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Res. 07799-2025 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 14/03/2025
OutcomeResultado
The Chamber ordered the CCSS to complete the Maíz de Boruca periodic-visit health post no later than December 2027 and denied the remaining claims.La Sala ordenó a la CCSS terminar el puesto de visita periódica de Maíz de Boruca a más tardar en diciembre de 2027 y rechazó los demás extremos del recurso.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber decided an amparo filed by residents of Maíz and neighboring communities challenging the transfer of primary care to the Boruca EBAIS and the delay in providing a health facility in Maíz. The petitioners argued that distance, limited transportation, travel costs, and poor road conditions created particular barriers for older adults, chronic patients, and residents of rural and Indigenous communities. The Chamber partially granted the petition solely against the Costa Rican Social Security Fund because of the delay in constructing the periodic-visit facility. It ordered the Fund’s executive presidency to adopt and coordinate all necessary measures to complete the Maíz de Boruca health post no later than December 2027. The Fund was also ordered to pay costs and compensate the damages caused by the upheld claim. All remaining claims were denied. Two members of the court partially dissented and would have denied the amparo in its entirety.La Sala Constitucional resolvió un recurso presentado por habitantes de Maíz y comunidades vecinas contra el traslado de la atención primaria al EBAIS de Boruca y la demora en contar con una sede sanitaria en Maíz. Las personas recurrentes alegaron que las distancias, el transporte limitado, el costo del traslado y las condiciones de los caminos dificultaban especialmente el acceso de personas adultas mayores, pacientes crónicos y habitantes de comunidades rurales e indígenas. La Sala declaró el recurso parcialmente con lugar únicamente contra la Caja Costarricense de Seguro Social por la demora en construir la sede de visita periódica. Ordenó a la presidencia ejecutiva adoptar y coordinar las medidas necesarias para finalizar el puesto de Maíz de Boruca, como máximo, en diciembre de 2027. También condenó a la CCSS al pago de costas, daños y perjuicios. Los demás reclamos fueron rechazados. Dos integrantes del tribunal salvaron parcialmente el voto y habrían declarado sin lugar la totalidad del recurso.
Key excerptExtracto clave
Therefore: The petition is partially granted solely with respect to the Costa Rican Social Security Fund because of the delay in constructing the periodic-visit facility in Maíz. Nombre12, in her capacity as executive president of the Costa Rican Social Security Fund, or whoever occupies that office, is ordered to adopt all necessary measures and coordinate the appropriate actions within the scope of her authority so that construction of the Maíz de Boruca periodic-visit post is completed no later than December 2027. The respondent authority is warned that, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law, imprisonment from three months to two years or a fine of twenty to sixty days shall be imposed on anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that must be complied with or enforced and fails to comply with or enforce it, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The Costa Rican Social Security Fund is ordered to pay the costs and compensate the damages caused by the facts underlying this ruling, to be assessed during enforcement proceedings before the administrative-law courts. The petition is denied in all other respects. Justice Salazar Alvarado and Justice Garro Vargas partially dissent and would deny the petition in its entirety. Let notice be served.Por tanto: Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social debido a la demora en la construcción de la sede de visita periódica de Maíz. Se le ordena a Nombre12, en su condición de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que disponga todas las medidas necesarias y coordine lo pertinente dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que a más tardar en el mes de diciembre de 2027 se culmine la construcción del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca. Se advierte a la autoridad recurrida, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos. Notifíquese.
Pull quotesCitas destacadas
"Dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional."
"It is for the Costa Rican Social Security Fund itself, in protecting health as a matter of public interest, to take the actions necessary to safeguard the continuity and normal operation of public services, in accordance with the powers entrusted to it by the Constitution and subordinate legislation."
Voto salvado, apartado VI
"Dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional."
Voto salvado, apartado VI
"Jurídicamente tampoco puede olvidarse que el derecho a la salud se encuentra categorizado como un derecho económico y social que se rige bajo el principio de progresividad y dentro de la propia Constitución hay principios constitucionales en materia presupuestaria que impone unos límites a las Administraciones Públicas."
"Nor can it be legally overlooked that the right to health is categorized as an economic and social right governed by the principle of progressive realization, and that the Constitution itself contains budgetary principles that impose limits on public administrations."
Voto salvado, apartado VI
"Jurídicamente tampoco puede olvidarse que el derecho a la salud se encuentra categorizado como un derecho económico y social que se rige bajo el principio de progresividad y dentro de la propia Constitución hay principios constitucionales en materia presupuestaria que impone unos límites a las Administraciones Públicas."
Voto salvado, apartado VI
"En fin, salvamos el voto y también declaramos sin lugar el recurso sobre el único extremo que se acoge, pues consideramos que es la propia Caja Costarricense de Seguro Social la que, en atención a sus deberes constitucionales y legales debe definir las prioridades ante las grandes demandas que enfrenta y no cabe hacerlo en un proceso sumario como el amparo."
"Accordingly, we dissent and would also deny the petition as to the sole claim granted, because we consider that the Costa Rican Social Security Fund itself, in view of its constitutional and legal duties, must set priorities among the substantial demands it faces, and that this cannot be done in a summary proceeding such as amparo."
Voto salvado, conclusión
"En fin, salvamos el voto y también declaramos sin lugar el recurso sobre el único extremo que se acoge, pues consideramos que es la propia Caja Costarricense de Seguro Social la que, en atención a sus deberes constitucionales y legales debe definir las prioridades ante las grandes demandas que enfrenta y no cabe hacerlo en un proceso sumario como el amparo."
Voto salvado, conclusión
Full documentDocumento completo
Document Review Decision No. 2025007799 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine twenty in the morning on catorce de marzo de dos mil veinticinco.
Amparo action (recurso de amparo) being processed under expediente número 25-002303-0007-CO, filed by Nombre01, identity card No. NFP01, Nombre17, identity card No. NFP07, Nombre25, identity card No. NFP14, Nombre23, identity card No. NFP05, Nombre22, identity card No. NFP11, Nombre06, identity card No. NFP13, Nombre05, identity card No. NFP15, Nombre24, identity card No. 0601001392, Nombre19, identity card No. 0600590824, Nombre20, identity card No. NFP16, Nombre15, identity card No. 0601620378, Nombre16, identity card No. NFP08, Nombre11, identity card No. NFP09, Nombre18, identity card No. 600660913, Nombre02, identity card No. NFP10, Nombre07, identity card No. NFP04, Nombre04, identity card No. NFP12, Nombre14, identity card No. NFP17, Nombre09, identity card No. NFP06, and Nombre03, identity card No. NFP02, against the CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), the MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP), the MINISTERIO DE SALUD, the ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE MAÍZ, the COMITÉ DE SALUD DE MAÍZ, and the JUNTA DE EDUCACIÓN DE MAÍZ.
Findings:
FOURTH: As indicated, we are unaware of the request made by the Health Committee, but we are likewise unaware of any existing eviction order issued by the Ministerio de Salud, and we are also unaware of the existence of any document recording and analyzing any technical or legal grounds for having made any change regarding the location of the health post or the infrastructure available. There is a great lack of transparency regarding the information held by the committees and not provided to the community. FIFTH: The patients receiving care, residents, and any interested parties were not consulted; instead, the matter was decided unilaterally and in a manner that we consider inappropriate for our Right to Health, given the conditions in which our peoples live. We emphasize that, as patients and residents, we did not participate in this decision-making process and were not taken into account.
Nor were the particular characteristics of the location taken into account, through a decision that clearly makes no sense and does not serve the best interests of the governed (administrados) or the very public purpose of protecting the health of the population, even in the most remote areas of the country. This is something that has always characterized the Caja Costarricense del Seguro Social, including in this region of the country, where this health post has existed for more than 40 years. SIXTH: It is deeply troubling that the notice identifies certain problems that had allegedly arisen concerning an inability to renew permits with the Ministerio de Salud, without explaining what this actually entails or informing the patients. Nor is there any knowledge of a specific, prompt, and effective measure planned for the immediate future to ensure that patients receive care in Maíz. In other words, there is no immediate care or protection of the right to health; instead, the provision of this service to the community is merely postponed or eliminated by transferring care elsewhere without undertaking any other short-term action.
There is clear inaction on the part of the CCSS, both in addressing the problem presented and in informing the public. The only matter mentioned is a possible medium- or long-term construction project, regarding which no progress has been disclosed to the public through official documents and which does not appear to have advanced, purportedly because of COVID. This is troubling because COVID occurred 5 years ago, and there does not appear to have been any response to the situation. SEVENTH: The notice states that “the School has already begun its construction Project and therefore requires the land on which the health facility is located; for that reason, we must vacate those premises, and the community has no other infrastructure …” To our knowledge, this lot was donated many years ago by Mr. Nombre08, who also donated part of the Sports Field so that the health post could be established there, where it has remained for more than 30 years and where we have received care as patients to date.
The School’s lot, however, was donated by another person. These facts are known throughout the community. The Chamber has recently decided two amparo proceedings (recursos de amparo) concerning the lot belonging to the Escuela de Maíz and an intended exchange involving the Sports Field. We do not understand what procedure was followed for the Ministerio de Educación to accept or carry out the change in the designated use of property devoted to one public purpose, namely health care, to another purpose that is also commendable and that we know to be absolutely necessary, namely education. But we do not understand this because it remains a different purpose. The situation is that property donated 40 years ago and used by the population as a health post has now, we are told, apparently been exchanged for another lot, or donated, or we do not know what happened; and, as the notice indicates, this was done without verifying that another location or facility existed where patients could receive care under the required conditions.
Nor do we understand how the exchange was carried out when property of equal value or with conditions already suitable for use as a health post had not yet been received. EIGHTH: The health post, which has always occupied that location, is situated near the School project currently under construction. Photographs are submitted. It should be noted for the Honorable Justices that the entrance to the health post was located on the School grounds and below the CEN building or school cafeteria; we attest and declare that we saw and used this path, which was in the nature of an easement (servidumbre), when seeking medical care. The photographs submitted show the location more clearly. That entrance has now been removed by tractor as a result of this School project, and thus the access was eliminated through the actions of the State itself. NINTH: We add to these events our knowledge that renovations were recently made to that health post, in which funds were invested to add a bathroom that complied with the provisions of the Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N°7600.
TENTH: We wish to make clear that transferring all our appointments and medical care to the EBAIS in Boruca causes us serious harm, arising not only from the number of kilometers we must travel but also from all the circumstances affecting our communities that we have already brought to your attention. PETITION: It is respectfully requested that: 1- A PROVISIONAL MEASURE (MEDIDA CAUTELAR) be ordered suspending the administrative measure transferring care to the EBAIS in Boruca because it infringes the exercise and protection of the right to health. 2- The CCSS be ordered to provide a temporary solution if the current premises cannot meet the requirements for the continued provision of primary care in the community of Maíz, thereby avoiding travel that is costly and difficult for us. 3- The respondents be ordered not to violate our right to citizen participation and to information concerning matters that directly affect our right to health, and to provide complete, clear, and accurate information, sufficiently in advance to allow us to make arrangements, regarding decisions that affect us. 4- If the procurement process mentioned in the notice is not currently being conducted, it be ordered that the process be carried out promptly so that a new health post may be built in a location that meets the requirements. 5- The Ministerio de Educación be ordered to state what procedure was followed to accept the change in the designated use of property devoted to one public purpose, namely health care, to the purpose of education. 6- The Ministerio de Educación be ordered to explain why the entrance to the health post was removed, leaving it without its own means of access. 7- The Ministerio de Educación Pública and the Ministerio de Salud be ordered not to direct or carry out the demolition of the current health-post building and to refrain from any construction until a location is available where medical care can be provided as a health post. 8- The Ministerio de Salud or the CCSS clarify for us the status of the land that was donated years ago for use as a health post (…)”.
Particularly with regard to this characteristic, by judgment 2005-5600, issued at sixteen hours and thirty-four minutes on diez de mayo del dos mil cinco, the Chamber held that: (…) Now, when the protection of the right to health is at issue, particular reference must also be made to the content of General Comment No. 14 of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights5, a body created under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights to interpret, monitor, and safeguard the implementation of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. This constitutes a general comment on the right to health, an understanding of which is of particular interest in analyzing the matter that is the subject of the constitutional protection proceeding (amparo), given that it is the principal interpretation of the right to the protection of health issued by the highest-ranking international organization, namely the UN, through the aforementioned Committee.
The main considerations included in that General Comment include the following: (…) Note, then, that when the protection of the right to health is at issue, there are essential basic elements that must be considered to guarantee the full enjoyment of this right, including adaptability, accessibility, availability, and quality. The required services must be guaranteed for the entire population under equitable standards and prioritized according to the most urgent needs identified and for the most vulnerable groups. Constitutional case law (jurisprudencia constitucional) has recognized the right to health as follows: (…) Now, based on a comprehensive interpretation of the Political Constitution, it may be stated that the right to health is grounded in the following provisions: Article 21, which provides that human life is inviolable; Article 46, final paragraph, which refers to the right of consumers and users to the protection of their health; Article 50, second paragraph, which establishes the right to a healthy environment; Article 73, which provides that the governance and administration of social insurance are entrusted to the CCSS; and Article 177, concerning the universalization of health insurance and the State’s obligation to contribute financially in this regard.
For its part, Article 1 of the General Health Law (Ley General de Salud) establishes that health is a matter of public interest, while Article 2 of that body of law provides that safeguarding the health of the population is an essential function of the State. This demonstrates that the protection of this right is not the exclusive responsibility of the Caja, but of the State as such. All the foregoing supports the conclusion that the right to health is a complex right whose protection depends on multiple factors, both internal and external to the Caja. This is because the legally protected interests (bienes jurídicos protegidos) covered by that right—health and human life—depend on determining factors of various kinds (economic, social, cultural, ecological, biological, service-administration-related, among others). Consequently, it is essential that, in each specific case, the proper analysis be conducted to determine which of those factors are related to that case, thereby providing a clear understanding of the factual circumstances under review.
RELIEF REQUESTED (PETITORIA). In accordance with the foregoing, I request that this constitutional protection action (recurso de amparo) be dismissed and denied in all respects, since it has been demonstrated that the institution has not infringed any of the petitioner’s constitutional rights, and that it consequently be exempted from costs.”
The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding public service: With respect to public service, we also confirm that the information presented is true. The Área de Salud de Buenos Aires is aware of the limitations and characteristics of access to health services in the region. 3. The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding road conditions: With respect to road conditions, it is likewise true that they pose difficulties in accessing health centers, which has been a recurring issue in various prior proceedings. 4. The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding charges for private services: As for the charges for private services mentioned in the amparo proceeding (recurso de amparo), the Área de Salud de Buenos Aires is unaware of the specific amounts paid for those private services, since this does not fall within the authority or direct responsibility of this institution. 5.
The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding the use of motorcycle helmets: With respect to the assertion that motorcycle riders do not wear helmets, it is true that, regrettably, this is an identified problem in the canton and lies outside the direct control of the Área de Salud. 6. The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding the amounts of money used: With respect to the amount of resources used, the exact figure referred to by the petitioner is unknown, as that information does not fall within this entity’s sphere of action. 7. The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding the possibilities (sic) of traveling to Boruca: As for citizens’ ability to travel to Boruca, it is not possible to determine precisely each citizen’s financial or personal circumstances for covering transportation costs, since this is a circumstance particular to each resident and beyond the scope of the Área de Salud. 8.
The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding the distribution of residents in Maíz: With respect to the distribution of residents in Maíz, it is true that not all residents are concentrated in the center of the settlement, which affects access to services. However, this information is known to the community and reflects the geographic conditions of the area. 9. The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding citizens’ ownership of vehicles (car or motorcycle): With respect to citizens’ ownership of vehicles (car or motorcycle), we do not know the exact percentage of the population that owns such means of transportation, since this information is private in nature and is not managed by the Área de Salud. The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding the communication dated 22 de enero de 2025: As for the communication dated 22 de enero de 2025, this institution is unaware of its contents because the Área de Salud de Buenos Aires was not copied on it and therefore does not have direct access to the information contained in that document.
The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding the actions of the Asociación de Desarrollo de Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz: The actions undertaken by the Asociación de Desarrollo de Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz fall within the community sphere and are neither directly known to nor the responsibility of the Área de Salud. These entities act autonomously within their respective areas of authority. The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding the communication received from the Comité de Salud de Maíz de Boruca (17 de enero de 2025): The Área de Salud de Buenos Aires received the communication from the Comité de Salud de Maíz de Boruca on 17 de enero de 2025. That request was addressed in a timely manner through official letter ASBA-DM-0035-2025, signed by Dr. Paulo Baeza Chacón, Acting Director of the Área de Salud de Buenos Aires.
The Área de Salud de Buenos Aires states in its report regarding the consultation with residents: With respect to the aforementioned consultation concerning the residents, this institution is unaware of the specific details, since it pertains to the community sphere and does not fall under the direct responsibility of the Área de Salud. The Área de Salud de Buenos Aires states in its report that it reiterates its willingness to address the community’s needs and work jointly toward reaching a consensus to ensure the continuity and quality of health services; we reaffirm our willingness to collaborate with the authorities and the community to find solutions that benefit all citizens, while remaining mindful of the available resources and local conditions. Based on the foregoing, it may be concluded that the institutional departments have at no time violated the fundamental rights alleged in this proceeding; in contrast, the plaintiff has provided no evidence substantiating her assertions.
RELIEF REQUESTED In accordance with the foregoing, this Management Office requests that this amparo proceeding be dismissed in its entirety, since it has been demonstrated that, in this specific case, the Caja Costarricense de Seguro Social has not violated any fundamental right of the protected person. Should the proceeding be granted, the Caja is requested to be exempted from the payment of damages, pursuant to section 52, paragraph 1º of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, given the nature of the function entrusted to this Institution in providing medical services and because the good faith and promptness with which the Institution acted in this case have been clearly established.”
Justice Rueda Leal authored the opinion; and,
Considering:
In view of the fact that the MEP minister failed to respond to the hearing within the period established by this Tribunal in the order admitting the matter for review (resolución de curso) in the sub lite, pursuant to article 45 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, the proceeding shall be decided on the basis of the remaining submissions and evidence entered into the record.
Second, the Tribunal finds the request for interim relief (medidas cautelares) submitted by the petitioning party inadmissible because, although the sub lite was admitted in order to establish or rule out any violation of the constitutional order, it is equally true that the evidentiary and argumentative basis ab initio is insufficient to establish a likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho, fumus boni iuris) with a degree of probability sufficient to justify ordering such relief.
The petitioners state that they live in Maíz, which is located on the boundary of the Boruca indigenous territory. They state that on 22 de enero de 2025 a notice signed by representatives of the Asociación de Desarrollo de Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz was received, addressed to “Residents of Maíz and nearby communities who receive Medical Care at the Maíz Health Facility,” stating that care would no longer be provided at the health post beginning on 27 de enero de 2025 and that arrangements therefore had to be made to transfer the patients and for them to attend medical appointments in the community of Boruca. They allege that this decision was made without first consulting the community. They maintain that the foregoing affects the population of Maíz, as well as other neighboring communities such as Jalisco, Ojo de Agua, Mayal, and San Luis, whose residents also received medical care at the aforementioned health post.
They state that it became known that, on 17 de enero de 2025, the Comité de Salud de Maíz requested the transfer of patient care to the Ebais de Boruca, which was authorized by the Área de Salud de Buenos Aires. They emphasize that they are unaware of any technical basis for the decision and have no knowledge of any future project under which patients would once again receive care in Maíz. They state that construction of the community school began on the land where the health post had been located, even though the land had been donated exclusively for that purpose; accordingly, they question the change in the designated use of an asset devoted to healthcare to a different purpose, namely education. They assert that the change of health post creates numerous difficulties for the population because of the distance they must travel to Boruca, the poor condition of the roads, and problems with the public transportation service provided to the various affected communities. They request that the CCSS be ordered to provide a temporary solution so that primary care may continue to be provided in the community of Maíz while a new health post is being built.
The following facts are deemed duly established and material to the decision in this matter:
“As the Directorate and Administration of the ASBA are aware, this Comité de Salud has been coordinating a project for the construction of a new Casa de Salud, and they are aware of the reasons, conditions, and agreements reached to obtain a lot with the required characteristics; therefore, the lot of the current Casa de Salud now belongs to the Escuela de Maíz, and they are already in the process of constructing a new school and require the land.
In light of the foregoing, we hereby inform you and request the necessary coordination and authorization, as soon as possible, to relocate and provide medical consultations for Maíz at the Ebais de Boruca facilities, since other facilities in the community of Maíz have been evaluated but are unsuitable for providing medical consultations (sic) and require substantial investment to make the corresponding improvements. For these reasons, the best alternative is to provide the service at the Ebais Boruca for as long as necessary while the construction project is processed. We therefore take this opportunity to request your full support in managing and coordinating the execution of that project as soon as possible, taking into account the distance-related difficulties that patients will have to face in traveling to Boruca to receive the required medical care (…)”. (See documentary evidence).
“1. At the Maíz de los Borucas educational center, work is being carried out within the boundaries of the property of the Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas in response to a Health Order imposed by the Ministerio de Salud on the educational center, which dates from the year 2015 and regarding which efforts have repeatedly been made to ensure due compliance.
2. As established in Indigenous Law No. 6172 (ley Indígena N° 6172), the lands located within the boundaries of indigenous territory are under the administration of the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, which in turn, in the year 2017, proceeded to confirm possession of the land in favor of the Maíz de Los Borucas educational center, code 0905. As part of the land-registry notation process (anotaciones registrales), in the year 2003 the Instituto de Desarrollo Agrario had officially transferred that land to the ADI Boruca; accordingly, both the cadastral plan (plano catastral) and the transfer made by the ADI Boruca to the Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas comply with the law (Copies of the documents are attached).
3. It is important to state that, for several years, the Junta de Educación loaned a small lot so that the healthcare center could operate, with the understanding that when the school required that land, the health committee would be notified so that it could remove the facilities or take whatever action the CCSS might determine in order to clear the land. For that reason, once the budget became available to address the school’s infrastructure needs, the Ministerio de salud was asked (sic) to vacate the space that had been provided under the conditions widely known to the parties. The information was likewise conveyed to community residents at various meetings where the feasibility of carrying out reconstruction and new construction for the escuela Maíz de Los Borucas was analyzed.
4. It is no less important to state that the Junta de Educación, understanding the need for the health post to remain operational, transferred to the Ministerio de salud a lot possessed by the Junta de Educación at another location within the same community, all with the knowledge and participation of the ADI Boruca as administrator of the lands within the boundaries of the territorio Boruca. It should likewise be clarified that, at the time, the Ministerio de Salud stated that the space where the health post was located was not viable for the proposed construction of the Casa de Salud intended to serve the residents of the community of Maíz and surrounding areas, because of its dimensions and because it was situated on ‘property belonging to another party’” (emphasis added). (See documentary evidence).
“1. The project arose from health order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, together with amparo proceeding (recurso de amparo) 22-018251-0007-Co and its decision N° 2022023279, which established a specific period within which the physical and sanitary improvements identified by the Ministerio de Salud were to be completed.
2. Because of the urgency of the project, it was decided to undertake a design-and-build process in order to shorten the time frames and serve the student population as soon as possible.
3. On 21 de febrero de 2024, through official letter DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, authorization was granted to contract for the design and construction of the work, including: major maintenance of two academic classrooms, major maintenance of the dining hall, construction of a kindergarten classroom, construction of a restroom block, and professional services such as preliminary studies, preliminary design, plans and technical specifications, detailed budget, construction scheduling, and inspection. The basic studies include: surveying (boundary correction, cadastral surveying, and land surveying) and an S.P.T. soil study with infiltration tests.
4. Following the procurement process conducted by the Junta de Educación, the notice to proceed was issued on 12 de abril de 2024.
5. On 24 de abril de 2024, a joint site visit was conducted with the DIE project planner, architect Gustavo Abarca Mora, the company responsible for the project, representatives of the Junta de Educación, and the director of the Centro Educativo.
During that visit, this office was informed that the EBAIS is located on the Centro Educativo’s land, in a building provided on loan, and that the Junta had agreed with the CCSS that, when necessary, the CCSS would be asked to vacate the land.
6. On 6 de mayo de 2024, the Junta submitted official letter 003-2024 to the DIE, stating that the EBAIS had been asked to vacate the building and approving the inclusion in the design of the building temporarily used by the EBAIS in order to improve the educational infrastructure project.
7. It is important to emphasize that, in that official letter, the Junta reported that the CCSS was being offered the option of using another building belonging to the Centro Educativo—even one larger than the building previously used—to provide healthcare services to the community.
8. This Dirección verified that the building is located within the Centro Educativo’s land, according to the cadastral plan and the certification of possession rights (certificación de derecho de posesión) issued by the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca, and incorporated the building into the design, substantially improving the project’s conditions and allowing the Centro Educativo to have only one terrace. It was therefore decided to adapt this space for use as the preschool classroom.
9. On 18 de diciembre de 2024, the design stage, which includes work on the EBAIS building, was declared complete.
10. The approved overall site plan is attached, establishing the scope of the project to be implemented. The building formerly occupied by the EBAIS will be adapted for use as the educational center’s preschool classroom, as shown in the image labeled ‘ADAPTATION FOR KINDERGARTEN, ADMINISTRATION, AND STORAGE.’ 11. It is important to emphasize that a contract is in place and, consequently, that all corresponding contractual obligations have been assumed (…)” (emphasis added). (See documentary evidence).
“Project Objective: Construction of a Periodic Visit Facility. Improvement of the quality of care provided to users of the Casa de Visita Periódica de Maíz, Colinas (indigenous territory), and surrounding communities by improving operating conditions. To provide adequate infrastructure for the population assigned to the CVS de Maíz de Colinas, ensuring high-quality, compassionate general healthcare for all persons. To provide comfort and safety to users and staff throughout the workday. In addition, to ensure a suitable location for safeguarding institutional assets, which are highly important tools for performing duties and providing the care delivered by the CCSS.
Project Description: Concrete construction, with reinforced masonry on continuous footings and a steel roof structure, terrazzo floors, suspended ceilings, painted finishes, and supplementary exterior work. It includes potable-water systems with elevated tanks and mini-split air conditioning. Wastewater is managed through a septic tank and drainage systems. The electrical systems are certified. It includes fire-detection and intrusion alarm systems.
Activity: 40% Land Acquisition Process (ILLM) Life-Cycle Percentage: 17%.
Executive Report:
Process of signing the loan-for-use agreement (comodato) with the Indigenous Association (Asociación Indígena) and then formalizing it with the Management and notarial offices of the C.C.S.S. The status of the land remains unchanged; the land has not yet been transferred into the name of the CSSS. The project remains in its previous status as of today. No progress has been made.” (See documentary evidence).
“Operations start date: 01/08/2028.
Current status: Stage: Land 40%. Activity: 40% Land Acquisition Process (ILLM). In the process of signing the loan-for-use agreement with the Indigenous Association and then formalizing it with the Management and notarial offices of the C.C.S.S.
Implementation schedule:
Construction of the Maíz de Buenos Aires Periodic Visit Facility 1470 days Mon 02/05/22 Fri 17/12/27 Land acquisition 897 days Mon 02/05/22 Tue 07/10/25 Design of the Maíz Periodic Visit Facility 10 days Wed 08/10/25 Tue 21/10/25 SETENA 100 days Wed 08/10/25 Tue 24/02/26 SETENA Procurement Process 20 days Wed 08/10/25 Tue 04/11/25 Submission of documentation to SETENA 20 days Wed 05/11/25 Tue 02/12/25 Obtaining Environmental Viability (Viabilidad Ambiental) 60 days Wed 03/12/25 Tue 24/02/26 Abbreviated Tender Procurement Process (Proceso de Compra de Licitación Abreviada) 92 days Wed 25/02/26 Thu 02/07/26 Preparation of the case file (expediente) 2 days Wed 25/02/26 Thu 26/02/26 Invitation 1 day Fri 27/02/26 Fri 27/02/26 Submission of Bids 10 days Mon 02/03/26 Fri 13/03/26 Bid Opening 1 day Mon 16/03/26 Mon 16/03/26 Procurement Analysis 2 days Tue 17/03/26 Wed 18/03/26 Financial Analysis 10 days Thu 19/03/26 Wed 01/04/26 Technical and Reasonableness Analysis 5 days Thu 02/04/26 Wed 08/04/26 Legal Analysis 5 days Thu 09/04/26 Wed 15/04/26 Award 20 days Thu 16/04/26 Wed 13/05/26 Notice 1 day Thu 14/05/26 Thu 14/05/26 Appeals Process 15 days Fri 15/05/26 Thu 04/06/26 Finality and guarantees 5 days Fri 05/06/26 Thu 11/06/26 Internal approval 15 days Fri 12/06/26 Thu 02/07/26 Construction process 120 days Mon 05/07/27 Fri 17/12/27 Permits 30 days Mon 05/07/27 Fri 13/08/27 Construction 90 days Mon 16/08/27 Fri 17/12/27 ”. (See documentary evidence).
In the case at bar (sub lite), the petitioners state that they live in Maíz, which is located on the boundary of the Boruca Indigenous territory. They indicate that, on January 22, 2025, a notice signed by representatives of the Asociación de Desarrollo de Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz, addressed to “Residents of Maíz and nearby communities who receive Medical Care at the Maíz Health Center,” was received, stating that care would no longer be provided at the health post (puesto de salud) as of January 27, 2025, and that arrangements should therefore be made to transfer the patients and attend medical appointments in the community of Boruca. They allege that this decision was made without first consulting the community. They maintain that this affects the population of Maíz, as well as other nearby communities such as Jalisco, Ojo de Agua, Mayal, and San Luis, whose residents also received medical care at the aforementioned health post.
They assert that it became known that, on January 17, 2025, the Comité de Salud de Maíz requested that patient care be transferred to the Boruca Ebais, which was authorized by the Área de Salud de Buenos Aires. They emphasize that they are unaware of any technical basis for the decision and that there is no known future project for patients to resume receiving care in Maíz. They state that construction of the community school began on the land where the health post had been located, even though the land was donated exclusively for that purpose; they therefore question the change in the designated use (destino) of property dedicated to health care to a different use, namely education. They assert that relocating the health post causes multiple difficulties for the population because of the distance they must travel to Boruca, the poor condition of the roads, and problems with the public transportation service provided to the various affected communities.
They request that the CCSS be ordered to provide a temporary solution so that primary care (atención primaria) can continue to be provided in the community of Maíz while a new health post is constructed.
The Chamber verifies that, on 21 de noviembre de 2016, the Asociación de Desarrollo Integral del territorio indígena de Boruca donated a lot to the Junta de Educación de la escuela Maíz under real property folios PRN02 and PRN01. By official letter DRIPSSB-ASBA-ADM-024-2023 dated 17 de enero de 2023, the administrator of the Área de Salud de Buenos Aires informed the Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca regarding the projects to be developed in the indigenous territories in the year 2023: “(…) a. Construction of the Maíz de Boruca Periodic Visit Health Post, initiation of the indigenous consultation process as a prerequisite for construction of the EBAIS in this territory. A Loan-for-Use Agreement for the land to be used is currently undergoing formalization before Gerencia Médica. Included in the Institutional Investment Portfolio formulated for the period 2024.
