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Res. 03227-2024 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 07/02/2024

Environmental Assessment Instruments for Mariculture ProjectsInstrumentos de evaluación ambiental para proyectos de maricultura

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The Chamber denied the challenge and upheld Decree No. 42755-MINAE, concluding that mariculture may be environmentally assessed through instruments tailored to potential impact without requiring an environmental impact study at every scale.La Sala rechazó la acción y mantuvo el Decreto N.º 42755-MINAE al concluir que la evaluación ambiental de la maricultura puede realizarse mediante instrumentos diferenciados según el impacto potencial, sin exigir un EsIA para todas las escalas.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber denied the challenge to Executive Decree No. 42755-MINAE, which assigns different environmental assessment instruments to mariculture projects according to their scale. The Chamber held that Article 50 of the Constitution requires prior environmental assessment for activities capable of significantly affecting the environment, but does not require the specific instrument known as an environmental impact study (EsIA) in every case. Environmental registration for social-family aquaculture, an affidavit of environmental commitments for small-scale projects, an environmental management forecast-plan for medium-scale projects, and an EsIA for large-scale projects satisfy that obligation when assigned according to potential impact. The classification rests on objective criteria such as concession area, annual production, and cultivated species. Minimum separation distances, production limits, water-use concessions, and institutional authorizations also restrict the activity. Accordingly, the decree neither violates the right to a healthy environment nor exceeds the Executive Branch’s regulatory authority. One justice dissented, considering the differentiated regime unconstitutional.La Sala Constitucional declaró sin lugar la acción contra el Decreto Ejecutivo N.º 42755-MINAE, que establece instrumentos diferenciados de evaluación ambiental para proyectos de maricultura según su escala. Determinó que el artículo 50 constitucional exige una evaluación de impacto ambiental previa para las actividades capaces de afectar significativamente el ambiente, pero no obliga a utilizar en todos los casos el instrumento específico denominado estudio de impacto ambiental (EsIA). El registro ambiental para acuicultura social-familiar, la declaración jurada de compromisos ambientales para pequeña escala, el pronóstico-plan de gestión ambiental para mediana escala y el EsIA para gran escala satisfacen esa obligación cuando se asignan conforme al impacto potencial. La clasificación se apoya en criterios objetivos como el área concesionada, la producción anual y la especie cultivada. También existen distancias mínimas, límites productivos, concesiones de agua y autorizaciones institucionales que restringen la actividad. Por ello, el decreto no vulnera el derecho al ambiente ni excede la potestad reglamentaria.

Key excerptExtracto clave

Having analyzed the foregoing, it is concluded, first, that the challenged regulations establish an Environmental Impact Assessment for every scale and that, in each specific case, it will be conducted using the technical instrument corresponding to that scale, for which the greater or lesser potential impact that the projects so classified may cause to environmental elements is determinative. It is therefore clear that the constitutional obligation to conduct an environmental impact assessment for any activity, work, or project that significantly alters the environment may be fulfilled through any of the technical instruments provided for that purpose by the National Environmental Technical Secretariat, as appropriate. Nevertheless, neither the constitutional provisions invoked nor the international instruments cited by the claimant establish that environmental impact assessment must in every case be conducted through the technical instrument known as an environmental impact study, as alleged.Analizado lo anterior, se concluye en primer término que la normativa cuestionada establece para todas las escalas una Evaluación de Impacto Ambiental y que la misma será llevada a cabo, en cada caso concreto mediante el instrumento técnico que corresponda a cada una de esas escalas, para lo cual es determinante el mayor o menor impacto potencial que puedan causar los proyectos así clasificados, en los elementos del ambiente. Por lo que, resulta claro que la obligación constitucional de realizar evaluación de impacto ambiental a cualquier actividad, obra o proyecto que altere significativamente el ambiente, puede ser cumplida mediante alguno de los instrumentos técnicos que al efecto disponga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, según corresponda. No obstante, no se desprende de las normas constitucionales invocadas ni de los instrumentos internacionales citados por la accionante, que la evaluación de impacto ambiental en todos los casos deba ser realizada mediante el instrumento técnico denominado estudio de impacto ambiental como se alega.

Pull quotesCitas destacadas

  • "En síntesis, la realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional."

    "In summary, conducting an environmental impact assessment for activities that alter or destroy environmental elements or generate waste or toxic or hazardous materials is not only a legal obligation, but also a constitutional one."

    Considerando VII

  • "En síntesis, la realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional."

    Considerando VII

  • "Además, la evaluación de impacto ambiental deberá realizarse, mediante el instrumento técnico que corresponda, dependiendo del grado de afectación al ambiente, siendo uno de ellos, pero no el único, el estudio de impacto ambiental."

    "Moreover, environmental impact assessment must be conducted through the appropriate technical instrument depending on the degree of environmental impact, with the environmental impact study being one such instrument, but not the only one."

    Considerando VII

  • "Además, la evaluación de impacto ambiental deberá realizarse, mediante el instrumento técnico que corresponda, dependiendo del grado de afectación al ambiente, siendo uno de ellos, pero no el único, el estudio de impacto ambiental."

    Considerando VII

  • "No existe entonces inconstitucionalidad por omisión del Decreto cuestionado, por el motivo alegado por la accionante, por cuanto la normativa impugnada sí contempla disposiciones que tienen como efecto la limitación de la cantidad de proyectos de maricultura en una determinada zona geográfica, en protección del ambiente, pues a fin de obtener viabilidad ambiental de los proyectos de maricultura exige el cumplimiento de distancias de separación entre éstos."

    "There is therefore no unconstitutionality by omission in the challenged Decree on the ground alleged by the claimant, because the contested regulations contain provisions that limit the number of mariculture projects within a given geographic area in order to protect the environment, requiring separation distances between projects as a condition for environmental viability."

    Considerando XI

  • "No existe entonces inconstitucionalidad por omisión del Decreto cuestionado, por el motivo alegado por la accionante, por cuanto la normativa impugnada sí contempla disposiciones que tienen como efecto la limitación de la cantidad de proyectos de maricultura en una determinada zona geográfica, en protección del ambiente, pues a fin de obtener viabilidad ambiental de los proyectos de maricultura exige el cumplimiento de distancias de separación entre éstos."

    Considerando XI

  • "Se declara SIN LUGAR la acción. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar la acción."

    "The action is DENIED. Justice Rueda Leal files a separate note. Justice Cruz Castro dissents and would grant the action."

    Por tanto

  • "Se declara SIN LUGAR la acción. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar la acción."

    Por tanto

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Procedural marks

Document Review *CO* Decision No. 2024003227 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at twelve sixteen on siete de febrero de dos mil veinticuatro.

Constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) brought by Nombre01, of legal age, married, holder of identity card number CED01, resident of Alajuela, seeking a declaration that Articles 1, 2, 3, 4,5, 6 and their annexes of Executive Decree No. 42755, published on 22 de febrero de 2021 in Supplement No. 38 to La Gaceta No. 36, are unconstitutional.

Findings:

  1. 1By a filing received by the Court Clerk’s Office on 24 de febrero de 2022, the claimant brought a constitutional challenge seeking a declaration that Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and their annexes of Executive Decree No. 42755 are unconstitutional, on the grounds that they are contrary to Articles 7, 9, 10, 11, 21, 50, 89, and Article 140, subsections 3 and 18, of the Constitución Política; the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights; and Principles 15 and 17 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration. The claimant bases her standing (legitimación) on Article 75, second paragraph, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, because she is acting in defense of diffuse interests (intereses difusos), namely environmental protection. The provisions are challenged insofar as they exempt the approval of family-scale, small-scale, and medium-scale mariculture projects from an environmental impact study (estudio de impacto ambiental).In the claimant’s view, the omission of the requirement for approval of environmental impact studies as a prerequisite for granting authorization under the established special procedures for minor and specific mariculture projects violates the principle of hierarchy of laws (principio de jerarquía de las leyes) contained in Article 7 of the Constitution, because special procedures are created by regulation that circumvent rules of international law ratified by Costa Rica, which require environmental impact studies to guarantee a healthy and ecologically balanced environment. Article 140, subsections 3) and 8), is likewise violated because the Executive Branch exceeded its regulatory authority (potestad reglamentaria). This also violates Article 11 of the Constitución Política, which provides that public officials are mere custodians of authority. The challenged articles seek to render ineffective the legal provisions established in the Ley Orgánica del Ambiente requiring prior analysis and approval of the corresponding study conducted on the environmental impact of activities that may alter or destroy elements of the environment or generate waste or toxic or hazardous materials.They also violate Article 21 of the Constitution, which guarantees the right to life, because the regulations harm human life and people’s physical integrity by creating special mariculture procedures without completion of the necessary environmental impact studies. As for Article 50 of the Constitution, it guarantees the right of human beings to use the environment for their own development, which entails the corresponding duty to protect and preserve the environment through the rational exercise and beneficial enjoyment of that right. Regarding document D5, she asserts that it is a new environmental impact assessment instrument (instrumento de evaluación de impacto ambiental) that is not contemplated in the Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. It is a guide for assessing the environmental impacts generated by mariculture activities, together with forms for each category, promulgated through Decree No. 42755-MINAE.She states that the document appears to contain contradictions with respect to the country’s environmental impact assessment rules and the international standard and therefore requires detailed assessment. She reiterates that the alleged unconstitutionality arises from the fact that the articles governing the application and the corresponding requirements, Annexes One and Two, do not include an environmental impact study and, in general, establish no limit on the number of permits that may be authorized through those procedures. She notes that the Sala Constitucional has held that State institutions are the first entities called upon to comply with precautionary environmental legislation (legislación cautelar ambiental), and that there is no justification for exempting them from compliance with environmental requirements, such as the environmental impact study required by the Ley Orgánica del Ambiente for activities that, by their nature, may alter or destroy the environment (Decision No. 2001-6503).It has also held that it is constitutionally impermissible to create exceptions to the environmental impact study requirement based on general criteria or conditions established in statutes and regulations, because doing so would deprive Article 50 of the Constitution of its substance (Decision No. 2002-01220, whose importance she emphasizes). The environmental impact study is imposed as an obligation by virtue of the precautionary principle (principio precautorio), established in national and international rules of supra-statutory rank—Principles 15 and 17 of the Rio Declaration (Decision No. 2002-5977). She requests that the challenge be granted and Decree No. 42755-MINAE be annulled as unconstitutional because it is contrary to Articles 7,9, 10,11, 21, 50, and 89 of the Constitución Política. The constitutional violation arises from the omission of a requirement that an environmental impact study be submitted and approved by SETENA before family-, small-, and medium-scale mariculture projects may proceed.
  2. 2By decision issued at 12:00 on 16 de marzo de 2022, the President of the Court ordered the claimant to identify the challenged provisions. In a filing submitted on 21 de marzo de 2022, the claimant stated that Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the annexes of Executive Decree No. 42755, published on 22 de febrero de 2021 in Supplement No. 38 to La Gaceta, are challenged.
  3. 3By decision issued at 14:54 on 23 de agosto de 2022 marzo de 2023, the President of the Court admitted the constitutional challenge for consideration and granted the Procuraduría General de la República and the Ministro de Ambiente y Energía fifteen days to respond.
  4. 4The notices referred to in Article 81 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional were published in Judicial Bulletins No. 164, No. 165, and No. 166 on 1, 2 y 5 de setiembre de 2022.
  5. 5In a brief filed on 8 de setiembre de 2022, Magda Inés Rojas Chaves, in her capacity as Deputy Attorney General (Procuradora General Adjunta), responded to the hearing granted and stated: Regarding standing (legitimación). She considers that the petitioner has standing to bring the action, insofar as she alleges the defense of diffuse interests (intereses difusos) concerning the right to a healthy and ecologically balanced environment. Regarding the merits. She notes that the purpose of the challenged Decree is to establish the procedure through which the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of mariculture projects is conducted. To that end, it establishes four scales for classifying projects, depending on the species to be used, and thus determines the requirements and environmental impact assessment instrument to which they must be subject: 1. Social-Family Aquaculture, 2.Small Scale, 3. Medium Scale, 4. Large Scale. According to Anexo 1, projects classified under scale 1 will be assessed through registration; those falling under scale 2, through a sworn declaration of environmental commitments (declaración jurada de compromisos ambientales); medium-scale projects, through an environmental management forecast plan (pronóstico plan de gestión ambiental); and large-scale projects will be assessed through an environmental impact study (estudio de impacto ambiental). In addition, the requirements that must be met are specified for each of those scales. Indeed, the challenged Executive Decree requires an environmental impact study only for large-scale projects and establishes other assessment instruments for the remaining scales. To determine whether the failure to require an environmental impact study for all mariculture scales is unconstitutional, it must be recalled that Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de 4 de octubre de 1995) provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste or toxic or hazardous materials require an environmental impact assessment by SETENA, whose prior approval is an indispensable requirement for commencing the activities, works, or projects; and that laws and regulations shall indicate which activities, works, or projects must undergo such an assessment.Environmental impact assessment is a general concept referring to the technical-scientific administrative procedure (procedimiento administrativo técnico-científico) conducted by SETENA to identify and predict the effects that an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to guide decision-making (artículo 3° inciso 39) del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo no. 31849 de 24 de mayo de 2004). Conducting an environmental impact assessment for activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste or toxic or hazardous materials is not only a legal obligation but also a constitutional obligation. Indeed, the Constitutional Chamber has recognized that the obligation to conduct environmental impact assessments is one of the principles that serve as a constitutional standard of review (parámetro de constitucionalidad) and that have been developed so that the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment established in artículo 50 de la Constitución Política does not remain merely a formal tenet (citing voto no. 6322-2003 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003).Although in that precedent the Chamber refers directly to the environmental impact study, as discussed below, the obligation arising from artículo 50 Constitucional may be understood as the obligation to conduct environmental impact assessments for all activities, works, or projects that could affect the environment. Accordingly, there is no doubt that conducting prior environmental impact assessments forms part of the right to a healthy and ecologically balanced environment and, therefore, failure to fulfill that obligation infringes that fundamental right. In addition, environmental impact assessment is a measure consistent with the preventive principle (principio preventivo), also developed in constitutional case law, insofar as it makes it possible to assess and determine, before implementation, the adverse effects that an activity, work, or project will cause to the environment and to establish actions aimed at mitigating or offsetting those adverse effects, thereby ensuring that the activity, work, or project is carried out in a controlled manner and preventing environmental damage.That obligation is also closely linked to compliance with the principle of objectification of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental), which “…entails the need to support decision-making in this area with technical studies, both with respect to administrative action and provisions of general application—statutory and regulatory—from which derives the requirement of ‘adherence to science and technology’ (vinculación a la ciencia y a la técnica), an element that provides a technical-scientific basis for administrative decisions in this field and, as such, limits and constrains the Administration’s discretion in its actions—in the terms provided in artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Accordingly, the results of those technical studies—such as environmental impact studies—provide objective technical criteria indicating either the project’s environmental feasibility (viabilidad ambiental) or the likelihood of evident harm to the environment, natural resources, or human health, a circumstance requiring the establishment of precautionary measures or the rejection of the proposed project, work, or activity.(Voto no. 2063-2007 de las 14 horas 40 minutos de 14 de febrero de 2007. Boldface added). Additionally, that obligation to environmentally assess activities, works, or projects is grounded in artículo 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica (aprobado mediante Ley no. 7416 de 30 de junio de 1994), insofar as it provides that each State Party “shall establish appropriate procedures requiring an assessment of the environmental impact of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity, with a view to avoiding or minimizing such effects”; and in principio 17 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, which establishes that “an environmental impact assessment shall be undertaken, as a national instrument, for any proposed activity that is likely to have a significant adverse impact on the environment and is subject to a decision by a competent national authority.” She emphasizes that neither artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente nor the international instruments discussed above require an environmental impact study for every activity, work, or project that could cause alterations to the environment.Those provisions establish a general obligation to conduct environmental impact assessments before approving works or activities that could have a significant adverse impact on the environment. The aforementioned Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental provides that environmental impact assessment encompasses three phases: a) the Initial Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Inicial), b) preparation of the Environmental Impact Study or other applicable environmental assessment instruments, and c) Environmental Monitoring and Follow-Up (Control y Seguimiento Ambiental) of the activity, work, or project through the established environmental commitments. (Artículo 3° inciso 39). Under that same Regulation, an environmental impact study is “a technical environmental impact assessment instrument whose purpose is to analyze the proposed activity, work, or project in relation to the environmental condition of the geographic area where it is proposed and, on that basis, to predict, identify, and evaluate the significant environmental impacts that certain actions may cause to that environment, and to define the set of environmental measures that will enable their prevention, correction, mitigation, or, failing that, compensation, in order to achieve the most harmonious and balanced integration possible between the proposed activity, work, or project and the environment in which it will be located.” (Artículo 3° inciso 36).Accordingly, an environmental impact study is only one of the technical instruments through which an environmental impact assessment may be conducted. Thus, the environmental assessment required by law, the cited international instruments, and constitutional case law may be conducted through an environmental impact study or another technical instrument, depending on the potential environmental impact of the activity or work to be undertaken. Therefore, the fact that a provision does not prescribe an environmental impact study as the instrument to be used for a particular type of project or activity that may affect the environment does not render it unconstitutional, because that project or activity is not being excluded from the environmental impact assessment procedure required by the Ley Orgánica del Ambiente. It should be noted that the Ley Orgánica del Ambiente itself, in artículo 17, provides that the works, activities, or projects that must undergo environmental impact assessment are those determined by laws and regulations.In this regard, she cites voto 5994-2017 de las 11:00 horas del 26 de abril de 2017 de la Sala Constitucional, according to which there may be activities, works, or projects that, because they do not alter the environment to a significant degree, need not undergo an environmental impact assessment, and this may be determined by statute or regulation. However, in the case of activities, works, or projects that do significantly alter the environment and therefore must undergo a prior environmental impact assessment, determining which mechanism or technical instrument must be used for that assessment is a technical authority conferred upon SETENA by artículo 84 inciso f) de la Ley Orgánica del Ambiente, which states that this body is responsible for “preparing guidelines for environmental impact assessment activities, works, and projects, as well as managing their availability and dissemination.” In summary, under the Constitución Política, any activity, work, or project that significantly alters the environment must undergo an environmental impact assessment; that assessment may be conducted using any of the technical instruments established for that purpose by SETENA, and the environmental impact study is one of those technical instruments.It may therefore be concluded that the fact that a provision does not prescribe that the environmental impact assessment of a specific activity, work, or project must be conducted through an environmental impact study, but instead establishes other technical assessment instruments, does not render it unconstitutional, because it does not breach the obligation to subject a potentially harmful activity, work, or project to an environmental impact assessment (in this regard, she cites voto 17397-2019 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019). The purpose of the challenged Decree is to establish the procedure through which the environmental impact assessment of mariculture projects is conducted and to determine the technical instruments through which that assessment will be performed. Although it does not prescribe the use of an environmental impact study as the assessment instrument for social-family aquaculture projects or small- and medium-scale projects, it does not exclude those projects from the obligation to undergo a prior environmental impact assessment.

What occurs is that the assessment is carried out using other technical instruments. Therefore, the Procuraduría considers that the challenged regulations are not unconstitutional, because they do not exempt projects classified within those three particular categories from the prior requirement of undergoing an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental). Accordingly, neither Article 50 of the Constitution nor Article 21 is violated, particularly because it has not been established how the challenged Decree harms human life and the physical integrity of persons. Nor is there any violation of Article 7 of the Constitución Política, because the challenged provisions do not conflict with the international conventions and instruments cited by the petitioner, since, as stated, those instruments do not require activities, works, or projects that may significantly affect the environment to be evaluated through an environmental impact study (estudio de impacto ambiental).

Moreover, the Sala Constitucional has recognized the authority of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Poder Ejecutivo, as provided for in the Ley Orgánica del Ambiente, to establish by regulation which works, activities, or projects must undergo the environmental impact assessment procedure, based on their scale and potential impact, as well as the corresponding technical assessment instrument. The Poder Ejecutivo has therefore not exceeded its regulatory authority, and consequently there is no violation of Articles 11 and 140, subsections 3) and 18), of the Constitución Política. A separate issue is whether the provisions of the challenged rules are technically sound and whether the classification and instruments established therein make it possible to conduct an adequate environmental impact assessment of family-operated and small- and medium-scale mariculture projects. The classification of the projects and the determination of the assessment instruments set forth in the challenged Decree constitute a strictly technical decision that the Procuraduría, in its capacity as legal counsel, could not evaluate.

In any event, the constitutional challenge (acción de inconstitucionalidad) presents no arguments and refers to no documents or criteria intended to establish the technical shortcomings of the challenged rule. Regarding the petitioner’s assertion that the rule does not limit the number of permits that may be authorized under the established procedures, and without prejudice to the observations that the Ministerio de Ambiente y Energía may make in this regard in its report, the Procuraduría notes that the annexes to the Decree establish production limits for each scale, according to each species group, and also establish minimum distances that must be maintained between cultivation areas. It requests that the action be dismissed.

  1. 6By decision issued at 11:08 hours on 27 de setiembre de 2022, the response submitted by the Procuraduría General de la República to the hearing granted to it was deemed filed. Likewise, the hearing granted to the Minister of Environment and Energy was deemed unanswered because the Management System contained no record of any document filed in response to the hearing within the period granted, and the action was referred to the reporting justice for review.
  2. 7By a brief filed with the Secretariat of the Chamber on 5 de octubre de 2022, FRANZ TATTENBACH CAPRA, Minister of Environment and Energy, responded to the hearing granted, stating that the report was being submitted in coordination with the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Pursuant to Article 83 of Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental was created as a maximally decentralized body (órgano de desconcentración máxima) of the Ministerio de Ambiente y Energía, whose fundamental purpose includes harmonizing environmental impact (impacto ambiental) with production processes. Likewise, Article 17 of that law, which governs environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental), provides: “Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste or toxic or hazardous materials shall require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created under this law.Prior approval by that body shall be an indispensable requirement for commencing the activities, works, or projects. Laws and regulations shall specify which activities, works, or projects shall require an environmental impact assessment.” It cites Constitutional Chamber judgment No. 9927-2004 of 11 horas 1 minuto del 3 de setiembre del 2004, which states the following regarding environmental feasibility (viabilidad ambiental): “Environmental feasibility, for its part, represents a condition of harmonization or acceptable balance, from the standpoint of environmental load (carga ambiental), between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographic area where it is to be implemented. From an administrative and legal standpoint, environmental feasibility corresponds to the act approving the environmental impact assessment process, whether at the Initial Environmental Assessment phase or at the phase involving approval of the Environmental Impact Study or Environmental Management Plan, depending on the activity concerned and what it warrants.(…) Thus, protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment requires the State to take preventive measures in order to avoid harm to it; among the principal measures established by the legislature for this purpose are several technical instruments, most notably the Environmental Impact Study, as provided in the cited article, with the characteristics of the project or work determining its necessity in each case.” (Sala Constitucional, Voto No. 9927-2004 de las 11 horas 1 minuto del 3 de setiembre del 2004, emphasis added). Pursuant to Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, every work, project, or activity that generates environmental impacts must undergo the Environmental Impact Assessment procedure as of the entry into force of that body of law. The very nature of Environmental Impact Assessment is to predict the possible consequences that may be generated in the environment and establish all mitigation measures (medidas de mitigación) that must be implemented, which are directly proportional to the degree of impact generated according to the nature and scope of the project; accordingly, Environmental Assessment instruments are categorized by impact.Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente further provides that laws and regulations shall specify which activities, works, or projects must undergo an environmental assessment (evaluación ambiental). In other words, the Executive Branch, in exercising its regulatory authority (potestad reglamentaria) and implementing the provisions of the aforementioned Article 17 of the LOA, may establish which human activities require environmental assessment because of the significance of their impact on the environment. Although every human activity alters the environment in some manner, the protective function (función tuitiva) of environmental law comes into play when that alteration reaches a certain degree. Therefore, the human activities that must undergo environmental assessment are those that alter the environment to a sufficiently significant degree to make such assessment necessary, and the law provides that the activities subject to environmental assessment shall be determined by law or regulation.The provision under review contains an indeterminate legal concept (concepto jurídico indeterminado): human activities that affect the environment to such a degree that their assessment becomes necessary. Determining that legal concept requires an especially important technical and scientific component. When regulating which human activities require prior environmental assessment, the Executive Branch is, within the scope of its powers, determining which human activities have a significant impact on the environment. This determination is, of course, subject to judicial review (control jurisdiccional), but it nonetheless remains an administrative decision. It should be noted, in any event, that this is a rule-bound decision (decisión reglada), because determining which activities have a significant impact on the environment is not discretionary. Based on the foregoing, SETENA is the body legally empowered to establish by regulation, as permitted by Article 17 of the LOA and based on technical criteria, the Environmental Assessment processes and instruments applicable according to the type of activity, work, or project and its particular characteristics.Consequently, the matter at issue does not involve an overreach of regulatory authority; rather, SETENA is acting in accordance with its jurisdiction, as well as with Decreto Ejecutivo No. 31849, which is the general rule for creating instruments that take environmental protection into account. Therefore, in issuing Decreto 42755-MINAE, the Secretariat has not violated the aforementioned constitutional articles. It adds that Reglamento 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC is general in nature and covers land-based activities; because that regulation did not contain an instrument specifically applicable to mariculture (maricultura), there was a technical need to create one specifically for that activity, so that the technical studies necessary to ensure the harmonization of development with the environment would be established for such cases. Thus, far from violating Article 50 of the Constitution, the regulation specifically implements it for this activity.Accordingly, the aforementioned decree does not conflict with that provision. It states that Environmental Impact Assessment is: “(…) A procedure for analyzing the environmental characteristics of an activity, work, or project in relation to its location in order to determine the significance of its environmental impact. It involves the submission of an environmental document signed by the developer, having the nature and scope of an affidavit (declaración jurada). Its analysis may result in the granting of environmental feasibility (license) or in making such feasibility conditional upon the submission of other EIA instruments. Pursuant to Article 6 of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental of Decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, activities, works, or projects are generally categorized according to their potential environmental impact (impacto ambiental potencial, IAP), and a list classifies them into three categories, as follows: Category A: High Potential Environmental Impact.Category B: Moderate Potential Environmental Impact. This category is, in turn, subdivided into two lower categories, as follows: Subcategory B1: Moderate–High Potential Environmental Impact, and Subcategory B2: Moderate–Low Potential Environmental Impact. Category C: Low Potential Environmental Impact. Based on the foregoing, the following environmental instruments apply according to the applicable category: 1. B2 Affidavit of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA). 2. B1 Forecast–Environmental Management Plan (Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental, P-PGA). 3. A Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA). Furthermore, Article 3 of Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC defines the various technical assessment instruments used in Environmental Impact Assessment according to their categorization. 30.- Affidavit of Environmental Commitments (DJCA): A statement made under oath and authenticated by a notary public for private developers or, in the case of State institutions, issued by the head of the institution without the need for authentication, in which the developer of the activity, work, or project undertakes to comply fully and completely with the terms and conditions stipulated in the Forecast–Environmental Management Plan, or with any other guidelines resulting from the Environmental Impact Assessment process. 36.Environmental Impact Study (EsIA): A technical Environmental Impact Assessment instrument whose purpose is to analyze the proposed activity, work, or project in relation to the environmental condition of the geographic area in which it is proposed and, on that basis, to predict, identify, and assess the significant environmental impacts that particular actions may have on that environment, and to define the set of environmental measures that will allow those impacts to be prevented, corrected, mitigated, or, failing that, compensated for, in order to achieve the most harmonious and balanced integration possible between the proposed activity, work, or project and the environment in which it will be located. 60. Forecast–Environmental Management Plan (P-GA): A technical Environmental Impact Assessment instrument consisting of a document in a predetermined format that, in addition to providing a general forecast of the most significant environmental aspects and impacts that the activity, work, or project to be developed will generate, includes the environmental measures, their potential costs, deadlines, and persons responsible for implementation, intended to prevent, mitigate, correct, compensate for, or restore the environmental impacts that would occur. In this regard, it cites Constitutional Chamber judgment No. 2019020625, which addresses the phases of Environmental Impact Assessment and the various environmental impact assessment instruments.

In the case of Decreto 42755-MINAE, categorization applies as established in the technical instruments, as SETENA explained to the Sala Constitucional in official letter SETENA-SG-0766-2022 dated 9 de setiembre del 2022; it is based on the degree of environmental impact and is fully consistent with Decreto Ejecutivo No. 31849, such that not every environmental assessment (Evaluación Ambiental) process must be conducted using the environmental impact study instrument (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA), which is intended for activities with the greatest potential environmental impact; maintaining that position is disproportionate and lacks technical support. Accordingly, the technical instruments for environmental assessment have been endorsed by the Sala Constitucional and are established according to whether the impact is greater or lesser; it is therefore reiterated that not every activity, work, or project requires the submission of an EsIA, which is the instrument for higher-impact activities.

Decreto Ejecutivo No. 42755 was enacted after the Secretaría Técnica Ambiental identified a legal gap and a lack of specific technical studies necessary to adequately assess activities carried out and conceived at sea. Due to its particular characteristics, mariculture requires governance and spatial-planning mechanisms that ensure participation, coordination, and sustainable development through specific technical assessment instruments, which help ensure that submitted projects are analyzed effectively and efficiently while securing sustainability in balance with development, since marine resources must be used within a model that promotes benefits for coastal communities and ocean health. The instruments created before Decreto No. 42755 was conceived required the submission of studies aimed at establishing the baseline (línea base) of environmental elements inherent to terrestrial environments, with technical fields such as geotechnics, geology, and archaeology constituting environmental elements irrelevant to determining environmental impacts at sea.

Therefore, for the purpose of processing mariculture-related activities, works, or projects, the necessary technical instrument is established for preparing environmental impact assessment instruments (Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental), together with instructions for assessing environmental impacts and reference forms for their preparation, pursuant to Article 84 of Ley Orgánica del Ambiental No. 7554, which establishes the preparation of guidelines for environmental impact assessment activities, works, and projects as one of the functions of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. During the preparation of the decree under review, there was a willingness to improve and implement the processes and recommendations generated by initiatives such as the “Descubre Maricultura” project led by COMEX, external sectors such as academia (UNA, UNED, INA), and the central government, led by the Viceministerio de Aguas y Mares, Casa Presidencial, SINAC, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), resulting in the form known as D5, a tool that enables mariculture activities to be conducted with specific environmentally sustainable studies that allow greater development of marine aquaculture as a productive alternative and economic multiplier for coastal areas.

The decree containing the EIA guidelines for marine aquaculture was developed in accordance with the principles of proportionality and reasonableness, requiring users to meet the requirements necessary based on the project’s impact and magnitude, which can be determined directly according to the area to be granted under concession and the kg of annual production. This makes the categorization of a mariculture project no longer subject to the subjective determination of an environmental consultant, but instead a definition based on technical support, while also providing the regulated party with legal certainty regarding the category under which a particular project will be developed. The Secretaría considers that the implementation and application of the General Guide for Assessing Environmental Impacts Generated by Mariculture Activities and the forms for each category, contained in Decreto Ejecutivo No. 42755, provide specific tools for correctly determining and evaluating the potential environmental impacts generated by mariculture activities, in accordance with science and technical expertise, as well as the requirements appropriate to the scale and magnitude of the project to be developed, thereby complying with the principles of reasonableness and proportionality governing public service.

It considers that the decree does not threaten environmental integrity or the right to a healthy and ecologically balanced environment; on the contrary, it provides greater environmental protection because it requires technical studies specific to this activity. It states that the petitioner challenges the constitutionality of the decree because of “(...) the fact that the articles governing the respective application and requirements, in annexes one and two, do not include the environmental impact study and that, in general, no limit is established on the number of permits that may be authorized through those procedures (...).” Regarding the number of permits that may be granted, it indicates that the environmental impact assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) process is only one of the various procedures that a mariculture activity must complete in order to operate. The technical body responsible for marine aquaculture is INCOPESCA, while the body responsible for granting a marine concession for the use of this space is the Dirección de Aguas del MINAE; accordingly, those institutions must oversee the number of final permits and concessions granted, based on the policies they establish.

Mariculture activities are conducted in concession areas at sea, and only one project may be developed in each concession area. The environmental impact assessment process is responsible for establishing baseline studies and the potential impacts of the activity within the PA (concession area) (AP, área concesionada). Decreto Ejecutivo N°42755 establishes setback or separation zones as buffer areas between mariculture projects, within which any impact generated inside the concession area that may spread beyond the PA can be contained. These separation or buffer areas also serve to reduce or completely eliminate cumulative effects between mariculture projects, with separation distances of up to 4 000 m between projects. In conclusion, the number of permits or concessions granted falls within the purview of the governing institutions with technical authority over marine aquaculture and concessions.

In the environmental sphere, as established by the regulation, the impacts associated with the activity and potential cumulative impacts are addressed conservatively. It requests that the constitutional challenge be dismissed.

  1. 8On 13 de octubre de 2022, the petitioner replied to the report submitted by the Procuraduría General de la República. She states that D5 establishes decision pathways based on the scale of mariculture production without considering other environmental factors, thereby disregarding the rationale of the initial environmental assessment (evaluación ambiental inicial), as demonstrated by the study conducted by Doctor Allan Astorga, which she attaches.
  2. 9By a ruling issued at diez horas cuarenta y cinco minutos del quince de enero de dos mil veinticuatro, the reporting justice granted a hearing to the Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, the Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, and the Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional.
  3. 10In a brief filed on 25 de enero de 2024, Ángel Francisco Herrera Ulloa, Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, responded to the hearing granted and stated:

“At UNA, we work in partnership with many institutions to support a socially and economically depressed region of the country through small projects at sea, equivalent on land to small coffee farms.

General context of aquaculture The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimates that, in order to meet growing global food demand, agriculture must increase its production by nearly 50 %. This challenge entails not only the need to increase production volumes but, crucially, also to improve efficiency and reduce environmental impacts. The fundamental premise is sustainable and competitive production through agricultural practices that benefit both the environment and the economy1. In this context, it is[ inevitable that agricultural and livestock activities will continue to grow in order to guarantee food security and sovereignty in each country, and Costa Rica is no exception. ]

Marine aquaculture is an agricultural-sector activity conducted at sea. It represents one of the most important activities for the development of “Blue Growth,” a strategy currently promoted by the United Nations through FAO, under which marine aquaculture is considered a key element in achieving sustainable development because its goals are rigorously aligned with the 2030 Agenda for Sustainable Development and its respective Sustainable Development Goals (SDGs).https://www.fao.org/documents/card/ru/c/8801244b-8c61-469e-ab33-7774ae232285/.

Aquaculture is an activity intended to cultivate and produce fish, shrimp, algae, mollusks, and other organisms in aquatic environments, generally for human consumption 2. It is an activity with[ similarities to production carried out on land, such as cattle production, but with far fewer adverse effects on the environment. For example, the livestock industry clears millions of hectares of forest for grazing ]3, consumes thousands of[ liters of fresh water to produce one Kilogram of meat, and generates high methane emissions into the atmosphere (a greenhouse gas), increasing global warming and thereby adversely affecting climate change, among other negative effects ]4. For this reason, thi[s activity is increasingly promoted over other forms of meat production for human consumption. ]

Marine aquaculture is mistakenly associated with extractive fishing, but it actually differs significantly from it 2, because the organisms are not removed from the environment for cultivation, with the resulting decline in their natural populations. Aquaculture uses breeding techniques under controlled captive conditions to obtain fish, shrimp, and other organisms, which are then taken to farms at sea for growth and subsequent sale2. In this context, aquaculture is even a successful tool for replenishing species that have been overexploited by the fishing industry or affected by human pollution5.

Furthermore, it has been possible [to verify that marine aquaculture (acuicultura marina) provides significant social, economic, and environmental benefits, such as: a greater impact on food security and poverty alleviation; employment opportunities for rural communities; an increased supply and availability of marine food products; improved nutrition and human well-being; increased foreign-exchange earnings; and improved nutrient recycling when integrated aquaculture systems are used. All these factors must be considered and weighed according to their importance in a balanced comparison of food-production systems]6.

However, althou[gh this activity is less harmful to the environment than other livestock-based food-production activities, it may also have adverse environmental effects if it is not properly conducted. Nevertheless, it is clear that the adverse environmental effects will strictly depend on the scale of production established. ]

In the agricultural sector, the use of 3 scales7 is standard and virtually universal: small, medium, and l[arge scale. This differentiation is made for the purpose of establishing standards, regulations, and even incentives based on the intensity of production. The greater the production, the more extensive the regulations in every area, including the environmental sphere. At lower production intensities, regulations and requirements are reduced because the effects of production on the environment decrease and may even become so minor that they are considered insignificant in terms of environmental harm. The small-scale category, or similar categories, generally falls within this range. ]

Regarding small-scale aquaculture (acuicultura de pequeña escala) and its development in Costa Rica In general, small-scale aquaculture refers to the practice of cultivating and raising aquatic organisms, such as fish, mollusks, crustaceans, and aquatic plants, in smaller facilities generally managed by local communities or small producers. Annual production at this scale is very low, and no significant harm to the environment is anticipated. Because of these benefits, small-scale aquaculture in Costa Rica is promoted by various State institutions, such as the IMAS, Universidades estatales (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, Sistema de Banca para el Desarrollo, and INCOPESCA, which by law is the entity responsible for promoting and regulating the aquaculture subsector and was created by Ley N.° 7 384 del 29 de marzo de 19947. Aquaculture development is promoted because of its potential to generate sustainable development (desarrollo sostenible) by creating employment in marginalized areas, such as the country’s coastal areas, where the artisanal fishing sector has been affected by several factors that have led it into social conditions of poverty and exclusion 8.

Consequently, efforts ar[e directed specifically toward local associations and cooperatives in coastal areas made up of persons with low incomes and few employment opportunities or possibilities for developing new productive ideas, particularly artisanal fishers.]

These projects can have a direct economic impact on more than 15 families and an indirect impact on 30 families. They also stimulate tourism and the market for related supplies and products within the community, and therefore have significant social impacts. Furthermore, they enable artisanal fishers to transition from an extractive activity such as fishing to a very small-scale productive activity with a correspondingly very low environmental impact, a strategy consistent with the country’s sustainable environmental policies and fulfilling several of the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda: (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (https://doi.org/10.4060/ca9229es), for example:

SDG 1. No poverty.

According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), aquaculture provides work for more than 20 million people worldwide and is one of the activities that can play a fundamental role in reducing poverty by creating direct and indirect sources of employment for suppliers of products and services related to aquaculture.

SDG 2. Zero hunger.

Aquaculture is one of the main sources of protein in many regions of the world. “The oceans will provide us with a large share of the nutritious food we need through the development of new forms of sustainable aquaculture; aquaculture represents the best way to help feed approximately 10.000 million people over the coming years.” https://news.un.org/es/story/2020/11/1484232.

SDG 12. Sustainable production and consumption Aquaculture is not free from a carbon footprint, since all production sectors, including this activity, generate greenhouse gases through the manufacturing, processing, transportation, storage, and marketing of their products. However, not all foods of animal origin contribute equally to these emissions, and aquaculture products generate slightly lower emissions than poultry and far lower emissions than the pork and cattle sectors.

SDG 14. Life below water In addition to helping increase populations living in aquatic environments, aquaculture has the potential to help conserve species that have been exposed to excessive exploitation through traditional fishing.

Furthermore, these projects also contribute to the country’s food security and food sovereignty by providing food recognized for its nutritional quality and helping to reduce dependence on seafood imported from other regions of the world, such as pangasius and tilapia from Asia.

Regarding the current legal framework governing marine aquaculture projects in Costa Rica and its relationship to the case The governing authority for aquaculture in Costa Rica is INCOPESCA, which is the authority responsible for implementing Ley de Pesca y Acuacultura (Ley N° 8436), enacted by the ASAMBLEA LEGISLATIVA. SPECIFIC LAW FOR AQUACULTURE ACTIVITIES.hhtp://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54688&nValor3=95742 Accordingly, INCOPESCA coordinates the aquaculture sector by promoting and regulating aquaculture. It is responsible for granting authorizations to cultivate aquatic organisms in marine or inland waters. In this context, Ley de Pesca y Acuacultura N° 8436, in Title III, Aquaculture, Chapters I and II, establishes the guidelines required for the compliance, oversight, and authorization of marine aquaculture projects.

Second: Article 83 of Ley de Pesca y Acuacultura provides: To apply for an aquaculture authorization (autorización acuícola) and a concession for water use (concesión para el uso de aguas), interested parties must submit the respective aquaculture projects, together with an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) established by SETENA, as applicable.

Third: Ley de Pesca y Acuacultura provides that the environmental impact assessment must be decided upon and granted by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA.

Fourth: Environmental feasibility approvals (viabilidades ambientales) for marine aquaculture projects are currently governed within SETENA by the Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría Nº 42755-MINAE.

In this case, it is relevant to indicate that the decree being challenged establishes a category below small scale, called Social Familiar, which was created to remain consistent with State policies promoting small-scale aquaculture, particularly for low-income persons in coastal areas who are seeking employment. The following definition is taken from the decree:

“It refers to the cultivation of marine aquatic organisms by a family unit solely for subsistence, personal consumption, or commercial purposes intended to generate its own employment, as well as the cultivation of marine aquatic organisms by associations, cooperatives, or other organized groups supported and assisted for at least the first two years by at least two State institutions, whose principal objective is to generate employment in the country’s marine-coastal areas. These activities are characterized by their low potential environmental impact, even when located in marine protected areas whose legal status permits this type of activity, according to the Sistema Nacional de área de Conservación SINAC. They are Projects considered subject to registration (D5-SF). Production limits will depend on each group of species, as shown in table 1, and the requirements for obtaining environmental approval (aval ambiental) are shown in table 2.” This is the scale being challenged because it is not required to undergo a more extensive environmental impact study (estudio de impacto ambiental) and is subject only to registration; nevertheless, it is evident that this scale, in addition to being smaller than small scale, having very low production, and therefore having no significant potential impacts on the environment, was defined according to the principle of equity embodied in the concept of sustainable development so that low-income persons could have access to it.

Additionally, it is important to indicate that the previous regulations governing this activity did not distinguish between production scales, making it virtually impossible for small producers to obtain environmental feasibility because they were required to meet requirements similar to those imposed on a large company.

This problem was evident and had been identified years earlier, as may be read in the report of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) on small-scale and limited-resource aquaculture in Latin America and the Caribbean, in which INCOPESCA officials stated that one of the most significant limitations on aquaculture development in Costa Rica was:

“the excessive number of procedures required to obtain environmental feasibility permits, water concessions, and aquaculture authorizations. This has resulted in few enterprises currently having official authorization to operate, because a considerable number of producers, particularly small-scale producers, do not meet the requirements necessary to obtain it.” Therefore, it is evident that SETENA took measures to improve the ambiguous legislation and provide greater clarity by separating the scales. As the scale increases, the requirements and environmental studies to be submitted also increase, which clearly accords with the logic of regulations that are equitable toward both human beings and the environment.

Fifth: The concession for the use of marine water (concesión de aprovechamiento del agua marina) shall be granted by the Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE. This is a legal act by which MINAE grants natural and legal persons a limited right to make sustainable use of waters for the conduct of aquaculture activities involving the production and use of specified species, under the terms and conditions expressly established in that contract. (Ley de Pesca y Acuacultura, Ley N°8436 - article N° 101).

MINAE shall be responsible for regulating the form, manner, requirements, and procedures applicable to its respective granting. The determination issued by MINAE shall be binding on the parties and on INCOPESCA.

Within the concession area (Art. 86), concession holders may carry out all physical works, investments, and installations, subject to prior assessment and authorization by the competent agencies.

Sixth: In addition to the foregoing, when cultivation operations begin, a Veterinary Operating Certificate (Certificado Veterinario de Operación, CVO) must be obtained, issued by the Servicio Nacional de Salud Animal SENASA. This certificate shall attest to the authorization permitting the establishment to engage in one or more of the activities listed in Article 56 of Ley SENASA, Nº 8495. (Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Veterinario de Operación Nº 34859-MAG).

Conclusions:

1. Marine aquaculture is a growing activity that responds to food security and food sovereignty needs and to the need for new sustainable production alternatives consistent with international policies and treaties related to sustainable development. Sustainable marine aquaculture is currently key to the blue-growth strategies promoted by the UN and FAO. Therefore, its development is consistent with the treaties signed by Costa Rica for the protection of the marine environment.

