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C-124-2010 · 10/06/2010
OutcomeResultado
A former member cannot run if a full year has not elapsed since leaving office, unless entitled to reelection; the appointment would be voidable, but does not invalidate the entire electoral process.Un exintegrante no puede postularse si no ha transcurrido un año completo desde su cese, salvo que tenga derecho a reelección; el nombramiento sería anulable, pero no vicia todo el proceso electoral.
SummaryResumen
The Attorney General's Office analyzes the query from the College of Graduates and Professors in Letters, Philosophy, Sciences and Arts regarding the possibility for a former member of the Board of Directors or the Electoral Tribunal, whose appointment ended in April, to run for a new position in March of the following year. The opinion interprets the one-year term established in Article 24 of the Electoral Regulations, which must be computed date-to-date from the General Assembly where elections are held, and concludes that, if the candidate is not entitled to reelection, the required period has not elapsed. It also examines the legal consequences of a flawed appointment, noting that the appointment act could be affected by absolute nullity due to a defect in the cause, while the resolutions adopted with the participation of the irregularly elected member would suffer relative nullity, curable by validation. To annul an act declaring rights, such as the appointment, the Administration must follow the procedure for absolute, evident and manifest nullity or resort to the judicial process of lesividad. Finally, if the appointment is annulled, a General Assembly must be convened to elect the substitute, but the defect does not affect the validity of the electoral process as a whole, by virtue of principles such as the preservation of acts and respect for the popular will.La Procuraduría General de la República analiza la consulta del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes sobre la posibilidad de que un exintegrante de la Junta Directiva o del Tribunal Electoral, cuyo nombramiento finalizó en abril, se postule para un nuevo cargo en marzo del año siguiente. El dictamen interpreta el plazo de un año establecido en el artículo 24 del Reglamento de Elecciones, el cual debe computarse de fecha a fecha desde la Asamblea General en que se realizan las elecciones, y concluye que, si el postulante no tiene derecho a reelección, no ha transcurrido el período exigido. Asimismo, examina las consecuencias jurídicas de un eventual nombramiento viciado, señalando que el acto de designación podría estar afectado de nulidad absoluta por vicio en el motivo, mientras que los acuerdos adoptados con la participación del miembro irregularmente electo adolecerían de nulidad relativa, subsanable por convalidación. Para anular un acto declaratorio de derechos, como el nombramiento, la Administración debe seguir el procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta o acudir a la vía judicial de lesividad. Finalmente, de anularse el nombramiento, debe convocarse a Asamblea General para elegir al sustituto, pero el vicio no afecta la validez del proceso electoral en su conjunto, en virtud de principios como la conservación de los actos y el respeto a la voluntad popular.
Key excerptExtracto clave
"The candidate for a position on the Board of Directors must meet exceptional moral conditions and fulfill the following requirements: (...) a. Not having held a position on the Board of Directors or the Electoral Tribunal in the last year prior to the Assembly, unless entitled to reelection..." From the harmonious interpretation of the cited norms, there is no doubt that, in this case, the annual term must be computed starting from the date on which the next General Assembly is to be held after the moment the candidate ceased to be part of the aforementioned bodies. Under this understanding and in accordance with what was stated by the consultant, if the individual running for office ended his term as a member of the Board of Directors or the Electoral Tribunal in April, and intends to be appointed again in March of the following year, insofar as he is not eligible for reelection, the period required by the legal system for him to be able to join said collegiate bodies has certainly not elapsed.“El candidato a un cargo en la Junta Directiva debe reunir excepcionales condiciones morales y cumplir los siguientes requisitos: (...) a. No haber ocupado en el último año anterior a la Asamblea un cargo en la Junta Directiva o en el Tribunal Electoral, a menos que tenga derecho a la reelección…” De la interpretación armónica de las normas citadas, no cabe duda que, en la especie, el plazo anual debe computarse partiendo de la fecha en que se va a celebrar la Asamblea General siguiente al momento en que el postulante dejó de formar parte de los órganos supra citados. Bajo esta inteligencia y de conformidad con lo expuesto por el consultante, si el sujeto que se postula finalizó su labor como miembro de la Junta directiva o del Tribunal Electoral en abril, y pretende ser nombrado nuevamente en marzo del año siguiente, en el tanto y en cuanto no esté posibilitado para la reelección, ciertamente no ha transcurrido el período exigido por el ordenamiento jurídico para que detente la posibilidad de integrar los cuerpos colegiados dichos.
Pull quotesCitas destacadas
"No haber ocupado en el último año anterior a la Asamblea un cargo en la Junta Directiva o en el Tribunal Electoral, a menos que tenga derecho a la reelección."
"Not having held a position on the Board of Directors or the Electoral Tribunal in the last year prior to the Assembly, unless entitled to reelection."
Artículo 24 del Reglamento de Elecciones
"No haber ocupado en el último año anterior a la Asamblea un cargo en la Junta Directiva o en el Tribunal Electoral, a menos que tenga derecho a la reelección."
Artículo 24 del Reglamento de Elecciones
"Si el sujeto que se postula finalizó su labor como miembro de la Junta directiva o del Tribunal Electoral en abril, y pretende ser nombrado nuevamente en marzo del año siguiente, en el tanto y en cuanto no esté posibilitado para la reelección, ciertamente no ha transcurrido el período exigido por el ordenamiento jurídico."
"If the individual running for office ended his term as a member of the Board of Directors or the Electoral Tribunal in April, and intends to be appointed again in March of the following year, insofar as he is not eligible for reelection, the period required by the legal system has certainly not elapsed."
Conclusión principal
"Si el sujeto que se postula finalizó su labor como miembro de la Junta directiva o del Tribunal Electoral en abril, y pretende ser nombrado nuevamente en marzo del año siguiente, en el tanto y en cuanto no esté posibilitado para la reelección, ciertamente no ha transcurrido el período exigido por el ordenamiento jurídico."
Conclusión principal
"Los acuerdos en los que haya participado el postulante, cuya elección se encuentra viciada, se encontrarían teñidos de nulidad, empero, esta sería relativa. Por lo que, bien podrían subsanarse los acuerdos dichos, mediante el instituto jurídico de la convalidación."
"The resolutions in which the candidate, whose election is flawed, has participated, would be tainted by nullity, however, this would be relative. Therefore, said resolutions could well be corrected through the legal figure of validation."
Opinión sobre la nulidad de los acuerdos
"Los acuerdos en los que haya participado el postulante, cuya elección se encuentra viciada, se encontrarían teñidos de nulidad, empero, esta sería relativa. Por lo que, bien podrían subsanarse los acuerdos dichos, mediante el instituto jurídico de la convalidación."
Opinión sobre la nulidad de los acuerdos
"...el impedimento del falseamiento de la voluntad popular, se impone de forma categórica sobre los otros dos [principios]. A no otra conclusión parece conducir la vigencia del principio democrático... Es decir, el respeto a la voluntad del cuerpo electoral, clara y válidamente manifestada, debe imponerse en todos los trámites y momentos del proceso electoral."
"...the prevention of distortion of the popular will is categorically imposed over the other two [principles]. No other conclusion seems to follow from the validity of the democratic principle... That is, respect for the will of the electoral body, clearly and validly expressed, must prevail in all procedures and moments of the electoral process."
Principios de derecho electoral
"...el impedimento del falseamiento de la voluntad popular, se impone de forma categórica sobre los otros dos [principios]. A no otra conclusión parece conducir la vigencia del principio democrático... Es decir, el respeto a la voluntad del cuerpo electoral, clara y válidamente manifestada, debe imponerse en todos los trámites y momentos del proceso electoral."
Principios de derecho electoral
Full documentDocumento completo
Opinion: 124 of 10/06/2010 June 10, 2010 C-124-2010 Doctora Roxana Alfaro Trejos Presidenta Junta Directiva Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte Estimada señora:
With the approval of the Deputy Attorney General of the Republic, I refer to official letter CLP-029-2010-PRES dated April 9, 2010, by which you request a criterion regarding the appointment of the Junta Directiva. Specifically, you request our criterion regarding the following:
“…In the interpretation of Article 24 of the Reglamento de Elecciones, regarding the computation of the term of ‘one year prior to the Assembly,’ it must be taken precisely ‘from date to date,’ remembering that numeral 14 of Ley Orgánica 4770 states ‘the Assembly shall meet ordinarily once a year, on the last Saturday of March (…)’. It will be this latter date that determines the starting point for computing the term.”
Prior to the analysis of the matter submitted for scrutiny, it is relevant to conduct an analysis of the legal nature of non-state public entities (entes públicos no estatales), in order to resolve the questions with greater clarity.
In this regard, the Procuraduría General de la República has stated:
“…Colegios profesionales have been defined as corporations under public law that fall within the so-called non-state public entities (entes públicos no estatales). Let us see:
a.- Corporative Administration Repeatedly, the Sala Constitucional has referred to the legal nature of colegios profesionales as corporations under Public Law, subject to a mixed regime (of public law and private law). The duality of the regime of colegios profesionales is due to three basic aspects: it is a privately-based organization, of state origin, with public and private purposes:
‘... The Court opts for the thesis that qualifies colegios profesionales as an express manifestation of the so-called ‘Corporative Administration,’ which is that of a mixed legal regime, encompassing public entities representative of professional or economic interests qualified by positive Law as Corporations under Public Law. Under this defining synthesis, the colegio profesional turns out to be a mandatory grouping of individuals, to which the law endows its own public legal personality and whose purposes, along with the defense of strictly private interests, characteristic of the members that comprise it, are to exercise certain public functions (…) Thus, Colegios profesionales are assigned as a rule the objective control of the conditions for entry into the profession and the disciplinary power over their members, and there is no doubt that the entrustment of these public functions often plays a determining role in the creation of sectorial public Corporations or colegios.
In reality, these are true agents of the Administration (decentralization) from which they receive, by delegation, the exercise of some functions characteristic of the latter and controlled by it (…) This implies that colegios profesionales, as has been said, are corporations under public Law, because the essential notes that the doctrine of Costa Rican public Law has developed are fulfilled in them: a) the existence of a group composed of members qualified as such based on a distinctive personal quality, which grants a subjective right to belong to the group and which also entails a special status, inclusive of duties and rights that wholly or partially escape those who do not have it, nor therefore integrate the group; b) the erection of the group into a legal entity (with personality), exponent of the interests of the group and called to satisfy them, whose organization is composed of two organs of diverse function and nature: a general assembly or meeting of the group, which is the supreme organ of the entity, operating periodically or extraordinarily, whose task is to resolve in the last instance all the matters entrusted to the entity and issue its decisions (programs, budgets, rules, etc.) and a collegiate body, called council or junta directiva, which, within the framework of the legal system and the decisions and rules issued by the general assembly, to which it is subordinated, governs and administers the interests of the group continuously and permanently; and c), the electoral origin and representative character of the governing council, in relation to the base group. The junta directiva or ordinary administrative council are elected by the general assembly and represent its will’ (Judgment No. 5483-95 of 9:30 a.m. on October 6, 1995)…
Unlike the Spanish case, in the national legal system there is no general law regulating the structure and functioning of colegios profesionales. The legislator has opted to create, by state act—specifically by law—each of the colegios profesionales. However, these entities present the same essential characteristics, so it is clear that the existence, organization, and functioning of the referred colegios is of public interest.
Now then, the fundamental features of colegios profesionales in national legislation, as the Sala Constitucional has well affirmed through various pronouncements, are those characteristic of corporations under public law, understood as sectorial corporations of a mandatory—therefore, non-voluntary—nature, democratic structure and functioning, whose objective is the defense of the interests of their members, as well as the exercise of the public functions that have been delegated to them by law. Let us examine each of these features or characteristics:
· Sectorial corporations: These are corporations of a private base of an associative nature. Belonging to the corporation is due to an objective quality—the degree-holding profession—and becomes mandatory, by express provision of the law. In this sense, as the Sala Constitucional correctly pointed out in its judgment No. 5483-95, corporations differ from associations, covered by Article 25 of the Constitución Política, insofar as the latter are voluntary in nature. Which, however, does not prevent recognizing the associative base nature that characterizes corporations.
· Of democratic structure and functioning: The associative nature of the corporations that concern us forms the basis for the democratic structure and functioning established by the legislator. The supreme organ of colegios profesionales is the General Assembly, which is composed of all the members of the Colegio and, therefore, expresses the will of the corporation. Furthermore, the corporations have a collegiate organ or Junta Directiva which is the representative and executor organ of the decisions adopted by the General Assembly.
· For the defense of guild interests: The colegio profesional has among its objectives the defense of the interests of its members. It is constituted, then, as the entity in charge of watching over the rights and interests of the members and, therefore, in its condition as a legal person, is empowered to represent them.
