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OJ-180-2025 · 03/11/2025

Restriction on Foreigners Serving on ASADA Governing BoardsRestricción de extranjeros en juntas directivas de ASADAS

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OutcomeResultado

Non-binding opinionOpinión no vinculante

The PGR concludes the bill is ambiguously drafted and potentially unconstitutional for absolutely barring foreigners with permanent legal residency from serving on ASADA and local aqueduct governing boards.La PGR concluye que el proyecto es ambiguo en su redacción y podría ser inconstitucional por prohibir absolutamente a extranjeros con residencia legal permanente integrar las juntas directivas de ASADAS y organismos locales de acueductos.

SummaryResumen

This non-binding legal opinion analyzes Bill 24412, which proposes amending Art. 2(g) of the AyA Constitutive Law (Law 2726) to require that the governing boards of ASADAs and Asociaciones de Desarrollo Integral be composed solely of Costa Rican nationals or naturalized foreigners. The PGR identifies two problems: first, the proposed text is ambiguous as to whether 'residentes' means foreigners with legal residency status or simply community residents. Second, an absolute prohibition barring foreigners with permanent legal residency from serving on these boards could violate the constitutional equality principle between nationals and foreigners (Art. 19), freedom of association (Art. 25), and the democratic principle. The PGR recommends redrafting the provision and providing objective justification for the differential treatment during the legislative process.Esta opinión jurídica no vinculante analiza el proyecto de ley n.° 24412, que propone reformar el artículo 2, inciso g) de la Ley Constitutiva del AyA (Ley 2726) para exigir que las juntas directivas de las ASADAS y las Asociaciones de Desarrollo Integral estén integradas únicamente por personas costarricenses o extranjeras naturalizadas. La PGR identifica dos problemas: primero, la redacción propuesta es ambigua, pues no queda claro si el término 'residentes' se refiere a extranjeros con estatus migratorio de residencia o simplemente a personas domiciliadas en la comunidad. Segundo, una prohibición absoluta que excluya a extranjeros con residencia legal permanente podría violar el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros (Art. 19 constitucional), la libertad de asociación (Art. 25) y el principio democrático. La PGR recomienda replantear la redacción y justificar objetivamente el trato diferenciado durante el trámite legislativo.

Key excerptExtracto clave

Assuming the intent of the bill is to completely exclude foreigners from serving on the governing bodies of local entities and water board administrators, we must note that such an absolute restriction could violate the general equality principle provided in the Constitution and, in particular, the principle of equality between nationals and foreigners. "…the Sala has clearly recognized that the legislature's power to impose certain restrictions or limitations on foreigners with respect to the exercise of fundamental rights and freedoms must be exercised only within a framework of absolute legitimacy and may in no way be justified solely on the grounds of 'nationality,' as that would clearly and directly violate the principle recognized in Constitutional Law — considering both the constitutional text and the recognition contained in international human rights instruments — regarding equality, and with it, other directly related rights and freedoms…" Based on the foregoing, it is the non-binding opinion of this Procuraduría that the bill titled 'Reform of Subsection G) of Article 2 of Law No. 2726 of April 14, 1961, Constitutive Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers,' filed as legislative dossier No. 24412, is unclear as to its purpose and could also pose constitutional problems, as it absolutely prohibits foreigners with permanent legal residency in the country from serving on the governing boards of local entities and water management boards.asumiendo que la intención del proyecto sea excluir por completo a los extranjeros de la posibilidad de formar parte de los órganos de dirección de los organismos locales y de las juntas administradoras de acueductos, debemos indicar que una restricción absoluta de ese tipo podría violar el principio general de igualdad previsto en la Constitución Política y, particularmente, el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros. "… la Sala claramente ha reconocido que la posibilidad de que el legislador imponga determinadas restricciones o limitaciones a las personas extranjeras en cuanto al ejercicio de derechos y libertades fundamentales, debe ser ejercida únicamente en un marco de absoluta legitimidad y de ninguna manera justificada únicamente en el solo motivo de la «nacionalidad», ya que de ser así, se estaría clara y directamente vulnerando el principio reconocido en el Derecho de la Constitución -considerando el texto constitucional y los reconocimientos contenidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos- respecto de la igualdad, y con él, otros derechos y libertades directamente relacionados…". Con fundamento en lo expuesto, es criterio no vinculante de esta Procuraduría que el proyecto de ley denominado "Reforma del Inciso G) del Artículo 2 de la Ley N° 2726, de 14 de abril de 1961, Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados", el cual se tramita en el expediente n.° 24412, no es claro en cuanto a su objeto, aparte de que podría tener problemas de constitucionalidad, por prohibir de manera absoluta a los extranjeros que tengan residencia legal permanente en el país formar parte de las juntas directivas de los organismos locales y de las juntas administradoras de acueductos.

