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OJ-049-2003 · 25/03/2003
OutcomeResultado
The Attorney General's Office concludes that there is no merit to apply Article 63 of the Maritime-Terrestrial Zone Law to the council members of Nandayure, but urges the municipality to execute the eviction and demolition of Alanis Cedeño's illegal construction and warns about potential criminal and disciplinary liabilities for omission.La Procuraduría concluye que no hay mérito para aplicar el artículo 63 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre a los regidores de Nandayure, pero insta al municipio a ejecutar el desalojo y demolición de la construcción ilegal de Alanis Cedeño y advierte sobre posibles responsabilidades penales y disciplinarias por omisión.
SummaryResumen
The Attorney General's Office analyzes a request from the Supreme Electoral Tribunal to investigate whether the council members of Nandayure incurred grounds for sanction under Article 63 of the Maritime-Terrestrial Zone Law for authorizing constructions in the maritime-terrestrial zone. The investigation revealed two cases: one of Dalorso Godoy in Puerto Thiel, where the permit was granted on a registered property with possession predating the creation of the restricted zone, thus no illegality occurred; and another of Alanis Cedeño in Puerto San Pablo, who was never granted a construction permit. The opinion concludes that there is no merit to sanction the council members, but warns about the irregular occupation by Alanis Cedeño and the municipal obligation to proceed with eviction and demolition, as well as the potential criminal and disciplinary liability of non-acting officials.La Procuraduría General de la República analiza una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones para investigar si los regidores de la Municipalidad de Nandayure incurrieron en causal de sanción según el artículo 63 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, por autorizar construcciones en la zona marítimo terrestre. La investigación reveló dos casos: uno de Dalorso Godoy en Puerto Thiel, donde el permiso se otorgó sobre un terreno inscrito con posesión anterior a la creación de la zona restringida, por lo que no se configuraba ilegalidad; y otro de Alanis Cedeño en Puerto San Pablo, a quien nunca se le autorizó la construcción. La opinión concluye que no hay mérito para aplicar la sanción a los regidores, pero advierte sobre la ocupación irregular de Alanis Cedeño y la obligación municipal de proceder con el desalojo y demolición, así como la posible responsabilidad penal y disciplinaria de funcionarios omisos.
Key excerptExtracto clave
Based on the foregoing background, this Office considers that there is no merit for applying Article 63 of the Maritime-Terrestrial Zone Law to the then council members of the Municipality of Nandayure, because in the case of Dalorzo Godoy the permit was granted on a previously registered property, located 75 meters west of La Plaza Soda. [...] Neither was it appropriate to open an administrative procedure to cancel the credentials of the aforementioned former council members in the case of Alanis Cedeño, since, according to the information gathered, the construction permit was not granted. However, four years later, no municipal action has been taken to fully comply with the provisions of Article 13 of Law 6043 to demolish the unauthorized construction of Mr. Alanis Cedeño and carry out his eviction if he does not hold a property title in his favor in Puerto San Pablo. [...] Consequently, the current Municipal Council of Nandayure and its Mayor must proceed, as soon as possible, in accordance with what is indicated in official letter No. PAZMT-252-98. Otherwise, this Attorney General's Office will request the exercise of public criminal action against the municipal officials involved for violation of Article 330 of the Criminal Code.Con base en los antecedentes reseñados, este Despacho estima que no hay mérito para la aplicación del artículo 63 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre a los entonces regidores de la Municipalidad de Nandayure, porque en el caso de Dalorzo Godoy el permiso se otorgó sobre un terreno inscrito con anterioridad, localizado 75 metros al oeste de la Soda La Plaza. [...] Tampoco procedía abrir un procedimiento administrativo para cancelar las credenciales de los citados exmunícipes en el caso de Alanis Cedeño, pues el permiso de construcción, conforme a la información recopilada no se otorgó. Sin embargo, cuatro años después, no se aprecia ninguna actuación municipal tendiente a dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 6043 para demoler la construcción no autorizada del señor Alanis Cedeño y ejecutar su desalojo si no ostenta título de propiedad a su favor en Puerto San Pablo. [...] En consecuencia, debe el actual Concejo Municipal de Nandayure y su Alcalde proceder, a la mayor brevedad, conforme a lo indicado en oficio Nº PAZMT-252-98. De lo contrario, esta Procuraduría requerirá el ejercicio de la acción penal pública contra los funcionarios municipales involucrados por infracción al artículo 330 del Código Penal.
