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OJ-099-2026
OutcomeResultado
The PGR issues a non-binding opinion on the substitute text of the Integrated Water Resource Management Framework Bill (expediente 23.511), recommending that the Legislative Assembly consider its observations, particularly regarding the non-regression principle as applied to spring protection areas, the requirement of an explicit legislative act for any disaffectation of public-domain water resources, and the need to preserve state control over the drilling of artisanal wells.La PGR rinde criterio no vinculante sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico (expediente 23.511), recomendando a la Asamblea Legislativa valorar sus observaciones, en especial sobre el principio de no regresión ambiental respecto de las áreas de protección de nacientes, la exigencia de acto legislativo expreso para toda desafectación del dominio público hídrico, y la necesidad de mantener el control estatal sobre la perforación de pozos artesanales.
SummaryResumen
The Costa Rican Attorney General (PGR) issues a non-binding legal opinion on the substitute text of the Integrated Water Resource Management Framework Bill (expediente 23.511), requested by the Special Environment Committee of the Legislative Assembly. The opinion reviews the bill article by article, covering the creation of the National Water Directorate (DINA) within MINAE, water use and discharge fees, national hydrological planning, the water concession and permit regime, and administrative and criminal sanctions. The PGR warns that the proposed possibility of reducing protection areas around permanent springs could violate the constitutional non-regression principle in environmental matters, that any disaffectation of water from the public domain requires an explicit legislative act, and that exempting artisanal wells from permit requirements undermines state control over this public-domain resource.La Procuraduría General de la República emite opinión jurídica no vinculante sobre el texto sustitutivo del proyecto de 'Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico' (expediente 23.511), consultado por la Comisión Permanente Especial de Ambiente. El pronunciamiento analiza artículo por artículo las reformas al régimen de aprovechamiento y protección del agua, incluyendo la creación de la Dirección Nacional de Aguas (DINA) como órgano técnico del MINAE, la instauración de cánones de aprovechamiento y vertidos, la planificación hidrológica nacional, el régimen de concesiones y permisos, y las sanciones administrativas y penales. La PGR advierte que la posibilidad de reducir las áreas de protección de nacientes permanentes podría violar el principio constitucional de no regresión ambiental, que toda desafectación del dominio público hídrico requiere acto legislativo expreso y concreto, y que la dispensa de permiso para pozos artesanales compromete el control estatal sobre el recurso demanial.
Key excerptExtracto clave
Regarding the possibility of reducing protection areas around permanent springs based on technical studies by DINA (Article 23), the PGR has insisted that, under the principles of reasonableness, objectification of environmental protection, and non-regression in environmental matters, the reasonable technical justification for diminishing the level of protection afforded to those springs under Article 33 of the Forestry Law must be analyzed. If the reduction of the protection area applies only to specific cases, it could also violate the principles of equality and generality of legal norms. For these reasons, the Constitutional Court found constitutional defects in the bill 'Law for Integrated Water Resource Management, legislative file 17,742: '…any reduction of protection areas that implies regression in the protection of water as a public-domain asset, in addition to a constitutional violation of the right to a healthy environment, constitutes a procedural violation, due to the absence of technical or scientific criteria supporting the reduction of established protection areas' (judgment 12887-2014, ground VII). According to the Constitutional Court, 'regression in levels of protection must be fully justified' (judgments 13367-2012, 26300-2024, 12745-2019 and 36952-2024). The foregoing applies to protection areas for springs used for population supply (Article 24), which must be read alongside the public-domain reservations established for those purposes by Articles 7(c) of Law 2825 and 31(a) of the Water Law. Removal from the public-domain regime by law 'requires an express and specific legislative act, so that no doubt remains about the legislature's intent to remove a particular and individualized asset from the public domain.' The Constitutional Court holds that 'generic disaffectation is not possible, much less implicit disaffectation.' In the terms set out above, a non-binding opinion is rendered on the 'Framework Law for Integrated Water Resource Management' bill, legislative file 23,511, substitute text. While its approval is the exclusive competence of the Legislative Assembly, it is recommended that the observations made be duly considered.En torno a la posibilidad de reducir el área de protección de las nacientes permanentes, con base en estudios técnicos de la DINA (artículo 23), se ha insistido en que, al amparo de los principios de razonabilidad, objetivación de la tutela ambiental y de no regresión en materia ambiental, debe analizarse cuál es la justificación técnica razonable para disminuir el nivel de tutela que tienen esas nacientes en el artículo 33 de la Ley Forestal. Si la reducción del área de protección es para casos concretos, también podría infringir los principios de igualdad y generalidad de las normas. Por esas razones, la Sala Constitucional halló vicios de constitucionalidad en el proyecto de 'Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, expediente legislativo 17.742: '…toda reducción de áreas de protección que implique una regresión en la protección del agua como bien de dominio público, además de una violación constitucional al derecho al ambiente, supone una violación de procedimiento, por ausencia de criterios técnicos o científicos que sustenten la reducción de la superficie de las áreas de protección establecidas' (sentencia 12887-2014, cons. VII). Según el Tribunal Constitucional, 'la regresividad en los niveles de protección debe estar plenamente justificada' (sentencias 13367-2012, 26300-2024, 12745-2019 y 36952-2024). Lo anterior es aplicable a las áreas de protección de manantiales para uso poblacional (artículo 24), lo que ha de relacionarse con las reservas de dominio público que a esos fines hacen los artículos 7 inciso c de la Ley 2825 y 31 inciso a de la Ley de Aguas. La desafectación o separación por ley del régimen demanial, 'requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del demanio público un bien determinado e individualizado.' Para la Sala Constitucional 'no es posible la desafectación genérica, y mucho menos, la implícita' (sentencias 10466-2000, 3821-2002, 3480-2003, 8928-2004, 454-2006, 5975-2006, 9563-2006, 11346-2006, 2063-2007, 2408-2007, 16008-2007, 14772-2010, 15654-2011, 100-2018, 17397-2019, 17109-2023 y 25309-2025). En los términos expuestos, se rinde criterio no vinculante sobre el Proyecto de 'Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico', expediente 23.511, texto sustitutivo. No obstante que su aprobación es competencia exclusiva de esa Asamblea Legislativa, se recomienda valorar las observaciones hechas.
Pull quotesCitas destacadas
"Implementa el canon de aprovechamiento del recurso hídrico y el de vertidos. El primero es un instrumento económico para la administración del aprovechamiento del agua y la promoción del uso eficiente y sostenible. El segundo se fundamenta en el principio de quien contamina paga, como internalización de los costos ambientales."
"It implements the water resource use fee and the discharge fee. The former is an economic instrument for managing water use and promoting efficient and sustainable use. The latter is grounded in the polluter-pays principle as an internalization of environmental costs."
II. Objeto de la propuesta legal
"Implementa el canon de aprovechamiento del recurso hídrico y el de vertidos. El primero es un instrumento económico para la administración del aprovechamiento del agua y la promoción del uso eficiente y sostenible. El segundo se fundamenta en el principio de quien contamina paga, como internalización de los costos ambientales."
II. Objeto de la propuesta legal
"la solución pretendida por las normas bajo examen, no pueden (sic) llevar a relativizar o desmejorar los parámetros de control técnico que son propios de la actividad de perforación de pozos y concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico demanial"
"The solution sought by the provisions under review cannot be allowed to relativize or diminish the technical control parameters that are inherent to the drilling of wells and the granting of concessions over public-domain water resources."
Considerando sobre pozos artesanales (artículo 76)
"la solución pretendida por las normas bajo examen, no pueden (sic) llevar a relativizar o desmejorar los parámetros de control técnico que son propios de la actividad de perforación de pozos y concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico demanial"
Considerando sobre pozos artesanales (artículo 76)
"El término 'invadir' un área de protección 'se traduce en realizar sobre ella cualquier acto no permitido, lo que puede hacer cualquiera ya sea propietario o poseedor'."
"The term 'invade' a protection area 'translates into carrying out any prohibited act within it, which any person may do, whether owner or possessor.'"
Considerando sobre tipo penal forestal (artículo 122)
"El término 'invadir' un área de protección 'se traduce en realizar sobre ella cualquier acto no permitido, lo que puede hacer cualquiera ya sea propietario o poseedor'."
Considerando sobre tipo penal forestal (artículo 122)
"Establece el deber de incluir la variable hídrica en el proceso de evaluación de impacto ambiental de actividades, obras o proyectos y en todo plan regulador municipal u otros planes de ordenamiento territorial."
