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OJ-078-2005 · 14/06/2005
OutcomeResultado
The Attorney General's Office finds that the substitute text of the Comprehensive Health Law Reform has legislative technique problems and constitutional doubts regarding reproductive rights, prior censorship, legal reservation, and vague criminal provisions.La Procuraduría señala que el texto sustitutivo de la Reforma Integral a la Ley General de Salud presenta problemas de técnica legislativa y dudas de constitucionalidad en temas como derechos reproductivos, censura previa, reserva de ley y tipificación penal vaga.
SummaryResumen
The Attorney General’s Office reviews the substitute text of the bill for a Comprehensive Health Law Reform (legislative file 15.499). It identifies drafting issues and constitutional doubts: the term 'ente rector' must be 'órgano rector' (arts. 2, 292); mandatory health data reporting to the Ministry does not violate privacy if constitutional limits are respected (art. 5). The assignment of comprehensive care of addictions to the CCSS (art. 26) is analyzed regarding its constitutional autonomy; no violation found, but an inconsistency with art. 41 is noted. Articles on sexual and reproductive rights (44, 45) need precision about legal age. Regarding reproductive health, arts. 51 (pregnancy termination), 52 (emergency contraception), and 55 (assisted reproduction) raise serious constitutional doubts given the protection of life from conception and the Constitutional Chamber’s case law. Article 238, conditioning school enrollment on vaccination certificates, is a disproportionate restriction of the right to education. Articles 327 and 328 on dissemination of health information could infringe the prohibition of prior censorship. The generic criminal provision in art. 435 is incompatible with the principle of legality. Legal reservation is required for the functions of the National Council for Health Research (arts. 67-68).La Procuraduría analiza el texto sustitutivo del proyecto de Reforma Integral a la Ley General de Salud (exp. 15.499). Señala problemas de técnica legislativa y dudas de constitucionalidad en varios artículos: la expresión 'ente rector' debe ser 'órgano rector' (art. 2 y 292); la obligación de proporcionar datos al Ministerio de Salud no vulnera la intimidad si se respetan los límites constitucionales (art. 5). Se analiza si atribuir a la CCSS la atención integral de adicciones (art. 26) lesiona su autonomía constitucional, concluyendo que no, aunque se detecta contradicción con el art. 41. Los artículos sobre derechos sexuales y reproductivos (44, 45) requieren precisión sobre la edad legal. Los artículos 51 (interrupción del embarazo), 52 (anticoncepción de emergencia) y 55 (reproducción asistida) presentan serias dudas de constitucionalidad frente a la protección de la vida desde la concepción y la jurisprudencia constitucional. El art. 238, que condiciona la matrícula escolar a la presentación de carnés de vacunación, se considera una restricción desproporcionada del derecho a la educación. Los artículos 327 y 328 sobre difusión de información sanitaria podrían infringir la prohibición de censura previa. El tipo penal genérico del art. 435 se considera incompatible con el principio de legalidad penal. Se advierte reserva de ley para las funciones del Consejo Nacional de Investigación en Salud (arts. 67-68).
Key excerptExtracto clave
Article 435 states that whoever infringes the provisions of this law or fails to comply with the orders or special sanitary measures issued by the health authorities commits the crime of disobedience and shall be punished with imprisonment from fifteen days to one year and a fine of up to five base salaries according to the situation and transgression committed. (...) The High Court has also indicated, in rulings 5964, 5755, 5594 and 4100, all from 1994, the following: 'The use of generic terms such as ‘Infractions of the provisions of this law…’, when defining conduct as a crime, is contrary to Article 39 of the Constitution due to its vagueness and must be so declared.' (...) Hence, the recommendation is to redraft this criminal provision, limiting it to indicate that failure to comply with orders or special sanitary measures issued by health authorities constitutes the crime of disobedience, which, of course, has the penalty established in the Penal Code. Special commentary is warranted for articles 327 and 328 of the substitute text. (...) In the case at hand, the provisions under review establish prior censorship in the cases indicated, all of which could be contrary to constitutional law and the American Convention on Human Rights. (...) The articles on sexual and reproductive rights (44, 45) require precision to harmonize the legal system. In this regard, both provisions should specify 'all persons of legally permitted age,' since, as is well known and as follows from criminal legislation, sexual relations with minors and among minors are not authorized by the legal system. (...) Article 51, which states that all women, girls, adolescents, and adults whose pregnancy endangers their life have the right to information about the risk of continuation as well as to its termination, could pose application problems and constitutional doubts. (...) In view of the foregoing, the cited provision, as well as article 52, which allows all women, in the event of unprotected intercourse or sexual rape, the right to access emergency contraception in an agile, timely, and effective manner, are of highly dubious constitutionality.El numeral 435 señala que quien infrinja las disposiciones de la presente ley y el omiso en el cumplimiento de las órdenes o de las medidas sanitarias especiales que dicten las autoridades de salud, comete el delito de desobediencia y será reprimido con prisión de quince días a un año y multa de hasta cinco salarios base de acuerdo a la situación y transgresión efectuada. (...) También ha indicado el Alto Tribunal, en los votos n.° 5964, 5755, 5594 y 4100, todos de 1994, lo siguiente: 'La utilización de términos genéricos como ‘Las infracciones a lo dispuesto en esta ley…’, al tipificar una conducta como constitutiva de delito, resulta por su vaguedad, contraria a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución y así debe declararse'. (...) Así las cosas, se recomienda recomponer este tipo penal, limitándose a indicar que el omiso en el cumplimiento de las órdenes o de las medidas sanitarias especiales que dicten las autoridades de salud, comete el delito de desobediencia, el cual, obviamente, tiene la pena establecida en el Código Penal. Especial comentario merecen los artículos 327 y 328 del texto sustitutivo. (...) En el caso que nos ocupa, las normas que estamos comentando establecen una censura previa en los casos que ahí se indica, todo lo cual podría ser contrario al Derecho de la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (...) Los artículos sobre derechos sexuales y reproductivos (44, 45) requieren precisión para la armonización del ordenamiento jurídico. En esta dirección, debe indicarse, en ambas normas, que 'todas las personas en edad legalmente permitida', pues, como es bien sabido, y así se desprende de la legislación penal, las relaciones sexuales con menores y entre menores no están autorizadas por el ordenamiento jurídico. (...) El numeral 51, que indica que toda las mujeres, niñas, adolescentes y adultas cuyo embarazo ponga en riesgo su vida, tienen derecho a la información sobre el riesgo que conlleva su continuación, así como a la su interrupción, podría presentar algunos problemas en su aplicación y dudas de constitucionalidad. (...) Vista así las cosas, el citado numeral, al igual que el numeral 52, que le permite a todas las mujeres, en caso de relaciones coitales sin protección o de violación sexual, el derecho al acceso a la anticoncepción de emergencia, de manera ágil, oportuna y eficaz, son de muy dudosa constitucionalidad.
Pull quotesCitas destacadas
"La utilización de términos genéricos como ‘Las infracciones a lo dispuesto en esta ley…’, al tipificar una conducta como constitutiva de delito, resulta por su vaguedad, contraria a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución."
"The use of generic terms such as ‘Infractions of the provisions of this law…’, when defining conduct as a crime, is contrary to Article 39 of the Constitution due to its vagueness."
Consideraciones sobre el artículo 435
"La utilización de términos genéricos como ‘Las infracciones a lo dispuesto en esta ley…’, al tipificar una conducta como constitutiva de delito, resulta por su vaguedad, contraria a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución."
Consideraciones sobre el artículo 435
"Las normas que estamos comentando establecen una censura previa en los casos que ahí se indica, todo lo cual podría ser contrario al Derecho de la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos."
"The provisions under review establish prior censorship in the cases indicated, all of which could be contrary to constitutional law and the American Convention on Human Rights."
Consideraciones sobre artículos 327 y 328
"Las normas que estamos comentando establecen una censura previa en los casos que ahí se indica, todo lo cual podría ser contrario al Derecho de la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos."
Consideraciones sobre artículos 327 y 328
"El numeral 51, que indica que todas las mujeres, niñas, adolescentes y adultas cuyo embarazo ponga en riesgo su vida, tienen derecho a la información sobre el riesgo que conlleva su continuación, así como a su interrupción, podría presentar algunos problemas en su aplicación y dudas de constitucionalidad."
"Article 51, which states that all women, girls, adolescents, and adults whose pregnancy endangers their life have the right to information about the risk of continuation as well as to its termination, could pose application problems and constitutional doubts."
Consideraciones sobre el artículo 51
"El numeral 51, que indica que todas las mujeres, niñas, adolescentes y adultas cuyo embarazo ponga en riesgo su vida, tienen derecho a la información sobre el riesgo que conlleva su continuación, así como a su interrupción, podría presentar algunos problemas en su aplicación y dudas de constitucionalidad."
Consideraciones sobre el artículo 51
"El citado numeral, al igual que el numeral 52, que le permite a todas las mujeres, en caso de relaciones coitales sin protección o de violación sexual, el derecho al acceso a la anticoncepción de emergencia, de manera ágil, oportuna y eficaz, son de muy dudosa constitucionalidad."
"The cited provision, as well as article 52, which allows all women, in the event of unprotected intercourse or sexual rape, the right to access emergency contraception in an agile, timely, and effective manner, are of highly dubious constitutionality."
Consideraciones sobre artículos 51 y 52
"El citado numeral, al igual que el numeral 52, que le permite a todas las mujeres, en caso de relaciones coitales sin protección o de violación sexual, el derecho al acceso a la anticoncepción de emergencia, de manera ágil, oportuna y eficaz, son de muy dudosa constitucionalidad."
Consideraciones sobre artículos 51 y 52
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Legal Opinion: 078 - J of 06/14/2005 OJ-078-2005 June 14, 2005 Licenciada Sonia Mata Valle Head of the Area of the Permanent Ordinary Commission of Social Affairs Legislative Assembly Dear Madam:
With the approval of the Procuradora General de la República, I am pleased to refer to your official communication no. CPAS-09-15.499 of May 12, 2005, through which you request the opinion of the Higher Technical-Legal Advisory Body on the substitute text of the bill called "Comprehensive Reform of the General Health Law," which is being processed under legislative file no. 15.499.
It is necessary to clarify that the opinion set forth below is merely a legal opinion of the Procuraduría General de la República and, therefore, has no binding effect on the Legislative Assembly as it is not Public Administration. It is done as a collaboration in the important work carried out by the deputy.
**I.- SUMMARY OF THE BILL.** As indicated in the statement of motives and as can be inferred from its articles, this legislative initiative enacts a new General Health Law, which regulates, among others, the following matters: comprehensive, individual, family, and collective health; users of public and private health services; scientific research and technological management in health; health science professionals; health and related establishments; activities related to biomedical materials and equipment and similar; the national health surveillance system; health information and advertising; the conservation and improvement of the human environment; etc.
Given the breadth of the text—more than 400 articles—and the matters regulated, we will refer, in this legal opinion, only to those aspects that present some problem of legislative technique or where there are doubts of constitutionality, on the understanding that technical matters, pertaining to other disciplines, will be addressed, with propriety and scientific rigor, by the competent bodies and entities that have also been consulted on the text under study.
**II.- ON THE MERITS.** Article 1 states, quite properly, that health and a healthy environment are fundamental human rights of persons protected by the State. In addition, it establishes the legal duty of all natural and legal persons inhabiting the national territory to contribute to their construction and conservation. This rule is in tune with what the Constitutional Court has established on the matter. Indeed, the High Court, in abundant jurisprudence, has recognized that the Right to Health has constitutional coverage. According to it, this important right is derived from the right to life (Article 21 of the Constitution) and from a healthy environment (Article 50 of the same normative body). (See, among other rulings, 725-98 and 7154-94).
Consequently, the State has the responsibility to ensure that all persons receive health services in a timely manner (see, among other resolutions, no. 4578-97 of the Constitutional Chamber). "Modernly, the determining role that the State must play is undeniable, and in the case before us, the State of Costa Rica, represented by the Ministry of Health in this field, regarding the establishment of programs for the protection of that fundamental value of all citizens." (See ruling no. 2522-97 of the Constitutional Court).
Now, the State not only has the responsibility that all inhabitants of the Republic have access to health services, in order to satisfy that fundamental right that assists them, but it is called upon to protect it efficiently and quickly. (See ruling no. 661-96 of the Constitutional Court). The foregoing means, and within a contemporary conception of medicine that emphasizes prevention rather than cure, that the Law of the Constitution imposes on the State the duty to ensure, by all reasonable and technically viable means, that the inhabitants of the Republic do not suffer damage to their health.
In numeral 2 there is a legal technical imprecision, when it speaks of the Poder Ejecutivo, through the Ministry of Health, being the "ente rector" (governing entity) in the matter, when in reality said Ministry is an "órgano" (body) of the Public Administration, since, as is well known, the entity is the State, which enjoys legal personality (center of imputation of rights and obligations), and not the bodies that comprise it, which do not enjoy such a legal attribute. For this reason, the expression "ente rector" (governing entity) must be changed to "órgano rector" (governing body).
Article 5 indicates that every natural or legal person is obliged to provide, truthfully and in a timely manner, in the terms, deadlines, and means established in said law or in the respective regulation, the data and information that the Ministry requests for the purposes of preparation, analysis, and dissemination of health statistics, for health surveillance, the evaluation of health services and inputs, the management of environmental health, the distribution of resources, as well as for other studies of health management in order to formulate adequate solutions to public health problems.
Seen in this way, someone might think that the cited numeral violates the right to privacy. As is well known, Article 24 of the Constitution guarantees the right to privacy to all inhabitants of the Republic. Furthermore, this right finds its basis in the international sphere in Articles 12 and 13 of the Declaration of Human Rights and in Articles 11, 12, and 13 of the American Convention on Human Rights. Article 12 of the Universal Declaration states: "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks." Regarding the content of the right to privacy, there is no intersubjectivity in national and international doctrine or in jurisprudence, as there are three types or classes of positions: a restrictive concept, a concept closely related to some other individual guarantees, and a broad or comprehensive concept of all individual guarantees granted to the person.
a.- Restrictive concept: it is one that defines the right to privacy as an irreducible sphere of the human being, a private sphere of his life, without making immediate reference to other guarantees such as the right to one's image, home, and correspondence. Starting from a restrictive concept, privacy refers, primarily, to a person's own, private space, which only acquires its full meaning vis-à-vis others, both to assert it before and against them and oppose it to them (negative or defensive aspect), and to share it with them and articulate it with those of others (positive aspect). Within this restrictive concept, we find resolutions of the Sala Constitucional that have affirmed: "The right to privacy, among other things, is the individual's right to have a personal sector, a private sphere of his life, inaccessible to the public except by the express will of the interested party." S.C.V. 678-91; "For the Chamber, the right to private life can be defined as the sphere into which no one can intrude." S.C.V. 4463-96.
b.- Concept related to other individual guarantees: this concept defines the content of the right to privacy as including the right to one's image, the right to one's home, and correspondence. Some authors even include freedom of transit as part of the content of the right to privacy. Thus, for example, in the same resolution S.C.V. 4463-96, it is indicated: "the right to privacy has a positive content that manifests itself in multiple forms, such as, for example, the right to one's image, home, and correspondence. Within this conceptual line, Article 33 of the Portuguese Constitution of 1976 recognizes for all: 'the right to personal identity, good name, reputation, and the reserve of their privacy in private and family life'; Article 18 of the Spanish Constitution of 1976 guarantees the right to honor, personal and family privacy, and one's own image. Within this line, in addition to the previous manifestations, as one of the guarantees related to the right to privacy, freedom of transit is also included, thus resulting from the relationship of constitutional norms 22, 23, 28, and 41 with 24.
c.- Broad concept: within this idea, it is intended that the right to privacy would come to include all the fundamental freedoms of the individual; it would be like the individual guarantee par excellence, which could be assimilated in the substantive sphere to the guarantee of due process. In this sense, María Virginia Cajiao Jiménez, in her thesis "Protección al derecho a la intimidad frente al uso de Banco de Datos de carácter personal," 1995, indicates the following: "the right to privacy is situated within the framework of those human rights that are usually qualified as 'individual,' as opposed to 'social' ones, which leads us to the existence of fundamental rights that man possesses by the mere fact of being a man and that must be enshrined and guaranteed by the political society." Our jurisprudence has also alluded to this broad sense: in judgment S.C.V. 6497-96, the following was stated: "As doctrine recognizes, there is a great difficulty in clarifying the rights that make up private life. This is so because it can be examined from an intimist point of view or, on the contrary, introduce into it all fundamental freedoms, thereby running the risk that this right loses specificity. The right to privacy has a positive content that manifests itself in multiple forms, such as, for example: the right to one's home and correspondence." Now, constitutional numeral 24 itself indicates that a special law, approved by two-thirds of the total number of deputies, may determine which other bodies of the Public Administration may review documents that said law indicates in relation to the fulfillment of their regulatory and surveillance powers to achieve public purposes. In our view, this constitutional precept—which refers to the review of documents—together with constitutional numerals 21 and 50 constitute sufficient basis to uphold the constitutionality of the legal precept we are glossing. Furthermore, based on the principles of interpretation of the unity of the Constitution, which indicates that its norms cannot be interpreted in isolation but must be considered as forming part of the whole, in order to avoid contradiction between them; and the principle of harmonization or practical concordance, which indicates that constitutionally protected legal interests must be coordinated in such a way that the solution to the problem preserves their identity, that is, that where collisions occur between them, one must not, through a hasty "balancing of interests" or even an abstract "balancing of values," realize one at the expense of the other (See: DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. "Los Derechos a la Igualdad y no Discriminación por Razón de Sexo en el Derecho Constitucional". En Discriminación Sexual y Aplicación de la Ley. Defensoría del Pueblo Jirón, Ucayali, Lima, no. 388, August, 2000, p. 152), numeral 5 of the bill does not entail an emptying of the essential content of the right to privacy; moreover, it constitutes a limitation that seeks to concretize a constitutional objective—to protect, guarantee, and promote the right to health of the inhabitants of the Republic; it is objective, reasonable, and proportional, that is, there is a logical and adequate relationship between the means employed and the end pursued; besides the fact that the least burdensome path for public freedom is chosen.
Article 26 of the bill attributes to the Caja Costarricense de Seguro Social comprehensive health care and the rehabilitation of persons with addictions. On this point, there is doubt as to whether this legal precept could harm the autonomy, in matters of government and administration, that the Law of the Constitution assigns to this entity (Article 73 of the Constitution). On the matter, in opinion C-103-2002 of April 19, 2002, we expressed the following:
"On the other hand, in this analysis we cannot lose sight of the fact that the CCSS enjoys political and administrative autonomy in the administration and government of social security. In this regard, in legal opinion O.J.-062-2001 of May 30, 2001, we expressed the following:
'II. ON THE AUTONOMY OF THE CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL:
The Political Constitution originally stipulated, in its Article 188, that autonomous institutions enjoyed 'independence in matters of government and administration,' that is, autonomy in both spheres.
As Mauro Murillo well sustained more than two decades ago (La descentralización administrativa en la Constitución Política, in: Revista de Ciencias Jurídicas, San José, no. 30, September-December 1976, pp. 82 and 83.), whose words are reproduced in the constitutional judgment cited by the claimant (no. 6256-94), administrative autonomy implies the legal possibility of the respective organization to carry out its legal task without subjection to another entity (capacity for self-administration); while political or governmental autonomy consists of the aptitude of the entity to set or fix its own objectives or directives (capacity for political self-government or self-direction). Or, in terms of a recent resolution of the Chamber itself, '... the power of government alludes to the determination of policies, goals, and general means, more or less discretionary, while that of administration fundamentally implies the realization of those policies, goals, and general means, using and, therefore, establishing in turn means, directions, or more concrete and more or less regulated conducts ...' (ruling no. 6345-97 of 8:33 a.m. on October 6, 1997).
In 1968, however, the referred constitutional precept was modified to subject those autonomous institutions 'to the law in matters of government.' It is rightly sustained in the last cited resolution that said constitutional reform obeyed the purpose of '... relativizing a myth of institutional autonomy that hindered the binding effectiveness of national development Planning ...'; a reform that constitutes what some university work described, in its time, as the spearhead of a process of 'administrative recentralization' that allowed the Poder Ejecutivo to regain political control over the decentralized administrative sector (See the thesis by Luis Antonio Sobrado and Jaime David Tischler titled Autonomía universitaria: contexto histórico, descentralización administrativa y Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1985, p. 177 et seq.).
Undoubtedly, the aforementioned amendment allowed increasing the level of administrative oversight that the Poder Ejecutivo exercised over the autonomous institutions, through the promulgation of legal norms that designed different instruments of that nature. Thus, for example, it has been rightly said that said reform allowed imposing upon them '... the criteria of national planning and in particular, subjecting them to the directives of a general nature dictated by the central Poder Ejecutivo or by bodies of the Central Administration (called to complement or supervise that general policy). As part of those political bodies, the Autoridad Presupuestaria was established, with the purpose of formulating and executing the general directives on salaries, among others, emanating from the Poder Ejecutivo or from bodies of the central administration ...' (ruling no. 3309-94 of 3:00 p.m. on July 5, 1994). As we shall see, the figure of the executive president, introduced into our legal system in 1974, whose existence would have been unconstitutional before 1968, is in that same circumstance.
Now, it remains to be determined whether the aforementioned reform of Article 188 of the Political Constitution affected the autonomy of the Caja Costarricense de Seguro Social, since Article 73 of the same Fundamental Text entrusts it with the 'administration and government of the social security.' The classic answer to that question was given, in our milieu, by Mauro Murillo himself:
'If this [referring to the Caja] has not only the administration but also the «government» of the matter of its competence, if the Constituent Assembly had a clear awareness of the distinction between «administration» and «government», as demonstrated by the original and current text of Article 188, and in case of conflict over norms of the same body, the principle that the specific prevails over the general applies, there is then no doubt that the autonomy of the Caja did not suffer any diminishment in the reform alluded to so many times' (La descentralización administrativa en la Constitución Política, in: Derecho Constitucional costarricense, San José, Juricentro, 1983, p. 287.).