· For the exercise of public functions: By express provision of the law, the State has delegated to the various colegios profesionales the exercise of police functions characteristic of it, such as the control of entry into the exercise of the profession, as well as the disciplinary power over its members. The State holds a police power—which is of principle—over the exercise of the degreed professions, as it is clear that they pertain to diverse rights and values such as health, physical and legal security, and education, among others. Therefore, for the sake of protecting morals, public order, and the rights of third parties, colegios profesionales are empowered to exercise those public powers determined by the legislator. As the Sala de Casación well indicated ‘(…) Since the State is interested in the exercise of liberal professions being efficient, for the guarantee of the community, to that end university Colegios Profesionales exist, which are constituted as entities of public utility due to their form and the public interest purposes they pursue; hence, to protect and monitor their members and maintain professional decorum and dignity, their organs have been attributed disciplinary power to correct the faults of their members, thereby delegating a part of the police or surveillance power that is a faculty characteristic of the State.’ (1970, Sala de Casación, 3:00 p.m. on July 17, 1979, Judgment of the Sala de Casación No. 186 of 9:30 a.m. on November 14).
b.- Non-state public entities (Entes públicos no estatales) Repeated pronouncements of the Constitutional Court, as well as of this Procuraduría, have referred to colegios profesionales as non-state public entities (entes públicos no estatales), understood as those that exercise public competencies but do not belong to the State organization.
However, the definition of the category of ‘non-state public entity’ (ente público no estatal) is not univocal. Neither doctrine nor jurisprudence has developed common and universally applicable features for entities that fit or are denominated as non-state.
As indicated in Opinion C-052-2002 of this Procuraduría dated February 21, 2002, the Uruguayan author Enrique Sayagués Laso coined the term ‘non-state entities’ (entes no estatales) “(…) based on the jurisprudence of the French Council of State which recognizes the ownership of an administrative function in private entities (arrêts Monpeurt, Bouguen, Comité de défense des libertés professionnelles des experts comptables, Magnier, among others) normally of a corporative or professional nature, (…) to refer to public entities that are not framed within the State, for which he considers that they do not integrate the Public Administration, but that are subject, totally or partially, to a public law regime due to the functions they perform. That is, entities that would not be part of the state Public Administration but that would exercise an administrative function. In that sense, he indicates:
‘But in addition to those entities, there exist other collective persons that undoubtedly are not state entities, that do not belong to the collectivity nor integrate the public administration, either because the legislator created them with that character, or because their own nature is incompatible with the state quality. Nevertheless, said institutions are regulated in whole or in part by public law rules...’ E. SAYAGUES LASO: Tratado de Derecho Administrativo, I, Montevideo, Martín Bianchi Altuna, 1953, p. 175.
And the opinion in question continues saying, ‘(…) it would involve entities governed by Public Law due to the competencies assigned to them by the legal system, but that present elements of Private Law (…) The problem is that there is no coincidence and much less unanimity in South American doctrine on which are the determining indices of the state or non-state nature of a public person. It should be noted that the cited doctrine retains characteristics presented to a greater or lesser extent by one and another figure: creation by law when there is a legal reservation; exercise of administrative function, the nature of the purposes, State control (…), to the point that Sayagues Laso himself points out that the criteria retained by doctrine are the same ones used to differentiate between public and private entities. For which it is debatable whether said category is autonomous.’ As indicated, in the national legal system, colegios profesionales are qualified as non-state public entities (entes públicos no estatales), insofar as they exercise an administrative function…” [1]
Addressing the question raised and the unequivocal reference that it entails to the legal figure denominated Junta Directiva, it is imperative to pronounce on its meaning and legal nature.
Regarding its definition, it must be said that the Junta Directiva is the collegiate body ratified by the General Assembly of members, with the ultimate purpose of complying with and enforcing what is provided through the adoption of agreements. It also holds powers that allow it to manage in the manner it deems appropriate within its competencies, with the consequent accountability to the cited Assembly.
Regarding the topic that concerns us, doctrine has maintained that:
“… The Junta Directiva is an intermediate body between… the members’ meeting or shareholders’ assembly and the legal representative. Its existence and functioning are usually provided for in the bylaws of companies… In truth, it is an organ that either shares the weight and responsibilities of management with the legal representative, or whose specific mission is one of counsel or advice, representing a margin of security for the associates who do not intervene in the Administration…
Whatever the denomination of the organ (junta directiva, directorate, administration council, advisory or consultative committee, etc.), it is always created with the deliberate purpose of having influence in corporate management. That is, its functions are eminently administrative and it must decide, advise, or suggest solutions to commercial, technical, financial, personnel problems, or it is in charge of planning various aspects (production, distribution, acquisition of raw materials, industrial relations, marketing…etc.)” [2] Having established the foregoing, it is appropriate to refer to the legal nature of the institute that concerns us, which, as already stated, is an organ of the so-called collegiate type. A topic that holds great relevance for addressing what was consulted and hence the pertinence of its analysis. So, it is worth indicating that the topic of collegiate bodies (órganos colegiados) has been developed as follows:
“… The Procuraduría General de la República… in Opinion C-016-00 of January 28, 2000, expressed… the following:
‘… As you well know, the collegiate body (órgano colegiado) is that whose ownership does not correspond to a single physical person, but to several, who find themselves on a horizontal plane, simultaneously exercising the same function, since all intend to produce the same legal act.
In legal opinion 153-99 of December 20, 1999, on this topic we expressed the following:
“Referring to collegiate bodies (órganos colegiados), the well-known Italian treatise writer Renato Alessi indicates the following:
‘An organ is called collegiate when it is composed of several physical persons who find themselves on a plane we could call horizontal, in such a way that it is the ideological manifestation (will or judgment) collectively expressed by all these persons, which is considered the manifestation of the organ’ (ALESSI, Renato, Instituciones de Derecho Administrativo, Volume I, BOSCH, Casa Editorial, Barcelona, 1970, p. 110).
In that same sense, Spanish doctrine pronounces, when pointing out that the collegiate body (órgano colegiado) is:
‘…that composed of physical persons, by themselves or as organs of other entities, which manifest a will that comes to constitute that of the collegiate body (órgano colegiado)’ (GARCÍA - TREVIJANO FOS, José Antonio, Tratado de Derecho Administrativo, Volume II, Volume I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1971, p. 481).” [3]
III.CONCERNING THE POSSIBILITY OF JOINING THE JUNTA DIRECTIVA OR THE TRIBUNAL ELECTORAL OF THE CONSULTING COLEGIO, WHEN THE APPLICANT FINISHED HIS TENURE IN THESE ORGANS IN APRIL AND INTENDS TO BE RE-ELECTED IN THE FOLLOWING MARCH AND THE POSSIBLE FAILURE TO COMPLY WITH REQUIREMENTS
Addressing the question submitted for scrutiny and in order to resolve it in the best manner, we must refer to what is provided by canon 24 of the Reglamento de Elecciones, which, in what concerns us, provides:
“The candidate for a position on the Junta Directiva must possess exceptional moral conditions and meet the following requirements:
(…)
Specific:
a. Not having held, in the last year prior to the Assembly, a position on the Junta Directiva or on the Tribunal Electoral, unless he has the right to re-election…” From the cited quote, it follows without great difficulty that the time period that must have elapsed between the moment the individual applies as a candidate and his last appointment as a member of the Junta Directiva or the Tribunal Electoral, is one year, unless he has the right to re-election. The exception made by the rule being more than clear, we will address the development of the impediment.
On this point, it is appropriate to establish, in the first place, from what moment and how the term under analysis is computed.
In this sense, ordinal 146 of the Código Procesal Civil, in its relevant part, establishes:
“Terms by hours, days, months, and years.
…Terms by years or months shall be computed according to the calendar, that is, from date to date. When the ordinal day of the starting date does not exist in the month of expiration, the term shall conclude on the last day of that month.” From the harmonious interpretation of the cited rules, there is no doubt that, in the case at hand, the annual term must be computed starting from the date on which the next General Assembly is to be held after the moment the applicant ceased to be part of the aforementioned organs.
Under this understanding and in accordance with what was expressed by the consulting party, if the individual applying finished his work as a member of the Junta Directiva or the Tribunal Electoral in April, and intends to be appointed again in March of the following year, as long as he is not enabled for re-election, the period required by the legal system for him to hold the possibility of joining said collegiate bodies has certainly not elapsed.
Thus, there is no doubt that if a member lacks one or several of the requirements demanded by the legal system to offer his candidacy, in the case at hand, not having completed the time period required by the regulations to apply, the failure to comply with requirements inevitably arises.
IV.CONCERNING THE APPOINTMENT OF AN APPLICANT WHO DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS DEMANDED BY THE BLOCK OF LEGALITY AND THE TYPE OF NULLITY THAT SUCH CONDUCT ENTAILS
Starting from the premise that the applicant elected to the Junta Directiva or the Tribunal Electoral does not meet the requirements demanded for that purpose, and in order to determine the type of nullity that such action entails, it is appropriate to refer to the different defects (vicios) of the administrative act and the remedies established by the legal system for their correction.
As is well known, for an administrative act to be valid, it must be “… substantially in conformity with the legal system…” – canon 228 of the Ley General de la Administración Pública (LGAP)– and consequently “The lack or defect of any requirement of the administrative act expressly or implicitly demanded by the legal system shall constitute a defect (vicio) thereof…” as provided by ordinal 158 of the cited body of rules.
However, not every defect (vicio) has the force to destroy the act, rendering it invalid, since the legislator took care to grant it a privileged position, betting on its conservation—Articles 168 and 176 of the cited body of rules—expressly determining the type of error that causes the disappearance of the act from legal life.
We have then that when there is a defect in any of the elements of the act, the nullity is denominated relative (nulidad relativa).
On this point, doctrine has maintained:
“…. Relative nullity (nulidad relativa) occurs when one of the constitutive elements of the act is imperfect but not absent, unless the imperfection prevents the realization of the purpose, in which case absolute nullity (nulidad absoluta) occurs (Article 167 LGAP)…” [4] In turn, absolute nullity (nulidad absoluta) occurs “… when one or several of the constitutive elements of the administrative act are totally absent or when one is imperfect but prevents the realization of the purpose…” [5] Regarding the topic that concerns us, this advisory organ has pronounced, indicating:
“…Administrative acts enjoy two essential characteristics that ensure their validity since, in principle, every act is presumed valid (principle of validity) and, on the other hand, its permanence over time is always sought (principle of conservation).
Such presumptions, however, operate only when the defects of the administrative act do not render it substantially non-conforming with the legal system, which is why the Ley General de la Administración Pública differentiates between two types of nullities. On one hand, relative nullity (nulidad relativa) which operates when all the elements of the act are fulfilled but some presents or contains a defect, and on the other, absolute nullity (nulidad absoluta) which occurs when a substantial constitutive element of the administrative act is missing (Articles 166 and 167 of the Ley General de la Administración Pública).
Only the violation of essential formalities causes the absolute nullity (nulidad absoluta) of the administrative act for being substantially non-conforming with the legal system, and therefore invalid. In these cases, the act is not presumed valid, it cannot be executed, cured (sanear) or validated (convalidar), its execution generates civil liability of the Administration and civil, administrative, and in some cases criminal liability of the official, in addition to the fact that the declaration of nullity is declarative and retroactive to the effective date of the act, without prejudice to rights acquired in good faith.” (Articles 169 to 172 of the Ley General de la Administración Pública) [6] Having established the foregoing, it is necessary to determine the options provided by the legal system to correct administrative acts that present a defect (vicio) and which are regulated in Articles 187, 188, and 189 of the Ley General de la Administración Pública, and these are validation (convalidación), cure (saneamiento), and conversion (conversión).
Rules that read verbatim:
“Article 187.- 1. An act that is relatively null (relativamente nulo) due to a defect (vicio) in form, content, or competence may be validated (convalidado) by a new one containing the mention of the defect (vicio) and that of its correction.
2. Validation (convalidación) has retroactive effect to the date of the validated act.” “Article 188.- 1. When the defect (vicio) of the relatively null act (acto relativamente nulo) consists of the absence of a substantial formality, such as a mandatory authorization, a proposal or request from another organ, or a petition or demand from the administered party, these may be given after the act, accompanied by a statement of conformity with all its terms.
2. The foregoing may not be applied to the omission of opinions (dictámenes) nor to cases in which the omissions indicated above produce absolute nullity (nulidad absoluta), by preventing the realization of the purpose of the final act.
3. Cure (saneamiento) shall produce retroactive effect to the date of the cured act.” “Article 189.- 1.- The invalid act, absolutely or relatively null, may be converted (convertido) into another distinct valid act by express declaration of the Administration on the condition that the former presents all the formal and material requirements of the latter.