"It establishes the duty to include the water variable in the environmental impact assessment process for activities, works, or projects, and in all municipal zoning plans or other territorial planning instruments."
II. Objeto de la propuesta legal
"Establece el deber de incluir la variable hídrica en el proceso de evaluación de impacto ambiental de actividades, obras o proyectos y en todo plan regulador municipal u otros planes de ordenamiento territorial."
II. Objeto de la propuesta legal
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July 20, 2026 PGR-OJ-099-2026 Ms.
Yahaira Orozco Calderón Área de Comisiones Legislativas [email protected] Comisión Permanente Especial de Ambiente Dear Ms. Orozco:
With the approval of the Procurador General de la República, I respond to your Office memorandum submitted by email, in which, acting on instructions from the Comisión Permanente Especial de Ambiente, you consult us regarding the substitute text of the Bill "Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico," Legislative File 23.511.
Since the exercise of the legislative function cannot be substituted by the Procuraduría General de la República through a binding legal opinion, the assessment of the bill under consultation is offered as a non-binding legal opinion, in the interest of assisting that Branch of Government in the performance of its functions.
It is emphasized that the response deadline established in Article 157 of the Internal Rules of Order, Direction, and Discipline of the Asamblea Legislativa applies to mandatory consultations that, pursuant to the Political Constitution, must be submitted to certain state bodies or entities, and not to discretionary consultations.
According to its statement of motives, the proposed legislation seeks to update the applicable regulatory framework in accordance with new environmental requirements, the constitutional jurisprudence recognizing the fundamental right to drinking water, the amendment to the Political Constitution enacted by Law 9849/2020 guaranteeing that human right, and the international instruments approved by the country regarding water resources, from which principles for the management of water as a finite, vulnerable, and essential resource for life are drawn. This is aimed at achieving a legal balance between the protection, conservation, rational use, and equitable distribution of water resources, under state stewardship and administration, with an integrated and participatory management approach involving all stakeholders.
In summary, the bill:
In the hydrological planning instruments, updating the National Water Balance (Balance Hídrico Nacional) is mandatory, as it is an input for determining national and regional water supply and demand. The bill establishes the hydrological-unit water plan as the framework of action for integrated planning and management of water resources in each hydrological unit. It also provides for the reuse and recycling of water.
On an exceptional basis, it authorizes modification of the protection area of permanent springs (nacientes permanentes) (Ley Forestal, Art. 33), supported by technical-scientific studies by DINA, and establishes a new methodology for delineating the protection areas of springs.
It incorporates the possibility for MINAE to declare absolute-protection aquifer-recharge areas necessary to guarantee the current or future supply of water for human consumption.
It implements the water-resource utilization fee (canon de aprovechamiento del recurso hídrico) and the discharge fee (canon de vertidos). The former is an economic instrument for managing water utilization and promoting efficient and sustainable use. The latter is grounded in the polluter-pays principle as an internalization of environmental costs.
It establishes the obligation to include the water variable in the environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) process for activities, works, or projects, and in every municipal land-use plan (plan regulador) or other territorial planning instrument.
Administrative infractions against its provisions are classified as minor, serious, and very serious; examples of the latter include carrying out drilling works to explore and exploit groundwater without the corresponding permit, among other acts. Very serious infractions are subject to significant penalties.
This bill has been addressed by the Procuraduría General de la República in Legal Opinions OJ-95-2023 and PGR-OJ-123-2023, consulted by that Área de Comisiones Legislativas. In relation to the suggestions made therein, the following observations are offered:
Art. 2 of the bill, titled principles for the application of this law, adds certain principles: objectification of environmental protection (objetivación de la tutela ambiental), precautionary or prudent-avoidance, non-regression, and rational use of the resource. The final paragraph makes an implicit and repetitive reference to the non-regression principle.
Regarding definitions, it was recommended that they be reviewed to determine, on the basis of technical criteria, whether others should be included for the proper application of the law, such as "vaso" [water body/basin], a term used in a subsequent provision. In Art. 3, the term ribera de cauce [channel bank] was corrected, since it did not provide a definition of such but rather a method for determining it; most of the definitions are retained, some are deleted (water planning unit and ordinary use) and others are added (adaptation, hydrological year, artisanal use of surface water, absolute protection area, water quality, water-resource fee, diffuse-source water pollution, sinkhole [dolina], well point [puntera], floating river [río flotante], navigable rivers, and basin [vaso] of a lake, lagoon, or estuary).
Regarding the non-application of positive administrative silence (silencio positivo), regulated by Articles 330 and 331 of Law 6227 and Article 7 of Law 8220, the recommendation to provide that it does not operate in water-resource matters was accepted, without reference to Article 12 of Law 9986 (for requests submitted by contractors in a public procurement).
It is suggested that the provisions concerning the liability of the official responsible for handling the assigned management process be reviewed—in the event that, through ignorance or negligence, among other reasons, such official delays the continuity of a pending application before the Dirección Nacional de Aguas—and that those provisions be harmonized with Article 199 of the Ley General de la Administración Pública, which makes a public servant personally liable to third parties only when they have acted with willful misconduct or gross negligence in the performance of their duties.
Regarding the assets comprising the public domain (Art. 6), it was recommended, as suggested, to include the provision of Article 72 of the Ley de Aguas concerning the obligation of judges, in property titles issued through possessory information proceedings (informaciones posesorias), to include a reservation in the judgment of public-domain waters, with the Registro Inmobiliario having a duty to take note, and without the omission of that requirement conferring any right on the holder of the property. Currently, the expression "tierras baldías" [unclaimed lands] has been replaced by "reservas nacionales" [national reserves]. (Law 2825, Articles 11 and 184). It was also recommended to amend Art. 19, paragraph b, of the Ley de Informaciones Posesorias, which refers to the reservations under the Ley de Aguas for public-domain waters, and to harmonize the public-domain asset provisions relating to water resources found in Articles 31 of the Ley de Aguas, 7(c) of Law 2825, and 2 of Law 1634, Ley General de Agua Potable, in connection with Article 2(h) of Law 2726.
It is important to bear in mind that constitutional jurisprudence has held that even though the Ley de Aguas of 1942 follows a mixed approach regarding the legal nature of waters, two subsequent laws modified that regime: the Código de Minería, Article 4, which brought about a public-law conversion and nationalization of all groundwater in the country, and the Ley Orgánica del Ambiente, Article 50, which "entails an express dedication of continental waters (surface and underground waters—without distinguishing between them—) to the state's public domain," thereby opening the way for possible expropriations or restrictions in the public interest. (Sala Constitucional, decisions 1923-2004, 6054-2005, 1252-2006, 2973-2006, 5159-2006, 5606-2006, 13029-2006, 16609-2006, 18051-2006, 17304-2007, 4790-2008, 13775-2008, 14092-2008, 262-2009, 494-2009, 12437-2009, 2574-2010, 6922-2010, 13096-2011, 13041-2016, 6340-2017, 17353-2017, 24616-2021, 17109-2013, 24616-2021, 8710-2024, 27703-2024, and 9421-2025). This is a binding criterion erga omnes, except with respect to the Sala Constitucional itself. (Law 7135/1989, on Constitutional Jurisdiction, Article 13).
The recommendation to separate the provisions on administrative structure and planning instruments was accepted. Now, water organization and planning are regulated in Chapter II, with the State Water Sector, its authority, and its organization set out in separate sections.
It was noted that the body responsible for formulating national water policy should be specified. The new text, Article 8, clarifies that the formulation of public policy on water resources will fall to the head of the Ministerio de Ambiente y Energía, with the participation of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados and the Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, as technical bodies.
The substitute bill transforms the Dirección de Agua into the Dirección Nacional de Aguas (DINA), as a technical body of MINAE, which will administer the resources assigned to it by the law, will be led by a national director appointed by the Minister or Ministress, and defines its functions (Articles 10 and 11). This clarifies the initial uncertainty regarding its legal nature—it will not be a deconcentrated body (órgano desconcentrado); its funds will be budgeted by the Ministerio de Ambiente; and it is specified that the appointment of the director of that body (DINA) falls to the head of the ministry.
The concern regarding the need to clarify the body responsible for preparing hydrological-unit water plans and the water balance was raised. Article 11, paragraphs 13 and 14, provides that it is a function of the Dirección Nacional de Aguas to prepare the National Water Plan, the National Water Balance, and the water plans and resource-utilization priority plans for each hydrological unit, in accordance with the general guidelines of national water policy.