The Sala Constitucional seems to have endorsed this thesis not only on the occasion cited by the claimant ('The Caja Costarricense de Seguro Social finds its guarantee of existence in Article 73 of the Constitution, with the following particularities: a) ... b) the norm grants exclusively to the Caja Costarricense de Seguro Social, the administration and government of the social security, a degree of autonomy that is, of course, different and superior to that defined in general terms in Article 188 ibid.', ruling no. 6256-94). Also in its resolution no. 3403-94 it established the following:
'Article 73 of the Political Constitution, which establishes social security, entrusts its administration and government to the Caja Costarricense de Seguro Social, granting this institution a degree of autonomy distinct and superior to that defined in general terms in Article 188 ibid ...' (3:42 p.m. on July 7, 1994)'.
In the third place, as the Legal Directorate of the CCSS well indicates, there is a very dispersed set of rules regulating the matter we are analyzing. Indeed, Law no. 5412 of November 3, 1973, 'Ley Orgánica del Ministerio de Salud', in its Article 21, states the following:
'Article 21.- The Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia shall be in charge of the study, prevention, treatment, and rehabilitation of alcoholism and drug dependency, as well as the coordination and approval of all public and private programs aimed at those same ends'.
For its part, Decreto Ejecutivo no. 26477-S of October 8, 1997, 'Reglamento General del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia' (IAFA), in its numerals one and two, expresses the following:
' Article 1.- The Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia is the specialized entity in the drug phenomenon; which shall be in charge of the development, advising, and promotion of comprehensive actions related to said phenomenon that contribute to improving the quality of life of society. Likewise, it is in charge of coordinating and approving all public and private programs related to those same ends, and must manage their suspension if they fail to comply with the guidelines established for that purpose'.
'Article 2.- The objectives of the Institute are:
(...)
(...)
Also, Law no. 7786 of April 30, 1998, 'Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas', and its reforms, indicates, in Articles 3, 100, and 166, the following:
'Article 3º.- It is the duty of the State to prevent the improper use of narcotics, psychotropic substances, and any other product capable of producing physical or psychic dependence; likewise, to ensure the prompt identification, treatment, education, aftercare, rehabilitation, and social readaptation of affected persons, and to procure the necessary economic resources to recover drug-dependent persons and those affected, directly or indirectly, by drug use, in order to educate them, provide them with physical and mental rehabilitation treatment, and readapt them to society.
Treatments shall be in charge of the Ministry of Health, the Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), and the Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), and any other entity or institution legally authorized by the State. If dealing with minors, to achieve said treatment the Patronato Nacional de la Infancia (PANI) must issue the necessary protection measures provided for in the Código de la Niñez y la Adolescencia.
In all cases, it corresponds to the IAFA to exercise technical stewardship and supervision in matters of prevention and treatment, as well as to propose, design, and evaluate drug use prevention programs'.
'Article 100.-The Instituto Costarricense sobre Drogas shall design the Plan Nacional sobre Drogas and shall coordinate the policies for the prevention of drug use, the treatment, rehabilitation, and reintegration of drug-dependent persons, as well as policies for the prevention of crime: use, possession, commercialization, and illicit trafficking of drugs, narcotics, psychotropics, inhalable substances, drugs and pharmaceuticals capable of producing physical or psychic dependence, precursors, and controlled chemical substances, according to the international conventions signed and ratified by Costa Rica and in accordance with any other legal instrument that is approved on this matter and those included in the official lists published periodically in La Gaceta.
In matters of use prevention, treatment, rehabilitation, and reintegration, it corresponds to the IAFA to coordinate and approve all public and private programs oriented to these ends'.
'Article 166. - The CCSS is authorized to create specialized centers for the care of drug-dependent persons, within a maximum period of four years'.
Also, Law no. 7972 of December 24, 1999, 'Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para Financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en Riesgo Social, Personas Discapacitadas Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, Apoyo de la Cruz Roja y Derogación sobre las Actividades Agrícolas y su Consecuente Sustitución', in its Article 15, states the following:
'Article 15.- The resources referred to in subsection a) of Article 14 of this law shall be allocated, via transfer from the Ministry of Finance, in the following manner:
(...)
Of this percentage, two and a half percent (2.5%) shall be remitted in equal parts in favor of the Asociación Misionera Club de Paz, legal ID No. 3-002-092400, and the Asociación Ejército de Salvación, legal ID No. 3-002-045556. These sums may only be used in programs for bathing, feeding, and dormitory for the needy and indigent alcoholic and drug-dependent population.
Of the total resources destined to the IAFA, it must finance the establishment and maintenance of shelters for the treatment of drug-addicted women in the provinces of Limón and Puntarenas'.
Furthermore, in Decreto Ejecutivo no. 29819-MP of September 11, 2001, 'Plan y Estrategia Antidroga del Gobierno de la República', in its recitals and in Articles 4 and 18, the following is indicated:
'Strengthens the Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) as the technical governing body and supervisor in actions aimed at recovering drug-dependent persons and persons affected, directly or indirectly, by drug use, with the purpose of educating them, providing them with physical and mental rehabilitation treatment, and readapting them to society (arts. 3, 5 and 92 of Law No. 7786).
Deposits with the Ministry of Health and the Caja Costarricense del Seguro Social, the treatment of drug addicts (art. 3 of Law No. 7786)'.
'Article 4º.- Of the Coordinating Bodies. The Antidrug Strategy of the Government of the Republic shall be coordinated by the Centro Nacional de Prevención contra Drogas (CENADRO) in all areas of the drug phenomenon, the Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) as the technical governing body in matters of use prevention and the rehabilitation, treatment, and reintegration of drug addicts; the Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) in matters of diagnosis and treatment; the Área de Control de Drogas Estupefacientes, Psicotrópicas y Precursores of the Ministry of Health, as the governing body in the control and surveillance of the importation of narcotic, psychotropic drugs, and chemical precursors; the Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD) in the coordination of police actions regarding illicit trafficking, legitimization of capital from drug trafficking, and diversion of precursors; and the Ministerio Público of the Judicial Branch in the direction and control of repressive investigations and application of criminal law'.
'Article 18. - Of the goals and strategies of the Specific Plan for diagnosis, rehabilitation, and reintegration. The National Strategy of the Government of the Republic has six goals for the fulfillment of the Specific Plan for the diagnosis, treatment, rehabilitation, and reintegration of drug addicts into society: a) Establishment of specialized services within the National Health System intended for the diagnosis and care of drug-dependent patients, which shall be carried out through the following strategies: Carry out a diagnosis of the current state of treatment services and facilities, defining needs and priorities for their development. Manage infrastructure and human and material resources, when appropriate, to guarantee the coverage and efficiency of specialized services in hospital emergency rooms. Implement outpatient and/or hospital treatment programs, within the National Health System, under the responsibility of the Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), for the care of the addict and their family members. Update the registry of morbidity, disability, and diagnosis of addiction in Hospitals and Clinics under the responsibility of the Caja Costarricense del Seguro Social. b) Evaluation and support for the development of treatment and rehabilitation programs of non-governmental entities, technically and financially support the extension or multiplication of those experiences that demonstrate better results. The strategies to be followed are the following: Establish standardized norms and procedures for the evaluation of results and measurement of the efficiency and feasibility of treatment and rehabilitation methods used by NGOs, with the technical stewardship of the IAFA and the support of the Caja Costarricense del Seguro Social'.
As can be observed, the legal and regulatory framework regulating this matter is very dispersed; nonetheless, we can visualize some constants that are crucial for resolving the issue submitted to us for study. From the transcribed norms, it emerges, without a doubt, that the IAFA has the legal duty to provide treatment for drug-dependent persons and persons affected by drug use. In the first place, because the legislator, in the most recent laws (no. 8204 and no. 7972), continued assigning that function to it. If the legislator's intention had been different, it would have so provided. Even in Law no. 8204, which comprehensively reformed Law no. 7786, it is clearly indicated that the treatments of drug-dependent persons will be in charge of the Ministry of Health, the CCSS, and the IAFA, and any other entity or institution legally authorized by the State. In the same vein, the legislator pronounced itself in Law no. 7972, by allocating resources to the IAFA to finance programs for the care, shelter, rehabilitation, and treatment of persons with alcoholism and drug dependency problems.
Furthermore, the fact that the IAFA is the governing body for prevention of drug use, treatment, rehabilitation, and reintegration, does not in any way mean that it is exempt from providing the treatment and rehabilitation service to drug-dependent persons and people affected by drug use. Although it is true, and in accordance with sound legal-administrative technique, the directing function should not be assigned together with the executing function to the same body or entity, from the perspective of Constitutional Law (values, principles, and norms), there is no legal impediment for the legislator to act in that direction. Ergo, the legislator is authorized to assign both functions to a single body or entity. From this perspective, the directing function does not exclude the executing function. In the case at hand, it so happens that the legislator assigns the directing and executing functions in the matter we are analyzing to the IAFA, although in the case of the latter, not exclusively, as is the case with the former.
Furthermore, we must draw attention to the following. Given the degree of autonomy that Constitutional Law guarantees to the CCSS, as indicated supra, this entity cannot be subject to the guidelines issued by the IAFA in this matter; therefore, if it were to completely assume the function of treatment and rehabilitation of drug-dependent persons, the only body that would have competence to set the policies, guidelines, and orders in this area would be its Board of Directors. From what we have said so far, a logical and necessary conclusion follows: between the IAFA and the CCSS, only a coordination relationship can exist, never one of direction, because the directive, in everything concerning the governance and administration of social insurance, is incompatible with the degree of autonomy that Constitutional Law grants and guarantees to the CCSS. This is an aspect that the legislator and the Executive Branch must keep in mind, since, in the eventual case that everything related to treatment and rehabilitation were transferred to the insurance entity, the IAFA's reason for being would be reduced to a minimum, specifically: to the prevention of drug use.
It is indicated as an argument in favor of the treatment and rehabilitation of drug-dependent persons not being the competence of the IAFA as a consequence of the validity of Law No. 7374 of December 3, 1993, 'Approval of the Loan Contracts Signed between the Inter-American Development Bank and the Government of Costa Rica', which in its articles 7 and 9, as relevant, authorizes the CCSS to assume health care and preventive services. However, these norms are not applicable to the case under analysis, for the simple reason that they refer to programs of the Ministry of Health currently assigned to the preventive care of individuals, a topic that has very little to do with the treatment and rehabilitation of the drug-dependent person, an issue that is subsumed within therapeutic treatment, that is, within the medical technique aimed at healing the illness." In the aforementioned opinion, we concluded that the IAFA has the legal duty to provide treatment for drug-dependent persons and people affected by drug use; and that, according to current legislation, both the IAFA and the CCSS were responsible for the care of said patients. Seen in this light, there is no problem of constitutionality in the sense that the CCSS be assigned, through Law, exclusively, the care of these patients, since what is done with such an act is to develop constitutional provision 73, which attributes social sickness insurance to this entity. In other words, the care of these sick persons falls within the purposes that the Constituent imposed on this entity.
Now then, if the Legislative decision is that the Ministry of Health, and in particular the IAFA, should not provide care to people affected by drug use, but rather that the CCSS should provide this service exclusively, provision 41 is not congruent when it states that persons with severe mental or behavioral disorders, drug-dependent persons, or alcoholics will be cared for in establishments authorized for this purpose by the Ministry of Health. Thus, there is a logical contradiction between provisions 25 and 41 of the draft law.
In Article 44, which indicates that all persons, without discrimination of any kind, have the right to have living conditions that allow them to make effective their sexual and reproductive rights and to enjoy satisfactory and safe reproductive health, as well as provision 45, which states that every person has the right to the full exercise of their sexuality in a free, voluntary, and responsible manner, both require some precision for the harmonization of the legal system. In this direction, it must be indicated, in both norms, that "all persons of legally permitted age", since, as is well known, and as follows from criminal legislation, sexual relations with minors and between minors are not authorized by the legal system. Furthermore, we do not believe that the intention of the drafters, in this area, is to modify the status quo.
Article 51, which indicates that all women, girls, adolescents, and adults whose pregnancy puts their life at risk have the right to information about the risk involved in its continuation, as well as to its interruption, could present some problems in its application and doubts regarding constitutionality.
As is known to all, provision 21 of the Fundamental Charter opted for the inviolability of life from conception. In this direction, the Constitutional Court, in opinion 2792-04, expressed, without any doubt, the following:
"III.- On the Merits.- The claimant's complaint is based on the judgment of this Chamber number 2306-2000 of fifteen hours twenty-one minutes on the fifteenth of March two thousand. It is therefore important to begin with a transcription of what was said there in relation to the topic under discussion:
‘[...]
V.- The constitutional protection of the Right to Life and the Dignity of the human being: The beginning of human life. The rights of the person, in their vital dimension, refer to the primordial manifestation of the human being: life. Without human existence, it is nonsense to speak of rights and freedoms, therefore the human being is the ultimate reference for the imputation of fundamental rights and freedoms. For the human being, life is not only an empirically verifiable fact, but it is a right that belongs to them precisely because they are alive. The human being is the holder of a right not to be deprived of their life nor to suffer illegitimate attacks by the State or by private parties, but not only that: the public power and civil society must help them defend against dangers to their life (whether natural or social), such as unsanitary conditions and hunger, just to give two examples. The question, when does human life begin? has transcendental importance in the matter discussed here, since it must be defined from when the human being is a subject of legal protection in our system. There are divergences among specialists. Some consider that human embryos are entities that are in a state of development where they possess nothing more than a simple potential for life. They describe the development of life in this initial stage by saying that the gamete —a sexual or germinal cell that has reached maturity, generally with a haploid chromosome number, with a view to associating with another cell of the same origin to form a new plant or animal— unites with one of the opposite sex and forms a zygote (which will later divide), then a pre-embryo (up to the fourteenth day after fertilization), and finally, an embryo (beyond the fourteenth day and at the moment of cellular differentiation). They point out that before the fixation of the pre-embryo, it is composed of undifferentiated cells, and that this cellular differentiation does not happen until after it has fixed onto the uterine wall and after the appearance of the primitive streak —the first outline of the nervous system—; from that moment on, organ systems and organs are formed. Those who hold this position affirm that it is not until after the tenth to fourteenth day after fertilization that life begins, and that it is not clear that a human embryo is a unique individual before that moment. On the contrary, others maintain that every human being has a unique beginning that occurs at the very moment of fertilization. They define the embryo as the original form of the being or the youngest form of a being and opine that the term pre-embryo does not exist, because before the embryo, in the preceding stage, there is a spermatozoon and an ovum. When the spermatozoon fertilizes the ovum, that entity becomes a zygote and therefore an embryo. The most important characteristic of this cell is that everything that will allow it to evolve into the individual is already in place; all the necessary and sufficient information to define the characteristics of a new human being appear gathered in the meeting of the twenty-three chromosomes of the spermatozoon and the twenty-three chromosomes of the oocyte. It has been said that scientific induction has had knowledge of the novelty of the 'unique creature' for more than fifty years, but since the information written in the DNA molecule of the chromosome was tiny, it was approximately until 1987 that this assumption became a scientifically demonstrable reality. When describing the segmentation of cells that occurs immediately after fertilization, it is indicated that in the three-cell stage there exists a minuscule human being, and from that phase onward, every individual is unique, rigorously different from any other. In summary, as soon as it is conceived, a person is a person, and we are before a living being, with the right to be protected by the legal system, as demonstrated below. This second position is in accordance with the norms of International Human Rights Law in force in Costa Rica.
VI.- The protection of the right to life and the dignity of the human being in international instruments in force in Costa Rica and in our Political Constitution. From the principle of inviolability of life, several corollaries and annexed rights are derived. Among them, it should be noted that, since the right is declared in favor of all, without exception —any exception or limitation destroys the very content of the right—, it must be protected both in the being already born and in the unborn, from which derives the illegitimacy of abortion or the restitution of the death penalty in countries where it no longer exists. International regulations, without being very extensive, establish solid guiding principles in relation to the topic of human life. By way of enumeration, we can say that the value of human life finds international normative protection in Article I of the American Declaration of the Rights and Duties of Man —adopted at the IX International American Conference, Bogotá, 1948, which affirms: 'Every human being has the right to life, liberty and the security of his person'—, Article 3 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and Article 4 of the Pact of San José, in which the right to life has a much more elaborate recognition and protection. A person is every human being (Article 1.2) and every person 'has the right to recognition of his juridical personality' (Article 3), both norms of the Pact of San José. There are no human beings of different legal categories; we are all persons, and the first thing that our legal personality demands from others is the recognition of the right to life, without which personality could not be exercised. The Pact of San José, in its Article 4.1, states textually:
'Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.' This international instrument takes a decisive step, as it protects the right from the moment of conception. It categorically prohibits imposing the death penalty on a pregnant woman, which constitutes a direct protection and, therefore, a full recognition of the legal and real personality of the unborn and their rights. For its part, the Convention on the Rights of the Child, approved by Law No. 7184 of July 18, 1990, protects the right to life in Article 6. It recognizes the personality of the unborn, and in paragraph 2 of the Preamble, it indicates that no distinction may be made on any grounds, among which it mentions 'birth'. Further on, it cites the Declaration of the Rights of the Child of 1959, which grants 'due legal protection, both before and after birth'. Our legal system contemplates in Article 21 of the Political Constitution that 'human life is inviolable'.
VII.- The protection of the right to life and the dignity of the human being in Costa Rican legislation: Legally, Article 31 of the Civil Code establishes that the existence of the natural person begins at live birth, but immediately indicates that they are considered 'born for everything that favors them, from 300 days before their birth', thereby recognizing their status as a person from that moment (conception). The Childhood and Adolescence Code, Law No. 7739 of January 6, 1998, refers to the rights under study in the following manner:
'Article 12. Right to Life. The minor person has the right to life from the very moment of conception (...)' The concept of minor encompasses both the child and the adolescent, and the same law indicates that 'child' is 'from conception until 12 years of age'.
'Article 13. Right to State Protection. The minor person shall have the right to be protected by the State against any form of intentional or negligent abandonment or abuse, of a cruel, inhuman, degrading, or humiliating nature that affects integral development.' The right to life is the essence of human rights, for without life there is no humanity; however, like all rights, it is such insofar as it is enforceable against third parties. The human being has the right that no one attacks their life, that they not be deprived of it —a negative formulation—, but also to demand positive conduct from others to preserve it. This conduct can be demanded of professionals or institutions dedicated to health care and of anyone who even has a generic duty of assistance. From the cited norms and especially from Articles 21 of the Constitution, 4.1 of the American Convention on Human Rights, and 6.1 of the Convention on the Rights of the Child, it clearly follows that human life is protected from conception, which has already been affirmed by this Chamber since its earliest jurisprudence (opinion 647-90). This is the second premise on the basis of which the constitutionality of the In Vitro Fertilization and Embryo Transfer (IVF-ET) technique will be analyzed. The cited norms impose the obligation to protect the embryo against the abuses to which it may be subjected in a laboratory and, especially, from the most serious of them, that capable of eliminating existence.' IV.- For what is relevant in this case, the preceding pronouncement really produces no innovation whatsoever, since, rather, its authority derives from the current normative sources it cites, namely: Article 4.1 of the American Convention on Human Rights, the Preamble and Article 6.1 of the Convention on the Rights of the Child, as well as Articles 12 and 13 of the Childhood and Adolescence Code, Law number 7739 of January six, nineteen ninety-eight. From the conjunction and systematization of all of them, it is concluded (as the cited pronouncement did) that our legal system makes no distinction between born and unborn for the purposes of granting them the status of a human being, equivalent to that of a person, for the purposes of recognizing the protection of their right to life. In the same sense, there is no contradiction with the punitive norms against which the claimant is directed (the claim against Article 31 of the Civil Code is analyzed further below), since they have as their object the criminalization of conduct that, from the legislator's perspective, attacks the right to life; thus, up to this point, there is full congruence in our legal system which, in the constitutional and conventional sphere, provides for the protection of the right to life of human beings, born or not, which is repeated within the criminal legal system that penalizes conduct that attacks that right throughout the entire duration of the human being's life. Therefore, there is no infringement of the right to life that can be claimed, and the claimant himself understands this, as he complains not of an infringement of that right, but of an injury to the right to equal treatment.
V.- The central argument of the claimant regarding the principle of equality lies in pointing out that, prior to the issuance of resolution number 2306-2000, there existed in our legal system a distinction between fetus and person, which was overcome when said pronouncement was issued, so that the legal norms that are based on said distinction, such as the discussed criminal norms or those that produce the differentiation between born and unborn —like Article 31 of the Civil Code— have become unconstitutional for contradicting the principle of equality, by distinguishing where the Chamber's resolution prohibits distinguishing. However, this reasoning contains an error that has already been pointed out previously, which is that in reality, the cited judgment 2306-2000 did not innovate in any way the legal situation of persons in our legal system; thus, it is not true that before the cited pronouncement, the fetus was not considered a person for the purposes of protecting its right to life in the criminal sphere, since, as seen, the criminal treatment of abortion specifically starts from the consideration that these crimes injure the life of human beings. On the other hand, the second element of the claimant's reasoning is also incorrect insofar as it starts from the basis that, for the criminalization of conduct related to the right to life, the legislator cannot take into account other circumstances different from the quality of person of the one who suffers the action. For this Chamber, the truth is rather the opposite, given that a simple glance over the entire roster of penalties assigned to the commission of crimes against life reveals a diversity of amounts that responds to a large number of different circumstances that are added to the fact singularly considered of ending the life of a human being. In this way, to the central core of an action consisting of killing a person, many other different circumstances are added that combine to punish it differently according to the nature and relevance of such particularities. Thus, for example, the will of the active subject is taken into account to distinguish the case of manslaughter; the relationship between author and victim in parricide or infanticide; or the particular condition and title of the passive subject in magnicide, to mention just some of the variants. All this serves to conclude that it is perfectly feasible to identify and take into account different circumstances and aspects that, added to the basic core of the action harmful to the legal good of life, serve for the establishment of penalties that reflect the greatest and most precise proportionality possible between the disvalue that each specific criminal action represents for society in each of its variants, on one hand, and on the other, the penalty with which it is to be sanctioned.
