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Res. 14415-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 25/06/2021

Amparo for lack of sanitary sewer system in residential areaAmparo por falta de alcantarillado sanitario en residencial

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The amparo petition is denied as no violation of fundamental rights was proven, given that the decisions of the respondent entities were based on technical criteria and not on arbitrariness.Se declara sin lugar el recurso de amparo por no acreditarse lesión a derechos fundamentales, al basarse las decisiones de las entidades recurridas en criterios técnicos y no en arbitrariedad.

SummaryResumen

The Constitutional Chamber denies an amparo petition filed by a resident of a housing development in La Unión, who alleged violation of her fundamental rights due to the lack of a solution for wastewater treatment problems. The petitioner argued that the individual septic tanks in the development were failing and requested either the Municipality to build a treatment plant or the ICAA to connect the development to the public sewer system. The Court determined that from the project's approval in 1999, the ICAA had warned there was no availability of a sanitary sewer; wastewater treatment relied on individual septic tanks, endorsed by the Ministry of Health and infiltration studies. The Municipality rejected building a treatment plant because it is not the water service operator, while the ICAA denied connection to the public network because there is no nearby collector and due to contamination risk. The Court concludes that the authorities' decisions were based on technical criteria, not arbitrary, so no fundamental rights were violated. The obligation to maintain the septic tanks falls on the property owners, in accordance with Articles 287 and 288 of the General Health Law. The ruling reaffirms the division of responsibilities among the ICAA, municipalities, and the Ministry of Health for wastewater collection and treatment.La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo interpuesto por una vecina de un residencial en La Unión, quien alegó violación a sus derechos fundamentales por la falta de solución al problema de aguas residuales. La recurrente señaló que los tanques sépticos individuales de la urbanización presentaban fallos, y solicitó a la Municipalidad la construcción de una planta de tratamiento o al ICAA la conexión al alcantarillado público. La Sala determinó que desde la aprobación del proyecto en 1999, el ICAA advirtió que no había disponibilidad de alcantarillado sanitario, y el tratamiento de aguas negras se basó en tanques sépticos individuales, avalados por el Ministerio de Salud y estudios de infiltración. La Municipalidad rechazó construir una planta por no ser operador del servicio de agua, mientras el ICAA denegó la conexión a red pública por no existir colector cercano y por el riesgo de contaminación. La Sala concluye que las decisiones de las autoridades se basaron en criterios técnicos y no fueron arbitrarias, por lo que no hay lesión a derechos fundamentales. La obligación de mantener los tanques sépticos recae en los propietarios, conforme a los artículos 287 y 288 de la Ley General de Salud. La sentencia reafirma la distribución de competencias entre ICAA, municipalidades y Ministerio de Salud en la recolección y tratamiento de aguas residuales.

Key excerptExtracto clave

In the sub-examine, from the reports rendered by the respondent authorities and the relation of the proven facts, it is established that since April 2019 (without specifying an exact date), the petitioner has been a resident of Residencial Avenida San Rafael, which was built between 1999 and 2000, and currently has problems with wastewater treatment due to malfunctioning septic tanks. [...] Prior to its construction, the developer managed before the ICAA the availability of drinking water and sanitary sewer, and that institution, through official communication FO-97-2020 dated May 15, 1997, indicated that there was availability of drinking water, but not of sanitary sewer. [...] Thus, rather than arbitrariness by the respondent entities in their decisions, it is found that these were made based on technical criteria and in order to avoid causing greater environmental harm, in accordance with what is stated in the third considering clause of this pronouncement. Therefore, it is not possible to establish any responsibility on the part of the entities here respondent for the problem denounced by the petitioner; on the contrary, it is she, like the rest of the residents of the development, who have the obligation to ensure the proper functioning of the septic tanks installed on each of their properties, in accordance with the provisions of Articles 287 and 288 of the General Health Law.En el sub-examine, de los informes rendidos por las autoridades recurridas, así como la relación del cuadro de hechos probados, se acredita que desde el mes abril de 2019 (sin precisar fecha exacta), la amparada es vecina de Residencial Avenida San Rafael, el cual fue construido entre los años 1999 y el año 2000, y que en la actualidad presenta problemas con el tratamiento de aguas negras por mal funcionamiento de tanques sépticos. [...] De previo a la su construcción, el desarrollador gestionó ante al ICCA la disponibilidad de agua potable y de alcantarillado sanitario, siendo que esa institución, mediante oficio FO-97-2020 de 15 de mayo de 1997, indicó que sí había disponibilidad de agua potable, no así de alcantarillado sanitario. [...] Así las cosas, más que la arbitrariedad de las entidades recurridas en sus decisiones, se tiene que estas han sido tomadas de acuerdo a criterios técnicos y con el fin de no causar un daño mayor al ambiente, en apego a lo indicado en el considerando tercero de este pronunciamiento. De tal forma, no es posible establecer alguna responsabilidad por parte de los entes acá recurridos en el problema denunciado por la recurrente y por el contrario, es esta, al igual que el resto de vecinos del residencial, quienes tienen la obligación de velar por el buen funcionamiento de los tanques sépticos instalados en cada una de sus propiedades, de conformidad con lo indicado en los artículos 287 y 288 de la Ley General de Salud.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Así las cosas, más que la arbitrariedad de las entidades recurridas en sus decisiones, se tiene que estas han sido tomadas de acuerdo a criterios técnicos y con el fin de no causar un daño mayor al ambiente, en apego a lo indicado en el considerando tercero de este pronunciamiento."

    "Thus, rather than arbitrariness by the respondent entities in their decisions, it is found that these were made based on technical criteria and in order to avoid causing greater environmental harm, in accordance with what is stated in the third considering clause of this pronouncement."

    Considerando IV

  • "Así las cosas, más que la arbitrariedad de las entidades recurridas en sus decisiones, se tiene que estas han sido tomadas de acuerdo a criterios técnicos y con el fin de no causar un daño mayor al ambiente, en apego a lo indicado en el considerando tercero de este pronunciamiento."

    Considerando IV

  • "De tal forma, no es posible establecer alguna responsabilidad por parte de los entes acá recurridos en el problema denunciado por la recurrente y por el contrario, es esta, al igual que el resto de vecinos del residencial, quienes tienen la obligación de velar por el buen funcionamiento de los tanques sépticos instalados en cada una de sus propiedades, de conformidad con lo indicado en los artículos 287 y 288 de la Ley General de Salud."

    "Therefore, it is not possible to establish any responsibility on the part of the entities here respondent for the problem denounced by the petitioner; on the contrary, it is she, like the rest of the residents of the development, who have the obligation to ensure the proper functioning of the septic tanks installed on each of their properties, in accordance with the provisions of Articles 287 and 288 of the General Health Law."

    Considerando IV

  • "De tal forma, no es posible establecer alguna responsabilidad por parte de los entes acá recurridos en el problema denunciado por la recurrente y por el contrario, es esta, al igual que el resto de vecinos del residencial, quienes tienen la obligación de velar por el buen funcionamiento de los tanques sépticos instalados en cada una de sus propiedades, de conformidad con lo indicado en los artículos 287 y 288 de la Ley General de Salud."

    Considerando IV

  • "Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras."

    "In order to effectively comply with the protection of a healthy and ecologically balanced environment, the State, understood in a broad sense, has the duty to provide the necessary measures so that in the country's communities timely and effective treatment of wastewater is provided."

    Considerando III

  • "Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Constitutional Chamber Date of Resolution: 25 June 2021 at 09:15 Reviewed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER *210106350007CO* Res. No. 2021014415 CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-fifth of June, two thousand twenty-one.