Pull quotesCitas destacadas
"No habría perjuicio para la zona restringida contigua al Estero Thiel, en el tanto su afectación al dominio público operó con la Ley 6043 del 2 de marzo de 1977, artículo 11 y el Decreto Nº 7841 del 16 de diciembre de 1977, artículo 4º, y la posesión decenal previa en el terreno, de acuerdo con la sentencia que ordenó la inscripción, data de 1939 si tomamos en cuenta la ejercida por el transmitente."
"There would be no harm to the restricted zone adjacent to Estero Thiel, insofar as its affectation to the public domain operated with Law 6043 of March 2, 1977, Article 11 and Decree No. 7841 of December 16, 1977, Article 4, and the prior decennial possession of the land, according to the judgment that ordered the registration, dates back to 1939 if we take into account that exercised by the transferor."
Considerando sobre la situación de Dalorso Godoy
"No habría perjuicio para la zona restringida contigua al Estero Thiel, en el tanto su afectación al dominio público operó con la Ley 6043 del 2 de marzo de 1977, artículo 11 y el Decreto Nº 7841 del 16 de diciembre de 1977, artículo 4º, y la posesión decenal previa en el terreno, de acuerdo con la sentencia que ordenó la inscripción, data de 1939 si tomamos en cuenta la ejercida por el transmitente."
Considerando sobre la situación de Dalorso Godoy
"la Ley sobre la Zona marítimo-terrestre tiene una naturaleza especial, por lo que no resulta aplicable al caso lo dispuesto en la Ley de Construcciones, contemplando además la primera, el procedimiento a seguir en estos casos e incluso autorizando a los funcionarios de la jurisdicción correspondiente y a las municipalidades respectivas, para que en aquellos casos en que se realice una construcción en contra de lo que ella dispone, puedan proceder tanto al desalojo de los infractores como a la destrucción o demolición de lo construido"
"the Maritime-Terrestrial Zone Law has a special nature, so the provisions of the Construction Law are not applicable to the case, the former also contemplating the procedure to be followed in these cases and even authorizing officials of the corresponding jurisdiction and the respective municipalities, so that in those cases where a construction is carried out against what it provides, they can proceed both to the eviction of the offenders and the destruction or demolition of what was built"
Cita de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Nº 167-F-92
"la Ley sobre la Zona marítimo-terrestre tiene una naturaleza especial, por lo que no resulta aplicable al caso lo dispuesto en la Ley de Construcciones, contemplando además la primera, el procedimiento a seguir en estos casos e incluso autorizando a los funcionarios de la jurisdicción correspondiente y a las municipalidades respectivas, para que en aquellos casos en que se realice una construcción en contra de lo que ella dispone, puedan proceder tanto al desalojo de los infractores como a la destrucción o demolición de lo construido"
Cita de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Nº 167-F-92
"corresponde a las municipalidades tomar las medidas pertinentes para contrarrestar aquellas acciones indebidas contra el demanio costero, así como preservar los recursos naturales en sus condiciones originarias, siendo procedente el desalojo de los ocupantes y la destrucción de las edificaciones en los supuestos previstos por la ley, en virtud de las potestades de autotutela y policía demanial, y sin perjuicio de que interpongan las denuncias penales contra los infractores."
"it is up to the municipalities to take the relevant measures to counteract those undue actions against the coastal public domain, as well as to preserve natural resources in their original conditions, the eviction of the occupants and the destruction of the buildings being appropriate in the cases provided for by law, by virtue of the powers of self-protection and domain police, and without prejudice to their filing criminal complaints against the offenders."
