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OJ-143-2026 · 20/10/2026

Time Limits for Phytosanitary Introduction and Transit AuthorizationsPlazos para autorizaciones fitosanitarias de introducción y tránsito

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OutcomeResultado

Non-binding opinionOpinión no vinculante

The PGR issued a non-binding response recommending clarification of the bill, consideration of the SFE and MAG technical objections, and joint processing with file n°25.196, while leaving approval or rejection exclusively to the Legislative Assembly.La PGR evacuó la consulta sin carácter vinculante y recomendó precisar el proyecto, valorar las objeciones técnicas del SFE y el MAG y tramitarlo junto con el expediente n°25.196, quedando su aprobación o rechazo exclusivamente en manos de la Asamblea Legislativa.

SummaryResumen

The Procuraduría General de la República analyzes legislative file n°25.607, which would amend Article 51 and add Article 51 bis to the Ley de Protección Fitosanitaria (Plant Health Protection Law), replacing the uniform eight-business-day period with differentiated time limits for prior authorizations involving the introduction or transit of plants, biological control agents, and other regulated organisms. The opinion recommends defining those “other organisms,” establishing a period for correcting incomplete applications, and considering the technical objections raised by the Servicio Fitosanitario del Estado (State Phytosanitary Service) and the Ministry of Agriculture and Livestock. According to those authorities, the prior-authorization process does not involve inspections, sampling, or risk analyses, so the proposed extensions would lack technical support and would not improve service. The opinion also recommends processing this initiative together with file n°25.196 to prevent conflicting rules. Issued to assist the legislative function, the opinion is non-binding; the Legislative Assembly alone may approve or reject the bill.La Procuraduría General de la República analiza el expediente legislativo n°25.607, que propone reformar el artículo 51 y adicionar el artículo 51 bis a la Ley de Protección Fitosanitaria para sustituir el plazo uniforme de ocho días hábiles por plazos diferenciados aplicables a las autorizaciones previas de introducción o tránsito de vegetales, agentes de control biológico y otros organismos regulados. La opinión recomienda precisar cuáles son esos “otros organismos”, regular el plazo para subsanar solicitudes incompletas y valorar las objeciones técnicas del Servicio Fitosanitario del Estado y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Según esas autoridades, la autorización previa no comprende inspecciones, muestreos ni análisis de riesgo, por lo que la ampliación propuesta carecería de sustento técnico y no mejoraría el servicio. También aconseja tramitar conjuntamente esta iniciativa y el expediente n°25.196 para evitar contradicciones. La opinión, emitida en colaboración con la función legislativa, no es vinculante; aprobar o rechazar el proyecto corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa.

Key excerptExtracto clave

It follows from the foregoing that, according to the phytosanitary authority, processing prior authorization for the introduction or transit of plants, biological control agents, and other types of organisms for agricultural use is a process that does not justify the extension of time limits proposed in the bill. Because it does not entail risk-analysis work, documentary assessments, inspections, sampling, or other indispensable procedures, there is no technical basis for extending the decision periods. In the view of this advisory body, the considerations raised by the Servicio Fitosanitario del Estado (State Phytosanitary Service) should be assessed and discussed in Parliament. Although the bill seeks to modernize the procedure applicable to requests for the introduction or transit of plants, biological control agents, or other organisms regulated by that phytosanitary authority, it is noteworthy that the institution responsible for applying the provision does not agree with the proposal. In view of the foregoing, Congress is respectfully urged to process both bills jointly to prevent conflicting rules and ensure that the legal system has the necessary coherence.De lo anterior se infiere que de acuerdo con la autoridad fitosanitaria el trámite de la autorización previa para la introducción o tránsito de vegetales agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola es un proceso que no justifica la extensión de plazos propuesta en la iniciativa de ley. En virtud que no conlleva labores de análisis de riesgo, evaluaciones documentales, inspecciones, muestreos u otros procedimientos indispensables, de manera que no encuentra sustento técnico para ampliar los plazos de resolución. A criterio de este órgano asesor, las consideraciones esgrimidas por el Servicio Fitosanitario del Estado deben ser valoradas y discutidas en el seno del Parlamento. Si bien el proyecto tiene como objetivo modernizar el procedimiento aplicable a las solicitudes de introducción o tránsito de vegetales, agentes de control biológico u otros organismos regulados por esa autoridad fitosanitaria, llama la atención que la institución competente en aplicar la norma no concuerde con lo propuesto. Atendiendo a lo señalado, respetuosamente se insta al Congreso tramitar de forma conjunta ambos proyectos de ley, con el propósito de evitar contradicciones normativas, y dotar de la debida coherencia al ordenamiento jurídico.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La consulta que se plantea proviene del órgano parlamentario, pero en ejercicio de su función legislativa. No obstante, en un afán de colaboración en la importante labor que la Constitución Política le atribuye a la Asamblea Legislativa, se emite el criterio respectivo, advirtiendo que constituye una opinión jurídica carente de efectos vinculantes."

    "The consultation comes from the parliamentary body acting in the exercise of its legislative function. Nevertheless, to assist with the important work assigned to the Legislative Assembly by the Political Constitution, this assessment is issued with the warning that it constitutes a legal opinion without binding effect."