VI.- In this sense, it should be noted that this task of ordering and particular appraisal of values and disvalues as a background for the delimitation of a greater or lesser intensity with which conduct classified as criminal is to be punished, as well as the embodiment of all this in legal norms, is the product of specific perceptions, feelings, and beliefs of a society at a given historical moment, and it corresponds to the legislator as part of their primary functions, which is the determination of criminal policy, as this Chamber has had the opportunity to point out on different occasions (see in this regard judgment number 10543-2001 of October seventeenth, two thousand one). Now then, and although there is no allegation in that sense by the claimant, it is undeniable that in the exercise of this legislative task there are impassable limits derived both from the Political Constitution and from current international law; however, in this particular case, the Chamber does not find that the legislator has overstepped those limits in the act of normatively establishing a difference between the situation of a born human being and that of a human being not yet born, in order to, based on this distinction, impose different sanctions for each of the modalities of injury produced to the right to life of both. First, the Chamber recognizes that although in both cases we are dealing with human beings, it is also true that they are in clearly differentiated stages of development, not only from the medical point of view but also from a social perspective, so that there is an objective and perceptible basis for differentiating. Second, a particular relationship of absolute dependence with a second person arises in the case of the unborn person, which even means that in the earliest stages of their development, they could not even survive otherwise, and in the last stages of development before birth, that relationship of dependence is, if not vital, at least considered ideal and appropriate; this entails a new differentiating circumstance from other situations that can and must be validly taken into consideration (in one way or another) insofar as the fundamental rights of the mother become present and must be considered, something that does not happen in the case of homicides where that specific relationship with other persons and their fundamental rights is lacking. Third, it is worth adding in favor of the validity of the differentiation in the intensity of the sanction the fact that it responds, as indicated, to a specific perception, experience, and feeling existing not only in our society but in all those that make up our cultural environment, as can be seen from a simple review of the way other Latin American and European countries have legislated on this point, always opting for a decrease in the State's criminal reaction to the injury of the unborn's right to life. Regarding this last argument, however, it should be clarified that, by its relativistic nature, it is evident that it could never be placed above other arguments nor displace other principles that the Chamber has recognized as the foundation of our legal system and —in particular— it could not prevail over the respect and consideration for human dignity, for example. But in contrast, it is valid to admit it and add it when it is a question —as in this case— of judging the proportionality and adequacy of the criminal reaction legislatively established by the State, a task for which the particular social and historical conscience that society has on the topic must necessarily be used as a guide. In other terms, and this is important to highlight here, the acceptance by this constitutional body of the three recently cited differentiating criteria as pertinent and applicable in this case essentially takes into consideration the fact that we are dealing with differentiations that will not produce any victim who must suffer or who will suffer any diminution or restriction in the current or potential enjoyment of their fundamental rights as a product of the differentiation made, and for that same reason, it cannot be said that their human dignity is affected. Since that extreme is not at stake, but rather simply an issue of adjustment and proportion between the gravity that different conduct has for society in order to punish those guilty of it, the arguments cited above seem sufficient to the Chamber to recognize the validity of the differentiation made by the legislator for the penalty to be imposed, whereby it should not be understood that this Chamber agrees or disagrees with the specific amounts established but, rather, that it does not find that the distinction made between one group and another of conduct according to whether it applies to born or unborn persons reaches the point of being unconstitutional, but instead is located within the framework of legitimate discretion enjoyed by the legislator in these aspects.
VII.- Another point discussed by the claimant is related to the provision contained in Article 121 of the Criminal Code, which encompasses what is known in legal doctrine as therapeutic abortion and which states that abortion practiced with the woman's consent by a physician —or by an authorized obstetrician, when the intervention of the former has not been possible— shall not be punishable if said action is carried out with the purpose of avoiding a danger to the life or health of the mother and said danger could not have been avoided by other means. The petitioner merely limits himself to claiming the unconstitutionality of that part that leaves unpunished the abortion practiced to avoid a danger to the woman's health, so that the Chamber will rule only on that part. In this regard, as the Attorney General's Office indicates in its report, what is at stake here is the correctness of the decision taken by the legislator regarding the criminalization of a conduct, and the axis of the claimant's thesis is that a legal good of lower hierarchy, such as health, has been preferred over another of higher hierarchy, such as life. However, and in line with the doctrine and comparative legislation on the subject, it should be noted that when we speak of a danger to the health of the mother, it refers to a serious and significant threat that, even when it does not directly put her life at risk (a case in which the other normative assumption would be applicable), represents a danger of injury to her dignity as a human being of such magnitude that —for this reason— the social body is not in a position to demand that she endure it under the threat of criminalization. It is necessary to understand then that the exclusion of criminal liability will operate in the case of a confrontation between two legal goods and two constitutional values, not of different rank, but of equivalent rank. In such a case —whose specific variables the Chamber cannot and should not list in the abstract but rather corresponds to the competent judicial authorities to verify and declare— it is in no way misguided, much less unconstitutional, for the legislator to have abstained from sanctioning the preference made for the woman's health, if this is going to be seriously harmed by the pregnancy to the degree that her dignity as a human being and eventually her life are also seriously affected. With this perspective, for the Chamber, the contested normative text and the constitutional law concepts applicable to the punitive function of the State are reconciled, as they were described above, so that no irreconcilable collision exists that warrants the annulment of the discussed norm.
VIII.- Finally, the unconstitutionality of Article 31 of the Civil Code is claimed, insofar as it contravenes the principle of equality by treating people differently based on whether they have been born or not, which contravenes judgment 2306-2000. However, for the Chamber, it is sufficient to cite that same text to refute what the claimant has said. The recently cited judgment states, as relevant:
'VII.- The protection of the right to life and the dignity of the human being in Costa Rican legislation: Legally, Article 31 of the Civil Code establishes that the existence of the natural person begins at live birth, but immediately indicates that they are considered "born for everything that favors them, from 300 days before their birth", thereby recognizing their status as a person from that moment (conception).'" Thus, the issue of the congruence of Article 31 of the Civil Code and constitutional law was analyzed by the Chamber, which interpreted, in a sparse but sufficient manner, that it is precisely with the second phrase of the article that the unborn is being recognized as having the status of a person, just as constitutional norms and principles require. On the other hand, there is no reason to now change the criterion in relation to what was said in that ruling, nor would it be congruent to do so in this action, in which the plaintiff rather seeks precisely that the Chamber indicate that the unborn person has rights from the moment of conception, as was set forth in the cited pronouncement." (The bold text does not correspond to the original).
Viewed in this way, the cited numeral, like numeral 52, which allows all women, in the case of unprotected coital relations or sexual rape, the right of access to emergency contraception, in an agile, timely, and effective manner, are of very dubious constitutionality.
As is known today, the "morning-after pill" or emergency contraception is a resource that offers the possibility of avoiding a presumed pregnancy after a sexual relation without contraceptive protection. This pill, used before 72 hours have passed after unprotected coitus, adds a new legal and ethical controversy. Its pharmacological mechanism of action has led to scientific and legal discussion regarding the possibility of it being an abortive method. On this matter, and in the same direction as our Constitutional Court, the Supreme Court of Justice of the Argentine Nation expressed the following:
"Having reviewed the case: 'Portal de Belén - Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo.'
Considering:
1º) That the relevant facts of the case, the grounds of the appealed judgment, and the grievances of the appellants are adequately set forth in the opinion of the Señor Procurador General de la Nación, to which we refer for reasons of brevity.
2º) That the extraordinary appeal is formally admissible since the right to life provided for in the National Constitution, in various international treaties, and in civil law is at stake in this case (arts. 75, inc. 22 of the Ley Fundamental; 4.1. of the Pacto de San José de Costa Rica; 6 of Law 23.849 and Titles III and IV of the Section on the Derechos del Niño; 2 Primera of Book I of the Civil Code).
3º) That the question debated in the sub examine consists of determining whether the drug 'Imediat', called 'emergency contraception', has abortive effects by preventing the nesting of the embryo in its proper place of implantation, the endometrium. This makes it necessary to specify whether conception occurs with fertilization or whether, on the contrary, the implantation or nesting of the fertilized ovum in the maternal uterus is required, an aspect which the chamber understood required greater breadth of debate and evidence.
4º) That on this matter, it has been affirmed that the beginning of human life takes place with the union of the two gametes, that is, with fertilization; at that moment, a human being exists in an embryonic state. In this sense, the discipline that studies human biological reality holds that 'as soon as the twenty-three paternal chromosomes meet the twenty-three maternal chromosomes, all the genetic information necessary and sufficient to determine each of the innate qualities of the new individual is gathered... That the child must later develop for nine months in the mother's womb does not change these facts; extracorporeal fertilization demonstrates that the human being begins with fertilization' (confr. Basso, Domingo M. 'Nacer y Morir con Dignidad' Estudios de Bioética Contemporánea. C.M.C, Bs. As. 1989, págs. 83, 84 and its citations).
5º) That, in this understanding, Jean Rostand, Nobel Prize winner in biology, pointed out: 'a human being exists from the fertilization of the ovum. The whole entire man is already in the fertilized ovum. He is whole entire with his potentialities...' (confr. Revista Palabra nº 173, Madrid, enero 1980).
For his part, the celebrated geneticist Jerome Lejeune maintains that there would be no scientifically valid distinction between the terms 'embryo' or 'pre-embryo', called early human beings or small persons (cited in the case 'Davis Jr. Lewis v. Davis Mary Sue', June 1992, Suprema Corte de Tennessee, J.A. 12 of May 1, 1993, pág. 36).
6º) That along the same lines of thought, W. J. Larson, professor of Cellular Biology, Neurobiology, and Anatomy at the University of Cincinnati, maintains: 'In this context, we will begin the description of human development with the formation and differentiation of the female and male gametes, which will unite in fertilization to initiate the embryological development of a new individual' (Human Embriology; pág. 1: Churchill Livingstone Inc. 1977).
In turn, B. Carlson, professor and head of the Department of Anatomy and Cellular Biology at the University of Michigan, affirms: 'Human pregnancy begins with the fusion of an egg and a sperm' (Human Embriology and Developmental Biology, pág. 2, Mosby Year Book Inc. 1998).
For his part, T. W. Sadler, professor of Cellular Biology and Anatomy at the University of North Carolina, understands that: 'The development of an individual begins with fertilization, a phenomenon by which a sperm from the male and the oocyte from the female unite to give rise to a new organism, the zygote' (Langman's Medical Embriology, Lippincott Williams & Wilkins, 2000).
7º) That likewise, 'it is a scientific fact that the 'genetic construction' of the person is there prepared and ready to be biologically directed because 'The DNA of the egg contains the anticipated description of all ontogenesis in its smallest details' (conf. Salet Georges, biologist and mathematician, in his work "Azar y certeza" published by Editorial Alhambra S.A., 1975, ver págs. 71, 73 and 481; which was written in response to the book 'El azar y la necesidad' by the Nobel Prize in medicine Jacques Monod, cause 'T., S.' -dissent of Judge Nazareno- Fallos: 324:5).
8º) That, coinciding with this criterion, the Comisión Nacional de Etica Biomédica -integrated among others by a representative of the Academia Nacional de Medicina- issued an opinion, by an overwhelming majority, at the request of the señor ministro de Salud y Acción Social on the occasion of the judgment issued at first instance in these proceedings (fs. 169). This was denounced by the plaintiff as a new fact, whose treatment was considered unnecessary by the chamber. However, it is appropriate to assign at least indicative value to that report.
9º) That according to the package insert at fs. 14 and the report at fs. 107/116, the drug 'Imediat' has the following modes of action: 'a) delaying or inhibiting ovulation (observed in different studies with hormonal measurements-LH/RH peak, plasma and urinary progesterone); b) altering tubal transport in the woman's Fallopian tubes of the sperm and/or the ovum (specifically studied in experimental animals -rabbits- it has been observed that tubal transit is modified, accelerating or slowing down). This could inhibit fertilization; c) modifying the endometrial tissue, producing an asynchrony in the maturation of the endometrium that leads to inhibiting implantation' (conf. fs. 112).
10º) That the last of the indicated effects, given the plausible nature of the scientific opinion according to which life begins with fertilization, constitutes an effective and imminent threat to the primordial legal interest of life, which is not susceptible to subsequent reparation. Indeed, any method that prevents nesting should be considered as abortive. This configures a situation that reveals the indispensable need to exercise the exceptional avenue of amparo for the safeguarding of the fundamental right at stake (Fallos: 280:238; 303:422; 306:1253, among others).
11º) That this solution coincides with the pro homine principle that informs all human rights law. In this sense, it is worth recalling that the guarantees emanating from treaties on human rights must be understood in terms of the protection of the essential rights of the human being. On this matter, the Corte Interamericana, whose jurisprudence must be followed as a guide for the interpretation of the Pacto de San José de Costa Rica, to the extent that the Argentine State recognized the competence of said court to hear all cases relating to the interpretation and application of the conventional precepts (conf. arts. 41, 62 and 64 of the Convention and 2 of Law 23,054), ordered: 'The States... assume various obligations, not in relation to other States but towards the individuals under their jurisdiction' (O.C. - 2/82, September 24, 1982, parágrafo 29, Fallos: 320:2145).
12º) That this Court has declared that the right to life is the first natural right of the human person, pre-existing all positive legislation, which is guaranteed by the National Constitution (Fallos: 302:1284; 310:112; 323: 1339). In the cause "T., S.", cited previously, this Tribunal has reaffirmed the full right to life from conception (vote of the majority, considerandos 11 and 12 and dissent of Judges Nazareno and Boggiano). It has also said that man is the axis and center of the entire legal system and, as an end in himself -beyond his transcendent nature- his person is inviolable and constitutes a fundamental value with respect to which the remaining values always have an instrumental character (Fallos: 316:479, concurrent votes).
13º) That based on the provisions of international treaties that have constitutional hierarchy (art. 75, inc. 22, of the Ley Suprema), this Tribunal has reaffirmed the right to life (Fallos: 323:3229 and cause 'T., S.', already cited).
14º) That the aforementioned international pacts contain specific clauses that protect the life of the human person from the moment of conception. Indeed, art. 4.1. of the Pacto de San José de Costa Rica establishes: 'Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception.' Furthermore, every human being from conception is considered a child and has the intrinsic right to life (arts. 6.1 of the Convención sobre los Derechos del Niño, 2 of Law 23.849 and 75, inc. 22 of the Constitución Nacional). The Civil Code, even, in an interpretation harmonious with those superior norms, provides in its art. 70, in concordance with art. 63, that 'From conception in the maternal womb begins the existence of persons; and before their birth they can acquire some rights, as if they had already been born.' 15º) That it should be noted that the Convención Americana (arts. 1.1 and 2) imposes the duty on the states parties to take all necessary measures to remove any obstacles that may exist so that individuals can enjoy the rights that the convention recognizes. In this sense, the Corte Interamericana de Derechos Humanos considered that it is 'the duty of the States parties to organize the entire governmental apparatus and, in general, all the structures through which the exercise of public power is manifested, in such a way that they are capable of legally ensuring the free and full exercise of human rights' (O.C. 11/90, parágrafo 23). Likewise, it must be borne in mind that when the Nation ratifies a treaty it signed with another State, it is internationally obligated that its administrative, jurisdictional, and legislative bodies apply it to the cases that treaty contemplates, in order not to compromise its international responsibility (Fallos: 319:2411, 3148 and 323:4130).
Therefore, and in concordance with the opinion of the Señor Procurador General de la Nación, the extraordinary appeal is declared admissible, the appealed judgment is revoked, the acción de amparo is granted, and the Estado Nacional -Ministerio Nacional de Salud y Acción Social, Administración Nacional de Medicamentos y Técnica Médica- is ordered to render the authorization without effect, prohibiting the manufacture, distribution, and commercialization of the drug 'Imediat' (art. 16, second part,…" In an identical sense, the Supreme Court of Justice of the Republic of Chile ruled, in resolución n.° 2186-01 of August 30, 2001, with two dissenting votes, indicating the following:
"Regarding the merits:
9.- That, for the appellants, the constitutional illegality of the authorization for the manufacture, sale, and distribution of the drug Levonorgestrel lies in the fact that one of its varied effects threatens the life of the unborn and, moreover, threatens the physical and psychological integrity of the women to whom it would be administered, as it could cause them to have an abortion; 10.- That on the other hand, the respondents have accepted that one of the possible effects of the referred medication, administered after unprotected coital relation, is to prevent the implantation process of the fertilized ovum in the mother's uterus, which occurs within about 5 to 7 days after fertilization, since its administration produces an alteration or modification in the endometrium's response to sexual hormones, making it less suitable or preventing its implantation; 11.- That in support of their decision to accept the drug containing Levonorgestrel as an 'emergency contraceptive' or 'the pill for the day after' as it is commonly known, they have cited an operative definition from the Organización Mundial de la Salud and another from the Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia that state that pregnancy begins when the fertilized egg is implanted in the uterine wall and that induced abortion is the termination of pregnancy after implantation has occurred; 12.- That in opposition, the appellants estimate, also based on scientific evidence, that the fertilized egg, which is the embryo, is a living cell, in the original and primary form of the human being, with a unique genetic material distinct from its progenitors, destined, from that moment, to give rise to a human being.
They affirm that from the instant the ovum receives the sperm, the totality of the necessary and sufficient information is gathered in that egg and everything is written to be a man that nine months later we will be able to fully identify. After fertilization, no other genetic information will enter that fertilized egg.
In endorsement of their position, they affirm that many countries consider in their legislation that the moment of conception is the starting point from which human life must be protected and that from that moment it deserves to be protected by the legal system; 13.- That the protection actions filed are based, as has been said, on the fact that the drug authorized for post-coital use could, in one of its results, affect the already fertilized egg, that is, the embryo with all its genetic load, preventing its implantation in the uterus and consequently causing an abortion; 14.- That consequently, what must be resolved is from when we can or must legitimately and legally recognize the existence of the human being, or rather from when it is appropriate to grant constitutional protection to the existence of life; 15.- That the right to life is the essence of human rights, because without life there is no right.
The human being has the right to life and must be protected against aggression that attempts against it and to demand, moreover, positive actions to preserve it; 16.- That the guarantee of the right to life and the protection of the unborn provided by article 19 N.o 1 of the Constitución Política of 1980, is reinforced by other constitutional provisions among which is N.o 26 of the same article 19 by providing the assurance that the legal precepts that by mandate of the Constitution regulate or complement the guarantees it establishes or that limit them in the cases it authorizes, may not affect the rights in their essence, nor impose conditions, taxes, or requirements that impede their free exercise; and, the second paragraph of article 5.o of the Constitution, which expresses that it is the duty of the organs of the State to respect and promote the essential rights that emanate from human nature, guaranteed by it and by the international treaties ratified by Chile and that are in force; The Unborn Has the Right to Life 17.- That from the indicated perspective, it is evident that the unborn - whatever the stage of their pre-natal development, since the constitutional norm does not distinguish - has the right to life, that is, has the right to be born and to become a person with all the attributes that the legal system recognizes, without any discrimination operating against them; 18.- That article 55 of the Civil Code says that persons are all individuals of the human species, whatever their age, sex, lineage, or condition may be.
If we understand that fertilization is, as it is, a continuous process that cannot be separated into stages or moments, we must conclude that the fertilized ovum or embryo is already an individual of the human species and as such, worthy of constitutional and legal protection to achieve its full development until birth occurs, pursuant to what article 74 of the same legal body provides; 19.- That furthermore, confirming what was concluded above, articles 75 and 76 of the already cited Code leave no doubt in this regard by providing that the protection of the unborn begins at conception. The first of the cited articles, as has been said previously, indicates that the Judge shall adopt the necessary measures to protect the life of the unborn, and the second of them indicates that this protection must be given from conception, establishing a legal presumption to determine the day or occasion on which it occurred, without making any other calculation or discounting any time, referring to the nesting of the product of conception or any other phenomenon that could occur after the fertilization of the oocyte by the sperm; Synonym of Abortion 20.- That whatever the grounds and considerations that the appealed authorities had in view to authorize the manufacture and commercialization of the medication called 'Postinal' containing 0.75 mg. of the synthesis hormone Levonorgestrel, one of whose possible effects is to prevent the implantation in the maternal uterus of the already fertilized egg, that is, the embryo, they have incurred an illegality since such an effect is, in light of the constitutional, legal, and conventional provisions analyzed previously, synonymous with abortion, penalized as a crime in the Código Penal and prohibited even as therapeutic in the Código Sanitario.
For these grounds and considering the provisions in articles 1.o, 5.o second paragraph, 19 N.o 1 and 26, 20 and 73 of the Constitución Política; 55, 74, 75 and 76 of the Código Civil and article 4.1 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, called Pacto de San José de Costa Rica and Auto Acordado on the Processing and Ruling of the Recurso de Protección of the Excma. Corte Suprema, the appealed judgment of May twenty-eighth of the current year, written at fs. 850, is revoked, and it is declared that the recursos de protección filed at folios 17, 319, 379, and 411 are granted, and re-establishing the reign of the right to life, it is declared that Resolución N 2141 of March 21 of the current year, from the Instituto de Salud Pública, which granted Registro Sanitario to the drug called 'Postinal' and manufactured based on the drug 'Levonorgestrel', is rendered without effect." In the same vein, regarding article 55, which states that all persons have the right of access to technologies for assisted reproduction, close consideration must be given to what the Constitutional Court expressed in voto n.° 2306-2000, which was partially outlined previously.
Furthermore, we have serious doubts that the functions of the Concejo Nacional de Investigación en Salud and the Comités Éticos Científicos Institucionales can be established by regulation (articles 67 and 68). In this matter, as is well known, a legal reservation exists.
The legal reservation in matters of public freedoms constitutes a triumph of liberal thought. It is not in vain that the Declaración de los Derechos del Ciudadano, in its article 4, established the principle of legal reservation.
In our Constitución Política, we do not find an express norm that establishes, in all cases, that the organization of public freedoms corresponds to the ordinary legislator. At most, article 28 of the Carta Fundamental, which institutes the principle of liberty - everything that is not prohibited is permitted -, indicates that private actions that do not harm morality or public order or that do not harm a third party are beyond the scope of the law. In accordance with this norm, the legislator has limited competence when regulating public freedoms. In the first place, they cannot prohibit those actions of private subjects that do not harm morality or public order or that do not harm third parties. Their competence is oriented towards regulating the relations between individuals that arise from the exercise of public freedoms, as occurs with the Codes and laws, because private rights must also be the object of regulation, given the need to establish solutions for the conflicts that arise due to their exercise, even in the sphere of autonomy of will. (Corte Plena, extraordinary session of September 30, 1982).
