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OJ-025-2004

Standing to appoint a curator in a mutual's self-liquidationLegitimación para solicitar curador en autoliquidación de mutual

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OutcomeResultado

Non-binding opinionOpinión no vinculante

According to the PGR, neither SUGEF nor BANHVI have standing to request a judicial curator in a case of self-liquidation of a supervised mutual, as no enabling legal norm exists.Según la PGR, ni la SUGEF ni el BANHVI tienen legitimación para solicitar un curador judicial en un caso de autoliquidación de una mutual supervisada, al no existir norma legal habilitante.

SummaryResumen

The Attorney General's Office examines the procedural standing of SUGEF and BANHVI to petition a civil court to appoint a curator for the Asociación Mutualista de Desarrollo Comunal, which initiated a self-liquidation process. It concludes that, absent an express legal norm enabling either body to act in cases of self-liquidation where prior intervention was not exercised, both lack procedural standing. SUGEF may only request liquidation or bankruptcy after an intervention process. The opinion notes that amendments to the Organic Law of the Central Bank stripped BANHVI of its supervisory powers over mutuals, thus excluding it as well. Nevertheless, the opinion explores alternative avenues to resolve leftover problems of the self-liquidated entity, such as mortgage cancellations via judicial order or dissolution of the association under the Law on Associations, and suggests an inter-institutional coordination body to guide affected debtors.La Procuraduría examina la legitimación procesal de la SUGEF y el BANHVI para solicitar el nombramiento de un curador judicial en el caso de la Asociación Mutualista de Desarrollo Comunal, que inició un procedimiento de autoliquidación. Concluye que, al no existir una norma expresa que habilite a ninguno de los dos órganos a actuar en supuestos de autoliquidación donde no se ejerció la potestad interventora previa, ambos carecen de legitimación procesal. La SUGEF solo puede solicitar la liquidación o quiebra tras un proceso de intervención. El dictamen señala que las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica del Banco Central despojaron al BANHVI de sus facultades de supervisión sobre mutuales, quedando excluido también. No obstante, la opinión explora vías alternativas para resolver los problemas residuales de la entidad autoliquidada, como la cancelación de hipotecas mediante mandamiento judicial o la disolución de la asociación conforme a la Ley de Asociaciones, y sugiere una instancia de coordinación interinstitucional para orientar a los deudores afectados.

Key excerptExtracto clave

Secondly, and this also applies to BANHVI, since a matter of civil procedural nature is at stake, where the judges of the Republic, based on the principle of independence governing judicial functions, apply and interpret rules, institutes and procedural techniques, any opinion of the Attorney General's Office or a decision of the President of the Republic, in the event that any of the involved institutions submits this matter for consideration, does not constitute an enabling title to act before a court. In the case at hand, standing will be determined by the procedural rules found in the Procedural Code and by the interpretation given to them by the judges of the Republic. In other words, both the opinion of the Advisory Body and the eventual decision of the President of the Republic have no effect of conditioning the actions of judicial officials, because determining the plaintiff's standing is the court's competence, not that of an administrative body, whether advisory or decision-making. This is an aspect that, at all times, must be kept in mind in the matter under analysis. That said, SUGEF also lacks procedural standing to request the appointment of a curator from the civil judge. According to our legal system, this is only possible when the supervisory body has exercised its intervention powers, following the rules and procedures set forth in Law No. 7558. When such a situation does not occur, for example: a supervised entity agrees on self-liquidation, SUGEF has no authority to request the civil judge to appoint a curator, since we are in the presence of a case not foreseen, not contemplated, in the current legislation. From this perspective, the precedent of Mutual Guanacaste, in which SUGEF requested the judicial liquidation of the entity, is not acceptable, given that in that case SUGEF did exercise its intervention powers. Seen in this way, if there is no legal norm that authorizes SUGEF to act in cases of self-liquidation of supervised entities, it is very likely that the civil judge will not proceed with an action in this sense. Furthermore, since fundamental rights (private initiative, property right, freedom of enterprise, freedom of association, etc.) are at stake, SUGEF cannot, in any way, apply procedures not provided for by the legal system, since, as is well known, the liquidation of a private entity affects them very severely.En segundo lugar, y esto también resulta aplicable para el BANHVI, al estar de por medio un asunto de naturaleza procesal civil, donde los jueces de la República, con base en el principio de independencia que regenta la función jurisdiccional, aplican e interpretan las reglas, los institutos y las técnicas procesales, cualquier criterio de la Procuraduría General de la República o una decisión del señor Presidente de la República, en el eventual caso de que alguna de las instituciones involucradas le someta este asunto a su consideración, no constituye un título habilitante para actuar en sede judicial. En el supuesto que estamos comentando, la legitimación estará determinada por las reglas procesales que se encuentran en el Código del rito y por el alcance que les han dado los jueces de la República. En otras palabras, tanto el criterio del Órgano Asesor, como la eventual decisión del señor Presidente de la República no tienen el efecto de condicionar las actuaciones de los funcionarios judiciales, porque la determinación de la legitimación del actor es competencia del juez, no de un órgano administrativo, sea este consultivo o decisorio. En este es un aspecto que, en todo momento, debe tenerse presente en el asunto de análisis. Dicho lo anterior, tampoco la SUGEF tiene legitimación procesal para solicitar el nombramiento de un curador al juez civil. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, ello sólo es posible cuando el órgano fiscalizador ha ejercido sus potestades interventoras, siguiendo para ello las reglas y los procedimientos que se encuentran en la Ley n.° 7558. Cuando tal situación no acontece, verbigracia: una entidad fiscalizada acuerda su autoliquidación, la SUGEF no tiene atribuciones para solicitar al juez civil el nombramiento de un curador, toda vez de que estamos en presencia de un caso no previsto, no contemplado, en la legislación actual. Desde esta perspectiva, el antecedente de la Mutual Guanacaste, en el cual SUGEF solicitó la liquidación judicial de la entidad, no es de recibo, en vista de que en este caso la SUGEF sí ejerció sus potestades interventoras. Vistas así las cosas, si no existe una norma legal que legitime a la SUGEF para actuar en los supuestos de autoliquidaciones de entidades fiscalizadas, muy probablemente el juez civil no dé curso a una gestión en este sentido. Por otra parte, al estar de por medio el ejercicio de derechos fundamentales (iniciativa privada, derecho de propiedad, libertad de empresa, libertad de asociación, etc.), la SUGEF, de ninguna manera, puede aplicar procedimientos no previstos por el ordenamiento jurídico, ya que, como es bien sabido, la liquidación de una entidad privada los afecta de una forma muy severa.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Tampoco la SUGEF tiene legitimación procesal para solicitar el nombramiento de un curador al juez civil. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, ello sólo es posible cuando el órgano fiscalizador ha ejercido sus potestades interventoras."

    "SUGEF also lacks procedural standing to request the appointment of a curator from the civil judge. According to our legal system, this is only possible when the supervisory body has exercised its intervention powers."

    III. Sobre el fondo

  • "Tampoco la SUGEF tiene legitimación procesal para solicitar el nombramiento de un curador al juez civil. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, ello sólo es posible cuando el órgano fiscalizador ha ejercido sus potestades interventoras."

    III. Sobre el fondo

  • "Al no existir una norma de rango legal que le permita a la SUGEF el gestionar ante un juez civil el nombramiento de un curador para que actúe como representante de una entidad que se auto liquidó, dicho órgano carece de legitimación procesal."

    "Since there is no legal norm that allows SUGEF to petition a civil judge to appoint a curator to act as the representative of a self-liquidated entity, this body lacks procedural standing."

    III. Sobre el fondo

  • "Al no existir una norma de rango legal que le permita a la SUGEF el gestionar ante un juez civil el nombramiento de un curador para que actúe como representante de una entidad que se auto liquidó, dicho órgano carece de legitimación procesal."

    III. Sobre el fondo

  • "La determinación de la legitimación del actor es competencia del juez, no de un órgano administrativo, sea este consultivo o decisorio."

    "Determining the plaintiff's standing is the court's competence, not that of an administrative body, whether advisory or decision-making."

    III. Sobre el fondo

  • "La determinación de la legitimación del actor es competencia del juez, no de un órgano administrativo, sea este consultivo o decisorio."

    III. Sobre el fondo

Full documentDocumento completo

Legal Opinion Text 025 Legal Opinion: 025 - J of 03/03/2004 sugefbanvhi OJ-025-2004 March 3, 2004 Doctor Juan E. Muñoz Giró Acting Superintendent General Superintendency of Financial Entities Distinguished Sir:

With the approval of the Deputy Attorney General, I am pleased to refer to your official communication DVM-029-04 of January 20 of this year, through which you request the opinion of the Office of the Attorney General of the Republic on which entity is competent to file the request for the appointment of a receiver (curador) before the civil judge, to handle the liquidation of the Asociación Mutualista de Desarrollo Comunal.

I.- LEGAL NATURE OF OUR PRONOUNCEMENT.

There are at least two reasons that prevent us from exercising the advisory function in this matter. Firstly, we are in the presence of a specific case. Regarding this aspect, in opinion C-044-2003 of February 19 of the current year, we expressed the following:

‘The advisory function that the Legal System has attributed to the Office of the Attorney General of the Republic is subject to the fulfillment of a series of requirements deriving from Law No. 6815 of September 27, 1982, and its amendments. In this sense, it is worth recalling what was elaborated in opinion C-151-2002 of June 12, 2002, on the subject of these legal precepts:

‘It is worth recalling, in the first instance, several provisions of the Organic Law of the Office of the Attorney General of the Republic (Law No. 6815 of September 27, 1982, and its amendments) that are pertinent to the present case and that set the requirements for an organ or institution of the Public Administration to request our technical-legal criterion:

‘Article 4. Consultations: The organs of the Public Administration, through the heads of the different administrative levels, may consult the technical-legal criterion of the Office of the Attorney General, and must, in each case, include the opinion of the respective legal advisory body. The consultation shall be mandatory for the Central Government, when dealing with administrative claims whose final resolution may cause considerable expenditures, in accordance with the determination made for this purpose in the regulation.’ (Note: This numeral was amended by subsection c) of article 45 of Law No. 8292 of July 31, 2002, General Law of Internal Control) ‘Article 5. Notwithstanding the provisions of the preceding articles, matters specific to administrative organs that possess a special jurisdiction established by law are not subject to consultation.’ The preceding norms, in relation to article 3 subsection b) of the same Law, which states that the opinions, pronouncements, and advice provided by the Office of the Attorney General shall be on ‘… legal questions …’, have allowed the administrative jurisprudence emanating from this Advisory Body to establish the following minimum admissibility requirements, which must be analyzed prior to the substantive study of the requests submitted to us:

* That the consultation be formulated by the administrative head of the respective public organ or institution. * That the legal criterion on the matter under consultation held by the respective legal advisory body of the public organ or institution be included. Said opinion must be a specific study on the legal variables that, in the criterion of the corresponding professional, are related to the concern presented for our consideration. * The consultations address ‘legal questions’ in general, that is, without being able to identify a specific case that is under study or is to be decided by the consulting administration. This is because we would be contravening the nature of superior advisory body conferred on us by law, transforming ourselves into part of the active administration.” The matter at hand refers to the appointment of a receiver (curador) and the liquidation process of the Asociación Mutualista de Desarrollo Comunal, an aspect which, as explained above, cannot be addressed by the Office of the Attorney General of the Republic.

