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OJ-141-2026 · 19/10/2026

Corrections to the Illegal-Mining Sanctions RegimeCorrecciones al régimen sancionatorio de la minería ilegal

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OutcomeResultado

Non-binding opinionOpinión no vinculante

The Procuraduría concluded that Bill No. 25.491 legitimately seeks to strengthen the criminal-law response to illegal mining but requires substantive corrections concerning precision, consistency, and legislative drafting before proceeding further.La Procuraduría concluyó que el proyecto de ley N.° 25.491 persigue legítimamente fortalecer la respuesta penal contra la minería ilegal, pero debe recibir correcciones sustantivas de precisión, coherencia y técnica legislativa antes de continuar su trámite.

SummaryResumen

The Procuraduría General de la República issued a non-binding legal opinion on Bill No. 25.491, which seeks to strengthen the criminal-law response to illegal mining through higher prison terms, new offenses, and aggravating circumstances. It regarded that objective as legitimate and recognized that setting penalties lies within the legislature’s authority, but concluded that the bill requires substantive corrections before proceeding through the legislative process. It identified deficiencies affecting legality and lex certa, including an unduly narrow definition of illegal mining, use of the term “mena” (ore-bearing material), an indeterminate reference to dangerous chemical substances, and the absence of standards distinguishing significant pollution from serious environmental damage. It also questioned redundant provisions on attempt, an additional evidentiary burden arising from profit motive, duplication of the financing offense, and confusion between joint participation and organized crime. The opinion recommended clarifying environmental restoration, recoverable costs, forfeiture, competent authorities, and interaction with the general civil-liability regime, while also considering concurrent Bill No. 25.574.La Procuraduría General de la República emitió una opinión jurídica no vinculante sobre el proyecto de ley N.° 25.491, dirigido a fortalecer la respuesta penal contra la minería ilegal mediante mayores penas, nuevos delitos y agravantes. Consideró legítimo ese objetivo y reconoció que modificar las penas corresponde al legislador, pero concluyó que el proyecto requiere correcciones sustantivas antes de continuar su trámite. Señaló imprecisiones contrarias a la legalidad y la lex certa, entre ellas la definición restrictiva de minería ilegal, el uso del término “mena”, la referencia indeterminada a sustancias químicas peligrosas y la falta de parámetros para distinguir contaminación significativa y daño ambiental grave. También observó regulaciones innecesarias de la tentativa, una posible carga probatoria asociada al ánimo de lucro, duplicidad en el delito de financiamiento y confusión entre coautoría y delincuencia organizada. Recomendó aclarar la reparación ambiental, los costos, el decomiso, las autoridades competentes y la relación con el régimen general de responsabilidad civil, además de considerar el proyecto concurrente N.° 25.574.

Key excerptExtracto clave

In view of the foregoing, this Advisory Body considers that the proposed wording of Article 139 requires thorough review in order to define precisely the scope of criminally relevant conduct. The legislative intention to strengthen the response to illegal mining is appropriate, but its proper implementation requires the proposed amendments to be compatible with the current provisions of the Mining Code. Second, the generic reference to “other dangerous chemical substances” violates the principles of legality and lex certa by failing to comply with the legislature’s obligation to enact definite and clear laws,[3] because it leaves open to interpretation which substances fall within that list. The indeterminacy is compounded by use of the qualifier “dangerous” without establishing the technical criterion on which it is based. This Advisory Body therefore recommends that the provision be reviewed and adjusted. Based on its analysis of Bill No. 25.491, “AMENDMENT TO STRENGTHEN THE SANCTIONS REGIME OF THE MINING CODE (LAW No. 6797 OF 1982, AS AMENDED),” this Advisory Body concludes that the proposal must be corrected before it proceeds further through the legislative process. This Advisory Body recognizes the need to strengthen legal mechanisms to prevent, control, and punish all illegal-mining activities; nevertheless, properly strengthening the national legal framework requires substantive adjustments that ensure the effective application of the provisions analyzed here.En virtud de lo expuesto, es consideración de este Órgano Asesor que la redacción propuesta para el artículo 139 requiere de una revisión profunda, en aras de delimitar con precisión el ámbito de la conducta penalmente relevante. Es procedente la intención legislativa de fortalecer la respuesta frente a la minería ilegal, pero su adecuada implementación exige que las reformas propuestas sean compatibles con el contenido vigente del Código de Minería. En segundo término, la mención genérica de “otras sustancias químicas peligrosas” transgrede el principio de legalidad y lex certa, incumpliendo con la obligación del legislador de generar leyes certeras y claras,[3] al dejar abierto a la interpretación cuáles sustancias ingresan a la referida lista. La indeterminación se acentúa al emplear el calificativo de “peligrosas” sin establecer el criterio técnico sobre el cual se basa. Por lo que este Órgano Asesor recomienda su revisión y ajuste. Del análisis efectuado sobre el proyecto de ley Nº 25.491 “REFORMA DE LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL CÓDIGO DE MINERÍA (LEY N°6797 DE 1982 Y SUS REFORMAS)”, este Órgano Asesor concluye que la propuesta debe ser objeto de correcciones previo a continuar con su trámite en la corriente legislativa. Este Órgano Asesor es consciente de la necesidad de fortalecer los mecanismos jurídicos para prevenir, controlar y sancionar todas aquellas actividades de minería ilícita, no obstante, para robustecer adecuadamente el marco jurídico nacional, se requieren ajustes sustantivos que garanticen la efectiva aplicación de las disposiciones aquí analizadas.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La modificación del marco punitivo se encuentra dentro de las facultades del legislador, por lo que no se señala inconveniente alguno en este aspecto."

    "Modification of the sentencing range lies within the legislature’s authority, and therefore no objection is raised in this respect."

    Criterio de la Procuraduría General de la República

  • "La modificación del marco punitivo se encuentra dentro de las facultades del legislador, por lo que no se señala inconveniente alguno en este aspecto."

    Criterio de la Procuraduría General de la República

  • "La ausencia de esta delimitación dificultará el proceso de investigación y acusación, así como el de la determinación de la pena."

    "The absence of this delineation will hinder the investigation and prosecution process, as well as the determination of the penalty."

    Análisis del artículo 142

  • "La ausencia de esta delimitación dificultará el proceso de investigación y acusación, así como el de la determinación de la pena."

    Análisis del artículo 142

  • "Siendo que la participación de dos o más personas con división de funciones sí podría constituir una circunstancia agravante, lo que no podría afirmarse, es que esos dos elementos, constituyan delincuencia organizada."

    "Although participation by two or more persons with a division of functions could constitute an aggravating circumstance, it cannot be asserted that those two elements alone constitute organized crime."

    Análisis del artículo 142

  • "Siendo que la participación de dos o más personas con división de funciones sí podría constituir una circunstancia agravante, lo que no podría afirmarse, es que esos dos elementos, constituyan delincuencia organizada."

    Análisis del artículo 142

  • "La existencia de propuestas concurrentes sobre una misma materia y un mismo objetivo, debe ser considerada durante el trámite legislativo en aras de evitar duplicidades o contradicciones en caso de eventuales aprobaciones."

