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Res. 00691-2022 Sala Tercera de la Corte · Sala Tercera de la Corte · 24/06/2022

Limitation Period for Unlawful Land-Use ChangePrescripción del delito de cambio de uso del suelo

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Chamber granted the first cassation ground, annulled the rulings that had extinguished the prosecution as time-barred, and remanded the case because the limitation period does not run while the unlawful change in the use of forested land is maintained.La Sala declaró con lugar el primer motivo de casación, anuló las resoluciones que extinguieron la acción penal por prescripción y reenvió la causa para continuar el proceso porque el plazo no corre mientras se mantenga el cambio ilícito de uso del terreno boscoso.

SummaryResumen

By majority, the Third Chamber granted the first ground of the cassation appeal filed by the Attorney General’s Office and resolved conflicting precedent concerning the limitation period for the offense of changing land use under Article 61(c) of the Forestry Law. It held that the offense initially materializes when the acts transforming the land are performed, but its consummation is repeated as long as a use other than forest remains on formerly forested land, prevents natural regeneration, and lacks authorization from the State Forestry Administration. Accordingly, while that harmful situation persists, the limitation period does not begin to run under Article 32 of the Criminal Procedure Code. The Chamber connected this interpretation to protection of natural resources, the constitutional right to a healthy environment, and the duty of environmental restoration. It annulled the decisions that had found the criminal action time-barred and remanded the case to the Puntarenas Criminal Court for further proceedings.La Sala Tercera, por mayoría, declaró con lugar el primer motivo del recurso de casación presentado por la Procuraduría General de la República y resolvió la contradicción jurisprudencial sobre la prescripción del delito de cambio de uso de la tierra del artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal. Determinó que el ilícito se materializa cuando se realizan los actos iniciales de transformación, pero su consumación se reitera mientras se mantenga en un terreno originalmente boscoso una actividad distinta que impida la regeneración natural, sin autorización de la Administración Forestal del Estado. Por ello, mientras subsista esa situación lesiva no comienza el cómputo de la prescripción conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal. La Sala vinculó esta interpretación con la tutela de los recursos naturales, el derecho constitucional a un ambiente sano y el deber de restauración ambiental. Anuló las resoluciones que habían declarado prescrita la acción penal y ordenó reenviar la causa al Tribunal Penal de Puntarenas para continuar el proceso.

Key excerptExtracto clave

From the substantive provisions transcribed above, it can be determined that this offense materializes immediately (when the acts changing land use are carried out), but its consummation is repeated over time for as long as the variation in land use is maintained to the detriment of natural resources. It is not enough that the forest has been felled, because while an activity other than forest use is conducted on the site and its regeneration is prevented, the change in land use continues to be carried out. Such change is expressly prohibited whenever the permits of the Forestry Administration have not been obtained, which is why it is considered a formal offense with permanent effects. It is clear that the protected legal interest—which in this case consists of natural resources—is affected at every moment in which the accused maintains the modification of the use of land that was originally forest and that, apparently, the accused transformed to another use through his conduct.De las normas sustantivas antes transcritas, es posible determinar que este delito se materializa de manera inmediata (cuando se ejecutan los actos de cambio de uso de suelo), pero su consumación se reitera en el tiempo, en tanto se mantenga la variación del uso de tierra, en detrimento de los recursos naturales, pues no basta con que se haya talado el bosque, dado que mientras en el sitio se desarrolle una actividad distinta a la del bosque y se impide su regeneración, sigue ejecutándose el cambio en el uso del suelo, el cual está expresamente prohibido, siempre y cuando no se cuente con los permisos de la Administración Forestal, razón por la cual se considera un delito de forma y con efectos permanentes. Es claro que el bien jurídico tutelado, que en el particular son los recursos naturales, se ve afectado a cada instante en que el encartado mantenga la modificación del uso de tierra, que inicialmente era un bosque, y que, en apariencia, con su actuar el endilgado lo transformó en otro destino.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Esta Cámara, respecto a este último tópico ha apuntado: “(…) De acuerdo con la doctrina, los delitos permanentes “… son hechos punibles en los cuales, de acuerdo a la interpretación del tipo penal (entendido como norma prohibitiva) resulta que después de la producción del resultado, hay la realización de otras acciones o la conservación de la situación producida (por acción u omisión), realización que constituye lo injusto típico.”"

    "Regarding this latter issue, this Chamber has stated: “According to legal scholarship, permanent offenses are punishable acts in which, under the interpretation of the offense definition (understood as a prohibitory norm), after the result is produced there are further acts or the preservation of the situation produced (by act or omission), and that conduct constitutes the typical wrong.”"

    Considerando II

  • "Esta Cámara, respecto a este último tópico ha apuntado: “(…) De acuerdo con la doctrina, los delitos permanentes “… son hechos punibles en los cuales, de acuerdo a la interpretación del tipo penal (entendido como norma prohibitiva) resulta que después de la producción del resultado, hay la realización de otras acciones o la conservación de la situación producida (por acción u omisión), realización que constituye lo injusto típico.”"

    Considerando II

  • "Como se ha dicho, un delito permanente no se termina sino hasta que cesa la actividad, ya sea por la voluntad del agente o por causas ajenas a él que le impidan materialmente dar permanencia a la actividad, como ha sucedido, por ejemplo al sobrevenir su privación de libertad en sede judicial."

    "As stated, a permanent offense does not end until the activity ceases, whether by the perpetrator’s will or because external circumstances materially prevent the activity from continuing, as may occur, for example, when the perpetrator is deprived of liberty by judicial order."

    Considerando II

  • "Como se ha dicho, un delito permanente no se termina sino hasta que cesa la actividad, ya sea por la voluntad del agente o por causas ajenas a él que le impidan materialmente dar permanencia a la actividad, como ha sucedido, por ejemplo al sobrevenir su privación de libertad en sede judicial."

    Considerando II

  • "En consecuencia, se anula la resolución N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021) del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, así como la sentencia N° 204-P-20 de las catorce horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte (14:00 horas del 27/05/2020) del Tribunal de Juicio de Puntarenas, ordenándose el reenvío de la causa al Tribunal Penal de Puntarenas, a fin de que continúe con la tramitación del presente proceso penal como en derecho corresponde."

    "Consequently, Decision No. 2021-00625 of 11:00 a.m. on June 22, 2021, issued by the Third Section of the Criminal Judgment Appeals Court of Alajuela’s Third Judicial Circuit, and Judgment No. 204-P-20 of 2:00 p.m. on May 27, 2020, issued by the Puntarenas Trial Court, are annulled; the case is remanded to the Puntarenas Criminal Court so that these criminal proceedings may continue as required by law."

    Parte dispositiva

  • "En consecuencia, se anula la resolución N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021) del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, así como la sentencia N° 204-P-20 de las catorce horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte (14:00 horas del 27/05/2020) del Tribunal de Juicio de Puntarenas, ordenándose el reenvío de la causa al Tribunal Penal de Puntarenas, a fin de que continúe con la tramitación del presente proceso penal como en derecho corresponde."

    Parte dispositiva

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Document Review Decision: 2022-00691 CRIMINAL CASSATION CHAMBER. San José, at ten thirty-five a.m. on June twenty-four, two thousand twenty-two.

Cassation appeal (recurso de casación) filed in these proceedings against [Nombre 001], of legal age, German, holder of residence identification card number [Nombre 001], for the offense of violating the Ley Forestal, committed to the detriment of Natural Resources. Participating in the decision on the appeal are Justices Jesús Alberto Ramírez Quirós, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla, Miguel Ernesto Fernández Calvo, and Rosa Acón Ng, the latter three serving as alternates. Also participating at this stage is Criminal Prosecutor Zaray Chavarría Prado, representing the Procuraduría General de la República.

Background:

  1. 1By judgment N° 2021-00625, issued at eleven a.m. on June twenty-two, two thousand twenty-one, the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, ruled: “THEREFORE: The appeal filed by attorney Zaray Chavarría Prado, Criminal Prosecutor, is denied. LET NOTICE BE GIVEN. Yadira Godínez Segura Annia Enríquez Chavarría Carmen María Pereza Segura Appellate Judges. (sic)”.
  2. 2Criminal Prosecutor Zaray Chavarría Prado filed a cassation appeal against the foregoing ruling.
  3. 3Following the corresponding deliberation, the Chamber proceeded to consider the appeal.
  4. 4The relevant legal requirements have been observed throughout the proceedings.

Justice Rosa Acón Ng reports; and,

Whereas:

I.By decision N°2021-1054, issued at ten thirteen a.m. on September ten, two thousand twenty-one (10/09/2021) (see pages 233 to 234 of the case file), this Chamber admitted for consideration on the merits the first and second grounds of the cassation appeal filed by attorney Zaray Chavarría Prado, Criminal Prosecutor, against judgment N° 2021-00625 of the Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, San Ramón, issued at eleven a.m. on June twenty-two, two thousand twenty-one (22/06/2021) (see pages 166 to 177 of the main case record), which stated: “The appeal filed by attorney Zaray Chavarría Prado, Criminal Prosecutor, is denied.”.

II.In its first ground for appeal (motivo), it mentions the “Existence of conflicting precedents issued by the appellate courts, specifically between the challenged decision number 2021-00625 of 11:00 a.m. on June 22, 2021, issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, San Ramón, and the precedent decision 2014-0490 of 09:10 a.m. on March 14, 2014, issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea.” It alleges the existence of conflicting precedents between judgment N° 2021-00625, issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, at eleven o’clock on June twenty-second, two thousand twenty-one (22/06/2021), and ruling N° 2014-0490, issued by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, at nine ten on March fourteenth, two thousand fourteen (14/03/2014).

