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Res. 03203-2022 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 11/02/2022

Health Authority’s Duty to Address Noise Pollution ComplaintsDeber sanitario de atender denuncias por contaminación sónica

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber granted the amparo and ordered the local health authority, within one month, to investigate the activities at “Casa Calamar” and establish an effective plan to measure any recurrence of the noise and notify the petitioner of the results.La Sala declaró con lugar el amparo y ordenó al Área Rectora de Salud, dentro de un mes, investigar las actividades de “Casa Calamar” y establecer un plan eficaz para medir cualquier reiteración del ruido y notificar sus resultados.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber granted an amparo against the Ministry of Health because of its delayed and ineffective handling of a complaint filed in 2018 concerning parties and noise pollution at “Casa Calamar” in Barranca, Puntarenas. Although the local health authority conducted several inspections, none coincided with the reported incidents or produced the required sound measurement. For more than three years, the authority also failed to determine conclusively what activities occurred at the property, verify the necessary health permits, or establish an effective enforcement strategy. The Chamber found it unacceptable for the Administration merely to cite operational limitations, particularly after acknowledging failures by the environmental officer initially responsible for the case. This lack of diligence violated the rights to prompt and effective administrative justice, health, and a healthy environment free from pollution. The authority was ordered to develop, within one month, an action plan to investigate the activities and promptly measure any recurrence of the reported noise.La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud por la atención tardía e ineficaz de una denuncia presentada desde 2018 sobre fiestas y contaminación sónica en “Casa Calamar”, en Barranca de Puntarenas. Aunque el Área Rectora efectuó varias inspecciones, ninguna coincidió con los episodios denunciados ni produjo la medición sónica requerida. Durante más de tres años tampoco logró esclarecer las actividades desarrolladas en el inmueble, verificar sus permisos sanitarios o establecer una estrategia eficaz de fiscalización. La Sala consideró inaceptable que la Administración se limitara a invocar dificultades operativas, especialmente cuando reconoció incumplimientos de la gestora ambiental inicialmente responsable. Esa falta de diligencia vulneró los derechos a una justicia administrativa pronta y cumplida, a la salud y a un ambiente sano y libre de contaminación. Ordenó formular, dentro de un mes, un plan de acción para investigar las actividades y medir oportunamente cualquier reiteración del ruido.

Key excerptExtracto clave

Accordingly, this Court considers that, to date, the Ministry of Health authorities have neither provided timely attention nor taken diligent action to process and effectively resolve the complaint filed by the affected person in 2018. As a result, this malfunction has meant that, after three years of repeated complaints, the necessary arrangements have still not been coordinated with the complainant to conduct sound measurements when the alleged polluting conditions occur. The record does not even show that the authorities have been able to communicate effectively with the person responsible for “Casa Calamar” in order to apply the legally appropriate measures regarding the activities conducted there and the health permits allegedly required. Aggravating this situation, the respondent authority did not specify how it intended to overcome the difficulties encountered in investigating the complainant’s report; it merely stated that the case had been reassigned to another environmental officer at the end of 2021. The Constitutional Chamber must therefore intervene to safeguard the right to prompt and effective administrative justice, the right to health, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution. For the reasons stated, the appropriate course is to grant the petition, with the consequences set forth in the operative part. The petition is granted. Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as director of the Puntarenas-Chacarita Local Health Authority, or whoever holds that office in her place, is ordered, within ONE MONTH from notification of this judgment, to carry out all actions within the authority’s jurisdiction and to coordinate—even with other institutions—whatever is necessary to: (1) determine the type of activities conducted at the place known as “Casa Calamar” and apply the corresponding health measures; and (2) establish a clear action plan to address any recurrence covered by the complaint, enabling officials to attend the site promptly and effectively to perform the required sound measurement, the results of which must be notified to the petitioner.Así las cosas, este Tribunal considera que a la fecha las autoridades del Ministerio de Salud no han dado la atención oportuna ni han realizado las acciones diligentes para tramitar y resolver de forma efectiva la denuncia interpuesta desde el 2018 por la afectada. Por lo dicho, este mal funcionamiento ha dado al traste con que al día de hoy -tras tres años de constantes denuncias- no se haya podido coordinar lo necesario con la denunciante para hacer las mediciones sónicas cuando las alegadas condiciones contaminantes se presentan, incluso que no consta tan siquiera se hayan podido comunicar efectivamente con el encargado de “Casa Calamar” para aplicar lo que en derecho corresponde sobre las actividades que ahí se realizan y los alegados permisos sanitarios que requieren. Como agravante de lo descrito, es importante señalar que la autoridad recurrida tampoco puntualizó siquiera cómo se estaría tratando de solventar las dificultades que se han presentado para investigar la denuncia planteada por la amparada, simplemente indicó que se había reasignado el caso a otro gestor ambiental a finales del 2021. Así las cosas, esta Sala Constitucional debe intervenir, con el propósito de salvaguardar el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, el derecho a la salud, y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación. Por las razones indicadas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte declarativa. Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ericka Jiménez Valverde, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine -incluso con otras instituciones- lo necesario para: 1) corroborar el tipo de actividades que se llevan a cabo en el lugar denominado “Casa Calamar” y se aplique lo que en materia sanitaria corresponda; y 2) estipule un plan de acción claro para atender una eventual reiteración dentro de la denuncia, plan que propicie asistir de forma oportuna y eficaz al lugar a realizar la medición sónica requerida, cuyos resultados han de serle notificados a la accionante.

Pull quotesCitas destacadas

  • "A pesar de que se desprende del cuadro fáctico que el Ministerio de Salud ha realizado algunas acciones, es inaceptable que en un poco más de tres años el Área Rectora de Salud encargada no haya podido coordinar lo necesario para poder realizar la medición de ruido en “Casa Calamar”."

    "Although the factual record shows that the Ministry of Health took some action, it is unacceptable that, over slightly more than three years, the responsible Local Health Authority was unable to coordinate what was necessary to measure the noise at “Casa Calamar.”"

    Considerando VII

  • "A pesar de que se desprende del cuadro fáctico que el Ministerio de Salud ha realizado algunas acciones, es inaceptable que en un poco más de tres años el Área Rectora de Salud encargada no haya podido coordinar lo necesario para poder realizar la medición de ruido en “Casa Calamar”."

    Considerando VII

  • "Este Tribunal advierte que la propia autoridad sanitaria tiene conocimiento que en dicha propiedad se realizan “actividades de esparcimiento y recreativas, actividades de alojamiento para estancias cortas y para la piscina”, por lo que ha intentado infructuosamente que en dicho lugar se tramiten los permisos sanitarios correspondientes, lo que viene también a demostrar la falta de diligencia de dicha institución en cumplir -como se desarrolló en el considerando VI- con su deber legal de vigilancia, inspección y ejecución de medidas para cumplir sus fines."

    "This Court notes that the health authority itself knows that the property hosts “leisure and recreational activities, short-term accommodation activities, and pool activities,” yet its unsuccessful attempts to have the corresponding health permits processed further demonstrate the institution’s lack of diligence in fulfilling its legal duties of oversight, inspection, and enforcement."

    Considerando VII

  • "Este Tribunal advierte que la propia autoridad sanitaria tiene conocimiento que en dicha propiedad se realizan “actividades de esparcimiento y recreativas, actividades de alojamiento para estancias cortas y para la piscina”, por lo que ha intentado infructuosamente que en dicho lugar se tramiten los permisos sanitarios correspondientes, lo que viene también a demostrar la falta de diligencia de dicha institución en cumplir -como se desarrolló en el considerando VI- con su deber legal de vigilancia, inspección y ejecución de medidas para cumplir sus fines."

    Considerando VII

  • "En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."

    "In environmental matters, it is my view that when the Public Administration has already intervened, adjudication and resolution belong to the contentious-administrative jurisdiction. Nevertheless, I do examine the merits when other rights of persons affected by the pollution source are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy environment free from pollution under Article 50 of the Constitution."

    Nota del magistrado Salazar Alvarado

  • "En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política)."

    Nota del magistrado Salazar Alvarado

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Procedural marks

Document Review *210247400007CO* Case: 21-024740-0007-CO Decision No. 2022003203 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, at nine thirty on once de febrero de dos mil veintidos.

Amparo proceeding (recurso de amparo) processed under expediente número 21-024740-0007-CO, filed by Nombre01, identity card CED02, on HER OWN BEHALF AND ON BEHALF OF HER DAUGHTER, against the MINISTERIO DE SALUD.

Facts 1. In a written submission received by the Office of the Clerk of the Sala on 03 de diciembre de 2021, the petitioner filed an amparo proceeding against the MINISTERIO DE SALUD and stated that on 25 de octubre de 2018, residents of her community complained to the Ministerio de Salud offices in Barranca, Puntarenas, because there is a property known as “Casa Calamar,” where parties are held with extremely loud and disturbing music, and which borders some of the complainants’ properties. She explains that the people attending those parties normally arrive during the early morning hours, and that the community is home to older adults, some of whom are ill, as well as children and people who work and must get up early; moreover, there are students who cannot attend in-person classes and must study from home, but they cannot concentrate because of the disturbances. She states that on 18 de diciembre de 2018 she sent a letter to the Ministerio de Salud explaining that on 17 de diciembre she had been forced to call the police, but the officers merely prepared a report and took no further action.

She describes how, on 22 de julio de 2019, she sent another letter to the Ministerio de Salud requesting intervention because the music and disturbance occurred not only in the afternoon, but also after 02:00 p.m., and stated that all the neighbors were very upset because being unable to rest properly at night was harming their health. She states that on the following 13 de agosto she sent another letter stating the same thing. She complains that it was not until 22 de abril de 2021 that she received a response by email, in which the Ministerio de Salud informed her that a morning inspection had been conducted to locate the person in charge of “Casa Calamar,” but that no noise had been detected and that the noise measurement remained pending. She states that on 29 de abril she then complained that the disturbance was continuing and that young people were shouting loudly; however, she was informed that no officers were available to conduct the noise measurement, so the inspection would be rescheduled.

She recounts that on sábado 08 y domingo 09 de mayo de 2021, people were making noise at “Casa Calamar,” so she called the police and was told that traveling there would be a waste of resources and that the matter was the responsibility of the Ministerio de Salud. She describes how the Ministerio de Salud told her that she had to report the time when the effects of the noise were most noticeable so that the officers could determine when to conduct the sound-level measurement (medición sónica), to which she replied by email that it was almost always on weekends, beginning at 08:30 at night, presumably because of the COVID restrictions. She states that on 30 de julio de 2021 she filed the complaint again, on an occasion when there was karaoke and very loud music; at that time, she was recovering from COVID, and there were many people at “Casa Calamar.” Her house has a staircase near the swimming pool from which she could see that three tents were being erected as though a party were going to be held.

She states that the Ministerio de Salud replied that it had instructed the officers to appear at the location over the weekend and take the corresponding administrative actions (actos administrativos). She recounts that she later received another email from the Ministerio de Salud informing her that one of the officers was unavailable to work on 07 y el 08 de agosto de 2021, and that if the necessary assistance could not be secured, the visit would be rescheduled for sábado 21 y domingo 22 de agosto de 2021. She alleges that no one arrived to take measurements on 04 de septiembre either; that day, she sent another email reporting a karaoke disturbance and stating that the situation remained unchanged. She recounts that on 24 de noviembre a las 03:00 de la mañana, a bus arrived and dropped people off at “Casa Calamar,” meaning that the situation would continue, and that her daughter had virtual classes but was being harmed by these disturbances, while no one from the Ministerio de Salud ever came.

She requests that an order be issued closing the establishment known as “Casa Calamar” because of the disturbances about which she has been complaining since 2018, which are affecting their health without any solution being provided. She submits the following emails sent in connection with the aforementioned requests: 03 de septiembre de 2019 to ...01; 25 y 29 de abril de 2021 to ...02; and 20 de mayo, 30 de julio, 31 de julio, 04 de septiembre, 30 de octubre y 24 de noviembre, all in 2021, to ...03 and ...02.

2. Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as director of the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, reports under oath that, in order to address complaints of this nature and conduct a noise measurement, the requirements established in the Procedimiento para la Medición de Ruido n.° 32692 and the Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido n.° 39428-S must be met. She further provides the following details:

“In connection with the complaints received concerning health impacts caused by noise, which were received by this Governing Health Area on 25 de octubre del 2018 and repeated on 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019, a delay in addressing them was reported due to the retirement of the official responsible for this case and the time required to reassign the case (…) That on sábado 24 de agosto del 2019, as recorded in visual inspection report (acta de inspección ocular) 327-REG-2019, officials from the health regulation process of this ARS Puntarenas – Chacarita visited the site in order to contact the managers of the residence, without obtaining a positive response; nevertheless, they proceeded to collect information, such as the telephone number displayed on a sign in front of ‘Casa Calamar,’ in order to contact the managers during business hours. Accordingly, a new inspection was conducted at the establishment known as ‘Casa Calamar’ on domingo 25 de agosto at 19:15 horas, but once again, no one responded when officials called from the door of the aforementioned residence.

That on 27 de agosto del 2019, through an institutional email sent to Ms. Ana Golfín, a report was provided on the actions taken in response to the health complaints received on 25 de octubre del 2018, 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019. On that occasion, Ms. Golfín was informed that, in this situation, it was appropriate for us to contact the persons responsible for the residence in order to identify possible patterns in the rental of the residence and, after considering the information provided by the reported party, to schedule a noise measurement (medición de ruido) at her residence without notifying the reported party. That on 05 de setiembre del 2019, as recorded in visual inspection report 0383-REG-2019, telephone contact was made using the number displayed on the sign located in front of the property at which activities generating noise that allegedly affects the health of neighbors had been reported.

The call was answered by Ms. Nombre02, who stated that the person responsible for the establishment known as ‘Casa Calamar’ was Ms. Carmen Morales Barrantes. Ms. Mora recommended calling Telf04 or using the email address ...04 to contact Ms. Morales. This ARS stated the importance of obtaining a Health Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento, PSF) for the activities conducted at the establishment known as ‘Casa Calamar.’ Likewise, on 05 de setiembre del 2019, this ARS placed a telephone call to Telf04 in an attempt to contact Ms. Morales, without receiving a response. Therefore, on 12 de setiembre del 2019, official letter (oficio) MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 was served by email at ...04 upon Lic. Carmen Morales Barrantes, advising the establishment’s representative, in view of the facts set out above, the facts described by the Ministerio de Seguridad Pública in certified copies of its logs, and the services allegedly offered publicly by the establishment on social media (Facebook), to apply at the service counter of this ARS for the PSF corresponding to entertainment and recreational activities (CIIU code N°9329) and a swimming pool (CIIU code N°9311), within no more than 5 business days.

That on 13 de setiembre del 2019, the ARS de Puntarenas – Chacarita received a telephone call from Ms. Carmen Morales Barrantes, who inquired about the warning (apercibimiento) sent by email concerning an activity conducted at a ‘vacation home.’ Ms. Morales stated that the owners belonged to a family business in San José and that the person in charge was Ms. Nombre02. During the same telephone call, Ms. Morales requested information on the requirements and the relevant procedure before the Ministerio de Salud; those materials were sent by institutional email beginning on 16 de setiembre del 2019. That after the five business days following service of official letter MSDRRSPC-DARSPC-0375-2019 had elapsed, this ARS had received neither an application for a PSF for the activities allegedly conducted at the establishment known as ‘Casa Calamar’ nor information concerning the physical address of Ms.

Morales’s residence for service of notices. Therefore, on 25 de setiembre del 2020 at 20:23 horas, as recorded in visual inspection report 0392-REG-2020, an inspection was conducted at the site, accompanied by Fuerza Pública officers, in response to an alert concerning activities being conducted without a permit. Upon arrival at the site, it was not possible to detect any music or other sound from the public roadway. Officials knocked and called at the door of the establishment known as ‘Casa Calamar,’ without receiving a response. Likewise, on 07 de abril del 2021 at 10:45 horas, as recorded in visual inspection report 0154-REG-2021, an inspection was conducted at the establishment known as ‘Casa Calamar.’ On this occasion, Ms. Nombre03, one of the persons responsible for looking after the site when it is not rented, answered the call and allowed entry to the property so that its characteristics could be documented.

At the time of the visit, no one was renting the property, so it was not possible to verify any type of activity. Nor was any noise reported as coming from the inspected property. That on the morning of 30 de abril del 2021, the ARS de Puntarenas – Chacarita received a telephone call from Ms. Ana Golfín, who stated that the owner of the establishment ‘Casa Calamar’ was Mr. José Francisco Barrantes Campos, identification card CED01. That on 20 de mayo del 2021 at 14:49 horas, as recorded in visual inspection report 0294-REG-2021, an inspection was conducted at the establishment known as ‘Casa Calamar,’ where the black entrance gate was observed to be closed. No response was received when we called. From the public roadway, no vehicles were observed, nor was there any indication that the site was occupied. No noise was reported as coming from inside the property. Therefore, on 03 de junio del 2021, official letter MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 was served by email at ...04 upon Ms.

Carmen Morales Barrantes and Mr. José Francisco Barrantes Campos, requiring them, within five business days, to apply for the PSF corresponding to short-stay accommodation activities (CIIU code N°5510) and the swimming pool (CIIU code N°9311). The same official letter requested that they contact this ARS by telephone at Telf05 or by email at ...05 in order to provide the physical addresses of their residences in the canton of Naranjo so that the administrative notices relevant to this case could be served. That on 4 de junio del 2021, official letters MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 and MS-DRRSPC-0318-2021 were served at the email addresses ...06 and ...07, respectively, and addressed to Ms. Ana Golfín, transmitting technical report (informe técnico) MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021, which describes the administrative actions taken in response to complaints filed with this ARS concerning health impacts caused by noise allegedly generated at the establishment known as ‘Casa Calamar.’ That on 07 de junio del 2021, reports on the actions taken regarding complaints filed with this ARS concerning health impacts caused by noise allegedly generated at the establishment known as ‘Casa Calamar’ from 2018 to 2021 were served at the email addresses ...06 and ...07.

That on 21 de agosto del 2021 at 22:03 horas, as recorded in visual inspection report 0390-REG-2021, an inspection was conducted at the establishment known as ‘Casa Calamar,’ during which no vehicles were observed parked on the public roadway near the entrance gate to the property where ‘Casa Calamar’ is located. On that occasion, it was not possible to detect noise such as music or karaoke coming from inside the property. For its part, as recorded in visual inspection report 0391-REG-2021, Ms. Ana Golfín was informed of the limiting factors that, up to that point, had prevented detection of the activity for which a sound-level measurement (medición sónica) was required. That on 26 de setiembre del 2021 at 01:34 horas, as recorded in visual inspection report 0444-REG-2021, an inspection was conducted jointly with Fuerza Pública at the establishment known as ‘Casa Calamar,’ where, from the public roadway near the entrance gate to the property, the gate was observed to be closed.

No noise coming from inside the property or from surrounding areas was detected during the inspection. That on 26 de noviembre del 2021 at 21:30 horas, as recorded in visual inspection report 0616-REG-2021, an inspection was conducted jointly with Fuerza Pública at the establishment known as ‘Casa Calamar,’ where, from the affected person’s residence, no persons were observed and the lights were off. No noise coming from inside the property was detected during the inspection.” In addition, it reports that the email addresses to which the complaints were sent are official channels for communicating the various actions undertaken by officials. It further acknowledges that the environmental management official responsible for conducting the inspections had been disciplined for dereliction of duty (incumplimiento de deberes) and that, in this particular case, several months elapsed without her informing the Area Directorate or the complainant of the course of action for addressing the reported matter and, consequently, without taking the necessary actions to address the case for as long as required.

It states that it “is unaware of the administrative acts (actos administrativos) prepared by that environmental management official as follow-up to the health complaints assigned to her, and is also largely unaware of the responses she provides to complainants, thereby causing complainants, as in the case before us, ultimately to resort to other bodies to file amparo proceedings (recursos de amparo).” In view of the foregoing, the Directorate represented by the reporting official referred the situation to the Dirección Regional Pacífico Central, and the aforementioned Regional level subsequently disciplined the environmental management official on two separate occasions for failing to submit work reports to her immediate supervisor. It states that, because of those irregularities, the case was delegated to another environmental manager in 2021.

3. In a written submission added to the case file (expediente) on 09 de febrero de 2022, the appellant (recurrente) reiterates her distress over the noise she has reported. She explains that “at these parties they bring in a mobile disco, comparsas, and karaoke, and the noise is so loud that, even when I close the doors and windows of my house, the music makes the windowpanes rattle; we cannot watch television, sleep, talk, or study. At home, my husband is a 73-year-old older adult with a pacemaker, and my daughter is a minor who attends high school and, because of the pandemic, has been receiving virtual classes for 2 years; the excessive noise prevents her from concentrating on her classes or examinations. It has also affected our health because, after being unable to sleep for days, I have to go to work without having slept, since these events take place on any weekday or weekend and at any hour, ending in the early morning.

My daughter was born with hearing problems, and the excessive noise makes her very nervous; I have to send her to sleep at my sister’s house so that she can sleep. The owners of this property do not have any municipal permit or business license (patente), nor do they make any payment to the Ministerio de Hacienda through which they pay taxes.” She alleges that on 05 de febrero de 2022 she again reported the noise to 911, but, as has been occurring for some time, the police did not come.

4. The legal requirements have been observed in the proceedings conducted.

Justice Garro Vargas writes the opinion; and,

Considering

I.Regarding this Court’s review of this case for violation of Article 41 of the Political Constitution. Before analyzing the merits of the matter—concerning the alleged violation of the right to prompt and complete proceedings—it must be clarified that, since judgment no. 2008-2545, issued at 08:55 on 22 de febrero de 2008, this Chamber has referred to the administrative litigation jurisdiction—with certain exceptions—those matters in which it is disputed whether the public administration has complied with the time limits established by the General Law of Public Administration (Articles 261 and 325) or by sector-specific laws governing special administrative proceedings, either to conclude an administrative proceeding—initiated ex officio or at the request of a party—by issuing a final administrative act, or to hear the applicable administrative appeals. The present matter raises precisely such an exception, because it concerns a complaint regarding noise pollution (contaminación sónica) that the petitioner alleges has not been resolved. Having clarified this point, the Court proceeds to decide the specific situation raised in this constitutional relief proceeding (amparo).

II.Subject matter of the petition. The petitioner states that on 25 de octubre de 2018, residents of her community complained to the offices of the Ministry of Health in Barranca, Puntarenas, because there is a property known as “Casa Calamar” where parties are held with extremely loud and disturbing music, and which adjoins some of the complainants’ properties. She explains that the people attending those parties normally arrive during the early morning hours, and that the community is home to older adults, some of whom are ill, children, working people who must rise early, and students who cannot attend in-person classes and must study from home but cannot concentrate because of the disturbances. She describes a considerable number of occasions on which she reiterated her complaints regarding these disturbances to the Ministry of Health. She complains that it was not until 22 de abril de 2021 that she received a response, in which the Ministry of Health informed her that a morning inspection had been conducted to locate the person in charge of “Casa Calamar,” but that no noise had been detected and that the noise measurement remained pending. She states that, following various difficulties invoked by the authorities, she has been unable to get the officers to appear at the site, and that the disturbances continued as of the date the petition was filed.

