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C-372-2004 · 10/12/2004
OutcomeResultado
The Attorney General's Office declines to issue the requested favorable opinion because the administrative file submitted is incomplete; it instructs the Municipality to complete the procedure with all due process guarantees and to resubmit the complete file along with the resolution of the prior review motion.La Procuraduría se abstiene de emitir el dictamen favorable solicitado porque el expediente administrativo remitido está incompleto; instruye a la Municipalidad para que complete el procedimiento con todas las garantías del debido proceso y remita nuevamente el expediente completo junto con lo resuelto en el recurso de revisión previo.
SummaryResumen
The Attorney General's Office responds to the inquiry from the Mayor of Matina regarding the Municipal Council's intent to declare the absolute, evident, and manifest nullity of Agreement No. 4 from Regular Session 37 of September 24, 2002, which authorized the transfer of a liquor license. The Office notes that the documentation submitted is incomplete: procedural acts and the resolution of a prior review motion filed by the affected party are missing. It therefore refrains from issuing the requested favorable opinion (dictamen). It instructs that, before resubmitting the case file with the request under Article 173 of the General Public Administration Law, the Municipality must conduct the ordinary administrative procedure under Articles 308 et seq. of that law, guaranteeing due process and the right of defense. It enumerates detailed requirements: individualized communication of the procedure's purpose, access to the file, oral hearing with fifteen days' notice, right to representation and counsel, reasoned decisions, adequate notification, and recognition of the right to appeal. It also warns that the power to review administrative acts ex officio expires four years after the act was adopted, a non-interruptible deadline. Finally, it requires the resolution of the prior review motion to be provided.La Procuraduría General de la República responde a la consulta del Alcalde de Matina sobre la pretensión del Concejo Municipal de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo N° 4 de la sesión ordinaria 37 del 24 de setiembre de 2002, que autorizó el traspaso de una patente de licores. La Procuraduría señala que la documentación remitida está incompleta: faltan actos del procedimiento administrativo y lo resuelto sobre un recurso de revisión previo interpuesto por el afectado. Por ello, se abstiene de emitir el dictamen solicitado. Indica que, antes de remitir nuevamente el expediente con la petición del dictamen favorable del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, la Municipalidad debe instruir el procedimiento ordinario conforme a los artículos 308 y siguientes de esa ley, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa de los involucrados. Enumera detalladamente los requisitos: comunicación individualizada de los fines, acceso al expediente, audiencia oral con antelación de quince días, derecho a representación y asesoría, fundamentación de las resoluciones, notificación adecuada y reconocimiento del derecho a recurrir. Recuerda que la potestad de revisión de oficio caduca a los cuatro años desde la adopción del acto, plazo ininterrumpible. Por último, requiere que se remita lo resuelto en el recurso de revisión.
Key excerptExtracto clave
In view of the foregoing, this Attorney General's Office is prevented from considering your request. Therefore, the requested report will be issued once the administrative procedural acts have been completed, namely: 1. Before declaring the absolute, evident, and manifest nullity of the act in question—if appropriate—the Municipality of Matina must conduct—through the duly appointed directing body—the administrative procedure set forth in Article 308 et seq. and concordant provisions of the General Public Administration Law. 2. In that procedure, in addition to respecting the guarantee of administrative due process, the right of defense of those involved must be fully ensured. In this regard, the elements of the right to legal due process must be taken into account—see advisory opinion No. 1739-92. In summary, the administration, in light of the right of defense of the party, must: a) Communicate the purposes of the procedure in an individualized, concrete and timely manner, i.e., the act sought to be annulled, as well as the consequences of its annulment; b) Allow unrestricted access to the administrative file; c) Summon the party to an oral hearing, granting the time period provided by law (15 days’ notice: Article 311 of the General Public Administration Law) and the opportunity to present arguments and produce evidence deemed pertinent to support the defense; d) If possible, the appearance must be recorded, under the terms of Article 313 of said law; e) Right to be represented and advised by lawyers, technicians and other qualified persons; f) State the reasons for the decisions that conclude the procedure; g) Adequately notify the decision issued by the administration and the grounds on which it is based; h) Recognize and inform the party of the right to appeal the final act.En razón de lo anterior, esta Procuraduría se encuentra impedida para conocer su solicitud. Por lo que el informe solicitado se emitirá hasta tanto se cumpla con los actos del procedimiento administrativo, a saber: 1.- De previo a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto que se reprocha – si procediera -, la Municipalidad de Matina deberá tramitar – mediante el órgano director nombrado al efecto- el procedimiento administrativo contemplado en el artículo 308, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública. 2.- En ese procedimiento, además de respetarse la garantía del debido proceso administrativo, se debe de asegurar, plenamente, el derecho de defensa de los involucrados en el mismo. Al respecto deben tomarse en cuenta los elementos del derecho al debido proceso legal – ver opinión consultiva número 1739-92 -. En resumen, la administración debe en atención al derecho de defensa del administrado: a) Comunicar en forma individualizada, concreta y oportuna los fines del procedimiento, esto es el acto que se pretende anular, así como las consecuencias que acarrea su anulación; b) Permitir el acceso irrestricto al expediente administrativo; c) Convocarlo a audiencia oral otorgándole plazo que otorga la ley ( 15 días de anticipación: artículo 311 de la Ley General de la Administración Pública ) y oportunidad para que presente argumentos y produzca las pruebas que considere pertinentes para respaldar su defensa; d) De ser posible, la comparecencia debe ser grabada, en los términos del artículo 313 de la citada ley; e) Derecho de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; f) Fundamentar las resoluciones que pongan fin al procedimiento, g) Notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde; h) Reconocer e informarle su derecho a recurrir el acto final.