On the other hand, for restrictions on freedom to be lawful, they must be oriented towards satisfying an imperative public interest. Just as the Sala Constitucional has accurately established, in votos números 3173-93 and 3550-92:
"Public order, morality, and the rights of third parties must be interpreted and applied rigorously, without licenses that allow extending them beyond their specific meaning; which in turn must be seen with the pro libertate principle, which, together with the pro homine principle, constitute the core of the doctrine of human rights; according to the first, everything that favors liberty must be interpreted extensively, and everything that limits it restrictively; according to the second, the law must be interpreted and applied always in the way that most favors the human being. In accordance with this, public order, morality, and the rights of third parties that allow, at least for law, regulating private actions, must be interpreted and applied in such a way that in the first case, they are serious threats to public order, understood as the integrity and survival of the fundamental elements of the State; or as '…the set of principles that, on the one hand, concern the organization of the State and its functioning and, on the other, contribute to the protection of the rights of the human being and the interests of the community, in a just balance to make possible the peace and well-being of social coexistence (Corte Plena, extraordinary session of August 26, 1982)'".
In our country, the regime of fundamental rights and freedoms is a matter of legal reservation. As the Constitutional Court has established, this principle has constitutional rank (article 39 of the Constitution, see voto n.° 3173-93); legal rank (article 19 and 27 of the Ley General de la Administración Pública) and jurisprudential recognition, both constitutional and administrative. The Sala Constitucional has said that four corollaries derive from this principle:
"a) In the first place, the very principle of 'reserva de ley', from which it results that only through a formal law, emanating from the Legislative Power through the procedure provided in the Constitution for the issuance of laws, is it possible to regulate and, where appropriate, restrict fundamental rights and freedoms, all, of course, to the extent that the nature and regime of these permit it, and within the applicable constitutional limitations; b) Secondly, that only the executive regulations of those laws can develop their precepts, it being understood that they cannot increase the established restrictions, nor create those not established by them, and that they must rigorously respect their 'essential content'; c) Thirdly, that neither in executive regulations, much less in autonomous ones or other norms or acts of lower rank, could the law validly delegate the determination of regulations or restrictions that only it is enabled to impose, from which a new essential consequence results; d) Finally, that all administrative activity in this matter is necessarily regulated, without being able to grant the Administration discretionary powers, because these would obviously imply an abandonment of the legal reservation itself." (See voto número 3173-93).
In that same ruling, the Sala Constitucional was categorical in affirming that the power of the State to regulate private actions that do harm morality or public order, or that harm the equal or superior rights of third parties, is legislative, thus excluding decrees or regulations issued by the Executive Power, and autonomous regulations, issued by that same power or by decentralized entities, as well as any norm of equal or lower rank.
In the case at hand, the main functions of these bodies must be established by law, without prejudice, of course, to the executive regulation developing, without expanding, contradicting, or suppressing, the technical aspects, details, or other nature necessary to achieve effective application of the law.
Regarding article 96, it is indicated that one member of the Commission will be a representative of the Procuraduría General de la República, a gesture that demonstrates the confidence that the drafters of the bill of law have in the Consultative Body; however, given our nature - consultative, representative, advisory, oversight body in the ethical and notarial sphere -, it seems to us that what is most appropriate for the public interest is that, instead of our representative, there be an official more closely related to the competence of the body, such as one belonging to an organ or entity of the health sector.
Inciso g) of article 97, which defines the functions of the Commission, indicates that this body will have access to all documents and files held by hospital centers regarding transplants. According to our point of view, especially when dealing with private hospital centers, article 24 of the Constitution is not violated, for the reasons indicated when analyzing article 5 of this bill of law.
Numeral 238 of the substitute text indicates that the presentation of vaccination or health cards or certificates and any other that the health authority orders is a requirement for the annual enrollment of school-age persons. The persons in charge of teaching centers, both public and private, will be responsible for strict compliance with this provision.
Regarding the right to education, in dictamen C-269-2002 of October 10, 2002, we stated the following:
"Secondly, from constitutional numeral 78, as well as article 13 of the Protocolo de 'San Salvador', it follows, without a doubt, that the right to education is a fundamental right and, therefore, not only justiciable in internal instances (constitutional jurisdiction and, eventually, in the contencioso-administrativa), but also in international ones, as indicated above. This has been recognized by the Constitutional Court in its abundant jurisprudence. Indeed, it has recognized that the Carta Fundamental and international treaties guarantee the gratuity and obligatoriness of primary education cycles and partially of secondary (see on this matter voto n.° 2330-91). Furthermore, the Constitutional Court has held that the right to education is violated when the State establishes irrational and disproportionate mechanisms to access it (see voto n.° 2667-94). From this perspective, we are facing a genuine right of all inhabitants of the Republic, which must be guaranteed by the State.
Reaffirming the foregoing is the fact that article 26 of the Declaración Universal de Derechos Humanos and article 13 of the Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establish obligations on the part of the State and in favor of students, and that such international instruments, as well as those referred to supra, prevail over any internal legislation and have the same rank as the Carta Magna, due to the fundamental right they regulate, norms that even take precedence over the Constitución Política herself (see votos of the Sala Constitucional números 3435-92; 5759-93; 2313-95).
Our line of argument does not yield to positions that depart from the line of argument we are following. Indeed, authors such as MARTÍNEZ maintain that the right to education is a right of legal configuration, not constitutional, and that it is limited by the economic resources available to the State. ‘In summary, the constitutional jurisprudence [referring to that established by the Spanish Constitutional Court] specific to the right to education casts doubt on the general affirmation that all the rights in Chapter II of Title I of the Constitution have direct normative character. Its nature as a social welfare right (naturaleza prestacional), and with it its character as a right of legal configuration subject to economic limits, lead to the assertion that technically one is not facing a right, but rather a political program or aspiration. In any case, it must be taken into account that the development of the right, even prior to the Constitution, means its situation is far from dramatic.’ (See MARTÍNEZ ESTAY, José Ignacio, op. cit., pages 197 and 198).
We respect the assertions of the author MARTÍNEZ, and the effort he makes throughout his work to reduce most economic, social, and cultural rights to non-justiciable rights; however, given the clarity and forcefulness of the constitutional text (Article 78), as well as the constitutional jurisprudence, it can be concluded that the right to education in our environment is justiciable through the writ of amparo (amparo) and the other constitutional questions provided for from Article 73 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional onward.
Now, from this fundamental right a series of duties for the State are derived. As the doctrine has maintained, following the jurisprudence of the Spanish Constitutional Court (see judgment 129/1989, of July 17), we are in the presence of a social welfare right (derecho social prestacional), whose primary obligor for its satisfaction is the State, with the obligations of private individuals being limited, fundamentally, to not hindering its exercise. (See MARTÍNEZ ESTAY, José Ignacio. Jurisprudencia Constitucional Española sobre Derechos Sociales. Editorial Cedesc R.L., Barcelona, 1997, page 192). Thus, in the first place, the State has the duty to guarantee all inhabitants access to preschool, basic general, and diversified education in the public system, free of charge, compulsory, and funded by the State. Secondly, the State also has the duty to guarantee the quality of education, that is, educational standards that allow Costa Rican students to compete successfully in a world marked by the techno-scientific revolution, where the development of telecommunications and artificial intelligence increasingly impose greater preparation, basic knowledge, skills, and abilities, which is only obtained with greater dedication (more study time) and personal and collective effort. Paraphrasing DEL CASTILLO, the State has the duty to make the ‘…educational system a flexible network of opportunities in which each and every person can find a quality future.’ Ergo, ‘… the future landscape that the knowledge society transfers to education makes it essential to increase the capacity of our educational system to facilitate quality education and training.’ (See: DEL CASTILLO, Pilar. ‘El Futuro de la Sociedad es el Presente de la Educación’. El País Digital, Opinión, of September 16, 2002). The foregoing implies that the school calendar, as well as the other components of the educational system, must not only be a function of access but also a function of the quality of education. Nothing else can be drawn from Article 58 of the Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley n.° 7739 of January 6, 1998, when the following is stated:
‘Article 58°- National policies. In the design of national educational policies, the State shall:
From what has been expressed here, there is not the slightest doubt that the State has the duty to guarantee justiciable parties a quality education; otherwise, it would not only be flagrantly violating the legal system but also condemning current and future generations to failure in the knowledge society, a luxury that a community aspiring to forge a free, just, and efficient society cannot afford.” Having said the above, it is not logical, just, or in accordance with the Constitution’s Law to condition the enrollment of school-age students on the presentation of a vaccination card or certificate, because to a greater harm we would be adding another, all of which goes against the fundamental rights of the minor. From this perspective, another mechanism must be sought to compel the parents or legal representatives of the minor to ensure their health, since the one established in the provision under comment is of dubious constitutionality.
Article 292 incurs the same error as Article two, by qualifying the Ministry of Health as an entity (ente), when in reality it is an organ (órgano).
Articles 327 and 328 of the substitute text deserve special comment. The first indicates that natural or legal persons (personas físicas o jurídicas) who disseminate or advertise topics concerning the health of persons or that may influence or affect it, must submit to the regulations issued for such purposes by the Ministry. The second states that, in the event of danger of an epidemic or a declared epidemic, the press, radio, television, and any other means of mass communication must allocate spaces for the dissemination of official information in the manner that the Executive Branch directs. Furthermore, it is prohibited for natural or legal persons (personas físicas o jurídicas), owners or administrators of mass media, to spread inaccurate health news, with unofficial information, that has not been supplied or confirmed by the health authority, which may cause alarm or panic in the population.
As is well known, Article 29 of the Constitution recognizes and guarantees the fundamental right of the inhabitants of the Republic to communicate their thoughts by word or in writing without prior censorship; but they are responsible for the abuses they commit in the exercise of that right, in the cases and in the manner established by law. For its part, the American Convention on Human Rights, “Pacto de San José, Costa Rica”, in its Article 13, indicates that every person has the right to freedom of thought and expression. This right includes the freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, or in printed or artistic form, or through any other procedure of their choice. The exercise of this right shall not be subject to prior censorship but shall be subject to subsequent liability, which must be expressly established by law and be necessary to ensure:
Furthermore, in Article 24 of the Fundamental Charter, the secrecy of communications is guaranteed to the inhabitants of the Republic. Likewise, private documents and written, oral, or any other type of communications are inviolable. Moreover, the cited Convention, in its Article 11, guarantees the protection of correspondence.
On the subject of freedom of expression and thought, our Constitutional Court has issued valuable pronouncements, among which decision N° 8196 of the year 2000 stands out:
“IV.- On Freedom of Expression. The doctrine characterizes freedom of expression as a prerequisite freedom for the exercise of other freedoms, which operates as a legitimizer of the functioning of the democratic system and the effectiveness of its institutions and which legally adopts a plurality of forms. The clearest link is with freedom of thought, which is the prior and indispensable condition for the existence of freedom of expression. In the exercise of both freedoms, the individual can choose or elaborate the answers they intend to give to all those questions posed by conducting their life in society, conform their acts to these answers, and communicate to others what they consider true, without prior censorship. The scope of action of these freedoms is very broad, as it includes the manifestations of individuals on politics, religion, ethics, technology, science, art, economics, etc. Freedom of expression, then, implies the possibility for the subject to transmit their thoughts (ideas, volitions, feelings), and includes the freedom of artistic or literary creation, freedom of speech, free cinematographic expression, and also the manifestations made through the written press, radio, and television, as they are means of disseminating ideas. Thus also, from freedom of expression is inferred the right to give and receive information and the right to communicate for diverse purposes, whether economic, political, recreational, professional, etc., without unreasonable restrictive measures being imposed. Freedom of expression not only protects the isolated individual but also the relationships among the members of society, and that is why it has great importance, as it contributes to the formation of public opinion. It is also a prerequisite for freedom of the press and freedom of information, since from freedom of expression derived, in historical succession, freedom of the press (or of periodical writings directed at the general public) and freedom of information, which is how freedom of expression embodied in the social media is called today. Freedom of information, then, includes the written, oral, and audiovisual press and, by its nature, is related to the right to chronicle, to critique, to the press industry or commerce, and to the phenomenon of advertising. This aspect has acquired much importance in recent decades, because due to the high cost of installation and maintenance of mass media, when they are privately owned they can only survive through the intensive use of advertising. Likewise, there is the phenomenon of the social right to information, which resides precisely in the community and in each of its members, and which gives them the possibility to adjust their conduct to the reasons and feelings suggested by that information, for decision-making, and at the same time it fulfills an integration function, as it unifies a multitude of particular opinions into a great current of opinion, thus stimulating social integration.
V.- One of the main guarantees that protects freedom of expression is the prohibition of prior censorship, with the result that any control must occur a posteriori. As prior censorship, this Chamber understands that control, examination, or permission to which a publication, text, or opinion is submitted, prior to its communication to the public, through which a preventive control is intended to be carried out on the manifestations made by a mass media outlet, be it radio, television, or print. This concept is not only embodied in our Political Constitution in Article 29, but was also incorporated into the Pacto de San José, whose Article 13, paragraph 2, provides that the exercise of freedom of expression cannot be subject to prior censorship but to subsequent liabilities, which must be expressly established by law and be necessary to ensure either respect for the rights or reputations of others, or the protection of national security, public order, or public health or morals. Article 29 of the Political Constitution enshrines what part of the doctrine qualifies as freedom of the press, while another part indicates as freedom of information, and provides:
‘Everyone may communicate their thoughts by word or in writing and publish them without prior censorship; but they shall be responsible for the abuses they commit in the exercise of this right, in the cases and in the manner established by law.’ The Chamber referred to this topic in judgment No. 1292-90 of the hours of nineteen ninety and stated:
‘Freedom of expression contained in Article 29 of our Constitution allows the communication of thoughts by word or in writing and their publication without prior censorship, a guarantee reinforced by Article 28 of the same normative body by prohibiting persecution for the exercise of that freedom. However, like every right, that freedom is not absolute, and has its limit, such that the abuse made of it will cause its author to incur liability, according to the legislation governing the matter.’ Article 29 of the Political Constitution is complemented by the provisions contained in the International Conventions approved by Costa Rica, for example, Article 13 of the American Convention on Human Rights -Pacto de San José-, which indicates: ‘1. Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of one's choice. 2. The exercise of the right provided for in the foregoing paragraph shall not be subject to prior censorship but shall be subject to subsequent liability, which shall be expressly established by law to the extent necessary to ensure: a. respect for the rights or reputations of others; or b. the protection of national security, public order, or public health or morals. 3. The right of expression may not be restricted by indirect methods or means, such as the abuse of government or private controls over newsprint, radio broadcasting frequencies, or equipment used in the dissemination of information, or by any other means tending to impede the communication and circulation of ideas and opinions. 4. Public entertainments may be subject by law to prior censorship for the sole purpose of regulating access to them for the moral protection of childhood and adolescence, without prejudice to the provisions of paragraph 2. 5. Any propaganda for war and any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitute incitements to violence or any other similar illegal action against any person or group of persons on any grounds, including those of race, color, religion, language, or national origin, shall be prohibited by law.’ (see also Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights). Now, despite the great freedom enjoyed by the individual to form opinions based on personal criteria and, in turn, communicate them widely, it should not be thought that the exercise of these freedoms has no limit whatsoever, for freedom of expression, like the rest of public freedoms, is not unrestricted: its limits are given by the Constitutional Order itself, and this Chamber so considered in judgment N° 3173-93, by indicating that ‘II.- The fundamental rights of each person must coexist with each and every one of the fundamental rights of others; therefore, for the sake of coexistence, it is often necessary to curtail the exercise of those rights and freedoms, even if only to the precise and necessary extent so that other persons enjoy them under equal conditions. However, the principle of the coexistence of public freedoms -the right of third parties- is not the only just source for imposing limitations on them; the concepts of ‘morals’, conceived as the set of fundamental principles and beliefs in force in society, whose violation seriously offends the generality of its members, and ‘public order’, also act as justifying factors for the limitations of fundamental rights. VI- This Chamber is not unaware of the difficulty of defining univocally the concept of public order, nor that this concept can be used both to affirm the rights of the person against public power and to justify limitations in the name of collective interests on rights. It is not solely about maintaining material order in the streets, but also about maintaining a certain juridical and moral order, such that it is constituted by a minimum of conditions for a convenient and adequate social life. Its foundation is constituted by the security of persons, of property, health, and tranquility.’ Likewise, in judgment N° 3550-92 of sixteen hours of November twenty-four, nineteen ninety-two, this Court developed the issue of legitimate limits to public freedoms and referred to the principle of legal reservation (principio de reserva de ley), emphasizing that ‘only by means of a formal law, enacted by the Legislative Branch through the procedure provided in the Constitution for the issuance of laws, is it possible to regulate and, where appropriate, restrict fundamental rights and freedoms -all, of course, to the extent that the nature and regime of these allow it, and within the applicable constitutional limitations-.” In the case before us, the provisions we are commenting on establish prior censorship in the cases indicated therein, all of which could be contrary to the Constitution’s Law and the American Convention on Human Rights. In this case, the most logical course is to correct these articles and leave the issue of overstepping that causes harm to public interests to criminal legislation, as the substitute text correctly does when Article 446 provides the following:
“ARTICLE 446.- He who by word or through any means of mass communication spreads inaccurate or alarming news concerning public health, especially regarding the existence of epidemics or danger of epidemics in the national territory, shall pay a fine of 10 to 20 base salaries”.
In Article 414, subsection a), more than an administrative act, the inspection is an administrative activity (actividad administrativa) - it is the generic expression of an administrative power-, which, obviously, is concretized in administrative acts. Consequently, what is most consistent with juridical-administrative technique is to speak of “activity” and not of “administrative acts”.
To conclude this report, Article 435 indicates that anyone who infringes the provisions of this law and anyone who fails to comply with the orders or special health measures (medidas sanitarias especiales) issued by the health authorities commits the crime of disobedience and shall be punished with imprisonment from fifteen days to one year and a fine of up to five base salaries according to the situation and transgression committed.
On this matter, the Constitutional Court, in decision n.° 1075-95, stated the following:
“I. In relation to the challenge made, this Chamber has ruled on the merits on repeated occasions, thus, in judgment number 1877-90 of sixteen hours and two minutes of December nineteenth, nineteen ninety, it indicated: ‘III.-- Criminal categories (tipos penales) must be basically structured as a conditional proposition, consisting of a prerequisite (description of the conduct) and a consequence (penalty), in the first of which it must necessarily be indicated, at least, who the active subject is, since in specific offenses they meet certain conditions (national status, public employee status, etc.) and what the action constituting the infraction is (active verb), without these two basic elements (there are other accessory elements that may or may not be present in the typical description of the act) it can be assured that no criminal category exists.
IV.-- ... The necessary use of language and its restrictions oblige that in some cases the same level of precision cannot be achieved, but it cannot be estimated that the description presents constitutional problems in relation to criminal characterization (tipicidad); establishing the limit of generalization or concreteness demanded by the principle of legality must be done in each particular case.
V.-- Problems of legislative technique mean that in some opportunities the legislator is obliged, in addition to using terms that are not entirely precise (public tranquility in Article 271 of the Penal Code), or with great absorptive capacity (artifices or deceptions in Article 216 of the Penal Code), to relate provisions to others, a topic already addressed by the Chamber in decision 1876-90 cited above. Both practices can entail obscurity in the provision and hinder its comprehension, causing in some cases friction with the requirements that criminal characterization (tipicidad) as a guarantee entails. Although not necessarily with the constitution.’ As the previous transcripts evidence, for the Chamber, criminal characterization (tipicidad) demands that criminal conducts be coined in categories that have a basic structure consisting of active subject and active verb. It has also been indicated that the provision can allude to very broad concepts or those with great absorptive capacity, which may present problems of comprehension of the provision but not friction with the requirements of criminal characterization (tipicidad) as a guarantee. It must be taken into account that this Court also ruled on the constitutionality of provisions requiring another provision for their complement, which the doctrine calls ‘blank criminal provision (norma penal en blanco)’ (see decision number 1876-90 of sixteen hours of December nineteenth, nineteen ninety), admitting its conformity with the constitutional order. What the Chamber has not admitted is the use of so-called ‘open criminal categories (tipos penales abiertos)’ which the most authoritative doctrine of criminal law defines as those in which the matter of prohibition is not established by the legislator and the same is left to judicial determination. These categories -the Chamber has said- insofar as they entail a serious danger of arbitrariness, openly injure the principle of legality of crimes (see judgment number 0490-94 of sixteen hours fifteen minutes of January twenty-fifth, nineteen ninety-four).
The High Court has also indicated, in decisions n.° 5964, 5755, 5594, and 4100, all from 1994, the following:
“The use of generic terms such as ‘Infractions of the provisions of this law…’, when typifying a conduct as constituting a crime, results, by its vagueness, contrary to the provisions of Article 39 of the Constitution and must be so declared”. (The bold text does not correspond to the original).
Thus, it is recommended to recompose this criminal category (tipo penal), limiting it to indicate that the failure to comply with the orders or special health measures (medidas sanitarias especiales) issued by the health authorities commits the crime of disobedience, which, obviously, has the penalty established in the Penal Code.
III.- CONCLUSION.
The substitute text of the Comprehensive Reform of the Ley General de Salud presents problems of legislative technique and doubts of constitutionality, in the aspects previously specified.
Of you, with all consideration and esteem, Dr. Fernando Castillo Víquez CONSTITUTIONAL PROSECUTOR (PROCURADOR CONSTITUCIONAL)
Opinión Jurídica : 078 - J del 14/06/2005 OJ-078-2005 14 de junio del 2005 Licenciada Sonia Mata Valle Jefa de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales Asamblea Legislativa Estimada señora:
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República me es grato referirme a su oficio n.° CPAS-09-15.499 del 12 de mayo del 2005, a través del cual solicita el criterio del Órgano Superior consultivo técnico-jurídico sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “Reforma Integral a la Ley General de Salud”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n.° 15.499.
Es necesario aclarar que el criterio que a continuación se expone, es una mera opinión jurídica de la Procuraduría General de la República y, por ende, no tiene ningún efecto vinculante para la Asamblea Legislativa por no ser Administración Pública. Se hace como una colaboración en la importante labor que desempeña el diputado.
I.- RESUMEN DEL PROYECTO DE LEY.