Amparo appeal processed in expediente number 21-010635-0007-CO, filed by NATALIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, identity card number 0111860315, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS -ICAA- and the MUNICIPALITY OF LA UNIÓN.

Considering:

1.- By document submitted to the Secretariat of the Chamber at 12:10 hours on 3 June 2021, the appellant files an amparo appeal against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers and the Municipality of La Unión. She states that she is the owner, together with her spouse, of a property located in a residential development in the province of Cartago, plan number F150 168-000. She indicates that the dwelling has a septic tank (tanque séptico) system for wastewater treatment. However, this has presented problems, causing the water to pool and foul odors to emanate. In addition, the ground took on the consistency of quicksand. From this, they realized that there is a widespread problem in the residential development with wastewater treatment. Following this, a sanitary engineer was hired, who recommended the construction of an improved septic tank (tanque séptico mejorado), and to that end, they had to go to the ICAA for the issuance of the operating permit. However, she alleges that the request was denied. Faced with this fact, she explains that she went to the Department of Water Resources (Departamento de Recursos Hídricos) of the Municipality of La Unión, requesting the installation of a treatment plant in the residential development, as had been done in other locations. However, this new procedure was also denied and they were referred back. From this, she points out that she sent an email to the Department of Management, Collection, and Treatment of Black Water (Aguas Negras) of the GAM of the ICAA, requesting the connection of the residential development to the sewerage network (red de alcantarillado); however, that solution was also denied based on the following argument: "(...) the impossibility of intervening, since there is no nearby collector in operation managed by the AyA; the nearest operating collector to Urbanización 5 Estrellas (Avenida San Rafael), is located almost 5 kilometers away and it is saturated. He indicated that the construction of a new collector along the Florencio del Castillo highway is planned for the future; however, this response was given on 23-10-20, and to date, I consulted him if there was any progress regarding the construction of the collector, and he indicated that everything remains in the same state (annexes 32 to 39). He reiterates that for wastewater treatment, the construction of individual septic tanks was approved (...)". Notwithstanding the foregoing, she alleges that over time the mentioned problems have worsened and they have not received a solution. By virtue of this, she considers her fundamental rights violated. She requests that the appeal be granted.

2.- By resolution at 09:30 hours on 9 June 2021, this amparo proceeding was given course and a report was requested from the Mayor, the Head of the Department of Water Resources, and the Head of the Department of Engineering, all of the Municipality of La Unión, as well as from the Head of the GAM Collection and Treatment Directorate of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers -ICAA-, so that they could address the facts attributed by the appellant.

3.- Manuel López Fonseca provides a report, under oath, in his capacity as Director of the GAM Systems Collection and Treatment Directorate of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers -ICAA-. He states that a consultation was made regarding the possibility of using the planned network to discharge the effluent in case of using the improved septic tank (tanque séptico mejorado). However, it is not possible to authorize this, as it is a planned network, that is, a pipeline that does not connect to any other collector, and therefore has no point to discharge water to be directed to a treatment system. In this way, if that network is used, far from finding a solution, the problem claimed by the appellant would worsen, because untreated water would be discharged into the receiving body's channel, generating environmental pollution and health problems, and violating the provisions regarding the protection of the environment. He argues that the ICAA must comply with the provisions of the Service Provision Regulation (Reglamento de Prestación de Servicios) approved by the Board of Directors in session No. 2019-0461 of 26 November 2019 and its amendment by agreement No. 2020-0442 of 8 December 2021, which establishes in its Articles 5 and 6 the requirements that must be considered for the granting of the services provided by the institution. He explains that the approval of the use of the individual treatment system through a septic tank (tanque séptico) is a matter that falls under the competence of the Ministry of Health, as established by decrees No. DE-39887-S-MINAE, DE-42075-S-MINAE and DE-39616-S, and is the responsibility of the owner, as established by Articles 285 to 292 of the General Health Law (Ley General de la Salud). By virtue of the foregoing, he states that there is a material impossibility of making the connection indicated by the appellant. He maintains this for the following reasons: a) the urbanization was approved with a treatment system using individual systems by means of a septic tank (tanque séptico), authorization that was granted by the Ministry of Health based on the technical opinion provided by the developer, which should have been assessed by that entity prior to granting the permits, as well as by the Municipality of La Unión; b) it is neither legally nor sanitary possible to discharge wastewater into a planned network, as this creates a greater problem than the one intended to be solved, because there is no collector that can interconnect with the urbanization, the nearest one being located 5 km away and lacking the conditions to receive wastewater, making the solution proposed by the protected party herein technically unfeasible; c) the solution to the problem must be resolved and executed by the owners of the dwellings in coordination with the Ministry of Health, or with the developer of the residential development. In addition to the above, he points out that another solution to the problem could be carried out by the owners of the dwellings contracting a professional to redesign the septic tank (tanque séptico) of each property, so that it can operate according to the technical parameters established for that type of system. On the other hand, he explains that in the response given to the protected party, only a layout of the distance line between the Florencio del Castillo collector and the Avenida San Rafael residential development was made, which does not correspond to a project being developed by the ICAA. He maintains that said collector does not have the hydraulic capacity for the discharge of wastewater. Likewise, in the response given to the appellant, the documents held by the ICAA were provided, which show that for that urbanization, only the drinking water system in operation was approved, and that the sanitary sewerage system was left out of operation because there was no nearby collector to connect that project. Furthermore, infiltration tests (pruebas de infiltración) carried out by the professional contracted by the project developer were delivered to her, by means of which, according to technical opinion, the land was suitable for the construction of septic tanks (tanques sépticos) and therefore the disposal of wastewater through them. Thus, he considers that the fundamental rights of the protected party have not been violated. He requests that the appeal be dismissed.