The latter held that, under Article 32 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), in the case of an offense with permanent effects (delito de efectos permanentes), the statute of limitations (prescripción) begins to run upon cessation of the conduct constituting the offense. By contrast, ruling N°2021-00625, issued at eleven o’clock on June twenty-second, two thousand twenty-one (22/06/2021), by the Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, San Ramón, held that, because the matter involved an “instantaneous” offense with permanent effects, the statute of limitations would begin to run, pursuant to the rules in Articles 30 and 33 of the procedural code, from the act of alteration. She states that, in both cases, the factual circumstances concern the offense of land-use change (cambio de uso del suelo), described in Article 61(c) of the Ley Forestal.

She argues that the correct interpretation in cases such as this one is that the statute of limitations begins to run on the day when the permanence of its effects ceased, pursuant to the pro natura principle (principio pro natura) and the principle of forest irreversibility (principio de irreductibilidad del bosque). She further argues that restoration (restitución) of the affected area must be ordered so that the consequences of the unlawful act are not perpetuated. The criminal prosecutor states that the State has suffered prejudice because the interpretation adopted in the challenged decision prevents the criminal prosecution (persecución penal) from continuing, as well as preventing a determination of the accused’s potential liability and the damage caused to the environment, and an order restoring the site to its previous condition. By majority vote, the ground is upheld. To provide an appropriate resolution of the appellant’s claim, it is necessary to review what both courts of second instance held on this specific issue.

The Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, in ruling N°2014-490 of nine ten on March fourteenth, two thousand fourteen (14/03/2014), stated: “(…) The judgment also expressly addresses the issue of the statute of limitations for the criminal action (prescripción de la acción penal), which has not run with respect to those two offenses because, even though both were completed immediately, the limitation period has not even begun to run, since the permanence of their effects at the site has not ceased, in accordance with Article 32 of the Code of Criminal Procedure, which expressly provides for that category of offense (see Judgment, folios 852 to 854). This panel agrees with the trial court and with the Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público that the statute of limitations does not run while the accused’s intention persists to keep at the site works other than forest (with respect to the offense of ‘Land-use change’) or to keep the encroaching works within the protection area (área de protección) of the springs (nacientes) (with respect to the offense of ‘Encroachment upon a conservation or protection area of a permanent spring’), and the case law of this Tribunal de Casación Penal has ruled accordingly (see judgments Nº 117 of 10:15 a.m. on February 15, 2002; Nº 193 of 9:00 a.m. on March 8, 2002; Nº 396 of 12:00 noon on May 8, 2003; Nº 1158 of 9:25 a.m. on November 14, 2008) (…).” For its part, the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, in decision N°2021-00625 of eleven o’clock on June twenty-second, two thousand twenty-one (11:00 horas del 22/06/2021), held: “(…) This Panel has analyzed the arguments presented by the appellant in support of this position and concludes that she is not correct.

The classification of continuing offenses (delitos permanentes) or offenses of a permanent nature (or with permanent effects) has not been entirely settled in either international or domestic legal scholarship; nevertheless, it is possible to derive significant principles for their classification and, based on the nature and characteristics of such offenses, objectively determine when an offense is completed instantaneously, when it is completed instantaneously with permanent effects, or when its commission continues over time, thereby making it a continuing offense. Under that framework, in the case before us, the offense of land-use change is an instantaneous offense with permanent effects. This classification leads us to determine that, unlike ‘continuing or continuous’ offenses, for which Article 32 of the procedural code specifies that the limitation periods begin to run ‘from the day on which their continuation ceased,’ the other class of offenses is governed by the limitation rules established in Articles 30 et seq. of the Code of Criminal Procedure, as applied in the judgment under review.

This same appellate court, sitting with a different composition, has already ruled on the issue through a doctrinal and legal analysis with which we fully agree, concluding that not all offenses against Nature are continuing offenses (…) It therefore follows that the damage suffered by nature is confined to the action carried out by the accused during that period, while the inherent characteristics of a change in land use caused the result to occur immediately. This does not mean that, during the criminal proceedings, there could not have been a remediation, mitigation, and financial-compensation plan (plan de enmienda, mitigación y resarcimiento económico) for the environmental damage caused; unfortunately, this was not achieved in the proceedings because the criminal action became time-barred. It was therefore legally appropriate to apply to this particular case the limitation rules established in Articles 30 et seq. of the Code of Criminal Procedure and, ultimately, to determine, on the grounds stated in the judgment, that the limitation period expired one year and six months after the most recent setting of the matter for trial (excluding the period during which the accused was a fugitive), without any other event interrupting that period.

This Panel adds that the pro natura principle and the protection of environmental rights are of paramount importance in our society as part of people’s fundamental rights, and therefore the significance of properly applying the legal system in this field is not disputed. Nevertheless, this does not mean that arbitrariness may be introduced into criminal prosecution with respect to limitation periods, because that would also contravene the rule of law and other fundamental rights of the people. The State, through its respective law-enforcement bodies, must ensure compliance with the legal requirements within the framework governing the prosecution of the various criminal acts committed to the detriment of Nature (…).” Resolution of the case: In this matter, the State’s representative challenges the conflicting positions adopted by two appellate courts, demonstrating the similarity of the factual circumstances and the ratio decidendi.

Through her claim, the appellant has placed at issue the nature of the offense of land-use change established and punishable under Article 61(c) of the Ley Forestal, specifically whether it is an offense completed instantaneously with permanent effects or an offense whose commission continues over time and is therefore a continuing offense. Regarding this latter issue, this Panel has stated: “(…) According to legal scholarship, continuing offenses ‘… are punishable acts in which, based on the interpretation of the statutory offense (understood as a prohibitory rule), it follows that, after the result has occurred, further actions are carried out or the resulting situation is maintained (by action or omission), and such conduct constitutes the wrong defined by the offense. These subsequent actions or omissions form a single unit with the production of the initial result. This makes it possible to view the event as a whole as a single commission of the offense.

As indicated, the initial result must be the product of the violation of the rule. The subsequent action or omission, which forms a single unit with the initial result and also constitutes the wrong, must likewise be objectively attributable to the perpetrator as his own act…’ (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1eraª edición, 2009, pág. 369). On this issue, the case law of this Chamber has indicated that ‘… continuing offenses describe an action or conduct of such a nature that its commission creates not only the statutory completion of the offense but also an unlawful and lasting situation—also defined by the offense—involving injury or danger to the legally protected interest (bien jurídico), which is maintained or prolonged over time without interruption until the perpetrator brings it to an end, as also occurs, for example, in Unlawful deprivation of liberty without intent to profit (Article 191 of the Criminal Code), Kidnapping for extortion (art. 215 C.P.), or Unlawful entry into a dwelling (art. 204 C.P.).

This characteristic of continuing offenses is relevant to other issues, such as: a) the possibility that forms of participation or joint perpetration may arise after completion of the offense; b) regardless of when self-defense is exercised, in continuing offenses the unlawful aggression is always “current” while the unlawful situation persists; c) for calculating the statute of limitations on the criminal action, the period is deemed to run from the day on which the continuation of that unlawful situation ceased (cf. art. 32 of the Code of Criminal Procedure), since otherwise the absurd result could occur that the offense would become time-barred even though the perpetrators had not ceased their statutorily prohibited and unlawful conduct; (cf. MEZGER, Edmund: Derecho Penal Parte General, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2ª edición, 1990, págs. 152 y 340; FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: Derecho Penal Fundamental, Vol. II, Editorial Temis S.A., Colombia, 2ª reimpresión de la 2ª edición, 1998, pág. 335; MUÑOZ CONDE, Francisco y otra: Derecho Penal Parte General, Tirant lo blanch, Valencia 1993, pág. 369; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel: Curso de Derecho Penal Parte General I, Editorial Hispamer, Colombia, s.f.e., pág. 315; WESSELS, Johannes: Derecho Penal Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980, pág. 10; VELÁSQUEZ V., Fernando: Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Colombia, 1995, pág. 358; CREUS, Carlos: Derecho Penal Parte General, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 155. Regarding concurrence of offenses (concurso de delitos), see the insightful observations of WELZEL, Hans: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pág. 267 y 274).

… As has been stated, a continuing offense (delito permanente) does not end until the activity ceases, whether through the will of the perpetrator or for reasons beyond the perpetrator’s control that materially prevent the activity from continuing, as has occurred, for example, when the perpetrator is deprived of liberty by judicial authorities.” (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, Res: 2001-00036, de las 10:00 horas, del 12 de enero de 2001). A crime with continuing effects (delito de efectos permanentes), for its part, “occurs when, despite having achieved the result, the accused engages in permissive conduct and, although able to eliminate the situation, refrains from bringing it to an end… pursuant to Article 32 of the Code of Criminal Procedure (sic), the statute of limitations begins to run when the continuing situation ceases…” (CASTILLO, Francisco: General Part of Criminal Law, Volume I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1st edition, 2009, pp. 373-374).

The difference between the two concepts, therefore, is that a continuing offense is committed over an extended period—as long as the legally protected interest (bien jurídico) continues to be harmed, as, for example, in deprivation of liberty, where every moment during which the perpetrator fails to release the victim entails the ongoing consummation of the act—until the perpetrator’s physical conduct ceases; whereas, once a crime with continuing effects has been committed, its effect on the legally protected interest persists even after the perpetrator’s physical conduct has ceased. An example would be the offense of forgery and use of a forged document, since the document, once forged, may continue to produce its effects until it is declared invalid (CASTILLO, op. cit., p. 373) (…)” (Decision N°1188-2014 de las catorce horas dieciocho minutos del dieciséis de julio de dos mil catorce (16/07/2014), also stated as catorce horas dieciocho minutos del dieciséis de julio de dos mil catorce (16/07/2014).

