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Res. 00265-2024 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 21/03/2024
OutcomeResultado
The First Chamber denied cassation and left intact the revocation of the allotment, cancellation of the title and subsequent transactions, eviction, and restoration of the parcel to INDER.La Sala Primera rechazó la casación y mantuvo la revocatoria de la adjudicación, la nulidad del título y de los negocios posteriores, el desalojo y la restitución de la parcela al INDER.
SummaryResumen
The First Chamber denied the cassation appeal filed by the original allottees and the company that acquired a parcel in the Coyolar settlement. It held that the agrarian courts could not review the legality, expiration, or invalidity of the administrative proceeding through which INDER sought to revoke the allotment, because those issues belong to the contentious-administrative jurisdiction and had not been asserted as claims challenging administrative acts. Nor could the Chamber consider a limitations defense that had not been timely pleaded, since doing so would deny the opposing party an opportunity to respond and violate due process. On the only genuinely agrarian issue, the Chamber found evidence of indirect exploitation: the allottee agreed to share the operation of a mango grove with a third party for three or four years without institutional authorization. The separate findings that the parcel had been abandoned and devised without INDER’s permission also remained uncontested. The revocation, registry cancellations, eviction, and restoration of the property to INDER therefore remained effective.La Sala Primera declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por los adjudicatarios originales y la sociedad adquirente de una parcela del asentamiento Coyolar. Determinó que la jurisdicción agraria no podía revisar la legalidad, caducidad o nulidad del procedimiento administrativo mediante el cual el INDER procuró revocar la adjudicación, pues esas cuestiones corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa y no fueron planteadas como pretensiones contra actos administrativos. Tampoco podía examinar una prescripción no invocada oportunamente, ya que ello causaría indefensión y vulneraría el debido proceso. En cuanto al único agravio propiamente agrario, constató que sí existía prueba de explotación indirecta: el adjudicatario acordó trabajar a medias una arboleda de mangos con un tercero durante tres o cuatro años, sin autorización institucional. Además, quedaron firmes el abandono de la parcela y el legado otorgado sin permiso del INDER. Por ello subsistieron la revocatoria, las nulidades registrales, el desalojo y la restitución del inmueble al Instituto.
Key excerptExtracto clave
Therefore, because nearly all the arguments raised by the plaintiffs and the company joined as a party in their cassation appeal entail reviewing the legality of administrative actions, those objections cannot be examined, as they fall outside the agrarian jurisdiction defined for this proceeding. It must also be added that the judgments at both levels found not only unauthorized indirect exploitation, but also abandonment of the parcel and the execution of a testamentary disposition—again, without INDER’s permission—matters to which no objection was raised. Thus, even if the argument were well founded, it would be insufficient to alter the merits of the decision. The appeal is denied.Por ello, en vista de que casi todos los alegatos formulados por los actores y la sociedad litisconsorte, en su recurso de casación, suponen revisión de la legalidad de actuaciones administrativas, esos reproches, por ser ajenos a la competencia agraria definida en este proceso, no podrán examinarse. A lo dicho ha de sumarse que las sentencias de ambas instancias no sólo tuvieron por acreditada la explotación indirecta, sin autorización, sino también el abandono de la parcela y el otorgamiento de un legado -de nuevo, sin permiso del INDER-, aspectos contra los que no formuló reparo alguno, por lo que, aún en el evento de su alegato estuviere fundado, sería insuficiente para propiciar una modificación del fondo de lo decidido. Se declara sin lugar el recurso.
Pull quotesCitas destacadas
"El pronunciamiento es confuso porque menciona la caducidad -y sus efectos- pero no la dispone, sino que ordena el archivo para que el asunto se resuelva en sede jurisdiccional, de modo que no declara, según aseveran reiteradamente en el recurso, la nulidad del procedimiento."
"The decision is confusing because it mentions expiration—and its effects—but does not declare it; instead, it orders the matter archived so that it may be resolved judicially. It therefore does not declare the proceeding invalid, as repeatedly asserted in the appeal."
Considerando IV
"El pronunciamiento es confuso porque menciona la caducidad -y sus efectos- pero no la dispone, sino que ordena el archivo para que el asunto se resuelva en sede jurisdiccional, de modo que no declara, según aseveran reiteradamente en el recurso, la nulidad del procedimiento."
Considerando IV
"Con todo, aunque el Tribunal haya introducido esa figura (prescripción) que no era la alegada propiamente por la parte, no podría este órgano pronunciarse sobre una prescripción no invocada como acción ni como excepción, porque ello supondría ocasionarle indefensión a la contraparte y se generaría una lesión al principio constitucional del debido proceso que figura como eje vertebral de todos los procesos jurisdiccionales."
"Nevertheless, although the Tribunal introduced that doctrine—the limitation period—which the party had not actually pleaded, this Chamber could not rule on a limitation period that was asserted neither as a claim nor as a defense, because doing so would leave the opposing party defenseless and violate the constitutional principle of due process that forms the backbone of all judicial proceedings."
Considerando IV
"Con todo, aunque el Tribunal haya introducido esa figura (prescripción) que no era la alegada propiamente por la parte, no podría este órgano pronunciarse sobre una prescripción no invocada como acción ni como excepción, porque ello supondría ocasionarle indefensión a la contraparte y se generaría una lesión al principio constitucional del debido proceso que figura como eje vertebral de todos los procesos jurisdiccionales."
Considerando IV
"Al respecto, la sentencia de primera instancia señala, en el tercer hecho probado, que entre los años 2000 y 2001 el señor Montero Montero acuerda trabajar “a medias” la arboleda de mangos existente en la parcela con Pablo Solórzano Alvarado, por espacio de 3 o 4 años, sin contar con la autorización del INDER, lo que calificó luego como un supuesto de explotación indirecta y aquél hecho indubitable lo sustentó en la confesional de los actores y el testimonio de Pablo Solórzano Alvarado, de modo que la prueba que echan de menos, obra en el fallo de primera instancia."
"In this regard, the trial judgment states in its third proven fact that, between 2000 and 2001, Mr. Montero Montero agreed to work the parcel’s mango grove “on shares” with Pablo Solórzano Alvarado for three or four years, without INDER’s authorization. It later classified this as indirect exploitation and supported that undisputed fact with the plaintiffs’ admissions and Pablo Solórzano Alvarado’s testimony; therefore, the evidence they claim is missing appears in the trial judgment."
Considerando IV
"Al respecto, la sentencia de primera instancia señala, en el tercer hecho probado, que entre los años 2000 y 2001 el señor Montero Montero acuerda trabajar “a medias” la arboleda de mangos existente en la parcela con Pablo Solórzano Alvarado, por espacio de 3 o 4 años, sin contar con la autorización del INDER, lo que calificó luego como un supuesto de explotación indirecta y aquél hecho indubitable lo sustentó en la confesional de los actores y el testimonio de Pablo Solórzano Alvarado, de modo que la prueba que echan de menos, obra en el fallo de primera instancia."
Considerando IV
Full documentDocumento completo
20230004000196-6920647-1.rtf Res. 000265-F-S1-2024 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE (SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA). San José, at fifteen hours fifty-one minutes on March twenty-first, two thousand twenty-four.