With respect to water inspectors, the cross-reference to the correct article regarding the functions they may carry out is corrected.
Regarding the possibility of reducing the protection area of permanent springs based on technical studies by DINA (Article 23), it has been insisted that, in light of the principles of reasonableness, objectification of environmental protection, and non-regression in environmental matters, the reasonable technical justification for reducing the level of protection afforded those springs under Article 33 of the Ley Forestal must be analyzed. If the reduction of the protection area applies to specific cases, it could also infringe upon the principles of equality and generality of legal norms. For those reasons, the Sala Constitucional found constitutional defects in the bill entitled "Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico," Legislative File 17.742: "…any reduction of protection areas that entails a regression in the protection of water as a public-domain asset, in addition to constituting a constitutional violation of the right to the environment, implies a procedural violation due to the absence of technical or scientific criteria supporting the reduction of the established protection area surface" (Decision 12887-2014, Considerando VII).
According to the Sala Constitucional, "regressivity in levels of protection must be fully justified" (Decisions 13367-2012, 26300-2024, 12745-2019, and 36952-2024). For assets of the environmental public domain (demanio ambiental), prior and sufficient technical studies supporting the removal from public-domain status (desafectación) or reduction of the area are necessary to demonstrate that the provision does not transgress Article 50 of the Constitution, which carries the rank of a fundamental right. (Sala Constitucional, Decisions 2375-2017, 36952-2024, 30906-2025, 31964-2025, 33881-2015, 37511-2025, 39420-2025, 42004-2025, among others).
The foregoing is applicable to the protection areas of springs used for population supply (Article 24), which must be read in connection with the public-domain reservations made for those purposes by Articles 7(c) of Law 2825 and 31(a) of the Ley de Aguas. Removal from public-domain status or separation by law from the public-domain regime "requires an express and specific legislative act, in such a manner that there is no doubt as to the legislature's intent to remove a specific and individually identified asset from the public domain." The Sala Constitucional has held that "generic removal from public-domain status is not permissible, and even less so an implicit one" (Decisions 10466-2000, 3821-2002, 3480-2003, 8928-2004, 454-2006, 5975-2006, 9563-2006, 11346-2006, 2063-2007, 2408-2007, 16008-2007, 14772-2010, 15654-2011, 100-2018, 17397-2019, 17109-2023, and 25309-2025). Under the principle of parallelism of forms, "once an asset has been dedicated to the public regime, it may only re-enter commercial circulation through an express act of removal from public-domain status.
Accordingly, following the relevant jurisprudence on the matter, a tacit removal from public-domain status is not permissible." (Tribunal Contencioso Administrativo, Decisions 606-2024 and 1239-2024). In view of the repeal of the Ley de Aguas in Article 123 of the bill, Legal Opinion PGR-OJ-123-2023 suggested including the domain reservation of its Article 31 in the public-domain assets set forth in Article 6 of the bill.
In view of the reference that Article 23 makes to the Ley Forestal, it is suggested that matters relating to protection areas be regulated uniformly in this integrated water-resource management bill.
Article 25 authorizes, in an open-ended manner, activities on private property that are compatible within protection areas. For its proper application—the violation of which is classified as a serious infraction under Article 119, paragraph 1—it is necessary to clarify which activities are prohibited within those areas, in addition to the felling or removal of trees and undergrowth (sotobosque). That provision must be reconciled with Articles 18 bis of the Ley Forestal, concerning water use for population supply, and 33 bis of the same law, as well as what the Sala Constitucional decided regarding the latter in Decision 41905-2025. In Legal Opinion PGR-OJ-123-2023, it was noted that allowing activities on private property that are compatible and do not pose a risk to water intake and diversion reduces the current level of environmental protection, requires reasonable justification and an authorization with the applicable requirements, and equal technical justification is needed for the operational area of wells under Article 52.
Forced expropriation of land resulting from the declaration of absolute protection of aquifers (acuíferos) or of the protection area of springs used for population supply (Articles 24 and 27) is a mechanism for depriving a private party of property due to a legally established cause of public interest, subject to prior compensation; it does not apply where the asset is public-domain property. (Law 2825, Article 7(c); Ley de Aguas, Article 31; Law 1634, Article 2 in connection with Article 2(h) of Law 2726).
For the alignment (alineamiento) of protection areas of rivers and streams that must be processed, it is established that INVU will carry them out, whereas Article 34 of the Ley Forestal assigns that task to INVU for all protection areas. (Opinion C-333-2018). However, that provision is not amended—which would be contrary to the non-regression principle—nor is it specified who is responsible for establishing those alignments for the other water bodies.
Regarding the authority of municipalities to clean the banks of contaminated water bodies within their territory, transferring the cost of cleaning the affected area to the person responsible for the contamination (Article 29), the text of the replaced bill is maintained, to which is added the municipality's obligation to file a criminal complaint when the waste or residues involved are hazardous, in accordance with what was recommended and Law 8839/2010, Ley para la Gestión Integral de Residuos, which establishes the principle that integrated waste management is a social co-responsibility requiring the joint, coordinated, and differentiated participation of all producers, importers, distributors, consumers, and waste managers, both public and private (shared responsibility, Article 4, paragraph c; definition of hazardous waste, Article 6 ibid).
That Law establishes that natural or legal persons, public or private, who generate hazardous waste are responsible for the harm that such waste causes to life, health, the environment, or the rights of third parties throughout the entire life cycle of said waste, and that, in cases of infractions or where environmental damage is presumed, the duty to file a complaint before the Tribunal Ambiental Administrativo falls on the Ministerio de Ambiente y Energía, the Ministerio de Salud, municipalities, or any other law enforcement authority (Articles 48 and 56). Its Article 64, paragraph c, repealed Article 272 bis of the Código Penal, as added by Article 2 of Law 7883/1999, which imposed imprisonment on anyone who threw or deposited on state assets, assets of the Central Administration, decentralized institutions, or municipal corporations, material waste of any kind or substances that, due to their dangerousness or toxicity, caused serious harm to public health or the environment. Law 8839 classifies as a crime the illegal disposal of hazardous waste, whether by abandonment, deposit, or throwing, and increases the penalty by one third when such acts are carried out in water-resource protection areas, water bodies intended for human consumption, marine or inland waters, protected wildlife areas, and the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) (Article 61).
The definition of "maritime zone" as the coastal area of the Republic "washed by the sea in its ebb and flow and the adjoining lands to a distance of one mile, or one thousand six hundred and seventy-two meters, measured from the line marking the high tide"—which expanded the concept of maritime-terrestrial zone under Law 6043, defined as "a strip two hundred meters wide along the entire length of the Atlantic and Pacific coasts of the Republic, of whatever nature, measured horizontally from the ordinary high-tide line" (Articles 9 and 10)—was deleted. That definition could have been constitutionally defective, as it contravened Article 45 of the Constitution by subjecting to the public domain, without prior expropriation, privately owned property lawfully acquired between that two-hundred-meter strip and the one-thousand-six-hundred-and-seventy-two-meter line, extending inland. With this deletion, the suggestion to render those legal provisions compatible was accepted.
Likewise, the primary estuarine zones included in the maritime zone, such as river mouths in general, coastal valleys, and coastal lakes—terms that were not defined—were excluded.
The provision declaring beaches and basins containing the waters specified in Art. 6 to be private property was deleted, given that in Articles 6 and 46 those assets are listed as public-domain property, thereby correcting the inconsistency. Under the Ley de Aguas, beaches and their channels are public-domain property, for common use, national property (Articles 1, paragraph VIII; 3, paragraph I; 10; 69; and 70). On this point, the bill lacked the necessary technical justification and was contrary to the non-regression principle of environmental protection and the aforementioned constitutional jurisprudence on the dedication of continental waters to the state's public domain, in accordance with Article 50 of Law 7554 and the public-domain character and intangibility of the Zona Pública strip, which cannot be privately acquired by any means. (Sala Constitucional, Decisions 5210/1997, Considerando IV, and 8596/2013, 10158/2013, 811/2016, and 3113/2009). (Regarding the beach as a public-domain asset, see Sala Constitucional Decisions 3076-2002, 3871-2006, 811-2016, and 10800-2023, among others).