2. Conversion (conversión) takes effect from its date.” Regarding the remedies provided by the legal system to correct the defect (vicio) that the act possesses, the Procuraduría has maintained:
“1.- Validation (convalidación): Making valid what was not valid. It constitutes a legal act by which another act that was tainted with relative nullity (nulidad relativa) becomes effective. It is a new act by which the irregularities of relative nullity (nulidad relativa), located in the other prior act, are corrected or remedied. Validation (convalidación) has retroactive effects to the date of the validated act (Article 187 of the Ley General de la Administración Pública).
2.- Cure (saneamiento): It is the conservation of the act, with a defect (vicio) of relative nullity (nulidad relativa), which has omitted a substantial formality, which can be issued after the act. Cure (saneamiento) has retroactive effect to the date of the cured act (numeral 188 of the Ley General de la Administración Pública).
3.- Conversion (conversión): It occurs when, despite an act being absolutely null or being relatively null, another act is issued that meets the constitutive elements (formal and material) of the former. It takes effect from its date (Article 189 of the Ley General de la Administración Pública).” In accordance with the foregoing, in response to what was consulted, should any nullity arise pursuant to the provisions of Article 237 of the LGAP, the Administration would have the following mechanisms for its correction:
Now then, since the consulting Colegio does not state whether it refers to the nullity of the appointment of the allegedly elected individual or to that of the acts performed by the organ he would join, both scenarios will be analyzed.
Regarding the former, the existence of an absolute nullity (nulidad absoluta) with respect to it must be assessed, since the appointment act would hold a defect (vicio) in the grounds (motivo) of such magnitude that it could entail said reproach.
Note that, as is well known, the cited element is constituted by “… the set of factual and legal antecedents that justify the decision taken by the respective public administration…” [8] In the present matter, the antecedent, both factual and legal, lies precisely in the fulfillment of the requirements demanded by the legal system in order to be able to access the position that is the object of the consultation. See that for the election of an applicant to the Junta Directiva or the Tribunal Electoral, the General Assembly bases its decision on the premise that the individual it elects meets all the requirements to be able to perform the position conferred upon him. Therefore, in the absence of one or some of these, the appointment could take on an absolute nullity (nulidad absoluta) or an evident and manifest absolute nullity.
Regarding the acts performed by the collegiate body, the Procuraduría has maintained:
“….the ownership of collegiate bodies (órganos colegiados) resides in each of the physical persons who compose it, which is important regarding its constitution, since only to the extent that all the members have been invested in accordance with the provisions of the legal system, can the organ be considered integrated and can function validly.’ Precisely, it is the concurrence of that plurality of physical persons who assume the ownership of the collegiate body (órgano colegiado), which obliges that all the members who comprise it have been duly invested.
In this sense, this Procuraduría has indicated, on repeated occasions, the following:
'It could not be considered that there is a correct integration of the "junta" under conditions of vacancy, or if the appointment of one of its members is invalid (...) if the "junta" is not integrated at this time by three of its members, it is legally unable to meet. This determines the invalidity of any opinion or certification that its other members may issue (...) The rules and principles regarding structural and functional quorum are applicable to duly constituted bodies, so there should not be a situation of a vacant position and, therefore, of absence of integration of the body or lack of investiture of one of its members' (Dictamen C-015-97 of January 27, 1997).
... the proper conformation of a collegiate body is a requirement for the validity of the agreements reached within it' (Dictamen C-251-98 of November 25, 1998)...
Consequently, since the Junta...is a collegiate body, it is indispensable for the validity of the adopted agreements that all its members are duly appointed. Moreover, for the exercise of its function, it is necessary that the structural and functional quorum required by the rules of the legal system be met..." [9] From the transcribed text, it is easily inferred that the agreements in which the applicant, whose election is flawed, participated would be tainted with nullity (nulidad), however, this would be relative. Bear in mind that in this case, the defect would fall upon the subject, and the subject is not absent, but only its conformation is not complete. Therefore, said agreements could well be corrected through the legal institute of convalidation (convalidación).
V.ON THE PROCEDURE TO FOLLOW IN THE EVENT THAT THE APPLICANT HAS BEEN APPOINTED WITHOUT MEETING THE REQUIREMENTS AND THEIR REPLACEMENT IS SOUGHT
Despite not being exactly what was consulted, it becomes relevant, in the event that the applicant under analysis has been appointed, to analyze the remedies offered by the legal system to replace them.
Thus, it is necessary, as a starting point, to analyze the seriousness of the violation committed, in order to determine the degree of invalidity that permeates the act and specify the procedure to follow.
As already stated, we are facing a defect in the grounds (motivo) of the act of appointment that has the force to destroy its existence, so the possibility of an absolute nullity (nulidad absoluta) or even an evident and manifest absolute nullity (nulidad absoluta evidente y manifiesta) must be assessed. Take into account also that the administrative act of appointment constitutes a declaration of subjective rights in favor of the person to whom it is issued.
See that a Subjective Right is: "...the recognition by Law of a power in favor of a specific subject that can be enforced against other subjects, imposing obligations or duties on them, in their own interest, recognition that implies judicial protection of said position." [10] That being so, it must be said that the legal system has provided that the Administration is barred from proceeding on its own to annul an act that generates subjective rights - such as the one at hand -, the foregoing, by reason of the theory of one's own acts (teoría de los actos propios).
A theory regarding which this Procuraduría has indicated:
"... In this sense, Article 173 LGAP establishes that the Public Administration may declare the nullity of one of its acts that declares rights, when said act suffers from an evident and manifest absolute nullity. In this regard, we cite judgment N.° 899-1995 at 17:18 hours on February 15, 1995, issued by the Constitutional Chamber:
"...the Chamber has previously indicated (see, among others, judgments N°2754-93 and N°4596-93) that the principle of intangibility of one's own acts, which has constitutional rank by virtue of deriving from Article 34 of the Political Charter, obliges the Administration to revisit its own acts through administrative channels, only under the exceptions permitted in Articles 155 and 173 of the General Law of Public Administration. For any other case, the State must resort to the lesividad (lesividad) procedure, before the contentious-administrative judge. Thus, by having the Ministry of Education eliminated the additional salaries of the appellants, it violated the stated principle, and on this point, the appeal must be granted." In the same sense, resolution N°1132-94 at ten hours twelve minutes on February twenty-fifth, nineteen ninety-four, stipulates:
"II.- Thus, we are facing an act of the Municipality that is evidently declaratory of rights, which could not be curtailed by the Administration's own act without following the guarantees established by the Political Constitution and developed in the General Law of Public Administration in favor of those administered who find themselves in such a situation. The Constitution, in its Article 34, protects acquired rights and consolidated legal situations; Article 39 establishes the principle of due process, rights which, in the specific field of Public Administration, are developed by the General Law through Articles 155, 173, and 308 subsection a) and the Regulatory Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction in Article 35. From the systematic analysis of this set of norms and principles, the Chamber has indicated on previous occasions (see, among others, judgments N°2754-93 and N°3287-93) that by virtue of the principle of one's own acts, which has constitutional rank, the Administration cannot, through administrative channels, eliminate acts that declare rights in favor of the administered, except for the exceptions of Articles 155 and 173 cited above and through the procedure expressly provided for this purpose by the same General Law (308 and following), and if not faced with those exceptions, it must resort to the contentious-administrative judge, so that it is through that channel that the act previously declared harmful (lesivo) is annulled." [11] From the transcription made, it is inferred that said prohibition only admits, through administrative channels, the exception of the declaration of evident and manifest nullity (nulidad evidente y manifiesta) protected in Article 173 of the General Law.
In relation to the latter, this technical advisory body has held:
"...Certainly, the majority of those opinions respond to the intervention that the Procuraduría General de la República holds in the processing of declarations of absolute, evident, and manifest nullity of an administrative act declaring rights, regulated in Article 173 of the General Law of Public Administration. Which obliges us to remember that, in such cases, the nullity attributed to the administrative act must be notorious, easily appreciable, since it clashes with and grossly violates the applicable legal system. Furthermore, the burden is imposed on the Administration interested in declaring the defect to follow an ordinary administrative procedure and request the favorable opinion of this Procuraduría General. This annulment competence has been characterized in the following terms:
"III. The guarantees provided for in Article 173 of the General Law of Public Administration: Administrative procedure, qualification of the defect, and opinion of the Procuraduría General de la República.
The Administration has the possibility, through administrative channels, to declare ex officio the absolute nullity of one of its acts, provided the defect has the connotation of being evident and manifest.
The foregoing power, contained in Article 173 of the General Law of Public Administration (hereinafter LGAP), constitutes an exception to the general principle of Intangibility of One's Own Acts, which, as is well known, consists of the impossibility of declaring null one's own act through administrative channels; rather, it is established that one must necessarily resort to the judicial channel for these purposes, through the ordinary lesividad process provided for in the Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction.
Hence, given the seriousness and exceptionality of the declaration of nullity through administrative channels, it is understood that, naturally, this must contemplate a series of guarantees and rights for the administered.
These guarantees are provided by the legislator in the aforementioned Article 173 of the LGAP, namely: qualification of the defect, an administrative procedure prior to the act declaring nullity, and a favorable opinion from the Procuraduría General de la República, or, in matters of administrative acts related to the budget process or administrative contracting, this must be rendered by the Contraloría General de la República.
Firstly, regarding the qualification of the defect, we find that it is not merely an absolute nullity, but rather, coupled with that, the defect must be evident and manifest, thereby increasing the seriousness of the defect.
On this matter, this Procuraduría General, through opinion C-117-2002 of May 13, 2002, refers to this class of nullity. On that occasion, it was indicated:
"Likewise, it is pertinent to bear in mind that Spanish jurisprudence and legislation – a legal system that served as inspiration for our country – have ruled on absolute, evident, and manifest nullity. Thus, in Opinion C-045-93 of March 30, 1993, the following was stated:
"In the same line of thought, the criterion maintained by this consultative body regarding the conditions required to determine whether or not we are in the presence of an absolute, evident, and manifest nullity, turns out to be in accordance with what is stipulated by Spanish jurisprudence. Thus, Garrido Falla illustrates for us:
"... Regarding what should be understood by manifest illegality, see the judgment of the Supreme Court of January 26, 1961, "... that which is declared and patent, such that it is discovered by the mere confrontation of the administrative act with the legal norm, without the need to resort to interpretation or exegesis." (GARRIDO FALLA, FERNANDO "Tratado de Derecho Administrativo", Volume I, General Part, 3rd Edition, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1982, page 602).
In similar terms, González Pérez points out:
".....a) That the Infraction is manifest: Here, the jurisprudence applied in other cases of manifest infraction, such as 47.1 a) and Article 110 LPA, can be applied. It is necessary "a manifest and patent infraction, without giving rise to interpretation and exegesis" (Judgments of April 26, 1963, November 6, 1964, and March 5, 1969)...." (GONZALEZ PEREZ, Jesús, "Comentarios de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa", Civitas S.A., Madrid, 1979, p. 1291)." On the concept of absolute, evident, and manifest nullity, the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated, in the same sense as this Advisory Body, that:
"… an act declaring rights can only be declared null by the administration itself when one is in the presence of an absolute, manifest, and evident nullity. Therefore, it is not a matter of just any absolute nullity, but rather that which is accompanied by a special and aggravated note, consisting of the fact that the absolute nullity is easily perceptible, which is the same as saying, without the need to force the circumstances to conclude so. If not in the presence of this type of absolute nullity, the administration must resort to the institute of lesividad, only declarable by a judge." (Resolution N° 1563-91 of August 14, 1991)" (Opinion C-117 dated May 13, 2002, taken up again in opinion C-169-2002 of June 26, 2002) The fact that the legislator requires that the nullity be qualified as absolute, evident, or manifest constitutes a guarantee for the administered, in the sense that not any type of infraction of the Legal System can be thus declared through administrative channels, thereby granting a higher degree of legal certainty, especially when it concerns acts declaring rights.
In that same order, Article 173.3 of the LGAP requires that the act declaring nullity must be preceded by an administrative procedure, which must be understood to be the one referred to in Article 308 and following of the cited law.
Naturally, this procedure must be followed in absolute adherence to the guarantees, principles, and rights of due process.
In the words of the jurist Eduardo Ortiz Ortiz (Tesis de Derecho Administrativo, Volume II. 2002 Edition, Editorial Stradtmann, pages 534-535), the foregoing, among other aspects, implies "...the duty of the Administration towards the individual to summon them to appear and to exhaust the evidence and hearings indicated by the cited articles of the LGAP, under penalty of suffering the sanction provided for in Article 219.2 ibid., which is precisely the absolute nullity or nullity by operation of law of all actions taken, without that appearance when it is mandatory." (Opinion C-314-2006 of August 7, 2006)..." [12] Now, if after evaluating the possibility of applying Article 173 of the General Law of Public Administration, it is not appropriate, the option of resorting to the judicial channel through the lesividad process, protected in Article 34 of the Contentious-Administrative Procedural Code, must be weighed, which literally states:
"Article 34.- 1) When the Administration itself, author of some act declaring rights, intends to demand its annulment before the Contentious-Administrative Jurisdiction, previously the highest hierarchical superior must declare it harmful (lesivo) to public, economic, or any other kind of interests. The maximum period for this shall be one year, counted from the day after it was issued, unless the act contains defects of absolute nullity, in which case said declaration may be made as long as its effects endure. In this latter case, the one-year period shall run from the cessation of its effects, and the judgment declaring the nullity shall do so solely for the purposes of its annulment and future inapplicability.
