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Res. 24066-2023 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 27/09/2023

Dismissal of unconstitutionality action against Articles 33 and 58 of the Forestry LawInadmisión de acción de inconstitucionalidad contra artículos 33 y 58 de la Ley Forestal

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OutcomeResultado

InadmissibleInadmisible

The unconstitutionality action against Articles 33 and 58 of the Forestry Law is flatly dismissed for failure to properly invoke the unconstitutionality in the underlying criminal proceeding, as it was signed by a non-party and did not expressly state the constitutional grievances.La acción de inconstitucionalidad contra los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal es rechazada de plano por falta de una invocación adecuada de la inconstitucionalidad en el proceso penal base, al estar firmada por un tercero no parte y no constar en ella los reparos constitucionales de manera expresa.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber flatly dismissed an unconstitutionality action against Articles 33 and 58 of the Forestry Law. The plaintiffs argued that the law's conceptual shift —where former "protected zones" became "protection areas" and the "State Forest Patrimony" was redefined as "State Natural Patrimony"— causes confusion and violates substantive criminal principles such as legality, specificity, and taxativeness, particularly in the invasion offense of Article 58. However, the Chamber did not reach the merits: it found that the plaintiffs failed to properly invoke unconstitutionality in the underlying criminal proceeding and that the submission purporting to do so was signed by a non-party, thus failing the standing and connection requirements of Articles 75 and 79 of the Constitutional Jurisdiction Law. The ruling is strictly procedural and dismisses the action without ruling on the constitutionality of the challenged articles.La Sala Constitucional rechaza de plano una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal. La parte actora cuestionaba que el cambio conceptual en la Ley —donde las antiguas "zonas protectoras" pasaron a ser "áreas de protección" y el "Patrimonio Forestal del Estado" se redefinió como "Patrimonio Natural del Estado"— genera confusión y viola principios penales sustantivos como legalidad, tipicidad y taxatividad, especialmente en el tipo penal de invasión del artículo 58. Sin embargo, la Sala no analiza el fondo: determina que los recurrentes no invocaron adecuadamente la inconstitucionalidad en el proceso penal base y que el memorial presentado como supuesta invocación fue firmado por un tercero que no es parte, por lo que la acción incumple los requisitos de legitimación y conexidad exigidos por los artículos 75 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La resolución es estrictamente procesal y desestima la acción sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos impugnados.

Key excerptExtracto clave

IV.- ON THE INADMISSIBILITY OF THE UNCONSTITUTIONALITY ACTION. In the case at hand, the plaintiff identifies as the underlying matter judicial proceeding No. [Value 006] pending before the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz. By virtue of the order of the Presidency of this Chamber of 3:57 p.m. on September 7, 2023, a certified copy of folios 504 to 514 of the main file of said criminal proceeding (a brief stamped as received at 2:20 p.m. on May 18, 2023) was submitted, signed only by José Manuel Rivera Salas, in his capacity as general judicial attorney of the Solidarity Association of Employees of the Costa Rican Social Security Fund (ASECCSS). Despite the foregoing, it cannot be considered that the plaintiff properly invoked unconstitutionality in the underlying matter, first, because the document provided in response to the order of 3:57 p.m. on September 7, 2023, as the invocation brief, is actually a document signed by a third party who is not a party to this unconstitutionality action... Second, the aforementioned brief does not contain an express and unequivocal invocation of the unconstitutionality of Articles 33 and 58 of the Forestry Law —the ones challenged here—, with an indication of the constitutional provisions and principles it considers infringed by the content of those norms and the reasons supporting its position. Consequently, based on the foregoing, the plaintiff fails to demonstrate before this Chamber that it properly invoked the unconstitutionality of the norms challenged here within the underlying judicial proceeding and, therefore, it cannot be established that this action is a reasonable means to protect the interests of its represented entities in the underlying criminal proceeding...IV.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En el sub judice, la parte accionante menciona como asunto base el proceso judicial expediente n.° [Valor 006] que pende ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz. En virtud de la prevención de la Presidencia de esta Sala de las 15:57 horas del 7 de septiembre de 2023, fue aportada a los autos copia certificada de los folios 504 al 514 del legajo principal de dicho expediente penal (escrito con sello de recibido a las 14:20 horas del 18 de mayo de 2023), suscrito únicamente por José Manuel Rivera Salas, en su condición de apoderado general judicial de la Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (ASECCSS). Pese a lo anterior, no puede estimarse que el accionante haya realizado una adecuada invocación de inconstitucionalidad en el asunto base, primero, porque el escrito que aportó a raíz de la prevención de las 15:57 horas del 7 de setiembre de 2023, como libelo de invocación, en realidad es un escrito suscrito por un tercero que no es parte en esta acción de inconstitucionalidad... Segundo, en el escrito precitado no consta de manera expresa e inequívoca la invocación de la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal -aquí impugnados-, con indicación de las normas y principios del Derecho de la Constitución que estima infringidos por el contenido de esas normas y las razones que sustentan su postura. En consecuencia, a partir de lo anterior, la parte accionante no logra demostrar ante esta Sala haber invocado debidamente la inconstitucionalidad de las normas aquí impugnadas dentro del proceso judicial base y, por ende, no se logra establecer que esta acción sea un medio razonable de amparar los intereses de sus representadas en el proceso penal base...

Pull quotesCitas destacadas

  • "no puede estimarse que el accionante haya realizado una adecuada invocación de inconstitucionalidad en el asunto base, primero, porque el escrito que aportó a raíz de la prevención... es un escrito suscrito por un tercero que no es parte en esta acción de inconstitucionalidad"

    "it cannot be considered that the plaintiff properly invoked unconstitutionality in the underlying matter, first, because the document provided in response to the order... is a document signed by a third party who is not a party to this unconstitutionality action"

    Considerando IV

  • "no puede estimarse que el accionante haya realizado una adecuada invocación de inconstitucionalidad en el asunto base, primero, porque el escrito que aportó a raíz de la prevención... es un escrito suscrito por un tercero que no es parte en esta acción de inconstitucionalidad"

    Considerando IV

  • "Segundo, en el escrito precitado no consta de manera expresa e inequívoca la invocación de la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal -aquí impugnados-, con indicación de las normas y principios del Derecho de la Constitución que estima infringidos"

    "Second, the aforementioned brief does not contain an express and unequivocal invocation of the unconstitutionality of Articles 33 and 58 of the Forestry Law —the ones challenged here—, with an indication of the constitutional provisions and principles it considers infringed"

    Considerando IV

  • "Segundo, en el escrito precitado no consta de manera expresa e inequívoca la invocación de la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal -aquí impugnados-, con indicación de las normas y principios del Derecho de la Constitución que estima infringidos"

    Considerando IV

  • "la parte accionante no logra demostrar ante esta Sala haber invocado debidamente la inconstitucionalidad de las normas aquí impugnadas dentro del proceso judicial base y, por ende, no se logra establecer que esta acción sea un medio razonable de amparar los intereses de sus representadas en el proceso penal base"

    "the plaintiff fails to demonstrate before this Chamber that it properly invoked the unconstitutionality of the norms challenged here within the underlying judicial proceeding and, therefore, it cannot be established that this action is a reasonable means to protect the interests of its represented entities in the underlying criminal proceeding"

    Considerando IV

  • "la parte accionante no logra demostrar ante esta Sala haber invocado debidamente la inconstitucionalidad de las normas aquí impugnadas dentro del proceso judicial base y, por ende, no se logra establecer que esta acción sea un medio razonable de amparar los intereses de sus representadas en el proceso penal base"

    Considerando IV

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Sections

Procedural marks

CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-seventh of September, two thousand and twenty-three.