Secondly, there is no doubt that we are in the presence of a conflict of competence by omission, between a body of maximum deconcentration of the Banco Central de Costa Rica and a public entity.

In accordance with doctrine, conflicts of competence can occur in two ways: by action or by omission. In the first case, we are in the presence of a positive conflict, that is, where the subjects involved in it claim for themselves, exclusively and excludingly, the exercise of a competence or attribution. Paraphrasing Spanish doctrine, it can be affirmed that positive conflicts not only constitute an instrument exclusively designed to reclaim usurped powers, but also to react against an injury to a respective sphere of power derived from an incorrect exercise of the powers of others by their holders. In the second case, we are facing a negative conflict, where the actors refuse to assume the competence or attribution, since they reciprocally consider that it corresponds to the other.

Faced with such a legal phenomenon, our General Law of Public Administration establishes a set of techniques for resolving conflicts of competence within the administrative sphere. Indeed, in its numeral 71 and following, the rules for the solution of administrative conflicts are established, within which conflicts between public entities are included. In accordance with numeral 78 of that normative body, the decision resolving the conflict, in these cases, corresponds to the President of the Republic. From this perspective, the Advisory Body does not have the competence to issue a binding opinion, whose immediate and direct effect would be the resolution of a conflict of administrative competences between a body of a public entity and another entity, since that attribution is assigned by the legal system to the body indicated above.

Notwithstanding the foregoing, and with the aim of contributing to the resolution of the conflict raised, providing elements of judgment that allow a satisfactory solution for both institutions and, in this way, avoid raising this matter to the President of the Republic [who, as we all know, is permanently engaged in resolving complex and delicate issues that demand his immediate response, which, obviously, would not justify declining the competence imposed on him by the General Law of Public Administration, in the eventual case that one of the institutions in conflict decides to follow the procedure provided for in that normative body], the Office of the Attorney General of the Republic will issue a legal opinion, which, as is well known, has no binding effect.

II.- BACKGROUND.

A.- Criterion of the Legal Advisory Office of the consulting body.

In the aforementioned official communication, several pronouncements of the Legal Advisory Office of the consulting body are outlined. In summary, the following is indicated:

“According to the foregoing, public law institutions may only and exclusively carry out the activities for which they are empowered. So, if the power to supervise and oversee entities that carry out financial intermediation (intermediación financiera) is not among the functions assigned by law to the SUGEF, even if these entities form part of the Sistema Financiero Nacional para la Vivienda and have been authorized by the Bank to act as authorized entities, this function cannot be carried out by the Superintendency, as it would be exceeding its functions.

From the foregoing, we can establish that there is the legal possibility that there exist: authorized entities to form part of the Sistema Financiero para la Vivienda that do not carry out financial intermediation (intermediación financiera) and authorized entities that do carry it out. In the first case, said entities will not be subject to supervision and oversight by this Superintendency, but only by the Bank as the governing entity of the System, and in the second case, they will be supervised and overseen by this Superintendency, as long as they carry out financial intermediation (intermediación financiera), and by the Bank as the governing entity.

Therefore, the condition of an authorized entity to form part of the Sistema Financiero para la Vivienda does not necessarily imply the obligation to be overseen by the General Superintendency of Financial Entities, since what defines such supervision is that the entity carries out any of the activities defined by article 116 and following of the LOBCCR. However, the fact of forming part of the Sistema Financiero para la Vivienda does imply mandatory subjection to the control of the BANHVI, the latter being the governing entity of said system.

For this reason, we consider that the Bank is not correct in indicating that this Superintendency was the entity in charge of directing the liquidation process, nor that it is the competence of the SUGEF to exercise the role of receiver (curador), as being within its responsibilities and competencies.” B.- Criterion of the Legal Advisory Office of the Banco Hipotecario de la Vivienda.

Through official communication No. ADPb-0265-2004 of February 10 of the current year, this office gave a hearing on the present consultation to Lic. Donald Murillo Pizarro, general manager of the Banco Hipotecario de la Vivienda. Through official communication No. GG-0171-2004 of February 19, 2004, signed by the aforementioned official, the following is indicated in relevant part:

“(…) The matter is therefore very simple and can be summarized as follows:

a.- The Mutual Comunal was a financial intermediary subject to the oversight of the SUGEF, as that same Body recognizes in its documents and as provided in article 117 of the Organic Law of the Banco Central de Costa Rica.

b.- The Mutual Comunal carried out a self-liquidation procedure, overseen by the SUGEF, as this body acknowledges.

c.- Said self-liquidation procedure was never duly completed. The Mutual Comunal was left acephalous and without legal capacity. Many former debtors of that Mutual are harmed because they have no way to cancel (at the Public Registry level) what were their debts.

d.- The BANHVI lost all its oversight and intervention powers regarding this type of procedure, starting from the enactment of the current Organic Law of the Banco Central de Costa Rica, which centralized all these procedures in the SUGEF.

e.- All the provisions found in what were the Statutes of the Mutual Comunal and that refer to the BANHVI were repealed starting from the enactment of the current Organic Law of the Banco Central.

f.- Regardless of the reasons for which the Mutual Comunal closed, since it is necessary to complete its liquidation, the only procedure contemplated by our Legal System is that of requesting a receiver (curador) from the Civil Judge, as indicated in article 140 subsection d) of the Organic Law of the Banco Central de Costa Rica. The powers to carry out this process are exclusive to the SUGEF.

The SUGEF already applied such a procedure in the case of Mutual Guanacaste.

g.- Since mid-2000, the BANHVI has insisted before the SUGEF for it to carry out this procedure, without positive results.” III.- ON THE SUBSTANCE.

Before addressing the specific topic, we must make some general clarifications, which constitute the necessary theoretical framework to address the matter properly. In the first place, it is a commonplace to affirm that the Public Administration is subject to the principle of legality (principio de legalidad); however, on some occasions, in their actions, the public officials who comprise it forget this essential presupposition of the Social and Democratic Rule of Law. It is for this reason that, from time to time, the Office of the Attorney General of the Republic must not only remind the active Administration of this maxim, but also specify its scope.

Based on the principle of legality (principio de legalidad), public entities and organs can only carry out acts that are previously authorized by the legal system (everything that is not permitted is prohibited). Indeed, article 11 of the LGAP states that the Public Administration must act subject to the legal system and can only perform those acts or provide those public services that said system authorizes, according to the hierarchical scale of its sources.

For its part, the Constitutional Chamber, in ruling No. 440-98, has held the thesis that, in the Rule of Law, the principle of legality (principio de legalidad) postulates a special form of binding of public authorities and institutions to the legal system. From this perspective, “… every public authority or institution is what it is and can only act to the extent that it is empowered to do so by the same system, and normally by express text – for public authorities and institutions, only what is constitutionally and legally authorized in express form is permitted, and everything that is not authorized is forbidden to them -; as well as its two most important corollaries, still within a general order: the principle of minimum regulation, which has special requirements in procedural matters, and the principle of legal reservation (reserva de ley), which in this field is almost absolute.” In another important resolution, No. 897-98, the Constitutional Court established the following: “This principle means that the acts and behaviors of the Administration must be regulated by written norm, which means, of course, subjection to the Constitution and the law, preferentially, and in general to all the norms of the legal system – executive and autonomous regulations especially; that is, ultimately, to what is known as the ‘principle of juridicity of the Administration’. In this sense, it is clear that, facing an illicit or invalid act, the Administration has, not only the duty but the obligation, to do what is within its power to rectify the situation.” In another vein, it is also necessary to affirm that the exercise of administrative powers by the competent body constitutes a conditio sine qua non for the validity of the administrative act. On this matter, GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. “Dictamen sobre el Contrato Turístico No. 228”, Madrid-Spain, 2000, page 21, reminds us of the following: “The first of the requirements demanded by the Legal System for the validity of an act is that it be adopted by the body that has the assigned authority (competencia) for it (art. 129, LGAP). If the act is adopted by a body that lacks authority (competencia) due to territory, time, matter, or degree (art. 60.1, LGAP), the act will be null (art. 166, LGAP). Hence the importance of the delimitation of authority (competencia) when verifying the validity of an administrative act. Starting from the matter it concerns, one must turn to the regulatory framework that determines the corresponding body. A task that is not always easy, due to the complexity of modern Administrations and the lack of clarity of some regulations elaborated many times forgetting legislative technique.” (The bold text does not correspond to the original).