Approximate investment amount ¢250.000.000,00 (…)”. On 16 de setiembre de 2024, the Ministerio de Salud issued health order (orden sanitaria) MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 concerning the Casa de Salud de Maíz, granting a period of three months to undertake a series of actions, including providing restroom facilities that comply with the provisions of law no. 7600. On 2 de diciembre de 2024, the Ministerio de Salud issued an operating permit to the Casa de Salud de Maíz for the provision of outpatient general or specialized medical consultation services, valid until 7 de agosto de 2029. In a written submission dated 16 de enero de 2025, the Comité de Salud de Maíz informed the Área de Salud de Buenos Aires: “As this ASBA Directorate and Administration are aware, this Comité de Salud has been coordinating a project to build a new Casa de Salud, and they are aware of the reasons, conditions, and agreements reached to obtain a lot with the required characteristics; therefore, the lot on which the current Casa de Salud stands now belongs to the Escuela de Maíz, and they have already begun the process of constructing a new school and require the land.
In view of the foregoing, we hereby inform you and request the necessary coordination and authorization, as promptly as possible, to relocate and provide medical consultations for Maíz at the Ebais de Boruca facilities, since other buildings in the community of Maíz have been assessed but are unsuitable for providing medical consultations (sic) and require substantial investment to make the corresponding improvements. For these reasons, the best alternative is to provide the service at the Ebais Boruca for as long as necessary while the construction project is processed. We therefore take this opportunity to request your full support in managing and coordinating the execution of that project as promptly as possible, taking into account the difficulties arising from the distance that patients will have to travel to Boruca to receive the required medical care (…)”. By official letter ASBA-DM-0035-2025 dated 22 de enero de 2025, the acting director of the Área Rectora de Salud de Buenos Aires de la CCSS informed the Comité de Salud de Maíz that authorization had been granted for the community of Maíz to receive care at the Ebais de Boruca beginning on 27 de enero de 2025.
In a written submission dated 22 de enero de 2025, the Comité de Salud de Maíz, the ADI Maíz, and the Junta de Educación de la escuela Maíz informed the “Residents of Maíz and nearby communities who receive medical care at the Casa de Salud de Maíz” that a project to construct a new Casa de Salud for Maíz had been coordinated since the year 2000, which led to negotiations between the Comité de Salud and the Junta de Educación whereby the lot on which the Casa de Salud stands is owned by the escuela de Maíz, while the Comité de Salud acquired the lot located above the Maíz bullring, which meets the requirements established by the CCSS. They also stated that, because the school had begun its construction project, the land occupied by the Casa de Salud had to be vacated; accordingly, beginning on 27 de enero de 2025, medical consultations for those receiving care at the Casa de Salud de Maíz would be provided at the Ebais de Boruca, and patients would therefore have to arrange transportation to that health center.
By official letter DREGT-SCE11-007-2025 dated 5 de febrero de 2025, the education supervisor for indigenous educational circuit 11 of the DRE Grande del Térraba del MEP stated: “1. Work is being carried out at the Maíz de los Borucas educational center within the boundaries of the property of the Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas, in response to a Health Order imposed on the educational center by the Ministerio de Salud, which dates from the year 2015 and for which compliance has repeatedly been sought. 2. As established in Indigenous Law N° 6172, the lands located within the boundaries of indigenous territory are under the administration of the Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, which in turn, in the year 2017, ratified possession of the land in favor of the Maíz de Los Borucas educational center, code 0905; as part of the land-registry annotation process, in the year 2003 the Instituto de Desarrollo Agrario had officially transferred that land to ADI Boruca, and both the cadastral plan (plano catastral) and the transfer made by ADI Boruca to the Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas comply with the law (Copies of the documents are attached). 3.
It is important to note that for several years the Junta de Educación loaned a small lot so that the health center could operate, on the understanding that when the school needed that land, the health committee would be notified so that it could remove the facilities or take whatever action the CCSS determined necessary to vacate the land; therefore, once funding became available to address the school’s infrastructure needs, the Ministerio de salud was asked to vacate the space that had been made available to it under conditions widely known to the parties. This information was likewise conveyed to community residents at various meetings where the feasibility of carrying out reconstruction work and new construction for the escuela Maíz de Los Borucas was analyzed. 4. It is also important to note that the Junta de Educación, understanding the need for the health post to remain operational, transferred to the Ministerio de salud a lot possessed by the Junta de Educación at another location in the same community, all with the knowledge and participation of ADI Boruca as administrator of the lands within the boundaries of the Boruca territory.
It must likewise be clarified that, at the time, the Ministerio de Salud stated that the space where the health post was located, because of its dimensions and because it was situated within land ‘owned by another party,’ was not suitable for the proposed construction of the Casa de Salud intended to serve the residents of the community of Maíz and surrounding areas” (emphasis added). By official letter DVM-A-DIE-DDO-0054-2025 dated 7 de febrero de 2025, the Departamento de Desarrollo de Obra del MEP explains: “1. The project arose from health order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, together with amparo proceeding (recurso de amparo) 22-018251-0007-Co and its ruling N° 2022023279, which established a specified period for completing the physical and sanitary improvements identified by the Ministerio de Salud. 2. Because of the urgency of the project, it was decided to carry out a design-and-build process to shorten the timelines and serve the student population as soon as possible. 3.
On 21 de febrero de 2024, through official letter DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, authorization was granted to contract for the design and construction of work including: major maintenance of two academic classrooms, major maintenance of the cafeteria, construction of a kindergarten classroom, construction of a restroom block, and professional services such as preliminary studies, preliminary design, plans and technical specifications, a detailed budget, construction scheduling, and inspection. The basic studies include: surveying (boundary correction, cadastral registration, and land surveying) and an S.P.T. soil study with infiltration tests. 4. Following the procurement process conducted by the Junta de Educación, the notice to proceed was issued on 12 de abril de 2024. 5. On 24 de abril de 2024, a joint site visit was conducted with the DIE project planner, architect Gustavo Abarca Mora, the company responsible for the project, representatives of the Junta de Educación, and the director of the Centro Educativo.
During that visit, this department was informed that the EBAIS was located on the grounds of the Centro Educativo in a building provided on loan, and that the Junta had agreed with the CCSS that, when needed, the CCSS would be asked to vacate the land. 6. On 6 de mayo de 2024, the Junta submitted official letter 003-2024 to the DIE, stating that the EBAIS had been asked to vacate the building and approving the inclusion in the design of the building temporarily used by the EBAIS, in order to improve the educational infrastructure project. 7. It is important to emphasize that, in that official letter, the Junta reported that La CCSS was being offered the option of using another building belonging to the Centro Educativo, including one larger than the building previously used, to provide health services to the community. 8. This Directorate confirms that the building is located within the grounds of the Centro Educativo, according to the cadastral plan and the certification of the right of possession (derecho de posesión) issued by the Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca, and incorporates this building into the design, substantially improving the project’s conditions and allowing the Centro Educativo to be left with only one terrace.
It was therefore decided to adapt this space for use as the preschool classroom. 9. On 18 de diciembre de 2024, the design phase, which provides for work on the EBAIS building, was declared complete. 10. The approved site plan, which determines the scope of the project to be carried out, is attached. The building formerly occupied by the EBAIS will be adapted for use as the educational center’s preschool classroom, as shown in the image labeled ‘ADAPTATION FOR KINDERGARTEN, ADMINISTRATION, AND STORAGE.’ 11. It is important to emphasize that a contract is in place and, consequently, that all corresponding contractual obligations have been assumed (…)” (emphasis added). The Boletín Mensual Portafolio Estratégico of the Dirección de Planificación Institucional de la CCSS states that the project Sede de Visita Periódica Maíz, code CCSS-1223, is categorized among the relevant projects as of octubre de 2024 and is 40% complete.
On an unknown date, the director of Planificación Institucional de la CCSS informed the executive president regarding the project Sede de Visita Periódica Maíz: “Project Objective: Construction of a Periodic Visit Health Facility. Improvement of the quality of care provided to users of the Casa de Visita Periódica de Maíz, Colinas (indigenous territory), and surrounding communities by improving operating conditions. To provide adequate infrastructure for the population assigned to the CVS de Maíz de Colinas, ensuring comprehensive healthcare for all persons, delivered with quality and compassion. To provide comfort and safety to users and staff throughout the workday. In addition, to ensure an appropriate location for safeguarding institutional assets, which are highly important tools for the performance of duties and the care provided by the CCSS.
Project Description: Concrete construction, with reinforced masonry on continuous footings and a steel roof structure, terrazzo floors, suspended ceilings, painted finishes, and complementary exterior works. It has potable water systems with elevated tanks and mini-split air-conditioning units. Wastewater is managed through a septic tank and drainage systems. The electrical systems are certified. It has fire-detection and intrusion alarm systems. Activity: 40% Land Acquisition Process (ILLM) Life-Cycle Percentage: 17% Executive Report: Process of signing the loan-for-use agreement (comodato) with the Indigenous Association and then formalizing it with C.C.S.S. Management and notarial services. The status of the land remains unchanged; the land has not yet been transferred into the name of the CSSS. The project remains in its previous status as of today. No progress is reported.” By memorandum PE-DPI-0203-2025 dated February 20, 2025, the CCSS Institutional Planning Directorate stated the following regarding the project “CCSS-1223.
Construction of the Maíz Periodic Visit Facility, located in Indigenous territory”: “Operations start date: 01/08/2028. Current status: Stage: Land 40%. Activity: 40% Land Acquisition Process (ILLM). The loan-for-use agreement is in the process of being signed with the Indigenous Association and subsequently formalized with C.C.S.S. Management and notarial services. Expected completion date: project scheduled for 2027 and 2028. Implementation schedule:
Construction of the Maíz de Buenos Aires Periodic Visit Facility 1470 days Mon 02/05/22 Fri 17/12/27 Land acquisition 897 days Mon 02/05/22 Tue 07/10/25 Design of the Maíz Periodic Visit Facility 10 days Wed 08/10/25 Tue 21/10/25 SETENA 100 days Wed 08/10/25 Tue 24/02/26 SETENA Procurement Process 20 days Wed 08/10/25 Tue 04/11/25 Submission of documentation to SETENA 20 days Wed 05/11/25 Tue 02/12/25 Obtaining Environmental Feasibility 60 days Wed 03/12/25 Tue 24/02/26 Abbreviated Tender Procurement Process 92 days Wed 25/02/26 Thu 02/07/26 Preparation of Case File 2 days Wed 25/02/26 Thu 26/02/26 Invitation 1 day Fri 27/02/26 Fri 27/02/26 Submission of Bids 10 days Mon 02/03/26 Fri 13/03/26 Opening of Procurement Process 1 day Mon 16/03/26 Mon 16/03/26 Procurement Analysis 2 days Tue 17/03/26 Wed 18/03/26 Financial Analysis 10 days Thu 19/03/26 Wed 01/04/26 Technical and Reasonableness Analysis 5 days Thu 02/04/26 Wed 08/04/26 Legal Analysis 5 days Thu 09/04/26 Wed 15/04/26 Award 20 days Thu 16/04/26 Wed 13/05/26 Notice 1 day Thu 14/05/26 Thu 14/05/26 Appeals Process 15 days Fri 15/05/26 Thu 04/06/26 Finality and Guarantees 5 days Fri 05/06/26 Thu 11/06/26 Internal Approval 15 days Fri 12/06/26 Thu 02/07/26 Construction Process 120 days Mon 05/07/27 Fri 17/12/27 Permits 30 days Mon 05/07/27 Fri 13/08/27 Construction 90 days Mon 16/08/27 Fri 17/12/27 .” In view of the foregoing, the Chamber deems it appropriate to refer to the findings in judgment no. 2024013316, issued at 9:30 a.m. on May 17, 2024:
“III.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the case at bar (sub lite), the appellant states that, from March 17 to 19, 2024, the Public Defender’s Office visited the community of Alto Carona and concluded that the community has inadequate health-care services, particularly due to the absence of a primary care center and periodic medical visits. She explains that the nearest point of care is in La Peña, more than four hours away on foot along roads that are passable only during the dry season. She asserts that the distance and the difficulty of the route prevent minors, older adults, persons with disabilities, and pregnant women from traveling there, which often means that they do not benefit from the health-care visits when they occur. She states that the access roads from the Costa Rican side are impassable and that, depending on the time of year, transportation costs can reach $170, an amount beyond the means of the protected persons given their poverty. She indicates that, due to the coastal geography, travel by sea is not feasible either. She requests that the CCSS be ordered to guarantee the provision of health-care services to the Ngäbe-Buglé population of Alto Carona and that the Municipalidad de Golfito be ordered to make the roads necessary to guarantee access to the Conte Burica territory passable.
The Court finds that, since September 2018, the Área de Salud de Golfito has had a periodic visit facility staffed by ‘1 physician, 1 REDES employee, 1 assistant, 1 pharmacist, 1 ATAP’ in the Conte Burica indigenous reserve. In addition, one community visit per week is made to the community of Progreso, and dental visits are conducted at the Ebais Alto Conte. Through official letter no. 0391-03-19 of March 12, 2019, the Dirección Regional de Servicios de Salud Región Brunca reported that the communities of La Peña and Carona had been assigned to the Área de Salud de Corredores and the hospital de Ciudad Neily. Through official letter ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, the Área de Salud de Corredores of the CCSS stated: ‘(…) 3-Regarding the residents of Alto Carona, this population is not receiving visits because there is no overland access, and helicopter service from the Servicio de Aviación Civil was highly irregular, with visits being canceled, making it impossible to establish an appropriate schedule without affecting the other remote communities that receive visits.
For that reason, the procurement of helicopter services was requested, but approval has not been granted. It should be noted that, in official letter GM-16890-2023, the Gerencia Médica states: “Through official letter PE-4488-2023, the Presidencia Ejecutiva reported that the cooperation agreement between the Ministerio de Seguridad Pública and the Caja Costarricense de Seguro Social for transporting critically ill patients, providing medical assistance to hard-to-reach communities, and transporting personnel for disaster and emergency response expired on October 24…” It is also important to consider that there is currently no protocol and/or guideline for transporting personnel by helicopter to provide routine patient care, according to the statement made by the same Gerencia in the aforementioned official letter: “…In addition, it is reported that this Gerencia has appointed Dr. Ranjit Singh Apolayo and Dr. Armando Cortés Ruiz, both advisers to this Gerencia, to assist in reviewing and updating the protocol for transporting patients by ambulance, taking into account that the transportation of personnel must be included; this is due to the changes that have arisen in light of the termination of the agreement with the Ministerio de Seguridad Pública…” It is also important to consider the recommendation made by Auditoría Interna in report AGO-99-2021 of November 8, 2021: “…As the entity responsible for safeguarding the health of the population, the Caja Costarricense del Seguro Social is committed to providing such care to the various communities throughout the country.
However, both users and personnel must have minimum conditions for providing this service, conditions that appear not to be met at some periodic visit posts assigned to the Área de Salud de Corredores, because they have dirt floors, deteriorated structures, exposed and hazardous electrical wiring, unpleasant restroom facilities, and awkward and difficult access to the structures, among other issues. These issues affect not only the quality of care but also the proper preservation of the infrastructure…” The PVP located in Alto Carona does not meet the appropriate minimum conditions for providing care to residents, much less for personnel to provide proper care, and it possibly does not meet the requirements of the Ministerio de Salud regulations for authorizing medical offices either (…) FACTS. 1. For this unit to provide care to the residents of Punta Burica, distrito Pavones, personnel must travel overland from Paso Canoas to the vicinity of Puerto Armuelles, reentering national territory and proceeding as far as the beach (posing a risk to institutional vehicles), traveling approximately 20 Km, and then entering through the mountains until reaching the PVP La Peña in the community of La Peña.
Alto Carona cannot ordinarily be accessed overland because there are no passable roads. 2. The community of Alto Carona has a Periodic Visit Post (Puesto de Visita Periódica, PVP) that does not meet the appropriate minimum conditions for providing care to residents, much less for personnel to provide proper care, and it possibly does not meet the requirements of the Ministerio de Salud regulations for authorizing medical offices either. The institution built the PVP La Peña to provide care to the residents of Punta Burica in the community of La Peña before the re-sectorization, and after the re-sectorization it was transferred, together with the communities, to the Área de Salud Corredores; it was neither this unit’s decision nor its recommendation that the PVP be built in that community. This unit does not have authority to decide whether an EBAIS facility should be built in Alto Carona. 3.
Based on the fact that a decision was made to transfer the residents of Punta Burica, distrito Pavones, to the Área de Salud Corredores, according to official letter ASC-SAVE-0862, this was because overland access to this unit was considered easier. The PVP is in La Peña, and the assertion that health care at that health post is irregular is untrue. Medical visits are conducted by the mobile EBAIS, composed of a physician, a nursing assistant, a medical records employee, and a pharmacist. Advance notice is given by the ATAP Technical Assistant who lives in the area and through the Comité de Salud. These visits take place every month for one full week (an attached medical-visit schedule is available), from January through August, because in September, with the rainy season, the roads become impassable and the visits are suspended so as not to place personnel at risk, until air transportation service becomes available.
The existing protocol is for transporting patients by ambulance, not for transporting personnel, and therefore there is no legal basis for requiring personnel to assume the risk of helicopter transportation. It should be emphasized that La Peñita was visited in February for a special community activity, but it did not meet the minimum conditions required to provide proper medical care. The La Peña health post is very well equipped with everything required to provide quality medical care. Moreover, no human-resources team is available to remain there permanently, nor does the location have the population required for an EBAIS. It is true that this community lacks road development, but that is a longstanding historical situation and does not fall within this unit’s purview (…)’ (emphasis added). Finally, the executive president of the CCSS reports that, as of April 29, 2024, the institution is analyzing the institutional feasibility of providing air transportation to the Área de Salud de Corredores.
First, it should be emphasized that the matter under examination (sub examine) was brought on behalf of the indigenous persons of Alto de Carona, and it is therefore relevant to quote the findings of this Court in judgment no. 2018012113, issued at 9:20 a.m. on July 27, 2018:
“III.- REGARDING THE PROTECTION OF INDIGENOUS PERSONS. In judgment No. 3003-92, issued at 11:30 a.m. on October 7, 1992, in connection with the mandatory constitutional consultation concerning ILO Convention 169, this Chamber ruled on the constitutional significance of protecting indigenous persons within a democratic framework respectful of human rights. Specifically, this Court stated: a) That, in addition to recognizing indigenous persons’ full rights and freedoms as human beings, it is necessary to recognize other legally guaranteed conditions through which the inequality and discrimination to which they are subjected may be remedied, for the purpose of guaranteeing their real and effective equality in all aspects of social life; b) That it is also necessary to guarantee respect for and preservation of the historical and cultural values of indigenous populations, recognizing their distinctiveness, subject only to the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being that are now recognized by the civilized world—which means that respect for the traditions, language, religion, and culture in general of those peoples permits only such exceptions as are necessary to eradicate practices universally regarded as inhuman, such as cannibalism—; c) Without prejudice to the foregoing, indigenous persons must also be recognized as having the rights and means necessary to gain free and dignified access to the spiritual and material benefits of the predominant civilization—means among which access to education and to the official language is particularly important—.
It likewise concluded that, far from conflicting with the Political Constitution, “Convention 169 reflects the clearest values of our democratic identity, developing the human rights of Costa Rican Indigenous people, and may serve as a starting point for reviewing secondary legislation in order to adapt it to these needs (…)”.
Now, Part V of the Convention, entitled Social Security and Health, establishes a series of provisions related to the right to health, as follows. Article 24: “Social security schemes shall be extended progressively to the peoples concerned and applied without discrimination against them.” Article 25: “...1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned, or shall provide them with the resources that enable them to organize and provide such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest attainable standard of physical and mental health...
2. Health services shall, to the extent possible, be organized at the community level. These services shall be planned and administered in cooperation with the peoples concerned and shall take into account their economic, geographic, social, and cultural conditions, as well as their preventive methods, healing practices, and traditional medicines.
3. The healthcare system shall give preference to the training and employment of healthcare personnel from the local community and shall focus on primary healthcare, while maintaining close links with the other levels of healthcare.
4. The provision of such health services shall be coordinated with the other social, economic, and cultural measures adopted in the country...” (…)
In this matter, the petitioners allege that the protected parties (amparados) are Indigenous minors with disabilities who require rehabilitation services—minor [Nombre 003] (cerebral palsy) and minor [Nombre 002] (lissencephaly). However, to receive rehabilitation care, they must be transported to the province of San José or Limón because there is no rehabilitation professional at the EBAIS in the Alta de Talamanca area; furthermore, the minors do not receive any State pension. They contend that, as a result, they have difficulty transporting the protected minors to their medical appointments. They assert that, through decision No. 2013-010885, this Chamber had ordered the Health Area of the Alta de Talamanca area to provide treatment to certain children with disabilities in the area.
In this regard, the Chamber finds that the Caja Costarricense de Seguro Social provides medical care to the protected parties at the EBAIS de Amubri and that they are also referred for physical therapy to the Hospital Nacional de Niños and the Hospital Dr. Tony Facio Castro. It is also established that the Talamanca area has no personnel capable of providing rehabilitation to patients requiring that service and that, for this reason, they are referred to other medical centers that do have a specialist. Such conduct by the Administration cannot be upheld, because doing so would amount to disregarding the special protection regime afforded to the rights and integrity of Indigenous peoples under Convention No. 169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries—approved by Law No. 7311 of 30 de noviembre de 1992—as discussed in the first substantive recital (considerando de fondo) of this decision.
This is in addition to the special protection that must be afforded to persons with disabilities. This Chamber does not disregard the authority of the Caja Costarricense de Seguro Social to organize itself for the purpose of providing healthcare services to the public, including by classifying them into three levels of care. This seeks to ensure better use of public funds. Nevertheless, such organization cannot impair users’ access to medical care, particularly when they are Indigenous persons with disabilities who are in a situation of extreme vulnerability. This is especially so because the Costa Rican State has undertaken to provide them with special protection distinct from that afforded to the rest of the population because of their historical deprivation, a commitment it has also undertaken with respect to persons with disabilities. Accordingly, expecting the protected minors to travel hundreds of kilometers from their place of origin to receive rehabilitation would merely institutionalize their inequality.
Consequently, the proper course is to grant the petition for amparo (recurso de amparo) and order Fernando Llorca Castro, Executive President of the Caja Costarricense de Seguro Social, or whoever holds that office in his stead, to immediately undertake the relevant arrangements and carry out the necessary actions so that, within three months from service of this judgment, the physical rehabilitation and/or physical therapy services required by the protected minors [Nombre 002] AND [Nombre 003], in accordance with the judgment of their treating physicians, are provided at the medical center nearest their residence. Likewise, if possible, physical rehabilitation and/or physical therapy shall be provided to the protected parties at their home. In addition, the necessary coordination shall be undertaken to ensure medical care and transportation for the protected parties to the Hospital Nacional de Niños or, as applicable, to the Hospital Tony Facio, according to the medical specialties required by the patients (…)” (boldface added).
Similarly, in judgment no. 2019005560 rendered at 9:30 on 29 de marzo de 2019, this Chamber ruled on the right to health of Indigenous persons:
“XII. The right to health and Indigenous persons. This Court has already expressly addressed the recognition and protection of the fundamental rights of members of Indigenous peoples in light of Constitutional Law (Derecho de la Constitución). Thus, for example, in judgment number 1786-93 rendered at 16:21 on 21 de abril de 1993, this Court established, as a general premise, that our Political Constitution must be interpreted and applied in a manner that permits and facilitates the independent life and development of the ethnic minorities living in Costa Rica, subject to no limitations other than those imposed by human rights themselves on the conduct of all persons. The provisions of international instruments and ordinary legislation must likewise be developed when applied to Indigenous peoples. As a consequence of the foregoing, our legal system, through Convention No.169 of the International Labour Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples, recognizes a series of individual and collective rights relating to education, health, among other matters.
With regard to this Convention, this Chamber, in judgment number 3003-92 rendered at 11:30 on 7 de octubre de 1992, issued in connection with the mandatory constitutional consultation (consulta preceptiva de constitucionalidad) concerning the ‘Bill Approving the “Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries”,’ adopted by the International Labour Organization (I.L.O.) at its LXXVI Conference, held in Geneva, Switzerland, on 27 de junio de 1989, also known as Convention No. 169, held as relevant: ‘[...] Within the general scope of the matters entrusted to the International Labour Organization (ILO), the Convention under review embodies, in a legally enforceable international instrument, a series of rights, freedoms, and economic, social, and cultural conditions intended not only to strengthen the dignity and essential attributes of Indigenous persons as human beings but also, and principally, to provide specific means through which their humanity may be fully realized in view of the disadvantaged, and at times even exploited and mistreated, conditions in which the Indigenous inhabitants of many nations live.
This situation is not entirely foreign to the American Continent, where Indigenous minorities, and sometimes majorities, are practically zzed [sic] from the predominant civilization while, at the same time, suffering the decline and abandonment of their own traditions and cultures. Today, in the field of human rights, it is recognized, in summary: a) That Indigenous persons must be recognized as possessing, in addition to the full range of their rights and freedoms as human beings, other legally guaranteed conditions through which the inequality and discrimination to which they are subjected may be remedied, for the purpose of ensuring their genuine and effective equality in every aspect of social life; b) That it is also necessary to guarantee respect for and preservation of the historical and cultural values of Indigenous populations, recognizing their distinctiveness, subject only to the need to preserve, at the same time, the dignity and fundamental values of every human being now recognized by the civilized world—which means that respect for the traditions, language, religion, and culture generally of those peoples admits only such exceptions as are necessary to eradicate practices universally regarded as inhuman, such as cannibalism—; c) Without prejudice to the foregoing, Indigenous persons must also be afforded the rights and means necessary to gain free and dignified access to the spiritual and material benefits of the predominant civilization—among which access to education and to the official language is particularly important...’ Now, the aforementioned Convention, specifically Article No. 3, establishes that Indigenous peoples shall fully enjoy human rights and fundamental freedoms, evidently including the right to health, without hindrance or discrimination.
Article No. 4 likewise provides that the special measures necessary to safeguard Indigenous persons must be adopted. Consistent with this reasoning, Article No. 7 of the aforementioned instrument states that improving living and working conditions and standards of health and education shall be a priority in the overall economic development plans for the regions they inhabit. In this respect, Articles 24 and 25 of Convention No. 169 of the International Labour Organization reflect the State’s obligations concerning social security and the right to health. For greater clarity, those provisions are transcribed below:
“Article 24. Social security schemes shall be extended progressively to the peoples concerned and applied without discrimination against them.” “Article 25. 1. Governments shall ensure that adequate health services are made available to the peoples concerned, or shall provide them with the resources that enable them to organize and provide such services under their own responsibility and control, so that they may enjoy the highest attainable standard of physical and mental health.
2. Health services shall, to the extent possible, be organized at the community level. These services shall be planned and administered in cooperation with the peoples concerned and shall take into account their economic, geographic, social, and cultural conditions, as well as their preventive methods, healing practices, and traditional medicines.
3. The healthcare system shall give preference to the training and employment of healthcare personnel from the local community and shall focus on primary healthcare, while maintaining close links with the other levels of healthcare.
4. The provision of such health services shall be coordinated with the other social, economic, and cultural measures adopted in the country.” Therefore, under constitutional and treaty provisions, the Indigenous peoples of our country are entitled to special protection and, moreover, respect for their fundamental rights must be guaranteed, including, undoubtedly, the right to health. Furthermore, it is through adequate and timely health care that Indigenous persons can be protected and their health conditions improved, while also enabling the exercise of other fundamental rights that could not be fulfilled without good health” (emphasis added).
For its part, regarding the efficient provision of health services, it is appropriate to recall the findings set forth in judgment no. 2023021882 issued at 13:32 hours on 1° de setiembre de 2023:
“IV.- THE SPECIFIC CASE. In the case at hand, the petitioner (parte accionante) alleges that for more than six years the CCSS has been aware of the limitations of the service provided to the Paso Tempisque community, given the lack of sufficient personnel and space to serve the population. The petitioner adds that, since 2020, the Carrillo Health Area issued a re-sectorization study (estudio de resectorización), which highlighted the need to open a new Ebais facility in Paso Tempisque because of the overcrowding it experiences. The petitioner explains that the proposal for this purpose has been to use the current Paso Tempisque Ebais facility to house an evening Ebais, but it must be provided with personnel. The petitioner maintains that the respondent authorities have failed to act on the grounds that they lack sufficient financial resources to provide the service, despite acknowledging that it is inadequate and that, at the same time, the existing personnel are being subjected to exhausting schedules and long working hours. The petitioner requests an order requiring that the evening Ebais be provided with sufficient personnel.
This Court finds that, on 17 de mayo de 2017, the Carrillo Health Area conducted a re-sectorization study, through which a shortfall of five Ebais was identified; one was provided, and the other four are still pending, including the one for the Paso Tempisque sector. Furthermore, since enero de 2020, the Carrillo Municipal Council has pursued with the CCSS the opening of a new Paso Tempisque Ebais facility.
On 14 de enero de 2020, the CCSS issued the report “Expansion of Evening Care Hours at the Paso Tempisque EBAIS, Carrillo Health Area,” which states: “(…) according to the estimate made by the central-level Health Services Provision Unit, in accordance with the Re-sectorization analysis of 16 de mayo del 2017. Our Unit continues to have a shortfall requiring 4 EBAIS in order to provide comprehensive care to the population under its responsibility. It is important to emphasize that our Unit requires these 4 EBAIS to meet the need to provide comprehensive health care to the enrolled population, in fulfillment of the objective of primary health care at the first level of care, as appropriate for our Health Area: Acceptable accessibility for the entire population, with the ultimate goal of meeting the needs of persons of different ages through the efficient use of public resources. (…) The population served by the Paso Tempisque EBAIS (Table # 1. current population of the District of Palmira: 6791 inhabitants), as has been noted on various occasions, exceeds the team’s installed capacity, as stated by the Community and the Cantonal Municipal Council in official letter MC-SCM-821-2020, dated 26 de noviembre de 2020, in which the community reiterates its request for the creation of a new EBAIS for Paso Tempisque de Carrillo, with evening service, in order to make use of existing resources and thereby serve the population backlog that is not receiving comprehensive care (…) The Paso Tempsique (sic) EBAIS, located in the District of Palmira, consists of 2 ATAPs, 1 physician, 1 REDES assistant, 1 nursing assistant, 1 pharmacist and 1 pharmacy technician. 1 maintenance worker and security guard from 4:00 pm to 7:00am, provided by third parties.
Every other week, dental care is provided by the dental professional and dental assistant, who also cover the District of Belén. Care hours are Monday through Thursday from 7:00 am to 4:00 pm and Friday from 7:00 am to 3:00 pm. During 1 day each month, care is provided at the Community PVP. With regard to user satisfaction measurements, the Canton of Carrillo has fallen from 85% to 73% in recent years, one of the main reasons being that users complain that they cannot find available appointments to receive care, and this is one of the sectors experiencing that problem. (…) 2.1 Project Name Expansion of Care Hours at the Paso Tempisque EBAIS Facility 2.2 Responsible Unit Carrillo Health Area. UE: 2560 2.3 Project modality 2.3.2 Consultations Monday through Thursday from 4:00 pm to 10:00 pm, Friday from 3:00 pm to 10:00 pm and Saturday from 4:00 pm to 10:00 pm, with 04 patients scheduled per hour (…) The estimated cost is 13 million per month, representing approximately 150 million per year.
Regarding investment in public utilities, an annual increase of approximately 10 million in electricity costs (account 2126) and 500 thousand colones for water service is estimated. Telecommunications consumption amounts to approximately 300 thousand colones per year. Expenditures on materials and supplies amount to approximately 7 million colones per year (…)” (boldface added).