    "The existence of concurrent proposals addressing the same subject and objective must be considered during the legislative process to avoid duplication or contradictions if they are ultimately enacted."

    Iniciativas legislativas

  • "La existencia de propuestas concurrentes sobre una misma materia y un mismo objetivo, debe ser considerada durante el trámite legislativo en aras de evitar duplicidades o contradicciones en caso de eventuales aprobaciones."

    Iniciativas legislativas

Full documentDocumento completo

19 October 2026 PGR-OJ-141-2026 Licenciada Cinthya Díaz Briceño Area Head Legislative Committees IV With the approval of the Procurador General de la República, we refer to your official letter AL-CPAAGRO-1629-2026 of 17 August 2026, requesting our opinion regarding Bill No. 25.491, “REFORM ACT TO STRENGTHEN THE PENALTY REGIME OF THE CÓDIGO DE MINERÍA (LEY N°6797 DE 1982 Y SUS REFORMAS).” PRELIMINARY MATTERS Before responding to the request submitted to us, we must indicate the scope of this opinion because, under the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, binding opinions may not be issued when what is requested of us is a legal opinion concerning bills.

The administrative case law of this Advisory Body recognizes that the Legislative Assembly may consult it on matters related to the administrative work it performs incidentally to its principal activity, in which case the opinions issued will be binding. However, when consultations concern the lawmaking function performed by that branch of the Republic, we are unable to issue binding opinions because such authority falls outside the provisions governing us. Nevertheless, to assist this Honorable Committee, we will issue an opinion on the bill under review, with the caveat that, for the reasons stated above, this pronouncement is a nonbinding legal opinion.

We must also note at the outset that the eight-day period established in Article 157 of the Reglamento de la Asamblea Legislativa does not apply to matters of this kind because this is not the hearing referred to in Article 190 of the Constitución Política (see, among others, opinions OJ-053-98 of 18 June 1998, OJ-055- 2013 of 9 September 2013, OJ-08-2015 of 3 August 2015, OJ-159- 2020 of 16 October 2020, PGR-OJ-050-2022 of 18 March 2022, and PGR-0J-030-2024 of 4 March 2024).

Having clarified the foregoing, we will proceed to analyze the bill submitted for consultation.

PURPOSE OF THE BILL The legislative initiative seeks to strengthen the criminal-law response to the commission of mining offenses as a means of protecting ecosystems and complying with international mandates. To achieve this, it proposes reforming the entirety of Chapter III of the Código de Minería, increasing terms of imprisonment, adding new criminal offenses, and listing aggravating circumstances.

OPINION OF THE PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA The bill proposes that Articles 139, 140, and 141 of Chapter III, entitled Mining Offenses, of the Código de Minería be amended and that Articles 142 through 146 be added. A comparative analysis of the first three articles will be conducted below, followed by a discussion of the new articles.

Current text Proposed text Article 139- A term of imprisonment of three months to five years shall be imposed on anyone who conducts mining reconnaissance, exploration, or exploitation activities in a national park, biological reserve, or other wildlife conservation area afforded absolute protection under current legislation.

Article 139- Illegal mining For purposes of this article, illegal mining shall mean the performance of extractive activities on land and its strata containing metallic resources and minerals (referred to as ore) belonging to the State outside the established legal framework.

A term of imprisonment of four to eight years shall be imposed on anyone who, without a concession, permit, authorization, or enabling title granted in accordance with current legislation, conducts exploration, exploitation, or extraction activities involving metallic resources and minerals from the subsoil or alluvial deposits for that person’s own benefit or that of third parties.

The same penalty shall apply to anyone who organizes, directs, or finances the performance of such activities.

Current text Proposed text Article 140- A term of imprisonment of three months to five years shall be imposed on anyone who sponsors unlawful mining activities.

Article 140- Unlawful processing and use of minerals A term of imprisonment of four to eight years shall be imposed on anyone who, knowing their unlawful origin, engages in any of the following conduct with respect to mining materials such as ore, minerals, and metals, in any state, obtained through illegal mining:

  • a)Processing, refining, or transformation
  • b)Transportation or storage
  • c)Sale or intermediation
  • d)Export or attempted export When the offender acts with knowledge of the unlawful origin and for profit, the penalty shall be imprisonment for five to ten years.

Current text Proposed text Article 141- A term of imprisonment of three months to five years shall be imposed on anyone who conducts mining reconnaissance, exploration, or exploitation activities without the corresponding permit or concession.

Article 141- Unlawful use of hazardous chemical substances A term of imprisonment of five to ten years shall be imposed on anyone who uses, transports, possesses, or supplies mercury, cyanide, or other hazardous chemical substances for the purpose of using them in illegal mining activities.

The same penalty shall be imposed on anyone who attempts to bring, brings, or distributes such substances within the national territory for use in illegal mining.

A comparison of the articles in question shows that the current legal framework prohibits various acts connected with mining activity—reconnaissance, exploration, and exploitation—when they are performed in protected areas or without the required government permits. The penalty is set at three months to five years of imprisonment.

The proposed reform seeks to increase the penalty range by setting the minimum term at four years and the maximum at eight years of imprisonment. If the use of hazardous chemical substances is proven, the penalty range would be higher, at five to ten years of imprisonment. Modification of the penalty range falls within the legislature’s powers, and therefore no objection is raised in this respect.

Nevertheless, several deficiencies are apparent in the substance of the proposed reforms and must be corrected. The first observation is that the act to be defined as “illegal mining” under Article 139 is described as “extractive activities on land and its strata containing metallic resources and minerals.” This description is inconsistent with the terminology used elsewhere in the Código de Minería. This conceptual difference would weaken the criminal-law response by restricting the scope of the offense to activities that are strictly extractive, excluding mining activities that the legal system regulates as reconnaissance and exploration.

Likewise, use of the term “ore” is not entirely appropriate because a criminal offense must employ objective and generic concepts, meaning metallic and nonmetallic rocks and minerals. The use of such specific concepts as “ore” would exclude from the offense mining activities involving elements that do not constitute “ore,” thereby restricting application of the offense.

Along the same terminological lines, it is considered necessary to evaluate deleting the phrase “authorization or enabling title granted in accordance with current legislation,” because the Código de Minería regulates only the existence of permits and concessions.[1] This would make it possible to determine clearly which absence of administrative authorization constitutes the unlawful act.

In view of the foregoing, this Advisory Body considers that the proposed wording of Article 139 requires thorough review to define precisely the scope of the conduct carrying criminal liability. The legislative intent to strengthen the response to illegal mining is appropriate, but its proper implementation requires the proposed reforms to be compatible with the current content of the Código de Minería.

With respect to the proposed reform of Article 140, it is evident that the text is entirely different from the current provision: instead of regulating the punishment of anyone who sponsors unlawful mining activities, it criminalizes actions occurring after the illegal extraction. The concept of criminalizing these subsequent stages is consistent with the objective of strengthening the criminal-law response to these unlawful acts.

However, the proposed offense is constructed around several indeterminate concepts, which could produce differing interpretations in its eventual application. The reference to “mining materials obtained through illegal mining” requires Article 139 to be corrected so that the same imprecision is not carried over. In addition, the use of such specific concepts as “ore” should also be eliminated to avoid making the offense inapplicable to different circumstances.