Panel composed of: Pereira, Ramírez, Arroyo, Arias and Gómez). That said, the criminal provision at issue states the following in the Ley Forestal: “Article 61.—Imprisonment from one month to three years. Imprisonment from one month to three years shall be imposed on anyone who: (…) c) Carries out activities involving a change in land use (cambio en el uso de la tierra) (…)”. Because this is a blank criminal provision (norma penal en blanco), determining whether the offense has been established unquestionably requires reference to Article 19 of the Ley Forestal, which provides: “Authorized activities. On forest-covered land, land-use change (cambio del uso del suelo) and the establishment of forest plantations shall not be permitted. Nevertheless, the State Forestry Administration may grant permits in those areas for the following purposes: a) To build residences, offices, stables, corrals, nurseries, roads, bridges, and facilities intended for recreation, ecotourism, and other similar improvements on privately owned land and properties where forests are located. b) To carry out public or private infrastructure projects of national interest. c) To cut trees for reasons of human safety or scientific interest. d) To prevent forest fires, natural disasters, or other similar events or their consequences.

In such cases, forest cutting shall be limited, proportionate, and reasonable for the purposes stated above. A preliminary screening questionnaire must first be completed before the State Forestry Administration to determine whether an environmental impact assessment (evaluación del impacto ambiental) may be required, as established by the regulations to this law.” From the substantive provisions transcribed above, it can be determined that this offense materializes immediately—when the acts changing land use are carried out—but its consummation recurs over time for as long as the alteration in land use remains in place, to the detriment of natural resources. The mere fact that the forest has been cleared is not sufficient, because as long as an activity other than forest use is conducted at the site and forest regeneration is prevented, the land-use change continues to be carried out; such change is expressly prohibited whenever the required permits from the Forestry Administration have not been obtained.

It is therefore considered a conduct offense (delito de forma) with continuing effects. It is clear that the legally protected interest—which in this case consists of natural resources—is affected at every moment during which the defendant maintains the alteration in the use of land that was initially forest and that, apparently, the accused transformed through his conduct into land devoted to another use. Regarding environmental protection and the need to conserve the environment in order to preserve the various species with which we share this planet, it is appropriate to mention the Costa Rican Constitutional Court’s discussion of the matter: “(…) VI.—ON THE PROTECTION OF THE RIGHT TO A HEALTHY AND ECOLOGICALLY BALANCED ENVIRONMENT. Based on Article 50 of the Political Constitution, this Constitutional Court has broadly recognized the State’s duty to protect the right to enjoy a healthy and ecologically balanced environment, thereby making the State the guarantor of the protection and safeguarding of the environment and natural resources.

These provisions give rise to the State’s responsibility to exercise a protective and governing role in this area, as prescribed by the constitutional provision itself, a role further developed by environmental legislation of lower rank. Accordingly, in Judgment No. 2002-04830, it stated, insofar as relevant: “Article 50 of our Political Constitution expressly recognizes the right of all present and future inhabitants of this country to enjoy a healthy and perfectly balanced environment. Fulfillment of this requirement is a fundamental guarantee for protecting public life and health, not only for Costa Ricans but also for every member of the global community. Violation of these fundamental precepts creates the possibility that interests may be harmed or endangered in the short, medium, and long term. Environmental pollution is one of the ways in which the integrity of the environment may be disrupted, with consequences that are most often permanent and cumulative.

The Costa Rican State is under an obligation to act preventively, avoiding—through oversight and direct intervention—the commission of acts that harm the environment, and is subject to the corresponding and equally inescapable prohibition against encouraging its degradation.” Thus, under the constitutional text, the Costa Rican State must ensure environmental protection. This entails not only taking the necessary measures to prevent attacks against the environment, but also adopting measures that strengthen its protection and conservation. VII.—PRECAUTIONARY PRINCIPLE. Constitutional case law has recognized a series of environmental protection principles that give rise to specific obligations for the Costa Rican State. First, for purposes of the case under examination, it is important to emphasize the precautionary principle (principio de precaución), the most general formulation of which appears in the Rio Declaration on Environment and Development, Principle 15 of which provides: “Principle 15.—In order to protect the environment, States shall broadly apply the precautionary approach according to their capabilities.

Where there is a threat of serious and irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” The Chamber has recognized the “precautionary principle” (principio precautorio) as a principle requiring the State to adopt every measure necessary—within the scope permitted by the Legal System—to prevent irreversible environmental damage. From this perspective, Judgment No. 1250-1999 de las 11:24 hrs. del 19 de febrero de 1999 held as follows: “(...) in environmental matters, ex post coercion is ineffective because, once biologically and socially harmful consequences have already occurred, punishment may have moral significance but will scarcely compensate for the damage caused to the environment.” Likewise, Judgment No. 132-99 de las 8:18 hrs. del 8 de enero de 1999 stated: “The principle of environmental protection is not a recommendation or a declaration of intent made by the Constitution; on the contrary, it is an immediately enforceable right, and government agencies therefore have an obligation to ensure compliance with legal provisions intended to protect the environment.” (Emphasis not in the original).

Precaution entails anticipating adverse effects and ensuring the protection, conservation, and proper management of natural resources. Consequently, the governing principle of prevention, or “precautionary principle,” is founded on the need to take and implement every precautionary measure necessary to avoid or contain possible harm to the environment or human health. In this regard, constitutional case law has held that where there is a risk of serious or irreversible harm—or uncertainty in that respect—precautionary measures must be adopted and the activity in question may even have to be postponed. This is because ex post coercion is ineffective in environmental matters: once biologically and socially harmful consequences have already occurred, punishment may have moral significance but will scarcely compensate for the damage caused to the environment. Thus, today the State’s precautionary action must be aimed at protecting the environment even when no conclusive evidence demonstrates a cause-and-effect relationship between the activity being conducted and the possible harmful consequences resulting from it, and the best available techniques must be used to minimize potential damage and risks to nature and the environment.

For this reason, the Costa Rican Legal System itself has established, at the statutory level, the requirement to conduct prior studies before carrying out an activity that could potentially have harmful effects on the environment; in light of the foregoing, such studies constitute constitutionally imposed duties intended to guarantee everyone’s right to enjoy a healthy and balanced environment. As a corollary, the precautionary principle does not justify passive conduct by the State with regard to protecting the environment and caring for natural resources. VIII.—ON THE RIGHT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE NEED TO MAKE RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES. Human beings may indeed use the natural resources available to them to meet their basic needs, as a means of subsistence, and as a source of income; such use, however, may under no circumstances be carried out to the detriment of those resources.

In other words, human beings may use resources provided that their activities are carried out proportionately and rationally, but not in an unlimited or arbitrary manner detrimental to the environment. In this regard, this Constitutional Court stated in Decision No. 4423-93, insofar as relevant: “(...) All human life necessarily takes place in relation to the environment, particularly in relation to improving living conditions, which is the central objective that development must pursue; such development, however, must relate to the environment in a manner that is harmonious and sustainable.

The environment, therefore, must be understood as a development resource to be used appropriately, requiring integrated action with respect to its natural, sociocultural, technological, and political interrelationships, since otherwise its productivity would be degraded for both the present and the future, and the heritage of generations to come could be placed at risk (...)” Along the same line of reasoning, Judgment No. 5974-98 held as follows: “(...) although human beings have the right to use the environment for their own development, they also have the duty to protect and preserve it for the use of future generations; for, pursuant to the principle of ‘harm’ (principio de ‘lesión’), the lawful exercise of a right has two essential limits: on the one hand, the equal rights of others, and on the other, the rational exercise and beneficial enjoyment of the right itself (...)”. Sustainable development (desarrollo sostenible), as such, goes beyond being a merely environmentalist concept, since it entails the appropriate and sustained use of natural resources for the use and enjoyment of current generations, without compromising those resources or jeopardizing their enjoyment by generations to come.

In itself, the principle of sustainable development encompasses several aims: economic aims, by promoting efficiency in the use of resources; social aims, by seeking to alleviate poverty; and ecological aims, by safeguarding the preservation of physical and biological systems. The Costa Rican State must safeguard these aims jointly, achieving the balance inherent in the pursuit of sustainable development (…)”. On that basis, and considering that this is an offense with permanent effects (delito con efectos permanentes), matters concerning the statute of limitations (prescripción) must be governed by section 32 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), which provides: “(…) Limitation periods shall be governed by the principal penalty prescribed by law and shall begin to run (…) for continuing or permanent offenses (delitos continuos o permanentes), from the day on which their permanence ceased (…)”.

Regarding the statute of limitations for this type of offense, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has stated: “(…) The consulting judge argues that, in the case of the offense of unlawful occupation (usurpación), the limitation period cannot begin to run until the possessor—unlawful occupier—leaves the property (the effects cease), which renders the offense practically not subject to any statute of limitations, because even after more than ten years have elapsed since a property was invaded, it is enough to establish that the invader has remained on the land throughout that period for it to be determined that not even one day has elapsed for purposes of either negative prescription—criminal—or positive prescription—adverse possession (usucapión)—because the latter cannot be calculated where extinctive prescription has not occurred. It should be clarified for the consulting judge that the offense of unlawful occupation would not be exempt from any statute of limitations because, as established by the article challenged here, the period for calculating the statute of limitations for criminal prosecution (prescripción de la acción penal) would begin when the permanence of its effects ceases, that is, when the unlawful occupation ceases.