On 31 de enero de 2020, the Carillo Health Area sent official letter DASC-0033-2020 to the CCSS’s DRIPSSCH, which states: “The request for the EBAIS submitted by the community of the District of Palmira, represented by the local government, is entirely valid and supported by this Medical Directorate; the need was demonstrated by the Carrillo Health Area Re-sectorization study conducted since 2017, as it is true that the Palmira sector requires one additional EBAIS, as do the other sectors mentioned. This shortfall has a negative impact on service quality because of the high demand for care from users who cannot find available appointments at their EBAIS facilities, including the Paso Tempisque facility, and who must therefore be treated by the emergency service. The Paso Tempisque EBAIS facility could also house an evening EBAIS like the one we have in Sardinal; therefore, if we were provided with the staff positions (plazas) at this time, we would have no infrastructure, security, or cleaning difficulties, as these are provided through third-party contracts” (highlighting added).
Furthermore, on 21 de julio de 2020, the director of the Carrillo Health Area certified that: “in the Carrillo Health Area, Caja Costarricense de Seguro Social, Program Unit 2560, We have the capacity to immediately accommodate EBAIS during a second shift in existing facilities that are in optimal condition at the following locations: 1. Paso Tempisque EBAIS facility. 2. La Costa EBAIS facility. This EBAIS is under construction, which will be completed in diciembre del 2020.” Through official letter GM-2456-2021 of 23 de febrero de 2021, the CCSS Medical Management Division informed a member of the Asamblea Legislativa: “In response to your official letter DLAC-004-2021 dated 11 de enero de 2021, attaching agreement 02, subsection 05, issued at Ordinary Session N°51-2020 of the Carrillo – Guanacaste Municipal Council regarding the request to create a new EBAIS facility in Paso Tempisque de Carrillo with evening service, this Office proceeded to conduct technical consultations at the central and regional levels regarding this proposal, yielding the following results. - The Health Services Planning Directorate (GM-0844-2021), in official letter GM-DPSS-0080-2021, dated 17 de febrero de 2021, concludes as follows: ‘…According to the study “Action Plan for the Establishment of EBAIS and Strengthening of the Health Areas of the Caja Costarricense de Seguro Social, version #2” conducted by this Directorate, a shortfall of two additional sectors has been identified for the Carrillo Health Area.
In other words, a total of 11 health sectors. Regarding the population data presented above, it can be seen that this need for two new sectors exists in the La Costa sector; additionally, this sector has the distinguishing feature of being the farthest from the Health Area facility and must serve the area’s tourist population. The other sector required based on population is Paso Tempisque, which has the distinguishing feature of being located only a few kilometers from the Health Area facility. - Underlining does not appear in the original text - These needs have been confirmed with the local level, and it is confirmed that these are the locations where those health sectors are required…’ - The Chorotega Integrated Health Services Delivery Network Directorate, in official letter DRIPSSCH-ARPLAI-0003-2021(DRIPSSCH-0082-2021), signed by Dr. Eddy Apuy Muñoz, Medical Assistant, and Licda. Juliana Monge Agüero, Coordinator of the Planning and Internal Control Area of the Chorotega Integrated Health Services Delivery Network Directorate, concludes that ‘…Therefore, after analyzing the arguments presented in this report, as well as those reiterated in the background section, subsection 5, this Network Directorate considers the Evening EBAIS Consultation Opening Project appropriate for the benefit of the canton’s population and neighboring communities.
It is further recommended that it be implemented by providing staff positions for a period of 6 months, after which the continuation of this service should be evaluated…’ - Underlining does not appear in the original text - In view of the foregoing, the institution is fully willing to address this need; however, because of the COVID-19 Pandemic and the financial constraints it has caused for the Caja Costarricense de Seguro Social, the creation of staff positions for establishing new EBAIS is subject to financial conditions, as this forms part of compliance with the instructions issued by the Board of Directors in article 29° of session N° 9139, held on 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020)” (emphasis added).
Through official letter GM-6317-2021 of 19 de mayo de 2021, the CCSS Medical Management Division informed the Municipalidad de Carrillo: “(…) as you are aware, this Management Division issued official letter GM-2461-2021, dated 23 de febrero de 2021, which stated as follows: ‘… in accordance with the technical criteria requested, the need to create the Paso de Tempisque de Carrillo EBAIS is confirmed; however, because of the COVID-19 Pandemic and the financial constraints it has caused for the institution, the creation of staff positions for establishing new EBAIS is subject to financial conditions, as this forms part of compliance with the instructions issued by the Board of Directors in article 29° of session N° 9139, held on 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020) …’ In this regard, it is necessary to inform you that there has been no significant change in the circumstances described in the preceding paragraph; accordingly, this Management Division is monitoring the financial directives of the institution’s senior authorities, and once the constraints at this level have been overcome, action to address this need will be scheduled as appropriate for the benefit of the health of the residents of the Canton and Paso Tempisque (…)”. By means of written submission MC-ALC-CRR-435-2022 of 7 de marzo de 2022, the Municipalidad de Carrillo reiterated to the CCSS the urgent need for an Ebais facility in Paso Tempisque.
By filing DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, the Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega stated: “This Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega hereby reports that, in connection with this request, a technical opinion was submitted to the Gerencia Médica through the attached official letter DRSS-DRIPSSCH-0082-2021. Subsequently, a copy was received of the response from the Gerencia Médica to Deputy Luis Antonio Aiza Campos, through the attached official letter GM-2456-2021, which stated verbatim: ‘In accordance with the foregoing, the institution is fully willing to address this need; nevertheless, due to the COVID-19 Pandemic and the financial constraints it has caused for the Caja Costarricense de Seguro Social, the creation of positions for establishing new EBAIS is contingent upon financial conditions, as it forms part of compliance with the instructions issued by the Junta Directiva in Article 29° of session N°9139, held on 12 de noviembre del año 2020.
(SJD-2081-2020).’ In light of the foregoing, the establishment of the new EBAIS is contingent upon the Institution’s financial conditions, in accordance with (sic) the statement by the Gerencia Médica in its official letter GM-2456-2021.” Furthermore, through official letter GM-7414-2022 of 15 de junio de 2022, the Gerencia Médica of the CCSS stated: “(…) through official letter DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, Dr. Warner Picado Camarena, Director of the Dirección Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Chorotega, forwards the following report: ‘...This Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega hereby reports that, as stated in previous reports: The Paso Tempisque Ebais, which is attached to the Área de Salud de Carrillo, is located in the Distrito de Palmira and is staffed by: 2 ATAPS, 1 physician, 1 REDES assistant, 1 nursing assistant, 1 pharmacist, and 1 pharmacy technician.
It also has 1 general-services worker and a security guard from 4:00 pm to 7:00am, under a third-party contract. Every other week, dental care is provided by the dental professional and dental assistant, who also cover the Distrito de Belén. Service hours are Monday through Thursday from 7:00 am to 4:00 pm and Friday from 7:00 am to 3:00 pm. On 1 day each month, services are provided at the Puesto de Visita Periódica de Comunidad. In addition to the foregoing, a technical opinion regarding the need for an additional Ebais was submitted to the Gerencia Médica through official letter DRSS-DHIPSSCH-0082-2021 (which is attached). Subsequently, a copy was received of the response from the Gerencia Medica to Deputy Luis Antonio Aiza Campos, through the attached official letter GM-2456-2021, which states verbatim: “In accordance with the foregoing, the institution is fully willing to address this need; nevertheless, due to the COVID-19 Pandemic and the financial constraints it has caused for the Caja Costarricense de Seguro Social, the creation of positions for establishing new EBAIS is contingent upon financial conditions, as it forms part of compliance with the instructions issued by the Junta Directiva (…)” Therefore, as stated above, establishing the new Ebais for the distrito de Paso Tempisque is an evident need that has been analyzed and remains contingent upon the institution’s financial conditions...’ In light of the foregoing, this Office reports that services are currently being provided to the population of the community of Paso Tempisque as described above.
Furthermore, as stated by Eng. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Director of the Dirección de Proyección de Servicios de Salud, through official letter GM-DPSS-0080-2021, according to the study ‘Action Plan for the Establishment of EBAIS and Strengthening of the CCSS Health Areas, version #2,’ the relevant studies have been conducted to date to determine the need for new sectors in the cantón de Carrillo Guanacaste, including the Paso Tempisque Ebais, which, based on financial policy and economic conditions, are scheduled to be established between 2022-2026, in accordance with (sic) the schedule. Accordingly, this Office provides this report on the steps taken concerning construction of the new EBAIS facility in Paso Tempisque; however, it reiterates that, due to the COVID-19 pandemic and the financial constraints it has caused for the Caja Costarricense de Seguro Social, the creation of positions for establishing new EBAIS is contingent upon financial conditions.” On 22 de diciembre de 2022, through filing DRSS-DRIPSSCH-0987-2022, the director of the Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega submitted to the Dirección de Proyectos de Servicios de Salud of the CCSS the proposed prioritization of Ebais for 2023, which mentions the Área de Salud Carillo, specifically the Ebais Paso Tempisque, under the “Afternoon, rotating positions” arrangement.
On 20 de julio de 2023, the Gerencia Médica of the CCSS stated through filing GM-10588-2023: “According to the analysis conducted regarding the need to reduce EBAIS gaps within the Direcciones de Red Integradas de prestación de Servicios de Salud, priority has been given to assembling the human resources required to open 1 EBAIS in Paso Tempisque. It should be noted that, with respect to providing the human resources needed to establish the aforementioned EBAIS and the other EBAIS prioritized nationwide, this Gerencia is awaiting the Junta Directiva’s determination of the limit on the creation of positions for the 2023 period or subsequent periods.” Finally, by official letter GM-10689-2023 of 21 de julio de 2023, the Medical Management Division of the CCSS stated: “(…) The Financial and Budgetary Control Council, in Article 2 of session 255-18, held on 19 de julio de 2018, ordered: ‘…Prioritize the creation of institutional positions in accordance with the following order: international agreements, compliance with laws, directives of the Board of Directors and the Executive Presidency, and the needs submitted by the Management Divisions, with the Financial and Budgetary Control Council being the body responsible for reviewing proposals for the creation of positions, determining their priority within a particular tranche, and issuing its approval so that the Dirección Administración y Gestión de Personal may proceed with technical validation.
Likewise, the provisions of circular GA-51002-12, dated 06 de diciembre 2012, signed by the Management Body (Ref. PE-0418-2018 of 21 de febrero 2018, signed by Dr. Fernando Llorca Castro, Executive President), concerning the procedure for preparing technical studies to determine institutional human-resource needs, remain in effect (…)’. It should be clarified that the Financial Management Division will annually establish the maximum number of positions that may be created, in accordance with the financial capacity of the insurance programs administered by the institution, and such positions must be directed toward the priority programs and activities of the Caja Costarricense de Seguro Social. For 2022 and 2023, the maximum number of centrally funded positions to be created will be 670 positions for each year, excluding locally funded positions and those related to special services. For locally funded positions and special services, financial capacity and institutional priorities will be taken into consideration; accordingly, the relevant portion of the Política Presupuestaria 2022-2023 del Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen no Contributivos de Pensiones is transcribed below: Guideline 6: Budgetary resources for personal services (compensation) ‘…Strategies a. The Financial Management Division will annually establish the maximum number of positions that may be created, in accordance with the financial capacity of the insurance programs administered by the institution, and such positions must be directed toward the priority programs and activities of the Caja Costarricense de Seguro Social.
For 2022 and 2023, the maximum number of centrally funded positions to be created will be 670 positions for each year…’ In connection with the foregoing, for the 2023 period and pursuant to the decisions of the Financial and Budgetary Control Council, the number of new positions that currently have technical validation from the Dirección de Administración y Gestión de Personal exceeds the figure previously established by the Board of Directors. This situation leaves us awaiting the measures that said body must take to address the needs prioritized by this Management Division. It is important to note that the positions for the Paso Tempisque EBAIS were not prioritized by this Management Division; rather, they were identified by the Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega and referred to this Office, where, in compliance with the prioritization order, they were forwarded to the Dirección de Proyección de Servicios de Salud for technical review and analysis.
That body has included them in a second tranche of position allocations to strengthen the First Level of Care, in compliance with the decision of the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social in Article 6 of session N° 9231, held on 06 de enero del año 2022, concerning the Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, which states as follows: […] ‘ARTICLE 6º Official letter N° GG-4192-2021, dated 15 de diciembre de 2021, signed by Dr. Roberto Cervantes Barrantes, General Manager, is considered, whereby he presents: PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.’ PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.’ Por tanto, Considering the proposed Plan de reducción de brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo contained in official letter GG-PFPSS-0217-2021, signed by Dr. Luis Carlos Vega Martínez in his capacity as Director of the Programa de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud, and the statements made in official letter GG-4192-2021, signed by Dr. Roberto Cervantes Barrantes in his capacity as General Manager, the Board of Directors—unanimously—RESOLVES: FIRST RESOLUTION To approve for implementation the Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, aimed at strengthening comprehensive care, with emphasis on health-promotion and prevention activities.
The creation of positions and the expenditures required by the gap-reduction plan must be approved annually in accordance with the institutional procedure established for these purposes, in line with the plan’s implementation process and consistently with the financial condition and capacity of the health-insurance program. SECOND RESOLUTION To appoint the Medical Management Division to develop and direct the necessary processes related to human resources, budget, infrastructure, supplies, and associated regulations, in order to ensure implementation of the Plan de Reducción de Brechas del Primer Nivel de Atención en el Corto y Mediano Plazo, with the active involvement of the DRIPSS and the relevant institutional units, in accordance with the provisions of the first resolution. […] By virtue of the foregoing, this Medical Management Division has established priorities by considering, in the first instance, the allocation of human resources needed to ensure the sustainability of newly commissioned infrastructure, decisions of the Board of Directors, institutional projects, projects under the Plan Nacional de Desarrollo, and others, which have had to be addressed in different phases in order to meet overall needs. It has therefore been determined that the positions for the Paso Tempisque EBAIS are to be prioritized pursuant to the Plan established by the Board of Directors cited above’ (emphasis added).
In view of the foregoing, it should be noted that this Court has repeatedly held in its case law that:
“VI.—FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH. The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the remaining fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, the right to health is grounded in that provision of the Constitution, since life is inconceivable unless every human being is guaranteed the minimum conditions necessary for an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance. Clearly, any delay by the hospitals, clinics, and other healthcare units of the Caja Costarricense del Seguro Social may adversely affect the preservation of their users’ health and lives (…) Public entities, bodies, and officials exist to serve their users with a clear and unequivocal commitment to service, since that is the very reason for their creation and existence.
The public bodies and entities that provide public health services have a mandatory and non-deferrable obligation to adapt those services to the particular and specific needs of their users or patients, especially those requiring immediate and urgent medical care, and a lack of human and material resources does not constitute a legally valid basis for exempting them from compliance with that obligation. From this standpoint, the clinics and hospitals of the Caja Costarricense de Seguro Social have a duty to adopt and implement organizational changes, hire the necessary medical or support personnel, and acquire the materials and technical equipment required to provide efficient, effective, and prompt services. The senior officials of the Clinics and Hospitals may not invoke ‘waiting lists’ for surgical procedures and certain specialized examinations, or a lack of financial, human, and technical resources, to justify deficient and inadequate patient care, because it is a constitutional imperative that public health services be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and promptly.
The senior officials of the Caja Costarricense de Seguro Social and the Directors of its Hospitals and Clinics have a duty—and are therefore personally responsible, under Article 199 et seq. of the Ley General de la Administración Pública—to adopt and implement all administrative and organizational measures necessary to bring a definitive end to the delayed provision—which, at times, becomes a failure to provide services because of its consequences—of health services. Such a situation plainly constitutes an unequivocal service failure that may give rise to the entity’s administrative financial liability for the unlawful injuries caused to individuals subject to the administration or users (Articles 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública)” (emphasis added) (see judgments nos. 2003013863 at 17:13 hours on 2 de diciembre de 2003, 2010012297 at 14:42 hours on 21 de julio de 2010, 2013004539 at 14:30 hours on 9 de abril de 2013, 2015008671 at 9:05 hours on 12 de junio de 2015, 2019007242 at 9:20 hours on 26 de abril de 2019, 2021022837 at 9:30 hours on 12 de octubre de 2021, 2023019503 at 9:45 hours on 9 de agosto de 2023, among others).
Based on the foregoing, in the case at bar (sub iudice), the infringement of fundamental rights by the CCSS is evident, as explained below. The extensive documentary evidence attached to the case file fully demonstrates that, since 2017, the CCSS has acknowledged the inefficient and ineffective provision of health services in Paso Tempisque, as well as the resulting need to provide that community with a new EBAIS. Specifically, in the report “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo” of 14 de enero de 2020, the CCSS found that the population served by the medical center in that locality “exceeds the team’s installed capacity,” and therefore deemed it appropriate to create a new EBAIS offering evening services in order to make use of existing resources. Additionally, the inefficient and ineffective provision of the aforementioned service is reflected in official letter DASC-0033-2020 of 31 de enero de 2020, in which the Área de Salud de Carrillo stated: “This gap adversely affects the quality of services due to the high demand for care from users who cannot obtain appointments at their EBAIS locations, including Paso Tempisque.” Moreover, in official letter DRSS-DRIPSSCH-0987-2022 of 22 de diciembre de 2022, the Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega included Paso Tempisque in its proposed prioritization of EBAIS for 2023 under the evening-service arrangement.
However, despite the fact that, since 2017, the CCSS has recognized the need to expand the availability of healthcare services for the population of Paso Tempisque, and that various social stakeholders have taken steps aimed at resolving that problem, in the case under examination (sub examine) it has been established that the situation has not been remedied. Indeed, in various written submissions (memoriales) admitted into evidence, the CCSS authorities state that the failure to create the positions necessary to establish the aforementioned Ebais is due to financial conditions, in accordance with the provisions adopted by the Board of Directors in Article 29 of session no. 9139 of November 12, 2020. Moreover, in written submission GM-7414-2022 of June 15, 2022, the CCSS Medical Management Division explained that, according to financial policy and economic conditions, the establishment of the Paso Tempisque Ebais is scheduled for sometime between 2022 and 2026.
Nevertheless, in the case under adjudication (sub iudice), there is no evidence whatsoever that the situation at issue in this proceeding will in fact be addressed before 2026. This is reflected in the fact that, in official letter GM-10689-2023 of July 21, 2023, the CCSS Medical Management Division stated that “the positions for the Paso Tempisque EBAIS have not been prioritized by this Division; rather, they were identified by the Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega and forwarded to this Office, where, in accordance with the prioritization order, they were forwarded for review and technical analysis to the Dirección de Proyección de Servicios de Salud. That office has included them in a second phase of staffing allocations to strengthen the First Level of Care, in compliance with the decision adopted by the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social in Article 6 of session N° 9231, held on January 06, 2022, concerning the Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención in the short and medium term.” Additionally, it should be noted that this Constitutional Chamber has emphatically held that, within the framework of a constitutional, social, and democratic state governed by the rule of law, financial or budgetary constraints cannot be invoked to evade the efficient provision of a service as essential as healthcare, since, as stated above (ut supra), there is a constitutional imperative that this service be provided efficiently, effectively, continuously, regularly, and promptly, as set forth, among others, in judgments nos. 2003013863 at 17:13 hours on December 2, 2003, 2010012297 at 14:42 hours on July 21, 2010, 2013004539 at 14:30 hours on April 9, 2013, 2015008671 at 9:05 hours on June 12, 2015, 2019007242 at 9:20 hours on April 26, 2019, 2021022837 at 9:30 hours on October 12, 2021, and 2023019503 at 9:45 hours on August 9, 2023.
Accordingly, the petition is granted, subject to the order set forth in the operative portion of this judgment (…)
Therefore:
By majority vote, the petition is granted. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez and Eva Camargo Batista, respectively, executive president acting as General Manager and medical director of the Área de Salud de Carrillo, as well as whoever holds the position of regional director of the Red de Servicios de Salud de la región Chorotega, all of the Caja Costarricense de Seguro Social, are ordered to undertake the necessary coordination and carry out all actions within the scope of their respective authority so that, within a maximum period of ONE YEAR from service of this ruling, the problem alleged by the petitioner concerning the lack of efficient and effective healthcare services in Paso Tempisque is definitively resolved. This order is issued with the warning that, pursuant to Article 71 of the Constitutional Jurisdiction Law (Ley de la Jurisdicción Constitucional), anyone who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo) that they must comply with or enforce and who fails to comply with or enforce it shall be subject to imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not punishable by a more severe penalty.
The Caja Costarricense de Seguro Social is ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be quantified during enforcement proceedings before the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). Justices Castillo Víquez and Salazar Alvarado and Justice Garro Vargas dissent and would deny the petition. Notice shall be given” (emphasis added).
In sum, this Constitutional Court has consistently emphasized the special protection afforded to Indigenous persons, as well as the importance of the right to health, which is the cornerstone upon which all other fundamental rights rest; accordingly, healthcare services must meet the standards of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptability.
In the case under examination, the violation of the fundamental rights of the Indigenous people of Alto Carona has been established, due to the CCSS’s failure to provide healthcare services efficiently, a fact acknowledged by the institution itself. In this regard, it should be recalled that the Área de Salud de Corredores is responsible for providing healthcare services to the population of Alto Carona; however, written submission ASCORRE-DM-0118-2024 of April 25, 2024, acknowledged that those users “are not receiving visits because there is no access by land, while helicopter access through the Servicio de Aviación Civil was highly irregular, with trips being suspended and thereby making proper scheduling impossible without affecting the other remote communities that receive visits (…) The periodic-visit post (puesto de visita periódica, PVP) located in Ato Carona does not meet the appropriate minimum conditions for serving residents, much less for staff members to provide proper care, and it may not comply with the requirements established by the Ministerio de Salud regulations for authorizing medical offices.” It is also important to consider that, in report AGO-99-2021 of November 8, 2021, the CCSS Internal Audit Office acknowledged that users and staff of the Área de Salud de Corredores lack the minimum conditions necessary to receive and provide healthcare services, respectively, because some periodic-visit posts “have dirt floors, structures in poor condition, exposed and hazardous electrical installations, unsanitary restroom facilities, and inconvenient and difficult access to the structures, among other issues.” Thus, since at least 2021, the CCSS itself has acknowledged that the Área de Salud de Corredores, which is responsible for providing healthcare services to the protected population of Alto Carona, lacks the minimum conditions necessary to provide those services.
Moreover, the aforementioned Área de Salud stated that users in Alto Carona are not receiving visits because “there is no access by land, while helicopter access through the Servicio de Aviación Civil was highly irregular.” In this regard, it should be noted that this Constitutional Chamber cannot endorse the CCSS’s failure to act diligently and promptly to provide healthcare services to the protected population, because doing so would amount to disregarding the special protection regime afforded to the rights and integrity of the Indigenous people. Accordingly, although the CCSS’s authority to organize itself for the purpose of providing the aforementioned healthcare services is recognized, that authority cannot be exercised to the detriment of users’ access to medical care—in this case, Indigenous persons who, as stated above, enjoy special protection by virtue of their vulnerable status. Additionally, it should be noted that, in the case at bar (sub lite), there is no evidence whatsoever establishing that the situation at issue in this proceeding will be addressed promptly.
Accordingly, because the CCSS’s failure to provide efficient and effective healthcare services to the Indigenous residents of Alto Carona has been established, the petition is granted as to this claim, as set forth in the operative portion of this judgment.
(…)
Therefore:
The petition is granted. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, in her capacity as executive president of the Caja Costarricense de Seguro Social, or whoever holds that office in her stead, is ordered to undertake the necessary coordination and carry out all actions within the scope of her authority so that, within a maximum period of ONE YEAR from service of this ruling, the problem alleged by the petitioner concerning the lack of efficient and effective healthcare services in Alto Carona is definitively resolved. With respect to the Municipalidad de Golfito, Freiner Lara Blanco, in his capacity as mayor of Golfito, or whoever holds that office, is ordered to undertake the necessary coordination and carry out all actions within the scope of his authority so that, within a maximum period of SIX MONTHS from service of this judgment, the problem reported by the petitioner concerning the condition of the road providing access to the community of Alto Carona in the Conte Burica Indigenous territory is resolved.
This order is issued with the warning that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding that they must comply with or enforce and who fails to comply with or enforce it shall be subject to imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not punishable by a more severe penalty. The Caja Costarricense de Seguro Social and the Municipalidad de Golfito are ordered to pay the legal costs, damages, and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be quantified during enforcement proceedings before the contentious-administrative jurisdiction. Justice Salazar Alvarado appends a separate note. Justice Garro Vargas dissents and would deny the amparo petition. Notice shall be given” (emphasis in the original).
In the present case, the Chamber finds a violation of the fundamental rights of the protected party solely with respect to the failure to provide healthcare services efficiently due to the delay in the construction of the Maíz de Boruca periodic-visit post; however, as to the remaining claims raised by the petitioner, the petition is denied, in accordance with the following considerations.
As stated in the precedent cited above, this Constitutional Chamber has emphasized the special protection afforded to Indigenous persons, as well as the importance of the right to health, which is the cornerstone upon which all other fundamental rights rest; accordingly, healthcare services must meet the standards of efficiency, effectiveness, continuity, regularity, and adaptability.
Nevertheless, in the case at bar (sub iudice), the CCSS’s failure to provide efficient healthcare services to the protected persons, who reside in the Maíz de Boruca Indigenous Territory, is corroborated by the delay in constructing that community’s periodic-visit facility. In this regard, it should be noted that, at least since 2022, the CCSS recognized the need to construct a new health post in Maíz, for which reason it was included among the institutional projects to be undertaken, with the following stated objective: “Construction of a Periodic-Visit Facility. Improvement of the quality of care provided to users of the Maíz, Colinas Periodic-Visit Facility (Indigenous territory) and neighboring communities by improving operating conditions. To provide adequate infrastructure for the population assigned to the Maíz de Colinas CVS, ensuring comprehensive healthcare for all persons with quality and compassion.
To provide comfort and safety to users and staff throughout the workday. In addition, to ensure a suitable place for safeguarding institutional assets, which are tools of great importance for performing the duties and providing the care offered by the CCSS.” However, although that project began in mayo de 2022, as of the issuance of this ruling—namely, more than two and a half years later—no significant progress has been verified; rather, it remains in the same initial phase, namely, acquisition of the land on which the health center in question is to be located. The foregoing is reflected in the implementation schedule submitted as evidence with memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025, signed by the Dirección de Planificación Institucional de la CCSS:
Construction of the Maíz de Buenos Aires Periodic-Visit Facility 1470 days Mon 02/05/22 Fri 17/12/27 Land acquisition 897 days Mon 02/05/22 Tue 07/10/25 Design of the Maíz SVP 10 days Wed 08/10/25 Tue 21/10/25 SETENA 100 days Wed 08/10/25 Tue 24/02/26 SETENA Procurement Process 20 days Wed 08/10/25 Tue 04/11/25 Submission of documentation to SETENA 20 days Wed 05/11/25 Tue 02/12/25 Obtaining Environmental Feasibility Approval (Viabilidad Ambiental) 60 days Wed 03/12/25 Tue 24/02/26 Abbreviated Tender Procurement Process (Proceso de Compra de Licitación Abreviada) 92 days Wed 25/02/26 Thu 02/07/26 Preparation of Case File (Expediente) 2 days Wed 25/02/26 Thu 26/02/26 Invitation 1 day Fri 27/02/26 Fri 27/02/26 Submission of Bids 10 days Mon 02/03/26 Fri 13/03/26 Opening of Procurement Process 1 day Mon 16/03/26 Mon 16/03/26 Procurement Analysis 2 days Tue 17/03/26 Wed 18/03/26 Financial Analysis 10 days Thu 19/03/26 Wed 01/04/26 Technical and Reasonableness Analysis 5 days Thu 02/04/26 Wed 08/04/26 Legal Analysis 5 days Thu 09/04/26 Wed 15/04/26 Award 20 days Thu 16/04/26 Wed 13/05/26 Notice 1 day Thu 14/05/26 Thu 14/05/26 Appeals Process 15 days Fri 15/05/26 Thu 04/06/26 Finality and guarantees 5 days Fri 05/06/26 Thu 11/06/26 Internal approval 15 days Fri 12/06/26 Thu 02/07/26 Construction process 120 days Mon 05/07/27 Fri 17/12/27 Permits 30 days Mon 05/07/27 Fri 13/08/27 Construction 90 days Mon 16/08/27 Fri 17/12/27 The aforementioned lack of diligent and prompt action by the CCSS is aggravated by the fact that, as of 27 de enero de 2025, the health post where medical care had been provided to the population of Maíz and surrounding areas ceased operating because the land on which it was located belongs to the community school, where a construction process had commenced.
Consequently, the appropriate course is to grant the amparo action (recurso) with respect to this claim and order the executive president of the CCSS to undertake the necessary coordination and carry out all actions within the scope of her authority so that construction of the Maíz de Boruca periodic-visit health post is completed no later than diciembre de 2027, as stated in the schedule submitted as evidence with memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025, signed by the Dirección de Planificación Institucional de la CCSS.
V.On the other hand, it should be recalled that, in judgment no. 2022023279 de las 9:20 horas del 7 de octubre de 2022, the Chamber referred to the Maíz educational center in the following terms:
“III.- SPECIFIC CASE. In this case, the appellants consider that the fundamental rights of the protected persons have been violated because, since 9 de mayo de 2022, cafeteria services have not been provided at the Maíz de los Borucas educational center, a situation that also affects academic performance. They allege that only three hours of instruction are provided, on the pretext that there is no cafeteria. They allege that, since 2015, the school has been subject to a health order (orden sanitaria) that has not been complied with to date and that, as a result, they currently lack a safe and suitable place in which to attend classes. They state that students receive instruction in the school cafeteria and that the administrative authorities therefore use that fact to justify not using it as a cafeteria, thereby violating the fundamental right of access to proper nutrition.
The record establishes that, in 2015, the Área Rectora de Salud de Buenos Aires de Puntarenas issued a health order concerning the poor physical and sanitary conditions at the El Maíz de los Borucas school. In addition, follow-up visits conducted by that governing health area since mayo de 2017 confirm that the problem reported by the minor students persists. Indeed, notwithstanding the director of Infraestructura Educativa’s statement that a design process for the new infrastructure of that educational center began between 2015 and 2016, the fact remains that the project has been postponed because of that agency’s limited budgetary resources. It was even reported under oath that the project would be included in the 2023 investment plan. This is so even though, since julio de 2021, the Asociación de Desarrollo Indígena has granted a new property to the educational center for construction of the new facilities. Accordingly, as to this aspect of the action, the Chamber finds that the alleged violation occurred because, as can be seen with absolute clarity, the fact remains that the problem persists seven years after that health order was issued.
With respect to the second aspect of the action, the director regional Grande de Térraba reported that the challenged schedule is based on enrollment, because there are only 8 preschool students and 16 students in Cycles I and II, and because the educational center was classified as category D for the 2022 school year. He therefore explains that students attend a single session from 7am to 10 a.m. on short days, or until 10:50 a.m. on long days, in accordance with the schedule module established by the Consejo Superior de Educación.
Finally, regarding meals for the student population, it was demonstrated that, from 9 de mayo de 2022 through 24 de agosto de este mismo año, the minor students at the El Maíz de los Borucas school received no food because the cafeteria employee at that educational center resigned from her position and the Comité de Salud informed the school’s Board that the premises where the children’s food was prepared would no longer be made available because the land on which that facility stood was collapsing. As explained, in view of the foregoing, on 22 de julio de 2022 the El Maíz de los Borucas school submitted the form “Change in Cafeteria Service Modality 2022” (“Cambio de Modalidad de Servicio de Comedor 2022”) to DANEA. Consequently, effective 24 de agosto de los corrientes, meal service was provided to the school’s students under the “served meal” (“plato servido”) modality. Specifically, on this issue, because restoration of meal service to the minor students had already been ordered before notice of the order initiating proceedings (auto de traslado) was served, the Chamber finds that this alleged violation did not occur.