    Consideraciones preliminares

  • "La consulta que se plantea proviene del órgano parlamentario, pero en ejercicio de su función legislativa. No obstante, en un afán de colaboración en la importante labor que la Constitución Política le atribuye a la Asamblea Legislativa, se emite el criterio respectivo, advirtiendo que constituye una opinión jurídica carente de efectos vinculantes."

    Consideraciones preliminares

  • "En consecuencia, respetuosamente se sugiere, explicitar el alcance de dicho término, con la finalidad de evitar interpretaciones o confusiones en la aplicación del artículo. Esta aclaración contribuye a reforzar la seguridad jurídica y favorece una mejor implementación de la norma."

    "Consequently, it is respectfully suggested that the scope of that term be expressly defined to prevent differing interpretations or confusion in applying the article. This clarification would strengthen legal certainty and facilitate better implementation of the provision."

    II. Observaciones sobre proyecto de ley

  • "En consecuencia, respetuosamente se sugiere, explicitar el alcance de dicho término, con la finalidad de evitar interpretaciones o confusiones en la aplicación del artículo. Esta aclaración contribuye a reforzar la seguridad jurídica y favorece una mejor implementación de la norma."

    II. Observaciones sobre proyecto de ley

  • "Se considera prudente la definición del plazo que confiere la administración a los usuarios para los casos en que se requiera el subsane de algún aspecto, con el propósito que la reforma prevea esa situación y de esta forma se brinde mayor certeza jurídica."

    "It is considered prudent to define the period granted by the administration to users when some aspect must be corrected, so that the reform addresses that situation and thereby provides greater legal certainty."

    II. Observaciones sobre proyecto de ley

  • "Se considera prudente la definición del plazo que confiere la administración a los usuarios para los casos en que se requiera el subsane de algún aspecto, con el propósito que la reforma prevea esa situación y de esta forma se brinde mayor certeza jurídica."

    II. Observaciones sobre proyecto de ley

  • "Su aprobación o no como ley de la República, es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa."

    "Its approval or rejection as a law of the Republic falls within the exclusive authority of the Legislative Assembly."

    III. Conclusión

  • "Su aprobación o no como ley de la República, es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa."

    III. Conclusión

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

20 October 2026 PGR-OJ-143-2026 Ms. Cinthya Díaz Briceño Area Head Legislative Committees Area II Legislative Assembly Dear Madam:

With the approval of the Procurador General de la República, I hereby respond to official letter AL-CPAGRO-1638-2026 dated 20 August 2026, received by the Procuraduría on that same date, through which you request the opinion of this advisory body regarding legislative file n°25.607, entitled “Amendment to Article 51 and Addition of Article 51 bis to the Ley de Protección Fitosanitaria to Strengthen the Technical Oversight of the Servicio Fitosanitario del Estado.” As a preliminary matter, it is important to note that, pursuant to Article 4 of our Organic Law (n°6815 of 27 September 1982), the Procuraduría General de la República exercises its advisory function with respect to active administrative bodies through the heads of the different administrative levels.

The Legislative Assembly is authorized to consult this advisory body when acting within the framework of its administrative function. Pursuant to Article 4 of the aforementioned law, the resulting opinions are binding upon it.

The consultation presented originates from the parliamentary body, but in the exercise of its legislative function. Nevertheless, in a spirit of cooperation with the important work that the Political Constitution assigns to the Legislative Assembly, the corresponding opinion is issued, with the caveat that it constitutes a legal opinion without binding effect.

It should also be clarified that the eight-day period established in Article 157 of the Rules of Procedure of the Legislative Assembly does not apply to the Procuraduría, because none of the circumstances contemplated by that provision are present.

I. PURPOSE AND RATIONALE OF THE BILL UNDER CONSULTATION

According to the statement of reasons, the legislative proposal seeks to amend Article 51 of the Ley de Protección Fitosanitaria (n°7664 of 08 April 1997) and incorporate Article 51 bis, for the purpose of modernizing the procedure applicable to applications for the introduction or transit of plants, biological control agents, or other organisms regulated by the Servicio Fitosanitario del Estado.

It is clarified that the legislative initiative is not intended to weaken the State’s technical authority over plant health. On the contrary, it seeks to provide clearer, proportionate, and more transparent rules for managing decision periods according to the technical complexity of the case, the continuity of agricultural activity, and the timely availability of essential inputs.

In this regard, it is stated that current Article 50 maintains a single ordinary period with a general extension, which is insufficient to distinguish among simple applications, urgent applications based on the need for continuity of production, and technically complex applications requiring risk analyses, inspections, sampling, or specialized documentary assessments.

For that reason, the proposal seeks to move from a single eight-business-day period to a differentiated management system establishing various periods, duly supported by objective, verifiable, and reasoned criteria.

It is also stated that the foregoing is consistent with the applicable international legal framework, particularly the World Trade Organization Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.

It is further asserted that incorporating Article 51 bis constitutes the necessary legal complement to the proposed amendment, insofar as it directs the Servicio Fitosanitario del Estado to apply objective technical criteria when managing decision periods, taking into account the availability of essential inputs, the existence of phytosanitary risks, the continuity of agricultural production processes, the results of technical assessments, risk analyses, inspections, sampling, or other relevant scientific procedures.

