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Res. 14415-2021 Sala Constitucional · Sala Constitucional · 25/06/2021
OutcomeResultado
The amparo petition is denied as no violation of fundamental rights was proven, given that the decisions of the respondent entities were based on technical criteria and not on arbitrariness.Se declara sin lugar el recurso de amparo por no acreditarse lesión a derechos fundamentales, al basarse las decisiones de las entidades recurridas en criterios técnicos y no en arbitrariedad.
SummaryResumen
The Constitutional Chamber denies an amparo petition filed by a resident of a housing development in La Unión, who alleged violation of her fundamental rights due to the lack of a solution for wastewater treatment problems. The petitioner argued that the individual septic tanks in the development were failing and requested either the Municipality to build a treatment plant or the ICAA to connect the development to the public sewer system. The Court determined that from the project's approval in 1999, the ICAA had warned there was no availability of a sanitary sewer; wastewater treatment relied on individual septic tanks, endorsed by the Ministry of Health and infiltration studies. The Municipality rejected building a treatment plant because it is not the water service operator, while the ICAA denied connection to the public network because there is no nearby collector and due to contamination risk. The Court concludes that the authorities' decisions were based on technical criteria, not arbitrary, so no fundamental rights were violated. The obligation to maintain the septic tanks falls on the property owners, in accordance with Articles 287 and 288 of the General Health Law. The ruling reaffirms the division of responsibilities among the ICAA, municipalities, and the Ministry of Health for wastewater collection and treatment.La Sala Constitucional declara sin lugar un recurso de amparo interpuesto por una vecina de un residencial en La Unión, quien alegó violación a sus derechos fundamentales por la falta de solución al problema de aguas residuales. La recurrente señaló que los tanques sépticos individuales de la urbanización presentaban fallos, y solicitó a la Municipalidad la construcción de una planta de tratamiento o al ICAA la conexión al alcantarillado público. La Sala determinó que desde la aprobación del proyecto en 1999, el ICAA advirtió que no había disponibilidad de alcantarillado sanitario, y el tratamiento de aguas negras se basó en tanques sépticos individuales, avalados por el Ministerio de Salud y estudios de infiltración. La Municipalidad rechazó construir una planta por no ser operador del servicio de agua, mientras el ICAA denegó la conexión a red pública por no existir colector cercano y por el riesgo de contaminación. La Sala concluye que las decisiones de las autoridades se basaron en criterios técnicos y no fueron arbitrarias, por lo que no hay lesión a derechos fundamentales. La obligación de mantener los tanques sépticos recae en los propietarios, conforme a los artículos 287 y 288 de la Ley General de Salud. La sentencia reafirma la distribución de competencias entre ICAA, municipalidades y Ministerio de Salud en la recolección y tratamiento de aguas residuales.
Key excerptExtracto clave
In the sub-examine, from the reports rendered by the respondent authorities and the relation of the proven facts, it is established that since April 2019 (without specifying an exact date), the petitioner has been a resident of Residencial Avenida San Rafael, which was built between 1999 and 2000, and currently has problems with wastewater treatment due to malfunctioning septic tanks. [...] Prior to its construction, the developer managed before the ICAA the availability of drinking water and sanitary sewer, and that institution, through official communication FO-97-2020 dated May 15, 1997, indicated that there was availability of drinking water, but not of sanitary sewer. [...] Thus, rather than arbitrariness by the respondent entities in their decisions, it is found that these were made based on technical criteria and in order to avoid causing greater environmental harm, in accordance with what is stated in the third considering clause of this pronouncement. Therefore, it is not possible to establish any responsibility on the part of the entities here respondent for the problem denounced by the petitioner; on the contrary, it is she, like the rest of the residents of the development, who have the obligation to ensure the proper functioning of the septic tanks installed on each of their properties, in accordance with the provisions of Articles 287 and 288 of the General Health Law.En el sub-examine, de los informes rendidos por las autoridades recurridas, así como la relación del cuadro de hechos probados, se acredita que desde el mes abril de 2019 (sin precisar fecha exacta), la amparada es vecina de Residencial Avenida San Rafael, el cual fue construido entre los años 1999 y el año 2000, y que en la actualidad presenta problemas con el tratamiento de aguas negras por mal funcionamiento de tanques sépticos. [...] De previo a la su construcción, el desarrollador gestionó ante al ICCA la disponibilidad de agua potable y de alcantarillado sanitario, siendo que esa institución, mediante oficio FO-97-2020 de 15 de mayo de 1997, indicó que sí había disponibilidad de agua potable, no así de alcantarillado sanitario. [...] Así las cosas, más que la arbitrariedad de las entidades recurridas en sus decisiones, se tiene que estas han sido tomadas de acuerdo a criterios técnicos y con el fin de no causar un daño mayor al ambiente, en apego a lo indicado en el considerando tercero de este pronunciamiento. De tal forma, no es posible establecer alguna responsabilidad por parte de los entes acá recurridos en el problema denunciado por la recurrente y por el contrario, es esta, al igual que el resto de vecinos del residencial, quienes tienen la obligación de velar por el buen funcionamiento de los tanques sépticos instalados en cada una de sus propiedades, de conformidad con lo indicado en los artículos 287 y 288 de la Ley General de Salud.
