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Res. 28978-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 08/11/2023
OutcomeResultado
The Constitutional Chamber summarily dismisses the constitutionality action for lack of invocation in the underlying matter and for not constituting a reasonable means to protect the plaintiffs' rights, either because they are not defendants in the criminal proceedings or because the challenged order is based on unchallenged norms.La Sala Constitucional rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad por falta de invocación en el asunto base y por no constituir un medio razonable para amparar los derechos de los accionantes, ya sea por no ser imputados en el proceso penal o por sustentarse la orden impugnada en normas no cuestionadas.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber summarily dismisses a constitutionality action filed by several companies and individuals against articles 33 and 58 of Forestry Law No. 7575. The plaintiffs argued that these articles violate the principles of criminal legality, legal certainty, criminal typicity, and taxativeness, by using imprecise concepts such as “conservation or protection area” and “protection areas,” which allegedly generate confusion and improper application of the crime of invading protected areas. The action stems from a criminal proceeding for Forestry Law violation in Guanacaste, where demolition of works in a stream protection zone was ordered. Without reaching the merits, the Chamber declares the action inadmissible for two of the applicant companies because they did not invoke unconstitutionality in the underlying proceeding, and for the third because it is not a defendant but an interested party, so the action is not a reasonable means to protect its rights. Additionally, the demolition order was based on other unchallenged norms, breaking the required connection.La Sala Constitucional rechaza de plano una acción de inconstitucionalidad presentada por varias sociedades y personas físicas contra los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal N° 7575. Los accionantes alegaban que dichos artículos vulneran los principios de legalidad criminal, seguridad jurídica, tipicidad penal y taxatividad, al utilizar conceptos imprecisos como “área de conservación o protección” y “áreas de protección”, lo que según ellos genera confusión y una aplicación indebida del tipo penal de invasión de áreas protegidas. La acción se origina en un proceso penal por infracción a la Ley Forestal en Guanacaste, donde se ordenó la demolición de obras en zona de protección de una quebrada. La Sala, sin entrar al fondo, declara inadmisible la acción para dos de las empresas accionantes porque no invocaron la inconstitucionalidad en el proceso base, y para la tercera porque no ostenta la condición de imputada sino de parte interesada, por lo que la acción no constituye un medio razonable para amparar sus derechos. Además, la orden de demolición se sustentó en otras normas no impugnadas, rompiendo la conexidad requerida.
Key excerptExtracto clave
II.- REGARDING THE INVOCATION OF UNCONSTITUTIONALITY IN THE UNDERLYING MATTER. Article 75, first paragraph, in fine, of the Constitutional Jurisdiction Law requires, for the admissibility of an incidental constitutionality action —as in the present case—, the existence of a main matter pending resolution, whether before the courts —including habeas corpus or amparo—, or in the procedure to exhaust the administrative route, in which such unconstitutionality is invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered harmed. These requirements are not merely formal, as simple compliance is not enough; it is further required that the norm challenged through this channel directly affects the matter serving as the basis, such that the ruling on the action serves as a reasonable means to protect the right or interest harmed in the prior matter. III.- INADMISSIBILITY OF THE ACTION FOR NOT CONSTITUTING A REASONABLE MEANS, REGARDING PLAINTIFFS [Company 003] AND [Company 018]. (...) they failed to prove that, despite the precautionary ruling, the plaintiffs [Company 013] and [Company 015] invoked in the underlying matter —in any way— the unconstitutionality of the norms challenged here, nor even that any discussion or challenge arose regarding the application of the norms concerning those parties. Consequently, since the unconstitutionality of the norms was not invoked in the underlying matter, the action does not constitute a reasonable means to protect the rights considered harmed. IV.- INADMISSIBILITY OF THE ACTION FOR NOT CONSTITUTING A REASONABLE MEANS, REGARDING PLAINTIFF [Company 012]. (...) this Tribunal considers that the arguments raised in this action regarding the alleged violation of the principles of criminal legality, criminal typicity, and taxativeness in criminal matters are not applicable to the specific case of the plaintiff, as they are not a defendant in the case, nor are they being charged with any criminal liability; they are merely an interested party due to the demolition order of the works where they carry out commercial activity, whose legal nature differs from the criminal one — a position that does not grant them standing to challenge the norms on a criminal law level, because a favorable ruling on the specific points raised in the action would not truly impact the underlying matter.II.