II. OBSERVATIONS ON THE BILL

This bill consists of one article intended to amend Article 50 of the Ley de Protección Fitosanitaria and incorporate Article 51 bis. For ease of understanding, the current wording of the provision and the proposed wording are presented below.

Current text Proposed text Article 51.- Application for introduction or transit Any person seeking to import or introduce in transit plants, biological control agents, or other types of organisms for agricultural use, in accordance with the preceding article, must obtain prior authorization from the Servicio Fitosanitario del Estado. The Servicio shall have eight business days to decide, counted from the day following the date on which the application is received. If this period is insufficient for technical reasons, it must notify the interested party and may extend the period by up to four additional days.

Article 51- Application for introduction or transit Any person seeking to import or introduce in transit plants, biological control agents, or other organisms regulated under this law must obtain prior authorization from the Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

The ordinary period for deciding the application shall be fifteen (15) business days, counted from the day following receipt of the complete application.

The Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) may extend the period to a maximum of twenty (20) business days when justified by technical reasons, such as the need to conduct risk analyses, documentary assessments, inspections, sampling, or other procedures indispensable for ensuring the protection of plant health.

Exceptionally, when the preceding period is insufficient for duly substantiated technical reasons, the SFE may extend it by up to four (4) additional business days, and must notify the interested party and publish the corresponding justification on its institutional website.

In the case of biological control agents, the decision period may not exceed ten (10) business days, except under duly substantiated extraordinary technical circumstances. In such cases, the SFE may extend the period by up to a maximum of three (3) additional business days, through a reasoned decision.

As is evident from the provisions transcribed above, the amendment seeks to establish a system of differentiated periods to replace the uniform eight-business-day period provided for under the current regulation, applicable to the decision that the Servicio Fitosanitario del Estado must issue regarding applications for the importation or introduction of plants, biological control agents, or other regulated organisms.

The bill proposes an ordinary period of fifteen business days for deciding the application, counted from the day following receipt of the complete application. This period may be extended to a maximum of twenty business days when, for technical reasons and because of greater complexity, it is necessary to conduct risk analyses, documentary assessments, inspections, sampling, and other procedures required to safeguard plant health. It further provides that, exceptionally, the twenty-day period may be extended by four additional days for duly substantiated technical reasons, for which purpose the Servicio Fitosanitario del Estado must issue the corresponding justification, which must be published on its institutional website.

It is additionally stipulated that, with respect to biological control agents, the decision period shall be a maximum of ten days, except in cases involving fundamental extraordinary technical circumstances, in which case it may be extended by three additional days.

To ensure that the proposed differentiated management system is based on technical, objective, and reasonable criteria, the proposal would add Article 51 bis, which includes a non-exhaustive list of the technical factors that the Servicio Fitosanitario del Estado may consider when managing the decision periods established in proposed Article 50. These include:

“a) The availability of and access to essential inputs for controlling pests and diseases that may compromise plant health.

  • b)The existence of phytosanitary risks requiring priority or differentiated attention, duly supported by technical analyses.
  • c)The need to ensure the continuity of agricultural production processes in situations that may affect plant health, the supply of critical inputs, or the national supply of essential agricultural products.
  • d)Environmental considerations related to the introduction, transit, use, or release of plants, biological control agents, or other regulated organisms when they may affect biodiversity, ecosystems, soils, water sources, or non-target organisms.
  • e)The results of technical assessments, risk analyses, inspections, sampling, or any other relevant scientific procedure.” As a first point of analysis concerning the proposed amendment, the expression “or other organisms regulated under this law” is considered imprecise and ambiguous, insofar as it does not clearly identify which organisms covered by Law n°7664 are being referenced. This is significant because the current provision refers to “other types of organisms for agricultural use.” Consequently, it is respectfully suggested that the scope of that term be expressly stated in order to avoid differing interpretations or confusion in the application of the article. This clarification would help strengthen legal certainty and facilitate better implementation of the provision.

It is additionally noted that the bill provides that the decision period for issuing prior authorization for the introduction or transit of plants, biological control agents, or other regulated organisms begins upon receipt of the complete application.

It would be prudent to define the period granted by the Administration to users when some aspect must be corrected or completed, so that the amendment addresses that situation and thereby provides greater legal certainty.

Another point to note is that the proposed ordinary decision period is fifteen business days, nearly twice the period established in the current provision, except for biological agents, for which a ten-day period is proposed.

According to the statement of reasons and the wording of the proposed amendment, the increase in the decision periods is justified on technical grounds, such as the need to conduct risk analyses, documentary assessments, inspections, sampling, or other procedures indispensable for ensuring the protection of plant health.

However, it is considered necessary to take into account the position of the Servicio Fitosanitario del Estado, the body with authority over phytosanitary matters for the proper exercise of the functions and powers entrusted to it by the Ley de Protección Fitosanitaria, international agreements, and related laws.