Pull quotesCitas destacadas
"Así las cosas, más que la arbitrariedad de las entidades recurridas en sus decisiones, se tiene que estas han sido tomadas de acuerdo a criterios técnicos y con el fin de no causar un daño mayor al ambiente, en apego a lo indicado en el considerando tercero de este pronunciamiento."
"Thus, rather than arbitrariness by the respondent entities in their decisions, it is found that these were made based on technical criteria and in order to avoid causing greater environmental harm, in accordance with what is stated in the third considering clause of this pronouncement."
Considerando IV
"Así las cosas, más que la arbitrariedad de las entidades recurridas en sus decisiones, se tiene que estas han sido tomadas de acuerdo a criterios técnicos y con el fin de no causar un daño mayor al ambiente, en apego a lo indicado en el considerando tercero de este pronunciamiento."
Considerando IV
"De tal forma, no es posible establecer alguna responsabilidad por parte de los entes acá recurridos en el problema denunciado por la recurrente y por el contrario, es esta, al igual que el resto de vecinos del residencial, quienes tienen la obligación de velar por el buen funcionamiento de los tanques sépticos instalados en cada una de sus propiedades, de conformidad con lo indicado en los artículos 287 y 288 de la Ley General de Salud."
"Therefore, it is not possible to establish any responsibility on the part of the entities here respondent for the problem denounced by the petitioner; on the contrary, it is she, like the rest of the residents of the development, who have the obligation to ensure the proper functioning of the septic tanks installed on each of their properties, in accordance with the provisions of Articles 287 and 288 of the General Health Law."
Considerando IV
"De tal forma, no es posible establecer alguna responsabilidad por parte de los entes acá recurridos en el problema denunciado por la recurrente y por el contrario, es esta, al igual que el resto de vecinos del residencial, quienes tienen la obligación de velar por el buen funcionamiento de los tanques sépticos instalados en cada una de sus propiedades, de conformidad con lo indicado en los artículos 287 y 288 de la Ley General de Salud."
Considerando IV
"Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras."
"In order to effectively comply with the protection of a healthy and ecologically balanced environment, the State, understood in a broad sense, has the duty to provide the necessary measures so that in the country's communities timely and effective treatment of wastewater is provided."
Considerando III
"Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras."
Considerando III
Full documentDocumento completo
Constitutional Chamber Date of Resolution: 25 June 2021 at 09:15 Reviewed by: CONSTITUTIONAL CHAMBER *210106350007CO* CONSTITUTIONAL CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at nine hours and fifteen minutes on the twenty-fifth of June, two thousand twenty-one.
Amparo appeal processed in expediente number 21-010635-0007-CO, filed by NATALIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, identity card number 0111860315, against the COSTA RICAN INSTITUTE OF AQUEDUCTS AND SEWERS -ICAA- and the MUNICIPALITY OF LA UNIÓN.
Considering:
Drafted by Magistrate Araya García; and,
Considering:
The appellant asserts that she is a resident of a residential development located in the canton of La Unión, province of Cartago, which has problems with wastewater treatment, in response to which she has filed multiple requests before the municipality of the canton and before the ICAA; however, these entities have not provided a solution to the aforementioned problem.