Pull quotesCitas destacadas

  • "una restricción absoluta de ese tipo podría violar el principio general de igualdad previsto en la Constitución Política y, particularmente, el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros."

    "Such an absolute restriction could violate the general equality principle provided in the Constitution and, in particular, the principle of equality between nationals and foreigners."

    Sección III — Observaciones sobre el proyecto de ley

  • "una restricción absoluta de ese tipo podría violar el principio general de igualdad previsto en la Constitución Política y, particularmente, el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros."

    Sección III — Observaciones sobre el proyecto de ley

  • "prohibir de forma absoluta esa posibilidad a los extranjeros que tengan residencia legal permanente en el territorio nacional (y que, como consecuencia de ello, sean usuarios habituales de los servicios de suministro de agua) podría ser contrario a los principios constitucionales a los que se ha hecho referencia."

    "Absolutely prohibiting that possibility for foreigners with permanent legal residency in the country — who, as a result, are regular users of water supply services — could be contrary to the constitutional principles referenced herein."

    Sección III — Observaciones sobre el proyecto de ley

  • "prohibir de forma absoluta esa posibilidad a los extranjeros que tengan residencia legal permanente en el territorio nacional (y que, como consecuencia de ello, sean usuarios habituales de los servicios de suministro de agua) podría ser contrario a los principios constitucionales a los que se ha hecho referencia."

    Sección III — Observaciones sobre el proyecto de ley

  • "la libertad de asociación, en su vertiente positiva, va más allá del derecho a formar parte de una asociación, pues se debe asegurar al asociado el ejercicio de otros derechos inherentes a su condición, entre ellos, el de elegir y ser electo en cargos directivos, derecho este último que está relacionado con el ejercicio del principio democrático."

    "Freedom of association, in its positive dimension, goes beyond the right to belong to an association; members must also be guaranteed other rights inherent to their status, including the right to vote and be elected to governing positions — a right directly connected to the exercise of the democratic principle."

    Sección III — Observaciones sobre el proyecto de ley

  • "la libertad de asociación, en su vertiente positiva, va más allá del derecho a formar parte de una asociación, pues se debe asegurar al asociado el ejercicio de otros derechos inherentes a su condición, entre ellos, el de elegir y ser electo en cargos directivos, derecho este último que está relacionado con el ejercicio del principio democrático."

    Sección III — Observaciones sobre el proyecto de ley

  • "la distinción que se haga entre nacionales y extranjeros, fundamentada únicamente en razones de nacionalidad, es contraria al derecho de la Constitución."

    "Any distinction made between nationals and foreigners, based solely on grounds of nationality, is contrary to Constitutional Law."

    Sección III — jurisprudencia Sala Constitucional, sentencia n.° 30411-2023

  • "la distinción que se haga entre nacionales y extranjeros, fundamentada únicamente en razones de nacionalidad, es contraria al derecho de la Constitución."

    Sección III — jurisprudencia Sala Constitucional, sentencia n.° 30411-2023

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Legal Opinion (Opinión Jurídica): 180 – J of 03/11/2025 November 3, 2025 PGR-OJ-180-2025 Ms. Cinthya Díaz Briceño Area Head, Legislative Commissions IV Legislative Assembly Dear Ms. Díaz Briceño:

With the approval of the Attorney General of the Republic, we respond to your office communication AL-CPEAMB-778-2024, through which you conveyed the agreement adopted by the Special Permanent Committee on the Environment to consult this Office's opinion regarding the bill entitled "Reform of Subparagraph G) of Article 2 of Law N° 2726, of April 14, 1961, Constitutive Law of ICAA," which is being processed under file number expediente n.° 24412.