2. Aquaculture, like every activity carried out by human beings, can cause pollution; nevertheless, its potential for pollution depends strictly on production intensity. In other words, it depends on the scale of production. In this context, small-scale production—or, as applicable, a smaller scale such as that established in decreto Nº 42755-MINAE—is understood to have no significant potential impact on the environment because of its low production levels and, conversely, could have a positive environmental impact by enabling artisanal fishers to move from an extractive activity to a productive one. This is in addition to other benefits, such as access to decent work protected under our Political Constitution.

3. Universidad Nacional is one of the many state institutions that have joined in promoting small-scale marine aquaculture or, as applicable in Costa Rica, the Social-Family scale. Its role in this type of cultivation project is particularly focused on contributing technical and scientific knowledge for production and cultivation, while respecting the legal guidelines established to date for its development. In this case, UNA complies with the environmental legislation established by the competent authorities.

4. Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 13 de noviembre de 1995 created Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) as a body with maximum administrative deconcentration (desconcentración máxima) within Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), whose fundamental purpose shall include harmonizing environmental impacts with production processes, as well as analyzing environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental) and deciding them within the time limits established by Ley General de la Administración Pública, and performing any other functions necessary to fulfill its purposes (Articles 84 and 85 of Ley Orgánica Ambiental). Therefore, SETENA is the entity responsible for establishing this type of regulation.

5. Sustainable development is the central pillar of international treaties concerning environmental protection, as reaffirmed at all Earth Summits and other related summits led by the United Nations. Sustainable development entails the sustainable use of resources, not their absolute protection.”

  1. 11On 31 de enero de 2023, the Judicial Technician and the Secretary of Sala Constitucional certified that, after reviewing the Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, the record of documents received, and this case file, there was no indication that, from 16 al 29 de enero de 2024, the Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía had submitted any brief or document in response to the hearing granted to him by the decision issued at 10:45 hours on 15 de enero de 2024.
  2. 12Heiner Jorge Méndez Barrientos, Executive President with the rank of Minister of Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, responded to the hearing granted and stated, regarding the petitioner’s standing (legitimación), that she bases her standing on the existence of diffuse interests (intereses difusos). From that perspective and in light of Article 75 of Ley de Jurisdicción Constitucional, he indicates that he has no observations in that regard. On the merits, he states by way of background that the Costa Rican State has already established regulations for implementing mariculture projects along our coasts. For that purpose, there is decreto ejecutivo MINAE N 031849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the general regulation on “Environmental Impact Assessment Procedures (Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA),” as well as the “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura,” Decreto Ejecutivo No. 42755, and forms by category.Decreto N°42755 establishes the “Guía General para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de maricultura y formularios por categoría,” whose purpose is to develop the environmental impact assessment procedure for mariculture projects by classifying them into the following scales: Social-Family Aquaculture, Small Scale, Medium Scale, and Large Scale. The petitioner seeks a declaration by the Chamber that the omission in Articles 1, 2, 3, and 4 and their annexes, contained in Decreto Ejecutivo N°42755 published on 22 de febrero del 2021 in Supplement N.38, of a requirement for environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) for the approval of smaller, specific mariculture projects is unconstitutional. The petitioner supports her claim by asserting that the provision is unconstitutional because the application and requirements set forth in Anexos 1 y 2 concerning smaller mariculture projects, whose categories have been designated Social-Family and Small Aquaculture, do not require an environmental impact study and because no limit is placed on the number of permits.He contends that the petitioner is incorrect because, although an environmental impact study is not required for these categories and is required only for large-scale projects, other assessment instruments are established before project authorization may be granted. Table 1—Mariculture Categories—lists the requirements for each mariculture category. He adds that the environmental impact level is established by category, ranging from low impact to moderate impact for the social-family and large categories, respectively, and that it also identifies the forms applicable according to the type of production category to be developed—Table 2, Environmental Impacts by Production Category and Associated Forms. SETENA has also established the area in hectares and production levels in kilograms per year for each category and each species of cultivation interest, such as shrimp, fish, and oysters-mussels—Table 3.Established Production Area in Hectares and Production in kg per Year. The D5 instrument is submitted by a professional acting as an environmental manager (regente ambiental), who will facilitate the process of completing the information and handling the application before SETENA. Once the ENVIRONMENTAL REGISTRATION (REGISTRO AMBIENTAL) for the mariculture project has been obtained from SETENA, an application must be submitted to Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Dirección de Aguas, for a seawater-flow concession (concesión de caudal de agua de mar), measured in liters per second, for use in producing shrimp, fish, oysters, or mussels, as applicable. To estimate the water flow, INCOPESCA established the water flow required for mariculture in the social-family category. Reference: Alvarado-Ruiz, C. (2022). Estimación del requerimiento de caudal L/seg para maricultura. El Bohío boletín electrónico.Vol. 12. No IO. 2939 p. INCOPESCA. Regarding the unlimited number of authorizations alleged by the petitioner, he indicates that sites have been selected on the Pacific and Caribbean coasts for the development of these projects and that, for this purpose, Incopesca is in the final review process for the terms of reference to establish mariculture zoning (zonificación para la maricultura) in Costa Rica through the document “Términos de referencia para la contratación de una empresa o persona física para establecer la zonificación de la maricultura sostenible en la costa pacífica y caribe de Costa Rica (Programa de desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en Costa Rica).” Furthermore, before Incopesca may authorize a mariculture project at any scale, a decision must first be obtained from SETENA and Dirección de Aguas. A biologist from Dirección de Fomento del Incopesca then conducts a field inspection to issue a recommendation concerning feasibility from an aquaculture perspective, and only if that recommendation is favorable will the highest authority grant authorization.This shows that applications pass through the screening processes of all institutions involved and must satisfy the requirements established by each one before the project may be carried out. It is important to establish that, contrary to the petitioner’s contention regarding the infringement of the human rights to life and health, according to Incopesca records, all mariculture projects approved or authorized after the challenged Decree entered into force fall within the Social-Family scale and are led by women, thereby advancing the principles of zero hunger, the inclusion of women, gender equality, among others. See the reports by Troell et al., 2023, which, through a review of the scientific literature, indicate that aquaculture contributes to the 17 SDGs, among which the following are highlighted. J World Aquac Soc.2023;54:251—342/@2023 Food and Agriculture Organization of the United Nations.Journal of the World Aquaculture Society published by Wiley Periodicals LLC on behalf of World Aquaculture Society. He concludes that, in his opinion, the challenged provision not only has technical support but was also subjected to the legality controls (controles de legalidad) prescribed by the legal system, since it is not intended to cause regulatory regression (retroceso normativo). The very dynamics of the sustainable use of natural resources make this field highly dynamic and changeable, such that what is permitted today may be prohibited tomorrow, or vice versa, without this implying an intention to harm natural resources. It is precisely for this reason that Incopesca, as an autonomous entity, must ensure compliance with the principle of legality (principio de legalidad) and due process (debido proceso) for all authorized projects. Moreover, not all mariculture projects will cause environmental alterations, as in the case at issue, although this does not mean that they are unregulated or need not comply with regulations tailored to their scale, such as environmental commitments (compromisos ambientales).By contrast, projects that may potentially cause substantial environmental alterations must, without exception, undergo an environmental impact assessment before authorization. To act otherwise would be to disregard entirely the legal nature of Incopesca and the principles governing the sustainable use of fishery resources, which have been repeatedly recognized by Sala Constitucional.
  3. 13In a written submission filed on 1o. de febrero de 2023, José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, responded to the hearing granted and stated, with respect to the action filed, that the petitioner seeks a declaration that Decreto 42755-MINAE is unconstitutional because it omits the requirement for environmental impact studies (estudios de impacto ambiental) for the approval of minor and specific mariculture projects and fails to limit the number of permits that may be authorized through those procedures. In this regard, he indicates that the challenged decree is related to the ordinary work of the Secretaria Técnica Nacional Ambiental and the various technical instruments it develops and applies to assess the potential impact of an activity on the environment, as provided in Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente; therefore, he does not address matters falling within its authority.Regarding water concessions (concesiones de agua) for mariculture projects, for which that Dirección performs the technical analysis and issues a recommendation to the Ministro, the following must be taken into account: when an applicant comes before the Dirección de Aguas, it maintains a Registry of Concessions granted, including their duration, location, authorized flow rate, among other information, so that concessions in a particular area neither overlap nor exceed their authorized limits. As has previously been stated before this same Tribunal, applications for and decisions on surface-water and groundwater concessions are governed by an extensive legal framework of regulation and protection that, by itself, seeks to fulfill the environmental guarantees established in the Constitución Política and the laws, which is also achieved through the opinion issued by the expert on the subject at the Dirección de Aguas del MINAE.In light of the foregoing, environmental assessment (evaluación ambiental) by SETENA does not guarantee protection of water resources and the environment, whereas the procedure through which a water-use concession (concesión de aprovechamiento de aguas) is obtained does provide such assurance. The foregoing takes into account Articles 17, 176 and 177 of the Ley de Aguas, pursuant to which the Ministro del MINAE is the governing authority for water resources and is responsible for authorizing concessions for their use. The water-concession procedure has been structured to incorporate not only resource-protection criteria but also, in the technical recommendation supporting decisions that grant or deny concessions, technical studies and opinions from other institutions such as AyA and SENARA, among others, as applicable. Thus, upon receiving an application for a water concession, the Dirección de Aguas locates the cartographic point of diversion (punto cartográfico de toma) to determine whether it lies within a protected wildlife area (área silvestre protegida).This is done for the purpose of granting a hearing to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), which states whether there is any particular objection from the standpoint of environmental regulations and, consequently, issues an opinion for the decision on the concession. Furthermore, the water-concession application procedure includes a technical phase in which the Dirección conducts a field assessment (evaluación de campo) that examines, among other factors, the collection of hydrometric data (levantamiento de información hidrométrica) from the requested source and the authorized uses of that same source. It must not be overlooked that the Dirección de Aguas has identified critical areas in terms of water availability that warrant more detailed and temporally extensive assessments in order to obtain greater scientific certainty. In addition, technical factors are analyzed to calculate verification requirements, based on instruments such as the “Manual Técnico de Dotaciones del Departamento de Aguas,” published in La Gaceta Nº 204 of 22 de octubre del 2021.Furthermore, regarding the application of water-resource protection criteria, the Ley Orgánica del Ambiente establishes in Article 51, in relation to Article 52, subsection b), the criteria that must be applied to the conservation and sustainable use of water, specifically when granting concessions and permits to use any component of the water regime (régimen hídrico). Those criteria are as follows: a) protect, conserve and, where possible, restore aquatic ecosystems and the elements involved in the hydrological cycle; b) protect the ecosystems that regulate the water regime; and c) maintain the balance of the water system by protecting each component of the watersheds. These criteria are applied during the concession-monitoring phase, as has occurred in cases involving the regulation of water sources. He adds that, during the final phase of the water-use concession procedure, the Dirección de Aguas recommends granting or denying the concession on the basis of the available flow rate, technical studies, field assessments, hearings granted to other institutions with authority over water resources, the applicant’s actual needs, and the aforementioned Manual Técnico.Moreover, through the Dirección de Aguas, MINAE may apply the Código de Buenas Prácticas Ambientales and the principle of environmental responsibility (principio de responsabilidad ambiental) to require compliance with special requirements applicable to a water-concession applicant; consequently, the water resource is being protected environmentally. He concludes by stating that, pursuant to the Manual de Procedimientos de la SETENA and the challenged decree, the activities covered by the latter are not exempt from assessment by SETENA; rather, the instruments it has designed are based on technical assessments that SETENA, as the expert body in the field, has determined to be appropriate.
  4. 14The hearing provided for in Articles 10 and 85 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional is dispensed with pursuant to the authority granted to the Sala by Article 9 thereof, because this decision is deemed sufficiently grounded in evident principles and rules, as well as in the case law of this Tribunal.
  5. 15The statutory requirements have been complied with in these proceedings.

Magistrada Hess Herrera drafts the opinion; and,

Whereas:

I. ADMISSIBILITY OF THE ACTION AND STANDING OF THE PETITIONER

An action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) is a proceeding subject to certain formalities that must be satisfied for the Sala to consider the merits of the challenge. Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional sets forth the admissibility requirements for actions of unconstitutionality and governs three distinct situations. The first paragraph requires the existence of a matter pending resolution, whether in judicial proceedings—including habeas corpus or amparo proceedings—or in administrative proceedings, solely within the procedure for exhaustion of administrative remedies (agotamiento de esta vía), in which the unconstitutionality of the challenged provision is invoked as a reasonable means of protecting the right alleged to have been violated in the principal matter. The second and third paragraphs, in turn, govern a direct action (acción directa), which does not require an underlying proceeding (asunto base), in the following circumstances: a) when, because of the nature of the matter, there is no individual and direct injury; b) when the action concerns the defense of diffuse interests (intereses difusos), or interests affecting the community as a whole; and c) when the action is brought by the Procurador General de la República, the Contralor General de la República, the Fiscal General de la República, or the Defensor de los Habitantes in matters within their respective authority.

In the present case, the petitioner bases her standing (legitimación) on the defense of diffuse interests, pursuant to the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. In this regard, this Tribunal has stated as follows:

“(…) Second, provision is made for the possibility of bringing an action in defense of ‘diffuse interests’; this concept, whose content has gradually been delineated by the Sala, may be summarized in the terms used in judgment number 3750-93 of this Tribunal, issued at fifteen hours on treinta de julio de mil novecientos noventa y tres) ‘… Diffuse interests, although difficult to define and even more difficult to identify, cannot under our law—as this Sala has already held—be merely collective interests; they must be neither so diffuse that their ownership becomes indistinguishable from that of the national community as a whole, nor so specific that particular persons or defined groups are identified or readily identifiable in relation to them, whose standing would derive not from diffuse interests but from corporate interests affecting a community as a whole. They are therefore individual interests that are, at the same time, dispersed among more or less extensive and amorphous groups of persons who share an interest and consequently suffer actual or potential harm that is more or less equal for all.

Thus, it is correctly stated that these are shared interests of groups situated in particular circumstances and, at the same time, of each of their members. In other words, diffuse interests have a dual nature because they are simultaneously collective—since they are common to the public at large—and individual, and they may therefore be asserted in that capacity.’” In summary, diffuse interests (intereses difusos) are those held by groups of persons who are not formally organized but are united by a particular social need, physical characteristic, ethnic origin, particular personal or ideological orientation, consumption of a certain product, etc. In such cases, the interest is dispersed, diluted (diffuse) among an unidentified plurality of persons. In these cases, of course, a challenge brought by a member of one of these sectors pursuant to the second paragraph of Article 75 must necessarily concern provisions that affect that person in such capacity.

This Chamber has listed various rights that it has characterized as “diffuse,” including the environment, cultural heritage, the defense of the country’s territorial integrity, and the proper management of public expenditures, among others. Two clarifications must be made in this regard: on the one hand, the aforementioned interests extend beyond the sphere traditionally recognized as encompassing diffuse interests, since they refer in principle to matters affecting the national community rather than particular groups within it; environmental harm does not merely affect the residents of a region or the consumers of a product, but harms or places at serious risk the natural heritage of the entire country and even of Humanity; similarly, ensuring the proper management of public funds authorized in the Budget of the Republic is an interest of all inhabitants of Costa Rica, not merely of any particular group among them.

On the other hand, the list drawn up by the Sala Constitucional amounts to no more than a mere description arising from its duty—as a judicial body—to confine itself to hearing the cases brought before it, and in no way may it be understood that only those rights expressly recognized as diffuse by the Chamber may be considered diffuse rights; such an interpretation would entail an undesirable reversal in the scope of the Rule of Law and its correlative “State of rights,” which—as in the case of the Costa Rican model—is based on the premise that restrictions on freedoms must be express, since those freedoms are inherent in the human condition itself and therefore require no official recognition. Finally, when the second paragraph of Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional refers to interests “that concern the community as a whole,” it means the legally protected interests (bienes jurídicos) explained in the preceding lines, namely, those held by the very bearers of sovereignty, each and every inhabitant of the Republic.

It is therefore not the case that any person may apply to the Sala Constitucional to protect any interests whatsoever (popular action (acción popular)); rather, every individual may act in defense of those interests affecting the entire national community, and in this area as well, any attempt to provide an exhaustive list would be invalid” (see judgment No. 2007-01145).

As indicated, the Chamber has recognized, among the grounds conferring standing (legitimación) in matters involving diffuse interests, the defense of the right to a healthy and ecologically balanced environment, derived from Article 50 of the Constitution, with respect to its use and enjoyment by the entire current or potential population, which is precisely what is at issue in the challenge to Decreto Ejecutivo N°42755, “General Guide for Assessing the Environmental Impacts Generated by Mariculture Activities and Forms by Category,” published on February 22, 2021, in Supplement N°38 to La Gaceta N.36. Consequently, the petitioner has sufficient standing to challenge the aforementioned decree. Moreover, the constitutional objections raised do, in fact, concern a matter whose constitutionality may properly be reviewed through these proceedings. Finally, the requirements set forth in Articles 78 and 79 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional have been met; therefore, the action is admissible on the terms indicated.

II.SUBJECT MATTER OF THE ACTION.- The petitioner files an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) against Articles 1,2,3,4,5,6 of Decreto Ejecutivo N.42755-MINAE and its annexes—that is, against the decree in its entirety—which provides:

N.42755-MINAE “General Guide for Assessing the Environmental Impacts Generated by Mariculture Activities and Forms by Category” “Article 1.- General Guide for Assessing the Environmental Impacts Generated by Mariculture Activities and Forms by Category. The General Guide for assessing the environmental impacts generated by mariculture activities shall be applied, specifically with respect to Environmental Impact Studies, Environmental Management Plan Forecasts, and Sworn Declarations of Environmental Commitments, in accordance with the provisions of Anexo 1 of these Regulations, for the purpose of implementing the requirements applicable to activities, works, or projects according to the classification into categories established in this Decreto Ejecutivo. This guide shall apply in its entirety to activities, works, or projects that submit Environmental Assessment Document 05.

Article 2.- D5 forms for Environmental Impact Studies, Environmental Management Plan Forecasts, Sworn Declarations of Environmental Commitments, and the Family Social Registry. Anexo 2 sets forth the D5 forms by type of instrument, whether Environmental Impact Studies, Environmental Management Plan Forecasts, Sworn Declarations of Environmental Commitments, or the Family Social Registry.

(Corrected by means of an Erratum published in Digital Supplement N° 177 to La Gaceta N° 173 of September 8, 2021, which corrected the content of this Article)

Article 3.- Instructions for assessing environmental impacts. The Instructions for assessing environmental impacts shall be applied in accordance with the provisions of Annex 3 of these Regulations, for the purpose of implementing the guide for preparing Environmental Impact Studies, Forecasts–Environmental Management Plans, Sworn Declarations of Environmental Commitments, and the Family Social Registry for the activities, works, or projects governed by Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT- MAG-MEJC.

(Corrected by means of an Erratum published in Digital Supplement N° 177 to La Gaceta N° 173 of September 8, 2021, which corrected the content of this Article)

Article 4.- Procedure for determining the categorization applicable to the Preparation of Environmental Impact Studies and Environmental Management Plan Forecasts, Sworn Declarations of Environmental Commitments, and the Family Social Registry. The Categorization Procedure for the Preparation of Environmental Impact Studies, Environmental Management Plan Forecasts, Sworn Declarations of Environmental Commitments, and the Family Social Registry shall be applied in accordance with the provisions of Anexo 1, Table 1, of these Regulations.

(Corrected by means of an Erratum published in Digital Supplement N° 177 to La Gaceta N° 173 of September 8, 2021, which corrected the content of this Article)

Article 5.- Access to D5 forms. The D5 forms shall be available to users on SETENA’s Digital Platform, accessible at the following link: https://www.setena.ga.crles/Catalogold5” (Corrected by means of an Erratum published in Digital Supplement N°177 to La Gaceta N°173 of September 8, 2021, which corrected the content of this Article).

Article 6.- Effective date. This Decreto Ejecutivo shall take effect upon its publication in the Official Gazette, La Gaceta.” ANNEXES “General Guide for Assessing the Environmental Impacts Generated by Mariculture Activities and Forms by Category” General Information 1. The General Guide for preparing environmental impact assessment instruments (instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental) (EIA Guide (Guía de EIA)) provides basic guidance for the consulting team responsible for preparing the environmental impact assessment instrument (instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) to be developed. This is because the characteristics of the geographic area and of the proposed project, work, or activity will determine the applicability of the topics covered by the EIA Guide and the level of detail required by the environmental impact assessment instrument to be prepared. SETENA also applies this same principle when evaluating EIA Instruments.

2. The consulting team that prepares the environmental impact assessment instrument in question must appoint a coordinating professional, whose name shall appear first on the list of authors. The professional co-authors shall be responsible for the subject-matter content relating to their specific discipline and for the general assessment criteria associated with those disciplines. The coordinator of the EIA Instrument shall bear primary responsibility for the subject-matter content concerning general matters not attributable to any particular discipline.

3. Pursuant to the mandate of Ley Orgánica del Ambiente N°7554, the developer, the environmental consultants, and those who approved the EIA instrument are directly and jointly and severally liable (solidariamente responsables) for any environmental harm that may occur in the development of the activity, work, or project. For this reason, the EIA instrument must harmonize environmental impact with production processes.

4. The guide is intended for all forms of cultivation conducted directly in the sea; it does not include continental coastal aquaculture, such as shrimp farms in lagoons or seed-production laboratories, because their characteristics differ significantly from those of marine farms. In this area, it is recommended that a separate process be used to analyze improvements to the procedures for obtaining environmental approval (viabilidad ambiental) for shrimp farms and especially for seed-production laboratories (fish, shrimp, mollusks, and other emerging species).

5. The approach applied to the proposed instruments must address mariculture within the context of sustainable development, taking into account its four basic pillars: society, economy, culture, and the environment.

6. In Costa Rica, the spotted rose snapper Lutjanus guttatus, the oyster Crassostrea gigas, the white shrimp Litopenaeus vannamei, and the mussel Mytel/a sp. are currently farmed commercially in the marine zone. Given that cultivation technologies vary among species, and in anticipation of greater diversification of the activity, it has been deemed appropriate to establish scales for each group of species (fish, bivalve mollusks, and marine shrimp).

7. For purposes of applying to SETENA for environmental approval, it has been deemed necessary to establish four scales based on the annual production of each group of species and on production ranges that allow economic profitability according to the characteristics and conditions of each project and cultivation site. Production below the recommended range could restrict profitability and the development of the activity, rendering lower-range scales unworkable. Each scale suggests a spatial location in relation to protected wild areas (áreas silvestres protegidas), as established by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC (Figure 1).” “ANEXO 1 MARICULTURE SCALES The proposed scales for processing environmental approval are:

1. Social-Family Aquaculture It represents the farming of marine aquatic organisms carried out by a family unit solely for subsistence or self-consumption purposes, or for commercial purposes to generate its own employment, as well as the farming of marine aquatic organisms carried out by associations, cooperatives, or other organized groups supported and assisted for at least the first two years by at least two State institutions, whose main objective is to generate employment in the country’s marine-coastal areas. They are characterized as activities with low potential environmental impact, even if located in marine protected areas whose legal establishment permits this type of activity, according to the Sistema Nacional de área de Conservación SINAC. They are projects classified for registration (D5-SF). Production limits shall depend on each species group, as shown in Table 1, and the requirements for obtaining environmental approval (aval ambiental) are set forth in Table 2.

2. Small Scale:

Farming of marine aquatic organisms with low annual production in kilograms. These are considered projects with low potential environmental impact. Projects at this scale may not be carried out within the boundaries of marine protected areas unless the feasibility of this activity is established in the General Management Plans (Planes Generales de Manejo) and is permitted by their category according to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC. They must also maintain a minimum distance of 100 meters from their floating infrastructure to the boundary of every protected wilderness area (área silvestre protegida) and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds and/or mangrove ecosystems, regardless of their location inside or outside protected wilderness areas. These are projects submitted with an Affidavit of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales) (OS PE). Production limits at this scale shall depend on each species group according to Table 1, and the requirements for obtaining environmental approval are set forth in Table 3.

3. Medium Scale:

Farming of marine aquatic organisms with medium annual production in kilograms. These are considered projects with moderate potential environmental impact. Projects at this scale may not be carried out within the boundaries of marine protected areas according to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds and/or mangrove ecosystems, regardless of their location inside or outside protected wilderness areas. They must also maintain a minimum distance of 500 meters from the boundary of their impact area on the seabed to the boundary of every protected wilderness area. They must be evaluated in accordance with the requirements (05-ME). Production limits at this scale shall depend on each species group in Table 1, and the requirements for obtaining environmental approval are set forth in Table 4.

4. Large Scale:

Farming of marine aquatic organisms with high annual production in kilograms. These are considered projects with moderate to higher potential environmental impact. Projects at this scale may not be carried out in marine protected areas according to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds and/or mangrove ecosystems, regardless of their location inside or outside protected wilderness areas. They must also maintain a minimum distance of 1000 meters from the boundary of their impact area on the seabed to the boundary of every protected wilderness area. They must be evaluated under the requirements (OS-GE). Production limits at this scale shall depend on each species group in Table 1, and the requirements for obtaining environmental approval are set forth in Table 5.

Table 1. Mariculture farming scales by type of marine organism (Instructions for the assessment of environmental impacts) “ In the case of new invertebrate species not yet farmed, such as non-bivalve mollusks, echinoderms, macroalgae, and other species, the same category as Bivalve Mollusks shall be used.

Production (Kg/año) is established for whole headless shrimp, eviscerated fish, and whole oysters with both shells.

Environmental viability (viabilidad ambiental) for integrated multi-trophic aquaculture (acuicultura multitrófica integrada) (see definitions) shall be permitted and encouraged because of its environmental sustainability benefits at the different production scales (social/family, small, medium, and large scale). The category to be applied by type of organism (Table 1) shall depend on the species exceeding 60% of production. For example, if 60% fish and 40% mollusks are farmed, the marine fish category shall be used.

The area of small-, medium-, and large-scale projects shall be applied proportionally to the defined production. The project profile must clearly establish the maximum area to be used, and this must be consistent with the project’s production and comprehensive plan.

If an area is requested that does not correspond to the project’s technical description, with the intention of encompassing more area than necessary, environmental viability could be denied, or approval could instead be granted for a smaller area consistent with the project’s actual production and technology.

If the production of a farming project increases until it reaches the levels of the next scale, the person responsible for the project must submit the remaining requirements for the new scale.

For environmental viability to be granted, the distance between the boundaries of each farming area requested as a concession must comply with the provisions of the following table:

Table 2. Minimum distance in meters between the boundary of a farming area requested as a concession and areas of the same and other scales”

Annex 2

FUNDAMENTAL ENVIRONMENTAL COMMITMENT CLAUSE: This environmental registration (registro ambiental) is granted on the understanding that the developer of the project, works, or activity shall fully and completely comply with all technical, legal, and environmental regulations and standards in force in the country and to be enforced by other Costa Rican State authorities. Failure by the developer to comply with this clause shall not only subject the developer to the penalties entailed by noncompliance with such regulations but, because this clause forms part of the fundamental basis supporting the environmental registration, shall also cause that registration to be automatically annulled, with the technical, administrative, and legal consequences that this entails for the activity, works, or project and its developer, particularly with respect to the scope of application of Article 99 of the Ley Orgánica del Ambiente.

(…)

NON-TRANSFERABILITY CLAUSE CLAUSE (SIC): The undersigned undertakes not to submit another application for approval for the same purposes while the project for which environmental viability was requested is under development and must likewise declare that the concession covered by the environmental approval requested hereby will not be leased, sold, or assigned to third parties.

(Corrected by an Errata Notice and published in Alcance Digital N° 177 to La Gaceta N° 173 of 8 de setiembre del 2021, which corrected the content of this paragraph)”

ANNEX 3

Requirements for Each Mariculture Scale by Instrument The requirements established in this Decreto Ejecutivo are the sole and unvarying requirements for the parties to obtain environmental viability for Mariculture at each scale.

Table 7: SOCIAL/FAMILY (D5-SF}. Registration Time for SETENA to Grant Environmental Viability: No more than 1 O business days, subject to compliance with and completion of the form in Table 3.

Table 8: SMALL SCALE (D5-PE). Affidavit of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA) Time for SETENA to Grant Environmental Viability: No more than 30 business days, subject to compliance with and completion of the form in Table 4.

Table 9: MEDIUM SCALE (O5-ME) P-PGA CONTENTS FOR THE FORECAST – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (PLAN DE GESTION AMBIENTAL)* *In accordance with the Terms of Reference established in Decreto Ejecutivo Nº 32966-MINAE, of 20 de febrero de 2006 Time for SETENA to Grant Environmental Viability: No more than 40 business days plus a reasonable period for curing deficiencies, subject to compliance with and completion of the form in Table 5.

In this same Annex and Table, below the title, delete the phrase: “ In accordance with the Terms of Reference established in Decreto Ejecutivo Nº32966-MINAE, of 20 de febrero de 2006.

(The preceding Table 9 was corrected by an Errata Notice and published in Alcance Digital N° 177 to La Gaceta N° 173 of 8 de setiembre del 2021, which corrected the content of this paragraph)

Table 10:, LARGE SCALE (DS-GE}. Environmental Impact Assessment (Estudio de Impacto Ambiental, EslA) MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL TERMS OF REFERENCE FORM FOR PREPARING AN ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, EslA) In accordance with the Terms of Reference established in Decreto Ejecutivo N ° 32966-MINAE, of 20 de febrero de 2006” Time for SETENA to Grant Environmental Viability: No more than 60 business days, subject to compliance with the requirements requested in Table 6.

In this same Annex and Table, below the title, delete the phrase: “ In accordance with the Terms of Reference established in Decreto Ejecutivo Nº32966-MINAE, of 20 de febrero de 2006.” Note: Tables 7, 8, 9, and 10 of Annex 3 may be consulted at this link: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=93705&nValor3=124511&strTipM=TC

ANNEX 4

Guide to Environmental Indicators Definition:

Environmental indicators (Indicadores ambientales) are parameters whose function is to assess the current condition of an environmental system, such as the climate, a landscape, or an ecosystem, which is itself difficult to measure or assess.

Environmental indicators help track progress toward achieving environmental objectives—for example, the sustainable development goals—and their use facilitates monitoring and decision-making)1 .

1Environmental Indicators, Technical Report prepared by Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Oficina Regional para América Latina y el Caribe. (UNEP/LAC-IGWG.XIV/lnf.11 of 9 de octubre de 2003.

The indicators must be measurable, verifiable, quantifiable and/or qualitative and must contain a basic description.

For the Environmental Assessment (Evaluación Ambiental) overseen by SETENA, the review shall focus on compliance indicators (indicadores de cumplimiento), which have been classified into three types: l.

1. Type I: These are indicators for which quantitative information and data generated through continuous monitoring are available. They correspond to specific regulations.

2. Type II: These are indicators containing complete or partial quantitative data generated through continuous monitoring, but additional or broader data or information, as well as further analysis and processing thereof, are required before a trend or status can be presented.

3. Type III: These are conceptual indicators used when sufficient data are unavailable; they may be descriptive, qualitative, and/or predictive.

Notes: a. For Type III indicators, the PGA table must be updated during the environmental monitoring stage (etapa de seguimiento ambiental) when more detailed information is available at the design and EIA stages to generate Type l indicators.

b. It must be taken into account that, when the Supervisory Reports (Informes de Regencia) are submitted, all Type III indicators must be presented in terms of Type l indicators.

c. Entry and correction in the logbook (bitácora) (PGA Table).

ANNEX 5

Glossary of definitions relevant to this decree l. Definitions 1.1. Aquaculturist (acuicultor): A natural or legal person who regularly engages in the production of flora and fauna organisms in aquatic environments under controlled conditions. (article N ° 2 of the Ley de Pesca y Acuicultura) 1.2. Aquaculture (acuicultura): Commercial production of aquatic animals and plants in captivity under controlled conditions. Commercial aquaculture entails individual or collective ownership of the cultivated organisms, as well as the transportation, processing, and marketing of those organisms. (article N º 2 of the Ley de Pesca y Acuicultura) 1.3. Mariculture (maricultura): Mariculture is a specialized branch of aquaculture involving the cultivation of marine organisms for food products in marine cultivation structures located in the open sea, in an enclosed section of the ocean; this practice differs from inland aquaculture, which uses ponds or channels filled with water from the intertidal zone.

1.4. Integrated multi-trophic aquaculture (acuicultura multitrófica integrada): This is a practice in which the by-products (waste) of some species are recycled for use as inputs (fertilizers, feed) for others. Aquaculture in which feed is used (for example, fish and shrimp), combined with the aquaculture of inorganic extractive species (seaweed) and the aquaculture of organic extractive species (mollusks), for the purpose of creating a balanced system for environmental sustainability (biomitigation), economic stability (product diversification and risk reduction), and social acceptability (best management practices).

1.5. Concession (concesión): A legal act through which MINAE grants natural and legal persons a limited right to the sustainable use of waters for the development of aquaculture activities involving the production and utilization of specified species, under the terms and conditions expressly established in that contract. (article Nº 101 of the Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N ° 8436) 1.6. Environmental Consultant (consultor ambiental): A natural person registered in the SETENA registry of consultants to provide technical advice to a developer of activities, works, or projects and who is responsible for preparing the environmental impact assessments (evaluaciones de impacto ambiental, EIA) submitted to SETENA, in accordance with the provisions of these regulations. (Article N ° 3, DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC) 1.7. Sworn Declaration of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, DJCA): A statement made under oath and executed as a public instrument before a notary public, in which the developer of the activity, work, or project undertakes to comply fully and completely with the terms and conditions stipulated in the Environmental Management Forecast-Plan (Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental), or with any other guidelines arising from the environmental impact assessment process.

(Article N º 3, DE N º 31849-M/NAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC) 1.8. Developer (desarrollador): The natural or legal person, whether public or private, legally authorized to carry out the activity, work, or project, who acts as its proponent before SETENA and has a direct interest in carrying it out. This person shall also assume the environmental commitments and be directly responsible for complying with them. (Article N ° 3, DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC) 1.9. Potential Environmental Impact (Impacto Ambiental Potencial, IAP): A latent positive or negative environmental effect that the execution of an activity, work, or project would have on the environment. It may be predetermined by using as a reference the environmental impact caused by similar activities, works, or projects generally, which are already in operation. (Article N º 3 of DE N ° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC) 1.10. Permit (permiso): A special administrative act through which natural or legal persons, whether public or private, are authorized to conduct fisheries and aquaculture activities for development, educational, and research purposes, under the terms stated in article Nº2 of the Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N°8436

(The preceding subsection was corrected by means of a Notice of Errata and published in Digital Supplement N° 177 to La Gaceta N° 173 of 8 de setiembre del 2021, which corrected the content of this subsection.)

1.11. Environmental Viability (License) (Viabilidad [Licencia] Ambiental, VLA): Represents a state of harmonization or acceptable balance, from the standpoint of environmental load, between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographical area where it is intended to be implemented. From an administrative and legal standpoint, it is the act approving the environmental impact assessment process, whether at the Initial Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Inicial) stage, the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental) stage, or through another EIA document. (Article N° 3 of DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC).” The petitioner alleges that exempting minor and specific mariculture projects from the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) required for their approval, and the failure to establish a limit on the number of permits that may be authorized through those procedures, violate articles 7, 11, 21. 33, 50, 89, 140 subsections 3 and 18 of the Political Constitution.

She further alleges that this omission is contrary to article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights and principle 1 of the STOCKHOLM DECLARATION ON THE HUMAN ENVIRONMENT, adopted at the United Nations Conference on the Human Environment, 16 de junio de 1972. She also alleges a violation of principles 15 and 17 of the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development.

III. CLARIFICATION OF THE SUBJECT MATTER OF THE ACTION

By order issued at 12:00 on 16 de marzo de 2022, the President of the Chamber directed the petitioner to identify the challenged provisions. To comply with that direction, she filed a brief on 21 de marzo de 2022, stating that articles 1, 2, 3, 4, 5 and 6 of Decreto N°42755-MINAE and its annexes were being challenged. However, both in the initial filing and in the brief filed on the date stated, she refers to and transcribes only articles 1 through 4 of the challenged Decree, which are the provisions related to the claims of unconstitutionality raised, since she alleges that the failure to require environmental impact studies for the approval of minor and specific mariculture projects, as well as the absence of a limit on the number of permits that may be authorized through those procedures, is unconstitutional. Consequently, as provided in the order admitting this action for consideration, the subject matter of the proceedings is limited to the unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión) of articles 1, 2, 3, and 4 of Decreto Ejecutivo N°42755-MINAE and its annexes.

IV. ON THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT

Through the amendment of article 50 of the Political Constitution by Ley número 7412, of 3 de junio de 1994, the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment was expressly enshrined in the Constitution. This Tribunal had previously recognized it as a fundamental right—in particular, judgments número 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94 may be consulted—by deriving it from articles 21 (right to life), 69 (the constitutional requirement of “rational exploitation of the land”), and 89 (protection of natural beauty), all of the Political Constitution. The constitutional provision, however, recognizes environmental protection in two dimensions: first, as a true fundamental right belonging to every person and, in that sense, capable of being asserted individually (by a national, foreigner, adult or minor, legally incapacitated person, natural person, or legal person), because its defense concerns the community as a whole (not only nationals, but the entire global community); and second, as a true public power (potestad pública) that, as such, gives rise to specific obligations for the State as a whole, thereby shaping political objectives and, consequently, the actions of public authorities generally, so as to give full effect to this fundamental right.

Thus, a genuine obligation is imposed upon the State to protect the environment through mechanisms (formal and substantive actions and statutory and regulatory provisions) that provide effective protection of the environment and its natural resources, for the purpose of improving the human living environment. This goes beyond natural-conservation criteria and extends into the entire sphere in which people live and which facilitates their comprehensive development—physical, psychological, and mental. The effect of the right to a healthy and ecologically balanced environment on State activity is manifested, first, in the fact that rights, by definition, are not confined to the private sphere of individuals but have significance for the very structure of the State in its role as their guarantor and, second, because State activity is directed toward satisfying the interests of the community (see judgment número 2007-2063 issued at 14:40 on 14 de febrero de 2007).

Regarding the conceptualization of the “environment” protected by the fundamental right, this Tribunal stated in judgment Nº2012013367 issued at 11:33 on 21de setiembre de 2012 that it is not the sum or juxtaposition of resources; rather, it refers to interrelationships and balances and to the idea of a system, noting that ecology as a science teaches that nature must be conceived as a system. Nature consists of the relationships between organisms and the external world in their struggle for existence. In a given place there is a biocenosis (common life), or community of life, involving a certain number of species and individuals that influence one another. It is characterized by a level of integration that gives it its own form of regulation; any modification of one of its determining factors will cause changes in the others, whether for natural reasons or because of human intervention.

Thus, a certain order exists within the community that produces a beneficial result for each species because it generates the maximum productivity and stability of the whole. Like any system, it is characterized not only by interaction among its elements but also by the production of a global or general result pertaining to the entire system: its own existence, which is what may be called dynamic equilibrium (equilibrio dinámico), encompassed within the concept of “equilibrium” required by the Constitution. Life and the environment are connected to such an extent that they constitute a single system. Life depends on the environment; therefore, care must be taken to ensure that the conditions guaranteeing life are maintained over time. To that end, the Constitution requires measures of every kind to be implemented in a manner that respects the natural laws governing ecosystems, regardless of the development model adopted. In the same judgment, the Tribunal elaborated on the term environment:

“The Chamber has indicated that the environment must be understood as a development potential to be used appropriately, requiring integrated action with respect to its natural, sociocultural, technological, and political relationships, since otherwise its productivity for the present and the future is degraded and the heritage of future generations could be placed at risk. The origins of environmental problems are complex and correspond to an interplay of natural and social processes within the framework of the socioeconomic development model adopted by the country. For example, environmental problems arise when methods of exploiting natural resources cause degradation of ecosystems beyond their regenerative capacity, resulting in harm to broad sectors of the population and generating a high environmental and social cost that leads to a deterioration in quality of life; indeed, the primary objective of the use and protection of the environment is to achieve development and progress favorable to human beings.

Environmental quality is a fundamental parameter of that quality of life; other no less important parameters are health, food, work, housing, education, etc., but more important than that is understanding that, although human beings have the right to use the environment for their own development, they also have the duty to protect and preserve it for the use of present and future generations. This is not particularly novel, because it is merely the application in this field of the principle of ‘injury’ (lesión), already well established in ordinary law, under which the legitimate exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others and, on the other, the rational exercise and beneficial enjoyment of the right itself (…)” On the other hand, the goals of sustainable development (desarrollo sostenible) concern the survival and well-being of human beings and the maintenance of essential ecological processes, that is, environmental quality and the survival of other species.

To speak of sustainable development in terms of meeting present and future human needs and improving quality of life is to speak of the demand for natural resources at the individual level and of the direct or supporting means needed for the economy to function by generating employment and creating capital goods, which in turn make it possible to transform resources into consumer, production, and export goods. (Judgment of the Sala Constitucional Nº 601-2009).

With regard to the environment, which is the subject of the fundamental right described above, our Carta Magna further requires that it be “healthy.” The requirement that it be “healthy” leads us to “regenerative capacity” (capacidad regenerativa) and “successional capacity” (capacidad de sucesión) to guarantee life. From both requirements—“healthy” and “balanced”—arises the need for sustainable and enduring development (desarrollo sostenible y sustentable); quality of life and environmental quality depend upon it. Thus, by introducing the concepts of “environment,” “healthy,” and “ecologically balanced,” the constitutional provision incorporated science and technology into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, under sections 16 of the Ley General de la Administración Pública and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, State actions in environmental matters must be grounded in, and may not contradict, the unequivocal rules of science and technology, in order to achieve the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, “greater well-being for all inhabitants of the country” (…) “(judgment number 2012-13367 at 11:33 on 21 de setiembre de 2012).

With regard to the legal basis of the right to a healthy and ecologically balanced environment, the following international treaties and instruments are set forth, as they are the most relevant to the case under review:

- Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights, “Protocolo de San Salvador,” approved by Ley No. 7907 of 3 de setiembre de 1999, which states that “1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. 2. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment.” - The third paragraph of Article 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change (Ley No. 7414 of 13 de junio de 1994) states that the States Parties must “take precautionary measures to anticipate, prevent, or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects.” - Article 8 of the Convention on Biological Diversity (Ley No. 7416 of 30 de junio de 1994) establishes the State’s duty to manage resources “important for the conservation of biological diversity, whether within or outside protected areas, with a view to ensuring their conservation” (subsection c), and to promote “the protection of ecosystems and natural habitats and the maintenance of viable populations of species in natural surroundings” (subsection d).

Likewise, Article 14 provides that each State Party “shall introduce appropriate procedures requiring environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental) of its proposed projects that are likely to have significant adverse effects on biological diversity, with a view to avoiding or minimizing such effects.” - Article 5 of the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Ley No. 5980 of 16 de noviembre de 1976) requires the adoption of appropriate legal measures for the protection and conservation of natural heritage (subsection d).

- The Convention for the Conservation of Biodiversity and the Protection of Priority Wilderness Areas in Central America (Ley No. 7433 of 14 de setiembre de 1994) refers to the State’s obligation to take “all possible measures to ensure the conservation of biodiversity” (Article 10); including those “that contribute to conserving natural habitats and their populations of native species” (Article 13, subsection c); and to prioritize biodiversity conservation in its development strategies (Article 14).

V. CONSTITUTIONAL ENVIRONMENTAL PRINCIPLES

State action to guarantee effective environmental protection (tutela ambiental) is governed by constitutional environmental principles (principios constitucionales ambientales), which help determine the content of every person’s fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (see judgment number 2007-2063 at 14:40 on 14 de febrero de 2007). The constitutional environmental principles developed by this Constitutional Chamber include the following:

1. State responsibility for protecting environmental law (tutela del derecho ambiental a cargo del Estado): This principle derives from section 50 of the Constitution, which establishes the State’s obligation to guarantee, defend, and protect this right, thereby making the State the guarantor of the protection and preservation of the environment and natural resources (see judgment number 0644-99 at 11:24 on 29 de enero de 1999, reiterated in judgment number 2002-4947 at 09:24 on 24 de mayo de 2002).

2. Precautionary principle or principle of prudent avoidance (principio precautorio o principio de la evitación prudente): This concept, developed in decisions number 2806-98, 2003-06322, 2004-1923, and 2005-12039, among others, of this Court, is based on Principle 15 of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio Declaration, which refers to the necessary action and effect of anticipating and preventing possible harm to the constituent elements of the environment. It therefore advocates implementing measures aimed at the proper protection, conservation, and appropriate management of resources, that is, adopting all technical or operational measures to avoid, prevent, or contain possible harm to the environment or human health. Accordingly, where there is a risk of serious or irreversible harm—or an objective doubt in that regard—a precautionary measure must be adopted, and the activity in question may even be postponed, because subsequent enforcement is ineffective in this field, given that biological effects are irreversible in most cases; punishment may have moral significance, but it will hardly compensate for the harm caused to the environment.