Of importance for the decision in this matter, the following facts are deemed duly demonstrated, either because they have been accredited or because the respondent has omitted to refer to them, as provided for in the initial order:
To effectively fulfill the protection of a healthy and ecologically balanced environment, the State, understood in a broad sense, has the duty to take the necessary measures so that communities in the country are provided timely and effective treatment of black water (aguas negras). In this sense, this Constitutional Court has been of the opinion that both the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, as well as the Municipalities and the Ministry of Health, are responsible—within their respective areas of competence—for ensuring the proper collection, treatment, and final disposal of such waters. Thus, in the specific case of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers, its own Constitutive Law – Law No. 2726 of 14 April 1961 and its amendments – provides the following:
"Article 1.- For the purpose of directing, setting policies, establishing and applying standards, conducting and promoting planning, financing, and development, and resolving everything related to the supply of drinking water and the collection and evacuation of black water (aguas negras) and liquid industrial waste, as well as the regulatory aspect of storm sewerage systems in urban areas, for the entire national territory, the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers is created, as an autonomous institution of the State." Therefore, this institution is responsible, in accordance with the provisions of Article 2 of the same legal body, "(...) To direct and supervise everything concerning the provision to the inhabitants of the republic of a service of drinking water, collection and evacuation of black water (aguas negras) and liquid industrial waste, and storm water (aguas pluviales) in urban areas (...)".
Regarding the Municipalities, it must be indicated that Article 169 of the Political Constitution grants them the competence to plan and supervise the urban development of their locality, as a derivation of their duty to administer the local interests and services in each canton. Consequently, it falls to each municipality to establish a comprehensive urban planning policy that guarantees development in congruence with the efficient functioning of a system for the provision of drinking water and the collection, treatment, and final disposal of black water (aguas negras). Similarly, the General Health Law (Ley General de la Salud) – Law No. 5395 of 30 October 1973 – provides, in its Article 2, that the Executive Power, through the Ministry of Health, is responsible for defining the national health policy, the regulation, planning, and coordination of all public and private health activities, as well as the execution of those activities that fall under its competence according to the law.
Likewise, Article 341 of the aforementioned law establishes, within the powers of the Ministry of Health, the power to order and take the special measures enabled by that regulation to avoid risk or damage to the health of individuals or for said risks or damages to spread or worsen, and to inhibit the continuation or recurrence in the infringement by private parties. Regarding the specific topic, the General Health Law (Ley General de la Salud), in its Book 1, Title 3, Chapter 3, "On obligations and restrictions for the sanitary evacuation of excreta and wastewater (aguas servidas)", provides - where relevant - the following:
"Article 285.- Excreta, black water (aguas negras), wastewater (aguas servidas), and storm water (aguas pluviales) must be eliminated adequately and sanitarily in order to avoid contamination of the soil and natural water sources for human use and consumption, the formation of breeding sites for vectors and diseases, and air contamination through conditions that threaten its purity or quality." "Article 287.- Every person, natural or legal, who owns dwellings or establishments or buildings in which people carry out their activities, shall be responsible for ensuring that such properties have an excreta and black water and wastewater (aguas negras y servidas) disposal system approved by the Ministry, and the users of dwellings, establishments, or buildings shall be obliged to maintain said system in good operating condition." "Article 288.- Every owner is obliged to connect the excreta, black water and wastewater (aguas negras y servidas) elimination system of their property to the sanitary sewer system (alcantarillado sanitario) in places where it is in operation, except in cases of exception that the relevant regulations recognize as appropriate."
In the sub-examine, from the reports rendered by the respondent authorities, as well as the list of proven facts, it is accredited that since the month of April 2019 (without specifying the exact date), the protected party has been a resident of Residencial Avenida San Rafael, which was built between the years 1999 and 2000, and which currently presents problems with the treatment of black water (aguas negras) due to the malfunctioning of septic tanks (tanques sépticos).
Prior to its construction, the developer requested from the ICCA the availability of drinking water and sanitary sewerage, and that institution, through official note FO-97-2020 of 15 May 1997, indicated that there was availability of drinking water, but not of sanitary sewerage. However, the engineer in charge of the project presented an infiltration test (prueba de infiltración) in which it was indicated that the black water (aguas negras) could be treated by means of individual septic tanks (tanques sépticos), as the land was suitable for the construction of said device. This technical opinion was approved by the authorities of the Municipality of La Unión, which granted construction permit No. 008-99-OI of 19 August 1999, for the development of the aforementioned urbanization, with the endorsement of the Ministry of Health regarding the treatment of wastewater or black water (aguas negras) by means of individual septic tanks (tanques sépticos).