I. PRELIMINARY CONSIDERATIONS

Before beginning the analysis of the bill on which our opinion is requested, we must note that, because this request does not originate from a state body exercising an administrative function, but rather from a parliamentary body exercising a legislative function, what we issue in this case—as a means of contributing to that important work—is not a binding opinion (since it is evident that in that sphere our pronouncement could not prevail over that of the legislature), but rather a legal opinion lacking those binding effects.

Furthermore, we note that the eight-day period provided in Article 157 of the Rules of Procedure of the Legislative Assembly does not apply to matters of this kind, as they involve a different type of hearing from those regulated by Articles 88, 97, 167, and 190 of the Political Constitution. (See, among others, OJ-053-98 of June 18, 1998; OJ-055-2013 of September 9, 2013; OJ-159-2020 of October 16, 2020; PGR-OJ-050-2022 of March 18, 2022; and PGR-OJ-168-2025 of October 23, 2025.)

Finally, we must note that, although providing this type of advisory service is not among the duties assigned to the Office of the Attorney General under its Organic Law, we have decided—as a means of collaborating with the Legislative Assembly—to issue our opinion on bills referred to us for comment, with the understanding that we do so within the timeframe that our legal obligations allow.

II. GENERAL DESCRIPTION OF THE BILL

The explanatory memorandum (exposición de motivos) of bill n.° 24412 states that the objective of the initiative is to ensure that water management remains in the hands of Costa Rican citizens, residents, and/or naturalized foreign nationals. It further states that, to this end, the bill seeks to regulate the eligibility requirements for leadership positions within the Community Aqueduct and Sewer System Administrator Associations (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales, ASADAS) and within the Community Integral Development Associations.

The bill maintains that the possibility of imposing restrictions on the right of association (derecho de asociación) is legally grounded in Article 22 of the International Covenant on Civil and Political Rights and in Article 25 of the Political Constitution, with permissible limitations being those necessary for the protection of national security, the preservation of public order, or the protection of public health.

The bill's proponents affirm that water constitutes an indispensable resource for human life and that its conservation and stewardship are tied to a public purpose, making the provision of that service a matter of public health.

Regarding the bill's content, it proposes to add a paragraph to subparagraph g) of Article 2 of the Constitutive Law of ICAA, n.° 2726 of April 14, 1961. The aim is to ensure that the Boards of Directors or representative bodies of the ASADAS and the Community Integral Development Associations are composed exclusively of Costa Rican citizens, residents, and/or naturalized foreign nationals. The specific rationale for this restriction—as stated—lies in the need for the directors of those bodies to be in a position to assume the civil and criminal liability that may arise from the exercise of their office.

The explanatory memorandum states that the participation in leadership positions of persons who are in the country only temporarily, such as those with temporary immigration status (tourists), carries the risk that they may easily leave the national territory without being held accountable for the responsibilities inherent to the administration of a constitutional resource, and that this situation is to be avoided by ensuring that those Boards are composed of persons with ties to the country.

Below, we reproduce the text proposed for Article 2, subparagraph g), of the Constitutive Law of ICAA, with the paragraph to be added highlighted in bold:

"Article 2 – The following are the responsibilities of ICAA:

a)…

  • g)To directly administer and operate aqueduct and sewer systems throughout the country, assuming these incrementally based on convenience and resource availability.

Systems currently administered and operated by municipal corporations may remain under their management, provided they deliver an efficient service.

Under no circumstances may ICAA delegate the administration of the aqueduct and sanitary sewer systems of the Metropolitan Area.

Nor may ICAA delegate the administration of systems over which it bears financial responsibility, for as long as such responsibility remains directly with ICAA.

ICAA is authorized to enter into agreements with local bodies for the administration of such services, or to administer them through mixed governing boards composed of ICAA and the respective communities, whenever doing so would best serve service delivery and in accordance with the applicable regulations.

For the same reasons and under the same conditions, regional governing boards involving several municipalities may also be created; **Furthermore, ICAA must ensure that the Boards of Directors or representative bodies of these local bodies are composed exclusively of Costa Rican citizens, residents, and/or naturalized foreign nationals.** h) (…)." We will now address the bill on which we have been asked to comment, while first clarifying that our opinion is based on legal considerations of constitutionality and legality. We are not in a position to render economic, policy, or opportuneness judgments, as this Office is a specialized legal body and our competence is limited to that sphere.