III.Proven facts. The following facts are deemed duly established and relevant to the decision in this matter, either because they have been substantiated or because the respondent failed to address them as ordered in the initial ruling:

  • a)On 25 de octubre de 2018, the Puntarenas-Chacarita Health Governing Area received a complaint concerning adverse health effects caused by noise generated within a private property known as “Casa Calamar,” located in El Roble de Puntarenas, approximately 400 metros east of Hospital Monseñor Sanabria (undisputed fact).
  • b)The complaints were reiterated on 18 de diciembre de 2018, and on 24 and 26 de julio, and 14 and 26 de agosto del 2019 (see the respondent authority’s report and undisputed fact).
  • c)On 27 de agosto de 2019, the Puntarenas-Chacarita Health Governing Area sent the petitioner a report concerning the actions taken in response to health complaints received on 25 de octubre del 2018, 24 and 26 de julio, and 14 and 26 de agosto del 2019 (see the respondent authority’s report).
  • d)On 05 de septiembre de 2019, following several visual inspections (visitas oculares) and inquiries to identify the person responsible for “Casa Calamar,” the Puntarenas-Chacarita Health Governing Area sent official letter MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 to email address ...04, stating: “in consideration of the facts set forth above, the facts described by the Ministry of Public Security in certified copies of its logs, and the services that the establishment allegedly offers publicly through social media (Facebook), the establishment’s representative is advised to apply at the service counter of this ARS for the Health Operating Permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento, PSF) applicable to amusement and recreational activities (CIIU code N°9329) and a swimming pool (CIIU code N°9311), within no more than 5 business days.” After that period had elapsed, no application related to the requested Health Operating Permit for the activities allegedly conducted at the “Casa Calamar” establishment was received (see the respondent authority’s report).
  • e)At 20:23 on 25 de setiembre del 2020, as recorded in visual inspection report 0392-REG-2020, the Ministry of Health, accompanied by Fuerza Pública officers, conducted an inspection in response to an alert concerning activities carried out without a permit at “Casa Calamar.” Upon arriving at the site, “it was not possible to detect any type of music or sound from the public roadway. The officers knocked and called at the door of the establishment known as ‘Casa Calamar’ but received no response” (see the respondent authority’s report).
  • f)On 07 de abril de 2021, the Ministry of Health inspected “Casa Calamar,” recording that “at the time of the visit, no persons were renting the property, and it was therefore not possible to verify any type of activity. Nor was any noise reported as coming from the inspected property” (see the respondent authority’s report).
  • g)At 14:49 on 20 de mayo del 2021, as recorded in visual inspection report 294-REG-2021, an inspection was conducted at “Casa Calamar,” during which it was noted: “black entrance gate closed. No response was received when we called. From the public roadway, no vehicles were observed, nor was there any indication that the premises were occupied. No noise was reported as coming from inside the property” (see the respondent authority’s report).
  • h)On 03 de junio del 2021, the Puntarenas-Chacarita Health Governing Area sent official letter MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 to the email address obtained for the person in charge of “Casa Calamar,” instructing that person “to apply within five business days for the PSF applicable to short-term accommodation activities (CIIU code N°5510) and the swimming pool (CIIU code N°9311). The same official letter requested that the recipient contact this ARS by telephone at Telf05 or by email at ...05 to provide the physical addresses of their residences in the canton of Naranjo so that the relevant administrative notices in this case could be served” (see the respondent authority’s report).
  • i)On 04 de junio del 2021, official letters MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 and MS-DRRSPC-0318-2021 were sent to the protected party (amparada), “forwarding technical report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021, which includes the administrative actions carried out in response to complaints filed with this ARS concerning adverse health effects caused by noise allegedly generated at the establishment known as ‘Casa Calamar’” (see the respondent authority’s report).
  • j)On 21 de agosto, 26 de septiembre and 26 de noviembre de 2021, visual inspections were conducted during which no noise could be detected coming from inside the “Casa Calamar” property. According to visual inspection report 391-REG-2021, the protected party was informed of the limiting factors that had, up to that point, prevented detection of the activity for which a sound-level measurement (medición sónica) was required (see the respondent authority’s report).
  • k)The environmental management officer (gestora ambiental) responsible for conducting the inspections related to the “Casa Calamar” complaint was sanctioned for dereliction of duty (incumplimiento de deberes); consequently, the case was assigned to another environmental management officer at the end of 2021 (see the respondent authority’s report).
  • l)The Puntarenas-Chacarita Health Governing Area “is unaware of the administrative acts prepared by that environmental management officer in following up on the health complaints assigned to her, and is also largely unaware of the responses she provides to complainants, thereby causing complainants, such as the one in the case before us, ultimately to resort to other bodies to file constitutional relief petitions” (see the respondent authority’s report).

IV. Unproven fact. The following fact relevant to this decision is not deemed established

  • a)That, as of this date, the Ministry of Health authorities have succeeded in coordinating and conducting a noise measurement at “Casa Calamar.” b) That, as of this date, the Ministry of Health authorities have taken diligent steps to communicate with the person in charge of “Casa Calamar” and to apply the legally appropriate measures to the activities conducted there.

V.Regarding the right to health and to a healthy and ecologically balanced environment. First, it should be noted that the fundamental rights to health and to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized (Articles 21, 50, 73 and 89 of the Political Constitution), as well as recognized under the international legal provisions applicable in Costa Rica. In this regard, in judgment no. 2006-5928, issued at 15:00 on 02 de mayo del 2006, this Court held:

“The right to life recognized in Article 21 of the Constitution is the cornerstone upon which the remaining fundamental rights of the inhabitants of the Republic rest. Likewise, the right to health is grounded in that provision of the Political Constitution, since life is inconceivable unless human beings are guaranteed the minimum conditions necessary for an adequate and harmonious psychological, physical, and environmental balance. Public health and the right to a healthy and ecologically balanced environment are constitutionally recognized in Articles 21, 50, 73 and 89 of the Political Constitution. Specifically, Article 50 of the Constitution expressly recognizes the right of all inhabitants of the country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. That right is a fundamental guarantee for the protection of life and public health. In support of the foregoing, this Court has employed the concept of ‘environmental quality’ (calidad ambiental) precisely as a parameter for people’s quality of life, in conjunction with other elements such as health, food, work, and housing.

This reflects that every person has the right to use the environment for their own development, but not without limitation, because there is also a duty to protect and preserve the environment for present and future generations—the principle of sustainable development (principio de desarrollo sostenible).” Furthermore, Article 50 of the Political Constitution establishes the State’s obligation to protect the environment. That provision states:

“The State shall seek the greatest welfare of all inhabitants of the country by organizing and promoting production and the most appropriate distribution of wealth. Every person has the right to a healthy and ecologically balanced environment. Accordingly, every person has standing to report acts that infringe that right and to seek compensation for the harm caused. The State shall guarantee, defend, and preserve that right. The law shall establish the corresponding liabilities and penalties.” This confirms that the various public authorities have an inescapable duty to preserve, defend, and guarantee every person’s fundamental right to health and to a healthy and ecologically balanced environment.”

VI.On the Ministry of Health’s duty of oversight. Infra-constitutional regulations have vested the Ministry of Health with police power (poder de policía) to prevent and address situations such as that alleged by the appellant. In this regard, Article 2 of the Ley General de Salud provides that the Executive Branch, through the Ministry of Health, is responsible for defining national health policy and for regulating, planning, and coordinating all public and private health-related activities, as well as carrying out those activities assigned to it by law. Accordingly, Article 314 of the Ley General de Salud itself provides that, within the scope of its powers, the Ministry of Health is responsible for ordering and implementing the special measures authorized by law to prevent risks to or harm to human health, or to prevent such risks or harm from spreading or worsening, as well as to halt the continuation or recurrence of violations by private parties. Specifically, with respect to the matter before us, the Ley General de Salud defines atmospheric pollution (contaminación atmosférica), which entails environmental degradation caused by both noise and emissions. Article 294 of that body of law expressly provides as follows:

“Article 294.- For legal and regulatory purposes, atmospheric pollution shall mean the deterioration of the atmosphere’s purity due to the presence of pollutants (agentes de contaminación), such as solid particles, dust, smoke, vapor, gases, radioactive materials, and others defined as such by the Ministry, at concentrations exceeding those permitted under internationally accepted air-purity standards officially adopted by the Ministry. For the same purposes, the presence of emissions or foul odors that affect environmental quality and impair people’s well-being shall be deemed air pollution (contaminación del aire). The emission of sounds exceeding internationally accepted standards officially adopted by the Ministry shall likewise be considered atmospheric pollution.” Likewise, Article 355 thereof provides that, with a view to effectively protecting the health of the population and individuals, the competent health authorities may, on their own authority, order measures intended to prevent hazards from arising and harm from worsening or spreading, or to halt the continuation or recurrence of violations of laws or regulations that threaten human health.

These include the closure measure (medida de clausura), which consists of the competent authority closing and formally affixing seals to an establishment, building, dwelling, facility, or similar premises, thereby preventing it from operating; it further states that closure is particularly warranted for any establishment that, although required to obtain authorization from the health authority, operates without such authorization. Finally, regarding the matter before us, it is necessary to reproduce this Court’s observations in judgment no. 2010-11936, issued at 11:16 on July 09, 2010, concerning noise pollution (contaminación sónica) and its impact on the right to privacy (derecho a la intimidad). That decision set forth the following observations:

“III.- Regarding noise pollution (contaminación sónica) and its relationship to the right to health, the right to enjoy an environment free from pollution, and the right to privacy (the right to peace and quiet).- This Chamber has recognized that both the right to health and the right to an environment free from pollution—without which the former could not be realized—are fundamental rights; accordingly, the State is obligated to protect them, whether through general policies aimed at achieving that purpose or through specific actions by the Administration. There are several types of pollution, one of which is noise pollution caused by noise. Noise is considered a form of environmental harm that increases discomfort in an increasingly industrialized society. Noise disturbances affect people’s quality of life and health, since they may have physiological and psychological consequences, particularly when severe acoustic pollution (contaminación acústica) persists.

To address this problem, the State must design policies against this type of atmospheric pollution (contaminación atmosférica), aimed at protecting people from excessive exposure to noise. With respect to policies intended to reduce and prevent noise pollution, as well as to promote the protection of the legally relevant interests involved in this case—namely, the environment and health—the Chamber observes that, although regulatory efforts in this area are noteworthy, the Costa Rican State has found it difficult to establish a body of rules capable of addressing the noise problem and to design and implement a noise-reduction plan that would permit more effective control of this environmental phenomenon. This regulatory deficiency is not unique to our country, because noise is difficult to address, first, due to its temporary and noncumulative nature and the clear dispersion of its polluting agents (agentes contaminadores)—it should be noted that noise comes from countless sources affecting the various settings in which individuals conduct their lives (streets, workplaces, homes, hospitals, commercial areas, parks, schools, etc.).

It is clear that the noise problem is exacerbated both by the dispersion and increase of pollution sources and by the development of industry and construction, in relation to the degree of urbanization and the density of the road network, among other factors. In addition, environmental policy design has not given priority to this type of pollution, which, as stated, is difficult to address, and there are also problems concerning its definition; all of these reasons have hindered noise control. Our legal system has no general regulatory framework addressing all the principal issues related to this subject; instead, there are scattered and varied provisions contained in different bodies of law, among which the Ley Orgánica del Ambiente, No.7554 of 4 de octubre de 1995, is particularly noteworthy. That law addresses noise in Articles 59 through 63 of Chapter XV, entitled “Pollution,” and incorporates the precautionary principle (principio precautorio) in general terms by stating that the State is responsible for adopting the measures necessary to prevent or remedy environmental pollution (contaminación ambiental) (Article 59).