However, it is relevant to cite what this consultative instance has said about the lesividad process:
"The first - lesividad - is the channel that can lead to the declaration of nullity by the jurisdictional body. Indeed, the lesividad process is conceived in our legal system as a process of a special nature, with its own procedures and characteristics, which differentiate it from other processes in which the power of administrative self-protection (autotutela administrativa) is manifested; so much so, that the declaration of lesividad by the Administration is nothing more than a procedural step, which does not affect the act or contract whose nullity is sought; even in this case, it does not need to be preceded by an ordinary administrative procedure, but rather the declaration of lesividad by the superior body of the corresponding administrative hierarchy is sufficient, since it will be the Judge who, with the elements brought to the trial, determines whether the act is flawed or not." [13] Finally, it becomes essential to establish that both Article 173 of the General Law of Public Administration and Article 34 cited were subject to reform with the Contentious-Administrative Procedural Code, and therefore, the temporal aspect must be carefully assessed regarding the deadlines for the declaration of evident and manifest nullity or the filing of the lesividad process.
The topic under analysis has been the subject of study, and it was concluded:
"...1. Firstly, prior to the reform that both articles underwent with the issuance of the Contentious-Administrative Procedural Code, the Administration had a statute of limitations of four years to attempt the declaration of nullity, through either of the two channels that these norms prescribed. However, it is clear that the new wording implies a radical change regarding the temporal exercise of the power, since there is now an "open" deadline as long as the administrative act is producing effects.
2. What is stated in the previous point also leads to reflection on the temporal validity of the legislative reforms undergone by Articles 173 and 183 described. This is because it is easy to suppose that, for example, the act of incorporation regarding which there are well-founded reasons to question its legality may have been agreed upon before January 1, 2008, that is, when those articles still retained the four-year statute of limitations. Which would raise the doubt as to under which wording of 173 or 183 the nullity should be sought if that decision is adopted, for example, today. Specifically, whether respecting the four years if the act of incorporation was adopted before January 1, 2008, or else, without being subject to a time limit, in accordance with the literal wording of the current Articles 173 and 183.
Our criterion is that the matter is resolved by Transitory Provision III of the Contentious-Administrative Procedural Code, which provides:
"TRANSITORY PROVISION III.- The regime for challenging acts that have become final through administrative channels before the entry into force of this Code shall be governed by the legislation in force at that time." Therefore, if the act declaring rights... is deemed null, and was adopted before January 1, 2008, the discussion of the defect is subject, whether through the administrative procedure of absolute, evident, and manifest nullity, or through the jurisdictional channel of lesividad, to the condition that four years have not elapsed from the date of issuance of that act..." [14] In conclusion, the procedure to bring into conformity with the law an act that could be tainted by absolute nullity or even absolute, evident, and manifest nullity is directed along two edges: the declaration of nullity through administrative channels or filing the lesividad process, complying, in each case, with the requirements imposed by the legal system to that effect.
VI.ON THE NEED TO CONVENE A GENERAL ASSEMBLY TO CONDUCT AGAIN THE ELECTION FOR THE POSITION, IN PRINCIPLE, ELECTED WITHOUT MEETING REQUIREMENTS, AND THE POSSIBLE IMPACT ON THE ELECTORAL PROCESS IN GENERAL
In the eagerness to resolve what was consulted, it is pertinent to conduct a brief analysis of the principle of legality (principio de legalidad).
With respect to this legal institute, this technical advisory body has held:
"...let us recall that the principle of Legality of the Administration, enshrined in Article 11 of the Political Constitution and also developed in Article 11 of the General Law of Public Administration, subjects all action of the Administration to the existence of a prior legal norm that authorizes its actions. The norms in question state, in what is of interest, the following:
Article 11.- "Public officials are simple depositaries of authority. They are obliged to fulfill the duties that the law imposes on them and cannot arrogate powers not granted in it..." Article 11.- 1. The Public Administration shall act subject to the legal system and may only carry out those acts or provide those public services that said system authorizes, according to the hierarchical scale of its sources. 2. An act expressly regulated by written norm shall be considered authorized, at least as to its grounds or content, even if in an imprecise manner.
On this point, judicial jurisprudence has indicated:
"The principle of legality is an effect and direct manifestation of the submission of Public Power to Law. In this sense, all behavior of the Public Administration is subject to and conditioned by an enabling norm, whether written or unwritten. In this way, the institute projects itself in its double positive and negative aspect. In its first dimension, it is constituted as a permissive source of specific administrative conduct, insofar as it translates into concrete administrative powers, which, being such, acquire a functional character, that is, placed at the service of the community and for the fulfillment of public purposes. They are, therefore, empowerments conferred upon the Administration, not for their optional exercise, but on the contrary, for their obligatory application, executing not only the legislator's mandate but also complementing it through the various powers that the Legal System attributes to it. Hence, the administrative function cannot be seen as the blind and closed execution of the legal precept, but rather as complementary and executive of what is provided by superior norms. On the other hand, in its negative phase, the principle projects itself as a limit and restriction of public behavior, since any action thereof must conform to the higher-ranking norm, under penalty of invalidity. (Resolution N° 274-2005 FIRST SECTION OF THE CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE COURT, at ten hours fifty-five minutes on July six, two thousand five)...
From the foregoing, it is clear that the principle of legality holds that every public authority or institution can act only to the extent that it is authorized to do so by the legal system..." [15] Based on the foregoing and specifically within the matter in question, it is worth indicating that if the act of appointment has been annulled, through the channels established by the legal system, to fill the vacant position, one must inevitably turn to Article 19 of the Organic Law of the Colegio de Licenciados y Profesores en Letras y Filosofía, Ciencias y Artes, which, in what interests us, provides:
"The election of the members of the Junta Directiva shall be conducted by secret ballot, position by position, in an Ordinary General Assembly, in cases of election for two years or the substitutions that arise at that time, and in an Extraordinary General Assembly in cases of substitution motivated by permanent incapacity in the performance of the position, resignations, death, etc.; election by acclamation is not permitted. In case of a tie, even when there are only two candidates, the election shall be repeated between the two candidates who have received the greatest number of votes, and if the tie persists, the candidate who has been a member of the Colegio for the longest time according to the order maintained by it shall be elected..." In accordance with the transcribed norm and having absolute clarity that the conduct of the Public Administration is undoubtedly governed by the principle of legality, there is no doubt that, by legal imperative, a General Assembly must be convened to proceed with the election of the substitute for the applicant, presumably elected without complying with legal requirements.
Now, with reference to the electoral process in general, this technical advisory body detects no defect, apart from the one analyzed supra. Take into account that the appointment of an applicant who does not meet the required requirements does not have the force to vitiate the entire process, since the defect is limited to the error in the election of this subject, who alone is affected by an express prohibition of the Law to hold the condition of eligibility for a position on the Junta Directiva or the Tribunal Electoral, and as long as the process at hand was carried out in total compliance with the provisions of the applicable regulations, no violation can be attributed.
Such reasoning could not be different if one considers the principles governing electoral law, among the most relevant being the prohibition of the distortion of the popular will (impedimento del falseamiento de la voluntad popular), conservation of acts (conservación de los actos), and the unity of the electoral act (unidad del acto electoral).
Regarding which, the doctrine has held:
"...the prohibition of the distortion of the popular will imposes itself categorically over the other two. No other conclusion seems to be led to by the validity of the democratic principle to which we have previously referred. That is, respect for the will of the electoral body, clearly and validly expressed, must prevail in all the steps and moments of the electoral process. Or, put another way, the principle of conservation of acts and the principle of unity of the electoral act are nothing more than specific and concrete manifestations of the prohibition of the distortion of the popular will.
And it is that...it becomes necessary to harmonize two principles, also coined by our constitutional jurisprudence, 'the presumption of iuris tantum legality of the electoral Administration's act, as well as the conservation of the proclamation act; and, on the other hand, the need to prevent the distortion of the popular will, so that votes are not assigned to those who have not obtained them, or at least without recorded proof that they were in their favor, nor is anyone who validly obtained votes deprived of them by a purely formalistic interpretation of the law in force'.
... one of the consequences that derive from the proclamation of these three principles, and which is inherent to the very essence of Electoral Law, lies in the fact that not every irregularity committed throughout the electoral process has relevance, but only those that affect the final result of the elections, the expression of the popular will, in short..." [16] From the citation made, it is irrefutably evident that in the electoral process, the will expressly expressed by the voters regarding their preferred candidates must prevail, and a defect of such magnitude must occur that it manages to taint the electoral process with absolute nullity, a defect that is not noted in the present matter.
A.- Pursuant to what was held in Opinion C-328-2004 of November 12, 2004, in the national legal system, professional associations (colegios profesionales) are classified as non-state public entities (entes públicos no estatales), insofar as they exercise an administrative function.
B.- The Junta Directiva is the collegiate body ratified by the General Assembly of members, with the ultimate purpose of fulfilling and enforcing what is provided through the adoption of agreements. Likewise, it holds powers that allow it to manage in the manner it deems appropriate within its competencies, with the consequent accountability to said Assembly.
C.- If the subject who is applying finished their work as a member of the Junta Directiva or the Tribunal Electoral in April, and intends to be appointed again in March of the following year, insofar as and to the extent that they are not eligible for reelection, the period required by the legal system for them to have the possibility of joining said collegiate bodies has certainly not elapsed.
D.- There is no doubt that if a member lacks one or more of the requirements demanded by the legal system to offer their candidacy, in this case, not having completed the temporal period required by the regulations to run, the non-fulfillment of requirements inevitably arises.
E.- The existence of an absolute nullity or even an evident and manifest absolute nullity regarding the act of appointment must be weighed, since it holds a defect in its grounds of such magnitude that it could entail said reproach.
F.- The agreements in which the applicant, whose election is flawed, participated would be tainted with nullity, however, this would be relative. Therefore, said agreements could well be corrected through the legal institute of convalidation.
G.- The procedure to bring into conformity with the law an act that could be tainted by absolute nullity or even absolute, evident, and manifest nullity is directed along two edges: the declaration of nullity through administrative channels or filing the lesividad process, complying, in each case, with the requirements imposed by the legal system to that effect.
H.- If the act of appointment of the applicant elected without meeting requirements has been annulled, by legal imperative, a General Assembly must be convened to proceed with the election of their substitute.
I.Regarding the electoral process in general, no defect, apart from the one analyzed above, is detected by this technical advisory body. It must be taken into account that the appointment of a candidate who does not meet the required qualifications does not have the force to vitiate the process as a whole, since the defect is limited to the error in the election of this individual, the only one who is affected by an express prohibition of the Law from holding the status of eligible for a position on the Board of Directors or the Electoral Tribunal, and provided that the process at hand was carried out in full compliance with the applicable regulations, no violation could be alleged. Such reasoning could not be otherwise, if one considers the principles governing electoral law, among the most relevant, the impediment of falsification of the popular will, preservation of acts, and the unity of the electoral act.
In this way, the matter submitted to this consultative body is disposed of.
Sincerely,
Laura Araya Rojas Public Law Area [1] Procuraduría General de la República, dictamen C-328-2004 of November 12, 2004 [2] Narváez García, José Ignació, Teoría General de las Sociedades, pag.325 [3] Procuraduría General de la República, Dictamen C-013-2002 of January 14, 2002 [4] Jinesta Lobo Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, pag.547-548 [5] Ibidem [6] Procuraduría General de la República, dictamen C-165-2008 of May 24, 2008.
[7] Procuraduría General de la República, dictamen C-195-2008 of June 6, 2008 [8] Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia número 41-2004 of nine o'clock on February 27, 2004 [9] Procuraduría General de la República, Dictamen C-013-2002 of January 14, 2002 [10] Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. II. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1977, page 35.
[11] Procuraduría General de la República, dictamen C-162-2009 of June 8, 2009 [12] Procuraduría General de la República, dictamen C-059-2009 of February 23, 2009 [13] Procuraduría General de la República, dictamen C- 140- 2005 of April 21, 2005.
[14] Procuraduría General de la República, dictamen C-059-2009 of February 23, 2009 [15] Procuraduría General de la República, dictamen C-295-2009, of October 22, 2009.