Ordinary agrarian proceeding (proceso ordinario agrario) brought by CARLOS MONTERO MONTERO and ANAIS SALAS MESÉN, both represented by their special judicial attorney-in-fact (apoderado especial judicial), José Luis Ramos Castellón, against ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, represented by his special judicial attorneys-in-fact, Luis Gustavo Ocampo Rojas and Sebastián Calderón Cerdas, and against the INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), represented by its general judicial attorneys-in-fact (apoderados generales judiciales), Carlos Enrique García Anchía, Adán Arnoldo Gómez Calvo, and Isabel Escalante Gutiérrez, and by its special judicial attorney-in-fact, Ronald Eduardo Lewis Mc Laren, in which INDER filed a counterclaim (contrademanda) against the plaintiffs and the co-defendant. Also participating as necessary co-parties on the defendant side (litisconsortes pasivos) of the counterclaim are company 3-101-689148 S.A., represented by Mr.
Montero Montero and Ms. Salas Mesén, an entity for which Mr. José Luis Ramos Castellón also appears as special judicial attorney-in-fact, as well as PABLO, GABRIELA, and ROXANA, all surnamed SOLÓRZANO ALVARADO, and GUADALUPE ALVARADO FLORES, represented by their special attorney-in-fact, Reina Esther Ramos Madriz. In this matter, counsel for the counterclaim defendants and necessary co-party company 3-101-689148 files an appeal on points of law (recurso de casación) against judgment no. 2023000143 issued at fifteen hours ten minutes on February twentieth, two thousand twenty-three, by the Tribunal Agrario, then composed of judges Carlos Adolfo Picado Vargas, Enrique Ulate Chacón, and Antonio Darcia Carranza.
Justice Leiva Poveda drafting
WHEREAS
I.Carlos Montero Montero and Anais Salas Mesén sued Álvaro Enrique Sandoval Araya, seeking a judgment declaring the following: a) that they are the owners of property registration 284428-000, sequences 001 and 002; b) that the property has been unlawfully occupied by the defendant since May 14, 2009; c) that possession (posesión) be restored to them; and d) that he be ordered to pay both categories of litigation costs (ambas costas del proceso). The defendant opposed the action and asserted the defenses (defensas) of compulsory joinder of necessary defendants “or” plaintiffs (litisconsorcio necesario pasivo “o” activo), lack of a legal right (falta de derecho), and lack of standing (falta de legitimación). On January 12, 2011, the Instituto de Desarrollo Agrario, now the Instituto de Desarrollo Rural (INDER), was ordered joined in the proceeding, as a result of which the plaintiffs sued the entity and asserted identical claims (pretensiones) against it, except regarding costs, which they requested also be assessed against the defendant entity.
INDER opposed the action and asserted lack of a legal right and lack of standing and, in addition, filed a counterclaim against the plaintiffs. In its counterclaim, it requested declarations: a) that the plaintiffs failed to fulfill their obligations because they were not in possession of parcel 7 of the sector M settlement in Coyolar de Orotina, as it was possessed by a third party; b) that the complaint be dismissed; c) that the unjustified abandonment of the parcel be deemed proven; d) that they breached their obligations and must therefore return the parcel to the institution’s holdings; e) that the allocation (adjudicación) of parcel 7 of the Coyolar settlement, Sector M, to the plaintiffs be revoked and the title deed (título de propiedad) annulled; f) that payment be recognized for useful improvements (mejoras útiles), but not necessary improvements (mejoras necesarias); and g) that they be ordered to pay costs.
The counterclaim defendants opposed it and asserted the affirmative defenses (excepciones) of time-bar by expiration (caducidad), lack of a legal right, and lack of both active and passive standing. This same institution joined Álvaro Enrique Sandoval Araya as a necessary co-party on the defendant side in order to comply with the jurisdictional ruling (resolución jurisdiccional) of April 09, 2013. Accordingly, INDER requested that the following be declared against him: a) that property registration 284428 was allocated under Ley 2825 and that the co-defendant remained on the parcel without its authorization, constituting indirect exploitation (explotación indirecta); b) that, consequently, the title deed granted to Mr. Montero and Ms. Salas must be annulled and the property registered in favor of the Instituto; c) that Mr. Sandoval Araya be evicted; d) that a violation of the principles of the Ley de Tierras y Colonización and the statutory restrictions be declared; e) that, if improvements are established, they be compensated pursuant to section 66 of Ley 2825, subsection f); and that he be ordered to pay both categories of litigation costs.
Mr. Sandoval Araya opposed the action and asserted, in his defense, lack of a legal right and lack of active and passive standing. On June 29, 2015, it was ordered that INDER must also join company 3-101-689148 S.A. in the litigation. The institution complied and requested that the following be declared against the company: a) that property 284428 was allocated pursuant to Ley 2825; b) that the company unlawfully acquired it from Mr. Montero and Ms. Salas, who also appeared as corporate representatives; c) that the latter knew that parcel 7-M of the Coyolar settlement had been granted under that law, and therefore the company acquired it in bad faith; d) that, because Mr. Montero, Ms. Salas, Mr. Sandoval, and the aforementioned company failed to comply with the obligations imposed by that legislation, the property must be returned and the title deed granted to Mr. Montero and Ms. Salas annulled, as must the conveyance (traspaso) they made to the company; e) that the company be evicted and the institution placed in possession; f) that any improvements be compensated pursuant to section 66 of that legislation; and g) that the company be ordered to pay the litigation costs.
The counterclaim defendant company opposed the counterclaim and asserted time-bar by expiration, lack of a legal right, and lack of both active and passive standing. INDER, again in compliance with the jurisdictional authority’s order of April 10, 2018, joined Pablo, Gabriela, and Roxana, all surnamed Solórzano Alvarado, and Guadalupe Alvarado Flores in the litigation and requested declarations: a) that the aforementioned property was allocated under Ley 2825 and, therefore, any agreement concerning or possession of it had to be authorized by INDER; b) that the bequest (legado) is unlawful because Mr. Montero and Ms. Salas could not dispose of the property; c) that the defendants knew parcel 7-M had been granted under that law and, therefore, the bequest was made in bad faith; d) that, given the allottees’ (adjudicatarios) noncompliance, the property must be recovered and the title granted to Mr.
Montero and Ms. Salas annulled, as must the bequest established in favor of the Solórzano Alvarado family members and Alvarado Flores, and that the property be ordered registered in favor of the Instituto; e) that eviction be ordered; f) that, if the existence of improvements is proven, they be compensated in accordance with that legislation; and g) that they be ordered to pay both categories of litigation costs. Defendants Solórzano Alvarado and Alvarado Flores opposed the action and asserted lack of a legal right, lack of both active and passive standing, and time-bar by expiration.
II.In ruling on the merits of the dispute, the Agrarian Court (Juzgado Agrario) deemed the following relevant facts, adopted by the Tribunal and not disputed by any party, to have been established; they are summarized and reorganized here insofar as relevant to this Court. Property FR-264428, rights 001 and 002, Lot M-7, located in Coyolar, Orotina, Alajuela, with an area of 2 ha 1079.50 m², was awarded to Mr. Montero and Ms. Salas by INDER through a land grant agreement (contrato de dotación de tierras), pursuant to the Ley de Tierras y Colonización and subject to the restrictions imposed by that legislation, which began on 26 de noviembre de 1993 and ended on 26 de noviembre de 2008. Between 2000 and 2001, Mr. Montero agreed with Pablo Solórzano Alvarado to work the mango grove on the land “on a share basis” for a term of 3 or 4 years. Under the agreement, Mr. Alvarado undertook to provide the financial capital and designate a person responsible for maintaining the grove and harvesting the fruit; among those persons was defendant Álvaro Sandoval Araya.