Según se indica en la exposición de motivos y así se desprende de su articulado, esta iniciativa de ley dicta una nueva Ley General de Salud, donde se regulan, entre otras, las siguientes materias: de la salud integral, individual, familiar y colectiva; las personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados; de la investigación científica y la gestión tecnológica en salud; de los profesionales en ciencias de la salud; de los establecimientos de salud y afines; de las actividades relacionadas con materiales y equipo biomédico y similares; del sistema nacional de vigilancia de la salud; de la información y publicidad en materia de salud; de la conservación y mejoramiento del ambiente humano; etc.
Dada la amplitud del texto -más de 400 artículos- y de las materias reguladas, nos vamos a referir, en esta opinión jurídica, únicamente a aquellos aspectos que presentan algún problema de técnica legislativa o donde existen dudas de constitucionalidad, en el entendido de que los asuntos técnicos, propios de otras disciplinas, serán abordados, con la propiedad y el rigor científico, por los órganos y entes competentes a quienes también se les ha consultado el texto en estudio.
II.- SOBRE EL FONDO.
El artículo 1° indica, con toda propiedad, que la salud y el ambiente sano son derechos humanos fundamentales de las personas tutelados por el Estado. Además, se establece el deber legal de todas las personas físicas y jurídicas habitantes del territorio nacional de contribuir con su construcción y conservación. Esta norma está a tono con lo que ha fijado el Tribunal Constitucional sobre la materia. En efecto, El Alto Tribunal, en una abundante jurisprudencia, ha reconocido que el Derecho a la Salud tiene cobertura constitucional. Según él, este importante derecho, se deriva del derecho a la vida (artículo 21 constitucional) y de un ambiente sano (artículo 50 del mismo cuerpo normativo). (Véanse, entre otros votos, 725-98 y 7154-94).
Por consiguiente, el Estado tiene la responsabilidad de procurar que todas las personas reciban los servicios de salud en forma oportuna (véase, entre otras resoluciones, la n.° 4578-97 de la S. Const.). “Modernamente es innegable el papel determinante que debe jugar el Estado, y en el caso que nos ocupa, el Estado de Costa Rica, representado por el Ministerio de Salud en este campo, en cuanto al establecimiento de programas para la protección de ese valor fundamental de todos los ciudadanos.” (Véase el voto n.° 2522-97 del Tribunal Constitucional).
Ahora bien, el Estado no sólo tiene la responsabilidad de que todos los habitantes de la República tengan acceso a los servicios de salud, con el fin de satisfacer ese derecho fundamental que les asiste, sino que está llamado a protegerlo en forma eficiente y rápida. (Véase el voto n.° 661-96 del Tribunal Constitucional). Lo anterior significa, y dentro de una concepción contemporánea de la medicina que enfatiza en la prevención más que en la curación, que el Derecho de la Constitución le impone al Estado el deber de procurar, por todos los medios razonables y técnicamente viables, que los habitantes de la República no sufran daños en su salud.
En el numeral 2 existe una imprecisión técnica jurídica, cuando se habla de que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, es el “ente rector” en la materia, siendo en realidad dicho Ministerio un “órgano” de la Administración Pública, pues, como es bien sabido, el ente es el Estado, quien goza de personalidad jurídica (centro de imputación de derechos y obligaciones), y no los órganos que lo integran, quienes no goza de tal atributo jurídico. Por tal razón, debe cambiarse la expresión “ente rector” por “órgano rector”.
El artículo 5 indica que toda persona física o jurídica está obligada a proporcionar, de manera veraz y oportuna, en los términos, plazos y los medios establecidos en la citada ley o en el respectivo reglamento, los datos e información que el Ministerio solicite para efectos de elaboración, análisis y difusión de las estadísticas en salud, para la vigilancia de la salud, la evaluación de los servicios e insumos en salud, la gestión de la salud ambiental, la distribución de los recursos, así como para otros estudios de la gestión en salud a fin de formular soluciones adecuadas a los problemas de salud pública.
Vista así las cosas, alguien podría pensar que el citado numeral vulnera el derecho a la intimidad. Como es de todos conocidos, el artículo 24 constitucional garantiza a todos los habitantes de la República el derecho a la intimidad. Además, este derecho encuentra su fundamento en el ámbito internacional en los artículos 12 y 13 de la Declaración de Derechos Humanos y en los artículos 11, 12, y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 12 de la Declaración Universal señala: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.
En lo que se refiere al contenido del derecho a la intimidad no existe intersubjetividad en la doctrina nacional e internacional ni en la jurisprudencia, pues tenemos que hay tres tipos o clases de posturas: un concepto restrictivo, un concepto en estrecha relación con algunas otras garantías individuales y un concepto amplio o comprensivo de todas las garantías individuales dadas a la persona.
a.- Concepto restrictivo: es aquel que define el derecho a la intimidad como un ámbito irreductible del ser humano, una esfera privada de su vida, sin hacer referencia inmediata a otras garantías como serían el derecho a la imagen, al domicilio y a la correspondencia. Partiendo de un concepto restrictivo la intimidad hace referencia, primariamente, a un espacio propio, privativo del individuo, el que solo adquiere su pleno sentido frente a los otros tanto para hacerlo valer ante y contra y oponerlo a estos (vertiente negativa o defensiva), como para compartirlo con ellos y articularlo con los de los demás (vertiente positiva). Dentro de este concepto restrictivo encontramos resoluciones de la Sala Constitucional que han afirmado: “El derecho a la intimidad entre otras cosas, es el derecho del individuo a tener un sector personal, una esfera privada de su vida, inaccesible al público salvo expresa voluntad del interesado”. S.C.V. 678-91; “Para la Sala el derecho a la vida privada se puede definir como la esfera en que nadie puede inmiscuirse“. S.C.V. 4463-96.
b.- Concepto relacionado con otras garantías individuales: este concepto define como contenido del derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, el derecho al domicilio y a la correspondencia. Algunos autores incluyen incluso como contenido del derecho a la intimidad la libertad de tránsito. Así por ejemplo, en la misma resolución S.C.V. 4463-96, se indica: “el derecho a la intimidad tiene un contenido positivo que se manifiesta de múltiples formas, como por ejemplo el derecho a la imagen, al domicilio y a la correspondencia. Dentro de esta línea conceptual el artículo 33 de la Constitución portuguesa de 1976, reconoce a todos: “el derecho a la identidad personal, al buen nombre, reputación y a la reserva de su intimidad en la vida privada y familiar”; el artículo 18 de la Constitución española de 1976 garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Dentro de esta línea, además de las anteriores manifestaciones, como una de las garantías relacionadas con el derecho a la intimidad, también se incluye la libertad de tránsito, resultando así de la relación de las normas constitucionales 22, 23, 28 y 41 con el 24.
c.- Concepto amplio: dentro de esta idea se pretende que el derecho a la intimidad llegaría a incluir todas las libertades fundamentales del individuo, sería como la garantía individual por excelencia, lo cual podría asimilarse en el ámbito sustantivo a la garantía del debido proceso. En este sentido María Virginia Cajiao Jiménez , en su tesis de grado “Protección al derecho a la intimidad frente al uso de Banco de Datos de carácter personal,” 1995, indica lo siguiente: “el derecho a la intimidad se sitúa en el marco de aquellos derechos humanos que suelen calificarse de “individuales”, en contraposición a los “sociales”, lo que nos lleva a la existencia de derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre y que han de ser consagrados y garantizados por la sociedad política.” También nuestra jurisprudencia ha hecho alusión a este sentido amplio: en la sentencia S.C.V. 6497-96, se dijo lo siguiente: “Como lo reconoce la doctrina existe una gran dificultad en clarificar los derechos que integran la vida privada. Ello es así porque puede examinarse desde un punto de vista intimista o, por el contrario, introducir en ella todas las libertades fundamentales corriéndose por ende, el riesgo de que éste derecho pierda especificidad. El derecho a la intimidad tiene un contenido positivo que se manifiesta de múltiples formas como por ejemplo: el derecho al domicilio y a la correspondencia”.
Ahora bien, el mismo numeral 24 constitucional indica que una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, puede determinar cuáles otros órganos de la Administración Pública pueden revisar documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. De acuerdo con nuestro punto de vista, este precepto constitucional -el cual está referido a la revisión de documentos-, junto con el numeral 21 y 50 constitucional constituyen un fundamento suficiente para sostener la constitucional del precepto legal que estamos glosando. Además, con base en los principios de interpretación de unidad de la Constitución, que indica que las normas de esta no pueden interpretarse en forma aislada, sino que han de considerarse formando parte de la totalidad, con la finalidad de evitar contradicción entre ellas; y el principio de la armonización o concordancia práctica, que señala que los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos deben ser coordinados de tal modo que la solución del problema conserven su identidad, es decir, que ahí donde se producen colisiones entre ellos no se debe, a través de una precipitada “ponderación de bienes” o incluso abstracta “ponderación de valores”, realizar el uno a costa del otro (Véase a: DANÓS ORDÓNEZ, Jorge. “Los Derechos a la Igualdad y no Discriminación por Razón de Sexo en el Derecho Constitucional”. En Discriminación Sexual y Aplicación de la Ley. Defensoría del Pueblo Jirón, Ucayali, Lima, n.° 388, agosto, 2000, p. 152), el numeral 5 del proyecto de ley no conlleva un vaciamiento del contenido esencial del derecho a la intimidad; además, constituye una limitación que busca concretizar un objetivo constitucional -proteger, garantizar y promover el derecho de la salud de los habitantes de la República; es objetiva, razonable y proporcionalidad, es decir, existe una relación lógica y adecuada entre el medio empleado y el fin perseguido; amén de que se opta por la vía menos gravosa para la libertad pública.
El artículo 26 de proyecto de ley le atribuye a la Caja Costarricense de Seguro Social la atención integral de la salud y la rehabilitación de las personas con adicciones. Sobre el particular, existe la duda de si este precepto legal podría lesionar la autonomía, que en materia de gobierno y administración, le asigna el Derecho de la Constitución a este ente (artículo 73 constitucional). Sobre el particular, en el dictamen C-103-2002 de 19 de abril del 2002, expresamos lo siguiente:
“Por otra parte, en este análisis no podemos perder de vista de que la CCSS goza de autonomía política y administrativa en la administración y en el gobierno de los seguros sociales. Al respecto, en la opinión jurídica O.J.-062-2001 de 30 de mayo de 2001, expresamos lo siguiente:
‘II. SOBRE LA AUTONOMIA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL:
La Constitución Política originalmente estipulaba, en su artículo 188, que las instituciones autónomas gozaban de ‘independencia en materia de gobierno y administración’, es decir, de autonomía en los dos ámbitos.
Como bien sostenía Mauro Murillo desde hace más de dos décadas (La descentralización administrativa en la Constitución Política, en : Revista de Ciencias Jurídicas, San José, n° 30, setiembre-diciembre 1976, pág. 82 y 83.), cuyas palabras son reproducidas en la sentencia constitucional que el accionante cita (n° 6256-94), la autonomía administrativa supone la posibilidad jurídica de la respectiva organización de realizar su cometido legal sin sujeción a otro ente (capacidad de autoadministrarse); mientras que la política o de gobierno consiste en la aptitud de señalarse o fijarse el ente a sí mismo sus propios objetivos o directrices (capacidad de autogobernarse o autodirigirse políticamente). O, en términos de una reciente resolución de la propia Sala, ‘... la potestad de gobierno alude a la determinación de políticas, metas y medios generales, más o menos discrecionales, mientras que la de administración implica, fundamentalmente, la realización de aquellas políticas, metas y medios generales, utilizando y, por ende, estableciendo a su vez- medios, direcciones o conductas más concretas y más o menos regladas ...’ (voto n° 6345-97 de las 8 :33 horas del 6 de octubre de 1997).
En 1968, sin embargo, al referido precepto constitucional fue modificado para someter a esas instituciones autónomas ‘a la ley en materia de gobierno’. Con acierto se sostiene en la última resolución citada, que dicha reforma constitucional obedecía al propósito de ‘... relativizar un mito de autonomía institucional que obstaculizaba la eficacia vincular de la Planificación nacional del desarrollo ...’ ; reforma que constituye lo que algún trabajo universitario calificaba, en su oportunidad, como la punta de lanza de un proceso de ‘recentralización administrativa’ que permitió al Poder Ejecutivo recobrar control político sobre el sector administrativo descentralizado (Ver la tesis de grado de Luis Antonio Sobrado y Jaime David Tischler titulada Autonomía universitaria: contexto histórico, descentralización administrativa y Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 1985, pág. 177 y siguientes.).
Indudablemente, la comentada enmienda permitió incrementar el nivel de tutela administrativa que el Poder Ejecutivo ejercía sobre las instituciones autónomas, mediante la promulgación de normas legales que diseñaron distintos instrumentos de esa naturaleza. Así, por ejemplo, con razón ha sido dicho que dicha reforma permitió imponerles ‘... los criterios de planificación nacional y en particular, someterlas a las directrices de carácter general dictadas desde el Poder Ejecutivo central o de órganos de la Administración Central (llamados a complementar o a fiscalizar esa política general). Como parte de esos órganos políticos, fue establecida la Autoridad Presupuestaria, con el objeto de formular y ejecutar las directrices generales en materia de salarios, entre otras, emanadas del Poder Ejecutivo o de órganos de la administración central ...’ (voto n° 3309-94 de las 15 horas del 5 de julio de 1994). Como veremos, en esa misma circunstancia se encuentra la figura del presidente ejecutivo, introducida en nuestro ordenamiento en 1974, cuya existencia hubiera sido inconstitucional antes de 1968.
Ahora bien, queda por determinar si la comentada reforma del artículo 188 de la Constitución Política afectó la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, toda vez que el artículo 73 del mismo Texto Fundamental le encarga la ‘administración y el gobierno de los seguros sociales’.
La respuesta clásica a dicho interrogante la dio, en nuestro medio, el mismo Mauro Murillo:
‘Si ésta [se refiere a la Caja] tiene no sólo la administración sino también el «gobierno» de la materia de su competencia, si en el Constituyente hubo clara conciencia de la distinción entre «administración» y «gobierno», como lo demuestra el texto original y el vigente del artículo 188, y en caso de conflicto sobre normas de un mismo cuerpo rige el principio de que lo especial prevalece sobre lo general, no cabe entonces duda de que la autonomía de la Caja no sufrió mengua en las tantas veces aludida reforma’ (La descentralización administrativa en la Constitución Política, en : Derecho Constitucional costarricense, San José, Juricentro, 1983, pág. 287.).
La Sala Constitucional parece haber prohijado dicha tesis no sólo en la ocasión que cita el accionante (‘La Caja Costarricense de Seguro Social encuentra su garantía de existencia en el artículo 73 constitucional, con las siguientes particularidades : a) ... b) la norma le concede en forma exclusiva a la Caja Costarricense de Seguro Social, la administración y gobierno de los seguros sociales, grado de autonomía que es, desde luego, distinto y superior al que se define en forma general en el artículo 188 idem’ ,voto n° 6256-94, ). También en su resolución n° 3403-94 estableció lo siguiente:
‘El artículo 73 de la Constitución Política, que establece lo seguros sociales, encomienda su administración y gobierno a la Caja Costarricense de Seguro Social, otorgándole a esta institución un grado de autonomía distinto y superior al que se define en términos generales en el artículo 188 idem ...’ (15 :42 horas del 7 de julio de 194)’.
En tercer lugar, como bien lo indica la Dirección Jurídica de la CCSS, existe una normativa muy dispersa que regula la materia que estamos analizando. En efecto, la Ley n.° 5412 de 3 de noviembre de 1973, ‘Ley Orgánica del Ministerio de Salud’, en su artículo 21, señala lo siguiente:
‘Artículo 21.- El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia tendrá a su cargo el estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación del alcoholismo y la farmacodependencia, así como la coordinación y aprobación de todos los programas públicos y privados orientados a aquellos mismos fines’.
Por su parte, el Decreto Ejecutivo n.° 26477-S de 8 de octubre de 1997, ‘Reglamento General del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia’ (IAFA), en sus numerales uno y dos, expresa lo siguiente:
‘ Artículo 1.- El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia es el ente especializado en el fenómeno droga; que tendrá a su cargo el desarrollo, asesoramiento y promoción de acciones integrales relacionadas con dicho fenómeno que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Asimismo, es el encargado de coordinar y aprobar todos los programas públicos y privados relacionados con esos mismos fines, debiendo gestionar su suspensión si incumplen con los lineamientos establecidos al efecto’.
‘Artículo 2.- Los objetivos del Instituto son:
(…)
(…)
También la ley n.° 7786 de 30 de abril de 1998, ‘Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas’, y sus reformas, indica, en los artículos 3, 100 y 166, lo siguiente:
‘Artículo 3º-Es deber del Estado prevenir el uso indebido de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y cualquier otro producto capaz de producir dependencia física o psíquica; asimismo, asegurar la identificación pronta, el tratamiento, la educación, el postratamiento, la rehabilitación y la readaptación social de las personas afectadas, y procurar los recursos económicos necesarios para recuperar a las personas farmacodependientes y a las afectadas, directa o indirectamente, por el consumo de drogas, a fin de educarlas, brindarles tratamiento de rehabilitación física y mental y readaptarlas a la sociedad.
Los tratamientos estarán a cargo del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), y de cualquier otra entidad o institución legalmente autorizada por el Estado. Si se trata de personas menores de edad, para lograr dicho tratamiento el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) deberá dictar las medidas de protección necesarias dispuestas en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
En todo caso, corresponde al IAFA ejercer la rectoría técnica y la supervisión en materia de prevención y tratamiento, así como proponer, diseñar y evaluar programas de prevención del consumo de drogas’.
‘Artículo 100.-El Instituto Costarricense sobre Drogas diseñará el Plan Nacional sobre Drogas y coordinará las políticas de prevención del consumo de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de los farmacodependientes, así como las políticas de prevención del delito: uso, tenencia, comercialización y tráfico ilícito de drogas, estupefacientes, psicotrópicos, sustancias inhalables, drogas y fármacos susceptibles de producir dependencia física o síquica, precursores y sustancias químicas controladas, según las convenciones internacionales suscritas y ratificadas por Costa Rica y de acuerdo con cualquier otro instrumento jurídico que se apruebe sobre esta materia y las que se incluyan en los listados oficiales publicados periódicamente en La Gaceta.
En materia de prevención del consumo, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción, le corresponde al IAFA la coordinación y aprobación de todos los programas públicos y privados orientados a estos fines’.
‘Artículo 166. -Autorízase a la CCSS para que cree centros especializados en la atención de los farmacodependientes, en un plazo máximo de cuatro años’.
También la Ley n.° 7972 de 24 de diciembre de 1999, ‘Ley de Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para Financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en Riesgo Social, Personas Discapacitadas Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, Apoyo de la Cruz Roja y Derogación sobre las Actividades Agrícolas y su Consecuente Sustitución’, en su artículo 15, señala lo siguiente:
‘Artículo 15.- Los recursos referidos en el inciso a) del artículo 14 de la presente ley serán asignados, vía transferencia del Ministerio de Hacienda, en la siguiente forma:
(…)
De este porcentaje, un dos y medio por ciento (2,5%) será girado en partes iguales a favor de la Asociación Misionera Club de Paz, cédula jurídica No. 3-002-092400 y a la Asociación Ejército de Salvación, cédula jurídica No. 3-002-045556. Estas sumas sólo podrán ser utilizadas en programas de baño, alimentación y dormitorio para la población alcohólica y farmacodependiente menesterosa e indigente.
Del total de los recursos destinados al IAFA, este deberá financiar el establecimiento y mantenimiento de albergues para el tratamiento de las mujeres drogadictas en las provincias de Limón y Puntarenas’.
Además, en el Decreto Ejecutivo n.° 29819-MP de 11 de setiembre de 2001, ‘Plan y Estrategia Antidroga del Gobierno de la República’, en sus considerandos y en los artículos 4 y 18, se indica lo siguiente:
‘Fortalece al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) como ente rector técnico y supervisor en las acciones encaminadas a recuperar a los farmacodependientes y a personas afectadas, directa o indirectamente por el consumo de drogas, con la finalidad de educarlas, brindarles tratamiento de rehabilitación física y mental y readaptarlas a la sociedad (art. 3, 5 y 92 de la Ley N° 7786).
Deposita en el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, el tratamiento de los drogodependientes (art. 3 de la Ley N° 7786)’.
‘Artículo 4º-De los Órganos Coordinadores. La Estrategia Antidrogas del Gobierno de la República será coordinada por el Centro Nacional de Prevención contra Drogas (CENADRO) en todos los ámbitos del fenómeno droga, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) como ente rector técnico en materia de prevención del consumo y de la rehabilitación, tratamiento y reinserción de los drogodependientes; la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en las materias de diagnóstico y tratamiento; el Área de Control de Drogas Estupefacientes, Psicotrópicas y Precursores del Ministerio de Salud, como ente rector en el control y fiscalización de la importación de drogas estupefacientes, psicotrópicas y precursores químicos; el Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas (CICAD) en la coordinación de las acciones policiales en materia de tráfico ilícito, legitimación de capitales provenientes del narcotráfico y desvío de precursores y del Ministerio Público del Poder Judicial en la dirección y control de las investigaciones represivas y aplicación de la ley penal’.
‘Artículo 18. -De las metas y estrategias del Plan Específico para el diagnóstico, rehabilitación y reinserción. La Estrategia Nacional del Gobierno de la República cuenta con seis metas para el cumplimiento del Plan Específico para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción de los drogodependientes en la sociedad:
Realizar? el diagnóstico del estado actual de los servicios e instalaciones de tratamiento, definiendo necesidades y prioridades para su desarrollo.
Gestionar? la infraestructura y los recursos humanos y materiales cuando corresponda, para garantizar la cobertura y eficiencia de los servicios especializados en salas de emergencias hospitalarias.
Implementar? programas de tratamiento de carácter ambulatorio y/o hospitalario, en el Sistema Nacional de Salud, bajo la responsabilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), para la atención del adicto y sus familiares.