Considerando sobre las obligaciones municipales
"corresponde a las municipalidades tomar las medidas pertinentes para contrarrestar aquellas acciones indebidas contra el demanio costero, así como preservar los recursos naturales en sus condiciones originarias, siendo procedente el desalojo de los ocupantes y la destrucción de las edificaciones en los supuestos previstos por la ley, en virtud de las potestades de autotutela y policía demanial, y sin perjuicio de que interpongan las denuncias penales contra los infractores."
Considerando sobre las obligaciones municipales
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Legal Opinion: 049 - J of 03/25/2003 O.J.-049-2003 March 25, 2003 Mr. Lic. Alejandro Bermúdez Mora Secretary Supreme Electoral Tribunal S. D.
Dear Sir:
With respect to your official communication No. 40 of January 5, 2000, by which you bring to our attention the ruling of the Supreme Electoral Tribunal No. 2592 of 9:25 a.m. on December 1, 1999, issued in administrative case file No. 72-99, which is attached, wherein we are requested to investigate the reported facts so that the Tribunal may assess the opening of a sanctioning administrative procedure for the application of Article 63 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone against the proprietary council members (regidores propietarios) and alternate council members (regidores suplentes) of the Municipality of Nandayure, with the approval of the Assistant Attorney General, I am permitted to state the following.- Although this study is not a binding pronouncement pursuant to Article 4 of our Organic Law, it does constitute an opinion under the protection of numerals 3 ibidem and 4 of Law 6043, also issued to collaborate with the administrative and disciplinary powers conferred by the legislator upon that Constitutional Body.- The complaint was filed before that Tribunal by the Head of the Department of Investigations and Inspections of the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica, Architect Eugenia Morales Argueta, in a document dated October 4, 1999, against the full and alternate council members of the Municipality of Nandayure, for non-compliance with Articles 9, 10, 13, 17, 19, 35 to 38 of Law 6043.- By official communication No. OII-INF-012, Engineer Carlos Fernando Arguedas Mora of the aforementioned Office of Inspections and Investigations, reported on shellfish receiving stations in Puerto Thiel and Puerto San Pablo that were allegedly outside the law. The one in Puerto Thiel used by Mr. Francisco Javier Alanis Cedeño, identity card No. 6-146-175, and the one in Puerto San Pablo by Esmeralda Dalorso Godoy, identity card No. 5-137-1247 (case file of the complaining College, folio 22).- In official communication No. 3364-98-SDFT of September 2, 1998, Engineer Carolina Maliaño Monge, Head of the Sub-Directorate of Oversight and Appraisal of the Federated College of Engineers and Architects, requested the Mayor of Nandayure to certify whether the works had a construction permit. The Municipal Secretariat, in official communications No. 29-98 of September 8, 1998, and No. 2182 of September 24, 1998, certified a copy of minute No. 11 of the ordinary session of June 23, 1998, which records the construction permit in favor of Mrs. Dalorso Godoy. In contrast, the application of Mr. Alanis Cedeño to build a 63 m2 shed in Puerto San Pablo was not authorized. Instead, the Council required the Commission on the Maritime Terrestrial Zone to inspect the land because it borders a mangrove swamp (manglar) (case file of the complaining College, folios 28 to 42 and 60). However, it did authorize Darloso Godoy to remodel a building in Puerto Thiel. Yet, the license was granted to build a 56 m2 warehouse valued at 1,856,111.60 colones (permit No. 38-98 of July 13, 1998). Similarly, in the Inspection Form of the complaining College, dated August 31, 1998, the work is recorded as new (case file of the complaining College, folios 21, 25, 28, 29, 35 and 36).- In Investigation Report No. OII-162 of September 14, 1998, Engineer Arguedas Mora indicated that both works are apparently in the public zone (zona pública) and are intended for the reception of shellfish. He added that they have been known to the municipality since June 23, 1998. He estimated that the Organic Law of the CFIA, the Construction Law, the General Health Law, and the Law on the Maritime Terrestrial Zone had been infringed (case file of the complaining College, folios 43-55).