Action of unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad) brought by [Nombre317 001], national identity card (cédula de identidad) no. [Valor 001], acting in the capacity of president with powers of attorney-in-fact with unlimited authority (apoderado generalísimo sin límite de suma) of [Nombre317 002]., corporate tax identification number (cédula jurídica) no. [Valor 002], and [Nombre317 003]., corporate tax identification number no. [Valor 003], and [Nombre317 004], national identity card no. [Valor 004], acting in the capacity of president with powers of attorney-in-fact with unlimited authority of [Nombre317 005]., corporate tax identification number no. [Valor 005]; against Articles 33 and 58 of Ley n.° 7575, Ley Forestal, published in La Gaceta no. 72 of April 16, 1996.

PROCEEDINGS:

  1. 1By written submission received by this Chamber at 10:50 a.m. on August 28, 2023, the petitioner requests that Articles 33 and 58 of Ley n.° 7575, Ley Forestal, published in La Gaceta n.° 72 of April 16, 1996, be declared unconstitutional. The petitioner argues that said articles violate Article 39 of the Constitución Política and the principles of statutory reservation (reserva de ley), criminal legality (legalidad criminal), legal certainty (seguridad jurídica), criminal specificity (tipicidad penal), strict construction (taxatividad), and prohibition of analogy (prohibición de la analogía), on the following grounds. In Costa Rica's legal system, four forestry laws have existed — among them Law No. 4465 of November 25, 1969, Law No. 7032 of May 2, 1986, Law No. 7174 of July 10, 1990, and the current Ley n.° 7575 of February 13, 1996. Throughout the first three versions of the forestry laws, different concepts have been maintained that allow the identification of various areas falling within the "State Forest Heritage (Patrimonio Forestal del Estado)"; however, in the current version of the Ley Forestal, a series of conceptual changes occurred that have led to improper application of the statute by its legal practitioners, as is the case in expediente number 12-000022-0611-PE. The principal grounds are set forth below.

I.First Ground of This Action of Unconstitutionality (acción de inconstitucionalidad): State Forest Heritage and State Natural Heritage. The first ground on which the petitioners believe there is a violation of Article 39 of the Constitución Política lies in the improper conceptual application of the terms "protection zones (zonas protectoras)" and "protection areas (áreas de protección)." Notably, these concepts, which the legislature replaced in this statute, served to distort and assign a different meaning to this law. In the three forestry laws preceding the current Ley n.° 7575, protection zones were defined as: "b) Protection zones: They shall be formed by forests and lands of forestry suitability (aptitud forestal), in which the primary objective is the protection of the soil, the regulation of the hydrological regime (régimen hidrológico), and the conservation of the environment and watersheds (cuencas hidrográficas)." Those protection zones, which are considered areas adjacent to watercourses, ceased to be called protection zones and are now referred to in the current Ley Forestal as protection areas, as is evident in Article 33 of that statute:

"Article 33. Protection Areas The following are declared protection areas: a) Areas bordering permanent springs (nacientes permanentes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally. b) A strip of fifteen meters in rural areas and ten meters in urban areas, measured horizontally on both sides of the banks of rivers, streams, or creeks, if the terrain is flat, and fifty horizontal meters if the terrain is uneven. c) A zone of fifty meters measured horizontally along the banks of natural lakes and reservoirs and along lakes or artificial reservoirs constructed by the State and its institutions. Private artificial lakes and reservoirs are excepted. d) Recharge areas and aquifers (acuíferos) of springs, the boundaries of which shall be determined by the competent bodies established in the regulations of this law." Now, the Procuraduría General de la República itself, in Dictamen n.° C-016-2002 of January 15, makes a distinction between both concepts, noting that: "Different is the case of the so-called 'protection areas,' regulated in Articles 33 and 34 of Ley Forestal No. 7575, in which, although the cutting or removal of trees is prohibited, projects declared by the Executive Branch to be of national convenience are permitted as an exception to this rule, understood as those 'activities carried out by the centralized agencies of the State, autonomous institutions, or private enterprise, whose social benefits are greater than the socio-environmental costs (...).' These are areas bordering permanent springs; rivers, streams, or creeks; natural and artificial lakes and reservoirs constructed by the State and its institutions; as well as aquifer recharge zones (Art. 33, subsections a), b), c), and d)); and their legal regime is different from that which characterizes protection zones: '…it differs in the placement of the provisions on such zones from all prior laws and preparatory texts, since previously these protection areas, which were called protection zones, were included within the State Forest Heritage, whereas now the text distinguishes between protection zones, considered protected wildlife areas (áreas silvestres protegidas), listed under Title II, on the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), and protection areas, described in Title III on Private Forestry Property, under the chapter on Forestry Protection (…)' (Dictamen C-103 of June 8, 1998). 'The aforementioned Art. 34 pertains to the protection areas enumerated in Art. 33 ibídem and refers essentially to privately owned land.

(...) They constitute protection areas in their true sense, as they are called in the text of that Art. 34, thereby partially correcting the erroneous terminology of "protected areas" used in the heading [of Art. 34].' (Legal Opinion OJ022-99 of February 19, 1999)." The petitioner alleges that this confusion gives rise to an inadequate interpretation and application of the remaining rules governing the invasion of these zones. To elaborate on this matter, it is necessary to read Article 32 of the Ley Forestal of Law No. 4465 of November 25, 1969 in its entirety, where the concept of "State Forest Heritage" is defined as follows: "…all forests and forestland (terrenos forestales) of the national reserves (reservas nacionales), of areas declared inalienable, of properties registered in its Name317, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration." Upon reading Ley Forestal No. 7575, for the first time the legislature introduces the concept of "State Natural Heritage," discarding the concept of "State Forest Heritage." This concept did not represent a substantial change, given that when a definition of this concept is provided, it is identical to that which had been assigned to the "State Natural Heritage." Under the version of the Ley Forestal corresponding to Ley n.° 4465, Art. 35 indicated that the "State Forest Heritage" was composed of: forest reserves (reservas forestales); protection zones; national parks (parques nacionales); national wildlife refuges (refugios nacionales de vida silvestre); and biological reserves (reservas biológicas).

However, in Ley n.° 7575 (the current one), the concept of "State Natural Heritage" lacks a valid basis for such a change. The reason is that this concept was introduced by the legislature erroneously. In the words of the Procuraduría General de la República, as found in Dictamen No. Placa2041 of January 15, it states the following: "It is likely that the new Ley Forestal failed to include a conceptualization of the management categories (categorías de manejo) by mistake, since, as can be seen in the minutes of Sesión Ordinaria No. 80 held by the Comisión de ASUNTOS Agropecuarios y Recursos Naturales, at 14:31 hours on January 23, 1996 (Expediente No. 11.003, Volume X, folios 3492 and 3493), the definitions were removed from the proposed statutory text because they were already included in another bill being processed at that time (the Environmental Law), which ultimately did not become law." Ley n.° 7575, by abandoning the concept of "State Forest Heritage" and adopting the term "State Natural Heritage," does not establish the requirements for understanding what is meant by this type of zone.