Pull quotesCitas destacadas
"el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 de la Constitución Política, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública."
"the right of defense safeguarded in Article 39 of the Political Constitution governs not only judicial proceedings but also any administrative procedure carried out by the public administration."
Cita del Voto 15-90 de la Sala Constitucional
"el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 de la Constitución Política, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública."
Cita del Voto 15-90 de la Sala Constitucional
"toda actuación administrativa que pueda derivar en un acto capaz de afectar negativamente la esfera de derechos subjetivos de la persona, debe ser precedida de un procedimiento que se constituya en un instrumento apto para conocer y tomar en consideración la posición del interesado, de frente a la decisión del Estado que habrá de proyectarse directamente sobre sus derechos."
"any administrative action that may result in an act capable of negatively affecting the sphere of a person's subjective rights must be preceded by a procedure that constitutes an adequate instrument to learn and take into account the position of the interested party, in light of the State's decision that will directly impact their rights."
Cita del Voto 11408-2000 de la Sala Constitucional
"toda actuación administrativa que pueda derivar en un acto capaz de afectar negativamente la esfera de derechos subjetivos de la persona, debe ser precedida de un procedimiento que se constituya en un instrumento apto para conocer y tomar en consideración la posición del interesado, de frente a la decisión del Estado que habrá de proyectarse directamente sobre sus derechos."
Cita del Voto 11408-2000 de la Sala Constitucional
"la potestad con que cuenta la Administración para revisar de oficio los actos administrativos, al tenor de lo que dispone ese numeral, caduca a los cuatro años, plazo que corre a partir de que la administración adoptó el acto que se pretende anular, teniendo además la característica de que es ininterrumpible."
"the power of the Administration to review administrative acts ex officio, under the terms of that provision, expires after four years, which period runs from the date the administration adopted the act sought to be annulled, and it is also non-interruptible."
Consideraciones sobre la caducidad del art. 173 inciso 5 LGAP
"la potestad con que cuenta la Administración para revisar de oficio los actos administrativos, al tenor de lo que dispone ese numeral, caduca a los cuatro años, plazo que corre a partir de que la administración adoptó el acto que se pretende anular, teniendo además la característica de que es ininterrumpible."
Consideraciones sobre la caducidad del art. 173 inciso 5 LGAP
Full documentDocumento completo
Opinion: 372 of 12/10/2004 C-372-2004 December 10, 2004 Mr. Rodrigo Gómez Flores Municipal Mayor Municipalidad de Matina S. O.
Dear Sir:
With the approval of the Solicitor General of the Republic, we refer to your official communication dated October 12 of the current year, to which you attach documentation corresponding to an ordinary administrative proceeding (procedimiento administrativo ordinario) carried out by the respective directing body (órgano director), for the declaration of absolute, evident, and manifest nullity (nulidad absoluta, evidente y manifiesta) of agreement No. 4, adopted by the Municipal Council (Consejo Municipal) of that municipal corporation, in ordinary session number 37 of September 24, 2002.
Purpose of the consultation.
The Office of the Solicitor General of the Republic is requested, prior to the aforementioned Council issuing the declaration of absolute, evident, and manifest nullity of the aforementioned agreement number 4, to issue a favorable opinion under the provisions established in numeral 173 of the Ley General de la Administración Pública.
Background.