Article 60(e) also incorporates the precautionary principle specifically with respect to acoustic pollution and grants authority to the State, municipalities, and other public institutions to prevent and control environmental pollution, requiring them to prioritize the establishment and operation of adequate services in areas essential to environmental health (salud ambiental), including noise-pollution control. The precautionary principle is reinforced in Articles 61 and 63; the former concerns an environmental contingency (contingencia ambiental) and provides that the competent authority shall order the necessary preventive and corrective measures when contingencies arise from environmental pollution or from other circumstances not contemplated by this law. Article 63 of the cited law establishes the procedure and measures to be taken to prevent and control atmospheric deterioration and to reduce and control emissions exceeding permissible limits.

For its part, Article 302 of the Ley General de Salud provides protection against exposure to noise by stating that no industrial establishment may operate if its activities constitute a source of danger, unhealthiness, or discomfort to the surrounding community, “... whether because of the maintenance conditions of the premises in which it operates, the methods or systems it employs in carrying out its operations, the method or system it uses to dispose of waste, residues, or emissions resulting from its activities, or the noise produced by its operation.” In the final paragraph of Article 294, the Ley General de Salud includes noise as an element capable of causing atmospheric pollution, in the following terms: “The emission of sounds exceeding internationally accepted standards that have been declared official by the Ministry shall likewise be considered atmospheric pollution.” The Costa Rican Legislature has provided for criminal penalties, specifically through Article 390(2) of the Criminal Code (Código Penal), applicable to persons who exceed the tolerable noise-pollution thresholds and ranges.

Labor legislation also protects workers exposed to high decibel levels in their workplaces, through the Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones, Decreto Ejecutivo número 10541 de 14 de setiembre de 1979, prepared by the Consejo de Seguridad e Higiene del Trabajo del Ministerio de Trabajo, and the Reglamento para Contratación Laboral y Condiciones Salud Ocupacional de Adolescentes N°29220-MTSS (Articles 6 and 7), for the purpose of preventing hearing problems among workers employed at workplaces where noise exceeds the established limits. More generally, noise control is governed by Decreto Ejecutivo 28718 del 15 de junio del 2000, the “Reglamento para el control de contaminación por ruido,” which establishes permissible noise levels and identifies the entities responsible for their control. At the supranational level, the Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, held in Río de Janeiro in Junio de 1992, set forth guidelines for combating noise pollution.

Although scattered, all the cited provisions are intended to combat, from different perspectives—environmental, criminal, labor, public-health, and international—the direct and daily infringement of the right to the environment caused by noise pollution as a form of atmospheric pollution, a concept defined in Article 62 of the Ley Orgánica del Ambiente as: “(…) the presence therein, at concentrations exceeding the established permissible levels, of solid particles, dust, smoke, vapor, gases, offensive odors, radiation, noise, imperceptible acoustic waves, and other pollutants that the Executive Branch defines as such by regulation.” The cited provisions exemplify the efforts undertaken in the area of noise control as a means of preserving the environment, an issue inextricably linked or connected to other constitutional rights, such as the right to health, since one of the principal purposes of environmental protection is the protection of health.

From this point of convergence between the environment and health, it may therefore be said that environmental deterioration caused by excessive noise affects people’s well-being and may harm their health, which fully justifies regulating this pollutant, despite the evident difficulties presented by the issue. Accordingly, the performance of certain activities that may generate noise pollution is limited out of respect for privacy, the right to a healthy environment, and the right to health. The state entities charged with safeguarding these rights include the Police, the Municipality, and the Ministerio de Salud, principally the latter, which has the authority to determine whether noise pollution exists. The Police are responsible for maintaining public order; the Municipality has the duty to verify operating permits; and the Ministerio de Salud is responsible for inspection and sound-level measurement (medición sónica)—among other necessary measures—in order to properly determine whether a public-health problem involving pollution in fact exists and to establish any measures that may be technically appropriate for its resolution” (emphasis not in the original).

VII.Regarding the specific case. After analyzing the evidence submitted and the reports provided under oath by the respondent authority, this Court has concluded that, in the sub judice, a violation of the protected party’s rights has been established for the reasons set forth below.

First, it is apparent from the case that on October 25, 2018, the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita received a complaint concerning noise generated within a private property known as “Casa Calamar,” located in El Roble de Puntarenas, approximately 400 meters east of Hospital Monseñor Sanabria. The same situation recurred on December 18, 2018; July 24 and 26; and August 14 and 26, 2019 (as well as on other subsequent occasions). It is also established that it was not until August 27, 2019—that is, almost a year after the first complaint—that the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita sent the petitioner a report on the actions taken in response to health complaints (denuncias sanitarias) received on October 25, 2018; July 24 and 26; and August 14 and 26, 2019. Furthermore, on September 05, 2019, following several site inspections (inspecciones oculares) and inquiries to identify the person responsible for “Casa Calamar,” the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita served official letter MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 at the email address “...04” (reportedly obtained as belonging to the manager of “Casa Calamar”), stating as follows: “considering the facts set forth above, the facts described by the Ministerio de Seguridad Pública in certified copies of its logs, as well as the services that the establishment purportedly offers publicly on social media (Facebook), the establishment’s representative is advised to apply at this ARS’s service counter for the sanitary operating permit (Permiso Sanitario de Funcionamiento, PSF) corresponding to amusement and recreational activities (CIIU code N°9329) and swimming pool activities (CIIU code N°9311), within no more than 5 business days.” This Chamber was informed that, after that period had elapsed, no application relating to the PSF for the activities purportedly carried out at the “Casa Calamar” establishment had been received.

It is further noted that on June 03, 2021, the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita served official letter MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 at the email address obtained for the manager of “Casa Calamar,” reiterating “that, within five business days, they must apply for the PSF corresponding to short-term accommodation activities (CIIU code N°5510) and swimming pool activities (CIIU code N°9311). The same official letter requested that they contact this ARS by telephone at ero Te o or by email at ...05 in order to provide the physical addresses of their residences in the canton of Naranjo so that the administrative notices relevant to this case could be served.” In this regard, the respondent authority does not clarify whether that application was in fact submitted.

Regarding the inspections conducted by the Ministerio de Salud, it was specified that at 20:23 hours on September 25, 2020, as recorded in site-inspection report 0392-REG-2020, an inspection was conducted with Fuerza Pública officers in response to an alert concerning activities being carried out without a permit at “Casa Calamar.” Upon arriving at the site, “it was not possible to verify any kind of music or sound from the public roadway. They proceeded to knock and call at the door of the establishment known as ‘Casa Calamar,’ but received no response.” Subsequently, on April 07, 2021, the Ministerio de Salud inspected “Casa Calamar,” recording that “at the time of the visit, no persons were renting the property, and it was therefore not possible to verify any kind of activity. No noise originating from the inspected property was reported either.” It was further reported that at 14:49 hours on May 20, 2021, as recorded in site-inspection report 294-REG-2021, another inspection of “Casa Calamar” was conducted, during which it was noted: “Black entrance gate closed.

No response was received when we called. From the public roadway, no vehicles or signs that the site was occupied could be observed. No noise originating from inside the property was reported.” It was also reported that on June 04, 2021, official letters MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 and MS-DRRSPC-0318-2021 were served on the protected party, “transmitting technical report MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021, which includes the administrative actions taken in response to complaints filed with this ARS concerning adverse health effects from noise purportedly generated at the establishment known as ‘Casa Calamar.’” Similarly, it was stated that site inspections were conducted on August 21, September 26, and November 26, 2021, during which no noise originating from inside the “Casa Calamar” property could be detected.

In view of the foregoing, although the factual record shows that the Ministerio de Salud has taken certain actions, it is unacceptable that, over a period of slightly more than three years, the competent Área Rectora de Salud was unable to make the necessary arrangements to conduct noise measurements (mediciones sónicas) at “Casa Calamar,” merely informing the protected party, as recorded in report 391-REG-2021, of a series of limiting factors that had prevented detection of the activity for which sound measurements were required. This Court also notes that the health authority itself is aware that “amusement and recreational activities, short-term accommodation activities, and swimming pool activities” are carried out on that property and has unsuccessfully attempted to have the relevant sanitary permits processed for that location. This further demonstrates that institution’s lack of diligence in complying—as discussed in recital VI—with its legal duty to monitor, inspect, and implement measures necessary to fulfill its purposes.

In addition, it is confusing that, notwithstanding the actions that the Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita states were taken, that same authority also informed this Chamber—in contrast—that the environmental manager who had been responsible for conducting the inspections relating to the “Casa Calamar” complaint had been disciplined for dereliction of duty (incumplimiento de deberes), and that the case was therefore assigned to another environmental manager at the end of 2021. In this regard, it was specified that the “Dirección de Área has, on numerous occasions, reported to the Dirección Regional Pacífico Central of this Ministerio the dereliction of duty committed by employee Bach. Brook Vega Davies (…) she was assigned, for proper handling, the complaint that is the subject of the aforementioned amparo proceeding; the necessary arrangements were made to authorize her to work overtime to address the complaint filed by Ms.

Nombre01 concerning apparent noise pollution (contaminación sónica) at Casa Calamar, and several months passed without her informing this Dirección de Área or the complainant of the course of action for addressing the complaint and, consequently, without taking the steps required to handle this case during overtime hours for as long as necessary (…) [this Dirección de Área] is unaware of the administrative acts prepared by that environmental manager in following up on the assigned health complaints and is also largely unaware of the responses she provides to complainants, thereby causing complainants, such as the one in the case before us, ultimately to resort to other bodies to file amparo proceedings” (emphasis not in the original).

Accordingly, this Court finds that, to date, the authorities of the Ministerio de Salud have neither addressed the matter in a timely manner nor acted diligently to process and effectively resolve the complaint filed by the affected party in 2018. As a result, this malfunction has meant that, as of today—after three years of repeated complaints—the necessary arrangements have still not been coordinated with the complainant to conduct sound measurements when the alleged polluting conditions occur. Indeed, the record does not even show that the authorities have been able to communicate effectively with the manager of “Casa Calamar” in order to apply the legally appropriate measures concerning the activities conducted there and the sanitary permits allegedly required for them. Aggravating the situation described, the respondent authority also failed even to specify how it intended to overcome the difficulties encountered in investigating the complaint filed by the protected party; it merely stated that the case had been reassigned to another environmental manager at the end of 2021. Accordingly, this Sala Constitucional must intervene to safeguard the right to prompt and effective administrative justice, the right to health, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment.

For the reasons stated, the appropriate disposition is to grant the petition, with the consequences set forth in the operative portion.

VIII.Note by Justice Salazar Alvarado. In environmental matters, it is the undersigned’s view that, where the Public Administration has already intervened, jurisdiction to hear and resolve the matter lies with the administrative litigation courts (jurisdicción contenciosa administrativa). Nevertheless, I do address the merits when other rights of persons affected by the source of pollution are at stake, including health, quality of life, and the right to enjoy a healthy and pollution-free environment (article 50, of the Constitución Política), as is the case here, in which the petitioner alleges that a complaint was filed—and has not been resolved—with the Ministerio de Salud concerning activities conducted at the “Casa Calamar” property until late at night, causing loud noise and noise pollution. This violates the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment and a dignified standard of quality of life.

IX.Documentation submitted to the case file. This Chamber must advise the parties that, if they submitted any paper documents, objects, or evidence stored on any additional device or on any electronic, computer, magnetic, optical, or telematic medium, or produced through new technologies, such materials must be retrieved from the Chamber’s offices within 30 business days after notice of this judgment is received. Otherwise, all such materials will be destroyed in accordance with the “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial,” approved by the Corte Plena at session n.° 27-11 of August 22, 2011, article XXVI, and published in Boletín Judicial n.° 19 of January 26, 2012, as well as the resolution approved by the Consejo Superior del Poder Judicial at session n.° 43-12 held on May 03, 2012, article LXXXI.