However, the Ley Orgánica del Ambiente complements this absence by using "protected wildlife areas" to refer to the different "management categories" that make up that heritage. In May 1998 — 27 months after Ley n.° 7575 entered into force — the Ley de Biodiversidad, n.° 7878, in its Art. 58, defined "protected wildlife areas" as "geographically delimited zones, consisting of land, wetlands, and portions of sea. They have been declared as such because they hold special significance for their ecosystems, the existence of threatened species, their impact on reproduction and other needs, and for their historical and cultural significance. These areas shall be dedicated to conserving and protecting biodiversity, the soil, water resources (recurso hídrico), cultural resources, and ecosystem services in general…" "Article 36: Requirements for Creating New Areas In order to create protected wildlife areas owned by the State, regardless of the management category established, the following requirements must first be met: a) Preliminary physiogeographic, biological diversity, and socioeconomic studies justifying the area. b) Definition of objectives and location of the area. c) Technical feasibility and land tenure study. d) Minimum financing to acquire, protect, and manage the area. e) Preparation of maps. f) Enactment of the corresponding law or decree." The "State Natural Heritage" is composed of forests and forestland of the national reserves, of areas declared inalienable, of properties registered in its Name317, and of those belonging to municipalities, autonomous institutions, and other bodies of the Public Administration, as well as the different "categories" of "protected wildlife areas," which, regardless of their individual characteristics and differences, are administered by the Ministerio del Ambiente y Energía through differentiated management plans (planes de manejo).

The land comprising the "State Natural Heritage" — including, of course, protected wildlife areas — is characterized by: Being unattachable and inalienable (inembargables e inalienables) as assets of the public domain (dominio público). Private possession of such land shall generate no right whatsoever in favor of the possessor, and the State's restitution action (acción reivindicatoria) for such land is imprescriptible. Such land is not susceptible to registration in the Public Registry through possessory title registration (información posesoria); and its invasion and occupation shall be penalized in accordance with the provisions of the law. These characteristics were contained in Article 33 of Laws Nos. 4465, 7032, and 7174; and the current Ley Forestal incorporates them in Art. 14. In light of all of the foregoing, the petitioners consider it demonstrated that this statute is contrary to Article 39 of the Constitución Política.

Second Ground of This Action: Article 58 of the Ley Forestal. The crime of invasion of protection areas is regulated in Article 58 of the current Ley Forestal, which provides as follows: "Article 58: A prison sentence of three months to three years shall be imposed on any person who: a) Invades a conservation or protection area, regardless of its management category, or other forest areas or land subject to the forestry regime (régimen forestal), regardless of the area occupied; irrespective of whether such land is private property of the State or other bodies of the Public Administration, or land in private ownership." Whereas, the previous forestry laws — Laws Nos. 4465, 7032, and 7174 — in their Art. 118 provided that: "Article 118: A prison sentence of six months to three years shall be imposed on any person who: a) Invades a forest reserve, protection zone, national park, national wildlife refuge, biological reserve, or other forest areas or land subject to the forestry regime, regardless of the area occupied, irrespective of whether such land is private property of the State or other bodies of the Public Administration." In the aforementioned Article 118, it can be identified that the penalty for the conduct of invasion ranged from six months to three years of imprisonment.

The distinguishing element between the three previous versions of the Ley Forestal and the version currently in force lies in the fact that the conduct typified in the current version identifies as a criminal offense (tipo penal) the invasion of: "a forest reserve, a protected zone, a national park, a national wildlife refuge, a biological reserve, or other forested areas or lands subject to the forest regime." The foregoing constitutes nothing more or less than a criminal offense typified in accordance with what was established regarding the "State Forest Heritage (patrimonio forestal del Estado)," a concept set forth in the three forestry laws preceding the current one. However, there is a variation in the elements comprising the elements of the offense (tipicidad) of the criminal type, given that Article 58, paragraph a), of the current Ley Forestal provides that this offense is constituted if the subject invades "a conservation or protection area," with the consequence that, as seen in the context of the three prior forestry laws, the legislature introduces a legally incorrect concept, and since then legal practitioners (operadores jurídicos) have interpreted and applied this provision erroneously.

The question thus arises: what did the legislature mean when it used the term "a conservation or protection area"? As a concept, "conservation or protection area" was defined neither by any of the forestry laws nor by any other legal provision.

The petitioner (accionante) invokes the following legal principles as having been violated: the principles violated by the provisions challenged herein are as follows:

I.Principle of criminal legality (Principio de legalidad criminal): In the present case, this principle is violated on the grounds that there is no prior definition of the various zones contemplated by Article 58 of the Ley Forestal. The Sala Constitucional, in its voto n.° 1739-92 of eleven forty-five in the morning of July 1, 1992, holds that there is an obligation: "…procedurally, to structure the entire criminal proceeding on the basis of that prior statutory definition, which, in this area above all, entirely excludes not only regulations or other norms subordinate to formal legislation, but also all unwritten sources of law, as well as any analogical or extensive interpretation of the law—substantive or procedural—; both, to the extent they do not benefit the accused, in light of the guarantees owed to that person. It is not superfluous to reiterate here that the object of the criminal proceeding is not to punish the offender but to guarantee him a fair trial."

The Ley Forestal is not clear in determining which protection zones are covered, a fundamental right that the represented party is seeing violated. As cited in the ruling of the Sala Constitucional, the principle of criminal legality determines and defines the remaining principles in criminal procedure and substantive law, and there exists an inadequate application of concepts within the provision. This principle is precisely what prevents the State from engaging in arbitrary conduct—it prevents abuses of the limits established by the principles inherent to criminal law—; however, in this case, due to a mistaken assessment by the legislature, this essential principle has been violated in the present case.

II.Principle of legal certainty (Principio de seguridad jurídica): With respect to the present action, it must be noted that there is a violation of the principle of legal certainty. This is grounded in the fact that this principle provides that "no human action may constitute a criminal offense, even if it appears immoral or contrary to collective interests, unless a law enacted prior to its commission defines it as such (…)." In the case of the ruling issued at fourteen hours and twenty-one minutes on the seventeenth of April of the year two thousand and twenty-three, there is no adequate analysis on the part of the legal practitioner, due to the shortcomings already set forth in this action in relation to Articles 33 and 58 of the Ley Forestal.

III.Principle of criminal typicity (Principio de tipicidad penal): Furthermore, the principle of criminal typicity provides that individuals may not be criminally prosecuted for an act or omission that has not been previously established as a criminal offense in a clear and precise manner in a text forming part of a normative body. In the case at hand, the conceptual confusion at the normative level results in a lack of clarity and adequate definition as to which areas the legislature intends to protect from invasion, and consequently causes a violation of the represented party's interests.

IV.Principle of definiteness (Principio de taxatividad): The principle of definiteness requires "(…) that the legislature employ a technique of norm creation and drafting by virtue of which it is possible to know the extent of that norm—how far the citizen can or cannot act. For conduct to constitute a criminal offense, it is not sufficient that it be unlawful (antijurídica); it must also be typified, meaning that it must be fully described in a statutory provision, which responds to the inescapable demands of legal certainty, since criminal matters represent the greatest degree of intervention in the significant legal interests of citizens, and it is therefore necessary that they have full knowledge of which actions they must refrain from committing, under penalty of incurring criminal liability. The guarantee function of criminal law requires that criminal offense types be drafted with the greatest possible clarity and precision, so that both their content and their limits may be derived from the text as exactly as possible.

Precision is required because, if criminal offense types are formulated in overly broad, ambiguous, or general terms, the task of determining which actions are punishable—given the broad absorptive capacity of the legal description—is transferred to the judge at the moment of establishing the subsumption (subsunción) of conduct under a provision. Clarity, for its part, addresses the necessary comprehension that citizens must have of the law, so that they may align their conduct with the requirements of criminal law (see in this regard rulings 1876-90 and 1877-90)."