Likewise, the precautionary principle applies when there is no scientific certainty regarding the environmental risks or impact of a measure and the available studies or information raise doubts about the risks or their potential adverse impact. The prevention or preventive principle (principio de prevención o preventivo), for its part, applies in cases where scientific evidence shows that the measure will cause environmental harm. In this second situation, the available information may be sufficient or insufficient, but the information that does exist establishes a degree of certainty regarding the adverse impacts that the measure will have on the environment. The difference between the two lies in whether scientific certainty exists concerning the potential risks or harm to the environment (see judgment number 2012-13367 at 11:33 on 21 de setiembre de 2012).

In sum, this principle, based on Article 50 of the Constitución Política and Article 15 of the Rio Convention, cited above, requires the Administration to adopt the measures necessary to provide full protection to the environment and prevent irreversible harm.

3. Principles of progressivity and non-regression in environmental protection. The former has been recognized by International Human Rights Law; among other international instruments, it is enshrined in articles 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these provisions, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent permitted by its capabilities and development, the levels of human-rights protection, with special consideration given to rights that, like the right to the environment (art. 11 of the Protocol), require multiple affirmative actions by the State for their protection and full enjoyment by all rights holders. Likewise, the principle of non-regression or irreversibility of the benefits or protection attained derives from the principle of progressivity of human rights and the principle of non-retroactivity of rules to the detriment of vested rights (derechos adquiridos) and settled legal situations (situaciones jurídicas consolidadas), enshrined in section 34 of the Constitution.

This principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case the right to a healthy and ecologically balanced environment, under which the State is required not to adopt measures or policies, or enact legal provisions, that worsen, without reasonable and proportionate justification, the level of rights attained up to that point. This principle does not entail absolute irreversibility, since all States experience domestic circumstances of an economic, political, or social nature, or caused by natural events, that negatively affect the achievements attained up to that point and require the new level of protection to be reconsidered downward. In such cases, Constitutional Law and the principles under examination require that the reduction in levels of protection be justified in light of the constitutional standards of reasonableness and proportionality (see judgment number 2012-13367 at 11:33 on 21 de setiembre de 2012).

Thus, there is a relationship between the principle of reasonableness as a standard of constitutionality and the right to the environment because, as this Court stated in judgment number 7294-1998, “the principle of reasonableness, in relation to the fundamental right to the environment, requires that the rules issued on this subject be duly supported by rigorous technical studies, even if no other legal provision expressly so required.” In summary, under these principles, the State is prohibited from taking measures that diminish the protection of fundamental rights, in this case the right to a healthy and ecologically balanced environment.

  1. 4Principles of the objective basis of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental), or the principle of adherence to science and technology (vinculación a la ciencia y a la técnica). As this Court stated in judgment number 14293-2005 at 14:52 on 29 de octubre de 2005, this principle entails the need to substantiate decisions in this field through technical studies, both with respect to actions by the Administration and provisions of general application—statutory and regulatory—from which arises the requirement of “adherence to science and technology,” an element that provides a technical and scientific basis for the Administration’s decisions in this field and, accordingly, limits and constrains the Administration’s discretion in its actions—in the terms set forth in article 16 of the Ley General de la Administración Pública. Accordingly, where the results derived from those technical studies—such as environmental impact studies (estudios de impacto ambiental)—provide objective technical criteria indicating the environmental viability of the project or the likelihood of manifest harm to the environment, natural resources, or human health, that circumstance requires the establishment of precautionary measures or the rejection of the proposed project, work, or activity; and in the event of “reasonable doubt,” decisions must favor the environment (pro-nature principle (principio pro-natura)).

5. Principle of rational use of natural resources. This axiom requires the necessary balance between the country’s development and the right to the environment, and is connected with constitutional article 69, from which derives the principle of rational use of land, imposing on both private parties and the State the obligation to protect and preserve renewable natural resources (see judgment number 2012-12716 at 16:01 on 12 de setiembre de 2012). On the basis of this principle, this Court—in its various rulings—has established the constitutional parameters for the proper use of those resources; under those parameters, it is clear that environmental protection must be directed toward the proper and intelligent use of its components and their natural, sociocultural, technological, and political relationships (sustainable development (desarrollo sostenible)), thereby safeguarding the heritage to which present and future generations are entitled. Therefore, the primary objective of the use and protection of the environment is that, through the production and use of technology, not only economic gains (freedom of enterprise (libertad de empresa)) be achieved, but above all the favorable development and evolution of the environment and natural resources alongside human beings, that is, without causing harm or injury” (see judgment number 6322-2003 at 14:14 on 03 de julio de 2003).

Likewise, under this principle there is also a relationship between the principle of reasonableness as a standard of constitutionality and the right to the environment, because the requirement of rational use of natural resources is directly linked to a standard for assessing the constitutionality of conduct—both administrative conduct and that of private parties—and of the rules governing the subject, namely reasonableness—as developed in the case law of this Constitutional Court; for example, see judgment number 2410-2007 at 10:15 on 21 de febrero de 2007—inasmuch as its purpose is to promote the sustainability of the use of natural resources and of the components comprising the environment through their “proper use.”

VI.ON THE LEADERSHIP OF THE MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, AS WELL AS THE NECESSARY COORDINATION AMONG THE VARIOUS INSTITUTIONS IN ENVIRONMENTAL MATTERS.- Regarding the leadership of the Ministerio de Ambiente y Energía in environmental matters, this Court stated in judgment number 2004-8928 at 16:37 on 18 de agosto de 2004 that the central State is the entity primarily entrusted with protecting the environment, as reaffirmed in the Ley Orgánica del Ambiente, number 7554 of 04 de octubre de 1996, which delegates a substantial portion of the powers in this field to the Ministerio de Ambiente y Energía without relieving other public entities of their responsibilities in this area. The Ministerio de Ambiente y Energía also has the authority to administer national wildlife refuges and wetlands, as further derived from articles 82 and 84 of the Ley de la Conservación Silvestre, 32 of the Ley Orgánica del Ambiente, 13 of the Ley Forestal, and 58 of the Ley de Biodiversidad (see judgment number 2004-8928 at 16:37 on 18 de agosto de 2004).

Notwithstanding the foregoing, the State, in the broad sense, is the guarantor of the protection and safeguarding of the environment and natural resources, and the other State institutions therefore also bear responsibility in this field. In this regard, this Constitutional Chamber has expressed the need for coordination among public agencies aimed at ensuring environmental protection. It stated as follows:

“On various occasions, constitutional case law has indicated that protecting the environment is a task incumbent equally upon everyone; that is, the State—as a whole—is obligated to take the measures necessary to protect the environment in order to prevent levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or improper use of natural resources that endanger the health of the governed population. For purposes of this task, the term public institution must be understood to encompass both the Central Administration—Ministries, such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministerio de Salud, which, by virtue of the subject matter, have extensive participation and responsibility with respect to environmental conservation and preservation and which most often act through their specialized agencies in the field, such as the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)—as well as decentralized institutions, such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, SENARA, the Instituto Costarricense de Turismo, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; municipalities, of course, also bear significant responsibility for this task within their respective territorial jurisdictions.

It might therefore be thought that this multiple allocation of responsibility would cause chaos in administrative management; however, that is not the case, because, in order to prevent the simultaneous coexistence of spheres of authority of differing origin and nature, the duplication of national and local efforts, and confusion regarding the rights and obligations of the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordinating relationships among the various agencies of the Executive Branch and the decentralized institutions, and between those bodies and the municipalities, so that they may carry out the functions entrusted to them (…)” (see judgment number 2009-000139 at 08:53 on 13 de enero de 2009).

In summary, although the Ministerio de Ambiente y Energía holds a substantial portion of the powers in this field, in its capacity as the lead authority on environmental matters and, therefore, as the body responsible for issuing policies on environmental protection and the management and sustainable use of natural resources, it is also true that coordination is necessary among the various public agencies responsible for ensuring environmental protection. (see judgment number 8713-2008 at 09:06 on 23 de marzo de 2006).

VII. ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL)

The State’s obligation to guarantee, defend, and safeguard the right to the environment, established in section 50 of the Political Constitution, as already indicated, is also imposed by international instruments establishing specific obligations that must be observed. In environmental matters, the duty of prevention (deber de prevención) that must apply in this field has been defined; in this regard, the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development, provides:

“Principle 15.- In order to protect the environment, States shall widely apply the precautionary approach (criterio de precaución) according to their capabilities. Where there are threats of serious and irreversible damage, lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.

Principle 17.- An environmental impact assessment shall be undertaken, as a national instrument, for any proposed activity that is likely to have a significant adverse impact on the environment and is subject to a decision by a competent national authority.” Prevention seeks to anticipate adverse effects and ensure the protection, conservation, and proper management of resources. Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and implement all precautionary measures necessary to prevent or contain potential harm to the environment or human health. Thus, where there is a risk of serious or irreversible harm—or uncertainty in that regard—a precautionary measure must be adopted, including postponement of the activity concerned. This is because, in environmental matters, ex post enforcement is ineffective, since once harm has occurred, the biologically and socially harmful consequences may be irreparable; punishment may carry moral significance, but it is unlikely to compensate for the damage caused to the environment.

This establishes the obligation to conduct a prior environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) of “any activity likely to have a significant adverse impact on the environment.” This obligation is developed in Costa Rican environmental legislation, specifically Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, which provides:

“Article 17.- Environmental impact assessment. Human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste or toxic or hazardous materials shall require an environmental impact assessment by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental created under this law. Prior approval by this agency shall be an indispensable requirement for commencing the activities, works, or projects. Laws and regulations shall specify which activities, works, or projects require an environmental impact assessment.” Consistent with the foregoing, constitutional case law has held that a prior environmental impact assessment forms part of the right to the environment. This administrative proceeding (procedimiento administrativo) makes it possible to identify and predict, from a technical and scientific perspective, the effects that an activity may have on the environment. The requirement for prior technical studies reflects the principle that decisions relating to the environment must be subject to scientific and technical criteria, in order to protect the system’s ecological balance and environmental health.

Furthermore, the requirement for technical studies is not a mere formality, but rather a substantive requirement; that is, an individualized scientific analysis must substantively demonstrate the degree of environmental impact of the relevant measure, set forth recommendations aimed at mitigating its adverse environmental impact, and demonstrate how that measure entails development that meets present needs without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs (see judgment number 2012-13367, issued at 11:33 on 21 de setiembre de 2012).

As this Chamber stated in judgment Nº2022025307, issued at 13:40 on 25 de octubre de 2022, the Ley Orgánica del Ambiente, N°7554 del 4 de octubre de 1995, in implementation of Article 50 of the Constitución Política and as a means of safeguarding or ensuring the precautionary principle (principio precautorio), the preventive principle (principio preventivo), and the principle of objective grounding of environmental law (principio de objetivación del derecho al ambiente), establishes technical authority for the scientific assessment of the environmental impact of the various actions and projects undertaken by human beings. Accordingly, that legislation confers this specialized authority upon a technical body known as the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, a body with maximum administrative autonomy (órgano de desconcentración máxima) within the Ministerio del Ambiente y Energía. Consistent with that purpose, it is assigned the fundamental objective of harmonizing environmental impact with production processes (Article 83).

To that end, the law grants it the authority to analyze and decide environmental impact assessments within the time limits established by the Ley General de la Administración Pública, and to recommend the actions necessary to minimize environmental impact, as well as those technically appropriate for environmental restoration. Article 7 of the Ley de Biodiversidad, Ley N°7788, in turn defines Environmental Impact Assessment as a scientific and technical procedure that makes it possible to identify and predict the effects that a specific action or project will have on the environment, quantifying and weighing them to guide decision-making. It includes the specific effects, their overall assessment, the alternatives providing the greatest environmental benefit, a program to control and minimize adverse effects, a monitoring program, a restoration program, and an environmental compliance guarantee (garantía de cumplimiento ambiental).

Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente is the provision that assigns SETENA the authority to conduct environmental impact assessments of human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste or toxic or hazardous materials, and provides that prior approval by this agency shall be an indispensable requirement for commencing the activities, works, or projects. It also establishes that laws and regulations shall specify which activities, works, or projects require an environmental impact assessment. Article 18 provides that approval of environmental impact assessments must be sought from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental in accordance with the guidelines it has prepared, and Article 19 states that the decisions of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental must be substantiated and reasoned, and shall be binding upon both private parties and public entities and agencies.

Now, for the environmental impact assessment assigned by the legislature to SETENA, the condition of the project or work shall determine, in each case, the technical instrument necessary to assess that impact; the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) is one such instrument, but it is not the only possible one. In this regard, this Chamber stated:

“d-The environmental impact study as an instrument of protection. Rules intended to protect the environment must have a technical foundation, because their application must begin with the conditions governing the use and exploitation of natural resources. This is so because, since environmental damage and pollution can be assessed, the impact of these elements requires scientific analysis and treatment. Hence the need for an environmental impact appraisal (valoración del impacto en el ambiente), which, as established by the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consists of a scientific and technical administrative procedure that makes it possible to identify and predict the effects that an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to guide decision-making. Under the cited Reglamento, which is decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC publicado el 28 de junio del 2004, and which amended decreto ejecutivo No. 25705-MINAE, environmental impact assessment encompasses three phases: a) an initial environmental assessment (evaluación ambiental inicial), consisting of a procedure for analyzing the environmental characteristics of the activity, work, or project in relation to its location, in order to determine the significance of the impact; this preliminary analysis may even result in the granting of potential environmental viability (viabilidad ambiental potencial), which is temporary, or in making such viability conditional upon the submission of other instruments for assessing that impact; b) preparation of the environmental impact study or other assessment instruments, as applicable.

The environmental impact study is an interdisciplinary technical document that serves as an instrument for environmental analysis and must be submitted by the developer of an activity, work, or project before it is undertaken; it is intended to predict, identify, assess, and remedy the environmental impacts that certain actions may cause, and to determine the environmental viability (license) (viabilidad [licencia] ambiental) of the project, work, or activity under study; and c) oversight and monitoring of the activity, work, or project through the established environmental commitments (compromisos ambientales). Environmental viability, in turn, represents a condition of acceptable harmonization or balance, from the standpoint of environmental load (carga ambiental), between the development and execution of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, on the one hand, and the environment of the geographic area where it is to be implemented, on the other.

From an administrative and legal standpoint, environmental viability is the act approving the environmental impact assessment process, whether during its Initial Environmental Assessment phase or during the approval phase for the Environmental Impact Study or Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), depending on the activity concerned and what it warrants. Pursuant to Article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, activities requiring an environmental impact study approved by SETENA are human activities that alter or destroy elements of the environment or generate toxic or hazardous material waste. Prior approval by this agency shall be an indispensable requirement for commencing the activities, works, or projects. Thus, protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment requires the State to take preventive measures to avoid harm to it; among the principal measures established by the legislature for this purpose are several technical instruments, most notably the Environmental Impact Study, as provided in the cited article, with the condition of the project or work determining, in each case, whether it is necessary…

The legislature entrusted the “Secretaría Técnica Nacional Ambiental” with the assessments to be conducted by “an interdisciplinary team of professionals registered with and authorized by the Secretaría… in accordance with the guidelines prepared by it…” (judgment No. 2004-9927, emphasis added; see also judgments 1220-2002, issued at 14:48 on 6 de febrero del 2002, 2005-05544, issued at 15:38 on 10 de mayo de 2005, and 2008-15315, issued at 14:59 on 10 de octubre de 2008) More recently, in judgment Nº2019020625, issued at 9:30 on 29 de octubre de 2019, the Chamber stated the following regarding the requirement for an environmental impact study:

“(…) The environmental impact study (estudio de impacto ambiental) is an interdisciplinary technical document that serves as an instrument for environmental analysis and must be submitted by the developer of an activity, work, or project before it is carried out. It is intended to predict, identify, assess, and correct the environmental impacts that certain actions may cause to the environment and to determine the environmental viability (license) of the project, work, or activity under study; and c) the control and monitoring of the activity, work, or project through the environmental commitments established. However, depending on the nature and effects that an activity may produce, the administration may also assess that impact through an Environmental Management Plan (Plan de Gestión Ambiental), which is likewise an instrument of the Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) and is a document containing the set of alternatives, modifications, and measures intended to prevent, mitigate, correct, offset, or restore the environmental risks or impacts of the project, work, or activity.

Once these instruments have been used, where applicable, SETENA determines the environmental viability of a project. This viability represents a condition of harmonization or acceptable balance, from the standpoint of environmental burden, between the development and implementation of an activity, work, or project and its potential environmental impacts, and the environment of the geographic area where it is to be implemented. From an administrative and legal standpoint, environmental viability corresponds to the act approving the environmental impact assessment process, whether at the Initial Environmental Assessment (Evaluación Ambiental Inicial) stage or at the stage of approval of the Environmental Impact Study or Environmental Management Plan, depending on the activity involved and what it warrants.” Similarly, judgment Nº2022025307 of 13:40 hours on October 25, 2022, states that the greater the intensity of the effects on environmental elements, the more detailed the preventive analysis must be:

“Taking into account that projects requiring environmental assessment (evaluación ambiental), depending on their scope and the degree to which they affect environmental elements, according to the different categories established in the applicable laws and regulations, and which might even require an environmental impact study under the terms of article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente, if the activities to be carried out alter or destroy environmental elements or generate waste or toxic or hazardous materials, the required analysis must be more detailed in proportion to the intensity of the effects; therefore, in the Chamber’s opinion, a provision that establishes a general period of 60 calendar days for all projects to determine environmental viability through the corresponding technical instrument, without regard to the differences noted above, is contrary to numeral 50 of the Constitución Política.” (boldface added) In summary, conducting an environmental impact assessment for activities that alter or destroy environmental elements or generate waste or toxic or hazardous materials is not merely a legal obligation but also a constitutional obligation.

Furthermore, the environmental impact assessment must be conducted using the appropriate technical instrument, depending on the degree of environmental impact, one such instrument—but not the only one—being the environmental impact study.

VIII. AQUACULTURE IN GENERAL AND SMALL-SCALE AQUACULTURE

Aquaculture, according to the Director of the Escuela de Ciencias Biológicas of the Universidad Nacional, must be analyzed in the context of one of the challenges facing humanity: the growing global demand for food. The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) estimates that, to meet the growing global demand for food, agriculture must increase its production by almost 50 %. This requires not only increasing production but also doing so more efficiently and, crucially, reducing the activity’s environmental impacts. The fundamental premise is sustainable and competitive production through agricultural practices that benefit both the environment and the economy. In this context, agricultural and livestock activities will inevitably continue to grow to guarantee food security and sovereignty in each country, and Costa Rica is no exception.

Marine aquaculture is an activity within the agricultural and livestock sector that takes place in the sea and is intended to cultivate and produce fish, shrimp, algae, mollusks, and other organisms in the aquatic environment, generally for human consumption. Marine aquaculture differs significantly from extractive fishing because the organisms are not removed from the environment for cultivation, with the consequent reduction of their natural populations. Marine aquaculture uses breeding techniques under controlled captive conditions to obtain the fish, shrimp, and other organisms that are transferred to farms at sea for growth and subsequent commercialization. Aquaculture is therefore a successful tool for replenishing species that have been overexploited by the fishing industry or affected by human pollution. It has also been established that the activity generates significant social, economic, and environmental benefits, including a greater impact on food security and poverty alleviation; employment opportunities for rural communities; a greater supply and availability of marine food products; improved nutrition and human well-being; increased foreign-exchange earnings; and improved nutrient recycling when integrated aquaculture systems are used.

However, although this activity is less harmful to the environment than other livestock-based food-production activities, it may also have adverse effects if not properly conducted. Its adverse environmental effects will depend strictly on the scale of production. For purposes of classifying agricultural and livestock production, the use of three scales—small, medium, and large—is normal and virtually universal within the sector. This distinction is made for the purpose of establishing standards, regulations, and even incentives according to production intensity. The greater the production, the more extensive the regulation in all areas, including environmental matters. At lower production intensity, regulation and requirements decrease because the environmental effects of production diminish and may even become so minor that they are deemed insignificant in terms of environmental harm.

Because of these characteristics, marine aquaculture is one of the most important activities for the development of “Blue Growth,” a strategy currently promoted by the United Nations through FAO, since it is considered a key element in achieving sustainable development (FAO. (2017). «The future of food and agriculture: trends and challenges». Available at: http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf), as its goals are aligned with the 2030 Agenda for Sustainable Development and its respective Sustainable Development Goals (SDGs).

Small-scale aquaculture and its development in Costa Rica. Small-scale aquaculture refers to the practice of cultivating and raising aquatic organisms, such as fish, mollusks, crustaceans, and aquatic plants, in smaller facilities generally managed by local communities or small producers. According to the report by the Director of the Escuela de Ciencias Biológicas of UNA, annual production on this scale is very low, and no significant environmental harm is anticipated. Small-scale aquaculture is therefore promoted by various State institutions, such as IMAS, State universities (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, Sistema de Banca para el Desarrollo, and INCOPESCA, the entity responsible for promoting and regulating the aquaculture subsector. The development of aquaculture is promoted because of its potential to generate sustainable development by creating jobs in marginalized areas, such as the country’s coastal regions, where the artisanal fishing sector has been affected by several factors that have led to social conditions of poverty and exclusion.

These efforts are directed specifically toward local associations and cooperatives in coastal areas whose members have limited financial resources and few opportunities for employment or for developing new productive ideas, particularly artisanal fishers. The submitted report further states that small-scale aquaculture projects can have a direct economic impact on more than 15 families and an indirect impact on 30. In addition, they enable artisanal fishers to transition from an extractive activity such as fishing to a very small-scale productive activity and, therefore, one with very low environmental impact. This makes it a strategy consistent with the country’s sustainable environmental policies that fulfills several of the Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda: (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (https://doi.org/10.4060/ca9229es), and it cites the following examples:

“SDG 1. No poverty According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), aquaculture provides employment to more than 20 million people worldwide and is one of the activities that can play a fundamental role in reducing poverty by creating direct and indirect sources of employment for suppliers of products and services associated with aquaculture.

SDG 2. Zero hunger Aquaculture is one of the main sources of protein in many regions of the world. “The oceans will provide us with a large share of the nutritious food we need through the development of new forms of sustainable aquaculture; aquaculture represents the best way to help feed approximately 10.000 million people over the coming years.” https://news.un.org/es/story/2020/11/1484232.

SDG 12. Sustainable production and consumption Aquaculture is not exempt from the carbon footprint, since all productive sectors, including this activity, generate greenhouse gases through the manufacturing, processing, transportation, storage, and commercialization of their products. However, not all foods of animal origin contribute equally to these gases, and aquaculture products produce emissions slightly below those of poultry and far below those of the pork and beef sectors.

SDG 14. Life below water In addition to helping increase populations living in aquatic environments, aquaculture can help conserve species that have been subjected to excessive exploitation by traditional fishing.

Furthermore, these projects also contribute to the country’s food security and sovereignty by providing food recognized for its nutritional quality and helping reduce dependence on seafood imported from other regions of the world, such as pangasius and tilapia from Asia.”

IX. ON THE LEGAL REGULATION OF AQUACULTURE IN COSTA RICA

The Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) is the governing body for aquaculture in Costa Rica and is responsible for its promotion, coordination, and regulation, in accordance with the provisions of Title III of Ley de Pesca y Acuicultura N.8436, dated 1 de marzo de 2005. As provided in Article 80, the State shall promote the diversification of fishing efforts by strengthening the development of aquaculture activities and granting them the special incentives and benefits provided for in this or other laws incentivizing nontraditional activities. Those who engage in this activity—which, according to Article 81, consists of the cultivation and production of aquatic organisms, whether flora or fauna, through the use of methods and techniques for their controlled development and encompasses their complete or partial biological cycle in natural or artificial aquatic environments, in both marine and inland waters—must obtain authorization from INCOPESCA to cultivate aquatic organisms in marine or inland waters, in addition to holding a concession for the use and exploitation of water granted by the Ministerio de Ambiente y Energía (Article 82).

The law likewise establishes that, as a prerequisite for applying for aquaculture authorization and a water-use concession, interested parties must submit their aquaculture projects together with an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) established by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), whose determination shall be binding (Article 83). In responding to the hearing granted in this action, the Executive President of INCOPESCA specified that, although an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) is not required for these categories and is required only for large-scale projects, other assessment instruments are established before project authorization may be granted. Table 1—Mariculture Categories—lists the requirements for each mariculture category. He adds that the level of environmental impact is established according to category, ranging from low impact for the social-family category to moderate impact for the large category, respectively, and also identifies the forms applicable according to the type of production category to be developed—Table 2, Environmental Impacts by Production Category and Associated Forms.

In addition, SETENA has also established the area in hectares and production levels in kilograms per year for each category and for each species of interest for cultivation, such as shrimp, fish, and oysters-mussels—Table 3. Established Production Area in Hectares and Production in kg per Year. The D5 instrument is submitted by a professional acting as environmental manager (regente ambiental), who will facilitate the process of completing the information and handling the proceedings before SETENA. Once the ENVIRONMENTAL REGISTRATION (REGISTRO AMBIENTAL) for the mariculture project has been obtained from SETENA, an application must be filed with the Water Directorate of the Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) for a concession covering the seawater flow rate (liters per second) to be used in the production of shrimp, fish, oysters, or mussels, as applicable. To estimate the water flow rate, INCOPESCA established the water flow required for mariculture in the social-family category.

Reference: Alvarado-Ruiz, C. (2022). Estimación del requerimiento de caudal L/seg para maricultura. El Bohío boletín electrónico. Vol. 12. No IO. 2939 p. INCOPESCA. Regarding the unlimited number of authorizations alleged by the petitioner, he states that, in response to this issue, sites have been selected along the Pacific and Caribbean coasts for the development of these projects and that, for this purpose, INCOPESCA is in the final review stage for the terms of reference to establish mariculture zoning in Costa Rica through the document “Términos de referencia para la contratación de una empresa o persona física para establecer la zonificación de la maricultura sostenible en la costa pacífica y caribe de Costa Rica (Programa de desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en Costa Rica).” Furthermore, before INCOPESCA may authorize a mariculture project at any scale, a resolution must first be obtained from SETENA and the Water Directorate; a biologist from the Dirección de Fomento of INCOPESCA then conducts a field inspection to issue a recommendation regarding feasibility (viabilidad) from an aquaculture standpoint, and only if that recommendation is favorable will the highest authority grant authorization.

This demonstrates that applications undergo review by all the institutions involved and must satisfy the requirements established by each of them before the project may be carried out. It is important to establish that, contrary to the petitioner’s contention regarding the violation of human rights and the rights to life and health, INCOPESCA records show that all mariculture projects approved or authorized after the challenged Decree entered into force fall within the Social-Family scale and are led by women, in accordance with the principles of zero hunger, the inclusion of women, gender equality, among others. See the reports by Troell et al., 2023, which, through a review of the scientific literature, indicate that aquaculture contributes to the 17 SDGs, among which the following are highlighted. J World Aquac Soc.2023;54:251—342/@2023 Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Journal of the World Aquaculture Society published by Wiley Periodicals LLC on behalf of World Aquaculture Society. He concludes that, in his view, the challenged provision not only has technical support but was also subjected to the legality controls required by the legal system, because it is not intended to cause regulatory backsliding, since the very dynamics of the sustainable use of natural resources make this field highly dynamic and changeable, such that what is permitted today may be prohibited tomorrow or vice versa, without this implying an intention to harm natural resources. For this very reason, INCOPESCA, as an autonomous entity, must ensure compliance with the principle of legality (principio de legalidad) and due process (debido proceso) for all authorized projects. Moreover, not all mariculture projects will cause environmental alterations, as in the case at issue, although this does not mean that they are unrestricted or exempt from regulations tailored to their scale, such as environmental commitments (compromisos ambientales), with which they must comply. By contrast, projects that may potentially cause considerable environmental alterations must, without exception and before authorization, undergo an environmental impact assessment.

X. ON EXECUTIVE DECREE N°42755-MINAE OF 22 DE FEBRERO DE 2021

Executive Decree N°42755-MINAE, “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría,” establishes the procedure through which the environmental impact assessment of mariculture projects, also known as marine aquaculture, is conducted. According to Article 2 of Ley de Pesca y Acuicultura, N.8436 of 1 de marzo de 2005, aquaculture activity consists of the cultivation and production of aquatic organisms, whether flora or fauna, through the use of methods and techniques for their controlled development; it encompasses their complete or partial biological cycle in natural or controlled aquatic environments, in both marine and inland waters. Nevertheless, the subject regulated by Executive Decree N.42755-MINAE, challenged herein, is mariculture or marine aquaculture. According to section 1, 3 of Annex 5 to the Decree under review, “mariculture is a specialized branch of aquaculture involving the cultivation of marine organisms for food products in offshore cultivation structures located in the open sea or in an enclosed section of the ocean, a practice that differs from inland aquaculture, which uses ponds or channels filled with water from the intertidal zone.” The regulations comprise the technical instrument required for preparing Environmental Impact Assessment Instruments (Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental), together with instructions for assessing environmental impacts and the reference forms for preparing those instruments.

The guide provides a specific instrument for the type of activity to be carried out at sea, based on technical criteria established by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, in accordance with Article 84(f) of Ley Orgánica del Ambiente, which establishes SETENA’s obligation and authority to prepare such guides for Environmental Impact Assessment Instruments as it deems necessary for each type of activity. The recitals (considerandos) of the challenged decree state that marine resources must be used within the framework of a model that promotes benefits for coastal communities and ocean health. Regarding the context of mariculture in Costa Rica, they emphasize that the best prospects are found in the marine area through the cultivation of fish and mollusks such as snappers, croakers, oysters, and mussels, although the cultivation of shrimp in cages and other invertebrates such as sea cucumbers is attracting increasing interest for development, thereby creating prospects for technical development and employment in coastal areas with high unemployment rates.

The recitals add that issuing the guide responds to the need to fulfill obligations undertaken by the Costa Rican State as a result of the approval of the Ramsar Convention, under which the parties commit to protecting coastal and marine wetlands to ensure their conservation and wise use. In this regard, it is stated that Costa Rica assumes the mandate of Resolution Xlll.20 on promoting the conservation and wise use of intertidal wetlands and ecologically associated habitats and must therefore ensure that activities, works, or projects related to mariculture are developed in a manner consistent with the Convention, to which Costa Rica has been a party since its ratification through Law N°7224 of 9 de abril de 1991.

To implement the processing of activities, works, or projects related to mariculture, the Decree establishes the technical instrument required for preparing Environmental Impact Assessment Instruments, the instructions for assessing environmental impacts, and the reference forms for preparing them. Regarding the proposal’s technical context, it defines different scales of marine aquaculture for obtaining the environmental feasibility determination (viabilidad ambiental) granted by SETENA, based on the production (Kg) of each group of species and the area to be granted under concession. It defines the categories of potential environmental impact for each scale and the specific requirements according to each category and scale. Given that the species currently cultivated commercially in Costa Rica’s marine zone are spotted rose snapper—Lutjanus guttatus—Pacific oyster—Crassostrea gigas—whiteleg shrimp Litopenaeus vannamei, and mussel Mytel/a sp.—the scales are established according to each group of species (fish, bivalve mollusks, and marine shrimp).

XI.ON THE ALLEGED UNCONSTITUTIONALITY OF DECRETO EJECUTIVO N.42755 MINAE. The petitioner alleges that exempting minor and specific mariculture projects from the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) requirement for approval, and the lack of a limit on the number of permits that may be authorized through those procedures, violates Articles 7, 11, 21. 33, 50, 89, and 140, subsections 3 and 18, of the Political Constitution, Article 11 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights, and Principles 15 and 17 of the Rio Declaration, adopted at the United Nations Conference on Environment and Development.

A.- On the alleged unconstitutionality of Decreto Ejecutivo N.42755 due to the exemption of Social-Family, Small-Scale, and Medium-Scale mariculture projects from the requirement to submit an environmental impact study.

The “General Guide for Assessing the Environmental Impacts Generated by Mariculture Activities and Forms by Category” (“Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría”) DE N.42755-MINAE identifies four classification scales for projects engaging in that activity, based on the area to be granted under concession and the annual production volume, depending on the species to be cultivated. The project scale determines not only the requirements that must be submitted but also the environmental impact assessment instrument (instrumento de evaluación de impacto ambiental) to which it is subject. The scales described in Anexo 1 are:

1. Social-Family Aquaculture: This consists of the cultivation of marine aquatic organisms by a family unit solely for subsistence or personal consumption, or for commercial purposes to generate its own employment, as well as the cultivation of marine aquatic organisms by associations, cooperatives, or other organized groups supported and assisted for at least the first two years by at least two State institutions, whose primary objective is to generate employment in the country’s coastal marine areas. These activities are characterized as having low potential environmental impact, even when located in protected marine areas whose legal designation permits this type of activity, according to the Sistema Nacional de área de Conservación SINAC.

2. Small Scale: This consists of the cultivation of marine aquatic organisms with low annual production measured in kilograms. These are considered projects with low potential environmental impact. Projects of this scale may not be carried out within the boundaries of protected marine areas unless the feasibility of this activity is established in the General Management Plans (Planes Generales de Manejo) and is permitted by the applicable category according to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC. They must also maintain a minimum distance of 100 meters between their floating infrastructure and the boundary of any protected wildlife area (área silvestre protegida), and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds and/or mangrove ecosystems, regardless of their location, whether inside or outside protected wildlife areas.

3. Medium Scale: This category encompasses the cultivation of marine aquatic organisms with medium annual production measured in kilograms. These are considered projects with Moderate Potential Environmental Impact. Projects of this scale may not be carried out within the boundaries of protected marine areas according to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds and/or mangrove ecosystems, regardless of their location, whether inside or outside protected wildlife areas. They must also maintain a minimum distance of 500 meters between the boundary of their area of impact on the seabed and the boundary of any protected wildlife area.

4. Large Scale: This consists of the cultivation of marine aquatic organisms with high annual production measured in kilograms. These are considered projects with Moderate to Higher Potential Environmental Impact. Projects of this scale may not be carried out in protected marine areas according to the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC and may not affect the sustainability of coral reefs and/or seagrass beds and/or mangrove ecosystems, regardless of their location, whether inside or outside protected wildlife areas. They must also maintain a minimum distance of 1000 meters between the boundary of their area of impact on the seabed and the boundary of any protected wildlife area.

Regarding the environmental assessment instrument (instrumento de evaluación ambiental) applicable to each of the scales described, Anexo 1 of the challenged Decree establishes that projects classified under Scale 1, Social-Family, shall be assessed through an environmental registration (registro ambiental); those classified under Scale 2, Small Scale, through a sworn declaration of environmental commitments (declaración jurada de compromisos ambientales); Medium-Scale projects through an Environmental Management Forecast Plan (pronóstico plan de gestión ambiental); and Large-Scale projects through an environmental impact study.

Based on the foregoing analysis, it is concluded, first, that the challenged regulations establish an Environmental Impact Assessment (Evaluación de Impacto Ambiental) for all scales and that, in each specific case, it shall be conducted using the technical instrument applicable to each of those scales, for which the greater or lesser potential impact that projects so classified may cause to environmental components is determinative. It is also observed that, to establish these classification scales for mariculture projects, the challenged regulations rely on objective technical criteria, such as the area to be granted under concession and the annual production volume in kg, depending on the type of species to be cultivated.

With respect to the ground of unconstitutionality alleged by the petitioner, it is indeed clear that Decreto N.42755 requires the technical assessment instrument known as an “environmental impact study” only for large-scale mariculture projects, whereas for medium-scale projects it provides for the application of the “Environmental Management Forecast Plan”; for small-scale projects, the “Sworn Declaration of Environmental Commitments” applies; and for projects classified as Social-Family Aquaculture, the “Environmental Registration” applies. In the Chamber’s view, however, the claim is without merit.

The challenged Decree is not unconstitutional by omission for failing to require an environmental impact study to assess the environmental impact of social-family, small-scale, and medium-scale mariculture projects, for the reasons set forth below.

First, although the precedents of this Chamber cited by the petitioner in support of her allegation of unconstitutionality do indeed refer directly to the environmental impact study, a technical environmental assessment instrument defined in Article 3.36 of the “General Regulations on Environmental Impact Assessment Procedures (EIA), Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC” (“Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC”), now repealed by Article 101 of the “Regulations on Environmental Assessment, Control, and Monitoring” (“Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental”), decreto ejecutivo N°43898 del 21 de diciembre del 2022, effective since 20 de agosto de 2023, a comprehensive reading of those decisions shows that they refer to Environmental Impact Assessment, a broader concept defined in Article 3.39 of the aforementioned Regulations as the scientific and technical administrative procedure that makes it possible to identify and predict the effects that an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to guide decision-making, and which “generally encompasses three phases: a) an initial environmental assessment (evaluación ambiental inicial), consisting of a procedure for analyzing the environmental characteristics of the activity, work, or project in relation to its location in order to determine the significance of the impact; this preliminary analysis may even result in the granting of potential environmental feasibility (viabilidad ambiental potencial) (which is temporary), or such feasibility may be conditioned on the submission of other instruments for assessing that impact; b) the preparation of the environmental impact study or other assessment instruments, as applicable.” (boldface added).

It is therefore clear that the constitutional obligation to conduct an Environmental Impact Assessment for any activity, work, or project that significantly alters the environment may be fulfilled through any of the technical instruments established for that purpose by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, as applicable. Nevertheless, neither the constitutional provisions invoked nor the international instruments cited by the petitioner establish that Environmental Impact Assessment must in every case be conducted through the technical instrument known as an “environmental impact study,” as alleged.

Furthermore, the development and preparation of Environmental Impact Assessment Instructions and Guides (Instructivos y Guías de Evaluación de Impacto Ambiental) is one of the functions assigned to the Secretaría Técnica Nacional Ambiental by Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 (Article 84, subsection f)); and, consistent with that authority, the Executive Branch, through the challenged decree, establishes the Environmental Impact Assessment (EIA) guide for Marine Aquaculture activities, setting scales according to project impact and magnitude based on the following objective parameters: the area to be granted under concession and annual production in kilograms, according to the species.

In this Court’s view, the provisions under review, which establish the environmental assessment instruments applicable to mariculture, are consistent with the principle that the regulations applicable to a productive project depend on the intensity of production, such that greater production entails greater regulation in all areas, including environmental regulation. Accordingly, the lower the intensity of production, the fewer the requirements for carrying out the productive activity, because the activity’s adverse effects on the environment decrease and may even be so minor as to be considered insignificant in terms of environmental harm (daño ambiental).

In the case of the Social-Family Aquaculture Scale, the regulations establish not only the maximum concession area and the maximum annual production volume per species applicable to this special category of small-scale mariculture, corresponding to activities with low potential environmental impact, but also conditions and requirements for the individuals or groups undertaking this productive activity: a) the cultivation of marine aquatic organisms must be carried out by a family unit solely for subsistence or personal consumption, or for commercial purposes to generate its own employment; b) the cultivation of marine aquatic organisms must be carried out by associations, cooperatives, or other organized groups that receive support and technical assistance for at least the first two years from at least two State institutions, whose primary objective is to generate employment in the country’s coastal marine areas.

According to the report of the Director of the Escuela de Ciencias Biológicas of the UNA, small-scale aquaculture is promoted by various State institutions—IMAS, state universities (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, Sistema de Banca para el Desarrollo, and INCOPESCA, the entity responsible for promoting and regulating the aquaculture subsector. The development of aquaculture is promoted because of its potential to generate sustainable development by creating employment in marginalized areas, for example, the country’s coastal areas, where the artisanal fishing sector has been affected by several factors that have led to social conditions of poverty and exclusion. Such efforts are specifically directed toward local associations and cooperatives in coastal areas composed of persons with limited financial resources and few opportunities for employment or for developing new productive ideas, particularly artisanal fishers.

In the Chamber’s view, promoting aquaculture under this small-scale model is supported not only by the provisions of Article 80 of the Ley de Pesca y Acuicultura, pursuant to which “the State shall promote the diversification of fishing efforts by strengthening the development of aquaculture activities and granting them the special incentives and benefits provided for in this law or in other laws providing incentives for nontraditional activities (…)”; it is also consistent with the first paragraph of Article 50 of the Constitución Política, insofar as it provides that “The State shall seek the greatest well-being of all the country’s inhabitants by encouraging and organizing production and the most appropriate distribution of wealth,” because State institutions intervene by providing specialized technical assistance and support to a highly vulnerable sector of the population so that its members may develop a productive activity that guarantees their livelihood and also provides the means to improve their living conditions, overcoming the poverty and unemployment affecting a large proportion of the inhabitants of Costa Rica’s coastal areas.

At the same time, this support seeks to ensure that groups carrying out the productive activity under this special small-scale model have access to the knowledge necessary to perform it properly and with the least possible impact on the environment, thereby fulfilling the duty of protection (obligación de tutela) imposed on the State by Article 50 of the Constitución Política.

Furthermore, under the General Information section of the annexes, the regulations add that the Guide provides basic guidance for the consulting team responsible for preparing the environmental impact assessment instrument (instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA), “because the characteristics of the geographical area and of the project, work, or activity proposed for development will determine the applicability of the Environmental Impact Assessment Guide (Guía de Evaluación de Impacto Ambiental, EIA) and the level of detail required by the environmental impact assessment instrument to be prepared. SETENA also uses this same principle to evaluate EIA Instruments.” Accordingly, all the scales established to classify projects take into account their spatial location in relation to protected wilderness areas (áreas silvestres protegidas), as established by the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC. The potential environmental impact of all projects, regardless of their size, on environmentally fragile areas (áreas ambientalmente frágiles) is therefore considered, which is consistent with the duty of protection established in Article 50 of the Constitución Política and the international conventions approved by Costa Rica.

For all the foregoing reasons, the Chamber finds that Decreto N.42755 does not violate Article 50 of the Constitución Política or Article 11 of Principle 17 of the Declaración de Río, because mariculture activities, regardless of the scale at which they are conducted, are subject to a prior environmental impact assessment in order to obtain environmental viability (viabilidad ambiental) from the Secretaría Técnica Nacional Ambiental. It is further noted that, for projects in which the activity’s success leads to an expansion of the project, movement to larger scales is permitted, provided that the applicant updates the studies required for the new concession areas, as stated in Anexo 1:

“If the production of a cultivation project increases until it reaches the levels of the next scale, the person responsible for the project must submit the remaining requirements applicable to the new scale.” It should be clarified that, as the Procuraduría General de la República points out, this proceeding does not examine whether the classification and instruments established in the challenged decree make it possible to conduct an adequate environmental impact assessment of family, small-scale, and medium-scale mariculture projects. Because the classification of projects and the determination of the assessment instruments governed by the challenged Decreto constitute a strictly technical decision, such an examination would require the claim to be properly substantiated through documents or technical opinions capable of demonstrating a violation of the principle of objective environmental protection (principio de la objetivación de la tutela ambiental), also known as the principle of adherence to science and technology (principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica).

In any event, the petitioner merely asserts that document D5, promulgated through Decreto N°42755-MINAE, “appears to contain contradictions regarding the country’s environmental impact assessment regulations and the international standard and therefore requires a detailed assessment.” It is therefore inappropriate for the Chamber to rule on this matter because the claim is imprecise and the record contains no technical evidence supporting it. It is likewise inappropriate for the Chamber to rule on the document submitted on 13 de octubre de 2022, after the action was filed, because Article 78 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides that the grounds for an action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) must be set out clearly, precisely, and with sufficient supporting reasons.

Accordingly, Decreto Ejecutivo N.42755.MINAE, “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría,” is not unconstitutional for failing to require an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) for mariculture projects classified as Family Social Scale, Small Scale, and Medium Scale, and it does not violate Article 50 of the Constitución Política or the international instruments invoked.

Nor has the regulatory authority (potestad reglamentaria) been exceeded because, as discussed, the Ley Orgánica del Ambiente granted the Secretaría Técnica Nacional Ambiental and the Poder Ejecutivo the authority to establish by regulation which works, activities, or projects, based on their size and potential impact, must undergo the environmental impact assessment procedure and, further, which corresponding technical assessment instrument must be used. Consequently, there is no violation of Articles 11 and 140, subsections 3) and 18), of the Constitución Política, as alleged.

For the foregoing reasons, the action is inadmissible with respect to those claims.

B. Regarding the absence of a limit on the number of permits that may be authorized under the established procedures. The petitioner alleges that Decreto Ejecutivo N-42755 violates the right to a healthy and ecologically balanced environment because it does not establish a limit on the number of permits that may be authorized under those procedures.