III. OBSERVATIONS ON THE BILL

The first matter we must note regarding the initiative under review is that the paragraph proposed for addition to Article 2, subparagraph g), of the Constitutive Law of ICAA is unclear as to the characteristics of the persons who may serve in leadership positions within local bodies and aqueduct governing boards.

Although it is true that the bill provides that ICAA is responsible for "…ensuring that the Boards of Directors or representative bodies of these local bodies are composed exclusively of Costa Rican citizens, residents, and/or naturalized foreign nationals," it is equally true that this phrase admits two possible interpretations: the first is that local bodies and aqueduct governing boards could be led by Costa Rican citizens, by foreign residents, and by naturalized foreign nationals; the second interpretation of that provision is that leadership positions could only be held by Costa Rican citizens or by naturalized foreign nationals, provided that in both cases they are persons who reside in the area where the aqueduct operates.

The most coherent meaning, in context, is that the term "residents" refers to Costa Rican citizens—whether by birth or by naturalization—who reside in the community where the aqueduct operates, rather than to foreign nationals holding "resident" immigration status. From that perspective, the phrase should be interpreted to mean that the directors of local bodies and aqueduct governing boards must be Costa Rican by birth or by naturalization and residents of the respective community.

In light of the foregoing, it is recommended that the wording of the paragraph to be added be reformulated so as to eliminate any ambiguity regarding its scope.

Moreover, assuming the bill's intent is to completely exclude foreign nationals from the possibility of serving on the governing bodies of local organizations and aqueduct governing boards, we must note that such an absolute restriction could violate the general principle of equality (principio general de igualdad) enshrined in the Political Constitution and, in particular, the principle of equality between nationals and foreign nationals (principio de igualdad entre nacionales y extranjeros).

In this regard, it is relevant to note that the principle of equality between nationals and foreign nationals is set forth in Art. 19 of our Constitution. It is a derivation of the generic right to equality regulated in Article 33 of the Political Constitution. Art. 19 places nationals and foreign nationals on equal footing with respect to individual and social rights, and admits exceptions and limitations only when those are contained in the Political Constitution itself or in provisions of statutory rank.

It is important to note that, although the Political Constitution authorizes legislation to regulate the legal framework governing foreign nationals, that authorization is not unlimited. The legislature is not empowered to eliminate, without some objective and reasonable basis, the enjoyment of fundamental rights by foreign nationals.

Thus, since judgment n.° 1282-90 of 3:00 p.m. on October 16, 1990, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) has established the conditions under which exceptions to the general principle of equality between nationals and foreign nationals may be established. On that occasion it stated the following:

"The phrase 'with the exceptions and limitations that this Constitution and the Laws establish,' contained in Art. 19, permits distinctions to be drawn between nationals and foreign nationals based on the logical differences that exist between them, without it being possible to interpret, of course, that the exceptions contained in the law may be of such a nature as to deprive foreign nationals of rights already guaranteed to them at the constitutional level. On this point, the Spanish Constitutional Court has held that Article 13 of the Spanish Constitution, when it states 'under the terms established by treaties and the law,' does not mean that the legislature intended to strip foreign nationals of their constitutional standing with respect to rights and public freedoms. Rather, following the best scholarly doctrine, one should presume, in principle, the equal exercise of rights by nationals and foreign nationals, and any possible limitations should be exceptional in character and interpreted restrictively. Consequently, with respect to those rights for which limitations on exercise by foreign nationals may be established, the legislature does not have full discretion; such rights remain constitutional, and the essential content of the right in question must be respected. A statutory restriction loses its constitutional justification if it turns the proclaimed right into a mere appearance of what it actually is, if it distorts it in such a way as to make it unattainable, if it strips it of its essential nature and erases the defining features by which it is characterized." It is also worth noting that, according to the consistent case law of the Constitutional Chamber, distinctions made between nationals and foreign nationals based solely on nationality are contrary to constitutional law. This was stated, for example, in judgment n.° 30411-2023 of 9:25 a.m. on November 22, 2023:

"…the Chamber has clearly recognized that the legislature's power to impose certain restrictions or limitations on foreign nationals with respect to the exercise of fundamental rights and freedoms may only be exercised within a framework of absolute legitimacy and may under no circumstances be justified solely on the basis of 'nationality' alone, since to do so would clearly and directly violate the principle recognized in constitutional law—taking into account the constitutional text and the guarantees contained in international human rights instruments—of equality and, with it, other rights and freedoms directly related thereto…" In the present case, the proposed provision, by absolutely restricting the right of foreign nationals to serve on the board of directors of local bodies and aqueduct governing boards, could infringe, in addition to the principle of equality, the freedom of association (libertad de asociación) and the democratic principle (principio democrático).