The absence of such precision in the technique employed by the legislature in the criminal offense type of Article 58 results, in the view of this representation, in insufficient clarity to determine the represented party's criminal liability.

As a petition, the following is requested: In consideration of all of the foregoing, the petitioners herein request of this Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia the following: "That Articles 33 and 58 of Ley número 7575—'Ley Forestal'—be declared unconstitutional, on the grounds that their drafting is confusing and employs concepts incorrectly in a manner that results in a misapplication of the provision. That the ruling issued at fourteen hours and twenty-one minutes on the seventeenth of April of the year two thousand and twenty-three by the Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste sede Santa Cruz, corresponding to expediente número: [Valor 006], be rendered without legal effect." 2. The petitioning party bases its standing (legitimación) on Article 75, first paragraph, of the Law of Constitutional Jurisdiction (Ley de la Jurisdicción Constitucional), citing as the underlying case (asunto previo) judicial file no. [Valor 006], pending before the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz division, in which the companies [Nombre317 002]., [Nombre317 003]., and [Nombre 006]. appear as parties, for the alleged offense of "violation of the Ley Forestal." It states that the complaint alleges that certain structures were built within the protection zone of a stream located within the property registered in the name of the petitioning party's clients.

  1. 3By order of the Presidency of this Chamber (Sala) issued at 15:57 hours on September 7, 2023, the petitioning party was notified of the following: "(…) that within three days, counted from the day following notification of this order, and under warning (apercibimiento) that the action will be dismissed in the event of non-compliance, they must: submit a certified copy of the brief invoking the unconstitutionality of the challenged provisions, indicating the date received by the judicial office handling the underlying case of this action (no. [Valor 007]). This, in accordance with Articles 79, paragraph 1°, and 80 of the Law of Constitutional Jurisdiction (…)."
  2. 4By brief received via Gestión en Línea on September 13, 2023, the petitioner [Nombre317 001] stated the following: "With the intention of complying with the notice set forth in the order issued at fifteen hours and fifty-seven minutes on the seventh of September of two thousand twenty-three, the undersigned requests an extension of the time period granted in said notice, on the grounds that the registered address of the represented company is in San José, and in order for my client to comply with what has been requested, it must travel to Guanacaste, since case file number [Valor 006] is in physical format and is located at the Criminal Court of Santa Cruz, Guanacaste."
  3. 5By brief received via Gestión en Línea on September 14, 2023, a certified copy was submitted by the judicial coordinator of the Criminal Court of Santa Cruz, covering folios 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, and 514 of the main docket (legajo principal) of criminal case no. [Valor 006], filed against Nombre17843, for the offense of Violation of the Ley Forestal, to the detriment of natural resources. The certification was issued at 09:39 hours on September 12, 2023.
  4. 6Article 9 of the Law of Constitutional Jurisdiction empowers the Chamber to dismiss outright (rechazar de plano) or on the merits, at any time, including upon filing, any petition brought before it that is manifestly inadmissible, or when it considers that there is sufficient evidence to reject it, or when the matter constitutes a mere reiteration or reproduction of a previously rejected petition that is identical or similar.

Drafted by Magistrate Castillo Víquez; and,

CONSIDERING:

I. ON PROCEDURE

Although petitioner [Nombre317 001], by brief dated September 11, 2023 (received via Gestión en Línea on September 13, 2023), requested an extension of the time period to comply with what was required by the order issued at 15:57 hours on September 7, 2023, the fact is that no specific time period was indicated. Nevertheless, on September 14, 2023, a certification was submitted to this file, issued at 09:39 hours on September 12, 2023, by the judicial coordinator of the Criminal Court of Santa Cruz, Guanacaste, corresponding to folios 504 through 514 of the main docket of criminal file no. [Valor 006]. Accordingly, the Court proceeds to resolve this action without further proceedings.

II. ON THE REQUIREMENTS AND FORMALITIES OF THE ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY (acción de inconstitucionalidad)

This Chamber has consistently held that the action of unconstitutionality is a proceeding subject to specific formalities that must necessarily be met in order for this Tribunal to validly rule on the merits of the matter. Article 75 of the Law of Constitutional Jurisdiction establishes the admissibility requirements for actions of unconstitutionality and governs different situations. The first paragraph requires the existence of a pending case yet to be resolved, whether before the courts—including habeas corpus or amparo proceedings—or in an administrative procedure for exhaustion of that avenue, in which the unconstitutionality of the challenged provision is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered to be harmed in the main case. The second and third paragraphs govern the direct action—which does not require an underlying case—in the following circumstances: a) where, by the nature of the matter, there is no individual and direct harm; b) where the defense of diffuse interests or interests affecting the community as a whole is at stake; and c) where the action is brought by the Attorney General of the Republic, the Comptroller General of the Republic, the Prosecutor General of the Republic, or the Ombudsman.

There are additional formalities that must be fulfilled, namely: the filing brief must be authenticated and contain an explicit identification of the challenged provisions, duly substantiated, with specific reference to the components of the constitutional block (bloque de constitucionalidad) considered to have been violated (Article 78 of the Law of Constitutional Jurisdiction). It is also required to establish the conditions for standing (powers of attorney and certifications), to pay the stamp (timbre) of the Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, and to submit a literal certification of the brief in which the unconstitutionality of the challenged provisions was invoked in the underlying case (Article 79 of the Law of Constitutional Jurisdiction).

III. ON THE INVOCATION OF UNCONSTITUTIONALITY IN THE UNDERLYING CASE

Article 75, first paragraph, in fine, of the Law of Constitutional Jurisdiction requires, for purposes of the admissibility of an action of unconstitutionality brought through the incidental channel (vía incidental)—such as the present one—the existence of a main case pending resolution, whether before the courts—including habeas corpus or amparo proceedings—or in the administrative exhaustion procedure, in which such unconstitutionality is invoked as a reasonable means of protecting the right or interest considered to be harmed. Such requirements do not amount to a merely formal matter, for it is not enough to simply satisfy them; it is also required that the provision challenged through this channel have a direct bearing on the case that serves as the basis, such that what is resolved in the action serves as a reasonable means of protecting the right or interest harmed within the underlying case.

A contrario sensu, if there is no direct connection between the subject matter of the underlying case and what is challenged in the action, it is not possible for this Chamber to rule thereon. It is for this reason that, in accordance with Articles 75 and 79 of the Law governing this Jurisdiction, the petitioners must establish and submit a literal certification of the brief in which they invoked the unconstitutionality of the provisions in the underlying case, in order to verify its bearing on that case. Regarding the requirements that said invocation brief must meet, this Chamber has consistently held that:

"(…) while, in the invocation of the unconstitutionality of the provision, extensive substantiation is not required, it is nevertheless necessary that the underlying case expressly invoke the unconstitutionality of the challenged provision in the action… and that the constitutional provisions considered to have been violated be identified…". (Judgment No. 2014-000851 of 14:30 hrs. of January 22, 2014)." (Judgment no. 2017-007744 of 9:15 hours of May 24, 2017).