Based on the foregoing, as a first consideration, it is clear that prior to the development of the project, the ICAA rejected the request for the availability of sanitary sewerage. However, in order to continue with the project, the developing company processed the permits by providing a technical opinion stating that it was possible to treat the black water (aguas negras) through septic tanks (tanques sépticos) because the land had adequate conditions for this. In addition to this, it is necessary to point out that such devices have been indicated as suitable means for the treatment of black water (aguas negras) in decrees E-39887-S-MINAE, DE-42075-S-MINAE and DE-39616-S-MINAE issued by the Ministry of Environment and Energy. Thus, from the beginning, the respondent authorities warned of the impossibility of treating the black water (aguas negras) from the residential development through a public system, but the developer provided studies endorsing the possibility of building septic tanks (tanques sépticos) in each dwelling.
In consideration of this and in the context of this amparo appeal, it is held that neither the ICAA nor the Municipality of La Unión bear any responsibility for the malfunctioning of the black water (aguas negras) treatment devices, and on the contrary, it is held that from the beginning they made decisions in which the possibilities for such purposes were made clear.
On the other hand, it is held that after some years, the septic tank (tanque séptico) systems have been presenting failures, so the owners of dwellings in the aforementioned urbanization, through the Residents' Association of Residencial Avenida San Rafael, have sought two solutions from the respondent municipality and the ICAA for the aforementioned problem, namely: a) from the municipal corporation, the construction of a wastewater treatment plant, and b) from the ICAA, the connection of the residential development's black water (aguas negras) network to the public sewerage network (red de alcantarillado). However, such requests have been denied, based on the following:
a.- The Municipality of La Unión, through official note MLU-DRHI-339-2020 of 2 September 2021, indicated that the construction of a treatment plant is not possible, since that corporation is not the operator of the drinking water service, which is under the responsibility of the ICAA, an institution that should assess the feasibility of said work, as well as that each dwelling in the residential development has a septic tank (tanque séptico).
Thus, it is established that since the inception of the residential development, it is the ICAA that has provided potable water service, and therefore that entity would be responsible for the administration and operation of the systems for collecting and evacuating blackwater, except in those cases where they are being administered and operated by a municipal entity or in the event that these wastes are treated by means of individual systems, as occurs in the specific case.
b.- For its part, the ICAA rejected the request based on the following reasons: 1) in the Residencial Avenida San Rafael there are individual treatment systems of the septic tank type, as was approved in its construction project and as it had been functioning, 2) it is neither legally nor sanitarily possible to discharge wastewater into a planned network, as this generates a greater problem than the one intended to be solved, since there is no collector that can interconnect with the urbanization, with the nearest one being located 5 km away and lacking the conditions to receive wastewater, c) the solution to the problem must be resolved and executed by the homeowners in coordination with the Ministry of Health, or with the developer of the residential complex.
Based on the foregoing, it is established that the rejection of the requests filed by the appellant and by the Neighbors' Association of Residencial Avenida San Rafael is not due to arbitrary and capricious reasons, but rather stems from technical issues and the provisions of infra-constitutional regulations. Thus, the technical reasons include the following:
a.- The Municipality is not the operator providing the potable water service; rather, it is the ICAA, an institution that, should the possibility exist, would have to treat the blackwater.
b.- Notwithstanding the foregoing, from the stage of applying for construction permits for the residential development, the ICAA indicated that there was no availability for wastewater treatment.
c.- In the absence of availability of a sanitary sewer system (alcantarillado sanitario), the project developer submitted technical studies indicating the feasibility of building the residential development with homes having their own septic tank, and based on this, the respective construction permits were issued.
d.- The ICAA has rejected the possibility of connecting the residential development's blackwater network to the public sewer network because this poses a risk of environmental contamination, as there is no collector that can interconnect with the urbanization (which was warned of from the beginning of the project), with the nearest one being located 5 km away, lacking the conditions to receive wastewater, and additionally presenting hydraulic limitations due to the quantity of cubic meters of sewage that flows through it.