Por tanto

The petition is granted. Ericka Jiménez Valverde, in her capacity as Director of the Puntarenas-Chacarita Health Governing Area, or whoever holds that position in her stead, is ordered, within ONE MONTH from notification of this judgment, to undertake all actions within the scope of her authority and to coordinate—including with other institutions—whatever is necessary to: 1) verify the type of activities conducted at the place known as “Casa Calamar” and apply the appropriate health regulations; and 2) establish a clear action plan to address any recurrence of the matter reported in the complaint, such plan being intended to ensure timely and effective attendance at the location to perform the required sound-level measurement (medición sónica), the results of which must be notified to the petitioner. Justice Salazar Alvarado adds a separate note. The respondent authority is advised that, pursuant to article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional, anyone who receives an order issued in an amparo proceeding (recurso de amparo) that must be complied with or enforced, and who fails to comply with or enforce it, shall be sentenced to imprisonment for three months to two years, or to a fine of twenty to sixty days, provided that the offense is not subject to a more severe penalty.

The State is ordered to pay the legal costs (costas), damages, and losses caused by the acts underlying this ruling, which shall be quantified during enforcement of the judgment before the Administrative Litigation Court. Let notice be given.

Fernando Castillo V.

President Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Jorge Isaac Solano A.

Alexandra Alvarado P.

*RJOW5QT43XPS61* CASE FILE N° 21-024740-0007-CO Telephone numbers: Telf01/ ALA-4TA (800-7252-482). Fax: Telf02 / Telf03. Website: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Address: (Dirección01, Dirección02, 100 mts.South of the Perpetuo Socorro church). Intake of matters involving vulnerable groups: Dirección03, San José, Distrito Catedral, Dirección04, streets 19 and 21, Dirección05

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Revisión del Documento *210247400007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas treinta minutos del once de febrero de dos mil veintidos .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-024740-0007-CO, interpuesto por Nombre01, cédula de identidad CED02, a favor de SÍ MISMA Y DE SU HIJA, contra el MINISTERIO DE SALUD.

Resultando

1. Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala el 03 de diciembre de 2021, la parte recurrente interpone recurso de amparo contra el MINISTERIO DE SALUD, y manifiesta que el 25 de octubre de 2018 vecinos de su comunidad se quejaron ante las oficinas del Ministerio de Salud en Barranca, Puntarenas, porque hay una propiedad denominada “Casa Calamar” donde realizan fiestas con un volumen de música sumamente alto y molesto que colinda con algunas de las propiedades de los quejosos. Explica que las personas que llegan a esas fiestas normalmente lo hacen en horas de la madrugada, y en esa comunidad habitan adultos mayores, algunos enfermos, niños y personas que trabajan y tienen que levantarse temprano; además, hay estudiantes que no pueden ir a clases presenciales y tienen que estudiar desde su casa, pero con esos escándalos no pueden concentrarse. Indica que el 18 de diciembre de 2018 envió una nota al Ministerio de Salud en la cual hizo ver que el 17 de diciembre tuvo que llamar a la policía, pero los oficiales se limitaron a hacer un informe y no pasó a más.

Describe que el 22 de julio de 2019 volvió a enviar otra nota al Ministerio de Salud en la cual solicitó una intervención debido a que la música y el escándalo no solo ocurre en horas de la tarde, sino después de las 02:00 p.m. y expresó que todos los vecinos estaban muy molestos porque al no poder descansar bien por la noche, la salud se deteriora. Indica que el 13 de agosto siguiente envió otra nota manifestando lo mismo. Reclama que no fue sino hasta el 22 de abril de 2021 que recibió la respuesta por medio de un correo electrónico en que el Ministerio de Salud le indicó que se había realizado una inspección en horas de la mañana para ubicar al encargado de “Casa Calamar”, pero que no se comprobó ningún ruido y que quedaba pendiente la medición de ruido. Indica que entonces el día 29 de abril reclamó que seguía el escándalo y que son unos jóvenes los que gritan fuerte; sin embargo, le indicaron que no existía disponibilidad de gestores para realizar la medición de ruido, por lo que la inspección quedaba reprogramada.

Relata que el sábado 08 y domingo 09 de mayo de 2021 hubo gente haciendo ruido en “Casa Calamar”, por lo que llamó a la policía y le indicaron que era un gasto del recurso trasladarse hasta ahí, que eso le tocaba al Ministerio de Salud. Describe que en el Ministerio de Salud le indicaron que debía informar la hora en que más se percibía la afectación del ruido para definir con los gestores el momento de la realización de la medición sónica, a lo que les respondió por vía de correo electrónico que casi siempre eran los fines de semana, comenzando a las 08:30 de la noche, debido seguramente a las medidas del COVID. Expone que el 30 de julio de 2021 volvió a presentar de nuevo la queja, ocasión en la que hubo karaoke, música muy alta y que para esas fechas estaba convaleciente de COVID y en la “Casa Calamar” había mucha gente, y su casa tiene una escalera cercana a la piscina desde donde se veía que estaban armando tres carpas como si fuera a haber una fiesta.

Refiere que el Ministerio de Salud le contestó que había instruido a los gestores para que se apersonaran al lugar durante el fin de semana y realizaran los actos administrativos correspondientes. Narra que luego recibió otro correo del Ministerio de Salud en el cual le indicaron que uno de los gestores no tenía disponibilidad para laborar el 07 y el 08 de agosto de 2021, y que si no se lograba contar con el apoyo requerido se reprogramaría para los días sábado 21 y domingo 22 de agosto de 2021. Acusa que el 04 de septiembre tampoco llegó nadie a hacer mediciones, ese día envió otro correo electrónico indicando que se armó un escándalo con karaoke y la situación sigue siendo la misma. Relata que el 24 de noviembre a las 03:00 de la mañana llegó un autobús y dejó gente en “Casa Calamar”, por lo que la situación va a seguir y que su hija tiene clases virtuales pero estos escándalos la están perjudicando, pero nadie llega por parte del Ministerio de Salud.

Solicita se ordene clausurar el local denominado “Casa Calamar” por los escándalos de los que se viene quejando desde 2018 y que les afecta en su salud sin que haya una solución. Aporta los siguientes correos electrónicos enviados con las gestiones referidas de la siguiente manera: 03 de septiembre de 2019 a ...01; el 25 y 29 de abril de 2021 a ...02 y el 20 de mayo, el 30 de julio, el 31 de julio, el 04 de septiembre, el 30 de octubre y el 24 de noviembre, todos de 2021 a ...03 y ...02.

2. Informa bajo juramento Ericka Jiménez Valverde, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, que para poder atender denuncias de esta naturaleza y poder realizar una medición de ruido se requiere cumplir con lo establecido en el Procedimiento para la Medición de Ruido n.° 32692, así como en el Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido n.° 39428-S. Asimismo, detalla:

“En relación a las denuncias recibidas por afectaciones a la salud por ruido, y que fueron recibidas en esta Área Rectora de Salud el 25 de octubre del 2018, replicada los días 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019 se reportó retraso en su atención debido a jubilación de funcionario responsable de este caso y el tiempo que tomó la reasignación del caso (…) Que el sábado 24 de agosto del 2019 según consta en acta de inspección ocular 327-REG-2019 funcionarios del proceso de regulación de la salud de esta ARS Puntarenas – Chacarita procedieron a realizar visita al sitio con el fin de contactar con administradores de vivienda sin haber obtenido respuesta positiva, no obstante, se procede a recopilar información como el número de teléfono ubicado en rotulo frente a “Casa Calamar” con el fin de contactar a administradores en tiempo de oficina, por lo que se realizó una nueva inspección en establecimiento denominado “Casa Calamar” el domingo 25 de agosto a las 19:15 horas nuevamente en el sitio sin obtener respuesta al llamado desde la puerta de la vivienda mencionada.

Que el día 27 de agosto del 2019 mediante correo electrónico institucional remitido a la Sra. Ana Golfín se brindó informe sobre lo actuado en atención a denuncias sanitarias recibidas el 25 de octubre del 2018, el 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019. En esa ocasión se informó a la Sra. Golfín que en esta situación de nuestra parte procede contactar a las personas responsables de la vivienda con el fin de conocer posibles patrones en el comportamiento de los alquileres de la vivienda, y así considerando lo expuesto por la parte denunciada programar medición de ruido en su vivienda (sin aviso a parte denunciada). Que el 05 de setiembre del 2019 según consta en acta de inspección ocular 0383-REG-2019 se establece contacto telefónico al número indicado en rotulo que se ubica frente a propiedad en la cual se han denunciado actividades generadoras de ruidos que supuestamente afectan la salud de vecinos.

Ha atendido la Sra. Nombre02 quien indicó que la persona responsable del establecimiento denominado “Casa Calamar” es la señora Carmen Morales Barrantes. La señora Mora ha recomendado llamar al número Telf04 o utilizar el correo electrónico ...04 para contactar a la Sra. Morales. Por parte de esta ARS se manifestó la importancia de contar con Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) para actividades llevadas a cabo en establecimiento denominado “Casa Calamar”. Asimismo, el 05 de setiembre del 2019 se procedió a realizar por parte de esta ARS llamada telefónica al número Telf04 para tratar de contactar a la Sra. Morales sin haber obtenido respuesta, por lo que el 12 de setiembre del 2019 se procede a notificar oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 al correo electrónico ...04 a la Lic. Carmen Morales Barrantes para que, considerando los hechos expuestos anteriormente, los hechos descritos por el Ministerio de Seguridad Pública en copias certificadas de sus bitácoras, así como la oferta de servicios que presuntamente brinda el establecimiento de manera pública en redes sociales (Facebook), se recomienda a la persona representante del establecimiento a tramitar en ventanilla de esta ARS el Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) correspondiente a las actividades de esparcimiento y recreativas (código CIIU N°9329) y piscina (código CIIU N°9311) en un plazo no mayor a 5 días hábiles.

Que el día 13 de setiembre del 2019 se atiende en ARS de Puntarenas – Chacarita una llamada telefónica de parte de la Sra. Carmen Morales Barrantes, quien consulta por apercibimiento remitido a correo electrónico ante actividad llevada a cabo en “casa para vacacionar”. La Sra. Morales ha indicado que los propietarios pertenecen a empresa familiar en San José, que la persona encargada es la Sra. Nombre02. En la misma llamada telefónica la Sra. Morales solicitó informe sobre requisitos y trámite pertinente al Ministerio de Salud, insumos que fueron enviados vía correo electrónico institucional desde el 16 de setiembre del 2019. Que trascurridos los cinco días hábiles posterior a la notificación del oficio MSDRRSPC-DARSPC-0375-2019 no se recibió en esta ARS trámite relacionado con la solicitud de PSF para las actividades presuntamente llevadas a cabo en establecimiento denominado “Casa Calamar” ni se recibió informe sobre dirección física del domicilio de la Sra. Morales para realizar notificaciones, por lo que el 25 de setiembre del 2020 a las 20:23 horas según consta en acta de inspección ocular 0392-REG-2020, se procedió a realizar inspección acompañado de funcionarios de Fuerza Pública al sitio en atención a alerta por actividades llevadas a cabo sin permiso.

Al llegar al sitio no fue posible comprobar ningún tipo de música o sonido desde la vía pública. Se procedió a tocar y llamar a la puerta de establecimiento denominado “Casa Calamar” sin obtener respuesta. Asimismo, el 07 de abril del 2021 a las 10:45 horas según consta en acta de inspección ocular 0154-REG-2021, se procedió a realizar inspección a establecimiento denominado “Casa Calamar”. En esta ocasión la Sra. Nombre03 que es una de las personas encargadas de cuidar el sitio cuando no se está alquilando atendió el llamado y permitió el ingreso a la propiedad para proceder con la caracterización de la propiedad. Para el momento de la visita no hay personas alquilando la propiedad por lo que no fue posible comprobar ningún tipo de actividad. Tampoco se reportaron ruidos provenientes de la propiedad inspeccionada. Que el 30 de abril del 2021 en horas de la mañana se recibe llamada telefónica al ARS de Puntarenas – Chacarita por parte de la Sra. Ana Golfín quien ha indicado que el nombre de la persona propietaria de establecimiento “Casa Calamar” es el Sr. José Francisco Barrantes Campos, cédula CED01.