Plaintiff Carlos Montero Montero, meanwhile, “provided the fruit,” meaning that he permitted the partial exploitation of the parcel at issue. That agreement was not authorized by INDER. On 06 de junio de 2000, by public deed no. 34-10 in the notarial record of Notary Public Pía Picado González, Mr. Montero and Ms. Salas bequeathed the parcel to Pablo, Gabriela, and Roxana, all surnamed Solórzano Alvarado, “or,” in the event of death, to Guadalupe Alvarado Flores, again without authorization from INDER. Ms. Salas never possessed the parcel, and Mr. Montero has not been in possession since 2002, when he abandoned it. The land has been unlawfully possessed by Álvaro Sandoval Araya since 2006; in mayo de 2009, he created a second access point along the boundary with route 27. On 24 de noviembre de 2008, INDER initiated against the plaintiffs an administrative proceeding (procedimiento administrativo) to revoke the award and annul title to the land for failure to comply with articles 67 and 68 of Ley 2825, as a result of which a “notice of nullity from IDA” was recorded against the parcel as of 26 de noviembre de 2008.
That administrative proceeding was closed by a decision dated 09 de junio de 2014, “without prejudice to the decision” to be issued in the present proceeding. On 12 de noviembre de 2014, the plaintiffs transferred the property to company 3-101-689148 S.A, of which they themselves are the representatives. Regarding the merits, the Court reasoned, in essence, that between 2000 and 2001 Mr. Montero committed the first breach of the legislation under which the award had been made, because he agreed with Pablo Solórzano Alvarado to the partial exploitation of the land without authorization from INDER, an activity that continued for 3 or 4 years. Furthermore, Mr. Montero and Ms. Salas did not work the parcel, nor did their family unit. Then, as a second violation, in junio del 2000 they bequeathed the parcel to Pablo, Gabriela, and Roxana Solórzano Alvarado and, in the event of death, to Guadalupe Alvarado Flores, again without authorization from INDER.
Both admitted that they were not in possession of the property, since Mr. Montero abandoned it in 2002; indeed, the initial dispute with Álvaro Sandoval Araya, who has unlawfully possessed it since 2006, arose because Mr. Montero consented to third parties entering the property to exploit it. INDER therefore initiated an administrative proceeding to revoke the award and annul title to parcel M-7 of Asentamiento Coyolar on 24 de noviembre de 2008, which led to the recording of a “notice of nullity from IDA” as of 26 de noviembre de 2008. That case file was closed by decision of 09 de junio de 2014, “without prejudice to the decision issued in this proceeding.” On that basis, the Court rejected Mr. Montero’s and Ms. Salas’s right to “recover” the land through an action for recovery of property (reivindicación), because when they were “dispossessed of the parcel by Álvaro, in 2006,” they did not yet hold full ownership of the parcel due to the restrictions imposed on the property.
It also stated that the defendant had to be regarded as an unlawful possessor, given the parcel’s particular characteristics, and therefore denied the complaint. As to INDER’s counterclaim (reconvención), it found that the entity’s claims were well founded in view of the failure to comply with the restrictions established by article 67 of the Ley de Tierras y Colonización—abandonment of the parcel, an exploitation agreement with a third party, and the bequest of the parcel—and that INDER was therefore entitled to recover the land, warranting the granting of the counterclaim. The same ruling applied against the company named as a counterclaim defendant, because its representatives were the original awardees of the land. The Court consequently ordered the annulment of the registry entry through which the parcel had been registered in the company’s name and found that no improvements (mejoras) to the property had been established.
Regarding the lapse (caducidad) asserted by the company joined as a party and the legatees, it rejected that defense because INDER initiated the administrative proceeding on 24 de noviembre de 2008 and served notice on Mr. Montero and Ms. Salas on 26 de noviembre de 2008, all within the 15-year period of the restrictions imposed on the parcel. It then stated: “The reasons that led to the closing of that administrative proceeding are not properly (sic) matters to be heard in these ordinary agrarian proceedings or at this stage of the proceeding.” It thereafter granted the complaint filed against the legatees and ordered the bequest annulled. Finally, it assessed costs against the plaintiffs named as counterclaim defendants. Thus, in summary, it denied the complaint and granted INDER’s counterclaim against Mr. Montero, Ms. Salas, company 3-101-689148 S.A., Pablo, Gabriela, and Roxana Solórzano Alvarado, Guadalupe Alvarado Flores, and Álvaro Sandoval Araya.
To that end, it ordered the revocation of the parcel’s award; the annulment of the property title granted to the plaintiffs named as counterclaim defendants, the transfer in favor of the company named as a counterclaim defendant, and the bequest; as well as the eviction of Álvaro Sandoval Araya and the placement of INDER in possession. Disagreeing with the decision, the special judicial attorney for the plaintiffs named as counterclaim defendants and the aforementioned company filed an appeal. He argued, principally, that by the time INDER intervened in the dispute, the restrictions had already expired; that the agreement entered into was a “rural sharecropping agreement” (aparcería rural); that the bequest did not violate the restrictions on the land; and that the parcel had not been abandoned. The Agrarian Tribunal (Tribunal Agrario) determined that the administrative proceeding to revoke the property title and parcel award began on 24 de noviembre de 2008, two days before the restrictions expired, and that the notice of nullity from IDA was recorded on the following 26 de noviembre.
It further noted that the plaintiffs commenced judicial proceedings on 06 de octubre de 2010, that INDER had been joined in the proceeding and filed its counterclaim in setiembre de 2011, and that the body directing the administrative proceeding, by decision of 09 de junio de 2014, “ordered the administrative case file closed without prejudice to the decision issued in the present proceeding.” Thus, INDER commenced the proceeding while the restrictions were still in force, “keeping the matter pending through the notice of nullity recorded against the parcel and even filing the counterclaim while the property remained subject to that notation, to the point that from 9 de setiembre del 2011 to 9 de junio del 2014 its claim for revocation was processed concurrently in the administrative and judicial forums, until, on the latter date, that entity ordered the administrative proceeding closed so that the matter could be finally resolved through declaratory proceedings (vía declarativa).” It therefore regarded the notice as an act interrupting the limitation period (prescripción), which kept “INDER’s authority to seek annulment of the title and revocation of the award alive to this day.” Regarding the rural sharecropping agreement, it stated that it would not be constitutionally correct to interpret the awardee as being permitted to disregard the restrictions merely because that legal arrangement was recognized in constitutional law, since the restrictions were also of constitutional rank.
It stated that the ground invoked to revoke the parcel award was not the execution of the bequest—although, it should be clarified, that was in fact one of the three grounds identified by the Agrarian Court—but rather the indirect exploitation (explotación indirecta) of the parcel, such that annulment of the bequest “is a consequence of the principal ground of indirect exploitation having been deemed established.” Finally, it added that the ground of indirect exploitation had been established—and acknowledged by the plaintiffs—and therefore denied the appeal. Disagreeing with the decision, the appellant sought review before the Chamber (Sala). In his appeal, he provides an extensive preamble contextualizing the dispute. The following summary of his arguments will include only those containing concrete and specific challenges to the lower court’s judgment.
III.In their sole ground of objection, they advance the following arguments. Contrary to the judgment’s holding, INDER did lose jurisdiction to act against the plaintiffs because the administrative proceeding to revoke the allocation (adjudicación) of the parcel and obtain the annulment of the title was declared time-barred due to lapse (caducidad); that proceeding gave rise to the writ directing recordation of notice of the proceeding (exhorto de anotación del proceso)—issued on 24 de noviembre de 2008—. Accordingly, that writ cannot be deemed an act interrupting the limitation period (prescripción) for the expiration of the restrictions, as the Court held. Because the administrative proceeding was declared absolutely null and void in the administrative forum, the writ issued therein—and on which INDER’s jurisdiction is based—is null and void, as are the effects arising from it. The administrative body that ruled on the lapse itself determined that, for purposes of interrupting the limitation period, the proceedings in the administrative forum were deemed never to have been pursued.