In this regard, in its report CARTA-SFE-DE-0475-2026 dated 01 September, it stated that the technical reasons set out in the proposed bill do not apply at the Single Window (Ventanilla Única), where applications for prior authorization to import or introduce in transit plants, biological control agents, and other types of organisms for agricultural use are processed. As relevant here, it stated the following:

“Currently, Article 51 of the law provides that an application for the introduction or transit of plants, biological control agents, and other types of organisms for agricultural use must be decided by the SFE within a maximum period of eight business days and contemplates the possibility that, if this period is insufficient for technical reasons, it may be extended by up to four additional days after notifying the interested party. However, the proposed amendment seeks to extend the ordinary decision period to 15 business days, or even to 20 days, based on alleged technical reasons that do not apply at the Single Window (Ventanilla Única), where the prior authorization application is processed, because the phytosanitary requirements have already been established and communicated to the WTO. It should be clarified that neither inspection nor sampling is conducted at this stage of processing an application for Prior Authorization (FRF).

Extending those 20 days by another 4 days likewise offers no improvement to the service provided to users, who, on the contrary, have submitted requests to the SFE seeking mechanisms to reduce response times. For this purpose, the SFE, in coordination and cooperation with the Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), is currently conducting a pilot program to incorporate NT35 into the process for issuing Prior Authorization (FRF) through the VUCE CR platform. This change permits the complete digitalization of that procedure and also incorporates payment through SINPE, thereby simplifying the procedure and eliminating the use of paper.” In that opinion, the Servicio Fitosanitario del Estado also warns that the prior authorization procedure does not pose any phytosanitary risk because the import requirements according to origin and product were previously defined and notified through the World Trade Organization.

It adds that physical inspections of imported plant products, the taking of samples, laboratory analyses, and other procedures are not performed during the prior authorization process but rather at points of entry, specifically at the Quarantine Stations. In connection with the foregoing, it stated:

“Inspections, sampling, and other procedures such as quarantine treatments are activities performed at the point of entry when an inspection request is submitted for an importation supported by phytosanitary technical documents, such as the Phytosanitary Export Certificate. Through this document, the National Plant Protection Organization (ONPF) of the exporting country certifies compliance with the phytosanitary import requirements set forth in the Phytosanitary Requirements Form (FRF - Prior Authorization). These activities are not performed during the process of obtaining Prior Authorization (FRF).

It should be clarified that all phytosanitary import requirements established by the Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) at the request of an interested importer must be communicated to the World Trade Organization (WTO) and are published on the official publicly accessible website. Importers registered as such with the SFE may register only plant products for which phytosanitary requirements have been established and communicated through the WTO to all its trading partners. Therefore, the procedure for issuing Prior Authorization does not pose any risk because the phytosanitary import requirements have already been defined and communicated according to the origin and type of product. The procedure consists solely of printing in a document (FRF) the information contained in the requirements database in order to manage importation risk. For that purpose, the SFE has personnel stationed at points of entry at the Plant Quarantine Stations, where documentary analysis, physical inspection of imported plant products, and the taking of samples for submission to the Pest Diagnosis and Maximum Pesticide Residue Limit laboratories are performed.

Based on that inspection and laboratory analysis, the importation may be authorized, or an administrative decision may be issued ordering the corresponding phytosanitary measure.” It follows from the foregoing that, according to the phytosanitary authority, the prior authorization procedure for the introduction or transit of plants, biological control agents, and other types of organisms for agricultural use is a process that does not justify the extension of the periods proposed in the legislative initiative. Because it does not involve risk analyses, documentary assessments, inspections, sampling, or other indispensable procedures, there is no technical basis for extending the decision periods.

The Minister of Agriculture and Livestock expressed a similar view in official letter CARTA-MAG-DM-888-2026 dated 04 September 2026, emphasizing that extending the periods would not improve the service provided to regulated persons, who have instead submitted requests aimed at reducing response times.

In the opinion of this advisory body, the considerations raised by the Servicio Fitosanitario del Estado should be evaluated and discussed within Parliament. Although the bill seeks to modernize the procedure applicable to applications for the introduction or transit of plants, biological control agents, or other organisms regulated by that phytosanitary authority, it is noteworthy that the institution responsible for applying the provision does not agree with the proposal.

Finally, it should be noted that legislative file n°25196, entitled “Law for Fair Competition in the Agricultural Sector,” is currently under consideration by the Standing Ordinary Committee on Agricultural Affairs and Natural Resources and contains aspects similar to those of the initiative under examination.

That bill also proposes amending Article 51 to modernize the procedure for authorizing the importation and transit of plants and agricultural organisms. It establishes a maximum ordinary period of ten days, reduced to five days under conditions of national scarcity, plus two exceptional days, while in cases of oversupply it is extended to fifteen business days, plus four exceptional days.

That bill also adds Article 51 bis to the Ley de Protección Fitosanitaria, establishing the criteria that the phytosanitary authority must observe when applying differentiated periods depending on whether a case involves national scarcity or oversupply.

As may be seen, both initiatives seek to amend Article 51 and add Article 51 bis. However, legislative file n°25.196 seeks to extend or reduce the periods based on supply and demand, while bill n°25.607 proposes extending the periods based on risk-assessment and technical-complexity criteria.

In view of the foregoing, Congress is respectfully urged to process both bills jointly in order to avoid conflicts between legal provisions and to provide the legal system with the necessary coherence.