[16] Alvarez Conde Enrique, Los principios del Derecho Electoral, pag. 12
Dictamen : 124 del 10/06/2010 10 de junio, 2010 C-124-2010 Doctora Roxana Alfaro Trejos Presidenta Junta Directiva Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte Estimada señora:
Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto de la República, me refiero al oficio número CLP-029-2010-PRES de fecha 09 de abril del 2010, mediante el cual, solicita criterio en torno al nombramiento de la Junta Directiva. Específicamente, peticiona nuestro criterio en torno a lo siguiente:
“…En la interpretación del artículo 24 del Reglamento de Elecciones, en lo que respecta al cómputo del plazo de “un año anterior a la Asamblea” debe tomarse precisamente “de fecha a fecha”, recordando que el numeral 14 de la Ley Orgánica 4770 señala “ la Asamblea se reunirá ordinariamente una vez al año, el último sábado de marzo (…)”. Será esta última la que determine el punto de partida para computar el término”
De previo al análisis del asunto sometido a escrutinio, resulta relevante realizar un análisis de la naturaleza jurídica de los entes públicos no estatales, con la finalidad de solventar con mayor claridad lo cuestionado.
En este sentido, la Procuraduría General de la República, ha dicho.
“…Los colegios profesionales han sido definidos como corporaciones de derecho público que encuadran dentro de los denominados entes públicos no estatales. Veamos:
a.-Administración corporativa En forma reiterada, la Sala Constitucional se ha referido a la naturaleza jurídica de los colegios profesionales como corporaciones de Derecho Público, sujetas a un régimen mixto (de derecho público y derecho privado). La dualidad del régimen de los colegios profesionales obedece a tres aspectos básicos: se trata de una organización de base privada, de origen estatal, con fines públicos y privados:
"... La Sala opta por la tesis que califica a los colegios profesionales como manifestación expresa de la llamada ‘Administración Corporativa’, que es aquella de régimen jurídico mixto, que engloba a entidades públicas representativas de intereses profesionales o económicos calificadas por el Derecho positivo como Corporaciones de Derecho Público. Bajo esta síntesis definitoria, el colegio profesional resulta ser una agrupación forzosa de particulares, a la que la ley dota de personalidad jurídica pública propia y cuyos fines, junto con la defensa de los intereses estrictamente privados, propios de los miembros que lo integran, son los de ejercer determinadas funciones públicas (...) Así, a los Colegios profesionales se les asigna como norma el control objetivo de las condiciones de ingreso en la profesión y la potestad disciplinaria sobre sus miembros y no cabe duda que la encomienda de estas funciones públicas juega con frecuencia como causa determinante de la creación de las Corporaciones públicas sectoriales o colegios.
En realidad se trata de verdaderos agentes de la Administración (descentralización) de la que reciben, por delegación, el ejercicio de algunas funciones propias de aquélla y controladas por ella misma (...) Esto implica que los colegios profesionales, como ha quedado dicho, sean corporaciones de Derecho público, porque en ellos se cumplen las notas esenciales que ha desarrollado la doctrina del Derecho público costarricense: a) la existencia de un grupo integrado por miembros calificados como tales a partir de una cualidad personal distintiva, que otorga derecho subjetivo a pertenecer al grupo y que conlleva, además, un estatus especial, incluyente de deberes y derechos que escapan total o parcialmente a quienes no lo tienen, ni integran, por ello mismo el grupo; b) la erección del grupo en un ente jurídico (con personalidad), exponente de los intereses del grupo y llamado a satisfacerlos, cuya organización está compuesta por dos órganos de función y naturaleza diversas: una asamblea general o reunión del grupo, que es el órgano supremo de la entidad, de funcionamiento periódico o extraordinario, que tiene por cometido resolver en última instancia todos los asuntos encargados al ente y dictar sus decisiones (programas, presupuestos, normas, etc.) y un cuerpo colegiado, llamado consejo o junta directiva, que, dentro del marco del ordenamiento y de las decisiones y reglas dictadas por la asamblea general, a la que está subordinado, gobierna y administra los intereses del grupo en forma continua y permanente; y c), el origen electoral y el carácter representativo del colegio gobernante, en relación con el grupo de base. La junta directiva o consejo administrativo ordinario son electos por la asamblea general y representan su voluntad" (Sentencia N.° 5483-95 de las 9:30 horas del 6 de octubre de 1995)…
A diferencia del caso español, en el ordenamiento jurídico nacional no existe una ley general que regule la estructura y funcionamiento de los colegios profesionales. El legislador ha optado por crear, mediante acto estatal -específicamente por ley- cada uno de los colegios profesionales. Sin embargo, estos entes presentan las mismas características esenciales, por lo que es claro que la existencia, organización y funcionamiento de los referidos colegios es de interés público.
Ahora bien, los rasgos fundamentales de los colegios profesionales en la legislación nacional, como bien lo ha afirmado la Sala Constitucional a través de diversos pronunciamientos, son los propios de las corporaciones de derecho público, entendidas como corporaciones sectoriales de carácter obligatorio –por ende, no voluntario-, estructura y funcionamiento democrático, cuyo objetivo es la defensa de los intereses de sus agremiados, así como el ejercicio de las funciones públicas que le han sido delegadas por ley. Veamos cada uno de estos rasgos o características:
· Corporaciones sectoriales: Se trata de corporaciones de base privada de carácter asociativo. La pertenencia a la corporación obedece a una cualidad objetiva –la profesión titulada- y deviene en obligatoria, por expresa disposición de la ley. En este sentido, tal y como acertadamente lo señaló la Sala Constitucional en su sentencia N.° 5483-95, las corporaciones se diferencian de las asociaciones, cubiertas por el artículo 25 de la Constitución Política, en tanto éstas últimas son de carácter voluntario. Lo cual, sin embargo, no impide reconocer el carácter asociativo de base que caracteriza a las corporaciones.
· De estructura y funcionamiento democrático: El carácter asociativo de las corporaciones que nos ocupan fundamentan la estructura y funcionamiento democrático establecido por el legislador. El órgano supremo de los colegios profesionales es la Asamblea General, la cual se integra con todos los miembros del Colegio y, por ende, expresa la voluntad de la corporación. Además, las corporaciones cuentan con un órgano colegiado o Junta Directiva que es el órgano representante y ejecutor de las decisiones que adopte la Asamblea General.
· Para la defensa de los intereses gremiales: El colegio profesional tiene entre sus objetivos la defensa de los intereses de sus miembros. Se constituye, entonces, en el encargado de velar por los derechos e intereses de los colegiados y, por ende, en su condición de persona jurídica, se encuentra facultado para representarlos.
· Para el ejercicio de funciones públicas: Por disposición expresa de la ley, el Estado ha delegado en los diversos colegios profesionales el ejercicio de funciones de policía que le son propias, tales como el control del ingreso en el ejercicio de la profesión, así como la potestad disciplinaria sobre sus miembros. El Estado ostenta un poder de policía -que es de principio- sobre el ejercicio de las profesiones tituladas, en tanto es claro que las mismas atañen a derechos y valores tan diversos como la salud, la seguridad física y jurídica y la educación, entre otros. Entonces, en aras de la protección de la moral, el orden público y los derechos de terceros, los colegios profesionales se encuentran facultados para ejercer aquellas potestades públicas determinadas por el legislador. Como bien lo indicó la Sala de Casación"(…) Como al Estado le interesa que el ejercicio de las profesiones liberales sea eficiente, para garantía de la comunidad, con tal fin existen los Colegios Profesionales universitarios, los cuales se constituyen como entes de utilidad pública por la forma y los fines de interés público que persiguen; de ahí que para protegerse y vigilar a sus miembros y mantener el decoro y dignidad profesionales se les ha atribuido a sus órganos potestad disciplinaria para corregir las faltas de sus integrantes, delegándose de esta manera una parte del poder de policía o de vigilancia que es facultad propia del Estado." (1970, Sala de Casación, 15 hrs. de 17 de julio de 1979, Sala de Casación Nº 186 de 9,30 hrs. de 14 de noviembre).
b.- Entes públicos no estatales Reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, así como de esta Procuraduría, se han referido a los colegios profesionales como entes públicos no estatales, entendidos como aquellos que ejercen competencias públicas pero que no pertenecen a la organización del Estado.
No obstante, la definición de la categoría de "ente público no estatal" no es unívoca. Ni la doctrina ni la jurisprudencia han desarrollado rasgos comunes y de aplicación universal a los entes que se encuadran o denominan como no estatales.
Tal y como se indicó en el dictamen de esta Procuraduría C-052-2002 del 21 de febrero del 2002, el autor uruguayo Enrique Sayagués Laso acuñó el término de "entes no estatales" "(…) a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés que reconoce la titularidad de una función administrativa en entes privados (arrêts Monpeurt, Bouguen, Comité de défense des libertés professionnelles des experts comptables, Magnier, entre otros) normalmente de naturaleza corporativa o profesional, (…) para referirse a entes públicos que, no se enmarcan en el Estado, por lo que considera que no integran la Administración Pública, pero que están sujetos, total o parcialmente, a un régimen publicístico en razón de las funciones que desempeñan. Es decir, entes que no serían parte de la Administración Pública estatal pero que ejercerían función administrativa. En ese sentido indica:
‘Pero además de esas entidades existen otras personas colectivas que indudablemente no son estatales, que no pertenecen a la colectividad ni integran la administración pública, sea porque el legislador las creó con ese carácter, sea porque su propia naturaleza resulta incompatible con la calidad estatal. No obstante, dichas instituciones en todo o en parte se regulan por normas de derecho público...’ E, SAYAGUES LASO: Tratado de Derecho Administrativo, I, Montevideo, Martín Bianchi Altuna, 1953, p. 175.
Y continúa diciendo el dictamen en cuestión, "(…) se trataría de entidades regidas por el Derecho Público en razón de las competencias que le han sido asignadas por el ordenamiento, pero que presentan elementos de Derecho Privado (…) El problema es que no existe coincidencia y mucho menos unanimidad en la doctrina sudamericana sobre cuáles son los índices determinantes del carácter estatal o no estatal de una persona pública. Cabe hacer notar que la citada doctrina retiene caracteres presentados en mayor o menor medida por una y otra figura: creación por ley cuando existe reserva de ley; ejercicio de función administrativa, la naturaleza de los fines, control del Estado (…), al punto que el propio Sayagues Laso señala que los criterios retenidos por la doctrina son los mismos utilizados para diferenciar entre entes públicos y privados. Por lo que cabe discutir si dicha categoría es autónoma".
Como se indicó, en el ordenamiento jurídico nacional los colegios profesionales son calificados como entes públicos no estatales, en tanto ejercen función administrativa…” [1]
Atendiendo a la disyuntiva planteada y la referencia inequívoca que esta conlleva a la figura jurídica denominada Junta Directiva, resulta imperioso pronunciarse respecto de su significado y naturaleza jurídica.
Tocante a su definición, debe decirse que la Junta Directiva es el órgano colegiado ratificado por la Asamblea General de agremiados, con la finalidad última de cumplir y hacer cumplir lo que está dispuesto mediante la toma de acuerdos. Asimismo detenta facultades que le permiten gestionar de la forma que estime oportuna dentro de sus competencias, con la consecuente rendición de cuentas a la Asamblea citada.
Referente al tema que nos ocupa, la doctrina ha sostenido que:
“… La Junta Directiva es un cuerpo intermedio entre… la junta de socios o asamblea de accionistas y el representante legal. Su existencia y funcionamiento suelen preverse en los estatutos de las sociedades… En vedad es un órgano que ya comparta el peso y las responsabilidades de la gestión con el representante legal, o ya su misión específica sea de consejo o asesoría representa un margen de seguridad para los asociados que no intervienen en la Administración…
Cualquiera que sea la denominación del órgano (junta directiva, directorio, consejo, de administración, comité asesor o consultivo, etc.), siempre se crea con el deliberado propósito de que tenga injerencia en la gestión social. Es decir sus funciones son eminentemente administrativas y ha de decidir, aconsejar o sugerir soluciones de problemas comerciales, técnicos, financieros, de personal, o tiene a su cargo la planeación de variados aspectos (producción, distribución, adquisición de materias primas, relaciones industriales, mercadeo…etc.)” [2] Establecido lo anterior, procede referirse a la naturaleza jurídica del instituto que nos ocupa, que, como ya se dijo, es un órgano de los denominados colegiados. Tópico que ostenta gran relevancia para evacuar lo consultado y de allí la pertinencia de su análisis. Por lo que, valga indicar que el tema de los órganos colegiados ha sido desarrollado de la siguiente manera:
“… La Procuraduría General de la República… en el dictamen C-016-00 de 28 de enero del 2000, "… Como usted bien sabe, el órgano colegiado es aquel cuya titularidad no corresponde a una única persona física, sino a varias, que se encuentran en un plano horizontal, ejerciendo en forma simultánea una misma función, pues todos intentan producir un mismo acto jurídico.
