio que presta la Caja Costarricense de Seguro Social, sea la falta de de planificación en cuanto al futuro de la población, falta de salas de operación y problemas en las existentes, la falta de gestión, planificación, mala administración. Además, se resaltó la falta de camas, equipamiento que ha cumplido su vida útil, falta de mantenimiento preventivo, falta de repuestos, falencias en las compras de equipos médicos, problema en la infraestructura, entre otros. En esa línea de ideas, la Defensoría de los Habitantes resaltó la existencia una inadecuada gestión de recursos, carencia de una adecuada planificación y la ausencia de un enfoque de derechos humanos. Ahora bien, resulta importante señalar que las problemáticas apuntadas por la institución recurrida son constantes en los procesos de amparo. A modo de ejemplificar lo anterior, se procede a citar diversas sentencias donde se evidencian las diversas falencias en la prestación del servicio de salud por parte de la CCSS por falta de camas, especialistas, insumos médicos, máquinas dañadas, entre otros”.

Del propio voto -basado en argumentaciones dadas por las autoridades competentes- se logró evidenciar que alguna de las causas que inciden en la prestación adecuado del servicio, precisamente es el aumento de la población demandante, capacidad instalada limitada (falta de personal) y también una demanda en el aumento del primer nivel de atención que genera una saturación en el segundo y tercer nivel de atención. Con esto se pretende sostener que quienes integramos este Tribunal no desconocemos la situación crítica que atraviesan las personas usuarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, que constantemente se ve evidenciada en las constantes estimatorias de recursos de amparo por lesiones al derecho a la salud.

V.Sobre la falta de la legitimación en el recurso de amparo. En los recursos de amparo se exige que el proceso sea interpuesto a favor de una persona en concreto o una población -al menos determinable-. Se destaca que en los casos de suspensión por falta de infraestructura -causa estructural de la prestación inadecuada del derecho a la salud-, pese a que el recurso venía razonablemente interpuesto a favor de las poblaciones que se veían afectadas, la Sala desestimó los amparos y resolvió que “no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud de alguna persona o personas”. Nótese que para el caso concreto no se indicó o se individualizó una situación de una persona física que se estuviera viendo afectada por lo denunciado en el amparo.

VI.Respecto a la sostenibilidad económica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es evidente -tal como quedó plasmado líneas atrás- que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo lo relativo a la infraestructura. Dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional.

No puede obviarse que los sistemas de seguridad social y específicamente la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentran en un constante dilema respecto de su sostenibilidad económica y financiera, debido a muchos factores: la inversión en la pirámide poblacional, la onerosidad de los procedimientos, de los aparatos y tratamientos, y de la preparación médica, entre otras. Es público, notorio e inobjetable que la demanda supera la oferta y dentro de la institución existen situaciones similares de necesidades de servicio a la que se acusa en este recurso de amparo. No resulta -a nuestro juicio- procedente priorizar los proyectos, contratación de personal a través de recursos de amparo, que por su naturaleza sumaria no permite determinar el impacto financiero que tiene sobre la Caja Costarricense de Seguro Social que, valga decir, tiene autonomía para determinar qué casos son más críticos, urgentes o necesarios de resolver.

Jurídicamente tampoco puede olvidarse que el derecho a la salud se encuentra categorizado como un derecho económico y social que se rige bajo el principio de progresividad y dentro de la propia Constitución hay principios constitucionales en materia presupuestaria que impone unos límites a las Administraciones Públicas.

VII.En conclusión. En fin, salvamos el voto y también declaramos sin lugar el recurso sobre el único extremo que se acoge, pues consideramos que es la propia Caja Costarricense de Seguro Social la que, en atención a sus deberes constitucionales y legales debe definir las prioridades ante las grandes demandas que enfrenta y no cabe hacerlo en un proceso sumario como el amparo.

VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.

Por tanto:

Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social debido a la demora en la construcción de la sede de visita periódica de Maíz. Se le ordena a Mónica Taylor Hernández, en su condición de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que disponga todas las medidas necesarias y coordine lo pertinente dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que a más tardar en el mes de diciembre de 2027 se culmine la construcción del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca. Se advierte a la autoridad recurrida, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos. Notifíquese.

Fernando Cruz C.

Presidente a.i Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ingrid Hess H.

Ana Cristina Fernandez A.

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