In summary, the action must be granted solely with respect to the physical and sanitary problems at the El Maíz de los Borucas school and the failure to comply with the health order issued in connection with those problems. In all other respects, the amparo petition (amparo) is denied.
(…)
THEREFORE (POR TANTO):
The action is declared partially well-founded, solely with respect to the physical and sanitary problems at the El Maíz de los Borucas school and the failure to comply with the health order issued in connection with those problems. José Leonardo Sánchez Hernández and Álvaro Mata Leitón, in their capacities as acting minister and director of the Dirección de Infraestructura Educativa, respectively, both of the Ministerio de Educación Pública, or whoever holds those offices in their stead, are ordered to issue the necessary directives within the respective scope of their authority and take the corresponding steps so that, within a maximum period of TWELVE MONTHS from service of this judgment, the physical and sanitary improvements identified by the Ministerio de Salud are completed at the El Maíz de los Borucas school. That property must provide a healthy and suitable environment for the education of the students at that educational center.
Those educational authorities are also ordered, within a maximum period of ONE MONTH from service of that same judgment, to adopt and implement the necessary provisional measures to ensure the continuity and conduct of classes and other activities while fully safeguarding the health and physical and emotional integrity of the El Maíz de los Borucas school community. Randall Bejarano Campos, director of the Área Rectora de Salud Buenos Aires, or whoever holds that office in his stead, is ordered, within ONE MONTH from service of the judgment, to verify compliance with health order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 de 15 de junio de 2015, in order to protect the life, physical integrity, and health of the minors who attend the school, as well as the teaching and administrative staff; to endeavor to secure compliance; and, if the order is not complied with, to take the appropriate measures in a timely manner to establish the liability of the officials responsible for the omission.
The foregoing is subject to the warning that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, imprisonment for three months to two years, or a fine of twenty to sixty days, shall be imposed on anyone who receives an order issued in an amparo action that he or she is required to comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, provided that the offense is not subject to a more severe penalty. The State is ordered to pay the costs and the damages arising from the facts forming the basis of this declaration, which shall be assessed during enforcement of the judgment before the contentious-administrative jurisdiction (jurisdicción contencioso administrativa). Justice Salazar Alvarado files a note. Justice Garro Vargas files a note. In all other respects, the action is denied. Let notice be given.” In the case sub iudice, although the petitioners maintain that the Maíz health post was located on land donated for that purpose and challenge the change in use made with respect to that property, it is no less true that the record shows that the structure was actually located on the land donated in November 2016 by the ADI de Boruca to the Junta de Educación de la escuela Maíz.
Furthermore, according to the evidence in the record, from that date onward, that educational center allowed the health post to operate on the land; however, in view of the construction work to be carried out to comply with both health order BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 of 15 de junio de 2015 and the aforementioned judgment no. 2022023279 issued at 9:20 a.m. on 7 de octubre de 2022, the Junta de Educación communicated that it needed use of the premises.
In view of the foregoing, it should be clarified that the amparo proceeding (recurso de amparo) is eminently summary in nature, and therefore its processing is incompatible with the taking of extensive or complex evidence, which instead belongs in ordinary proceedings (vía ordinaria). Accordingly, it is not for this Constitutional Chamber to determine, under the subconstitutional rules governing the matter and the particular circumstances of the case under review, whether title to the land on which the Maíz health post was located does or does not in fact belong to the Junta de Educación de la escuela de Maíz, or whether the procedures established by law for changing the registered owner of the aforementioned land were followed. Nor is it for these specialized proceedings to determine whether, given the impossibility of using the Maíz health post and the failure to build the new health center referred to above, the best alternative for providing health services to the Maíz community is the Ebais de Boruca, or whether such services may be provided in some other facility located within that community.
Likewise, it is not for this Chamber to rule on the objections raised by the petitioning party concerning the actions of the respondent community representative bodies regarding the request to relocate the health center. This is because such an analysis would require slow and complex evidentiary proceedings that are incompatible with the summary nature of the amparo proceeding; consequently, such disputes must be resolved in the ordinary courts.
Having clarified the foregoing, a comprehensive reading of the filing shows that the petitioning party objects to the decision to cease providing health services in Maíz and the resulting transfer of the patients assigned to that health post to the Ebais de Boruca. In this regard, although the circumstances described prevent health services from continuing to be provided in the Maíz community as they had been in prior years, it is no less true that, at the request of the Comité de Salud de Maíz itself—that is, a body representing the community—the CCSS adopted a temporary measure to safeguard the right to health of the residents of Maíz and neighboring towns, namely, their transfer to receive medical care at the Ebais de Boruca while the necessary steps are taken to build a new health post in the aforementioned community. In the opinion of this Chamber, that provisional measure is not manifestly arbitrary or disproportionate.
In this regard, it should be noted that what is relevant for purposes of these specialized proceedings is that the essential core of the right under review—namely, the right to health—not be impaired. In this case, it is evident that, given the impossibility of continuing to use the Maíz health post because of the circumstances described above, the CCSS adopted measures to continue providing that essential service provisionally while the construction work referred to in the preceding recital (considerando) is completed.
Furthermore, although in the filing the petitioning party requests that the respondent authorities be ordered to clarify a series of questions—for example, what procedure was used to approve changing the use of property devoted to a public purpose such as health care to an educational purpose, as well as the status of the land donated years earlier for the health post—it is no less true that, in the case sub iudice, there is no evidence that the protected parties submitted such requests to the respondent authorities. Consequently, no violation of fundamental rights has been established with respect to this issue.
Finally, the Chamber observes that the petitioners also bring the proceeding against the Asociación de Desarrollo De Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz; however, in light of the considerations stated above, it finds no purpose in granting those parties a hearing.
Consequently, the proceeding is denied insofar as these issues are concerned.
I.Subject matter of the proceeding. In the case under review, residents of the town of Maíz, which belongs to Colinas de Buenos Aires, Puntarenas, bring an amparo proceeding against the Caja Costarricense de Seguro Social, the Ministerio de Educación Pública, the Ministerio de Salud, the Asociación de Desarrollo de Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz, alleging the following:
“The petitioners state that they live in Maíz, which is located on the boundary of the Boruca indigenous territory. They indicate that on 22 de enero de 2025, a notice signed by representatives of the Asociación de Desarrollo de Maíz, the Comité de Salud de Maíz, and the Junta de Educación de Maíz was received, addressed to ‘Residents of Maíz and nearby towns who receive Medical Care at the Maíz Health Center.’ The notice stated that care would no longer be provided at the health post as of 27 de enero de 2025 and that arrangements therefore had to be made to transfer the patients and for them to attend medical appointments in the community of Boruca. They allege that the decision was made without first consulting the town. They maintain that this affects the population of Maíz, as well as other neighboring towns such as Jalisco, Ojo de Agua, Mayal, and San Luis, whose residents also received medical care at the aforementioned health post.
They state that they learned that, on 17 de enero de 2025, the Comité de Salud de Maíz requested the transfer of patient care to the Ebais de Boruca, which was authorized by the Área de Salud de Buenos Aires. They emphasize that they are unaware of any technical basis for the decision and have no knowledge of any future project under which patients would once again receive care in Maíz. They indicate that construction of the community school began on the land where the health post was located, even though the land had been donated exclusively for that purpose; they therefore question the change in use of property devoted to health care to a different purpose, namely education. They state that the change of health post creates numerous difficulties for the population because of the distance they must travel to Boruca, the poor condition of the roads, and problems with the public transportation service provided to the various affected communities. They ask that the CCSS be ordered to provide a temporary solution so that primary care may continue to be provided in the Maíz community while a new health post is built.
II.Context of the amparo proceeding. Although the amparo proceeding does not allege it, it should be noted that, following a public announcement by the Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social that it would suspend all projects in the institutional investment portfolio that had not yet commenced, on the stated ground that it sought to safeguard the institution’s financial sustainability, various sectors of society—including members of Municipalidades—sought amparo relief to protect those they represented, alleging that those measures violated the right to health and the proper, efficient, and effective provision of public services.
III.Background concerning challenges to the suspension of institutional investments by the Caja Costarricense de Seguro Social. In this regard, this constitutional jurisdiction has processed several amparo proceedings challenging the decision of the Junta Directiva de la CCSS to suspend projects in the institutional investment portfolio whose construction process had not begun. In judgment no. 2023-015622 issued at 9:20 a.m. on 30 de junio de 2023, it considered the specific case concerning construction of the Headquarters (Clinic) of the Área de Salud de Nicoya, in which this Court held:
“IV.- MERITS. The purpose of the amparo proceeding is to provide timely protection against violations or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as an instrument for reviewing the legality of acts by the various Public Administrations. For that reason, the amparo process is eminently summary in nature—that is, brief and straightforward—and its processing is incompatible with slow and complex evidentiary proceedings or with the need first to examine, by way of declaratory relief, whether the facilities housing the Headquarters (Clinic) of the Área de Salud de Nicoya (Clinic) and the Branch do or do not meet the requirements for properly providing the public services entrusted to the Caja Costarricense de Seguro Social. Furthermore, although it is asserted that the current buildings do not meet the conditions required for proper operation—because they have two floors and lack an elevator and ramps, since they were not built for that purpose, in violation of the regulations of the Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad—that the spaces in which some services are provided are very small, enclosed, and not designed for those purposes, and that they also lack parking, a Shock Room or Training Area, and the capacity to house a Laboratory Service, among other things, the fact remains that the petitioners do not state that they filed any complaint to that effect.
In this regard, it is important to emphasize that this Sala Constitucional is not a forum for processing complaints; accordingly, they must apply to the Ministerio de Salud, the Caja Costarricense de Seguro Social, or the appropriate legal forum in order to bring the relevant claims (see, to the same effect, Judgment No. 2023-13510 issued at 9:20 a.m. on 9 de junio de 2023).
V.Furthermore, regarding the allegation that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social unanimously adopted a resolution to suspend the “Institutional Investment Portfolio whose construction process has not begun”; and, consequently, the construction of the Headquarters (Clinic) of the Nicoya Health Area (Clinic) and the Branch Office, it was established that the Nicoya Health Area headquarters project does in fact include the construction of a new Type 1 Health Area Headquarters through the CCSS-BCR Real Estate Trust (Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR) contracting arrangement. The scope of this contract includes Preliminary Studies, Preliminary Design, Design, Construction, Equipment, Commissioning, and Maintenance, on a land area of 26.941m2 and with a preliminarily estimated construction area of 5.144,11 m2. The foregoing has an estimated investment cost of ¢10.114 million colones and incremental operating costs preliminarily estimated at ¢11.495 million colones, both figures corresponding to the expenditures the institution would incur during the 2023-2032 decade.
According to the project schedule, which contains the estimated execution periods, the project would be completed in 2026, as detailed below: a) contracting, March 2022, completion in July 2023; b) preliminary design, construction plans, permits, and approvals, commencement in August 2023, completion in December 2024; c) execution, commencement in 2024 and completion in March 2026. Project CCSS-0879 Nicoya Health Area Headquarters is at the contracting stage, under the ADCEM #4 tendering process (2022PP-000013-007930000 1), specifically at the stage involving bid analysis and a technical recommendation by the Project Administration Unit. It was also established that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, through Article 1 of Session N° 9318, held on 09 de marzo del año 2023, decided to suspend all projects in the Institutional Investment Portfolio whose construction process had not begun.
Subsequently, through Article 1 of Session N° 9319, held on 13 de marzo del año 2023, it clarified that any project for which a final award had been made would proceed to the execution stage and, furthermore, that the Board of Directors would decide whether projects would continue after considering financial feasibility and funding sources, based on the studies requested. Finally, it has been established that the aforementioned Board of Directors, through Article 22 of Session N° 9331, held on 04 de mayo del año 2023, decided as follows: “FIRST RESOLUTION. To instruct the Infrastructure and Technologies Management Office to continue with the development and execution of the projects for the 30 Health Areas included in the Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR (6 already subject to final awards and 24 at different stages of development), in accordance with the operational commencement scenario approved by the Board of Directors in Article 4 of Session N°9237, held on 27 de enero de 2022, because the Trust agreement does not permit the application of prioritization rules for decision-making.” With respect to the Caja Costarricense de Seguro Social, it should be explained that this is an institution vested with autonomy in the governance and administration of social insurance, including its infrastructure.
Furthermore, pursuant to Article 3 of Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, the Board of Directors shall adopt the resolutions necessary to extend its services progressively throughout the country, for which purpose it must adopt resolutions concerning investments of the institution’s funds based on criteria of timeliness and social advisability. In this regard, the Executive President of the Caja Costarricense de Seguro Social stated that the Board of Directors has issued various resolutions concerning the investment portfolio, in which the matter has been analyzed and significant decisions with institutional impact have been made regarding the continuation of various projects, with the aim of protecting fundamental rights such as health, equality, and life. Thus, it is clear to this Court that it is incumbent upon the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in protecting health as a matter of public interest, to take the actions necessary to safeguard the continuity and normal operation of public services, in accordance with the powers entrusted to it by the Constitución Política and subconstitutional legislation (normativa infraconstitucional).
In this specific case, beyond alleging a violation of fundamental rights, the claimant seeks to have this Constitutional Court conduct a review of legality (control de legalidad) of the actions of the respondent Administration that affect the suspension of the construction project in which the claimant is interested. However, the issue raised must be adjudicated through the appropriate ordinary legal proceedings (vía de legalidad), not through constitutional proceedings. In any event, it was stated under oath that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, through Article 22 of Session N° 9331, held on 04 de mayo del año 2023, decided to continue actively pursuing the necessary procedures concerning each of the institution’s Health Areas included in the aforementioned trust, including the Nicoya Health Area. In conclusion, this Constitutional Chamber (Sala Constitucional) finds that there is currently no situation justifying its intervention to defend the right to health or equal opportunities for any person or persons with a disability.
In view of the foregoing, the petition for relief (recurso) is denied” (see also, to similar effect, judgment n.º 2023016389 of 9:30 hours on 7 de julio de 2023, issued in amparo proceeding (recurso de amparo) 23-008311-0007-CO).
In judgment No. 2023016389 of 09:30 hours on 07 de julio de 2023, the Constitutional Court heard an amparo petition against the Caja Costarricense de Seguro Social alleging that the Board of Directors of that institution had suspended the construction project for the new Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez and the institutional investment portfolio whose construction process had not begun. The petitioners emphasize that suspending the proceeding leaves the users of that hospital without legal protection and endangers the petitioners’ lives and health because adequate conditions for their care are unavailable. The Chamber unanimously ruled:
“Consistent with the judgment partially transcribed above, and because there is no basis for departing from the position stated therein, this Chamber considers that the petition must be denied because, in this specific case, there is no evidence that the petitioners filed any complaint concerning the alleged conditions purportedly existing at Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez. In this regard, it bears repeating that this Constitutional Chamber is not a forum for processing complaints; accordingly, they must apply to the Ministerio de Salud, the Caja Costarricense de Seguro Social, or the appropriate ordinary legal proceedings in order to submit the relevant claims.
Lastly, regarding the allegation that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social unanimously adopted a resolution to suspend the institutional investment portfolio under which the new hospital in Cartago was to be built, the Caja Costarricense de Seguro Social is an institution vested with autonomy in the governance and administration of social insurance, including its infrastructure. Thus, it is incumbent upon the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in protecting health as a matter of public interest, to take the actions necessary to safeguard the continuity and normal operation of public services, in accordance with the powers entrusted to it by the Constitución Política and subconstitutional legislation. In this specific case, beyond alleging a violation of fundamental rights, the claimant seeks to have this Constitutional Court conduct a review of legality of the actions of the respondent Administration that affect the suspension of the construction project in which the claimant is interested. However, the issue raised must be adjudicated through the appropriate ordinary legal proceedings, not through constitutional proceedings.
In conclusion, this Constitutional Chamber finds that there is currently no situation justifying its intervention to defend the right to health of any person or persons. In view of the foregoing, the petition is denied.” For the sake of completeness, it should be noted that on other occasions this Chamber has addressed the CCSS investment portfolio and, specifically, the construction of the EBAIS in Santa Cruz. In judgment No. 2023-018187 of 09:55 hours on 25 de julio de 2023, it ruled as follows:
“III.- Regarding the specific case. In the matter at hand (sub lite), the petitioner, who is a member of the Junta de Salud de Turrialba, states that she coordinated with the respondent authority regarding the construction of two EBAIS in Turrialba, specifically in Santa Cruz and Grano de Oro—the Cabécar Indigenous territory. She alleges that the respondent authority canceled both projects, as recorded in official letters Nos. ASTJ-ADM-024-03-2023 and ASTJ-ADM-032-03-2023, which specifically ordered: ‘Suspend all Institutional Investment Portfolio projects whose construction process has not begun.’ She maintains that this decision will worsen the condition and treatment of the ailments affecting the relevant populations and that it is based on budgetary grounds.
In this regard, this constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional) has processed several amparo petitions challenging the resolution of the CCSS Board of Directors to suspend the institutional investment portfolio whose construction process has not begun. In judgment nro. 2023-015622 of 9:20 hours on 30 de junio de 2023, it heard the specific case concerning the construction of the Headquarters (Clinic) of the Nicoya Health Area, in which this Court held:
“IV.- ON THE MERITS. The purpose of an amparo proceeding (recurso de amparo) is to provide timely protection against violations or threats to fundamental rights and freedoms, not to serve as an instrument for reviewing the legality of acts by the various Public Administrations. For that reason, amparo proceedings are eminently summary in nature—that is, brief and straightforward—and their processing is incompatible with the taking of slow and complex evidence or with the need first to examine—in declaratory proceedings—whether the facilities housing the Headquarters (Clinic) of the Área de Salud de Nicoya (Clinic) and the Branch do or do not meet the requirements for properly providing the public services entrusted to the Caja Costarricense de Seguro Social. Furthermore, although it is stated that the current buildings do not meet such conditions for proper operation—because they have two floors and have neither an elevator nor ramps, since they were not built for that purpose, thereby failing to comply with the regulations of the Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad—that the spaces where some services are provided are very small, enclosed, and not designed for those purposes, and that, in addition, they have no parking, Shock Room, or Training Area, nor the capacity to house a Laboratory Service, among other things, the fact remains that the appellants do not state that they filed any complaint in that regard.
In this respect, it is important to emphasize that this Constitutional Chamber is not a body responsible for processing complaints; consequently, they must apply to the Ministerio de Salud, the Caja Costarricense de Seguro Social, or the appropriate ordinary legality proceedings (vía de legalidad), in order to raise the relevant claims (see, to the same effect, Judgment No. 2023-13510 at 9:20 hours on June 9, 2023).
V.Furthermore, regarding the allegation that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social unanimously adopted a resolution suspending the “Institutional Investment Portfolio whose construction process has not begun,” and consequently the construction of the Headquarters (Clinic) of the Área de Salud de Nicoya (Clinic) and the Branch, it was established that the project for the headquarters of the Área de Salud de Nicoya does indeed include the construction of a new Type 1 Health Area Headquarters through the CCSS-BCR Real Estate Trust contracting arrangement (Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR). The scope of this procurement includes Preliminary Studies, Preliminary Design, Design, Construction, Equipment, Commissioning, and Maintenance on a 26.941m2 parcel of land, with a preliminarily estimated construction area of 5.144,11 m2. The foregoing entails an estimated investment cost of ¢10.114 million colones and incremental operating costs in a preliminary estimated amount of ¢11.495 million colones, both figures corresponding to the expenditures that the institution would incur during the 2023-2032 decade.
According to the project schedule, which contains the estimated completion periods, this project would be completed in 2026, as detailed below: a) procurement, March 2022, completion in July 2023; b) preliminary design, construction plans, permits, and approvals, commencement in August 2023 and completion in December 2024; c) execution, commencement in 2024 and completion in March 2026. Project CCSS-0879 Sede Área de Salud Nicoya is at the Procurement stage, under ADCEM #4 tendering process (2022PP-000013-007930000 1), specifically in the bid-analysis and technical-recommendation activity overseen by the Project Management Unit. It was also established that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, through Article 1 of Session No. 9318, held on March 09, 2023, resolved to suspend all projects in the Institutional Investment Portfolio that had not begun the construction process.
Subsequently, through Article 1 of Session No. 9319, held on March 13, 2023, it clarified that every project for which a final award had been made would proceed to the execution stage and, furthermore, that the Board of Directors would decide whether the projects would continue, considering their financial viability and funding sources, based on the studies requested. Finally, it is deemed established that the aforementioned Board of Directors, through Article 22 of Session No. 9331, held on May 04, 2023, resolved as follows: “FIRST RESOLUTION. To instruct the Infrastructure and Technologies Division to continue the development and execution of the projects for 30 Health Areas included in the Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR (6 already finally awarded and 24 at different stages of development), in accordance with the operational start-up scenario approved by the Board of Directors in Article 4 of Session No. 9237, held on January 27, 2022, because the Trust agreement does not permit the application of prioritization rules for decision-making.” Regarding the Caja Costarricense de Seguro Social, it should be explained that this is an institution vested with autonomy in the governance and administration of social insurance, including its infrastructure.
Furthermore, pursuant to Article 3 of Law No. 17 of October 22, 1943, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, the Board of Directors shall adopt the resolutions necessary to extend its services progressively throughout the country; to that end, it must adopt resolutions concerning the investment of the institution’s funds based on considerations of timeliness and social benefit. In this regard, the Executive President of the Caja Costarricense de Seguro Social stated that the Board of Directors had issued various resolutions concerning the investment portfolio, in which it had analyzed the matter and adopted important decisions with institutional impact regarding the continuation of various projects, seeking to protect fundamental rights such as health, equality, and life. It is therefore clear to this Court that the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in protecting health as a matter of public interest, is responsible for taking the actions necessary to safeguard the continuity and normal operation of public services, in accordance with the powers entrusted to it by the Political Constitution and subconstitutional legislation (normativa infraconstitucional).
In this specific case, beyond alleging a violation of fundamental rights, the claimant seeks to have this Constitutional Court conduct a legality review of the respondent Administration’s actions affecting the suspension of the construction project in which the claimant is interested. However, the issue raised must be litigated through the appropriate ordinary legality proceedings, not through constitutional proceedings. In any event, it was stated under oath that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social, through Article 22 of Session No. 9331, held on May 04, 2023, resolved to continue actively processing the necessary procedures relating to each of the institution’s Health Areas covered by the aforementioned trust, including the Área de Salud de Nicoya. In conclusion, this Constitutional Chamber finds that there is currently no situation warranting its intervention to protect the right to health or equality of opportunity for any person or persons with a disability. In view of the foregoing, the proceeding is dismissed” (see also, to a similar effect, judgment No. 2023016389 at 9:30 hours on July 7, 2023, issued in amparo proceeding 23-008311-0007-CO).
Consistent with the reasoning set forth in the judgment partially transcribed above, and because there is no basis for departing from it, this Court finds that the proceeding must be dismissed. In that regard, in this specific case, it is deemed established that the Board of Directors resolved to instruct the Infrastructure and Technologies Division to continue the development and execution of the projects for 30 Health Areas included in the Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. For that reason, the Institutional Planning Directorate, together with the Infrastructure Division of the Caja Costarricense de Seguro Social, submitted official communication PE-DPI-445-2023 of June 7, 2023 to the Board of Directors, through which they requested the continuation of those projects whose impact and level of maturity warranted it, including the medical centers at issue: EBAIS de Santa Cruz and EBAIS de Grano de Oro, Visita Periódica Paso Marcos, and Visita Periódica Roca Quemada.
Consequently, based on the precedents cited, the proceeding must be dismissed.” In Judgment No. 2023-18187 at 09:55 hours on July 25, 2023, the Chamber heard an amparo proceeding brought by a member of the Junta de Salud de Turrialba, who alleged that he had coordinated with the respondent authority regarding the construction of two EBAIS in Turrialba, specifically in Santa Cruz and Grano de Oro—the Cabécar Indigenous territory. He states that construction of the EBAIS in Santa Cruz was approved because the property where it had previously operated was declared uninhabitable and, under those circumstances, a property owned by the Arquidiócesis de Cartago was leased; however, this measure is not permanent, and closure of that facility would require users to travel to a center located 12 km away. He states that construction of the EBAIS in Grano de Oro was planned together with Periodic Visit Posts (Puestos de Visita Periódica) in Roca Quemada and Paso Marcos.
He explains that this building complex is necessary to improve the comprehensive care that must be provided in the Indigenous territory. He alleges that the CCSS canceled both projects, as recorded in official communications Nos. ASTJ-ADM-024-03-2023 and ASTJ-ADM-032-03-2023, which specifically ordered: “Suspend all projects in the Institutional Investment Portfolio that have not begun the construction process.” He maintains that this decision, which is based on budgetary considerations, will lead to a deterioration in the condition and treatment of the ailments affecting the relevant populations. Consequently, he requests this Chamber’s intervention to order the authorities to “properly complete both construction projects and thereby meet the healthcare needs of the populations of Santa Cruz and Grano de Oro de Turrialba.” (emphasis not in the original). On that occasion, the Chamber unanimously ruled:
“Consistent with the reasoning set forth in the judgment partially transcribed above, and because there is no basis for departing from it, this Court finds that the proceeding must be dismissed. In that regard, in this specific case, it is deemed established that the Board of Directors resolved to instruct the Infrastructure and Technologies Division to continue the development and execution of the projects for 30 Health Areas included in the Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. For that reason, the Institutional Planning Directorate, together with the Infrastructure Division of the Caja Costarricense de Seguro Social, submitted official communication PE-DPI-445-2023 of June 7, 2023 to the Board of Directors, through which they requested the continuation of those projects whose impact and level of maturity warranted it, including the medical centers at issue: EBAIS de Santa Cruz and EBAIS de Grano de Oro, Visita Periódica Paso Marcos, and Visita Periódica Roca Quemada. Consequently, based on the precedents cited, the proceeding must be dismissed.” In decision No. 2023022339 at 09:15 hours on 08 de septiembre de 2023, this Court heard an amparo proceeding (recurso de amparo) filed by residents of the district of Santa Cruz de Turrialba. In that judgment—unanimously—the amparo proceeding was dismissed on the following grounds:
“Those considerations are applicable to the case under review, since this Court finds no reason to depart from the position expressed in those judgments, nor any grounds for assessing the situation presented differently. Consequently, the proceeding must be dismissed because, in the case under review, there is no record that the petitioners filed any complaint concerning the alleged conditions. In this regard, it is reiterated that this Constitutional Chamber is not a forum for processing complaints; therefore, they must apply to the Ministerio de Salud, the Caja Costarricense de Seguro Social, or the appropriate ordinary legal forum (vía de legalidad), in order to bring the relevant claims.
Moreover, regarding the allegation that the Board of Directors of the Caja Costarricense de Seguro Social adopted a resolution suspending the institutional investment portfolio, it should be noted that the Caja Costarricense de Seguro Social is an institution with autonomy over the governance and administration of social insurance, including its infrastructure. Thus, it is incumbent upon the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in safeguarding health as a matter of public interest, to take the actions necessary to ensure the continuity and normal operation of public services, in accordance with the powers entrusted to it under the Constitución Política and subordinate legislation (normativa infraconstitucional). In this specific case, beyond alleging a violation of fundamental rights, the petitioner seeks to have this Court conduct a review of legality (control de legalidad) of the actions of the respondent administration (administración recurrida) affecting the construction project in which the petitioner has an interest. However, the issue raised must be adjudicated in the appropriate ordinary legal forum, not through constitutional proceedings.
In conclusion, it must be stated that, in the case under review, there is currently no situation that would warrant this Court’s intervention to protect the right to health of any person or persons. Accordingly, the proceeding is denied.” Ultimately, one conclusion may be drawn from the precedents cited: the petitioners in those amparo proceedings complained of a similar situation, namely that the Caja Costarricense de Seguro Social was not adequately providing healthcare services and that the decision to suspend the investment portfolio aggravated the situation, thereby violating the local population’s right to health. Nevertheless, it should be noted that the Constitutional Chamber provides certain relevant considerations that merit emphasis:
IV.On the indisputably critical situation concerning the provision of healthcare services by the Caja Costarricense de Seguro Social. In judgment No. 2019-5560 at 09:30 hours on 29 de marzo de 2019, this Constitutional Chamber declared that the right to health of persons insured by the Caja Costarricense de Seguro Social had been systematically and repeatedly violated. On that occasion, the Chamber ruled as follows:
“A steady increase may be inferred, from 2012 to date, in the number of cases involving violations of the right to health filed with the constitutional jurisdiction (jurisdicción constitucional), a trend that currently continues to rise. It should be noted that in 2012 the percentage of filings was 10,26%, whereas in 2018 it represented 33,78%, that is, more than double. A substantial number of those cases concern waiting lists. During 2018, in amparo proceedings related to healthcare, the Constitutional Chamber found violations in approximately 75% of the cases decided, including proceedings granted in full and in part. Furthermore, during 2018, the right to health was the issue most frequently adjudicated by this Court and, consequently, the fundamental right most frequently invoked before this jurisdiction… This Court considers that the actions of the Caja Costarricense de Seguro Social in providing the public service not only violate the right to health of service users as an autonomous fundamental right, but also infringe the constitutional principles governing public services.
Moreover, delayed service affects not only patients’ health, but also other areas of their lives, including their employment, education, and even family life.” In those proceedings, the Caja Costarricense de Seguro Social had acknowledged a series of structural causes affecting the provision of the public service. On that occasion, the Court stated:
“XVII. On the causes giving rise to waiting lists in the provision of services by the Caja Costarricense de Seguro Social. According to the representatives of the CCSS, a series of causes and conditions have led to the existence of waiting lists for healthcare services. The causes of delays in the various services are: a) population growth and epidemiological considerations; b) limited installed capacity (number of beds, number of operating rooms, personnel, equipment, etc.); c) lack of specialist physicians; d) equipment needs; and e) increased demand at the primary level of care, causing saturation at the secondary and tertiary levels of care. Likewise, the CCSS Plan para la Atención Oportuna de las Personas revealed a series of weaknesses in management and administration, including: a) each facility manages its waiting lists differently, producing disparate results; b) standards and protocols are not universally applied, and managers resist their application; c) medical care is excessively specialized, because procedures and internal regulations concentrate demand for services; d) in the absence of protocols, some diagnostic procedures are ordered without any documented actual need; e) there is a shortage of specialists in fields such as anesthesiology, orthopedics, and internal medicine, among others; f) there is a risk of human-resource attrition; g) on average, nationwide, only 60% of enabled operating rooms are used for five hours or more; h) some facilities lack recovery beds needed to expand major outpatient surgery; i) specialized personnel are exhausted; j) there is no objective methodology for measuring the quality of patient care, among other matters.
The Colegio de Médicos y Cirujanos also noted various causes that have impaired the service provided by the Caja Costarricense de Seguro Social, namely a lack of planning for the population’s future needs, an insufficient number of operating rooms and problems with existing ones, inadequate management and planning, and poor administration. It also emphasized the shortage of beds, equipment that has reached the end of its useful life, inadequate preventive maintenance, lack of spare parts, deficiencies in the procurement of medical equipment, and infrastructure problems, among other matters. Along the same lines, the Defensoría de los Habitantes emphasized the existence of inadequate resource management, a lack of proper planning, and the absence of a human-rights-based approach. It is important to note that the problems identified by the respondent institution recur in amparo proceedings.