In this regard, the Chamber finds that there is no omission violating Article 50 of the Constitución Política because the challenged Decreto N42755 provides in Anexo 1 for planning and for addressing potential cumulative effects in areas with a high density of projects by establishing setback distances from other projects to be developed, based on their respective scale. These distances must be observed for environmental viability to be granted. The provision states:

“For environmental viability to be granted, the distance between the boundaries of each cultivation area requested as a concession must be observed in accordance with the following table:

Table 2. Minimum distance in meters between the boundary of a cultivation area requested as a concession and cultivation areas at the same and other scales:

Family social Small Scale Medium Scale Large scale Family Social 250 Small scale 500 750 Medium scale 750 1000 1500 Large scale 1000 1500 2000 4000 Furthermore, because mariculture projects are conducted at sea, where the waters are in the public domain (dominio público), the activity is subject to a special legal regime. An application for a surface-water-use concession (concesión de aprovechamiento de aguas superficiales) must be submitted to the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Articles 1 and 19 of Ley de Aguas N. 276 and Article 2, subsection f), of Ley 7152 Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía). Additionally, aquaculture is an activity regulated by Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N.8436, Article 81 of which defines it as the cultivation and production of aquatic organisms, whether flora or fauna, through the use of methods and techniques for their controlled development; it encompasses their complete or partial biological cycle in natural or artificial aquatic environments, in both marine and inland waters.

To develop aquaculture projects, in addition to obtaining a water-use concession, authorization must be obtained from the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Under Article 83 of Ley de Pesca y Acuicultura, to apply for aquaculture authorization and a water-use concession, interested parties must submit the respective aquaculture projects together with the required environmental impact assessment; for this purpose, the respective aquaculture projects must be submitted together with an environmental impact assessment as determined by SETENA, where applicable, which shall be binding on the parties. The aforementioned provisions also guarantee environmental protection.

There is therefore no unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión) in the challenged Decreto on the grounds alleged by the petitioner, because the challenged regulations do contain provisions whose effect is to limit the number of mariculture projects in a given geographical area for the protection of the environment, since they require compliance with separation distances between mariculture projects in order for those projects to obtain environmental viability.

Furthermore, because this activity is conducted in marine waters, it is governed by other statutory provisions intended to ensure that it is carried out in a manner that does not adversely affect the environment. Accordingly, the interested party must obtain a surface-water-use concession (concesión de aprovechamiento de aguas superficiales) from the Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, a legal act through which MINAE grants natural and legal persons a limited right to the sustainable use of waters for conducting aquaculture activities involving the production and utilization of certain species, under the terms and conditions expressly established in that contract (Article 2.13 of Ley de Pesca y Acuicultura N.8436). Furthermore, pursuant to Article 112 of Ley de Pesca y Acuicultura, N.8436, authorization from INCOPESCA must be obtained to conduct aquaculture activities, as well as to modify the area of the aquaculture concession (concesión acuícola) or to change or replace the species authorized for cultivation under the aquaculture project.

Therefore, the aforementioned statutory provisions vest the Ministerio de Ambiente y Energía and Incopesca with authority to determine whether water-use concessions and authorizations to conduct mariculture activities are warranted. These provisions also establish the requirement for an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) before the Secretaria Técnica Nacional Ambiental, which, as previously stated, evaluates the environmental impact of mariculture projects by applying the environmental regulations in force and the environmental impact assessment guide contained in Decreto Ejecutivo N.42755, challenged herein. Consequently, the action must also be dismissed with respect to this issue.

XII. CONCLUSION

Based on the foregoing considerations, the Chamber finds that Decreto Ejecutivo N°42755, “General Guide for Assessing Environmental Impacts Generated by Mariculture Activities and Forms by Category” (“Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría”), is not unconstitutional by omission and does not violate Article 50 of the Constitution. Nor is there any violation of Article 7° of the Constitución Política, because the challenged provisions are not contrary to the international conventions and instruments invoked. Finally, the alleged violation of Article 140, subsections 3) and 18), of the Constitución Política has not been established, because the Executive Branch has not exceeded the scope of its regulatory authority (potestad reglamentaria).

XIII. NOTE BY JUSTICE RUEDA LEAL

In the matter under examination (sub examine), I offer the following clarifications regarding legal doctrine (dogmática jurídica).

First, concerning the right to a healthy and ecologically balanced environment, this Court stated in judgment no. 2022022070, issued at 9:20 a.m. on September 23, 2022:

“Concerning the nature of the grievances alleged in the matter at hand (sub lite), this Court has ruled repeatedly on the right to a healthy and ecologically balanced environment. For example, in judgment no. 2021024807, issued at 9:20 a.m. on November 5, 2021, this Chamber stated:

“On repeated occasions, the case law (jurisprudencia) of this Chamber has emphasized that the right to a healthy and ecologically balanced environment is recognized at both the constitutional and treaty-law levels. It has likewise been stated that the effective protection of that right requires resources to be used rationally, in which context the State and the public at large must act in accordance with the principles governing environmental matters. In this regard, specialized legal scholarship (doctrina especializada) has stated that the preventive principle (principio preventivo) requires an activity that may affect the environment to be prohibited, limited, or made subject to compliance with certain requirements when there is certainty that environmental harm may occur. In general, this principle applies when risks are clearly defined and identified as at least probable; it is also useful when there are no technical reports or administrative permits guaranteeing the sustainability of an activity, but sufficient grounds exist to anticipate potential adverse impacts.

The precautionary principle (principio precautorio), by contrast, provides that when there is a threat of serious and irreversible harm, a lack of absolute scientific certainty must not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. It follows that the principle is based on reasonable scientific uncertainty coupled with the threat of serious and irreversible environmental harm. In general terms, a material distinction between the preventive and precautionary principles lies in the degree of knowledge and certainty regarding the risks posed by an activity or project. Whereas such certainty exists under the former, the latter involves a state of doubt arising from scientific information or technical studies. Thus, the Costa Rican State is required to adopt measures that ensure the effective protection and preservation of the environment in accordance with those principles.

That objective obligation does not, however, necessarily entail an individual right (derecho subjetivo) to demand through the courts that a specific measure be taken; it does entail the right to have suitable measures adopted to protect that right in response to manifestly negligent conduct by public authorities or by natural and legal persons, in accordance with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (eficacia horizontal de los derechos fundamentales) (Drittwirkung der Menschenrechte), whose procedural manifestations include the amparo proceeding (amparo) against private-law parties.

It is also important to emphasize that the Corte Interamericana de Derechos Humanos, in Advisory Opinion OC-23/17 of November 15, 2017, addressed State obligations concerning the environment with a view to safeguarding the human rights enshrined in the Convención Americana sobre Derechos Humanos.

In that opinion, the Court recognized the interrelationship between environmental protection and the realization of other rights, insofar as environmental degradation affects the effective enjoyment and exercise of human rights. In this regard, it stated:

“47. This Court has recognized the existence of an undeniable relationship between environmental protection and the realization of other human rights, insofar as environmental degradation and the adverse effects of climate change affect the effective enjoyment of human rights. Likewise, the preamble to the Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (hereinafter, “Protocolo de San Salvador”) emphasizes the close relationship between the effectiveness of economic, social, and cultural rights—which include the right to a healthy environment—and that of civil and political rights, and states that the different categories of rights constitute an indivisible whole grounded in recognition of the dignity of the human person; accordingly, they require permanent protection and promotion in order to achieve their full effectiveness, and the violation of some rights can never be justified for the sake of realizing others (…)

49. For its part, the Inter-American Commission has emphasized that several fundamental rights require, as a necessary precondition for their exercise, a minimum level of environmental quality, and are profoundly affected by the degradation of natural resources. Similarly, the General Assembly of the OAS has recognized the close relationship between environmental protection and human rights (supra para. 22) and emphasized that climate change has adverse effects on the enjoyment of human rights. 50. At the European level, the European Court of Human Rights has recognized that severe environmental degradation may affect an individual’s well-being and, consequently, result in violations of people’s rights, such as the rights to life, respect for private and family life68, and private property. Similarly, the African Commission on Human and Peoples’ Rights has indicated that the right to a “generally satisfactory environment favorable to development” is closely related to economic and social rights insofar as the environment affects an individual’s quality of life and security (…) 52.

Furthermore, international law broadly recognizes the interdependent relationship between environmental protection, sustainable development (desarrollo sostenible), and human rights. This interrelationship has been affirmed since the Stockholm Declaration on the Human Environment (hereinafter the “Stockholm Declaration”), which established that “[e]conomic and social development is essential for ensuring a favorable living and working environment for human beings and for creating conditions on Earth that are necessary for improving the quality of life,” affirming the need to balance development with protection of the human environment. Subsequently, in the Rio Declaration on Environment and Development (hereinafter the “Rio Declaration”), the States recognized that “[h]uman beings are at the center of concerns for sustainable development” and, at the same time, emphasized that “in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process.” Following the foregoing, the Johannesburg Declaration on Sustainable Development established the three pillars of sustainable development: economic development, social development, and environmental protection.

Likewise, in the corresponding Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, the States recognized that consideration must be given to the possible relationship between the environment and human rights, including the right to development. 53. Moreover, in adopting the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations General Assembly recognized that the realization of the human rights of all persons depends on achieving the three dimensions of sustainable development: economic, social, and environmental. Similarly, several instruments within the inter-American sphere have referred to environmental protection and sustainable development, such as the Inter-American Democratic Charter, which provides that “[t]he exercise of democracy facilitates the preservation and sound management of the environment,” and therefore “it is essential that the States of the Hemisphere implement environmental protection policies and strategies, respecting the various treaties and conventions, in order to achieve sustainable development for the benefit of future generations” (…) 55.

As a consequence of the close connection between environmental protection, sustainable development, and human rights (supra paras. 47 to 55), currently (i) multiple human rights protection systems recognize the right to a healthy environment (derecho al medio ambiente sano) as a right in itself, particularly the inter-American human rights system, while there is no doubt that (ii) numerous other human rights are vulnerable to environmental degradation, all of which entails a series of environmental obligations of States for purposes of fulfilling their obligations to respect and guarantee those rights. Indeed, another consequence of the interdependence and indivisibility between human rights and environmental protection is that, in determining these State obligations, the Court may draw upon the principles, rights, and obligations of international environmental law (derecho ambiental internacional), which, as part of the international corpus iuris, contribute decisively to determining the scope of the obligations arising from the American Convention in this area (supra paras. 43 to 45) (…) 59.

The human right to a healthy environment has been understood as a right with both individual and collective dimensions. In its collective dimension, the right to a healthy environment constitutes a universal interest owed to both present and future generations. However, the right to a healthy environment also has an individual dimension, insofar as its violation may have direct or indirect repercussions on individuals due to its connection with other rights, such as the rights to health, personal integrity, and life, among others. Environmental degradation may cause irreparable harm to human beings; therefore, a healthy environment is a fundamental right for the existence of humanity.” This interrelationship between the environment and the enjoyment of other human rights has also been recognized by the United Nations Human Rights Council, which, in resolution A/HRC/RES/46/7, adopted on 23 de marzo de 2021 during its 46° session, held:

“Recognizing also that sustainable development and environmental protection, including the protection of ecosystems, contribute to human well-being and the enjoyment of human rights, particularly the rights to life, enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, safe drinking water and sanitation, and housing, as well as cultural rights.” Also, more recently, in resolution A/HRC/RES/48/13, adopted on 8 de octubre de 2021, that Council stated:

“(…) Recognizing that sustainable development, in its three dimensions (social, economic, and environmental), and environmental protection, including the protection of ecosystems, contribute to and promote both human well-being and the enjoyment of human rights, including the enjoyment of the rights to life, the highest attainable standard of physical and mental health, an adequate standard of living, adequate food, housing, safe drinking water and sanitation, and participation in cultural life, for present and future generations (…)

Recognizing further that environmental degradation, climate change, and unsustainable development are among the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy human rights, including the right to life (…)

Recognizing the importance of a clean, healthy, and sustainable environment as essential to the enjoyment of all human rights (…)

1. Recognizes the right to a clean, healthy, and sustainable environment as a human right that is important for the enjoyment of human rights; 2. Notes that the right to a clean, healthy, and sustainable environment is related to other rights and existing international law (…)”. (Emphasis not in the original).

This reflects the particular importance of the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment (derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado), whose defense transcends protection of this constitutional interest in itself, since its preservation is an essential factor for the effective safeguarding of other fundamental human interests (such as life, health, property, and equality), such that if the former fails, the latter cannot be effectively safeguarded.

Beyond the foregoing, the Inter-American Court of Human Rights, in the opinion cited supra, recognized the right to a healthy environment as an autonomous right, eligible for protection regardless of any risk of harm to individual persons. In this regard, it held:

“62. This Court considers it important to emphasize that the right to a healthy environment as an autonomous right, unlike other rights, protects components of the environment, such as forests, rivers, seas, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding risk to individual persons. Nature and the environment are to be protected not only because of their connection to a benefit for human beings or because of the effects their degradation could have on other rights of individuals, such as health, life, or personal integrity, but also because of their importance to the other living organisms with which the planet is shared, which are themselves also deserving of protection. In this regard, the Court notes a trend toward recognizing legal personality and, consequently, rights of nature, not only in judicial decisions but even in constitutional systems. 63. Thus, the right to a healthy environment as an autonomous right is distinct from the environmental content arising from the protection of other rights, such as the right to life or the right to personal integrity.” (Emphasis not in the original).

This position was adopted in the judgment of 6 de febrero de 2020 concerning the case “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina,” in which, moving beyond an anthropocentric approach, the CorteIDH affirmed that the right to a healthy environment, in addition to being fundamental to the very existence of human beings, constitutes an autonomous and universal right, such that the protection of various components of the environment (such as forests, seas, rivers, and others) constitutes a legal interest in itself. In the words of the CorteIDH: “Nature is to be protected,” not only because of its “utility” or “effects” with respect to human beings, “but also because of its importance to the other living organisms with which the planet is shared.” Given the significance of this statement, it is appropriate to reproduce this section of the aforementioned decision:

“203. The Court has already addressed the content and scope of this right, taking into account various relevant provisions, in its Advisory Opinion OC-23/17, and therefore refers to that decision. On that occasion, it affirmed that the right to a healthy environment “constitutes a universal interest” and “is a fundamental right for the existence of humanity,” and that “as an autonomous right […] it protects components of the […] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding risk to individual persons. Nature is to be protected,” not only because of its “utility” or “effects” with respect to human beings, “but also because of its importance to the other living organisms with which the planet is shared.” The foregoing does not preclude, of course, the possibility that other human rights may be violated as a result of environmental harm.” (Emphasis not in the original).

Based on the foregoing, this Chamber, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the obligations under international conventions and the Constitution, which require the State not only to recognize the rights enshrined therein but also to impose the legal measures necessary for their protection” (emphasis in the original).

In addition to the foregoing, the United Nations General Assembly recently adopted resolution no. A/RES/76/1-A/RES/76/300 of July 28, 2022, which states:

“1. Recognizes the right to a clean, healthy and sustainable environment as a human right; 2. Notes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is related to other rights and existing international law; 3. Affirms that the promotion of the human right to a clean, healthy and sustainable environment requires the full implementation of multilateral environmental agreements in accordance with the principles of international environmental law; 4. Calls upon States, international organizations, business enterprises and other relevant stakeholders to adopt policies, enhance international cooperation, strengthen capacity-building and continue to share good practices in order to intensify efforts to ensure a clean, healthy and sustainable environment for all.” This resolution is the formal expression of the will of the principal deliberative, policymaking, and representative body of the United Nations. Accordingly, it constitutes a universal political commitment that must be regarded as a source of soft law of the utmost relevance.

Specifically, resolution no. A/RES/76/1-A/RES/76/300 affirms that the right to a healthy and ecologically balanced environment (derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado) is a human right. In doing so, it contributes significantly to its incorporation into positive law (positivización), resulting in its technical understanding as a “fundamental right” (derecho fundamental). It also strengthens the notion that environmental protection is an “autonomous” human right, that is, one that has value in and of itself, such that, on the one hand, it has its own conceptual existence, distinct from the environmental content that unquestionably arises from the protection of other rights (such as life or health), and, on the other hand, the object of its protection extends beyond human beings, since it safeguards the various components of nature because of their importance in preserving the existence of living organisms in general, irrespective of their usefulness to human beings.

It also reiterates and, in that manner, strengthens the position that the right to a healthy and ecologically balanced environment is linked to other human rights, which means that its infringement may entail violations of health, life, and democratic sustainable development, to cite only a few examples. The foregoing confers particular legal significance on the right in question.

In addition, the United Nations General Assembly provides that protecting the right to a healthy and ecologically balanced environment requires the full implementation of treaty-based rights (derechos convencionales) related to the environment, in keeping with the principles of international environmental law. It follows from the foregoing that its inclusion within this Chamber’s judicial review of constitutionality (control jurisdiccional de constitucionalidad) is essential.

Finally, in harmony with the recognized theory of the horizontal effect of fundamental rights (eficacia horizontal de los derechos fundamentales; Drittwirkung der Menschenrechte), resolution no. A/RES/76/1-A/RES/76/300 provides that the obligation to safeguard the environment extends beyond States to international organizations, business enterprises, and other stakeholders, the latter term encompassing human beings in general. It is precisely in this sense that the Ley de la Jurisdicción Constitucional provides for amparo proceedings (amparo) against private-law entities.

In sum, under the conceptual framework explained ut supra, this Constitutional Court, as guarantor of fundamental rights, must ensure compliance with the treaty and constitutional commitments that impose on the Costa Rican State and society at large not only the obligation to recognize environmental rights, principles, and values, but also the obligation to implement all measures and actions required to ensure their effective protection” (emphasis in the original).

With respect to the precautionary and preventive principles (principios precautorio y preventivo), judgment no. 2004002473 at 8:32 hours on March 12, 2004 conceptualizes them as follows:

“IV.- PRECAUTIONARY PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL LAW. One of the guiding principles of Environmental Law is the precautionary principle, also known as the principle of prudent avoidance. This principle is embodied in the United Nations Conference on Environment and Development, or Rio Declaration, which states verbatim: “Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there is a threat of serious and irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” Within the domestic legal system, the Ley de Biodiversidad (No. 7788 of April 30, 1998), in Article 11, establishes the following principles as interpretive parameters: “1.- Preventive approach: It is recognized that anticipating, preventing, and addressing the causes of biodiversity loss or threats thereto is of vital importance. 2.- Precautionary approach, or in dubio pro natura: Where there is a danger or threat of serious or imminent harm to elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protective measures.” In this Chamber’s Voto No. 1250-99 at 11:24 hours on February 19, 1999 (reiterated in Votos Nos. 9773-00 at 9:44 hours on November 3, 2000, 1711-01 at 16:32 hours on February 27, 2001, and 6322-03 at 14:14 hours on July 3, 2003), this Court held as follows: “(...) Prevention seeks to anticipate negative effects and to ensure the protection, conservation, and proper management of resources.

Consequently, the guiding principle of prevention is based on the need to take and implement every precautionary measure necessary to avoid or contain possible harm to the environment or human health. Thus, where there is a risk of serious or irreversible harm—or doubt in that regard—a precautionary measure must be adopted, including postponement of the activity concerned. This is because, in environmental matters, ex post facto coercive action is ineffective: once socially harmful biological consequences have occurred, enforcement may have moral significance, but it will hardly compensate for the environmental damage caused.” Subsequently, in Voto No. 3480-03 at 14:02 hours on May 2, 2003, this Court stated that “Properly understood, the precautionary principle concerns the adoption of measures not when the facts giving rise to risk are unknown, but when there is no certainty that such facts will actually produce harmful effects on the environment.” In cases such as the one under consideration, the precautionary principle, or in dubio pro natura principle, means that when there are no studies or reports prepared in accordance with the unequivocal and strictly applicable rules of science and technology that make it possible to reach a state of absolute certainty regarding the harmlessness of the activity intended to be carried out in the environment, or when such studies or reports are contradictory, the entities and bodies of the centralized and decentralized administration must refrain from authorizing, approving, or permitting any new application or application for modification; suspend those already under review until the uncertainty has been resolved; and, concurrently, adopt all measures aimed at environmental protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment.

In essence, sound environmental management requires protecting the resource before it is degraded.” That standard has been reiterated in numerous rulings; for example, in judgment no. 2019012579 at 13:20 hours on July 5, 2019:

“… the precautionary principle, or in dubio pro natura, means that when there are no studies or reports prepared in accordance with the unequivocal and strictly applicable rules of science and technology that make it possible to reach a state of absolute certainty regarding the harmlessness of the activity intended to be carried out in the environment, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new application or application for modification; suspend those already under review until the uncertainty has been resolved; and, concurrently, adopt all measures aimed at environmental protection and preservation in order to guarantee the right to a healthy and ecologically balanced environment (…)”. (See, to the same effect, judgments nos. 2019012549 at 13:20 hours on July 5, 2019, and 2012016866 at 14:30 hours on December 4, 2012, among many others).

In addition, I consider it essential to clarify the notion of the precautionary principle, or in dubio pro natura, in several respects.

First, the preventive principle must not be confused with the precautionary principle, since each has particular characteristics that distinguish it from the other, as reflected in judgment no. 2021024807 at 9:20 hours on November 5, 2021, in which this Chamber explained: “In this regard, specialized legal scholarship has noted that the preventive principle requires that, when there is certainty of potential environmental harm, the harmful activity must be prohibited, restricted, or made conditional upon compliance with certain requirements. In general, this principle applies when risks have been clearly defined and identified as at least probable; likewise, it is useful when no technical reports or administrative permits guarantee the sustainability of an activity, but sufficient grounds exist to foresee potential adverse impacts. The precautionary principle, by contrast, provides that where there is a threat of serious and irreversible harm, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.

It follows that the principle rests on reasonable scientific uncertainty combined with the threat of serious and irreversible environmental harm. In general terms, a relevant distinction between the preventive and precautionary principles lies in the level of knowledge and certainty regarding the risks posed by an activity or project. Whereas such certainty exists under the former, the latter involves a state of doubt resulting from scientific information or technical studies (…)” (boldface supplied).

Second, the precautionary principle (principio precautorio) must be understood precisely as set forth in Principle XV of the Rio Declaration on Environment and Development: “Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” That is, it does not entail a requirement to have scientific studies establishing the “absolute certainty” that an activity will cause no harm to the environment—in principle, total certainty is scarcely attainable—but rather that, even where the threat of serious or irreversible environmental damage has not been fully established, such uncertainty must never justify or excuse postponing the implementation of effective measures to prevent environmental degradation. In this regard, it should be noted, on the one hand, that this does not concern just any threat—it must plausibly involve a serious danger—and, on the other, that the measure requires the effective and efficient use of the resources employed.

In the foregoing sense, although the precautionary principle is linked to a certain level of scientific uncertainty, this does not mean that it may be applied without restriction on the grounds that any activity could cause environmental damage, which would undermine its very purpose; rather, there must be some degree of identification of the threats of serious or irreversible damage that could arise, the determination of which varies according to the particular circumstances of each specific case. Thus, when faced with a situation requiring application of the precautionary principle, public entities and bodies must refrain from authorizing, approving, or permitting any new application or application for modification that reasonably entails a serious risk; they are even required to suspend activities already under way and, at the same time, must efficiently adopt all measures required to preserve a healthy and ecologically balanced environment (ambiente sano y ecológicamente equilibrado).

That principle is likewise embodied in a source of hard law, since Principle 3 of the United Nations Framework Convention on Climate Change—ratified by Costa Rica through law no. 7414 of 13 de junio de 1994 and by all OAS Member States—provides:

“3. The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent, or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to address climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To this end, such policies and measures should take into account different socioeconomic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks, and reservoirs of greenhouse gases, and encompass all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties” (emphasis added).

The precautionary principle is also provided for in the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, which has been ratified by 32 OAS Member States, including Costa Rica—see law no. 8538 of 23 de agosto de 2006—which states:

“ARTICLE 1 Objective Mindful of the precautionary approach set forth in Principle 15 of the Rio Declaration on Environment and Development, the objective of this Convention is to protect human health and the environment from persistent organic pollutants (…)”.

Likewise, this principle is contemplated in another instrument of international human rights law, the Convention on Biological Diversity, ratified by 34 OAS Member States, including Costa Rica, through law no. 7416 of 30 de junio de 1994, whose preamble provides: “(…) Noting that it is vital to anticipate, prevent, and attack at source the causes of significant reduction or loss of biological diversity. Noting also that where there is a threat of significant reduction or loss of biological diversity, lack of unequivocal scientific evidence should not be invoked as a reason for postponing measures to avoid or minimize such a threat (…)”.

Consistent with the aforementioned legislation in force in the country, the Inter-American Court of Human Rights also addressed the precautionary principle in OC 23/17 of 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, this Court understands that States must act in accordance with the precautionary principle, for the purpose of protecting the rights to life and personal integrity, in cases where there are plausible indications that an activity could cause serious and irreversible damage to the environment, even in the absence of scientific certainty. Por tanto, States must act with due caution to prevent possible harm. Indeed, in the context of protecting the rights to life and personal integrity, the Court considers that States must act in accordance with the precautionary principle and must therefore adopt, even in the absence of scientific certainty, measures that are ‘effective’ in preventing serious or irreversible damage” (emphasis added).

Following that decision, in a judgment in Indigenous Communities Members of the Lhaka Honhat (Our Land) Association v. Argentina, the Inter-American Court of Human Rights ruled on 6 de febrero de 2020 as follows: “the right to a healthy environment ‘must be considered among the rights [...] protected by Article 26 of the American Convention,’ given the obligation of States to achieve the ‘integral development’ of their peoples, arising from Articles 30, 31, 33, and 34 of the Charter.” Of great significance, it must be emphasized that, in this ruling, the Inter-American Court of Human Rights refers to advisory opinion no. OC-23/17 in order to develop the content and scope of that right, as a result of which the legal considerations contained in the latter have logically acquired the legally binding force of a judgment. In this regard, the international court reiterates “that the right to a healthy environment ‘constitutes a universal interest’ and ‘is a fundamental right for the existence of humankind,’ and that ‘as an autonomous right [...] it protects the components of the [...] environment, such as forests, seas, rivers, and others, as legal interests in themselves, even in the absence of certainty or evidence regarding risks to individual persons.

The aim is to protect nature,’ not only because of its ‘usefulness’ or ‘effects’ with respect to human beings, ‘but because of its importance to the other living organisms with which the planet is shared.’ The foregoing does not preclude, of course, the possibility that other human rights may be violated as a consequence of environmental harm.” Specifically, in developing the concept of the right to the environment, the Inter-American Court of Human Rights sets forth with complete clarity the obligations of States in the face of potential environmental harm, such as the duty of prevention (deber de prevención), the precautionary principle, the duty to cooperate (obligación de cooperación), and access to information (acceso a la información).

In sum, application of the precautionary principle entails that, where there are indications that a particular activity could plausibly cause serious and irreversible environmental damage, the lack of absolute scientific certainty or evidence in that regard does not relieve anyone of the obligation to adopt all efficient and effective measures to prevent a violation of the right to the environment. By virtue of the theory of Drittwirkung der Grundrechte, this principle extends its guiding function to the conduct of both public-law and private-law subjects.

On the other hand, it should be noted that, in judgment no. 2012013367 at 11:33 hours on 21 de setiembre de 2012, this Constitutional Court addressed the principles of progressivity (progresividad) and non-regression (no regresión) in environmental matters as follows:

“V. On the principles of progressivity and non-regression in environmental protection. The principle of the progressive realization of human rights has been recognized by international human rights law; among other international instruments, it is set forth in Article 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Articles 1 and 26 of the American Convention on Human Rights, and Article 1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights. Under these provisions, the State assumes the obligation to progressively increase, to the extent permitted by its capabilities and development, the levels of protection afforded to human rights, with special consideration for those rights—such as the right to the environment (Article 11 of the Protocol)—that require multiple affirmative actions by the State for their protection and full enjoyment by all rights holders.

The principle of non-regressivity or irreversibility of benefits or protection already attained derives from the principle of the progressive realization of human rights and the principle that legal rules may not be applied retroactively to the detriment of acquired rights and consolidated legal situations, as set forth in Article 34 of the Constitution. The principle stands as a substantive guarantee of rights, in this case the right to a healthy and ecologically balanced environment, by virtue of which the State is required not to adopt measures or policies, or approve legal provisions, that worsen, without reasonable and proportionate justification, the state of the rights attained up to that point. This principle does not entail absolute irreversibility, since all States experience national circumstances—whether economic, political, social, or caused by nature—that adversely affect the achievements attained up to that point and require the new level of protection to be reconsidered and lowered.

In such cases, constitutional law and the principles under examination require that any reduction in levels of protection be justified in light of the constitutional standards of reasonableness and proportionality. In this regard, the Sala Constitucional has stated in its case law, with respect to the right to health: ‘…under the PRINCIPLE OF NON-REGRESSIVITY, it is prohibited to adopt measures that reduce the protection of fundamental rights. Thus, if the Costa Rican State, in order to protect the right to health and the right to life, has a policy of broad access to medicines, it may not—much less through an international treaty—reduce such access and make it more restrictive under the pretext of protecting trade. (Judgment of the Sala Constitucional No. 9469-07).’ With respect to the right to the environment, it stated: ‘The foregoing constitutes an evolutionary interpretation of environmental protection in accordance with constitutional law, which does not permit regression to its detriment.’ (Judgment of the Sala Constitucional No. 18702-10).” (Emphasis not in the original).

(To the same effect, judgments 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745, and 2019-017397).” Thus, in accordance with the principle of progressivity (principio de progresividad), the State assumes the obligation to increase, to the extent possible, the levels of protection afforded to human rights, including the right to a healthy and ecologically balanced environment (derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado). For its part, application of the principle of non-regression (principio de no regresión) constitutes a safeguard that compels the State to refrain from adopting measures, policies, or rules that, without reasonable and proportionate justification, diminish the level of protection of fundamental rights already attained.

Finally, I conclude this note by referring to what this Court has stated concerning the principle of objectification of environmental protection (principio de objetivación de la tutela ambiental):

“With regard to the environment, the subject matter of the fundamental right described above, our Constitution further requires that it be ‘healthy.’ The requirement that it be ‘healthy’ leads us to ‘regenerative capacity’ and ‘successional capacity’ as means of sustaining life. From both requirements—‘healthy’ and ‘balanced’—arises the need for sustainable development; quality of life and environmental quality depend upon it. Accordingly, by introducing the concepts of ‘environment,’ ‘healthy,’ and ‘ecologically balanced,’ the constitutional provision incorporated science and technology into environmental decisions, whether legislative or administrative, such that, under sections 16 of the Ley General de la Administración Pública and 38 of the Ley Orgánica del Ambiente, State actions in environmental matters must be founded upon, and may not contradict, the unequivocal rules of science and technology, with a view to achieving the full and universal enjoyment of a healthy and ecologically balanced environment and, furthermore, ‘greater well-being for all inhabitants of the country.’ With respect to making legislative and administrative decisions subject to the unequivocal rules of science and technology, the Sala has called this the principle of objectification of environmental protection: ‘Objectification of environmental protection (…) is a principle that cannot in any way be confused with the preceding principle [the precautionary principle (principio precautorio), or “principle of prudent avoidance”], because, as a principle derived from sections 16 and 160 of the Ley General de la Administración Pública, it entails the need to support decision-making in this field with technical studies, both in relation to individual acts and provisions of general application—whether statutory or regulatory—from which arises the requirement of adherence to science and technology, thereby constraining the Administration’s discretion in this field.

Therefore, in view of the results derived from such technical studies—such as environmental impact studies (estudios de impacto ambiental)—if an objective technical assessment demonstrates the probability of evident harm to the environment, natural resources, or human health, the proposed project, work, or activity must be rejected; and, where there is ‘reasonable doubt,’ decisions must be made in favor of the environment (the pro-nature principle (principio pro-natura)), which may entail the adoption of both compensatory and precautionary measures in order to protect the environment adequately.’ (Judgments of the Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (emphasis added). (Decision no. 2012-13367, issued at 11:33 on 21 de setiembre de 2012).

XIV- DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE CASE FILE. The parties are advised that, if they submitted any paper document, as well as any objects or evidence contained on an additional electronic, computer, magnetic, optical, or telematic device, or produced using new technologies, they must retrieve them from the court office within a maximum period of 30 business days from notice of this judgment. Otherwise, any material not retrieved within that period shall be destroyed, pursuant to the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session N° 27-11 of 22 de agosto del 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of 26 de enero del 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session N° 43-12 held on 3 de mayo del 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The action is DISMISSED. Justice Rueda Leal submits a separate note. Justice Cruz Castro dissents and would grant the action.

Fernando Castillo V.

Chief Justice Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Voto n°. 2024-3227 DISSENTING OPINION OF JUSTICE CRUZ CASTRO. It is unconstitutional to diminish the importance of the environmental impact study for certain activities that will adversely affect the environment.- I have issued a dissenting opinion in this action because I believe that the action should be granted on grounds of violation of the principle of statutory reservation (principio de reserva legal), as well as the right to the environment, the precautionary principle, the principle of non-regression, and the principle of objectification. This conclusion is based on the following reasons:

The provisions are challenged insofar as they exempt the approval of family-scale, small-scale, and medium-scale mariculture projects from the environmental impact study. The petitioner considers that the environmental impact study is mandatory by reason of the precautionary principle, established in domestic and international rules of supra-statutory rank—principles 15 and 17 of the Rio Declaration (voto N°2002-5977).

The claim is one of unconstitutionality by omission (inconstitucionalidad por omisión); therefore, the consequence of granting it would be to enact the corresponding amendment, but by statute rather than by executive decree.

It has been established that the challenged Decreto Ejecutivo requires an environmental impact study only for large-scale projects and establishes other assessment instruments for projects of all other scales.

In this regard, it must be recalled that article 17 of the Ley Orgánica del Ambiente no. 7554 of 4 de octubre de 1995) provides that human activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste or toxic or hazardous materials shall require an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental) by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, whose prior approval shall be an indispensable requirement for commencing such activities, works, or projects; and that statutes and regulations shall specify which activities, works, or projects must undergo that assessment. An environmental impact assessment is a general concept referring to the technical-scientific administrative procedure conducted by SETENA to identify and predict the effects that an activity, work, or project will have on the environment, quantifying and weighing them to guide decision-making (article 3° subsection 39) of the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo no. 31849 of 24 de mayo de 2004).

However, as the PGR states, conducting an environmental impact assessment for activities that alter or destroy elements of the environment or generate waste or toxic or hazardous materials is not merely a statutory obligation but also a constitutional obligation (see voto no. 6322-2003 issued at 14 hours 14 minutes on 3 de julio de 2003 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-239147 ). In that opinion, this Sala held that no exemption from conducting such an assessment could be granted on the basis of general criteria or conditions established in statutes and regulations, because doing so would deprive the right to a healthy and ecologically balanced environment, governed by article 50 of the Constitución Política, of its substance. Protection of the environment and the consequences of failing to provide such protection are, in some cases, so serious and irreversible that sound administration and protection of the assets of Mother Earth always require a technical assessment defining the threats and the preventive measures that must be adopted, as is done in an environmental impact assessment.

In its report, the Procuraduría considered that the challenged provisions are not unconstitutional because they do not exempt projects classified within those three specific categories from the prior requirement of undergoing an environmental impact assessment; it stated that such assessment is conducted through technical tools other than the environmental impact study. In this regard, however, we consider that if it is accepted that many other technical instruments may be used to conduct such an assessment instead of the environmental impact study, that position would make a mockery of the constitutional obligation to conduct an environmental impact assessment for activities that alter the environment. This should be prescribed by statute rather than by decree, as it was in this case, and therefore constitutes a violation of the principle of statutory reservation; furthermore, such a decision would infringe the right to the environment and several environmental principles (the precautionary principle, the principle of non-regression, and the principle of objectification). It should be noted that document D5 is a new environmental impact assessment instrument that is not contemplated in the Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.

Although it may be argued that the fact that a provision does not specify the environmental impact study as the instrument to be used for a particular type of project or activity that could affect the environment does not render that provision unconstitutional, because the project or activity is not being excluded from the environmental impact assessment procedure required by the Ley Orgánica del Ambiente, the fact remains that the environmental impact study must become the rule because it is the instrument that best protects the right to the environment. Thus, authorization of an environmental assessment through instruments other than the environmental impact study must be enacted by statute (statutory reservation) and supported by the relevant justifications (principle of environmental objectification (principio de objetivación ambiental)), while making clear that it does not constitute environmental regression (regresión ambiental) in violation of the right to the environment and its principles.

It should be recalled what I stated in my dissenting opinion regarding judgment no. 2022-008750, in which the concept of alteration of the environment reaching a level of “high environmental-impact significance” was challenged as the criterion for deeming environmental harm to exist and requiring an environmental assessment:

“The application of this criterion disregards those other levels of intensity or significance, with the serious consequence that they have not been subject to a prior technical assessment, which has prevented them, pursuant to the precautionary and preventive principles (principios precautorio y preventivo), as well as the principle of reduced significance, from being subject to prevention, mitigation, reduction, or reduction measures. This means that impacts of low or medium significance are disregarded by the concept under examination, since the very concept of damage presupposes, it bears repeating, that it was not analyzed by means of a technical instrument. Thus, the aforementioned concept makes environmental damage (daño ambiental) contingent upon high significance, thereby diminishing the relevance and importance of environmental impacts that, although they do not have the same intrusive effect on the environment, unquestionably cause a pathology, a threat, and deterioration that has not been assessed a priori in the environment, with the corresponding risk that those injuries will be left without protection and that the possible concurrence of attribution criteria (criterios de imputación)—which could later permit findings of liability against those who engage in conduct causing pollution or environmental harm—will be eliminated.

This treatment entails an impairment of the principles arising from Article 50 of the Constitution, diminishing the protection of and reparation for harm to the environment on the basis of a high-significance criterion that has no support in any statute and that, in any event, fails to apply the environmental protection mandated by the aforementioned constitutional provision.” Likewise, note that the PGR considers that “under the Constitución Política, any activity, work, or project that significantly alters the environment must undergo an environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental); that assessment may be carried out using any of the technical instruments established for that purpose by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, and an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) is one of those technical instruments.” However, we believe that the technical instruments used to conduct the environmental impact assessment must be defined by law and that SETENA cannot have the authority to “repeal” or “exempt,” by means of a decree, certain activities from the environmental impact study unless this has first been established by law.

I do not agree with MINAE’s statement that: “Accordingly, SETENA is the authority empowered by law to establish, through regulations as permitted by Article 17 of the LOA and based on technical criteria, the Environmental Assessment processes and instruments according to the type of activity, work, or project and its particular characteristics; therefore, in the matter before us, there has been no overreach of regulatory authority.” Although it is certainly true that not every Environmental Assessment process must be conducted through the ESIA Instrument, which is the instrument designated for activities with the greatest potential environmental impact, we believe that this must be determined by law and accompanied by the corresponding justification. To accept otherwise—that it may be done by regulation and without any justification—could foster a violation of the aforementioned constitutional principle that every activity altering the environment must undergo an environmental assessment. Creating specific instruments to conduct those assessments could become a practice of creating “custom-made” or ad hoc environmental assessments, without adequate justification and in disregard of the principle of non-regression (principio de no regresión).

Finally, the UNA report clearly states that although aquaculture (acuicultura)—an activity intended for the cultivation and production of fish, shrimp, algae, mollusks, and other aquatic organisms generally intended for human consumption—is less harmful to the environment than other livestock food-production activities, it may also have adverse environmental effects if not properly conducted. In my view, this confirms that those adverse effects must be anticipated and subjected to study. It is also stated that INCOPESCA coordinates the aquaculture sector, meaning that SETENA is not the only entity with authority over the matter. It is clear from all the foregoing that our country has suffered from excessive administrative procedures in environmental matters, but this cannot be remedied to the detriment of the right to the environment by waiving or weakening requirements, such as the environmental study for certain types of activities that are known to have adverse effects on the environment.

For all the reasons I have stated, I believe that this action should be granted. Environmental protection (tutela ambiental) requires careful preventive action, which is precisely what environmental impact studies seek to determine.

Fernando Cruz Castro Telephone numbers: Telf01/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf02 / Telf03. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts.South of the Perpetuo Socorro church). Receipt of matters involving vulnerable groups: Dirección03, San José, Distrito Catedral, Dirección04, streets 19 and 21, Dirección05 [ it is inevitable that agricultural and livestock activities will continue to grow in order to ensure food security and food sovereignty in each country, and Costa Rica is no exception. ]1 FAO. (2017). «The Future of Food and Agriculture: Trends and Challenges». Available at: http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf [ similarities to production conducted on land, such as cattle production, although with far fewer adverse effects on the environment. For example, in the livestock industry, millions of hectares of forest are cleared for grazing ]2 Nombre02, F. J. E. (2020). Aquaculture as an Economic and Social Asset. Mediterráneo económico, (33), 289-307.

[ liters of fresh water to produce one kilogram of meat, and large quantities of methane are emitted into the atmosphere (a greenhouse gas), increasing global warming, which adversely affects climate change, among other adverse effects ] SILVA, Rafael De Oliveira; BARIONI, Luis G.; Nombre03, Nombre04. Fire, deforestation, and livestock: When the smoke clears. Land Use Policy, 2021, vol. 100, p. 10494 [and this activity is increasingly promoted over other meat-production activities intended for human consumption. ].

4 Nombre05, P. M., Nombre06, L., Nombre07, E. A., Nombre08, B., Nombre09, P., Rutledge-Jonker, S., ... & de Boer, I. J. (2020). Effects of Dutch livestock production on human health and the environment. Science of the Total Environment, 737, [confirming that marine aquaculture has significant social, economic, and environmental benefits, including: a greater impact on food security and poverty alleviation; employment opportunities for rural communities; a greater supply and availability of marine food products; improved nutrition and human well-being; increased foreign-exchange earnings; and improved nutrient recycling when integrated aquaculture systems are used. All these factors must be considered and weighed according to their importance in a balanced comparison of food-production systems]139702.

5 Chacón Guzmán, J., Carvajal Oses, M., Herrera-Ulloa, Á., Corrales Gómez, N., Nombre10, R., Nombre11, Á., ... & Fajardo Espinoza, O. A. (2019). Release of juvenile spotted rose snapper Lutjanus guttatus (Nombre12, 1869), as a strategy for species conservation and marine environmental education on the coas [although this activity is less harmful to the environment than other livestock food-production activities, it may also have adverse environmental effects if not properly conducted. Nevertheless, it is clear that adverse effects on the environment will depend strictly on the scale of production established. ]t.

6 Nombre13, M., Nombre14, H. B., & Nombre15, J. A. (2020). Sustainable production systems for the development of mariculture using an ecosystem-based approach. Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA).

[large scale. This distinction is established on the principle of setting standards, regulations, and even incentives according to the intensity of production. The greater the production, the more extensive the regulations in all areas, including the environmental sphere. With lower production intensity, regulations and requirements decrease because the effects of production on the environment diminish and may even become so minor that they are considered insignificant in terms of environmental damage. This is the category in which small-scale production or similar activities are normally classified. ]

7 Horacio Rodríguez Vázquez and Alejandro Flores Navas. 2014. Small-Scale and Limited-Resource Aquaculture in Latin America and the Caribbean: Toward a Comprehensive Public-Policy Approach. FAO. Santiago, Ch [ specifically targeting local associations and cooperatives in coastal areas composed of people with limited financial resources and few employment opportunities or opportunities to develop new productive ideas, particularly artisanal fishers.]ile. 94 p.

8 Carvajal, D. F. (2013). Artisanal Fishing and Poverty in Communities Near the Golfo de Nicoya. Revista de Ciencias Sociales, 2(140), 137-152. https://doi.org/10.15517/R

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Revisión del Documento *CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las doce horas dieciséis minutos del siete de febrero de dos mil veinticuatro.

Acción de inconstitucionalidad promovida por Nombre01, mayor, casada, cédula de identidad número CED01, vecina de Alajuela, para que se declaren inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 4,5, 6 y sus anexos del Decreto Ejecutivo N°42755 publicado el 22 de febrero de 2021 en el alcance N°38 a La Gaceta N.36.