- DE LA INVOCACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL ASUNTO BASE. El artículo 75, párrafo primero, in fine, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige, para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad por la vía incidental -como la presente-, la existencia de un asunto principal pendiente de resolver, ya sea ante los tribunales –inclusive de hábeas corpus o de amparo-, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considere lesionado. Tales requisitos no se traducen en una cuestión meramente formal, pues no basta con el simple cumplimiento de los mismos, sino que se requiere, además, que la norma impugnada a través de esta vía tenga una incidencia directa sobre el asunto que sirve como base, de tal suerte, que lo resuelto en la acción sirva como un medio razonable para amparar el derecho o interés lesionado dentro del asunto previo. III.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR NO CONSTITUIR MEDIO RAZONABLE, EN CUANTO A LAS ACCIONANTES [Nombre62 003] Y [Nombre62 018]. (...) no lograron acreditar que, pese a lo prevenido, las accionantes [Nombre62 013] y [Nombre62 015]. hayan invocado en el asunto base -en modo alguno- la inconstitucionalidad de las normas aquí cuestionadas, ni siquiera que se haya generado discusión o impugnación en torno a la aplicación de las normas respecto de esas parte del proceso. En consecuencia, al no haberse invocado la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, la acción no constituye un medio razonable para amparar los derechos que se consideran lesionados. IV.- INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR NO CONSTITUIR MEDIO RAZONABLE, EN CUANTO A LA ACCIONANTE [Nombre62 012]. (...) estima este Tribunal que los alegatos expuestos en esta acción relacionados con la presunta violación a los principios de legalidad criminal, tipicidad penal y taxatividad en materia penal, no son aplicables al caso concreto de la accionante, ya que no es imputado en la causa, ni se le está endilgando ninguna responsabilidad de tipo penal, únicamente, es parte interesada con ocasión de la orden de demolición de las obras en las que desarrolla su actividad comercial, cuya naturaleza jurídica es diferente a la penal, posición que no le otorga legitimación para cuestionar las normas en un plano jurídico penal, porque un eventual pronunciamiento estimatorio respecto de los extremos puntuales alegados en la acción, no tendría una verdadera incidencia en el asunto base.
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"Los alegatos expuestos en esta acción relacionados con la presunta violación a los principios de legalidad criminal, tipicidad penal y taxatividad en materia penal, no son aplicables al caso concreto de la accionante, ya que no es imputado en la causa, ni se le está endilgando ninguna responsabilidad de tipo penal."
"The arguments raised in this action regarding the alleged violation of the principles of criminal legality, criminal typicity, and taxativeness are not applicable to the plaintiff's specific case, as they are not a defendant in the case, nor are they being charged with any criminal liability."
Considerando IV
"Los alegatos expuestos en esta acción relacionados con la presunta violación a los principios de legalidad criminal, tipicidad penal y taxatividad en materia penal, no son aplicables al caso concreto de la accionante, ya que no es imputado en la causa, ni se le está endilgando ninguna responsabilidad de tipo penal."
Considerando IV
"La acción de inconstitucionalidad está diseñada para ejercer control de constitucionalidad sobre normas y actos de carácter general y no sobre los actos de aplicación concreta."
"The constitutionality action is designed to exercise constitutional control over norms and acts of a general nature and not over acts of concrete application."
Considerando V
"La acción de inconstitucionalidad está diseñada para ejercer control de constitucionalidad sobre normas y actos de carácter general y no sobre los actos de aplicación concreta."
Considerando V
"No basta con el simple cumplimiento de los mismos, sino que se requiere, además, que la norma impugnada a través de esta vía tenga una incidencia directa sobre el asunto que sirve como base."
"Simple compliance is not enough; it is further required that the norm challenged through this channel directly affects the matter serving as the basis."
Considerando II
"No basta con el simple cumplimiento de los mismos, sino que se requiere, además, que la norma impugnada a través de esta vía tenga una incidencia directa sobre el asunto que sirve como base."
Considerando II
Full documentDocumento completo
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine hours twenty minutes on the eighth of November of two thousand twenty-three.