The Concejo Municipal de Matina, in the indicated session, agreed to the transfer of national liquor license (licencia de licores nacionales) number 60 in favor of Mr. Rogelio Araya Quirós, basing said act on the vote of the Sala Constitucional No. 00599-99 and on vote number 24-02, issued by the Tribunal de Juicio de la Zona Atlántica; for this reason, to date said license (patente) is registered in the name of Mr. XXX.
It should be added—as is evident from considering clause (considerando) 1. of the resolution issued by the directing body of the proceeding, at 11:00 a.m. on July 27 of the current year—that the license in mention had been awarded, through auction (remate), to Mr. XXX, by reason of a possessory executory proceeding (proceso ejecutivo prendario) initiated by this gentleman against XXX, which was processed before the Juzgado Primero Civil de Limón, under case file number 150-3-96.
Likewise, it is stated in the referred resolution that the then Gobernación de Limón ordered the transfer of the mentioned license in favor of XXX, according to resolution number GL-466-97 of 09:00 a.m. on August 27, 1997.
Finally, it is evident from the documentation provided, specifically from the final report rendered by the directing body of the proceeding, in finding of fact (resultando) 4., that on October 31, 2003, Mr. XXX, through his special attorney-in-fact (apoderada especial), Ms. XXX, filed a formal extraordinary motion for review (recurso extraordinario de revisión) against the agreement sought to be annulled, alleging—on that occasion—defects of absolute nullity (vicios de nulidad absoluta). A motion for review of which there is no record of any document, neither of its filing nor of what was resolved in that regard.
Thus, from the documents provided with the consultation requested, the absence of several administrative acts (actos administrativos) that must form an integral, necessary, and obligatory part of the administrative proceeding carried out by the respective directing body is noted. Likewise, the absence of what was resolved in that venue in relation to the motion for review filed against the act sought to be annulled is noted.
Indeed, for the intended nullity, the active administration, in this case the Municipalidad del Cantón de Matina, must, through the directing body appointed for that purpose, carry out the ordinary proceeding (procedimiento ordinario) in accordance with the provisions of article 308 et seq. and concordant articles of the Ley General de la Administración Pública, that is, complying with each of the procedural acts (actos procesales) determined therein, in addition to the duty to observe the principles and guarantees of due process (debido proceso), granting for this purpose a hearing (audiencia) to the parties involved (see in this regard opinions of this Office numbers C-166-85, C-173-95, and C-233-2001—among others—).
For the foregoing reason, this Office of the Solicitor General is prevented from hearing your request. Therefore, the requested report will be issued once the acts of the administrative proceeding have been complied with, namely:
1. Prior to declaring the absolute, evident, and manifest nullity of the act being challenged—if applicable—the Municipalidad de Matina must process—through the directing body appointed for that purpose—the administrative proceeding contemplated in article 308, et seq. and concordant articles of the Ley General de la Administración Pública.
2. In that proceeding, in addition to respecting the guarantee of administrative due process, the right of defense of those involved in it must be fully ensured. In this regard, the elements of the right to legal due process must be taken into account—see advisory opinion (opinión consultiva) number 1739-92. In summary, the administration must, in consideration of the administered party's right of defense:
Regarding the requirements of due process, see vote 15-90. In it, the Sala Constitucional has stated:
“the right of defense safeguarded in article 39 of the Political Constitution governs not only for jurisdictional proceedings, but also for any administrative proceeding carried out by the public administration.” The underlining is not in the original.
Likewise, in relation to the issue of due process, the Sala Constitucional has expressly indicated:
“due process generates fundamental requirements regarding all processes or proceedings, especially in the case of those for condemnation, of sanctioning ones in general, and even of those that result in a denial, restriction, or suppression of rights or freedoms of private or even public persons.
Indeed, any administrative action that may result in an act capable of negatively affecting the sphere of subjective rights of the person must be preceded by a proceeding that constitutes a suitable instrument to know and take into consideration the position of the interested party, in light of the State decision that will be projected directly onto their rights.” Vote number 11408-2000, of 3:14 p.m. on December 20, 2000.
3. Once the proceedings are ready to issue the final act (acto final) of the proceeding, the Municipalidad must send to this Advisory Body the administrative case file in its entirety, namely composed of all the procedural acts required by law as stated, in order to render, if applicable, the favorable opinion to declare the absolute, evident, and manifest nullity of the respective act. All under the provisions established in numeral 173 of the Ley General de la Administración Pública.