Resultando:

  1. 1Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 24 de febrero de 2022, la accionante plantea acción de inconstitucionalidad para que se declaren inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sus anexos del Decreto Ejecutivo N°42755, por estimarlos contrarios a los numerales 7, 9, 10, 11, 21, 50, 89 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los principios 15 y 17 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río. La recurrente fundamenta su legitimación en el artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que acude en defensa de intereses difusos, como lo es la protección del medio ambiente. Las normas se impugnan en tanto exoneran del estudio de impacto ambiental la aprobación de proyectos de maricultura de escala familiar, pequeña escala y mediana escala.En criterio de la accionante, la omisión de la exigencia de aprobación de estudios de impacto ambiental, como requisito para otorgar la autorización de procedimientos especiales, de proyectos menores y específicos de maricultura dispuesta, viola el principio de jerarquía de las leyes, contenido en el artículo 7 constitucional, por cuanto, por vía reglamentaria, se crean procedimientos especiales que burlan normas de derecho internacional, ratificadas por Costa Rica, las cuales exigen los estudios de impacto ambiental para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, se lesiona el artículo 140, incisos 3) y 8), en razón de que el Poder Ejecutivo excedió su potestad reglamentaria. Esto, además, lesiona el artículo 11 de la Constitución Política, que dispone que los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Los artículos impugnados pretenden dejar sin efecto los preceptos legales estipulados en la Ley Orgánica del Ambiente, previo análisis y aprobación del estudio correspondiente que se realice sobre el impacto ambiental de tales actividades que puedan alterar o destruir elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o peligrosos.También lesionan el artículo 21 constitucional que garantiza el derecho a la vida, pues la reglamentación lesiona la vida humana y la integridad física de las personas, en cuanto crea procedimientos especiales de maricultura sin cumplir con los necesarios estudios de impacto ambiental. En cuanto al artículo 50 constitucional, que garantiza el derecho del hombre a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, lo que implica el deber correlativo de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo. En cuanto al documento D5, afirma que es un instrumento nuevo de evaluación de impacto ambiental que no está considerado en el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Se trata de una guía para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría, promulgado mediante el Decreto N°42755-MINAE.Indica que el documento parece contener contradicciones en cuanto a la normativa de evaluación de impacto ambiental del país y del estándar internacional, por lo que requiere una valoración detallada. Reitera que la inconstitucionalidad reclamada deriva del hecho de que, en los artículos que regulan la solicitud y requisitos respectivos, anexos uno y dos, no se incluye el estudio de impacto ambiental y, en general, no se establece una limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos. Apunta que la Sala Constitucional ha señalado que las instituciones del Estado son las primeras llamadas a cumplir la legislación cautelar ambiental, sin que exista justificación para eximirlas del cumplimiento de requisitos ambientales, como el estudio de impacto ambiental que exige la Ley Orgánica del Ambiente para las actividades que, por su naturaleza, puedan alterar o destruir el ambiente (voto N° 2001-6503).También ha señalado que no es constitucionalmente posible realizar excepciones del estudio de impacto ambiental con fundamento en criterios o condicionamientos generales establecidos en leyes y reglamentos, pues ello vaciaría de contenido el artículo 50 constitucional (voto N°2002-01220, cuya importancia destaca). El estudio de impacto ambiental se impone como obligación en razón del principio precautorio, establecido en normas nacionales e internacionales con rango supra legal -principios 15 y 17 de la Declaración de Río (voto N°2002-5977). Solicita que se declare con lugar la acción y se anule por inconstitucional el decreto número 42755-Minae por ser contrario a los artículos 7,9, 10,11, 21 y 50 y 89 de la Constitución Política. La infracción constitucional se deriva de la omisión de exigir la presentación de un estudio de impacto ambiental y su correspondiente aprobación por parte de la Setena, como requisito previo para los proyectos de maricultura de escala familiar, pequeña y mediana.
  2. 2Por resolución de las 12:00 horas del 16 de marzo de 2022, el Presidente de la Sala previno a la accionante identificar las normas impugnadas. En escrito presentado el 21 de marzo de 2022 la accionante indicó que se impugnan los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y anexos del Decreto Ejecutivo N.42755 publicado el 22 de febrero de 2021 en el Alcance N.38 a la Gaceta.
  3. 3Por resolución de las 14:54 horas del 23 de agosto de 2022 marzo de 2023 el Presidente de la Sala dio curso a la acción de inconstitucionalidad y confirió audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República y al Ministro de Ambiente y Energía.
  4. 4Los edictos a los que se refiere el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional fueron publicados en los Boletines Judiciales N°164, N°165 y N°166 de los días 1, 2 y 5 de setiembre de 2022.
  5. 5En escrito presentado el 8 de setiembre de 2022, Magda Inés Rojas Chaves, en su condición de Procuradora General Adjunta, contestó la audiencia conferida y manifestó: Sobre la legitimación. Considera que la accionante está legitimada para interponer la acción, en tanto alega la defensa de intereses difusos respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sobre el fondo. Apunta que el Decreto impugnado tiene como fin establecer el procedimiento por medio del cual se lleva a cabo la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de maricultura. Para ello, establece cuatro escalas para clasificar los proyectos, dependiendo de las especies a utilizar, y así, determinar los requisitos e instrumento de evaluación de impacto ambiental al que deben sujetarse: 1. Acuicultura Social-Familiar, 2. Pequeña Escala, 3. Mediana Escala, 4. Gran Escala. Según el anexo 1, los proyectos que clasifiquen en la escala 1 se evaluarán por medio de un registro; los que se ubiquen en la escala 2, por medio de una declaración jurada de compromisos ambientales; los de mediana escala, a través de un pronóstico plan de gestión ambiental; y, los proyectos de gran escala, se evaluarán mediante un estudio de impacto ambiental.Además, para cada una de esas escalas, se especifican los requisitos que deben cumplirse. Efectivamente, el Decreto Ejecutivo impugnado solo exige el estudio de impacto ambiental para los proyectos que sean de gran escala, y, para el resto de escalas, establece otros instrumentos de evaluación. A efectos de determinar si la no exigencia del estudio de impacto ambiental para todas las escales de maricultura es inconstitucional o no, es preciso recordar que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente (no. 7554 de 4 de octubre de 1995) dispone que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuya aprobación previa será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos; y que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán someterse a esa valoración.La evaluación de impacto ambiental es un concepto general que hace referencia al procedimiento administrativo técnico-científico que lleva a cabo la SETENA para identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (artículo 3° inciso 39) del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo no. 31849 de 24 de mayo de 2004). La realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional. En efecto, la Sala Constitucional ha reconocido que la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental, es uno de los principios que sirven de parámetro de constitucionalidad y que han sido desarrollados con el fin de que el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, no sea un simple postulado formal (cita el voto no. 6322-2003 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003).Aunque en ese precedente la Sala haga referencia directa al estudio de impacto ambiental, como se expondrá más adelante, puede entenderse que la obligación que se deriva del artículo 50 Constitucional es la de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental para todas aquellas actividades, obras o proyectos que puedan generar afectaciones al ambiente. De tal forma, no existe duda de que la realización de evaluaciones de impacto ambiental previas integra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y, por tanto, el incumplimiento de esa obligación lesiona ese derecho fundamental. Además de lo anterior, la evaluación de impacto ambiental es una medida acorde con el principio preventivo, también desarrollado por la jurisprudencia constitucional, en el tanto, permite evaluar y determinar cuáles serán los efectos negativos que una actividad, obra o proyecto causará en el ambiente de previo a su ejecución y, que permite establecer las acciones tendentes a mitigar o compensar esos efectos adversos, haciendo que la actividad, obra o proyecto se ejecuten de manera controlada, evitando la generación de daños al ambiente.Esa obligación también se encuentra íntimamente ligada al cumplimiento del principio de objetivación de la tutela ambiental, que “…se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de carácter general –legales y reglamentarias-, de donde se deriva la exigencia de la «vinculación a la ciencia y a la técnica», elemento que le da un sustento técnico-científico a las decisiones de la Administración en esta materia, y en tal virtud, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación -en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública-. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, se evidencia un criterio técnico objetivo que denote, o la viabilidad ambiental del proyecto o la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, circunstancia que obliga a establecer medidas de precaución o el rechazo del proyecto, obra o actividad propuestas.(Voto no. 2063-2007 de las 14 horas 40 minutos de 14 de febrero de 2007. Se añade la negrita). Adicionalmente, esa obligación de evaluar ambientalmente las actividades, obras o proyectos, encuentra fundamento en el artículo 14 del Convenio sobre Diversidad Biológica (aprobado mediante Ley no. 7416 de 30 de junio de 1994), en cuanto dispone que cada Estado parte “establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos”; y en el principio 17 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que establece que “deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.” Recalca que ni el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, ni los instrumentos internacionales antes expuestos, exigen que para todas las actividades, obras o proyectos que puedan generar alteraciones al ambiente, deba requerirse un estudio de impacto ambiental.Lo que establecen esas disposiciones es una obligación general de efectuar evaluaciones de impacto ambiental de previo a la aprobación de aquellas obras o actividades que puedan producir un impacto negativo considerable en el ambiente. El Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental antes citado, dispone que la evaluación de impacto ambiental abarca tres fases: a) la Evaluación Ambiental Inicial, b) la confección del Estudio de Impacto Ambiental o de otros instrumentos de evaluación ambiental que corresponda, y c) el Control y Seguimiento Ambiental de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. (Artículo 3° inciso 39). Según ese mismo Reglamento, el estudio de impacto ambiental es “un instrumento técnico de la evaluación de impacto ambiental, cuya finalidad es la de analizar la actividad, obra o proyecto propuesto, respecto a la condición ambiental del espacio geográfico en que se propone y, sobre esta base, predecir, identificar y valorar los impactos ambientales significativos que determinadas acciones puedan causar sobre ese ambiente y a definir el conjunto de medidas ambientales que permitan su prevención, corrección, mitigación, o en su defecto compensación, a fin de lograr la inserción más armoniosa y equilibrada posible entre la actividad, obra o proyecto propuesto y el ambiente en que se localizará”.(Artículo 3° inciso 36). De tal forma, el estudio de impacto ambiental es solo uno de los instrumentos técnicos a través de los cuales puede llevarse a cabo la evaluación de impacto ambiental. Entonces, la evaluación ambiental que exige la ley, los instrumentos internacionales citados y la jurisprudencia constitucional, puede llevarse a cabo a través de un estudio de impacto ambiental o de algún otro instrumento técnico, según el impacto ambiental potencial de la actividad u obra a desarrollar. Así, el hecho de que una norma no contemple, para un determinado tipo de proyecto o actividad que pueda afectar el ambiente, el estudio de impacto ambiental como instrumento a utilizar, no implica su inconstitucionalidad, pues no se está excluyendo a ese proyecto o actividad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la Ley Orgánica del Ambiente. Nótese que la propia Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 17, dispone que las obras, actividades o proyectos que deben someterse a la evaluación de impacto ambiental son las que determinen las leyes y reglamentos.Al respecto, cita el voto 5994-2017 de las 11:00 horas del 26 de abril de 2017 de la Sala Constitucional, según el cual, es posible que existan actividades, obras o proyectos que, por no alterar el ambiente en un grado significativo, no deban ser objeto de una evaluación de impacto ambiental, y ello puede determinarse legal o reglamentariamente. Ahora, para el caso de actividades, obras o proyectos que sí alteren significativamente el ambiente y que, por ello, deban someterse a una evaluación de impacto ambiental previa, la determinación de cuál mecanismo o instrumento técnico deba utilizarse para esa evaluación es una competencia técnica conferida a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en el artículo 84 inciso f) de la Ley Orgánica del Ambiente, que señala que a ese organismo le corresponde “elaborar guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental, así como gestionar su disposición y divulgación.” En resumen, al amparo de la Constitución Política, cualquier actividad, obra o proyecto que altere significativamente el ambiente, debe someterse a una evaluación de impacto ambiental; esa evaluación puede ser llevada a cabo por alguno de los instrumentos técnicos que al efecto disponga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y, el estudio de impacto ambiental es uno de esos instrumentos técnicos.Por ello, puede concluirse que el hecho de que una norma no contemple que la evaluación de impacto ambiental de una actividad, obra o proyecto específicos deba realizarse por medio de un estudio de impacto ambiental, sino que, establezca otros instrumentos técnicos de evaluación, no la hace inconstitucional, pues no está incumpliendo la obligación de someter la actividad, obra o proyecto potencialmente dañinos a una evaluación de impacto ambiental (al respecto cita el voto 17397-2019 de las 12:54 horas del 11 de setiembre de 2019). El Decreto impugnado, que tiene como fin establecer el procedimiento por medio del cual se lleva a cabo la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de maricultura y determinar mediante cuáles instrumentos técnicos se llevará a cabo esa evaluación. Y, aunque para los proyectos de acuicultura social familiar y pequeña y mediana escala no prevea la utilización del estudio de impacto ambiental como instrumento de evaluación, no está excluyendo a esos proyectos de la obligación de someterse a una evaluación de impacto ambiental previa.Lo que sucede es que esa evaluación se lleva a cabo mediante otras herramientas técnicas. Por lo tanto, la Procuraduría considera que la normativa impugnada no es inconstitucional, pues no está excluyendo a los proyectos que clasifiquen en esas tres categorías particulares del requisito previo de someterse a una evaluación de impacto ambiental. De tal forma, no se violenta el artículo 50 Constitucional ni el artículo 21, porque, además, no se determina de qué modo el Decreto impugnado lesiona la vida humana y la integridad física de las personas. Tampoco existe violación del artículo 7° de la Constitución Política, porque las disposiciones impugnadas no son contrarias a los convenios e instrumentos internacionales citados por la actora, ya que, como se dijo, éstos no imponen la obligación de que las actividades, obras o proyectos que puedan afectar el ambiente de manera significativa deban ser evaluadas mediante un estudio de impacto ambiental.Además, la Sala Constitucional ha reconocido la facultad de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y del Poder Ejecutivo, dispuesta en la Ley Orgánica del Ambiente, de establecer, mediante reglamento, cuáles obras, actividades o proyectos, según su magnitud e impacto potencial, deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y, además, el instrumento técnico de evaluación correspondiente. Por ello, el Poder Ejecutivo no se ha excedido en el ejercicio de su potestad reglamentaria, y, en consecuencia, no existe violación de los artículos 11 y 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política. Otra discusión aparte es si, técnicamente, lo dispuesto en las normas impugnadas es correcto o no, y si con la clasificación e instrumentos allí fijados es posible efectuar una adecuada evaluación de impacto ambiental de los proyectos de maricultura familiares y de pequeña y mediana escala.La clasificación de los proyectos y la determinación de los instrumentos de evaluación que se plasmó en el Decreto impugnado es una decisión estrictamente técnica, que no podría ser valorada por la Procuraduría en su carácter de asesor jurídico. Y, en todo caso, en la acción de inconstitucionalidad no se exponen argumentos ni se hace referencia a documentos o criterios tendentes a acreditar cuáles son las falencias técnicas de la norma impugnada. Sobre la manifestación de la accionante en cuanto a que la norma no establece una limitación al número de permisos autorizables por los procedimientos fijados, sin perjuicio de las consideraciones que emita al respecto el Ministerio de Ambiente y Energía en su informe, señala que los anexos del Decreto se establecen límites de producción para cada escala, según cada grupo de especie, y, además, se fijan distancias mínimas que deben respetarse entre áreas de cultivo. Solicita que se declare sin lugar la acción.
  6. 6Por resolución de las 11:08 horas del 27 de setiembre de 2022 se tuvo por contestada la audiencia conferida a la Procuraduría General de la República. Asimismo, se tuvo por no contestada, la audiencia conferida al Ministro de Ambiente y Energía, porque no constaba en el Sistema de Gestión registro de documento alguno presentado a fin de contestar la audiencia dentro del plazo otorgado, y se pasó la acción para estudio de la magistrada instructura.
  7. 7Mediante escrito presentado en la Secretaría de la Sala el 5 de octubre de 2022, FRANZ TATTENBACH CAPRA, Ministro de Ambiente y Energía contestó la audiencia conferida, indicando que el informe se rinde en coordinación con la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, se creó como un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía, cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. Asimismo el artículo 17 de dicha ley, que regula la evaluación de impacto ambiental, dispone: “Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley.Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.” Cita la sentencia de la Sala Constitucional No. 9927-2004 de las 11 horas 1 minuto del 3 de setiembre del 2004, que sobre la viabilidad ambiental indica: “La viabilidad ambiental por su parte, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de que se trate y amerite.(…) Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado, siendo la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, su necesidad.”(Sala Constitucional, Voto No. 9927-2004 de las 11 horas 1 minuto del 3 de setiembre del 2004, lo subrayado no es del original). De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, toda obra, proyecto o actividad que genere impactos ambientales debe ser sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a partir de la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo, es precisamente la naturaleza de la Evaluación de Impacto Ambiental, predecir las posibles consecuencias que se puedan generar en el ambiente, y establecer todas aquellas medidas de mitigación que se deban implementar, que son directamente proporcionales al mayor o menor impacto que genere según la naturaleza y alcance del proyecto, de manera que existe una categorización de instrumentos de Evaluación Ambiental según el impacto.El artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente dispone además que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos deberán ser sometidos a una evaluación ambiental. Es decir, el Poder Ejecutivo en ejercicio de su potestad reglamentaria y desarrollando lo dispuesto en el citado numeral 17 de la LOA, puede establecer cuáles son las actividades humanas que, por la relevancia del impacto que provocan sobre el ambiente, requieren de una evaluación ambiental. Ahora, si bien toda actividad humana altera de alguna manera el ambiente, la función tuitiva de la norma ambiental entra en juego cuando dicha alteración adquiere un determinado grado. Entonces, las actividades humanas que deben ser evaluadas ambientalmente son aquellas que alteran el ambiente en un grado significativo como para que dicha evaluación sea necesaria y la ley señala que las actividades que deban ser evaluadas ambientalmente serán determinadas por ley o reglamento.En la norma analizada hay un concepto jurídico indeterminado, las actividades humanas impactantes del ambiente en el grado en que se hace necesaria su evaluación. Tal concepto jurídico requiere, para su determinación, de un componente técnico y científico especialmente importante. El Poder Ejecutivo, al reglamentar cuáles son las actividades humanas que requieren de una previa evaluación ambiental está, en el ámbito de sus potestades, determinando cuáles son esas actividades humanas significativamente impactantes del ambiente. Se trata, obviamente, de una determinación sujeta a control jurisdiccional, pero que no por ello deja de ser una decisión de la Administración. Cabe advertir, en todo caso, que se trata de una decisión reglada porque la determinación de cuáles son esas actividades significativamente impactantes del ambiente, no es discrecional. Conforme lo anterior, SETENA es la competente por ley de establecer vía reglamentaria según lo permite el artículo 17 de la LOA, y basado en criterios técnicos, los procesos e instrumentos de Evaluación Ambiental, según el tipo de actividad, obra o proyecto y según sus especialidad, por lo que en el caso que nos ocupa no hay un exceso de potestad reglamentaria, sino que se está cumpliendo de acuerdo a su competencia, así como lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 31849 que es la norma general para crear instrumentos que toman en cuenta la tutela del ambiente, por lo que la Secretaría con la creación del Decreto 42755-MINAE no ha violado los artículos Constitucionales supra mencionados.Agrega que el reglamento 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC es de carácter general, y abarca actividades terrestres, de manera que al no existir en dicha normativa un instrumento específico para la actividad de maricultura se vio la necesidad técnica de generar uno específico para dicha actividad, de manera que para esos casos se estableciera los estudios técnicos necesarios para garantizar la armonización del desarrollo con el ambiente, de manera que la normativa lejos de vulnerar el artículo 50 constitucional lo hace cumplir de manera puntual para esta actividad. De manera que el decreto antes mencionado, no entra en ninguna contradicción con esa norma. Indica que la Evaluación de Impacto Ambiental es: “(…) Procedimiento de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto, con respecto a su localización para determinar la significancia del impacto ambiental. Involucra la presentación de un documento ambiental firmado por el desarrollador, con el carácter y los alcances de una declaración jurada.De su análisis, puede derivarse el otorgamiento de la viabilidad (licencia) ambiental o en el condicionamiento de la misma a la presentación de otros instrumentos de la EIA. De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental del Decreto ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC hay una categorización general de las actividades, obras o proyectos, según su impacto ambiental potencial (IAP) y hay un listado que ordena en tres categorías a saber: Categoría A: Alto Impacto Ambiental Potencial. Categoría B: Moderado Impacto Ambiental Potencial. Esta categoría, se subdivide a su vez en dos categorías menores a saber: Subcategoría B1: Moderado – Alto Impacto Ambiental Potencial, y Subcategoría B2: Moderado – Bajo Impacto Ambiental Potencial. Categoría C: Bajo Impacto Ambiental Potencial. Conforme con lo anterior, según la categorización se aplican los siguientes instrumentos ambientales: 1.B2 Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA). 2. B1 Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (P-PGA). 3. A Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Ahora bien, el Decreto Ejecutivo No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC en su artículo 3 define los diferentes instrumentos técnicos de la Evaluación, que se aplican en la Evaluación de Impacto Ambiental, según su categorización. 30.- Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA): Manifestación que se hace bajo juramento y autenticada por un notario público, para los desarrolladores privados y en el caso de Instituciones del Estado, aquella que es, emitida por el jerarca, sin necesidad de autenticación, en la que el desarrollador de la actividad, obra o proyecto, se compromete a cumplir íntegra y totalmente con los términos y condiciones estipuladas en el Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental, o bien aquellos otros lineamientos emanados del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 36.Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): Es un instrumento técnico de la evaluación de impacto ambiental, cuya finalidad es la de analizar la actividad, obra o proyecto propuesto, respecto a la condición ambiental del espacio geográfico en que se propone y, sobre esta base, predecir, identificar y valorar los impactos ambientales significativos que determinadas acciones puedan causar sobre ese ambiente y a definir el conjunto de medidas ambientales que permitan su prevención, corrección, mitigación, o en su defecto compensación, a fin de lograr la inserción más armoniosa y equilibrada posible entre la actividad, obra o proyecto propuesto y el ambiente en que se localizará. 60. Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (P-GA): Instrumento técnico de la Evaluación de Impacto Ambiental y es un documento, de formato preestablecido, que además de realizar un pronóstico general de los aspectos e impactos ambientales más relevantes que generará la actividad, obra o proyecto a desarrollar, incluye: las medidas ambientales, sus posibles costos, plazos, responsables de aplicación, destinadas a prevenir, mitigar, corregir, compensar o restaurar impactos ambientales que se producirían.Al respecto, cita la sentencia de la Sala Constitucional No. 2019020625 que se refiere a las fases de la Evaluación de Impacto Ambiental y los diferentes instrumentos de evaluación de impacto ambiental.

Para el caso del Decreto 42755-MINAE, la categorización aplica según lo establecido en los instrumentos técnicos, según ha explicado por SETENA ante la Sala Constitucional mediante el oficio SETENA-SG-0766-2022 de fecha 9 de setiembre del 2022; de acuerdo al grado de impacto en el ambiente, y es totalmente congruente con el Decreto Ejecutivo No. 31849, de manera que no todo proceso de Evaluación Ambiental debe realizarse por medio del Instrumento ESIA, que es el determinado para las actividades de mayor impacto ambiental potencial, sostener esa tesis resulta desproporcionado y no tiene un asidero técnico, que lo respalde. Así las cosas, se tiene que los instrumentos técnicos de la Evaluación Ambiental han sido avalados por la Sala Constitucional y están establecidos según el impacto mayor o menor, por lo que se reitera que no toda actividad, obra o proyecto requiere presentar un EsIA que es el instrumento para actividades de mayor impacto.

El Decreto Ejecutivo No. 42755 se promulga luego de que la Secretaría Técnica Ambiental identifica un vacío legal y carencia de estudios técnicos específicos, necesarios para evaluar adecuadamente actividades que se desarrollen y conceptualicen en el mar. La actividad de maricultura requiere, por sus características particulares, mecanismos de gobernanza y de ordenamiento espacial que aseguren la participación, coordinación y desarrollo sostenible a través de instrumentos técnicos de Evaluación específicos, que coadyuven a que los proyectos que se presenten sean analizados de forma efectiva y eficiente asegurando la sostenibilidad en equilibrio con el desarrollo, por cuanto el aprovechamiento de los recursos marinos debe realizarse en el marco de un modelo que promueva beneficios para las comunidades costeras y la salud del océano. Los instrumentos creados antes de la conceptualización del decreto No. 42755, solicitaban la presentación de estudios orientados a determinar la línea base de elementos ambientales inherentes a los ambientes terrestres, siendo ámbitos técnicos como la geotecnia, la geología o la arqueología, elementos ambientales irrelevantes para la determinación de impactos ambientales en el mar.

Por tanto, con el fin de tramitar actividades, obras o proyectos relacionados con Maricultura, se procede a establecer el instrumento técnico necesario para la elaboración de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental, además de sus instructivos para la valoración de los impactos ambientales y los formularios de referencia para la preparación de los mismos, al amparo del artículo 84 de la Ley Orgánica del Ambiental No. 7554, que establece como una de las Funciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, la elaboración de guías para las actividades, obras y proyectos de evaluación de impacto ambiental. Durante la elaboración del decreto analizado, hubo disposición de mejorar e implementar los procesos y recomendaciones generadas por iniciativas como el proyecto “Descubre Maricultura” liderado por COMEX, sectores externos como la academia (UNA, UNED, INA), así como el gobierno central liderado por el Viceministerio de Aguas y Mares, Casa Presidencial, SINAC y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), generando el formulario denominado D5 como herramienta que permite realizar actividades de maricultura con estudios específicos ambientalmente sostenibles, que permitan un mayor desarrollo de la acuicultura marina como alternativa productiva y multiplicador económico para las zonas costeras.

El decreto que contiene las guías de EIA para la actividad de Acuicultura Marina, se contempló bajo el principio de proporcionalidad y razonabilidad, solicitando los requisitos necesarios al usuario, basado en el impacto y magnitud del proyecto, los cuales pueden ser directamente determinados, en función del área a concesionar y los kg de producción anual. Esto genera que la determinación de la categoría de un proyecto de Maricultura deje de ser subjetivo a la determinación de un consultor ambiental, y sea una definición basada en el sustento técnico, brindando además seguridad jurídica al administrado, sobre la categoría en la que se desarrollará un determinado proyecto. La Secretaría considera que la implementación y aplicación de la Guía General para la Valoración de los Impactos Ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría, contenida en el Decreto Ejecutivo No. 42755, da herramientas específicas para determinar y evaluar correctamente los posibles impactos ambientales generados por las actividades de Maricultura, apegada a la ciencia y la técnica, los requisitos necesarios para la escala y magnitud de proyecto a desarrollar, cumpliendo así con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen a la función pública.

Considera que el decreto no atenta con la integridad del ambiente ni contra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al contrario, genera una mayor protección ambiental debido a que solicita los estudios técnicos específicos para esta actividad. Señala que, la accionante cuestiona la constitucionalidad del decreto por “(...) el hecho de que en los artículos que regulan la solicitud y requisitos respectivos, en los anexos uno y dos no se incluya el estudio de impacto ambiental y de que, en general, no se establezca una limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos (...).” Respecto a la cantidad de permisos que se pueden otorgar, indica que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental es solo uno, para los diferentes trámites que una actividad de maricultura debe realizar para poder operar. Ahora bien, el ente técnico encargado del tema de acuicultura marina es el INCOPESCA, y el ente encargado de otorgar una concesión marina para el aprovechamiento de este espacio es la Dirección de Aguas del MINAE, por lo que serán estas instituciones las que deberán velar por la cantidad de permisos y concesiones finales que se otorguen, en función de las políticas que estas definan.

Las actividades de maricultura se desarrollan en zonas concesionadas en el mar, y sólo se puede desarrollar un proyecto por área concesionada. El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental se encarga de establecer los estudios de línea base y los posibles impactos de esta actividad, dentro del AP (área concesionada). El decreto ejecutivo N°42755, establece zonas de retiro o distanciamiento, como áreas de amortiguamiento entre proyectos de maricultura, en donde se puede contener cualquier impacto que se genere dentro del área concesionada, y que pueda movilizarse fuera del AP. Estas áreas de separación o amortiguamiento también tienen como función disminuir o eliminar por completo los efectos acumulativos entre proyectos de Maricultura, teniendo distancias de separación entre proyecto de hasta 4 000 m. En conclusión, la cantidad de permisos o concesiones otorgadas, concierne a las instituciones rectoras en el ámbito técnico de la acuicultura marina, y de concesiones.

En el ámbito ambiental, según lo establecido en la norma, los impactos asociados a la actividad y a los posibles impactos acumulativos, son contemplados de manera conservativa. Solicita que se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad.

  1. 8El 13 de octubre de 2022, la accionante, replica el informe rendido por la Procuraduría General de la República. Manifiesta que el D5 fija rutas de decisión según la escala de producción de maricultura, sin considerar otros factores ambientales irrespetando la lógica de la evaluación ambiental inicial, tal y como se acredita con el estudio realizado por el Doctor Allan Astorga, el cual adjunta.
  2. 9Por resolución de las diez horas cuarenta y cinco minutos del quince de enero de dos mil veinticuatro, la magistrada instructora confirió audiencia al Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y al Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional.
  3. 10En memorial presentado el 25 de enero de 2024, Ángel Francisco Herrera Ulloa, Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, contestó la audiencia conferida y manifestó:

“En la UNA trabajamos asociados a muchas instituciones, para apoyar una región del país deprimida social y económicamente, con unos pequeños proyectos en el mar, equivalentes en tierra a pequeñas finquitas de café.

Contexto general de la acuicultura La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que, con el fin de hacer frente a la creciente demanda global de alimentos, la agricultura debe aumentar su producción en casi un 50 %. Este desafío no solo implica la necesidad de incrementar la cantidad de producción, sino, de manera crucial, mejorar la eficiencia y reducir los impactos ambientales. La premisa fundamental es la producción sostenible y competitiva, llevando a cabo prácticas agrícolas que sean beneficiosas tanto para el entorno como para la economía1. En este contexto, es[ inevitable que las actividades agropecuarias sigan creciendo para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en cada país y Costa Rica no es la excepción. ]

La acuicultura marina es una actividad del sector agropecuario que se realiza en los mares. Y representa una de las actividades más importantes para el desarrollo del "Crecimiento Azul" una estrategia actualmente impulsada por la Organización de las Naciones Unidas a través de la FAO, donde la acuicultura marina se considera un elemento clave para lograr el desarrollo sostenible ya que sus metas están rigurosamente alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus respetivos objetivos (ODS).https://www.fao.org/documents/card/ru/c/8801244b-8c61-469e-ab33-7774ae232285/.

La acuicultura es una actividad destinada a cultivar y producir peces, camarones, algas, moluscos y otros organismos en el medio acuático cuyo destino es en general el consumo humano 2. Es una actividad con[ similitudes a la producción desarrollada en tierra, cómo por ejemplo la producción de ganado vacuno, no obstante, con mucho menos efectos negativos en el medio ambiente. Por ejemplo, en la industria ganadera se talan millones de hectáreas de bosque para el pastoreo ]3, se consumen miles de[ litros de agua dulce para la producción de un Kilogramo de carne y se genera una alta emisión de metano a la atmósfera (gas de efecto invernadero) que aumenta el calentamiento global lo que incide negativamente en el cambio climático, entro otros efectos negativos ]4. Por esta razón es qu[e se fomenta cada día más esta actividad por encima de otras actividades de producción de carne para consumo humano. ]

Erróneamente se relaciona la acuicultura marina a la pesca extractiva, pero la realidad es que difiere significativamente de ésta 2, ya que los organismos no son extraídos del medio ambiente para el cultivo, con la consecuente disminución de sus poblaciones naturales. Para la acuicultura se utilizan técnicas de reproducción en condiciones controladas de cautiverio para obtener los peces, camarones y otros organismos, que son los que se llevan a las granjas en el mar para su crecimiento y posterior comercialización2. En este contexto, inclusive, la acuicultura es una herramienta exitosa para la repoblación de especies que han sido sobrexplotadas por la industria pesquera o afectadas por la contaminación humana5.

Además, se ha logra[do constatar que la acuicultura marina tiene importantes beneficios sociales, económicos y medioambientales como son: mayor impacto en la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza; oportunidades de empleo para las comunidades rurales; mayor suministro y disponibilidad de productos alimentarios marinos; mejoramiento de la nutrición y el bienestar humano; mayor entrada de divisas; y la mejora del reciclaje de los nutrientes cuando se utilizan sistemas de acuicultura integrada. Todos estos factores deben ser tenidos en consideración y sopesados por su importancia en una comparación equilibrada de los sistemas de producción alimentaria]6.

Sin embargo, a pesa[r de que esta actividad es menos perjudicial para el ambiente en comparación con otras actividades pecuarias de producción de alimentos, también puede tener efectos ambientales negativos en el medio ambiente si no se desarrolla adecuadamente. No obstante, es claro que los efectos negativos en el ambiente dependerán estrictamente de la escala de producción que se establezca. ]

En el sector agropecuario es normal y prácticamente universal la utilización de 3 escalas7: pequeña, mediana y g[ran escala. Esta diferenciación se establece con el principio de establecer normas, regulaciones e inclusive incentivos dependiendo de la intensidad de la producción. A mayor producción mayor normativa en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito ambiental. A menor intensidad de producción disminuye la normativa y los requisitos debido a que los efectos de la producción en el ambiente disminuyen e inclusive pueden llegar a ser tan bajos que se consideren no significativos en términos de daño ambiental. Ámbito en el que normalmente se ubica la categoría de pequeña escala o similares. ]

Sobre la acuicultura de pequeña escala y su desarrollo en Costa Rica De forma general la acuicultura de pequeña escala se refiere a la práctica de cultivar y criar organismos acuáticos, como peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas, en instalaciones de menor tamaño, generalmente gestionadas por comunidades locales o pequeños productores. La producción anual ejercida en esta escala es muy baja y no se prevén daños significativos en el medio ambiente. Debido a estas virtudes en Costa Rica la acuicultura de pequeña escala es fomentada por diversas instituciones del Estado cómo el IMAS, Universidades estatales (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, Sistema de Banca para el Desarrollo y el INCOPESCA quien por ley es el ente encargado de la promoción y ordenación del subsector de acuicultura, creado por la Ley N.° 7 384 del 29 de marzo de 19947. Se fomenta el desarrollo de la acuicultura debido a su potencial de generar desarrollo sostenible por medio de la generación de empleo en zonas marginadas, por ejemplo, las zonas costeras del país donde el sector pesquero artesanal se ha visto afectado por varios factores que lo han llevado a condiciones sociales de pobreza y exclusión 8.

En consecuencia, se[ dirigen específicamente asociaciones y cooperativas locales de zonas costeras conformadas por personas con bajos recursos económicos y pocas posibilidades de empleo y de desarrollar nuevas ideas productivas, especialmente pescadores artesanales.]

Estos proyectos pueden generar un impacto económico a más de 15 familias directamente y 30 indirectamente. Además, dinamizan el turismo y mercado de insumos y productos relacionados en la comunidad por lo que sus impactos sociales son significativos. Además, permiten el traslado de pescadores artesanales de una actividad extractiva como la pesca a una productiva de muy baja escala y por ende de muy bajo impacto ambiental, una estrategia acorde con las políticas ambientales sostenibles del país y cumpliendo con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Acuicultura). (https://doi.org/10.4060/ca9229es), por ejemplo:

ODS 1. Fin de la pobreza.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la acuicultura proporciona trabajo a más de 20 millones de personas en el mundo y es una de las actividades que puede desempeñar un papel fundamental en la reducción de la pobreza generando fuente de empleo directos e indirectos suministradores de productos y servicios que giran alrededor de la acuicultura.

ODS 2. Hambre cero.

La acuicultura supone una de las principales fuentes de proteína en muchas regiones del mundo. “Los océanos nos proporcionarán una gran parte de los alimentos nutritivos que necesitamos mediante el desarrollo de nuevas formas de acuicultura sostenible, la acuicultura representa la mejor forma de ayudar a alimentar a unos 10.000 millones de personas durante los próximos años.” https://news.un.org/es/story/2020/11/1484232.

ODS 12. Producción y consumo sostenible La acuicultura no se libra de la huella de carbono, ya que todos los sectores productivos, incluida esta actividad, generan gases de efecto invernadero a través de sus procesos de fabricación, transformación, transporte, almacenamiento y comercialización de sus productos. Sin embargo, no todos los alimentos de origen animal tienen la misma contribución de este tipo de gases, y los productos de acuicultura tienen unas emisiones ligeramente por debajo de las aves, y muy inferiores a las del sector porcino y vacuno.

ODS 14. Vida submarina La acuicultura, además de colaborar en el aumento de las poblaciones que viven en las aguas, tiene la posibilidad de ayudar a conservar las especies que han estado expuestas a una excesiva explotación por la pesca tradicional.

Además, estos proyectos también contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria del país, aportando un alimento, reconocido por su calidad nutricional, y ayuda a no depender de mariscos importados de otras regiones del mundo cómo son el pangasio y la tilapia proveniente de Asia.

Respecto al Marco jurídico actual vigente sobre proyectos en acuicultura marina en Costa Rica y su relación con el caso El ente rector de la acuicultura en Costa Rica es el INCOPESCA y es la autoridad ejecutora de la Ley de Pesca y Acuacultura (Ley N° 8436) aprobada por la ASAMBLEA LEGISLATIVA. LEY ESPECÍFICA PARA LA ACTIVIDAD DE ACUICULTURA.hhtp://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=54688&nValor3=95742 Por lo tanto, el INCOPESCA coordina el sector acuícola, mediante la promoción y el ordenamiento de la acuicultura. Siendo éste el encargado de otorgar las autorizaciones para el cultivo de organismos acuáticos en aguas marinas o continentales. En este contexto la Ley de Pesca y Acuacultura N° 8436 en su Título III, Acuicultura, Capítulos I, II establece las directrices necesarias para el cumplimiento, control y autorización de proyectos acuícolas marinos.

Segundo: El artículo 83 de la Ley de pesca y acuicultura establece: Para solicitar la autorización acuícola y la concesión para el uso de aguas, los interesados deberán aportar los respectivos proyectos de acuicultura, junto con una evaluación de impacto ambiental establecida por la SETENA según corresponda.

Tercero: La Ley de pesca y acuicultura establece que la evaluación de impacto ambiental deberá ser resuelta y otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental SETENA.

Cuarto: Que las viabilidades ambientales para proyectos de acuicultura marina se rigen actualmente en la SETENA por la Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría Nº 42755-MINAE.

En este caso es relevante indicar que este decreto en cuestionamiento establece una categoría inferior a la pequeña escala, llamada Social Familiar, creada para ser consecuente con las políticas del Estado de fomento de la acuicultura de pequeña escala dirigida especialmente a personas de bajos recursos de las zonas costeras que buscan empleo. Se extrae del decreto la siguiente definición:

“Representa cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por un núcleo familiar solamente con fines de subsistencia, autoconsumo, o con fines comerciales para generar su propio empleo, así como, cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por asociaciones, cooperativas u otros grupos organizados apoyados y acompañados durante al menos los dos primeros años, por al menos dos instituciones del Estado, cuyo objetivo principal sea la generación de empleo en las zonas marino costeras del país. Se caracterizan por ser actividades con bajo impacto ambiental potencial inclusive si se ubican en áreas marinas protegidas cuya constitución legal permita este tipo de actividades, según el Sistema Nacional de área de Conservación SINAC. Son Proyectos considerados de registro (D5-SF). Los límites de producción dependerán de cada grupo de especies tal como se muestra en el cuadro 1 y los requisitos para optar por el aval ambiental en el cuadro 2.” Esta es la escala que se somete al cuestionamiento por no tener que realizar un estudio mayor de impacto ambiental, y solo se realiza un registro, no obstante, es evidente que esta escala además de ser menor a una pequeña escala, de muy baja producción y por ende con impactos potenciales no significativos en el medio ambiente, fue definida en función de la equidad promulgada en el concepto de desarrollo sostenible, para que puedan tener acceso a ella las personas con bajos recursos económicos.

Adicionalmente es importante indicar que la normativa anterior ejercida sobre esta actividad no hacía diferencia sobre las escalas de producción por lo que se hacía prácticamente imposible a pequeños productores optar por una viabilidad ambiental ya que se le solicitaban requisitos similares a una gran empresa.

Este problema era evidente y manifestado años atrás cómo se puede leer en el informe de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la Acuicultura de pequeña escala y recursos limitados en América Latina y el Caribe, donde funcionarios de INCOPESCA, expresaron para Costa Rica que una de las limitaciones más importantes para el desarrollo de la acuicultura en era:

“el exceso de trámites para obtener permisos de viabilidad ambiental, concesiones de agua y autorizaciones acuícolas. Ello ha generado que sean pocos los emprendimientos que actualmente cuentan con una autorización oficial para operar, debido a que un buen número de productores, especialmente los de pequeña escala, no cumplen con los requisitos necesarios para obtenerla”.

Por lo tanto, es evidente que la SETENA tomó medidas para mejorar la legislación ambigua y dar mayor claridad con la separación de escalas. A cómo aumenta la escala aumentan los requisitos y estudios ambientales a presentar, lo cual a todas luces cumple con la lógica de una normativa equitativa con los seres humanos y el medio ambiente.

Quinto: Que la concesión de aprovechamiento del agua marina será otorgada por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE. Acto jurídico mediante el cual el MINAE confiere a personas físicas y jurídicas un derecho limitado de aprovechamiento sostenible sobre las aguas para el desarrollo de las actividades acuícolas para la producción y el aprovechamiento de determinadas especies, en los términos y las condiciones expresamente establecidos en dicho contrato. (Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N°8436 - artículo N° 101).

Corresponderá al MINAE normar la forma, el modo, los requisitos y los procedimientos aplicables para su respectivo otorgamiento. El criterio emitido por el MINAE será vinculante para las partes y para el INCOPESCA.

En el área de la concesión (Art. 86), los concesionarios podrán realizar todas las obras materiales, inversiones e instalaciones, previa evaluación y autorización de los organismos competentes.

Sexto: Adicional a lo anterior, al iniciar la operación del cultivo se debe obtener el Certificado Veterinario de Operación CVO: otorgado por el Servicio Nacional de Salud Animal SENASA. Certificado mediante el cual se hará constar la autorización, a fin de que el establecimiento se dedique a una o varias actividades de las enumeradas en el artículo 56 de la Ley SENASA, Nº 8495. (Reglamento General para el Otorgamiento del Certificado Veterinario de Operación Veterinario de Operación Nº 34859-MAG).

Conclusiones:

1. La acuicultura marina es una actividad en crecimiento, que responde a las necesidades de seguridad y soberanía alimentaria y a la necesidad de nuevas alternativas productivas sostenibles que estén acorde con las políticas y tratados internacionales relacionados al desarrollo sostenible. Actualmente la acuicultura marina sostenible es clave para las estrategias de crecimiento azul que impulsa la ONU y la FAO. Por lo tanto, su desarrollo está acorde con los tratados firmados por Costa Rica para la protección del ambiente marino.

2. La acuicultura cómo toda actividad ejercida por el ser Humano puede contaminar, no obstante, su potencial contaminación depende estrictamente de la intensidad de la producción. En otras palabras, depende de la escala de producción. Contexto en el cual se entiende que la pequeña escala o en su efecto una escala inferior cómo la establecida en el decreto Nº 42755-MINAE presenta un impacto potencial no significativo en el ambiente, debido a su baja producción y al contrario podría tener un impacto positivo en el ambiente por el traslado de pescadores artesanales de una actividad extractiva a una productiva. Además de otros beneficios, cómo el acceso a un trabajo digno amparado en nuestra constitución política.

3. La Universidad Nacional es una de las muchas instituciones estatales que se han sumado al fomento de la acuicultura marina de pequeña escala o en su efecto para Costa Rica la escala Social Familiar. Su papel en este tipo de proyectos de cultivo se consigna especialmente al aporte de conocimiento técnico científico para la producción y cultivo, respetando las directrices legales establecidas a la fecha para su desarrollo. En este caso la UNA respeta la legislación ambiental establecida por las instancias competentes.

4. La Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 13 de noviembre de 1995, crea la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), cuyo propósito fundamental será entre otros armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos, así como el de analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública, y cualesquiera otras funciones necesarias para cumplir con sus fines (artículo 84 y 85 de la Ley Orgánica Ambiental). Por lo tanto, es la SETENA el ente responsable de establecer este tipo de normas.

5. El desarrollo sostenible es el eje principal de los tratados internacionales relacionados a la protección del ambiente, ratificado en todas las cumbres de la Tierra y otras cumbres relacionadas dirigidas por las Naciones Unidas. El Desarrollo Sostenible implica el uso sostenible de los recursos no la protección absoluta.”