Action of unconstitutionality brought by [Nombre62 001], identity card number [CED62], in his capacity as president with powers of unlimited general attorney of [Nombre 002], legal ID number [CED104] and [Nombre62 003], legal ID number [CED136] and; [Nombre62 004], identity card number [CED127], in his capacity as president with powers of unlimited general attorney of [Nombre62 005]., legal ID number [CED137], as well as, [Nombre62 006], in his capacity as special judicial attorney of [Nombre62 002], [Nombre62 003], and [Nombre62 007].; against ARTICLES 33 AND 58 OF LAW NUMBER 7575, LEY FORESTAL, PUBLISHED IN LA GACETA NO. 72, 16 APRIL 1996.
Resultando:
Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,
Considerando:
The present matter lacks the entirety of the stamps corresponding to the authentication of the signatures on the filing brief (escrito de interposición), for although, in response to what was ordered by resolution at 3:46 p.m. on October 16, 2023, documentation was sent, the fact of the case is that what was provided was a simple scanned image of two stamps of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica for the sum of 275 colones, on a blank page, uncanceled, whereby the order regarding the proper authentication of the filing brief, which includes the payment and cancellation of the legal stamps, is deemed unfulfilled. While this issue could eventually be remedied, the fact is that the action is inadmissible based on the grounds that will be analyzed below.
Article 75, first paragraph, in fine, of the Ley de la Jurisdicción Constitucional requires, for purposes of the admissibility of an action of unconstitutionality through the incidental route —as in the present case—, the existence of a principal matter pending resolution, whether before the courts —including habeas corpus or amparo—, or in the procedure to exhaust the administrative route, in which that unconstitutionality is invoked as a reasonable means to protect the right or interest considered injured. These requirements do not translate into a merely formal issue, since simple compliance with them is not enough; rather, it is also required that the norm challenged through this route have a direct impact on the matter that serves as the basis, such that what is resolved in the action serves as a reasonable means to protect the right or interest injured within the prior matter. A contrario sensu, if there is no direct connection between the object of discussion in the underlying matter and what is challenged in the action, it is not possible for this Chamber to rule on it.
It is for this reason that, in accordance with articles 75 and 79 of the Law governing this Jurisdiction, the claimants must prove and provide a literal certification of the brief in which they invoked the unconstitutionality of the norms in the underlying matter, in order to verify its impact on that matter. Regarding the requirements that the aforementioned invocation brief must meet, this Chamber has repeatedly stated that:
"(...) although an extensive legal reasoning is not required in the invocation of unconstitutionality of the norm, the fact is that it is necessary that the unconstitutionality of the norm challenged in the action be expressly invoked in the underlying matter... and that the constitutional norms considered infringed be indicated...". (Judgment No. 2014-000851 of 2:30 p.m. on January 22, 2014)." (Judgment No. 2017-007744 of 9:15 a.m. on May 24, 2017).
Likewise, by judgment number 2022-5564, of 9:00 a.m. on March 9, 2022, this Court also stated the following:
"(...) In this case and in relation to the content of Article 17 referring to confiscation (comiso), upon analyzing the memorial in which the unconstitutionality of the norm was invoked, it proves insufficient. The possible injured constitutional articles are mentioned, but the reasons are not indicated. Above all, the allegations referring to Article 45 of the Constitution are missing, which is precisely the right alleged as injured in the filing brief of the action. Finally, regarding Article 20 referred to, it is not mentioned in the invocation brief, so its challenge, lacking minimum legal foundation, is inadmissible."
III.INADMISSIBILITY OF THE ACTION FOR NOT CONSTITUTING A REASONABLE MEANS, WITH RESPECT TO CLAIMANTS [Name62 003] AND [Name62 018]. In the specific case, the claimants file this action of unconstitutionality against Articles 33 and 58 of Law No. 7575, Ley Forestal, considering them contrary to the principles of criminal legality, legal certainty, penal definition (tipicidad penal), and strict definition (taxatividad) that must operate in criminal matters. Now, in order to substantiate the action, they cite case file number [Value 006], being processed before the Criminal Court (Juzgado de Penal) of the II Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue, against [Name 016], in which they appear as interested third parties. Notwithstanding the foregoing, from the literal certification provided to the case file, in compliance with what was ordered by the Presidency of this Chamber, by resolution at 3:46 p.m. on October 16, 2023, it was possible to verify the filing of a brief on October 4, 2023, before the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue, by Mr. [Name 001], only, in his capacity as unlimited general agent (apoderado generalísimo sin límite de suma) of [Name62 012], but it is not proven that the claimants [Name62 013] and [Name62 014] filed any brief in order to invoke the unconstitutionality of the norms challenged in this action.