Therefore, rather than arbitrariness on the part of the respondent entities in their decisions, it is established that these have been made according to technical criteria and with the aim of not causing greater harm to the environment, in compliance with what is indicated in the third whereas clause (considerando) of this ruling. Thus, it is not possible to establish any liability on the part of the entities challenged herein for the problem denounced by the appellant; on the contrary, it is the appellant, like the rest of the neighbors of the residential development, who have the obligation to ensure the proper functioning of the septic tanks installed on each of their properties, in accordance with what is indicated in Articles 287 and 288 of the General Health Law (Ley General de Salud).
By virtue of the foregoing, it is ruled out that, in the instant case, the fundamental rights of the petitioner (amparada) have been violated. Ergo, the appeal (recurso) is declared without merit. This is without prejudice to her resorting to ordinary courts should she consider that some situation of better right exists in her favor.
The parties are warned that if any document was provided on paper, as well as objects or evidence contained in any additional electronic, computer, magnetic, optical, telematic, or new-technology-produced device, these must be removed from the office within a maximum period of 30 business days counted from the notification of this judgment. Otherwise, all material not removed within this period will be destroyed, pursuant to the provisions in the "Regulations on the Electronic Case File before the Judicial Branch" (Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial), approved by the Full Court (Corte Plena) in session No. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI, and published in Judicial Bulletin (Boletín Judicial) number 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Superior Council of the Judicial Branch (Consejo Superior del Poder Judicial), in session No. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.
Therefore (Por tanto):
The appeal (recurso) is declared without merit.
Fernando Castillo V.
President (Presidente) Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Ana María Picado B.
Mauricio Chacón J.
Hubert Fernández A.
Ileana Sánchez N.
*JMACTSMH50C61* 1
*210106350007CO* SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas quince minutos del veinticinco de junio de dos mil veintiuno .
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 21-010635-0007-CO, interpuesto por NATALIA LÓPEZ RODRÍGUEZ, cédula de identidad 0111860315, contra INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS -ICAA- y MUNICIPALIDAD DE LA UNION.
Resultando:
Redacta el Magistrado Araya García; y,
Considerando:
La recurrente asegura que es vecina de un residencial ubicado en el cantón de La Unión, provincia de Cartago, el cual tiene problemas de tratamiento de aguas residuales, ante lo cual ha presentado múltiples gestiones ante la municipalidad del cantón y ante el ICAA; empero, tales entidades no han brindado una solución al problema de cita.
De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos, según lo prevenido en el auto inicial:
Para cumplir, efectivamente, con la protección a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado, entendido en sentido amplio, está en el deber de disponer de las medidas necesarias para que en las comunidades del país se brinde tratamiento oportuno y efectivo a las aguas negras. En ese sentido, este Tribunal Constitucional ha sido del criterio que, tanto al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como a las Municipalidades y al Ministerio de Salud, les corresponde -dentro de sus respectivos ámbitos de competencia-, velar por la debida recolección, tratamiento y disposición final de tales aguas. Así, en el caso específico del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, su propia Ley Constitutiva -Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961 y sus reformas-, dispone lo siguiente:
“Artículo 1.- Con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio nacional se crea el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del Estado.” Por lo que a dicha institución le corresponde, conforme a lo dispuesto en el artículo 2° de ese mismo cuerpo normativo “(…) Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas (…)”. En lo referente a las Municipalidades, debe indicarse que el artículo 169 de la Constitución Política le otorga a estas la competencia para planificar y vigilar el desarrollo urbano de su localidad, como derivación de su deber de administrar los intereses y servicios locales en cada cantón.
En razón de lo anterior, corresponde a cada municipio establecer una política integral de planteamiento urbano, que garantice un desarrollo en congruencia con el funcionamiento eficiente de un sistema de provisión de agua potable y de recolección, tratamiento y disposición final de las aguas negras. De igual forma, la Ley General de Salud -Ley No. 5395 de 30 de octubre de 1973-, dispone, en su artículo 2°, que le corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la normación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley. Igualmente, el artículo 341 de la referida ley establece, dentro de las atribuciones del Ministerio de Salud, la de ordenar y tomar las medidas especiales que habilita esa normativa para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas o que éstos se difundan o se agraven y para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares.