To illustrate the foregoing, various judgments are cited below showing the different deficiencies in the provision of healthcare services by the CCSS due to shortages of beds, specialists, and medical supplies, damaged machines, and other causes.” The judgment itself—based on arguments presented by the competent authorities—showed that some of the causes affecting the proper provision of services are precisely the growth of the population requiring those services, limited installed capacity, including staff shortages, and increased demand at the primary level of care, which causes saturation at the secondary and tertiary levels. This is intended to make clear that the members of this Court are not unaware of the critical situation faced by users of the Caja Costarricense de Seguro Social, as is repeatedly demonstrated by the constant granting of amparo proceedings concerning violations of the right to health.
V.On the lack of standing (legitimación) in the amparo proceeding. Amparo proceedings must be filed on behalf of a specific person or an at least identifiable population. It should be emphasized that, in cases involving suspension due to inadequate infrastructure—a structural cause of the inadequate protection of the right to health—even though the proceedings were reasonably filed on behalf of the affected populations, the Chamber dismissed them and ruled that “there is no situation that would warrant its intervention to protect the right to health of any person or persons.” It should be noted that, in this specific case, no situation involving an identified or individually specified natural person affected by the matters alleged in the amparo proceeding was described.
VI.Concerning the financial sustainability of the Caja Costarricense de Seguro Social. It is evident—as stated above—that the Caja Costarricense de Seguro Social is an institution with autonomy over the governance and administration of social insurance, including matters relating to infrastructure. It is incumbent upon the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in safeguarding health as a matter of public interest, to take the actions necessary to ensure the continuity and normal operation of public services, in accordance with the powers entrusted to it under the Constitución Política and subordinate legislation.
It cannot be overlooked that social security systems, and specifically the Caja Costarricense de Seguro Social, face a constant dilemma regarding their economic and financial sustainability due to many factors: the inversion of the population pyramid, the high cost of procedures, equipment and treatments, and medical training, among others. It is public, notorious and indisputable that demand exceeds supply and that, within the institution, there are service needs similar to those alleged in this writ of amparo (recurso de amparo). In our opinion, it is not appropriate to prioritize projects or the hiring of personnel through writs of amparo, which, because of their summary nature, do not allow the financial impact on the Caja Costarricense de Seguro Social to be determined; the institution, it bears noting, has autonomy to determine which cases are the most critical, urgent or necessary to resolve.
From a legal standpoint, it must also be remembered that the right to health is categorized as an economic and social right governed by the principle of progressive realization (principio de progresividad), and that the Constitution itself contains constitutional budgetary principles that impose limits on Public Administrations.
VII.Conclusion. In short, we dissent and would also dismiss the writ as to the sole claim granted, because we consider that the Caja Costarricense de Seguro Social itself, in fulfillment of its constitutional and legal duties, must establish priorities in view of the substantial demands it faces, and that this cannot be done in a summary proceeding such as amparo.
The parties are hereby advised that, if they have submitted any paper document, objects, or evidence contained on any additional electronic, computerized, magnetic, optical or telematic device, or produced using new technologies, these must be collected within a maximum period of 30 business days from service of this judgment. Notice is given that any material not collected within that period will be destroyed pursuant to the “Regulations on Electronic Case Files before the Poder Judicial” (“Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”) (approved by the Corte Plena in Article XXVI of session No. 27-11 of 22 de agosto de 2011 and published in the Boletín Judicial No. 19 of 26 de enero de 2012) and Article LXXXI of session No. 43-12 of 3 de mayo de 2012 of the Consejo Superior del Poder Judicial.
Por tanto:
The writ is partially granted only as against the Caja Costarricense de Seguro Social, due to the delay in constructing the Maíz periodic-visit facility (sede de visita periódica). Nombre12, in her capacity as Executive President of the Caja Costarricense de Seguro Social, or whoever may hold that office in her stead, is ordered to adopt all necessary measures and coordinate all relevant actions within the scope of her authority so that construction of the Maíz de Boruca periodic-visit post (puesto de visita periódica) is completed no later than diciembre de 2027. The respondent authority is advised that, pursuant to Article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, any person who receives an order issued in a writ of amparo proceeding that the person must comply with or enforce, and who fails to comply with or enforce it, shall be punished by imprisonment for three months to two years or by a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.
The Caja Costarricense de Seguro Social is ordered to pay the legal costs, damages and losses caused by the facts underlying this ruling, which shall be assessed in proceedings to enforce the judgment before the contentious-administrative jurisdiction (ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo). In all other respects, the writ is dismissed. Justice Salazar Alvarado and Justice Garro Vargas partially dissent and would dismiss the writ in its entirety. Let notice be given.
Fernando Cruz C.
Acting President Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Ana Cristina Fernandez A.
Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2220-4607 / 2220-4844. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01).
Revisión del Documento SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del catorce de marzo de dos mil veinticinco .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 25-002303-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad NFP01, Nombre17, cédula de identidad NFP07, Nombre25, cédula de identidad NFP14, Nombre23, cédula de identidad NFP05, Nombre22, cédula de identidad NFP11, Nombre06, cédula de identidad NFP13, Nombre05, cédula de identidad NFP15, Nombre24, cédula de identidad 0601001392, Nombre19, cédula de identidad 0600590824, Nombre20, cédula de identidad NFP16, Nombre15, cédula de identidad 0601620378, Nombre16, cédula de identidad NFP08, Nombre11, cédula de identidad NFP09, Nombre18, cédula de identidad 600660913, Nombre02, cédula de identidad NFP10, Nombre07, cédula de identidad NFP04, Nombre04, cédula de identidad NFP12, Nombre14, cédula de identidad NFP17, Nombre09, cédula de identidad NFP06 y Nombre03, cédula de identidad NFP02, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS), el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA (MEP), el MINISTERIO DE SALUD, la ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE MAÍZ, el COMITÉ DE SALUD DE MAÍZ y la JUNTA DE EDUCACIÓN DE MAÍZ.
Resultando:
Redacta el Magistrado Rueda Leal; y,
Considerando:
En vista de que la ministra del MEP omitió contestar la audiencia dentro del plazo fijado por este Tribunal en la resolución de curso del sub lite, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se procede a resolver el recurso con base en los demás escritos y pruebas aportadas a los autos.
De segundo, el Tribunal estima improcedente la solicitud de medidas cautelares formulada por la parte recurrente, pues si bien el sub lite se cursó a los efectos de establecer o descartar alguna lesión al orden constitucional, no menos cierto es que el sustento probatorio y argumentativo ab initio es insuficiente para sustentar una apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) con tal grado de probabilidad, que justifique el dictado de tales medidas.
Los recurrentes indican que viven en Maíz, el cual se encuentra en el límite del territorio indígena Boruca. Señalan que el 22 de enero de 2025 se recibió un comunicado firmado por representantes de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz dirigido a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz”, mediante el cual se manifestó que no se brindaría más atención en el puesto de salud a partir del 27 de enero de 2025, por lo que se debe gestionar el traslado de los pacientes y asistir a las citas médicas en la comunidad de Boruca. Acusan que tal decisión se adoptó sin consultar previamente al pueblo. Sostienen que lo anterior afecta a la población de Maíz, así como de otros pueblos aledaños como Jalisco, Ojo de Agua, Mayal y San Luis, quienes también recibían la atención médica en el puesto de salud aludido.
Afirman que se conoció que, el 17 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz solicitó el trasado de atención de los pacientes al Ebais de Boruca, lo cual fue autorizado por el Área de Salud de Buenos Aires. Recalcan que desconocen algún fundamento técnico de la decisión, ni se tiene conocimiento de algún proyecto a futuro para que los pacientes vuelvan a ser atendidos en Maíz. Señalan que se inició la construcción de la escuela de la comunidad en el terreno en que se encontraba el puesto de salud, pese a que este fue donado exclusivamente para ese propósito, por lo que cuestionan que se haya cambiado el destino de un bien dedicado a la atención de la salud por otro distinto como lo es la educación. Afirman que el cambio de puesto de salud genera múltiples inconvenientes a la población, debido a la distancia a la que deben desplazarse hasta Boruca, el mal estado de los caminos y los inconvenientes del servicio de transporte público que se presta a las diversas comunidades afectadas. Piden que se ordene a la CCSS proveer una solución temporal para continuar brindando atención primaria en la comunidad de Maíz mientras se construye un nuevo puesto de salud.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos:
“Como es del conocimiento de esta Dirección y Administración del ASBA, este Comité de Salud ha estado coordinando un Proyecto de construcción de una nueva Casa de Salud, y que tienen conocimiento sobre los motivos, las condiciones y acuerdos a las que se llegaron para conseguir un lote con las características requeridas, por tanto el lote de la casa de salud actual ahora pertenece a la Escuela de Maíz, y ellos ya están en el proceso de construcción de una Escuela nueva y requieren del terreno.
Por lo anterior le informamos y solicitamos la coordinación y autorización necesaria y en el menor tiempo posible, para trasladar y brindar las consultas medicas de Maíz a las instalaciones del Ebais de Boruca, ya que se han valorado otras infraestructuras en la comunidad de Maíz pero no están aptas para brindar las consultas medicas (sic) y requieren de mucha inversión para hacer las mejoras correspondientes. Por estas razones la mejor alternativa es brindar el servicio en el Ebais Boruca, por el tiempo que se requiera mientras se le da tramite al proyecto de construcción, para lo cual aprovechamos para solicitarles todo su apoyo en la gestión y coordinación para que dicho proyecto se ejecute en el menor tiempo posible, valorando las dificultades por distancia a las que van a tener que enfrentarse los pacientes para trasladarse a Boruca a recibir la atención medica requerida (…)”. (Ver prueba documental).
“1. En el centro educativo de Maíz de los Borucas se realizan dentro de los límites de la propiedad la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas, como respuesta a Orden Sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud al centro educativo, mismo que data desde el año 2015 y que de manera reiterada se ha gestionado para el debido cumplimiento.
2. Como se establece en la ley Indígena N° 6172, los terrenos ubicados dentro de los límites de territorio indígena están bajo la administración de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, quien a su vez en el año 2017 procedió a ratificar la posesión del terreno a favor del centro educativo Maíz de Los Borucas código 0905; como parte del proceso de anotaciones registrales en el año 2003 el Instituto de Desarrollo Agrario había hecho el traspaso oficial de dicho terreno a la ADI Boruca, siendo que tanto el plano catastral como el traspaso que la ADI Boruca hizo a la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas se enmarca dentro de la legalidad (Se adjunta copia de los documentos).
3. Es importante indicar que durante algunos años la Junta de Educación cedió a modo de préstamo un pequeño lote para que el centro de saluda pudiera operar, con el entendido que cuando la escuela requiriera de dicho terreno, se comunicaría al comité de salud para que hicieran el retiro de las instalaciones o lo que la CCSS determinara a fin de liberar el terreno; por tal razón al contarse con el presupuesto para atender la necesidad de infraestructura de la escuela se le solicito (sic) al Ministerio de salud liberar el espacio que se les había facilitado bajo las condiciones conocidas de manera amplia por las partes, así mismo la información se transmitió a los vecinos de la comunidad en diferentes reuniones en donde se analizó la viabilidad de realizar las obras de reconstrucción y nuevas obras para la escuela Maíz de Los Borucas.
4. No menos importante es indicar que la Junta de Educación entendiendo la necesidad que el puesto de salud pudiese funcionar, cedió al Ministerio de salud un lote en posesión de la Junta de Educación en otro lugar en la misma comunidad, todo con conocimiento y participación de la ADI Boruca como administradores de las tierras dentro de los límites del territorio Boruca, se debe aclarar de igual forma que en su momento el Ministerio de Salud indicó que el espacio donde se ubicaba el puesto de salud por las dimensiones y estar dentro de un terreno “ajeno” no era viable para pretender hacer una construcción de la casa de salud que se pretende construir para brindar el servicio de los habitantes de la comunidad de Maíz y sus alrededores” (el destacado fue agregado). (Ver prueba documental).
“1. El proyecto surge a partir de la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, en conjunto con el recurso de amparo 22-018251-0007-Co y su resolución N° 2022023279, en la que se dio un plazo determinado para que se realizaran las mejoras físico-sanitarias señaladas por el Ministerio de Salud.
2. Debido a la urgencia del proyecto, se decide realizar un proceso de diseño y construcción para reducir los plazos y atender a la población estudiantil lo antes posible.
3. El 21 de febrero de 2024, por medio del oficio DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, se da la autorización para la contratación de diseño y construcción de las obras que incluyen: mantenimiento mayor de dos aulas académicas, mantenimiento mayor del comedor, construcción de un aula de kínder, construcción de una batería sanitaria, y servicios profesionales como estudios preliminares, anteproyecto, planos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado, programación de obra e inspección. Los estudios básicos incluyen: topografía (rectificación de linderos, catastrado y agrimensura) y estudio de suelos S.P.T. con pruebas de infiltración.
4. Tras el proceso de contratación realizado por la Junta de Educación, se da la orden de inicio el 12 de abril de 2024, 5. El 24 de abril de 2024, se realiza una visita en conjunto con el formulador de la DIE, el arquitecto Gustavo Abarca Mora, la empresa encargada del proyecto, representantes de la Junta de Educación y la directora del Centro Educativo.
En dicha visita se informa a esta dependencia que el EBAIS está dentro del terreno del Centro Educativo, en un edificio a modo de préstamo, y que la Junta había acordado con la CCSS que, en cuanto se requiriera, se le solicitaría a la CCSS la liberación del terreno.
6. El 6 de mayo de 2024, la Junta presenta ante la DIE el oficio 003-2024, en el cual indica que se le solicitó al EBAIS que desocupara el edificio y que se da el aval para que en el diseño se tome en cuenta el edificio utilizado temporalmente por el EBAIS, a fin de mejorar el proyecto de infraestructura educativa.
7. Es importante resaltar que, en dicho oficio, la Junta informa que se ofrece a La CCSS la opción de utilizar otro edificio del Centro Educativo, incluso uno más grande que el que se estaba utilizando previamente, para brindar el servicio de salud a la comunidad.
8. Esta Dirección corrobora que el edificio está dentro del terreno del Centro Educativo, según el plano catastral y la certificación de derecho de posesión por parte de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca, e incorpora este edificio al diseño, mejorando sustancialmente las condiciones del proyecto y permitiendo que el Centro Educativo quede con solo una terraza. Por lo tanto, se decide acondicionar este espacio para ser el aula de preescolar.
9. El 18 de diciembre de 2024, se da por finalizada la etapa de diseño, la cual contempla la intervención del edificio del EBAIS.
10. Se adjunta la planta de conjunto aprobada, la cual determina el alcance del proyecto a ejecutar. El edificio que era ocupado por el EBAIS se adaptará para ser el aula de preescolar del centro educativo, lo cual puede observarse en la imagen con la descripción “ADAPTACIÓN PARA KINDER, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA”.
11. Es importante resaltar que se cuenta con un contrato y por ende con todas las responsabilidades contractuales adquiridas (…)” (el énfasis fue agregado). (Ver prueba documental).
“Objetivo del Proyecto: Construcción de Sede de Visita Periódica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de Maíz, Colinas (territorio indígena), y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVS de Maíz de Colinas, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez. Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS.
Descripción del Proyecto: Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados y aire acondicionado tipo mini-split- El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados. Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendio e, intrusión.
Actividad: 40% Proceso de Adquisición de terreno (ILLM) Porcentaje Ciclo de Vida: 17%.
Reporte Ejecutivo:
Proceso de firmar el comodato con la Asociación Indíguena (sic) y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S. Se mantiene la situación del terreno, el terreno aun (sic) no se ha traspasado a nombre de la CSSS. Se mantiene el estado anterior del proyecto, al día de hoy. No se preseta (sic) avance”. (Ver prueba documental).
“Fecha de inicio de operación: 01/08/2028.
Estado actual: Etapa: Terreno 40%. Actividad: 40% Proceso de Adquisición de terreno (ILLM). En proceso de firmar el comodato con la Asociación Indígena y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S.
Fecha prevista para su conclusión: proyecto programado para el 2027 y 2028.
Cronograma de ejecución:
Construcción de Sede de Visita Periódica de Maíz de Buenos Aires 1470 días lun 02/05/22 vie 17/12/27 Adquisición de terreno 897 días lun 02/05/22 mar 07/10/25 Diseño SVP de Maíz 10 días mié 08/10/25 mar 21/10/25 SETENA 100 días mié 08/10/25 mar 24/02/26 Proceso Compra Contratación SETENA 20 días mié 08/10/25 mar 04/11/25 Presentación documentación ante SETENA 20 días mié 05/11/25 mar 02/12/25 Obtención Viabilidad Ambiental 60 días mié 03/12/25 mar 24/02/26 Proceso de Compra de Licitación Abreviada 92 días mié 25/02/26 jue 02/07/26 Confección de Expediente 2 días mié 25/02/26 jue 26/02/26 Invitación 1 día vie 27/02/26 vie 27/02/26 Presentación de Ofertas 10 días lun 02/03/26 vie 13/03/26 Apertura Compra 1 día lun 16/03/26 lun 16/03/26 Análisis de Compras 2 días mar 17/03/26 mié 18/03/26 Análisis Financiero 10 días jue 19/03/26 mié 01/04/26 Análisis Técnico y Razonabilidad 5 días jue 02/04/26 mié 08/04/26 Análisis Legal 5 días jue 09/04/26 mié 15/04/26 Adjudicación 20 días jue 16/04/26 mié 13/05/26 Notificación 1 día jue 14/05/26 jue 14/05/26 Proceso Apelaciones 15 días vie 15/05/26 jue 04/06/26 Firmeza y garantías 5 días vie 05/06/26 jue 11/06/26 Aprobación interna 15 días vie 12/06/26 jue 02/07/26 Proceso constructivo 120 días lun 05/07/27 vie 17/12/27 Permisos 30 días lun 05/07/27 vie 13/08/27 Construcción 90 días lun 16/08/27 vie 17/12/27 ”. (Ver prueba documental).
En el sub lite, los recurrentes indican que viven en Maíz, el cual se encuentra en el límite del territorio indígena Boruca. Señalan que el 22 de enero de 2025 se recibió un comunicado firmado por representantes de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz dirigido a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz”, mediante el cual se manifestó que no se brindaría más atención en el puesto de salud a partir del 27 de enero de 2025, por lo que se debe gestionar el traslado de los pacientes y asistir a las citas médicas en la comunidad de Boruca. Acusan que tal decisión se adoptó sin consultar previamente al pueblo. Sostienen que lo anterior afecta a la población de Maíz, así como de otros pueblos aledaños como Jalisco, Ojo de Agua, Mayal y San Luis, quienes también recibían la atención médica en el puesto de salud aludido.
Afirman que se conoció que, el 17 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz solicitó el trasado de atención de los pacientes al Ebais de Boruca, lo cual fue autorizado por el Área de Salud de Buenos Aires. Recalcan que desconocen algún fundamento técnico de la decisión, ni se tiene conocimiento de algún proyecto a futuro para que los pacientes vuelvan a ser atendidos en Maíz. Señalan que se inició la construcción de la escuela de la comunidad en el terreno en que se encontraba el puesto de salud, pese a que este fue donado exclusivamente para ese propósito, por lo que cuestionan que se haya cambiado el destino de un bien dedicado a la atención de la salud por otro distinto como lo es la educación. Afirman que el cambio de puesto de salud genera múltiples inconvenientes a la población, debido a la distancia a la que deben desplazarse hasta Boruca, el mal estado de los caminos y los inconvenientes del servicio de transporte público que se presta a las diversas comunidades afectadas. Piden que se ordene a la CCSS proveer una solución temporal para continuar brindando atención primaria en la comunidad de Maíz mientras se construye un nuevo puesto de salud.
La Sala verifica que, el 21 de noviembre de 2016, la Asociación de Desarrollo Integral del territorio indígena de Boruca donó un lote a la Junta de Educación de la escuela Maíz con folio real PRN02 y PRN01. Mediante oficio DRIPSSB-ASBA-ADM-024-2023 del 17 de enero de 2023, el administrador del Área de Salud de Buenos Aires comunicó a la Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Brunca en relación con los proyectos a desarrollar en los territorios indígenas en el año 2023 “(…) a. Construcción del Puesto de Visita Periódica de Maíz de Boruca, inicio del proceso de consulta indígena como requisito previo para la construcción del EBAIS en este territorio. Se cuenta con Convenio de Uso en calidad de préstamo del terreno a utilizar en trámite de formalización en Gerencia Médica. Incluido en portafolio de Inversión Institucional formulado para el periodo 2024. Monto aproximado de inversión ¢250.000.000,00 (…)”.
El 16 de setiembre de 2024, el Ministerio de Salud emitió la orden sanitaria MS-DRRSBRU-DARS-BA-OS-0103-2024 atinente a la Casa de Salud de Maíz, mediante la cual se otorgó un plazo de tres meses para efectuar una serie de actuaciones, entre ellas, contar con un servicio sanitario que cumpla lo dispuesto en la ley nro. 7600. El 2 de diciembre de 2024, el Ministerio de Salud emitió un permiso de habilitación para la actividad de servicios de consulta ambulatoria en medicina general o especializada a la Casa de Salud de Maíz con vigencia hasta el 7 de agosto de 2029. Por memorial fechado 16 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz comunicó al Área de Salud de Buenos Aires: “Como es del conocimiento de esta Dirección y Administración del ASBA, este Comité de Salud ha estado coordinando un Proyecto de construcción de una nueva Casa de Salud, y que tienen conocimiento sobre los motivos, las condiciones y acuerdos a las que se llegaron para conseguir un lote con las características requeridas, por tanto el lote de la casa de salud actual ahora pertenece a la Escuela de Maíz, y ellos ya están en el proceso de construcción de una Escuela nueva y requieren del terreno.
Por lo anterior le informamos y solicitamos la coordinación y autorización necesaria y en el menor tiempo posible, para trasladar y brindar las consultas medicas de Maíz a las instalaciones del Ebais de Boruca, ya que se han valorado otras infraestructuras en la comunidad de Maíz pero no están aptas para brindar las consultas medicas (sic) y requieren de mucha inversión para hacer las mejoras correspondientes. Por estas razones la mejor alternativa es brindar el servicio en el Ebais Boruca, por el tiempo que se requiera mientras se le da tramite al proyecto de construcción, para lo cual aprovechamos para solicitarles todo su apoyo en la gestión y coordinación para que dicho proyecto se ejecute en el menor tiempo posible, valorando las dificultades por distancia a las que van a tener que enfrentarse los pacientes para trasladarse a Boruca a recibir la atención medica requerida (…)”. Mediante oficio ASBA-DM-0035-2025 del 22 de enero de 2025, el director a. i. del Área Rectora de Salud de Buenos Aires de la CCSS comunicó al Comité de Salud de Maíz la autorización para que, a partir del 27 de enero de 2025, la comunidad de Maíz sea atendida en el Ebais de Boruca.
Por memorial fechado 22 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz, la ADI Maíz y la Junta de Educación de la escuela Maíz indicaron a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz” que desde el año 2000 se ha coordinado un proyecto de construcción de una casa de salud nueva para Maíz, motivo por el cual se efectuó una negociación entre el Comité de Salud y la Junta de Educación, de forma que el lote donde está ubicada la casa de salud es propiedad de la escuela de Maíz, en tanto que el Comité de Salud adquirió el lote que se ubica arriba del redondel de toros de Maíz, el cual cumple los requisitos establecidos por la CCSS. También se indicó que, dado que la escuela inició su proyecto de construcción, se requiere desocupar el terreno en que se encuentra la casa de salud, motivo por el cual, a partir del 27 de enero de 2025, las consultas médicas de quienes reciben atención en la Casa de Salud de Maíz se brindarán en el Ebais de Boruca, por lo que los pacientes deben gestionar su traslado a ese centro de salud.
Mediante oficio DREGT-SCE11-007-2025 del 5 de febrero de 2025, el supervisor de educación del circuito educativo indígena 11 de la DRE Grande del Térraba del MEP indicó: “1. En el centro educativo de Maíz de los Borucas se realizan dentro de los límites de la propiedad la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas, como respuesta a Orden Sanitaria impuesta por el Ministerio de Salud al centro educativo, mismo que data desde el año 2015 y que de manera reiterada se ha gestionado para el debido cumplimiento. 2. Como se establece en la ley Indígena N° 6172, los terrenos ubicados dentro de los límites de territorio indígena están bajo la administración de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, quien a su vez en el año 2017 procedió a ratificar la posesión del terreno a favor del centro educativo Maíz de Los Borucas código 0905; como parte del proceso de anotaciones registrales en el año 2003 el Instituto de Desarrollo Agrario había hecho el traspaso oficial de dicho terreno a la ADI Boruca, siendo que tanto el plano catastral como el traspaso que la ADI Boruca hizo a la Junta de Educación de la escuela Maíz de Los Borucas se enmarca dentro de la legalidad (Se adjunta copia de los documentos). 3.
Es importante indicar que durante algunos años la Junta de Educación cedió a modo de préstamo un pequeño lote para que el centro de saluda pudiera operar, con el entendido que cuando la escuela requiriera de dicho terreno, se comunicaría al comité de salud para que hicieran el retiro de las instalaciones o lo que la CCSS determinara a fin de liberar el terreno; por tal razón al contarse con el presupuesto para atender la necesidad de infraestructura de la escuela se le solicito (sic) al Ministerio de salud liberar el espacio que se les había facilitado bajo las condiciones conocidas de manera amplia por las partes, así mismo la información se transmitió a los vecinos de la comunidad en diferentes reuniones en donde se analizó la viabilidad de realizar las obras de reconstrucción y nuevas obras para la escuela Maíz de Los Borucas. 4. No menos importante es indicar que la Junta de Educación entendiendo la necesidad que el puesto de salud pudiese funcionar, cedió al Ministerio de salud un lote en posesión de la Junta de Educación en otro lugar en la misma comunidad, todo con conocimiento y participación de la ADI Boruca como administradores de las tierras dentro de los límites del territorio Boruca, se debe aclarar de igual forma que en su momento el Ministerio de Salud indicó que el espacio donde se ubicaba el puesto de salud por las dimensiones y estar dentro de un terreno “ajeno” no era viable para pretender hacer una construcción de la casa de salud que se pretende construir para brindar el servicio de los habitantes de la comunidad de Maíz y sus alrededores” (el destacado fue agregado).
Mediante oficio DVM-A-DIE-DDO-0054-2025 del 7 de febrero de 2025, el Departamento de Desarrollo de Obra del MEP explica: “1. El proyecto surge a partir de la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015, en conjunto con el recurso de amparo 22-018251-0007-Co y su resolución N° 2022023279, en la que se dio un plazo determinado para que se realizaran las mejoras físico-sanitarias señaladas por el Ministerio de Salud. 2. Debido a la urgencia del proyecto, se decide realizar un proceso de diseño y construcción para reducir los plazos y atender a la población estudiantil lo antes posible. 3. El 21 de febrero de 2024, por medio del oficio DVM-A-DIE-DPS-ATC-OO2O-2024, se da la autorización para la contratación de diseño y construcción de las obras que incluyen: mantenimiento mayor de dos aulas académicas, mantenimiento mayor del comedor, construcción de un aula de kínder, construcción de una batería sanitaria, y servicios profesionales como estudios preliminares, anteproyecto, planos y especificaciones técnicas, presupuesto detallado, programación de obra e inspección.
Los estudios básicos incluyen: topografía (rectificación de linderos, catastrado y agrimensura) y estudio de suelos S.P.T. con pruebas de infiltración. 4. Tras el proceso de contratación realizado por la Junta de Educación, se da la orden de inicio el 12 de abril de 2024, 5. El 24 de abril de 2024, se realiza una visita en conjunto con el formulador de la DIE, el arquitecto Gustavo Abarca Mora, la empresa encargada del proyecto, representantes de la Junta de Educación y la directora del Centro Educativo. En dicha visita se informa a esta dependencia que el EBAIS está dentro del terreno del Centro Educativo, en un edificio a modo de préstamo, y que la Junta había acordado con la CCSS que, en cuanto se requiriera, se le solicitaría a la CCSS la liberación del terreno. 6. El 6 de mayo de 2024, la Junta presenta ante la DIE el oficio 003-2024, en el cual indica que se le solicitó al EBAIS que desocupara el edificio y que se da el aval para que en el diseño se tome en cuenta el edificio utilizado temporalmente por el EBAIS, a fin de mejorar el proyecto de infraestructura educativa. 7.
Es importante resaltar que, en dicho oficio, la Junta informa que se ofrece a La CCSS la opción de utilizar otro edificio del Centro Educativo, incluso uno más grande que el que se estaba utilizando previamente, para brindar el servicio de salud a la comunidad. 8. Esta Dirección corrobora que el edificio está dentro del terreno del Centro Educativo, según el plano catastral y la certificación de derecho de posesión por parte de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Boruca, e incorpora este edificio al diseño, mejorando sustancialmente las condiciones del proyecto y permitiendo que el Centro Educativo quede con solo una terraza. Por lo tanto, se decide acondicionar este espacio para ser el aula de preescolar. 9. El 18 de diciembre de 2024, se da por finalizada la etapa de diseño, la cual contempla la intervención del edificio del EBAIS. 10. Se adjunta la planta de conjunto aprobada, la cual determina el alcance del proyecto a ejecutar.
El edificio que era ocupado por el EBAIS se adaptará para ser el aula de preescolar del centro educativo, lo cual puede observarse en la imagen con la descripción “ADAPTACIÓN PARA KINDER, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA”. 11. Es importante resaltar que se cuenta con un contrato y por ende con todas las responsabilidades contractuales adquiridas (…)” (el énfasis fue agregado). En el Boletín Mensual Portafolio Estratégico de la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS se consigna que el proyecto Sede de Visita Periódica Maíz con código CCSS-1223 está categorizado dentro de los proyectos relevantes a octubre de 2024 y tiene un avance del 40%. En fecha desconocida, la directora de Planificación Institucional de la CCSS comunicó a la presidenta ejecutiva en relación con el proyecto Sede de Visita Periódica Maíz: “Objetivo del Proyecto: Construcción de Sede de Visita Periódica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de Maíz, Colinas (territorio indígena), y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación.
Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVS de Maíz de Colinas, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez. Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS. Descripción del Proyecto: Construcción en concreto, en mampostería reforzada en placas corridas y estructura de acero para los techos, pisos en terrazos, cielos suspendidos y acabados en pintura y obras complementarias exteriores. Cuenta con sistemas de agua potable con tanques elevados y aire acondicionado tipo mini-split- El manejo de aguas residuales es mediante tanque séptico y drenajes. A nivel eléctrico con sistemas certificados.