By judgment no. 2022-5564, of 9:00 hours of March 9, 2022, this Tribunal also held the following:

"(…) In this case, with respect to the content of Article 17 concerning forfeiture (comiso), upon analysis of the brief in which the unconstitutionality of the provision was invoked, the same is found to be insufficient. The potentially violated constitutional articles are mentioned, but no reasons are given. Above all, the arguments regarding Article 45 of the Constitution are conspicuously absent—that being, precisely, the right alleged as harmed in the filing brief of the action. Finally, with respect to the aforementioned Article 20, it is not mentioned in the invocation brief, and therefore its challenge, lacking the minimum legal basis, is inadmissible."

IV. ON THE INADMISSIBILITY OF THE ACTION OF UNCONSTITUTIONALITY

In the sub judice, the petitioning party identifies as the underlying case judicial file no. [Valor 006], pending before the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz. Pursuant to the notice issued by the Presidency of this Chamber at 15:57 hours on September 7, 2023, a certified copy of folios 504 through 514 of the main docket of said criminal file was submitted to the record (a brief bearing a received stamp at 14:20 hours on May 18, 2023), signed solely by José Manuel Rivera Salas, in his capacity as general judicial representative (apoderado general judicial) of the Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (ASECCSS). Notwithstanding the foregoing, it cannot be considered that the petitioner properly invoked unconstitutionality in the underlying case, first, because the brief submitted in response to the notice issued at 15:57 hours on September 7, 2023, as the invocation brief (libelo de invocación), is in fact a brief signed by a third party who is not a party to this action of unconstitutionality, since José Manuel Rivera Salas himself indicates that he represents SECCSS and states:

"The undersigned, JOSÉ MANUEL RIVERA SALAS, of legal age, married, attorney, resident of Tibás, holder of national identity card (cédula de identidad) number CED9380, in my capacity as General Judicial Representative of the Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social, ASECCSS, which as of today is not formally a party or interested third party in the present proceeding; however, by reason of the notification of the order of fourteen hours and twenty-one minutes on the seventeenth of April of the year two thousand and twenty-three, served upon my client on April 26, 2023, by the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of Guanacaste, I hereby formally appear before your authority as an interested third party in the present proceeding, and in accordance with Articles 437, 438, 439, 452, and 453 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), to file, in a timely and proper manner, in view of the fact that the aforementioned order has not yet been personally served upon the representatives of the companies [Nombre 002]., [Nombre317 003]., and [Nombre317 007]., as indicated therein, a formal APPEAL (RECURSO DE APELACIÓN) (…)." (Emphasis not in original.)

Second, the aforementioned brief does not contain an express and unequivocal invocation of the unconstitutionality of Articles 33 and 58 of the Ley Forestal — challenged here — with an indication of the norms and principles of Constitutional Law that are considered to have been infringed by the content of those provisions, nor the reasons supporting that position. Consequently, based on the foregoing, the petitioning party fails to demonstrate before this Court that it properly invoked the unconstitutionality of the provisions challenged herein within the underlying judicial proceeding and, therefore, it cannot be established that this action constitutes a reasonable means of protecting the interests of its represented parties in the underlying criminal proceeding, as required by Articles 75 and 79 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. This being the case, and given that such invocation must be made prior to the filing of this proceeding — a defect that cannot be cured for purposes of this action — the appropriate course of action is to reject it outright.

V. IN CONCLUSION

As a corollary to the foregoing, the action under review must be rejected outright, and it is so ordered.

VI. DOCUMENTATION SUBMITTED TO THE FILE

The parties are hereby notified that if any documents in paper form, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology device, have been submitted, these must be retrieved from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not retrieved within this period will be destroyed, pursuant to the provisions of the "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial," approved by the Corte Plena in session N° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial number 19 of January 26, 2012, as well as the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial in session N° 43-12 held on May 3, 2012, article LXXXI.

Por tanto:

The action is rejected outright.

Nombre290 V.

President Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A. Jorge Araya G.

Nombre319 V. Ronald Salazar Murillo Hubert Fernández A.

Telephone numbers: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Electronic address: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección40, Dirección41, 100 mts. South of the Perpetuo Socorro church). Reception of matters involving vulnerable groups: Dirección42, San José, Dirección43, Dirección44, calles 19 y 21, Dirección45.

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SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veintisiete de setiembre de dos mil veintitres .

Acción de inconstitucionalidad promovida por [Nombre317 001], cédula de identidad n.° [Valor 001], en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de [Nombre317 002]., cédula jurídica n.° [Valor 002], y [Nombre317 003]., cédula jurídica n.° [Valor 003], y [Nombre317 004], cédula de identidad n.° [Valor 004], en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de [Nombre317 005]., cédula jurídica n.° [Valor 005]; contra los artículos 33 y 58 de la Ley n.° 7575, Ley Forestal, publicada en La Gaceta n.° 72 del 16 de abril de 1996.

RESULTANDO:

  1. 1Por escrito recibido en esta Sala a las 10:50 horas del 28 de agosto de 2023, la parte accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 58 de la Ley n.° 7575, Ley Forestal, publicada en La Gaceta n.° 72 del 16 de abril de 1996. Esto, por considerar que violan el numeral 39 de la Constitución Política y los principios de reserva de ley, legalidad criminal, seguridad jurídica, tipicidad penal, taxatividad y prohibición de la analogía en los siguientes términos. En nuestro ordenamiento jurídico han existido cuatro leyes forestales — entre ellas la ley número 4465 del 25 de noviembre de 1969, la ley número 7032 del 02 de mayo de 1986, la ley número 7174 de 10 de julio de 1990 y la actual ley número 7575 del 13 de febrero de 1996-. A lo largo de las tres primeras versiones de las leyes forestales se han mantenido diferentes conceptos que permiten ubicar distintas áreas como las áreas que abarcan el "Patrimonio Forestal", sin embargo, en la actual versión de la Ley Forestal se dieron una serie de variaciones a nivel conceptual que han llevado a una indebida aplicación de la norma por parte de sus operadores jurídicos como es el caso que corresponde al expediente número 12-000022-0611 -PE.A continuación, se expondrá los principales motivos. I. Primer motivo de esta acción de inconstitucionalidad: Patrimonio Forestal del Estado y Patrimonio Natural del Estado. El primer motivo por el que los accionantes consideran que existe una violación al artículo 39 de la Constitución Política radica en la mala aplicación conceptual en los términos de "zonas protectoras" y "áreas de protección". Curiosamente estos conceptos que reemplazó el legislador en esta norma vinieron a desvirtuar y darle otro sentido a esta ley. En las tres leyes forestales previas a la actual Ley n.° 7575 definían a las "zonas protectoras" como: "b) Zonas protectoras: Estarán formadas por los bosques y terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo principal sea la protección del suelo, la regulación del régimen hidrológico y la conservación del ambiente y de las cuencas hidrográficas." Esas zonas protectoras, que se consideran áreas próximas a los cauces dejaron de llamarse "zonas protectoras" para que actualmente en la vigente Ley Forestal se llamen "áreas de protección", y así se evidencia en el artículo 33 de esta norma: “Artículo 33.Áreas de protección Se declaran áreas de protección las siguientes: a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal. b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es quebrado. c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley”. Ahora bien, la misma PGR en el Dictamen n.° C-016-2002 del 15 de enero hace una distinción de ambos conceptos señalando que: “Diferente es el caso de las denominadas "áreas de protección", reguladas en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal No. 7575, en las que, aunque se prohíbe la corta o eliminación de árboles, sí se permiten como excepción a esta regla proyectos declarados por el Poder Ejecutivo como de conveniencia nacional, entendiéndose como tales aquellas "actividades realizadas por las dependencias centralizadas del Estado, las instituciones autónomas o la empresa privada, cuyos beneficios sociales sean mayores que los costos socioambientales(...).Se trata de las áreas que bordean nacientes permanentes; ríos, quebradas o arroyos; lagos y embalses naturales y artificiales construidos por el Estado y sus instituciones; así como zonas de recarga acuífera (artículo 33, incisos a), b), c) y d); y su régimen legal es distinto al que caracteriza las zonas protectoras: “… difiere en la ubicación de las disposiciones sobre tales zonas, de todas las leyes anteriores y los textos preparatorios, pues anteriormente estas áreas de protección, que eran llamadas zonas protectoras, se incluían dentro del patrimonio forestal del Estado, mientras que ahora, diferencia el texto entre zonas protectoras, consideradas áreas silvestres protegidas, enumeradas dentro del Título Segundo, del Patrimonio Natural del Estado, y las áreas de protección, descritas en el Título Tercero de la Propiedad Forestal Privada, bajo el capítulo llamado de la Protección Forestal (…)” (Dictamen C-103 de 8 de junio de 1998)."El artículo 34 aludido en su escrito se contrae a las áreas de protección que enumera el numeral 33 ibídem y se refiere básicamente a terrenos de propiedad privada. (...) Constituyen áreas de protección, en su verdadero sentido, como se les denomina en el texto de ese artículo 34, rectificando -en parte- la errónea terminología de "áreas protegidas" con que se les designa en el título [del artículo 34]. " (Opinión jurídica OJ022-99 de 19 de febrero de 1999)”. Alega que esa confusión da pie a una inadecuada interpretación y aplicación del resto de normas que regulan lo correspondiente a la invasión de estas zonas. Para ampliar sobre este tema se hace necesario recurrir a la lectura integra del artículo 32 de la Ley Forestal de la Ley No. 4465 del 25 de noviembre de 1969, donde se define el concepto de "Patrimonio Forestal del Estado" de la siguiente manera: “… todos los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su Nombre317 y de las pertenecientes a las municipalidades, a las instituciones autónomas y a los demás organismos de la Administración Pública" Haciendo una lectura de la Ley Forestal No. 7575, por primera vez el legislador introduce el concepto de "Patrimonio Natural del Estado", dejando por fuera el concepto de "Patrimonio Forestal del Estado".Este concepto no mostró un cambio sustancial, debido a que a la hora de que se emite una definición de este concepto resulta idéntica a la que se le concedía al "Patrimonio Natural del Estado”. Con la versión de la Ley Forestal que corresponde a la Ley n.° 4465 se indicaba en su artículo 35 que el "Patrimonio Forestal del Estado" lo conformaban: las reservas forestales; las zonas protectoras; los parques nacionales; los refugios nacionales de vida silvestre y las reservas biológicas. Sin embargo, en la Ley n.° 7575 (la vigente) el concepto de "Patrimonio Natural del Estado" no tiene un motivo válido para tal cambio. La razón es que este concepto fue introducido por el legislador de forma errónea. En palabras de la Procuraduría General de la República está en el Dictamen No. Placa2041 del 15 de enero que señala lo siguiente: “Es probable que en la nueva Ley Forestal no se incluyera una conceptualización de las categorías de manejo por error, ya que, como puede verse en el Acta de la Sesión Ordinaria No. 80 celebrada por la Comisión de ASUNTOS Agropecuarios y Recursos Naturales, a las 14:31 horas del 23 de enero de 1996 (Expediente No. 11.003, Tomo X, folios 3492 y 3493), de la propuesta de texto legal se eliminaron las definiciones porque ya estaban incluidas en otro proyecto que se estaba tramitando en ese momento (Ley Ambiental), que en última instancia no llegó a ser ley de la República”.La Ley n.° 7575 al abandonar el concepto de "Patrimonio Forestal del Estado" y adoptar el término de "Patrimonio Natural del Estado" no establece los requisitos para entender lo que se entiende por este tipo de zona. Sin embargo, la Ley Orgánica del Ambiente complementa esta ausencia al utilizar “Áreas Silvestres Protegidas” para referirse a las diferentes “categorías de manejo” que conforman ese patrimonio. En mayo de 1998 -27 meses después de que entró en vigencia la Ley n.° 7575, la Ley de Biodiversidad, n.° 7878- en su artículo 58, definió las "áreas silvestres protegidas" como "zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar. Han sido declaradas como tales por representar significado especial por sus ecosistemas, la existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y por su significado histórico y cultural.Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los ecosistemas en general…” “Artículo 36: Requisitos para crear nuevas áreas Para crear áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente con lo siguiente: a) Estudios preliminares fisiogeograficos, de diversidad biológica y socioeconómicos, que la justifiquen. b) Definición de objetivos y ubicación del área. c) Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra. d) Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla. e) Confección de planos. f) Emisión de la Ley o el decreto respectivo”. El "Patrimonio Natural del Estado" está conformado por los bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, de las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su Nombre317 y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la Administración Pública, así como por las diferentes "categorías" de "áreas silvestres protegidas", las que independientemente de sus particularidades y diferencias entre sí, son administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, a través de "planes de manejo" diferenciados.Los terrenos que conforman el "Patrimonio Natural del Estado" —incluidas por supuesto las "áreas silvestres protegidas", se caracterizan por: Ser terrenos inembargables e inalienables por tratarse de bienes de dominio público. Su posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por esos terrenos es imprescriptible. No son susceptibles de inscripción en el Registro Público mediante información posesoria; y su invasión y ocupación serán sancionadas conforme con las disposiciones de la ley. Esas características eran recogidas en el artículo 33 de las Leyes números 4465,7032 y 7174; y la actual Ley Forestal las recoge en su artículo 14. Por todo lo anterior, consideran los actores que dejan demostrado que esta norma es contraria al artículo 39 de la Constitución Política. Segundo Motivo de esta acción: artículo 58 de la Ley Forestal. El delito de invasión a las áreas de protección se encuentra regulado en el artículo 58 de la actual Ley Forestal que indica lo siguiente: “Artículo 58: Se impondrá prisión de tres meses a tres años a quien: a) Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular”.Mientras que, las anteriores leyes forestales - Leyes números 4465, 7032 y 7174, en su artículo 118 disponía que: “Artículo 118: Se impondrá prisión de seis meses a tres años a quien a) Invada una reserva forestal, zona protectora, parque nacional, refugio nacional de vida silvestre, reserva biológica u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública”. En el ya mencionado artículo 118 se identifica que la penalidad a la conducta por invasión iba de los seis meses a los tres años de prisión. Ahora bien, el elemento diferenciador entre las tres versiones anteriores de la Ley Forestal y la que se encuentra vigente, está en que la conducta tipificada en la actual señala como delito la invasión a: “una reserva forestal, una zona protectora, un parque nacional, un refugio nacional de vida silvestre, una reserva biológica, u otras áreas de bosque o terrenos sometidos al régimen forestal”.Lo anterior no es más ni menos que un delito que se tipifica de acuerdo a lo que se establecía al "patrimonio forestal del Estado", concepto que se estipula en las tres leyes forestales previas a la actual, sin embargo, existe una variación en los elementos que comprenden la tipicidad del tipo penal, ya que, el artículo 58, inciso a), de la actual Ley Forestal señala que este delito se configura si el sujeto invade “un área de conservación o protección”, teniendo como consecuencia que según lo visto con las tres anteriores leyes forestales el legislador introduce un concepto jurídicamente hablando incorrecto, y desde entonces el operador jurídico ha interpretado y aplicado de manera errónea esta norma. Surge la interrogante: ¿A qué se refería el legislador cuando utilizó el término "un área de conservación o protección? Como concepto, "área de conservación o protección", no fue definido por ninguna de las leyes forestales ni por ninguna otra norma.El accionante menciona los siguientes principios jurídicos violados: los principios vulnerados por la normativa aquí accionada son los siguientes: I. Principio de legalidad criminal: En el presente caso este principio se violenta a razón que no existe una definición previa de las diferentes zonas que contempla el artículo 58 de la Ley Forestal. La Sala Constitucional en su voto n.° 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco minutos del 1° de julio de 1992, señala que existe una obligación: “…procesalmente, a ordenar toda la causa penal sobre la base de esa previa definición legal, que, en esta materia, sobre todo, excluye totalmente no sólo los reglamentos u otras normas inferiores a la ley formal, sino también todas las fuentes no escritas del derecho, así como toda interpretación analógica o extensiva de la ley -sustancial o procesal-; unos y otras en función de las garantías debidas al reo, es decir, en medida en que no le favorezcan.No es ocioso reiterar aquí que el objeto del proceso penal no es el de castigar al delincuente sino el de garantizarle un juzgamiento justo”. La Ley Forestal no es clara en determinar cuáles son esas zonas de protección, un derecho fundamental que su representada está viendo violarse. Como cita la resolución de la Sala Constitucional, el principio de legalidad criminal determina y define el resto de los principios en el proceso penal y en el derecho de fondo existiendo una inadecuada aplicación de conceptos en la norma. Justamente este principio evita que existan arbitrariedades en el Estado — evita que se den abusos a los límites establecidos por los principios propios de la materia penal-, sin embargo, en este caso por una mala apreciación del legislador se ha violentado este principio tan esencial para el presente caso. II. Principio de seguridad jurídica: con respecto a la presente acción, señalar que hay una violación al principio de seguridad jurídica.Parte del hecho que este principio estipula que “ninguna acción humana puede constituir delito, aunque parezca inmoral o contraria a los intereses colectivos, si no la define como tal, una ley anterior a su ejecución (…)”. En el caso de la resolución de las catorce horas veintiún minutos del diecisiete de abril del año dos mi veintitrés no existe un análisis adecuado por parte del operador jurídico por las falencias que ya han expuesto en esta acción en relación a los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal. III. Principio de tipicidad penal: Por otra parte, el principio de tipicidad penal estipula que a las personas no se les puede perseguir penalmente por una acción u omisión que no haya sido previamente estipulada como delito de forma clara y precisa en un texto que sea parte de un cuerpo normativo. En el caso que nos ocupa al existir una confusión a nivel conceptual causa que no se tenga claro ni bien definido en la norma cuales son las áreas que el legislador pretende que no se invadan, y consecuentemente, causa una violación a los intereses de su representada.IV. Principio de taxatividad: El principio de taxatividad exige “(…) que el legislador emplee una técnica de creación, de elaboración de la norma en virtud de la cual sea posible conocer hasta dónde llega éste, hasta dónde puede o no puede actuar el ciudadano. Para que una conducta sea constitutiva de delito no es suficiente que sea antijurídica, es necesario además que esté tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una norma, lo cual obedece a exigencias insuprimibles de seguridad jurídica, pues siendo la materia represiva la de mayor intervención en bienes jurídicos importantes de los ciudadanos, es necesario éstos puedan tener cabal conocimiento de cuáles son las acciones que deben abstenerse de cometer, bajo la pena de incurrir en responsabilidad criminal. La función de garantía de la ley penal exige que los tipos sean redactados con la mayor claridad y precisión posible, para que tanto su contenido como sus límites puedan deducirse del texto lo más exactamente posible.La precisión obedece a que, si los tipos penales se formulan con términos muy amplios, ambiguos o generales, se traslada al Juez, al momento de establecer la subsunción de una conducta a una norma, la tarea de determinar cuáles acciones son punibles por el gran poder de absorción de la descripción legal. La claridad, por su parte, atiende a la necesaria compresión que los ciudadanos deben tener de la ley, para que así adecuen su comportamiento a las pretensiones de la ley penal (pueden consultarse al respecto las sentencias 1876-90 y 1877-90)." La ausencia de esa precisión en la técnica empleada por el legislador en el tipo penal del artículo 58 produce que a criterio de esta representación no existe suficiente claridad para determinar la responsabilidad por parte de su representada. Como petitoria indica lo siguiente: En consideración de todo lo anteriormente expuesto, los aquí accionantes solicitan a esta Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente: “Que se declare inconstitucional los artículos 33 y 58 de la Ley número 7575— "Ley Forestal", debido a que su redacción es confusa y emplea de manera incorrecta conceptos que derivan en una mala aplicación de la norma.Que se deje sin efecto la resolución de las catorce horas veintiún minutos del diecisiete de abril del año dos mil veintitrés emitida por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste sede Santa Cruz, que corresponde al expediente número: [Valor 006]”.