Therefore, the expiration of the restrictions encumbering the parcel cannot serve to interrupt that period, since all actions taken in the administrative proceeding are null and void. They disagree with the Court’s view that INDER ordered the proceeding closed in order to resolve it through declaratory proceedings (vía declarativa), because the conducting body (órgano director) ordered the closure after sustaining the claims of absolute nullity and lapse that had been raised; moreover, by virtue of the declaration of absolute nullity, INDER lost jurisdiction to seek revocation of the allocation and annulment of the parcel’s title in both the administrative and judicial forums upon expiration of the restrictions, which occurred on 26 de noviembre de 2008, when they acquired full ownership (dominio pleno). Interruption of the limitation period governing the expiration of the restrictions cannot be validated on the basis of an absolutely null and void proceeding.
There is no administrative act interrupting the limitation period. Articles 3 and 67 of the Ley de Tierras y Colonización were violated because there is no evidence that they engaged in indirect exploitation of the land (explotación indirecta de la tierra), as Pablo Solórzano’s involvement merely supported the direct exploitation they carry out as owners. In any event, a finding of indirect exploitation requires an administrative act establishing the interruption of the limitation period applicable to INDER; otherwise, it would lack jurisdiction “as a party to the proceeding.” It is not true that INDER ordered the proceeding closed so that it could finish resolving it in the judicial forum, because closure of the administrative proceeding terminates INDER’s jurisdiction in the administrative forum, and that agency requested that the Registry cancel or lift the recorded notice or writ. Furthermore, INDER did not bring an action against the plaintiffs of its own accord; rather, it was joined to the proceeding by judicial order.
It therefore cannot be concluded that the judicial proceeding is a continuation of the administrative proceeding or that transmission of the writ interrupted the expiration of the parcel’s restrictions. The principle of legality (principio de legalidad) embodied in Article 11 of the Constitución Política and the Ley General de la Administración Pública was violated by extending the restrictions under the Ley de Tierras y Colonización beyond their expiration without any statutory provision conferring such jurisdiction. No legal provision grants INDER the authority to issue a writ directing the Registry to deem the expiration of the restrictions interrupted. If INDER intended to revoke the allocation and annul the title, it should have done so before the restrictions expired, and no provision authorizes it to do so after their expiration. By ordering the recordation of a writ on the very day the parcel’s restrictions expired, it sought to extend the term of those restrictions unlawfully, without any provision authorizing it to do so.
In judgment 57-2011-VI, the Tribunal Contencioso held that, once the 15-year period following issuance of the title by IDA had expired, the institution lost jurisdiction to continue the administrative proceeding for revocation of the allocation and annulment of the title. Once the restrictions expired, INDER lost jurisdiction to continue participating in the judicial proceeding. They cite the Sala’s decision no. 1269-F-S1-2012 as precedent. No provision authorizes INDER to restrict the right to transform and convey the property for longer than originally prescribed.
IV.It must be recalled that the plaintiff (parte actora) initially brought its action against Mr. Álvaro Sandoval Araya, alleging that he was an unlawful possessor (poseedor ilegítimo) and seeking protection of its right of possession (derecho de posesión). Subsequently, by judicial order, INDER was joined to the proceedings, and the plaintiff was required to amend its complaint to include that agency. In doing so, it reiterated the same claims asserted against the original defendant, which were strictly possessory in nature, and added a request that INDER be ordered to pay costs. In other words, it did not challenge any administrative act (acto administrativo) of INDER, since it did not allege that INDER lacked authority to seek revocation of the award (adjudicación) and annulment of the title, nor did it allege the expiration (caducidad) or invalidity of the administrative proceeding conducted against it—which was still pending at that time—or the purported unlawful extension of the limitations period through an administrative proceeding and a formal request (exhorto).
The arguments raised in the appeal fail to recognize that, although this Chamber holds the highest cassation jurisdiction (competencia casacional) in both agrarian and administrative-law matters, each jurisdiction has its own separate and autonomous procedural channels and spheres of authority, which cannot be disregarded at this level of judicial review. Accordingly, because nearly all the arguments raised by the plaintiffs and the company joined as a co-litigant (sociedad litisconsorte) in their appeal on points of law (recurso de casación) entail review of the legality of administrative actions, those objections, being outside the agrarian jurisdiction defined for these proceedings, cannot be examined. (See, in this regard, the provisions of Articles 1 and 2 of the Agrarian Jurisdiction Act and Article 1 of the Administrative Procedure Code). It should be noted that even the precedents cited in the appeal—from this Chamber and the Administrative Court—in which expiration raised in a case similar to the present one was examined arose from administrative-law proceedings, not agrarian proceedings.
All of this precludes analysis of the arguments set forth in the appeal on points of law. In any event, and without prejudice to the foregoing, certain matters should be clarified. First, contrary to their assertion, the administrative proceeding conducted by INDER to revoke the award and obtain annulment of the title was not closed because any claim for annulment made by them had been upheld, as they state several times in their appeal. In its decision issued at nine-oh-five a.m. on June ninth, two thousand fourteen, that public agency stated: “(…) with regard to the procedural doctrine of expiration, because these proceedings have remained inactive for a period exceeding six months since the date of the inspection on the twenty-third day of April, two thousand nine, the appropriate course is to close the present proceedings, without this implying, under Article 340 of the General Public Administration Act, that the Institute’s rights have been extinguished; it means only that the administrative proceedings are deemed not to have been pursued for purposes of tolling the statute of limitations (prescripción), and given that Ordinary Agrarian Proceedings (…) have been instituted in which this Institute is a party, it is in that forum (…) that the claims of all parties involved in those proceedings must ultimately be resolved; accordingly, the present proceedings are ordered closed and therefore deemed concluded, and the cancellation of the notation entered in favor of this Institute in the margin of the record for the property in question is ordered.” The ruling is confusing because it mentions expiration—and its effects—but does not declare it; instead, it orders the matter closed so that it may be resolved judicially and thus does not, as repeatedly asserted in the appeal, declare the proceeding null and void.
Second, it must be borne in mind that, when answering INDER’s counterclaim (contrademanda), the present appellants invoked expiration as a defense. For that purpose, they alleged that the then IDA lacked authority to send administrative formal requests to the Public Registry to extend the limitations, and that they therefore held a vested ownership right, adding: “In the absence of an express legal provision empowering IDA to revoke an award without annulling a title after the limitations have expired, it is legally impossible to issue a valid and effective administrative act, because the Administration would have ceased to have jurisdiction and the act would be absolutely null and void (…)”; they then based their expiration defense on Article 340 of the General Public Administration Act. In other words, they resorted to doctrines specific—and exclusive—to Public Law to undermine INDER’s claims, although the plaintiffs had asserted only possessory claims against it.
The court of first instance did not fully appreciate this subtlety concerning the expiration invoked, as it proceeded to analyze the issue and stated that INDER initiated the administrative proceeding on November 24, 2008, and served notice thereof on Mr. Montero and Mr. Salas on November 26, 2008, all of which occurred within the 15-year period of the limitations imposed on the parcel; it therefore rejected expiration. Nevertheless, it appeared to recognize that the issue did not fall within agrarian jurisdiction, stating: “The reasons that led to the closing of those administrative proceedings are not properly (sic) matters to be heard in these ordinary agrarian proceedings or at this procedural stage.” Dissatisfied with the rejection of the asserted expiration defense and with other aspects of the first-instance judgment that it considered adverse, the plaintiff appealed, and the Agrarian Court treated the asserted expiration defense as an issue concerning the statute of limitations (despite the difference between the two doctrines), examining a series of tolling acts (actos interruptores) and stating that the formal request issued in the administrative forum was one of them.