4.- Cristian Torres Garita, Christian Richmond Ballestero, and Mario Portuguez Castro, in their order, Municipal Mayor, Director of the Department of Water Resources (Departamento de Recurso Hídrico), and Director of the Directorate of Urban Development and Control (Dirección de Desarrollo y Control Urbano), all of the Municipality of La Unión, provide a report, under oath. They state that by official note MILU-DRHI-301-2021, the Directorate of Urban Development and Control indicated: "(...) 1. That on 19 August 2020, an email was received from the Municipal Mayor's Office, indicating the following: "Attached please find BTC-1527-2020 along with memorandum MLU-CSM-224-2020 with a document from Mr. Daniel Díaz of the Board of Directors of the Avenida San Rafael Residents' Association, for due attention." 2.- That by official note MLU-DRHI-339-2020, dated 02 September 2020, a response was given to BTC-1527-2020. 3. That the Mayor's Office, based on official note MLU-DRHI-339-2020, issued official note MLU-DAM-1625-2020 (...) which recommends the following: "(...) that the Board of Directors of the Avenida San Rafael Residents' Association approach and present the proposal that is the object of this official note to the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) (sic), as this institute currently provides the drinking water service." (...) 5. That within the expediente related to the construction permit for the Cinco Estrellas Project, the following information is found: a. Official note OF-97-2020, of 15 May 1997, issued by Eng. Luis Fernando Cervantes Umaña of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which indicates: In response to your letter received on 07 May 1977 regarding the availability of drinking water and the evacuation of black water (aguas negras), for the property located in: Tres Ríos, Cartago, cadastral plan No. SJ-324896-78, in the name of HERMANOS CASTRO TOSI. In this regard, I state the following: THERE IS AVAILABILITY OF DRINKING WATER. THERE IS NO AVAILABILITY OF SANITARY SEWERAGE. b. Official note URB-98-448 issued by Eng. Luis Fernando Cervante Umaña of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, which indicates: Mr. Juan Carlos Leiva Agüero Cinco Estrellas Urbanization Project Present Dear Sir: In response to your official note and verbal request, I inform you that AYA (sic) authorized the availability of water for the Cinco Estrellas Urbanization (La Unión de Tres Ríos) from the 200 mm diameter pipe that goes towards Urbanización La Carpintera and runs parallel to the side road to Tres Ríos. c. Infiltration Test (Prueba de Infiltración) for the Cinco Estrellas project, which indicates that the professional responsible for its execution is engineer Rafael Chacón P. IC-3124. d. Construction permit No. 008-99-OI, granted by the municipality of La Unión on 19 August 1999 (....) 6. That on 10 September 2020, a copy of an email is received with the subject "RV: Response to document sent to the Municipal Council", sent by Mrs. Natalia López Rodríguez (...) refers to the official note cited in the previous point: "In response to our meeting and your recommendation, we made the procedure before the Municipality of La Unión (sic) to address the problem that afflicts our (sic) community. I am attaching the response official note from Mr. Christian Richmond Ballestero, Director of Water Resources (Recurso Hídrico), who, among other data, concludes that all residents individually have a septic tank (tanque séptico) in our homes, as a solution for wastewater treatment (...)". 7- That on 19 May 2021, an email is received from Natali (sic) López Rodríguez addressed to Christian Richmond Ballestero (...) Subject RV: Soil without percolation capacity (...) I would like to comment on the current state of the problem afflicting us in Avenida San Rafael, given that it was not possible to achieve the treatment plant according to the communication from the Mayor's Office, nor the connection to the sewerage network (red de alcantarillado), according to what Don Manuel indicated in the previous email, pending the construction of the new collector that reaches Cinco Estrellas. Some neighbors, with our own funds, have spent significant sums in our yards to somewhat mitigate the issue of black water flooding, but as always in winter, the problem worsens. Before proceeding with the last step, which is the amparo appeal, I wanted to know if, on the part of any of the institutions you represent, there will be any news that benefits us in these months, whether the Municipality has resources to finance the plant in this sector, as I have seen in Bethel and Monserrat, or whether progress has been made in the construction of the collector, in such a way that you can give us some hope of change (...)". 9- That in response to the email cited in the previous point, the following reply is presented: "Dear Mrs. Natalia and Mr. Manuel, I coincide (sic) with the considerations highlighted by Mr. Manuel in his emails, reiterating what was previously highlighted by this Directorate and through this same means: 1) That in the Avenida San Rafael Residential Development, there are individual treatment systems of the septic tank (tanque séptico) type as a solution for wastewater treatment, exactly as it was conceived and built from the beginning of the project. 2) That currently, the drinking water service in the Avenida San Rafael Residential Development is provided by the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. 3) That the proposed solution through the construction, operation, and maintenance of a Wastewater Treatment Plant cannot be in the hands of the Municipality of La Unión, given that, currently, it is not the operating entity of the water service in the Avenida San Rafael Residential Development (...)" 10- That as stated to Mrs. Natalia López Rodríguez, through official note MLU-DRHI-339-2020: The Municipality of La Unión, like any other public organization, must be governed by the Principle of Legality (...) b. The Avenida San Rafael Residential Development is supplied with drinking water through the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers. c. There is various regulation related to the matter, including: General Health Law (Ley General de la Salud) (...)". e. That as the neighbors indicated through a note sent by Mr. Daniel Díaz, President of the Board of Directors of the Avenida San Rafael Residents' Association: "each house was built with a septic tank (tranque séptico) and with provisions to be connected to the AYA (sic) sewerage system (...)". Based on the foregoing, they point out the following conclusions: a) that in the Avenida San Rafael residential development, there are individual treatment systems of the septic tank (tanque séptico) type as a solution for wastewater treatment, exactly as the project was conceived and built, b) that the drinking water service in the residential development is provided by the ICAA, and c) that the proposed solution through the construction, operation, and maintenance of a wastewater treatment plant cannot be in the hands of the Municipality of La Unión, given that it is not the operating entity of the water and sewerage service in the aforementioned residential development. They request that the appeal be dismissed.

5.- In the proceedings followed, the legal prescriptions have been observed.

Drafted by Magistrate Araya García; and,

Considering:

I.- PURPOSE OF THE APPEAL. The appellant asserts that she is a resident of a residential development located in the canton of La Unión, province of Cartago, which has problems with wastewater treatment, in response to which she has filed multiple requests before the municipality of the canton and before the ICAA; however, these entities have not provided a solution to the aforementioned problem.

II.- PROVEN FACTS. Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided for in the initial order:

  • 1)The protected party has been a resident of Residencial Avenida San Rafael, also known as Cinco Estrellas, since the month of April 2019 (uncontroverted fact).
  • 2)For the construction of the residential development, the availability of drinking water and sanitary sewerage was requested from the ICCA, and that institution, through official note FO-97-2020 of 15 May 1997, indicated that there was availability of drinking water, but not of sanitary sewerage (reports and evidence provided).
  • 3)The Municipality of La Unión granted construction permit No. 008-99-OI of 19 August 1999, for the development of the aforementioned urbanization, with the endorsement of the Ministry of Health regarding the treatment of wastewater or black water (aguas negras) by means of individual septic tanks (tanques sépticos) (reports and evidence provided).
  • 4)The approval of wastewater or black water (aguas negras) treatment through septic tanks (tanque sépticos) was based on the infiltration test (prueba de infiltración) carried out by the engineer in charge of the project, who indicated that the land was suitable for the construction of the disposal device for the mentioned waters (reports and evidence provided).
  • 5)Over time, the septic tank (tanques sépticos) devices in the dwellings of Residencial Avenida San Rafael have presented operational problems, with the consequence of overflow and the emission of foul odors (reports rendered).
  • 6)Since its construction, Residencial Avenida San Rafael has received the drinking water service through the ICAA (reports rendered).
  • 7)On 22 July 2020, the Residents' Association of Residencial Avenida San Rafael filed a request before the Municipality of La Unión requesting the construction of a wastewater treatment plant (reports and evidence provided).
  • 8)By official note MLU-DRHI-339-2020 of 2 September 2021, the authorities of the Municipality of La Unión indicated that the construction of a treatment plant is not possible, since that corporation is not the operator of the drinking water service, which is under the responsibility of the ICAA, an institution that should assess the feasibility of said work, as well as that each dwelling in the residential development has a septic tank (tanque séptico) (reports and evidence approved).
  • 9)On 10 September 2020 and 19 May 2021, the appellant filed requests before the Municipality of La Unión insisting on the request for the construction of the black water (aguas negras) treatment plant, and the authorities of the institution reiterated the opinion given in official note MLU-DRHI-339-2020 of 2 September 2021 (reports and evidence provided).
  • 10)The request filed by the appellant on 10 September 2020, was answered by the municipal authorities on the same day, and official note No. MLU-DRHI-339-2020 was sent to her (reports and evidence provided).
  • 11)The request filed by the appellant on 19 May 2021 was answered by the municipality on the 20th of the same month, reiterating the provisions of official note MLU-DRHI-339-2020 and that corporation's opinion regarding the impossibility of building a treatment plant (reports and evidence provided).
  • 12)Without specifying a date, the appellant and the Residents' Association of Residencial Avenida San Rafael filed a request before the ICAA, requesting the connection of the residential development's black water (aguas negras) network to the public sewerage network (red de alcantarillado) (reports and evidence provided).
  • 13)The ICAA rejected the request for the following reasons: a) in the Avenida San Rafael residential development, there are individual treatment systems of the septic tank (tanque séptico) type, as was approved in its construction project and as it had been operating; b) it is neither legally nor sanitary possible to discharge wastewater into a planned network, as a greater problem is created than the one intended to be solved, because there is no collector that can interconnect with the urbanization, the nearest one being located 5 km away and lacking the conditions to receive wastewater; c) the solution to the problem must be resolved and executed by the owners of the dwellings in coordination with the Ministry of Health, or with the developer of the residential development (reports and evidence provided).