In this regard, it is relevant to note that freedom of association, in its positive dimension, extends beyond the right to belong to an association; members must also be ensured the exercise of other rights inherent to that status, including the right to vote for and stand for election to leadership positions, which is in turn related to the exercise of the democratic principle.

With respect to the member's right to vote for and stand for election to leadership positions, the Constitutional Chamber has held that this right is inherent in the right of association, such that a violation of the former must be considered a violation of the latter as well: "…the right of association enshrined in Article 25 of the Political Constitution, which guarantees the right of every natural or legal person to associate for lawful purposes and their freedom with respect to membership or non-membership in a given organization, also protects, as one of its principles, the right to participate within the organization in decision-making, and specifically in decisions relating to the composition of the bodies that govern it." (Judgment n.° 1695-94 of 11:00 a.m. on April 8, 1994, reiterated in judgment 30411-2023 of 9:25 a.m. on November 22, 2023.)

In the matter before us, this Office considers that it may be reasonable to establish limitations preventing foreign nationals who do not permanently reside in the country from serving on the boards of directors of local bodies and aqueduct governing boards; however, absolutely prohibiting that possibility for foreign nationals who hold permanent legal residency in the national territory (and who, as a result, are regular users of water supply services) could be contrary to the constitutional principles referred to above.

On an occasion when this Office commented on a bill aimed at the "CREATION OF THE CENTER FOR RESEARCH AND CAPACITY BUILDING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, RATIONAL USE, AND PROTECTION OF WATER RESOURCES 'CICADES'," processed under legislative file n.° 17515, we stated that "…among the requirements imposed for membership on the Board of Directors is being a Costa Rican by birth or naturalization. Given that this provision establishes a difference in treatment with respect to foreign nationals who are legally resident in the country, this advisory body recommends that during the legislative process an objective justification be provided for the reasons why a position of this kind is required to be held by Costa Rican citizens. Otherwise, the reasonableness of the provision could be challenged in a specific case from the standpoint of the fundamental right to equality, making it essential to justify the difference in treatment between nationals and foreign nationals during the legislative process." (OJ-066-2010 of September 6, 2010.)

IV. CONCLUSION

Based on the foregoing, it is the non-binding opinion of this Office that the bill entitled "Reform of Subparagraph G) of Article 2 of Law N° 2726, of April 14, 1961, Constitutive Law of ICAA," processed under expediente n.° 24412, is unclear as to its object and may furthermore present constitutional problems, insofar as it absolutely prohibits foreign nationals who hold permanent legal residency in the country from serving on the boards of directors of local bodies and aqueduct governing boards.

Sincerely,

Julio César Mesén Montoya Attorney

Texto Opinión Jurídica 180 Opinión Jurídica : 180 - J del 03/11/2025 03 de noviembre de 2025 PGR-OJ-180-2025 Señora Cinthya Díaz Briceño Jefa de Área, Comisiones Legislativas IV Asamblea Legislativa Estimada señora:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta a su oficio AL- CPEAMB-778-2024, por medio del cual nos comunicó el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente Especial de Ambiente en el sentido de consultar el criterio de esta Procuraduría con respecto al proyecto de ley denominado “Reforma del Inciso G) del Artículo 2 de la Ley N° 2726, de 14 de abril de 1961, Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”, el cual se tramita en el expediente n.° 24412.

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS Antes de iniciar el análisis del proyecto de ley sobre el cual se requiere nuestro criterio debemos indicar que, debido a que la gestión no proviene de un órgano del Estado en ejercicio de una función administrativa, sino de un órgano parlamentario en ejercicio de una función legislativa, lo que emitiremos en este caso, como una forma de colaborar con esa importante labor, no es un dictamen vinculante (pues es evidente que en ese ámbito nuestro pronunciamiento no podría prevalecer sobre el del legislador), sino una opinión jurídica carente de esos efectos.