III. CONCLUSION

Based on the foregoing, the consultation concerning the bill entitled “Amendment to Article 51 and Addition of Article 51 bis to the Ley de Protección Fitosanitaria to Strengthen the Technical Oversight of the Servicio Fitosanitario del Estado,” which is being processed under legislative file n°25.607, is hereby answered. Whether or not it is enacted as a law of the Republic falls within the exclusive authority of the Legislative Assembly.

Nevertheless, we suggest considering the observations set forth above and the opinions issued by the Servicio Fitosanitario del Estado and the Ministry of Agriculture and Livestock.

Sincerely,

Daniela Díaz Benach Code 9990-2026 --- SUMMARY --- PGR-0J-143-2026 BILL ENTITLED: “AMENDMENT TO ARTICLE 51 AND ADDITION OF ARTICLE 51 BIS TO THE LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA TO STRENGTHEN THE TECHNICAL OVERSIGHT OF THE SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO” Ms. Cinthya Díaz Briceño, Head of Legislative Committees Area II, through official letter AL-CPASOC-1638-2026 dated 20 August, requests our opinion regarding the aforementioned legislative initiative, which is being processed under legislative file n°25.607.

Through legal opinion PGR-143-2026 of 20 October 2026, signed by Procuradora Daniela Díaz Benach, this Procuraduría conducted the corresponding analysis and reached the following conclusion:

“Based on the foregoing, the consultation concerning the bill entitled ‘Amendment to Article 51 and Addition of Article 51 bis to the Ley de Protección Fitosanitaria to Strengthen the Technical Oversight of the Servicio Fitosanitario del Estado,’ which is being processed under legislative file n°25.607, is hereby answered. Whether or not it is enacted as a law of the Republic falls within the exclusive authority of the Legislative Assembly.

Nevertheless, we suggest considering the observations set forth above and the opinions issued by the Servicio Fitosanitario del Estado and the Ministry of Agriculture and Livestock.”

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20 de octubre de 2026 PGR-OJ-143-2026 Sra. Cinthya Díaz Briceño Jefe de Área Área de Comisiones Legislativas II Asamblea Legislativa Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta al oficio AL-CPAGRO-1638-2026 de fecha 20 de agosto 2026, recibido en la Procuraduría en igual fecha, por medio del cual solicita el criterio de este órgano asesor respecto al expediente legislativo n°25.607 denominado “ Reforma al artículo 51 y adición de un artículo 51 bis a la Ley de Protección Fitosanitaria para el Fortalecimiento del Control Técnico del Servicio Fitosanitario del Estado”.

Como aspecto preliminar es importante señalar que de conformidad con el artículo 4 de nuestra Ley Órganica (n°6815 del 27 de setiembre de 1982), la Procuraduría General de la República ejerce su función consultiva respecto a los órganos de la administración activa, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos.

La Asamblea Legislativa se encuentra facultada para consultar a este órgano asesor en tanto se realice en el marco de su función administrativa. La emisión de tales dictámenes, acorde con el ordinal 4 de la citada ley, se les confiere efectos vinculantes.

La consulta que se plantea proviene del órgano parlamentario, pero en ejercicio de su función legislativa. No obstante, en un afán de colaboración en la importante labor que la Constitución Política le atribuye a la Asamblea Legislativa, se emite el criterio respectivo, advirtiendo que constituye una opinión jurídica carente de efectos vinculantes.

Por otra parte, conviene aclarar que el plazo de ocho días estipulado en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no le es aplicable a la Procuraduría, por cuanto no nos encontramos ante ninguno de los supuestos que dicho ordinal prevé.

I.OBJETO Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO DE LEY CONSULTADO Acorde con la exposición de motivos, la propuesta legislativa tiene por objeto reformar el artículo 51 de la Ley de Protección Fitosanitaria (n°7664 del 08 de abril de 1997) e incorporar el artículo 51 bis, con la finalidad de modernizar el procedimiento aplicable a las solicitudes de introducción o tránsito de vegetales, agentes de control biológico u otros organismos regulados por el Servicio Fitosanitario del Estado.

Se aclara que la iniciativa de ley no pretende debilitar la potestad técnica del Estado en materia de sanidad vegetal, por el contrario, procura dotarla de reglas más claras, proporcionales y transparentes para gestionar los plazos de resolución según la complejidad técnica del caso, la continuidad de la actividad agropecuaria y la disponibilidad oportuna de insumos esenciales.

Al respecto se menciona que el artículo 50 vigente, mantiene un único plazo ordinario con una ampliación genérica, lo cual resulta insuficiente para distinguir entre solicitudes simples, solicitudes urgentes por razones de continuidad productiva, y solicitudes técnicamente complejas que demandan análisis de riesgo, inspecciones, muestreos o evaluaciones documentales especializadas.

Por tal razón, se propone evolucionar del esquema de plazo único de ocho días hábiles hacia un sistema de gestión diferenciada que establezca plazos diversos, debidamente fundamentados en criterios objetivos, verificables y motivados.

Asimismo, se indica que lo anterior se alinea con el ordenamiento internacional aplicable, en especial con el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio.

A su vez se afirma que la incorporación del artículo 51 bis constituye el complemento jurídico necesario de la reforma planteada, en tanto ordena al Servicio Fitosanitario del Estado aplicar criterios técnicos objetivos para la gestión de plazos, considerando la disponibilidad de insumos esenciales, existencia de riesgos fitosanitarios, la continuidad de procesos de producción agrícola, los resultados de evaluaciones técnicas, análisis de riesgos, inspecciones, muestreos u otros procedimientos científicos pertinentes.