Finally, regarding the competence of the SUGEF, in opinion C-209-2000 of September 4, 2000, we expressed the following: “In order to determine the competence of the General Superintendency of Financial Entities and previously of the General Audit of Financial Entities, the Office of the Attorney General has dealt with the concept of financial intermediation (intermediación financiera) on repeated occasions. The criteria issued allow us to specify the concept in question. The Office of the Attorney General has started from the very concept of financial intermediation (intermediación financiera), present in the Organic Law of the Banco Central de Costa Rica. The current text of said Law provides in article 116: ‘Financial intermediation (Intermediación financiera) Only public or private entities, expressly authorized by law to do so, may carry out financial intermediation (intermediación financiera) in the country, prior compliance with the requirements that the respective law establishes and prior authorization from the Superintendency. The Superintendency's authorization must be granted when the legal requirements are met. For the purposes of this law, financial intermediation (intermediación financiera) is understood as the habitual raising of financial resources from the public, with the aim of allocating them, on the account and risk of the intermediary, to any form of credit or investment in securities, regardless of the contractual or legal form used and the type of document, electronic record, or other analogous means in which the transactions are formalized. The raising of resources for working capital or for the financing of non-financial investment projects of the issuing company itself or its subsidiaries is not considered financial intermediation (intermediación financiera), provided that the issuances are registered with the National Securities Commission. In these cases, the total liabilities of the issuing companies cannot exceed four times their capital and reserves, in accordance with the rules issued by the National Securities Commission. Likewise, the issuing companies will be subject to the other regulations issued by that Commission. (...)’. The second and third paragraphs are of interest. The first in that it positively defines intermediation and the second in that it does so negatively. In accordance with the positive legal definition, intermediation is characterized by the conjunction of certain elements: the public raising of financial resources, habitualness, the destination of the resources, the lack of importance of the contractual form the credit operation takes, and risk. The raising of financial resources from the public implies that the financial intermediary operates and acts within the financial market, receiving resources from third parties, from the general public. Such resources are acquired to later transfer the right to a third party: ‘...The intermediary needs to acquire them (the funds), seeks them and raises them from the public, appropriates them and uses them as its own, to then transfer them to whoever needs or requests them, contracting directly.’ J. RECIO – J, VILLER: El Banco Central y la intermediación financiera, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989, p. 10. These operations must be carried out habitually, which indicates that such operations occur as part of the intermediary's own course of business and, therefore, are operations that are repeated. The intermediary is a professional in its field because it carries out these operations repeatedly, systematically, and normally over a prolonged period. In addition to professionalism, the requirement alludes to the specialization of the activity. The intermediary is normally a financial entity. Regarding risk, the intermediary offers its own solvency and guarantee to the investor, so the investor does not assume the risk of the final destination of the resources, except for state banks by virtue of article 4 of the Organic Law of the National Banking System. This circumstance determines the importance of the solvency of the financial entity within the regulation of the financial market, and, therefore, within the law. Indeed, the investor can be affected by financial problems suffered by the intermediary. The destination of the resources: the raising has its own purpose, which goes beyond the satisfaction of the intermediary's own financing needs; on the contrary, the raising of resources is directed towards any investment in credit. That is why the third paragraph indicates that the raising of resources for own working capital or to finance non-financial investment projects is not understood as intermediation. For the purposes of the destination of the raised resources, one must adhere to the definition of credit issued by the Board of Directors of the Banco Central. Credit is the operation through which the financial intermediary provides funds or credit facilities directly to another person. Therefore, credit is not only the granting of loans, but also the discounting of documents, purchase of securities or other financial assets, purchase operations of securities with a resale agreement, advances, overdrafts in checking accounts, interest, and expired letters of credit. Since credit is defined broadly, it follows that the destination of the raised resources is also broad: these funds can be destined for any of the operations that characterize credit. As the intermediary acts in the financial market, it follows that any of the credit operations can be entered into within the market. Therefore, they can be concluded with any natural or legal person who can be a recipient of credit, in the said meaning. A formal element of intermediation is the fact that it is an activity that can only be carried out by persons expressly authorized by law and who comply with the requirements established by it and specified by the General Superintendency of Financial Entities. This implies that for intermediation, it is not enough for the law to indicate generically which entities may exercise it, but rather that, ultimately, the right to operate as an intermediary derives from the authorization of the SUGEF. It is in this sense that what was expressed by this Office of the Attorney General in opinion No. 111-95 of June 26, 1995, must be understood. From the conjunction of the aforementioned elements, it follows that the legal concept of intermediation refers to open intermediation. Consequently, for intermediation to be configured, it is not sufficient for the intermediary to habitually raise funds to then transfer them, on its own account and risk, to a third party, transferring funds from those who do not need them to those who request them. A scenario in which it matters little what that transmission is for, more precisely what the destination of the resources will be and who the third party receiving them is.” It now falls to us to address the specific matter raised. Reviewing the legal regime applicable to the SUGEF (the set of principles and norms that regulate its organization, operation, and procedures), we find that, in accordance with Law No. 7558 of November 3, 1995, Organic Law of the Banco Central de Costa Rica, this body is responsible for the powers of oversight and control over public and private banks, non-bank financial companies, mutual savings and loan associations, savings and credit cooperatives, and solidarist associations, as well as any other entity authorized by law to carry out financial intermediation (intermediación financiera) (article 117). Among the functions of the SUGEF pertinent to this study, is to request the CONASIP for the intervention of supervised entities, executing and carrying out the supervision of the intervention process (subsection h, article 131). It is also responsible for issuing the regulations that allow it to assess the economic and financial situation of the overseen entities, ensuring the stability and efficiency of the financial system (article 136). Finally, the intervention of a supervised subject cannot exceed one year. Thirty calendar days before the expiration of the term for which the intervention was ordered, the Consejo Directivo of the SUGEF must decide, after consulting the designated intervenors, whether to allow the entity to continue its operations or whether to request, from the competent judge, its liquidation or bankruptcy (subsection d) of article 140).

Private banks merit special comment, since, in accordance with the Organic Law of the National Banking System, Law No. 1644 of November 26, 1953, if a private bank wishes to cease its operations, or if the term of its legal existence has expired and it has not been reconstituted, its business can be liquidated by a Liquidation Board appointed by the shareholders or associates in a general assembly. This liquidation must be carried out under the surveillance of the Superintendente General de Entidades Financieras (article 177).

For its part, Law No. 7052 of November 13, 1986, Law of the Sistema Financiero Nacional de la Vivienda and Creation of the BANHVI, states that said system is composed of the Banco Hipotecario de la Vivienda, as the governing entity, and by the authorized entities provided for in this law (article 2). As is well known, the condition of an authorized entity is obtained through the authorization issued by the BANNHVI (article 67).

Adopting the foregoing as a frame of reference, and without prejudice to what the Constitutional Court resolves in the amparo appeal filed by Yanori Fonseca Porras against the SUGEF and the BANHVI, which is being processed under judicial file No. 03-11139-0007-CO, it can be affirmed, in the first place, that in view of the modifications to Law No. 7052, by means of Law No. 7558, the BANVHI would not have procedural standing (legitimación procesal) to request the civil judge to appoint a receiver (curador) for the Asociación Mutualista de Desarrollo Comunal. Although numeral 2 of Law No. 7052 grants the BANHVI the condition of governing entity of the Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, it is a verifiable fact that the powers to supervise, promulgate regulations, and order the operations of mutual associations were removed from it (see articles 164, 165, and transitory provision III of Law No. 7558, which repealed and modified the numerals of Law 7052).

Secondly, and this is also applicable to the BANHVI, since a matter of a civil procedural nature is involved, where the judges of the Republic, based on the principle of independence that governs the jurisdictional function, apply and interpret the rules, institutes, and procedural techniques, any criterion of the Office of the Attorney General of the Republic or a decision of the President of the Republic, in the eventual case that one of the involved institutions submits this matter for his consideration, does not constitute an enabling title to act in a judicial venue. In the scenario we are discussing, the standing (legitimación) will be determined by the procedural rules found in the Code of Procedure and by the scope given to them by the judges of the Republic. In other words, both the criterion of the Advisory Body and the eventual decision of the President of the Republic do not have the effect of conditioning the actions of judicial officials, because the determination of the plaintiff's standing (legitimación) is the competence of the judge, not of an administrative body, be it advisory or decision-making. This is an aspect that must be kept in mind at all times in the matter under analysis.

That said, the SUGEF also lacks procedural standing (legitimación procesal) to request the appointment of a receiver (curador) from the civil judge. According to our legal system, this is only possible when the oversight body has exercised its intervention powers, following for this the rules and procedures found in Law No. 7558. When such a situation does not occur, for example: a supervised entity agrees to its self-liquidation, the SUGEF does not have the powers to request the civil judge for the appointment of a receiver (curador), since we are in the presence of a case not provided for, not contemplated, in current legislation. From this perspective, the precedent of Mutual Guanacaste, in which the SUGEF requested the judicial liquidation of the entity, is not admissible, given that in that case the SUGEF did exercise its intervention powers. Seen in this way, if there is no legal norm that legitimizes the SUGEF to act in cases of self-liquidation of supervised entities, it is very likely that the civil judge will not proceed with a request in this sense.

On the other hand, since the exercise of fundamental rights is at stake (private initiative, right to property, freedom of enterprise, freedom of association, etc.), the SUGEF can in no way apply procedures not provided for by the legal system, since, as is well known, the liquidation of a private entity affects them very severely.

Furthermore, the SUGEF, as a public body, is subject to the principle of legality (principio de legalidad) and, consequently, can only perform those acts that are supported or backed by a prior norm of the legal system (legality block). In summary, as there is no norm of legal rank that allows the SUGEF to request a civil judge for the appointment of a receiver (curador) to act as the representative of an entity that self-liquidated and, in this way, resolve a series of residual matters that remained pending (mortgage cancellations – approximately 100, according to information we have gathered -, legal representation in some lawsuits, etc.), said body lacks procedural standing (legitimación procesal).

Now, does the foregoing mean that the legal system lacks institutes or techniques to solve the problems that debtors and some parties are experiencing, who must notify the self-liquidated entity so that their judicial processes may move forward? Not at all. Reviewing both civil legislation and civil procedural law, we find a series of institutes and techniques through which those seeking justice can resolve their problems. In the case of mortgage cancellations (cancelaciones hipotecarias), debtors may turn to the civil judge so that the latter may grant the deed (escritura). In this regard, numeral 1066 of the Civil Code authorizes the judge to grant the deed when the owner of a thing refuses to do so in the sale or in the obligatory promise of sale. According to our point of view, subject to a better opinion from the judicial authority, it is feasible for interested parties to appear before the latter to request the granting of the cancellation deed (escritura de cancelación), applying that numeral analogously and based on the principle of the plenitude of the legal system (principio de plenitud del ordenamiento jurídico) (article 5 of the Organic Law of the Judicial Branch, Law No. 7333 of May 5, 1993), which states that courts cannot excuse themselves from exercising their authority or from ruling in matters within their competence due to a lack of applicable law and must do so in accordance with the written and unwritten rules of the legal system, according to the hierarchical scale of its sources. Regarding article 1066 of the Civil Code, the Second Civil Court, Second Section, in resolution No. 322 of 9:00 a.m. on August 17, 2000, stated the following:

"1.- That the defendant is obligated to grant the plaintiff a registerable deed of ownership (escritura inscribible de dominio) in the Public Registry of Property, in relation to the real property rights that he sold him in public deed number thirty, issued at two-fifteen p.m. on July twenty-fourth, nineteen eighty-nine, before Notaries Public Francia Charpantier Jiménez and Guillermo Enrique Azuola Valls, visible on folios twenty to twenty-one, both back, of volume two of the Protocol of Notary Charpantier Jiménez. He shall do so once the plaintiff pays him the remainder of the purchase price owed, which amounts to the sum of eighty-four thousand colones, under the warning that if he does not do so, the granting shall be done in his name and representation and on his behalf, by the judicial authority of first instance." (The boldface does not correspond to the original).