Además, interesa señalar que el plazo de ocho días previsto en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no es aplicable a este tipo de asuntos por tratarse de una audiencia distinta a la que regulan los artículos 88, 97, 167 y 190 de la Constitución Política. (Ver, entre otras, la OJ-053-98 del 18 de junio 1998, la OJ-055-2013 del 9 de setiembre de 2013, la OJ-159-2020 del 16 de octubre del 2020, la PGR-OJ-050-2022 del 18 de marzo de 2022 y la PGR- OJ-168-2025 de 23 de octubre de 2025).

Finalmente, debemos indicar que, si bien brindar este tipo de asesoría no está contemplado dentro de las obligaciones atribuidas a la Procuraduría en su Ley Orgánica, hemos decidido ‒como una forma de colaborar con la Asamblea Legislativa‒, emitir nuestro criterio con respecto a los proyectos de ley sobre los cuales se nos confiera audiencia, en el entendido de que lo hacemos dentro del plazo que nos lo permita la atención de nuestras obligaciones legales.

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY La exposición de motivos del proyecto de ley n.° 24412 señala que el objetivo de la iniciativa consiste en garantizar que la gestión del agua esté en manos de personas costarricenses, residentes y/o personas extranjeras naturalizadas. Agrega que para ello se pretende regular las condiciones de elegibilidad para los puestos directivos de las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) y de las Asociaciones de Desarrollo Integral de las comunidades.

Sostiene que la posibilidad de imponer restricciones al derecho de asociación se encuentra jurídicamente sustentada en el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y en el artículo 25 de la Constitución Política, siendo admisibles las limitaciones que resulten necesarias para la protección de la seguridad nacional, para preservar el orden público, o para proteger la salud pública.

Afirman los proponentes que el agua constituye un bien indispensable para la vida humana y su conservación y tutela están ligadas a un fin público, por lo que la prestación de ese servicio es un asunto de salud pública.

En cuanto al contenido del proyecto, se propone adicionar un párrafo al inciso g) del artículo 2 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, n.° 2726 de 14 de abril de 1961. La idea es garantizar que las Juntas Directivas u órganos representativos de las ASADAS y de las Asociaciones de Desarrollo Integral estén integrados únicamente por personas costarricenses, residentes y/o personas extranjeras naturalizadas. El fundamento específico de esa restricción ‒según se expone‒ radica en la necesidad de que los directivos de esos órganos estén en posibilidad de asumir las responsabilidades civiles y penales que pueda generar el ejercicio del cargo.

Indica la exposición de motivos que la participación en cargos directivos de personas que estén en el país únicamente de paso, como aquellas con una estabilidad migratoria temporal (turistas), implica el riesgo de que se ausenten fácilmente del territorio nacional sin responder por las responsabilidades inherentes a la administración de un recurso constitucional, situación que se busca evitar asegurando que esas Juntas estén integradas por personas con arraigo en el país.

A continuación, transcribiremos el texto que se propone para el artículo 2, inciso g), de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, destacando en negrita el párrafo que se pretende agregar:

“Articulo 2- Corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

a)…

  • g)Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos.

Los sistemas que actualmente están administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente.

Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.

Tampoco podrá delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta corresponda directamente al Instituto.

Queda facultada la institución para convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos.

Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias municipalidades; Además, deberá garantizar que las Juntas Directivas u órganos representativos de estos organismos locales estén integrados únicamente por personas costarricenses, residentes y/o personas extranjeras naturalizadas.

  • h)(…).” De seguido nos referiremos al proyecto de ley sobre el cual se nos confiere audiencia, no sin antes aclarar que dicho criterio se basa en consideraciones jurídicas de constitucionalidad y de legalidad. Queda fuera de nuestra posibilidad emitir juicios económicos, o de oportunidad y conveniencia, toda vez que esta Procuraduría es un órgano técnico-jurídico, por lo que nuestra competencia se circunscribe a ese ámbito.

III. OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY

Lo primero que debemos indicar en relación con la iniciativa que se analiza es que el párrafo que se pretende adicionar al artículo 2, inciso g), de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados no es claro en cuanto a las características de las personas que podrían ocupar puestos directivos en los organismos locales y en las juntas administradoras de acueductos.