III.- REGARDING THE COLLECTION, TREATMENT, AND FINAL DISPOSAL OF BLACK WATER (AGUAS NEGRAS). To effectively fulfill the protection of a healthy and ecologically balanced environment, the State, understood in a broad sense, has the duty to take the necessary measures so that communities in the country are provided timely and effective treatment of black water (aguas negras). In this sense, this Constitutional Court has been of the opinion that both the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as well as the Municipalities and the Ministry of Health, are responsible—within their respective areas of competence—for ensuring the proper collection, treatment, and final disposal of such waters. Thus, in the specific case of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, its own Constitutive Law – Law No. 2726 of 14 April 1961 and its amendments – provides the following:

"Article 1.- For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, conducting and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of drinking water and the collection and evacuation of black water (aguas negras) and liquid industrial waste, as well as the regulatory aspect of storm sewerage systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is created, as an autonomous institution of the State." Therefore, this institution is responsible, in accordance with the provisions of Article 2 of the same legal body, "(...) To direct and supervise everything concerning the provision to the inhabitants of the republic of a service of drinking water, collection and evacuation of black water (aguas negras) and liquid industrial waste, and storm water (aguas pluviales) in urban areas (...)". Regarding the Municipalities, it must be indicated that Article 169 of the Political Constitution grants them the competence to plan and supervise the urban development of their locality, as a derivation of their duty to administer the local interests and services in each canton. Consequently, it falls to each municipality to establish a comprehensive urban planning policy that guarantees development in congruence with the efficient functioning of a system for the provision of drinking water and the collection, treatment, and final disposal of black water (aguas negras). Similarly, the General Health Law (Ley General de la Salud) – Law No. 5395 of 30 October 1973 – provides, in its Article 2, that the Executive Power, through the Ministry of Health, is responsible for defining the national health policy, the regulation, planning, and coordination of all public and private health activities, as well as the execution of those activities that fall under its competence according to the law. Likewise, Article 341 of the aforementioned law establishes, within the powers of the Ministry of Health, the power to order and take the special measures enabled by that regulation to avoid risk or damage to the health of individuals or for said risks or damages to spread or worsen, and to inhibit the continuation or recurrence in the infringement by private parties. Regarding the specific topic, the General Health Law (Ley General de la Salud), in its Book 1, Title 3, Chapter 3, "On obligations and restrictions for the sanitary evacuation of excreta and wastewater (aguas servidas)", provides - where relevant - the following:

"Article 285.- Excreta, black water (aguas negras), wastewater (aguas servidas), and storm water (aguas pluviales) must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of breeding sites for vectors and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality." "Article 287.- Every person, natural or legal, who owns dwellings or establishments or buildings in which people carry out their activities, shall be responsible for ensuring that such properties have an excreta and black water and wastewater (aguas negras y servidas) disposal system approved by the Ministry, and the users of dwellings, establishments, or buildings shall be obliged to maintain said system in good operating condition." "Article 288.- Every owner is obliged to connect the excreta, black water and wastewater (aguas negras y servidas) elimination system of their property to the sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in places where it is in operation, except in cases of exception that the relevant regulations recognize as appropriate." IV.- REGARDING THE SPECIFIC CASE. In the sub-examine, from the reports rendered by the respondent authorities, as well as the list of proven facts, it is accredited that since the month of April 2019 (without specifying the exact date), the protected party has been a resident of Residencial Avenida San Rafael, which was built between the years 1999 and 2000, and which currently presents problems with the treatment of black water (aguas negras) due to the malfunctioning of septic tanks (tanques sépticos).

Prior to its construction, the developer requested from the ICCA the availability of drinking water and sanitary sewerage, and that institution, through official note FO-97-2020 of 15 May 1997, indicated that there was availability of drinking water, but not of sanitary sewerage. However, the engineer in charge of the project presented an infiltration test (prueba de infiltración) in which it was indicated that the black water (aguas negras) could be treated by means of individual septic tanks (tanques sépticos), as the land was suitable for the construction of said device. This technical opinion was approved by the authorities of the Municipality of La Unión, which granted construction permit No. 008-99-OI of 19 August 1999, for the development of the aforementioned urbanization, with the endorsement of the Ministry of Health regarding the treatment of wastewater or black water (aguas negras) by means of individual septic tanks (tanques sépticos). Based on the foregoing, as a first consideration, it is clear that prior to the development of the project, the ICAA rejected the request for the availability of sanitary sewerage. However, in order to continue with the project, the developing company processed the permits by providing a technical opinion stating that it was possible to treat the black water (aguas negras) through septic tanks (tanques sépticos) because the land had adequate conditions for this. In addition to this, it is necessary to point out that such devices have been indicated as suitable means for the treatment of black water (aguas negras) in decrees E-39887-S-MINAE, DE-42075-S-MINAE and DE-39616-S-MINAE issued by the Ministry of Environment and Energy. Thus, from the beginning, the respondent authorities warned of the impossibility of treating the black water (aguas negras) from the residential development through a public system, but the developer provided studies endorsing the possibility of building septic tanks (tanques sépticos) in each dwelling. In consideration of this and in the context of this amparo appeal, it is held that neither the ICAA nor the Municipality of La Unión bear any responsibility for the malfunctioning of the black water (aguas negras) treatment devices, and on the contrary, it is held that from the beginning they made decisions in which the possibilities for such purposes were made clear.

On the other hand, it is held that after some years, the septic tank (tanque séptico) systems have been presenting failures, so the owners of dwellings in the aforementioned urbanization, through the Residents' Association of Residencial Avenida San Rafael, have sought two solutions from the respondent municipality and the ICAA for the aforementioned problem, namely: a) from the municipal corporation, the construction of a wastewater treatment plant, and b) from the ICAA, the connection of the residential development's black water (aguas negras) network to the public sewerage network (red de alcantarillado). However, such requests have been denied, based on the following:

a.- The Municipality of La Unión, through official note MLU-DRHI-339-2020 of 2 September 2021, indicated that the construction of a treatment plant is not possible, since that corporation is not the operator of the drinking water service, which is under the responsibility of the ICAA, an institution that should assess the feasibility of said work, as well as that each dwelling in the residential development has a septic tank (tanque séptico).

Thus, it is established that since the inception of the residential development, it is the ICAA that has provided potable water service, and therefore that entity would be responsible for the administration and operation of the systems for collecting and evacuating blackwater, except in those cases where they are being administered and operated by a municipal entity or in the event that these wastes are treated by means of individual systems, as occurs in the specific case.

b.- For its part, the ICAA rejected the request based on the following reasons: 1) in the Residencial Avenida San Rafael there are individual treatment systems of the septic tank type, as was approved in its construction project and as it had been functioning, 2) it is neither legally nor sanitarily possible to discharge wastewater into a planned network, as this generates a greater problem than the one intended to be solved, since there is no collector that can interconnect with the urbanization, with the nearest one being located 5 km away and lacking the conditions to receive wastewater, c) the solution to the problem must be resolved and executed by the homeowners in coordination with the Ministry of Health, or with the developer of the residential complex.