The current penalty for anyone who sponsors illegal mining activities was moved to the final paragraph of the amended Article 139. Because the offense is not eliminated but merely relocated, this falls within the legislature’s powers.

Among the acts intended to be defined as offenses, subsection d) warrants particular attention because it expressly includes “export or attempted export.” This is the only situation in which attempt is expressly incorporated, and the bill’s explanatory statement provides no justification for treating it differently from the other conduct listed. This inclusion is unnecessary because attempt is already generally established in the Código Penal,[2] and therefore its application does not require special or additional mention in the Código de Minería.

With respect to the aggravating circumstance provided for in Article 140, the appropriateness of establishing profit motive as an aggravating circumstance should be evaluated. This is because offenses of this nature are committed to obtain an economic benefit. The offense already includes the subjective element of knowing the material’s unlawful origin, which is indeed important to the commission of the unlawful act. A profit motive is different, as proof of it is unnecessary to establish the commission of the offense and the endangerment of the protected legal interest.

From this perspective, the proposed aggravating circumstance would create an unnecessary additional evidentiary burden. It is therefore recommended that its elimination be considered so that the criminal-law response focuses on elements directly connected with the conduct intended to be prevented and punished.

Finally, the current Article 141 regulates the prohibition applicable to those who conduct mining reconnaissance, exploration, or exploitation activities without the required concession. The proposal under review completely eliminates this offense and provides instead that the article prohibit the use, possession, transportation, and distribution of hazardous chemical substances for the purpose of using them in illegal mining activities.

The reform must, however, be analyzed as a whole. Although the offense contained in the current Article 141 is eliminated, the prohibition of that conduct was moved to the amended Article 139. There is therefore no reduction in the scope of criminal-law protection.

Regarding the proposed content of the new Article 141, consideration should be given to the technical opinion issued by the Dirección de Geología y Minas of the Ministerio de Ambiente y Energía through official letter DGM-OD-335-2026, which is included in the bill’s digital case file. That opinion notes the need to distinguish mercury from cyanide because they have different characteristics in terms of their hazardousness and use. Furthermore, the determination that a substance is hazardous does not by itself constitute an unlawful act; rather, the conduct carrying criminal liability must be connected with the unlawful use of those substances. The proposed offense indicates that the prohibition will apply when the acts described therein are performed with the intent that the substances be used for illegal mining activities. This creates an additional evidentiary requirement: proving that purpose.

Second, the generic mention of “other hazardous chemical substances” violates the principles of legality and lex certa by failing to comply with the legislature’s obligation to enact definite and clear laws,[3] because it leaves open to interpretation which substances fall within that list. The indeterminacy is heightened by using the qualifier “hazardous” without establishing the technical criterion on which it is based. This Advisory Body therefore recommends reviewing and revising the provision.

Regarding the proposal to regulate an attempt to bring the referenced substances into the national territory, we reiterate that this is unnecessary. The reason is that the Código Penal already regulates attempt[4] with general application to the unlawful acts defined therein and, consequently, to the offense at issue.

Retaining the proposed text as currently drafted could create complications in its eventual application because it would allow the threshold of criminal liability to be brought forward excessively. In other words, adjudicators could encounter difficulties in distinguishing preparatory acts from acts of execution because of the possibility that there could be an attempt to bring in the substances and an attempt to attempt to bring them in, thereby completely distorting the doctrine.

Having completed the analysis of the proposed reforms, we will now address the articles that would be added to the Código de Minería if the bill is enacted:

“Article 142- Aggravating circumstances The penalties established in the preceding articles shall be increased by up to one-third when any of the following circumstances are present:

  • a)The illegal mining activity is conducted within protected wild areas, biological reserves, national parks, or water-protection zones
  • b)Significant contamination of soil, water, or ecosystems occurs
  • c)Heavy machinery or industrial equipment is used
  • d)The acts are committed through the coordinated participation of two or more persons with a division of functions
  • e)Violence, intimidation, or corruption of public officials is employed
  • f)Serious or difficult-to-remedy environmental damage occurs” The incorporation of a list of aggravating circumstances into the legislation is consistent with the legislature’s intent. Nevertheless, some of the proposed circumstances require review and greater precision. Additionally, this Advisory Body recommends that, if an article encompassing the aggravating circumstances is created, all such circumstances be included there rather than being distributed among different provisions, as occurs with the circumstance governed by the final paragraph of the proposed Article 140.

With respect to Article 142(a), it should be noted that the proposal improperly combines terminology. Protected wild areas are the general category for areas that the State must protect because of their biodiversity. They are divided into various categories, including national parks, biological reserves, protected zones, and others.[5] Meanwhile, the “water-protection zones” mentioned in the bill are presumed to refer to protection areas,[6] a term corresponding to the areas bordering the various bodies of water within the national territory. This Advisory Body therefore recommends revising the wording of that subsection to incorporate the correct terms.

Subsections b) and f), for their part, address effects on the environment, but neither establishes criteria by which they can be clearly distinguished. No normative parameter is included for determining when environmental damage reaches a significant level and when it constitutes serious environmental damage.

The absence of such a distinction will hinder the investigation and prosecution process, as well as sentencing. It is not enough for the concepts to be susceptible to technical assessment; the legal elements necessary to determine the applicability of each circumstance must also be provided, especially in situations in which both scenarios could overlap.

In addition, subsection d) does not adequately distinguish between the joint involvement of several persons in the commission of an offense and the existence of an organized-crime structure. The background section of the bill indicates that the legislators considered it particularly important to strengthen the criminal-law response to mining offenses because of their connection with organized crime, and the inclusion of subsection d) resulted from that intent.

Nevertheless, the proposed approach is incorrect. The existence of an organized-crime structure requires the concurrence of specific elements,[7] beyond the mere participation of multiple perpetrators with a division of functions. The subsection’s current wording is therefore insufficient to accomplish the objective of punishing the involvement of such structures in mining offenses.

It is essential to distinguish co-perpetration and participation in the commission of the unlawful act from structures that, because of their characteristics, qualify as organized crime. It should be clarified that, if the requirements established in the national legal framework are satisfied, the case must be processed under the corresponding special procedure.[8] Although the participation of two or more persons with a division of functions could constitute an aggravating circumstance, it cannot be asserted that those two elements alone constitute organized crime.

Finally, this Advisory Body recommends reviewing subsection e), which contains the phrase “corruption of public officials,” to clarify the acts intended to be punished. This is necessary to avoid duplication with other offenses regulated in the Código Penal.[9] “Article 143- Financing or facilitation of illegal mining A term of imprisonment of four to eight years shall be imposed on anyone who finances, promotes, or facilitates illegal mining activities through:

  • a)Supplying machinery or equipment
  • b)Contributing financial resources
  • c)Providing chemical supplies
  • d)Sheltering, through donation or rental of the person’s residence, persons involved in illegal mining activities or related activities
  • e)Using business or commercial structures to conceal the unlawful activity When such conduct forms part of an organized-crime structure, the provisions of the corresponding special legislation shall also apply.” The proposed offense creates normative duplication within the reform proposed by the bill itself. The final paragraph of the amended Article 139 establishes that the same penalty—four to eight years of imprisonment—shall apply to anyone who organizes, directs, or finances the performance of illegal mining activities. The wording of the two articles does not make it possible to determine when Article 139 should apply and when Article 143 should apply in cases involving financing, even though they establish the same penalty range. From the perspective of the lex certa principle, this Advisory Body would recommend deleting the reference to the offense of financing from Article 139 so that it is regulated exclusively by Article 143, where the concept is developed more fully.