Cuenta con sistema de alarmas de detección de incendio e, intrusión. Actividad: 40% Proceso de Adquisición de terreno (ILLM) Porcentaje Ciclo de Vida: 17% Reporte Ejecutivo: Proceso de firmar el comodato con la Asociación Indíguena (sic) y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S. Se mantiene la situación del terreno, el terreno aun (sic) no se ha traspasado a nombre de la CSSS. Se mantiene el estado anterior del proyecto, al día de hoy. No se preseta (sic) avance”. Por memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025, la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS indicó en relación con el proyecto “CCSS-1223. Construcción de sede de Visita Periódica de Maíz, ubicado en territorio indígena”: “Fecha de inicio de operación: 01/08/2028. Estado actual: Etapa: Terreno 40%. Actividad: 40% Proceso de Adquisición de terreno (ILLM). En proceso de firmar el comodato con la Asociación Indígena y luego formalizar con la Gerencia y notariado de la C.C.S.S. Fecha prevista para su conclusión: proyecto programado para el 2027 y 2028. Cronograma de ejecución:
Construcción de Sede de Visita Periódica de Maíz de Buenos Aires 1470 días lun 02/05/22 vie 17/12/27 Adquisición de terreno 897 días lun 02/05/22 mar 07/10/25 Diseño SVP de Maíz 10 días mié 08/10/25 mar 21/10/25 SETENA 100 días mié 08/10/25 mar 24/02/26 Proceso Compra Contratación SETENA 20 días mié 08/10/25 mar 04/11/25 Presentación documentación ante SETENA 20 días mié 05/11/25 mar 02/12/25 Obtención Viabilidad Ambiental 60 días mié 03/12/25 mar 24/02/26 Proceso de Compra de Licitación Abreviada 92 días mié 25/02/26 jue 02/07/26 Confección de Expediente 2 días mié 25/02/26 jue 26/02/26 Invitación 1 día vie 27/02/26 vie 27/02/26 Presentación de Ofertas 10 días lun 02/03/26 vie 13/03/26 Apertura Compra 1 día lun 16/03/26 lun 16/03/26 Análisis de Compras 2 días mar 17/03/26 mié 18/03/26 Análisis Financiero 10 días jue 19/03/26 mié 01/04/26 Análisis Técnico y Razonabilidad 5 días jue 02/04/26 mié 08/04/26 Análisis Legal 5 días jue 09/04/26 mié 15/04/26 Adjudicación 20 días jue 16/04/26 mié 13/05/26 Notificación 1 día jue 14/05/26 jue 14/05/26 Proceso Apelaciones 15 días vie 15/05/26 jue 04/06/26 Firmeza y garantías 5 días vie 05/06/26 jue 11/06/26 Aprobación interna 15 días vie 12/06/26 jue 02/07/26 Proceso constructivo 120 días lun 05/07/27 vie 17/12/27 Permisos 30 días lun 05/07/27 vie 13/08/27 Construcción 90 días lun 16/08/27 vie 17/12/27 ”.
Visto lo anterior, la Sala estima oportuno traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2024013316 de las 9:30 horas del 17 de mayo de 2024:
“III.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la recurrente indica que, del 17 al 19 de marzo de 2024, la Defensa Pública visitó la comunidad de Alto Carona y se concluyó que la comunidad tiene un servicio de salud deficiente, en el que destaca la ausencia de un centro de atención primaria y de visitas médicas periódicas. Detalla que el punto de atención más cercano está en La Peña, a más de cuatro horas a pie por caminos solo transitables en verano. Expone que la lejanía y lo difícil de la vía impiden el desplazamiento de personas menores de edad, adultas mayores, con discapacidad y embarazadas, lo que muchas veces resulta en que no se beneficien de las visitas de salud cuando se efectúan. Manifiesta que las vías de acceso desde el lado costarricense son intransitables y, depende de la época del año, el costo del transporte llega a $170, suma fuera de las posibilidades de las personas amparadas, dada su condición de pobreza. Indica que, debido a la geografía costera, el desplazamiento marítimo tampoco es viable. Pide que se ordene a la CCSS garantizar la prestación del servicio de salud a la población Ngäbe-buglé de Alto Carona y a la Municipalidad de Golfito a habilitar los caminos necesarios para garantizar el acceso al territorio Conte Burica.
El Tribunal comprueba que, a partir de setiembre de 2018, el Área de Salud de Golfito cuenta con una casa de visita periódica conformado por “1 médico, 1 redes, 1 auxiliar, 1 farmacéutico, 1 atap” en la reserva indígena de Conte Burica. Además, se realiza una gira comunitaria por semana a la comunidad de Progreso y giras odontológicas en el Ebais Alto Conte. mediante oficio nro. 0391-03-19 del 12 de marzo de 2019, la Dirección Regional de Servicios de Salud Región Brunca comunicó que las comunidades de La Peña y Carona pasaron a estar adscritas al Área de Salud de Corredores y al hospital de Ciudad Neily. Mediante oficio ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, el Área de Salud de Corredores de la CCSS expuso: “(…) 3-En relación con los habitantes de Alto Carona, a esta población no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas.
Por lo anterior se solicitó compra de servicios de helicóptero lo cual no se ha otorgado el aval. Cabe mencionar que oficio GM-16890-2023 la Gerencia Médica manifiesta: “Mediante oficio PE-4488-2023 la Presidencia Ejecutiva informó que el convenio de cooperación entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social para el traslado de pacientes en estado crítico de salud, asistencia médica a comunidades de difícil acceso y traslado de funcionarios para la atención de desastres y emergencias, finalizó su vigencia el pasado 24 de octubre…” Además, es importante considerar que no hay un protocolo y/o lineamiento actual para transportar funcionarios en helicóptero para atención ordinaria de pacientes, eso de acuerdo a (sic) lo indicado por la misma Gerencia en oficio de marras: “…Aunado a ello se informa que, esta Gerencia designa al Dr. Ranjit Singh Apolayo y al Dr. Armando Cortés Ruiz, ambos asesores de esta Gerencia, para que colaboren en la revisión y actualización del protocolo para el traslado de pacientes en ambulancia, tomando en cuenta que se debe incluir el traslado de funcionarios; lo anterior en vista de los cambios que se han generado a la luz del cese del convenio con el Ministerio de Seguridad Pública…” También es importante considerar lo recomendado por Auditoría Interna en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre del 2021: “…La Caja Costarricense del Seguro Social como encargada de velar por la salud de la población, tiene el compromiso por brindar estas atenciones a las distintas comunidades ubicadas a lo largo del país, sin embargo, es necesario que los usuarios y los funcionarios gocen de condiciones mínimas para brindar este servicio, condiciones que pareciera no se cumplen en algunos puestos de visita periódica adscritos al Área de Salud de Corredores, debido a que presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos.
Aspectos que no solo afectan la calidad de la atención, sino también la adecuada conservación de la infraestructura…” El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos (…) HECHOS. 1. Para que esta unidad pueda atender a los pobladores de Punta Burica distrito Pavones, los funcionarios deben ir por tierra desde Paso Canoas hasta cercanías de Puerto Armuelles, reingresando al territorio nacional llegando hasta a la playa (con riesgo a los vehículos institucionales), recorriendo unos 20 Km, se ingresa por la montaña, hasta llegar al PVP La Peña en el poblado La Peña. No se puede accesar a vía terrestre de manera ordinaria a Alto Carona ya que no hay caminos transitables. 2.
La comunidad de Alto Carona tiene un Puesto de Visita Periódica PVP que no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos. La institución construyó el PVP La Peña para la atención de los pobladores de Punta Burica en el poblado La Peña antes de la re-sectorización y posteriormente a esta fue trasladado junto con las comunidades al Área de Salud Corredores, no fue ni decisión ni recomendación de esta unidad que se construyera ese PVP en ese poblado. No es competencia de esta unidad decidir la construcción de una sede de EBAIS en Alto Carona. 3. Partiendo del hecho que los pobladores de Punta Burica distrito Pavones se decidieron trasladar al Área de Salud Corredores, fue según oficio ASC-SAVE-0862, porque consideraron mayor facilidad de acceso a esta unidad vía terrestre.
El PVP está en La Peña, y no es cierta la afirmación que es irregular la atención en salud en ese puesto de salud, las giras médicas las hace el EBAIS móvil integrado por un médico una auxiliar de enfermería un funcionario de registro médicos y un farmacéutico, se avisan con antelación por el funcionario Asistente Técnico ATAP que vive en la zona y a través del Comité de Salud, estas se realizan todos los meses una semana completa (hay una agenda de giras medicas se adjunta), de enero a agosto, ya que en septiembre con la temporada lluviosa los caminos se hacen intransitables y se suspenden para no poner en riesgo a los funcionarios, hasta tanto no se cuente con servicio de transporte aéreo, el protocolo existente es para el traslado de pacientes en ambulancia, no para el traslado de funcionarios, por lo que no hay una legalidad para hacer que los funcionarios asuman el riesgo de transportarse por helicóptero.
Cabe destacar que en febrero se acudió a La Peñita por una actividad especial de la comunidad, pero no cumplía con las condiciones mínimas requeridas para brindar una adecuada atención médica. El puesto de salud La Peña está muy bien equipado con lo que se requiere para dar una atención médica de calidad. Además, no existe un equipo de recurso humano disponible que esté de manera permanente en ese lugar ni tienen la población requerida para un EBAIS. Si es cierto la falta de desarrollo vial en esa comunidad, pero eso es una situación histórica que se ha mantenido en el tiempo y no es de resorte de esta unidad (…)” (el destacado fue agregado). Finalmente, la presidenta ejecutiva de la CCSS informa que, al 29 de abril de 2024, esa institución se encuentra en análisis sobre la viabilidad institucional de dotar de transporte aéreo al Área de Salud de Corredores.
Primeramente, cabe destacar que el sub examine se planteó a favor de las personas indígenas de Alto de Carona, motivo por el cual resulta de relevancia citar lo indicado por este Tribunal en la sentencia nro. 2018012113 de las 9:20 horas del 27 de julio de 2018:
“III.- SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INDÍGENAS. Por sentencia No. 3003-92 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, con motivo de la consulta preceptiva de constitucionalidad relativa al Convenio 169 de la OIT, esta Sala se pronunció sobre la relevancia constitucional de la protección a los indígenas, articulada dentro de un marco democrático y respetuoso de los derechos humanos. En concreto, este Tribunal señaló: a)Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social; b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c) Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante - medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial-.
Asimismo, concluyó que lejos de contener enfrentamientos con la Constitución Política, («) el Convenio 169 refleja los más claros valores de nuestra nacionalidad democrática, desarrollando los derechos humanos de los indígenas costarricenses y puede ser un punto de partida para iniciar una revisión de la legislación secundaria para adaptarla a estas necesidades («).
Ahora bien, la parte V del Convenio, denominada Seguridad Social y Salud estatuye una serie de disposiciones relacionadas al derecho a la salud, así. Artículo 24, “Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”. Artículo 25 “…1. Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental…
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los ciudadanos primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país…” (…)
En el presente asunto, los recurrentes alegan que los amparados son menores de edad indígenas, que presentan discapacidad y requieren de trabajos de rehabilitación -la menor [Nombre 003] (parálisis cerebral y el menor [Nombre 002] (lisencefalia)-. No obstante, para ser atendidos en rehabilitación, deben trasladarlos a la provincia de San José o Limón, por cuanto, no existe algún profesional de rehabilitación en el EBAIS de la zona de Alta de Talamanca, aunado a que los menores, no cuentan con alguna pensión del Estado. Reclaman que por lo expuesto, se les dificulta el traslado de los menores amparados a las citas médicas. Acusan que, mediante el voto No. 2013-010885, esta Sala había ordenado al Área de Salud de la zona Alta de Talamanca, brindar el tratamiento a algunos niños con discapacidad de la zona.
Al respecto, la Sala determina que la Caja Costarricense de Seguro Social proporciona atención médica a los amparados en el EBAIS de Amubri, además son referidos a terapia física al Hospital Nacional de Niños y al Hospital Dr. Tony Facio Castro. Asimismo, se verifica que en la zona de Talamanca no se dispone de ningún recurso humano que brinde rehabilitación a los pacientes que requieren ese servicio, y por ello, se refieren a otros centros médicos que si cuentan con un especialista. Tal proceder de la Administración no es posible validar, por cuanto equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena a partir del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes-aprobado por Ley No. 7311 de 30 de noviembre de 1992-, desarrollado en el primer considerado de fondo de esta resolución.
Además de la especial protección que debe imperara a las personas que sufren discapacidad. Esta Sala no desconoce de la facultad que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social para organizarse a fin de prestar los servicios de salud a la ciudadanía, como el clasificar éstos en tres niveles de atención. Ello en procura de una mejor utilización de los fondos públicos. No obstante, esa organización no puede ir en demérito del acceso a la asistencia médica de las personas usuarias, máxime si éstas, son personas indígenas que sufren discapacidad las cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Máxime que el Estado Costarricense se ha comprometido a brindarles una tutela especial y diferenciada al resto de la población por su histórica precariedad, compromiso que también ha adquirido para personas con discapacidad. Así las cosas, pretender que los menores amparados se trasladen a recibir rehabilitación a cientos de kilómetros de su lugar de origen, no es más que institucionalizar su desigualdad.
En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso, y ordenar a Fernando Llorca Castro, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que de forma inmediata realice las gestiones pertinentes y ejecute las acciones necesarias para que en el plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se brinde en el centro médico más cercano al domicilio de los menores amparados [Nombre 002] Y [Nombre 003], el servicio de rehabilitación física y/o terapia física, que requieren de conformidad con el criterio de sus médicos tratantes. Asimismo de ser posible la rehabilitación física y/o terapia física se deberá dar a los amparados en su casa de habitación. Además, deberá realizar las coordinaciones necesarias para garantizar la atención médica y el transporte de los amparados al Hospital Nacional de Niños, o en su caso en el Hospital Tony Facio, de acuerdo a (sic) las especialidades medicas (sic) que requieran los pacientes (…)” (la negrita fue incorporada).
En similar sentido, en la sentencia nro. 2019005560 de las 9:30 horas del 29 de marzo de 2019, esta Cámara se pronunció en relación con el derecho a la salud de las personas indígenas:
“XII. El derecho a la salud y las personas indígenas. Este Tribunal ya ha hecho expresa referencia al reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales de los miembros de los pueblos indígenas, a la luz del Derecho de la Constitución. Así, por ejemplo, en la sentencia número 1786-93 de las 16:21 horas del 21 de abril de 1993, este Tribunal sentó como premisa general que nuestra Constitución Política debe interpretarse y aplicarse de forma que permita y facilite la vida y desarrollo independientes de las minorías étnicas que habitan en Costa Rica, sin otros límites que los mismos derechos humanos imponen a la conducta de todos los hombres. De la misma forma deben ser desarrolladas las cláusulas de los instrumentos internacionales y de la legislación común al aplicarse a los pueblos indígenas. Como consecuencia de lo anterior, en nuestro ordenamiento jurídico, mediante el Convenio No.169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, reconoce una serie de derechos individuales y colectivos relativos a educación, salud, entre otros.
En cuanto a este Convenio, esta Sala, mediante sentencia número 3003-92 de las 11:30 horas del 7 de octubre de 1992, emitida con ocasión de la consulta preceptiva de constitucionalidad formulada respecto del «Proyecto de ley de aprobación del "Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes"», adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) en su LXXVI Conferencia, celebrada en Ginebra, Suiza, el 27 de junio de 1989, también conocido como Convenio No. 169, dispuso en lo que interesa: «[...] El Convenio consultado, dentro del ámbito general de las materias encomendadas a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) plasma en un instrumento internacional jurídicamente exigible, una serie de derechos, libertades y condiciones económicas, sociales y culturales tendentes, no sólo a fortalecer la dignidad y atributos esenciales a los indígenas como seres humanos, sino también, principalmente, a proveer medios específicos para que su condición de seres humanos se realice plenamente a la vista de la situación deprimida, a veces incluso explotada y maltratada, en que viven los aborígenes de muchas naciones; situación que no es del todo ajena al Continente Americano, donde las minorías, y a veces mayorías indígenas se encuentran prácticamente zzadas [sic] de la civilización predominante, mientras, por otra parte, sufren la depresión y el abandono de sus propias tradiciones y culturas.
Hoy, en el campo de los derechos humanos, se reconoce, en resumen: a) Que es necesario reconocer a los indígenas, además de la plenitud de sus derechos y libertades como seres humanos, otras condiciones jurídicamente garantizadas, mediante las cuales se logren compensar la desigualdad y discriminación a que están sometidos, con el propósito de garantizar su real y efectiva igualdad en todos los aspectos de la vida social: b) Que es también necesario garantizar el respeto y la conservación de los valores históricos y culturales de las poblaciones indígenas, reconociendo su peculiaridad, sin otra limitación que la necesidad de preservar, al mismo tiempo, la dignidad y valores fundamentales de todo ser humano reconocidos hoy por el mundo civilizado -lo cual implica que el respeto a las tradiciones, lengua, religión y en general cultura de esos pueblos solo admite como excepciones las necesarias para erradicar prácticas universalmente consideradas inhumanas, como el canibalismo-; c)Sin perjuicio de lo anterior, debe también reconocerse a los indígenas los derechos y medios necesarios para acceder, libre y dignamente, a los beneficios espirituales y materiales de la civilización predominante -medios entre los cuales destaca por su importancia el acceso a la educación y a la lengua oficial…” .
Ahora bien, en el citado convenio, específicamente en el artículo No. 3 se establece que los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, evidentemente, entre ellos, el derecho a la salud, sin obstáculos o discriminación. Asimismo, el artículo No. 4 dispone que deban adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar a las personas indígenas. En ese orden de ideas, el artículo No. 7 del citado instrumento, señala que el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo, del nivel de salud y educación deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. En ese sentido, los artículos 24 y 25 del Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo son un reflejo de las obligaciones que tiene el Estado en materia de seguridad social y en el derecho a la salud. Para un mejor entendimiento, se procede a transcribir los citados numerales:
“Artículo 24. Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación alguna”.
“Artículo 25. 1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el país”.
Por ende, los pueblos indígenas de nuestro país por disposición constitucional y convencional tienen una especial protección y además, se les debe garantizar el respeto a sus derechos fundamentales, entre ellos, sin duda, el derecho a la salud. Aunado a ello, es por medio de una asistencia en salud adecuada y oportuna que permiten salvaguardar a las personas indígenas y mejorar las condiciones del nivel de salud, así como la posibilidad que se ejerzan otros derechos fundamentales que sin una buena condición de salud, no se podrían ver satisfechos” (el énfasis fue agregado).
Por su parte, sobre la prestación eficiente del servicio de salud, conviene traer a colación lo indicado en la sentencia nro. 2023021882 de las 13:32 horas del 1° de setiembre de 2023:
“IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub lite, la parte accionante acusa que desde hace más de seis años la CCSS es conocedora de las limitaciones de servicio brindado a la comunidad de Paso Tempisque, dado que no se cuenta con personal y espacio suficiente para atender a la población. Agrega que, desde el año 2020, el Área de Salud de Carrillo emitió un estudio de resectorización, en el cual se destacó la necesidad de abrir una nueva sede de Ebais en Paso Tempisque, debido al hacinamiento que sufre. Expone que, para ello, la propuesta ha sido la de utilizar la sede actual de Ebais de Paso Tempisque para alojar un Ebais vespertino, pero es necesario dotarlo de personal. Sostiene que las autoridades accionadas no han actuado bajo el argumento de que no cuenta con los recursos económicos suficientes para brindar el servicio, a pesar de que reconocen que es insuficiente y que al mismo tiempo se está imponiendo al personal existente horarios extenuantes y largas jornadas laborales. Solicita que se ordene dotar de personal suficiente el Ebais vespertino.
Este Tribunal verifica que, el 17 de mayo de 2017, el Área de Salud de Carrillo efectuó un estudio de resectorización, por medio del cual se determinó una brecha de cinco Ebais, del cual se dotó uno y se está en espera de los otros cuatro, dentro de los cuales se encuentra el del sector de Paso Tempisque. Además, desde enero de 2020, el Consejo Municipal de Carrillo ha gestionado ante la CCSS la apertura de una nueva sede del Ebais Paso Tempisque.
El 14 de enero de 2020, la CCSS emitió el informe “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo”, en el que se establece: “(…) según la estimación efectuada por la Unidad de prestación de servicios de Salud del nivel central, de acuerdo al (sic) análisis de Re sectorización del 16 de mayo del 2017. Nuestra Unidad, mantiene una brecha de necesidad de 4 EBAIS, para brindar atención integral a la población a cargo. Es importante resaltar que nuestra Unidad, requiere de estos 4 EBAIS para satisfacer la necesidad de brindar atención integral en salud a la población adscrita, en cumplimiento con el objetivo de la atención primaria de salud, del primer nivel de atención, como corresponde a nuestra Área de Salud: Accesibilidad Aceptable a toda la población, con el fin último de satisfacer las necesidades de las personas en las diferentes edades, haciendo uso eficiente de los recursos públicos.
(…) La población que atiende el EBAIS de Paso Tempisque (Cuadro # 1. población actual del Distrito de Palmira: 6791 habitantes), tal y como se ha señalado en diferentes oportunidades, sobrepasa la capacidad instalada del equipo, tal y como ha sido planteado por la Comunidad y el Consejo Municipal del Cantón, mediante el oficio MC-SCM-821-2020, de fecha 26 de noviembre de 2020, en el cual la comunidad reitera su solicitud de la creación de un nuevo EBAIS para Paso Tempisque de Carrillo, con servicio vespertino, con el objetivo de aprovechar los recursos ya existentes y así atender el rezago de población que no está recibiendo atención integral (…) El EBAIS de Paso Tempsique (sic), ubicado en el Distrito de Palmira, está integrado por 2 ATAPs, 1 médico, 1 asistente de REDES, 1 Auxiliar de enfermería, 1 Farmaceutico (sic) y 1 Técnico de farmacia. 1 miscelaneo (sic) y guarda de seguridad de 4:00 pm a 7:00am, por terceros.
De semana de por medio, se brinda atención odontológica, con el profesional de odontología y asistente dental, que cubre tambien (sic) el Distrito de Belén. El horario de atención es de Lunes a Jueves de 7:00 am a 4:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm. Durante 1 día al mes, se realiza atención en PVP de Comunidad. En cuanto a la medición de satisfacción al usuario, el Cantón de Carrillo ha descendido de un 85% a un 73% en los ultimos (sic) años, siendo uno de los principales motivos, el que los usuarios se quejan de No encontrar campos para ser atendidos, siendo este, uno de los sectores que presenta ese problema. (…) 2.1 Nombre del Proyecto Ampliación de Horario de atención en sede de EBAIS de Paso Tempisque 2.2 Unidad Responsable Area (sic) de Salud Carrillo. UE: 2560 2.3 Modalidad del proyecto 2.3.2 Consulta lunes a jueves de 4:00 pm a 10:00 pm, Viernes de 3:00 pm a 10:00 pm y, sábados de 4:00 pm a 10:00 pm, con programación de 04 pacientes por hora (…) El costo estimado es de 13 millones mensuales, lo cual representa aproximadamente, 150 millones anuales.
En cuanto a la inversión en servicios públicos, se estima un incremento anual de aproximadamente 10 millones en energía eléctrica (cuenta 2126), y 500 mil colones en servicio de agua. El consumo en telecomunicaciones, es de aproximadamente 300 mil colones anuales. En insumos y suministros, es de aproximadamente 7 millones de colones anuales (…)” (la negrita fue incorporada).
El 31 de enero de 2020, el Área de Salud de Carillo remitió el oficio DASC-0033-2020 a la DRIPSSCH de la CCSS, en el que se lee: “Lo solicitud del EBAIS, que plantea lo comunidad del Distrito de Palmira, representado por el Gobierno local, es totalmente válida y respaldada por esta Dirección Médica; necesidad que ha sido demostrada por el estudio de Re sectorización del Área de Salud Carrillo, efectuado desde el año 2017, ya que es cierto que el sector de Palmira requiere un EBAIS más, al igual que los otros sectores mencionados. Esta brecha, impacta de manera negativa en la calidad de los servicios, debido a la alta demanda de atenciones de usuarios que no encuentran campo en sus sedes de EBAIS, entre ellas, la de paso Tempisque, las cuales deben brindarse en el servicio de emergencias. La sede del EBAIS de Paso Tempisque también podría alojar un EBAIS vespertino como el que tenemos en Sardinal, por lo cual, si nos dotaran de las plazas en estos momentos, no tenemos inconvenientes de infraestructura, ni de seguridad ni de limpieza, ya que lo tenemos por contratación de terceros” (el resaltado fue añadido).
Además, el 21 de julio de 2020, la directora del Área de Salud de Carrillo certificó que: “en el Área de Salud Carrillo, Caja Costarricense de Seguro Social, Unidad programática 2560, Tenemos la posibilidad de albergar en forma inmediata a EBAIS en un segundo turno, en instalaciones existentes y que se encuentran en óptimas condiciones, en las siguientes ubicaciones: 1. Sede de EBAIS Paso Tempisque. 2. Sede de EBAIS La Costa. Este EBAIS se encuentra en proceso de construcción, el cual finaliza en el mes de diciembre del 2020”.
Por oficio GM-2456-2021 del 23 de febrero de 2021, la Gerencia Médica de la CCSS indicó a un diputado de la Asamblea Legislativa: “Este Despacho en atención de su oficio DLAC-004-2021 de fecha 11 de enero de 2021, donde adjunta el acuerdo 02, inciso 05 emitido en la Sesión Ordinaria N°51-2020 del Consejo Municipal de Carrillo – Guanacaste sobre la solicitud de creación de una nueva sede de EBAIS en Paso Tempisque de Carrillo con un servicio Vespertino; en este sentido, se procedió a realizar las consultas técnicas al nivel central y regional sobre este planteamiento, obteniéndose los siguientes resultados. - La Dirección de Proyección de Servicios de Salud (GM-0844-2021), en el oficio GM-DPSS-0080-2021, de fecha 17 de febrero de 2021, concluye lo siguiente: “…De acuerdo con el estudio” Plan de Acción para la conformación de EBAIS y Fortalecimiento de las Áreas de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, versión #2” realizado por esta Dirección, para el Área de Salud Carrillo se ha planteado una brecha de dos sectores más.
Es decir, un total de 11 sectores de salud. En cuanto al dato poblacional mostrado anteriormente se puede apreciar que esta necesidad de dos nuevos sectores está en el sector de La Costa, adicionalmente este sector presenta la particularidad que es el más lejano de la sede del Área de Salud y debe cubrir la población turística de la zona. El otro sector requerido por población es el de Paso Tempisque, presenta la particularidad que se encuentra a pocos kilómetros de la sede del Área de Salud. - El subrayado no corresponde al texto original- Se ha confirmado con el nivel local sobre estas necesidades y se confirma que es en estos lugares donde se requieren dichos sectores de salud…” - La Dirección Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, en el oficio DRIPSSCH-ARPLAI-0003-2021(DRIPSSCH-0082-2021), suscrito por el Dr. Eddy Apuy Muñoz, Asistente Médico y la Licda. Juliana Monge Agüero, Coordinadora del Área de Planificación y Control Interno, de la Dirección Red Integrada de Prestación de servicios de Salud Chorotega, concluye que “…Por lo que, una vez analizados los argumentos expuestos en el presente informe, así como lo reiterado en la sección de antecedentes, en el apartado 5, esta Dirección de Red considera pertinente el Proyecto de Apertura de Consulta del EBAIS Vespertino, en beneficio de la población del cantón y comunidades aledañas.
Se recomienda además que se implemente con la dotación de plazas por un período de 6 meses y se valore la continuidad de este servicio…”- El subrayado no corresponde al texto original- De acuerdo con lo anterior, la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N° 9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020)” (el destacado fue agregado).
Por oficio GM-6317-2021 del 19 de mayo de 2021, la Gerencia Médica de la CCSS indicó a la Municipalidad de Carrillo: “(…) como es de su conocimiento. esta Gerencia emitió el oficio GM-2461-2021, de fecha 23 de febrero de 2021, en donde se señaló lo siguiente: “… conforme los criterios técnicos solicitado se ratifica la necesidad de creación del EBAIS Paso de Tempisque de Carrillo, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que esta ha generado en la institución, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N° 9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020. (SJD-2081-2020) …” En este sentido, es menester informarle que no ha existido cambio significativo en lo señalado en el párrafo anterior, por lo que esta Gerencia, se encuentra vigilante de las disposiciones de las autoridades institucionales superiores en materia financiera y una vez que las limitaciones a este nivel sean superadas. se programará según corresponda la atención de esta necesidad en beneficio de la salud de los pobladores del Cantón y de Paso Tempisque (…)”. Mediante memorial MC-ALC-CRR-435-2022 del 7 de marzo de 2022, la Municipalidad de Carrillo reiteró a la CCSS la urgente necesidad de contar con la sede de un Ebais en Paso Tempisque.
Por memorial DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega señaló: “Esta Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega, procede a informar que en relación con esta solicitud se remitió criterio técnico a la Gerencia Médica, mediante el oficio adjunto DRSS-DRIPSSCH-0082-2021. Posteriormente, se recibe copia de la respuesta de la Gerencia Médica, al Diputado Luis Antonio Aiza Campos, mediante el oficio anexo GM-2456-2021, el cual indicaba textualmente: “De acuerdo con lo anterior, la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva en el artículo 29° de la sesión N°9139, celebrada el 12 de noviembre del año 2020.
(SJD-2081-2020).” Por lo anteriormente expuesto, la conformación del nuevo EBAIS, está supeditado a las condiciones financieras de la Institución, de acuerdo a (sic) lo indicado por la Gerencia Médica, en su oficio GM-2456-2021”. Además, por oficio GM-7414-2022 del 15 de junio de 2022, la Gerencia Médica de la CCSS expuso: “(…) mediante oficio DRSS-DRIPSSCH-0435-2022, el Dr. Warner Picado Camarena, Director, Dirección Red Integrada Prestación de Servicios de Salud Chorotega, traslada el siguiente informe: "...Esta Dirección de Red Integrada de Prestación da Servicios de Salud Chorotega, procede a informar que según se indicó en informes anteriores: El Ebais de Paso Tempisque, que está adscrito al Área de Salud de Carrillo, se ubica en el Distrito de Palmira, lo integran: 2 ATAPS, 1 médico, 1 asistente de REDES, 1 Auxiliar de enfermería, 1 Farmacéutico y 1 Técnico de farmacia. Además de 1 miscelánea y guarda de seguridad de 4:00 pm a 7:00am, mediante contratación por terceros.
De semana de por medio, se brinda atención odontológica, con el profesional de odontología y asistenta dental, que cubre también el Distrito de Belén. El horario de atención es de lunes a jueves de 7:00 am a 4:00 pm y viernes de 7:00 am a 3:00 pm. Durante 1 día el mes, se realiza atención en el Puesto de Visita Periódica de Comunidad. Aunado a lo anterior se remitió criterio técnico a la Gerencia Médica, en relación con la necesidad de un Ebais adicional, mediante el oficio DRSS-DHIPSSCH-0082-2021, (el cual se adjunta). Posteriormente, se recibe copia de la respuesta de la Gerencia Medica, al Diputado Luis Antonio Aiza Campos, mediante el oficio anexa GM-2456-2021, en el que se indica textualmente: “De acuerdo con lo anterior la institución está en la mayor disposición de atender esta necesidad, no obstante, debido a la Pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que ésta ha generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de piezas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditada a las condiciones financieres ya que es parte de la atención de lo instruido por la Junta Directiva (…)” Por lo que, según lo expuesto anteriormente, la conformación del nuevo Ebais para el distrito de Paso Tempisque, es una necesidad evidente que ha sido analizada y se encuentra supeditada a las condiciones financieras de la institución..." En virtud de la anterior, este Despacho informa que actualmente se está brindando la atención como se describió anteriormente, a la población de la comunidad de Paso Tempisque, además de que como lo indica la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora Dirección de Proyección de Servicios de Salud, mediante oficio GM-DPSS-0080-2021; de acuerdo con el estudio Plan de Acción para la conformación de EBAIS y Fortalecimiento de las Áreas de Salud de la CCSS. versión #2' a la fecha se han realizado los estudios pertinentes para determinar la necesidad de nuevos sectores para el cantón de Carrillo Guanacaste, incluyendo el Ebais de Paso Tempisque, los cuales, según la política financiera y condiciones económicas, están programadas para su creación entre el año 2022-2026, de acuerdo a (sic) la programación.