The party relied on that analysis to argue in its appeal on points of law that the formal request is not an act that tolls the statute of limitations. Nonetheless, although the Court introduced that doctrine—the statute of limitations—which was not actually the doctrine asserted by the party, this adjudicative body could not rule on a statute-of-limitations defense not invoked either as a claim or as an affirmative defense (excepción), because doing so would deprive the opposing party of an opportunity to defend itself and would violate the constitutional principle of due process, which serves as the backbone of all judicial proceedings. In further support of the foregoing, this Chamber likewise could not, in the exercise of its agrarian jurisdiction, examine matters specific to administrative-law jurisdiction, such as the potential expiration of a public oversight power and its effects on an award subject to limitations.
Consequently, for the respective reasons stated, neither doctrine may be reviewed in this forum. Thus, the only remaining matter to be examined is their contention that—as they assert—there is no evidence that they engaged in indirect exploitation (explotación indirecta), the sole issue having no connection with Public Law. In this regard, the first-instance judgment states, in the third proven fact, that between 2000 and 2001 Mr. Montero Montero agreed to work “on shares” the mango grove located on the parcel with Pablo Solórzano Alvarado for a period of 3 or 4 years, without authorization from INDER; it subsequently characterized this as a case of indirect exploitation and based that indisputable fact on the plaintiffs’ confessions and the testimony of Pablo Solórzano Alvarado. Thus, the evidence they claim is lacking appears in the first-instance judgment. It must also be added that the judgments at both levels found not only unauthorized indirect exploitation, but also abandonment of the parcel and the making of a testamentary gift (legado)—again, without INDER’s permission—matters to which no objection was raised.
Therefore, even if their argument were well-founded, it would be insufficient to warrant modifying the substance of the decision. Accordingly, in light of all the foregoing, the appeal on points of law filed by the counterclaim defendants and the company 3-101-689148 S.A. must be denied.
POR TANTO
The appeal is denied. rgonzalezu Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Germán Jesús Serrano García Telephone numbers: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email address [email protected]
20230004000196-6920647-1.rtf Res. 000265-F-S1-2024 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las quince horas cincuenta y uno minutos del veintiuno de marzo de dos mil veinticuatro .
Proceso ordinario agrario interpuesto por CARLOS MONTERO MONTERO y ANAIS SALAS MESÉN, ambos representados por su apoderado especial judicial, José Luis Ramos Castellón, contra ÁLVARO ENRIQUE SANDOVAL ARAYA, representado por sus apoderados especiales judiciales, Luis Gustavo Ocampo Rojas y Sebastián Calderón Cerdas y contra el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER), representado por sus apoderados generales judiciales, Carlos Enrique García Anchía, Adán Arnoldo Gómez Calvo, e Isabel Escalante Gutiérrez y por su apoderado especial judicial, Ronald Eduardo Lewis Mc Laren, en el que el INDER contrademandó a los actores y al codemandado. También intervienen, como litisconsortes pasivos de la contrademanda, la sociedad 3-101-689148 S.A., representada por los señores Montero Montero y Salas Mesén, entidad respecto de la que también figura como apoderado especial judicial el señor José Luis Ramos Castellón, así como PABLO, GABRIELA y ROXANA, todos ellos, SOLÓRZANO ALVARADO y GUADALUPE ALVARADO FLORES, representados por su apoderada especial, Reina Esther Ramos Madriz.
En este asunto, el apoderado de los actores reconvenidos y de la sociedad litisconsorte 3-101-689148 formula recurso de casación contra la sentencia no. 2023000143 de las quince horas diez minutos del veinte de febrero de dos mil veintitrés, emitida por el Tribunal Agrario, en esa oportunidad integrado por los juzgadores Carlos Adolfo Picado Vargas, Enrique Ulate Chacón y Antonio Darcia Carranza.
Redacta el magistrado Leiva Poveda
CONSIDERANDO
I.Carlos Montero Montero y Anais Salas Mesén demandaron a Álvaro Enrique Sandoval Araya para que en sentencia se declare lo siguiente: a) que son propietarios de la finca matrícula 284428-000 secuencias 001 y 002, b) la propiedad fue tomada ilegítimamente por el demandado desde el 14 de mayo de 2009, c) se les restituya la posesión y, d) se le impongan ambas costas del proceso. El demandado se opuso e invocó las defensas de litisconsorcio necesario pasivo “o” activo, falta de derecho y de legitimación. El 12 de enero de 2011 se ordenó integrar al proceso al Instituto de Desarrollo Agrario, ahora Instituto de Desarrollo Rural (INDER), a consecuencia de lo cual los actores demandaron a la entidad y formularon idénticas pretensiones en su contra, salvo en lo relacionado con las costas, cuya condena pidieron que abarcase, también, a la entidad demandada. El INDER se opuso e invocó la falta de derecho y de legitimación y, además, contrademandó a los actores.
En su contrademanda solicitó se declare: a) que los actores no cumplieron con las obligaciones a su cargo al no estar en posesión de la parcela 7 del asentamiento sector M en Coyolar de Orotina, pues la poseía un tercero, b) se rechace la demanda, c) se tenga por demostrado el abandono injustificado de la parcela, d) incumplimiento de sus obligaciones por lo que deben regresar la parcela al patrimonio de la institución, e) se revoque la adjudicación de la parcela 7 del asentamiento Coyolar, Sector M, hecha a favor de los actores y se anule el título de propiedad, f) se reconozca el pago de las mejoras útiles y no de las necesarias y g) se le imponga el pago de las costas. Los actores reconvenidos se opusieron e invocaron las excepciones de caducidad, falta de derecho y de legitimación en ambas modalidades. Esta misma institución integró a Álvaro Enrique Sandoval Araya como litisconsorte pasivo, lo anterior a fin de cumplir con lo dispuesto, en esa línea, en resolución jurisdiccional del 09 de abril de 2013.
Por ello, en su contra, el INDER solicitó fuese declarado: a) que la finca matrícula 284428 fue adjudicada al amparo de la Ley 2825 y el codemandado se mantenía en la parcela sin su autorización, lo que constituye una causa de explotación indirecta, b) por ello el título de propiedad otorgado a los señores Montero y Salas debía ser anulado y habría de inscribirse la finca a favor del Instituto, c) se ordene el desalojo del señor Sandoval Araya, d) se disponga el quebranto de los principios de la Ley de Tierras y Colonización y las limitaciones legales, e) de comprobarse mejoras, se cancelen según el numeral 66 de la Ley 2825, inciso f) y se le impongan ambas costas del proceso. El señor Sandoval Araya se opuso y alegó, en su defensa, la falta de derecho y de legitimación activa y pasiva. El 29 de junio de 2015 se dispuso que el INDER debería integrar al litigio, además, a la sociedad 3-101-689148 S.A. La institución procedió de conformidad y solicitó fuese declarado, en contra de la empresa: a) que la finca 284428 fue adjudicada conforme la Ley 2825, b) la sociedad adquirió ilegalmente de los señores Montero y Salas, quienes además figuraban como representantes societarios, c) estos últimos conocen que la parcela 7-M del asentamiento Coyolar se entregó al amparo de esa ley, por lo que la empresa adquirió de mala fe, d) por incumplimiento de las obligaciones de esa normativa por parte de los señores Montero, Salas, Sandoval y de la sociedad referida, corresponde la devolución del inmueble y la anulación del título de propiedad otorgado a los señores Montero y Salas, así como el traspaso que hicieron a la sociedad, e) se ordene el desalojo de la sociedad y se le ponga en posesión, f) las posibles mejoras se cancelen con base en el numeral 66 de esa normativa, g) se le impongan las costas del proceso.