Another observation worth highlighting concerns subsection d), which does not specify what is to be understood by sheltering. This lack of clarity could create an overlap with the offense of personal assistance, depending on the purpose for which shelter is provided. Furthermore, the proposed offense omits the subjective element of knowledge of the criminal conduct of the person receiving assistance, which could create uncertainty regarding the conduct subject to criminal punishment. Criminal liability should not arise solely because the tenant is connected with illegal mining activities; rather, the landlord’s intent to assist in the commission of the unlawful act should be specified.

“Article 144- Liability for environmental damage and recovery of costs Persons convicted of the offenses established in this chapter shall be required to:

1- Repair the environmental damage caused 2- Bear the costs of environmental restoration 3- Cover the costs of investigation, seizure, and destruction of the equipment used The amounts shall be determined in accordance with technical studies conducted by the competent authorities.

“Article 145- Seizure and forfeiture The competent judicial or administrative authority may order the immediate seizure of:

- machinery - equipment - vehicles - chemical supplies - extracted ore, metals, and minerals When there is evidence of their use in illegal mining.

Upon conviction, the forfeiture of such property shall be ordered, without prejudice to the rights of good-faith third parties.

When the responsible person cannot be identified or the criminal proceeding cannot continue for reasons other than the nonexistence of the act, forfeiture may be declared by a duly reasoned judicial ruling following a hearing for the interested parties.” “Article 146- Disposition of forfeited mining material Any forfeited ore, metal, or mineral shall become the property of the Costa Rican State. Once the necessary expert analyses have been completed and the ruling ordering forfeiture is final, the mineral may be:

1- Refined, appraised, or sold through transparent auction or public-procurement procedures, or 2- Allocated for scientific or institutional purposes when so determined by the competent authority.

The proceeds shall be allocated as a priority as follows:

  • a)20% for environmental restoration in the affected areas
  • b)20% for strengthening police operations focused on immigration control and the criminal prosecution of illegal mining
  • c)20% for financing sustainable-development programs for affected communities
  • d)20% for environmental education at the national level
  • e)20% for the State’s single treasury account When the forfeited material contains hazardous substances or contaminants, it must undergo specialized environmental treatment before any disposition.” Although the proposal is appropriate in view of the concepts of forfeiture (decomiso) and confiscation (comiso)[10] regulated in the Costa Rican legal framework, it is considered appropriate for the legislators to analyze the economic implications that this provision would entail.[11] This is because the property involved, ranging from machinery to substances, requires specialized processing and storage. It must therefore be clearly determined which entity will be responsible for issuing the necessary expert analyses and which will be responsible for custody of the property and its subsequent sale or destruction.

With respect to the remediation of environmental damage, this Advisory Body emphasizes that the Código Procesal Penal provides that the Procuraduría General de la República shall bring the civil action for damages when collective or diffuse interests are affected,[12] as occurs in cases involving environmental damage. The legislators must therefore specify the relationship between the proposed obligation and the general civil-liability regime in force under the Costa Rican legal framework. Similar consideration must be given to the costs of investigation, seizure, and destruction of equipment. These items do not necessarily have the same legal nature as remediation of environmental damage, and it must also be clarified who will quantify them, which authority will assess them, and through which procedural mechanisms they may be recovered.

Legislative initiatives Finally, it is considered relevant to note that other proposals addressing mining in Costa Rica are currently under consideration in the legislative process. In particular, case file N.°25.574, entitled “Act to Strengthen the Penalty Regime of the Código de Minería,” contains provisions closely related to the bill under review.

The existence of concurrent proposals concerning the same subject matter and objective should be considered during the legislative process to avoid duplication or contradictions if they are ultimately enacted. This is a matter of legislative drafting and normative coherence and does not constitute an opinion as to which initiative should proceed.

CONCLUSIONS

Based on the analysis of Bill No. 25.491, “REFORM ACT TO STRENGTHEN THE PENALTY REGIME OF THE CÓDIGO DE MINERÍA (LEY N°6797 DE 1982 Y SUS REFORMAS),” this Advisory Body concludes that the proposal must be corrected before proceeding further through the legislative process. This Advisory Body recognizes the need to strengthen legal mechanisms to prevent, control, and punish all unlawful mining activities. Nevertheless, properly strengthening the national legal framework requires substantive revisions to ensure the effective application of the provisions analyzed herein.

LL.M. Maripaz De la Torre Herrera Dirección de Derecho Penal [1] Código de Minería (N.º 6797), Article 2.

[2] “Article 24.- An attempt occurs when the execution of an offense is begun through acts directly aimed at its completion, and completion does not occur for reasons independent of the perpetrator. The penalty corresponding to an attempt shall not apply when completion of the offense was absolutely impossible.” [3] Sala Tercera de la Corte, Resolution No. 01117 – 2008, of 10 October 2008 at 09:05. / Constitutional Chamber (Sala Constitucional), Resolution No. 19613 – 2019, of 09 October 2019 at 09:20.

[4] “Article 24.- An attempt occurs when the execution of an offense is begun through acts directly aimed at its completion, and completion does not occur for reasons independent of the perpetrator. The penalty corresponding to an attempt shall not apply when completion of the offense was absolutely impossible.” [5] Ley Orgánica del Ambiente (N.°7554), Article 32.

[6] Ley Forestal (N.°7575), Article 33.

[7] “ARTICLE 1.- Interpretation and application. Organized crime shall mean a structured group of two or more persons that exists for a period of time and acts in concert for the purpose of committing one or more serious offenses.” Ley Contra la Delincuencia Organizada (N.° 8754) [8] Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica (N.° 9481) [9] Código Penal (N.°4573), Articles 347 through 365.

[10] Código Penal (N.º 4573), Articles 103 and 110.

[11] Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (N.º 8131), Article 44.

[12] Código Procesal Penal (N.º 7594), Articles 16 and 40 --- SUMMARY --- PGR-OJ-141-2026 AN OPINION WAS REQUESTED REGARDING BILL N.° 25.491, ENTITLED “REFORM ACT TO STRENGTHEN THE PENALTY REGIME OF THE CÓDIGO DE MINERÍA (LEY N.° 6797 DE 1982 Y SUS REFORMAS).” Maripaz De la Torre Herrera, Master of Laws (LL.M.) and Procuradora of the Dirección de Derecho Penal, responded to the submitted request through Legal Opinion N.° PGR-OJ-141-2026, dated 19 October 2026, and concluded that the proposal must be corrected before proceeding further through the legislative process.

The Procuraduría General indicated that the initiative seeks to strengthen the criminal-law response to illegal mining by increasing penalties, incorporating new offenses, and defining aggravating circumstances. Although strengthening criminal-law protection is a legitimate objective and increasing penalties falls within the legislature’s powers, the text requires revisions to ensure the clarity, precision, and effective application of the offenses.