In instantaneous offenses with permanent effects (delitos instantáneos de efectos permanentes), their effects recur every day until the ‘unlawful occupier’ abandons the property, hence their characterization as permanent (…)” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N°11515-00 de las catorce horas treinta y nueve minutos del veintiuno de diciembre del año dos mil, también puede leerse 14:39 horas del 21/12/2000). Although the decision just cited refers to unlawful occupation, the fact remains that a similar situation arises with the offense of land-use change (cambio de uso de tierra), because when a forest is felled and its use is completely altered, until the regeneration of natural resources has been allowed, the conduct carried out by the accused would continue to produce effects detrimental to ecosystems and future generations. Accordingly, under these circumstances, the rules established in article 33 of Costa Rican criminal procedural law do not apply, contrary to the approach taken by the a quo and the ad quem in these criminal proceedings, because the reduction of limitation periods, as well as their interruption and suspension, depends on when the limitation period begins to run.

Nevertheless, in cases such as the present one, where the offense has permanent consequences and it is not currently known whether its effects have ceased, calculation of the limitation period cannot begin, as provided in section 32 of the Code of Criminal Procedure, and therefore the reduction of the periods under article 33 of the procedural legislation (legislación adjetiva) likewise cannot be applied until regeneration of the secondary forest (bosque secundario), which was apparently felled pursuant to instructions given by the accused, has begun. In conclusion, by majority vote, this Chamber reconciles the conflicting standards adopted by the appellate courts, holding that, for the offense of land-use change (cambio de uso de suelo) established in article 61(c) of the Ley Forestal, the limitation period does not run until its effects have ceased, that is, until regeneration begins in the ecosystems affected by the destruction of the forest to make way for other human-development activities.

The foregoing is consistent with the right to a healthy and ecologically balanced environment, established in article 50 of the Constitución Política, and consequently with the sustainable development necessary to preserve the planet for future generations. Accordingly, resolution N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021) of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, and judgment N° 204-P-20 de las catorce horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte (14:00 horas del 27/05/2020) of the Tribunal de Juicio de Puntarenas are vacated, and the case is remanded to the Tribunal Penal de Puntarenas so that it may continue processing these criminal proceedings as required by law.

III.In the second ground, the erroneous application of the statute-of-limitations rules (reglas de prescripción) set forth in Articles 31, 32, and 33 of the Code of Criminal Procedure is alleged, based on the application of the statute of limitations to the offense of land-use change (cambio de uso del suelo). The appellant contends that Articles 31, 32, and 33 of the Code of Criminal Procedure were applied incorrectly because the case does not involve an instantaneous offense with permanent effects (delito instantáneo de efectos permanentes), but rather a continuing offense (delito permanente); therefore, the limitation period did not begin to run when the act constituting the land-use change occurred, but when the condition produced by that act ceased. The appellant adds that, for the offense of land-use change, “…the limitation period for the criminal prosecution begins to run, or reaches its final deadline, once the encroaching structure ceases to remain in place, since the offense continues over time for as long as that structure remains, and such continuation ceases when the encroaching structure or construction is removed and the natural resource recovers, regenerates, and returns to its original condition.” The appellant states that, in this particular case, terraces were built and encroaching structures were introduced that destroyed the ecosystem; those works remain in place and continue to harm the protected legal interest (bien jurídico tutelado).

In the appellant’s arguments, reference is made to ruling 2018-00893 of this Chamber, issued at eleven twenty-five on seven December two thousand eighteen (07/12/2018), which is partially transcribed. The appellant asserts that the challenged decision causes prejudice because it failed to apply Article 32 of the Code of Criminal Procedure, thereby allowing a final dismissal (sobreseimiento definitivo) to be entered on the ground that the criminal prosecution was time-barred and preventing an order to restore the affected site to its prior condition. In view of the disposition of the first ground of the appeal in cassation (recurso de casación), no ruling is made on this claim.

Por tanto:

By majority vote, the first ground of the appeal in cassation filed by the criminal-law representative of the Attorney General’s Office (procuradora penal) is granted. This Chamber harmonizes the conflicting criteria adopted by the appellate courts, holding that, for the offense of land-use change provided for in Article 61(c) of the Ley Forestal, the limitation period does not run until its effects have ceased, that is, until the regeneration of the ecosystems affected by the clearing of the forest begins, after the forest was removed to make way for other human development activities. The foregoing is consistent with the right to a healthy and ecologically balanced environment, provided for in Article 50 of the Political Constitution, and consequently with the sustainable development necessary to preserve the planet for future generations. Accordingly, decision N°2021-00625, issued at eleven o’clock on twenty-two June two thousand twenty-one (11:00 horas del 22/06/2021) by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, and judgment N° 204-P-20, issued at fourteen hundred hours on twenty-seven May two thousand twenty (14:00 horas del 27/05/2020) by the Tribunal de Juicio de Puntarenas, are vacated, and the case is remanded (reenvío) to the Tribunal Penal de Puntarenas so that it may continue processing these criminal proceedings as required by law. In view of the disposition of this claim, no ruling is made on the second objection. Justice Zúñiga morales dissents. Let notice be served.

Jesús Alberto Ramírez Q.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

Rafael Segura B.

Alternate Justice Miguel Fernández C.

Alternate Justice Rosa Acón Ng Alternate Justice Dissenting Opinion of Justice Zúñiga Morales Sole. With due respect, I disagree with the view expressed by the majority of this Chamber insofar as it sustained the first ground of the appeal in cassation (recurso de casación) filed by the representative of the Procuraduría General de la República. In my view, the proper course is to deny both grounds (both concerning the application of the rules governing the limitation period for criminal prosecution [prescripción de la acción penal]) and affirm the ruling of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal insofar as it upheld the final dismissal (sobreseimiento definitivo) on limitation grounds issued by the Tribunal de Juicio de Puntarenas. Although the Criminal Prosecutor (Procuradora Penal) is correct that conflicting precedents exist between the judgment challenged here, N° 2021-00625, issued at eleven hours on the twenty-second of June, two thousand twenty-one (11:00 horas del 22/06/2021), by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera [which takes the position that, because the offense of “Land-use change (Cambio de uso de la tierra)” is instantaneous with permanent effects, section 32 of the Código Procesal Penal (which provides that the calculation of limitation periods begins “from the day on which its permanence ceased”) does not apply to it, and that the limitation rules established in articles 31 and 33 of that same body of law instead apply], and decision N° 2014-0490, issued at nine hours and ten minutes on the fourteenth of March, two thousand fourteen (09:10 horas del 14/03/2014), by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea [which held, in a case adjudicated for the offense of land-use change, that the limitation period for criminal prosecution had not begun to run (pursuant to article 32 of the Código Procesal Penal), because the permanence of its effects at the site had not ceased], the fact remains that, contrary to the majority opinion of this Chamber, I consider that the decision issued by the Tribunal de Apelación in this specific case should be affirmed insofar as it upheld the final dismissal on limitation grounds issued by the Trial Court.

First, it should be noted that permanent-effects offenses (delitos de efectos permanentes) have been conceptualized as those in which, notwithstanding that the result has been achieved, the accused person engages in permissive conduct and, although able to eliminate it, refrains from bringing its effects to an end (the effect on the legally protected interest [bien jurídico] continues). As I have stated on numerous occasions, the rules governing the interruption and suspension of the limitation period must apply to offenses whose nature entails permanent effects (as is the case with land-use change), just as they apply to any other offense, because the nature of a permanent-effects offense is meaningful and useful only for commencing proceedings (criminal prosecution [persecución penal]). This position is consistent with the one I have maintained on other occasions, specifically when I joined the dissenting opinion (voto minoritario) in decisions N° 2007-00086, issued at nine hours on the sixteenth of February, two thousand seven (09:00 horas del 16/02/2007), by the former Tribunal de Casación Penal, Sección Primera, San Ramón, and N° 2013-1769, issued at eleven hours and thirty-four minutes on the twelfth of August, two thousand thirteen (11:34 horas del 12/08/2013), by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea; as well as when I issued a dissenting opinion in rulings N° 2014-00559, issued at ten hours and fifty minutes on the twenty-eighth of March, two thousand fourteen (10:50 horas del 28/03/2014), and N° 2018-00893, issued at eleven hours and twenty-five minutes on the seventh of December, two thousand eighteen (11:25 horas del 07/12/2018), of the Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Article 31 of the Código Procesal Penal (CPP) is intended to govern the limitation periods for criminal prosecution when an investigation has not been initiated against a person, whether through some form of complaint or, ex officio, by the Ministerio Público in the case of publicly prosecuted offenses (delitos de acción pública); through a complaint in the case of publicly prosecuted offenses requiring a private complaint (ilícitos de acción pública a instancia privada); or through a private criminal complaint (querella) in the case of privately prosecuted offenses (delitos de acción privada). Section 32 of the CPP explains how to calculate the periods prescribed in section 31 of that same legal text to determine whether criminal prosecution is time-barred (but for the purpose of commencing prosecution through criminal proceedings), based on two circumstances: (i) the degree of completion of the offense, depending on whether it was consummated or remained at the attempted stage; and (ii) the manner in which the legally protected interest was affected, depending on whether the conduct involves what it calls “continuous or permanent” offenses.

It is essential to emphasize, whether one agrees or not, that the reference made by article 32 of the CPP—specifically regarding the particular characteristics of permanent offenses—to section 31 of that same body of law applies solely for the purpose of commencing criminal prosecution. Under that scenario, of course, if the impairment of the legally protected interest continues (as relevant here, the performance of activities involving a change in the use of the land or soil, contrary to article 19 of the Ley Forestal), a complaint or private criminal complaint may be filed, or the Ministerio Público may act ex officio, because criminal prosecution is not time-barred; its limitation period would begin to be calculated from the moment the prohibited conduct ceases (if it ever does). Section 33 of the CPP, in turn, states: “Once the proceedings have commenced, the periods established in the second preceding article shall be reduced by half….” As can be seen, this article establishes no exception whatsoever to the operation of these automatic reductions of the limitation period, and this is so because, as the provision expressly states, this rule applies whenever criminal prosecution has commenced (under the terms established in articles 31 of the CPP and with only one exception, set forth in subsection b): the filing of the private criminal complaint, the act that commences the special proceedings for privately prosecuted offenses).