Que el 20 de mayo del 2021 a las 14:49 horas según consta en acta de inspección ocular 0294-REG-2021 se procedió a realizar inspección a establecimiento denominado “Casa Calamar” observando portón negro de ingreso cerrado. Ante el llamado de nuestra parte no se recibió respuesta. Desde vía pública no se observaron vehículos ni apariencia de que el sitio se encuentre ocupado. No se reportaron ruidos provenientes del interior de la propiedad, por lo que el día 03 de junio del 2021 se procede a notificar oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 al correo electrónico ...04 a la Sra. Carmen Morales Barrantes y al Sr. José Francisco Barrantes Campos para que en el plazo de cinco días hábiles procedan a tramitar PSF correspondiente a las actividades de alojamiento para estancias cortas (código CIIU N°5510) y para la piscina (código CIIU N°9311). En el mismo oficio se solicitó comunicarse con esta ARS vía telefónica al número Telf05 o al correo electrónico ...05 con el fin de comunicar la dirección física de sus domicilios en el cantón de Naranjo para proceder con las notificaciones administrativas pertinentes a este caso.

Que el 4 de junio del 2021 se procede a notificar oficios MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 y MS-DRRSPC-0318-2021 a los correos electrónicos ...06 y ...07 respectivamente, dirigidos a la Sra. Ana Golfín en los que se remite informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021 que incluye acciones administrativas llevadas a cabo en atención de denuncias presentadas en esta ARS relacionadas con afectaciones a la salud por ruidos generados presuntamente en establecimiento denominado “Casa Calamar”. Que el 07 de junio del 2021 se procede a notificar a los correos electrónicos ...06 y ...07 informes sobre lo actuado en denuncias presentadas en esta ARS relacionadas con afectaciones a la salud por ruidos generados presuntamente en establecimiento denominado “Casa Calamar” desde el 2018 al 2021. Que el 21 de agosto del 2021 a las 22:03 horas según consta en acta de inspección ocular 0390-REG-2021 se procedió a realizar inspección a establecimiento denominado “Casa Calamar”, en donde no se observaron vehículos estacionados sobre vía pública cerca de portón de ingreso a propiedad donde se ubica “Casa Calamar”.

En esa ocasión no fue posible percibir ruidos como música o karaoke proveniente del interior de la propiedad. Por su parte, según consta en acta de inspección ocular 0391-REG-2021 se procedió a exponer a la Sra. Ana Golfín los factores limitantes que han impedido hasta ese momento la detección de la actividad a la cual se requiere realizar medición sónica. Que el 26 de setiembre del 2021 a las 01:34 horas según consta en acta de inspección ocular 0444-REG-2021 se procedió a realizar inspección en conjunto con Fuerza Pública a establecimiento denominado “Casa Calamar”, en donde desde vía pública cerca del portón de ingreso a la propiedad se observa que el mismo se encuentra cerrado. No se percibieron ruidos provenientes del interior de la propiedad ni de zonas aledañas durante la inspección. Que el 26 de noviembre del 2021 a las 21:30 horas según consta en acta de inspección ocular 0616-REG-2021 se procedió a realizar inspección en conjunto con Fuerza Pública a establecimiento denominado “Casa Calamar”, en donde desde vivienda de persona afectada no se observan personas y las luces se encontraban apagadas. No se percibieron ruidos provenientes del interior de la propiedad durante la inspección”.

Además, informa que los correos electrónicos a los que se han enviado las quejas son oficiales para la comunicación de las diferentes gestiones que realicen los funcionarios. Por otra parte, admite que la funcionaria gestora ambiental encargada de realizar las inspecciones se ha encontrada sancionada por incumplimiento de deberes, y en el caso concreto transcurrieron varios meses sin que informara a la Dirección de Área, ni tampoco a la denunciante acerca de la ruta de acción para la atención de lo denunciado y por consiguiente realizar las acciones para atender el caso durante el tiempo que hubiese sido necesario. Detalla que “desconoce acerca de los actos administrativos elaborados por dicha gestora Ambiental, en seguimiento a denuncias sanitarias asignadas, también se ignora en su mayoría la respuesta que brinda a denunciantes, ocasionando con ello que denunciantes como el caso que nos ocupa, terminen acudiendo a otras instancias a interponer recursos de amparo”. Por lo anterior, la Dirección que representa elevó la situación a la Dirección Regional Pacífico Central, y en su momento el mencionado nivel Regional sancionó en dos ocasiones diferentes a la gestora ambiental por la no presentación de los informes de labores a su jefatura inmediata. Señala que, por dichas irregularidades, en el 2021 se delegó el caso en otro gestor ambiental.

3. Por escrito agregado al expediente el 09 de febrero de 2022, la recurrente reitera su molestia ante el ruido que ha denunciado. Detalla que “en estas fiestas llevan disco móvil, comparsas, karaoke, y el ruido es tanto que, aunque cierre las puertas y ventanas de mi casa el ruido de la música hace que los vidrios retumben, no podemos escuchar la televisión, dormir, hablar o estudiar. En casa mi esposo es un adulto mayor de 73 años, con un marcapasos, mi hija es menor de edad está en el colegio y debido a la pandemia tiene 2 años de recibir clases virtuales y el exceso de ruido no la deja concentrarse en sus clases o en los exámenes, también nos ha afectado la salud, porque al no poder dormir por días, tengo que ir desvelado a trabajar, porque esos eventos ocurren cualquier día de la semana y fines de semana y a cualquier hora finalizando en la madrugada. Mi hija nació con problemas de audición y el exceso de ruido la poner muy nerviosa, tengo que mandarla a dormir donde mi hermana, para que pueda dormir. Los dueños de esta propiedad no cuentan con ningún permiso municipal, ni patente o pago a Ministerio de Hacienda donde paguen impuestos”. Acusa que el 05 de febrero de 2022 volvió a reportar el ruido al 911, pero, como ha pasado de un tiempo para acá, no llegó la policía.

4. En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta la Magistrada Garro Vargas; y,

Considerando

I.Referente al conocimiento de este caso por lesión al artículo 41 de la Constitución Política. De previo a analizar el fondo del asunto -por la presunta violación del derecho a un procedimiento pronto y cumplido- debe aclararse que, a partir de la sentencia n.º 2008-2545, de las 08:55 horas del 22 de febrero de 2008, esta Sala ha remitido a la jurisdicción contencioso administrativa –con algunas excepciones–, aquellos asuntos en los que se discute si la administración pública ha cumplido o no los plazos pautados por la Ley General de la Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo –instruido de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos procedentes. Precisamente, en el presente asunto se plantea un supuesto de excepción, pues se está ante una denuncia planteada por contaminación sónica que la parte recurrente alega no ha sido resuelta. Aclarado el punto, se entra a resolver la situación concreta planteada en este amparo.

II.Objeto del recurso. La recurrente manifiesta que el 25 de octubre de 2018 vecinos de su comunidad se quejaron ante las oficinas del Ministerio de Salud en Barranca, Puntarenas, porque hay una propiedad denominada “Casa Calamar” donde realizan fiestas con un volumen de música sumamente alto y molesto que colinda con algunas de las propiedades de los quejosos. Explica que las personas que llegan a esas fiestas normalmente lo hacen en horas de la madrugada, y en esa comunidad habitan adultos mayores, algunos enfermos, niños y personas que trabajan y tienen que levantarse temprano, estudiantes que no pueden ir a clases presenciales y tienen que estudiar desde su casa, pero con esos escándalos no pueden concentrarse. Detalla una cuantiosa cantidad de reiteraciones que ha hecho de dichos escándalos ante el Ministerio de Salud. Reclama que no fue sino hasta el 22 de abril de 2021 que recibió una respuesta, donde el Ministerio de Salud le indicó que se había realizado una inspección en horas de la mañana para ubicar al encargado de “Casa Calamar”, pero que no se comprobó ningún ruido y que quedaba pendiente la medición de ruido. Indica que tras varios inconvenientes que le alegan, posterior a eso no ha logrado que se apersonen los gestores, y a la fecha de interposición del recurso los escándalos continúan.

III.Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque la parte recurrida haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

  • a)El 25 de octubre de 2018 el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita recibió una denuncia por afectaciones a la salud por ruido generado dentro de una propiedad privada denominada “Casa Calamar”, ubicada en el Roble de Puntarenas, aproximadamente 400 metros este del Hospital Monseñor Sanabria (hecho no controvertido).
  • b)Se reiteraron las denuncias el 18 de diciembre de 2018, y el 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019 (véase informe de la autoridad recurrida y hecho no controvertido).
  • c)El 27 de agosto de 2019 el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita envió a la recurrente informe sobre lo actuado en atención a denuncias sanitarias recibidas el 25 de octubre del 2018, el 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019 (véase informe de la autoridad recurrida).
  • d)El 05 de septiembre de 2019 tras varias visitas oculares e indagaciones para dar con la persona responsable de “Casa Calamar”, el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita notificó el oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 al correo electrónico ...04 “para que, considerando los hechos expuestos anteriormente, los hechos descritos por el Ministerio de Seguridad Pública en copias certificadas de sus bitácoras, así como la oferta de servicios que presuntamente brinda el establecimiento de manera pública en redes sociales (Facebook), se recomienda a la persona representante del establecimiento a tramitar en ventanilla de esta ARS el Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) correspondiente a las actividades de esparcimiento y recreativas (código CIIU N°9329) y piscina (código CIIU N°9311) en un plazo no mayor a 5 días hábiles”. Pasado dicho plazo, no se recibió trámite relacionado con la solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) para las actividades presuntamente llevadas a cabo en el establecimiento “Casa Calamar” (véase informe de la autoridad recurrida).
  • e)A las 20:23 horas del 25 de setiembre del 2020, según consta en acta de inspección ocular 0392-REG-2020, en atención a alerta por actividades llevadas a cabo sin permiso en “Casa Calamar” el Ministerio de Salud realizó una inspección acompañado de funcionarios de Fuerza Pública. Al llegar al sitio “no fue posible comprobar ningún tipo de música o sonido desde la vía pública. Se procedió a tocar y llamar a la puerta de establecimiento denominado “Casa Calamar” sin obtener respuesta” (véase informe de la autoridad recurrida).
  • f)El 07 de abril de 2021 el Ministerio de Salud realizó inspección a “Casa Calamar” haciéndose constar que “para el momento de la visita no hay personas alquilando la propiedad por lo que no fue posible comprobar ningún tipo de actividad. Tampoco se reportaron ruidos provenientes de la propiedad inspeccionada” (véase informe de la autoridad recurrida).
  • g)A las 14:49 horas del 20 de mayo del 2021, según consta en acta de inspección ocular 294-REG-2021 se realizó inspección a “Casa Calamar”, donde se indicó que “portón negro de ingreso cerrado. Ante el llamado de nuestra parte no se recibió respuesta. Desde vía pública no se observaron vehículos ni apariencia de que el sitio se encuentre ocupado. No se reportaron ruidos provenientes del interior de la propiedad” (véase informe de la autoridad recurrida).
  • h)El 03 de junio del 2021 el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita notificó el oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 al correo electrónico recabado del encargado de “Casa Calamar”, lo anterior “para que en el plazo de cinco días hábiles procedan a tramitar PSF correspondiente a las actividades de alojamiento para estancias cortas (código CIIU N°5510) y para la piscina (código CIIU N°9311). En el mismo oficio se solicitó comunicarse con esta ARS vía telefónica al número Telf05 o al correo electrónico ...05 con el fin de comunicar la dirección física de sus domicilios en el cantón de Naranjo para proceder con las notificaciones administrativas pertinentes a este caso” (véase informe de la autoridad recurrida).
  • i)El 04 de junio del 2021 se notificaron oficios MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 y MS-DRRSPC-0318-2021 a la amparada “en los que se remite informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021 que incluye acciones administrativas llevadas a cabo en atención de denuncias presentadas en esta ARS relacionadas con afectaciones a la salud por ruidos generados presuntamente en establecimiento denominado “Casa Calamar”” (véase informe de la autoridad recurrida).
  • j)El 21 de agosto, 26 de septiembre y 26 de noviembre de 2021 se realizaron inspecciones oculares donde no se logra percibir ruido proveniente del interior de la propiedad “Casa Calamar”. Según consta en acta de inspección ocular 391-REG-2021 se le expuso a la amparada los factores limitantes que han impedido hasta ese momento la detección de la actividad a la cual se requiere realizar medición sónica (véase informe de la autoridad recurrida).
  • k)La funcionaria gestora ambiental que estuvo encargada de realizar las inspecciones en la denuncia de “Casa Calamar” ha sido sancionada por incumplimiento de deberes, por lo que a finales del 2021 se delegó el caso en otro gestor ambiental (véase informe de la autoridad recurrida).
  • l)El Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita “desconoce acerca de los actos administrativos elaborados por dicha gestora Ambiental, en seguimiento a denuncias sanitarias asignadas, también se ignora en su mayoría la respuesta que brinda a denunciantes, ocasionando con ello que denunciantes como el caso que nos ocupa, terminen acudiendo a otras instancias a interponer recursos de amparo” (véase informe de la autoridad recurrida).