Así las cosas, este Despacho brinda el informe sobre las gestiones realizadas con respecto a la construcción de la nueva sede del EBAIS en Paso Tempisque, sin embargo reitera que debido a le pandemia del COVID-19 y a las limitaciones financieras que han generado en la Caja Costarricense de Seguro Social, el tema de creación de plazas para la conformación de nuevos EBAIS está supeditado a las condiciones financieras”.
El 22 de diciembre de 2022, por memorial DRSS-DRIPSSCH-0987-2022, el director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega remitió a la Dirección de Proyectos de Servicios de Salud de la CCSS la propuesta de priorización de Ebais para el año 2023, en la que se menciona al Área de Salud Carillo, específicamente al Ebais Paso Tempisque, modalidad “Vespertino, plazas rotativas”.
El 20 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS indicó por memorial GM-10588-2023: “según el análisis que se realiza con respecto a la necesidad de disminución de brechas de EBAIS de las Direcciones de Red Integradas de prestación de Servicios de Salud, se tiene la priorización de la conformación del recurso humano para la apertura de 1 EBAIS en Paso Tempisque. Es menester indicar que esta Gerencia para la dotación del recurso humano para la creación del EBAIS mencionado anteriormente y el resto de EBAIS priorizados a nivel nacional, se encuentra a la espera de la definición del límite de creación de plazas que indique la Junta Directiva para el periodo 2023 o los periodos subsiguientes”.
Finalmente, por oficio GM-10689-2023 del 21 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS señaló: “(…) El Consejo Financiero y de Control Presupuestario en el artículo 2 de la sesión 255-18, celebrada el 19 de julio de 2018, dispuso: “…Priorizar la creación de plazas institucionales de conformidad con el siguiente orden: los convenios internacionales, el cumplimiento de las leyes, las disposiciones de la Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva y las necesidades planteadas por las Gerencias, siendo el Consejo Financiero y de Control Presupuestario el Órgano encargado de conocer la propuesta de creación de plazas, para definir su priorización en determinado tracto y emitir el aval para que se proceda con la validación técnica por parte de la Dirección Administración y Gestión de Personal. Asimismo, se mantiene lo dispuesto en la circular GA-51002-12, con fecha 06 de diciembre 2012, suscrito por el Cuerpo Gerencial (Ref.
PE-0418-2018 del 21 de febrero 2018, suscrito por Dr. Fernando Llorca Castro, presidente ejecutivo) sobre el procedimiento para la elaboración de los estudios técnicos para la determinación de necesidades de recursos humanos a nivel institucional (…)”. Cabe aclarar que, la Gerencia Financiera definirá anualmente el límite máximo de creación de plazas conforme las posibilidades financieras de los seguros administrados por la institución, las cuales deben orientarse a los programas y actividad prioritarias de la Caja Costarricense de Seguro Social. Para el 2022 y el 2023 el límite máximo de creación de plazas con financiamiento central será de 670 plazas para cada año, se exceptúan las plazas de financiamiento local y aquellas relacionadas con servicios especiales. Para el caso de plazas con financiamiento local y servicios especiales se considerará las posibilidades financieras y las prioridades institucionales, por lo que se transcribe lo indicado por la Política Presupuestaria 2022-2023 del Seguro de Salud, Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen no Contributivos de Pensiones: Lineamiento 6: Recursos presupuestarios para servicios personales (remuneraciones) “…Estrategias a. La Gerencia Financiera definirá anualmente el límite máximo de creación de plazas conforme las posibilidades financieras de los seguros administrados por la institución, las cuales deben orientarse a los programas y actividad prioritarias de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Para el 2022 y el 2023 el límite máximo de creación de plazas con financiamiento central será de 670 plazas para cada año…” En relación con lo indicado, para el periodo 2023 y según los acuerdos del Consejo Financiero y Control Presupuestario, la cantidad de plazas que cuentan en este momento con validación técnica por la Dirección de Administración y Gestión de Personal para la creación de plazas nuevas, supera la cifra ya previamente definida por Junta Directiva. Situación que nos deja en espera de las acciones que deba tomar dicha instancia para dar cobertura a las necesidades priorizadas por esta Gerencia. Es importante señalar que las plazas del EBAIS de Paso Tempisque, no han sido priorizadas por esta Gerencia, sino que, fueron identificadas por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega y trasladadas a este Despacho, donde cumpliendo con el orden de priorización, fueron trasladadas para revisión y análisis técnico a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, instancia que las tiene consideradas en un segundo tracto de dotación de plazas para el reforzamiento del I Nivel de Atención, y cumpliendo con lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 6° de la sesión N° 9231, celebrada el 06 de enero del año 2022, referente al Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, que a saber indica: […] “ARTICULO 6º Se conoce oficio N° GG-4192-2021, de fecha 15 de diciembre de 2021, suscrito por Dr. Roberto Cervantes Barrantes, Gerente, mediante el cual presenta: PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.” PLAN DE REDUCCIÓN DE BRECHAS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO.” Por tanto, Considerando la propuesta del Plan de reducción de brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo contenido en el oficio GG-PFPSS-0217-2021 suscrito por el Dr. Luis Carlos Vega Martínez en calidad de Director del Programa de Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud y lo expresado en el oficio GG-4192-2021 suscrito por el Dr. Roberto Cervantes Barrantes en su calidad de Gerente General, la Junta Directiva -en forma unánime -ACUERDA: ACUERDO PRIMERO Aprobar para su implementación el Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo, orientada a fortalecer la atención integral, con énfasis en las actividades de promoción y prevención.
La creación de plazas y los gastos requeridos por el plan de reducción de brechas deberán ser aprobados anualmente de conformidad con el procedimiento institucional establecido para estos fines, de acuerdo con el proceso de implementación del plan y de manera consistente con la situación y posibilidades financieras del seguro de salud. ACUERDO SEGUNDO Designar a la Gerencia Médica para que desarrolle y conduzca los procesos necesarios relacionados con recursos humanos, presupuesto, infraestructura, abastecimiento y normativa asociada, para garantizar la implementación del Plan de Reducción de Brechas del Primer Nivel de Atención en el Corto y Mediano Plazo, con el involucramiento activo de las DRIPSS y las unidades institucionales pertinentes, en concordancia con lo dispuesto en el acuerdo primero. […] En virtud de lo anterior, esta Gerencia Médica ha definido las priorizaciones considerando en primera instancia la dotación de recurso humano para la sostenibilidad de la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras, acuerdos de Junta Directiva, proyectos institucionales, proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y otros, donde se han tenido que abarcar en diferentes fases para poder satisfacer las necesidades generales. Es así como se determina que las plazas para el EBAIS de Paso Tempisque se encuentran para ser priorizadas según el Plan dispuesto por la Junta Directiva, antes citado” (el énfasis fue añadido).
Visto lo anterior, cabe destacar que este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que:
“VI.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de la salud y la vida de sus usuarios (…) Los entes, órganos y funcionarios públicos se deben a los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido la razón de su creación y existencia.
Los órganos y entes públicos que prestan servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o pacientes y, sobre todo, de aquellos que demandan una atención médica inmediata y urgente, sin que la carencia de recursos humanos y materiales sean argumentos jurídicamente válidos para eximirlos del cumplimiento de tal obligación. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social están en el deber de adoptar e implementar los cambios organizacionales, de contratar el personal médico o auxiliar y de adquirir los materiales y equipo técnico que sean requeridos para brindar prestaciones eficientes, eficaces y rápidas. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, el problema de las “listas de espera” para las intervenciones quirúrgicas y aplicación de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud pública sean prestados de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere.
Los jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los personalmente responsables -en los términos del artículo 199 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública-, de adoptar e implementar todas las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto definitivo a la prestación tardía –la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus consecuencias- de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública)” (el destacado fue agregado) (véanse las sentencias nros. 2003013863 de las 17:13 horas del 2 de diciembre de 2003, 2010012297 de las 14:42 horas del 21 de julio de 2010, 2013004539 de las 14:30 horas del 9 de abril de 2013, 2015008671 de las 9:05 horas del 12 de junio de 2015, 2019007242 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2019, 2021022837 de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2021, 2023019503 de las 9:45 horas del 9 de agosto de 2023, entre otras).
A partir de lo expuesto, en el sub iudice se evidencia la lesión a los derechos fundamentales por parte de la CCSS, como de seguido se explica. De la abundante prueba documental adjunta al expediente, se tiene por plenamente demostrado que, desde el año 2017, la CCSS reconoció la ineficiente e ineficaz prestación del servicio de salud en Paso Tempisque, así como la consecuente necesidad de dotar a esa comunidad de un nuevo Ebais. Precisamente, en el informe “Ampliación de horario de Atención vespertina EBAIS DE Paso Tempisque Área de Salud Carrillo” del 14 de enero de 2020, la CCSS consideró que la población atendida por el centro médico de esa localidad “sobrepasa la capacidad instalada del equipo”, por lo que se estimó oportuno crear un nuevo Ebais con servicio vespertino a fin de aprovechar los recursos existentes. Adicionalmente, la ineficiente e ineficaz prestación del servicio aludido se refleja en el oficio DASC-0033-2020 del 31 de enero de 2020, en el que el Área de Salud de Carrillo señaló que: “Esta brecha, impacta de manera negativa en la calidad de los servicios, debido a la alta demanda de atenciones de usuarios que no encuentran campo en sus sedes de EBAIS, entre ellas, la de paso Tempisque”.
Incluso, en el oficio DRSS-DRIPSSCH-0987-2022 del 22 de diciembre de 2022, la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega incluyó a Paso Tempisque como parte de la propuesta de priorización de Ebais para el año 2023 en la modalidad vespertina.
Ahora bien, a pesar de que, desde el año 2017, la CCSS ha reconocido la necesidad de ampliar la oferta de servicios de salud a la población de Paso Tempisque y a que diversos actores sociales han planteado gestiones con el propósito de solventar esa problemática, en el sub examine se tiene por demostrado que no se ha solucionado tal situación. Precisamente, en diversos memoriales que constan como prueba, las autoridades de la CCSS indican que la falta de creación de las plazas necesarias para la instalación del Ebais mencionado obedece a condiciones financieras, ello en apego a lo establecido por la Junta Directiva en el artículo 29 de la sesión nro. 9139 del 12 de noviembre de 2020. Además, en el memorial GM-7414-2022 del 15 de junio de 2022, la Gerencia Médica de la CCSS explicó que, según la política financiera y las condiciones económicas, la creación del Ebais de Paso Tempisque está programada entre los años 2022 y 2026.
Pese a ello, en el sub iudice no se cuenta con elemento probatorio alguno de que, efectivamente, la situación objeto de este recurso vaya a ser atendida antes del año 2026, lo cual se refleja en el hecho de que en el oficio GM-10689-2023 del 21 de julio de 2023, la Gerencia Médica de la CCSS indicó que “las plazas del EBAIS de Paso Tempisque, no han sido priorizadas por esta Gerencia, sino que, fueron identificadas por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Chorotega y trasladadas a este Despacho, donde cumpliendo con el orden de priorización, fueron trasladadas para revisión y análisis técnico a la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, instancia que las tiene consideradas en un segundo tracto de dotación de plazas para el reforzamiento del I Nivel de Atención, y cumpliendo con lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 6° de la sesión N° 9231, celebrada el 06 de enero del año 2022, referente al Plan de Reducción de Brechas en el Primer Nivel de Atención en el corto y mediano plazo”.
Adicionalmente, adviértase que esta Cámara Constitucional ha sido enfática al señalar que, en el marco de un Estado constitucional, social y democrático de derecho, no resulta de recibo aducir limitaciones financieras o presupuestarias para eludir la eficiente prestación de un servicio tan esencial como el de salud, toda vez que, tal como se indicó ut supra, es un imperativo constitucional que ese servicio sea prestado de forma eficiente, eficaz, continua, regular y célere, tal como se consignó, entre otras, en las sentencias nros. 2003013863 de las 17:13 horas del 2 de diciembre de 2003, 2010012297 de las 14:42 horas del 21 de julio de 2010, 2013004539 de las 14:30 horas del 9 de abril de 2013, 2015008671 de las 9:05 horas del 12 de junio de 2015, 2019007242 de las 9:20 horas del 26 de abril de 2019, 2021022837 de las 9:30 horas del 12 de octubre de 2021, 2023019503 de las 9:45 horas del 9 de agosto de 2023.
Por ende, se acoge el recurso, con la orden que se dicta en la parte dispositiva de esta sentencia (…)
Por tanto:
Por mayoría se declara con lugar el recurso. Se les ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y Eva Camargo Batista, por su orden, presidenta ejecutiva a cargo de la Gerencia General y directora médica del Área de Salud de Carrillo, así como a quien desempeñe el puesto de director regional de la Red de Servicios de Salud de la región Chorotega, todos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que coordinen lo necesario y lleven a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias respectivas para que, dentro del plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se solucione de manera definitiva la problemática acusada por el recurrente, atinente a la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud en Paso Tempisque. Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Los magistrados Castillo Víquez y Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan el voto y declaran sin lugar el recurso. Notifíquese” (el resaltado fue agregado).
En suma, este Tribunal Constitucional ha sido consistente en recalcar la tutela especial de las personas indígenas, así como la relevancia del derecho a la salud que constituye la piedra angular sobre la que descansan el resto de derechos fundamentales, por lo que su prestación debe responder a los criterios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación.
Ahora bien, en el sub examine se comprueba la lesión a los derechos fundamentales de las personas indígenas de Alto Carona, debido a la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS, lo que ha sido reconocido por la misma institución. En ese sentido, recuérdese que el Área de Salud de Corredores es la encargada de prestar el servicio de salud a la población de Alto Carona; empero, en el memorial ASCORRE-DM-0118-2024 del 25 de abril de 2024, se reconoció que a esas personas usuarias “no se está prestando visitas porque vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular suspendiendo las giras imposibilitando una adecuada calendarización sin afectar a las demás comunidades dispersas que se le hacen visitas (…) El PVP localizado en Ato Carona no cumple con las condiciones mínimas adecuadas para la atención a los pobladores y menos para que los funcionarios puedan dar una atención adecuada y posiblemente tampoco cumple con los requisitos de la normativa del Ministerio de Salud para habilitar los consultorios médicos”.
Además, resulta de importancia considerar que en el informe AGO-99-2021 del 8 de noviembre de 2021, la Auditoría Interna de la CCSS reconoció que los usuarios y funcionarios del Área de Salud de Corredores no cuentan con las condiciones mínimas para recibir y prestar, respectivamente, el servicio de salud, debido a que algunos puestos de visita periódica “presentan pisos de tierra, estructuras en mal estado, instalaciones eléctricas expuestas y peligrosas, servicios sanitarios desagradables, acceso incómodos y difíciles a las estructuras, entre otros aspectos”.
Así las cosas, la propia CCSS reconoció al menos desde el año 2021 que el Área de Salud de Corredores, encargada de prestar el servicio de salud a la población tutelada de Alto Carona, no cuenta con las condiciones mínimas para brindar ese servicio. Además, la aludida Área de Salud indicó que a las personas usuarias de Alto Carona no se les efectúan visitas, debido a que “vía terrestre no se tiene acceso y vía por helicóptero del Servicio de Aviación Civil era muy irregular”. Sobre el particular, adviértase que esta Cámara Constitucional no puede avalar la postura de la CCSS en cuanto a la falta de actuación diligente y célere para brindar el servicio de salud a favor de la población amparada, por cuanto hacerlo equivaldría soslayar el régimen especial de protección reconocido en favor de los derechos e integridad del pueblo indígena. De este modo, si bien se reconoce la facultad de la CCSS para organizarse a fin de prestar el servicio de salud supramencionado, ello no puede ir en detrimento del acceso a la asistencia médica de las personas usuarias, en este caso, indígenas, quienes, como se indicó ut supra, gozan de una tutela especial en virtud de su condición de vulnerabilidad. Adicionalmente, nótese que en el sub lite no se cuenta con elemento probatorio alguno que permita acreditar que la situación objeto de este recurso será atendida con prontitud.
Por ende, al constatarse la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud a las personas indígenas pobladoras de Alto Carona por parte de la CCSS, se estima el recurso en cuanto a este agravio, según lo indicado en la parte dispositiva de esta sentencia (…)
Por tanto:
Se declara con lugar el recurso. Se le ordena a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, en su condición de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo máximo de UN AÑO, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, se solucione de manera definitiva la problemática acusada por la parte recurrente atinente a la falta de prestación eficiente y eficaz del servicio de salud en Alto Carona. En cuanto a la Municipalidad de Golfito, se le ordena a Freiner Lara Blanco, en su condición de alcalde de Golfito, o a quien desempeñe ese puesto, que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias para que, en el plazo máximo de SEIS MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se solucione el problema denunciado por la parte recurrente referente al estado del camino que da acceso a la comunidad de Alto Carona del territorio indígena Conte Burica.
Lo anterior se dicta con el apercibimiento de que con base en lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quienes recibieren una orden que deban cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y que no la cumplieren o no la hicieren cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social y a la Municipalidad de Golfito al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. La magistrada Garro Vargas salva el voto y declara sin lugar el recurso de amparo. Notifíquese” (el destacado es del original).
En la especie, la Sala acredita la lesión a los derechos fundamentales de la parte tutelada únicamente respecto a la falta de prestación eficiente del servicio de salud ante la demora en el proceso constructivo del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca; empero, en cuanto al resto de agravios formulados por la parte accionante, se declara sin lugar el recurso, lo anterior de conformidad con las siguientes consideraciones.
Tal como se consignó en el precedente de cita, esta Cámara Constitucional ha recalcado la tutela especial que gozan las personas indígenas, así como la importancia del derecho a la salud, el cual constituye la piedra angular sobre la que descansan el resto de los derechos fundamentales, por lo que su prestación debe responder a criterios de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación.
Pese ello, en el sub iudice se corrobora la falta de prestación eficiente del servicio de salud por parte de la CCSS en perjuicio de las personas tuteladas, quienes residen en el territorio indígena Maíz de Boruca, debido a la demora en la construcción de la sede de visita periódica de esa comunidad. En ese sentido, adviértase que, al menos desde el año 2022, la CCSS reconoció la necesidad de construir un nuevo puesto de salud en Maíz, motivo por el cual se incluyó entre los proyectos institucionales a realizar y se determinó como objetivo “Construcción de Sede de Visita Periódica. Mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios de la Casa de Visita Periódica de Maíz, Colinas (territorio indígena), y comunidades aledañas, mediante el mejoramiento de las condiciones de operación. Dotar de infraestructura adecuada para la población adscrita a la CVS de Maíz de Colinas, que garantice una atención general en la salud de todas las personas, de calidad y calidez.
Brindar confort y seguridad a los usuarios y funcionarios durante toda la jornada laboral. Además de garantizar un lugar adecuado para el resguardo de los activos institucionales, herramientas de gran importancia para el desempeño de las funciones y la atención que brinda la CCSS”. Sin embargo, aun cuando tal proyecto dio inicio desde mayo de 2022, al momento de emisión de este pronunciamiento, a saber, más de dos años y medio después, no se ha verificado algún avance significativo, sino que este sigue en la misma fase inicial, a saber, la atinente a la adquisición del terreno en el que se va a ubicar el centro de salud en cuestión. Lo anterior se refleja en el cronograma de ejecución aportado como prueba en el memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025 suscrito por la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS:
Construcción de Sede de Visita Periódica de Maíz de Buenos Aires 1470 días lun 02/05/22 vie 17/12/27 Adquisición de terreno 897 días lun 02/05/22 mar 07/10/25 Diseño SVP de Maíz 10 días mié 08/10/25 mar 21/10/25 SETENA 100 días mié 08/10/25 mar 24/02/26 Proceso Compra Contratación SETENA 20 días mié 08/10/25 mar 04/11/25 Presentación documentación ante SETENA 20 días mié 05/11/25 mar 02/12/25 Obtención Viabilidad Ambiental 60 días mié 03/12/25 mar 24/02/26 Proceso de Compra de Licitación Abreviada 92 días mié 25/02/26 jue 02/07/26 Confección de Expediente 2 días mié 25/02/26 jue 26/02/26 Invitación 1 día vie 27/02/26 vie 27/02/26 Presentación de Ofertas 10 días lun 02/03/26 vie 13/03/26 Apertura Compra 1 día lun 16/03/26 lun 16/03/26 Análisis de Compras 2 días mar 17/03/26 mié 18/03/26 Análisis Financiero 10 días jue 19/03/26 mié 01/04/26 Análisis Técnico y Razonabilidad 5 días jue 02/04/26 mié 08/04/26 Análisis Legal 5 días jue 09/04/26 mié 15/04/26 Adjudicación 20 días jue 16/04/26 mié 13/05/26 Notificación 1 día jue 14/05/26 jue 14/05/26 Proceso Apelaciones 15 días vie 15/05/26 jue 04/06/26 Firmeza y garantías 5 días vie 05/06/26 jue 11/06/26 Aprobación interna 15 días vie 12/06/26 jue 02/07/26 Proceso constructivo 120 días lun 05/07/27 vie 17/12/27 Permisos 30 días lun 05/07/27 vie 13/08/27 Construcción 90 días lun 16/08/27 vie 17/12/27 La mencionada falta de atención diligente y célere de parte de la CCSS se agrava al considerar que, a partir del 27 de enero de 2025, el puesto de salud en el que se brindaba atención médica a la población de Maíz y lugares aledaños dejó de funcionar, debido a que el terreno en que estaba ubicado es propiedad de la escuela de la comunidad, en la que se inició un proceso de construcción.
En consecuencia, lo procedente es acoger el recurso en cuanto a este agravio y ordenarle a la presidenta ejecutiva de la CCSS que coordine lo necesario y lleve a cabo todas las actuaciones dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que a más tardar en el mes de diciembre de 2027 se culmine la construcción del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca, tal como se consigna en el cronograma aportado como prueba en el memorial PE-DPI-0203-2025 del 20 de febrero de 2025 suscrito por la Dirección de Planificación Institucional de la CCSS.
V.De otro lado, recuérdese que en la sentencia nro. 2022023279 de las 9:20 horas del 7 de octubre de 2022, la Sala se refirió al centro educativo Maíz en los siguientes términos:
“III.- CASO CONCRETO. En la especie, los recurrentes estiman lesionados los derechos fundamentales de los amparados, en virtud, de que desde el 9 de mayo de 2022, en el centro educativo Maíz de los Borucas, no se brinda el servicio de comedor, situación que afecta también el rendimiento académico. Alega que solo se les brinda tres horas de clase, con el pretexto de que no hay comedor. Alegan que desde el año 2015, la escuela cuenta con una orden sanitaria que a la fecha no ha sido atendida, por lo cual actualmente no cuentan un lugar digno y seguro para asistir a clases. Afirman que los estudiantes reciben lecciones en el comedor de la escuela, por lo tanto, las autoridades administrativas justifican la no utilización del mismo, por ese hecho, trasgrediendo el derecho fundamental de tener acceso a una buena alimentación.
De los autos se acredita que, en el año 2015, el Área Rectora de Salud de Buenos Aires de Puntarenas emitió una orden sanitaria en relación con las malas condiciones físico- sanitarias que presentaba la escuela El Maíz de los Borucas. Aunado a lo anterior, las visitas de seguimiento que viene realizando esa área rectora desde mayo de 2017, permiten constatar que la problemática acusada por los menores educandos, persiste. Incluso, al margen de que según el director de Infraestructura Educativa, entre el año 2015 y 2016 se inici ó un proceso de diseño para la nueva infraestructura de ese centro educativo, lo cierto del caso es que, debido a la limitada disponibilidad presupuestaria de esa dependencia, ese proyecto, se encuentra pospuesto. Incluso, bajo juramento se informó que el proyecto en cuestión entraría en el plan de inversión del año 2023. Lo anterior, pese a que desde julio de 2021, la Asociación de Desarrollo Indígena otorgó un nuevo inmueble al centro educativo, para la construcción de las nuevas instalaciones. Así las cosas, en este extremo del recurso, estima la Sala se produjo la infracción acusada, pues, como se puede advertir con meridiana claridad, lo cierto del caso es que siete años después de que se dictó esa orden sanitaria, la problemática persiste.
En lo que respecta al segundo extremo del recurso, el director regional Grande de Térraba informó que el horario que se reclama obedece a la matrícula, pues solo cuentan con 8 estudiantes en preescolar y 16 estudiantes en I y II Ciclos, y a que, para el curso lectivo de 2022, el centro educativo se encuentra calificado como D. Por lo anterior, explica se atiende a los estudiantes en una sola jornada de 7am a 10 a.m., en días cortos, o bien a 10:50 a.m., en días largos, en concordancia con el módulo horario dispuesto por el Consejo Superior de Educación.
Finalmente, en lo que respecta a la alimentación de la población estudiantil, se demostró que desde el 9 de mayo de 2022 y hasta el 24 de agosto de este mismo año, los menores educandos de la escuela El Maíz de los Borucas, no recibieron alimentación alguna, en vista de que la servidora del comedor de ese centro educativo renunció a su puesto y a que el Comité de Salud, informó a la Junta de la escuela, que no se iba a facilitar el local donde se preparaba la alimentación de los niños, en vista de que el terreno donde se ubica ese establecimiento se estaba derrumbando. Según se explica, en virtud de lo anterior, el 22 de julio de 2022 se presentó el formulario “Cambio de Modalidad de Servicio de Comedor 2022” de la escuela El Maíz de los Borucas ante DANEA. Por lo anterior, a partir de 24 de agosto de los corrientes se hizo efectivo el servicio de alimentación de los estudiantes de esa escuela, mediante la modalidad de “plato servido”. Precisamente, en este particular, como con antelación a la notificación del auto de traslado, ya se había dispuesto el restablecimiento de la alimentación de los menores educandos, descarta la Sala que se haya producido este agravio.
En suma, se impone acoger el recurso, únicamente, por los problemas físico- sanitarios que presenta la escuela El Maíz de los Borucas y el incumplimiento de la orden sanitaria dictada con ocasión de esa problemática. En lo demás, se desestima el amparo.
(…)
POR TANTO:
Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente, por los problemas físico- sanitarios que presenta la escuela El Maíz de los Borucas y el incumplimiento de la orden sanitaria dictada con ocasión de esa problemática. Se ordena a José Leonardo Sánchez Hernández y a Álvaro Mata Leitón, en condición de ministro a.i. y de director de la Dirección de Infraestructura Educativa, ambos del Ministerio de Educación Pública, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que giren las directrices necesarias, en el respectivo ámbito de sus competencias, y gestionen lo correspondiente para que, en el plazo máximo de DOCE MESES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se realicen las mejoras físico-sanitarias señaladas por el Ministerio de Salud en la escuela El Maíz de los Borucas. Dicho inmueble deberá garantizar un ambiente sano y adecuado para la educación de los estudiantes de ese centro educativo.
Asimismo, se les ordena a dichas autoridades educativas que, en el plazo máximo de UN MES, contado a partir de la notificación de esa misma sentencia, adopten y ejecuten las medidas necesarias de carácter provisional que permitan la continuidad y el desarrollo de las lecciones y demás actividades, con plena seguridad a la salud e integridad física y emocional de la comunidad educativa de la escuela El Maíz de los Borucas. Se ordena a Randall Bejarano Campos, director del Área Rectora de Salud Buenos Aires, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que, dentro del plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de la sentencia, verifique el cumplimiento de la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 de 15 de junio de 2015, para proteger la vida, integridad física y salud de los menores de edad que asisten a la escuela, así como del personal docente y administrativo, procurando su cumplimiento y, en caso de que no se cumplan, tomar oportunamente las medidas pertinentes para sentar responsabilidades a los funcionarios omisos.
Lo anterior bajo apercibimiento que, con base en lo establecido en el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. El Magistrado Salazar Alvarado consigna nota. La magistrada Garro Vargas pone nota. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Notifíquese”.
En el sub iudice, aun cuando los recurrentes sostienen que el puesto de salud de Maíz se encontraba en un terreno donado para tal fin y cuestionan el cambio de destino efectuado a esa finca, no menos cierto es que de los autos se colige que en realidad esa estructura se encontraba ubicada en el terreno que fue donado en noviembre de 2016 por la ADI de Boruca a la Junta de Educación de la escuela Maíz. Además, según la prueba que consta en autos, a partir de esa fecha, tal centro educativo permitió que el puesto de salud operara en el terreno; sin embargo, ante las obras de construcción a realizar para cumplir lo dispuesto tanto en la orden sanitaria BRU-ARSBA-URS-OS-0070-2015 de 15 de junio de 2015 como en la supracitada sentencia nro. 2022023279 de las 9:20 horas del 7 de octubre de 2022, la Junta de Educación comunicó la necesidad de disponer del establecimiento.
En consideración de lo indicado, conviene aclarar que el recurso de amparo de naturaleza eminentemente sumaria, por lo que su tramitación es incompatible con el diligenciamiento de pruebas extensas o complejas, lo que más bien corresponde a la vía ordinaria. Por ende, no compete a esta Cámara Constitucional establecer, de acuerdo con la normativa infraconstitucional que rige la materia y las particularidades del caso bajo estudio, si la titularidad del terreno en que estaba ubicado el puesto de salud de Maíz corresponde o no efectivamente a la Junta de Educación de la escuela de Maíz, ni si se cumplieron o no los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para realizar el cambio de propietario registral del aludido terreno. Tampoco corresponde a esta vía especializada determinar si, ante la imposibilidad de emplear el puesto de salud de Maíz y la falta de construcción del nuevo centro de salud a la que se hizo referencia ut supra, la mejor alternativa para prestar el servicio de salud a la comunidad de Maíz es el Ebais de Boruca, o bien si este puede ser brindado en alguna otra estructura que se encuentre dentro de la mencionada comunidad.
En igual sentido, no compete a esta Sala pronunciarse sobre las disconformidades planteadas por la parte recurrente atinentes al accionar de los órganos de representación comunal recurridos en cuanto a la solicitud de traslado del centro de salud. Lo anterior por cuanto realizar ese análisis haría necesario efectuar diligencias probatorias lentas y complejas que resultan incompatibles con la naturaleza sumaria del recurso de amparo, por lo que tales diferendos corresponden que sean dilucidados en la sede jurisdiccional ordinaria.
Aclarado lo anterior, de la lectura integral del memorial de interposición se desprende la disconformidad de la parte accionante con la decisión de dejar de prestar el servicio de salud en Maíz y su consecuente traslado de los pacientes adscritos a ese puesto de salud al Ebais de Boruca. Acerca de esto, si bien ante los hechos descritos no se puede continuar prestando el servicio de salud en la comunidad de Maíz como se había dado años atrás, no menos cierto es que, ante la solicitud del propio Comité de Salud de Maíz, sea, un órgano que posee representación comunal, la CCSS adoptó una medida temporal para garantizar la prestación del derecho a la salud a los habitantes de Maíz y de pueblos vecinos, sea, su traslado para recibir atención médica en el Ebais de Boruca; ello, en el tanto se llevan a cabo las actuaciones necesarias para construir un nuevo puesto de salud en la mencionada comunidad, medida provisional que a criterio de esta Cámara no resulta abiertamente arbitraria y desproporcionada.