En la opinión jurídica 153-99 del 20 de diciembre de 1999, sobre este tema expresamos lo siguiente:
"Refiriéndose a los órganos colegiados, el conocido tratadista italiano Renato Alessi nos indica lo siguiente:
‘Se llama colegiado un órgano cuando está integrado por varias personas físicas que se encuentran en un plano que pudiéramos llamar horizontal, de forma que sea la manifestación ideológica ( voluntad o juicio) colectivamente expresadas por todas estas personas, la que se considere manifestación del órgano’ (ALESSI, Renato, Instituciones de Derecho Administrativo, Tomo I, BOSCH, Casa Editorial, Barcelona, 1970, pág. 110).
En ese mismo sentido, se pronuncia la doctrina española, al señalar que el órgano colegiado es:
‘…aquél integrado por personas físicas, por sí o como órganos de otros entes, las cuales manifiestan una voluntad que viene a constituir la del órgano colegiado’ (GARCÍA - TREVIJANO FOS, José Antonio, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, Volumen I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1971, pág. 481).” [3]
III.SOBRE LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR LA JUNTA DIRECTIVA O EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL COLEGIO CONSULTANTE, CUANDO EL POSTULANTE FINALIZÓ SU GESTIÓN EN ESTOS ÓRGANOS EN ABRIL Y PRETENDE SER REELECTO EN MARZO SIGUIENTE Y EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Atendiendo al cuestionamiento sometido a escrutinio y con la finalidad de evacuarlo de la mejor manera debemos remitirnos a lo dispuesto por el canon 24 del Reglamento de Elecciones, que en lo que nos interesa dispone:
“El candidato a un cargo en la Junta Directiva debe reunir excepcionales condiciones morales y cumplir los siguientes requisitos:
(…)
Específicos:
a. No haber ocupado en el último año anterior a la Asamblea un cargo en la Junta Directiva o en el Tribunal Electoral, a menos que tenga derecho a la reelección…” De la cita realizada se sigue sin mayor dificultad que el lapso temporal que debe haber transcurrido entre el momento en que el sujeto se postula como candidato y su último nombramiento como integrante de la Junta Directiva o del Tribunal Electoral, es de un año, salvo que tenga derecho a reelección. Más que clara la excepción hecha por la norma, nos avocaremos al desarrollo del impedimento.
Sobre el particular, valga establecer, en primer término, a partir de qué momento y cómo se computa el plazo en análisis.
En este sentido, el ordinal 146 del Código Procesal Civil, en lo conducente establece:
“Plazos por horas, días, meses y años.
…Los plazos por años o meses se contarán según el calendario, o sea, de fecha a fecha. Cuando el ordinal del día de partida no exista en el mes de vencimiento, el plazo concluirá el último día de éste.” De la interpretación armónica de las normas citadas, no cabe duda que, en la especie, el plazo anual debe computarse partiendo de la fecha en que se va a celebrar la Asamblea General siguiente al momento en que el postulante dejó de formar parte de los órganos supra citados.
Bajo esta inteligencia y de conformidad con lo expuesto por el consultante, si el sujeto que se postula finalizó su labor como miembro de la Junta directiva o del Tribunal Electoral en abril, y pretende ser nombrado nuevamente en marzo del año siguiente, en el tanto y en cuanto no esté posibilitado para la reelección, ciertamente no ha transcurrido el período exigido por el ordenamiento jurídico para que detente la posibilidad de integrar los cuerpos colegiados dichos.
Así las cosas, no cabe duda que si un agremiado adolece de uno o varios de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para ofrecer su candidatura, en la especie, no haber cumplido con el lapso temporal exigido por la normativa para postularse, indefectiblemente surge el incumplimiento de requisitos.
IV.SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE UN POSTULANTE QUE NO REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL BLOQUE DE LEGALIDAD Y EL TIPO DE NULIDAD QUE TAL CONDUCTA ACARREA
Partiendo de la premisa que el postulante electo en la Junta Directiva o del Tribunal Electoral, no cumple con los requerimientos exigidos al efecto y con la finalidad de determinar el tipo de nulidad que tal actuación conlleva, cabe referirse a los diferentes vicios del acto administrativo y a los remedios establecidos por el ordenamiento jurídico para su subsanación.
Como es bien sabido, para que un acto administrativo sea válido, debe ser “… conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico…” – canon 228 Ley General de la Administración Pública- y en consecuencia “La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de este…” según lo dispone el ordinal 158 del cuerpo de normas citado.
Empero, no todo vicio tiene la fuerza de destruir el acto tornándolo inválido, ya que, el legislador se preocupó por concederle una posición privilegiada, apostando por su conservación -artículos 168 y 176 del cuerpo de normas citado-, determinando expresamente el tipo de yerro que provoca la desaparición del acto de la vida jurídica.
Tenemos entonces que cuando existe un defecto en alguno de los elementos del acto, la nulidad se denomina relativa.
Sobre el particular la doctrina ha sostenido:
“…. La nulidad relativa se produce cuando uno de los elementos constitutivos del acto es imperfecto pero no está ausente, salvo que la imperfección impida la realización del fin en cuyo caso se produce una nulidad absoluta (artículo 167 LGAP)…” [4] Por su parte la nulidad absoluta se produce “… cuando faltan totalmente uno o varios de los elementos constitutivos del acto administrativo o cuando alguno es imperfecto pero impide la realización del fin…” [5] Tocante al tema que nos ocupa, se ha pronunciado este órgano asesor, al indicar:
“…Los actos administrativos gozan de dos características esenciales que aseguran su vigencia pues en principio todo acto se presume válido (principio de validez) y por otro lado, se busca siempre su permanencia en el tiempo (principio de conservación).
Tales presunciones sin embargo, operan únicamente cuando los defectos del acto administrativo no lo convierten en sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, por lo que la Ley General de la Administración Pública diferencia entre dos tipos de nulidades. Por un lado, la nulidad relativa que opera cuando se cumplen todos los elementos del acto pero alguno presenta o contiene un defecto, y por otro, la nulidad absoluta que ocurre cuando falta un elemento sustancial constitutivo del acto administrativo (artículos 166 y 167 de la Ley General de la Administración Pública).
Sólo la violación a formalidades esenciales ocasiona la nulidad absoluta del acto administrativo por ser sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, y por lo tanto inválido. En estos casos, el acto no se presume válido, no se puede ejecutar, sanear o convalidar, su ejecución genera responsabilidad civil de la Administración y responsabilidad civil, administrativa y en algunos casos penal del funcionario, además que la declaratoria de nulidad es declarativa y retroactiva a la fecha de vigencia del acto, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.” (Artículos 169 a 172 de la Ley General de la Administración Pública) [6] Establecido lo anterior, corresponde determinar las opciones que prevé el ordenamiento para subsanar los actos administrativos que presentan algún vicio y que se encuentran reguladas en los artículos 187, 188 y 189 de la Ley General de la Administración Pública, y son la convalidación, el saneamiento y la conversión.
Normas que a la letra rezan:
“Artículo 187.- 1. El acto relativamente nulo por vicio en la forma, en el contenido o en la competencia podrá ser convalidado mediante uno nuevo que contenga la mención del vicio y la de su corrección.
2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado”.
“Artículo 188.- 1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de una formalidad sustancial, como una autorización obligatoria, una propuesta o requerimiento de otro órgano, o una petición o demanda del administrado, éstos podrán darse después del acto, acompañados por una manifestación de conformidad con todos sus términos.
2. Lo anterior no podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los casos en que las omisiones arriba indicadas produzcan nulidad absoluta, por impedir la realización del fin del acto final.
3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del acto saneado”.
“Artículo 189.- 1.- El acto inválido, absoluta o relativamente nulo, podrá ser convertido en otro válido distinto por declaración expresa de la Administración a condición de que el primero presente todos los requisitos formales y materiales del último.
2. La conversión tiene efecto desde su fecha”.
Respecto a los remedios dispuestos por el ordenamiento jurídico para corregir el vicio que detenta el acto, la Procuraduría ha mantenido:
“1.- La convalidación: Hacer válido lo que no era válido. Constituye un acto jurídico por el cual se torna eficaz otro que estaba viciado de nulidad relativa. Es un nuevo acto por el cual se subsanan o corrigen las irregularidades de nulidad relativa, localizadas en el otro acto anterior. La convalidación tiene efectos retroactivos a la fecha del acto convalidado (artículo 187 de la Ley General de la Administración Pública).
2.- El saneamiento: Es la conservación del acto, con un vicio de nulidad relativa, que ha omitido una formalidad sustancial, la cual se puede dictar después del acto. El saneamiento tiene efecto retroactivo a la fecha del acto saneado (numeral 188 de la Ley General de la Administración Pública).
3.- La conversión: Se presenta cuando, pese a que un acto es absolutamente nulo o que siendo relativamente nulo, se dicta otro acto que reúna los elementos constitutivos (formales y materiales) del anterior. Tiene efecto desde su fecha (artículo 189 de la ley General de la Administración Pública).” De acuerdo con lo anterior, en respuesta a lo consultado, en caso de que sobrevenga alguna nulidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 237 de la LGAP, la Administración dispondría de los siguientes mecanismos para su corrección:
Ahora bien, siendo que el Colegio consultante, no expone si se refiere a la nulidad del nombramiento del sujeto presuntamente electo o a la de los actos realizados por el órgano que este integraría, se analizarán ambos supuestos.
Tocante primero, debe valorarse la existencia de una nulidad absoluta respecto del mismo, ya que, el acto de nombramiento detentaría un vicio en el motivo de tal envergadura que podría conllevar el reproche dicho.
Nótese que, como es bien sabido, el elemento citado se constituye en “… el conjunto de antecedentes fácticos y jurídicos que justifican la decisión tomada por la respectiva administración pública…” [8] En el presente asunto, el antecedente, tanto fáctico, cuanto jurídico, radica precisamente en el cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para poder accesar al puesto objeto de consulta. Véase que para la elección de un postulante en la Junta Directiva o del Tribunal Electoral, la Asamblea General fundamenta su decisión partiendo de que el sujeto que elige cuenta con todos los requerimientos para poder desempeñar el cargo que se le confiere. Por lo que, ante la ausencia de uno o alguno estos el nombramiento podría revestir una nulidad absoluta o absoluta evidente y manifiesta.
Respecto de los actos realizados por el cuerpo colegiado, la Procuraduría ha sostenido:
“….la titularidad de los órganos colegiados reside en cada una de las personas físicas que lo integran, lo cual tiene importancia en cuanto a su constitución, pues sólo en la medida en que todos los miembros hayan sido investidos de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, puede considerarse que el órgano está integrado y puede válidamente funcionar.’ Precisamente, es la concurrencia de esa pluralidad de personas físicas que asumen la titularidad del órgano colegiado, lo que obliga a que todos los miembros que lo integran hayan sido debidamente investidos.
En este sentido, esta Procuraduría ha indicado, en reiteradas ocasiones, lo siguiente:
‘No podría considerarse que existe una correcta integración de la ‘junta’ en condiciones de vacancia, o bien si el nombramiento de uno de sus miembros es inválido (...) si la ‘junta’ no esta integrada en esto momentos por tres de sus miembros, está jurídicamente imposibilitada para sesionar. Lo que determina la invalidez de cualquier dictamen o certificación que llegaren a expedir sus otros miembros (...) Las reglas y principios en orden al quórum estructural y funcional resultan aplicables a órganos debidamente constituidos, por lo que no debe estarse ante una situación de plaza vacante y, por ende, de ausencia de integración del órgano o de falta de investidura de alguno de sus miembros’ (Dictamen C-015-97 del 27 de enero de 1997).
... la debida conformación de un órgano colegiado es un requisito de validez de los acuerdos que se tomen en su seno’ (Dictamen C-251-98 del 25 de noviembre de 1998)…
Consecuentemente, al ser la Junta…un órgano colegiado, es indispensable para la validez de los acuerdos adoptados, que todos sus miembros se encuentren debidamente nombrados. Por otra parte, para el ejercicio de su función, es necesario que se reúna el quórum estructural y funcional exigido por las normas del ordenamiento jurídico…” [9] De lo transcrito se desprende con facilidad que los acuerdos en los que haya participado el postulante, cuya elección se encuentra viciada, estarían teñidos de nulidad, empero, esta sería relativa. Téngase presente que en este caso, el vicio recaería sobre el sujeto y este no se encuentra ausente, sino únicamente su conformación no es plena. Por lo que, bien podrían subsanarse los acuerdos dichos, mediante el instituto jurídico de la convalidación.