En cuanto al tema específico, la Ley General de Salud, en su Libro 1, Título 3, Capítulo 3, “ De las obligaciones y restricciones para la evacuación sanitaria de excretas y aguas servidas”, dispone -en lo conducente-, lo siguiente:
“ Artículo 285.- Las excretas, las aguas negras, las servidas y las pluviales, deberán ser eliminadas adecuada y sanitariamente a fin de evitar la contaminación del suelo y de las fuentes naturales de agua para el uso y consumo humano, la formación de criaderos de vectores y enfermedades y la contaminación del aire mediante condiciones que atenten contra su pureza o calidad.” “Artículo 287.- Toda persona, natural o jurídica, propietaria de viviendas o de establecimientos o edificios en que las personas desarrollen sus actividades, responderá de que tales bienes dispongan de un sistema de disposición de excretas y de aguas negras y servidas aprobado por el Ministerio y los usuarios de viviendas, establecimientos o edificios estarán obligados a mantener dicho sistema en buenas condiciones de funcionamiento.” “ Artículo 288.- Todo propietario queda obligado a conectar el sistema de eliminación de excretas de aguas negras y servidas de su propiedad al alcantarillado sanitario en los lugares en que éste estuviera en funcionamiento, salvo en los casos de excepción que los reglamentos pertinentes reconozcan como procedentes.”
En el sub-examine, de los informes rendidos por las autoridades recurridas, así como la relación del cuadro de hechos probados, se acredita que desde el mes abril de 2019 (sin precisar fecha exacta), la amparada es vecina de Residencial Avenida San Rafael, el cual fue construido entre los años 1999 y el año 2000, y que en la actualidad presenta problemas con el tratamiento de aguas negras por mal funcionamiento de tanques sépticos.
De previo a la su construcción, el desarrollador gestionó ante al ICCA la disponibilidad de agua potable y de alcantarillado sanitario, siendo que esa institución, mediante oficio FO-97-2020 de 15 de mayo de 1997, indicó que sí había disponibilidad de agua potable, no así de alcantarillado sanitario. No obstante, el ingeniero a cargo del proyecto, presentó una prueba de infiltración en la que se indicó que las aguas negras podrían ser tratadas por medio de tanques sépticos individuales, pues el terreno era apto para la construcción de dicho dispositivo. Este criterio técnico fue aprobado por las autoridades de la Municipalidad de La Unión, la cual otorgó el permiso de construcción No. 008-99-OI de 19 de agosto de 1999, para el desarrollo de la urbanización supra citada, con el aval del Ministerio de Salud en cuanto al tratamiento de aguas residuales o aguas negras por medio de tanques sépticos individuales.
A partir de lo anterior, en un primera consideración, se tiene que con claridad y de previo al desarrollo del proyecto, el ICAA rechazó la solicitud de disponibilidad de alcantarillado sanitario. Sin embargo, con el fin de continuar con el proyecto, la empresa desarrolladora gestionó los permisos aportando un criterio técnico señalando que era posible tratar las aguas negras por medio de tanques sépticos pues el terreno contaba con condiciones adecuadas para ello. Aunado a esto, es menester señalar que tales dispositivos han sido indicados como medios adecuados para el tratamiento de aguas negras, en decretos E-39887-S-MINAE, DE-42075-S-MINAE y DE-39616-S-MINAE emitidos por el Ministerio de Ambiente y Energía. Así, se tiene que desde un inicio las autoridades recurridas advirtieron la imposibilidad de tratar las aguas negras del residencial por medio de un sistema público, pero el desarrollador aportó estudios que avalaban la posibilidad de construir tanques sépticos en cada vivienda.
En consideración de ello y en el contexto de este recurso de amparo, se tiene que tanto el ICAA como la Municipalidad de La Unión no tienen responsabilidad alguna en el mal funcionamiento de los dispositivos para el tratamiento de aguas negras y por el contrario, se tiene que desde un inicio tomaron decisiones en las que se dejaron claras las posibilidades para tales fines.