In that sense, they failed to prove that, despite what was ordered, the claimants [Name62 013] and [Name62 015] invoked—in any manner whatsoever—the unconstitutionality of the norms questioned here in the underlying matter, nor even that any discussion or challenge was generated regarding the application of the norms with respect to those parties in the proceeding. Consequently, since the unconstitutionality of the norms was not invoked in the underlying matter, the action does not constitute a reasonable means to protect the rights considered injured, as it completely lacks the invocation of unconstitutionality required by Article 75 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. By virtue of the foregoing, the action becomes inadmissible with respect to said claimants.
Claimant [Name62 012] files this action of unconstitutionality against Articles 33 and 58 of Law No. 7575, Ley Forestal, considering them contrary to the principles of criminal legality, legal certainty, penal definition (tipicidad penal), and strict definition (taxatividad) that must operate in criminal matters, due to the lack of precision in the technique used by the legislator in the criminal offense (tipo penal), as well as the conceptual confusion that causes the areas that the legislator intends not to be invaded to be poorly defined, such that there is insufficient clarity to determine liability on the part of its represented party. In order to substantiate the action, it cites case file number [Value 006], being processed before the Criminal Court (Juzgado de Penal) of the II Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue, against [Name 016], in which it appears as an interested third party, for although a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) was issued in favor of the defendant, by resolution at 2:21 p.m. on April 17, 2023, its represented parties were ordered to restore things to their state prior to the investigated acts by means of the demolition of the structures that are invading the protection area within the 10 meters of the protection area of the Vainilla stream (quebrada) and the unnamed stream (quebrada).
However, from the analysis of the underlying matter, as well as from the literal certification provided to the case file, in compliance with what was ordered, it is evident that, regarding the persons who appeared as defendants —[Name62 016] and [Name62 010]— a definitive dismissal (sobreseimiento definitivo) was issued by judgment 0217-2022 at 9:30 a.m. on September 21, 2022, for lack of certainty and evidentiary deficiency, which was confirmed (only on that point) by vote number 16-2023 at 4:00 p.m. on February 27, 2023. Likewise, it is verified that claimant [Name62 012], through its representative [Name62 001], appears as an "interested third person" in the proceeding and not as a defendant (see literal certification at 9:39 a.m. on September 12, 2023), the foregoing by virtue of the order issued by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue, at 2:21 p.m. on April 17, 2023, in which the restoration of things to their prior state is ordered, in accordance with Article 140 of the Código Procesal Penal.
This being the case, this Tribunal considers that the allegations presented in this action related to the alleged violation of the principles of criminal legality, penal definition (tipicidad penal), and strict definition (taxatividad) in criminal matters are not applicable to the specific case of the claimant, since it is not a defendant in the cause, nor is any criminal liability being attributed to it; it is merely an interested party on the occasion of the demolition order for the works in which it carries out its commercial activity, the legal nature of which is different from criminal law, a position that does not grant it legal standing (legitimación) to question the norms on a criminal law plane, because a potential favorable ruling regarding the specific points alleged in the action would not have a true impact on the underlying matter. In addition to the above, it is observed that the order issued against the claimant is based on Article 140 of the Código Procesal Penal, Article 103, subsection 1) of the Código Penal, as well as on the precautionary principles in environmental matters, which empower the criminal judge to issue measures and activate the useful, necessary, and urgent instruments to order the restoration of the affected environment.
However, said norms are not the object of challenge in this action, so there is also no true direct connection between what is claimed in the action and the object of discussion of the proceeding cited as the basis. Consequently, the action is not a reasonable means to protect the right considered injured.