4. In the case of municipalities (municipalidades), the competent body to declare the absolute, evident, and manifest nullity is the Concejo Municipal and, consequently, in addition, it must appoint the Directing Body of the Proceeding, which must be the secretary, a member of that collegiate body, and remit the case file to this Office of the Solicitor General.” (Opinion C-180-2002 of July 11, 2002) It is also warned that, in accordance with subsection 5 of numeral 173 of the Ley General de la Administración Pública, the power held by the Administration to review ex officio administrative acts, under the provisions of that numeral, expires after four years, a period that runs from the moment the administration adopted the act sought to be annulled, also having the characteristic of being uninterruptible. See regarding said expiration (caducidad) our opinions—among others—: C-032-92 of February 17, 1992; C-111-93 of August 24, 1993; C-044-95 of March 8, 1995; C-030-96 of February 19, 1996; C-037-99 of February 11, 1999; C-050-2000 and C-052-2000, both of March 16, 2000.
In summary: Once the proceeding in question has been completed, which as explained must be done in strict adherence to article 308 et seq. and concordant articles of the Ley General de la Administración Pública, and the case file is ready for the issuance of the final act, if the Consejo Municipal de Matina still persists in the declaration of nullity via administrative channels, it must remit to this Office of the Solicitor General the complete administrative case file, with its request that the favorable opinion referred to in the first paragraph of article 173 of the Ley General de la Administración Pública be issued, and we will gladly proceed at that opportunity to conduct the corresponding study.
Finally, the resolution issued by the administration regarding the motion for review filed by the attorney-in-fact of Mr. XXX against the act sought to be annulled must be remitted to this Office.
Without further ado, we respectfully subscribe, Vivian Avila Jones Marlen Calderón Fallas Assistant Solicitor General Attorney of the Solicitor General's Office VAJ/MCF/Deifilia
Dictamen : 372 del 10/12/2004 C-372-2004 10 de diciembre del 2004 Señor Rodrigo Gómez Flores Alcalde Municipal Municipalidad de Matina S. O.
Estimado señor:
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, nos referimos a su oficio de fecha 12 de octubre del año en curso, al cual adjunta documentación correspondiente a un proceso administrativo ordinario llevado a cabo por el respectivo órgano director, para la declaración de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, del acuerdo No. 4, tomado por el Consejo Municipal de esa corporación municipal, en sesión ordinaria número 37 del día 24 de setiembre del año 2002.
Objeto de la consulta.
Se solicita a la Procuraduría General de la República, que previo a que el referido Consejo emita la declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo número 4 antes citado, se emita dictamen favorable al amparo de lo que establece el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública.
Antecedentes.
El Concejo Municipal de Matina, en la indicada sesión, acordó el traspaso de la licencia de licores nacionales número 60 en favor del señor Rogelio Araya Quirós, fundamentando dicho acto en el voto de la Sala Constitucional No. 00599-99 y en el voto número 24-02, dictado por el Tribunal de Juicio de la Zona Atlántica; en razón de ello, a la fecha se registra dicha patente a nombre del señor XXX.
Cabe agregar, - según se desprende del considerando 1.- de la resolución emitida por el órgano director del procedimiento, a las 11:00 horas del 27 de julio del año en curso - que la patente en mención le había sido adjudicada, mediante remate, al señor XXX, en razón de proceso ejecutivo prendario incoado por este señor contra XXX, mismo que se tramitó ante el Juzgado Primero Civil de Limón, bajo el expediente número 150-3-96.
Asimismo, consta en la referida resolución, que la entonces Gobernación de Limón ordenó el traspaso de la mencionada patente a favor de XXX, según resolución número GL-466-97 de las 09:00 horas del 27 de agosto del año 1997.
Por último, se desprende de la documentación aportada, específicamente del informe final rendido por el órgano director del procedimiento, en el resultando 4., que el 31 de octubre del año 2003, el señor XXX, mediante su apoderada especial, Licda. XXX, interpuso formal recurso extraordinario de revisión en contra del acuerdo que se pretende anular, alegándose -en dicha oportunidad- vicios de nulidad absoluta. Recurso del cual no consta documento alguno, ni de su interposición como tampoco de lo resuelto al efecto.
Así lo expuesto, de los documentos aportados a la consulta solicitada, se nota la ausencia de varios actos administrativos que deben formar parte integral, necesaria y obligada, dentro del procedimiento administrativo llevado a cabo por el respectivo órgano director. Igualmente se nota la ausencia de lo resuelto en esa vía en relación con el recurso de revisión interpuesto contra el acto que se pretende anular.