  1. 11El 31 de enero de 2023, el Técnico Judicial y la Secretaria de la Sala Constitucional hicieron constar que, revisado en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales, el control de documentos recibidos y este expediente, no aparece que del 16 al 29 de enero de 2024, el Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, haya presentado escrito o documento alguno, a fin de contestar la audiencia que se le confirió en la resolución dictada a las 10:45 horas del 15 de enero de 2024.
  2. 12Heiner Jorge Méndez Barrientos, Presidente Ejecutivo con rango de Ministro del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, contestó la audiencia conferida y manifestó, sobre la legitimación de la accionante, que ésta justifica su legitimación, en que se trata de intereses difusos. Desde esa óptica y a la luz de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, indica que no tiene observaciones al respecto. Sobre el fondo del asunto indica, como antecedente, que el Estado costarricense ya ha establecido la normativa para la implementación de proyectos de maricultura en nuestras costas, para tal fin se encuentra el decreto ejecutivo MINAE N 031849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, reglamento general sobre los "Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)", así como la "Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura" Decreto Ejecutivo No. 42755 y formularios por categoría.El Decreto N°42755, se establece como "Guía General para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de maricultura y formularios por categoría", misma que tiene como fin desarrollar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para los proyectos de maricultura, clasificándolos en escalas siendo estas: Acuicultura Social-Familiar, Pequeña Escala, Mediana Escala, Gran Escala. Pretende la accionante que la Sala declare inconstitucional la omisión de los artículos 1,2,3,4 y sus anexos, contenidos en el Decreto Ejecutivo N°42755 publicado el 22 de febrero del 2021 en el alcance N.38, de exigir estudios de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de maricultura. La accionante justifica su pretensión, afirmando que la inconstitucionalidad de la norma está en regularse la solicitud y requisitos en los anexos 1 y 2 relacionados con proyectos menores de maricultura, cuyas categorías han sido denominadas Acuicultura Social- Familiar y Pequeña, ya que no se exige un estudio de impacto ambiental, además, no se establece una limitación al número de permisos.Sostiene que la accionante no lleva razón, ya que si bien para estas categorías no se exige un estudio de impacto ambiental, requiriéndolo únicamente para los proyectos que sean de gran escala, lo cierto también es que se establecen otros instrumentos de evaluación para poder otorgar la autorización del proyecto. En la Tabla 1 -Categorías de maricultura-, se enumeran los requisitos para cada categoría de maricultura. Agrega que se encuentra establecido el nivel de impacto ambiental según categoría, que va de bajo impacto a moderado impacto para la categoría social familiar y grande respectivamente, además indica los formularios a aplicar según tipo de categoría de producción a desarrollar -Tabla 2, Impactos ambientales según categoría de producción y formularios asociados-. Por otra parte, SETENA también tiene establecida el área en hectáreas y los niveles de producción en kilogramos por año, para cada categoría y por especie de interés de cultivo como camarón, peces y ostras-mejillón -Tabla 3.Área establecida para producción en hectáreas y producción kg año- La presentación del instrumento D5, es realizado por un profesional con calidad de regente ambiental que facilitará el proceso de llenado de la información y gestión ante la SETENA. Una vez obtenido por parte de la SETENA el REGISTRO AMBIENTAL para el proyecto de maricultura, se debe solicitar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Dirección de Aguas la solicitud de concesión de caudal de agua de mar (litros por segundo), para utilizar en la producción de camarones, peces, ostra o mejillones según corresponda. Para la estimación del caudal de agua el INCOPESCA estableció el caudal de agua requerido para la maricultura de la categoría social familiar. Referencia: Alvarado-Ruiz, C. (2022). Estimación del requerimiento de caudal L/seg para maricultura. El Bohío boletín electrónico. Vol. 12. No IO. 2939 p. INCOPESCA. Con respecto al número ilimitado de autorizaciones que alega la accionante, indica que en atención a esto, se han seleccionado sitios en la costa Pacífica y el Caribe para el desarrollo de estos proyectos, y para ello el Incopesca se encuentra en el proceso de revisión final de los términos de referencia para establecer la zonificación para la maricultura en Costa Rica, mediante el documento “Términos de referencia para la contratación de una empresa o persona física para establecer la zonificación de la maricultura sostenible en la costa pacífica y caribe de Costa Rica (Programa de desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en Costa Rica).” Además, para que el Incopesca, autorice un proyecto de maricultura en cualquiera de sus escalas, primero se deberá contar con la resolución de la SETENA y de la Dirección de Aguas, luego un Biólogo de la Dirección de Fomento del Incopesca, realiza una inspección de campo, para emitir una recomendación de viabilidad desde el punto de vista acuícola y solo si ésta es positiva, la máxima autoridad otorgará la autorización, por lo cual se evidencia que las solicitudes pasan por filtros de todas las instituciones involucradas, y que en cada una deben de cumplir requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto.Es importante establecer que contario a lo que plantea la accionante, en cuanto a la vulneración de los derechos humanos, la vida y la salud, según los registros del Incopesca, todos los proyectos de maricultura aprobados o autorizados posterior a la entrada en vigencia del Decreto impugnado, se encuentran en la escala de Social- Familiar, siendo liderados por mujeres, atendiendo a los principios de cero hambre, inclusión de la mujer, equidad de género, entre otros. Ver los informes Troell et al., 2023 mediante una revisión de la literatura científica indican que la acuicultura contribuye con los 17 ODS entre las que se resaltan. J World Aquac Soc.2023;54:251—342/@2023 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Journal of the World Aquaculture Society published by Wiley Periodicals LLC on behalf of World Aquaculture Society. Concluye que, en su criterio, la norma impugnada no solo cuenta con el aporte técnico, sino que además se sometió a los controles de legalidad que determina el ordenamiento jurídico, ya que no se pretende causar un retroceso normativo, ya que la misma dinámica del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, hace que esta materia sea muy dinámica y cambiante, de toda suerte que lo se permite hoy mañana puede estar prohibido o viceversa, sin que ello demerite que se pretenda causar un perjuicio a los recursos naturales, para lo cual precisamente el Incopesca, como ente autónomo, debe velar por el cumplimiento del principio de legalidad y el debido proceso de todos los proyectos que son autorizados, además de que no todos los proyectos de maricultura generaran alteraciones al ambiente, como en el caso que nos ocupa sin que esto signifique que estén a la libre o que no tengan regulaciones adaptadas a su escala que cumplir, por ejemplo los compromisos ambientales, a diferencia de aquellos proyectos que sí pueden eventualmente generar alteraciones considerables al medio ambiente, estos sin excepción, previa autorización deberán contar con evaluación del impacto ambiental.Actuar de manera distinta sería desconocer por completo la naturaleza jurídica del Incopesca y de los principios que rigen el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros, mismos que han sido reiteradamente reconocidos por la Sala Constitucional.
  3. 13En memorial presentado el 1o. de febrero de 2023, José Miguel Zeledón Calderón, Director de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, contestó la audiencia conferida y manifestó, con respecto a la acción planteada, que la accionante solicita se declarare la inconstitucionalidad del Decreto 42755-MINAE, por cuanto omite solicitar estudios de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de maricultura, y la falta de limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos. Al respecto, indica que el decreto impugnado está relacionado con el quehacer ordinario de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, y los diferentes instrumentos técnicos que esta desarrolla y aplica para evaluar el posible impacto de una actividad sobre el medio ambiente, tal y como lo señala el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, por lo que sobre sus competencias, no se pronuncia.En relación con las concesiones de agua para proyectos de maricultura, cuyo análisis técnico, y recomendación para el Ministro lo realiza esa Dirección, debe tenerse en cuenta lo siguiente: cuando el solicitante llega a la Dirección de Aguas, ésta lleva un Registro de Concesiones otorgadas, su duración, su ubicación, caudal concedido entre otros. De forma tal que no existan sobreposiciones ni se extralimiten las concesiones en una zona determinada. Tal y como se ha indicado en su oportunidad, a este mismo tribunal, en materia de solicitud y resolución de concesiones de agua superficial y subterránea, se cuenta con un vasto marco jurídico de regulación y protección, que por sí solo procura cumplir las garantías ambientales programadas en la Constitución Política y las leyes, lo que se logra, además, gracias al criterio emitido por el experto que posee la Dirección de Aguas del MINAE sobre la materia.En razón de lo anterior, la evaluación ambiental de parte de la SETENA no garantiza la protección del recurso hídrico y el medio ambiente, como sí lo asegura el procedimiento por el cual se obtiene una concesión de aprovechamiento de aguas. Lo anterior tomando en consideración los artículos 17, 176 y 177 de la Ley de Aguas, por medio de los cuales el Ministro del MINAE es el ente rector del recurso hídrico y el encargado de autorizar las concesiones de aprovechamiento de este. El procedimiento de concesión de aguas se ha estructurado de manera, que integra no sólo criterios de protección al recurso, sino que, además, incorpora, en la recomendación técnica que sustenta las resoluciones que otorgan o deniegan las concesiones, estudios técnicos y criterio de las otras instituciones como AyA y SENARA, entre otros, según corresponda. De este modo, la Dirección de Aguas, al recibir una solicitud de concesión de agua, ubica el punto cartográfico de toma para identificar si se ubica dentro de alguna área silvestre protegida.Lo anterior, con el propósito de dar audiencia al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el que indica si existe alguna objeción particular, desde la óptica de la regulación ambiental y, consecuentemente, emite un criterio para la resolución de la concesión. A mayor abundamiento, el procedimiento de solicitud de concesión de agua conlleva una fase técnica, en la cual, la Dirección efectúa una evaluación de campo donde se analiza, entre otros factores, el levantamiento de información hidrométrica de la fuente solicitada, los aprovechamientos autorizados sobre la misma fuente. No hay que olvidar que la Dirección de Aguas, tiene identificadas zonas críticas en materia de disponibilidad hídrica, que ameritan evaluaciones más detalladas y extensas, temporalmente, a fin de obtener mayor certeza científica. Además, se analizan aspectos técnicos para el cálculo de las necesidades de verificación, con base en instrumentos como el “Manual Técnico de Dotaciones del Departamento de Aguas”, publicado en La Gaceta Nº 204 del 22 de octubre del 2021.A mayor abundamiento, en lo tocante a la aplicación de criterios de protección al recurso hídrico, la Ley Orgánica del Ambiente establece en su artículo 51, en relación con el artículo 52, inciso b), los criterios que deben aplicarse para la conservación y el uso sostenible del agua, específicamente, en el otorgamiento de concesiones y permisos para aprovechar cualquier componente del régimen hídrico.Criterios anteriores que son los siguientes: a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico; b) proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico y c) mantener el equilibrio del sistema de agua, protegiendo cada uno de los componentes de las cuencas hidrográficas, tales criterios se aplican en la fase de monitoreo de las concesiones, tal y como ha sucedido en los casos de reglamentación de fuentes. Agrega que en la fase final del procedimiento de concesión de aprovechamiento de aguas, la Dirección de Aguas recomienda otorgar o denegar ésta última, con fundamento en el caudal disponible, los estudios técnicos, las evaluaciones de campo, las audiencias a otras instituciones que tiene competencia sobre el recurso hídrico, las necesidades reales del solicitante y el Manual Técnico indicado. Por otra parte, el MINAE, a través de la Dirección de Aguas, puede aplicar el Código de Buenas Prácticas Ambientales y el principio de responsabilidad ambiental para exigir el cumplimiento de requisitos especiales que deba cumplir el solicitante de una concesión de agua, por lo que, ambientalmente, el recurso hídrico está siendo protegido.Concluye indicando que, conforme el Manual de Procedimientos de la SETENA y el decreto impugnado, las actividades contenidas en este último no carecen de evaluación por parte de SETENA, sino que los instrumentos diseñados por ésta están en función de valoraciones técnicas que, como ente experto en la materia, ha determinado.
  4. 14Se prescinde de la vista señalada en los artículos 10 y 85 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, con base en la potestad que otorga a la Sala el numeral 9 ibídem, al estimar suficientemente fundada esta resolución en principios y normas evidentes, así como en la jurisprudencia de este Tribunal.
  5. 15En los procedimientos se ha cumplido las prescripciones de ley.

Redacta la Magistrada Hess Herrera; y,

Considerando:

I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN Y LEGITIMACIÓN DE LA ACCIONANTE

La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a efecto de que la Sala pueda conocer el fondo de la impugnación. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional contiene los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad, y regula tres situaciones distintas. En el párrafo primero exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial -en el que se incluyen los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa, únicamente en el procedimiento de agotamiento de esta vía, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada como medio razonable de amparar el derecho que se considera lesionado en el asunto principal. Por su parte, en los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa, aquella que no requiere de asunto base, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) cuando se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto y, c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes en asuntos de su competencia.

En el presente caso, la accionante fundamenta su legitimación en la defensa de intereses difusos, según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Al respecto, este Tribunal ha indicado lo siguiente:

“(…) En segundo lugar, se prevé la posibilidad de acudir en defensa de "intereses difusos"; este concepto, cuyo contenido ha ido siendo delineado paulatinamente por parte de la Sala, podría ser resumido en los términos empleados en la sentencia de este tribunal número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres) "… Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una de ellas.

Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter".

En síntesis, los intereses difusos son aquellos cuya titularidad pertenece a grupos de personas no organizadas formalmente, pero unidas a partir de una determinada necesidad social, una característica física, su origen étnico, una determinada orientación personal o ideológica, el consumo de un cierto producto, etc. El interés, en estos casos, se encuentra difuminado, diluido (difuso) entre una pluralidad no identificada de sujetos. En estos casos, claro, la impugnación que el miembro de uno de estos sectores podría efectuar amparado en el párrafo 2° del artículo 75, deberá estar referida necesariamente a disposiciones que lo afecten en cuanto tal. Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros.

Al respecto deben ser efectuadas dos precisiones: por un lado, los referidos bienes trascienden la esfera tradicionalmente reconocida a los intereses difusos, ya que se refieren en principio a aspectos que afectan a la colectividad nacional y no a grupos particulares de ésta; un daño ambiental no afecta apenas a los vecinos de una región o a los consumidores de un producto, sino que lesiona o pone en grave riesgo el patrimonio natural de todo el país e incluso de la Humanidad; del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. Por otra parte, la enumeración que ha hecho la Sala Constitucional no pasa de una simple descripción propia de su obligación – como órgano jurisdiccional- de limitarse a conocer de los casos que le son sometidos, sin que pueda de ninguna manera llegar a entenderse que solo pueden ser considerados derechos difusos aquellos que la Sala expresamente haya reconocido como tales; lo anterior implicaría dar un vuelco indeseable en los alcances del Estado de Derecho, y de su correlativo "Estado de derechos", que –como en el caso del modelo costarricense- parte de la premisa de que lo que debe ser expreso son los límites a las libertades, ya que éstas subyacen a la misma condición humana y no requieren por ende de reconocimiento oficial.

Finalmente, cuando el párrafo 2° del artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional habla de intereses "que atañen a la colectividad en su conjunto", se refiere a los bienes jurídicos explicados en las líneas anteriores, es decir, aquellos cuya titularidad reposa en los mismos detentadores de la soberanía, en cada uno de los habitantes de la República. No se trata por ende de que cualquier persona pueda acudir a la Sala Constitucional en tutela de cualesquiera intereses (acción popular), sino que todo individuo puede actuar en defensa de aquellos bienes que afectan a toda la colectividad nacional, sin que tampoco en este campo sea válido ensayar cualquier intento de enumeración taxativa” (ver sentencia No. 2007-01145).

Según lo indicado, la Sala ha admitido dentro de los supuestos de legitimación de los intereses difusos, la defensa del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado del artículo 50 constitucional, en la forma de su uso y disfrute de toda la población actual o potencial que es, precisamente, lo que se discute con la impugnación del Decreto Ejecutivo N°42755 “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría” publicado el 22 de febrero de 2021 en el alcance N°38 a la Gaceta N.36. Por consiguiente, la accionante ostenta legitimación suficiente para impugnar el decreto indicado. Por otra parte, las objeciones de inconstitucionalidad que se plantean, tratan en efecto, de materia cuya constitucionalidad procede revisar en esta vía. Finalmente, se han cumplido los requisitos estipulados en los numerales 78 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, por lo que la acción es admisible en los términos indicados.

II.EL OBJETO DE LA ACCIÓN.- La accionante plantea acción de inconstitucionalidad contra los artículos 1,2,3,4,5,6 del Decreto Ejecutivo N.42755-MINAE y sus anexos, sea la totalidad del decreto, que dispone:

N.42755-MINAE “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría" “Artículo 1º-De la Guía General para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría. Aplíquese la Guía General para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura, concretamente Estudios de Impacto Ambiental, los Pronósticos de Planes de Gestión Ambiental y Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, conforme a lo que se dispone en el Anexo 1 del presente Reglamento, y a fin de implementar lo relativo a actividades, obras o proyectos según la clasificación de categorías establecida en el presente Decreto Ejecutivo. Esta guía se aplica en su totalidad para aquellas actividades, obras o proyectos que presentan el Documento Evaluación Ambiental 05.

Artículo 2°- De los formularios D5 para Estudios de Impacto Ambiental, para Pronósticos de Plan de Gestión Ambiental, Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y Registro Social Familiar. En el Anexo 2 se indican los formularios D5 por tipo de instrumento, ya sea Estudios de Impacto Ambiental, para Pronósticos de Plan de Gestión Ambiental, Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y Registro Social Familiar.

(Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral)

Artículo 3º-Del instructivo para la valoración de impactos ambientales. Aplíquese el Instructivo para la valoración de impactos ambientales, conforme a lo que se dispone en el Anexo 3 del presente Reglamento, a fin de implementar la guía para elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y los Pronósticos - Planes de Gestión Ambiental, Declaraciones Juradas de Compromisos Ambientales y Registro Social Familiar de las actividades, obras o proyectos del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT- MAG-MEJC.

(Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral)

Artículo 4- Del Procedimiento para la definición de la categorización para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Pronósticos de Plan de Gestión Ambiental, Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y Registro Social Familiar. Aplíquese el Procedimiento de la categorización para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, Pronósticos de Plan de Gestión Ambiental, Declaración Jurada de Compromisos Ambienta/es y Registro Social Familiar, conforme a lo que se dispone en el Anexo 1, cuadro 1 del presente Reglamento.

(Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral)

Artículo 5°.- Acceso a los formularios D5. Los formularios D5 estarán a disposición del usuario en la Plataforma Digital de SETENA accesible en el siguiente link: https://www.setena.ga.crles/Catalogold5" (Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N°177 a La Gaceta N°173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral).

Artículo 6º.- De la vigencia. El presente Decreto Ejecutivo rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.” ANEXOS "Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría" Información General 1. La Guía General para la elaboración de instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (Guía de EIA), es una orientación básica de referencia para el equipo consultor responsable de la elaboración del instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se desee confeccionar. Esto por cuanto serán las características del espacio geográfico y del proyecto, obra o actividad que se pretende desarrollar las que determinen la aplicabilidad de los temas de la Guía de EIA y la profundidad que requiere el instrumento de evaluación de impacto ambiental que se va a elaborar. Este mismo principio, también es utilizado por la SETENA para evaluar los Instrumentos de EIA.

2. El grupo consultor que prepara el instrumento de evaluación de impacto ambiental en cuestión, debe designar un profesional coordinador, quien será el que aparece primero en la lista de los autores. Los profesionales coautores serán responsables por el contenido temático de su disciplina específica y de los términos generales de valoración vinculados a dichas disciplinas. El coordinador del Instrumento de EIA será el principal responsable del contenido temático sobre los aspectos generales, no atribuibles a una disciplina en particular.

3. Conforme al mandato de la Ley Orgánica del Ambiente N°7554, el desarrollador, los consultores ambientales y quienes aprobaron el instrumento de EIA, son directa y solidariamente responsables por el daño ambiental que pueda ocurrir al desarrollar la actividad, obra o proyecto. Por esta razón, el instrumento de EIA debe armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos.

4. La guía está dirigida a todos aquellos cultivos realizados directamente en el mar, no incluye acuicultura costera continental como el caso de las fincas de camarón en lagunas o laboratorios de producción de semilla, ya que sus características difieren significativamente de las grajas marinas. En este ámbito se recomienda en otro proceso analizar mejoras en los procesos de obtención de viabilidades ambientales para las fincas camaroneras y especialmente para los laboratorios de producción de semilla (peces, camarones, moluscos, otros emergentes).

5. El enfoque aplicado a los instrumentos propuestos debe abordar la maricultura desde el contexto del desarrollo sostenible considerando los cuatro pilares básicos de éste: sociedad, economía, cultura y ambiente.

6. En Costa Rica, actualmente en la zona marina, con fines comerciales, se cultiva el pargo manchado Lutjanus guttatus, la ostra Crassostrea gigas, el camarón blanco Litopenaeus vannamei y el mejillón Mytel/a sp. Considerando que las tecnologías de cultivo varían entre las especies y en espera de una mayor diversificación de la actividad, se ha considerado oportuno que las escalas se establezcan según cada grupo de especies (peces, moluscos bivalvos y camarones marinos).

7.Se ha considerado necesario, para efectos de solicitar una viabilidad ambiental en la SETENA, establecer cuatro escalas en base a la producción anual de cada grupo de especies y en base a rangos de producción que permitan rentabilidad económica según las características y condiciones de cada proyecto y sitio de cultivo. Producciones inferiores al rango recomendado podrían limitar la rentabilidad y desarrollo actividad haciendo inoperantes escalas de menor rango. Cada escala sugiere la ubicación espacial en relación con las áreas silvestres protegidas según lo establecido en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC (Figura 1).” “ANEXO 1 ESCALAS EN MATERIA DE MARICULTURA Las escalas propuestas para el trámite de la viabilidad ambiental son:

1. Acuicultura Social-Familiar Representa cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por un núcleo familiar solamente con fines de subsistencia, autoconsumo, o con fines comerciales para generar su propio empleo, así como, cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por asociaciones, cooperativas u otros grupos organizados apoyados y acompañados durante al menos los dos primeros años, por al menos dos instituciones del Estado, cuyo objetivo principal sea la generación de empleo en las zonas marino costeras del país. Se caracterizan por ser actividades con bajo impacto ambiental potencial inclusive si se ubican en áreas marinas protegidas cuya constitución legal permita este tipo de actividades, según el Sistema Nacional de área de Conservación SINAC. Son Proyectos considerados de registro (D5-SF). Los límites de producción dependerán de cada grupo de especies tal como se muestra en el cuadro 1 y los requisitos para optar por el aval ambiental en el cuadro 2.

2. Pequeña Escala:

Cultivos de organismos acuáticos marinos con una baja producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de bajo impacto ambiental potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo dentro los límites de áreas marinas protegidas, a menos que se establezca la viabilidad de esta actividad en los Planes Generales de Manejo y lo permita su categoría según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 100 metros desde su infraestructura flotante hasta el límite de toda área silvestre protegida y no podrán afectar la sostenibilidad de arrecifes de coral y/o pastos marinos y/o ecosistemas de manglar, cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, Son Proyectos presentados con Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (OS PE). Los límites de producción en esta escala dependerán de cada grupo de especies según el cuadro 1 y los requisitos para optar por el aval ambiental en el cuadro 3.

3. Mediana Escala:

Cultivos de organismos acuáticos marinos con una mediana producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de Moderado Impacto Ambiental Potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo dentro de los límites de las áreas marinas protegidas según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC y no podrán afectar la sostenibilidad arrecifes de coral y/o pastos marinos, y/o ecosistemas de manglar cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 500 metros desde su límite de área de impacto en el fondo marino hasta el límite de toda área silvestre protegida. Deben ser evaluados de acuerdo a los requisitos (05-ME). Los límites de producción en esta escala dependerán de cada grupo de especies del cuadro 1 y los requisitos para optar por el aval ambiental en el cuadro 4.

4. Gran Escala:

Cultivo de organismos acuáticos marinos con una alta producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de Moderado a un mayor Impacto Ambiental Potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo en áreas marinas protegidas según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC y no podrán afectar la sostenibilidad de arrecifes de coral y/Ó pastos marinos y/o ecosistemas de manglar, cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 1000 metros, desde su límite del área de impacto en el fondo marino hasta el límite de toda área silvestre protegida. Deben ser evaluados por los requisitos (OS-GE). Los límites de producción en esta escala dependerán de cada grupo de especies cuadro 1 y los requisitos para optar por el aval ambiental en el cuadro 5.

Cuadro 1. Escalas de cultivo de la maricultura según tipo de organismos marinos (Instructivo para la valoración de impactos ambientales) “ En caso de nuevas especies de invertebrados aún no cultivadas cómo moluscos no bivalvos, equinodermos, macroalgas, entre otras especies, se utilizará la misma categoría de Moluscos bivalvos.

La producción (Kg/año) se establece para camarón entero sin cabeza, pescado eviscerado y ostras enteras con ambas conchas.

La viabilidad ambiental para la acuicultura multitrófica integrada (ver definiciones) será permitida, e incentivada por sus beneficios de sostenibilidad ambiental en las diferentes escalas de producción (social/familiar pequeña, mediana y gran escala). La categoría por aplicar según tipo de organismo (cuadro 1) dependerá de la especie que supere el 60% de producción. Por ejemplo, si se cultiva un 60% de peces y un 40% de moluscos, se empleará la categoría de peces marinos.

El área de los proyectos de pequeña, mediana y gran escala se aplicará proporcionalmente a la producción definida. El perfil del proyecto debe establecer claramente el área máxima a utilizar y esta debe ser consecuente con la producción y plan integral del proyecto.

En caso de que se solicite un área que no corresponde a la descripción técnica del proyecto, con la intensión de abarcar más área de la necesaria, la viabilidad podría ser rechazada o en su efecto se le adjudicaría un aval para una menor área consecuente con la producción real del proyecto y su tecnología.

En el caso de que la producción de un proyecto de cultivo aumente la producción hasta alcanzar los niveles de la escala superior, el responsable del proyecto deberá presentar los restantes requisitos de la nueva escala.

Para el otorgamiento de la viabilidad ambiental, se deberá respetar la distancia entre los límites de cada área de cultivo solicitada para concesión según lo dispuesto en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Distancia mínima en metros entre el límite de un área de cultivo solicitada para concesión entre la misma y las demás escalas”

Anexo 2

CLAUSULA DE COMPROMISO AMBIENTAL FUNDAMENTAL: El presente registro ambiental se otorga en el entendido que el desarrollador del proyecto, obra o actividad cumplirá de forma íntegra y cabal con todas las regulaciones y normas técnicas, legales y ambientales vigentes en el país y a ejecutarse en otras autoridades del estado costarricense. El incumplimiento de esta cláusula por parte del desarrollador no solo lo hará acreedor de las sanciones que implica el no cumplimiento de dicha regulación, sino que además , al constituir la misma, parte de la base fundamental sobre el que se sustenta el registro ambiental, hará que de forma automática dicho registro se anule con las consecuencias técnicas, administrativas y jurídicas que elfo tiene para la actividad obra o proyecto y para su desarrollador, en particular con respecto a /os alcances que tiene la aplicación del artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente.

(…)

CLAÚSULA DE CLAUSULA DE JNTRANSFERIBIL/DAD (SIC): El suscito se compromete a no realizar otra solicitud de aval para /os mismos fines mientras el proyecto por el cual solicitó la viabilidad esté en desarrollo, igualmente deberá declarar que no alquilará, venderá o cederá a terceros la concesión con el aval ambiental solicitado por este medio.

(Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral)”

ANEXO 3

Requisitos para cada escala de Maricultura según instrumento Los requisitos contemplados en este Decreto Ejecutivo son únicos e invariables por las partes para la obtención de las viabilidades ambientales en Maricultura según cada escala.

Cuadro 7: SOCIAL/FAMILIAR (D5-SF}. Registro Tiempo de Asignación de la Viabilidad Ambiental por la SETENA: No mayor a 1 O días hábiles, según el cumplimento y llenado del formulario en el cuadro 3.

Cuadro 8: PEQUEÑA ESCALA (D5-PE). DJCA Tiempo de Asignación de la Viabilidad Ambiental por la SETENA: No mayor a 30 días hábiles, según el cumplimento y llenado del formulario en el cuadro 4.

Cuadro 9: MEDIANA ESCALA (O5-ME) P-PGA CONTENIDOS PARA PRONÓSTICO - PLAN DE GESTION AMBIENTAL* *De acuerdo con lo establecido en los Términos de referencia del Decreto Ejecutivo Nº 32966-MINAE, del 20 de febrero de 2006 Tiempo de Asignación de la Viabilidad Ambiental por la SETENA: No mayor a 40 días hábiles más un tiempo prudencial de subsane, según el cumplimento y llenado del formulario en el cuadro 5.

En este mismo Anexo y Cuadro, bajo el título, elimínese la frase: " De acuerdo con lo establecido en los Términos de referencia del Decreto Ejecutivo Nº32966-MINAE, del 20 de febrero de 2006.

(Corregido el cuadro 9) anterior mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente numeral) Cuadro 10:, GRAN ESCALA (DS-GE}. EslA MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL FORMULARIO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EslA) De acuerdo con lo establecido en los Términos de referencia del Decreto Ejecutivo N ° 32966-MINAE, del 20 de febrero de 2006” Tiempo de Asignación de la Viabilidad Ambiental por la SETENA: No mayor a 60 días hábiles, según el cumplimento de los requisitos solicitados en el cuadro 6.

En este mismo Anexo y Cuadro, bajo el título, elimínese la frase: " De acuerdo con lo establecido en los Términos de referencia del Decreto Ejecutivo Nº32966-MINAE, del 20 de febrero de 2006.” Nota: Los cuadros 7, 8, 9 y 10 del Anexo 3 pueden ser consultados en este enlace: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=93705&nValor3=124511&strTipM=TC

ANEXO 4

Guía para Indicadores Ambientales Definición:

Los· Indicadores ambientales, son parámetros que tienen la función de evaluar el estado actual de un sistema ambiental (como el clima, un paisaje o un ecosistema), que, a su vez, son difíciles de medir o evaluar.

Los indicadores ambientales ayudan a seguir los avances en el logro de objetivos ambientales (por ejemplo, de los objetivos de del desarrollo sostenible, su uso facilita la vigilancia y la toma de decisiones)1 .

1Indicadores Ambientales Informe técnico elaborado por Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente - Oficina Regional para América Latina y el Caribe. (UNEP/LAC-IGWG.XIV/lnf.11 del 9 de octubre de 2003.

Los indicadores, deben de ser medibles, verificables, cuantificables y/o cualitativos y deben de contener una descripción básica.

Para la Evaluación Ambiental que fiscalizará SETENA, se centrara en la revisión de indicadores de cumplimiento, los cuales se han clasificado en tres tipos: l.

1. Tipo I: Son indicadores que cuentan con información y datos cuantitativos disponibles, generada por monitoreo constante. Corresponden a una normativa específica.

2. Tipo II: Son indicadores que contienen información de datos cuantitativos completos o parciales, generados por monitoreo constante, pero se necesita datos o información adicional o más amplia, así como mayor análisis y manejo de la misma antes de poder presentar una tendencia o estatus.

3. Tipo III: Son indicadores conceptuales para cuando no exista suficientes datos disponibles, estos podrán ser descriptivos, cualitativos y/o predictivos.

Notas: a. Para los indicadores tipo III, se deberá actualizar el cuadro de PGA, en la etapa de seguimiento ambiental, cuando a nivel de diseño y de EIA se cuente con información más detallada para generar indicadores tipo l.

b. Se deberá contemplar que, al momento de presentar los Informes de Regencia, todos los indicadores Tipo III, deben de ser presentados en términos de indicadores Tipo l.

c. Registro y corrección en bitácora (Cuadro PGA).

ANEXO 5

Glosario de definiciones relevantes para el presente decreto l. Definiciones 1.1. Acuicultor: Persona física y jurídica que habitualmente se dedica a la producción de organismos de flora y fauna en medios acuáticos, bajo condiciones controladas. (artículo N ° 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura) 1.2. Acuicultura: Producción comercial en cautividad de animales y de plantas acuáticas en condiciones controladas. La acuicultura comercial implica la propiedad individual o colectiva de los organismos cultivados, así como los procesos de transporte, industrialización y comercialización de esos organismos. (artículo N º 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura) 1.3. Maricultura: La maricultura es una rama especializada de la acuicultura involucrada en el cultivo de organismos marinos para productos alimenticios en estructuras navales de cultivo ubicados en mar abierto, en una sección cerrada del océano, práctica que difiere de la Acuacultura tierras adentro, que emplea estanques o canales que se llenan con agua de zona intermareal.

1.4. Acuicultura multitrófica integrada: Es una práctica en el cual los subproductos (desechos) de algunas especies son reciclados para que sirvan como insumos (fertilizantes, alimento) para otros. La acuicultura, en la cual se· usa alimento (por ejemplo: peces, camarones), combinada con la acuicultura de extractores inorgánicos (algas marinas) y con la acuicultura de extractores orgánicos (moluscos), con la finalidad de crear un sistema balanceado para la sustentabilidad ambiental (biomitigación), estabilidad económica (diversificación de los productos y reducción del riesgo) y aceptabilidad social (mejores prácticas de manejo) 1.5. Concesión: Acto jurídico mediante el cual el MINAE confiere a personas físicas y jurídicas un derecho limitado de aprovechamiento sostenible sobre las aguas para el desarrollo de las actividades acuícolas para la producción y el aprovechamiento de determinadas especies, en los términos y las condiciones expresamente establecidos en dicho contrato.

(artículo Nº 101 de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N ° 8436) 1.6. Consultor .Ambiental: Persona física que se encuentra inscrita en el registro de consultores de la SETENA, para brindar asesoría técnica a un desarrollador de actividades, obras o proyectos y que es responsable de la elaboración de las EIA que se presenten a la SETENA, conforme a lo establecido en este reglamento. (Artículo N ° 3, DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC) 1.7. Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA): Manifestación que se hace bajo juramento, otorgada en escritura pública ante notario público, en la que el desarrollador de la actividad, obra o proyecto, se compromete a cumplir íntegra y totalmente con los términos y condiciones estipuladas en el Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental, o bien aquellos otros lineamientos emanados del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. (Artículo N º 3, DE N º 31849-M/NAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC) 1.8.

Desarrollador: Es la persona física o jurídica, pública o privada, que legalmente está facultada para. llevar a cabo la actividad, obra o proyecto y quien funge como proponente de la misma ante la SETENA y tiene interés directo en llevarla a cabo. Es asimismo quien asumirá los compromisos ambientales y será la responsable directa de su cumplimiento. (Artículo N ° 3, DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC) 1.9. Impacto Ambiental Potencial (IAP): Efecto ambiental positivo o negativo latente que ocasionaría la ejecución de una actividad, obra o proyecto sobre el ambiente. Puede ser preestablecido, tomando como base de referencia el impacto ambiental causado por la generalidad de actividades, obras o proyectos similares, que ya se encuentran en operación. (Artículo N º 3 del DE N ° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC) 1.10. Permiso: Acto administrativo especial, mediante el cual se autoriza a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para que ejerzan actividades pesqueras y acuícolas de fomento, didáctica y con fines investigativos, en los términos indicados en el artículo Nº2 de la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N°8436

(Corregido el inciso anterior mediante Fe de Erratas y publicada en el Alcance Digital N° 177 a La Gaceta N° 173 del 8 de setiembre del 2021, que corrigió el contenido del presente inciso)

1.11. Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA): Representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, corresponde al acto en que se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o de Estudio de Impacto Ambiental o de otro documento de EIA. (Artículo N° 3 del DE N° 31849-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC).” La accionante acusa que la exoneración del estudio de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de maricultura, y el hecho de que no se establezca una limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos, viola los artículos 7, 11, 21. 33, 50, 89, 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política.

También tal omisión es contraria al artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al principio 1 de la DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 16 de junio de 1972. Acusa también la vulneración de los principios 15 y 17 de la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.

III. PRECISIÓN SOBRE EL OBJETO DE LA ACCIÓN

El Presidente de la Sala, por resolución de las 12:00 horas del 16 de marzo de 2022, previno a la accionante identificar las normas impugnadas y, a fin de cumplir lo prevenido, presentó escrito el 21 de marzo de 2022, indicando que se impugnan los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto N°42755-MINAE y sus anexos. Sin embargo, tanto en el escrito de interposición como en el memorial de la fecha indicada, hace referencia y transcribe únicamente los artículos 1 al 4 del Decreto impugnado, que son los que guardan relación con los reproches de inconstitucionalidad planteados, ya que acusa que la omisión de exigir estudios de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de maricultura, así como la inexistencia de una limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos, es inconstitucional. De allí que, como se dispuso en la resolución que dio curso a esta acción, el objeto del proceso se circunscribe a la inconstitucionalidad por omisión de los artículos 1, 2, 3, 4 del Decreto Ejecutivo N°42755-MINAE y sus anexos.

IV. SOBRE EL DERECHO AL AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO

Con la reforma del artículo 50 de la Constitución Política mediante Ley número 7412, de 3 de junio de 1994, se consagró en forma expresa en el Texto Fundamental el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el cual previamente había sido reconocido por este Tribunal como un derecho fundamental – en particular, pueden consultarse las sentencias número 2233-93, 3705-93, 6240-93, 5399-93, 1394-94, 4480-94, 5668-94– al derivarlo de lo dispuesto en los artículos 21 (derecho a la vida), 69 (exigencia constitucional a la "explotación racional de la tierra") y 89 (protección de las bellezas naturales), todos de la Constitución Política. Sin embargo, en la norma constitucional la tutela del ambiente se reconoce en una doble dimensión, primero, como un verdadero derecho fundamental, reconocible a toda persona y, en ese sentido es individualizable (nacional, extranjero, mayor de edad o menor, incapaz, persona física o jurídica), por cuanto su defensa atañe a la colectividad en su conjunto (no sólo a los nacionales, sino de toda la colectividad mundial); y segundo, como una verdadera potestad pública , que como tal, se traduce en obligaciones concretas para el Estado en su conjunto, condicionando así, los objetivos políticos, y en consecuencia, la acción de los poderes públicos en general, para darle cabal cumplimiento a este derecho fundamental.

Así, se establece una verdadera obligación del Estado de proteger el ambiente, mediante los mecanismos (actuaciones formales y materiales, disposiciones legales y reglamentarias) que se traduzcan en una efectiva tutela del ambiente y de los recursos naturales que lo integran, con la finalidad de mejorar el entorno de vida del ser humano, con lo cual se desbordan los criterios de conservación natural, para ubicarse dentro de toda la esfera en que se desarrolla la persona que facilite su desarrollo integral – físico, psíquico, mental –. La incidencia que tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado dentro de la actividad del Estado, encuentra su primera manifestación en que por definición los derechos no se limitan a la esfera privada de los individuos, sino que tienen trascendencia en la propia estructura del Estado, en su papel de garante de los mismos, y, en segundo término, porque la actividad del Estado se dirige hacia la satisfacción de los intereses de la colectividad (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007).

En cuanto a la conceptualización del “ambiente” objeto del derecho fundamental, este Tribunal señaló en la sentencia Nº2012013367 de las 11:33 horas del 21de setiembre de 2012 que no es la suma o yuxtaposición de recursos, más bien se refiere a las interrelaciones y equilibrios, a la idea de sistema, indicando que, la ecología como ciencia enseña que la naturaleza debe ser concebida como un sistema. La naturaleza consiste en las relaciones de los organismos con el mundo exterior en la lucha por su existencia. En un lugar determinado se da una biocenosis (vida común) o comunidad de vida, que involucra un cierto número de especies e individuos que se influyen mutuamente. Lo que la caracteriza es su nivel de integración que hace que tengan su propia forma de regulación, toda modificación de uno de los factores determinantes de esta, provocará modificaciones en los otros, esto puede suceder por razones naturales o por la intervención del ser humano.

Así que en la comunidad se da un cierto orden que trae un resultado beneficioso para cada especie, porque genera la productividad y estabilidad máxima del conjunto. Como todo sistema, se caracteriza no solo por la interacción entre sus elementos, sino también porque produce un resultado global o general relativo a todo el sistema: su propia existencia, que es lo que podemos llamar equilibrio dinámico, comprendido dentro del concepto de “equilibrio” que exige la Constitución. Existe una conexión entre la vida y el ambiente al extremo de constituir un único sistema. La vida depende del ambiente, por tanto, se debe velar para que esas condiciones que garantizan la vida, se mantengan en el tiempo; para ello, la Constitución exige que las medidas de cualquier índole deben desarrollarse de manera que respeten las leyes naturales que informan los ecosistemas independientemente del modelo de desarrollo que se adopte. En la misma sentencia, detalló el Tribunal sobre el término ambiente:

“La Sala ha indicado que el ambiente, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras. Los orígenes de los problemas ambientales son complejos y corresponden a una articulación de procesos naturales y sociales en el marco del estilo de desarrollo socioeconómico que adopte el país. Por ejemplo, se producen problemas ambientales cuando las modalidades de explotación de los recursos naturales dan lugar a una degradación de los ecosistemas superior a su capacidad de regeneración, lo que conduce a que amplios sectores de la población resulten perjudicados y se genere un alto costo ambiental y social que redunda en un deterioro de la calidad de vida; pues precisamente el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano.

La calidad ambiental es un parámetro fundamental de esa calidad de vida; otros parámetros no menos importantes son salud, alimentación, trabajo, vivienda, educación, etc., pero más importante que ello es entender que si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para el uso de las generaciones presentes y futuras, lo cual no es tan novedoso, porque no es más que la traducción a esta materia, del principio de la "lesión", ya consolidado en el derecho común, en virtud del cual el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales: Por un lado, los iguales derechos de los demás y, por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (…)”Por otro lado, las metas del desarrollo sostenible tienen que ver con la supervivencia y el bienestar del ser humano y con el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, es decir, de la calidad ambiental y de la sobrevivencia de las otras especies.

Hablar de desarrollo sostenible en términos de satisfacción de las necesidades humanas presentes y futuras y del mejoramiento de la calidad de vida es hablar de la demanda de los recursos naturales a nivel individual y de los medios directos o de apoyo necesarios para que la economía funcione generando empleo y creando los bienes de capital, que a su vez hagan posible la transformación de los recursos en productos de consumo, de producción y de exportación. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 601-2009).

En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país” (…) “(sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

En cuanto al sustento normativo del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se detallan los siguientes tratados e instrumentos internacionales, por ser los más relevantes para el caso que se analiza:

- El artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, aprobado por Ley No. 7907 de 3 de setiembre de 1999 que señala que “ 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

- El párrafo tercero del artículo 3 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Ley No. 7414 del 13 de junio de 1994), indica que los Estados partes deben “tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos”.

- El artículo 8 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley No. 7416 de 30 de junio de 1994), establece como deber del Estado el administrar los recursos “importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación” (inciso c), y promover “la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales” (inciso d). Asimismo, el artículo 14 dispone que cada Estado parte “establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos”.

- El artículo 5 de la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (Ley No. 5980 de 16 de noviembre de 1976), obliga a adoptar medidas jurídicas adecuadas para la protección y conservación del patrimonio natural (inciso d).

- El Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prioritarias en América Central (Ley No. 7433 de 14 de setiembre de 1994), menciona la obligación estatal de tomar “todas las medidas posibles para asegurar la conservación de la biodiversidad” (artículo 10) ; entre éstas, las “que contribuyan a conservar los hábitats naturales y sus poblaciones de especies naturales” (artículo 13, inciso c) ; y de priorizar la conservación de la biodiversidad en sus estrategias de desarrollo (artículo 14 ).

V. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES AMBIENTALES

La acción del Estado para garantizar la efectiva tutela ambiental, está condicionada por los principios constitucionales ambientales, los cuales coadyuvan a determinar el contenido del derecho fundamental de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (véase la sentencia número 2007-2063 de las 14:40 horas del 14 de febrero de 2007). Entre los principios constitucionales ambientales desarrollados por esta Cámara Constitucional, encontramos los siguientes:

1. De la tutela del derecho ambiental a cargo del Estado: Este principio se deriva de lo indicado en el numeral 50 constitucional al establecer la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar este derecho, con lo cual, el Estado se constituye en el garante de la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales (véase la sentencia número 0644-99 de las 11:24 horas del 29 de enero de 1999 y reiterada en la sentencia número 2002-4947 de las 09:24 horas del 24 de mayo de 2002).

2. Principio precautorio o principio de la evitación prudente : Este concepto, desarrollado en las resoluciones número 2806-98, 2003-06322, 2004-1923 y 2005-12039, entre otras, de este Tribunal, se sustenta en el artículo 15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Declaración de Río, que alude a la necesaria acción y efecto de prevenir anticipadamente los posibles daños en los elementos integrantes del ambiente; con lo cual, se propugna por la implementación de acciones tendentes a la debida protección, conservación y adecuada gestión de los recursos, esto es, la adopción de todas las medidas técnicas u operativas para evitar, prevenir o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible – o una duda objetiva al respecto– , se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate; por cuanto la coacción posterior resulta ineficaz en esta materia, dado que, en la mayoría de los casos, los efectos biológicos son irreversibles, donde la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente.