The undersigned does not share the position taken in this particular case by my fellow members of the Chamber, insofar as they consider that, in the case of an offense with permanent effects such as land-use change, where it is not currently known whether its effects have ceased, calculation of the limitation period cannot begin under article 32 of the Código Procesal Penal and, consequently, the reduction of the periods under section 33 of that same body of law is likewise inapplicable until regeneration of the secondary forest (bosque secundario) has begun. With all due respect, I consider that, if section 33 of the CPP establishes no exception to its application, it would be improper, to the detriment of the accused (encartado), to interpret it broadly so as to exclude certain offenses from the application of that provision: those that our Código Procesal Penal calls permanent or continuous; the correct approach is instead to adopt a strict interpretation (interpretación restrictiva), as expressly governed by section 2 of the CPP, which provides: “Legal provisions that curtail personal liberty or limit the exercise of a power or right granted to the parties to the proceedings shall be strictly interpreted.

In this area, broad and analogous interpretations are prohibited unless they favor the liberty of the accused or the exercise of a power granted to those participating in the proceedings.” It must be borne in mind that limitation periods, their duration, and the grounds for their interruption and suspension are matters of criminal policy (política criminal). If the legislature chose to establish the interruption of the limitation period—without expressly including any exception—and if a strict interpretation of the rules precludes the application of provisions to the prejudice or detriment of the rights and guarantees of the accused person, we must conclude that this was the legislature’s decision: to reduce the limitation periods by half, without restriction, subject only to the requirement that prosecution have commenced. Consequently, because criminal prosecution in these proceedings became time-barred on the nineteenth of January, two thousand twenty (19/01/2020), I consider that the proper course is to deny the appeal in cassation filed by the representative of the Procuraduría General de la República and affirm the ruling of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. For the reasons stated, with all due respect, I depart from the position adopted in the majority opinion.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

Int. 817-2/17-2-22 SLEIVAA

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Revisión del Documento Res: 2022-00691 SALA DE CASACIÓN PENAL. San José, a las diez horas treinta y cinco minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, aleman, cédula de residencia número [Nombre 001], por el delito de infracción a la ley forestal, cometido en perjuicio de los Recurso Naturales. Interviene en la decisión del recurso los magistrados y magistradas Jesús Alberto Ramírez Quirós, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Rafael Segura Bonilla, Miguel Ernesto Fernández Calvo y Rosa Acón Ng, estos tres últimos en su condición de suplentes. Además, en esta instancia, la Procuradora Penal Zaray Chavarría Prado, en representación de la Procuraduría General de la República.

Resultando:

  1. 1Mediante sentencia N° 2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, resolvió: "POR TANTO: Se declara sin lugar, el recurso de apelación presentado por la licenciada Zaray Chavarría Prado, Procuradora Penal. NOTIFÍQUESE. Yadira Godínez Segura Annia Enríquez Chavarría Carmen María Pereza Segura Juezas de Apelación de Sentencia. (sic) ".
  2. 2Contra el anterior pronunciamiento la Procuradora Penal Zaray Chavarría Prado, interpuso recurso de casación.
  3. 3Verificada la deliberación respectiva, la Sala entró a conocer del recurso.
  4. 4En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa la Magistrada Rosa Acón Ng ; y,

Considerando:

I.Mediante resolución N°2021-1054 de las diez horas trece minutos del diez de setiembre de dos mil veintiuno (10/09/2021) (confrontar folios 233 a 234 del expediente), esta Sala admitió para estudio de fondo los motivos primero y segundo del recurso de casación interpuesto por licenciada Zaray Chavarría Prado, procuradora penal, en contra de la sentencia del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, San Ramón, N° 2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (22/06/2021) (confrontar folios 166 a 177 del legajo principal), en la que: “Se declara sin lugar, el recurso de apelación presentado por la licenciada Zaray Chavarría Prado, Procuradora Penal.”.

II.En su primer motivo, se menciona la “Existencia de precedentes contradictorios dictados por los tribunales de apelación, propiamente entre la resolución que se impugna número 2021-00625 de las 11.00 h del 22 de junio del 2021 del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, San Ramón y la resolución precedente 2014-0490 de las 09.10 h del 14 de marzo del 2014 dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea”. Alega la existencia de precedentes contradictorios, entre el fallo N° 2021-00625 emitido por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (22/06/2021), respecto al voto N° 2014-0490, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, de las nueve y diez horas del catorce de marzo de dos mil catorce (14/03/2014).

Este último, resolvió que en aplicación del artículo 32 del Código Procesal Penal, ante un delito de efectos permanentes, la prescripción opera a partir del cese del acto típico. Mientras que, en el voto N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (22/06/2021) del Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, San Ramón, se dispuso que en virtud de encontrarse ante un delito “inmediato” con efectos permanentes, la prescripción empezaría a correr, según las reglas de los artículos 30 y 33 del Código de rito, a partir del acto de alteración. Refiere que en ambos casos, el cuadro fáctico alude al tipo penal de cambio de uso del suelo, descrito en el artículo 61, inciso c) de la Ley Forestal. Señala que lo correcto es que, en supuestos como el presente, se interprete que la prescripción comenzará a correr desde el día en que cesó la permanencia de sus efectos, en aplicación de los principios pro natura y de irreductibilidad del bosque.

Además, que debe ordenarse la restitución del área afectada para que no se perpetúen las consecuencias del ilícito. La procuradora penal refiere que existe un perjuicio para el Estado, dado que la interpretación que realiza la resolución impugnada impide que se continúe con la persecución penal, así como establecer la eventual responsabilidad del endilgado y el daño causado al medio ambiente y poder ordenar la restitución del sitio a su estado anterior. Por mayoría, el motivo se declara con lugar. Para dar una adecuada solución al reclamo formulado por la recurrente, es necesario repasar lo dispuesto por ambos tribunales de segunda instancia sobre el tema en particular. El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en el voto N°2014-490 de las nueve y diez horas del catorce de marzo de dos mil catorce (14/03/2014), ha señalado: “(…) También se pronuncia expresamente la sentencia en cuanto a la cuestión de la prescripción de la acción penal, que no ha operado respecto a esos dos delitos, porque aún habiéndose consumado ambos inmediatamente, el plazo de la prescripción ni siquiera ha empezado a correr, porque no ha cesado la permanencia de sus efectos en el sitio, conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal, que contempla expresamente dicha categoría de delito (confrontar Sentencia, folio 852 a 854).

Esta cámara coincide con el tribunal de juicio y con la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público, en que la prescripción no corre mientras persista la voluntad del imputado de mantener la obra distinta al bosque en el sitio (respecto al delito de «Cambio de uso de la tierra») o de mantener las obras invasoras dentro del área protección de las nacientes (respecto al delito de «Invasión de un área de conservación o protección de una naciente permanente») y en este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de este Tribunal de Casación Penal (así las sentencias Nº 117 de las 10:15 horas del 15 de febrero de 2002; Nº 193 de las 9:00 horas del 8 de marzo de 2002: Nº 396 de las 12:00 horas del 8 de mayo de 2003; Nº 1158 de las 9:25 horas del 14 de noviembre de 2008) (…)”. Por su parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, en la resolución N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021), dispuso: “(…) Esta Cámara ha analizado los argumentos expuestos por la recurrente en defensa de esta tesis y concluye que no le asiste razón.

El tema de la clasificación de delitos permanentes o de carácter (o efectos) permanentes, no ha sido pacífico del todo en la doctrina internacional y patria, no obstante es posible obtener postulados importantes en su clasificación y conforme con la naturaleza y características de dichos delitos, extraer en forma objetiva, cuándo nos encontramos ante un delito de consumación inmediata, consumación inmediata con efectos permanentes, o bien delitos cuyo accionar se mantiene en el tiempo, dándoles el carácter de delitos permanentes. Bajo esa tesitura, tenemos que en el caso que nos ocupa, el delito de cambio de uso de suelo, resulta ser un delito inmediato con efectos permanentes. Esta clasificación nos lleva a determinar que, contrario a los delitos “permanentes o continuos”, para los cuales especifica el numeral 32 del código de rito, que el cómputo de los plazos de prescripción empiezan a correr “desde el día que cesó su permanencia”, para aquella otra clase de delincuencias operan las reglas de prescripción establecidas en los numerales 30 y siguientes del Código Procesal Penal, tal y como fueron aplicadas en la sentencia bajo examen.

Ya este mismo Tribunal de Alzada, -con diferente integración -, se ha pronunciado sobre el tema mediante un análisis doctrinario y legal que se comparte plenamente, y que apunta a que no todos los delitos en contra de la Naturaleza, poseen la característica de ser permanentes (…) Se desprende entonces que el daño sufrido por la naturaleza se circunscribe a la acción ejecutada por el imputado en ese período, mientras que las características propias de un cambio de uso de tierra, hizo efectivo el resultado de inmediato. Lo anterior no significa que durante el proceso penal, no pudiera haber existido un plan de enmienda, mitigación y resarcimiento económico por el daño ambiental causado, lo que para males, no se logró en el proceso por la llegada de extinción de la acción penal. De ahí que resultara legalmente procedente que al caso en particular, se hayan aplicado las reglas de prescripción que prevén los numerales 30 y siguientes del Código Procesal Penal, y que en definitiva conforme con el fundamento dado en el fallo, se determinara que el plazo de prescripción venció un año y medio después del último señalamiento a debate (aparte del período de rebeldía), sin que hubiera operado alguna otra causal interruptora de dicho plazo.