Regarding the banks of rivers and their margins on privately owned real property—encumbered in their entirety with an easement (servidumbre) for the benefit of lower-lying parcels (predios inferiores) for the purpose of monitoring and cleaning their channels—it was noted that the draft did not include the easements for the margins of canals, aqueducts, or drainage channels (atarjeas) under Article 73 of the Ley de Aguas, from which the text originates. The recommendation was incorporated in the addition to the second paragraph of Article 44, with the clarification that the banks are those of non-navigable rivers, the public-use easement is in favor of water concession holders of lower-lying parcels for the stated purposes, and prior notice to the owner or person in charge of the land is required before carrying out such work. Drainage channels would be encompassed within the concept of canals. Cleaning riverbeds (álveos) or channels prevents water stagnation and is beneficial even for the affected property owners by avoiding such stagnation. (Tribunal Contencioso Administrativo, Section VIII, Decision 83-2014).
The texts of Articles 44, first paragraph, and 6, last paragraph, are repetitive. They reproduce Article 72 of the Ley de Aguas. In order to correct this, it is noted, as stated above, that Law 13/1939, Ley General sobre Terrenos Baldíos, was repealed by Law 2825/1961 (Article 184) and the expression "tierras baldías" replaced by "reservas nacionales" (Arts. 8, 11, and 12(a) ibid., and Article 13 of Law 7575). It is suggested to replace the terms "denunciante" [claimant] with "titulante" [titling applicant] (the "denuncio" was a means of acquiring property under Law 13/1939), "adjudicación" [award] with "aprobación" [approval], and to delete the phrase "no tituladas" [untitled], which is discordant.
Regarding forced easements for the purpose of constructing the works necessary for the exploitation of the concession on third-party property, in the absence of an agreement with the owner or possessor of the servient estate (fundo sirviente), Article 55 incorporates the observation that such provision is inapplicable to easements that must be established by public entities, which shall continue to be governed by Law 7495/1995, Ley de Expropiaciones, and in the case of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, by Law 6313/1969, pursuant to Law 6622/1981, Article 4. (See Law 7495, Article 13, OJ-77-2013, and PGR-OJ-123-2023). This concern is also addressed in Article 54, which declares of public utility the real property that, by virtue of its location, is necessary for the utilization of water rights assigned to public institutions, public companies authorized by law to provide drinking-water services, and community aqueduct and sewerage management associations (Asadas), as well as the collection and treatment of wastewater, stormwater, and discharge of treated effluent.
It establishes that such real property may be expropriated pursuant to Law 7495, except as otherwise provided by other special laws. Note should be taken of the public-domain declaration made by Article 2 of the Ley General de Agua Potable regarding lands essential for constructing or locating drinking-water supply systems and ensuring their protection and the necessary water flow.
In Article 54, the last paragraph of the text was deleted, as it repeated the regulation on the easement over river banks and their margins on privately owned real property in favor of lower-lying parcels, for the purpose of monitoring and cleaning channels.
Under the bill, the concession is granted in favor of the registered real property in the applicant's name (territorial linkage [vinculación territorial]) and the concession right must be recorded in the Registro Inmobiliario, in the margin of the registered entry of the property benefited by the grant (Articles 60 and 74). It is suggested to amend the wording of those provisions so that the water-resource utilization concession is granted to the concessionaire, who—as the interested party—must apply for its recording in the Registro Inmobiliario and bear the associated cost; not DINA. The concession "confers on natural or legal persons, public or private, an exclusive and limited right to sustainably utilize the water resource" (Article 58). (It is important to clarify that the concession title does not guarantee the availability of the granted flow. See Ley de Aguas, Article 23).
Regarding the publication of notices for objections to applications for water-resource utilization concessions, the replaced text provided that objections would be received "from the date of the last publication of notices," without specifying how many were required. The current text clarifies that only one notice needs to be published by the applicant (Articles 61 and 65).
In Article 72, the proposal to include revocation for non-compliance among the grounds for termination of water-resource utilization concessions was addressed.
In Article 74, second paragraph, the objection raised regarding concessions on unregistered real property is addressed. It provides that for properties not registered in the Registro Inmobiliario, the concession shall be recorded in the Registro para la Gestión del Recurso Hídrico.
It was suggested that the exemption from the permit or concession requirement for the excavation of artisan wells (pozos artesanales) or intake wells for domestic use (Article 76) be reviewed, since it does not enable state oversight of the utilization and rational use of that scarce resource, nor does it allow for an adequate water balance accounting for all national water supply and demand. The public-domain status of all groundwater in the country extends even to water drawn through a well located on a private parcel for domestic use or ordinary needs (Sala Constitucional, Decisions 1923-2004, 6054-2005, 1252-2006, 2973-2006, 5159-2006, 5606-2006, 13029-2006, 16609-2006, 18051-2006, 17304-2007, 4790-2008, 13775-2008, 14092-2008, 262-2009, 494-2009, 12437-2009, 6922-2010, 2574-2010, 13096-2011, 14548-2012, 13041-2016, 6340-2017, 17353-2017, 17109-2023, 24616-2021, 17109-2023, 8710-2024, 27703-2024, and 9421-2025).
In Decision 7548-2023, which declared unconstitutional Legislative Bill No. 22.709, entitled "Amnistía para el ordenamiento de pozos y fuentes captadas superficiales no inscritas y otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del recurso hídrico en actividades de producción agropecuaria," the Sala Constitucional noted that "the solution sought by the provisions under examination cannot lead to the relativization or weakening of the technical oversight standards that are inherent to the activity of well drilling and the granting of concessions for the utilization of the public-domain water resource." Regarding the temporary permit for water use and utilization, it was noted that its indefinite annual renewal would effectively allow the permit to substitute for the concession—which is subject to more stringent requirements—and that, if limited to a fixed term, its necessity and specific uses should be assessed. The recommendation is reflected in Article 77, which authorizes DINA to issue such permits for up to one year, renewable for a single equal period in the exceptional cases that the article specifies.
In order to enforce the temporary suspension of water-resource utilization or the definitive revocation of the concession or use permit when legal provisions are violated (Article 114), DINA must follow the ordinary procedure under Law 6227. The reference to Article 99 of Law 7554—which establishes no procedure—is deleted, as recommended.
In Article 115, which vests in the Tribunal Ambiental Administrativo jurisdiction over the sanctions established in the Section and the determination of environmental damage, the phrase "or corresponding instances" was deleted. It created confusion, as the provision indicates that this is the exclusive jurisdiction of that Tribunal. The reference to which Section is meant should be reviewed. Article 115 falls within Chapter X, which contains no sections, and the section preceding the provision is Section VII of Chapter IX, Collective Water Use, with which it has no correspondence. (The order of the chapters should be reviewed. Chapter VII was omitted.)
In Article 116, the MINAE body responsible for imposing administrative sanctions for infractions of the law's provisions should be specified. Note that, in response to violations thereof, the bill also provides for administrative measures such as, for example, temporary suspension of water-resource utilization or definitive revocation of the concession or use permit (Article 114).
Article 119, paragraph 1, penalizes the carrying out of prohibited activities within the protection areas "defined by this law" (the bill), without taking into account the Ley Forestal (Articles 33 and 34), which must be reviewed. Reference is made to what was said regarding Article 25 above, concerning the need to clarify which activities are prohibited within protection areas, in addition to the felling of trees and removal of undergrowth.
For the judicial collection of debts arising from administrative sanctions (sanciones administrativas) that are imposed but not paid, the proposal was accepted that the certificate of indebtedness or enforceable instrument (título ejecutivo) be issued by the Environmental Administrative Tribunal (Tribunal Ambiental Administrativo) (article 121).
In the regulatory amendments (article 122), the advisability is reiterated of consolidating into a single statute—intended to serve as a comprehensive regulatory framework for water resources—the provisions on protection zones (áreas de protección) found in the Ley Forestal, and of clarifying the criminal offense defined in article 58 of that law, which punishes with imprisonment anyone who "invades a conservation or protection area, regardless of its management category, or other forested areas or land subject to the forestry regime." The clarification would ensure that criminal sanctions apply to encroachments (invasiones) upon protected wild areas (áreas silvestres protegidas), not conservation areas, and upon protection zones, thereby preventing arguments that the provision covers only the former and that protection zones on private property cannot be encroached upon by the owner of that very property.