For its part, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in resolution No. 109 of September 16, 1993, stated the following:

"II.- Regarding the option to sell, among others, in Resolution No. 51 of 3:00 p.m. on August 11, 1993, this Chamber has stated: 'VI.- The promisor, upon entering into the option-to-sell contract, has manifested his will in relation to the eventual definitive sale; his offer is determined and firm during the time for which the option is valid. If the beneficiary of the latter accepts it purely and simply while it is in force, the definitive contract arises in legal life, which entails the domain transfer (traspaso dominical) of the sold good from one subject to another, as established in articles 1054, 1049, and 480 of the Civil Code; and, with the foregoing, the birth of all obligations inherent to the purchase-sale contract. But once the latter is perfected, it is possible that the seller does not wish to deliver the thing or grant the respective deed, which, although not a requirement ad substancia of the contract, is sometimes required for purposes of registration in the Public Registry. In these cases, the Civil Code, in its article 1066, grants the creditor the right to obtain, through the intervention of the Judge, the formalization of the agreement, for purposes of its registration in the respective Registry and the delivery of the purchased goods...'." (The boldface does not correspond to the original).

Furthermore, courts have accepted mortgage cancellation by means of a judicial order (mandamiento), despite the procedure not being established in legislation. In this regard, the First Superior Civil Court, in resolution No. 842 of 9:25 a.m. on June 8, 1984, indicated the following:

"Our legislation does not have an express norm regulating the manner in which a mortgage must be canceled when paid through a consignment (consignación) accepted by the creditor; however, by its nature, the logical approach is that it be canceled by judicial order (mandamiento) from the court, because otherwise, it would be complicated and uneconomical to order said cancellation through another channel, since if the creditor does not sign the deed, the notary cannot authorize it." (The boldface does not correspond to the original).

In the case under study, it is clear that if the debtors paid off the debts to the Mutual Association (Asociación Mutualista), the logical course is for the judicial authority to order the cancellation of the mortgages, given the factual and legal impossibility resulting from the aforementioned entity having been liquidated. This is in accordance with the maxim that the release of the mortgage operates with the full payment of the obligation (see resolution No. 2363 of 10:00 a.m. on July 11, 1997, of the Superior Contentious Administrative Court).

In the other case —notifying the Mutual Association (Asociación Mutualista)—, article 266 of the Civil Procedure Code regulates a procedure to resolve the case of associations lacking a legitimate representative.

An aspect that we cannot overlook in this study is whether mutual associations are governed by Law No. 7052 or by the Law of Associations (Ley de Asociaciones), Law No. 218 of October 8, 1939. Analyzing both regulatory bodies, we find that the former does not regulate matters related to the extinction of these entities, while the latter does. Indeed, upon reviewing the respective entries in the Persons Section of the Public Registry, visible at entry 171, folio 59, volume 128, as well as entry 236, folio 79, volume 145, the cancellation carried out by BANHVI, nullifying the condition of authorized entity of the Mutual Association for Communal Development of Savings and Loan (Asociación Mutualista del Desarrollo Comunal de Ahorro y Préstamo), from the perspective of the Registry, did not entail the cancellation of the entry recording the legal personality (personalidad jurídica) of the said association. However, to further aggravate this matter, it turns out that the statutes of the Mutual Association (Asociación Mutualista) indicate that the liquidation and dissolution of the entity would occur when ordered by BANHVI in accordance with the provisions of Law No. 7052 (clause No. 6). Furthermore, it is stated that the purpose of the Mutual Association (Asociación Mutualista) is the typical and exclusive purpose of this type of entity (clause No. 4).

Now, in accordance with Article 13 of the Law of Associations (Ley de Asociaciones), these entities are only extinguished when one of the following grounds occurs:

  • a)When the number of eligible associates falls below the minimum necessary to form the governing body.
  • b)If it is dissolved by the authority for having proven any of the conditions indicated in article 27.
  • c)Once the temporary or transitory purpose for which it was founded has been achieved, or when such achievement is legally or materially impossible.
  • d)By deprivation of its legal capacity as a consequence of a declaration of insolvency or bankruptcy (concurso); of a variation in the pursued purpose; of change of its nature in its legal personality (personería jurídica) or for not having renewed the governing body within the year following the term indicated in the statutes for its exercise.

On the other hand, numeral 27 of Law No. 218 indicates that the judicial authority is the only one competent to decree, before the expiration of the natural term, the dissolution of associations constituted under that law, when requested by two-thirds or more of the associates or when the circumstances indicated in subsections a), c), and d) of article 13 concur. Once the dissolution is decreed, one proceeds in the manner indicated in article 14, and the court communicates it to the Registry of Associations for the registration of that circumstance. On this aspect, the Office of the Attorney General of the Republic, in opinion C-181-91 of November 13, 1991, clarified by C-033-92 of February 21, 1992, and followed in C-172-2001 of June 13, 2001, has held the following:

"The dissolution of legal entities in general, including associations, occurs only through judicial resolution:

'In accordance with the regulations and jurisprudence previously transcribed, one must necessarily reach the conclusion that, in the cases provided for by subsections a), b), and d) of article 13 of the Law of Associations (Ley de Asociaciones), associations are extinguished when the judicial authority so determines in a judgment and its registration is ordered in the corresponding Registry. That is to say, even though the factual situation provided for by law for the dissolution of the entity may have come to pass, this does not operate ipso jure (de pleno derecho) but only by virtue of the judicial mandate. Now, based on the premise that as long as the dissolution of an association has not been decreed in the manner provided for by Law, the same legally exists.

2.- Proceeding, then, from the premise that an association is only extinguished when a judicial mandate to that effect exists —which must be registered in the Registry of Associations— we have that if that procedure has not been carried out, it exists and maintains its legal capacity.' (C-181-95)" Seen in this light, we would have an entity liquidated from the economic-financial perspective, but existing from a legal standpoint. However, this thesis is not shared by the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in resolutions numbers 169 and 123 of 8:30 a.m. on June 8, 1990, and 2:50 p.m. on November 10, 1995, respectively, when indicating the following:

"(...) Evidently, the Association was extinguished ipso jure (de pleno derecho), even before the filing of this proceeding. In any case, dissolution implies in turn extinction and vice versa (articles 13 and 27 of the Law of Associations (Ley de Asociaciones)). Once the extinction has occurred, the patrimony of the legal entity must be liquidated, just as it was requested in the petition of the lawsuit."

Now, regardless of whether the extinction must be declared by the civil judge (thesis of the Office of the Attorney General of the Republic) or operates ipso jure (de pleno derecho) (position of the First Chamber of the Supreme Court of Justice), if any of the grounds implying the extinction of the entity has occurred, a judicial proceeding would have to be initiated before the corresponding judicial authority, either to liquidate it or to extinguish it (a scenario we are not addressing) and, within said proceeding, to manage the cancellation of the mortgages.

In this hypothesis, neither SUGEF nor BANHVI would be legitimized to request the dissolution of the entity, since such an act falls outside their spheres of competence. Indeed, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in resolutions numbers 156, 54, and 5 of 3:00 p.m. on November 7, 1986, of 2:00 p.m. on May 8, 1992, and 2:35 p.m. on January 15, 1993, respectively, stated the following:

"(...) Likewise, the fact that it is the State that orders the dissolution does not make it a party in this matter, nor does it confer a direct interest, especially since no administrative act is being challenged. Moreover, and as the said Court states, article 14 of the Law of Associations (Ley de Asociaciones) expressly states that proceedings of this nature (liquidation and distribution of assets) are of the knowledge of the Civil Judge corresponding to the domicile of the Association." (The boldface does not correspond to the original).

Those who could request the dissolution of the entity would be those persons who have procedural standing (legitimación procesal), that is, who claim to have a specific legal relationship with the procedural claim [that seeks in its initial brief the declaration of a right in their favor, or the declaration of certainty of a legal situation —where it is plausible to subsume the cancellation of paid-off mortgages—], in accordance with numerals 104 and 121 of the Procedural Code. In this case, the liquidator appointed by the judge would be the person responsible for the cancellation of the mortgages and for representing the entity in other lawsuits. In this case, the interested party must present the suitable documentation for the dissolution proceeding. In this regard, the Superior Civil Court, in its resolution No. 991 of 10:10 a.m. on December 17, 1977, stated the following:

"In the case of the dissolution of an association, if the documentation presented is not suitable to rule on the matter, the court is obligated to require the promoter to provide any other suitable documents and relevant evidence, including proof of the different associates, for the purpose of notifying them personally or by means of edicts of said proceedings, so that they may appear to claim their rights." "If in the instant case the promoter does not seek to file any lawsuit against the Association to which he belongs, but rather, precisely because he considers that its governing body has expired and has not been renewed as established in the Law of Associations (Ley de Asociaciones), he requests the dissolution and liquidation thereof, it falls upon the court a quo to rule on said dissolution and subsequent liquidation." (The boldface does not correspond to the original).

Furthermore, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in resolution No. 53 of 3:30 p.m. on June 3, 1987, stated the following:

"In the present matter, it has been demonstrated that three citizens, claiming to be members of the plaintiff institution, requested that the dissolution of that association be decreed through judicial means; to this end, they alleged that because it had not renewed its governing body and lacked its legal representatives, that entity was inoperative or non-existent for all its effects; in support of their arguments they presented a certification issued by the public registry showing no new registration of a board of directors; based on the foregoing, the court granted their request, declared the association dissolved, and appointed a liquidator of assets; the president of the former now files a review appeal against the court's judgment, alleging, among other things: that the dissolution request had not been published in a nationally circulated newspaper (as was legally mandatory), which caused defenselessness to the members of the entity, and that the certification presented by the petitioners lacked probative value as it was issued before the legal personality (personería) of the new board was registered, since on the date the dissolution was requested, the association already had its legal personality duly registered in the Registry of Associations; this Chamber considers it obvious to admit that the petitioners for the dissolution had knowledge of the appointment of the new board of directors, such that in these circumstances they made improper use of a certification from the Public Registry issued prior to the registration of the new board of directors; and by disregarding the new representatives of the association, they placed it in a state of defenselessness, achieving a ruling not in accordance with reality, all of which merits granting the review appeal filed." Before concluding this study, there is an aspect of social interest to which we wish to draw attention. As you well know, the debtors of the self-liquidated entity are persons of very scarce resources. Consequently, the judicial processes to which they must resort for the cancellation of the mortgages, besides being complex, are costly. It is for this reason, and by virtue of the powers that, in their time, both SUGEF and BANHVI exercised over the supervised entity —in its operation and in the self-liquidation process— a coordinating body could be established between the two institutions (legal departments), with the purpose of guiding and assisting them in the judicial proceedings that must be filed and, even, to explore the possibility of raising a joint petition (on behalf of all debtors who paid off their obligations) before the civil judge, in the eventual case that this route is adopted, rather than requesting the dissolution of the Mutual Association (Asociación Mutualista).