Añade esta Cámara, que el principio pro natura y la defensa de los derechos ambientales, son de primera línea en nuestra sociedad, como parte de los derechos fundamentales de las personas, por lo que no se desconoce la trascendencia de una adecuada aplicación del ordenamiento jurídico en esta área, no obstante, esto no significa que pueda introducirse la arbitrariedad en la persecución penal, en relación con los plazos de prescripción, puesto que esto también iría en contra del Estado de Derecho y otros derechos fundamentales de la gente. El Estado, a través de sus respectivos órganos represivos, debe velar por el cumplimiento de las exigencias legales, en el marco de actuación bajo el cual se persiguen las diferentes conductas delictivas, en perjuicio de la Naturaleza (…)”. Solución del caso: En este asunto, la representante del Estado, fustiga las posiciones contradictorias entre dos tribunales de alzada, demostrando para ello la similitud en los supuestos fácticos y en la ratio decidendi.

Con el reclamo, la impugnante ha traído a discusión la naturaleza del delito de cambio de uso de suelo previsto y sancionado en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, propiamente en cuanto a si se trata de un delito de consumación inmediata con efectos permanentes, o bien, si es un delito cuyo accionar permanece en el tiempo, por lo que sería un delito permanente. Esta Cámara, respecto a este último tópico ha apuntado: “(…) De acuerdo con la doctrina, los delitos permanentes “… son hechos punibles en los cuales, de acuerdo a la interpretación del tipo penal (entendido como norma prohibitiva) resulta que después de la producción del resultado, hay la realización de otras acciones o la conservación de la situación producida (por acción u omisión), realización que constituye lo injusto típico. Estas acciones u omisiones posteriores forman una unidad con la producción del primer resultado.

Lo anterior permite ver el acontecimiento total como una única realización del tipo. Como hemos indicado, el primer resultado debe ser el producto de la violación a la norma. La acción u omisión subsiguiente, que forma una unidad con el primer resultado y que constituye también lo injusto, debe ser también objetivamente imputable al autor como su obra...” (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1eraª edición, 2009, pág. 369). Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sala ha indicado que “… en los delitos permanentes se describe una acción o conducta de un carácter tal que se crea con su producción no solo la consumación típica sino también una injusta y duradera situación –también típica- de lesión o peligro para el bien jurídico, que se mantiene o prolonga en el tiempo sin solución de continuidad, hasta tanto no la cese el autor, como sucede también, por ejemplo, en la Privación de libertad sin ánimo de lucro (artículo 191 del Código Penal), en el Secuestro extorsivo (art. 215 C.P.), o en la Violación de domicilio (art. 204 C.P.).

Esta particularidad de los delitos permanentes tiene relevancia en orden a otros problemas, como por ejemplo: a) la posibilidad de sobrevenir formas de participación o coautoría tras la consumación; b) cualquiera que sea el momento elegido para ejercer la legítima defensa, en los delitos permanentes la agresión ilegítima siempre es “actual” mientras se mantiene la situación injusta; c) para el cómputo de la prescripción de la acción penal se considera que el plazo corre desde el día en que cesó la permanencia de esa situación injusta (cfr. art. 32 del Código Procesal Penal), pues de lo contrario podría darse el absurdo de que el delito prescribiera sin haber cesado los autores en su actuación típica y antijurídica; (cfr. MEZGER, Edmund: Derecho Penal Parte General, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 2ª edición, 1990, págs. 152 y 340; FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan: Derecho Penal Fundamental, Vol. II, Editorial Temis S.A., Colombia, 2ª reimpresión de la 2ª edición, 1998, pág. 335; MUÑOZ CONDE, Francisco y otra: Derecho Penal Parte General, Tirant lo blanch, Valencia 1993, pág. 369; LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel: Curso de Derecho Penal Parte General I, Editorial Hispamer, Colombia, s.f.e., pág. 315; WESSELS, Johannes: Derecho Penal Parte General, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1980, pág. 10; VELÁSQUEZ V., Fernando: Derecho Penal Parte General, Editorial Temis, Colombia, 1995, pág. 358; CREUS, Carlos: Derecho Penal Parte General, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 155.

Respecto al concurso de delitos, véanse las interesantes observaciones de WELZEL, Hans: Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pág. 267 y 274). … Como se ha dicho, un delito permanente no se termina sino hasta que cesa la actividad, ya sea por la voluntad del agente o por causas ajenas a él que le impidan materialmente dar permanencia a la actividad, como ha sucedido, por ejemplo al sobrevenir su privación de libertad en sede judicial.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Res: 2001-00036, de las 10:00 horas, del 12 de enero de 2001). Por su parte, el delito de efectos permanentes, “ocurre cuando, no obstante haber conseguido el resultado, el imputado tiene una conducta permisiva y estando en posibilidad de eliminarla, se abstiene de hacerla cesar… de acuerdo con el artículo 32 del cód. proc. pen. (sic) la prescripción empieza a correr desde que cese la situación de permanencia…” (CASTILLO, Francisco: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Editorial Jurídica Continental, Costa Rica, 1eraª edición, 2009, pg. 373-374).

La diferencia entre ambas figuras, es entonces que el delito permanente se ejecuta durante un extenso período de tiempo –mientras se ve agredido el bien jurídico, como por ejemplo en la privación de libertad, en la que cada momento en que el autor no libere a la víctima, implica una constante consumación del hecho-hasta que la acción material cesa por parte del autor, mientras que el delito de efectos permanentes, una vez ejecutado, y aún cesada la acción material del autor, el efecto sobre el bien jurídico se mantiene. Un ejemplo de esto sería el delito de falsificación y uso de documento falso, pues el documento, una vez falsificado, podrá ejercer sus efectos hasta que se declare su invalidez (CASTILLO, op cit., pg. 373) (…)” (Resolución N°1188-2014 de las catorce horas dieciocho minutos del dieciséis de julio de dos mil catorce (16/07/2014), también puede leerse catorce horas dieciocho minutos del dieciséis de julio de dos mil catorce (16/07/2014).

Integrada por: Pereira, Ramírez, Arroyo, Arias y Gómez). Ahora bien, en el tipo penal que nos ocupa, se señala lo siguiente en la Ley Forestal: “Artículo 61.- Prisión de un mes a tres años. Se impondrá prisión de un mes a tres años a quien: (…) c) Realice actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra (…)”. Tratándose de una norma penal en blanco, para determinar la configuración de la figura delictiva, indiscutiblemente debe acudirse a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Forestal, la cual apunta: “Actividades autorizadas. En terrenos cubiertos de bosque, no se permitirá cambiar el uso del suelo, ni establecer plantaciones forestales. Sin embargo, la Administración Forestal del Estado podrá otorgar permiso en esas áreas para los siguientes fines: a) Construir casas de habitación, oficinas, establos, corrales, viveros, caminos, puentes e instalaciones destinadas a la recreación, el ecoturismo y otras mejoras análogas en terrenos y fincas de dominio privado donde se localicen los bosques. b) Llevar a cabo proyectos de infraestructura, estatales o privados, de conveniencia nacional. c) Cortar los árboles por razones de seguridad humana o de interés científico. d) Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias.

En estos casos, la corta del bosque será limitada, proporcional y razonable para los fines antes expuestos. Previamente, deberá llenarse un cuestionario de preselección ante la Administración Forestal del Estado para determinar la posibilidad de exigir una evaluación del impacto ambiental, según lo establezca el reglamento de esta ley.”. De las normas sustantivas antes transcritas, es posible determinar que este delito se materializa de manera inmediata (cuando se ejecutan los actos de cambio de uso de suelo), pero su consumación se reitera en el tiempo, en tanto se mantenga la variación del uso de tierra, en detrimento de los recursos naturales, pues no basta con que se haya talado el bosque, dado que mientras en el sitio se desarrolle una actividad distinta a la del bosque y se impide su regeneración, sigue ejecutándose el cambio en el uso del suelo, el cual está expresamente prohibido, siempre y cuando no se cuente con los permisos de la Administración Forestal, razón por la cual se considera un delito de forma y con efectos permanentes.

Es claro que el bien jurídico tutelado, que en el particular son los recursos naturales, se ve afectado a cada instante en que el encartado mantenga la modificación del uso de tierra, que inicialmente era un bosque, y que, en apariencia, con su actuar el endilgado lo transformó en otro destino. A propósito del tema de la protección del medio ambiente, y de la necesidad de conservación del mismo para la preservación de las distintas especies que cohabitamos este planeta, es preciso mencionar el desarrollo que hizo al respecto el Tribunal Constitucional costarricense: “(…) VI.- SOBRE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO Y ECOLÓGICAMENTE EQUILIBRADO. A partir de lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, este Tribunal Constitucional ha reconocido, ampliamente, el deber que le atañe al Estado de proteger el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con lo cual, el Estado se constituye en el garante en la protección y tutela del medio ambiente y los recursos naturales.

Es al tenor de dichas disposiciones, que nace la responsabilidad del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en esta materia, según lo dispone la propia norma constitucional en comentario, función que desarrolla la normativa infraconstitucional ambiental. De esta forma, mediante sentencia No. 2002-04830 indicó, en lo conducente: "Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos.

El Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición de fomentar su degradación." Es así como a partir del texto constitucional el Estado Costarricense debe velar por la protección del ambiente, lo cual implica no sólo que debe tomar las medidas necesarias para impedir que se atente contra éste, sino también que debe adoptar medidas que refuercen su protección y conservación. VII.- PRINCIPIO PRECAUTORIO. La justicia constitucional ha reconocido una serie de principios de tutela del medio ambiente que derivan en obligaciones específicas para el Estado Costarricense. En primer término, resulta de relevancia rescatar para los efectos del caso que se examina, el principio de precaución, el cual se encuentra en su formulación más general en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo principio 15 dispone: “Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.

Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” La Sala ha reconocido el “principio precautorio”, como un principio que obliga al Estado a disponer todo lo que sea necesario –dentro del ámbito permitido por el Ordenamiento Jurídico– a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio. Dentro de esta óptica, mediante la sentencia No. 1250-1999 de las 11:24 hrs. del 19 de febrero de 1999, se dispuso lo siguiente: "(...) en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente." También, en la sentencia No. 132-99 de las 8:18 hrs. del 8 de enero de 1999 se indicó lo que sigue: "El principio de protección al medio ambiente no es una recomendación o una intención que da la Constitución, sino que, por el contrario, es un derecho de aplicación inmediata, por lo que existe una obligación por parte de los organismos gubernamentales de vigilar porque se cumplan las disposiciones legales que tiendan a proteger el medio ambiente." (El destacado no forma parte del original).

La precaución implica anticiparse a los efectos negativos, y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos naturales. Consecuentemente, el principio rector de prevención o “principio precautorio” se fundamenta en la necesidad de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas. En este particular, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que en caso que exista un riesgo de daño grave o irreversible -o una duda al respecto-, se debe adoptar las medidas de precaución e inclusive posponer la actividad que se trate. Lo anterior, debido a que en materia ambiental la coacción a posteriori resulta ineficaz, por cuanto de haberse producido ya las consecuencias biológicas y socialmente nocivas, la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará los daños ocasionados al ambiente.

Es así, como hoy en día la acción precautoria del Estado debe ir encaminada a la tutela del medio ambiente a pesar que no existan pruebas concluyentes que reflejen una relación causa-efecto entre la actividad que se ejerce y las posibles consecuencias nocivas como resultado de la misma, utilizándose las mejores técnicas disponibles para reducir al mínimo los posibles daños y peligros para la naturaleza y el ambiente. Por este motivo, es que el propio Ordenamiento Costarricense ha impuesto a nivel legal la exigencia de efectuar estudios previos antes de ejecutar una actividad que, eventualmente, podría tener efectos nocivos sobre el medio ambiente, y que, a partir de lo expuesto, se constituyen en deberes constitucionalmente impuestos para garantizar el derecho de todos a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado. Corolario de lo anterior, el principio precautorio no justifica una actuación pasiva del Estado en cuanto a la tutela del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales se refiere.

VIII.- SOBRE EL DERECHO A UN DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA NECESIDAD DE REALIZAR UN USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES. Ciertamente, el hombre puede hacer uso de los recursos naturales que se encuentren a su disposición con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, como medio de subsistencia y como fuente de ingresos; sin embargo, tal uso no puede ser de ninguna manera efectuado en detrimento de éstos. En otros términos, el ser humano puede hacer uso de los recursos, siempre que su actividad se lleve a cabo de manera proporcional, racional, más no de forma ilimitada o arbitraria en perjuicio del medio ambiente. Al respecto este Tribunal Constitucional en la resolución No. 4423-93 señaló, en lo que interesa: “(...) Toda la vida del hombre ocurre en relación inevitable con su ambiente, en especial con el mejoramiento de la condición de vida que es el objetivo central que el desarrollo necesita, pero éste debe estar en relación con el ambiente de modo tal que sea armónico y sustentable.

El ambiente, por lo tanto, debe ser entendido como un potencial de desarrollo para utilizarlo adecuadamente, debiendo actuarse de modo integrado en sus relaciones naturales, socioculturales, tecnológicas y de orden político, ya que, en caso contrario, se degrada su productividad para el presente y el futuro y podría ponerse en riesgo el patrimonio de las generaciones venideras (...)” Sobre la misma línea de argumentación, la Sentencia No. 5974-98 estipuló como sigue:“(...) si bien el hombre tiene el derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, también tiene el deber de protegerlo y preservarlo para uso de las generaciones futuras; pues de conformidad con el principio de "lesión", el legítimo ejercicio de un derecho tiene dos límites esenciales; por un lado, los iguales derechos de los demás, y por el otro, el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (...)”.

El desarrollo sostenible, como tal, va más allá de ser un concepto meramente ambientalista, pues implica una adecuada y sostenida utilización de los recursos naturales para el goce y disfrute de las generaciones actuales, pero sin comprometer los recursos y sin poner en peligro el goce de éstos para las generaciones venideras. En sí mismo, el principio de desarrollo sostenible, encierras varios fines, como lo son los objetivos económicos promoviendo la eficiencia en la utilización de los recursos, sociales al pretender la limitación de la pobreza, y ecológicos al tutelar la preservación de los sistemas físicos y biológicos. Dichos fines deben ser tutelados por el Estado Costarricense de manera conjunta, logrando un equilibrio que encierra la persecución del desarrollo sostenible (…)”. Partiendo de ello, y considerando que nos encontramos ante un delito con efectos permanentes, para los aspectos de la prescripción, debe estarse a lo dispuesto en el numeral 32 del Código de rito que dispone: “(…) Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y comenzarán a correr (…) para los delitos continuos o permanentes, desde el día en que cesó su permanencia (…)”.

Sobre la prescripción en esta forma de delitos, ha señalado la Sala Constitucional: “(…) Aduce la jueza que ahora consulta que en el caso del delito de usurpación, el plazo de prescripción no puede iniciar su curso sino hasta que el poseedor –usurpador- salga del inmueble (cesen los efectos) lo que hace prácticamente imprescriptible el delito, pues aun transcurridos más de diez años de la invasión de un inmueble, basta acreditar que siempre el invasor ha estado dentro del terreno para que llegue a determinarse que no ha corrido ni siquiera un día para que opere la prescripción tanto negativa –penal- como la positiva –usucapión-, pues ésta no puede computarse allí donde no se haya dado la extintiva. Vale aclarar a la consultante que el delito de usurpación no sería imprescriptible, porque como lo establece el artículo aquí cuestionado, el término para contar la prescripción de la acción penal empezaría a partir del cese de la permanencia de sus efectos, sea cuando cese la usurpación.

En los delitos instantáneos de efectos permanentes, se repiten sus efectos todos los días hasta que el "usurpador" abandone la propiedad, de ahí el calificativo de la permanencia (…)” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto N°11515-00 de las catorce horas treinta y nueve minutos del veintiuno de diciembre del año dos mil, también puede leerse 14:39 horas del 21/12/2000). Si bien la cita del fallo recién señalado hace referencia a la usurpación, lo cierto es que nos encontramos ante una situación similar cuando se trata del delito de cambio de uso de tierra, por cuanto al talarse un bosque, y variar por completo su destino, hasta tanto no se haya permitido la regeneración de los recursos naturales, la acción desplegada por el endilgado continuaría generando efectos en perjuicio de los ecosistemas y de futuras generaciones. Así las cosas, bajo estos supuestos no se aplican las reglas estipuladas en el artículo 33 de la normativa procesal penal costarricense, tal y como lo hizo el a quo y el ad quem dentro de este proceso penal, ya que la reducción de los plazos de prescripción, así como la interrupción y suspensión, dependen del momento en que inicie el cómputo del plazo de prescripción.

No obstante, ante casos como el que nos ocupa, en que el delito es con consecuencias permanentes y en donde a la fecha se desconoce si han cesado sus efectos, no puede iniciarse el cálculo de la prescripción, conforme lo indica el numeral 32 del Código Procesal Penal, y por lo tanto, tampoco es procedente aplicar la reducción de los plazos del artículo 33 de la legislación adjetiva, hasta tanto no se haya iniciado la regeneración del bosque secundario, que en apariencia fue talado, por instrucciones dadas por el imputado. En conclusión, esta Cámara por mayoría unifica los criterios contradictorios suscitados entre los tribunales de segunda instancia, en el sentido que, en el delito de cambio de uso de suelo, previsto en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, la prescripción no corre hasta tanto no hayan cesado sus efectos, sea, en el momento en que se inicie la regeneración de los ecosistemas que se vieron afectados con la extinción del bosque, para darle paso a otras actividades de desarrollo humano.

Lo anterior, en consonancia con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, previsto en el artículo 50 de la Constitución Política, y por consiguiente en el desarrollo sostenible necesario para la preservación del planeta para las futuras generaciones. En consecuencia, se anula la resolución N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021) del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, así como la sentencia N° 204-P-20 de las catorce horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte (14:00 horas del 27/05/2020) del Tribunal de Juicio de Puntarenas, ordenándose el reenvío de la causa al Tribunal Penal de Puntarenas, a fin de que continúe con la tramitación del presente proceso penal como en derecho corresponde.

III.En el segundo motivo, se acusa la Errónea aplicación de las reglas de prescripción que prevén los numerales 31, 32 y 33 del Código Procesal Penal, al aplicar la prescripción del delito de cambio de uso del suelo. Señala el impugnante, la equivocada aplicación de los artículos 31, 32 y 33 del Código Procesal Penal, porque en la especie no se está ante un delito instantáneo de efectos permanentes, sino ante un delito permanente, por lo que la prescripción no empezaba a correr en el momento de la acción típica del cambio del uso de suelo, sino de la cesación del estado por ella producido. Agrega que en el delito de cambio de uso del suelo “…la acción penal comienza su conteo o plazo fatal, una vez que cesa la permanencia de la obra invasora, ya que mientras ésta se mantenga el ilícito se perpetúa en el tiempo, y esa permanencia cesa cuando se elimina la estructura o construcción invasora y el recurso natural se recupera, regenera y vuelve a su estado original.”.

Menciona que, en el caso en particular, se construyeron terrazas e introdujeron construcciones invasoras destruyeron el ecosistema, obras que aún permanecen y continúan lesionando el bien jurídico tutelado. En su exposición, hace alusión al pronunciamiento de esta Sala, 2018-00893, de las once horas y veinticinco minutos del siete de diciembre de dos mil dieciocho (07/12/2018), que transcribe parcialmente. Indica que el fallo impugnado genera gravamen al no aplicar el artículo 32 del Código Procesal Penal, lo que permitió el dictado del sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción penal y que no ordenaran la restitución del sitio afectado a su estado anterior. Por la forma en que se resolvió el primer motivo del recurso de casación, se omite pronunciamiento sobre este reclamo.