V.Regarding the claimants' pretension to have the resolution of 2:21 p.m. on April 17, 2023, issued by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz venue, corresponding to case file number: [Value 006], set aside, and to have this Chamber issue a precautionary measure (medida cautelar) to suspend the effects of the cited resolution, they are informed that, by its nature, the action of unconstitutionality is designed to exercise constitutional control over norms and acts of a general nature and not over acts of specific application. Additionally, in accordance with the provisions of Articles 10 of the Constitución Política and 74 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, jurisdictional acts and resolutions of the Judicial Branch (Poder Judicial) shall not be challengeable through this route. Consequently, the claimants' pretensions in this regard are manifestly improper.
By virtue of the foregoing, the action is inadmissible, for not constituting a reasonable means to protect the rights considered injured, given that the claimants [Name62 013] and [Name62 017] did not invoke the unconstitutionality of the challenged norms in the underlying matter. Furthermore, with respect to claimant [Name62 012], the action is not a reasonable means to protect the rights considered injured in the underlying matter, since, on the one hand, the claimant does not appear as a defendant in the underlying proceeding, but as an interested party, which does not grant it legal standing to question the norms on a legal plane. Moreover, in the underlying matter, the order issued against it is based on other norms, which were not challenged in this action, so there is no impact, nor direct connection between what is alleged in the action and what is discussed in the underlying matter.
The parties are warned that if they have provided any paper document, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic device or one produced by new technologies, these must be withdrawn from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not withdrawn within this period will be destroyed, in accordance with the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", approved by the Corte Plena in session No. 27-11 of August 22, 2011, article XXVI and published in the Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session No. 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.
Por tanto:
The action is rejected outright (Se rechaza de plano la acción).
Nombre137 V.
Nombre152 C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
Telephones: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección12 , Dirección13 , 100 mts.Sur de la iglesia del Perpetuo Socorro). Reception of matters from vulnerable groups: Dirección14 , San José, Dirección15 , Dirección16 , calles 19 y 21, Dirección17 It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 05-08-2026 14:06:20.
Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitres .
Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre62 001], cédula de identidad número [CED62 ], en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de [Nombre 002], cédula jurídica número [CED104 ] y [Nombre62 003], cédula jurídica número [CED136 ] y; [Nombre62 004], cédula de identidad número [CED127 ], en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de [Nombre62 005]., cédula jurídica número [CED137 ], así como, [Nombre62 006], en su condición de apoderado especial judicial de [Nombre62 002], [Nombre62 003], y [Nombre62 007].; contra los ARTÍCULOS 33 Y 58 DE LA LEY NÚMERO 7575, LEY FORESTAL, PUBLICADA EN LA GACETA NO. 72, 16 DE ABRIL DE 1996.
Resultando:
Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,
Considerando:
El presente asunto carece de la totalidad de timbres correspondientes a la autenticación de las firmas del escrito de interposición, pues si bien, en atención a lo prevenido mediante resolución de las 15:46 horas del 16 de octubre de 2023, se remitió documentación, lo cierto del caso es que lo que se aportó una simple imagen escaneada de dos timbres del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por la suma 275 colones, en una plana en blanco, sin cancelar, con lo cual, se tiene por no cumplida la prevención en cuanto a la debida autenticación del escrito de interposición, la cual incluye el pago y cancelación de los timbres de ley. Si bien, ese tema podría eventualmente ser subsanado, lo cierto es que, la acción resulta inadmisible con base en los motivos que se analizarán a continuación.
El artículo 75, párrafo primero, in fine, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige, para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad por la vía incidental -como la presente-, la existencia de un asunto principal pendiente de resolver, ya sea ante los tribunales –inclusive de hábeas corpus o de amparo-, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considere lesionado. Tales requisitos no se traducen en una cuestión meramente formal, pues no basta con el simple cumplimiento de los mismos, sino que se requiere, además, que la norma impugnada a través de esta vía tenga una incidencia directa sobre el asunto que sirve como base, de tal suerte, que lo resuelto en la acción sirva como un medio razonable para amparar el derecho o interés lesionado dentro del asunto previo.