Based on the foregoing, it is established that the rejection of the requests filed by the appellant and by the Neighbors' Association of Residencial Avenida San Rafael is not due to arbitrary and capricious reasons, but rather stems from technical issues and the provisions of infra-constitutional regulations. Thus, the technical reasons include the following:

a.- The Municipality is not the operator providing the potable water service; rather, it is the ICAA, an institution that, should the possibility exist, would have to treat the blackwater.

b.- Notwithstanding the foregoing, from the stage of applying for construction permits for the residential development, the ICAA indicated that there was no availability for wastewater treatment.

c.- In the absence of availability of a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario), the project developer submitted technical studies indicating the feasibility of building the residential development with homes having their own septic tank, and based on this, the respective construction permits were issued.

d.- The ICAA has rejected the possibility of connecting the residential development's blackwater network to the public sewer network because this poses a risk of environmental contamination, as there is no collector that can interconnect with the urbanization (which was warned of from the beginning of the project), with the nearest one being located 5 km away, lacking the conditions to receive wastewater, and additionally presenting hydraulic limitations due to the quantity of cubic meters of sewage that flows through it.

Therefore, rather than arbitrariness on the part of the respondent entities in their decisions, it is established that these have been made according to technical criteria and with the aim of not causing greater harm to the environment, in compliance with what is indicated in the third whereas clause (considerando) of this ruling. Thus, it is not possible to establish any liability on the part of the entities challenged herein for the problem denounced by the appellant; on the contrary, it is the appellant, like the rest of the neighbors of the residential development, who have the obligation to ensure the proper functioning of the septic tanks installed on each of their properties, in accordance with what is indicated in Articles 287 and 288 of the General Health Law (Ley General de Salud).

By virtue of the foregoing, it is ruled out that, in the instant case, the fundamental rights of the petitioner (amparada) have been violated. Ergo, the appeal (recurso) is declared without merit. This is without prejudice to her resorting to ordinary courts should she consider that some situation of better right exists in her favor.

V.- DOCUMENTATION PROVIDED TO THE CASE FILE. The parties are warned that if any document was provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions in the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Therefore (Por tanto):

The appeal (recurso) is declared without merit.

Fernando Castillo V.

President (Presidente) Nancy Hernández L.

Jorge Araya G.

Ana María Picado B.

Mauricio Chacón J.

Hubert Fernández A.

Ileana Sánchez N.

Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *JMACTSMH50C61* 1

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Sala Constitucional Analizado por: SALA CONSTITUCIONAL *210106350007CO* Res. Nº 2021014415 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno .

Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-010635-0007-CO, interpuesto por NATALIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0111860315, contra INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS -ICAA- y MUNICIPALIDAD DE LA UNION.

Resultando:

1.- Por escrito presentado en la Secretaría de la Sala a las 12:10 horas de 3 de junio de 2021, la recurrente interpone recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Municipalidad de La Unión. Manifiesta que es propietaria, junto con su cónyuge, de un inmueble ubicado en un residencial ubicado en la provincia de Cartago, plano número F150 168-000. Indica que la vivienda cuenta con un sistema de tanque séptico para el tratamiento de aguas residuales. No obstante, este ha presentado problemas, siendo que las aguas se empozan e inició a expedir malos olores. Aunado a ello, el terreno tomó consistencia de arena movediza. A partir de ello, se percataron que existe un problema generalizado en el residencial con el tratamiento de aguas residuales. A partir de ello, se contrató a un ingeniero sanitario, quien recomendó la construcción de un tanque séptico mejorado, siendo que al efecto debía acudir ante el ICAA para el otorgamiento del permiso de funcionamiento. No obstante, alega que la solicitud le fue denegada. Ante tal hecho, expone que acudió ante el Departamento de Recursos Hídricos de la Municipalidad de La Unión, solicitando la colocación de una planta de tratamiento en el residencial, tal como se había realizado en otros sitios. Sin embargo, esta nueva gestión también fue denegada y nuevamente los remitieron. A partir de ello, señala que remitió un correo al Departamento de Dirección, Recolección y Tratamiento de Aguas Negras del GAM del ICAA, solicitando la conexión del residencial a la red de alcantarillado; empero, esa solución también le fue denegada con base en el siguiente argumento: “(…) la imposibilidad de intervenir, ya que no existe un colector cercano en operación administrado por el AyA, el colector en operación más cercano a la Urbanización 5 Estrellas (Avenida San Rafael), está ubicado a casi 5 kilómetros de distancia y el mismo está saturado, señaló que se prevé en un futuro la construcción de un nuevo colador por la autopista Florencio el Castillo, no obstante esta respuesta fue dada el 23-10-20 y a la fecha le consulté el existía algún avance en relación a la construcción del colador, y me indicó que todo permanece en el mismo estado, (anexo 32 al 39), me reitera que para el tratamiento de las aguas residuales fue aprobada la construcción de tanques sépticos individuales (…)”. No obstante lo anterior, alega que con el paso de tiempo los problemas mencionados se han agravado y no han recibido una solución. En virtud de ello, considera lesionados sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso.

2.- Por resolución de las 09:30 horas de 9 de junio de 2021, se le dio curso a este proceso de amparo y se le solicitó informe al Alcalde, al Jefe del Departamento de Recursos Hídricos y al Jefe del Departamento de Ingeniería, todos de la Municipalidad de La Unión, así como al Jefe de la Dirección de Recolección y Tratamiento GAM del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -ICAA-, para que se refirieran a los hechos imputados por la recurrente.