IV. Hecho no probado. No se estima demostrado el siguiente hecho de relevancia para esta resolución

  • a)Que a la fecha las autoridades del Ministerio de Salud hayan logrado coordinar y realizar una medición de ruido en “Casa Calamar”.
  • b)Que a la fecha las autoridades del Ministerio de Salud hayan realizado actos diligentes para comunicarse con el encargado de “Casa Calamar”, así como para aplicar lo que en derecho corresponde sobre las actividades que ahí se realizan.

V.Sobre el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Debe indicarse, en primer lugar, que los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política), así como a través de la normativa internacional aplicable en Costa Rica. En este sentido, en sentencia n.° 2006-5928 de las 15:00 horas del 02 de mayo del 2006, este Tribunal resolvió:

“El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la República. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. Ahora bien, la salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución Política. Específicamente, el artículo 50 constitucional reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública.

En apoyo de lo anterior este Tribunal ha recurrido a la utilización de la noción de “ calidad ambiental” como un parámetro, precisamente, de la calidad de vida de las personas, que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo pero no de manera ilimitada, ya que, también, existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras – principio de desarrollo sostenible– .” Asimismo, del artículo 50 de la Constitución Política se deriva la obligación del Estado de proteger el ambiente. Norma que establece al efecto:

"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes".

Con lo que se corrobora que las distintas autoridades públicas tienen el deber ineludible de preservar, defender y garantizar el derecho fundamental de toda persona a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

VI.Sobre el deber de vigilancia del Ministerio de Salud. La normativa infra constitucional ha dotado al Ministerio de Salud de un poder de policía para prevenir y garantizar situaciones como la acusada por la parte recurrente. Al respecto, el artículo 2 de la Ley General de Salud dispone que al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, le corresponde la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. En ese sentido, la propia Ley General de Salud dispone en el artículo 314 que, dentro de sus atribuciones, le corresponde al Ministerio de Salud ordenar y tomar las medidas especiales que habilita la ley para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven, así como para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. Específicamente, relativo al tema que nos ocupa, la Ley General de Salud define qué se entiende por contaminación atmosférica, lo que implica el deterioro del medio ambiente tanto por ruido como por emanaciones. El artículo 294 de dicho cuerpo normativo dispone, expresamente, lo siguiente:

“Artículo 294.- Se entiende por contaminación de la atmósfera para los efectos legales y reglamentarios, el deterioro de su pureza por la presencia de agentes de contaminación, tales como partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, materias radioactivas y otros, que el Ministerio defina como tales, en concentraciones superiores a las permitidas por las normas de pureza del aire aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio. Se estima contaminación del aire, para los mismos efectos, la presencia de emanación o malos olores que afecten la calidad del ambiente, perjudicando el bienestar de las personas. Será asimismo considerada como contaminación atmosférica, la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio”.

Asimismo, el numeral 355, ídem, dispone que, teniendo presente la efectiva protección de la salud de la población y los individuos, las autoridades de salud competentes podrán decretar por propia autoridad medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o reglamentarias que atenten contra la salud de las personas. Entre ellas, encontramos la medida de clausura que consiste en el cierre con formal colocación de sellos que la autoridad competente haga de un establecimiento, edificio, vivienda, instalación o similares, inhibiendo su funcionamiento e indica que procede la clausura, especialmente, respecto de todo establecimiento que debiendo ser autorizado por la autoridad de salud funcione sin dicha autorización. Finalmente, en relación con el tema que nos atañe, resulta preciso transcribir las consideraciones de este Tribunal en la sentencia n.° 2010-11936 de las 11:16 horas del 09 de julio de 2010 sobre la contaminación sónica y su incidencia en el derecho a la intimidad. En dicha resolución se realizaron las siguientes consideraciones:

“III .- Sobre la contaminación sónica, y su relación con el derecho a la salud, el derecho a gozar de un ambiente libre de contaminación y el derecho a la intimidad (derecho a la tranquilidad).- Esta Sala ha reconocido, que tanto el derecho a la salud como a un ambiente libre de contaminación -sin el cual el primero no podría hacerse efectivo- son derechos fundamentales, de modo que es obligación del Estado proveer a su protección, ya sea a través de políticas generales para procurar ese fin, o bien a través de actos concretos por parte de la Administración. Existen varios tipos de contaminación, uno de ellos está referido a la contaminación sónica producida por el ruido. El ruido es considerado como una de las formas de agresión al ambiente que aumenta las incomodidades en una sociedad cada vez más industrializada. Las molestias por ruidos afectan la calidad de vida y la salud de las personas, ya que pueden traer consigo consecuencias fisiológicas y psíquicas, sobre todo ante la persistencia de una grave contaminación acústica.

Para abordar tal problemática el Estado debe diseñar políticas contra esa clase de contaminación atmosférica, dirigidas a proteger a las personas de la exposición excesiva al ruido. En relación con las políticas para aminorar y evitar la contaminación sónica así como para promover la protección de los valores jurídicamente relevantes que en este caso se ven involucrados, que son el medio ambiente y la salud, la Sala observa que si bien sobresalen esfuerzos normativos al respecto, al Estado costarricense le ha sido difícil estructurar un conjunto de normas que permitan hacer frente al problema del ruido así como diseñar y poner en práctica un plan de reducción del ruido que permita controlar de manera más eficiente el fenómeno ambiental. Tal carencia normativa no es un problema particular de nuestro país, pues el ruido se presenta de difícil tratamiento dado en primer lugar a su naturaleza temporal, no acumulativa y a la clara dispersión de sus agentes contaminadores, -nótese que el ruido proviene de un sinnúmero de fuentes que atacan las diversas situaciones en las que se desenvuelve el individuo (calle, lugar de trabajo, vivienda, hospitales, zonas comerciales, parques, escuelas, etcétera).

Es claro que el problema del ruido se agudiza debido tanto a la dispersión y aumento de las fuentes de contaminación, así como al desarrollo de la industria, de la construcción, relacionado con el grado de urbanización y densidad de la red vial, entre otros factores. A lo anterior se suma que el diseño de la política ambiental no ha concedido prioridad a este tipo de contaminación, que como se dijo, es de difícil tratamiento, y a los problemas relativos a su definición; razones todas que han obstaculizado el control del ruido. No existe en nuestro ordenamiento jurídico una normativa general que contemple todas las principales cuestiones relacionadas con el tema, sino que se cuenta con dispersas y variadas normas contenidas en diferentes cuerpos normativos entre las que destaca la Ley Orgánica del Ambiente, que es la No.7554 de 4 de octubre de 1995, que concede al ruido un lugar en los artículos 59 a 63 del Capítulo XV denominado "Contaminación" y en el que incorpora el principio precautorio de manera genérica al indicar que compete al Estado adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación ambiental (artículo 59).

El artículo 60 en su inciso e) recoge también el principio precautorio específicamente en materia de contaminación acústica y dota de competencia al Estado, las municipalidades y las demás instituciones públicas, para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, debiendo dar prioridad al establecimiento y operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, entre los que destaca el control de la contaminación sónica. Se refuerza el principio precautorio en los artículos 61 y 63 referente el primero a contingencia ambiental y según el cual la autoridad competente dictará las medidas preventivas y correctivas necesarias cuando sucedan contingencias por contaminación ambiental y otras que no estén contempladas en esta ley. El artículo 63 de la ley de cita dispone el procedimiento y medidas a tomar para la prevención y control del deterioro de la atmósfera, y para disminuir y controlar las emisiones que sobrepasen los límites permisibles.

Por su parte, la Ley General de Salud dispone en su artículo 302 la protección de la exposición a los ruidos al señalar que ningún establecimiento industrial podrá funcionar si sus labores constituyen un elemento de peligro, insalubridad o incomodidad para la vecindad "... ya sea por las condiciones de manutención del local en que funciona, por la forma o sistemas que emplea en la realización de sus operaciones, por la forma o sistema que utiliza para eliminar los desechos, residuos o emanaciones resultantes de sus faenas, o por los ruidos que produce la operación." En el último párrafo del artículo 294, la Ley General de Salud se incluye al ruido como elemento susceptible de provocar la contaminación de la atmósfera en los siguientes términos: "Será asimismo considerada como contaminación atmosférica la emisión de sonidos que sobrepasen las normas aceptadas internacionalmente y declaradas oficiales por el Ministerio." El Legislador costarricense ha previsto sanciones de tipo penal, específicamente mediante el artículo 390 inciso 2 del Código Penal, aplicables a los transgresores de los umbrales y franjas de contaminación tolerables de ruido.

La legislación laboral protege también a los trabajadores expuestos a decibelios altos en sus lugares de trabajo, lo que hace mediante el Reglamento de Control de Ruidos y Vibraciones, que es Decreto Ejecutivo número 10541 de 14 de setiembre de 1979 elaborado por el Consejo de Seguridad e Higiene del Trabajo del Ministerio de Trabajo, y el Reglamento para Contratación Laboral y Condiciones Salud Ocupacional de Adolescentes N°29220-MTSS (artículos 6 y 7); con el propósito de prevenir problemas de audición de los trabajadores que laboran en locales de trabajo en que los ruidos superan los límites establecidos. Por su parte, de forma general para el control del ruido se encuentra el Decreto Ejecutivo 28718 del 15 de junio del 2000 que es “Reglamento para el control de contaminación por ruido” donde se establecen los niveles de ruido permitidos y las entidades competentes para su control. A nivel supranacional la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en Junio de 1992 plantea los lineamientos a seguir para combatir la contaminación sónica.

Las normas citadas si bien dispersas, están todas dirigidas a combatir desde diferentes flancos (ambiental, penal, laboral, salubridad, internacional) la agresión directa y cotidiana al derecho al medio ambiente, provocada por la contaminación sónica como parte de la contaminación de la atmósfera, concepto definido en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Ambiente como: "(…) la presencia en ella y en concentraciones superiores a los niveles permisibles fijados, de partículas sólidas, polvo, humo, vapor, gases, malos olores, radiaciones, ruidos, ondas acústicas imperceptibles y otros agentes de contaminación que el Poder Ejecutivo defina como tales en el reglamento." La normativa citada ejemplifica los esfuerzos realizados en materia de control de ruido que sirve de vehículo para preservar el medio ambiente, tema que está indisolublemente vinculado o conectado con otros derechos constitucionales, como el derecho a la salud, siendo una de las finalidades principales del medio ambiente, la protección de la salud.