De otra parte, se tiene que pasado algunos años, los sistemas de tanque séptico han estado presentando fallos, por lo que los propietarios de viviendas en la urbanización supra citada, por medio de la Asociación de Vecinos del Residencial Avenida San Rafael, han pretendido ante la municipalidad recurrida y el ICAA dos soluciones a la problemática de cita, sea: a) ante la corporación municipal para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, y b) ante el ICAA la conexión de la red de aguas negras del residencial a la red de alcantarillado público. Sin embargo, tales gestiones han sido denegadas, a partir de lo siguiente:
a.- La Municipalidad de La Unión, mediante oficio MLU-DRHI-339-2020 de 2 de setiembre de 2021, indicó que no es posible la construcción de una planta de tratamiento, toda vez que esa corporación no es operador del servicio de agua potable, el cual está a cargo del ICAA, institución que debería valorar la procedencia de dicha obra, así como que cada vivienda en el residencial cuanta con tanque séptico. Así, se tiene que desde el inicio del residencial, es el ICAA quien ha brindado el servicio de agua potable, por lo que le correspondería a esa entidad la administración y operación de los sistemas de recolección y evacuación de aguas negras, excepto en aquellos casos que estén siendo administrados y operados por un ente municipal o en caso que estos residuos sean tratados por medio de sistemas individuales, tal como ocurre en el caso concreto.
b.- Por su parte, el ICAA rechazó la gestión a partir de las siguientes razones: 1) en el residencial Avenida San Rafael existen sistemas de tratamiento individuales tipo tanque séptico, tal como fue aprobado en su proyecto de construcción y como había venido funcionando, 2) no es legal ni sanitariamente posible verter aguas residuales a una red prevista, pues se genera un problema mayor al que se quiere solucionar, pues no existe un colector que pueda interconectarse con la urbanización, siendo que el más cercano se ubica a 5 kms de distancia y carece de condiciones para recibir aguas residuales, c) la solución del problema debe ser resuelta y ejecutada por los propietarios de las viviendas en coordinación con el Ministerio de Salud, o bien con el desarrollador del residencial.
A partir de lo anterior, se tiene que el rechazo de las gestiones presentadas por la recurrente y por la Asociación de Vecinos de Residencial Avenida San Rafael, no se debe a cuestiones arbitrarias y antojadizas, sino que obedecen a cuestiones técnicas y a lo dispuesto en la normativa infra constitucional. Así, se tiene que entre las razones técnicas se encuentran las siguientes:
a.- La Municipalidad no es el operador que presta el servicio de agua potable, sino que es el ICAA, institución que en caso que existiera posibilidad, debería dar tratamiento a las aguas negras.
b.- No obstante lo anterior, desde la gestión de permisos de construcción del residencial, el ICAA indicó que no había disponibilidad de tratamiento de aguas residuales.
c.- Ante la falta de disponibilidad de alcantarillado sanitario, el desarrollador del proyecto presentó estudios técnicos que indicaban la viabilidad de construir el residencial con viviendas que tuviesen su tanque séptico, siendo que a partir de ello se entregaron los respectivos permisos constructivos.
d.- El ICAA ha rechazado la posibilidad de conectar de la red de aguas negras del residencial a la red de alcantarillado público porque ello supone un riesgo de contaminación ambiental, pues no existe un colector que pueda interconectarse con la urbanización (lo que se advirtió desde el inicio del proyecto), siendo que el más cercano se ubica a 5 kms de distancia, carece de condiciones para recibir aguas residuales y además presenta limitación hidráulica por la cantidad de metros cúbicos de aguas servidas que discurren por el mismo.
Así las cosas, más que la arbitrariedad de las entidades recurridas en sus decisiones, se tiene que estas han sido tomadas de acuerdo a criterios técnicos y con el fin de no causar un daño mayor al ambiente, en apego a lo indicado en el considerando tercero de este pronunciamiento. De tal forma, no es posible establecer alguna responsabilidad por parte de los entes acá recurridos en el problema denunciado por la recurrente y por el contrario, es esta, al igual que el resto de vecinos del residencial, quienes tienen la obligación de velar por el buen funcionamiento de los tanques sépticos instalados en cada una de sus propiedades, de conformidad con lo indicado en los artículos 287 y 288 de la Ley General de Salud.
En virtud de lo anterior, se descarta que, en la especie, se hayan lesionado los derechos fundamentales de la amparada. Ergo, se declara sin lugar el recurso. Esto, sin perjuicio de que acudan ante la vía común en caso de que considere que existe alguna situación de mejor derecho a su favor.
Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.
Por tanto:
Se declara sin lugar el recurso.
Fernando Castillo V.
Nancy Hernández L.
Jorge Araya G.
Ana María Picado B.
Mauricio Chacón J.
Hubert Fernández A.
Ileana Sánchez N.
*JMACTSMH50C61* 1
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