The observations include the need to harmonize the proposal with the terminology used in the Código de Minería and to avoid restrictive or imprecise concepts such as “ore.” The acts constituting the unlawful conduct must also be clearly defined, avoiding the generic use of concepts such as authorizations or enabling titles when the current legal framework regulates only permits and concessions. It is also necessary to distinguish precisely among the degrees of environmental damage that the proposal seeks to punish.

In connection with the foregoing, a possible duplication is identified between the proposed Articles 139 and 143 concerning the financing of illegal mining. Consideration should also be given to legislative case file N.° 25.574, whose subject matter is closely related.

We accordingly set forth our opinion regarding Bill N.° 25.491, entitled “Reform Act to Strengthen the Penalty Regime of the Código de Minería (Ley N.° 6797 de 1982 y sus reformas).”

19 de octubre de 2026 PGR-OJ-141-2026 Licenciada Cinthya Díaz Briceño Jefa de Área Comisiones Legislativas IV Con la aprobación del Procurador General de la República, nos referimos a su oficio AL-CPAAGRO-1629-2026 del 17 de agosto del 2026, mediante el cual se nos solicita emitir criterio en relación con el proyecto de ley Nº 25.491 “REFORMA DE LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL CÓDIGO DE MINERÍA (LEY N°6797 DE 1982 Y SUS REFORMAS)”.

ASPECTOS PRELIMINARES Antes de brindar respuesta a la petición que nos fue remitida, debemos indicar el alcance que tiene este pronunciamiento, ya que, según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no es posible emitir dictámenes con carácter vinculante cuando lo que se nos solicita es externar un criterio jurídico en relación con proyectos de ley.

La jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor reconoce la posibilidad de que la Asamblea Legislativa pueda consultar aspectos relacionados con la labor administrativa que desempeña de manera excepcional a su actividad principal, en cuyo caso los dictámenes emitidos serán vinculantes. Sin embargo, tratándose de consultas relacionadas con la tarea promulgadora de leyes que desarrolla dicho Poder de la República, nos encontramos imposibilitados de emitir criterios vinculantes, en el tanto dicha competencia escapa a lo señalado en la normativa que nos rige. Sin embargo, con el fin de colaborar con esa Honorable Comisión, se emitirá criterio sobre el proyecto de ley bajo análisis, no sin antes advertir que, por lo anteriormente señalado, este pronunciamiento es una opinión jurídica sin efectos vinculantes.

Asimismo y de previo debemos señalar que el plazo de ocho días previsto en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no es aplicable a este tipo de asuntos, por no tratarse de la audiencia a la que se refiere el artículo 190 de la Constitución Política (ver, entre otros, los pronunciamientos OJ-053-98 del 18 de junio 1998, OJ-055- 2013 del 9 de setiembre de 2013, OJ-08-2015 del 3 de agosto de 2015, OJ-159- 2020 del 16 de octubre del 2020 y PGR-OJ-050-2022 del 18 de marzo de 2022 y PGR-0J-030-2024 de 4 de marzo de 2024).

Aclarado lo anterior, procederemos a analizar el proyecto de ley consultado.

PROPÓSITO DEL PROYECTO DE LEY La iniciativa legislativa surge en miras de robustecer la respuesta penal ante la comisión de delitos mineros, como medio para proteger los ecosistemas y cumplir con los mandatos internacionales. Para lograrlo, propone reformar la totalidad del Capítulo III del Código de Minería, aumenta las penas privativas de libertad, adiciona nuevos tipos penales y enlista agravantes.

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA El proyecto de ley propone que en el Capítulo III denominado Delitos Mineros del Código Minería, se reformen los artículos 139, 140 y 141 y se adicionen los artículos 142 al 146. De seguido, se ejecutará el análisis comparativo de los primeros tres articulados y luego se desarrollarán los artículos nuevos.

Texto actual Texto propuesto Artículo 139- Se impondrá prisión de tres meses a cinco años a quien desarrolle actividades mineras de reconocimiento, exploración o explotación en un parque nacional, una reserva biológica u otra área de conservación de vida silvestre que goce de protección absoluta en la legislación vigente.

Artículo 139- Minería ilegal Para efectos de este artículo se entenderá por minería ilegal la realización de actividades extractivas sobre la tierra y sus capas que contenga recursos metálicos y minerales (denominada mena) pertenecientes al Estado fuera del marco legal establecido.

Será reprimido con pena de cuatro a ocho años de prisión quien, sin contar con concesión, permiso, autorización o título habilitante otorgado conforme a la legislación vigente, realice actividades de exploración, explotación o extracción de recursos metálicos y minerales del subsuelo o de depósitos aluviales, en beneficio propio o de terceros.

La misma pena se aplicará a quien organice, dirija o financie la ejecución de tales actividades.

Texto actual Texto propuesto Artículo 140- Se impondrá prisión de tres meses a cinco años a quien patrocine actividades mineras ilícitas.

Artículo 140- Procesamiento y aprovechamiento ilícito de minerales Será reprimido con pena de cuatro a ocho años de prisión quien, a sabiendas de su origen ilícito, realice cualquiera de las siguientes conductas respecto de materiales mineros como la mena, minerales y metales, en cualquier estado, obtenidos mediante minería ilegal:

  • a)Procesamiento, refinación o transformación
  • b)Transporte o almacenamiento
  • c)Comercialización o intermediación
  • d)Exportación o tentativa de exportación Cuando el infractor actúe con conocimiento del origen ilícito y con ánimo de lucro, la pena será de cinco a diez años de prisión.

Texto actual Texto propuesto Artículo 141- Se impondrá prisión de tres meses a cinco años a quien realice actividades mineras de reconocimiento, exploración o explotación, sin contar con el respectivo permiso o concesión.

Artículo 141- Uso ilícito de sustancias químicas peligrosas Será reprimido con pena de cinco a diez años de prisión quien utilice, transporte, posea o suministre mercurio, cianuro u otras sustancias químicas peligrosas con el propósito de emplearlas en actividades de minería ilegal.

La misma pena se impondrá a quien intente introducir, introduzca o distribuya en el territorio nacional dichas sustancias para el uso de minería ilegal.

De la lectura comparativa de los artículos de interés, se desprende que el marco jurídico actual, prohíbe la ejecución de diversos actos (reconocimiento, exploración y explotación) vinculados con la actividad minera, cuando se ejecuten en zonas protegidas o no se cuente con los permisos estatales requeridos. La penalidad se fija de tres meses a cinco años de prisión.

La reforma propuesta busca aumentar el marco punitivo, fijando la pena mínima en cuatro años y la máxima en ocho años de pena privativa de libertad. En caso de comprobarse el uso de sustancias químicas peligrosas, el marco punitivo sería mayor, de cinco a diez años de prisión. La modificación del marco punitivo se encuentra dentro de las facultades del legislador, por lo que no se señala inconveniente alguno en este aspecto.