Articles 33 and 58 of the Ley Forestal complement each other. (Tribunal de Casación Penal de San José, sentencias 713-2003, 1151-2006, and 1395-2007; Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, sentencias 763-2012, 233-2015, 475-2016, and 938-2020.) The fact that the latter provision "is integrated with the description of protection zones set forth in article 33 of the Ley Forestal does not imply any violation of the principle of legality, as this constitutes a systematic interpretation consistent with the literal text of the provision." (Sala Constitucional, sentencia 74-2010.) The term "invade" a protection zone "translates into performing upon it any act that is not permitted, which may be done by anyone, whether owner or possessor." (Tribunal de Casación Penal de San José, sentencias 751-2002 and 904-2004.)
With respect to the repeal of the Ley de Aguas (article 123, subsection a), it was recommended that a thorough analysis of its provisions be conducted in order to determine which should be kept in force or incorporated into the bill, such as those relating to public-domain assets (bienes demaniales).
Regarding the transitional provisions, it was noted as an obstacle to the timely implementation of the law that five years were set for the preparation of the National Water Plan (Plan Hídrico Nacional) and two years for the hydrological-unit water plans (planes de unidad hidrológica), which must conform to the former. The current Transitorio III corrects this inconsistency and establishes the obligation to prepare the National Water Plan within three years, and the hydrological-unit water plans within five years. Transitorio VI addresses the recommendation that, following the census of drilled wells, appropriate sanctions should be imposed on wells that operated illegally and their sealing should be ordered.
In the terms set forth above, a non-binding opinion is rendered on the bill entitled "Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico," expediente 23.511, substitute text. Notwithstanding that its approval falls within the exclusive competence of the Asamblea Legislativa, it is recommended that the observations made herein be duly considered.
Respectfully yours, José J. Barahona Vargas --- SUMMARY --- PGR-OJ-099-2026 SCOPE OF THIS OPINION. SUBJECT MATTER OF THE PROPOSED LEGISLATION. ON THE ARTICLES. CONCLUSION.
In a communication transmitted by electronic mail, Legislative Committee VIII consulted on the bill "Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico," expediente 23511.
The Procuraduría, through opinion PGR-OJ-099-2026, concluded:
In the terms set forth above, a non-binding opinion is rendered on the bill entitled "Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico," expediente 23.511, substitute text. Notwithstanding that its approval falls within the exclusive competence of the Asamblea Legislativa, it is recommended that the observations made herein be duly considered.
20 de julio de 2026 PGR-OJ-099-2026 Señora Yahaira Orozco Calderón Área de Comisiones Legislativas [email protected] Comisión Permanente Especial de Ambiente Estimada señora:
Con aprobación del señor Procurador General de la República, doy respuesta a su Oficio remitido por correo electrónico, en el que, con instrucciones de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, nos consulta el texto sustitutivo del Proyecto de “Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico”, expediente 23.511.
Al ser el ejercicio de la función legislativa insustituible por la Procuraduría a través de un dictamen de acatamiento obligatorio, el criterio acerca del proyecto consultado lo es como opinión jurídica, no vinculante, en afán de colaborar con ese Poder de la República en el desempeño de sus funciones.
Se hace hincapié en que el plazo de contestación del artículo 157 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Disciplina de la Asamblea Legislativa es aplicable a las consultas preceptivas que, de conformidad con la Constitución Política, deben formularse a ciertos órganos o entidades estatales, y no a las consultas facultativas.
Conforme a su motivación, la propuesta legal pretende actualizar la normativa en la materia, acorde con las nuevas exigencias ambientales, la jurisprudencia constitucional que reconoce el derecho fundamental al agua potable, la reforma a la Constitución Política por ley 9849/2020, que garantiza ese derecho humano, y los instrumentos internacionales aprobados por el país sobre el recurso hídrico, de los que se extraen principios para la de gestión del agua, como bien finito, vulnerable y esencial para la vida. Ello tendente a lograr un equilibrio jurídico sobre la protección, conservación, aprovechamiento racional y distribución equitativa del recurso hídrico, bajo tutela y administración del Estado, con un enfoque de gestión integrada y participativo de los actores.
En síntesis, el proyecto de ley:
Amplía los principios generales, mejora algunas definiciones, reafirma el carácter de dominio público de las aguas, sus fuerzas asociadas, cauces y vasos que las contienen, da la rectoría política del recurso hídrico a la persona jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía y crea el Sector Hídrico del Estado. Transforma la Dirección de Agua en la Dirección Nacional de Aguas (DINA), órgano técnico del MINAE, encargado de tramitar y resolver las solicitudes de concesión de agua y vertido, los permisos de perforación de pozos y aprovechamiento de cauces y manantiales, elaborar el Plan Hídrico Nacional, los planes hídricos, de priorización del aprovechamiento del recurso de cada unidad hidrológica y los estudios para la declaratoria de áreas de recarga acuífera de protección absoluta por el ministro del Ambiente y Energía, administrar el Sistema Nacional de Información Hídrica y el Registro para la Gestión del Recurso Hídrico, en el que inscribirá los aprovechamientos de aguas. Tendrá un cuerpo de inspectores con autoridad de policía en el desempeño de sus funciones.
En los instrumentos de planificación hidrológica es obligatorio actualizar el Balance Hídrico Nacional, insumo para determinar la oferta y demanda hídrica nacional y regional. Establece el plan hídrico de unidad hidrológica o marco de acción para la planificación y gestión integrada del recurso hídrico en cada unidad hidrológica. Prevé el reúso y la reutilización del agua.
En forma excepcional autoriza a modificar el área de protección de las nacientes permanentes (Ley 7575, artículo 33), con sustento en estudios técnico-científicos de la DINA y determina una nueva metodología para delimitar las áreas de protección de los manantiales.
Incorpora la posibilidad de declaratoria por el MINAE de las áreas de recarga acuífera de protección absoluta necesarias para garantizar el suministro de agua de consumo humano actual o futuro.
Implementa el canon de aprovechamiento del recurso hídrico y el de vertidos. El primero es un instrumento económico para la administración del aprovechamiento del agua y la promoción del uso eficiente y sostenible. El segundo se fundamenta en el principio de quien contamina paga, como internalización de los costos ambientales.
Establece el deber de incluir la variable hídrica en el proceso de evaluación de impacto ambiental de actividades, obras o proyectos y en todo plan regulador municipal u otros planes de ordenamiento territorial.
Las infracciones administrativas contra sus disposiciones se clasifican en leves, graves y gravísimas, ejemplo de estas últimas es la de realizar obras de perforación con la finalidad de explorar y aprovechar agua subterránea sin el permiso correspondiente, entre otros actos. Las gravísimas se reprimen con sanciones significativas.
Sobre este proyecto de ley la Procuraduría se ha pronunciado en las Opiniones Jurídicas OJ-95-2023 y PGR-OJ-123-2023, a consulta esa Área de Comisiones Legislativas. Con relación a lo ahí sugerido, se hacen las siguientes observaciones:
El artículo 2° del proyecto, denominado principios para la aplicación de esta ley, adiciona algunos principios: objetivación de la tutela ambiental, precautorio o de evitación prudente, no regresión y uso racional del recurso. En el párrafo final hace mención implícita y repetitiva del principio de no regresión.
En las definiciones, se recomendó revisarlas para determinar, con criterio técnico, si había otras que debían incluirse para una adecuada aplicación de la ley, como la de “vaso”, término utilizado en norma posterior. En el artículo 3° se corrigió el término ribera de cauce, que no aludía a una definición de ésta, sino a la forma de precisarla; se mantienen la mayoría de las definiciones, se suprimen algunas (unidad de planificación del agua y uso ordinario) y añaden otras (adaptación, año hidrológico, aprovechamiento artesanal de aguas superficiales, área de protección absoluta, calidad de agua, canon de recurso hídrico, contaminación de agua por fuente difusa, dolina, puntera, río flotante, ríos navegables y vaso de un lago, laguna o estero).
En la no aplicación del silencio positivo, que regulan el 330 y 331 de la Ley 6227 y 7 de la Ley 8220, se aceptó la recomendación de disponer que no opera en materia de recurso hídrico, sin la referencia al artículo 12 de la Ley 9986 (para las gestiones que formule el contratista en una contratación pública).
Se sugiere revisar lo concerniente a la responsabilidad del funcionario encargado de atender el proceso de gestión que se le asigna, si por desconocimiento o negligencia, entre otros motivos, retrase la continuidad del trámite de solicitud planteada ante la Dirección Nacional de Aguas, y armonizarla con lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública, que hace responsable personalmente al servidor público ante terceros solo cuando haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes.