Asimismo, el principio precautorio aplica cuando no existe certeza científica sobre los riesgos o impacto al ambiente de una medida, los estudios o información disponible generan dudas acerca de los riesgos o de su posible impacto negativo. Por su parte, el principio de prevención o preventivo aplica en aquellos casos en que existe evidencia científica de que la medida va a causar daños al ambiente. En este segundo caso, la información disponible puede ser suficiente o insuficiente, pero con la que existe, se alcanza un grado de certeza sobre los impactos negativos que la medida va a provocar sobre el ambiente. La diferencia entre uno y otro está en la existencia o no de certeza científica sobre los posibles riesgos o lesiones al ambiente (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

En suma, este principio, con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política y artículo 15 de la Convención de Río, ya mencionados, obliga a la Administración a adoptar las medidas necesarias para dar cabal protección al ambiente, y evitar daños que son irreversibles.

3. Principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El primero ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares. Asimismo, del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada.

Este principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección. En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

De esta forma, encontramos relación entre el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, pues, como ha indicado este Tribunal en la sentencia número 7294-1998, “el principio de razonabilidad, en relación con el derecho fundamental al ambiente, obliga a que las normas que se dicten con respecto a esta materia estén debidamente motivadas en estudios técnicos serios, aún cuando no existiera otra normativa legal que así lo estableciera expresamente”.

En síntesis, conforme a estos principios, está prohibido para el Estado tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales, en este caso, el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

  1. 4Principios de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica. Este principio, tal y como señaló este Tribunal en sentencia número 14293-2005 de las 14:52 horas del 29 de octubre de 2005, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con la actuación de la Administración como de las disposiciones de carácter general – legales y reglamentarias –, de donde se deriva la exigencia de la "vinculación a la ciencia y a la técnica", elemento que le da un sustento técnico-científico a las decisiones de la Administración en esta materia, y, en tal virtud, limitan y condicionan la discrecionalidad de la Administración en su actuación – en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública–. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos – tales como los estudios de impacto ambiental– , se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la viabilidad ambiental del proyecto o la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, circunstancia que obliga a establecer medidas de precaución o el rechazo del proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura).

5. Principio de uso racional de los recursos naturales. Este axioma exige que exista el necesario equilibrio entre el desarrollo del país y el derecho al ambiente y con el artículo 69 constitucional, del cual se deriva el principio de explotación racional de la tierra, imponiendo tanto a los particulares como al Estado, la obligación de proteger y preservar los recursos naturales renovables (véase la sentencia número 2012-12716 de las 16:01 del 12 de setiembre de 2012). De esta forma, con fundamento en este principio, es que este Tribunal – en sus diversas resoluciones- ha establecido los parámetros constitucionales para el uso adecuado de los mismos; y en virtud de los cuales queda claro que la protección al ambiente debe encaminarse a la utilización adecuada e inteligente de sus elementos y en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político (desarrollo sostenible), para con ello salvaguardar el patrimonio al que tienen derecho las generaciones presentes y futuras.

Por ello, el objetivo primordial del uso y protección del ambiente es que a través de la producción y uso de la tecnología, se obtengan no sólo ganancias económicas (libertad de empresa) sino sobre todo un desarrollo y evolución favorable del medio ambiente y los recursos naturales con el ser humano, esto es, sin que se cause daño o perjuicio” (véase la sentencia número 6322-2003 de las 14:14 horas del 03 de julio de 2003).

Igualmente, en este principio también encontramos relación con el principio de razonabilidad como parámetro de constitucionalidad y el derecho al ambiente, ya que, la exigencia del uso racional de los recursos naturales está directamente vinculada con un parámetro de constitucionalidad de la conducta – administrativa y de los particulares– y de la normativa que rige la materia, como lo es la razonabilidad –según desarrollo de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, por ejemplo véase la sentencia número 2410-2007 de las 10:15 horas del 21 de febrero de 2007- en tanto su finalidad es tender a la sostenibilidad del uso de los recursos naturales y de los elementos que conforman el ambiente, a través de su “uso adecuado”.

VI.SOBRE LA RECTORÍA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, ASÍ COMO LA NECESARIA COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EN MATERIA AMBIENTAL.- Sobre la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía en la materia ambiental, este Tribunal, en la sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de agosto de 2004, indicó que el Estado central es el ente primariamente encomendado para la defensa del medio ambiente, lo que es reafirmado en la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554 del 04 de octubre de 1996, que delega en el Ministerio de Ambiente y Energía buena parte de las competencias en esta materia, sin descargar a los otros entes públicos de sus responsabilidades en este campo. El Ministerio de Ambiente y Energía también tiene la potestad de administrar los refugios nacionales y los humedales, lo cual se deriva además de los artículos 82 y 84 de la Ley de la Conservación Silvestre, 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, 13 de la Ley Forestal, y 58 de la Ley de Biodiversidad (ver sentencia número 2004-8928 de las 16:37 horas del 18 de agosto de 2004).

No obstante lo anterior, el Estado, en sentido amplio, es el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales, por lo que las demás instituciones del Estado tienen también responsabilidad en esta materia. Al respecto, esta Cámara Constitucional ha expresado la necesidad de que exista una coordinación entre las dependencias públicas que busque garantizar la protección del ambiente. De esta forma, mencionó que:

“En diversas oportunidades, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la protección del ambiente es una tarea que corresponde a todos por igual, es decir, que existe una obligación para el Estado –como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el medio, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan el (sic) peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública, debe entenderse comprendida tanto la Administración Central – Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); así como también las instituciones descentralizadas, caso del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; tarea en la que por supuesto tienen gran responsabilidad las municipalidades, en lo que respecta a su jurisdicción territorial.

Es por ello, que podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa, lo cual no es cierto, por cuanto a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, es que se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas (…)” (véase sentencia número 2009-000139 de las 08:53 horas del 13 de enero de 2009).

En síntesis, aunque el Ministerio de Ambiente y Energía ostenta buena parte de las competencias en esta materia, en su condición de rector en materia ambiental y, por tanto, de responsable de emitir las políticas de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales; también es cierto que existe la necesidad de coordinar entre las distintas dependencias públicas que garantizan la protección del ambiente. (ver sentencia número 8713-2008 de las 09:06 horas del 23 de marzo de 2006).

VII. SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Ahora bien, la obligación del Estado de garantizar, defender y tutelar el derecho al ambiente, establecida en el numeral 50 de la Constitución Política, como ya se indicó, también es impuesta por instrumentos internacionales, que establecen obligaciones concretas que deben ser respetadas. En materia ambiental se ha definido el deber de prevención que debe existir en este ámbito; la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, dispone al respecto que:

"Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Principio 17.- Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.” La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido el daño, las consecuencias biológicas y socialmente nocivas pueden ser irreparables; la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente.

Se establece así la obligación de realizar evaluación previa de impacto ambiental de “cualquier actividad que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente”. Esta obligación es desarrollada en la normativa ambiental patria, específicamente en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, que dispone:

“Artículo 17.- Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental.” En congruencia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la evaluación de impacto ambiental previa integra el derecho al ambiente. Tal procedimiento administrativo permite identificar y predecir desde un punto de vista técnico-científico los efectos que una actividad puede provocar sobre el ambiente. La exigencia de estudios técnicos previos responde al principio de sometimiento de las decisiones relacionadas con el ambiente a criterios de la ciencia y la técnica, a fin de proteger el equilibrio ecológico del sistema y la sanidad del ambiente.

Además, el requerimiento de estudios técnicos no es una mera formalidad, sino que se trata de un requisito material, es decir materialmente se tiene que demostrar, mediante un análisis científico e individualizado, el grado de impacto de la medida correspondiente en el ambiente, plantear recomendaciones orientadas a menguar el impacto negativo en este, y demostrar cómo tal medida implica un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades (véase la sentencia número 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

Como indicó esta Sala en la sentencia Nº2022025307 de las 13:40 horas del 25 de octubre de 2022, la Ley Orgánica del Ambiente, N°7554 del 4 de octubre de 1995, en desarrollo del artículo 50 de la Constitución Política y como medio de resguardo o aseguramiento del principio precautorio, el preventivo y el de objetivación del derecho al ambiente, establece la competencia técnica de valoración científica del impacto ambiental de las diversas conductas y proyectos desarrollados por el ser humano. Es en ese sentido que dicha legislación confiere esa competencia especializada a un órgano técnico denominado Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima del Ministerio del Ambiente y Energía. Congruente con esa finalidad, se le asigna el propósito fundamental de armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos (artículo 83). Para ello, la ley le confiere la potestad de analizar las evaluaciones de impacto ambiental y resolverlas dentro de los plazos previstos por la Ley General de la Administración Pública y recomendar las acciones necesarias para minimizar el impacto sobre el medio, así como las técnicamente convenientes para recuperarlo.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Biodiversidad, Ley N°7788, define la Evaluación de Impacto Ambiental como un procedimiento científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una acción o proyecto específico, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. Incluye los efectos específicos, su evaluación global, las alternativas de mayor beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos negativos, un programa de monitoreo, un programa de recuperación, así como la garantía de cumplimiento ambiental. Es el artículo 17 la Ley Orgánica del Ambiente la norma que asigna a SETENA la competencia de realizar la evaluación de impacto ambiental de las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos y dispone que la aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos.

Establece, además, que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto ambiental. El artículo 18 prescribe que la aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental, deberá gestionarse ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental de conformidad con las guías elaboradas por ella y el numeral 19 señala que las resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental deberán ser fundadas y razonadas, estableciendo su obligatoriedad tanto para los particulares, como para los entes y organismos públicos.

Ahora bien, para la evaluación de impacto ambiental, competencia asignada por el legislador a SETENA, será la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, el instrumento técnico necesario para la valoración de dicho impacto, siendo el estudio impacto ambiental uno de ellos, pero no el único posible. Al respecto, esta Sala indicó:

"d-El estudio de impacto ambiental como instrumento de protección. Las normas dirigidas a proteger al ambiente deben tener un sustento técnico, pues su aplicación tiene que partir de las condiciones en las cuáles debe sujetarse el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es así porque al ser los daños y contaminación del medio evaluables, el impacto de estos elementos requiere de un análisis y tratamiento científico. Por ello, la necesidad de una valoración del impacto en el ambiente que según determina el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, consiste en un procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el medio, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De conformidad con el Reglamento citado, que es decreto No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC publicado el 28 de junio del 2004, y que reformó el decreto ejecutivo No. 25705-MINAE, la evaluación del impacto ambiental abarca tres fases: a) una evaluación ambiental inicial, que consiste en un procedimiento de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto, con respecto a su localización para determinar la relevancia del impacto, de este análisis previo se puede otorgar incluso una viabilidad ambiental potencial (que es temporal) o el condicionamiento de la misma a la presentación de otros instrumentos de valoración de dicho impacto; b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros instrumentos de evaluación según corresponda.

El estudio de impacto ambiental es un documento de naturaleza u orden técnico de carácter interdisciplinario, que constituye un instrumento de análisis del ambiente, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los impactos ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre el medio y a definir la viabilidad (licencia) ambiental del proyecto, obra o actividad objeto del estudio; y c) el control y seguimiento de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. La viabilidad ambiental por su parte, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar.

Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de que se trate y amerite. De conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, las actividades que requieren un estudio de impacto ambiental aprobado por SETENA son aquellas actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos materiales tóxicos o peligrosos. Su aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. Es así como la protección del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado obliga al Estado a tomar las medidas de carácter preventivo a efecto de evitar su afectación; y dentro de las principales medidas dispuestas por el legislador en este sentido, se encuentran varios instrumentos técnicos entre los que destaca el Estudio de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en el artículo citado, siendo la condición del proyecto o de la obra, la que determinará en cada caso, su necesidad…El legislador encomendó a la "Secretaría Técnica Nacional Ambiental", las evaluaciones a cargo de "un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la Secretaría… de conformidad con las guías elaboradas por ella…” (sentencia No. 2004-9927 énfasis agregado, ver además sentencias 1220-2002, de las 14:48 horas del 6 de febrero del 2002, 2005-05544 de las 15:38 horas del 10 de mayo de 2005 y 2008-15315 de las 14:59 horas del 10 de octubre de 2008) Más recientemente, en la sentencia Nº2019020625 de las 9:30 horas del 29 de octubre de 2019, indicó la Sala sobre la exigencia del estudio de impacto ambiental:

“(…) El estudio de impacto ambiental es un documento de naturaleza u orden técnico de carácter interdisciplinario, que constituye un instrumento de análisis del ambiente, que debe presentar el desarrollador de una actividad, obra o proyecto, de previo a su realización y que está destinado a predecir, identificar, valorar, y corregir los impactos ambientales que determinadas acciones puedan causar sobre el medio y a definir la viabilidad (licencia) ambiental del proyecto, obra o actividad objeto del estudio; y c) el control y seguimiento de la actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos. Sin embargo, de conformidad con la naturaleza y efectos que pueda producir una actividad, la administración puede evaluar dicho impacto también a través del Plan de Gestión Ambiental, el cual también es un instrumento de la Evaluación de Impacto Ambiental y es un documento que contiene el conjunto de alternativas, modificaciones y medidas destinadas a prevenir, mitigar, corregir, compensar o restaurar los riesgos o impactos ambientales del proyecto, obra o actividad.

Una vez utilizados dichos instrumentos, en el caso en que sean procedentes, es que SETENA determina la viabilidad ambiental de un proyecto. Esta viabilidad, representa la condición de armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista administrativo y jurídico, la viabilidad ambiental corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o en la fase de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental o del Plan de Gestión Ambiental, según la actividad de que se trate y amerite.” En igual sentido, la sentencia Nº2022025307 de las 13:40 horas del 25 de octubre de 2022, alude a que, a mayor intensidad de la afectación de los elementos del ambiente, más pormenorizado será el análisis preventivo:

“Tomando en cuenta que los proyectos que requieren evaluación ambiental, dependiendo de su envergadura y del grado de afectación a los elementos del ambiente, según las diferentes categorías establecidas en las leyes y reglamentos aplicables, y que podrían incluso requerir estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, si las actividades a realizar alteran o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, el análisis requerido será más pormenorizado según la intensidad de la afectación, por lo que en criterio de la Sala una disposición que generalice para todos los proyectos un plazo de 60 días calendario, para resolver la viabilidad ambiental mediante el instrumento técnico que corresponda, sin atender las diferencias apuntadas, es contrario al numeral 50 de la Constitución Política.” (la negrita es agregada) En síntesis, la realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye solo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional.

Además, la evaluación de impacto ambiental deberá realizarse, mediante el instrumento técnico que corresponda, dependiendo del grado de afectación al ambiente, siendo uno de ellos, pero no el único, el estudio de impacto ambiental.

VIII. SOBRE LA ACUICULTURA EN GENERAL Y LA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA

La acuicultura, según indica el Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, debe ser analizada en el contexto de uno de los desafíos que enfrenta la humanidad: la creciente demanda global de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) estima que, con el fin de hacer frente a la creciente demanda global de alimentos, la agricultura debe aumentar su producción en casi un 50 %. Para ello no sólo es necesario incrementar la producción, sino, hacerlo de forma más eficiente y, lo que es crucial, reducir los impactos ambientales de la actividad. La premisa fundamental es la producción sostenible y competitiva, llevando a cabo prácticas agrícolas que sean beneficiosas tanto para el entorno como para la economía. En este contexto, es inevitable que las actividades agropecuarias sigan creciendo para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en cada país y Costa Rica no es la excepción.

La acuicultura marina, es una actividad del sector agropecuario que se realiza en los mares, destinada a cultivar y producir peces, camarones, algas, moluscos y otros organismos en el medio acuático cuyo destino es, en general, el consumo humano. La acuicultura marina difiere significativamente de la pesca extractiva, ya que los organismos no son extraídos del medio ambiente para el cultivo, con la consecuente disminución de sus poblaciones naturales. Para la acuicultura marina se utilizan técnicas de reproducción en condiciones controladas de cautiverio para obtener los peces, camarones y otros organismos, que son los que se llevan a las granjas en el mar para su crecimiento y posterior comercialización. Es por ello que la acuicultura es una herramienta exitosa para la repoblación de especies que han sido sobrexplotadas por la industria pesquera o afectadas por la contaminación humana. Además, se ha logrado constatar que la actividad genera importantes beneficios sociales, económicos y medioambientales como son: mayor impacto en la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza; oportunidades de empleo para las comunidades rurales; mayor suministro y disponibilidad de productos alimentarios marinos; mejoramiento de la nutrición y el bienestar humano; mayor entrada de divisas; y la mejora del reciclaje de los nutrientes cuando se utilizan sistemas de acuicultura integrada.

Sin embargo si bien esta actividad es menos perjudicial para el ambiente en comparación con otras actividades pecuarias de producción de alimentos, también puede tener efectos negativos si no se desarrolla adecuadamente. La afectación negativa en el ambiente dependerá estrictamente de la escala de producción que realice. A efecto de clasificar la producción agropecuaria, en el sector agropecuario es normal y prácticamente universal, la utilización de tres escalas: pequeña, mediana y gran escala; esta diferenciación se establece con el principio de establecer normas, regulaciones e inclusive incentivos, de acuerdo con la intensidad de la producción. A mayor producción, mayor normativa en todos los ámbitos, incluyendo el ambiental. A menor intensidad de producción, disminuye la normativa y los requisitos debido a que los efectos de la producción en el ambiente disminuyen, e inclusive pueden llegar a ser tan bajos que se consideren no significativos en términos de daño ambiental.

Debido a estas características, la acuicultura marina es una de las actividades más importantes para el desarrollo del “Crecimiento Azul”, una estrategia actualmente impulsada por la Organización de Naciones Unidas a través de la FAO, pues se considera un elemento clave para lograr el desarrollo sostenible (FAO. (2017). «El futuro de la alimentación y la agricultura tendencias y desafíos». Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf), ya que sus metas están alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus respectivos objetivos (ODS) Sobre la acuicultura de pequeña escala y su desarrollo en Costa Rica. La acuicultura de pequeña escala se refiere a la práctica de cultivar y criar organismos acuáticos, como peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas, en instalaciones de menor tamaño, generalmente gestionadas por comunidades locales o pequeños productores. Según el informe del Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, la producción anual ejercida en esta escala es muy baja y no se prevén daños significativos en el medio ambiente.

Es por ello que la acuicultura de pequeña escala es fomentada por diversas instituciones del Estado cómo el IMAS, Universidades estatales (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, Sistema de Banca para el Desarrollo y el INCOPESCA, ente encargado de la promoción y ordenación del subsector de acuicultura. Se fomenta el desarrollo de la acuicultura debido a su potencial de generar desarrollo sostenible por medio de la generación de empleo en zonas marginadas, por ejemplo, las zonas costeras del país donde el sector pesquero artesanal se ha visto afectado por varios factores que lo han llevado a condiciones sociales de pobreza y exclusión. Tales esfuerzos se dirigen específicamente a asociaciones y cooperativas locales de zonas costeras conformadas por personas con bajos recursos económicos y pocas posibilidades de empleo y de desarrollar nuevas ideas productivas, especialmente pescadores artesanales.

Agrega el informe aportado que los proyectos de acuicultura de pequeña escala pueden generar un impacto económico a más de 15 familias directamente y 30 indirectamente. Además, permiten el traslado de pescadores artesanales de una actividad extractiva como la pesca a una productiva de muy baja escala, y por ende de muy bajo impacto ambiental, por lo que es una estrategia acorde con las políticas ambientales sostenibles del país, que cumple varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030: (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Acuicultura). (https://doi.org/10.4060/ca9229es), y cita como ejemplo:

“ODS 1. Fin de la pobreza Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la acuicultura proporciona trabajo a más de 20 millones de personas en el mundo y es una de las actividades que puede desempeñar un papel fundamental en la reducción de la pobreza generando fuente de empleo directos e indirectos suministradores de productos y servicios que giran alrededor de la acuicultura.

ODS 2. Hambre cero La acuicultura supone una de las principales fuentes de proteína en muchas regiones del mundo. “Los océanos nos proporcionarán una gran parte de los alimentos nutritivos que necesitamos mediante el desarrollo de nuevas formas de acuicultura sostenible, la acuicultura representa la mejor forma de ayudar a alimentar a unos 10.000 millones de personas durante los próximos años.” https://news.un.org/es/story/2020/11/1484232.

ODS 12. Producción y consumo sostenible La acuicultura no se libra de la huella de carbono, ya que todos los sectores productivos, incluida esta actividad, generan gases de efecto invernadero a través de sus procesos de fabricación, transformación, transporte, almacenamiento y comercialización de sus productos. Sin embargo, no todos los alimentos de origen animal tienen la misma contribución de este tipo de gases, y los productos de acuicultura tienen unas emisiones ligeramente por debajo de las aves, y muy inferiores a las del sector porcino y vacuno.

ODS 14. Vida submarina La acuicultura, además de colaborar en el aumento de las poblaciones que viven en las aguas, tiene la posibilidad de ayudar a conservar las especies que han estado expuestas a una excesiva explotación por la pesca tradicional.

Además, estos proyectos también contribuyen a la seguridad y soberanía alimentaria del país, aportando un alimento, reconocido por su calidad nutricional, y ayuda a no depender de mariscos importados de otras regiones del mundo cómo son el pangasio y la tilapia proveniente de Asia.”

IX. SOBRE LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA ACUICULTURA EN COSTA RICA

El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) es el ente rector de la acuicultura en Costa Rica, y le corresponde su promoción, coordinación y ordenamiento, conforme las disposiciones del Título III de la Ley de Pesca y Acuicultura N.8436, de 1 de marzo de 2005. Según dispone el artículo 80, el Estado fomentará la diversificación del esfuerzo pesquero fortaleciendo el desarrollo de la actividad acuícola y otorgándole los incentivos y beneficios especiales previstos en esta o en otras leyes de incentivos a las actividades no tradicionales. Quienes realicen esta actividad, que consiste según el artículo 81 en el cultivo y la producción de organismos acuáticos, sean flora o fauna, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo controlado; abarca su ciclo biológico completo o parcial, en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas como continentales, deben obtener autorización de INCOPESCA para el cultivo de organismos acuáticos en aguas marinas o continentales, además de contar con una concesión de uso y aprovechamiento de aguas otorgadas por el Ministerio de Ambiente y Energía (artículo 82).

Asimismo, establece la ley como requisito previo para solicitar la autorización acuícola y la concesión para uso de aguas, los interesados deben aportar los proyectos de acuicultura con una evaluación de impacto ambiental establecida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), cuyo criterio será vinculante (artículo 83). Al contestar la audiencia conferida en esta acción, especificó el presidente ejecutivo de INCOPESCA que si bien para estas categorías no se exige un estudio de impacto ambiental, requiriéndolo únicamente para los proyectos que sean de gran escala, lo cierto también es que se establecen otros instrumentos de evaluación para poder otorgar la autorización del proyecto. En la Tabla 1 -Categorías de maricultura-, se enumeran los requisitos para cada categoría de maricultura. Agrega que se encuentra establecido el nivel de impacto ambiental según categoría, que va de bajo impacto a moderado impacto para la categoría social familiar y grande respectivamente, además indica los formularios a aplicar según tipo de categoría de producción a desarrollar -Tabla 2, Impactos ambientales según categoría de producción y formularios asociados-.

Por otra parte, SETENA también tiene establecida el área en hectáreas y los niveles de producción en kilogramos por año, para cada categoría y por especie de interés de cultivo como camarón, peces y ostras-mejillón -Tabla 3. Área establecida para producción en hectáreas y producción kg año- La presentación del instrumento D5, es realizado por un profesional con calidad de regente ambiental que facilitará el proceso de llenado de la información y gestión ante la SETENA. Una vez obtenido por parte de la SETENA el REGISTRO AMBIENTAL para el proyecto de maricultura, se debe solicitar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Dirección de Aguas la solicitud de concesión de caudal de agua de mar (litros por segundo), para utilizar en la producción de camarones, peces, ostra o mejillones según corresponda. Para la estimación del caudal de agua el INCOPESCA estableció el caudal de agua requerido para la maricultura de la categoría social familiar.

Referencia: Alvarado-Ruiz, C. (2022). Estimación del requerimiento de caudal L/seg para maricultura. El Bohío boletín electrónico. Vol. 12. No IO. 2939 p. INCOPESCA. Con respecto al número ilimitado de autorizaciones que alega la accionante, indica que en atención a esto, se han seleccionado sitios en la costa Pacífica y el Caribe para el desarrollo de estos proyectos, y para ello el Incopesca se encuentra en el proceso de revisión final de los términos de referencia para establecer la zonificación para la maricultura en Costa Rica, mediante el documento “Términos de referencia para la contratación de una empresa o persona física para establecer la zonificación de la maricultura sostenible en la costa pacífica y caribe de Costa Rica (Programa de desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura en Costa Rica).” Además, para que el Incopesca, autorice un proyecto de maricultura en cualquiera de sus escalas, primero se deberá contar con la resolución de la SETENA y de la Dirección de Aguas, luego un Biólogo de la Dirección de Fomento del Incopesca, realiza una inspección de campo, para emitir una recomendación de viabilidad desde el punto de vista acuícola y solo si ésta es positiva, la máxima autoridad otorgará la autorización, por lo cual se evidencia que las solicitudes pasan por filtros de todas las instituciones involucradas, y que en cada una deben de cumplir requisitos establecidos para llevar a cabo el proyecto.

Es importante establecer que contario a lo que plantea la accionante, en cuanto a la vulneración de los derechos humanos, la vida y la salud, según los registros del Incopesca, todos los proyectos de maricultura aprobados o autorizados posterior a la entrada en vigencia del Decreto impugnado, se encuentran en la escala de Social- Familiar, siendo liderados por mujeres, atendiendo a los principios de cero hambre, inclusión de la mujer, equidad de género, entre otros. Ver los informes Troell et al., 2023 mediante una revisión de la literatura científica indican que la acuicultura contribuye con los 17 ODS entre las que se resaltan. J World Aquac Soc.2023;54:251—342/@2023 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Journal of the World Aquaculture Society published by Wiley Periodicals LLC on behalf of World Aquaculture Society. Concluye que, en su criterio, la norma impugnada no solo cuenta con el aporte técnico, sino que además se sometió a los controles de legalidad que determina el ordenamiento jurídico, ya que no se pretende causar un retroceso normativo, ya que la misma dinámica del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, hace que esta materia sea muy dinámica y cambiante, de toda suerte que lo se permite hoy mañana puede estar prohibido o viceversa, sin que ello demerite que se pretenda causar un perjuicio a los recursos naturales, para lo cual precisamente el Incopesca, como ente autónomo, debe velar por el cumplimiento del principio de legalidad y el debido proceso de todos los proyectos que son autorizados, además de que no todos los proyectos de maricultura generaran alteraciones al ambiente, como en el caso que nos ocupa sin que esto signifique que estén a la libre o que no tengan regulaciones adaptadas a su escala que cumplir, por ejemplo los compromisos ambientales, a diferencia de aquellos proyectos que sí pueden eventualmente generar alteraciones considerables al medio ambiente, estos sin excepción, previa autorización deberán contar con evaluación del impacto ambiental.

X. SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N°42755-MINAE DE 22 DE FEBRERO DE 2021

El Decreto Ejecutivo N°42755-MINAE, “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría”, establece el procedimiento por medio del cual se lleva a cabo la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de maricultura, también denominada acuicultura marina. Según el artículo 2 de la Ley de Pesca y Acuicultura, N.8436 de 1 de marzo de 2005, la actividad acuícola es el cultivo y producción de organismos acuáticos, sea flora o fauna, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo controlado; abarca su ciclo biológico completo o parcial, en ambientes hídricos naturales o controlados, en aguas tanto marinas como continentales. No obstante, el objeto de regulación del Decreto Ejecutivo N.42755-MINAE, aquí impugnado es la maricultura o acuicultura marina. Según el acápite 1, 3 del Anexo 5 del Decreto en análisis, “la maricultura es una rama especializada de la acuicultura involucrada en el cultivo de organismos marinos para productos alimenticios en estructuras navales de cultivo ubicados en mar abierto, en una sección cerrada del océano, práctica que difiere de la Acuacultura tierras adentro, que emplea estanques o canales que se llenan con agua de zona intermareal.”.

La normativa comprende el instrumento técnico necesario para la elaboración de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental, además de sus instructivos para la valoración de los impactos ambientales y los formularios de referencia para la preparación de los mismos. La guía brinda un instrumento específico para el tipo de actividad a realizarse en el mar, bajo criterios técnicos establecidos por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 inciso f) de la Ley Orgánica del Ambiente que establece la obligación y competencia de SETENA de realizar las guías de Instrumentos sobre Evaluación de Impacto Ambiental, que considere necesarios por tipo de actividad. Los considerandos del decreto impugnado indican que el aprovechamiento de los recursos marinos se debe realizar en el marco de un modelo que promueva beneficios para las comunidades costeras y la salud del océano.

En cuanto al contexto de la maricultura en Costa Rica, destaca que las mejores perspectivas se presentan en el área marina con los cultivos de peces, y moluscos como los pargos, corvinas, ostras, mejillones, aunque el cultivo de camarones en jaulas y otros invertebrados cómo pepinos de mar, están tomando un mayor interés para su desarrollo, lo que genera perspectivas de desarrollo técnico y generación de empleo para las zonas costeras que presentan altos porcentajes de desempleo. Agrega la parte considerativa que la emisión de la guía responde a la necesidad de cumplir obligaciones adquiridas por el estado costarricense, derivadas de la aprobación de la Convención Ramsar, según la cual las partes se comprometen a la protección de los humedales costeros y marinos, para asegurar su conservación y uso racional. En ese sentido, se indica que Costa Rica, asume el mandato de la Resolución Xlll.20 sobre el fomento de la conservación y el uso racional de los humedales intermareales y hábitats ecológicamente relacionados, y por lo tanto deberá asegurar que las actividades, obras o proyectos relacionados con maricultura se desarrollen de una forma que no incumplan lo dispuesto por la Convención, de la cual Costa Rica forma parte desde su ratificación por ley N°7224 de 9 de abril de 1991.

A fin de implementar el trámite de las actividades, obras o proyectos relacionados con maricultura, establece el instrumento técnico necesario para la elaboración de Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental, el instructivo para la valoración de los impactos ambientales y los formularios de referencia para la elaboración de éstos. En cuanto al contexto técnico de la propuesta, define diferentes escalas de acuicultura marina dirigidas a la obtención de la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA, según la producción (Kg) de cada grupo de especies y el área a concesionar. Define las categorías de impacto ambiental potencial de cada escala y los requisitos concretos según cada categoría y escala. En atención a que en Costa Rica, actualmente en la zona marina, con fines comerciales, se cultiva el pargo manchado -Lutjanus guttatus-, la ostra -Crassostrea gigas-, el camarón blanco Litopenaeus vannamei y el mejillón Mytel/a sp.- se establecen las escalas según cada grupo de especies (peces, moluscos bivalvos y camarones marinos).

XI.SOBRE LA ACUSADA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO EJECUTIVO N.42755 MINAE. La accionante acusa que la exoneración del estudio de impacto ambiental para la aprobación de proyectos menores y específicos de maricultura, y la falta de limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos, viola los artículos 7, 11, 21. 33, 50, 89, 140 incisos 3 y 18 de la Constitución Política, el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los principios 15 y 17 de la Declaración de Río, adoptada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.

A.- Sobre la alegada inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N.42755 por la exoneración de exigir un estudio de impacto ambiental a los proyectos de maricultura de escala Social-Familiar, Pequeña y Mediana Escala.

La “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría" DE N.42755-MINAE, señala cuatro escalas de clasificación de proyectos que realicen esa actividad, en función del área a concesionar y el volumen de producción anual, dependiendo de la especie a cultivar. La escala del proyecto determina no sólo los requisitos que se deben presentar sino también el instrumento de evaluación de impacto ambiental al que debe sujetarse. Las escalas que se describen en el Anexo 1 son:

1. Acuicultura Social-Familiar: Representa cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por un núcleo familiar solamente con fines de subsistencia, autoconsumo, o con fines comerciales para generar su propio empleo, así como, cultivos de organismos acuáticos marinos realizados por asociaciones, cooperativas u otros grupos organizados apoyados y acompañados durante al menos los dos primeros años, por al menos dos instituciones del Estado, cuyo objetivo principal sea la generación de empleo en las zonas marino costeras del país. Se caracterizan por ser actividades con bajo impacto ambiental potencial inclusive si se ubican en áreas marinas protegidas cuya constitución legal permita este tipo de actividades, según el Sistema Nacional de área de Conservación SINAC.

2. Pequeña Escala: se trata de cultivos de organismos acuáticos marinos con una baja producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de bajo impacto ambiental potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo dentro los límites de áreas marinas protegidas, a menos que se establezca la viabilidad de esta actividad en los Planes Generales de Manejo y lo permita su categoría según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 100 metros desde su infraestructura flotante hasta el límite de toda área silvestre protegida y no podrán afectar la sostenibilidad de arrecifes de coral y/o pastos marinos y/o ecosistemas de manglar, cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas.

3. Mediana Escala: en esta categoría están los cultivos de organismos acuáticos marinos con una mediana producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de Moderado Impacto Ambiental Potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo dentro de los límites de las áreas marinas protegidas según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC y no podrán afectar la sostenibilidad arrecifes de coral y/o pastos marinos, y/o ecosistemas de manglar cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 500 metros desde su límite de área de impacto en el fondo marino hasta el límite de toda área silvestre protegida.

4. Gran Escala: representa el cultivo de organismos acuáticos marinos con una alta producción en kilogramos al año. Considerados proyectos de Moderado a un mayor Impacto Ambiental Potencial. Los proyectos de esta escala no pueden ser llevados a cabo en áreas marinas protegidas según el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC y no podrán afectar la sostenibilidad de arrecifes de coral y/o pastos marinos y/o ecosistemas de manglar, cualquiera que sea su ubicación, dentro o fuera de áreas silvestres protegidas, asimismo, deben guardar una distancia mínima de 1000 metros, desde su límite del área de impacto en el fondo marino hasta el límite de toda área silvestre protegida.

En cuanto al instrumento de evaluación ambiental aplicable a cada una de las escalas descritas, el anexo 1 del Decreto impugnado establece que los proyectos que clasifiquen en la escala 1. Social Familiar, se evaluarán por medio de un registro ambiental; los que se ubiquen en la escala 2. Pequeña Escala, por medio de una declaración jurada de compromisos ambientales; los de Mediana Escala, a través de un pronóstico plan de gestión ambiental; y, los proyectos de Gran Escala, se evaluarán mediante un estudio de impacto ambiental.

Analizado lo anterior, se concluye en primer término que la normativa cuestionada establece para todas las escalas una Evaluación de Impacto Ambiental y que la misma será llevada a cabo, en cada caso concreto mediante el instrumento técnico que corresponda a cada una de esas escalas, para lo cual es determinante el mayor o menor impacto potencial que puedan causar los proyectos así clasificados, en los elementos del ambiente. Se observa además que, para establecer tales escalas de clasificación de proyectos de maricultura, la normativa cuestionada recurre a criterios técnicos objetivos, como el área a concesionar y el volumen en kg anual de producción, dependiendo del tipo de especie a cultivar.

Ahora bien, respecto al motivo de inconstitucionalidad alegado por la accionante, es claro que en efecto, el Decreto N.42755 sólo exige el instrumento técnico de evaluación denominado “estudio de impacto ambiental” para los proyectos de maricultura de gran escala, mientras que para los proyectos de mediana escala determina que corresponde aplicar el “Pronóstico Plan de Gestión Ambiental”; para los proyectos de pequeña escala, corresponde la “Declaración Jurada de Compromisos Ambientales” mientras que para los proyectos clasificados como Acuicultura Social-Familiar, se aplica el “Registro Ambiental”. Sin embargo, en criterio de la Sala el reclamo no es procedente.

El Decreto cuestionado no es inconstitucional por omisión, al no exigir la realización de un estudio de impacto ambiental para evaluar el impacto ambiental de los proyectos de maricultura social-familiar, pequeña y mediana escala, por las razones que de seguido se indican.

En primer término, si bien los precedentes de esta Sala a los que alude la accionante a fin de fundamentar su alegato de inconstitucionalidad, ciertamente hacen referencia directa al estudio de impacto ambiental, instrumento técnico de la evaluación ambiental, definido en el artículo 3.36 del “Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC”, hoy derogado por el artículo 101 del “Reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental”, decreto ejecutivo N°43898 del 21 de diciembre del 2022, vigente desde el 20 de agosto de 2023. Sin embargo, de la lectura integral de los fallos, se evidencia que los mismos aluden a la Evaluación de Impacto Ambiental, concepto más general, definido en el artículo 3.39 del referido Reglamento, como el procedimiento administrativo científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el medio, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones, que “de forma general, abarca tres fases: a) una evaluación ambiental inicial, que consiste en un procedimiento de análisis de las características ambientales de la actividad, obra o proyecto, con respecto a su localización para determinar la relevancia del impacto, de este análisis previo se puede otorgar incluso una viabilidad ambiental potencial (que es temporal) o el condicionamiento de la misma a la presentación de otros instrumentos de valoración de dicho impacto; b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros instrumentos de evaluación según corresponda.” (la negrita es agregada).

Por lo que, resulta claro que la obligación constitucional de realizar evaluación de impacto ambiental a cualquier actividad, obra o proyecto que altere significativamente el ambiente, puede ser cumplida mediante alguno de los instrumentos técnicos que al efecto disponga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, según corresponda. No obstante, no se desprende de las normas constitucionales invocadas ni de los instrumentos internacionales citados por la accionante, que la evaluación de impacto ambiental en todos los casos deba ser realizada mediante el instrumento técnico denominado “estudio de impacto ambiental” como se alega.

Por otra parte, el desarrollo y confección de Instructivos y Guías de Evaluación de Impacto Ambiental es una de las funciones que la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, atribuye a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (artículo 84 inciso f)) y en concordancia con dicha atribución el poder ejecutivo en el decreto impugnado, establece la guía de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para la actividad de Acuicultura Marina, estableciendo escalas según el impacto y magnitud del proyecto, con base en parámetros objetivos que son: el área a concesionar y los kilogramos de producción anual, según la especie.

En criterio de este Tribunal, las disposiciones en análisis, que establecen los instrumentos de evaluación ambiental aplicables a la maricultura, son congruentes con el principio de que, las regulaciones aplicables a un proyecto productivo dependen de la intensidad de la producción, donde, a mayor producción, mayor regulación en todos los ámbitos, incluyendo el ambiental. Entonces, a menor intensidad de producción, menores son los requisitos para realizar la actividad productiva, por cuanto los efectos negativos de la actividad productiva en el ambiente disminuyen, e inclusive, pueden ser tan bajos que se consideren no significativos en términos de daño ambiental.

En el caso de la Escala Acuicultura Social Familiar, la regulación no sólo establece el límite máximo de área concesionada, y el volumen máximo de producción anual por especie, correspondiente a esta categoría especial de maricultura de pequeña escala, que corresponden a actividades con bajo impacto ambiental potencial, sino que además contempla condiciones y requisitos para los individuos o grupos que desarrollen esta actividad productiva: a) que el cultivo de organismos acuáticos marinos sea realizado por un núcleo familiar, solamente con fines de subsistencia, autoconsumo, o con fines comerciales para generar su propio empleo; b) el cultivo de organismos acuáticos marinos lo realicen asociaciones, cooperativas u otros grupos organizados, que reciben apoyo y acompañamiento técnico durante al menos los dos primeros años, por al menos dos instituciones del Estado, cuyo objetivo principal sea la generación de empleo en las zonas marino costeras del país.

Según el informe del Director de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, la acuicultura de pequeña escala es fomentada por diversas instituciones del Estado -IMAS, universidades estatales (UNA, UCR, UTN, UNED), INA, MINAE, INDER, INAMU, Sistema de Banca para el Desarrollo y el INCOPESCA, ente encargado de la promoción y ordenación del subsector de acuicultura. Se fomenta el desarrollo de la acuicultura debido a su potencial de generar desarrollo sostenible por medio de la generación de empleo en zonas marginadas, por ejemplo, las zonas costeras del país donde el sector pesquero artesanal se ha visto afectado por varios factores que lo han llevado a condiciones sociales de pobreza y exclusión. Tales esfuerzos se dirigen específicamente a asociaciones y cooperativas locales de zonas costeras conformadas por personas con bajos recursos económicos y pocas posibilidades de empleo y de desarrollar nuevas ideas productivas, especialmente pescadores artesanales.

El fomento de la acuicultura en esta modalidad de pequeña escala, en criterio de la Sala no sólo tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Pesca y Acuicultura, según el cual “el Estado fomentará la diversificación del esfuerzo pesquero, fortaleciendo el desarrollo de la actividad acuícola y otorgándole los incentivos y beneficios especiales previstos en esta o en otras leyes de incentivos a las actividades no tradicionales (…)”, sino que armoniza con el párrafo primero del numeral 50 de la Constitución Política, en tanto establece que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, estimulando y organizando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.”, ya que las instituciones del estado intervienen brindando asesoría técnica especializada y acompañamiento a un sector de la población altamente vulnerable, con el fin de que desarrollen una actividad productiva que les garantice el sustento, y también los medios para mejorar sus condiciones de vida, superando la situación de pobreza y desempleo en la que se encuentran gran parte de los habitantes de las zonas costeras en Costa Rica.

A la vez, se procura con este acompañamiento que los grupos que realicen la actividad productiva en esta modalidad especial de pequeña escala, tengan acceso al conocimiento necesario para ejecutarla en forma apropiada con el menor impacto posible al ambiente, por lo que se cumple la obligación de tutela, que impone al Estado el numeral 50 de la Constitución Política.

Por otra parte, la normativa agrega, en el acápite de Información General de los anexos, que la Guía es una orientación básica de referencia para el equipo consultor responsable de la elaboración del instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), “ya que serán las características del espacio geográfico y del proyecto, obra o actividad que se pretende desarrollar, las que determinen la aplicabilidad de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la profundidad que requiere el instrumento de evaluación de impacto ambiental que se va a elaborar. Este mismo principio, también es utilizado por la SETENA para evaluar los Instrumentos de EIA.” De allí que en todas las escalas establecidas para clasificar los proyectos se toma en cuenta la ubicación espacial del mismo, en relación con las áreas silvestres protegidas según lo establecido en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, por lo que se considera el posible impacto ambiental de todos los proyectos, independientemente de su envergadura, en las áreas ambientalmente frágiles, lo que es acorde con la obligación de tutela establecida en el artículo 50 de la Constitución Política y los convenios internacionales aprobados por Costa Rica.

Por todo lo anterior, la Sala considera que el decreto N.42755 no lesiona el numeral 50 de la Constitución Política, ni el numeral 11 del Principio 17 de la Declaración de Río, por cuanto la actividad de maricultura, independientemente de la escala a la que se lleve a cabo, está sujeta a una evaluación de impacto ambiental previa a fin de obtener viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Se observa además que, para los proyectos en los cuales el éxito de la actividad genera la expansión del proyecto, se permite dicha la movilidad a escalas mayores, siempre y cuando el solicitante actualice los estudios necesarios para las nuevas áreas de concesión, como se indica en el Anexo 1:

“En el caso de que la producción de un proyecto de cultivo aumente la producción hasta alcanzar los niveles de la escala superior, el responsable del proyecto deberá presentar los restantes requisitos de la nueva escala.”.

Cabe precisar que tal y como apunta la Procuraduría General de la República, no se analiza en este proceso si, con la clasificación e instrumentos fijados en el decreto cuestionado, es posible efectuar una adecuada evaluación de impacto ambiental de los proyectos de maricultura familiares y de pequeña y mediana escala. En tanto la clasificación de los proyectos y la determinación de los instrumentos de evaluación que se regula en el Decreto impugnado es una decisión estrictamente técnica, tal examen requeriría una adecuada fundamentación del agravio, sustentada en documentos o criterios técnicos, que permitan acreditar la infracción al principio de la objetivación de la tutela ambiental o principio de la vinculación a la ciencia y a la técnica. En todo caso, la accionante se limita a afirmar que el documento D5, promulgado mediante el Decreto N°42755-MINAE “parece contener contradicciones en cuanto a la normativa de evaluación de impacto ambiental del país y del estándar internacional, por lo que requiere una valoración detallada”, por lo que es improcedente que la Sala se pronuncie sobre tal extremo, por la imprecisión del planteamiento y la inexistencia de elementos técnicos en el expediente que lo sustente.