Ahora bien, sobre el contenido de las reformas propuestas, se observan diversas deficiencias que precisan ser corregidas. La primera observación radica en que el acto que se denominará como “minería ilegal” (artículo 139), se define como “actividades extractivas sobre tierra y sus capas que contenga recursos metálicos y minerales”; descripción que no se adecua a los términos empleados en el resto del Código de Minería. Esta diferencia conceptual debilitaría la respuesta penal, al restringir el ámbito de aplicación del tipo penal, al circunscribirlo a actividades propiamente extractivas, dejando por fuera actividades mineras que el ordenamiento jurídico regula como reconocimiento y exploración.

Asimismo, el empleo del término “mena”, no resulta del todo adecuado, ya que el tipo penal debe emplear conceptos objetivos y genéricos, entiéndase, rocas y minerales metálicos y no metálicos. El utilizar conceptos tan específicos como “mena”, excluiría del tipo, actividades mineras que versen sobre elementos que no corresponden a la “mena”, restringiendo así, la aplicación del tipo penal.

En la misma línea de terminología, se estima necesario valorar la eliminación del extracto “autorización o título habilitante otorgado conforme a la legislación vigente”, dado que el Código de Minería únicamente regula la existencia de permisos y concesiones.[1] Ello en aras de que determinar con claridad cuál ausencia de autorización administrativa es la que constituye el ilícito.

En virtud de lo expuesto, es consideración de este Órgano Asesor que la redacción propuesta para el artículo 139 requiere de una revisión profunda, en aras de delimitar con precisión el ámbito de la conducta penalmente relevante. Es procedente la intención legislativa de fortalecer la respuesta frente a la minería ilegal, pero su adecuada implementación exige que las reformas propuestas sean compatibles con el contenido vigente del Código de Minería.

Respecto a la reforma propuesta sobre el artículo 140, se denota que se trata de un texto completamente distinto al vigente, ya que pasa de regular la sanción de quién patrocine las actividades mineras ilícitas, a criminalizar las acciones posteriores a la extracción ilegal. La idea de criminalizar las etapas posteriores, resulta coherente con el objetivo de robustecer la respuesta penal ante estos ilícitos.

Ahora bien, el tipo penal propuesto se construye sobre diversos conceptos indeterminados, lo cual podría generar distintas apreciaciones a la hora de su eventual aplicación. La referencia a “materiales minerales obtenidos mediante minería ilegal”, requiere que el artículo 139 sea corregido para que no arrastre las mismas imprecisiones. Sumado a eso, también debe eliminar el empleo de conceptos tan específicos como “mena”, para evitar la imposibilidad de aplicar el tipo penal a distintas circunstancias.

La sanción actual sobre quien patrocine actividades mineras ilegales, fue trasladada al artículo 139 (reformado) en su último párrafo. Siendo que no se elimina la figura, sólo se reubica, lo cual se encuentra dentro de las potestades del legislador.

Sobre los actos que se pretenden tipificar, merece especial atención el inciso d), en cuanto contempla expresamente la “exportación o tentativa de exportación”. Es el único supuesto en el que se incorpora de manera expresa la tentativa, sin que se desprenda de la exposición de motivos del proyecto, la razón justificada de este tratamiento diferenciado respecto al resto de conductas indicadas. Esta incorporación resulta innecesaria, dado que la tentativa con carácter general ya se encuentra consagrada en el Código Penal,[2] por lo que no requiere de una mención especial ni adicional en el Código de Minería para su aplicación.

Sobre la agravante prevista en el artículo 140, debe valorarse la pertinencia de fijar el ánimo de lucro como circunstancia agravante. Ello en razón de que estos ilícitos, por su naturaleza, se ejecutan para obtener un beneficio económico. Ya el tipo penal contempla el elemento subjetivo de conocer la procedencia ilícita del material, lo cual sí corresponde a un elemento de importancia para la comisión del ilícito; distinto es el ánimo de lucro, cuya acreditación no resulta necesaria para la comisión del delito y la puesta en peligro del bien jurídico protegido.

Desde esta perspectiva, la propuesta de agravante lo que generaría es una carga probatoria adicional innecesaria. Por lo que se recomienda valorar su eliminación, a fin de que la respuesta penal se concentre en los elementos directamente vinculados con la conducta que se busca evitar y sancionar.

Por último, el artículo 141 vigente regula la prohibición de quienes ejecuten actividades mineras de reconocimiento, exploración o explotación, sin la concesión requerida. La propuesta en análisis, elimina por completo este tipo penal y propone que el articulado prohíba el empleo, tenencia, transporte y distribución de sustancias químicas peligrosas, con el fin de utilizarlas para actividades de minería ilegal.

Ahora bien, debe analizarse la reforma en su totalidad, en el entendido de que, si bien se elimina el tipo penal del artículo 141 vigente, la prohibición de la conducta fue trasladada al artículo 139 reformado. Por lo que no se configura una reducción del ámbito de protección penal.

Sobre el contenido de lo propuesto para el nuevo artículo 141, debe considerarse el criterio técnico emitido por la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía, a través del oficio DGM-OD-335-2026, que consta en el expediente digital del proyecto de ley. En cuanto señala la necesidad de diferenciar el mercurio del cianuro, al presentar características distintas en cuanto su peligrosidad y empleo. Asimismo, la determinación de la peligrosidad de la sustancia por si sola no constituye un ilícito, sino que la conducta penalmente relevante debe vincularse con el empleo ilegal de estas sustancias. El tipo penal propuesto indica que la prohibición aparecerá cuando los actos allí descritos, se ejecuten con la intención de ser empleados para actividades de minería ilegal, esto genera un requisito adicional en materia probatoria: demostrar dicho propósito.

En segundo término, la mención genérica de “otras sustancias químicas peligrosas” transgrede el principio de legalidad y lex certa, incumpliendo con la obligación del legislador de generar leyes certeras y claras,[3] al dejar abierto a la interpretación cuáles sustancias ingresan a la referida lista. La indeterminación se acentúa al emplear el calificativo de “peligrosas” sin establecer el criterio técnico sobre el cual se basa. Por lo que este Órgano Asesor recomienda su revisión y ajuste.

Sobre la propuesta de regular la tentativa de introducir las sustancias referidas al territorio nacional, se reitera que la misma es innecesaria. Ello responde a que el Código Penal ya regula la tentativa[4] de aplicación general a los ilícitos allí tipificados y por ende, para el tipo penal de interés.

El mantener el texto propuesto tal y como se encuentra planteado, podría generar complicaciones en su eventual aplicación, dado que permitiría un adelantamiento excesivo de la barrera de punibilidad. Entiéndase, las personas juzgadoras podrían enfrentar problemas en la delimitación entre actos preparatorios y actos de ejecución, al quedar abierta la posibilidad de que existe una tentativa de introducir y la tentativa de intentar introducir, desnaturalizando por completo la figura.