- Engineer Maliaño Monge, in official communication No. 3563-98-SDFT of September 18, 1998, requested the Director of the National Geographic Institute, Lic. Eduardo Bedoya Benítez, to indicate whether the constructions are located within the public zone. Likewise, by Official Communication No. 3564-98-SDFT, she requested the Director of the Construction Permits Unit of the Ministry of Health, Engineer Gerardo Méndez Castro, to clarify if the shellfish receiving stations had a permit from that Ministry. In official communication No. 3565-98-SDFT, Engineer Maliaño Monge asked the Technical Environmental Secretariat to report if environmental impact assessments (estudios de impacto ambiental) had been carried out. Architect Eugenia Morales Aegueta, Head of Investigations and Inspections of the College, in official communication No. 289-OII-99 of February 10, 1999, reiterated to the National Geographic Institute the request contained in official communication No. 3563-98 (case file of the complaining College, folios 56-60 and 67).- MSc. Carlos Elizondo Solís, Deputy Director of the aforementioned Institute, by official communication No. 99088 of April 21, 1999, informed Engineer Maliaño Monge that the properties under investigation affect the public zone of the Thiel and San Pablo estuaries (esteros). He made that assertion based on two premises: a) that the Thiel and San Pablo estuaries are navigable and are permanently affected by the tides, and b) that the public zone of those estuaries would be constituted by the strip of 50 meters measured from the ordinary high-water mark (pleamar ordinaria), as well as the mangrove area. Likewise, Engineer Francisco Amen Funk, in charge of construction permits at the Ministry of Health, by official communication No. PUC-PC-A-0466-98 of October 30, 1998, indicated that the shellfish receiving stations in Puertos Thiel and San Pablo did not have construction permits in the name of Esmeralda Dorloso and Francisco Alanis. The Secretary General of SETENA, MSc. Luis Angel Villalobos, in official communication No. UEA-278-98 of October 27, 1998, stated that the receiving stations did not have environmental impact assessments processed in that Secretariat (case file of the complaining College, folios 63, 64, 69 and 70).- Engineer Arguedas Mora, by official communication No. 3365-98-SDFT of September 2, 1998, brought the facts to the attention of Lic. Olman Rodríguez Brunnett, an official of this Office (case file of the complaining College, folio 26). By official communication No. PAZMT-252-98 of October 13, 1998, the Environmental Prosecutor, Dr. José Barahona Vargas, requested the Municipality of Nandayure to prepare the report provided for in Article 13 of Law 6043, leading to the eviction of the offenders and the demolition of the constructions in the cases provided by law, filing the formal complaint before the Public Prosecutor's Office. Furthermore, he added the need to remove any administrative acts declaratory of rights in accordance with Articles 173 and 308 of the General Law of Public Administration. That missive was brought to the attention of Engineer Arguedas Mora in official communication No. PAZMT-253-98 of October 13, 1998, wherein the Environmental Prosecutor requested a copy of the inspection record and clarification as to whether he had filed the criminal complaint before the Public Prosecutor's Office (case file of the complaining College, folio 61).- By official communication No. 0150-00-JDG of February 3, 2000, and in compliance with agreement No. 24 of the General Board of Directors of the Federated College of Engineers and Architects of Costa Rica, at its session No. 08-99/00-GE of January 27, 2000, a copy of the case file was sent to this Attorney General's Office, to collaborate with what was requested by the Supreme Electoral Tribunal.- Based on the background outlined, this Office considers that there is no merit for the application of Article 63 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone to the then council members of the Municipality of Nandayure, because in the case of Dalorzo Godoy the permit was granted on a previously registered piece of land, located 75 meters west of Soda La Plaza. She was granted the sanitary operating permit No. 5-142-2001 issued by the Ministry of Health office in Nandayure on January 30, 2001. For the business license (patente) she paid 15,445 colones on February 7, 2001.