III.- CONCLUSIONS.

1.- Both SUGEF and BANHVI lack procedural standing (legitimación procesal) to request the appointment of a curator (curador) from the civil judge, in the case of a supervised entity that followed a self-liquidation procedure.

2.- In civil legislation and civil procedural law, we find mechanisms and techniques through which those seeking justice can resolve the problems that have arisen due to the lack of a legitimate representative of the self-liquidated entity.

Respectfully and with esteem, Dr. Fernando Castillo Víquez Constitutional Attorney CC/ Lic. Donald Murillo Pizarro, General Manager of BANHVI.

Texto Opinión Jurídica 025 Opinión Jurídica : 025 - J del 03/03/2004 sugefbanvhi OJ-025-2004 03 de marzo del 2004 Doctor Juan E. Muñoz Giró Superintendente a.i.

Superintendencia General de Entidades Financieras Distinguido señor:

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me grato referirme a su oficio DVM-029-04 del 20 de enero del año en curso, a través del cual solicita el criterio de la Procuraduría General de la República sobre cuál es la entidad competente para realizar la solicitud de nombramiento de curador al juez civil, para que se encargue de tramitar la liquidación de la Asociación Mutualista de Desarrollo Comunal.

I.- NATURALEZA JURÍDICA DE NUESTRO PRONUNCIAMIENTO.

Existen al menos dos razones que nos impiden ejercer la función consultiva en este asunto. En primer término, estamos en presencia de un caso concreto. Sobre este aspecto, en el dictamen C-044-2003 del 19 de febrero del año que corre, expresamos lo siguiente:

‘La función consultiva que el Ordenamiento Jurídico ha atribuido a la Procuraduría General de la República, está sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos que derivan de la Ley N° 6815 del 27 de setiembre de 1982 y sus reformas. En este sentido, conviene recordar lo que en dictamen C-151-2002 del 12 de junio del año 2002, se elaboró sobre el tema de esos preceptos de orden legal:

‘Conviene recordar, en primera instancia, varias disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Ley N° 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas) que resultan atinentes al presente caso y que fijan los requisitos para que un órgano o institución de la Administración Pública requiera de nuestro criterio técnico-jurídico:

‘Artículo 4. Consultas:

Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría, debiendo, en cada caso, acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva.

La consulta será obligada para el Poder Central, cuando se trate de reclamaciones administrativas cuya resolución final pueda ocasionar considerables egresos, de acuerdo con la determinación que al efecto se hará en el reglamento.’ (Nota: Este numeral fue reformado por el inciso c) del artículo 45 de la Ley N° 8292 de 31 de julio del 2002, Ley General de Control Interno) ‘Artículo 5. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no son consultables los asuntos propios de los órganos administrativos que posean una jurisdicción especial establecida por ley.’ Las anteriores normas, en relación con el artículo 3 inciso b) de la misma Ley que indica que los dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que brinde la Procuraduría General se harán sobre ‘… cuestiones jurídicas…’, han permitido a la jurisprudencia administrativa emanada de este Órgano Asesor el establecimiento de los siguientes requisitos mínimos de admisibilidad, que han ser analizados previo al estudio de fondo de las solicitudes que nos presentan:

* Que la consulta la formule el jerarca administrativo del respectivo órgano u institución pública.

* Que se acompañe el criterio legal que sobre el tema en consulta tenga la respectiva asesoría jurídica del órgano u institución pública. Dicho dictamen debe ser un estudio específico sobre las variables jurídicas que, en criterio del profesional correspondiente, tienen relación con la inquietud que se presenta a nuestra consideración.

* Las consultas versan sobre ‘cuestiones jurídicas’ en genérico, es decir, sin que pueda identificarse un caso concreto que esté en estudio o vaya a ser decidido por parte de la administración consultante. Esto por cuanto estaríamos contraviniendo la naturaleza de órgano superior consultivo que nos confiere la ley, transformándonos en parte de la administración activa.” El asunto que tenemos entre manos está referido al nombramiento de un curador y al proceso de liquidación de la Asociación Mutualista de Desarrollo Comunal, aspecto que, como se explicó atrás, no puede ser abordado por la Procuraduría General de la República.

En segundo lugar, no cabe duda de que estamos en presencia de un conflicto de competencia por omisión, entre un órgano de desconcentración máxima del Banco Central de Costa Rica y un ente público.

De conformidad con la doctrina, los conflictos de competencia pueden ocurrir por dos vías: por acción o por omisión. En el primer caso, estamos en presencia de un conflicto positivo, es decir, donde los sujetos involucrados en él reclaman para sí y, en forma exclusiva y excluyente, el ejercicio de una competencia o atribución. Parafraseando la doctrina española, se puede afirmar que los conflictos positivos no sólo constituyen un instrumento exclusivamente diseñado para reinvindicar competencias usurpadas, sino también para reaccionar frente a una lesión de una respectiva esfera de potestad derivada de un ejercicio incorrecto de las competencias ajenas por sus titulares. En el segundo caso, estamos ante un conflicto negativo, donde los actores rehúsan asumir la competencia o atribución, ya que consideran recíprocamente que corresponde al otro.

Frente a tal fenómeno jurídico, nuestra Ley General de la Administración Pública estatuye un conjunto de técnicas de resolución de conflictos de competencia en sede administrativa. En efecto, en su numeral 71 y siguientes, se establecen las reglas para la solución de los conflictos administrativos, dentro de las cuales se incluyen los conflictos entre entes públicos. De conformidad con el numeral 78 de ese cuerpo normativo, la decisión que resuelve el conflicto, en estos casos, corresponde al señor Presidente de la República. Desde esta perspectiva, no tiene el Órgano Asesor competencia para emitir un dictamen vinculante, cuyo efecto inmediato y directo fuera la resolución de un conflicto de competencias administrativas entre un órgano de un ente público y otro ente, ya que esa atribución el ordenamiento jurídico se la asigna al órgano supra indicado.

No obstante lo anterior, y con un afán de contribuir a la solución del conflicto planteado, aportando para ello elementos de juicio que permitan una solución satisfactoria para ambas instituciones y, de esa forma, evitar el plantear este asunto al señor Presidente de la República [quien, como todos sabemos, está permanentemente abocados a resolver cuestiones complejas y delicadas que demandan su respuesta inmediata, lo que, obviamente, no justificaría el declinar la competencia que le impone la Ley General de la Administración Pública, en el eventual caso de que uno de las instituciones en conflictos decida seguir el procedimiento previsto en ese cuerpo normativa] la Procuraduría General de la República va emitir una opinión jurídica, la cual, como es de todos conocido, no tiene ningún efecto vinculante.

II.- ANTECEDENTES.

A.- Criterio de la Asesoría Legal del órgano consultante.

En el oficio supra citado, se reseñan varios pronunciamientos de la Asesoría Legal del órgano consultante. En síntesis, se indica lo siguiente:

“De acuerdo con lo expuesto, las instituciones de derecho público pueden hacer única y exclusivamente las actividades para las cuales se encuentra legitimada. De modo que si dentro de las funciones asignadas por ley a la SUGEF no se encuentra la posibilidad de supervisar y fiscalizar entidades que realicen intermediación financiera, aunque éstas formen parte del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y hayan sido autorizadas por es Banco para fungir como entidades autorizadas, dicha función no puede ser desplegada por la Superintendencia ya que estaría extralimitando en sus funciones.

De lo anteriormente dicho, podemos establecer que se da la posibilidad legal que existan: entidades autorizadas para formar parte del Sistema Financiero para la Vivienda que no realicen intermediación financiera y entidades autorizadas que si la realicen. En el primero de los casos, dichas entidades no estarán sometidas a la supervisión y fiscalización por ésta Superintendencia, sino únicamente por el Banco como ente rector del Sistema y en el segundo caso, serán supervisadas y fiscalizadas por esta Superintendencia, en el tanto realicen intermediación financiera, y por el Banco como ente rector.

Con lo cual, tenemos que la condición de entidad autorizada para forma parte del Sistema Financiero para la Vivienda, no implica necesariamente la obligación de ser fiscalizada por la Superintendencia General de Entidades Financieras, ya que lo que define dicha supervisión es que la entidad realice alguna de las actividades definidas por el artículo 116 y siguientes de la LOBCCR. Sin embargo, que el hecho de formar parte del Sistema Financiero para la Vivienda, si implica sujeción obligatoria al control del BANHVI, este último por ser el ente rector de dicho sistema.

Por tal motivo, consideramos que no tiene razón el Banco al indicar que ésta Superintendencia haya sido la encargada de dirigir el proceso de liquidación, ni que sea competencia de la SUGEF ejercer el cargo de curador, por estar dentro de sus responsabilidades y competencias.” B.- Criterio de la Asesoría Legal del Banco Hipotecario de la Vivienda.

Mediante oficio n.° ADPb-0265-2004 del 10 de febrero del año en curso, este despacho dio audiencia de la presente consulta al Lic. Donald Murillo Pizarro, gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda. Por medio del oficio n.° GG-0171-2004 de 19 de febrero del 2004, suscrito por el citado funcionario, en lo que interesa, se indica lo siguiente:

“(…) El asunto por consiguiente es muy simple y se resume así:

a.- La Mutual Comunal era un intermediario financiero sujeto a la fiscalización de la SUGEF, como ese mismo Órgano lo reconoce en sus documentos y como lo dispone el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

b.- La Mutual Comunal llevó a cabo un procedimiento de autoliquidación, fiscalizado por la SUFEG como éste órgano lo reconoce.

c.- Dicho procedimiento de autoliquidación nunca se completó debidamente. La Mutual Comunal quedó acéfala y sin personería jurídica. Muchos exdeudores de esa Mutual se ven perjudicados porque no tienen como cancelar (a nivel de Registro Público) las que fueron sus deudas.

d.- El BANHVI perdió toda sus competencias de fiscalización y de intervención respecto a éste tipo de procedimientos, a partir de la promulgación de la actual Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, la cual centralizó en la SUGEF todos éstos procedimientos.

e.- Todas las disposiciones que se encuentran en lo que fueron los Estatutos de la Mutual Comunal y que hacen referencia al BANHVI, fueron derogados a partir de la promulgación de la actual Ley Orgánica del Banco Central.

f.- Independientemente de las razones por las cuales cerró la Mutual Comunal, siendo necesario completar su liquidación, el único procedimiento que contempla nuestro Ordenamiento Jurídico, lo es el de la solicitud al Juez Civil, de un curador, conforme lo indica el artículo 140 inciso d) de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Las competencias para llevar a cabo éste proceso son exclusivas de la SUGEF.