3.- Rinde informe, bajo juramento, Manuel López Fonseca, en condición de Director de la Dirección de Relección y Tratamiento de Sistemas GAM del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados -ICAA-. Manifiesta que se hizo una consulta respecto a la posibilidad de utilizar la red prevista para desfogar el efluente en caso de usar el tanque séptico mejorado. Sin embargo, no es posible autorizar esto, pues se trata de una red prevista, es decir, una tubería que no se conecta con algún otro colector, por lo que no tiene un punto donde descargar aguas para ser dirigidas a un sistema de tratamiento. De tal forma, si se utiliza esa red, lejos de encontrar una solución, el problema reclamado por la recurrente se agravaría, pues se estaría desfogando aguas sin tratamiento al cauce del cuerpo receptor, generando problemas de contaminación ambiental, de salud e incumpliendo con lo dispuesto en cuanto a la tutelado al ambiente. Argumenta que el ICAA debe acatar lo dispuesto en el Reglamento de Prestación de Servicios aprobado por la Junta Directiva en sesión No. 2019-0461 de 26 de noviembre de 2019 y su modificación por acuerdo No. 2020-0442 de 8 de diciembre de 2021, el cual establece en sus artículos 5 y 6 los requisitos que se deben considerar para el otorgamiento de los servicios que presta la institución. Explica que la aprobación del uso del sistema de tratamiento individual mediante tanque séptico, resulta ser un tema que es competencia del Ministerio de Salud, tal y como lo establecen los decretos No. DE-39887-S-MINAE, DE-42075-S-MINAE y DE-39616-S y de responsabilidad del propietario, tal y como lo establecen los artículos que van del 285 al 292 de la Ley General de la Salud. En virtud de lo anterior, manifiesta que existe imposibilidad materia de realizar la conexión que indica la recurrente. Sostiene que ello por las siguientes razones: a) la urbanización fue aprobada con sistema de tratamiento mediante sistemas individuales por medio de tanque séptico, autorización que fue otorgada por el Ministerio de Salud a partir del criterio técnico aportado por el desarrollador, lo que ello debió ser valorado por esa entidad de previo a otorgar los permisos, así como por la Municipalidad de La Unión; b) no es legal ni sanitariamente posible verter aguas residuales a una red prevista, pues se genera un problema mayor al que se quiere solucionar, pues no existe un colector que pueda interconectarse con la urbanización, siendo que el más cercano se ubica a 5 kms de distancia y carece de condiciones para recibir aguas residuales, lo que vuelve técnicamente inviable la solución propuesta por la acá amparada; c) la solución del problema debe ser resuelta y ejecutada por los propietarios de las viviendas en coordinación con el Ministerio de Salud, o bien con el desarrollador del residencial. Aunado a lo anterior, señala que otra solución al problema podría efectuarse por medio de la contratación, por parte de los propietarios de las viviendas, de un profesional que rediseñe el tanque séptico de cada inmueble, para que este pueda operar según los parámetros técnicos establecidos para ese tipo de sistemas. De otro lado, expone que en la respuesta dada a la amparada, solamente se hizo un trazado de la línea de distancia entre el colector Florencio del Castillo y el residencial Avenida San Rafael, lo no corresponde a un proyecto que se esté desarrollando el ICAA. Sostiene que dicho colector no tiene capacidad hidráulica para el desfogue de aguas residuales. Asimismo, en la respuesta que se le dio a la recurrente se aportaron los documentos con los que cuenta el ICAA, los cuales muestran que para esa urbanización se aprobó solamente el sistema de agua potable en operación y que el sistema de alcantarillado sanitario quedó fuera de operación por no existir un colector cercano al cual conectar ese proyecto. Además, se le entregó pruebas de infiltración realizadas por el profesional contratado por el desarrollador del proyecto, por medio de las cuales y según criterio técnico, el terreno era apto para la construcción de tanques sépticos y por ende la disposición de las aguas residuales por medio de estos. Así las cosas, considera que no se han lesionado los derechos fundamentales de la amparada. Solicita que se declare sin lugar el recurso.

4.- Rinden informe, bajo juramento, Cristian Torres Garita, Christian Richmond Ballestero y Mario Portuguez Castro, por su orden, Alcalde Municipal, Director del Departamento de Recurso Hídrico y Director de la Dirección de Desarrollo y Control Urbano, todos de la Municipalidad de La Unión. Manifiestan que por oficio MILU-DRHI-301-2021, la Dirección de Desarrollo y Control Urbano indicó: “(…) 1. Que el 19 de agosto de 2020 se recibe correo electrónico por parte de la Alcaldía Municipal, indicando lo siguiente: “Adjunto sírvase encontrar la BTC-1527-2020 junto con el memorando MLU-CSM-224-2020 con documento del señor Daniel Díaz de la Junta Directiva asociación Vecinos Avenida San Rafael, para la debida atención”. 2.- Que mediante oficio MLU-DRHI-339-2020, con fecha 02 de setiembre de 2020 se da respuesta a BTC-1527-2020. 3. Que la Alcaldía, con base en el oficio MLU-DRHI-339-2020 emite el oficio MLU-DAM-1625-2020 (…) el cual recomienda lo siguiente: “(…) que la Junta Directiva Asociación de Vecinos Avenida San Rafael acuda y presenta el planteamiento objeto del presente oficio al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) (sic), siendo este instituto quien brinda actualmente el servicio de agua potable.” (…) 5. Que dentro del expediente relacionado al permiso de construcción del Proyecto Cinco Estrellas tiene la siguiente información: a. Oficio OF-97-2020, de 15 de mayo de 1997, emitido por el Ing. Luis Fernando Cervantes Umaña del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el cual indica: En atención a su carta recibida el 07 de mayo de 1977 sobre disponibilidad de agua potable y evacuación de aguas negras, para la propiedad ubicada en: Tres Río, Cartago, plano catastrado No. SJ-324896-78, a nombre de HERMANOS CASTRO TOSI. Al respecto le manifiesto lo siguiente: SI HAY DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE. NO HAY DISPONIBILIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO. b. Oficio URB-98-448 emitido por Ing. Luis Fernando Cervante Umaña del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el cual indica: Señor Juan Carlos Leiva Agüero Proyecto Urbanización Cinco Estrellas Presente Estimado Señor: En atención a su oficio y solicitud verbal, le comunico que AYA (sic) autorizó la disponibilidad de agua para la Urbanización Cinco Estrellas (La Unión de Tres Ríos) a partir del tubo de 200 mm de diámetro que va hacia la Urbanización La Carpintera y que para paralela a la marginal a Tres Ríos. c. Prueba de Infiltración para el proyecto Cinco Estrellas, la cual indica que el profesional responsable de su realización es el ingeniero Rafael Chacón P. IC-3124. d. Permiso de construcción N° 008-99-OI, otorgado por la municipalidad de La Unión en fecha 19 de agosto de 1999 (….) 6. Que el 10 de setiembre de 2020 se recibe copia correo electrónico con asunto “RV: Respuesta a documento enviado al Concejo Municipal”, emitido por la señora Natalia López Rodríguez (…) hace referencia al oficio citado en el punto anterior: “ En atención a nuestra reunión y su recomendación, hicimos la gestión ante la Municipalidad de la Unión (sic) para tratar la problemática que aqueja de nuestra (sic) comunidad, adjunto le remito el oficio de respuesta del Señor Christian Richmond Ballestero Director del Recurso Hídrico, quien entre otros datos concluye que todos los vecinos de forma individual contamos con tanque séptico en nuestros hogares, como solución al tratamiento de aguas residuales (…)”. 7- Que el 19 de mayo de 2021 se recibe correo electrónico de Natali (sic) López Rodríguez tal dirigido a Christian Richmond Ballestero (…) Asunto RV: Suelo sin capacidad de percolación (…) Me gustaría comentarles el estado actual de la problemática que nos aqueja en Avenida San Rafael, en vista que no fue posible lograr la planta de tratamiento según comunicado de la Alcaldía y tampoco la conexión a la red de alcantarillado, acorde a lo que indicó Don Manuel en el correo anterior, a la espera de la construcción del nuevo colector que llegue hasta Cinco Estrellas. Algunos vecino de fondos propios hemos gastado sumas importantes en nuestros patios, para mitigar un poco el tema de la inundación de aguas negras, pero como siempre en invierno el problema de agrava, antes proceder con el último paso, que el recurso de amparo, quería saber si de parte de alguna de las instituciones que usted representa, habrá alguna novedad que nos beneficie en estos meses, ya sea que la Municipalidad tenga recursos para financiar la planta en este sector, tal como he visto en Bethel y en Monserrat o bien que se haya avanzado en la construcción del colector, de tal forma que nos pueda brindar alguna esperanza de cambio (…)”. 9- Que en atención al correo citado en el punto anterior se presenta la siguiente respuesta: “Estimados doña Natalia y don Manuel, Coincido (sic) con las consideraciones destacadas por don Manuel en sus correos, reiterando lo destacado por esta Dirección anteriormente y por esta misma vía: 1) Que en el Residencial Avenida San Rafael existes sistemas de tratamiento individuales tipo tanque séptico como solución al tratamiento de aguas residuales, tal cual fue concebido y construido desde el inicio del proyecto. 2) Que actualmente el servicio de agua potable en el Residencial Avenida San Rafael, es dado a través del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 3) Que el planteamiento de solución mediante la construcción, operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, no puede estar en manos de la Municipalidad de La Unión, dado que, actualmente, no es el ente operador del servicio de agua en el Residencial Avenida San Rafael (…)” 10- Que tal como se expuso a la señora Natalia López Rodríguez, mediante oficio MLU-DRHI-339-2020: La Municipalidad de La Unión, como cualquier otra organización pública, debe regirse por el Principio de Legalidad (…) b. El Residencial Avenida San Rafael, es abastecido de agua potable a través del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. c. Existe varia normativa relacionada con el tema, entre ella: Ley General de Salud (…)”. e. Que tal cual lo indicaron los vecinos a través de nota enviada por el señor Daniel Díaz Presidente Junta Directiva Asociación de Vecinos Avenida San Rafael: “cada casa fue construida con tranque séptico y con prevista para ser conectada al sistema de alcantarillado del AYA (sic) (…)”. A partir de lo anterior, señalan las siguientes conclusiones: a) que en el residencial Avenida San Rafael existen sistemas de tratamiento individuales tipo tanque séptico como solución al tratamiento de aguas residuales, tal cual fue concebido y construido el proyecto, b) que el servicio de agua potable en el residencial es brindado por el ICAA, y c) que el planteamiento de solución mediante la construcción, operación y mantenimiento de una plante de tratamiento de aguas residuales no puede estar en manos de la Municipalidad de La Unión, dado que no es el ente operador del servicio de agua y alcantarillado en el residencial de cita. Solicitan que se declare sin lugar el recurso.