En efecto, para la pretendida nulidad, debe la administración activa, en este caso la Municipalidad del Cantón de Matina, mediante el órgano director nombrado al efecto, llevar a cabo el procedimiento ordinario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, esto es cumpliendo cada uno de los actos procesales ahí determinados, además del deber de observar los principios y garantías del debido proceso, otorgando para ello audiencia a las partes involucradas (ver en relación dictámenes de este Despacho números C-166-85, C173-95 y C-233-2001 - entre otros -).
En razón de lo anterior, esta Procuraduría se encuentra impedida para conocer su solicitud. Por lo que el informe solicitado se emitirá hasta tanto se cumpla con los actos del procedimiento administrativo, a saber :
1.- De previo a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto que se reprocha – si procediera -, la Municipalidad de Matina deberá tramitar – mediante el órgano director nombrado al efecto- el procedimiento administrativo contemplado en el artículo 308, siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública.
2.- En ese procedimiento, además de respetarse la garantía del debido proceso administrativo, se debe de asegurar, plenamente, el derecho de defensa de los involucrados en el mismo. Al respecto deben tomarse en cuenta los elementos del derecho al debido proceso legal – ver opinión consultiva número 1739-92 -. En resumen, la administración debe en atención al derecho de defensa del administrado:
En torno a los requisitos del debido proceso ver voto 15-90. En el mismo, la Sala Constitucional ha dicho:
“el derecho de defensa resguardado en el artículo 39 de la Constitución Política, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública “. El subrayado no es de su original.
Asimismo, en relación al tema del debido proceso, la Sala Constitucional expresamente ha señalado:
“ el debido proceso genera exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, especialmente tratándose de los de condena, de los sancionadores en general, y aún de aquellos que desembocan en una denegación, restricción o supresión de derechos o libertades de personas privadas o aún públicas.
En efecto, toda actuación administrativa que pueda derivar en un acto capaz de afectar negativamente la esfera de derechos subjetivos de la persona, debe ser precedida de un procedimiento que se constituya en un instrumento apto para conocer y tomar en consideración la posición del interesado, de frente a la decisión del Estado que habrá de proyectarse directamente sobre sus derechos”. Voto número 11408-2000, de las 15:14 hrs. del 20 de diciembre del año 2000.- 3.- Una vez listas las diligencias para dictar el acto final del procedimiento, la Municipalidad debe de enviar a este Órgano Consultivo el expediente administrativo en su totalidad, a saber conformado por todos los actos de procedimiento exigidos por ley según se expuso, con el fin de que se rinda, si procediera, el dictamen favorable para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del respectivo acto . Todo al amparo de lo que establece el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública.
4.- Para el caso de las municipalidades, el órgano competente para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, lo es el Concejo Municipal y, por consiguiente, además, éste debe de nombrar el Órgano Director del Procedimiento, que debe ser el secretario, miembro de ese órgano colegiado y remitir el expediente a esta Procuraduría.” (dictamen C-180-2002 de 11 de julio del 2002) Se advierte además, que de conformidad con el inciso 5 del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, la potestad con que cuenta la Administración para revisar de oficio los actos administrativos, al tenor de lo que dispone ese numeral, caduca a los cuatro años, plazo que corre a partir de que la administración adoptó el acto que se pretende anular, teniendo además la característica de que es ininterrumpible. Ver en torno a la caducidad dicha nuestros dictámenes – entre otros - : C-032-92 del 17 de febrero de 1992; C-111-93 de 24 de agosto de 1993; C-044-95 del 8 de marzo del año 1995; C-030-96 del 19 de febrero de 1996; C- 037-99 de 11 de febrero de 1999: C- 050-2000 y C-052-2000, ambos del 16 de marzo del año 2000.
En síntesis: Una vez instruído el procedimiento en cuestión, mismo que como se explicó debe serlo en estricto apego al artículo 308 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública y estando listos los autos para el dictado del acto final, si el Consejo Municipal de Matina aún persiste en la declaratoria de nulidad en vía administrativa, deberá remitir a esta Procuraduría General el expediente administrativo completo, con su petición de que se emita el dictamen favorable a que alude el párrafo primero del artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y con gusto procederemos en esa oportunidad a efectuar el estudio correspondiente.
Por último, debe remitirse a este Despacho lo resuelto por la administración, respecto al recurso de revisión que interpuso la apoderada del señor XXX contra el acto que se pretende anular.
Sin otro particular, suscribimos atentamente, Vivian Avila Jones Marlen Calderón Fallas Procurador Adjunto Abogada de Procuraduría VAJ/MCF/Deifilia
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