Ya la SUGEF aplicó tal procedimiento en el caso de Mutual Guanacaste.

g.- Desde mediados del año 2000, el BANHVI ha insistido ante la SUGEF para que lleve a cabo éste procedimiento, sin resultados positivos.” III.- SOBRE EL FONDO.

Antes de abordar el tema concreto, debemos hacer algunas precisiones de carácter general, las cuales constituyen el marco teórico necesario para tratar el asunto con propiedad. En primer lugar, resulta un lugar común el afirmar que la Administración Pública está sometida al principio de legalidad; empero, en algunas ocasiones, en su accionar los funcionarios públicos que la integran se olvidan de este presupuesto esencial del Estado Social y Democrático de Derecho. Es por ese motivo que, de tiempo en tiempo, la Procuraduría General de la República, no sólo debe recordarle a la Administración activa esta máxima, fijando cuáles son sus alcances.

Con base en el principio de legalidad, los entes y los órganos públicos sólo pueden realizar los actos que están previamente autorizados por el ordenamiento jurídico (todo lo que no está permitido está prohibido). En efecto, señala el artículo 11 LGAP, que la Administración Pública debe actuar sometida al ordenamiento jurídico y sólo puede realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.

Por su parte, la Sala Constitucional, en el voto N° 440-98, ha sostenido la tesis de que, en el Estado de Derecho, el principio de legalidad postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, “…toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso –para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que este constitucional y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no esté autorizado les está vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi absoluto.” En otra importante resolución, la N° 897-98, el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente:

“Este principio significa que los actos y comportamientos de la Administración deben estar regulados por norma escrita, lo que significa desde luego, el sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente, y en general a todas las normas del ordenamiento jurídicos – reglamentos ejecutivos y autónomos especialmente; o sea, en última instancia, a lo que se conoce como el ‘principio de juridicidad de la Administración’. En este sentido es claro que, frente a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene, no solo el deber sino la obligación, de hacer lo que esté a su alcance para enderezar la situación.” En otro orden de ideas, también es menester afirmar que el ejercicio de las potestades administrativas por el órgano competente, constituye una conditio sine qua non para la validez del acto administrativo. Sobre el particular, GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. “Dictamen sobre el Contrato Turístico n.° 228”, Madrid-España, 2000, página 21, nos recuerda lo siguiente:

“El primero de los requisitos exigidos por el Ordenamiento jurídico para la validez de un acto es que sea adoptado por el órgano que tenga atribuida competencia para ello (art. 129, LGAP). Si el acto se adopta por órgano que carece de competencia por razón del territorio, del tiempo, de la materia o del grado (art. 60.1, LGAP) el acto será nulo (art. 166, LGAP).

De aquí la trascendencia de la delimitación de la competencia al verificar la validez de un acto administrativo. Partiendo de la materia sobre la que versa habrá que acudir a la normativa reguladora que determine el órgano al que corresponda. Tarea no siempre fácil, por la complejidad de las Administraciones modernas y la falta de claridad de unas reglamentaciones elaboradas muchas veces con olvido de la técnica legislativa.” (Las negritas no corresponden al original).

Por último, sobre la competencia de la SUGEF, en el dictamen C-209-2000 de 4 de setiembre del 2000, “Con el fin de determinar la competencia de la Superintendencia General de Entidades Financieras y anteriormente de la Auditoría General de Entidades Financieras, la Procuraduría se ha ocupado del concepto de intermediación financiera en repetidas ocasiones. Los criterios emitidos nos permiten precisar el concepto de mérito. Ha partido la Procuraduría del concepto mismo de intermediación financiera, presente en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. El texto actual de dicha Ley dispone en el artículo 116:

‘Intermediación financiera Únicamente pueden realizar intermediación financiera en el país las entidades públicas o privadas, ley establezca y previa autorización de la Superintendencia. La autorización de la Superintendencia deberá ser otorgada cuando se cumpla con los requisitos legales.

Para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de crédito o inversión en valores, independientemente de la figura contractual o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro análogo en el que se formalicen las transacciones.

No se considera intermediación financiera la captación de recursos para capital de trabajo o para el financiamiento de proyectos de inversión de carácter no financiero de la propia empresa emisora o sus subsidiarias, siempre que las emisiones se encuentren registradas ante la Comisión Nacional de Valores. En estos casos, los pasivos totales de las empresas emisoras no pueden exceder de cuatro veces su capital y reservas, conforme a las reglas que emita la Comisión Nacional de Valores. Asimismo, las empresas emisoras estarán sujetas a las demás regulaciones que emita esa Comisión.

(...)’.

Interesan el segundo y tercer párrafo. El primero en cuanto define positivamente la intermediación y el segundo en cuanto lo hace en forma negativa. De conformidad con la definición legal positiva, la intermediación se caracteriza por la reunión de determinados elementos: captación de recursos financieros en forma pública, la habitualidad, el destino de los recursos, la ausencia de importancia de la forma contractual que adquiera la operación de crédito, el riesgo.

La captación de recursos financieros del público implica que el intermediario financiero opera y actúa dentro del mercado financiero, recibiendo recursos de terceros, del público en general. Se adquieren tales recursos para luego trasmitir el derecho a un tercero:

‘...El intermediario necesita hacerse de ellos (los fondos), los busca y los capta del público, se los apropia y usa como propios, para luego transferirlos a quien los precise o solicite, contratando directamente’. J. RECIO – J, VILLER: El Banco Central y la intermediación financiera, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989, p. 10.

Esas operaciones deben ser realizadas en forma habitual, lo que indica que dichas operaciones se dan como parte del giro propio del intermediario y, por ende, son operaciones que se repiten. El intermediario es un profesional en su ámbito porque realiza esas operaciones en forma reiterada, sistemática y normalmente prolongada. Además de profesionalidad, el requisito alude a la especialidad de la actividad. El intermediario es normalmente una entidad financiera.

En cuanto al riesgo, el intermediario ofrece su propia solvencia y garantía al inversionista, por lo que éste no asume el riesgo del destino final de los recursos, se exceptúan los bancos estatales en virtud del artículo 4° de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. Esta circunstancia determina la importancia de la solvencia de la entidad financiera dentro de la regulación del mercado financiero, y, por ende, dentro de la ley. En efecto, el inversionista puede verse afectado por problemas financieros que sufra el intermediario.

El destino de los recursos: la captación tiene una finalidad propia, que va más allá de la satisfacción de las propias necesidades de financiamiento del intermediario; por el contrario, la captación de recursos está dirigida a cualquier inversión en crédito. Es por eso que en el párrafo tercero se indica que no se entiende como intermediación la captación de recursos para capital de trabajo propio o para financiar los proyectos de inversión no financieros. Para efectos del destino de los recursos captados, debe estarse a la definición de crédito emitida por la Junta Directiva del Banco Central. Es crédito la operación por la cual el intermediario financiero provee fondos o facilidades crediticias en forma directa a otra persona. Por lo que es crédito no sólo el otorgamiento de préstamos, sino el descuento de documentos, compra de títulos valores u otros activos financieros, operaciones de compra de títulos con pacto de reventa, anticipos, sobregiros en cuenta corriente, intereses, cartas de crédito vencidas. Puesto que el crédito es definido en forma amplia, se sigue que el destino de los recursos captados es también amplio: estos fondos pueden destinarse a cualesquiera de las operaciones que caracterizan el crédito. Como el intermediario actúa en el mercado financiero, se sigue de ello que cualesquiera de las operaciones de crédito pueden ser suscritas dentro del mercado. Por ende, pueden concretarse con cualquier persona física o jurídica que pueda ser destinataria de crédito, en la acepción dicha.

Elemento formal de la intermediación es el hecho de que se trata de una actividad que sólo puede ser realizada por las personas autorizadas expresamente por la ley y que cumplan con los requisitos establecidos por ésta y precisados por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Ello implica que para la intermediación no basta con que la ley señale en forma genérica qué entidades pueden ejercerla, sino que en definitiva el derecho de operar como intermediario deriva de la autorización de la SUGEF. Es en ese sentido que debe entenderse lo expresado por esta Procuraduría en dictamen N. 111-95 de 26 de junio de 1995.

De la conjunción de los elementos antes señalados, se desprende que el concepto legal de intermediación alude a la intermediación abierta. Por consiguiente, para que se configure la intermediación no es suficiente que el intermediario realice en forma habitual la captación de fondos para luego transmitirlos, por su cuenta y riesgo, a un tercero, transfiriendo fondos de quien no los necesita a quien los solicita. Supuesto en el cual poco importa para qué esa transmisión, más precisamente cuál es el destino que se darán a los recursos y quién es el tercero que los recibe.” Nos corresponde ahora abordar el asunto planteado en forma puntual. Revisando el régimen jurídico aplicable a la SUGEF (conjunto de principios y normas que regulan su organización, su funcionamiento y sus procedimientos), encontramos que, de conformidad con la Ley n. 7558 de 03 de noviembre de 1995, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, compete a este órgano las potestades de fiscalización y control sobre los bancos públicos y privados, las empresas financieras no bancarias, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y crédito y las asociaciones solidaristas, así como toda otra entidad autorizada por ley para realizar intermediación financiera (artículo 117). Dentro de las funciones de la SUGEF pertinentes a este estudio, están el solicitar al CONASIP la intervención de las entidades supervisadas, ejecutando y realizando la supervisión del proceso de intervención (inciso h, artículo 131). También le compete el dictar los reglamentos que le permitan juzgar la situación económica y financiera de las entidades fiscalizadas, velando por la estabilidad y la eficiencia del sistema financiero (artículo 136). Por último, la intervención de un sujeto fiscalizado no puede exceder de un año. Treinta días naturales antes del vencer el plazo por el que se haya ordenado la intervención, el Consejo Directivo de la SUGEF, debe decidir, previa consulta a los interventores designados, si permite a la entidad continuar con sus operaciones o si solicita, al juez competente, la liquidación o quiebra (inciso d) del artículo 140).