La sociedad contrademandada se opuso e invocó la caducidad, falta de derecho y de legitimación en ambas modalidades. El INDER, de nuevo, en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional el 10 de abril de 2018, integró al litigio a Pablo, Gabriela, Roxana, todos ellos, Solórzano Alvarado y a Guadalupe Alvarado Flores y solicitó se declare: a) que la finca referida fue adjudicada bajo la Ley 2825, por lo que cualquier contratación o posesión debía estar autorizada por el INDER, b) el legado es ilegal porque los señores Montero y Salas no podían disponer del bien, c) los demandados conocen que la parcela 7-M fue entregada al amparo de esa ley, por lo que el legado se realizó de mala fe, d) dado el incumplimiento de los adjudicatarios, debía recuperarse la propiedad y anularse el título otorgado a los señores Montero y Salas, así como el legado constituido a favor de los señores Solórzano Alvarado y Alvarado Flores y se ordene la inscripción de la finca a favor del instituto, e) se disponga el desalojo, f) de probarse la existencia de mejoras, sean canceladas conforme a esa normativa y g) se les imponga el pago de ambas costas. Los demandados Solórzano Alvarado y Alvarado Flores se opusieron y alegaron la falta de derecho, de legitimación en ambas modalidades y caducidad.
II.El Juzgado Agrario, al resolver el fondo de la controversia, tuvo por acreditados los siguientes hechos de relevancia prohijados por el Tribunal, en torno a los que no media disconformidad alguna, que se sintetizan y reorganizan en lo de interés para esta sede. La finca FR-264428 derechos 001 y 002 Lote M-7, situado en Coyolar, Orotina, Alajuela, con un área de 2 ha 1079.50 m², fue otorgada a los señores Montero y Salas por el INDER mediante un contrato de dotación de tierras, al amparo de la Ley de Tierras y Colonización y con las limitaciones de esa normativa, que iniciaban el 26 de noviembre de 1993 y finalizaban el 26 de noviembre de 2008. Entre los años 2000 y 2001 el señor Montero convino trabajar “a medias”, con Pablo Solórzano Alvarado, la arboleda de mangos existente en el terreno, por un plazo de 3 o 4 años. El acuerdo consistía en que el señor Alvarado se obligaba a colocar el capital económico y a designar una persona que se encargara del mantenimiento y recolección de la fruta, entre los cuales se encontraba el demandado Álvaro Sandoval Araya, mientras que el actor Carlos Montero Montero "ponía la fruta", es decir, permitía la explotación parcial de la parcela en litis.
Ese acuerdo no contó con la autorización del INDER. El 06 de junio de 2000, los señores Montero y Salas, en escritura pública no. 34-10 del protocolo de la Notaria Pública Pía Picado González, legaron la parcela a los señores Pablo, Gabriela y Roxana, todos ellos, Solórzano Alvarado “o” en caso de muerte, a Guadalupe Alvarado Flores, de nuevo, sin autorización del INDER. La señora Salas nunca poseyó la parcela y el señor Montero no está en posesión desde el 2002, pues desde ese año la abandonó. El terreno es poseído ilegítimamente por Álvaro Sandoval Araya desde el año 2006, quien en mayo de 2009 le realizó una segunda entrada por la colindancia con la ruta 27. El 24 de noviembre de 2008 el INDER inició, contra los actores, un procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación y nulidad de título del terreno por incumplimiento de los artículos 67 y 68 de la Ley 2825, por lo que la parcela mantuvo anotado un “Exhorto de nulidad del IDA” desde el 26 de noviembre de 2008.
Ese procedimiento administrativo fue archivado en resolución del 09 de junio de 2014 “sin perjuicio de la decisión” que se emitiera en el presente proceso. El 12 de noviembre de 2014, los actores traspasaron la finca a la sociedad 3-101-689148 S.A, de la cual ellos mismos son los representantes. Ahora bien, en sus consideraciones por el fondo, el Juzgado razonó, en lo medular, que entre los años 2000 y 2001, el señor Montero incurrió en el primer quebranto a la normativa que dio lugar a la adjudicación, pues convino una explotación parcial del terreno con Pablo Solórzano Alvarado, sin contar con autorización del INDER, actividad que se extendió por 3 o 4 años. Además, los señores Montero y Salas no trabajaron la parcela y tampoco lo hizo su núcleo familiar. Luego, como segunda vulneración, en junio del 2000 legaron la parcela a Pablo, Gabriela y Roxana Solórzano Alvarado y, en caso de muerte, a Guadalupe Alvarado Flores, de nuevo, sin autorización del INDER y ambos admitieron no estar en posesión de la finca, pues el señor Montero la abandonó en el 2002 y justamente por su anuencia de que terceras personas ingresaran a explotarla, surgió el conflicto inicial con Álvaro Sandoval Araya, quien la posee ilegítimamente desde el 2006.
Por ello, el INDER inició un procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación y nulidad de título de la parcela M-7 del Asentamiento Coyolar, el 24 de noviembre de 2008, en virtud del cual se generó la anotación de un “exhorto de nulidad del IDA” desde el 26 de noviembre de 2008, expediente que fue archivado por decisión del 09 de junio de 2014 “sin perjuicio de la decisión que se dicte en este proceso”. Con base en lo anterior, descartó el derecho del señor Montero y la señora Salas a “reivindicar” el terreno, pues en el momento en que fueron “despojados de la parcela por Álvaro, en el año 2006”, aún no tenían el dominio pleno de la parcela en virtud de las limitaciones impuestas al fundo. También indicó que demandado debía considerarse poseedor ilegítimo, dadas las particularidades de la parcela, por lo que denegó la demanda. Respecto de la reconvención planteada por el INDER, estimó que la entidad llevaba razón en sus pretensiones en vista del incumplimiento de las limitaciones establecidas por el artículo 67 de la Ley de Tierras y Colonización (abandono de la parcela, acuerdo de explotación con un tercero y legado de la parcela), por lo que estaba facultado a recuperar estos terrenos y daba lugar a que se acogiese la reconvención.
Lo mismo procedía contra la sociedad reconvenida, pues sus representantes eran los adjudicatarios originales del terreno, de modo que dispuso la nulidad del asiento registral por el que se inscribió la parcela a nombre de la sociedad y descartó que en ella se constataran mejoras. En cuanto a la caducidad invocada por la sociedad litisconsorte y los legatarios, denegó esa defensa pues el INDER inició el procedimiento administrativo el 24 de noviembre de 2008 y lo notificó a los señores Montero y Salas, el 26 de noviembre de 2008, todo lo que se efectuó dentro del periodo de 15 años de las limitaciones impuestas a la parcela. Luego indicó: “Los motivos por los cuales se generó el archivo de ese proceso administrativo, no es propio (sic) de ser ventilado en esta vía ordinaria agraria ni a esta altura procesal.”. Luego de lo cual acogió la demanda interpuesta contra los legatarios y dispuso la nulidad del legado.