En los bienes integrantes del dominio público (artículo 6°), se agrega, como se recomendó, lo que preceptúa el numeral 72 de la Ley de Aguas, sobre la obligación que tienen los jueces en los títulos de propiedad que extiendan mediante informaciones posesorias, de hacer la reserva en la sentencia de las aguas de dominio público, con deber del Registro Inmobiliario de tomar nota, sin que la omisión de ese requisito confiera derecho alguno al poseedor del bien. En la actualidad, la expresión “tierras baldías” está sustituida por la de reservas nacionales. (Ley 2825, artículos 11 y 184). También se aconsejó reformar el artículo 19, inciso b, de la Ley de Informaciones Posesorias, que remite a las reservas de la Ley de Aguas, para las aguas de dominio público, y uniformar las disposiciones de bienes demaniales relacionadas con el recurso hídrico de los artículos 31 de la Ley de Aguas, 7 inciso c de la Ley 2825 y 2 de la Ley 1634, General de Agua Potable, en conexión con el 2 inciso h de la Ley 2726.
Es importante tener en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que aun cuando la Ley de Aguas de 1942 sigue una tesis mixta acerca de la naturaleza jurídica de las aguas, dos leyes posteriores modificaron ese régimen: el Código de Minería, artículo 4°, que produjo una publificación y nacionalización de todas las aguas subterráneas del país, y la Ley Orgánica del Ambiente, artículo 50, que “supone una afectación expresa de las aguas continentales (aguas superficiales y subterráneas –al no distinguirlas-) al demanio público del Estado”, y dejó expedito el camino para eventuales expropiaciones o limitaciones por razón de interés social. (Sala Constitucional, resoluciones 1923-2004, 6054-2005, 1252-2006, 2973-2006, 5159-2006, 5606-2006, 13029-2006, 16609-2006, 18051-2006, 17304-2007, 4790-2008, 13775-2008, 14092-2008, 262-2009, 494-2009, 12437-2009, 2574-2010, 6922-2010, 13096-2011, 13041-2016, 6340-2017, 17353-2017, 24616-2021, 17109-2013, 24616-2021, 8710-2024, 27703-2024 y 9421-2025). Criterio vinculante erga omnes, salvo para la propia Sala. (Ley 7135/1989, de la Jurisdicción Constitucional, artículo 13).
Se admitió la recomendación de separar las disposiciones sobre la estructura administrativa e instrumentos de planificación. Ahora, la organización y planificación hídrica se regula en el capítulo II y, en secciones distintas, el sector hídrico del Estado, su rectoría y organización.
Se señaló que debía precisarse el órgano al que correspondería la elaboración de la política nacional hídrica. El nuevo texto, artículo 8, aclara que la formulación de la política pública sobre el recurso hídrico la tendrá el jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía, con participación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, como entes técnicos.
El proyecto sustitutivo transforma la Dirección de Agua en la Dirección Nacional de Aguas (DINA), como órgano técnico del MINAE, el que administrará los recursos que esa ley le asigna, estará a cargo de una persona directora nacional, nombrada por el Ministro o la Ministra, y fija sus funciones (artículos 10 y 11). Con lo que se aclara la duda inicial en lo referente a su naturaleza jurídica, que no será un órgano desconcentrado, sus fondos los presupuestará el Ministerio del Ambiente, y se precisa que el nombramiento del director (a) de ese órgano (DINA) recae en el jerarca de la cartera.
Se hizo el reparo sobre la necesidad de esclarecer el organismo competente de elaborar los planes hídricos de unidad hidrológica y el balance hídrico. El artículo 11, incisos 13 y 14, dispone que es función de la Dirección Nacional de Aguas elaborar Plan Hídrico Nacional, el Balance Hídrico Nacional, los planes hídricos y de priorización del aprovechamiento del recurso hídrico de cada unidad hidrológica, conforme a los lineamientos generales de la política hídrica nacional.
En orden a las personas inspectoras de agua, se corrige el reenvío de artículo correcto en lo tocante a las funciones que podrán realizar.
En torno a la posibilidad de reducir el área de protección de las nacientes permanentes, con base en estudios técnicos de la DINA (artículo 23), se ha insistido en que, al amparo de los principios de razonabilidad, objetivación de la tutela ambiental y de no regresión en materia ambiental, debe analizarse cuál es la justificación técnica razonable para disminuir el nivel de tutela que tienen esas nacientes en el artículo 33 de la Ley Forestal. Si la reducción del área de protección es para casos concretos, también podría infringir los principios de igualdad y generalidad de las normas. Por esas razones, la Sala Constitucional halló vicios de constitucionalidad en el proyecto de “Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, expediente legislativo 17.742: “…toda reducción de áreas de protección que implique una regresión en la protección del agua como bien de dominio público, además de una violación constitucional al derecho al ambiente, supone una violación de procedimiento, por ausencia de criterios técnicos o científicos que sustenten la reducción de la superficie de las áreas de protección establecidas” (sentencia 12887-2014, cons.
VII). Según el Tribunal Constitucional, “la regresividad en los niveles de protección debe estar plenamente justificada” (sentencias 13367-2012, 26300-2024, 12745-2019 y 36952-2024). En bienes del demanio ambiental, los estudios técnicos previos y suficientes que fundamenten la desafectación o reducción del área son necesarios para acreditar que no transgrede el contenido del artículo 50 de la Constitución, con rango de derecho fundamental. (Sala Constitucional, sentencias 2375-2017, 36952-2024, 30906-2025, 31964-2025, 33881-2015, 37511-2025, 39420-2025, 42004-2025, entre varias).
Lo anterior es aplicable a las áreas de protección de manantiales para uso poblacional (artículo 24), lo que ha de relacionarse con las reservas de dominio público que a esos fines hacen los artículos 7 inciso c de la Ley 2825 y 31 inciso a de la Ley de Aguas. La desafectación o separación por ley del régimen demanial, “requiere de un acto legislativo expreso y concreto, de manera tal que no quede duda alguna de la voluntad del legislador de sacar del demanio público un bien determinado e individualizado.” Para la Sala Constitucional “no es posible la desafectación genérica, y mucho menos, la implícita” (sentencias 10466-2000, 3821-2002, 3480-2003, 8928-2004, 454-2006, 5975-2006, 9563-2006, 11346-2006, 2063-2007, 2408-2007, 16008-2007, 14772-2010, 15654-2011, 100-2018, 17397-2019, 17109-2023 y 25309-2025). Bajo el principio del paralelismo de formas, “una vez afecto el bien al régimen público, solamente a través de una desafectación expresa puede ingresar al tráfico de comercio. Con ello, siguiendo la jurisprudencia relevante en la materia, no es posible una desafectación tácita”. (Tribunal Contencioso Administrativo, sentencias 606-2024 y 1239-2024). Ante la derogatoria que en el artículo 123 hace de la Ley de Aguas, la Opinión Jurídica PGR-OJ-123-2023 sugirió incluir la reserva de dominio de su artículo 31 en bienes demaniales contemplados en el numeral 6 del proyecto.
En vista de la remisión que hace el artículo 23 a la Ley Forestal, se sugiere regular, de modo uniforme, lo relativo a las áreas de protección en este proyecto de ley de gestión integrada del recurso hídrico.
El artículo 25 autoriza, de manera indeterminada, actividades en propiedad particular que sean compatibles dentro de las áreas de protección. Para su correcta aplicación, cuyo quebranto se tipifica como infracción grave (en el artículo 119, inciso 1) es necesario aclarar las actividades prohibidas en éstas, además de la corta o eliminación de árboles y sotobosque. Esa norma se ha de compaginar con lo dispuesto en la Ley Forestal, artículos 18 bis, acerca del aprovechamiento de agua para abastecimiento de poblaciones, y 33 bis, así como lo resuelto sobre estos últimos por la Sala Constitucional en la sentencia 41905-2025. En la Opinión Jurídica PGR-OJ-123-2023 se apuntó que la realización de actividades en propiedad privada que resulten compatibles y no generen riesgo para la captación y derivación del agua, disminuye el nivel de tutela ambiental vigente, requiere justificación razonable y una autorización, con los requisitos a que se sujeta, e igual justificación técnica es necesaria para el área operacional de los pozos en el artículo 52.