Especial comentario merecen los bancos privados, ya que, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley n.° 1644 de 26 de noviembre de 1953, si un banco privado desea poner fin a sus operaciones, o si transcurrido el plazo de su existencia legal no se hubiere constituido de nuevo, sus negocios pueden ser liquidados por una Junta Liquidadora nombrada por los accionistas o asociados en asamblea general. Esta liquidación se debe llevar a cabo bajo la vigilancia del Superintendente General de Entidades Financieras (artículo 177).

Por su parte, la Ley n.° 7052 de 13 de noviembre de 1986, Ley del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda y Creación del BANHVI, señala que dicho sistema está integrado por el Banco Hipotecario de la Vivienda, como ente rector, y por las entidades autorizadas previstas en esta ley (artículo 2). Como es bien sabido, la condición de entidad autorizada se obtiene mediante la autorización que emite el BANNHVI (artículo 67).

Adoptando como marco de referencia lo anterior, y sin perjuicio de lo que resuelva el Tribunal Constitucional en el recurso de amparo interpuesto por Yanori Fonseca Porras contra la SUGEF y el BANHVI, el cual se tramita bajo el expediente judicial n.° 03-11139-0007-CO, se puede afirmar, en primer término, que en vista de las modificaciones que sufrió la Ley n.° 7052, mediante la Ley n.° 7558, el BANVHI no tendría legitimación procesal para solicitar al juez civil el nombramiento de un curador para la Asociación Mutualista de Desarrollo Comunal. Si bien el numeral 2 de la Ley n.° 7052 le otorga al BANHVI la condición de ente rector del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, es un hecho comprobable que las facultades de supervisar, promulgar reglamentos y ordenar las operaciones de las mutuales le fueron sustraídas (véanse los artículos 164, 165 y transitorio III de la Ley n.° 7558 que derogaron y modificaron los numerales de la Ley 7052).

En segundo lugar, y esto también resulta aplicable para el BANHVI, al estar de por medio un asunto de naturaleza procesal civil, donde los jueces de la República, con base en el principio de independencia que regenta la función jurisdiccional, aplican e interpretan las reglas, los institutos y las técnicas procesales, cualquier criterio de la Procuraduría General de la República o una decisión del señor Presidente de la República, en el eventual caso de que alguna de las instituciones involucradas le someta este asunto a su consideración, no constituye un título habilitante para actuar en sede judicial. En el supuesto que estamos comentando, la legitimación estará determinada por las reglas procesales que se encuentran en el Código del rito y por el alcance que les han dado los jueces de la República. En otras palabras, tanto el criterio del Órgano Asesor, como la eventual decisión del señor Presidente de la República no tienen el efecto de condicionar las actuaciones de los funcionarios judiciales, porque la determinación de la legitimación del actor es competencia del juez, no de un órgano administrativo, sea este consultivo o decisorio. En este es un aspecto que, en todo momento, debe tenerse presente en el asunto de análisis.

Dicho lo anterior, tampoco la SUGEF tiene legitimación procesal para solicitar el nombramiento de un curador al juez civil. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, ello sólo es posible cuando el órgano fiscalizador ha ejercido sus potestades interventoras, siguiendo para ello las reglas y los procedimientos que se encuentran en la Ley n.° 7558. Cuando tal situación no acontece, verbigracia: una entidad fiscalizada acuerda su autoliquidación, la SUGEF no tiene atribuciones para solicitar al juez civil el nombramiento de un curador, toda vez de que estamos en presencia de un caso no previsto, no contemplado, en la legislación actual. Desde esta perspectiva, el antecedente de la Mutual Guanacaste, en el cual SUGEF solicitó la liquidación judicial de la entidad, no es de recibo, en vista de que en este caso la SUGEF sí ejerció sus potestades interventoras. Vistas así las cosas, si no existe una norma legal que legitime a la SUGEF para actuar en los supuestos de autoliquidaciones de entidades fiscalizadas, muy probablemente el juez civil no dé curso a una gestión en este sentido.

Por otra parte, al estar de por medio el ejercicio de derechos fundamentales (iniciativa privada, derecho de propiedad, libertad de empresa, libertad de asociación, etc.), la SUGEF, de ninguna manera, puede aplicar procedimientos no previstos por el ordenamiento jurídico, ya que, como es bien sabido, la liquidación de una entidad privada los afecta de una forma muy severa.

Además, la SUGEF, como órgano público, está sujeta al principio de legalidad y, por consiguiente, sólo puede realizar aquellos actos que tienen como soporte o respaldo una norma previa del ordenamiento jurídico (bloque de legalidad). En síntesis, al no existir una norma de rango legal que le permita a la SUGEF el gestionar ante un juez civil el nombramiento de un curador para que actúe como representante de una entidad que se auto liquidó y, de esa forma, resolver una serie de asuntos residuales que quedaron pendientes (cancelación de hipotecas –aproximadamente 100, según información que hemos recabado-, representación judicial en algunos juicios, etc.), dicho órgano carece de legitimación procesal.

Ahora bien, ¿significa lo anterior que el ordenamiento jurídico carece de institutos o técnicas para solucionar los problemas que están viviendo los deudores y algunas partes que deben notificar a la entidad auto liquidada para que sus procesos judiciales avancen? De ninguna manera. Revisando, tanto la legislación civil, como procesal civil, encontramos una serie de institutos y técnicas a través de las cuales los justiciables pueden resolver sus problemas. En el supuesto de las cancelaciones hipotecarias, los deudores pueden acudir al juez civil para que éste otorgue la escritura. Al respecto, el numeral 1066 del Código Civil autoriza al juez a otorgar la escritura cuando el dueño de una cosa se niega a ello en la venta o en la promesa obligatoria de venta. De acuerdo con nuestro punto de vista, salvo mejor criterio de la autoridad judicial, es factible que los interesados concurran ante ella para solicitarle el otorgamiento de la escritura de cancelación, aplicando analógicamente ese numeral y con base en el principio de plenitud del ordenamiento jurídico (artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley n.° 7333 de 5 de mayo de 1993), el cual señala que los tribunales no pueden excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar y deben hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.. Sobre el artículo 1066 del Código Civil, el Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, en la resolución n.° 322 de las 9 horas del 17 de agosto del 2000, expresó lo siguiente:

“1.- Que el demandado está obligado a otorgarle al actor escritura inscribible de dominio en el Registro Público de la Propiedad, en relación con los derechos inmobiliarios que le vendió en la escritura pública número treinta otorgada a las catorce horas quince minutos del veinticuatro de julio de mil novecientos ochenta y nueve ante los Notarios Públicos Francia Charpantier Jiménez y Guillermo Enrique Azuola Valls, visible a los folios veinte a veintiuno, ambos vuelto, del tomo dos del Protocolo de la Notaria Charpantier Jiménez. Lo anterior lo hará una vez que el actor le cancele el resto del precio de la compraventa que le adeuda, que asciende a la suma de ochenta y cuatro mil colones, bajo el apercibimiento de que si no lo hace el otorgamiento lo hará en su nombre y representación y por su cuenta, la autoridad judicial de primera instancia.” (Las negritas no corresponden al original).

Por su parte, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución n.° 109 de 16 de setiembre de 1993, manifestó lo siguiente:

“II.- Sobre la opción de venta, entre otras, en la resolución Nº 51 de las 15 horas del 11 de agosto de 1993, esta Sala ha expresado: ‘VI.- El promitente al realizar el contrato de opción de venta, ha manifestado su voluntad en relación con la eventual venta definitiva; su oferta se encuentra determinada y firme durante el tiempo por el cual tiene validez la opción. Si el beneficiario de ésta la acepta pura y simplemente mientras esté vigente surge a la vida jurídica el contrato definitivo, lo cual entraña el traspaso dominical del bien vendido de un sujeto a otro, según lo establecido en los artículos 1054,1049 y 480 del Código Civil; y, con lo anterior, el nacimiento de todas las obligaciones propias del contrato de compraventa. Pero una vez perfeccionada ésta, es posible que el vendedor no quiera entregar la cosa u otorgar la escritura respectiva, lo cual si bien no es requisito ad substancia del contrato, en ocasiones se requiere para efectos de inscripción en el Registro Público. En estos casos, el Código Civil, en su artículo 1066, confiere derecho al acreedor de obtener mediante la intervención del Juez, la formalización del convenio, para efectos de su inscripción en el Registro respectivo y la entrega de los bienes comprados...’.”(Las negritas no corresponden al original).

Además, los tribunales han aceptado la cancelación hipotecaria por medio de mandamiento, a pesar de que el procedimiento no está establecido en la legislación. Al respecto, el Tribunal Superior Primero Civil, en la resolución n.° 842 de las 9:25 horas del 8 de junio de 1984, indicó lo siguiente:

“Nuestra legislación no tiene una norma expresa que regule la forma en que debe cancelarse una hipoteca cuando se paga mediante consignación que acepta el acreedor, sin embargo por su naturaleza, lo lógico es que se cancele mediante mandamiento por el juzgado, pues de lo contrario, sería complicado y antieconómico que fuera en otra vía donde se ordene dicha cancelación, ya que si el acreedor no firma la escritura el notario no puede autorizarla.” (Las negritas no corresponden al original).

En el caso que tenemos en estudio, es claro que si los deudores cancelaron las deudas a la Asociación Mutualista, lo lógico es que la autoridad judicial ordene la cancelación de las hipotecas, ante la imposibilidad de hecho y de derecho al haberse liquidado la citada entidad. Lo cual es acorde con la máxima de que la liberación de la hipoteca opera con el pago total de la obligación (véase la resolución n.° 2363 de las 10 horas del 11 de julio de 1997 del Tribunal Superior Contencioso Administrativo).

En el otro caso –notificar a la Asociación Mutualista-, el artículo 266 del Código Procesal Civil norma un procedimiento para resolver el caso de asociaciones sin representante legítimo.