Por tanto:

Por mayoría, se declara con lugar el primer motivo del recurso de casación interpuesto por la procuradora penal. Esta Cámara unifica los criterios contradictorios suscitados entre los tribunales de alzada, en el sentido que, en el delito de cambio de uso de suelo, previsto en el artículo 61 inciso c) de la Ley Forestal, la prescripción no corre hasta tanto no hayan cesado sus efectos, sea, en el momento en que se inicie la regeneración de los ecosistemas que se vieron afectados con la extinción del bosque, para darle paso a otras actividades de desarrollo humano. Lo anterior, en consonancia con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, previsto en el artículo 50 de la Constitución Política, y por consiguiente en el desarrollo sostenible necesario para la preservación del planeta para las futuras generaciones. En consecuencia, se anula la resolución N°2021-00625 de las once horas del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021) del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera, así como la sentencia N° 204-P-20 de las catorce horas del veintisiete de mayo de dos mil veinte (14:00 horas del 27/05/2020) del Tribunal de Juicio de Puntarenas, ordenándose el reenvío de la causa al Tribunal Penal de Puntarenas, a fin de que continúe con la tramitación del presente proceso penal como en derecho corresponde. Por la forma en que se resolvió este reclamo, se omite pronunciamiento sobre el segundo de los reproches. La Magistrada Zúñiga morales salva el voto. Notifíquese.

Jesús Alberto Ramírez Q.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

Rafael Segura B.

Magistrado suplente Miguel Fernández C.

Magistrado suplente Rosa Acón Ng Magistrada suplente Voto salvado de la Magistrada Zúñiga Morales Único. Con el debido respeto, discrepo del criterio expresado por la mayoría de esta Cámara en cuanto declaró con lugar el primer motivo del recurso de casación interpuesto por la representante de la Procuraduría General de la República. Estimo, que lo procedente es declarar sin lugar los dos motivos (ambos referidos a la aplicación de las reglas de prescripción de la acción penal) de dicha impugnación y confirmar lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, en cuanto ratificó el sobreseimiento definitivo, por prescripción, dictado por el Tribunal de Juicio de Puntarenas. Si bien, lleva razón la Procuradora Penal, en el sentido de que existen precedentes contradictorios entre el voto aquí recurrido, N° 2021-00625, de las once horas, del veintidós de junio de dos mil veintiuno (11:00 horas del 22/06/2021) dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección Tercera [asume la posición de que el delito de “Cambio de uso de la tierra”, al ser inmediato con efectos permanentes, no le aplica el numeral 32 del Código Procesal Penal (que dispone que el cómputo de los plazos de prescripción empieza a correr “desde el día que cesó su permanencia”), sino que operan las reglas de prescripción establecidas en los artículos 31 y 33 de ese mismo cuerpo normativo] y la resolución N° 2014-0490, de las nueve horas diez minutos, del catorce de marzo de dos mil catorce (09:10 horas del 14/03/2014) emitida por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea [consideró, en un caso en el que se juzgó por el delito de “Cambio de uso de la tierra”, que el plazo de la prescripción de la acción penal no comenzó a correr (conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal), al no haber cesado la permanencia de sus efectos en el sitio], lo cierto es que, contrario al voto de mayoría de esta Sala, considero que debe confirmarse la resolución dictada por el Tribunal de Apelación en el caso concreto, en cuanto ratificó el sobreseimiento definitivo, por prescripción, dictado por el Tribunal de Juicio.

En primer lugar, cabe señalar que los delitos de efectos permanentes se han conceptualizado como aquellos en los que no obstante haberse conseguido el resultado, la persona imputada tiene una conducta permisiva y, estando en posibilidad de eliminarla, se abstiene de hacer cesar sus efectos (se mantiene el efecto sobre el bien jurídico). Tal y como lo he indicado en múltiples oportunidades, en delitos cuya naturaleza es de efectos permanentes (como sucede con el de “Cambio de uso de la tierra”), al igual que en cualquier otro delito, se le deben aplicar las normas sobre la interrupción y suspensión de la prescripción, pues esa naturaleza de delito de efectos permanentes, sólo tiene sentido y utilidad para iniciar el proceso (persecución penal). Esta posición es consecuente con la que mantenido en otras ocasiones, concretamente, cuando suscribí el voto minoritario en las resoluciones N° 2007-00086, de las nueve horas, del dieciséis de febrero de dos mil siete (09:00 horas del 16/02/2007), del otrora Tribunal de Casación Penal, Sección Primera, San Ramón y N° 2013-1769, de las once horas treinta y cuatro minutos, del doce de agosto de dos mil trece (11:34 horas del 12/08/2013), del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea; así como cuando emití un voto minoritario en los pronunciamientos de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia N° 2014-00559, de las diez horas y cincuenta minutos, del veintiocho de marzo de dos mil catorce (10:50 horas del 28/03/2014) y N° 2018-00893, de las once horas veinticinco minutos, del siete de diciembre del dos mil dieciocho (11:25 horas del 07/12/2018).

El artículo 31 del Código Procesal Penal (CPP) tiene por objeto regular los plazos de prescripción de la acción penal cuando no se ha iniciado la investigación en contra de una persona, ya sea por algún tipo de denuncia o, de oficio, por parte del Ministerio Público en caso de delitos de acción pública; por denuncia en ilícitos de acción pública a instancia privada o, mediante querella en los delitos de acción privada. El numeral 32 del CPP explica la forma de realizar los cómputos de los plazos previstos en el 31 de este mismo texto legal, para determinar si se encuentra o no prescrita la acción penal (pero para iniciar la persecución mediante un proceso penal), según dos supuestos: (i) grado de perfección del ilícito, dependiendo de si se consumó o quedó en grado de tentativa y (ii) modo de afectación del bien jurídico tutelado: dependiendo de si se trata de lo que denomina como delitos “continuos o permanentes”.

Es fundamental destacar, se esté de acuerdo o no, que la referencia que efectúa el artículo 32 del CPP –concretamente sobre las peculiaridades de los delitos permanentes– en cuanto al numeral 31 de ese mismo cuerpo normativo, lo hace solo para efecto de iniciar la persecución penal. Hipótesis en la cual, por supuesto, de continuar la afectación del bien jurídico tutelado (en lo que interesa, la realización de actividades que impliquen cambio en el uso de la tierra o el suelo, contrarias a lo establecido por el artículo 19 de la Ley Forestal) se podrá denunciar, querellar o actuar de oficio el Ministerio Público, pues no ha prescrito la acción penal, la que se comenzaría a computar a partir del momento en que cese la conducta sancionada (si es que cesa). Por su parte, se tiene que el ordinal 33 del CPP indica: “Iniciado el procedimiento, los plazos establecidos en el artículo trasanterior se reducirán a la mitad…”.

Como puede advertirse, este artículo no establece ningún tipo de excepción para que esas reducciones automáticas del plazo de la prescripción operen, y eso es así porque, como lo dispone de forma expresa la norma, esta regulación existe para aplicarse siempre que la persecución penal haya iniciado (según los términos dispuestos en el artículos 31 del CPP y con una sola excepción, contemplada en el inciso b), la presentación de la querella, acto con el cual tiene inicio el procedimiento especial para delitos de acción privada). La suscrita no comparte la posición asumida, en el caso en particular, por mis compañeros y mi compañera de Sala, en tanto consideran que ante un delito con efectos permanentes como el de “Cambio de uso de la tierra” y en donde a la fecha se desconoce si han cesado sus efectos, no puede iniciarse el cálculo de la prescripción, conforme lo indica el artículo 32 del Código Procesal Penal, y por lo tanto, tampoco es procedente aplicar la reducción de los plazos del numeral 33 de este mismo cuerpo normativo, hasta tanto no se haya iniciado la regeneración del bosque secundario.

Con todo respeto considero que, si el ordinal 33 del CPP no establece ninguna excepción para su aplicación, mal se haría, si en perjuicio del encartado se da una interpretación extensiva en línea a que, de la aplicación de esa norma se deben excluir determinados delitos: los denominados por nuestro Código Procesal Penal como permanentes o continuos; cuando lo correcto es optar por una interpretación restrictiva, la cual se regula expresamente en el ordinal 2 del CPP que establece: “Deberán interpretarse restrictivamente las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la analógica mientras no favorezca la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a quienes intervienen en el procedimiento.”. Debe tenerse presente que la prescripción, sus plazos y sus causales de interrupción y de suspensión, resultan tópicos que responden a aspectos de política criminal.

Si el legislador optó por establecer la interrupción de la prescripción –sin incluir de forma expresa ninguna excepción–, y si una interpretación restrictiva de las normas impide aplicar reglas en perjuicio o en detrimento de los derechos y garantías de la persona imputada, debemos concluir que esa fue la decisión del legislador: reducir los plazos de la prescripción a la mitad, sin ninguna restricción; cuya única exigencia es que la persecución haya iniciado. En consecuencia, siendo que, en este proceso, la acción penal se extinguió, por prescripción, el diecinueve de enero de dos mil veinte (19/01/2020), considero que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto por la representante de la Procuraduría General de la República y confirmar lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. Por las razones apuntadas, con todo respeto me aparto del criterio sostenido por el voto mayoritario.

Sandra Eugenia Zúñiga M.

Int. 817-2/17-2-22 SLEIVAA

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

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      • Ley 7594 Criminal Procedure Code

      Este documento cita

      • Ley 7594 Código Procesal Penal

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