De este punto de confluencia entre el medio ambiente y la salud, puede entonces decirse que un deterioro ambiental por exceso de ruido afecta al bienestar de las personas y puede provocar daño a su salud, lo que justifica plenamente, a pesar de las evidentes dificultades que presenta el tema, la regulación de este agente contaminador. Así entonces, la realización de ciertas actividades que eventualmente generen contaminación sónica se encuentran limitadas por respeto de la intimidad, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. Entre las entidades estatales llamadas a velar por estos derechos están la Policía, la Municipalidad y el Ministerio de Salud, principalmente este último quien tiene la potestad de determinar la existencia de contaminación sónica. La policía tiene a su cargo el resguardo del orden público, la Municipalidad el deber de verificación los permisos para operar y el Ministerio de Salud le corresponde la inspección y medición sónica -entre otras diligencias necesarias-, a fin de poder determinar debidamente si efectivamente se presenta el problema sanitario de contaminación, así como que se establezcan las eventuales medidas que técnicamente procedan para su solución” (resaltado no pertenece al original).

VII.Sobre el caso concreto. Tras analizar los elementos probatorios aportados y los informes que rindió bajo juramento la autoridad recurrida, este Tribunal ha llegado a la conclusión de que, en el sub judice, se acredita una vulneración a los derechos de la parte tutelada por los motivos que a continuación se expondrán.

Primeramente, se desprende del caso que el 25 de octubre de 2018 el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita recibió una denuncia por ruido generado dentro de una propiedad privada denominada “Casa Calamar”, ubicada en el Roble de Puntarenas, aproximadamente 400 metros este del Hospital Monseñor Sanabria, misma situación que se reiteró el 18 de diciembre de 2018, el 24 y 26 de julio, y el 14 y 26 de agosto del 2019 (así como otras más con posterioridad). Asimismo, se constata que no es hasta el 27 de agosto de 2019 -es decir, casi un año después de la primera denuncia- que el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita envió a la recurrente informe sobre lo actuado en atención a denuncias sanitarias recibidas el 25 de octubre del 2018, el 24 y 26 de julio, 14 y 26 de agosto del 2019. Por otra parte, el 05 de septiembre de 2019, tras varias visitas oculares e indagaciones para dar con la persona responsable de “Casa Calamar”, el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita notificó el oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0375-2019 al correo electrónico “...04” (supuesto correo recabado perteneciente al encargado de “Casa Calamar”), lo anterior “para que, considerando los hechos expuestos anteriormente, los hechos descritos por el Ministerio de Seguridad Pública en copias certificadas de sus bitácoras, así como la oferta de servicios que presuntamente brinda el establecimiento de manera pública en redes sociales (Facebook), se recomienda a la persona representante del establecimiento a tramitar en ventanilla de esta ARS el Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) correspondiente a las actividades de esparcimiento y recreativas (código CIIU N°9329) y piscina (código CIIU N°9311) en un plazo no mayor a 5 días hábiles”.

Se indicó ante esta Sala que pasado dicho plazo no se recibió trámite relacionado con la solicitud de Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) para las actividades presuntamente llevadas a cabo en el establecimiento “Casa Calamar”. Incluso, se advierte que el 03 de junio del 2021 el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita notificó el oficio MS-DRRSPC-DARSPC-0247-2021 al correo electrónico recabado del encargado de “Casa Calamar”, lo anterior reiterando “para que en el plazo de cinco días hábiles procedan a tramitar PSF correspondiente a las actividades de alojamiento para estancias cortas (código CIIU N°5510) y para la piscina (código CIIU N°9311). En el mismo oficio se solicitó comunicarse con esta ARS vía telefónica al número ero Te o al correo electrónico ...05 con el fin de comunicar la dirección física de sus domicilios en el cantón de Naranjo para proceder con las notificaciones administrativas pertinentes a este caso”. Al respecto, la autoridad recurrida no aclara si dicho trámite efectivamente se realizó.

Ahora bien, con respecto a las inspecciones que se han realizado por parte del Ministerio de Salud, se detalló que a las 20:23 horas del 25 de setiembre del 2020, según consta en acta de inspección ocular 0392-REG-2020, en atención a alerta por actividades llevadas a cabo sin permiso en “Casa Calamar” se realizó una inspección acompañados de funcionarios de la Fuerza Pública. Al llegar al sitio “no fue posible comprobar ningún tipo de música o sonido desde la vía pública. Se procedió a tocar y llamar a la puerta de establecimiento denominado “Casa Calamar” sin obtener respuesta”. Posteriormente, el 07 de abril de 2021 el Ministerio de Salud realizó inspección a “Casa Calamar” haciéndose constar que “para el momento de la visita no hay personas alquilando la propiedad por lo que no fue posible comprobar ningún tipo de actividad. Tampoco se reportaron ruidos provenientes de la propiedad inspeccionada”.

Además, se informó que a las 14:49 horas del 20 de mayo del 2021, según consta en acta de inspección ocular 294-REG-2021 se volvió a realizar inspección a “Casa Calamar”, donde se indicó que “portón negro de ingreso cerrado. Ante el llamado de nuestra parte no se recibió respuesta. Desde vía pública no se observaron vehículos ni apariencia de que el sitio se encuentre ocupado. No se reportaron ruidos provenientes del interior de la propiedad”. Asimismo, que el 04 de junio del 2021 se notificaron oficios MS-DRRSPC-DARSPC-0169-2021 y MS-DRRSPC-0318-2021 a la amparada “en los que se remite informe técnico MS-DRRSPC-DARSPC-IT-030-2021 que incluye acciones administrativas llevadas a cabo en atención de denuncias presentadas en esta ARS relacionadas con afectaciones a la salud por ruidos generados presuntamente en establecimiento denominado “Casa Calamar””. En un orden similar de ideas, se señaló que el 21 de agosto, 26 de septiembre y 26 de noviembre de 2021 se realizaron inspecciones oculares donde no se logró percibir ruido proveniente del interior de la propiedad “Casa Calamar”.

Tras lo expuesto, a pesar de que se desprende del cuadro fáctico que el Ministerio de Salud ha realizado algunas acciones, es inaceptable que en un poco más de tres años el Área Rectora de Salud encargada no haya podido coordinar lo necesario para poder realizar la medición de ruido en “Casa Calamar”, exponiéndole simplemente a la amparada, como consta en acta 391-REG-2021, una serie de factores limitantes que han impedido la detección de la actividad a la cual se requiere realizar medición sónica. Asimismo, este Tribunal advierte que la propia autoridad sanitaria tiene conocimiento que en dicha propiedad se realizan “actividades de esparcimiento y recreativas, actividades de alojamiento para estancias cortas y para la piscina”, por lo que ha intentado infructuosamente que en dicho lugar se tramiten los permisos sanitarios correspondientes, lo que viene también a demostrar la falta de diligencia de dicha institución en cumplir -como se desarrolló en el considerando VI- con su deber legal de vigilancia, inspección y ejecución de medidas para cumplir sus fines.

Aunado a lo anterior, resulta confuso que, a pesar de las acciones que el Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita manifiesta se han realizado, también se informara ante esta Sala por esta propia autoridad -de forma contrastante- que la funcionaria gestora ambiental que estuvo encargada de realizar las inspecciones en la denuncia de “Casa Calamar” ha sido sancionada por incumplimiento de deberes, por lo que a finales del 2021 se delegó el caso en otro gestor ambiental. Al respecto, se detalló que la “Dirección de Área en numerosas ocasiones ha expuesto ante Dirección Regional Pacífico Central de este Ministerio, incumplimiento de deberes en que ha incurrido funcionaria Bach. Brook Vega Davies (…) se le asignó para su debida atención, la denuncia objeto del recurso de amparo mencionado anteriormente, se gestionó lo necesario a fin de habilitarla durante tiempo extraordinario, para atención de denuncia interpuesta por Sra. Nombre01, sobre aparente contaminación sónica en Casa Calamar y transcurrieron varios meses sin que informara a esta Dirección de Área, ni tampoco a denunciante acerca de la ruta de acción para atención a lo denunciado y por consiguiente realizar las acciones para atender durante tiempo extraordinario este caso, durante el tiempo que hubiese sido necesario (…) desconoce acerca de los actos administrativos elaborados por dicha gestora Ambiental, en seguimiento a denuncias sanitarias asignadas, también se ignora en su mayoría la respuesta que brinda a denunciantes, ocasionando con ello que denunciantes como el caso que nos ocupa, terminen acudiendo a otras instancias a interponer recursos de amparo” (resaltado no es del original).

Así las cosas, este Tribunal considera que a la fecha las autoridades del Ministerio de Salud no han dado la atención oportuna ni han realizado las acciones diligentes para tramitar y resolver de forma efectiva la denuncia interpuesta desde el 2018 por la afectada. Por lo dicho, este mal funcionamiento ha dado al traste con que al día de hoy -tras tres años de constantes denuncias- no se haya podido coordinar lo necesario con la denunciante para hacer las mediciones sónicas cuando las alegadas condiciones contaminantes se presentan, incluso que no consta tan siquiera se hayan podido comunicar efectivamente con el encargado de “Casa Calamar” para aplicar lo que en derecho corresponde sobre las actividades que ahí se realizan y los alegados permisos sanitarios que requieren. Como agravante de lo descrito, es importante señalar que la autoridad recurrida tampoco puntualizó siquiera cómo se estaría tratando de solventar las dificultades que se han presentado para investigar la denuncia planteada por la amparada, simplemente indicó que se había reasignado el caso a otro gestor ambiental a finales del 2021. Así las cosas, esta Sala Constitucional debe intervenir, con el propósito de salvaguardar el derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida, el derecho a la salud, y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación.

Por las razones indicadas, lo procedente es declarar con lugar el recurso, con las consecuencias que se dirán en la parte declarativa.

VIII.Nota del magistrado Salazar Alvarado. En asuntos ambientales, es criterio del suscrito, que si ya ha habido intervención de la Administración Pública, su conocimiento y resolución corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. No obstante, sí entro a conocer el fondo del asunto cuando están de por medio otros derechos de las personas afectadas por el foco de contaminación, entre ellos, la salud, la calidad de vida y el derecho a gozar de un ambiente sano y libre de contaminación (artículo 50, de la Constitución Política), tal y como sucede en este caso, en el que el recurrente acusa que se interpuso una denuncia -que no ha sido resuelta- ante el Ministerio de Salud, por las actividades que se realizan en la propiedad “Casa Calamar” hasta altas horas de la noche, provocando fuertes ruidos y contaminación sónica. Lo anterior, en violación al derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y de un nivel digno de calidad de vida.

IX.Documentación aportada al expediente. Debe prevenir esta Sala a las partes que, de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo de 30 días hábiles después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello será destruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 03 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto

Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Ericka Jiménez Valverde, en su condición de directora del Área Rectora de Salud de Puntarenas-Chacarita, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que en el plazo de UN MES, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se lleven a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de sus competencias y coordine -incluso con otras instituciones- lo necesario para: 1) corroborar el tipo de actividades que se llevan a cabo en el lugar denominado “Casa Calamar” y se aplique lo que en materia sanitaria corresponda; y 2) estipule un plan de acción claro para atender una eventual reiteración dentro de la denuncia, plan que propicie asistir de forma oportuna y eficaz al lugar a realizar la medición sónica requerida, cuyos resultados han de serle notificados a la accionante. El magistrado Salazar Alvarado pone nota. Se advierte a la autoridad recurrida que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Se condena al Estado, al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese.

Fernando Castillo V.

Luis Fdo. Salazar A.

Jorge Araya G.

Anamari Garro V.

Ana María Picado B.

Jorge Isaac Solano A.

Alexandra Alvarado P.

*RJOW5QT43XPS61*

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