2. La parte accionante fundamenta su legitimación en el artículo 75 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda vez que indica como asunto previo el expediente judicial n.° [Valor 006] que pende ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa Cruz, donde figuran como partes las sociedades [Nombre317 002]., [Nombre317 003]. y [Nombre 006]., por el supuesto delito de “infracción a la Ley Forestal”. Indica que se denuncia que se construyeron algunas edificaciones dentro de la zona de protección de una quebrada que está ubicada dentro de la finca que está a Nombre317 de sus representadas.

  1. 3Por resolución de la Presidencia de esta Sala de las 15:57 horas del 7 de septiembre de 2023, se previno a la parte accionante lo siguiente: “(…) que dentro de tercero día, contado a partir del siguiente a la notificación de esta resolución y bajo apercibimiento de denegarle el trámite a la acción en caso de incumplimiento, deberán: aportar copia certificada del escrito de invocación de la inconstitucionalidad de las normas aquí impugnadas, donde conste la fecha de recibido por el despacho judicial que tramita el asunto base de esta acción (n.° [Valor 007]). Esto, conforme a los artículos 79, párrafo 1°, y 80 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (…)”.
  2. 4Por escrito recibido mediante Gestión en Línea el 13 de septiembre de 2023, el accionante [Nombre317 001], manifestó lo siguiente: “Con la intención de cumplir con la prevención señalada según la resolución de las quince horas cincuenta y siete minutos del siete de setiembre de dos mil veintitrés el suscrito solicita ampliar el plazo de dicha prevención a razón de que el domicilio social de la representada se encuentra en San José, y para que mi representada pueda cumplir con lo señalado debe de trasladarse hasta Guanacaste, ya que el proceso número de expediente: [Valor 006] se encuentra en formato físico, y el mismo está ubicado en el Juzgado Penal de Santa Cruz Guanacaste”.
  3. 5Por escrito recibido mediante Gestión en Línea el 14 de septiembre de 2023, se aportó copia certificada por la coordinadora judicial del Juzgado Penal de Santa Cruz de los folios 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513 y 514 del legajo principal de la causa penal n.° [Valor 006], seguida contra Nombre17843 , por el delito de Infracción a la Ley Forestal, en perjuicio de los recursos naturales. Certificación extendida a las 09:39 horas del 12 de setiembre de 2023.
  4. 6El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el Magistrado Castillo Víquez; y,

CONSIDERANDO:

I. SOBRE EL TRÁMITE

Si bien el accionante [Nombre317 001], por escrito de fecha 11 de setiembre de 2023 (recibido mediante Gestión en Línea el 13 de setiembre de 2023), solicitó ampliación del plazo para cumplir con lo prevenido por resolución de las 15:57 horas del 7 de septiembre de 2023; lo cierto es que no indicó el plazo requerido, en cambio, el 14 de setiembre de 2023 fue aportada a este expediente una certificación expedida a las 09:39 horas del 12 de setiembre de 2023 por la coordinadora judicial del Juzgado Penal de Santa Cruz, Guanacaste, correspondiente a los folios 504 al 514 del legajo principal del expediente penal n.° [Valor 006]. En consecuencia, se procede a resolver esta acción sin más trámite.