Habiendo finalizado con el análisis de las reformas propuestas, se procederá con los artículos que, de aprobarse el proyecto de ley, se adicionarían al Código de Minería:

“Artículo 142- Agravantes Las penas previstas en los artículos anteriores se aumentarán hasta en un tercio cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

  • a)Que la actividad minera ilegal se realice dentro de áreas silvestres protegidas, reservas biológicas, parques nacionales o zonas de protección hídrica
  • b)Que se produzca contaminación significativa de suelos, aguas o ecosistemas
  • c)Que se utilice maquinaria pesada o equipos industriales
  • d)Que los hechos se realicen mediante la participación coordinada de dos o más personas con división de funciones
  • e)Que se emplee violencia, intimidación o corrupción de funcionarios públicos
  • f)Que se produzca daño ambiental grave o de difícil reparación” La incorporación de la lista de agravantes al cuerpo normativo resulta coherente con la intención del legislador, no obstante, algunas de las circunstancias propuestas requieren de revisión y precisión. Adicionalmente, este Órgano Asesor recomienda que, de crearse un articulado que englobará las circunstancias agravantes, se incluyan todas ahí mismo, en vez de tener agravantes distribuidas, como es el caso de la circunstancia reglada en el último párrafo del artículo 140 propuesto.

Respecto al inciso a) del artículo 142, debe señalarse que la propuesta entremezcla terminología de manera inadecuada. Las áreas silvestres protegidas corresponden al término genérico de las zonas que el Estado debe de proteger debido a su biodiversidad; estas se dividen en diversas categorías, como parques nacionales, reservas biológicas, zonas protectoras y otras.[5] Mientras que las “zonas de protección hídrica” que menciona el proyecto de ley, se presume hace referencia a las áreas de protección,[6] término que corresponde a las áreas que bordean los diversos cuerpos de agua en el territorio nacional. Por lo que este Órgano Asesor recomienda ajustar la redacción del citado inciso para que se inserten los términos correctos.

Por su lado, los incisos b) y f), contemplan afectaciones al ambiente, sin embargo, ninguno establece criterios que permitan diferenciarlos con claridad. Se omite incluir un parámetro normativo que permita determinar cuándo el daño ambiental alcanzará el nivel de significativo y cuándo se tratará de daño ambiental grave.

La ausencia de esta delimitación dificultará el proceso de investigación y acusación, así como el de la determinación de la pena. Dado que no basta con que los conceptos sean susceptibles de valoración técnica, sino que debe proporcionarse los elementos jurídicos necesarios para determinar la aplicabilidad de cada circunstancia, más en situaciones en las que podrían verse subsumidos ambos supuestos.

Por otra parte, el inciso d) no distingue adecuadamente la intervención conjunta de varias personas en la comisión de un delito y la existencia de una estructura de delincuencia organizada. Se desprende de la sección de antecedentes del proyecto de ley, que las personas diputadas consideraban de especial importancia robustecer la respuesta penal en materia de delitos mineros, en razón de su vínculo con la delincuencia organizada, siendo el resultado de esta intención la integración del inciso d).

No obstante, el planteamiento no es correcto. La existencia de una estructura de delincuencia organizada requiere la concurrencia de elementos específicos,[7] más allá de la mera participación de una pluralidad de autores con división de funciones. Por ello, el planteamiento actual del inciso, no resulta suficiente para alcanzar el objetivo de sancionar la participación de estas estructuras en materia de delitos mineros.

Resulta indispensable que se diferencie entre la coautoría y participación en la comisión del ilícito, de aquellos que, por sus características estructurales, encajen dentro de la delincuencia organizada. Con la aclaración de que, de cumplirse con los requisitos estipulados en el marco jurídico nacional, el caso deberá dársele el trámite especial correspondiente.[8] Siendo que la participación de dos o más personas con división de funciones sí podría constituir una circunstancia agravante, lo que no podría afirmarse, es que esos dos elementos, constituyan delincuencia organizada.

Finalmente, este Órgano Asesor recomienda la revisión del inciso e), el cual contiene la expresión de “corrupción de funcionarios públicos”, a fin de aclarar los actos que se pretenden sancionar. Ello con el fin de evitar duplicidad con otros tipos penales regulados en el Código Penal.[9] “Artículo 143- Financiamiento o facilitación de la minería ilegal Será reprimido con pena de cuatro a ocho años de prisión quien financie, promueva o facilite actividades de minería ilegal mediante:

  • a)Suministro de maquinaria o equipo
  • b)Aporte de recursos económicos
  • c)Provisión de insumos químicos
  • d)El resguardo en su domicilio, por donación o alquiler, a personas involucradas en actividades de minería ilegal o actividades conexas
  • e)Utilización de estructuras empresariales o comerciales para encubrir la actividad ilícita Cuando tales conductas formen parte de una estructura de delincuencia organizada, se aplicarán además las disposiciones de la legislación especial correspondiente.” El tipo penal propuesto representa una duplicidad normativa con la propia reforma propuesto en el proyecto de ley. Y es que el último párrafo del artículo 139 reformado, establece que se aplicará la misma pena (cuatro a ocho años de prisión) a quien organice, dirija o financie la ejecución de actividades mineras ilegales. La redacción de ambos articulados no permite determinar en qué casos se deberá aplicar el artículo 139 y en cuáles el 143, cuando verse sobre financiamiento, a pesar de que compartan el mismo marco punitivo. Desde la perspectiva del principio de lex certa, este Órgano Asesor recomendaría eliminar la mención del tipo penal de financiamiento del artículo 139, para que únicamente lo regule el artículo 143, dado que en este articulado se desarrolla la figura a mayor amplitud.

Otra observación que cabe resaltar, es el planteamiento del inciso d), donde no se específica qué debe comprenderse por el resguardo. La ausencia de claridad podría generar un traslape con el delito de favorecimiento personal, dependiendo de la finalidad con que se proporcione el resguardo. Asimismo, el tipo penal propuesto omite el elemento subjetivo de conocer sobre el actuar delictivo de quien le brinda la colaboración, lo que podría generar incertidumbre respecto a la conducta penalmente sancionable. La relevancia penal no debería derivar únicamente de que quien arrienda este vinculado a actividades de minería ilegal, sino que debería precisarse la voluntad del arrendador de colaborar con la comisión del ilícito.

“Artículo 144- Responsabilidad por daños ambientales y recuperación de costos Las personas condenadas por los delitos previstos en este capítulo estarán obligadas a:

1- Reparar los daños ambientales causados 2- Asumir los costos de restauración ambiental 3- Cubrir los gastos de investigación, incautación y destrucción de equipos utilizados La determinación de dichos montos se realizará conforme a los estudios técnicos que realicen las autoridades competentes.

“Artículo 145- Incautación y decomiso La autoridad judicial o administrativa competente podrá ordenar la incautación inmediata de:

- maquinaria - equipos - vehículos - insumos químicos - mena, metales y minerales extraídos Cuando existan indicios de su utilización en minería ilegal.

Mediante sentencia condenatoria se ordenará el decomiso de dichos bienes, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Cuando el responsable no pueda ser identificado o el proceso penal no pueda continuar por causas ajenas a la inexistencia del hecho, el decomiso podrá declararse mediante resolución judicial debidamente motivada, previa audiencia de los interesados.” “Artículo 146- Destino del material minero decomisado Cualquier mena, metal o mineral decomisado pasará a ser propiedad del Estado costarricense. Una vez realizados los análisis periciales necesarios y firme la resolución que disponga el decomiso, el mineral podrá ser:

1- Refinado, valorizado o vendido mediante procedimientos transparentes de subasta o contratación pública, o 2- Destinado a fines científicos o institucionales cuando así lo determine la autoridad competente.