Finalmente impuso las costas a los actores reconvenidos. Así, en síntesis, denegó la demanda y acogió la reconvención del INDER contra los señores Montero, Salas, la sociedad 3-101-689148 S.A., Pablo, Gabriela y Roxana Solórzano Alvarado, Guadalupe Alvarado Flores y Álvaro Sandoval Araya. Al efecto dispuso la revocatoria de la adjudicación de la parcela, la nulidad del título de propiedad otorgado a los actores reconvenidos, del traspaso a favor de la sociedad reconvenida y del legado, así como el desalojo de Álvaro Sandoval Araya y la puesta en posesión del INDER. Disconforme, el apoderado especial judicial de los actores reconvenidos y de la sociedad referida formuló recurso de apelación. En él indicó, fundamentalmente, que para la intervención del INDER en el litigio, las limitaciones ya habían vencido, el contrato celebrado era de “aparcería rural”, el legado no vulneraba las limitaciones del terreno y no se había abandonado la parcela.
El Tribunal Agrario determinó que el procedimiento administrativo de revocatoria de título de propiedad y adjudicación de parcela se inició el 24 de noviembre de 2008, dos días antes de que vencieran las limitaciones y el 26 de noviembre siguiente quedó anotado el exhorto de nulidad del IDA. Abonó, además, que los actores acudieron a sede judicial el 06 de octubre de 2010, el INDER había sido integrado al proceso y reconvino en setiembre de 2011 y el órgano director del procedimiento administrativo, en resolución del 09 de junio de 2014, “ordenó el archivo del expediente administrativo sin perjuicio de la decisión que se dicte en el presente proceso”, por lo que el INDER estableció el procedimiento mientras estaban vigentes las limitaciones, “manteniendo bajo la palestra el mismo con el exhorto de nulidad anotando la parcela e incluso presentó la reconvención estando anotada la finca, al punto que del 9 de setiembre del 2011 al 9 de junio del 2014 su pretensión de revocatoria estuvo paralelamente tramitada en sede administrativa y sede judicial, hasta que es esa última fecha dicho ente ordenó el archivo del procedimiento administrativo para terminar de resolverlo en la vía declarativa.” De modo que consideró al exhorto como un acto interruptor de la prescripción, que mantenía “viva la potestad del INDER de perseguir la nulidad del título y la revocatoria de la adjudicación hasta el día de hoy.” Respecto al contrato de aparcería rural, indicó que no era constitucionalmente correcto interpretar que el adjudicatario pueda pasar por alto sus limitaciones por el hecho de que esa figura estuviera en la normativa constitucional, pues las limitaciones también tenían ese rango.
Señaló que la causal invocada para revocar la adjudicación de la parcela no fue la realización del legado (aunque, valga aclarar, en realidad, fue una de las tres que encontró el Juzgado Agrario) sino la explotación indirecta de la parcela, de modo que la nulidad del legado “es consecuencia de haberse tenido por demostrada la causa principal de explotación indirecta”. Finalmente abonó que la causal de explotación indirecta se había acreditado -y reconocido por los actores-, de modo que denegó el recurso. Disconforme, el recurrente acudió a la Sala. En su recurso, formula un extenso preámbulo de contextualización del conflicto. En la síntesis que se hará de sus planteamientos, se incluirán únicamente los que contienen censuras concretas y específicas contra el fallo de instancia.
III.En su único motivo de disconformidad sostiene los siguientes argumentos. Contrario al dicho del fallo, el INDER sí perdió la competencia para actuar contra los actores, pues se declaró caduco el procedimiento administrativo para revocar la adjudicación de la parcela y obtener la nulidad del título, en el que se originó el exhorto de anotación del proceso -emitido el 24 de noviembre de 2008-. Por ello, ese exhorto no puede tenerse como acto interruptor de la prescripción del vencimiento de las limitaciones, según afirmó el Tribunal. Al haberse declarado la nulidad absoluta del procedimiento administrativo, en esa sede, el exhorto generado en él -y en el cual se basa la competencia del INDER- es nulo y los efectos que se deriven de él también lo son. El propio órgano administrativo que resolvió la caducidad determinó que los procesos en sede administrativa se tenían por no seguidos para los efectos de interrumpir la prescripción.
Por eso, el vencimiento de las limitaciones que pesaban sobre la parcela no puede servir para interrumpirla, pues todas las actuaciones del procedimiento administrativo son nulas. No se comparte el criterio del Tribunal en el sentido de que el INDER ordenó el archivo del procedimiento para resolverlo en la vía declarativa, pues el órgano director lo dispuso porque acogió los alegatos de nulidad absoluta y caducidad planteados y, además, en virtud de la declaratoria de nulidad absoluta, el INDER perdió la competencia para perseguir la revocatoria de la adjudicación y nulidad del título de la parcela en sede administrativa y judicial, desde el vencimiento de las limitaciones, lo que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2008, momento a partir del cual consolidaron el dominio pleno. No se puede legitimar la interrupción de la prescripción del vencimiento de limitaciones con base en un procedimiento absolutamente nulo.
No existe un acto administrativo interruptor de la prescripción. Se vulneraron los artículos 3 y 67 de la Ley de Tierras y Colonización porque no hay prueba de que hayan incurrido en explotación indirecta de la tierra, pues la participación de Pablo Solórzano ha sido un apoyo a la explotación directa que realizan como propietarios. En cualquier caso, para decretar una explotación indirecta debe existir un acto administrativo que acredite la interrupción de la prescripción del INDER, pues de otra manera sería incompetente “como parte en el proceso”. No es cierto que el INDER ordenase el archivo del proceso para terminarlo de resolver en sede judicial, pues con el archivo administrativo se acaba la competencia del INDER en sede administrativa y esa dependencia le solicitó al Registro cancelar o levantar la anotación o exhorto. Además, el INDER no accionó contra los actores por propia voluntad, sino que fue traído al proceso por disposición jurisdiccional.
Por ello no puede concluirse que el proceso judicial sea una continuación del proceso administrativo, ni que la remisión del exhorto suponga interrumpir el vencimiento de las limitaciones de la parcela. Se vulneró el principio de legalidad de los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública al extender, más allá del vencimiento, las limitaciones de la Ley de Tierras y Colonización, sin que exista una norma legal que confiera tal competencia. No existe ninguna norma jurídica que le confiera al INDER la facultad de emitir un exhorto para que el Registro tuviera por interrumpido el vencimiento de las limitaciones. Si el INDER pretendía revocar la adjudicación y anular el título, debió hacerlo antes de que vencieran las limitaciones y no hay norma que habilite realizarlo cuando han vencido. Al ordenar la anotación de un exhorto el mismo día que vencían las limitaciones de la parcela, lo que pretende es extender, en forma ilegítima, el plazo de las limitaciones, sin norma que lo habilite.
El Tribunal Contencioso, en su sentencia 57-2011-VI, determinó que una vez vencido el plazo de 15 años desde el otorgamiento del título por parte del IDA, la institución pierde su competencia de continuar con el procedimiento administrativo de revocatoria de adjudicación y nulidad de título. Una vez vencidas las limitaciones, el INDER pierde competencia para seguir conociendo el proceso judicial. Cita como antecedente el fallo de la Sala no. 1269-F-S1-2012. No existe norma que habilite al INDER a restringir el derecho de transformación y enajenación por más tiempo que el originalmente previsto.