- That property was registered through possessory information processed in the Civil Court of Santa Cruz in the name of Luis Villalobos Rojas, who acquired it from Salomón Chajud Isáac by deed No. 92 executed before Notary Froylán González Luján at 3:00 p.m. on April 22, 1947. Chajud Isácc transferred 8 years of possession to him. The proceedings were approved with cadastral map No. G-9892-50 (524.90 m2) by judgment at 8:40 a.m. on January 10, 1951 (case file No. 25-50; Shipment No. 152, Archive No. 599). Its final judgment gave rise to property 10740 of the Guanacaste Registry, volume 1380, folio 56, entry 2. Currently, it is registered in the folio real system, registration number 10740-000, still with an area of 524.90 m2, although the current map (No. G-636593-86) reports an area of 551.08 m2.- There would be no detriment to the restricted zone (zona restringida) adjacent to Estero Thiel, insofar as its affectation to the public domain (dominio público) operated with Law 6043 of March 2, 1977, Article 11 and Decree No. 7841 of December 16, 1977, Article 4, and the prior ten-year possession on the land, according to the judgment that ordered the registration, dates back to 1939 if we take into account that exercised by the transferor.- A different situation would arise if the property registered in the name of Dalorzo Godoy were adjacent to a ria, because under that hypothesis the registration would indeed be illegitimate, since the affectation to the public domain would be prior to 1939, by virtue of the Water Law, No. 11 of May 26, 1884, Article 20. An affectation reiterated in the current Water Law, No. 276 of August 27, 1942, Article 69, as well as in Law 6043, Article 9, in relation to numeral 2 of its Regulations (Decree No. 7841 of December 16, 1977), when it defines a ria (ría) as the part of the river near its entrance into the sea and up to where the tides reach, and the shoreline (litoral) as the seashore that extends through the rias up to where they are sensibly affected by the tides and present defined marine characteristics.
The mention of permanent estuaries in the concept of shoreline provided for in numeral 2 of the Regulations to Law 6043 is incorrect, since they constitute a public zone and from their shore the 150 meters of restricted zone would begin (Law 6043, Article 11 and Article 4 of its Regulations). In other words, estuaries do not have 200 adjacent meters of maritime terrestrial zone as happens with rias, but only the restricted zone. This could have misled MSc. Carlos Elizondo Solís when he stated that in this case there was detriment to the public zone (understood as adjacent) of Estero Thiel.- Furthermore, Engineer Leda Araya Villalobos, Head of the Department of Geodesy and Topography of the National Geographic Institute, by official communication No. 03279 of March 24 of this year, based on the Berrugate Cartographic Sheet and aerial photographs from 1945, 1971, and 1996, attested that the constructions located at the end of the road (right bank) in Puerto Thiel border a mangrove swamp and do not encompass Estero Thiel, which is in the public domain under the terms of Articles 1, subsection II and 3, subsection II of the Water Law, No. 276 of August 27, 1942.- Nor was it appropriate to open an administrative procedure to cancel the credentials of the aforementioned former municipal officials in the case of Alanis Cedeño, since the construction permit, according to the information gathered, was not granted.- Under the foregoing premise, it should be added that the occupation by Alanis Cedeño is irregular, as it is located within the maritime terrestrial zone (150 meters of restricted zone adjacent to the mangrove swamp and Estero San Pablo). This does not give him any right to claim for the works installed outside the law. The simple tolerance or delay by the Administration in putting a stop to such transgressive actions does not grant him any right, as he cannot allege the exception of statute of limitations (prescripción), since the public domain nature of the property prevents it. Nor does he have the right to payment for improvements, and the administrative action replaces the possessory actions (interdictos) to recover ownership (Sala Constitucional, resolutions No. 2306-91 at 2:45 p.m. on November 6, 1991, 6758-93 of December 22, 1993, and 6192-95 at 4:42 p.m. on November 14, 1995; Superior Administrative Court, First Section, No. 1019-88; Agrarian Court, Nos. 101-95 and 776-98 at 11:10 a.m. on November 13, 1998, Considering VII and opinions C-221-88 of November 7, 1988, C-004-98 and C-128-99 of June 24, 1999).- Moreover, the demolition of the constructions forms part of the reparation of the damage caused, even if the criminal action had been extinguished. (Superior Criminal Cassation Court, judgments No. 213-F-96 at 11:35 a.m. on April 18, 1996, and 834-F-97).