Los recursos obtenidos se destinarán prioritariamente a:

  • a)20% para restauración ambiental en las zonas afectadas
  • b)20% para el fortalecimiento policial enfocado al control migratorio de personas y la persecución penal en contra de la minería ilegal
  • c)20% para el financiamiento de programas de desarrollo sostenible para comunidades impactadas
  • d)20% para educación ambiental a nivel nacional
  • e)20% para la caja única del Estado Cuando el material decomisado contenga sustancias peligrosas o contaminantes, deberá someterse a tratamiento ambiental especializado antes de cualquier disposición.” Si bien lo propuesto resulta procedente dado la figura de decomiso y comiso[10] reguladas en el marco jurídico costarricense, se estima procedente que las personas diputadas analicen las implicaciones económicas que esta disposición acarrearía.[11] Ello en razón de que los bienes involucrados, desde maquinaria hasta sustancias, requieren de un procesamiento y almacenaje especializado, por lo que debe determinarse con claridad, cuál será el ente responsable de emitir los análisis periciales necesarios, el responsable de custodiar los bienes y posterior venta o destrucción.

En lo que respecta a la reparación del daño ambiental, este Órgano Asesor hace hincapié en que el Código Procesal Penal contempla que la Procuraduría General ejercerá la acción civil resarcitoria cuando se afecten intereses colectivos o difusos, [12] como ocurre cuando se trata de daños al medio ambiente; por lo que les corresponde a las personas legisladoras, precisar la relación entre la obligación propuesta y el régimen general de responsabilidad civil vigente en el marco jurídico costarricense. Una consideración similar debe ejecutarse respecto a los costos de investigación, incautación y destrucción de equipos; estos conceptos no necesariamente poseen la misma naturaleza jurídica que la reparación del daño ambiental y también requiere aclararse quién los cuantificará, cuál autoridad los liquidará y mediante qué mecanismos procesales podrán ser exigidos.

Iniciativas legislativas Finalmente, se estima pertinente señalar que, en la corriente legislativa, se encuentran en trámite otras propuestas que abordan el tema de la minería en Costa Rica. Particularmente, el expediente N.°25.574 denominado “Ley para el fortalecimiento del Régimen Sancionatorio del Código de Minería”, cuyo contenido presenta una estrecha relación con el proyecto en análisis.

La existencia de propuestas concurrentes sobre una misma materia y un mismo objetivo, debe ser considerada durante el trámite legislativo en aras de evitar duplicidades o contradicciones en caso de eventuales aprobaciones. Esto corresponde a una consideración de técnica legislativa y coherencia normativa, sin que implique un pronunciamiento sobre cuál iniciativa es la procedente.

CONCLUSIONES

Del análisis efectuado sobre el proyecto de ley Nº 25.491 “REFORMA DE LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL CÓDIGO DE MINERÍA (LEY N°6797 DE 1982 Y SUS REFORMAS)”, este Órgano Asesor concluye que la propuesta debe ser objeto de correcciones previo a continuar con su trámite en la corriente legislativa. Este Órgano Asesor es consciente de la necesidad de fortalecer los mecanismos jurídicos para prevenir, controlar y sancionar todas aquellas actividades de minería ilícita, no obstante, para robustecer adecuadamente el marco jurídico nacional, se requieren ajustes sustantivos que garanticen la efectiva aplicación de las disposiciones aquí analizadas.

LL.M Maripaz De la Torre Herrera Dirección de Derecho Penal [1] Código de Minería (N.º 6797), artículo 2.

[2] “Artículo 24.- Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito, por actos directamente encaminados a su consumación y ésta no se produce por causas independientes del agente. No se aplicará la pena correspondiente a la tentativa cuando fuere absolutamente imposible la consumación del delito.” [3] Sala Tercera de la Corte, Resolución Nº 01117 – 2008, del 10 de octubre del 2008 a las 09:05. / Sala Constitucional, Resolución Nº 19613 – 2019, del 09 de octubre del 2019 a las 09:20.

[4] “Artículo 24.- Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito, por actos directamente encaminados a su consumación y ésta no se produce por causas independientes del agente. No se aplicará la pena correspondiente a la tentativa cuando fuere absolutamente imposible la consumación del delito.” [5] Ley Orgánica del Ambiente (N.°7554), artículo 32.

[6] Ley Forestal (N.°7575), artículo 33.

[7] “ARTÍCULO 1.- Interpretación y aplicación. Entiéndase por delincuencia organizada, un grupo estructurado de dos o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves.” Ley Contra la Delincuencia Organizada (N.° 8754) [8] Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica (N.° 9481) [9] Código Penal (N.°4573), artículos 347 al 365.

[10] Código Penal (N.º 4573), artículo 103 y 110.

[11] Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (N.º 8131), artículo 44.

[12] Código Procesal Penal (N.º 7594), artículos 16, 40 --- RESUMEN --- PGR-OJ-141-2026 SE SOLICITÓ EMITIR CRITERIO RESPECTO AL PROYECTO DE LEY N.° 25.491, DENOMINADO “REFORMA DE LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL CÓDIGO DE MINERÍA (LEY N.° 6797 DE 1982 Y SUS REFORMAS)”.

La Máster en Derecho (LL.M.) Maripaz De la Torre Herrera, Procuradora de la Dirección de Derecho Penal, mediante la Opinión Jurídica N.° PGR-OJ-141-2026, de fecha 19 de octubre de 2026, dio respuesta a la solicitud remitida y concluyó que la propuesta debe ser objeto de correcciones antes de continuar su trámite legislativo.

La Procuraduría General señaló que la iniciativa busca fortalecer la respuesta penal frente a la minería ilegal mediante el aumento de penas, la incorporación de nuevos delitos y la definición de agravantes. Aunque el fortalecimiento de la tutela penal es una finalidad legítima y el aumento de las penas se encuentra dentro de las potestades legislativas, el texto requiere ajustes para asegurar la claridad, precisión y aplicación efectiva de los tipos penales.

Entre las observaciones señaladas, se encuentra la necesidad de armonizar la propuesta con el empleo de la terminología del Código de Minería, evitando conceptos restrictivos o imprecisos como “mena”. Así como la delimitación clara de los actos configurativos del ilícito, evitando el empleo genérico de conceptos como autorizaciones o títulos habilitantes, cuando el marco jurídico vigente únicamente regula la existencia de permisos y concesiones. También resulta necesario precisar la diferenciación de los grados del daño al ambiente que busca penalizar.

En vínculo con lo anterior, se advierte una posible duplicidad entre los artículos propuestos 139 y 143 respecto del financiamiento de la minería ilegal. Además, debe considerarse la existencia del expediente legislativo N.° 25.574, cuyo objeto está estrechamente relacionado.

De esta forma, dejamos planteado nuestro criterio respecto al proyecto legislativo N.° 25.491, denominado “Reforma de Ley para el Fortalecimiento del Régimen Sancionatorio del Código de Minería (Ley N.° 6797 de 1982 y sus reformas)”.

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