5.- En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado Araya García; y,

Considerando:

I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente asegura que es vecina de un residencial ubicado en el cantón de La Unión, provincia de Cartago, el cual tiene problemas de tratamiento de aguas residuales, ante lo cual ha presentado múltiples gestiones ante la municipalidad del cantón y ante el ICAA; empero, tales entidades no han brindado una solución al problema de cita.

II.- HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:

  • 1)La amparada es vecina de Residencial Avenida San Rafael, también conocido como Cinco Estrellas, desde el mes de abril de 2019 (hecho no controvertido).
  • 2)Para la construcción del residencial, se gestionó ante al ICCA la disponibilidad de agua potable y de alcantarillado sanitario, siendo que esa institución, mediante oficio FO-97-2020 de 15 de mayo de 1997, indicó que sí había disponibilidad de agua potable, no así de alcantarillado sanitario (informes y pruebas aportadas).
  • 3)La Municipalidad de La Unión otorgó el permiso de construcción No. 008-99-OI de 19 de agosto de 1999, para el desarrollo de la urbanización supra citada, con el aval del Ministerio de Salud en cuanto al tratamiento de aguas residuales o aguas negras por medio de tanques sépticos individuales (informes y pruebas aportadas).
  • 4)La aprobación de tratamiento de aguas residuales o aguas negras por medio de tanque sépticos se basó en la prueba de infiltración efectuada por el ingeniero a cargo del proyecto, quien indicó que el terreno era apto para la construcción del dispositivo de disposición de las aguas mencionadas (informes y pruebas aportadas).
  • 5)Con el paso del tiempo, los dispositivos de tanques sépticos de las viviendas de Residencial Avenida San Rafael han presentado problemas operativos, con la consecuencia de desbordamiento y expedición de malos olores (informes rendidos).
  • 6)Desde su construcción, el Residencial Avenida San Rafael ha recibido el servicio de agua potable por medio del ICAA ( informes rendidos).
  • 7)En fecha 22 de julio de 2020, la Asociación de Vecinos del Residencial Avenida San Rafael interpuso ante la Municipalidad de La Unión una gestión solicitando la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (informes y pruebas aportadas).
  • 8)Mediante oficio MLU-DRHI-339-2020 de 2 de setiembre de 2021, las autoridades de la Municipalidad de La Unión indicaron que no es posible la construcción de una planta de tratamiento, toda vez que esa corporación no es operador del servicio de agua potable, el cual está a cargo del ICAA, institución que debería valorar la procedencia de dicha obra, así como que cada vivienda en el residencial cuenta con tanque séptico (informes y pruebas aprobadas).
  • 9)En fechas 10 de setiembre de 2020 y 19 de mayo de 2021, la recurrente planteó gestiones ante la Municipalidad de La Unión insistiendo la solicitud de la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras, siendo que las autoridades de la institución reiteraron el criterio vertido en el oficio MLU-DRHI-339-2020 de 2 de setiembre de 2021 (informes y pruebas aportadas).
  • 10)La gestión planteada por la recurrente en fecha 10 de setiembre de 2020, fue respondida por las autoridades de la municipalidad el mismo día, siendo que se le remitió el oficio No. MLU-DRHI-339-2020 (informes y prueba aportada).
  • 11)La gestión interpuesta por la recurrente el 19 de mayo de 2021 fue respondida por la municipalidad el día 20 del mismo mes, reiterándole lo dispuesto en el oficio MLU-DRHI-339-2020 y el criterio de esa corporación en cuanto a la imposibilidad de construir una plante de tratamiento (informes y prueba aportada).
  • 12)Sin precisar fecha, la recurrente y la Asociación de Vecinos del Residencial Avenida San Rafael interpuso una gestión ante el ICAA, solicitando la conexión de la red de aguas negras del residencial a la red de alcantarillado público (informes y pruebas aportadas).
  • 13)El ICAA rechazó la gestión a partir de las siguientes razones: a) en el residencial Avenida San Rafael existen sistemas de tratamiento individuales tipo tanque séptico, tal como fue aprobado en su proyecto de construcción y como había venido funcionando, b) no es legal ni sanitariamente posible verter aguas residuales a una red prevista, pues se genera un problema mayor al que se quiere solucionar, pues no existe un colector que pueda interconectarse con la urbanización, siendo que el más cercano se ubica a 5 kms de distancia y carece de condiciones para recibir aguas residuales, c) la solución del problema debe ser resuelta y ejecutada por los propietarios de las viviendas en coordinación con el Ministerio de Salud, o bien con el desarrollador del residencial (informes y pruebas aportadas).

III.- SOBRE LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS NEGRAS. Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras. En ese sentido, este Tribunal Constitucional ha sido del criterio que, tanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como a las Municipalidades y al Ministerio de Salud, les corresponde -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia-, velar por la debida recolección, tratamiento y disposición final de tales aguas. Así, en el caso específico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, su propia Ley Constitutiva -Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas-, dispone lo siguiente:

“Artículo 1.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.” Por lo que a dicha institución le corresponde, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de ese mismo cuerpo normativo “(…) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (…)”. En lo referente a las Municipalidades, debe indicarse que el artículo 169 de la Constitución Política le otorga a estas la competencia para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad, como derivación de su deber de administrar los intereses y servicios locales en cada cantón. En razón de lo anterior, corresponde a cada municipio establecer una política integral de planteamiento urbano, que garantice un desarrollo en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. De igual forma, la Ley General de Salud -Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973-, dispone, en su artículo 2°, que le corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. Igualmente, el artículo 341 de la referida ley establece, dentro de las atribuciones del Ministerio de Salud, la de ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esa normativa para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. En cuanto al tema específico, la Ley General de Salud, en su Libro 1, Título 3, Capítulo 3, “ De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas”, dispone -en lo conducente-, lo siguiente:

“ Artículo 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.” “Artículo 287.- Toda persona, natural o jurídica, propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.” “ Artículo 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.” IV.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el sub-examine, de los informes rendidos por las autoridades recurridas, así como la relación del cuadro de hechos probados, se acredita que desde el mes abril de 2019 (sin precisar fecha exacta), la amparada es vecina de Residencial Avenida San Rafael, el cual fue construido entre los años 1999 y el año 2000, y que en la actualidad presenta problemas con el tratamiento de aguas negras por mal funcionamiento de tanques sépticos.