IV.Es preciso recordar que la parte actora inicialmente dirigió su demanda contra el señor Álvaro Sandoval Araya, alegándole poseedor ilegítimo y solicitando la tutela de su derecho de posesión. Luego, por disposición jurisdiccional, se incorporó al INDER al proceso y se le requirió a la parte actora que ampliase su demanda contra esta dependencia. Al hacerlo, reiteró las mismas pretensiones formuladas contra el demandado original, de estricta índole posesoria y agregó la condena en costas al Inder. Es decir, no atacó ningún acto administrativo del INDER, en tanto no señaló su incompetencia para reclamar la revocatoria de la adjudicación y la nulidad del título, tampoco la caducidad o invalidez del procedimiento administrativo dispensado en su contra -para entonces en trámite-, ni la supuesta extensión ilegal del plazo de las limitaciones por la vía de un procedimiento administrativo y un exhorto.
Los planteamientos que se formulan en el recurso, en tal sentido, pierden de vista que si bien esta Sala reúne la máxima competencia casacional de la jurisdicción agraria y la contenciosa, cada una de ella cuenta con causes procesales y ámbitos competenciales independientes y autónomos, que no pueden ser desconocidos en este vértice de control jurídico. Por ello, en vista de que casi todos los alegatos formulados por los actores y la sociedad litisconsorte, en su recurso de casación, suponen revisión de la legalidad de actuaciones administrativas, esos reproches, por ser ajenos a la competencia agraria definida en este proceso, no podrán examinarse. (Ver al respecto lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Agraria y 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo). Nótese que incluso los precedentes mencionados en el recurso -de esta Sala y del Tribunal Contencioso- en los que se examina una caducidad planteada en un caso similar al presente, son precedentes originados en procesos contenciosos, no agrarios.
Todo esto impide el análisis de sus argumentos contenidos en el recurso de casación. En cualquier caso, y sin perjuicio de lo señalado, conviene clarificar algunos aspectos. En primer lugar, contrario a su dicho, el procedimiento administrativo dispensado por el INDER para revocar la adjudicación y obtener la nulidad del título, no se archivó por acogerse ningún reclamo de nulidad de su parte, según menciona en varias oportunidades en su recurso. Esa dependencia pública, en su resolución de las nueve horas con cinco minutos del nueve de junio de 2014, indicó:“(…) en cuanto a la figura procesal de la caducidad, al estar paralizado este proceso por un término mayor a seis meses, desde la fecha de la inspección el día veintitrés de abril de dos mi nueve, lo procedente es el archivo del presente proceso, sin que ello implique en los términos del artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública, que al Instituto se le han extinto sus derechos, implicando únicamente que los procesos en sede administrativa se tienen por no seguidos para efectos de interrumpir la prescripción y siendo que en el presente caso, se encuentra instaurado Proceso Ordinario Agrario (…) donde figura como parte este Instituto, es en dicha sede (…) que en definitiva se deben dilucidar las pretensiones de todas las partes involucradas en dicho proceso, es así que se ordena el archivo del presente proceso y por ende se dé por terminado el mismo y se ordena la cancelación de la anotación hecha al margen de la relacionada finca a favor de este instituto.” El pronunciamiento es confuso porque menciona la caducidad -y sus efectos- pero no la dispone, sino que ordena el archivo para que el asunto se resuelva en sede jurisdiccional, de modo que no declara, según aseveran reiteradamente en el recurso, la nulidad del procedimiento.
En segundo término, es preciso tener en cuenta que, al contestar la contrademanda del INDER, los ahora recurrentes invocaron, en su defensa, la caducidad. Al efecto alegaron que el -entonces- IDA carecía de potestad para enviar exhortos administrativos al Registro Público para extender limitaciones, por lo que ostentaba entonces un derecho de propiedad consolidado y abonaron: “Sin que exista norma jurídica expresa que faculte al IDA para revocar una adjudicación sin anular un título, luego de transcurridas las limitaciones, resulta imposible desde el punto de vista jurídico emitir un acto administrativo válido y eficaz, por cuanto la Administración habría dejado de tener competencia y el acto sería absolutamente nulo (…)”, luego de lo cual fundamentaron la caducidad en el artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública. Es decir, echaron mano de institutos propios -y exclusivos- del Derecho Público para demeritar las pretensiones del INDER, aunque en su contra, los actores tan sólo enarbolaron pedimentos de índole posesoria.
El órgano jurisdiccional de primera instancia no advirtió con total claridad esta sutiliza respecto de la caducidad invocada, pues se avocó a su análisis y al respecto señaló que el INDER inició el procedimiento administrativo el 24 de noviembre de 2008 y lo notificó a los señores Montero y Salas el 26 de noviembre de 2008, todo lo que se efectuó dentro del periodo de 15 años de las limitaciones impuestas a la parcela, es decir, descartó la caducidad. Sin embargo, pareció percibir que el tema no figuraba dentro de las competencias agrarias, en tanto afirmó: “Los motivos por los cuales se generó el archivo de ese proceso administrativo, no es propio (sic) de ser ventilado en esta vía ordinaria agraria ni a esta altura procesal.”. La parte actora, disconforme con el rechazo de la caducidad invocada y de otros aspectos que estimó adversos en el fallo de primera instancia, apeló y el Tribunal Agrario, enfocó la defensa de caducidad alegada como un tema de prescripción (pese a la diferencia que existe entre ambas figuras), en tanto examinó una serie de actos interruptores y señaló que el exhorto dispensado en sede administrativa era uno de ellos.
Tal análisis fue usado por la parte para alegar, en su recurso de casación, que el exhorto no es acto interruptor de la prescripción. Con todo, aunque el Tribunal haya introducido esa figura (prescripción) que no era la alegada propiamente por la parte, no podría este órgano pronunciarse sobre una prescripción no invocada como acción ni como excepción, porque ello supondría ocasionarle indefensión a la contraparte y se generaría una lesión al principio constitucional del debido proceso que figura como eje vertebral de todos los procesos jurisdiccionales. En abono a lo dicho, tampoco podría la Sala, con ocasión de su competencia agraria, examinar extremos propios de la jurisdicción contenciosa, como es la potencial caducidad de una potestad de fiscalización pública y sus efectos sobre la adjudicación con limitaciones. En consecuencia, ninguna de ambas figuras, por sendas razones explicitadas, podría ser revisable en esta sede.
Así las cosas, tan sólo resta examinar su planteamiento en el sentido de que -según dice- no hay prueba de que incurriera en explotación indirecta, único que carece de vinculación con el Derecho Público. Al respecto, la sentencia de primera instancia señala, en el tercer hecho probado, que entre los años 2000 y 2001 el señor Montero Montero acuerda trabajar “a medias” la arboleda de mangos existente en la parcela con Pablo Solórzano Alvarado, por espacio de 3 o 4 años, sin contar con la autorización del INDER, lo que calificó luego como un supuesto de explotación indirecta y aquél hecho indubitable lo sustentó en la confesional de los actores y el testimonio de Pablo Solórzano Alvarado, de modo que la prueba que echan de menos, obra en el fallo de primera instancia. A lo dicho ha de sumarse que las sentencias de ambas instancias no sólo tuvieron por acreditada la explotación indirecta, sin autorización, sino también el abandono de la parcela y el otorgamiento de un legado -de nuevo, sin permiso del INDER-, aspectos contra los que no formuló reparo alguno, por lo que, aún en el evento de su alegato estuviere fundado, sería insuficiente para propiciar una modificación del fondo de lo decidido. Así las cosas, conforme a todo lo señalado, corresponde denegar el recurso de casación planteado por los actores reconvenidos y la sociedad 3-101-689148 S.A.
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso. rgonzalezu Luis Guillermo Rivas Loaiciga Rocío Rojas Morales Jorge Leiva Poveda Carlos Guillermo Zamora Campos Germán Jesús Serrano García
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