II. OBSERVACIONES SOBRE PROYECTO DE LEY

El presente proyecto de ley se compone se un artículo que pretende reformar lo dispuesto en artículo 50 de la Ley de Protección Fitosanitaria e incorpora el artículo 51 bis. Para una mejor comprensión se presenta un cuadro que contiene la redacción actual de la norma y la propuesta.

Texto vigente Texto propuesto Articulo 51.- Solicitud de introducción o tránsito Quien pretenda importar o introducir en tránsito vegetales, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola de acuerdo con lo estipulado en el artículo anterior, deberá obtener autorización previa del Servicio Fitosanitario del Estado. Para resolver el Servicio dispondrá de un plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la solicitud. Si por razones técnicas, este término fuere insuficiente, deberá comunicarlo al interesado y podrá ampliarle el plazo hasta por cuatro días más.

Artículo 51- Solicitud de introducción o tránsito Toda personaque pretenda importar o introducir en tránsito vegetales, agentes de control biológico u otros organismos regulados conforme a esta ley deberá obtener autorización previa del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE).

El plazo ordinario para resolver la solicitud será de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción completa de la solicitud.

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) podrá ampliar el plazo hasta un máximo de veinte (20) días hábiles cuando existanrazones técnicas que lo justifiquen, tales como la necesidad de realizar análisis de riesgo, evaluaciones documentales, inspecciones, muestreos u otros procedimientos indispensables para asegurar la protección de la salud vegetal.

De manera excepcional, y cuando el plazo anterior resulte insuficientepor razones técnicas debidamente acreditadas, el SFE podrá ampliarlo hasta por cuatro (4) días hábiles adicionales, debiendo notificar al interesado y publicar la justificación correspondiente en su sitio web institucional.

Tratándose de agentes de control biológico, el plazo de resolución no podrá exceder de diez (10) días hábiles, salvo circunstancias técnicas extraordinarias debidamente fundamentadas. En estos casos, el SFE podrá ampliar el plazo hasta por un máximo de tres (3) días hábiles adicionales, mediante resolución motivada Como se desprende de la normativa transcrita, la reforma pretende instaurar un régimen de plazos diferenciados, en sustitución del plazo uniforme de ocho días hábiles previsto en la regulación vigente, aplicable a la resolución que debe emitir el Servicio Fitosanitario del Estado respecto de las solicitudes de importación o introducción de vegetales, agentes de control biológico u otros organismos regulados.

El proyecto plantea un plazo ordinario para resolver la solicitud de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción completa de la solicitud, el cual puede ser ampliado hasta un máximo de veinte días hábiles, cuando por razones de índole técnica y mayor complejidad resulte necesario realizar análisis de riesgos, evaluaciones documentales, inspecciones, muestreos y demás procedimientos requeridos para salvaguardar la protección de la salud vegetal. Adicionalmente establece que, de manera excepcional, el plazo de veinte días podrá ampliarse por cuatro días más por razones técnicas debidamente fundamentadas, para lo cual el Servicio Fitosanitario del Estado deberá emitir la justificación respectiva y esta deberá publicarse en el sitio web institucional.

Adicionalmente se estipula que en lo concerniente a agentes de control biológico el plazo de resolución corresponde al máximo de diez días, salvo en supuestos de circunstancias técnicas extraordinarias fundamentales, el cual podrá prorrogarse a tres días adicionales.

Con la finalidad que el sistema de gestión diferenciado propuesto responda a criterios técnicos, objetivos y razonables, se propuso adicionar el artículo 51 bis, el cual incorpora una enumeración no taxativa de los elementos técnicos que podrá considerar el Servicio Fitosanitario del Estado para la gestión de los plazos de resolución establecidos en el artículo 50 propuesto, entre los que se destaca:

“a) La disponibilidad y acceso a insumos esenciales para el control de plagas y enfermedades que puedan comprometer la sanidad vegetal.

  • b)La existencia de riesgos fitosanitarios que requieran una atención prioritaria o diferenciada, debidamente sustentados en análisis técnicos.
  • c)La necesidad de asegurar la continuidad de los procesos de producción agrícola ante situaciones que puedan afectar la sanidad vegetal, el abastecimiento de insumos críticos o el abasto nacional de productos agropecuarios esenciales.
  • d)Las consideraciones ambientales relacionadas con la introducción, tránsito, uso o liberación de vegetales, agentes de control biológico u otros organismos regulados, cuando puedan incidir en la biodiversidad, los ecosistemas, los suelos, las fuentes de agua o los organismos no objetivo.
  • e)Los resultados de evaluaciones técnicas, análisis de riesgo, inspecciones, muestreos o cualquier otro procedimiento científico pertinente.” Como primer punto de análisis sobre la reforma propuesta, se considera que la expresión “u otros organismos regulados conforme esta ley”, resulta imprecisa y adolece de ambigüedad, en tanto no permite identificar con claridad a cuáles organismos contenidos en la Ley n°7664, se hace referencia. Lo anterior adquiere relevancia si se considera que la disposición vigente alude a “otros tipos de organismos para uso agrícola”.