Actualizar? el registro de morbilidad, incapacidad, diagnóstico sobre adicción en los Hospitales y Clínicas bajo la responsabilidad de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Como puede observarse, la normativa legal y reglamentaria que regula esta materia es muy dispersa; no obstante ello, podemos visualizar algunas constantes que son cruciales para resolver el asunto que se nos ha sometido a estudio. De las normas transcritas, se desprende, sin lugar a duda, que el IAFA tiene el deber legal de brindar el tratamiento de los farmacodependientes y personas afectadas por el consumo de drogas. En primer lugar, porque el legislador, en las leyes más recientes (la n.° 8204 y la n.° 7972), le continuó asignado esa función. Si la intención del legislador hubiese sido otra, así lo habría dispuesto. Incluso, en la ley n.° 8204, que reformó en forma íntegra la n.° 7786, se indica, en forma clara, que los tratamientos de los farmacodependientes estarán a cargo del Ministerio de Salud, la CCSS y el IAFA, y de cualquier otra entidad o institución legalmente autorizada por el Estado. En el mismo sentido se pronunció el legislador en la ley n.° 7972, al asignar recursos al IAFA para financiar programas de atención, albergue, rehabilitación y tratamiento de personas con problemas de alcoholismo y farmacopedendencia.
Por otra parte, el hecho de que el IAFA sea el órgano rector en materia de prevención del consumo, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción, no significa, de ninguna manera, que esté exento de brindar el servicio de tratamiento y rehabilitación a los farmacodependientes y personas afectadas por el consumo de drogas. Si bien es cierto, y atendiendo a una buena técnica jurídico- administrativa, la función de dirección no debería asignarse junto con la función de ejecución a un mismo órgano o un ente, desde la óptica del Derecho de la Constitución (valores, principios y normas), no existe ningún impedimento jurídico para que el legislador actúe en esa dirección. Ergo, el legislador está autorizado para asignarle a un órgano o un ente ambas funciones. Desde esta perspectiva, la función de dirección no es excluyente de la función de ejecución. En el caso que nos ocupa, ocurre que el legislador le asigna las funciones de dirección y de ejecución en la materia que estamos analizando al IAFA, aunque en el caso de la última no en forma exclusiva, como sí sucede con la primera.
Por otra parte, debemos llamar la atención sobre lo siguiente. Dado el grado de autonomía que el Derecho de la Constitución le garantiza a la CCSS, como se indicó supra, esta entidad no puede estar sujeta a las directrices que emita el IAFA en esta materia, por lo que, de llegar asumir completamente la función del tratamiento y la rehabilitación de las personas farmacopedentientes, el único órgano que tendría competencia para fijar las políticas, directrices y órdenes sería su Junta Directiva en este ámbito. De lo que llevamos dicho hasta aquí se desprende una conclusión lógica y necesaria, y es que entre el IAFA y la CCSS sólo puede existir una relación de coordinación, nunca de dirección, ya que la directriz, en todo lo que atañe al gobierno y administración de los seguros sociales, es incompatible con el grado de autonomía que el Derecho de la Constitución le otorga y le garantiza a la CCSS. Ese es un aspecto que debe tener presente el legislador y el Poder Ejecutivo, ya que, en el eventual caso de que todo lo relativo al tratamiento y rehabilitación pasara a manos de la entidad aseguradora, la razón de ser del IAFA se reduciría a la mínima expresión, concretamente: a la prevención del consumo de drogas.
Se indica como argumento a favor de que el tratamiento y la rehabilitación del farmacodependiente no es competencia de IAFA como consecuencia de la vigencia de la ley n. ° 7374 de 3 de diciembre de 1993, ‘Aprobación de los Contratos de Préstamos Suscritos entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Costa Rica’, la que en sus artículos 7 y 9, en lo que interesa, autoriza a la CCSS a asumir los servicios asistenciales y preventivos de la salud. Empero, estas normas no resultan aplicables al caso de análisis, por la sencilla razón de que se refieren a programas del Ministerio de Salud actualmente asignados a la atención preventiva de las personas, tema que tiene muy poco que ver con el tratamiento y rehabilitación del farmacodependiente, asunto que se subsume dentro del tratamiento terapéutico, es decir, en la técnica médica tendiente a sanar la enfermedad”.
En el citado dictamen concluimos que el IAFA tiene el deber legal de brindar el tratamiento de los farmacodependientes y personas afectadas por el consumo de drogas; y que, de acuerdo con la legislación vigente, tanto el IAFA como la CCSS, les correspondía la atención de los citados pacientes. Vista así las cosas, no existe ningún problema de constitucionalidad, en el sentido de que se le asigne, mediante Ley, a la CCSS, en forma exclusiva, la atención de estos pacientes, pues lo que se hace con tal acto es desarrollar el numeral 73 constitucional que le atribuye a este ente el seguro social de enfermedad. Dicho de otra manera, la atención de estos enfermos está dentro de los fines que el Constituyente le impuso a esta entidad.
Ahora bien, si la decisión del Legislativo es que el Ministerio de Salud, y en particular el IAFA, no brinde la atención a las personas afectadas por el consumo de drogas, sino que ese servicio lo preste la CCSS, en forma exclusiva, no resulta congruente el numeral 41, cuando habla que las personas con trastornos mentales o del comportamiento severos, fármacodependientes o alcohólicas serán atendidas en establecimientos habilitados para tal efecto por el Ministerio de Salud. Así las cosas, existe una contradicción lógica entre el numeral 25 y el 41 del proyecto de ley.
En el artículo 44, que indica que todas las personas, sin discriminación de ninguna especie, tienen derecho a contar con condiciones de vida que les permita hacer efectivos sus derechos sexuales y reproductivos y a disfrutar de una salud reproductiva satisfactoria y segura, al igual que el numeral 45, que habla de que toda persona tiene derecho al ejercicio pleno de su sexualidad de manera libre, voluntaria y responsable, requieren de alguna precisión para la armonización del ordenamiento jurídico. En esta dirección, debe indicarse, en ambas normas, que “todas las personas en edad legalmente permitida”, pues, como es bien sabido, y así se desprende de la legislación penal, las relaciones sexuales con menores y entre menores no están autorizadas por el ordenamiento jurídico. Además, no creemos que la intención de los redactores, en este ámbito, sea el modificar el status quo.
El artículo 51, que indica que toda las mujeres, niñas, adolescentes y adultas cuyo embarazo ponga en riesgo su vida, tienen derecho a la información sobre el riego que conlleva su continuación, así como a la su interrupción, podría presentar algunos problemas en su aplicación y dudas de constitucionalidad.
Como es todos conocidos, el numeral 21 de la Carta Fundamental optó por la inviolabilidad de la vida desde la concepción. En esta dirección, el Tribunal Constitucional, en el voto 2792-04, “III.- Sobre el Fondo.- El reclamo del accionante tiene su fundamento en la sentencia de esta Sala número 2306-2000 de las quince horas veintiún minutos del quince de marzo del dos mil. Resulta importante entonces comenzar con una transcripción de lo que allí se dijo en relación con el tema en discusión:
‘[…]
V.- La protección constitucional del Derecho a la Vida y la Dignidad del ser humano: El inicio de la vida humana. Los derechos de la persona, en su dimensión vital, se refieren a la manifestación primigenia del ser humano: la vida. Sin la existencia humana es un sin sentido hablar de derechos y libertades, por lo que el ser humano es la referencia última de la imputación de derechos y libertades fundamentales. Para el ser humano, la vida no sólo es un hecho empíricamente comprobable, sino que es un derecho que le pertenece precisamente por estar vivo. El ser humano es titular de un derecho a no ser privado de su vida ni a sufrir ataques ilegítimos por parte del Estado o de particulares, pero no sólo eso: el poder público y la sociedad civil deben ayudarlo a defenderse de los peligros para su vida (sean naturales o sociales), tales como la insalubridad y el hambre, sólo por poner dos ejemplos. La pregunta ¿cuándo comienza la vida humana? tiene trascendental importancia en el asunto que aquí se discute, pues debe definirse desde cuándo el ser humano es sujeto de protección jurídica en nuestro ordenamiento. Existen divergencias entre los especialistas. Algunos consideran que los embriones humanos son entidades que se encuentran en un estado de su desarrollo donde no poseen más que un simple potencial de vida. Describen el desarrollo de la vida en este estadio inicial diciendo que el gameto -célula sexual o germinal llegada a la madurez, generalmente de número de cromosomas haploide, con vistas a asociarse con otra célula del mismo origen para formar un nuevo vegetal o animal- se une con uno de sexo opuesto y forma un cigoto (que después se dividirá), luego un pre-embrión (hasta el día catorce tras la fecundación) y por último, un embrión (más allá del día catorce y en el momento de la diferenciación celular). Señalan que antes de la fijación del pre-embrión éste se compone de células no diferenciadas, y que esa diferenciación celular no sucede sino después de que se ha fijado sobre la pared uterina y después de la aparición de la línea primitiva -primer esbozo del sistema nervioso-; a partir de ese momento se forman los sistemas de órganos y los órganos. Quienes sostienen esta posición afirman que no es sino hasta después del décimo a decimocuarto día posterior a la fecundación que comienza la vida, y que no está claro que un embrión humano sea un individuo único antes de ese momento. Por el contrario, otros sostienen que todo ser humano tiene un comienzo único que se produce en el momento mismo de la fecundación. Definen al embrión como la forma original del ser o la forma más joven de un ser y opinan que no existe el término pre-embrión, pues antes del embrión, en el estadio precedente, hay un espermatozoide y un óvulo. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo esa entidad se convierte en un cigoto y por ende en un embrión. La más importante característica de esta célula es que todo lo que le permitirá evolucionar hacia el individuo ya se encuentra en su lugar; toda la información necesaria y suficiente para definir las características de un nuevo ser humano aparecen reunidas en el encuentro de los veintitrés cromosomas del espermatozoide y los veintitrés cromosomas del ovocito. Se ha dicho que por inducción científica se tuvo conocimiento de la novedad de la ‘criatura única’ desde hace más de cincuenta años, pero como la información escrita en la molécula ADN del cromosoma era diminuta, fue aproximadamente hasta 1987 que esa suposición pasó a ser una realidad científicamente demostrable. Al describir la segmentación de las células que se produce inmediatamente después de la fecundación, se indica que en el estadio de tres células existe un minúsculo ser humano y a partir de esa fase todo individuo es único, rigurosamente diferente de cualquier otro. En resumen, en cuanto ha sido concebida, una persona es una persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento jurídico, según se demuestra de seguido. Esta segunda posición es acorde con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigentes en Costa Rica.
VI.- La protección del derecho a la vida y la dignidad del ser humano en los instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica y en nuestra Constitución Política. Del principio de inviolabilidad de la vida se derivan varios corolarios y derechos anexos. Entre ellos, cabe destacar que, como el derecho se declara a favor de todos, sin excepción, -cualquier excepción o limitación destruye el contenido mismo del derecho-, debe protegerse tanto en el ser ya nacido como en el por nacer, de donde deriva la ilegitimidad del aborto o de la restitución de la pena de muerte en los países en que ya no existe. La normativa internacional, sin ser muy prolija, establece principios rectores sólidos en relación con el tema de la vida humana. A modo de enumeración, podemos decir que el valor vida humana encuentra protección normativa internacional en el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, -adoptada en la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, 1948 que afirma: ‘Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona’ -, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 del Pacto de San José, en el que el derecho a la vida tiene un reconocimiento y una protección mucho más elaborada. Persona es todo ser humano (artículo 1.2) y toda persona ‘tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica’ (artículo 3), ambas normas del Pacto de San José. No existen seres humanos de distinta categoría jurídica, todos somos personas y lo primero que nuestra personalidad jurídica reclama de los demás es el reconocimiento del derecho a la vida, sin la cual la personalidad no podría ejercerse. Señala textualmente el Pacto de San José en su artículo 4.1:
‘Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.’ Este instrumento internacional da un paso decisivo, pues tutela el derecho a partir del momento de la concepción. Se prohíbe tajantemente imponer la pena de muerte a una mujer en estado de gravidez, lo que constituye una protección directa y, por ende, un reconocimiento pleno, de la personalidad jurídica y real del no nacido y de sus derechos. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por ley Nº7184 del 18 de julio de 1990, tutela el derecho a la vida en el artículo 6. Reconoce la personalidad del no nacido y en el párrafo 2 del Preámbulo señala que no se puede hacer distinción por razón alguna, entre las que menciona ‘el nacimiento’. Más adelante cita la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que otorga ‘debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento’. Nuestro ordenamiento contempla en el artículo 21 de la Constitución Política que ‘la vida humana es inviolable’.
VII.- La protección del derecho a la vida y la dignidad del ser humano en la legislación costarricense: Legalmente, el artículo 31 del Código Civil establece que la existencia de la persona física comienza al nacer viva, pero inmediatamente indica que se le considera ‘nacida para todo lo que la favorezca, desde 300 días antes de su nacimiento’, con lo cual se le está reconociendo desde ese momento (la concepción) su status de persona. El Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 7739 de 6 de enero de 1998, se refiere los derechos que se estudian de la siguiente manera:
‘Artículo 12. Derecho a la Vida. La persona menor de edad tiene el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción (...)’ El concepto de menor abarca tanto al niño como al adolescente, y la misma ley señala que ‘niño’ se es ‘desde su concepción hasta sus 12 años’.
‘Artículo 13. Derecho a la protección estatal. La persona menor de edad tendrá el derecho de ser protegida por el Estado contra cualquier forma de abandono o abuso intencional o negligente, de carácter cruel, inhumano, degradante o humillante que afecte el desarrollo integral’.
El derecho a la vida es la esencia de los derechos humanos, pues sin vida no hay humanidad, ahora bien, como todo derecho, lo es en tanto que es exigible ante terceros. El ser humano tiene derecho a que nadie atente contra su vida, a que no se le prive de ella -formulación negativa-, pero también a exigir de otros conductas positivas para conservarla. Esta conducta puede ser reclamada a profesionales o instituciones dedicadas al cuidado de la salud y a quien tenga incluso un deber genérico de asistencia. De las normas citadas y especialmente de los artículos 21 constitucional, 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño se deriva claramente que la vida humana se protege desde la concepción, lo cual ya ha sido afirmado por esta Sala desde su jurisprudencia más temprana (voto 647-90). Esta es la segunda premisa con base en la cual se analizará la constitucionalidad de la Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria (FIVET). Las normas citadas imponen la obligación de proteger al embrión contra los abusos a que puede ser sometido en un laboratorio y, especialmente del más grave de ellos, el capaz de eliminar la existencia’ IV.- Para lo que interesa en este caso, el pronunciamiento anterior, realmente no produce innovación alguna, puesto que más bien, su autoridad deriva de las fuentes normativas vigentes que cita, a saber: el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Preámbulo y el artículo 6.1 de la Convención de Derechos del Niño, así como los artículos 12 y 13 Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley número 7739 de seis de enero de mil novecientos noventa y ocho. De la conjunción y sistematización de todas ellas se concluye (como lo hizo el pronunciamiento citado) que nuestro ordenamiento no hace diferencia entre nacidos y no nacidos para efectos de darles el estatus de ser humano, equivalente al de persona, a efectos de reconocerles la protección de su derecho a la vida. En igual sentido, no existe ninguna contradicción con las normas punitivas contra las que se dirige el accionante (el reclamo contra el artículo 31 del Código Civil se analiza más adelante), pues ellas tienen como objeto la criminalización de conductas que, desde la perspectiva del legislador, atentan contra el derecho a la vida; existe así hasta este punto, plena congruencia en nuestro ordenamiento jurídico el cual, en el ámbito constitucional y convencional dispone la protección del derecho a la vida de los seres humanos nacidos o no, lo cual se repite dentro del ordenamiento jurídico penal que penaliza las conductas que atentan contra ese derecho a lo largo de todo el tiempo que dura la vida del ser humano. No existe entonces ninguna infracción al derecho a la vida que quepa reclamar y el propio accionante así lo entiende al reclamar no contra una infracción a ese derecho, sino una lesión a derecho a la igualdad de trato.
V.- La argumentación central del accionante en lo que se refiere al principio de igualdad, radica en señalar que previamente a la emisión de la resolución número 2306-2000, existía en nuestro ordenamiento una distinción entre feto y persona, la cual fue superada al emitirse dicho pronunciamiento, de manera que las normas jurídicas que tienen como fundamento dicha distinción, como las normas penales discutidas o bien que produzcan la diferenciación entre nacidos y no nacidos -como el artículo 31 del Código Civil- se han convertido en inconstitucionales por contradecir el principio de igualdad, al distinguir donde la resolución de la Sala prohíbe distinguir. No obstante, ese razonamiento contiene un error que ya se hizo ver anteriormente, y es que en realidad la sentencia 2306-2000 citada no vino a innovar en nada la situación jurídica de las personas en nuestro ordenamiento; de tal manera, no es cierto que antes del citado pronunciamiento al feto no se le considerase persona para efectos de proteger su derecho a la vida en sede penal, pues como se vio el tratamiento penal del aborto específicamente parte de la consideración de que estos delitos lesionan la vida de seres humanos. Por otra parte, el segundo elemento del razonamiento del accionante también resulta incorrecto en el tanto en que parte de la base de que para la penalización de conductas relacionadas con el derecho a la vida, el legislador no puede tomar en cuenta otras circunstancias diferentes de la calidad de persona de quien sufre la acción. Para esta Sala lo cierto es más bien lo contrario, dado que un simple vistazo por todo el elenco de penalizaciones asignadas a la comisión de delitos contra la vida, se observa una diversidad de montos que responde a gran cantidad de circunstancias distintas que son sumadas al hecho singularmente considerado de acabar con la vida de un ser humano. De esa manera al núcleo central de una acción consistente en dar muerte a una persona, se agregan muchas otras circunstancias diferentes que se suman para reprimirla en forma diferente según la naturaleza y relevancia de tales particularidades. Así, por ejemplo se toma en cuenta la voluntad del sujeto activo para distinguir el caso del homicidio culposo; la relación entre autor y víctima en el parricidio o del infanticidio o la particular condición y título del sujeto pasivo en el magnicidio, para mencionar solo algunas de las variantes. Todo esto sirve para concluir que es perfectamente factible rescatar y tomar en cuenta diferentes circunstancias y aspectos que, sumados al núcleo básico de la acción lesiva del bien jurídico vida, sirvan para el establecimiento de penas que sean el reflejo de la mayor y más ajustada proporcionalidad posible entre el disvalor que representa para la sociedad cada concreta acción delictiva en cada una de sus variantes, por un lado, y por otro, la pena con que se le ha de sancionar.
VI.- En tal sentido, cabe indicar que esa labor de ordenación y particular tasación de los valores y disvalores como antecedente para la delimitación de una mayor o menor intensidad con que la que vayan a castigarse las conductas calificadas de criminales así como la plasmación de todo ello en normas jurídicas, es el producto de concretas percepciones, sentimientos y creencias de una sociedad en un momento histórico determinado, y le corresponde al legislador como parte de una sus funciones primarias cual es la determinación de la política criminal, tal y como esta Sala ha tenido oportunidad de señalar en diferentes ocasiones (véase al respecto la sentencia número 10543-2001 del diecisiete de octubre de dos mil uno). Ahora bien, y aunque no existe ninguna alegación en ese sentido por parte del accionante, es innegable que en el ejercicio de esa labor legislativa existen límites infranqueables derivados tanto de la Constitución Política como del derecho internacional vigente; no obstante, en este caso particular, no encuentra la Sala que se haya dado un franqueo de esos límites por parte del legislador, en el acto de establecer normativamente una diferencia entre la situación de un ser humano nacido y la de un ser humano que aún no ha nacido, para, con base en dicha distinción, imponer sanciones diferentes para cada una de las modalidades de lesión que se produce al derecho a la vida de ambos. En primer lugar, reconoce la Sala que aunque en los dos casos se trata de seres humanos, es también verdad que se encuentran en etapas de desarrollo claramente diferenciadas, no solo desde el punto de vista médico, sino desde una perspectiva social, de modo que existe una base objetiva y perceptible para diferenciar. En segundo lugar, se presenta en el caso de la persona no nacida una particular relación de absoluta dependencia con una segunda persona, la cual incluso se traduce en que en los primeros estadios de su desarrollo no podría incluso sobrevivir de otra forma y en los últimos estadios del desarrollo antes de nacer, esa relación de dependencia es, si no vital, por lo menos considerada la ideal y apropiada; esto acarrea una nueva circunstancia diferenciadora con otras situaciones que puede y debe ser válidamente tomada en consideración (de una u otra manera) en el tanto en que se hacen presentes y deben tenerse en cuenta, los derechos fundamentales de la madre, cosa que no ocurre en el caso de los homicidios en donde falta esa específica relación con otras personas y sus derechos fundamentales. En tercer lugar, cabe agregar a favor de la validez de la diferenciación en la intensidad de la sanción, el hecho de que ella responde, como se indicó, a una concreta percepción, vivencia y sentimiento existente no solo de nuestra sociedad sino, en todas aquellas que componen nuestro entorno cultural, como puede apreciarse de la simple revisión de la forma en que otros países latinoamericanos y europeos han legislado sobre el punto, siempre optando por una disminución en la reacción penal del Estado ante la lesión del derecho a la vida del no nacido. Con relación a este último argumento sin embargo, cabe aclarar que, por su naturaleza relativista, resulta evidente que no podría nunca colocarse sobre otros argumentos ni desbancar otros principios que la Sala ha reconocido como fundamento de nuestro ordenamiento y -en particular- no podría privar por sobre el respeto y consideración a la dignidad humana por ejemplo. Pero en cambio, es válido admitirlo y sumarlo cuando se trata -como en este caso- de juzgar sobre la proporcionalidad y adecuación de la reacción penal legislativamente establecida por el Estado, labor para la cual la particular conciencia social e histórica que la sociedad tenga sobre el tema debe, necesariamente emplearse como guía. Con otros términos, y esto es importante destacarlo aquí, la aceptación por parte de este órgano constitucional de los tres recién citados criterios de diferenciación como pertinentes y aplicables en este caso, toma en consideración de manera esencial, el hecho de que se está ante diferenciaciones que no van a producir ninguna víctima que deba sufrir o que vaya a sufrir alguna disminución o restricción en el disfrute actual o potencial de sus derechos fundamentales, como producto de la diferenciación realizada y, por esa misma razón, no puede decirse que exista afectación de su dignidad humana. Al no estar en juego ese extremo, sino más bien simplemente un tema de ajuste y proporción entre la gravedad que para la sociedad tienen las diferentes conductas a fin de castigar a los culpables de ellas, los argumentos arriba citados parecen suficientes a la Sala para reconocer la validez de la diferenciación hecha por el legislador para la pena a imponer con lo cual no debe entenderse que esta Sala se manifiesta de acuerdo o en desacuerdo con los montos específicos establecidos sino, más bien, que no encuentra que esa distinción que se ha hecho entre un grupo y otro de conductas según se aplique a personas nacidas y no nacidas, no alcanza a ser inconstitucional, sino que se ubica dentro del marco de legítima discrecionalidad del que goza el legislador en estos aspectos.