II. DE LOS REQUISITOS Y FORMALIDADES DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que la acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que necesariamente deben cumplirse para que este Tribunal pueda pronunciarse válidamente sobre el fondo del asunto. En el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se establecen los presupuestos de admisibilidad para las acciones de inconstitucionalidad y se regulan situaciones distintas. En el párrafo primero se exige la existencia de un asunto pendiente de resolver, sea en sede judicial –incluyendo los recursos de hábeas corpus o de amparo- o en la administrativa –en el procedimiento de agotamiento de esta vía-, en el que se invoque la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, como medio razonable de amparar el derecho o interés que se considera lesionado en el asunto principal. En los párrafos segundo y tercero se regula la acción directa –no se requiere del asunto base-, en los siguientes supuestos: a) cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa; b) se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad en su conjunto; y c) cuando la acción sea promovida por el Procurador General de la República, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.

Existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, el escrito de interposición debe estar autenticado y contener una determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de los componentes del bloque de constitucionalidad que se consideren infringidos (artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Debe, además, acreditarse las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), procederse al pago del timbre del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y aportarse certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas impugnadas en el asunto base (artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional).

III. DE LA INVOCACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL ASUNTO BASE

El artículo 75, párrafo primero, in fine, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional exige, para efectos de la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad por la vía incidental -como la presente-, la existencia de un asunto principal pendiente de resolver, ya sea ante los tribunales –inclusive de hábeas corpus o de amparo-, o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considere lesionado. Tales requisitos no se traducen en una cuestión meramente formal, pues no basta con el simple cumplimiento de los mismos, sino que se requiere, además, que la norma impugnada a través de esta vía tenga una incidencia directa sobre el asunto que sirve como base, de tal suerte, que lo resuelto en la acción sirva como un medio razonable para amparar el derecho o interés lesionado dentro del asunto previo.

A contrario sensu, si no existe una conexidad directa entre el objeto de discusión del asunto base y lo impugnado en la acción, no resulta posible que esta Sala se pronuncie al respecto. Es por lo anterior, que, de conformidad con los artículos 75 y 79 de la Ley que rige a esta Jurisdicción, los accionantes deben acreditar y aportar certificación literal del escrito en el que invocaron la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, a efecto de verificar su incidencia en tal asunto. En cuanto a los requisitos que debe cumplir el citado escrito de invocación, esta Sala ha señalado, de forma reiterada, que:

“(…) si bien, en la invocatoria de inconstitucionalidad de la norma, no se exige una extensa fundamentación, lo cierto es, que sí resulta necesario que en el asunto base se invoque expresamente, la inconstitucionalidad de la norma impugnada en la acción... y se indiquen las normas constitucionales que se consideren infringidas…”. (Sentencia No. 2014-000851 de las 14:30 hrs. del 22 de enero de 2014).” (Sentencia n.° 2017-007744 de las 9:15 horas del 24 de mayo de 2017).

Por sentencia n.° 2022-5564, de las 9:00 horas del 9 de marzo de 2022, este Tribunal también señaló lo siguiente:

“(…) En este caso y relación con el contenido del artículo 17 referido al comiso, analizado el memorial en que se invocó la inconstitucionalidad de la norma, el mismo resulta insuficiente. Se mencionan los posibles artículos constitucionales lesionados, pero no se indican las razones. Sobre todo, se echa de menos los alegatos referidos al artículo 45 constitucional que es, precisamente, el derecho que se alega como lesionado en el escrito de interposición de la acción. Por último, en cuanto al artículo 20 referido, no es mencionado en el escrito de invocación, por lo que su cuestionamiento, carente del mínimo fundamento jurídico, es inadmisible.”

IV. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

En el sub judice, la parte accionante menciona como asunto base el proceso judicial expediente n.° [Valor 006] que pende ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz. En virtud de la prevención de la Presidencia de esta Sala de las 15:57 horas del 7 de septiembre de 2023, fue aportada a los autos copia certificada de los folios 504 al 514 del legajo principal de dicho expediente penal (escrito con sello de recibido a las 14:20 horas del 18 de mayo de 2023), suscrito únicamente por José Manuel Rivera Salas, en su condición de apoderado general judicial de la Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (ASECCSS). Pese a lo anterior, no puede estimarse que el accionante haya realizado una adecuada invocación de inconstitucionalidad en el asunto base, primero, porque el escrito que aportó a raíz de la prevención de las 15:57 horas del 7 de setiembre de 2023, como libelo de invocación, en realidad es un escrito suscrito por un tercero que no es parte en esta acción de inconstitucionalidad, pues el mismo José Manuel Rivera Salas indica ser representante de SECCSS y dice:

“El suscrito, JOSÉ MANUEL RIVERA SALAS, mayor, casado, abogado, vecino de Tibás, portador de la cedula (sic) de identidad número CED9380 , en mi condición de Apoderado General Judicial de la Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social, ASECCSS, la cual al día de hoy realmente no figura formalmente como parte, ni tercera interesada en el presente proceso, no obstante en razón de la notificación de la resolución de las catorce horas veintiún minutos del diecisiete de abril del año dos mil veintitrés, realizada a mi representada el día 26 de abril de 2023, por parte del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste, me apersono de manera formal ante su autoridad como tercera interesada en el presente proceso, y de conformidad con los numerales 437, 438, 439, 452 y 453 del Código Procesal Penal, a interponer en tiempo y en forma, en vista de que la resolución supra citada a la fecha no ha sido personalmente notificada a los representantes de las sociedades [Nombre 002]., [Nombre317 003]. y [Nombre317 007]., tal y como se señala en la misma, formal RECURSO DE APELACIÓN (…)”. (El destacado no corresponde al original).

Segundo, en el escrito precitado no consta de manera expresa e inequívoca la invocación de la inconstitucionalidad de los artículos 33 y 58 de la Ley Forestal -aquí impugnados-, con indicación de las normas y principios del Derecho de la Constitución que estima infringidos por el contenido de esas normas y las razones que sustentan su postura. En consecuencia, a partir de lo anterior, la parte accionante no logra demostrar ante esta Sala haber invocado debidamente la inconstitucionalidad de las normas aquí impugnadas dentro del proceso judicial base y, por ende, no se logra establecer que esta acción sea un medio razonable de amparar los intereses de sus representadas en el proceso penal base, conforme lo requerido en los artículos 75 y 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Así las cosas y visto que tal invocatoria debe realizarse de previo a la interposición de este proceso, lo cual no puede ser subsanado para los efectos de esta acción, lo procedente es rechazarla de plano.

V. EN CONCLUSIÓN

Como corolario de lo anterior, procede rechazar de plano la acción en estudio, como así se dispone.

VI. DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE

Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

POR TANTO:

Se rechaza de plano la acción.

Nombre290 V.

Fernando Cruz C.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Nombre319 V.

Ronald Salazar Murillo Hubert Fernández A.

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