En consecuencia, respetuosamente se sugiere, explicitar el alcance de dicho término, con la finalidad de evitar interpretaciones o confusiones en la aplicación del artículo. Esta aclaración contribuye a reforzar la seguridad jurídica y favorece una mejor implementación de la norma.

Adicionalmente se indica que el proyecto dispone que el plazo de resolución para la emisión de la autorización previa para la introducción o tránsito vegetales, agentes de control biológico u otros organismos regulados, rige a partir de la recepción completa de la solicitud.

Se considera prudente la definición del plazo que confiere la administración a los usuarios para los casos en que se requiera el subsane de algún aspecto, con el propósito que la reforma prevea esa situación y de esta forma se brinde mayor certeza jurídica.

Otro aspecto a señalar es que el plazo de resolución ordinario que se propone es de quince días hábiles, es decir casi el doble del establecido en la norma vigente, salvo para los agentes biológicos que se plantea sea de diez días.

Acorde con la exposición de motivos y de la redacción de la reforma propuesta el aumento en los plazos de resolución se justifica en motivos técnicos tales como la necesidad de realizar análisis de riesgo, evaluaciones documentales, inspecciones, muestreos u otros procedimientos indispensables para asegurar la protección de la salud vegetal.

Sin embargo, se considera necesario tomar en consideración lo dispuesto por el Servicio Fitosanitario del Estado, órgano con competencia en materia fitosanitaria, para la adecuada ejecución de funciones y potestades encomendadas en la Ley de Protección Fitosanitaria, los Convenios Internacionales y las Leyes Conexas.

Al respecto en su informe CARTA-SFE-DE-0475-2026 de fecha 01 de setiembre señaló que las razones técnicas expuestas en el proyecto planteado no aplican a nivel de Ventanilla Única donde se tramita la solicitud de autorización previa para importar o introducir en tránsito vegetales, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola. Sobre el particular, en lo que resulta de interés se dispuso lo siguiente:

“Actualmente, el artículo 51 de la ley define que la solicitud de introducción o tránsito de vegetales, agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola debe resolverse por el SFE en un plazo máximo de ocho días hábiles y, contempla la posibilidad de que, si por razones técnicas este plazo resulta insuficiente, previa comunicación al interesado, podrá ampliarse hasta por cuatro días más; sin embargo, la reforma propuesta pretende ampliar el plazo ordinario para resolver a 15 días hábiles o, inclusive, a 20 días alegando razones técnicas que no aplican a nivel de Ventanilla Única, donde se tramita dicha solicitud de autorización previa, por cuanto ya los requisitos fitosanitarios están establecidos y comunicados a OMC. Cabe aclarar que, en este punto, tampoco se realiza inspección y muestreos en el trámite de solicitud de una Autorización Previa (FRF). La ampliación de esos 20 días en 4 días más, tampoco representa mejora alguna para el servicio que se le brinda al usuario quien, por el contrario, ha hecho solicitudes al SFE en sentido contrario, de buscar mecanismos que permitan una reducción de los tiempos de respuesta, para lo cual, actualmente el SFE en coordinación y cooperación con la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) se encuentra realizando un plan piloto para lograr incorporar la NT35 con el trámite de emisión de la Autorización Previa (FRF) por medio de la plataforma del VUCE CR.

Cambio que permite la digitalización al 100% de dicho trámite e incorporando también el cobro vía SINPE, lo que permite una simplificación del trámite y la eliminación del uso de papel.” Asimismo, en dicho criterio, el Servicio Fitosanitario del Estado, advierte que el trámite de autorización previa no representa ningún riesgo fitosanitario, debido a que los requisitos la importación según origen y producto fueron previamente definidos y notificados por la Organización Mundial de Comercio. Añade que la inspección física de los productos vegetales importados, toma de muestras, análisis de laboratorios y otros procedimientos, no se realizan durante el trámite de autorización previa, sino que se ejecutan en los puntos de ingreso, específicamente en las Estaciones de Cuarentena. En relación con lo expuesto se indicó:

“La inspección, los muestreos y otros procedimientos como los tratamientos cuarentenarios son actividades que se realizan en el punto de ingreso cuando se presenta una solicitud de inspección de una importación amparada a documentos técnicos fitosanitarios; tales como, el Certificado Fitosanitario de Exportación. Documento por medio del cual, la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país exportador, certifica el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de importación dados a conocer en el Formulario de Requisitos Fitosanitarios (FRF - Autorización Previa). Actividades que no se realizan durante el trámite de obtención de la Autorización Previa (FRF).

Cabe hacer la aclaración respecto a que, todos los requisitos fitosanitarios de importación que establece el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) a solicitud de algún importador interesado, se deben comunicar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y se publican en el sitio web oficial de acceso público. Los importadores que se registran como tal ante el SFE solo pueden inscribir productos vegetales que cuenten con los requisitos fitosanitarios establecidos y comunicados a través de OMC a todos sus socios comerciales; por lo tanto, el trámite de emisión de una Autorización Previa no representa ningún riesgo por cuanto ya están definidos y comunicados los requisitos fitosanitarios de importación, según origen y tipo de producto. Su trámite, consiste únicamente en imprimir en un documento (FRF) la información contenida en la base de datos de requisitos, para manejar el riesgo en la importación.