La expropiación forzosa del terreno que conlleva la declaratoria de protección absoluta de acuíferos o del área de protección de manantiales para uso poblacional (artículos 24 y 27), es un mecanismo para privar de la propiedad a un particular, por causa de interés público legalmente comprobado, mediante una previa indemnización, no rige si el bien es demanial. (Ley 2825, artículo 7 inciso c; Ley de Aguas, artículo 31; Ley 1634, artículo 2° en concordancia con el 2 inciso h de la Ley 2726).
En los alineamientos de las áreas de protección de ríos y quebradas que deban tramitarse, se dispone que los realizará el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, al que el artículo 34 de la Ley Forestal los asigna para todas las áreas de protección. (Dictamen C-333-2018). Sin embargo, esa norma no se modifica, lo que sería contrario al principio de no regresión, ni se especifica a quién corresponde fijar esos alineamientos en de los demás cuerpos de agua.
En lo que atañe a la competencia de las municipalidades de limpiar en su territorio las márgenes de los cuerpos de agua contaminados con residuos sólidos, trasladando el costo de la limpieza del área afectada a la persona responsable de la contaminación (artículo 29), se mantiene el texto del proyecto sustituido, al que se agrega la obligación del municipio de proceder con la denuncia penal cuando se trata de desechos o residuos peligrosos, de conformidad con lo que se recomendó y la Ley 8839/2010, para la Gestión Integral de Residuos, la cual sienta el principio de que la gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de todos los productores, importadores, distribuidores, consumidores, gestores de residuos, tanto públicos como privados (responsabilidad compartida, artículo 4, inciso c; definición de residuos peligrosos, artículo 6 ibid).
Esa Ley establece que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que generen residuos peligrosos tienen responsabilidad por los daños que tales residuos ocasionen a la vida, la salud, el ambiente o los derechos de terceros, durante todo el ciclo de vida de dichos residuos y, en caso de infracciones o cuando se presuma daño ambiental, el deber de denuncia ante el Tribunal Ambiental Administrativo, por el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Salud, las municipalidades o cualquier otra autoridad de policía (artículos 48 y 56). Su artículo 64, inciso c, derogó el artículo 272 bis del Código Penal, adicionado por el numeral 2° de la Ley 7883/1999, que sancionaba con prisión a quien arrojara o depositara en bienes del Estado, de la Administración Central, instituciones descentralizadas o corporaciones municipales, desechos materiales de cualquier tipo o sustancias que, por su peligrosidad o toxicidad, causaran daño grave a la salud pública o al medio ambiente. La Ley 8839 sanciona como delito la disposición ilegal de residuos peligrosos, sea a quien los abandone, deposite o arroje, y aumenta en un tercio la pena cuando se realizan esos hechos en áreas de protección del recurso hídrico, cuerpos de agua destinados al consumo humano, aguas marinas o continentales, áreas silvestres protegidas y la zona marítimo terrestre (artículo 61).
Se eliminó la definición de zona marítima como espacio de las costas de la República “que baña el mar en su flujo y reflujo y los terrenos inmediatos hasta la distancia de una milla, o sean mil seiscientos setenta y dos metros, contados desde la línea que marque la marea alta”, que ampliaba el concepto de zona marítimo terrestre de la Ley 6043, como “franja de doscientos metros de ancho a todo lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico de la República, cualquiera que sea su naturaleza, medidos horizontalmente a partir de la línea de pleamar ordinaria” (artículos 9 y 10). Lo que podía tener vicios de inconstitucionalidad, por contravenir el artículo 45 de la Constitución, al afectar a dominio público, sin previa expropiación, la propiedad privada legítimamente adquirida entre esa franja de doscientos metros y los mil seiscientos setenta y dos metros, hacia el continente. Con ello se acogió la sugerencia de compatibilizar esas disposiciones legales.
Asimismo, se excluyeron las zonas estuarinas primarias incluidas en la zona marítima, como la boca de los ríos en general, valles y lagos costeros, términos que no se definían.
Se suprimió el numeral que declaraba de propiedad particular las playas y vasos que contienen las aguas especificadas en el artículo 6°, mientras que en éste y en el 46 eran de dominio público, lo que corrige la incoherencia. En la Ley de Aguas las playas y sus cauces son de domino público, de uso común, propiedad nacional (artículos 1° inciso VIII, 3, inciso I, 10, 69 y 70). En el punto, el proyecto carecía de la debida justificación técnica y era contrario al principio de no regresión de la protección ambiental y la jurisprudencia constitucional mencionada sobre la afectación de las aguas continentales al demanio del Estado, con apego al artículo 50 de la Ley 7554 y la demanialidad e intangibilidad de la franja de la Zona Pública, inapropiable por ningún modo. (Sala Constitucional, sentencias 5210/1997, cons IV y 8596/2013, 10158/2013, 811/2016 y 3113/2009). (Acerca de la playa como bien demanial, vid de la Sala Constitucional resoluciones3076-2002, 3871-2006, 811-2016 y 10800-2023, entre otras).
En las riberas de los ríos y sus márgenes en inmuebles de dominio particular, afectadas en toda su extensión a servidumbre en beneficio de los predios inferiores para vigilancia y limpieza de sus cauces, se señaló que no incluía las servidumbres para las márgenes de los canales, acueductos o atarjeas del artículo 73 de la Ley de Aguas, de donde proviene el texto. La recomendación se incorporó en el agregado al segundo párrafo del artículo 44, con la aclaración de que las riberas son de los ríos no navegables, la servidumbre de uso público es en favor de los concesionarios de aguas de predios inferiores para los fines aludidos, y se requiere el previo aviso al propietario o encargado del terreno para la ejecución de esas labores. Las atarjeas quedarían comprendidas dentro de los canales. La limpieza de álveos o cauces evita el estancamiento de aguas y favorece inclusive a los propietarios afectados, al evitar el estancamiento de aguas. (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII, voto 83-2014).
Los textos de los artículos 44, primer párrafo, y 6°, último párrafo, son reiterativos. Reproducen el 72 de la Ley de Aguas. A fin de que se corrija, se hace ver, como se indicó supra, que la Ley 13/1939, General sobre Terrenos Baldíos, fue derogada por la 2825/1961 (artículo 184) y la expresión “tierras baldías” sustituida por la de “reservas nacionales” (arts. 8, 11 y 12 inciso a ibid., y 13 de la Ley 7575). Se sugiere reemplazar los términos “denunciante” por “titulante” (el denuncio era un medio de adquirir la propiedad en la Ley 13/1939), “adjudicación” por “aprobación”, y suprimir la frase “no tituladas”, que es discorde.
En cuanto a servidumbres forzosas a los efectos de construir las obras necesarias para el aprovechamiento de la concesión en propiedad de terceros, cuando no hay acuerdo con el titular o poseedor del fundo sirviente, se acogió en el ordinal 55 la observación de que esa norma es inaplicable a las servidumbres que deban constituir los entes públicos los que se seguirán rigiendo por la Ley 7495/1995, de Expropiaciones, y en el caso del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por la Ley 6313/1969, de acuerdo con la Ley 6622/1981, artículo 4. (vid. Ley 7495, artículo 13, OJ-77-2013 y PGR-OJ-123-2023). La inquietud también se recoge en el artículo 54, que declara de utilidad pública los inmuebles que por su ubicación sean necesarios para el aprovechamiento de las aguas asignadas a las instituciones públicas, empresas públicas de prestación del servicio de agua potable autorizado por ley, y las asociaciones administradoras de acueductos y alcantarillados comunales (Asadas), así como la recolección y el tratamiento de las aguas residuales, pluviales y vertido del efluente tratado.
Establece que esos inmuebles pueden expropiarse conforme a la Ley 7495, salvo lo dispuesto en otras leyes especiales. Téngase en cuenta la declaratoria de dominio público que hace el artículo 2 de la Ley General de Agua Potable de las tierras indispensables para construir o situar los sistemas de abastecimiento de agua potable y asegurar su protección y el caudal necesario de las mismas.
En el artículo 54 se eliminó el último párrafo del texto que repetía la regulación sobre la servidumbre de las riberas de los ríos y sus márgenes en inmuebles de dominio privado a favor de los predios inferiores, para vigilancia y limpieza de los cauces.
En el proyecto, la concesión se otorga a favor del inmueble inscrito a nombre del solicitante (vinculación territorial) y el derecho de concesión debe inscribirse en el Registro Inmobiliario, al margen del asiento de la propiedad beneficiada con el otorgamiento (artículos 60 y 74). Se sugiere modificar la redacción de esas normas, para que la concesión de aprovechamiento del recurso hídrico se otorgue al concesionario, y como interesado ha de ser el que gestione su inscripción en el Registro Inmobiliario y a asuma el costo; no la DINA. La concesión “confiere a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, un derecho exclusivo y limitado de aprovechamiento sostenible sobre el recurso hídrico” (artículo 58). (Es importante aclarar que el título concesional no garantiza la disponibilidad del caudal concedido. Ver Ley de Aguas, artículo 23).