A contrario sensu, si no existe una conexidad directa entre el objeto de discusión del asunto base y lo impugnado en la acción, no resulta posible que esta Sala se pronuncie al respecto. Es por lo anterior, que, de conformidad con los artículos 75 y 79 de la Ley que rige a esta Jurisdicción, los accionantes deben acreditar y aportar certificación literal del escrito en el que invocaron la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, a efecto de verificar su incidencia en tal asunto. En cuanto a los requisitos que debe cumplir el citado escrito de invocación, esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que:
“(…) si bien, en la invocatoria de inconstitucionalidad de la norma, no se exige una extensa fundamentación, lo cierto es, que sí resulta necesario que en el asunto base se invoque expresamente, la inconstitucionalidad de la norma impugnada en la acción... y se indiquen las normas constitucionales que se consideren infringidas…”. (Sentencia No. 2014-000851 de las 14:30 hrs. del 22 de enero de 2014).” (Sentencia nro. 2017-007744 de las 9:15 hrs. del 24 de mayo de 2017).
Asimismo, por sentencia número 2022-5564, de las 9:00 horas del 9 de marzo de 2022, este Tribunal también señaló lo siguiente:
“(…)En este caso y relación con el contenido del artículo 17 referido al comiso, analizado el memorial en que se invocó la inconstitucionalidad de la norma, el mismo resulta insuficiente. Se mencionan los posibles artículos constitucionales lesionados, pero no se indican las razones. Sobre todo, se echa de menos los alegatos referidos al artículo 45 constitucional que es, precisamente, el derecho que se alega como lesionado en el escrito de interposición de la acción. Por último, en cuanto al artículo 20 referido, no es mencionado en el escrito de invocación, por lo que su cuestionamiento, carente del mínimo fundamento jurídico, es inadmisible.”
III.INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN POR NO CONSTITUIR MEDIO RAZONABLE, EN CUANTO A LAS ACCIONANTES [Nombre62 003] Y [Nombre62 018]. En el caso concreto, los accionantes formulan la presente acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 33 y 58 de la Ley número 7575, Ley Forestal, por considerarlos contrarios a los principios de legalidad criminal, seguridad jurídica, tipicidad penal y taxatividad que debe operar en materia penal. Ahora bien, a efecto de fundamentar la acción, citan el expediente número [Valor 006], que se tramita ante Juzgado de Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste sede Santa Cruz, contra [Nombre 016], dentro del cual figuran como terceros interesados. No obstante lo anterior, de la certificación literal aportada a los autos, en atención a lo prevenido por la Presidencia de esta Sala, mediante resolución de las 15:46 horas del 16 de octubre de 2023, se logró constatar la presentación de un escrito el 04 de octubre de 2023, ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, por el señor [Nombre 001], únicamente, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de [Nombre62 012]., pero, no se acredita que las accionantes [Nombre62 013] y [Nombre62 014]. hayan presentado escrito alguno a fin de invocar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en esta acción.
En ese sentido, no lograron acreditar que, pese a lo prevenido, las accionantes [Nombre62 013] y [Nombre62 015]. hayan invocado en el asunto base -en modo alguno- la inconstitucionalidad de las normas aquí cuestionadas, ni siquiera que se haya generado discusión o impugnación en torno a la aplicación de las normas respecto de esas parte del proceso. En consecuencia, al no haberse invocado la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, la acción no constituye un medio razonable para amparar los derechos que se consideran lesionados, pues carece absolutamente de la invocatoria de inconstitucionalidad que exige el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En virtud de lo anterior, la acción deviene inadmisible en cuanto a dichos accionantes.
El accionante [Nombre62 012]. formula la presente acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 33 y 58 de la Ley número 7575, Ley Forestal, por considerarlos contrarios a los principios de legalidad criminal, seguridad jurídica, tipicidad penal y taxatividad que debe operar en materia penal, debido a la ausencia de precisión en la técnica empleada por el legislador en el tipo penal, así como la confusión conceptual que causa que no se tenga bien definido cuales son las áreas que el legislador pretende que no se invadan, por lo que no existe suficiente claridad para determinar la responsabilidad por parte de su representada. A efecto de fundamentar la acción, cita el expediente número [Valor 006], que se tramita ante Juzgado de Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste sede Santa Cruz, contra [Nombre 016], dentro del cual figura como tercero interesado, pues si bien, se dictó un sobreseimiento definitivo a favor del imputado, por resolución de las 14:21 horas del 17 de abril de 2023, se ordenó a sus representadas, la restitución de las cosas a su estado anterior a los hechos investigados por medio de la demolición de la estructuras que se encuentran invadiendo el área de protección dentro de los 10 metros del área de protección de la quebrada Vainilla y la quebrada sin nombre.