Si bien es cierto el proyecto indica que corresponde al A y A “… garantizar que las Juntas Directivas u órganos representativos de estos organismos locales estén integrados únicamente por personas costarricenses, residentes y/o personas extranjeras naturalizadas”, también lo es que esa frase tiene dos interpretaciones posibles: la primera es que los organismos locales y las juntas administradoras de acueductos podrían estar dirigidos por costarricenses, por extranjeros residentes y por extranjeros nacionalizados; la segunda forma de interpretar esa disposición es que los puestos directivos solo podrían estar ocupados por costarricenses, o por extranjeros naturalizados, siempre que, en ambos casos, sean personas que residan en la zona donde funciona el acueducto.

El sentido más coherente, de acuerdo con el contexto, es que el término “residentes” se refiera a costarricenses ‒­­ya sea por nacimiento o por naturalización‒­ que residan en la comunidad donde opera el acueducto y no a extranjeros con estatus migratorio de “residentes”. Desde esa perspectiva, la frase debe interpretarse en el sentido de que los directivos de los organismos locales y de las juntas administradoras de acueductos deben ser costarricenses por nacimiento o por naturalización, residentes en la comunidad respectiva.

Partiendo de lo anterior, se sugiere replantear la redacción del párrafo que se pretende adicionar, para que no haya duda alguna sobre su alcance.

Por otra parte, asumiendo que la intención del proyecto sea excluir por completo a los extranjeros de la posibilidad de formar parte de los órganos de dirección de los organismos locales y de las juntas administradoras de acueductos, debemos indicar que una restricción absoluta de ese tipo podría violar el principio general de igualdad previsto en la Constitución Política y, particularmente, el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros.

Al respecto, interesa señalar que el principio de igualdad entre nacionales y extranjeros se encuentra previsto en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. Se trata de una derivación del derecho genérico de igualdad regulado en el artículo 33 de la Constitución Política. El artículo 19 de cita equipara a nacionales y extranjeros en materia de derechos individuales y sociales y solo admite excepciones y limitaciones cuando unas u otras estén contenidas en la propia Constitución Política, o en normas de rango legal.

Es importante indicar que, aun cuando la Constitución Política autoriza a la ley para que regule el régimen jurídico de los extranjeros, esa autorización no es ilimitada. El legislador no está legitimado para suprimir, sin algún fundamento objetivo y razonable, el disfrute de los derechos fundamentales de los extranjeros.

Así, desde la sentencia n.° 1282-90 de las 15:00 horas del 16 de octubre de 1990, la Sala Constitucional ha fijado las condiciones con arreglo a las cuales es posible establecer excepciones al principio genérico de igualdad entre nacionales y extranjeros. En esa ocasión indicó lo siguiente:

“La frase ‘con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las Leyes establecen’, contenida en el artículo 19, permite hacer diferencias entre nacionales y extranjeros, propias de las diferencias lógicas existentes, sin que se pueda interpretar, por supuesto, que las excepciones contenidas en la ley, pueden ser tales que impliquen una desconstitucionalización de los derechos, ya garantizados a nivel constitucional a los extranjeros. Sobre este punto, el Tribunal Constitucional Español ha dicho que el artículo 13 de la Constitución Española, al decir ‘en los términos que establezcan los tratados y la ley’, no supone que se haya querido desconstitucionalizar la posición jurídica de los extranjeros, relativo a los derechos y libertades públicas. Antes bien, con la mejor doctrina habría que presumir, en principio, la equiparación del ejercicio de los derechos de los nacionales y de los extranjeros, que las posibles limitaciones habrían de tener carácter excepcional e interpretarse restrictivamente. En consecuencia, en aquellos derechos respecto a los cuales puedan establecerse limitaciones a su ejercicio por los extranjeros, el legislador no es enteramente libre, tales derechos siguen siendo constitucionales, y se ha de respetar el contenido esencial del derecho de que se trate. La restricción legal deja de estar amparada constitucionalmente si convierte el derecho proclamado en una pura apariencia de lo que es en realidad, si lo desvirtúa de forma que lo hace inaprehensible, si lo desnaturaliza y borra los perfiles con que está caracterizado".