Para tal fin, el SFE cuenta con el personal destacado en los puntos de ingreso en las Estaciones de Cuarentena Vegetal donde se realiza el análisis documental, la inspección física de los productos vegetales importados y la toma de muestras para enviar a los laboratorios de Diagnóstico de Plagas y Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas. Con base en dicha inspección y análisis de laboratorio, se puede autorizar la importación o emitir una resolución administrativa que ordene la medida fitosanitaria correspondiente.” De lo anterior se infiere que de acuerdo con la autoridad fitosanitaria el trámite de la autorización previa para la introducción o tránsito de vegetales agentes de control biológico y otros tipos de organismos para uso agrícola es un proceso que no justifica la extensión de plazos propuesta en la iniciativa de ley. En virtud que no conlleva labores de análisis de riesgo, evaluaciones documentales, inspecciones, muestreos u otros procedimientos indispensables, de manera que no encuentra sustento técnico para ampliar los plazos de resolución.

En sentido similar, rindió el criterio el señor Ministro de Agricultura y Ganadería en oficio CARTA-MAG-DM-888-2026 del 04 de setiembre de 2026, al destacar que la ampliación en plazos no representa una mejora en el servicio que se brinda a los administrados, quienes más bien han hecho solicitudes encaminadas a reducir los tiempos de respuesta.

A criterio de este órgano asesor, las consideraciones esgrimidas por el Servicio Fitosanitario del Estado deben ser valoradas y discutidas en el seno del Parlamento. Si bien el proyecto tiene como objetivo modernizar el procedimiento aplicable a las solicitudes de introducción o tránsito de vegetales, agentes de control biológico u otros organismos regulados por esa autoridad fitosanitaria, llama la atención que la institución competente en aplicar la norma no concuerde con lo propuesto.

Finalmente es necesario señalar que, en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, se encuentra en trámite el expediente legislativo n°25196 denominado “Ley para la Competencia Justa para el Sector Agropecuario”, el cual contiene aspectos similares a la iniciativa que nos ocupa.

Al respecto, la propuesta de ley plantea también la modificación del artículo 51 con la finalidad de modernizar el procedimiento de autorización de importación, tránsito y organismos agrícolas. De ese modo se establece un plazo ordinario máximo de diez días, el cual se reduce a cinco ante condiciones de escasez nacional (más dos días excepcionales) mientras que en los casos de sobre abasto se amplía a quince días hábiles (más cuatro días excepcionales).

Asimismo, dicho proyecto añade el artículo 51 bis a la Ley de Protección Fitosanitaria, el cual establece los criterios que deberá observar la autoridad fitosanitaria, para la aplicación de plazos diferenciados según se trata de casos de escasez nacional o sobre abasto.

Como se puede apreciar ambas iniciativas promueven la reforma al artículo 51 y la adición del artículo 51 bis. Sin embargo, el expediente legislativo n°25.196 busca la ampliación o reducción de los plazos desde un enfoque de oferta y demanda; y el proyecto de ley n°25.607 plantea ampliar los plazos con base en criterios de evaluación de riesgo y complejidad técnica.

Atendiendo a lo señalado, respetuosamente se insta al Congreso tramitar de forma conjunta ambos proyectos de ley, con el propósito de evitar contradicciones normativas, y dotar de la debida coherencia al ordenamiento jurídico.

III. CONCLUSIÓN

Con base en lo expuesto, queda evacuada la consulta del proyecto de ley denominado “Reforma al artículo 51 y adición de un artículo 51 bis a la Ley de Protección Fitosanitaria para el Fortalecimiento del Control Técnico del Servicio Fitosanitario del Estado”, que se tramita bajo el expediente legislativo n°25.607. Su aprobación o no como ley de la República, es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa.

No obstante, sugerimos valorar las observaciones expuestas, y los criterios rendidos por el Servicio Fitosanitario del Estado, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Atentamente,

Daniela Díaz Benach --- RESUMEN --- PGR-0J-143-2026 PROYECTO DE LEY DENOMINADO: “REFORMA AL ARTÍCULO 51 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 51 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL TÉCNICO DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO” La señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa Área de Comisiones Legislativas II, mediante oficio AL-CPASOC-1638-2026 de fecha 20 de agosto, solicita nuestro criterio sobre la referida iniciativa de ley, la cual se tramita en el expediente legislativo n°25.607.

Esta Procuraduría mediante opinión jurídica PGR-143-2026 del 20 de octubre de 2026, suscrita por la Procuradora Daniela Díaz Benach, llevó a cabo el análisis respectivo y concluyó lo siguiente:

“Con base en lo expuesto, queda evacuada la consulta del proyecto de ley denominado “Reforma al artículo 51 y adición de un artículo 51 bis a la Ley de Protección Fitosanitaria para el Fortalecimiento del Control Técnico del Servicio Fitosanitario del Estado”, que se tramita bajo el expediente legislativo n°25.607. Su aprobación o no como ley de la República, es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa.

No obstante, sugerimos valorar las observaciones expuestas, y los criterios rendidos por el Servicio Fitosanitario del Estado, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería”

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