En ese sentido, adviértase que lo relevante a los efectos de esta sede especializada es que no se afecte el núcleo esencial del derecho bajo estudio, sea, el derecho a la salud, y en este caso queda en evidencia que, ante la imposibilidad de continuar empleando el puesto de salud de Maíz por las circunstancias antes expuestas, la CCSS adoptó decisiones para continuar prestando ese servicio esencial de manera provisional mientras se culminan las obras de construcción a las que se hizo referencia en el considerando previo.
Por otra parte, si bien en el memorial de interposición la parte accionante solicita que se ordene a las autoridades recurridas aclarar una serie de consultas, verbigracia, cuál fue el procedimiento empleado para aceptar el cambio de destino de un bien dedicado a un fin público como la atención de salud para el fin de la educación, así como que se indique la situación del terreno que años atrás fue donado para el puesto de salud, no menos cierto es que en el sub iudice no se tiene constancia de que los amparados hayan planteado tales peticiones antes las autoridades accionadas, por lo que no se comprueba la lesión a los derechos fundamentales en cuanto a este extremo.
Finalmente, la Sala observa que las personas accionantes también formulan el recurso contra la Asociación de Desarrollo De Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz; sin embargo, en virtud de las consideraciones indicadas ut supra, se estima que carece de interés conferir audiencia a tales partes.
En consecuencia, se declara sin lugar el recurso en lo que a estos extremos concierne.
I.Sobre el objeto del recurso. En el caso bajo estudio, vecinos del pueblo Maíz, perteneciente a Colinas de Buenos Aires, Puntarenas, interponen recurso de amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz, donde alegaron lo siguiente:
“Los recurrentes indican que viven en Maíz, el cual se encuentra en el límite del territorio indígena Boruca. Señalan que el 22 de enero de 2025 se recibió un comunicado firmado por representantes de la Asociación de Desarrollo de Maíz, el Comité de Salud de Maíz y la Junta de Educación de Maíz dirigido a “Vecinos de Maíz y de pueblos cercanos que reciben Atención Médica en la Casa de Salud de Maíz”, mediante el cual se manifestó que no se brindaría más atención en el puesto de salud a partir del 27 de enero de 2025, por lo que se debe gestionar el traslado de los pacientes y asistir a las citas médicas en la comunidad de Boruca. Acusan que tal decisión se adoptó sin consultar previamente al pueblo. Sostienen que lo anterior afecta a la población de Maíz, así como de otros pueblos aledaños como Jalisco, Ojo de Agua, Mayal y San Luis, quienes también recibían la atención médica en el puesto de salud aludido.
Afirman que se conoció que, el 17 de enero de 2025, el Comité de Salud de Maíz solicitó el trasado de atención de los pacientes al Ebais de Boruca, lo cual fue autorizado por el Área de Salud de Buenos Aires. Recalcan que desconocen algún fundamento técnico de la decisión, ni se tiene conocimiento de algún proyecto a futuro para que los pacientes vuelvan a ser atendidos en Maíz. Señalan que se inició la construcción de la escuela de la comunidad en el terreno en que se encontraba el puesto de salud, pese a que este fue donado exclusivamente para ese propósito, por lo que cuestionan que se haya cambiado el destino de un bien dedicado a la atención de la salud por otro distinto como lo es la educación. Afirman que el cambio de puesto de salud genera múltiples inconvenientes a la población, debido a la distancia a la que deben desplazarse hasta Boruca, el mal estado de los caminos y los inconvenientes del servicio de transporte público que se presta a las diversas comunidades afectadas. Piden que se ordene a la CCSS proveer una solución temporal para continuar brindando atención primaria en la comunidad de Maíz mientras se construye un nuevo puesto de salud.
II.Contextualización del recurso de amparo. Si bien en el recurso de amparo no se aduce, debe señalarse que ante un pronunciamiento público de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social de suspender todos los proyectos del portafolio de inversiones institucional que hasta el momento no hayan dado inicio, con la justificación de que buscan garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad, distintos actores de la sociedad -entre ellos miembros de Municipalidades- acudieron en amparo en protección de sus administrados, aduciendo que con esas medidas se lesionaba el derecho a la salud y a la correcta prestación eficiente, eficaz del servicio público.
III.Antecedentes sobre reclamos de suspensión de inversiones institucionales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Al respecto, esta jurisdicción constitucional ha tramitado varios recursos de amparo en los que se ha cuestionado el acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS de suspender el portafolio de inversiones institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado. En la sentencia nro. 2023-015622 de las 9:20 horas de 30 de junio de 2023, conoció el caso concreto relacionado con la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya, en la cual este Tribunal sostuvo:
“IV.- SOBRE EL FONDO. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. Por esa razón, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario -es decir, breve y sencillo- y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si las instalaciones que albergan la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal cumplen o no los requerimientos para brindar apropiadamente los servicios públicos que le han sido encomendados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por otra parte, si bien se indica que los edificios actuales no reúnen tales condiciones para el funcionamiento adecuado -ya que son de dos plantas, no cuentan con ascensor ni rampas porque no fue construido para ese fin incumpliendo las regulaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad-, que los espacios donde se brindan algunos servicios son muy reducidos, encerrados y no diseñados para tales fines y, además, no tienen parqueo, ni Sala de Choque o Área de Capacitaciones, posibilidad de albergar un Servicio de Laboratorio, entre otros, lo cierto del caso, es que los recurrentes no refieren haber presentado alguna denuncia en ese sentido.
Al respecto, es importante destacar que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes (véase, en igual sentido, la Sentencia N° 2023-13510 de las 9:20 horas del 9 de junio de 2023).
V.Por otra parte, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo de forma unánime para suspender el “Portafolio de Inversiones Institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado”; y, en consecuencia, la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal, se acreditó que efectivamente el proyecto de la sede del Área de Salud de Nicoya, incluye la construcción de una nueva Sede de Área de Salud tipo 1, a través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Esta contratación prevé en su alcance, los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento, en un área de terreno de 26.941m2 y con un área de construcción preliminarmente estimada de 5.144,11 m2. Lo anterior con un costo de inversión estimado de ¢10.114 millones de colones y costos de operación incremental por un monto estimado preliminar de ¢11.495 millones de colones, ambas cifras corresponden a las erogaciones en las que incurriría la institución en el decenio 2023-2032.
De acuerdo con el cronograma del proyecto, que contiene los tiempos estimados de ejecución, este proyecto finalizaría en el año 2026 según se detalla a continuación: a) contratación marzo de 2022 finalización en julio de 2023, b) anteproyecto, planos constructivos, permisos y visados, inicio agosto de 2023 finalización en diciembre de 2024, c) ejecución inicio de 2024 y finalización en marzo de 2026. El proyecto CCSS-0879 Sede Área de Salud Nicoya, se encuentra en etapa de Contratación, bajo el proceso licitatorio del ADCEM #4 (2022PP-000013-007930000 1), específicamente en la actividad de análisis de ofertas y recomendación técnica a cargo de la Unidad Administradora de Proyecto. Ahora bien, también se comprobó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 1°, de la Sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo del año 2023, resolvió suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional que no hubieran iniciado el proceso constructivo.
Posteriormente, por artículo 1°, de la Sesión N° 9319, celebrada el 13 de marzo del año 2023, aclaró que todo proyecto que estuviera adjudicado en firme, continuaría con su etapa de ejecución y, además, que la Junta Directiva tomaría la decisión sobre la continuidad de los proyectos, considerando la viabilidad financiera y las fuentes de financiamiento, según estudios solicitados. Finalmente, se tiene por acreditado que la referida Junta Directiva, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió lo siguiente: "ACUERDO PRIMERO. Instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías a continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR (6 ya adjudicadas en firme y 24 en diferentes procesos de desarrollo) según el escenario de entrada en operación aprobado por la Junta Directiva en sesión Artículo 4° de la sesión N°9237 celebrada el 27 de enero de 2022, en virtud de que el contrato de Fideicomiso no permite aplicación de Reglas de priorización para la toma de decisiones”.
En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social, conviene explicar que esta una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Además, de conformidad con el artículo 3, de la Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, la Junta Directiva tomará los acuerdos necesarios para extender progresivamente sus servicios a todo el país, para lo cual, debe realizar acuerdos respecto a las inversiones de los fondos de la institución según criterios de oportunidad y conveniencia social. Al respecto, la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, indicó que la Junta Directiva ha emitido distintos acuerdos en torno al portafolio de inversiones, en los cuales se ha analizado el tema y se han adoptado decisiones importantes de impacto institucional, respecto a la continuidad de distintos proyectos, lo que pretende proteger derechos fundamentales como la salud, igualdad y la vida.
Así, resulta claro para este Tribunal, que dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal Constitucional efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la Administración recurrida, que inciden en la suspensión del proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional. En todo caso, bajo juramento, se indicó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió continuar trabajando activamente en los trámites necesarios en relación con cada una de las Áreas de Salud de la institución que se encuentran dentro del fideicomiso citado, dentro de ellas el Área de Salud de Nicoya.
En conclusión, esta Sala Constitucional establece que actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud o de la igualdad de oportunidades para alguna persona o personas con alguna discapacidad. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso” (ver también, en similar sentido, el voto n.º 2023016389 de las 9:30 horas del 7 de julio de 2023, dictado en el recurso de amparo 23-008311-0007-CO).
En la sentencia No. 2023016389 de las 09:30 horas del 07 de julio de 2023, el Tribunal Constitucional conoció de un amparo contra la Caja Costarricense de Seguro Social donde se reclamó que la Junta Directiva de esa institución suspendió el proyecto de construcción del nuevo Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez y el portafolio de inversiones institucionales cuyo proceso constructivo no había iniciado. Destacan que la suspensión del procedimiento deja en estado de indefensión a los usuarios del citado hospital y pone en riesgo la vida y salud de los recurrentes al no contar con las condiciones adecuadas para su atención. Por unanimidad, la Sala dispuso:
“En congruencia con la sentencia parcialmente transcrita y al no existir elemento alguno para variar el criterio allí vertido, esta Sala considera que el recurso debe ser declarado sin lugar, por cuanto, en el caso particular, no consta que los recurrentes hayan presentado alguna denuncia de las condiciones alegadas y que supuestamente se encuentran en el Hospital Dr. Maximiliano Peralta Jiménez. Al respecto, se reitera que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes.
Por último, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo de forma unánime para suspender el portafolio de inversiones institucionales que pretendía la construcción del nuevo hospital de Cartago. La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Así, dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal Constitucional efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la Administración recurrida, que inciden en la suspensión del proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional.
En conclusión, esta Sala Constitucional establece que actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud de alguna persona o personas. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso”.
A mayor abundamiento, cabe citar que esta Sala en otras oportunidades se ha referido sobre el portafolio de inversiones de la CCSS y precisamente sobre la construcción del EBAIS de Santa Cruz, mediante sentencia No. 2023-018187 de las 09:55 horas del 25 de julio de 2023, resolvió lo siguiente:
“III.- Sobre el casco concreto. En el sub lite, la recurrente, quien es miembro de la Junta de Salud de Turrialba, manifiesta que ha coordinado con la autoridad recurrida la construcción de dos EBAIS en Turrialba, específicamente, en Santa Cruz y en Grano de Oro -zona indígena cabécar-. Reclama que la autoridad recurrida canceló ambos proyectos, según consta en los oficios Nos. ASTJ-ADM-024-03-2023 y ASTJ-ADM-032-03-2023, en los que, en concreto, se dispuso: “Suspender todos los proyectos de Portafolio de Inversiones Institucional que no hayan iniciado el proceso constructivo”. Sostiene que esa decisión provocará un desmejoramiento en la condición y tratamiento de las afecciones de las poblaciones afectadas y se fundamenta en motivos presupuestarios.
Al respecto, esta jurisdicción constitucional ha tramitado varios recursos de amparo en los que se ha cuestionado el acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS de suspender el portafolio de inversiones institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado. En la sentencia nro. 2023-015622 de las 9:20 horas de 30 de junio de 2023, conoció el caso concreto relacionado con la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya, en la cual este Tribunal sostuvo:
“IV.- SOBRE EL FONDO. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna contra infracciones o amenazas a los derechos y libertades fundamentales, no servir como instrumento de control de la legalidad de los actos de las distintas Administraciones Públicas. Por esa razón, el proceso de amparo es de carácter eminentemente sumario -es decir, breve y sencillo- y su tramitación no es compatible con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar -con carácter declarativo- si las instalaciones que albergan la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal cumplen o no los requerimientos para brindar apropiadamente los servicios públicos que le han sido encomendados a la Caja Costarricense de Seguro Social. Por otra parte, si bien se indica que los edificios actuales no reúnen tales condiciones para el funcionamiento adecuado -ya que son de dos plantas, no cuentan con ascensor ni rampas porque no fue construido para ese fin incumpliendo las regulaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad-, que los espacios donde se brindan algunos servicios son muy reducidos, encerrados y no diseñados para tales fines y, además, no tienen parqueo, ni Sala de Choque o Área de Capacitaciones, posibilidad de albergar un Servicio de Laboratorio, entre otros, lo cierto del caso, es que los recurrentes no refieren haber presentado alguna denuncia en ese sentido.
Al respecto, es importante destacar que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes (véase, en igual sentido, la Sentencia N° 2023-13510 de las 9:20 horas del 9 de junio de 2023).
V.Por otra parte, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo de forma unánime para suspender el “Portafolio de Inversiones Institucionales cuyo proceso constructivo no haya iniciado”; y, en consecuencia, la construcción de la Sede (Clínica) del Área de Salud de Nicoya (Clínica) y de la Sucursal, se acreditó que efectivamente el proyecto de la sede del Área de Salud de Nicoya, incluye la construcción de una nueva Sede de Área de Salud tipo 1, a través de la figura de contratación de Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Esta contratación prevé en su alcance, los Estudios Preliminares, Anteproyecto, Diseño, Construcción, Equipamiento, Puesta en Marcha y Mantenimiento, en un área de terreno de 26.941m2 y con un área de construcción preliminarmente estimada de 5.144,11 m2. Lo anterior con un costo de inversión estimado de ¢10.114 millones de colones y costos de operación incremental por un monto estimado preliminar de ¢11.495 millones de colones, ambas cifras corresponden a las erogaciones en las que incurriría la institución en el decenio 2023-2032.
De acuerdo con el cronograma del proyecto, que contiene los tiempos estimados de ejecución, este proyecto finalizaría en el año 2026 según se detalla a continuación: a) contratación marzo de 2022 finalización en julio de 2023, b) anteproyecto, planos constructivos, permisos y visados, inicio agosto de 2023 finalización en diciembre de 2024, c) ejecución inicio de 2024 y finalización en marzo de 2026. El proyecto CCSS-0879 Sede Área de Salud Nicoya, se encuentra en etapa de Contratación, bajo el proceso licitatorio del ADCEM #4 (2022PP-000013-007930000 1), específicamente en la actividad de análisis de ofertas y recomendación técnica a cargo de la Unidad Administradora de Proyecto. Ahora bien, también se comprobó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 1°, de la Sesión N° 9318, celebrada el 09 de marzo del año 2023, resolvió suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional que no hubieran iniciado el proceso constructivo.
Posteriormente, por artículo 1°, de la Sesión N° 9319, celebrada el 13 de marzo del año 2023, aclaró que todo proyecto que estuviera adjudicado en firme, continuaría con su etapa de ejecución y, además, que la Junta Directiva tomaría la decisión sobre la continuidad de los proyectos, considerando la viabilidad financiera y las fuentes de financiamiento, según estudios solicitados. Finalmente, se tiene por acreditado que la referida Junta Directiva, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió lo siguiente: "ACUERDO PRIMERO. Instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías a continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR (6 ya adjudicadas en firme y 24 en diferentes procesos de desarrollo) según el escenario de entrada en operación aprobado por la Junta Directiva en sesión Artículo 4° de la sesión N°9237 celebrada el 27 de enero de 2022, en virtud de que el contrato de Fideicomiso no permite aplicación de Reglas de priorización para la toma de decisiones”.
En cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social, conviene explicar que esta una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Además, de conformidad con el artículo 3, de la Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, la Junta Directiva tomará los acuerdos necesarios para extender progresivamente sus servicios a todo el país, para lo cual, debe realizar acuerdos respecto a las inversiones de los fondos de la institución según criterios de oportunidad y conveniencia social. Al respecto, la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, indicó que la Junta Directiva ha emitido distintos acuerdos en torno al portafolio de inversiones, en los cuales se ha analizado el tema y se han adoptado decisiones importantes de impacto institucional, respecto a la continuidad de distintos proyectos, lo que pretende proteger derechos fundamentales como la salud, igualdad y la vida.
Así, resulta claro para este Tribunal, que dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal Constitucional efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la Administración recurrida, que inciden en la suspensión del proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional. En todo caso, bajo juramento, se indicó que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, por artículo 22, de la Sesión N° 9331, celebrada el 04 de mayo del año 2023, resolvió continuar trabajando activamente en los trámites necesarios en relación con cada una de las Áreas de Salud de la institución que se encuentran dentro del fideicomiso citado, dentro de ellas el Área de Salud de Nicoya.
En conclusión, esta Sala Constitucional establece que actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud o de la igualdad de oportunidades para alguna persona o personas con alguna discapacidad. En virtud de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso” (ver también, en similar sentido, el voto n.º 2023016389 de las 9:30 horas del 7 de julio de 2023, dictado en el recurso de amparo 23-008311-0007-CO).
En congruencia con el criterio vertido en la sentencia parcialmente transcrita y, al no existir elemento alguno para variarlo, es criterio de este Tribunal que el recurso debe ser declarado sin lugar. En ese sentido, en el caso concreto, se tiene por demostrado que la Junta Directiva acordó instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías para continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Por tal motivo, la Dirección de Planificación Institucional en conjunto con la Gerencia de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social remitieron el oficio PE-DPI-445-2023 del 7 de junio de 2023 ante la Junta Directiva, por medio de los cuales solicitaron la continuidad de aquellos proyectos que por su impacto y nivel de madurez, entre los cuales se encuentran los centros médicos que se reclaman: EBAIS de Santa Cruz y el EBAIS de Grano de Oro, Visita Periódica Paso Marcos y Visita Periódica Roca Quemada. En consecuencia, con base a los antecedentes citados, debe declararse sin lugar el recurso”.
En la sentencia No. 2023-18187 de las 09:55 horas del 25 de julio de 2023, se conoció de un recurso de amparo promovido por un miembro de la Junta de Salud de Turrialba donde se reclamó que ha coordinado con la autoridad recurrida la construcción de dos EBAIS en Turrialba, específicamente, en Santa Cruz y en Grano de Oro -zona indígena cabécar-. Manifiesta que la construcción del EBAIS en Santa Cruz se aprobó por cuanto el inmueble en el que se ubicó anteriormente fue declarado inhabitable y, ante tal circunstancia, se alquiló un bien propiedad de la Arquidiócesis de Cartago, pero esta medida no es definitiva y el cierre de ese local implicaría que los usuarios deban acudir a un centro que se sitúa a 12 km. Señala que la construcción del EBAIS en Grano de Oro se planeó junto con Puestos de Visita Periódica en Roca Quemada y Paso Marcos. Detalla que dicho complejo de construcciones es necesario para mejorar la atención integral que se debe brindar en la zona indígena.
Aduce que la CCSS canceló ambos proyectos, según consta en los oficios nros. ASTJ-ADM-024-03-2023 y ASTJ-ADM-032-03-2023, en los que, en concreto, se dispuso: “Suspender todos los proyectos de Portafolio de Inversiones Institucional que no hayan iniciado el proceso constructivo”. Sostiene que esa decisión provocará un desmejoramiento en la condición y tratamiento de las afecciones de las poblaciones afectadas y se fundamenta en motivos presupuestarios. En consecuencia, solicita la intervención de esta Sala para que se ordene “terminar como es debido ambos proyectos de construcción y así cubrir las necesidades de atención en salud a las poblaciones de Santa Cruz y Grano de Oro de Turrialba”. (el resaltado no es del original). En esa oportunidad, la Sala -por unanimidad- resolvió:
“En congruencia con el criterio vertido en la sentencia parcialmente transcrita y, al no existir elemento alguno para variarlo, es criterio de este Tribunal que el recurso debe ser declarado sin lugar. En ese sentido, en el caso concreto, se tiene por demostrado que la Junta Directiva acordó instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías para continuar con el desarrollo y ejecución de los proyectos de 30 Áreas de Salud incluidos en el Fideicomiso Inmobiliario CCSS-BCR. Por tal motivo, la Dirección de Planificación Institucional en conjunto con la Gerencia de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social remitieron el oficio PE-DPI-445-2023 del 7 de junio de 2023 ante la Junta Directiva, por medio de los cuales solicitaron la continuidad de aquellos proyectos que por su impacto y nivel de madurez, entre los cuales se encuentran los centros médicos que se reclaman: EBAIS de Santa Cruz y el EBAIS de Grano de Oro, Visita Periódica Paso Marcos y Visita Periódica Roca Quemada. En consecuencia, con base a los antecedentes citados, debe declararse sin lugar el recurso”.
En la resolución No. 2023022339 de las 09:15 horas del 08 de septiembre de 2023, este Tribunal conoció de un recurso de amparo formulado por vecinos del distrito de Santa Cruz de Turrialba. En esa sentencia -por unanimidad- se desestimó el amparo, bajo las siguientes argumentaciones:
“Tales consideraciones que son aplicables al caso en estudio, toda vez este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dichas sentencias, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. En consecuencia, el recurso debe ser desestimado, por cuanto en el caso bajo estudio no consta que los recurrentes hayan presentado alguna denuncia de las condiciones alegadas. En ese sentido, se reitera que esta Sala Constitucional no es una instancia tramitadora de denuncias, razón por la cual deberán acudir ante el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, a la vía de legalidad que corresponda, a fin de plantear los reclamos pertinentes.
Por otra parte, en cuanto a la acusación de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social adoptó un acuerdo para suspender el portafolio de inversiones institucionales, cabe indicar que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo su infraestructura. Así, dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional. En el caso concreto, más allá de acusar una violación a derechos fundamentales, la pretensión de la parte accionante procura que este Tribunal efectúe un control de legalidad de las actuaciones de la administración recurrida, que inciden sobre el proyecto constructivo de su interés. Sin embargo, es en la vía de legalidad que corresponda, que debe discutirse la cuestión planteada, no en la constitucional.
En conclusión, es menester indicar que en el caso bajo estudio actualmente no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud de alguna persona o personas. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso”.
En fin, de los precedentes citados, se puede extraer una conclusión y es que las personas recurrentes de dichos amparos reclamaban una situación similar: que la Caja Costarricense de Seguro Social no presta de forma adecuada el servicio de salud y con la decisión de suspender el portafolio de inversiones, la situación se agravaba y esto era contrario al derecho a la salud de la población de su localidad. No obstante, obsérvese que la Sala Constitucional brinda ciertos elementos de relevancia que merecen ser destacados:
IV.Sobre la inobjetable situación crítica en la prestación del servicio de salud por la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2019-5560 de las 09:30 horas del 29 de marzo de 2019 declaró la violación sistemática y reiterada al derecho a la salud de las personas aseguradas de la Caja Costarricense de Seguro Social. En esa oportunidad, la Sala había resuelto lo siguiente:
“Se infiere un aumento constante, desde el año 2012 a la fecha, en la cantidad de asuntos por violación al derecho a la salud que han ingresado a la jurisdicción constitucional, tendencia que en estos momentos tiende al aumento. Nótese que en el año 2012 el porcentaje de ingreso era de un 10,26% mientras que en el año 2018 representó un 33,78%, es decir, más del doble. De tales asuntos, buena cantidad corresponde a las listas de espera. Ahora bien, durante el año 2018, la Sala Constitucional, en los recursos de amparo relacionados con materia de salud, verificó la infracción en un 75% aproximadamente de los asuntos votados (entre los amparos declarados con lugar y parcialmente con lugar). Aunado a lo anterior, el derecho a la salud durante el año 2018 fue el asunto más votado en este Tribunal y por ende, es el derecho fundamental que más se recurre ante esta jurisdicción… Este Tribunal es del criterio que las actuaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social en la prestación del servicio público, violenta el derecho a la salud de los administrados como un derecho fundamental autónomo, sino que también se infringen los principios constitucionales del servicio público.
Aunado a lo anterior, la atención tardía en la prestación del servicio irradia no solo en la salud del paciente, sino que en otras esferas de los administrados, sean en la vida laboral, educativa e inclusive familiar”.
Dentro de ese expediente, la Caja Costarricense de Seguro Social había reconocido una serie de causas estructurales que afectaban la prestación del servicio público. El Tribunal había dicho en esa oportunidad:
“XVII. Sobre las causas que generan las listas de espera en la prestación de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Según informan los representantes de la CCSS, existen una serie de causas y condiciones que han generado la existencia de las listas de espera en la prestación de los servicios de salud. Las causas que generan el retraso en los diversos servicios: a) el aumento poblacional y consideraciones epidemiológicas; b) capacidad instalada limitada (número de camas, número de quirófanos, personal, equipo, etc.); c) falta de médicos especialistas; d) necesidades de equipamiento y e) demanda en el aumento del primer nivel de atención que genera una saturación en el segundo y tercer nivel de atención. Asimismo en el Plan para la Atención Oportuna de las Personas de la CCSS se logró comprobar la existencia de una serie de debilidades en la gestión y administración, tales como: a) que cada centro gestiona de forma diferente sus listas de espera con resultados distintos entre sí; b) uso no generalizado de normas y protocolos, así como la resistencia de los gestores en su aplicación; c) una excesiva especialización de la atención médica, por cuanto los procedimientos y la normativa interna concentran la demanda por servicios; d) a falta de protocolos algunas procedimientos diagnóstico son ordenados sin que se documente una necesidad real; e) carencia de especialistas en algunas especialidades, tales como anestesia, ortopedia, medicina interna, entre otros; f) el riesgo de fuga del recurso humano; g) en promedio, a nivel nacional únicamente el 60% de las salas de operación habilitadas tienen tiempos de utilización mayores o iguales a cinco horas; h) existen centros en los que se carece de camas en recuperación para fortalecer la cirugía mayor ambulatoria; i) agotamiento del recurso humano especializado; j) ausencia de una metodología objetiva de la medición de la calidad de la atención al usuario, entre otros.
Por otro lado, el Colegio de Médicos y Cirujanos, señaló la existencia de diversas causas que han generado una afectación al servicio que presta la Caja Costarricense de Seguro Social, sea la falta de de planificación en cuanto al futuro de la población, falta de salas de operación y problemas en las existentes, la falta de gestión, planificación, mala administración. Además, se resaltó la falta de camas, equipamiento que ha cumplido su vida útil, falta de mantenimiento preventivo, falta de repuestos, falencias en las compras de equipos médicos, problema en la infraestructura, entre otros. En esa línea de ideas, la Defensoría de los Habitantes resaltó la existencia una inadecuada gestión de recursos, carencia de una adecuada planificación y la ausencia de un enfoque de derechos humanos. Ahora bien, resulta importante señalar que las problemáticas apuntadas por la institución recurrida son constantes en los procesos de amparo.
A modo de ejemplificar lo anterior, se procede a citar diversas sentencias donde se evidencian las diversas falencias en la prestación del servicio de salud por parte de la CCSS por falta de camas, especialistas, insumos médicos, máquinas dañadas, entre otros”.
Del propio voto -basado en argumentaciones dadas por las autoridades competentes- se logró evidenciar que alguna de las causas que inciden en la prestación adecuado del servicio, precisamente es el aumento de la población demandante, capacidad instalada limitada (falta de personal) y también una demanda en el aumento del primer nivel de atención que genera una saturación en el segundo y tercer nivel de atención. Con esto se pretende sostener que quienes integramos este Tribunal no desconocemos la situación crítica que atraviesan las personas usuarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, que constantemente se ve evidenciada en las constantes estimatorias de recursos de amparo por lesiones al derecho a la salud.
V.Sobre la falta de la legitimación en el recurso de amparo. En los recursos de amparo se exige que el proceso sea interpuesto a favor de una persona en concreto o una población -al menos determinable-. Se destaca que en los casos de suspensión por falta de infraestructura -causa estructural de la prestación inadecuada del derecho a la salud-, pese a que el recurso venía razonablemente interpuesto a favor de las poblaciones que se veían afectadas, la Sala desestimó los amparos y resolvió que “no existe una situación que justifique su intervención en defensa del derecho a la salud de alguna persona o personas”. Nótese que para el caso concreto no se indicó o se individualizó una situación de una persona física que se estuviera viendo afectada por lo denunciado en el amparo.
VI.Respecto a la sostenibilidad económica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es evidente -tal como quedó plasmado líneas atrás- que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución que goza de autonomía para el gobierno y la administración de los seguros sociales, incluyendo lo relativo a la infraestructura. Dependerá de la propia Caja Costarricense de Seguro Social, en tutela de la salud como bien de interés público, realizar las actuaciones necesarias para salvaguardar la continuidad y funcionamiento normal de los servicios públicos, de conformidad con las atribuciones encomendadas en la Constitución Política y en la normativa infraconstitucional.
No puede obviarse que los sistemas de seguridad social y específicamente la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentran en un constante dilema respecto de su sostenibilidad económica y financiera, debido a muchos factores: la inversión en la pirámide poblacional, la onerosidad de los procedimientos, de los aparatos y tratamientos, y de la preparación médica, entre otras. Es público, notorio e inobjetable que la demanda supera la oferta y dentro de la institución existen situaciones similares de necesidades de servicio a la que se acusa en este recurso de amparo. No resulta -a nuestro juicio- procedente priorizar los proyectos, contratación de personal a través de recursos de amparo, que por su naturaleza sumaria no permite determinar el impacto financiero que tiene sobre la Caja Costarricense de Seguro Social que, valga decir, tiene autonomía para determinar qué casos son más críticos, urgentes o necesarios de resolver.
Jurídicamente tampoco puede olvidarse que el derecho a la salud se encuentra categorizado como un derecho económico y social que se rige bajo el principio de progresividad y dentro de la propia Constitución hay principios constitucionales en materia presupuestaria que impone unos límites a las Administraciones Públicas.
VII.En conclusión. En fin, salvamos el voto y también declaramos sin lugar el recurso sobre el único extremo que se acoge, pues consideramos que es la propia Caja Costarricense de Seguro Social la que, en atención a sus deberes constitucionales y legales debe definir las prioridades ante las grandes demandas que enfrenta y no cabe hacerlo en un proceso sumario como el amparo.
Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel u objetos o pruebas contenidos en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados en un plazo máximo de 30 días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte que será destruido todo material que no sea recogido dentro de ese lapso, con base en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial" (aprobado por la Corte Plena en el artículo XXVI de la sesión nro. 27-11 de 22 de agosto de 2011 y publicado en el Boletín Judicial nro. 19 del 26 de enero de 2012) y en el artículo LXXXI de la sesión del Consejo Superior del Poder Judicial nro. 43-12 de 3 de mayo de 2012.
Por tanto:
Se declara parcialmente con lugar el recurso solo en cuanto a la Caja Costarricense de Seguro Social debido a la demora en la construcción de la sede de visita periódica de Maíz. Se le ordena a Nombre12, en su condición de presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que disponga todas las medidas necesarias y coordine lo pertinente dentro del ámbito de sus competencias, a fin de que a más tardar en el mes de diciembre de 2027 se culmine la construcción del puesto de visita periódica de Maíz de Boruca. Se advierte a la autoridad recurrida, que de acuerdo con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. El magistrado Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y declaran sin lugar el recurso en todos sus extremos. Notifíquese.
Fernando Cruz C.
Presidente a.i Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Ana Cristina Fernandez A.
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