Un aspecto que no podemos dejar de lado en este estudio, es si las asociaciones mutuales se rigen por la Ley n.° 7052 o por la Ley de Asociaciones, Ley n.° 218 de 08 de octubre de 1939. Analizando ambos cuerpos normativos, encontramos que la primera no regula lo relativo a la extinción de estos entes; mientras que la segunda, sí lo hace. Incluso, revisando los asientos respectivos en la Sección de Personas del Registro Público, visibles al asiento 171, folio 59, tomo 128, así como el asiento 236, folio 79, tomo 145, la cancelación que hace el BANHVI, dejando sin valor y efecto la condición de entidad autorizada de la Asociación Mutualista del Desarrollo Comunal de Ahorro y Préstamo, desde la óptica del Registro, no conllevó la cancelación del asiento donde consta la personalidad jurídica de la citada asociación. Empero, para agravar más aún este asunto, resulta que en los estatutos de la Asociación Mutualista se indica que la liquidación y disolución de la entidad, se haría cuando los dispusiera el BANHVI de conformidad con las disposiciones de la Ley n.° 7052 (cláusula n.° 6°). Además, se expresa que el objeto de la Asociación Mutualista es el típico y exclusivo de este tipo de entidad (cláusula n.° 4°).

Ahora bien, de conformidad con el 13 de la Ley de Asociaciones estos entes sólo se extinguen cuando se da una de las siguientes causales:

  • a)Cuando el número de asociados elegibles sea inferior al necesario para integrar el órgano directivo.
  • b)Si fuere disuelta por la autoridad por haberse comprobado alguno de los extremos señalados en el artículo 27.
  • c)Una vez conseguido el fin temporal o transitorio para el cual fue fundada, o imposibilitada legal o materialmente dicha consecución.
  • d)Por privación de su capacidad jurídica como consecuencia de la declaratoria de insolvencia o concurso; de variación en el objeto perseguido; del cambio de su naturaleza en su personería jurídica o por no haber renovado el órgano directivo en el año siguiente al término señalado en los estatutos para el ejercicio del mismo.

Por otra parte, el numeral 27 de la Ley n.° 218 señala que la autoridad judicial es la única competente para decretar, antes de la expiración del término natural, la disolución de las asociaciones constituidas con arreglo a esa ley, cuando se lo pidan los dos tercios o más de los asociados o cuando concurran las circunstancias que indican los incisos a), c) y d), del artículo 13. Decretada la disolución se procede en la forma que indica el artículo 14 y el tribunal lo comunica al Registro de Asociaciones para la inscripción de esa circunstancia. Sobre este aspecto, la Procuraduría General de la República, en el dictamen C-181-91 de 13 de noviembre de 1991, aclarado por el C-033-92 de 21 de febrero de 1992 y seguido en el C-172-2001 de 13 de junio del 2001, ha sostenido lo siguiente:

“La disolución de las personas jurídicas en general, entre ellas las asociaciones, ocurre únicamente mediante resolución judicial:

‘De conformidad con la normativa y jurisprudencia anteriormente transcrita, se debe llegar necesariamente a la conclusión de que, en los supuestos previstos por los incisos a), b) y d) del artículo 13 de la Ley de Asociaciones, las asociaciones se extinguen cuando la autoridad judicial así lo determine en sentencia y se ordena inscribir en el Registro correspondiente. Es decir, a pesar de que pueda haberse llegado a verificar el supuesto de hecho previsto por la ley para que se dé la disolución de la entidad, ésta no opera de pleno derecho sino únicamente en virtud del mandato judicial. Ahora bien, partiendo de que mientras no se haya decretado la disolución de una asociación en la forma prevista por la Ley, la misma existe jurídicamente.

2.- Partiendo entonces, de que una asociación sólo se extingue cuando exista un mandato judicial en ese sentido -que debe inscribirse en el Registro de Asociaciones- tenemos que si no se ha realizado ese procedimiento, la misma existe y mantiene su capacidad jurídica’. (C- 181-95)” Vistas así las cosas, tendríamos una entidad liquidada desde la óptica económico-financiera; pero desde el punto de vista jurídico, existente. Empero, esta tesis no es compartida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, resoluciones números 169 y 123 de las 8:30 horas del 8 de junio de 1990 y 14:50 horas del 10 de noviembre de 1995, respectivamente, al indicar lo siguiente:

“(…) Evidentemente la Asociación se extinguió de pleno derecho, incluso antes de la interposición del presente proceso. En toda forma la disolución implica a su vez la extinción y viceversa (artículos 13 y 27 de la Ley de Asociaciones). Operada la extinción se debe liquidar el patrimonio de la persona jurídica, tal y como se solicitó en la petitoria de la demanda.” Ahora bien, independientemente de si la extinción debe ser declarada por el juez civil (tesis de la Procuraduría General de la República) u opera de pleno de derecho (postura de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia), si se ha producido alguna de las causales que implican la extinción de la entidad, tendría que iniciarse un procedimiento judicial ante la autoridad judicial correspondiente, ya sea para liquidarla o para extinguirla (supuesto del cual no estamos ocupando) y, en dicho proceso, gestionarse la cancelación de las hipotecas.

En esta hipótesis, tampoco la SUGEF ni el BANHVI estarían legitimados para pedir la disolución de la entidad, toda vez que tal acto está fuera de sus esferas competenciales. Incluso, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en las resoluciones números 156, 54 y 5 de las 15 horas del 7 de noviembre de 1986, de las 14 horas 8 de mayo de 1992 y las 14:35 horas del 15 de enero de 1993, respectivamente, expresó lo siguiente:

“(…) De igual modo, el hecho de que sea el Estado el que disponga la disolución, no le convierte en parte en este asunto, ni le confiere interés directo, máxime que no se impugna acto administrativo alguno. Por lo demás, y como lo expone dicho Juzgado, el artículo 14 de la Ley de Asociaciones son de conocimiento del Juez Civil correspondiente al domicilio de la Asociación.” (Las negritas no corresponden al original).

Quienes podrían solicitar la disolución de la entidad serían aquellas personas que tengan la legitimación procesal, es decir, que alegan tener una determinada relación jurídica con la pretensión procesal [que pretenda en su escrito inicial la declaratoria de un derecho a su favor, o la declaratoria de certeza de una situación jurídica -donde es plausible subsumir la cancelación de las hipotecas pagadas-], de conformidad con los numerales 104 y 121 del Código del rito. En este caso, el liquidador que nombre el juez sería la persona encargada de la cancelación de las hipotecas y de representar a la entidad en otros juicios. En este caso, el interesado deberá presentar la documentación idónea para el trámite de la disolución. Al respecto, el Tribunal Superior Civil, en su resolución n.° 991 de las 10:10 horas del 17 de diciembre de 1977, expresó lo siguiente:

“En tratándose de la disolución de una asociación, si la documentación presentada no resultare idónea para pronunciarse al efecto, el juzgado está obligado a prevenir al promovente cualesquiera otro documentos aptos y las pruebas pertinentes, e inclusive la demostración de los diferentes asociados, a los efectos de notificarles personalmente o por medio de edictos esas diligencias, para que se apersonen a reclamar sus derechos.” “Si en la especie el promovente no pretende establecer ninguna demanda contra la Asociación a la que pertenece, sino que, precisamente, por considerar que ha caducado su órgano director y no haberse renovado conforme lo establece la Ley de Asociaciones, gestiona la disolución y liquidación de la misma, lo que toca al juzgado a quo es pronunciarse sobre dicha disolución y subsecuente liquidación.” (Las negritas no corresponden al original).

Además, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución n.° 53 de las 15:30 horas del 3 de junio de 1987, expresó lo siguiente:

“En el presente asunto está demostrado que tres ciudadanos diciéndose miembros de la institución actora, solicitaron que por la vía judicial se decreta la disolución de esa asociación; para ello alegaron que por no haber renovado el órgano directivo y carecer de sus representantes legales, esa entidad era inoperante o inexistente para todos sus efectos, presentaron en apoyo de sus argumentos certificación emitida por el registro público en la que no constaba nueva inscripción de junta directiva; con fundamento en lo dicho el juzgado acogió su solicitud, declaró disuelta la asociación y nombró liquidador de bienes; el presidente de aquélla presenta ahora recurso de revisión contra la sentencia del juzgado alegando entre otras: que la solicitud de disolución no había sido publicada en diario de circulación nacional (como era legalmente obligatorio) lo que causó indefensión a los miembros de la entidad y que la certificación presentada por los gestionantes carecía de valor probatorio pues fue emitida antes de que su inscribiera la personería de la junta nueva ya que a la fecha en que se pidió la disolución, la asociación contaba ya con su personería debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones; considera esta Sala que es obvio admitir que los gestionantes de la disolución tuvieron conocimiento del nombramiento de la nueva junta directiva, de manera que en esas circunstancias hicieron uso indebido de una certificación del Registro Público extendida antes de la inscripción de la nueva junta directiva; y al prescindir de los nuevos personeros de la asociación situaron a ésta en estado de indefensión, logrando que se dictara un fallo no acorde con la realidad todo lo cual da mérito para acoger el recurso de revisión planteado.” Antes de finalizar este estudio, hay un aspecto de interés social sobre el cual queremos llamar la atención. Como usted bien sabe, los deudores de la entidad auto liquidada son personas de muy escasos recursos. Consecuentemente, los procesos judiciales, a los cuales deben acudir para la cancelación de las hipotecas, además de complejos, resultan onerosos. Es por razón, y en virtud de las competencias que, en su momento, ejercieron tanto la SUGEF como el BANHVI sobre la entidad supervisada –en su funcionamiento y en el proceso de autoliquidación- podría establecerse una instancia de coordinación entre las dos instituciones (departamentos legales), con el propósito de orientarlas y ayudarlas en las gestiones judiciales que deben presentarse e, incluso, hasta explorar la posibilidad de plantear una gestión conjunta (de todos los deudores que cancelaron sus obligaciones) ante el juez civil, en el eventual caso de que se adopte esta vía, y no el pedir la disolución de la Asociación Mutualista.

III.- CONCLUSIONES.

1.- Tanto la SUGEF como el BANHVI carecen de legitimación procesal para solicitar el nombramiento de un curador al juez civil, en el caso de una entidad supervisada que siguió un procedimiento de autoliquidación.

2.- En la legislación civil y procesal civil encontramos mecanismos y técnicas a través de las cuales los justiciables pueden resolver los problemas que se han presentado ante la falta de representante legítimo de la entidad autoliquidada.

De usted, con toda consideración y estima, Dr.Fernando Castillo Víquez Procurador Constitucional CC/ Lic. Donald Murillo Pizarro, gerente general del BANHVI.

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    • Ley 7558 Art. 117
    • Ley 7558 Art. 131 inciso h
    • Ley 7558 Art. 140 inciso d
    • Ley 7052 Art. 67
    • Ley 218 Art. 13
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