V.SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO QUE EL POSTULANTE HAYA SIDO NOMBRADO SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS Y SE PRETENDA SU SUSTITUCIÓN
Pese a no ser propiamente lo consultado, deviene relevante, en el supuesto que el postulante en análisis haya sido nombrado, analizar los remedios que ofrece el ordenamiento jurídico para sustituirlo.
Así las cosas, se impone, como punto de partida, analizar la gravedad de la violación cometida, para así determinar el grado de invalidez que permea el acto y concretar el procedimiento a seguir.
Como ya se dijo, nos encontramos ante un vicio en el motivo del acto de nombramiento que tiene la fuerza de destruir su existencia, por lo que, debe valorarse la posibilidad de una nulidad absoluta o bien absoluta evidente y manifiesta. Tómese en cuenta también que el acto administrativo de nombramiento, se constituye declaratorio de derechos subjetivos a favor de quien se dicta.
Véase que el Derecho subjetivo es: “...el reconocimiento por el Derecho de un poder en favor de un sujeto concreto que puede hacer valer frente a otros sujetos, imponiéndoles obligaciones o deberes, en su interés propio, reconocimiento que implica la tutela judicial de dicha posición.” [10] Siendo así, debe decirse que, el ordenamiento jurídico ha dispuesto que la Administración se encuentra vedada para proceder por sí misma a anular un acto generador de derechos subjetivos – como el que nos ocupa-, lo anterior, en razón de la teoría de los actos propios.
Teoría respecto de la cual esta Procuraduría ha indicado:
“… En este sentido, el artículo 173 LGAP establece que la Administración Pública podrá declarar la nulidad de un acto suyo declarativo de derechos, cuando éste sufra de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Al respecto, citamos la sentencia N.° 899-1995 de las 17:18 horas del 15 de febrero de 1995 dictada por la Sala Constitucional:
“Al respecto ya se ha indicado en la sentencia N°2186-94 de las diecisiete horas tres minutos del cuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro:
"...la Sala ha señalado con anterioridad (ver entre otras, las sentencias N°2754-93 y N°4596-93) que el principio de intangibilidad de los actos propios, que tiene rango constitucional en virtud de derivarse del artículo 34 de la Carta Política, obliga a la Administración a volver sobre sus propios actos en vía administrativa, únicamente bajo las excepciones permitidas en los artículos 155 y 173 de la Ley General de la Administración Pública. Para cualquier otro caso, debe el Estado acudir a la vía de la lesividad, ante el juez de lo contencioso administrativo. De este modo, al haber suprimido el Ministerio de Educación los sobresueldos de los recurrentes, violó el principio enunciado y sobre este punto, debe declararse con lugar el recurso." En el mismo sentido, estipula la resolución N°1132-94 de las diez horas doce minutos del veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cuatro:
"II.- De este modo, estamos ante un acto de la Municipalidad evidentemente declaratorio de derechos, que no podía cercenarse por acto propio de la Administración sin seguir las garantías que en favor de los administrados que se encuentren ante ese tipo de situación, establece la Constitución Política y desarrolla la Ley General de la Administración Pública. La Constitución, en su artículo 34 tutela los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas, en el numeral 39 establece el principio del debido proceso, derechos que en el campo concreto de la Administración Pública desarrolla la Ley General mediante los artículos 155, 173 y 308 inciso a) y la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el 35. Del análisis sistemático de este conjunto de normas y principios, ha señalado en anteriores ocasiones la Sala (ver entre otras, las sentencias N°2754-93 y N°3287-93) que en virtud del principio de los actos propios, que tiene rango constitucional, no puede la Administración en vía administrativa eliminar los actos que declaren derechos en favor del administrado, salvo las excepciones de los artículos 155 y 173 supracitados y mediante el procedimiento que para ello expresamente preve la misma Ley General (308 y siguientes) y en caso de no encontrarse ante esas excepciones, debe acudir al juez de lo contencioso, para que sea en esa vía que el acto declarado lesivo anteriormente, se anule." [11] De la transcripción realizada se desprende que la prohibición dicha únicamente admite, en vía administrativa, la excepción de la declaratoria de nulidad evidente y manifiesta tutelada en el ordinal 173 de la Ley General.
En relación a esta última, este órgano técnico asesor, ha sostenido:
“…Ciertamente, la mayoría de esos dictámenes responden a la intervención que ostenta la Procuraduría General de la República en el trámite de las declaratorias de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de un acto administrativo declaratorio de derechos, regulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. Lo cual nos obliga a recordar que, en tales casos, la nulidad que se achaque del acto administrativo debe ser notoria, de fácil apreciación, puesto que choca y violenta el ordenamiento jurídico aplicable de manera grosera. Además, se impone la carga, para la Administración interesada en declarar el vicio, de seguir un procedimiento administrativo ordinario y requerir el dictamen favorable de esta Procuraduría General. Esta competencia anulatoria ha sido caracterizada en los siguientes términos:
“III. Las garantías previstas en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública: Procedimiento administrativo, calificación del vicio y dictamen de la Procuraduría General de la República.
La Administración tiene la posibilidad, en vía administrativa, de declarar de oficio la nulidad absoluta de un acto suyo, siempre que el vicio presente la connotación de ser evidente y manifiesto.
La potestad anterior, contenida en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP) constituye una excepción al principio general de Intangibilidad de los actos propios, el cual, como bien se sabe, consiste en la imposibilidad de declarar nulo un acto propio en la vía administrativa, sino que, se establece que necesariamente debe recurrirse a la vía judicial para esos efectos, mediante el proceso ordinario de lesividad previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
De ahí que, frente a la gravedad y excepcionalidad de la declaración de nulidad en la vía administrativa, se entiende que, naturalmente, esta debe contemplar una serie de garantías y derechos para el administrado.
Estas garantías, las dispone el legislador en el citado artículo 173 de la LGAP, a saber: calificación del vicio, procedimiento administrativo previo al acto declaratorio de nulidad, y dictamen favorable de la Procuraduría General de la República, o bien, en materia de actos administrativos relacionados con el proceso presupuestario o contratación administrativa, este debe ser rendido por la Contraloría General de la República.
En primer término, respecto de la calificación del vicio, encontramos que no se trata meramente de una nulidad absoluta, sino que aunado a ello el vicio debe ser evidente y manifiesto, con lo que aumenta la gravedad del vicio.
Sobre el particular, esta Procuraduría General, mediante dictamen C- 117-2002 de 13 de mayo de 2002, hace referencia a esta clase de nulidad. En aquella oportunidad se indicó:
“Asimismo, conviene tener presente que la jurisprudencia y legislación española –ordenamiento jurídico que sirvió de inspiración para nuestro país–, se han pronunciado sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Es así como en Dictamen C-045-93 de 30 de marzo de 1993 se señaló lo siguiente:
"En la misma línea de pensamiento, el criterio sostenido por este órgano consultivo en cuanto a las condiciones requeridas para determinar si estamos o no en presencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta, viene a ser conforme con lo estipulado por la jurisprudencia española. Así, Garrido Falla nos ilustra:
"... Sobre qué debe entenderse por ilegalidad manifiesta, véase la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de enero de 1961, "... la que es declarada y patente, de suerte que se descubra por la mera confrontación del acto administrativo con la norma legal, sin necesidad de acudir a la interpretación o exégesis". (GARRIDO FALLA, FERNANDO "Tratado de Derecho Administrativo", Volumen I, Parte General, 3 Edición, Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1982, página 602).
En términos similares apunta González Pérez:
".....a) Que la Infracción sea manifiesta: Aquí puede aplicarse la jurisprudencia recaída en otros supuestos de infracción manifiesta, como el 47.1 a) y artículo 110 LPA. Es necesario "una manifiesta y patente infracción, sin dar lugar interpretación y exégesis" (Ss. de 26 de abril de 1963, 6 de noviembre de 1964 y 5 de marzo de 1969)...." (GONZALEZ PEREZ, Jesús, "Comentarios de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa", Civitas S.A., Madrid, 1979, p. 1291)." Sobre el concepto de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado, en el mismo sentido que este Órgano Asesor, que:
"… un acto declaratorio de derechos solamente puede ser declarado nulo por la propia administración, cuando se esté en presencia de una nulidad absoluta, manifiesta y evidente. Por manera que no se trata de cualquier nulidad absoluta, sino de aquélla que se encuentre acompañada de una nota especial y agravada, consistente en que la nulidad absoluta sea perceptible fácilmente, lo que es igual, sin necesidad de forzar las circunstancias para concluir con ello. De no estarse en presencia de este tipo de nulidad absoluta, la administración debe recurrir al instituto de la lesividad, solamente declarable por un juez."(Resolución N° 1563-91 de 14 de agosto de 1991)" (Dictamen C-117 de fecha 13 de mayo de 2002, retomado en dictamen C-169-2002 de 26 de junio de 2002) El hecho de que el legislador exija que la nulidad sea calificada como absoluta evidente u manifiesta, constituye una garantía para el administrado, en el sentido de que no será cualquier tipo de infracción al Ordenamiento Jurídico la que puede ser así declarada en la vía administrativa, otorgándole de este modo un mayor grado de seguridad jurídica, especialmente en cuanto se trata de actos declaratorios de derechos.
En ese mismo orden, el artículo 173.3 de la LGAP, exige que el acto declaratorio de nulidad debe estar precedido de un procedimiento administrativo, el cual debe entenderse que es el referido en el artículo 308 y siguientes de la citada ley.
Naturalmente, este procedimiento debe seguirse en absoluto apego a las garantías, principios y derechos del debido proceso.
En palabras del jurista Eduardo Ortiz Ortiz (Tesis de Derecho Administrativo, Tomo II. Edición 2002, Editorial Stradtmann, páginas 534-535) lo anterior entre otros aspectos implica “…el deber de la Administración para con el particular de convocarlo a la comparecencia y de agotar las pruebas y audiencias, señaladas por los artículos citados de la LGAP, bajo pena de sufrir la sanción prevista por el artículo 219.2 ibídem, que es precisamente la nulidad absoluta o de pleno derecho de todo lo actuado, sin esa comparecencia cuando esta es obligatoria.” (Dictamen C-314-2006 del 7 de agosto del 2006)…” [12] Ahora bien, si después de valorada la posibilidad de aplicar el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, esta no resulta procedente, deberá ponderase la opción de acudir a la vía judicial mediante el proceso de lesividad, tutelado en el ordinal 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que a la letra reza:
“Artículo 34.- 1) Cuando la propia Administración, autora de algún acto declarativo de derechos, pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previamente el superior jerárquico supremo deberá declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza. El plazo máximo para ello será de un año, contado a partir del día siguiente a aquel en que haya sido dictado, salvo si el acto contiene vicios de nulidad absoluta, en cuyo caso, dicha declaratoria podrá hacerse mientras perduren sus efectos. En este último supuesto, el plazo de un año correrá a partir de que cesen sus efectos y la sentencia que declare la nulidad lo hará, únicamente, para fines de su anulación e inaplicabilidad futura.
Del numeral transcrito se desprenden con absoluta claridad los requerimientos que deben cumplirse para incoar el tipo de proceso en análisis, por lo que, no se profundizará en ellos.
Empero, resulta relevante citar lo dicho por esta instancia consultora, sobre el proceso de lesividad:
“La primera -la lesividad- es la vía que puede llevar a la declaratoria de nulidad por el órgano jurisdiccional. En efecto, el proceso de lesividad está concebido en nuestro ordenamiento como un proceso de carácter especial, con trámites y características propios, que lo diferencian de otros procesos en los que se manifiesta la potestad de autotutela administrativa; tanto así, que la declaratoria de lesividad por parte de la Administración, no es más que un trámite procesal, que no afecta el acto o contrato cuya nulidad se pretende; inclusive este caso no debe ir precedido por un procedimiento administrativo ordinario, sino que basta la declaratoria de lesividad por parte del órgano superior de la jerarquía administrativa correspondiente, ya que será el Juez, quien con los elementos que se hagan llegar al juicio, el que determine si el acto se encuentra viciado o no“ [13] Por último, deviene esencial establecer que tanto el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, cuanto el 34 de cita, fueron objeto de reforma con el Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que, el aspecto temporal debe ser valorado cuidadosamente respecto a los plazos para la declaratoria de nulidad evidente y manifiesta o la interposición del proceso de lesividad.
El tópico en análisis ha sido objeto de estudio y se concluyó:
“…1. En primer término, con anterioridad a la reforma que sufrieron ambos artículos por la emisión del Código Procesal Contencioso Administrativo, la Administración contaba con un plazo de caducidad de cuatro años para intentar la declaratoria de nulidad, en cualesquiera de las dos vías que estas normas proscribían. Sin embargo, es claro que la nueva redacción implica un cambio radical en cuanto al ejercicio temporal de la potestad, pues ahora se cuenta con un plazo “abierto” siempre que el acto administrativo esté desplegando efectos.