Resulta improcedente también que la Sala se pronuncie sobre el documento aportado el 13 de octubre de 2022, con posterioridad a la interposición de la acción, pues conforme dispone el artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los fundamentos de la acción de inconstitucionalidad deben ser expuestos en forma clara y precisa, y suficientemente fundamentada.

De manera que el decreto ejecutivo N.42755.MINAE “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría" no es inconstitucional por no exigir la realización de un estudio de impacto ambiental a los proyectos de maricultura clasificados como Escala Social Familiar, Pequeña Escala y Mediana Escala, y no lesiona el numeral 50 de la Constitución Política ni los instrumentos internacionales invocados.

Tampoco existe exceso en la potestad reglamentaria porque, como se analizó, en la Ley Orgánica del Ambiente se ha otorgado a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y al Poder Ejecutivo, la atribución de establecer, mediante reglamento, cuáles obras, actividades o proyectos, según su magnitud e impacto potencial, deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y, además, el instrumento técnico de evaluación correspondiente. En consecuencia, no existe violación de los artículos 11 y 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política, como se alegó.

Por lo anterior, en cuanto a tales extremos, la acción resulta improcedente.

B. Sobre la ausencia de límite al número de permisos autorizables por los procedimientos establecidos. La accionante alega que el Decreto Ejecutivo N-42755 lesiona el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado porque no establece una limitación al número de permisos autorizables por esos procedimientos.

Al respecto, es criterio de la Sala que no existe omisión que lesione el numeral 50 de la Constitución Política pues el Decreto N42755, aquí cuestionado, en el Anexo 1, prevé un ordenamiento y posibles efectos acumulativos en áreas donde se tenga una alta densidad de proyectos, dictando distancias de retiro con respecto a otros proyectos a desarrollar y en función de la escala en la que se encuentren, distancias que deben ser respetadas a efecto de otorgar la viabilidad ambiental. La disposición establece:

“Para el otorgamiento de la viabilidad ambiental, se deberá respetar la distancia entre los límites de cada área de cultivo solicitada para concesión según lo dispuesto en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Distancia mínima en metros entre el límite de un área de cultivo solicitada para concesión entre la misma y las demás escalas:

Social familiar Pequeña Escala Mediana Escala Gran escala Social Familiar 250 Pequeña escala 500 750 Mediana escala 750 1000 1500 Gran escala 1000 1500 2000 4000 Por otra parte, al realizarse los proyectos de maricultura en el mar, cuyas aguas son de dominio público, la actividad está sujeta a un régimen jurídico especial. Es necesaria la solicitud de una concesión de aprovechamiento de aguas superficiales ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (artículos 1 y 19 de la Ley de Aguas N. 276 y artículo 2 inciso f) de la Ley 7152 Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía). Adicionalmente, la acuicultura es una actividad regulada en la Ley de Pesca y Acuicultura, Ley N.8436 cuyo artículo 81 la define como el cultivo y la producción de organismos acuáticos, sean flora o fauna, mediante el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo controlado; abarca su ciclo biológico completo o parcial, en ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas como continentales.

Para desarrollar proyectos de acuicultura debe obtenerse, además de la concesión de aprovechamiento de aguas, una autorización otorgada por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Según el artículo 83 de la Ley de Pesca y Acuicultura, para solicitar la autorización acuícola y la concesión para el uso de aguas, los interesados deberán aportar los respectivos proyectos de acuicultura, junto con una evaluación de impacto ambiental establecida para lo que debe presentarse los respectivos proyectos de acuicultura, junto con una evaluación de impacto ambiental establecida por la SETENA según corresponda, el cual será vinculante para las partes. Las disposiciones mencionadas garantizan también la protección del ambiente.

No existe entonces inconstitucionalidad por omisión del Decreto cuestionado, por el motivo alegado por la accionante, por cuanto la normativa impugnada sí contempla disposiciones que tienen como efecto la limitación de la cantidad de proyectos de maricultura en una determinada zona geográfica, en protección del ambiente, pues a fin de obtener viabilidad ambiental de los proyectos de maricultura exige el cumplimiento de distancias de separación entre éstos.

Además, al ser una actividad realizada en aguas marinas, otras normas de rango legal la regulan, con el objeto de que se desarrolle en forma tal, que no impacte negativamente el ambiente. Así, el interesado debe obtener una concesión de aprovechamiento de aguas superficiales ante la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, acto jurídico mediante el cual el MINAE confiere a personas físicas y jurídicas un derecho limitado de aprovechamiento sostenible sobre las aguas para el desarrollo de las actividades acuícolas para la producción y el aprovechamiento de determinadas especies, en los términos y las condiciones expresamente establecidos en dicho contrato (artículo 2.13 de la Ley de Pesca y Acuicultura N.8436). Además, según lo dispuesto por el artículo 112 de Ley de Pesca y Acuicultura, N.8436 para desarrollar la actividad acuícola, debe obtenerse autorización de INCOPESCA, así como para la modificación del área de la concesión acuícola y el cambio o sustitución de las especies autorizadas para el cultivo del proyecto acuícola.

Por lo anterior, las disposiciones de rango legal indicadas atribuyen al Ministerio de Ambiente y Energía y al Incopesca la competencia de determinar la procedencia de concesiones de aprovechamiento de aguas y autorizaciones para realizar actividad de maricultura, disposiciones que también establecen la necesidad de una evaluación de impacto ambiental ante la Secretaria Técnica Nacional Ambiental, que como se ha venido indicando, evalúa el impacto ambiental de los proyectos de maricultura aplicando la normativa ambiental vigente, y la guía de evaluación de impacto ambiental contenida en el Decreto Ejecutivo N.42755 aquí impugnado. En consecuencia, en cuanto a este extremo la acción también debe ser desestimada.

XII. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones previas, la Sala estima que el Decreto Ejecutivo N°42755 “Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría” no es inconstitucional por omisión, y no lesiona el artículo 50 Constitucional. Tampoco existe violación del artículo 7° de la Constitución Política, porque las disposiciones impugnadas no son contrarias a los convenios e instrumentos internacionales invocados. Finalmente, no se configura la alegada infracción de los artículos 140 incisos 3) y 18) de la Constitución Política porque el Poder Ejecutivo no se ha excedido en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

XIII. NOTA DEL MAGISTRADO RUEDA LEAL

En el sub examine, expongo estas precisiones de dogmática jurídica.

Primeramente, atinente al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, este Tribunal señaló en la sentencia nro. 2022022070 de las 9:20 horas del 23 de setiembre de 2022:

“Concerniente a la naturaleza de los agravios acusados en el sub lite, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Verbigracia, en la sentencia n.° 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, esta Cámara señaló:

“En reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Sala ha subrayado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Asimismo, se ha indicado que la protección efectiva a ese derecho requiere que los recursos sean utilizados de manera racional, contexto en que el Estado y la ciudadanía en general deben actuar según los principios que rigen la materia ambiental. En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos.

Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos. Así, el Estado costarricense se encuentra obligado a adoptar las medidas que garanticen la defensa y preservación efectiva del ambiente conforme a tales principios.

Ahora, tal obligación objetiva no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los órganos jurisdiccionales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se adopten las que sean idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades, o bien, de personas físicas y jurídicas, conforme la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), entre cuyas manifestaciones procesales se encuentra el amparo contra sujetos de derecho privado.

Interesa también resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017, desarrolló lo atinente a las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente, en aras de la salvaguardia a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa opinión, la Corte reconoció la interrelación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce y desarrollo efectivo de los derechos humanos. En tal sentido, señaló:

“47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el preámbulo del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”), resalta la estrecha relación entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y políticos, e indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros (…)

49. Por su parte, la Comisión Interamericana ha resaltado que varios derechos de rango fundamental requieren, como una precondición necesaria para su ejercicio, una calidad medioambiental mínima, y se ven afectados en forma profunda por la degradación de los recursos naturales. En el mismo sentido, la Asamblea General de la OEA ha reconocido la estrecha relación entre la protección al medio ambiente y los derechos humanos (supra párr. 22) y destacado que el cambio climático produce efectos adversos en el disfrute de los derechos humanos. 50. En el ámbito europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación severa del medio ambiente puede afectar el bienestar del individuo y, como consecuencia, generar violaciones a los derechos de las personas, tales como los derechos a la vida, al respeto a la vida privada y familiar68 y a la propiedad privada. De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha indicado que el derecho a un “medio ambiente general satisfactorio, favorable al desarrollo” está estrechamente relacionado con los derechos económicos y sociales en la medida en que el medio ambiente afecta la calidad de vida y la seguridad del individuo (…) 52.

Por otra parte, existe un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Dicha interrelación se ha afirmado desde la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano (en adelante “Declaración de Estocolmo”), donde se estableció que “[e]l desarrollo económico y social es indispensable para asegurar al hombre un ambiente de vida y trabajo favorable y crear en la Tierra las condiciones necesarias para mejorar la calidad de la vida”, afirmándose la necesidad de balancear el desarrollo con la protección del medio humano. Posteriormente, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (en adelante “Declaración de Río”), los Estados reconocieron que “[l]os seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible” y, a la vez, destacaron que “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo”.

En seguimiento de lo anterior, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible se establecieron los tres pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Asimismo, en el correspondiente Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, los Estados reconocieron la consideración que se debe prestar a la posible relación entre el medio ambiente y los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. 53. Además, al adoptar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el alcance de los derechos humanos de todas las personas depende de la consecución de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental. En el mismo sentido, varios instrumentos del ámbito interamericano se han referido a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible, tales como la Carta Democrática Interamericana la cual prevé que “[e]l ejercicio de la democracia facilita la preservación y el manejo adecuado del medio ambiente”, por lo cual “es esencial que los Estados del Hemisferio implementen políticas y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras generaciones” (…) 55.

Como consecuencia de la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos (supra párrs. 47 a 55), actualmente (i) múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconocen el derecho al medio ambiente sano como un derecho en sí mismo, particularmente el sistema interamericano de derechos humanos, a la vez que no hay duda que (ii) otros múltiples derechos humanos son vulnerables a la degradación del medio ambiente, todo lo cual conlleva una serie de obligaciones ambientales de los Estados a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de respeto y garantía de estos derechos. Precisamente, otra consecuencia de la interdependencia e indivisibilidad entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente es que, en la determinación de estas obligaciones estatales, la Corte puede hacer uso de los principios, derechos y obligaciones del derecho ambiental internacional, los cuales como parte del corpus iuris internacional contribuyen en forma decisiva a fijar el alcance de las obligaciones derivadas de la Convención Americana en esta materia (supra párrs. 43 a 45) (…) 59.

El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad.”.

Esta interrelación entre el medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos también ha sido reconocida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien en la resolución A/HRC/RES/46/7, adoptada el 23 de marzo de 2021 en el 46° periodo de sesiones, sostuvo:

“Reconociendo también que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento y a la vivienda, y los derechos culturales.”.

También, recientemente, en la resolución A/HRC/RES/48/13, adoptada el 8 de octubre de 2021, ese Consejo señaló:

“(…) Reconociendo que el desarrollo sostenible, en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental), y la protección del medio ambiente, incluidos los ecosistemas, contribuyen al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos y promueven ambos, incluido el disfrute de los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a una alimentación adecuada, a la vivienda, al agua potable y el saneamiento y a la participación en la vida cultural, para las generaciones presentes y futuras (…)

Reconociendo además que la degradación del medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo insostenible son algunas de las amenazas más acuciantes y graves a la capacidad de las generaciones presentes y futuras de disfrutar de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida (…)

Reconociendo la importancia de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como algo fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos (…)

1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano importante para el disfrute de los derechos humanos; 2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente (…)”. (El resaltado no corresponde al original).

De este modo, se refleja la particular relevancia del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, cuya defensa trasciende la protección de este bien constitucional en sí, toda vez que su preservación constituye un factor esencial para el resguardo efectivo de otros bienes primordiales del ser humano (como la vida, la salud, la propiedad, la igualdad), de modo que si en lo primero se falla, el resguardo efectivo de lo segundo no se alcanza.

Allende de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión supra aludida, reconoció el derecho a un ambiente sano como uno autónomo, susceptible de protección con independencia de algún riesgo de afectación a personas individuales. En tal sentido, dispuso:

“62. Esta Corte considera importante resaltar que el derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales sino incluso en ordenamientos constitucionales. 63. De esta manera, el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo es distinto al contenido ambiental que surge de la protección de otros derechos, tales como el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal.”. (El resaltado no corresponde al original).

Esta tesitura fue adoptada en la sentencia de 6 de febrero de 2020 relativa al caso “Comunidades Indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”, en la que, superando un enfoque antropocéntrico, la CorteIDH afirma que el derecho al ambiente sano, amén de ser fundamental para la propia existencia del ser humano, constituye un derecho autónomo y universal, de manera que la protección a diversos componentes del ambiente (como bosques, mares, ríos y otros) configura un interés jurídico por sí mismo. En palabras de la CorteIDH: “Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta.” Dada la trascendencia de esta afirmación, resulta oportuno transcribir este apartado de la referida resolución:

“203. La Corte ya se ha referido al contenido y alcance de este derecho, considerando diversas normas relevantes, en su Opinión Consultiva OC-23/17, por lo que se remite a dicho pronunciamiento. Afirmó en esa oportunidad que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo […] protege los componentes del […] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales.”. (El resaltado no corresponde al original).

Con base en lo expuesto, esta Sala, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el respeto a las obligaciones convencionales y constitucionales, que constriñen al Estado no solo a reconocer los derechos ahí consagrados, sino también a imponer las medidas jurídicas requeridas para su resguardo” (el resaltado es del original).

Aunado a lo anterior, recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidad adoptó la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 del 28 de julio de 2022, en la que se consignó:

“1. Reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano; 2. Observa que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos y el derecho internacional vigente; 3. Afirma que la promoción del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible requiere la plena aplicación de los acuerdos multilaterales relativos al medio ambiente con arreglo a los principios del derecho ambiental internacional; 4. Exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos”.

Esta resolución es la expresión formal de la voluntad del órgano principal de deliberación, adopción de políticas y representación de la Organización de Naciones Unidas. En consecuencia, constituye un compromiso político de carácter universal que debe ser valorado como fuente de soft law de la mayor relevancia.

Precisamente, la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 afirma que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene naturaleza de derecho humano. Con esto, en buena medida contribuye a su positivización, de lo que resulta su comprensión técnica como “derecho fundamental”. Asimismo, robustece la noción de que la protección al ambiente es un derecho humano “autónomo”, esto es, que vale por sí mismo, de manera que, por un lado, tiene una existencia conceptual propia y distinta al contenido ambiental que sin duda surge de la protección de otros derechos (como la vida o la salud) y, por otro, su objeto de protección trasciende al ser humano, puesto que brinda cobijo a los diversos componentes de la naturaleza debido a su trascendencia para preservar la existencia de los organismos vivos en general, independientemente de su utilidad para con los seres humanos.

Asimismo, reitera y, por esa vía, fortalece la tesitura de que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentra vinculado con otros derechos humanos, lo que implica que su transgresión puede acarrear la vulneración de la salud, la vida, el desarrollo sostenible democrático, por citar tan solo algunos ejemplos. Lo anterior confiere un significado jurídico particularmente relevante al derecho de marras.

En adición, la Asamblea General de la ONU preceptúa que la protección al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado demanda la plena aplicación de los derechos convencionales relacionados con el ambiente en consonancia con los principios del derecho ambiental internacional. De lo anterior se colige su imprescindible inclusión dentro del control jurisdiccional de constitucionalidad por parte de esta Sala.

Por último, en armonía con la reconocida teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales (Drittwirkung der Menschenrechte), la resolución nro. A/RES/76/1-A/RES/76/300 regula que la obligación de resguardar al ambiente, allende de los estados, se extiende a organizaciones internacionales, empresas y otros interesados, término último que comprende a los seres humanos en general. Justamente es en ese sentido, que la Ley de la Jurisdicción Constitucional contempla el amparo contra sujetos de derecho privado.

En suma, bajo el marco conceptual explicado ut supra, este Tribunal Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, debe velar por el cumplimiento de los compromisos convencionales y constitucionales que al Estado costarricense y a la sociedad en general le imponen no solo la obligación de reconocer los derechos, principios y valores de la materia ambiental, sino también la de implementar todas aquellas medidas y actuaciones que se precisan para asegurar la efectiva protección a aquellos” (el resaltado es del original).

En lo relativo a los principios precautorio y preventivo, en la sentencia nro. 2004002473 de las 8:32 horas del 12 de marzo de 2004 se conceptualizan de esta forma:

“IV.- PRINCIPIO PRECAUTORIO DEL DERECHO AMBIENTAL. Uno de los principios rectores del Derecho Ambiental lo constituye el precautorio o de evitación prudente. Este principio se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, la cual literalmente indica “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. En el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad (No. 7788 del 30 de abril de 1998), en su artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: “1.- Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.- Criterios precautorio o indubio (sic) pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección”.

En el Voto de esta Sala No. 1250-99 de las 11:24 horas del 19 de febrero de 1999 (reiterado en los Votos Nos. 9773-00 de las 9:44 horas del 3 de noviembre del 2000, 1711-01 de las 16:32 horas del 27 de febrero del 2001 y 6322-03 de las 14:14 horas del 3 de julio del 2003) este Tribunal estimó lo siguiente: “(...) La prevención pretende anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos. Consecuentemente, el principio rector de prevención se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. De esta forma, en caso de que exista un riesgo de daño grave o irreversible –o una duda al respecto-, se debe adoptar una medida de precaución e inclusive posponer la actividad de que se trate. Lo anterior debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados en el ambiente”.

Posteriormente, en el Voto No. 3480-03 de las 14:02 horas del 2 de mayo del 2003, este Tribunal indicó que “Bien entendido el principio precautorio, el mismo se refiere a la adopción de medidas no ante el desconocimiento de hechos generadores de riesgo, sino ante la carencia de certeza respecto de que tales hechos efectivamente producirán efectos nocivos en el ambiente”. Para casos como el de estudio, el principio precautorio o de indubio (sic) pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las regla unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente o éstos (sic) sean contradictorios entre sí, los entes y órganos de la administración central y descentralizada deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En esencia, una gestión ambiental segura pasa por proteger el recurso antes de su degradación”.

Tal criterio ha sido reiterado en múltiples pronunciamientos; verbigracia, en la sentencia nro. 2019012579 de las 13:20 horas del 5 de julio de 2019:

“… el principio precautorio o de in dubio pro natura, supone que cuando no existan estudios o informes efectuados conforme a las reglas unívocas y de aplicación exacta de la ciencia y de la técnica que permitan arribar a un estado de certeza absoluta acerca de la inocuidad de la actividad que se pretende desarrollar sobre el medio ambiente, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación, suspender las que estén en curso hasta que se despeje el estado dubitativo y, paralelamente, adoptar todas las medidas tendientes a su protección y preservación con el objeto de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (…)”. (Ver en igual sentido, las sentencias nros. 2019012549 de 13:20 horas del 5 de julio de 2019, y 2012016866 de las 14:30 horas del 4 de diciembre de 2012, entre muchas otras).

En adición considero ineludible aclarar la noción del principio precautorio o in dubio pro natura en varios sentidos.

Primeramente, no se debe confundir el principio preventivo con el precautorio, toda vez que poseen particularidades que los diferencian entre sí, lo cual quedó reflejado en la sentencia nro. 2021024807 de las 9:20 horas del 5 de noviembre de 2021, en la que esta Sala detalló: “En este orden de ideas, la doctrina especializada ha señalado que el principio preventivo demanda que, cuando haya certeza de posibles daños al ambiente, la actividad afectante deba ser prohibida, limitada, o condicionada al cumplimiento de ciertos requerimientos. En general, este principio aplica cuando existen riesgos claramente definidos e identificados al menos como probables; asimismo, tal principio resulta útil cuando no existen informes técnicos o permisos administrativos que garanticen la sostenibilidad de una actividad, pero hay elementos suficientes para prever eventuales impactos negativos. Por otra parte, el principio precautorio señala que, cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

De lo anterior, se advierte que el principio parte de una incertidumbre científica razonable en conjunto con la amenaza de un daño ambiental grave e irreversible. En términos generales, una diferencia relevante entre el principio preventivo y el precautorio radica en el nivel de conocimiento y certeza de los riesgos que una actividad u obra provoque. Mientras que en el primero existe tal certeza, en el segundo lo que se advierte es un estado de duda resultado de informaciones científicas o estudios técnicos (…)” (la negrita fue suplida).

De segundo, el principio precautorio debe ser entendido justamente como se contempla en el principio XV de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, no se trata de la exigencia de tener estudios científicos para arribar a la ‘certeza absoluta’ de la inocuidad de una actividad para con el ambiente (en tesis de principio una seguridad total difícilmente es alcanzable), sino, más bien, de que, aunque el peligro de un daño grave o irreversible al ambiente no esté totalmente asegurado, tal incertidumbre jamás justifique o excuse que se postergue la ejecución de medidas efectivas para impedir la degradación del ambiente. Al respecto, nótese, por un lado, que no se trata de cualquier amenaza ‑plausiblemente debe involucrar un peligro serio‑, y, por otro, que la medida demanda un uso eficaz y eficiente de los recursos empleados.

En el sentido expuesto, aun cuando el principio precautorio está ligado a un cierto nivel de incerteza científica, ello no implica que se pueda emplear de forma irrestricta bajo el argumento de que cualquier actividad podría generar daños al ambiente, lo cual desnaturalizaría su razón de ser, sino que es menester que se cuente con cierto grado de identificación de los peligros de un daño grave o irreversible que se podría generar, cuya determinación varía en atención de las particularidades propias del caso concreto. Así, cuando se está ante una situación que exige la aplicación del principio precautorio, los entes y órganos públicos deben abstenerse de autorizar, aprobar o permitir toda solicitud nueva o de modificación que razonablemente implique un riesgo grave; incluso, se encuentran obligados a suspender las actividades que se encontrasen en curso, asimismo en paralelo tienen que adoptar con eficiencia todas las medidas requeridas para la preservación de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

El referido principio se recoge de igual modo en una fuente jurídica del hard law, toda vez que el principio 3 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ‑ratificada por Costa Rica mediante la ley nro. 7414 del 13 de junio de 1994 y por todos los estados miembros de la OEA- estatuye:

“3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas, teniendo en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes interesadas” (el destacado fue incorporado).

El principio precautorio también se encuentra previsto en el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el cual se encuentra ratificado por 32 Estados Miembros de la OEA, entre ellos, Costa Rica ‑véase ley nro. 8538 del 23 de agosto de 2006‑, en la que se lee:

“ARTÍCULO 1 Objetivo Teniendo presente el principio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (…)”.

Igualmente, tal principio está contemplado en otro instrumento del derecho internacional de los derechos humanos, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado por 34 Estados Miembros de la OEA, incluido Costa Rica, por medio de la ley nro. 7416 del 30 de junio de 1994, en cuyo preámbulo se establece: “(…) Observando que es vital prever, prevenir y atacar en su fuente las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. Observando también que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza (…)”.

En consonancia con la referida normativa vigente en el país, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se refirió al principio precautorio en la OC 23/17 del 15 de noviembre de 2017:

“180. (…) Por tanto, esta Corte entiende que, los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica. Por tanto, los Estados deben actuar con la debida cautela para prevenir el posible daño. En efecto, en el contexto de la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte considera que los Estados deben actuar conforme al principio de precaución, por lo cual, aún en ausencia de certeza científica, deben adoptar las medidas que sean “eficaces” para prevenir un daño grave o irreversible” (el resaltado fue añadido).

Posterior a tal resolución y por medio de una sentencia, en Comunidades Indígenas miembros de la Asociación lhaka Honhat (nuestra tierra) vs. Argentina, la Corte IDEH se pronunció el 6 de febrero de 2020 de esta forma: “el derecho a un medio ambiente sano “debe considerarse incluido entre los derechos [...] protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana”, dada la obligación de los Estados de alcanzar el “desarrollo integral” de sus pueblos, que surge de los artículos 30, 31, 33 y 34 de la Carta”. De alta significación, se debe subrayar que, en este pronunciamiento, la Corte IDH remite a la opinión consultiva nro. OC-23/17 con la finalidad de desarrollar el contenido y alcance de tal derecho, merced a lo cual las consideraciones jurídicas de la última lógicamente han venido a alcanzar la obligatoriedad jurídica propia de una sentencia. En tal sentido, el órgano jurisdiccional internacional reitera “que el derecho a un medio ambiente sano “constituye un interés universal” y “es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad”, y que “como derecho autónomo [...] protege los componentes del [...] ambiente, tales como bosques, mares, ríos y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aun en ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales.

Se trata de proteger la naturaleza”, no solo por su “utilidad” o “efectos” respecto de los seres humanos, “sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta”. Lo anterior no obsta, desde luego, a que otros derechos humanos puedan ser vulnerados como consecuencia de daños ambientales”. Justamente, en el desarrollo de la conceptualización del derecho al ambiente, la Corte IDH con toda claridad detalla las obligaciones estatales frente a posibles daños al ambiente, tales como el deber de prevención, el principio de precaución, la obligación de cooperación y el acceso a la información.

En suma, la aplicación del principio precautorio implica que cuando existan indicadores de que cierta actividad plausiblemente podría ocasionar daños graves e irreversibles al ambiente, la falta de certeza o evidencia científica absoluta al respecto no exime de la obligación de adoptar todas aquellas medidas eficientes y eficaces para impedir una vulneración al ambiente. En virtud de la teoría de la Drittwirkung der Grundrechte, tal principio extiende su función orientadora a las conductas de sujetos de derecho tanto público como privado.

De otro lado, cabe indicar que, en la sentencia nro. 2012013367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012, este Tribunal Constitucional se refirió a los principios de progresividad y de no regresión en materia ambiental en este sentido:

“V. Sobre los principios de progresividad y no regresión de la protección ambiental. El principio de progresividad de los derechos humanos ha sido reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; entre otros instrumentos internacionales, se encuentra recogido en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Al amparo de los estas normas, el Estado asume la obligación de ir aumentando, en la medida de sus posibilidades y desarrollo, los niveles de protección de los derechos humanos, de especial consideración aquellos, que como el derecho al ambiente (art. 11 del Protocolo), requieren de múltiples acciones positivas del Estado para su protección y pleno goce por todos sus titulares.

Del principio de progresividad de los derechos humanos y del principio de irretroactividad de las normas en perjuicio de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, recogido en el numeral 34 de la Carta Magna, se deriva el principio de no regresividad o de irreversibilidad de los beneficios o protección alcanzada. El principio se erige como garantía sustantiva de los derechos, en este caso, del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en virtud del cual el Estado se ve obligado a no adoptar medidas, políticas, ni aprobar normas jurídicas que empeoren, sin justificación razonable y proporcionada, la situación de los derechos alcanzada hasta entonces. Este principio no supone una irreversibilidad absoluta pues todos los Estados viven situaciones nacionales, de naturaleza económica, política, social o por causa de la naturaleza, que impactan negativamente en los logros alcanzados hasta entonces y obliga a replantearse a la baja el nuevo nivel de protección.

En esos casos, el Derecho a la Constitución y los principios bajo examen obligan a justificar, a la luz de los parámetros constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, la reducción de los niveles de protección. En este sentido, la Sala Constitucional ha expresado en su jurisprudencia, a propósito del derecho a la salud: “…conforme al PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD, está prohibido tomar medidas que disminuyan la protección de derechos fundamentales. Así entonces, si el Estado costarricense, en aras de proteger el derecho a la salud y el derecho a la vida, tiene una política de apertura al acceso a los medicamentos, no puede -y mucho menos por medio de un Tratado Internacional- reducir tal acceso y hacerlo más restringido, bajo la excusa de proteger al comercio. (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 9469-07). En relación con el derecho al ambiente dijo: “Lo anterior constituye una interpretación evolutiva en la tutela del ambiente conforme al Derecho de la Constitución, que no admite una regresión en su perjuicio.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nº 18702-10)”. (Lo destacado no corresponde al original). (En el mismo sentido, las sentencias 2014-012887, 2017-002375, 2017-005994, 2019-012745 y 2019-017397)”.

De este modo, de acuerdo con el principio de progresividad, el Estado asume la obligación de aumentar, en la medida de lo posible, los niveles de protección de los derechos humanos, incluido el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por su parte, la aplicación del principio de no regresión consiste en una garantía que constriñe al Estado a abstenerse de adoptar medidas, políticas o normas que empeoren, sin una justificación razonable y proporcionada, el grado de protección a los derechos fundamentales ya alcanzado.

Finalmente culmino esta nota haciendo referencia a lo señalado por este Tribunal sobre el principio de objetivación de la tutela ambiental:

“En cuanto al ambiente, objeto del derecho fundamental expuesto, nuestra Carta Magna exige además que sea “sano”. La exigencia “sano” nos conduce a la “capacidad regenerativa” y a la “capacidad de sucesión” para garantizar la vida. De ambos requisitos: “sano” y equilibrado” se desprende la necesidad de un desarrollo sostenible y sustentable; la calidad de vida y la calidad ambiental dependen de ello. Ahora bien, con los conceptos de “ambiente”, “sano” “ecológicamente equilibrado”, la norma constitucional introdujo la ciencia y la técnica en las decisiones ambientales, sean estas legislativas o administrativas, de tal manera que, en los términos de los ordinales 16 de la Ley General de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Ambiente, las actuaciones estatales en materia ambiental deben fundarse y no pueden contradecir las reglas unívocas de la ciencia y la técnica en aras de lograr el goce pleno y universal a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y, además, un “mayor bienestar para todos los habitantes del país”.

En cuanto al sometimiento de las decisiones legislativas y administrativas a las reglas unívocas de la ciencia y la técnica, la Sala lo ha denominado principio de objetivación de la tutela ambiental: “De la objetivación de la tutela ambiental (…) es un principio que en modo alguno puede confundirse con el anterior [principio precautorio o “principio de la evitación prudente”], en tanto, como derivado de lo dispuesto en los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, se traduce en la necesidad de acreditar con estudios técnicos la toma de decisiones en esta materia, tanto en relación con actos como de las disposiciones de carácter general –tanto legales como reglamentarias–, de donde se deriva la exigencia de la vinculación a la ciencia y a la técnica con lo cual, se condiciona la discrecionalidad de la Administración en esta materia. De manera que en atención a los resultados que se deriven de esos estudios técnicos –tales como los estudios de impacto ambiental–, si se evidencia un criterio técnico objetivo que denote la probabilidad de un evidente daño al ambiente, los recursos naturales o a la salud de las personas, es que resulta obligado desechar el proyecto, obra o actividad propuestas; y en caso de una "duda razonable" resulta obligado tomar decisiones en pro del ambiente (principio pro-natura), que puede traducirse en la adopción, tanto de medidas compensatorias como precautorias, a fin de proteger de la manera adecuada el ambiente.” (Sentencia de la Sala Constitucional Nos. 21258-10, 17126-06, 14293-05)” (el resaltado fue agregado). (Resolución nro. 2012-13367 de las 11:33 horas del 21 de setiembre de 2012).

XIV- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que, de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara SIN LUGAR la acción. El magistrado Rueda Leal consigna nota. El magistrado Cruz Castro salva el voto y declara con lugar la acción.

Fernando Castillo V.

Fernando Cruz C.

Paul Rueda L.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Ingrid Hess H.

Ileana Sánchez N.

Voto n°. 2024-3227 VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO CRUZ CASTRO. Resulta inconstitucional relativizar el estudio de impacto ambiental en ciertas actividades que tendrán efecto negativo en el ambiente.- En esta acción he dictado un voto disidente, porque considero que debe acogerse la acción, por violación al principio de reserva legal y además al derecho al ambiente, al principio precautorio, al principio de no regresión y al principio de objetivación. Lo anterior con fundamento en las siguientes razones:

Las normas se impugnan en tanto exoneran del estudio de impacto ambiental la aprobación de proyectos de maricultura de escala familiar, pequeña escala y mediana escala. La accionante considera que el estudio de impacto ambiental se impone como obligación en razón del principio precautorio, establecido en normas nacionales e internacionales con rango supra legal -principios 15 y 17 de la Declaración de Río (voto N°2002-5977).

Se observa que la pretensión es una inconstitucionalidad por omisión, por ello, la consecuencia de una declaratoria con lugar sería proceder con la reforma correspondiente, pero por medio de ley y no de un decreto ejecutivo.

Se constata que efectivamente el Decreto Ejecutivo impugnado sólo exige el estudio de impacto ambiental para los proyectos que sean de gran escala, y, para el resto de escalas, establece otros instrumentos de evaluación.

Al respecto, es preciso recordar que el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente no. 7554 de 4 de octubre de 1995) dispone que las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, cuya aprobación previa será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos; y que las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán someterse a esa valoración. La evaluación de impacto ambiental es un concepto general que hace referencia al procedimiento administrativo técnico-científico que lleva a cabo la SETENA para identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones (artículo 3° inciso 39) del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, (Decreto Ejecutivo no. 31849 de 24 de mayo de 2004).

Ahora bien, tal como lo dice la PGR, la realización de una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, no constituye sólo una obligación legal, sino también, una obligación constitucional (ver voto no. 6322-2003 de las 14 horas 14 minutos de 3 de julio de 2003 https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0007-239147 ). En este voto esta Sala consideró que no se podía excepcionar de su realización, con base en criterios o condicionamientos generales establecidos en leyes y reglamentarios, por cuanto ello implica vaciar de contenido el derecho de a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, regulado en el artículo 50 de la Constitución Política. La tutela del ambiente y las consecuencias de su omisión, son de tal gravedad y irreversibilidad, en algunos casos, que siempre se requiere, para una buena administración y protección de los bienes de la Madre Tierra, un criterio técnico que defina las amenazas y previsiones que deben adoptarse, tal como se hace en una evaluación de impacto ambiental.

La Procuraduría consideró en su informe que la normativa impugnada no es inconstitucional, pues no está excluyendo a los proyectos que clasifiquen en esas tres categorías particulares del requisito previo de someterse a una evaluación de impacto ambiental; indicando que esa evaluación se lleva a cabo mediante otras herramientas técnicas que no son el estudio de impacto ambiental. Ahora bien, al respecto consideramos que, si se admite que hay muchos otros instrumentos técnicos para realizar dicha evaluación, más allá del estudio de impacto ambiental, tal criterio resultaría una burla a la obligación constitucional de realizar una evaluación de impacto ambiental para las actividades que alteren el ambiente. Ello debería ser definido por ley y no por decreto como en este caso, constituyéndose entonces en una violación al principio de reserva legal; además, tal decisión conculcaría el derecho al ambiente y varios principios ambientales (el principio precautorio, el principio de no regresión y el principio de objetivación). Nótese que el documento D5 es un instrumento nuevo de evaluación de impacto ambiental que no está considerado en el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.

Aunque se argumente que el hecho de que una norma no contemple, para un determinado tipo de proyecto o actividad que pueda afectar el ambiente, el estudio de impacto ambiental como instrumento a utilizar, no implica su inconstitucionalidad, pues no se está excluyendo a ese proyecto o actividad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental exigido por la Ley Orgánica del Ambiente. Es lo cierto que el estudio de impacto ambiental debe convertirse en la regla, pues es el instrumento que mejor protege el derecho al ambiente. Así, para poder autorizar una evaluación ambiental mediante otros instrumentos que no sean el estudio de impacto ambiental, debe realizarse por ley (reserva legal), y con las justificaciones pertinentes (principio de objetivación ambiental), quedando claro que no se trata de una regresión ambiental que viole el derecho al ambiente y sus principios.

Debe recordarse lo que he indicado mediante el voto salvado a la sentencia no. 2022-008750, en la que se cuestionó el concepto de alteración al ambiente en grado de “alta significancia de impacto ambiental” como calificativo para proceder a considerarse un daño ambiental y exigir una evaluación ambiental:

“La aplicación de este criterio deja de lado esas otras intensidades o significancias, con la gravedad que no han sido objeto de valoración técnica antecedente, lo que ha impedido que, en orden al principio precautorio y preventivo, así como de reducción de significancia, haya sido objeto de medidas de prevención, mitigación, reducción o de reducción. Lo anterior supone, aquellos impactos de baja o mediana significancia, son dejados de lado por el concepto bajo examen, dado que, el concepto mismo de daño supone, se reitera, que no fue objeto de análisis mediante una herramienta técnica. De ahí que el concepto aludido supedita el daño ambiental a una alta significancia, relativizando la relevancia y trascendencia de los impactos ambientales que si bien no ostentan la misma consecuencia intrusiva del medio, sin duda, genera una patología, una amenaza y un deterioro no valorado a priori, en el ambiente, con el riesgo correspondiente de dejar ayuno de amparo esas lesiones y eliminando la posible concurrencia de criterios de imputación que luego permitan asignación de juicios de responsabilidad a quienes incurren en conductas de polución o quebranto ambiental.

Este tratamiento supone un deterioro a los principios que dimanan del ordinal 50 constitucional, relativizando la protección y reparación de las lesiones al ambiente, sobre la base de un criterio de alta significancia que no encuentra sustento en norma legal alguna y que, en todo caso, desaplica la tutela del ambiente que impone la citada norma constitucional.” Asimismo, véase que la PGR considera que “al amparo de la Constitución Política, cualquier actividad, obra o proyecto que altere significativamente el ambiente, debe someterse a una evaluación de impacto ambiental; esa evaluación puede ser llevada a cabo por alguno de los instrumentos técnicos que al efecto disponga la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y, el estudio de impacto ambiental es uno de esos instrumentos técnicos.” Sin embargo, estimamos que los instrumentos técnicos para realizar la evaluación de impacto ambiental deben ser definidos por ley, y no puede tener la Setena la competencia para “derogar” o “excepcionar” por medio de un decreto a ciertas actividades del estudio de impacto ambiental, si previamente no está así establecido por ley.

No comparto la afirmación del MINAE que dice: “Conforme lo anterior, SETENA es la competente por ley de establecer vía reglamentaria según lo permite el artículo 17 de la LOA, y basado en criterios técnicos, los procesos e instrumentos de Evaluación Ambiental, según el tipo de actividad, obra o proyecto y según sus especialidad, por lo que en el caso que nos ocupa no hay un exceso de potestad reglamentaria.” Aunque ciertamente, no todo proceso de Evaluación Ambiental debe realizarse por medio del Instrumento ESIA, que es el determinado para las actividades de mayor impacto ambiental potencial, consideramos que ello debe ser así determinado por ley y con la justificación correspondiente. Admitir lo contrario, que sea por reglamento y sin justificación alguna, puede propiciar una violación al principio constitucional indicado de que toda actividad que altere el ambiente, debe someterse a una evaluación ambiental. Crear instrumentos particulares para realizar esas evaluaciones puede convertirse en una práctica para crear evaluaciones ambientales a la “medida” o ad hoc, sin mayor justificación, e irrespetando el principio de no regresión.

Finalmente, claramente dice el informe de la UNA que, si bien la actividad de acuicultura (actividad destinada a cultivar y producir peces, camarones, algas, moluscos y otros organismos en el medio acuático cuyo destino es en general el consumo humano) es menos perjudicial para el ambiente en comparación con otras actividades pecuarias de producción de alimentos, también puede tener efectos ambientales negativos en el medio ambiente si no se desarrolla adecuadamente. Lo cual ratifica, en mi criterio, que esos efectos negativos deban ser previstos y sometidos a estudio. Además, se indica que el INCOPESCA coordina el sector acuícola, con lo cual no solamente SETENA tiene competencias en la materia. De todo lo anterior es claro que nuestro país ha adolecido de exceso de trámites en materia ambiental, pero ello no se soluciona en detrimento del derecho al ambiente, exonerando o relativizando los requisitos, como lo es el estudio ambiental en cierto tipo de actividades que se sabe tendrán efectos negativos en el ambiente.

Por todas las razones que he expuesto, considero que esta acción debe ser declarada con lugar. La tutela ambiental requiere una cuidadosa actividad preventiva, que es lo que pretende determinar los estudios de impacto ambiental.

Fernando Cruz Castro [ inevitable que las actividades agropecuarias sigan creciendo para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en cada país y Costa Rica no es la excepción. ]1 FAO. (2017). «El futuro de la alimentación y la agricultura tendencias y desafíos». Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i6881s.pdf [ similitudes a la producción desarrollada en tierra, cómo por ejemplo la producción de ganado vacuno, no obstante, con mucho menos efectos negativos en el medio ambiente. Por ejemplo, en la industria ganadera se talan millones de hectáreas de bosque para el pastoreo ]2 Nombre02, F. J. E. (2020). La acuicultura como activo económico y social. Mediterráneo económico, (33), 289-307.

[ litros de agua dulce para la producción de un Kilogramo de carne y se genera una alta emisión de metano a la atmósfera (gas de efecto invernadero) que aumenta el calentamiento global lo que incide negativamente en el cambio climático, entro otros efectos negativos ] SILVA, Rafael De Oliveira; BARIONI, Luis G.; Nombre03, Nombre04. Fire, deforestation, and livestock: When the smoke clears. Land Use Policy, 2021, vol. 100, p. 10494 [e se fomenta cada día más esta actividad por encima de otras actividades de producción de carne para consumo humano. ].

4 Nombre05, P. M., Nombre06, L., Nombre07, E. A., Nombre08, B., Nombre09, P., Rutledge-Jonker, S., ... & de Boer, I. J. (2020). Effects of Dutch livestock production on human health and the environment. Science of the Total Environment, 737, [do constatar que la acuicultura marina tiene importantes beneficios sociales, económicos y medioambientales como son: mayor impacto en la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza; oportunidades de empleo para las comunidades rurales; mayor suministro y disponibilidad de productos alimentarios marinos; mejoramiento de la nutrición y el bienestar humano; mayor entrada de divisas; y la mejora del reciclaje de los nutrientes cuando se utilizan sistemas de acuicultura integrada. Todos estos factores deben ser tenidos en consideración y sopesados por su importancia en una comparación equilibrada de los sistemas de producción alimentaria]139702.

5 Chacón Guzmán, J., Carvajal Oses, M., Herrera-Ulloa, Á., Corrales Gómez, N., Nombre10, R., Nombre11, Á., ... & Fajardo Espinoza, O. A. (2019). Liberación de juveniles de pargo manchado Lutjanus guttatus (Nombre12, 1869), como estrategia para la conservación de la especie y educación ambiental marino cos [r de que esta actividad es menos perjudicial para el ambiente en comparación con otras actividades pecuarias de producción de alimentos, también puede tener efectos ambientales negativos en el medio ambiente si no se desarrolla adecuadamente. No obstante, es claro que los efectos negativos en el ambiente dependerán estrictamente de la escala de producción que se establezca. ]era.

6 Nombre13, M., Nombre14, H. B., & Nombre15, J. A. (2020). Sistemas sostenibles de producción para el desarrollo del maricultivo con enfoque ecosistémico. La Acuicultura Multitrófica Int [ran escala. Esta diferenciación se establece con el principio de establecer normas, regulaciones e inclusive incentivos dependiendo de la intensidad de la producción. A mayor producción mayor normativa en todos los ámbitos, incluyendo el ámbito ambiental. A menor intensidad de producción disminuye la normativa y los requisitos debido a que los efectos de la producción en el ambiente disminuyen e inclusive pueden llegar a ser tan bajos que se consideren no significativos en términos de daño ambiental. Ámbito en el que normalmente se ubica la categoría de pequeña escala o similares. ]grada (AMTI).

7 Horacio Rodríguez Vázquez y Alejandro Flores Navas. 2014. Acuicultura de pequeña escala y recursos limitados en América Latina y el Caribe Hacia un enfoque integral de políticas públicas. FAO. Santiago d [ dirigen específicamente asociaciones y cooperativas locales de zonas costeras conformadas por personas con bajos recursos económicos y pocas posibilidades de empleo y de desarrollar nuevas ideas productivas, especialmente pescadores artesanales.] Chile. 94 p.

8 Carvajal, D. F. (2013). Pesca artesanal y pobreza en comunidades aledañas al Golfo de Nicoya. Revista de Ciencias Sociales, 2(140), 137-152. https://doi.org/10.15517/R

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Environmental Law 7554 — EIA, SETENA, and Public ParticipationLey Orgánica del Ambiente 7554 — EIA, SETENA y Participación Pública

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Decreto Ejecutivo 42755 Guide for mariculture environmental impact assessment and forms by category

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      • Decreto Ejecutivo 42755 Guía general para la valoración de los impactos ambientales generados por la actividad de Maricultura y formularios por categoría

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