VII.- Otro punto discutido por el accionante es el relacionado con la figura contenida en el artículo 121 del Código Penal que recoge lo que en doctrina se conoce como el aborto terapéutico y que señala que no será punible el aborto que se practique con el consentimiento de la mujer por un médico -o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero- si dicha acción se realiza con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y dicho peligro no pudo ser evitado por otros medios. El recurrente solamente se limita a reclamar la inconstitucionalidad de aquella parte que deja sin punir el aborto practicado para evitar un peligro en la salud de la mujer, de manera que solo sobre ella se pronuncia la Sala. Al respecto, tal y como lo señala la Procuraduría en su informe, lo que está en juego aquí es la corrección de la decisión tomada por el legislador en lo referente a la penalización de una conducta y el eje de la tesis del accionante es que se ha preferido un bien jurídico de menor jerarquía como la salud frente a otro de mayor jerarquía como lo es la vida. Sin embargo, y en consonancia con la doctrina y legislación comparada sobre el tema, debe anotarse que cuando se habla de un peligro para la salud de la madre, se trata de una amenaza grave y seria que aún cuando no pone directamente en riesgo su vida (caso en que sería de aplicación el otro supuesto normativo), representa un peligro de lesión a su dignidad como ser humano de tal magnitud que -por ello mismo- el cuerpo social no está en situación de exigirle que la soporte, bajo la amenaza de una penalización. Es necesario entender entonces que la exclusión de penalidad operará entonces en el caso de darse una confrontación de dos bienes jurídicos y dos valores constitucionales, no de diferente rango, sino de rango equivalente. En tal supuesto- cuyas variables concretas la Sala no puede ni debe enlistar en abstracto sino que corresponde verificar y declarar a las autoridades judiciales competentes- no resulta en absoluto desacertado ni menos aún inconstitucional que el legislador se haya abstenido de sancionar la preferencia que se haga por la salud la mujer, si esta va a resultar gravemente lesionada por el embarazo al grado de verse afectado, también de forma grave, su dignidad como ser humano y eventualmente su vida. Con esta perspectiva, para la Sala resultan conciliados el texto normativo impugnado y las nociones de derecho constitucional aplicables a la función punitiva del Estado, tal y como ésta fueron descritas más arriba, de tal manera que no existe ninguna colisión irreconciliable que amerite la anulación de la norma discutida.
VIII.- Finalmente, se reclama la inconstitucionalidad del artículo 31 del Código Civil, en tanto señala que contraviene el principio de igualdad al tratar de forma diferente a las personas en razón de si han nacido o no, lo cual contraviene la sentencia 2306-2000. Sin embargo para la Sala basta citar ese mismo texto para desvirtuar lo dicho por el accionante. Dice la sentencia recién citada en lo conducente:
‘VII.- La protección del derecho a la vida y la dignidad del ser humano en la legislación costarricense: Legalmente, el artículo 31 del Código Civil establece que la existencia de la persona física comienza al nacer viva, pero inmediatamente indica que se le considera "nacida para todo lo que la favorezca, desde 300 días antes de su nacimiento", con lo cual se le está reconociendo desde ese momento (la concepción) su estatus de persona.’ Así las cosas, el tema de la congruencia del artículo 31 del Código Civil y el derecho de la Constitución, fue analizado por parte de la Sala que interpretó, de manera parca pero suficiente, que es justamente con la segunda frase del artículo, que al no nacido se le está reconociendo su estatus de persona tal y como lo requieren las normas y principios constitucionales. Por otra parte, no existe ninguna razón para cambiar ahora de criterio en relación con lo dicho en esa sentencia y tampoco sería congruente hacerlo en esta acción en la que más bien el accionante pretende justamente que se indique por parte de la Sala que la persona no nacida tiene derechos desde que es concebida tal y como se expuso en el pronunciamiento citado”. (Las negritas no corresponden al original).
Vista así las cosas, el citado numeral, al igual que el numeral 52, que le permite a todas las mujeres, en caso de relaciones coitales sin protección o de violación sexual, el derecho al acceso a la anticoncepción de emergencia, de manera ágil, oportuna y eficaz, son de muy dudosa constitucionalidad.
Como se sabe hoy, la "píldora del día siguiente" o la anticoncepción de emergencia es un recurso que ofrece la posibilidad de evitar un presunto embarazo luego de una relación sexual sin protección anticonceptiva. Esta píldora utilizada antes de pasadas las 72 horas de un coito sin protección agrega una nueva controversia jurídica y ética. Su mecanismo de acción farmacológica ha llevado a la discusión científica y jurídica ante la posibilidad de ser un método abortivo. Sobre el particular, y en la misma dirección de nuestro Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, expresó lo siguiente:
“Vistos los autos: ‘Portal de Belén - Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo’.
Considerando:
1º) Que los hechos relevantes de la causa, los fundamentos de la sentencia apelada y los agravios de los recurrentes se encuentran adecuadamente expuestos en el dictamen del señor Procurador General de la Nación al que corresponde remitir por razones de brevedad.
2º) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible toda vez que en el caso se encuentra en juego el derecho a la vida previsto en la Constitución Nacional, en diversos tratados internacionales y en la ley civil (arts. 75, inc. 22 de la Ley de la Convención sobre°Fundamental; 4.1. del Pacto de San José de Costa Rica; 6 de la ley 23.849 y Títulos III y IV de la Sección°los Derechos del Niño; 2 Primera del Libro I del Código Civil).
3º) Que la cuestión debatida en el sub examine consiste en determinar si el fármaco ‘Imediat’, denominado ‘anticoncepción de emergencia’, posee efectos abortivos, al impedir el anidamiento del embrión en su lugar propio de implantación, el endometrio. Ello determina que sea necesario precisar si la concepción se produce con la fecundación o si, por el contrario, se requiere la implantación o anidación del óvulo fecundado en el útero materno, aspecto éste que la cámara entendió que requería mayor amplitud de debate y prueba.
4º) Que sobre el particular se ha afirmado que el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de los dos gametos, es decir con la fecundación; en ese momento, existe un ser humano en estado embrionario. En este sentido, la disciplina que estudia la realidad biológica humana sostiene que ‘tan pronto como los veintitrés cromosomas paternos se encuentran con los veintitrés cromosomas maternos está reunida toda la información genética necesaria y suficiente para determinar cada una de las cualidades innatas del nuevo individuo...Que el niño deba después desarrollarse durante nueve meses en el vientre de la madre no cambia estos hechos, la fecundación extracorpórea demuestra que el ser humano comienza con la fecundación’ (confr. Basso, Domingo M. ‘Nacer y Morir con Dignidad’ Estudios de Bioética Contemporánea. C.M.C, Bs. As. 1989, págs. 83, 84 y sus citas).
5º) Que, en esa inteligencia, Jean Rostand, premio Nobel de biología señaló: ‘existe un ser humano desde la fecundación del óvulo. El hombre todo entero ya está en el óvulo fecundado. Está todo entero con sus potencialidades...’ (confr. Revista Palabra nº 173, Madrid, enero 1980).
Por su parte el célebre genetista Jerome Lejeune, sostiene que no habría distinción científicamente válida entre los términos ‘embrión’ o ‘preembrión’, denominados seres humanos tempranos o pequeñas personas (citado en el caso ‘Davis Jr. Lewis de junio de 1992, Suprema Corte de Tennessee, J.A. 12 de°v. Davis Mary Sue’, 1 mayo de 1993, pág. 36).
6º) Que en el mismo orden de ideas W. J. Larson, profesor de Biología Celular, Neurobiología y Anatomía de la Universidad de Cincinatti sostiene: ‘En este contexto comenzaremos la descripción del desarrollo humano con la formación y diferenciación de los gametos femenino y masculino, los cuales se unirán en la fertilización para iniciar el desarrollo embriológico de un nuevo individuo" (Human Embriology; pág. 1: Churchill Livingstone Inc. 1977).
A su vez B. Carlson, profesor y jefe del Departamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Michigan afirma: ‘El embarazo humano comienza con la fusión de un huevo y un espermatozoide’ (Human Embriology and Developmental Biology, pág. 2, Mosby Year Book Inc. 1998).
Por su parte T. W. Sadler, profesor de Biología Celular y Anatomía de la Universidad de Carolina del Norte entiende que: "El desarrollo de un individuo comienza con la fecundación, fenómeno por el cual un espermatozoide del varón y el ovocito de la mujer se unen para dar origen a un nuevo organismo, el cigoto" (Langman's Medical Embriology, Lippincott Williams & Wilkins, 2000).
7º) Que asimismo, ‘es un hecho científico que la ‘construcción genética' de la persona está allí preparada y lista para ser dirigida biológicamente pues ‘El ADN del huevo contiene la descripción anticipada de toda la ontogénesis en sus más pequeños detalles' (conf. Salet Georges, biólogo y matemático, en su obra "Azar y certeza" publicada por Editorial Alhambra S.A., 1975, ver págs. 71, 73 y 481; la cual fue escrita en respuesta al libro ‘El azar y la necesidad’ del premio Nobel de medicina Jacques Monod, causa ‘T., S.’ -disidencia del juez Nazareno- Fallos: 324:5).
8º) Que, en forma coincidente con este criterio se expidió, por abrumadora mayoría, la Comisión Nacional de Etica Biomédica -integrada entre otros por un representante de la Academia Nacional de Medicina- a solicitud del señor ministro de Salud y Acción Social con motivo de la sentencia dictada en primera instancia en las presentes actuaciones (fs. 169). Ello fue denunciado por la actora como hecho nuevo, cuyo tratamiento fue considerado inoficioso por la cámara. No obstante, corresponde asignar a dicho informe un valor siquiera indiciario.
9º) Que según surge del prospecto de fs. 14 y del informe de fs. 107/116 el fármaco ‘Imediat’ tiene los siguientes modos de acción: ‘a) retrasando o inhibiendo la ovulación (observado en diferentes estudios con mediciones hormonales-pico de LH/RH, progesterona plasmática y urinaria); b) alterando el transporte tubal en las trompas de Falopio de la mujer del espermatozoide y/o del óvulo (estudiado específicamente en animales de experimentación -conejos- se ha observado que el tránsito tubal se modifica acelerándose o haciéndose más lento). Esto podría inhibir la fertilización; c) modificando el tejido endometrial produciéndose una asincronía en la maduración del endometrio que lleva a inhibir la implantación’ (conf. fs. 112).
10º) Que el último de los efectos señalados ante el carácter plausible de la opinión científica según la cual la vida comienza con la fecundación constituye una amenaza efectiva e inminente al bien jurídico primordial de la vida que no es susceptible de reparación ulterior. En efecto, todo método que impida el anidamiento debería ser considerado como abortivo. Se configura así una situación que revela la imprescindible necesidad de ejercer la vía excepcional del amparo para la salvaguarda del derecho fundamental en juego (Fallos: 280:238; 303:422; 306:1253, entre otros).
11º) Que esta solución coincide con el principio pro homine que informa todo el derecho de los derechos humanos. En tal sentido cabe recordar que las garantías emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función de la protección de los derechos esenciales del ser humano. Sobre el particular la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia debe seguir como guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de dicho tribunal para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de los preceptos convencionales de la ley 23.054), dispuso: ‘Los°(conf. arts. 41, 62 y 64 de la Convención y 2 Estados...asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados sino hacia los individuos bajo su jurisdicción’ (O.C. - 2/82, 24 de septiembre de 1982, parágrafo 29, Fallos: 320:2145).
12º) Que esta Corte ha declarado que el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284; 310:112; 323: 1339). En la causa "T., S.", antes citada este Tribunal ha reafirmado el pleno derecho a la vida desde la concepción (voto de la mayoría, considerandos 11 y 12 y disidencia de los jueces Nazareno y Boggiano). También ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes).
13º) Que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), este Tribunal ha reafirmado el derecho a la vida (Fallos: 323:3229 y causa ‘T., S.’, ya citada).
14º) Que los aludidos pactos internacionales contienen cláusulas específicas que resguardan la vida de la persona humana desde el momento de la concepción. En efecto el art. 4.1. del Pacto de San José de Costa Rica establece: ‘Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción’. Además todo ser humano a partir de la concepción es considerado niño y tiene el derecho intrínseco a la vida (arts. 6.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2 de la ley 23.849 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). El Código Civil, inclusive, en una interpretación armoniosa con aquellas normas superiores, prevé en su art. 70, en concordancia con el art. 63 que ‘Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido’.
15º) Que cabe señalar que la Convención Americana (arts. 1.1 y 2) impone el deber para los estados partes de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la convención reconoce. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró que es ‘deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos’ (O.C. 11/90, parágrafo 23). Asimismo, debe tenerse presente que cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, a fin de no comprometer su responsabilidad internacional (Fallos: 319:2411, 3148 y 323:4130).
Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la Nación, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada, se hace lugar a la acción de amparo y se ordena al Estado Nacional -Ministerio Nacional de Salud y Acción Social, Administración Nacional de Medicamentos y Técnica Médica-, que deje sin efecto la autorización, prohibiendo la fabricación distribución y comercialización del fármaco ‘Imediat’ (art. 16, segunda parte,…” En idéntico sentido, se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la República de Chile, en la resolución n.° 2186-01 del 30 de agosto del 2001, con dos votos salvados, al indicar lo siguiente:
“En cuanto al fondo:
9.- Que, para los recurrentes, la ilicitud constitucional de la autorización para la fabricación, venta y distribución de la droga Levonorgestrel, radica en que en uno de sus variados efectos amenaza la vida del que está por nacer y, además, amenaza la integridad física y psíquica de las mujeres a quienes se les administraría, pues podría provocarles un aborto; 10.- Que por otra parte, los recurridos han aceptado que uno de los posibles efectos del medicamento referido, administrado después de una relación coital sin protección, es la de evitar el proceso de implantación del óvulo fecundado en el útero de la madre, lo que ocurre dentro de unos 5 a 7 días después de la fecundación, puesto que su administración produce una alteración o modificación en la respuesta del endometrio a las hormonas sexuales, haciéndolo menos apto o impidiendo su implantación; 11.- Que en apoyo a su decisión para aceptar el fármaco con contenido de la droga Levonorgestrel en la calidad de ‘contraceptivo de emergencia" o "la píldora para el día siguiente’ como comúnmente se le conoce, han citado una definición operativa de la Organización Mundial de la Salud y otra de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia que señalan que el embarazo comienza cuando el huevo fecundado se implanta en la pared uterina y que el aborto inducido es el término del embarazo después de ocurrida la implantación; 12.- Que en oposición, los recurrentes estiman, basados también en evidencias científicas, que el huevo fecundado, que es el embrión, es una célula viva, en la forma original y primera del ser humano, con un material genético único y distinto de sus progenitores destinado, desde ese momento, a dar origen a un ser humano.
Afirman que desde el instante en que el óvulo recibe el espermatozoide la totalidad de la información necesaria y suficiente se encuentra reunida en ese huevo y todo está escrito para ser un hombre que nueve meses más tarde podremos identificar plenamente. Después de la fecundación a ese huevo fertilizado no entrará ninguna otra información genética.
En aval de su postura, afirman que muchos países consideran en su legislación que el momento de la concepción es el punto de partida desde el cual debe protegerse la vida humana y que desde ese momento merece ser protegido por el ordenamiento jurídico; 13.- Que las acciones de protección entabladas se fundamentan, como se ha dicho, en que el fármaco autorizado para ser utilizado post coitalmente podría en uno de sus resultados afectar al huevo fertilizado ya, esto es, al embrión con toda su carga genética, impidiéndole su implantación en el útero y provocándose en consecuencia, un aborto; 14.- Que en consecuencia, lo que debe resolverse es desde cuándo podemos o debemos reconocer legítima y legalmente la existencia del ser humano, o más bien desde cuándo corresponde otorgar protección constitucional a la existencia de la vida; 15.- Que el derecho a la vida es la esencia de los derechos humanos, pues sin vida no hay derecho.
El ser humano tiene derecho a la vida y debe estar protegido contra la agresión que atente contra ella y de exigir, además, de conductas positivas para conservarla; 16.- Que la garantía del derecho a la vida y la protección del que está por nacer dispuesta por el artículo 19 N.o 1 de la Constitución Política de 1980, se encuentra reforzada por otras disposiciones constitucionales entre las cuales se encuentra el N.o 26 del mismo artículo 19 al disponer la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que los limiten en los casos que ella autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio; y, el inciso segundo del artículo 5.o de la Constitución, que expresa que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la misma y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes; El que Está por Nacer Tiene Derecho a la Vida 17.- Que desde la perspectiva señalada se hace evidente que el que está por nacer - cualquiera que sea la etapa de su desarrollo pre natal, pues la norma constitucional no distingue- tiene derecho a la vida, es decir, tiene derecho a nacer y a constituirse en persona con todos los atributos que el ordenamiento jurídico le reconoce, sin que a su respecto opere ninguna discriminación; 18.- Que el artículo 55 del Código Civil dice que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición.
Si entendemos que la fertilización es, como es, un proceso continuo que no resulta separable en etapas o momentos, debemos concluir que el óvulo fecundado o embrión es ya un individuo de la especie humana y como tal, digno de protección constitucional y legal para alcanzar su pleno desarrollo hasta que el nacimiento se produzca, conforme a lo que dispone el artículo 74 del mismo cuerpo legal; 19.- Que además y confirmando lo anteriormente concluido, los artículos 75 y 76 del Código ya citado no dejan duda al respecto al disponer que la protección del que está por nacer comienza en la concepción. El primero de los citados artículos, como ya se ha dicho precedentemente, señala que el Juez adoptará las providencias necesarias para proteger la vida del no nacido, y el segundo de ellos, señala que esta protección debe darse desde la concepción, estableciendo una presunción de derecho para determinar el día u oportunidad en que se produjo, sin hacer ningún otro cálculo ni descontar tiempo alguno, referido a la anidación del producto de la concepción ni a ningún otro fenómeno que pudiere producirse con posterioridad a la fertilización del ovocito por el espermatozoide; Sinónimo de Aborto 20.- Que cualesquiera que hayan sido los fundamentos y consideraciones que tuvieran en vista las autoridades recurridas para autorizar la fabricación y comercialización del medicamento denominado ‘Postinal’ con contenido de 0,75 mg. de la hormona de síntesis Levonorgestrel, uno de cuyos posibles efectos es el de impedir la implantación en el útero materno del huevo ya fecundado, esto es, del embrión, han incurrido en una ilegalidad puesto que tal efecto es a la luz de las disposiciones constitucionales, legales y convencionales analizadas precedentemente, sinónimo de aborto penalizado como delito en el Código Penal y prohibido aun como terapéutico en el Código Sanitario.
Por estos fundamentos y atendido lo dispuesto en los artículos 1.o, 5.o inciso segundo, 19 N.o 1 y 26, 20 y 73 de la Constitución Política; 55, 74, 75 y 76 del Código Civil y artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se revoca la sentencia apelada de veintiocho de mayo del año en curso, escrita de fs. 850 y se declara que se acogen los recursos de protección deducidos a fojas 17, 319, 379 y 411, y restableciéndose el imperio del derecho a la vida se declara que se deja sin efecto la Resolución N 2141 del 21 de marzo del año en curso, del Instituto de Salud Pública que concedió el Registro Sanitario al fármaco denominado ‘Postinal’ y elaborado sobre la base de la droga ‘Levonorgestrel’”.
En igual sentido, en el artículo 55, que nos expresa que todas las personas tienen derecho al acceso a las tecnologías para reproducción asistida, se debe tomar muy en cuenta lo que expresó el Tribunal Constitucional en el voto n.° 2306-2000, el cual fue parcialmente reseñado anteriormente.
Además, tenemos serías dudas que las funciones del Concejo Nacional de Investigación en Salud y de los Comités Éticos Científicos Institucionales, se puedan establecer mediante reglamento (artículos 67 y 68). En esta materia, como es todos conocidos, existe una reserva de ley.
La reserva de ley en materia de libertades públicas constituye un triunfo del pensamiento liberal. No en vano, en la Declaración de los Derechos del Ciudadano, en su artículo 4, se estableció el principio de reserva de ley.
En nuestra Constitución Política no encontramos una norma expresa que establezca, en todos los casos, que la organización de las libertades públicas corresponde al legislador ordinario. A lo sumo, en el artículo 28 de la Carta Fundamental, que estatuye el principio de libertad -todo lo que no está prohibido está permitido-, se señala que las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera del alcance de la ley. De conformidad con esta norma, el legislador tiene una competencia limitada a la hora de regular las libertades públicas. En primer término, no puede prohibir aquellas acciones de los sujetos privados que no dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a terceros. Su competencia está orientada a regular las relaciones entre los individuos que surgen del ejercicio de las libertades públicas, como sucede con los Códigos y las leyes, pues los derechos privados también tienen que ser objeto de reglamentación, debido a que es necesario establecer soluciones para los conflictos que se suscitan a causa de su ejercicio, aun en la esfera de la autonomía de la voluntad. (Corte Plena, sesión extraordinaria del 30 de setiembre de 1982).
Por otra parte, para que las restricciones a la libertad sean lícitas deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Tal y como acertadamente lo ha establecido la Sala Constitucional, en los votos números 3173-93 y 3550-92:
“ El orden público, la moral, y los derechos de los terceros deben ser interpretados y aplicados rigurosamente, sin licencias que permitan extenderlos más allá de su sentido específico; que a su vez debe verse con el principio pro libertate, el cual, junto con el principio pro homine constituyen el meollo de la doctrina de los derechos humanos; según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el segundo, el derecho de interpretarse y aplicarse siempre de manera que más favorezca al ser humano. De acuerdo con ello, el orden público, la moral y los derechos de terceros que permiten, al menos a la ley, regular las acciones privadas, tienen que interpretarse y aplicarse de tal manera en el primer caso, se trate de amenazas graves al orden público, entendido como la integridad y supervivencia de los elementos fundamentales del Estado; o como ‘…el conjunto de principios que, por una parte, atañen a la organización del Estado y su funcionamiento y, por otra, concurren a la protección de los derechos del ser humano y de los intereses de la comunidad, en justo equilibrio para hacer posible la paz y el bienestar de la convivencia social (Corte Plena, sesión extraordinaria del 26 de agosto de 1982)’”.