2. Lo dicho en el punto anterior también lleva a reflexionar sobre la vigencia temporal de las reformas legislativas sufridas por los artículos 173 y 183 reseñados. Esto por cuanto resulta de fácil suposición el que, por ejemplo, el acto de incorporación sobre el cual se tengan motivos fundados para cuestionar su legalidad, se haya acordado con anterioridad al 1 de enero del 2008, sea cuando aquellos artículos aún conservaban el plazo de caducidad de los cuatro años. Lo cual haría surgir la duda bajo cuál redacción del 173 o 183 se debe intentar la nulidad si esa decisión se adopta, por ejemplo, el día de hoy. Específicamente, si respetando los cuatro años si el acto de incorporación se adoptó antes del 1 de enero del 2008, o bien, sin sujeción a plazo, atendiendo a la literalidad de los artículos 173 y 183 vigentes.
Nuestro criterio es que el asunto viene resuelto por el Transitorio III del Código Procesal Contencioso Administrativo, que dispone:
“TRANSITORIO III.- El régimen de impugnación de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del presente Código, se regirá por la legislación vigente en ese momento.” Entonces, si el acto de declaratorio de derechos… se estima nulo, y fue adoptado con anterioridad al 1 de enero del 2008, se sujeta la discusión del vicio, sea por vía del procedimiento administrativo de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, o por la vía jurisdiccional de la lesividad, a que no hayan transcurrido cuatro años desde la fecha de emisión de aquel acto…” [14] En conclusión, el procedimiento para ajustar a derecho un acto que podría teñirse de nulidad absoluta o bien absoluta evidente y manifiesta, se direcciona en dos aristas, la declaratoria de nulidad en vía administrativa o plantear el proceso de lesividad, cumplimiento, en cada caso, con los requerimientos impuestos por el ordenamiento jurídico al efecto.
VI.SOBRE LA NECESIDAD DE CONVOCAR A UNA ASAMBLEA GENERAL PARA REALIZAR NUEVAMENTE LA ELECCIÓN DEL CARGO, EN PRINCIPIO, ELECTO SIN CUMPLIR REQUISITOS Y LA POSIBLE AFECTACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL EN GENERAL
Con el afán de solventar lo consultado, resulta pertinente realizar un breve análisis del principio de legalidad.
Respecto de este instituto jurídico, este órgano técnico asesor ha sostenido:
“…recordemos que el principio de Legalidad de la Administración consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política, y desarrollado también en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, sujeta toda la actuación de la Administración a la existencia de una norma jurídica previa que le autorice su accionar. Señalan las normas en comentario, en lo que interesa, lo siguiente:
Artículo 11.-“Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella…” Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.
Sobre este punto la jurisprudencia judicial ha señalado:
“El principio de legalidad, es efecto y manifestación directa del sometimiento del Poder Público al Derecho. En este sentido, todo el comportamiento de la Administración Pública está afecto y condicionado a una norma habilitadora, ya sea escrita o no escrita. De esta forma, el instituto se proyecta en su doble vertiente positiva y negativa. En su primera dimensión, se constituye como fuente permisiva de la conducta administrativa específica, en tanto se traduce en concretas potestades administrativas, que por ser tales , adquieren el carácter de funcionales, es decir, dispuestas al servicio de la colectividad y para el cumplimiento de los fines públicos. Son pues, apoderamientos que se confieren a la Administración, no para su ejercicio facultativo, sino por el contrario, para su obligada aplicación, ejecutando no sólo el mandato del legislador, sino además, complementándolo mediante los diversos poderes que el Ordenamiento Jurídico le atribuye. Por ende, la función administrativa no puede verse como la ciega y cerrada ejecución del precepto legal, sino como complementaria y ejecutiva de lo dispuesto por las normas superiores. Por otro lado, en su fase negativa, el principio se proyecta como límite y restricción del comportamiento público, pues cualquier actuación suya, deberá ajustarse a la norma de grado superior, so pena de invalidez. (Resolución N° 274-2005 SECCION PRIMERA DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, a las diez horas cincuenta y cinco minutos del seis de julio del dos mil cinco)…
De lo anteriormente señalado, es claro que el principio de legalidad sostiene que toda autoridad o institución pública puede actuar solamente en la medida en que se encuentre autorizada para hacerlo por el ordenamiento jurídico…” [15] A partir de lo expuesto y propiamente dentro del asunto cuestionado, valga indicar que de haberse anulado el acto de nombramiento, por los canales establecidos por el ordenamiento jurídico, para la sustitución del cargo vacante irremediablemente debe acudirse al ordinal 19 de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras y Filosofía, Ciencias y Artes, que en lo que nos interesa dispone:
“La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará en votación secreta, cargo por cargo, en Asamblea General Ordinaria, en los casos de elección por dos años o las sustituciones que en ese momento se presenten y en Asamblea General Extraordinaria los casos de sustitución motivada por incapacidad permanente en el desempeño del cargo, renuncias, muerte, etc.; la elección por aclamación no está permitida. En caso de empate, aun cuando haya sólo dos candidatos, se repetirá la elección entre los dos candidatos que hubieren tenido mayor número de votos y si persistiera el empate, quedará electo el candidato que tenga más tiempo de ser miembro del Colegio según el orden que lleva el mismo…” De conformidad con la normativa transcrita y teniendo absoluta claridad que la conducta de la administración Pública, se encuentra indubitablemente regida por el principio de legalidad, no cabe duda que por imperio de ley debe convocarse a una Asamblea General para proceder a la elección del sustituto del postulante, presuntamente, electo sin cumplir con los requerimientos de ley.
Ahora bien, referente al proceso electoral en general, ningún vicio, aparte del analizado supra, detecta este órgano técnico asesor. Tómese en cuenta, que el nombramiento de un postulante que no cumple con los requisitos exigidos, no tiene la fuerza de viciar el proceso en pleno, ya que, el vicio se circunscribe al yerro en la elección de este sujeto, único que se encuentra afectado por una prohibición expresa de la Ley para ostentar la condición de elegible en un cargo de la Junta directiva o del Tribunal Electoral y siempre y cuando el proceso que nos ocupa, se haya realizado en total apego a lo dispuesto por la normativa aplicable al efecto, ninguna violación podría endilgarse.
Tal ilación no podría ser distinta, si se consideran los principios que rigen el derecho electoral, entre los más relevantes, el impedimento del falseamiento de la voluntad popular, conservación de los actos y el de unidad del acto electoral.
Respecto de los cuales, la doctrina ha sostenido:
“…el impedimento del falseamiento de la voluntad popular, se impone de forma categórica sobre los otros dos. A no otra conclusión parece conducir la vigencia del principio democrático a que anteriormente hemos hecho referencia. Es decir, el respeto a la voluntad del cuerpo electoral, clara y válidamente manifestada, debe imponerse en todos los trámites y momentos del proceso electoral. O, dicho en otras palabras, el principio de conservación de los actos y el principio de unidad del acto electoral no son sino manifestaciones puntuales y concretas, del impedimento del falseamiento de la voluntad popular.
Y es que…se hace necesario armonizar dos principios, también acuñados por nuestra jurisprudencia constitucional, «la presunción de legalidad iuris tantum del acto de la Administración electoral, así como la conservación del acto de proclamación; y, de otro, la necesidad de impedir el falseamiento de la voluntad popular, de forma que no se asignen votos a quienes no los han obtenido, o cuando menos sin constancia de que fueran a su favor, ni se prive a quien los obtuvo de votos válidos por una interpretación puramente formalista de la legalidad vigente».
… una de las consecuencias que se derivan de la proclamación de estos tres principios, y que es consustancial a la propia esencia del Derecho Electoral, radica en que no toda irregularidad cometida a lo largo del proceso electoral tiene relevancia, sino únicamente aquellas que afectan al resultado final de las elecciones, a la manifestación de la voluntad popular en suma…” [16] De la cita realizada, se evidencia de manera irrefutable que en el proceso electoral debe prevalecer la voluntad expresamente manifestada por los electores respecto de los candidatos de su preferencia, debiendo producirse un vicio de tal magnitud que logre teñir de nulidad absoluta el proceso electoral, vicio que en el presente asunto no se denota.
A.- De conformidad con lo sostenido en el Dictamen C-328-2004 del 12 de noviembre del 2004, en el ordenamiento jurídico nacional los colegios profesionales son calificados como entes públicos no estatales, en tanto ejercen función administrativa.
B.- La Junta Directiva es el órgano colegiado ratificado por la Asamblea General de agremiados, con la finalidad última de cumplir y hacer cumplir lo que está dispuesto mediante la toma de acuerdos. Asimismo detenta facultades que le permiten gestionar de la forma que estime oportuna dentro de sus competencias, con la consecuente rendición de cuentas a la Asamblea citada.
C.- Si el sujeto que se postula, finalizó su labor como miembro de la Junta directiva o del Tribunal Electoral en abril, y pretende ser nombrado nuevamente en marzo del año siguiente, en el tanto y en el cuanto no esté posibilitado para la reelección, ciertamente no ha transcurrido el período exigido por el ordenamiento jurídico para que detente la posibilidad de integrar los cuerpos colegiados dichos.
D.- No cabe duda que si un agremiado adolece de uno o varios de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para ofrecer su candidatura, en la especie, no haber cumplido con el lapso temporal exigido por la normativa para postularse, indefectiblemente surge el incumplimiento de requisitos.
E.- Debe ponderarse la existencia de una nulidad absoluta o bien absoluta evidente y manifiesta respecto del acto de nombramiento, ya que este detenta un vicio en el motivo de tal envergadura que podría conllevar el reproche dicho.
F.- Los acuerdos en los que haya participado el postulante, cuya elección se encuentra viciada, se encontrarían teñidos de nulidad, empero, esta sería relativa. Por lo que, bien podrían subsanarse los acuerdos dichos, mediante el instituto jurídico de la convalidación.
G.- El procedimiento para ajustar a derecho un acto que podría teñirse de nulidad absoluta o bien absoluta evidente y manifiesta, se direcciona en dos aristas, la declaratoria de nulidad en vía administrativa o plantear el proceso de lesividad, cumplimiento, en cada caso, con los requerimientos impuestos por el ordenamiento jurídico al efecto.
H.- De haberse anulado el acto de nombramiento del postulante electo sin cumplir requisitos, por imperio de ley, debe convocarse a una Asamblea General para proceder a la elección del sustituto de este.
I.- Referente al proceso electoral en general, ningún vicio, aparte del analizado supra, detecta este órgano técnico asesor. Tómese en cuenta, que el nombramiento de un postulante que no cumple con los requisitos exigidos, no tiene la fuerza de viciar el proceso en pleno, ya que, el vicio se circunscribe al yerro en la elección de este sujeto, único que se encuentra afectado por una prohibición expresa de la Ley para ostentar la condición de elegible en un cargo de la Junta directiva o del Tribunal Electoral y siempre y cuando el proceso que nos ocupa, se haya realizado en total apego a lo dispuesto por la normativa aplicable al efecto, ninguna violación podría endilgarse. Tal ilación no podría ser distinta, si se consideran los principios que rigen el derecho electoral, entre los más relevantes, el impedimento del falseamiento de la voluntad popular, conservación de los actos y el de unidad del acto electoral.
De esta forma se evacua la gestión sometida a conocimiento de este órgano consultivo.
Atentamente,
Laura Araya Rojas Área Derecho Público [1] Procuraduría General de la República, dictamen C-328-2004 del 12 de noviembre del 2004 [2] Narváez García, José Ignació, Teoría General de las Sociedades, pag.325 [3] Procuraduría General de la República, Dictamen C-013-2002 del 14 de enero de 2002 [4] Jinesta Lobo Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, pag.547-548 [5] Ibídem [6] Procuraduría General de la República, dictamen C-165-2008 del 24 de Mayo de 2008.
[7] Procuraduría General de la República, dictamen C-195-2008 del 06 de junio de 2008 [8] Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia número 41-2004 de las nueve horas del veintisiete de febrero del 2004 [9] Procuraduría General de la República, Dictamen C-013-2002 del 14 de enero de 2002 [10] Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo. II. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1977, página 35.
[11] Procuraduría General de la República, dictamen C-162-2009 del 08 de junio de 2009 [12] Procuraduría General de la República, dictamen C-059-2009 del 23 de febrero del 2009 [13] Procuraduría General de la República, dictamen C- 140- 2005 del 21 de abril del 2005.
[14] Procuraduría General de la República, dictamen C-059-2009 del 23 de febrero del 2009 [15] Procuraduría General de la República, dictamen C-295-2009, del 22 de octubre del 2009.
[16] Alvarez Conde Enrique, Los principios del Derecho Electoral, pag. 12
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