Sin embargo, del análisis del asunto base, así como de la certificación literal aportada a los autos, en atención a lo prevenido, se desprende que, respecto de las personas que figuraban como imputados -[Nombre62 016] y [Nombre62 010]- se dictó un sobreseimiento definitivo mediante sentencia 0217-2022 de las 09:30 horas del 21 de setiembre de 2022 por falta de certeza y carencia probatoria, el cual fue confirmado (solo en ese extremo) por voto número 16-2023 de las 16:00 horas del 27 de febrero de 2023. Asimismo, se constata que la accionante [Nombre62 012]. a través de su representante [Nombre62 001], figura como “tercera persona interesada” en el proceso y no como imputado (véase certificación literal de las 09:39 horas del 12 de setiembre de 2023), lo anterior en virtud de la orden emitida por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, a las 14:21 horas del 17 de abril de 2023, en la cual se ordena la restitución de las cosas a su estado anterior, de conformidad con el artículo 140 del Código Procesal Penal.
Así las cosas, estima este Tribunal que los alegatos expuestos en esta acción relacionados con la presunta violación a los principios de legalidad criminal, tipicidad penal y taxatividad en materia penal, no son aplicables al caso concreto de la accionante, ya que no es imputado en la causa, ni se le está endilgando ninguna responsabilidad de tipo penal, únicamente, es parte interesada con ocasión de la orden de demolición de las obras en las que desarrolla su actividad comercial, cuya naturaleza jurídica es diferente a la penal, posición que no le otorga legitimación para cuestionar las normas en un plano jurídico penal, porque un eventual pronunciamiento estimatorio respecto de los extremos puntuales alegados en la acción, no tendría una verdadera incidencia en el asunto base. Aunado a lo anterior, se observa que la orden dictada en contra de la parte accionante, se sustenta en el artículo 140 del Código Procesal Penal, el artículo 103 inciso 1) del Código Penal, así como en los principios precautorios en materia ambiental, los cuales facultan al juez penal para dictar medidas y activar los instrumentos útiles, necesarios y urgentes para ordenar el restablecimiento del ambiente afectado.
Sin embargo, dichas normas no son objeto de impugnación en esta acción, de manera que, tampoco existe una verdadera conexidad directa entre lo reclamado en la acción y el objeto de discusión del proceso que se cita como base. En consecuencia, la acción no es medio razonable para amparar el derecho que se considera lesionado.
V.En cuanto a la pretensión de los accionantes para que se deje sin efecto la resolución de las 14:21 horas del 17 de abril de 2023 emitida por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste sede Santa Cruz, que corresponde al expediente número: [Valor 006] y que esta Sala dicte una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución citada, se les hace saber, que por su naturaleza, la acción de inconstitucionalidad está diseñada para ejercer control de constitucionalidad sobre normas y actos de carácter general y no sobre los actos de aplicación concreta. Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 de la Constitución Política y 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, los actos y resoluciones jurisdiccionales del Poder Judicial no serán impugnables en esta vía. En consecuencia, las pretensiones de los accionantes en este sentido, resultan manifiestamente improcedentes.
En virtud de lo expuesto, la acción resulta inadmisible, por no constituir un medio razonable para amparar los derechos que se consideran lesionados, toda vez que, las accionantes [Nombre62 013] y [Nombre62 017]. no invocaron la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base. Además, en cuanto a la accionante [Nombre62 012]., la acción no resulta medio razonable para amparar los derechos que se consideran lesionados en el asunto base, pues, por un lado, la accionante no figura como imputado en el proceso base, sino como parte interesada, lo que no le concede legitimación para cuestionar las normas en un plano jurídico. Además, en el asunto base, la orden emitida en su contra se sustenta en otras normas, que no fueron cuestionadas en esta acción, por lo que no existe incidencia, ni conexidad directa entre lo alegado en la acción y lo discutido en el asunto base.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se rechaza de plano la acción.
Nombre137 V.
Nombre152 C.
Paul Rueda L.
Luis Fdo. Salazar A.
Jorge Araya G.
Anamari Garro V.
Ingrid Hess H.
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