Acerca de los edictos para oposiciones a la solicitud de concesión de aprovechamiento del recurso hídrico, el texto reemplazado indicaba que se recibirían “a partir de la última publicación de edictos”, sin detallar cuántos eran. El actual aclara que es uno solo el que deberá publicar el interesado (artículos 61 y 65).
En el artículo 72 se atendió la propuesta de incluir la revocatoria por incumplimiento entre las causales de extinción de las concesiones de aprovechamiento del recurso.
En el artículo 74, párrafo segundo, se atiende la objeción hecha respecto de las concesiones en inmuebles sin inscribir. Dispone que para las propiedades que no estén inscritas en el Registro Inmobiliario, la concesión deberá hacerse constar en el Registro para la Gestión del Recurso Hídrico.
Se sugirió revisar la dispensa del permiso o concesión de excavación de pozos artesanales o de captación para uso doméstico (artículo 76), que no posibilita el control estatal sobre el aprovechamiento y uso racional de ese recurso escaso, ni llevar un adecuado balance hídrico que contabilice toda la oferta y demanda hídrica nacional. La demanialización de todas las aguas subterráneas del país lo es incluso de las que son alumbradas mediante un pozo ubicado en un predio particular para uso domésticos o necesidades ordinarias (Sala Constitucional, sentencias 1923-2004, 6054-2005, 1252-2006, 2973-2006, 5159-2006, 5606-2006, 13029-2006, 16609-2006, 18051-2006, 17304-2007, 4790-2008, 13775-2008, 14092-2008, 262-2009, 494-2009, 12437-2009, 6922-2010, 2574-2010, 13096-2011, 14548-2012, 13041-2016, 6340-2017, 17353-2017, 17109-2023, 24616-2021, 17109-2023, 8710-2024,27703-2024 y 9421-2025). En la sentencia 7548-2023, que declaró inconstitucional el proyecto legislativo número 22.709, denominado “Amnistía para el ordenamiento de pozos y fuentes captadas superficiales no inscritas y otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento del recurso hídrico en actividades de producción agropecuaria”, la Sala Constitucional señaló que “la solución pretendida por las normas bajo examen, no pueden (sic) llevar a relativizar o desmejorar los parámetros de control técnico que son propios de la actividad de perforación de pozos y concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico demanial”.
En el permiso temporal para el uso aprovechamiento de agua, se hizo ver que con su prórroga anual indefinida se estaría permitiendo sustituir la figura de la concesión, sujeta a requisitos más rigurosos y, de limitarla a un plazo, debía valorarse su necesidad y usos específicos. La recomendación se recoge en el artículo 77, que faculta a la DINA a otorgar esos permisos hasta por un año, prorrogable por un único período igual en los casos excepcionales que concreta.
A fin de ordenar la suspensión temporal del aprovechamiento del recurso hídrico o la revocatoria definitiva de la concesión o permiso de uso cuando se violen las disposiciones legales (artículo 114), la DINA debe seguir el procedimiento ordinario de la Ley 6227. Se suprime, como se aconsejó la referencia del artículo 99 de la Ley 7554, que no establece ningún procedimiento.
En el artículo 115, que atribuye al Tribunal Ambiental Administrativo el conocimiento de las sanciones establecidas en la Sección y la determinación del daño ambiental, se eliminó la frase “o instancias correspondientes”. Creaba confusión, pues la norma indica que ello es competencia de ese Tribunal.Se debe revisar a qué Sección se refiere. El artículo 115 está dentro del Capítulo X, que no contiene secciones, y la que antecede a la norma es la Sección VII del Capítulo IX, Aprovechamiento colectivo del agua, con la que no guarda correspondencia. (Debe revisarse el orden de los capítulos. Se omitió el VII).
En el artículo 116 se ha de concretar el órgano del MINAE que aplicará las sanciones administrativas por infracción a las disposiciones de la ley. Nótese que, ante la violación de éstas, el Proyecto también prevé medidas administrativas como, por ejemplo, la de suspender en forma temporal el aprovechamiento del recurso hídrico o la revocatoria definitiva de la concesión o permiso de uso (artículo 114).
El artículo 119, inciso 1, reprime la realización de actividades prohibidas dentro de las áreas de protección “que define esta ley” (el proyecto), sin tomar en cuenta la Ley Forestal (artículos 33 y 34), lo que ha de revisarse. Se remite a lo dicho en el artículo 25 supra, sobre la necesidad de aclarar las actividades prohibidas en las áreas de protección, además de la corta de árboles y sotobosque.
Para el cobro judicial de los débitos constituidos en razón de las sanciones administrativas impuestas, que no se cancelen, se admitió la propuesta de que la certificación del adeudo o título ejecutivo la expida el Tribunal Ambiental Administrativo (artículo 121).
En las reformas normativas (artículo 122), se reitera la conveniencia de unificar en una ley que pretende ser marco integral de regulación del recurso hídrico, las disposiciones sobre las áreas de protección de la Ley Forestal, y de precisar el tipo penal del artículo 58 de ésta, que reprime con pena de prisión a quien “invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo u otras áreas de bosque o terrenos sometidos al régimen forestal”. La aclaración sería para que se sancione las invasiones a las áreas silvestres protegidas, no áreas de conservación, y a las áreas de protección, e impedir que se argumente que es solo a las primeras y que las áreas de protección en propiedad privada no pueden ser invadidas por su propio dueño. Los numerales 33 y 58 de la Ley Forestal se complementan. (Tribunal de Casación Penal de San José, sentencias 713-2003, 1151-2006 y 1395-2007; Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José, sentencias 763-2012, 233-2015, 475-2016 y 938-2020).
El hecho de que la última norma “se integre con la descripción de áreas de protección que señala el artículo 33 de la Ley Forestal, no implica violación alguna al principio de legalidad, pues se trata de una interpretación sistemática, acorde con la literalidad de la norma”. (Sala Constitucional, sentencia 74-2010). El término “invadir” un área de protección “se traduce en realizar sobre ella cualquier acto no permitido, lo que puede hacer cualquiera ya sea propietario o poseedor”. (Tribunal de Casación Penal de San José, sentencias 751-2002 y 904-2004).
En la derogatoria de la Ley de Aguas (artículo 123, inciso a), se recomendó hacer un análisis exhaustivo de sus normas, para determinar las que conviene dejar subsistentes o incorporar al proyecto, como lo referido a los bienes demaniales.
En las disposiciones transitorias, se anotó como obstáculo en la oportuna aplicación de la ley, fijar cinco años para la elaboración del Plan Hídrico Nacional y dos años para los planes de unidad hidrológica, los que deben sujetarse a lo dispuesto en aquel. El Transitorio III actual subsana la inconsistencia y establece la obligación de elaborar el Plan Hídrico Nacional en tres años, y los planes hídricos de unidad hidrológica dentro del plazo de cinco años. En el transitorio VI, se atiende la recomendación de que posterior al censo sobre los pozos perforados se debe imponer las sanciones correspondientes a los pozos que operaron en forma ilegal y ordenar su sellado.
En los términos expuestos, se rinde criterio no vinculante sobre el Proyecto de “Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico”, expediente 23.511, texto sustitutivo. No obstante que su aprobación es competencia exclusiva de esa Asamblea Legislativa, se recomienda valorar las observaciones hechas.
De usted, atentamente, José J. Barahona Vargas --- RESUMEN --- PGR-OJ-099-2026 ALCANCE DE ESTE PRONUNCIAMIENTO. OBJETO DE LA PROPUESTA LEGAL. SOBRE EL ARTICULADO. CONCLUSIÓN.
En oficio remitido por correo electrónico, la Comisión Legislativa VIII consultó el proyecto de ley “Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico”, expediente 23511.
La Procuraduría, mediante el pronunciamiento PGR-OJ-099-2026, concluyó:
En los términos expuestos, se rinde criterio no vinculante sobre el Proyecto de “Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico”, expediente 23.511, texto sustitutivo. No obstante que su aprobación es competencia exclusiva de esa Asamblea Legislativa, se recomienda valorar las observaciones hechas.
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