De previo a la su construcción, el desarrollador gestionó ante al ICCA la disponibilidad de agua potable y de alcantarillado sanitario, siendo que esa institución, mediante oficio FO-97-2020 de 15 de mayo de 1997, indicó que sí había disponibilidad de agua potable, no así de alcantarillado sanitario. No obstante, el ingeniero a cargo del proyecto, presentó una prueba de infiltración en la que se indicó que las aguas negras podrían ser tratadas por medio de tanques sépticos individuales, pues el terreno era apto para la construcción de dicho dispositivo. Este criterio técnico fue aprobado por las autoridades de la Municipalidad de La Unión, la cual otorgó el permiso de construcción No. 008-99-OI de 19 de agosto de 1999, para el desarrollo de la urbanización supra citada, con el aval del Ministerio de Salud en cuanto al tratamiento de aguas residuales o aguas negras por medio de tanques sépticos individuales. A partir de lo anterior, en un primera consideración, se tiene que con claridad y de previo al desarrollo del proyecto, el ICAA rechazó la solicitud de disponibilidad de alcantarillado sanitario. Sin embargo, con el fin de continuar con el proyecto, la empresa desarrolladora gestionó los permisos aportando un criterio técnico señalando que era posible tratar las aguas negras por medio de tanques sépticos pues el terreno contaba con condiciones adecuadas para ello. Aunado a esto, es menester señalar que tales dispositivos han sido indicados como medios adecuados para el tratamiento de aguas negras, en decretos E-39887-S-MINAE, DE-42075-S-MINAE y DE-39616-S-MINAE emitidos por el Ministerio de Ambiente y Energía. Así, se tiene que desde un inicio las autoridades recurridas advirtieron la imposibilidad de tratar las aguas negras del residencial por medio de un sistema público, pero el desarrollador aportó estudios que avalaban la posibilidad de construir tanques sépticos en cada vivienda. En consideración de ello y en el contexto de este recurso de amparo, se tiene que tanto el ICAA como la Municipalidad de La Unión no tienen responsabilidad alguna en el mal funcionamiento de los dispositivos para el tratamiento de aguas negras y por el contrario, se tiene que desde un inicio tomaron decisiones en las que se dejaron claras las posibilidades para tales fines.

De otra parte, se tiene que pasado algunos años, los sistemas de tanque séptico han estado presentando fallos, por lo que los propietarios de viviendas en la urbanización supra citada, por medio de la Asociación de Vecinos del Residencial Avenida San Rafael, han pretendido ante la municipalidad recurrida y el ICAA dos soluciones a la problemática de cita, sea: a) ante la corporación municipal para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, y b) ante el ICAA la conexión de la red de aguas negras del residencial a la red de alcantarillado público. Sin embargo, tales gestiones han sido denegadas, a partir de lo siguiente:

a.- La Municipalidad de La Unión, mediante oficio MLU-DRHI-339-2020 de 2 de setiembre de 2021, indicó que no es posible la construcción de una planta de tratamiento, toda vez que esa corporación no es operador del servicio de agua potable, el cual está a cargo del ICAA, institución que debería valorar la procedencia de dicha obra, así como que cada vivienda en el residencial cuanta con tanque séptico. Así, se tiene que desde el inicio del residencial, es el ICAA quien ha brindado el servicio de agua potable, por lo que le correspondería a esa entidad la administración y operación de los sistemas de recolección y evacuación de aguas negras, excepto en aquellos casos que estén siendo administrados y operados por un ente municipal o en caso que estos residuos sean tratados por medio de sistemas individuales, tal como ocurre en el caso concreto.

b.- Por su parte, el ICAA rechazó la gestión a partir de las siguientes razones: 1) en el residencial Avenida San Rafael existen sistemas de tratamiento individuales tipo tanque séptico, tal como fue aprobado en su proyecto de construcción y como había venido funcionando, 2) no es legal ni sanitariamente posible verter aguas residuales a una red prevista, pues se genera un problema mayor al que se quiere solucionar, pues no existe un colector que pueda interconectarse con la urbanización, siendo que el más cercano se ubica a 5 kms de distancia y carece de condiciones para recibir aguas residuales, c) la solución del problema debe ser resuelta y ejecutada por los propietarios de las viviendas en coordinación con el Ministerio de Salud, o bien con el desarrollador del residencial.

A partir de lo anterior, se tiene que el rechazo de las gestiones presentadas por la recurrente y por la Asociación de Vecinos de Residencial Avenida San Rafael, no se debe a cuestiones arbitrarias y antojadizas, sino que obedecen a cuestiones técnicas y a lo dispuesto en la normativa infra constitucional. Así, se tiene que entre las razones técnicas se encuentran las siguientes:

a.- La Municipalidad no es el operador que presta el servicio de agua potable, sino que es el ICAA, institución que en caso que existiera posibilidad, debería dar tratamiento a las aguas negras.

b.- No obstante lo anterior, desde la gestión de permisos de construcción del residencial, el ICAA indicó que no había disponibilidad de tratamiento de aguas residuales.

c.- Ante la falta de disponibilidad de alcantarillado sanitario, el desarrollador del proyecto presentó estudios técnicos que indicaban la viabilidad de construir el residencial con viviendas que tuviesen su tanque séptico, siendo que a partir de ello se entregaron los respectivos permisos constructivos.

d.- El ICAA ha rechazado la posibilidad de conectar de la red de aguas negras del residencial a la red de alcantarillado público porque ello supone un riesgo de contaminación ambiental, pues no existe un colector que pueda interconectarse con la urbanización (lo que se advirtió desde el inicio del proyecto), siendo que el más cercano se ubica a 5 kms de distancia, carece de condiciones para recibir aguas residuales y además presenta limitación hidráulica por la cantidad de metros cúbicos de aguas servidas que discurren por el mismo.

Así las cosas, más que la arbitrariedad de las entidades recurridas en sus decisiones, se tiene que estas han sido tomadas de acuerdo a criterios técnicos y con el fin de no causar un daño mayor al ambiente, en apego a lo indicado en el considerando tercero de este pronunciamiento. De tal forma, no es posible establecer alguna responsabilidad por parte de los entes acá recurridos en el problema denunciado por la recurrente y por el contrario, es esta, al igual que el resto de vecinos del residencial, quienes tienen la obligación de velar por el buen funcionamiento de los tanques sépticos instalados en cada una de sus propiedades, de conformidad con lo indicado en los artículos 287 y 288 de la Ley General de Salud.

En virtud de lo anterior, se descarta que, en la especie, se hayan lesionado los derechos fundamentales de la amparada. Ergo, se declara sin lugar el recurso. Esto, sin perjuicio de que acudan ante la vía común en caso de que considere que existe alguna situación de mejor derecho a su favor.

V.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso.

Fernando Castillo V.

Nancy Hernández L.

Jorge Araya G.

Ana María Picado B.

Mauricio Chacón J.

Hubert Fernández A.

Ileana Sánchez N.

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley General de Salud (Ley No. 5395) Art. 285
    • Ley General de Salud (Ley No. 5395) Art. 287
    • Ley General de Salud (Ley No. 5395) Art. 288
    • Ley Constitutiva del ICAA (Ley No. 2726) Art. 1
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    • Constitución Política Art. 169

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