Interesa reseñar además que, según reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, la distinción que se haga entre nacionales y extranjeros, fundamentada únicamente en razones de nacionalidad, es contraria al derecho de la Constitución. Así se dispuso, por ejemplo, en la sentencia n.° 30411-2023 de las 9:25 horas del 22 de noviembre de 2023:

“… la Sala claramente ha reconocido que la posibilidad de que el legislador imponga determinadas restricciones o limitaciones a las personas extranjeras en cuanto al ejercicio de derechos y libertades fundamentales, debe ser ejercida únicamente en un marco de absoluta legitimidad y de ninguna manera justificada únicamente en el solo motivo de la «nacionalidad», ya que de ser así, se estaría clara y directamente vulnerando el principio reconocido en el Derecho de la Constitución -considerando el texto constitucional y los reconocimientos contenidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos- respecto de la igualdad, y con él, otros derechos y libertades directamente relacionados…”.

En este caso, la norma propuesta, al restringir de manera absoluta el derecho de las personas extranjeras a formar parte de la junta directiva de los organismos locales y de las juntas administradoras de acueductos, podría infringir, además del principio de igualdad, la libertad de asociación y el principio democrático.

Al respecto, interesa señalar que la libertad de asociación, en su vertiente positiva, va más allá del derecho a formar parte de una asociación, pues se debe asegurar al asociado el ejercicio de otros derechos inherentes a su condición, entre ellos, el de elegir y ser electo en cargos directivos, derecho este último que está relacionado con el ejercicio del principio democrático.

Sobre el derecho del asociado de elegir y ser electo en los cargos directivos, la Sala Constitucional ha indicado que se trata de un derecho consubstancial al de asociación, de manera tal que, si se viola el primero, debe considerarse violado también el segundo: “... el derecho de asociación consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política, que garantiza el derecho de toda persona física o jurídica de asociarse para fines lícitos y su libertad en cuanto a la pertenencia o no a determinada organización, protege también, como uno de sus principios, el derecho de participar, dentro de la organización, en la toma de decisiones y específicamente de las relacionadas con la integración de los órganos que la dirigen.” (Sentencia n.° 1695-94 de las 11:00 horas del 8 de abril de 1994, reiterada en la 30411-2023 de las 9:25 horas del 22 de noviembre de 2023).

En el asunto que nos ocupa, estima esta Procuraduría que podría ser razonable establecer limitaciones para que los extranjeros que no residen permanentemente en el país formen parte de las juntas directivas de los organismos locales y de las juntas administradoras de acueductos; sin embargo, prohibir de forma absoluta esa posibilidad a los extranjeros que tengan residencia legal permanente en el territorio nacional (y que, como consecuencia de ello, sean usuarios habituales de los servicios de suministro de agua) podría ser contrario a los principios constitucionales a los que se ha hecho referencia.

En una ocasión en la que esta Procuraduría se refirió a un proyecto de ley orientado a la “CREACIÓN DEL CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EL USO RACIONAL Y LA PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO “CICADES”, tramitado en el expediente legislativo n.° 17515, indicamos que “… dentro de los requisitos que se imponen para ser integrante del Consejo Directivo, está ser costarricense por nacimiento o naturalización. Dado que dicha norma establece una diferencia de trato con respecto a extranjeros residentes legalmente en el país, este órgano asesor recomienda que durante el trámite legislativo se justifique desde el punto de vista objetivo, las razones por las cuales se requiere mantener un puesto como este en manos de costarricenses. De lo contrario, podría cuestionarse frente a un caso concreto, la razonabilidad de la norma desde el punto de vista del derecho fundamental a la igualdad, por lo que resulta indispensable justificar la diferencia de trato entre nacionales y extranjeros durante el trámite legislativo.” (OJ-066-2010 de 6 de setiembre de 2010).

IV.- CONCLUSIÓN Con fundamento en lo expuesto, es criterio no vinculante de esta Procuraduría que el proyecto de ley denominado “Reforma del Inciso G) del Artículo 2 de la Ley N° 2726, de 14 de abril de 1961, Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”, el cual se tramita en el constitucionalidad, por prohibir de manera absoluta a los extranjeros que tengan residencia legal permanente en el país formar parte de las juntas directivas de los organismos locales y de las juntas administradoras de acueductos.

Cordialmente, Julio César Mesén Montoya

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        Spanish key termsTérminos clave en español

        This document cites

        • Ley 2726 Organic Law of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers

        Este documento cita

        • Ley 2726 Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

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