En nuestro país, el régimen de los derechos y libertades fundamentales es materia de reserva de ley. Según lo ha establecido el Tribunal Constitucional, este principio tiene rango constitucional (artículo 39 de la Constitución, véase el voto n.° 3173-93); rango legal (artículo 19 y 27 de la Ley General de la Administración Pública) y reconocimiento jurisprudencial, tanto constitucional como administrativo. La Sala Constitucional ha dicho que de este principio se derivan cuatro corolarios:
“a) En primer lugar, el principio mismo de ‘reserva de ley’, del cual resulta que solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el pronunciamiento previsto en la Constitución, para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales, todo, por supuesto en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permitan, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables; b) En segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas, ni crear las no establecidas por ellas, y que deben respetar rigurosamente su ‘contenido esencial’; En tercero, que ni aún en los reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer, de donde resulta una nueva consecuencia esencial; d) Finalmente, que toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, porque éstas implicarían obviamente un abandono de la propia reserva de ley”. (Véase el voto número 3173-93).
En ese mismo fallo, la Sala Constitucional fue categórica al afirmar que la potestad del Estado para regular las acciones privadas que sí dañen la moral o el orden público, o perjudiquen los derechos iguales o superiores de los terceros, es la legislativa, excluyendo así, los decretos o reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo, y los reglamentos autónomos, dictados por ese mismo poder o por las entidades descentralizadas, lo mismo que cualquier norma de igual o inferior rango.
En el caso que nos ocupa, las funciones principales de estos órganos deben ser establecidas por ley, sin perjuicio, claro está, que el reglamento ejecutivo desarrolle, sin ampliar, contradecir o suprimir, los aspectos técnicos, de detalle o de otra índole, necesarios para lograr una eficaz aplicación de la ley.
En lo tocante al artículo 96, se señala que un miembro de la Comisión será un representante de la Procuraduría General de la República, gesto que demuestra la confianza que tienen los redactores del proyecto del Ley en el Órgano Consultivo; empero, dada nuestra naturaleza -órgano consultivo, representativo, asesor, fiscalizador en el ámbito ético y notarial-, nos parece que lo más conveniente para los intereses públicos es que, en lugar de nuestro representante, esté un funcionario más afín a la competencia del órgano, como podría ser aquellos que pertenecen a un órgano o ente del sector salud.
El inciso g) del artículo 97, que define las funciones de la Comisión, indica que este órgano tendrá acceso a todos los documentos y expediente que posean, en materia de transplantes, los centros hospitalarios. De acuerdo con nuestro punto de vista, sobre todo cuando se trata de centros hospitalarios privados, no se vulnera el artículo 24 constitucional, por las razones que se indicaron al momento de analizar el artículo 5 de este proyecto de ley.
El numeral 238 del texto sustitutivo indica que la presentación de los carnés o certificados de vacunación o de salud y cualquier otro que la autoridad de salud disponga, es un requisito para la matrícula anual de las personas en edad escolar. Las personas encargadas de los centros de enseñanza, públicos y privados, serán las responsables del estricto cumplimiento de esta disposición.
Sobre el derecho a la educación, en el dictamen C-269-2002 de 10 de octubre del 2002, manifestamos lo siguiente:
“En segundo término, del numeral 78 constitucional, así como del artículo 13 del Protocolo de ‘San Salvador’, se desprende, sin lugar a dudas, de que el derecho a la educación es un derecho fundamental y, por ende, no sólo justiciable en las instancias internas (jurisdicción constitucional y, eventualmente, en la contencioso-administrativa), sino también en las internacionales, tal y como se indicó atrás. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en su abundante jurisprudencia. En efecto, ha reconocido que la Carta Fundamental y los tratados internacionales garantizan la gratuidad y la obligatoriedad para los ciclos de enseñanza primaria y parcialmente la secundaria (véase al respecto el voto n.° 2330-91) Más aún, el Tribunal Constitucional ha sostenido que se vulnera el derecho a la educación, cuando el Estado establece mecanismos irracionales y desproporcionados para acceder a ella (véase el voto n.° 2667-94). Desde esta perspectiva, estamos frente a un verdadero derecho de todos los habitantes de la República, el cual debe ser garantizado por el Estado.
Reafirman lo expuesto el hecho de que el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen obligaciones a cargo del Estado y a favor de los educandos, y que tales instrumentos internacionales, así como los referidos supra, prevalecen sobre cualquier legislación interna y que tienen el mismo rango de la Carta Magna, por el derecho fundamental que regulan, normativa que incluso priva sobre la misma Constitución Política ( véase los votos de la Sala Constitucional números 3435-92; 5759-93; 2313-95).
Nuestra línea argumentativa no cede ante las posturas que se apartan de la línea argumentativa que estamos siguiendo. En efecto, autores como MARTÍNEZ, sostienen que el Derecho a la educación es un derecho de configuración legal, y no constitucional, y que está limitado por los recursos económicos con que cuente el Estado. ‘En resumen, la jurisprudencia constitucional [se refiere a la sentada por el Tribunal Constitucional español) específica del derecho a la educación, pone entredicho la afirmación general de que todos los derechos del Capítulo II del Título I de la Constitución tienen carácter normativo directo. Su naturaleza prestacional, y con ello su carácter de derecho de configuración legal sujeto a límites económicos, conducen a afirmar que técnicamente no se está frente a un derecho, sino frente a un programa o aspiración política. En todo caso, debe tenerse en cuenta que el desarrollo del derecho, incluso anterior a la Constitución, hace que su situación diste de ser dramática.’ (Véase a MARTÍNEZ ESTAY, José Ignacio, op. Cit., páginas 197 y 198).
Respetamos las afirmaciones del autor MARTÍNEZ, y el esfuerzo que hace en toda su obra por reducir a derechos no justiciables la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales; empero, dada la claridad y la contundencia del texto constitucional ( artículo 78), así como de la jurisprudencia constitucional, se puede concluir que el derecho a la educación en nuestro medio, es justiciable a través del amparo y las otras cuestiones de constitucionalidad previstas a partir del numeral 73 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Ahora bien, de este derecho fundamental se derivan una serie de deberes para el Estado. Tal y como lo ha sostenido la doctrina siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (véase la sentencia 129/1989, del 17 de julio), estamos en presencia de un derecho social prestacional, cuyo principal obligado a su satisfacción es el Estado, limitándose las obligaciones de lo particulares, fundamentalmente, a no entorpecer su ejercicio. (Véase a MARTÍNEZ ESTAY, José Ignacio. Jurisprudencia Constitucional Española sobre Derechos Sociales. Editorial Cedesc R.L., Barcelona, 1997, página 192). Así las cosas, en primer término, el Estado está en el deber garantizar a todos los habitantes el acceso a la educación preescolar, general básica y la educación diversificada en el sistema público, en forma gratuita, obligatoria y costeada por el Estado. En segundo lugar, el Estado está también en el deber de garantizar la calidad de la educación, es decir, estándares educativos que le permitan a los educandos costarricenses competir con éxito en un mundo jalonado por la revolución tecno-científica, donde el desarrollo de las telecomunicaciones y de la inteligencia artificial imponen cada vez más preparación, conocimientos básicos, destrezas y habilidades, lo cual sólo se obtiene con una mayor dedicación (más tiempo de estudio) y esfuerzo personal y colectivo. Parafraseando a DEL CASTILLO, el Estado tiene el deber de hacer del ‘…sistema educativo una red flexible de oportunidades en la que todos y cada uno puedan encontrar un futuro de calidad.’ Ergo, ‘… el panorama del futuro que la sociedad del conocimiento traslada a la educación hace imprescindible incrementar la capacidad de nuestro sistema educativo para facilitar una educación y una formación de calidad.’ (Véase a: DEL CASTILLO, Pilar. ‘El Futuro de la Sociedad es el Presente de la Educación’. El País Digital, Opinión, de 16 de setiembre del 2002). Lo anterior supone, que el calendario escolar, así como los otros componentes del sistema educativo, no sólo deben estar en función de su acceso, sino también en función de la calidad de la educación. No otra cosa puede desprenderse del numeral 58 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley n.° 7739 de 6 de enero de 1998, cuando se señala lo siguiente:
‘Artículo 58°- Políticas nacionales. En el diseño de las políticas educativas nacionales, el Estado deberá:
De lo expresado hasta aquí, no existe la menor duda, que el Estado está en el deber de garantizarle a los justiciables una educación de calidad; de lo contrario, no sólo estaría vulnerando flagrantemente el ordenamiento jurídico, sino condenando a las actuales y futuras generaciones al fracaso en la sociedad del conocimiento, lujo que no se puede dar una colectividad que aspira a forjar una sociedad libre, justa y eficiente”.
Dicho lo anterior, no resulta lógico, justo ni acorde con el Derecho de la Constitución condicionar la matrícula de los educandos en edad escolar a la presentación del carné o certificado de vacunas, pues a un mal mayor estaríamos adicionando otro, todo lo cual va en contra de los derechos fundamentales del menor. Desde esta perspectiva, debe buscarse otro mecanismo para compeler a los progenitores o los representantes legales del menor a que velen por su salud, ya que el que se establece en la norma de comentario, resulta de dudosa constitucionalidad.
El artículo 292 incurre en el mismo error del numeral dos, al calificar al Ministerio de Salud como un ente, cuando en realidad es un órgano.
Especial comentario merecen los artículos 327 y 328 del texto sustitutivo. El primero indica que las personas físicas o jurídicas que hagan difusión o propaganda sobre tópicos referentes a la salud de las personas o que puedan influir en esta o afectarla, deben someterse a la reglamentación que para sus efectos emita el Ministerio. El segundo expresa que, en caso de peligro de epidemia o de epidemia declarada, la prensa, la radio, la televisión y todo otro medio de comunicación colectiva deben destinar espacios para la divulgación de información oficial en la forma que el Poder Ejecutivo disponga. Además, queda prohibido a las personas físicas o jurídicas, propietarias o administradoras los propietarios o administradores de medios de comunicación colectiva, propagar noticias inexactas en salud, con información no oficial, que no hayan sido suministradas o confirmadas por la autoridad de salud, que puedan causar alarma o pánico en la población.
Como es bien sabido, el numeral 29 constitucional reconoce y garantiza el derecho fundamental de los habitantes de la República de comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito sin previa censura; pero son responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de ese derecho, en los casos y del modo que la ley establezca. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José, Costa Rica”, en su artículo 13, indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
Además, en el numeral 24 de la Carta Fundamental, se garantiza a los habitantes de la República al secreto de las comunicaciones. Asimismo, son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo. Además, la citada Convención, en su artículo 11, garantiza la protección de la correspondencia.
Sobre el tema de la libertad de expresión y pensamiento, nuestro Tribunal Constitucional ha emitido valiosos pronunciamientos, entre los que se destacan el voto N° 8196 del año 2000:
“IV.- De la Libertad de Expresión. La doctrina caracteriza a la libertad de expresión como una libertad presupuesto del ejercicio de otras libertades, que opera como legitimadora del funcionamiento del sistema democrático y de la eficacia de sus instituciones y que jurídicamente adopta pluralidad de formas. La vinculación más clara se da con la libertad de pensamiento, que es la condición previa e indispensable para la existencia de la libertad de expresión. En ejercicio de ambas libertades, el individuo puede escoger o elaborar las respuestas que pretende dar a todas aquellas cuestiones que le plantea la conducción de su vida en sociedad, de conformar a estas respuestas sus actos y, comunicar a los demás aquello que considera verdadero, sin censura previa. El ámbito de acción de esas libertades es muy amplio, pues comprende las manifestaciones de los individuos sobre política, religión, ética, técnica, ciencia, arte, economía, etc. La libertad de voliciones, sentimientos), y comprende la libertad de creación artística o literaria, la libertad de palabra, la libre expresión cinematográfica y también las manifestaciones vertidas por medio de la prensa escrita, la radio y la televisión, en tanto son medios de difusión de ideas. Así también, de la libertad de expresión se infiere el derecho de dar y recibir información y el derecho a comunicar con propósito diverso ya sea económico, político, recreativo, profesional, etc., sin que se impongan medidas restrictivas que resulten irrazonables. La libertad de expresión no sólo protege al individuo aislado, sino las relaciones entre los miembros de la sociedad y es por ello que tiene una gran trascendencia, ya que contribuye a la formación de la opinión pública. Es a su vez presupuesto de la libertad de prensa y de la libertad de información, pues de la libertad de expresión derivaron en sucesión histórica la libertad de prensa (o de escritos periódicos dirigidos al público en general) y la libertad de información, que es como hoy día se denomina a la libertad de expresión concretada en los medios de comunicación social. La libertad de información entonces, comprende la prensa escrita, oral, audiovisual y por su naturaleza, se encuentra relacionada con el derecho de crónica, de crítica, a la industria o comercio de la prensa y al fenómeno de la publicidad. Este aspecto ha adquirido mucha importancia en las últimas décadas, pues debido al alto costo de instalación y mantenimiento de los medios de comunicación colectiva, cuando son propiedad privada sólo pueden subsistir por el uso intensivo de la publicidad. Asimismo, existe el fenómeno del derecho social a la información, que reside precisamente en la comunidad y en cada uno de sus miembros, y que les da la posibilidad de ajustar su conducta a las razones y sentimientos por esa información sugeridos, para la toma de decisiones y a la vez cumple una función de integración, ya que unifica una multitud de opiniones particulares en una gran corriente de opinión, estimulando así la integración social.
V.- Una de las principales garantías que protegen la libertad de expresión es la prohibición de censura previa, ocurriendo así, que cualquier control debe darse a posteriori. Como censura previa entiende esta Sala aquel control, examen o permiso a que se somete una publicación, texto u opinión, con anterioridad a su comunicación al público, mediante el cual se pretende realizar un control preventivo de las manifestaciones hechas por un medio de comunicación colectiva, ya bien sea radiofónico, televisivo o impreso. Este concepto no sólo está plasmado en nuestra Constitución Política en el artículo 29, sino que también se incorporó en el Pacto de San José, cuyo artículo 13 inciso 2, dispone que el ejercicio de la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para asegurar ya sea el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. El artículo 29 de la Constitución Política consagra lo que parte de la doctrina califica como libertad de prensa, mientras que otra señala como libertad de información, y dispone:
‘Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca.’ La Sala se refirió a este tema en la sentencia No. 1292-90 de las horas del de mil novecientos noventa y dijo:
‘La libertad de expresión contenida en el artículo 29 de nuestra Constitución, permite la comunicación de pensamientos de palabra o por escrito y su publicación sin previa censura, garantía que refuerza el artículo 28 del mismo cuerpo normativo al prohibir la persecución por el ejercicio de esa libertad. No obstante, como todo derecho, esa libertad no es absoluta, y tiene su límite, de tal forma que el abuso que se haga de ella hará incurrir en responsabilidad a su autor, según la legislación que rige la materia.’ El artículo 29 de la Constitución Política se complementa con las disposiciones contenidas en los Convenios Internacionales aprobados por Costa Rica, por ejemplo el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José-, que indica: ‘1-. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o, b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección de la moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.’ (ver además el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Ahora bien, a pesar de la gran libertad de que goza el individuo para formar opiniones basado en criterios personales y a su vez comunicarlas con toda amplitud, no debe pensarse que el ejercicio de estas libertades no tiene límite alguno, pues la libertad de dados por el mismo Orden Constitucional, y así lo consideró esta Sala en la sentencia N° 3173-93, al indicar que ‘II.- Los derechos fundamentales de cada persona, deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás; por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades, aunque sea únicamente en la medida precisa y necesaria para que las otras personas los disfruten en iguales condiciones. Sin embargo, el principio de la coexistencia de las libertades públicas -el derecho de terceros- no es la única fuente justa para imponer limitaciones a éstas; los conceptos ‘moral’, concebida como el conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación ofende gravemente a la generalidad de sus miembros-, y ‘orden público’, también actúan como factores justificantes de las limitaciones de los derechos fundamentales. VI- No escapa a esta Sala la dificultad de precisar de modo unívoco el concepto de orden público, ni que este concepto puede ser utilizado, tanto para afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como para justificar limitaciones en nombre de los intereses colectivos a los derechos. No se trata únicamente del mantenimiento del orden material en las calles, sino también del mantenimiento de cierto orden jurídico y moral, de manera que está constituido por un mínimo de condiciones para una vida social, conveniente y adecuada. Constituyen su fundamento la seguridad de las personas, de los bienes, la salubridad y la tranquilidad.’ Asimismo, en la sentencia N° 3550-92 de las dieciséis horas de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y dos, este Tribunal desarrolló el tema de los límites legítimos a las libertades públicas y se refirió al principio de reserva de ley enfatizando que ‘ solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso restringir los derechos y libertades fundamentales -todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables-.” En el caso que nos ocupa, las normas que estamos comentando establecen una censura previa en los casos que ahí se indica, todo lo cual podría ser contrario al Derecho de la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso, lo más lógico es corregir estos artículos, y dejar el tema de las extralimitaciones que causan un daño a los intereses públicos a la legislación penal, tal y como acertadamente lo hace el texto sustitutivo, cuando en el numeral 446 dispone lo siguiente:
“ARTICULO 446.- Pagará una multa de 10 a 20 salarios base el que de palabra o por cualquier medio de comunicación colectiva propagare noticias inexactas o alarmantes referentes a la salud pública, especialmente en cuanto a la existencia de epidemias o peligro de epidemias en el territorio nacional”.
En el numeral 414, inciso a) más que un acto administrativo, la inspección es una actividad administrativa - es la expresión en genérico de una potestad administrativa-, la cual, obviamente, se concretiza en actos administrativos. Por consiguiente, lo más acorde con la técnica jurídico- administrativo es hablar de “actividad” y no de “actos administrativos”.
Para finalizar este informe, el numeral 435 señala que quien infrinja las disposiciones de la presente ley y el omiso en el cumplimiento de las órdenes o de las medidas sanitarias especiales que dicten las autoridades de salud, comete el delito de desobediencia y será reprimido con prisión de quince días a un año y multa de hasta cinco salarios base de acuerdo a la situación y transgresión efectuada.
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, en el voto n.° 1075-95, expresó lo siguiente:
“I. En relación con la impugnación que se hace, esta Sala se ha manifestado por el fondo en reiteradas ocasiones, así, por sentencia número 1877-90 de las dieciséis horas y dos minutos del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa indicó: ‘III.-- Los tipos penales deben estar estructurados básicamente como una preposición condicional, que consta de un presupuesto (descripción de la conducta) y una consecuencia (pena), en la primera debe necesariamente indicarse, al menos, quién es el sujeto activo, pues en los delitos propios reúne determinadas condiciones (carácter de nacional, de empleado público, etc.) y cuál es la acción constitutiva de la infracción (verbo activo), sin estos dos elementos básicos (existen otros accesorios que pueden o no estar presentes en la descripción típica del hecho) puede asegurarse que no existe tipo penal.
IV.-- ... La necesaria utilización del idioma y sus restricciones obliga a que en algunos casos no pueda lograrse el mismo nivel de precisión, no por ello puede estimarse que la descripción presente problemas constitucionales en relación con la tipicidad, el establecer el límite de generalización o concreción que exige el principio de legalidad, debe hacerse en cada caso particular.
V.-- Problemas de técnica legislativa hacen que en algunas oportunidades el legislador se vea obligado además de utilizar términos no del todo precisos (tranquilidad pública en el artículo 271 del Código Penal), o con gran capacidad de absorción (artificios o engaños en el artículo 216 del Código Penal), a relacionar las normas con otras, tema este que ya fue tratado por la Sala en el voto 1876-90 antes citado. Ambas prácticas pueden conllevar oscuridad a la norma y dificultar su comprensión, causando en algunos casos roces con las exigencias que conlleva la tipicidad como garantía. Aunque no necesariamente con la constitución’. Como lo evidencian las transcripciones anteriores, para la Sala la tipicidad exige que las conductas delictivas sean acuñadas en tipos que tienen una estructura básica conformada con sujeto activo y verbo activo. Se ha indicado también, que la norma puede hacer alusión a conceptos muy amplios o con una gran capacidad de absorción lo que puede presentar problemas de comprensión de la norma pero que no roces con las exigencias de la tipicidad como garantía. Debe tenerse en cuenta que este Tribunal se pronunció además, sobre la constitucionalidad de las norma que requieren de otra norma para su complemento y que la doctrina denomina ‘norma penal en blanco’ (ver voto número 1876-90 de las dieciseis horas del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa), admitiendo su conformidad con el orden constitucional. Lo que no ha admitido la Sala es la utilización de los denominados ‘tipos penales abiertos’ que la doctrina más autoriza del derecho penal define como aquellos en los que la materia de prohibición no se encuentra establecida por el legislador y la misma es dejada a la determinación judicial. Estos tipos -ha dicho la Sala- en tanto entrañan un grave peligro de arbitrariedad, lesionan abiertamente el principio de legalidad de los delitos (ver sentencia número 0490-94 de las dieciséis horas quince minutos del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro).
También ha indicado el Alto Tribunal, en los votos n.° 5964, 5755, 5594 y 4100, todos de 1994, lo siguiente:
“La utilización de términos genéricos como ‘Las infracciones a lo dispuesto en esta ley…’, al tipificar una conducta como constitutiva de delito, resulta por su vaguedad, contraria a lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución y así debe declararse”. (Las negritas no corresponden al original).
Así las cosas, se recomienda recomponer este tipo penal, limitándose a indicar que el omiso en el cumplimiento de las órdenes o de las medidas sanitarias especiales que dicten las autoridades de salud, comete el delito de desobediencia, el cual, obviamente, tiene la pena establecida en el Código Penal.
III.- CONCLUSIÓN.
El texto sustitutivo de la Reforma Integral a la Ley General de Salud presenta problemas de técnica legislativa y dudas de constitucionalidad, en los aspectos anteriormente precisados.
De usted, con toda consideración y estima, Dr. Fernando Castillo Víquez PROCURADOR CONSTITUCIONAL
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