- Given the special nature of the Law on the Maritime Terrestrial Zone, Mr. Alanis Cedeño cannot allege the application of other regulatory provisions aimed at avoiding the reparatory procedure regulated by numeral 13 of Law 6043: "...it should be noted that the Law on the Maritime Terrestrial Zone has a special nature, so what is provided in the Construction Law is not applicable to the case, with the first law also contemplating the procedure to be followed in these cases and even authorizing the officials of the corresponding jurisdiction and the respective municipalities, so that in those cases in which a construction is carried out contrary to what it provides, they may proceed both to the eviction of the offenders and to the destruction or demolition of what has been built (see Article 13 of the cited Law No. 6043 of March 2, 1977)." Third Chamber of the Supreme Court of Justice, No. 167-F-92 at 8:35 a.m. on May 22, 1992.- At this point, it should be remembered that it is the responsibility of the municipalities to take the pertinent measures to counteract those improper actions against the coastal public domain (demanio costero), as well as to preserve natural resources in their original conditions, with the eviction of the occupants and the destruction of the buildings in the cases provided by law being appropriate, by virtue of the powers of self-protection (autotutela) and public domain policing (policía demanial), and without prejudice to filing criminal complaints against the offenders. The omission of acting as indicated may cause their officials to incur disciplinary and criminal liabilities (Law 6043, Articles 3, 13, 17, 20, 34, 35 and 63; Penal Code, Article 330; Sala Constitucional, judgments 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-2001 and 12777-2001; opinions numbers 28-PA-77 of May 2, 1977, 32-PA-77 of May 5, 1977, C-289-80 of December 22, 1980, C-066-81 of March 31, 1981, C-214-81 of September 18, 1981, C-003-85 of January 4, 1985, C-313-85 of December 4, 1985, C-127-96 of July 31, 1996 and C-230-97 of December 4, 1997).- In the present matter, at ordinary session No. 35 of October 21, 1998, item 5, the Municipality acknowledged official communication No. PAZMT-252-98 of October 13, 1998, by which the Environmental Prosecutor, Dr. José J. Barahona Vargas, requested it, as we already indicated, to prepare the report provided for in Article 13 of Law 6043, leading to the eviction of the offenders and the demolition of the constructions in the cases provided by law, filing the formal complaint before the Public Prosecutor's Office, with the need to remove, if any exist, those administrative acts declaratory of rights in accordance with numerals 173 and 308 of the General Law of Public Administration. The Council agreed to refer it to the Commission on the Maritime Terrestrial Zone for its study and recommendation. The agreement was brought to the attention of Mr. Víctor Julio Chavarría Rojas, a member of the said Commission, by official communication of October 29, 1998, signed by the Municipal Secretary, Isabel Rodríguez Alvarado.- However, four years later, no municipal action is observed tending to give full compliance to the provisions of Article 13 of Law 6043 to demolish the unauthorized construction of Mr. Alanis Cedeño and carry out his eviction if he does not hold a property title in his favor in Puerto San Pablo. Note that Alanis Cedeño has two properties registered in his name in the Guanacaste Registry, Nos. 76995-000 (map No. G-894488-90) and 77817-000 (map No. G-815110-89). Neither of them is located in Puerto San Pablo adjacent to the Estero of the same name. Consequently, the current Municipal Council of Nandayure and its Mayor must proceed, as soon as possible, in accordance with what was indicated in official communication No. PAZMT-252-98. Otherwise, this Attorney General's Office will demand the exercise of public criminal action against the municipal officials involved for violation of Article 330 of the Penal Code.- Likewise, the Local Government is recommended to carry out the special disciplinary procedure (Municipal Code, Law No. 7794 of April 30, 1998, Article 150) for the dismissal of Mr. Víctor Julio Chavarría Rojas, for his serious non-compliance both as inspector of the Maritime Terrestrial Zone and in his position on the Commission on the Maritime Terrestrial Zone, an appointment agreed upon at ordinary session No. 2 of May 8, 2002.- On the matter, the Second Chamber of the Supreme Court of Justice has expressed:
"It also coincides this Chamber with the Ad quem in that these facts were considered a serious fault, under the terms of Article 81 subsection l) of the Labor Code, since a public employee cannot take advantage of such condition to try to unjustifiably favor a person, whether directly or indirectly, with the use and enjoyment of public property, against the provisions of the legal system, which he is obliged to respect in the performance of his duties, as established in Articles 11 of both the Political Constitution and the General Law of Public Administration (Principle of Legality). It must be added, as stated by the Ad quem, that with such a situation the Municipality of Puntarenas has been harmed, having to deploy its activity to correct this irregularity and expose itself to potential liability for the damages and losses that could have been caused…" No. 1999-00336 at 11:00 a.m. on October 27, 1999.- "Having indicated the foregoing, it is appropriate to carry out an analysis of the disciplinary procedure that governs, in the defendant entity, established in Article 150 of the Municipal Code (Law No. 7794 of April 30, 1998): 'Servants may be removed from their positions when they incur in the grounds for dismissal determined by Article 81 of the Labor Code and those provided in this code. The dismissal must be subject to the following rules: a) The mayor or the Personnel Office, as the case may be, shall make known in writing to the servant the purpose of dismissing him and the indication of the grounds. They shall grant him a non-extendable period of five business days, counted from the business day following receipt of the notification, so that he may state his reasons to oppose, together with the proposed exculpatory evidence. b) If the period determined in the preceding subsection expires and the servant has not presented opposition or has expressly stated conformity, he may be dismissed without further procedure, unless he proves he was prevented by just cause from opposing. c) If the interested party opposes within the legal term, the pertinent evidence shall be received within a non-extendable period of fifteen calendar days. Once said period has expired, the mayor shall have an equal term to decide the corresponding sanction. d) The dismissed servant may appeal the mayor's decision before the corresponding labor court of the judicial circuit to which the municipality belongs, within a term of eight business days counted from the notification of the dismissal. e) Within the third day, the mayor shall send the appeal with the respective case file to the judicial authority, which shall resolve according to the ordinary procedures provided in the Labor Code and will treat the appeal as a complaint. The Judge may reject the appeal outright when it does not conform to the preceding subsection. f) The judgment of the labor courts shall resolve whether the dismissal or the reinstatement of the employee to his position is appropriate, with full enjoyment of his rights and payment of back wages. In the execution of judgment, the municipal servant may waive being reinstated, in exchange for receiving the amount of the notice period and severance pay that may correspond to him and the amount of two months' salary for damages and losses. g) The above procedure shall be applicable, as pertinent, to suspensions without pay determined in Article 149 of this law.' The administrative procedure established to be able to dismiss the worker from the Public Sector is a guarantee of defense, real and effective, provided by the Legal System. Therefore, its strict observance is imposed, in accordance with the mandates of our Magna Carta, which enshrine that unavoidable due process of law (Articles 39 and 41). The following essential elements have been indicated as integral parts of such due process: a) Notification to the interested party of the nature and purposes of the procedure; b) Right to be heard and opportunity for the interested party to present the arguments and produce the evidence he deems pertinent; c) Opportunity for the administered party to prepare his allegation, which necessarily includes access to the information and administrative records linked to the matter in question; d) Right of the administered party to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons; e) Adequate notification of the decision issued by the administration and the reasons on which it is based; and, f) Right of the interested party to appeal the issued resolution. From these, in turn, principles are derived such as that of notification (intimación), that of imputation (imputación), those of breadth, legitimacy, immediacy and reasonable assessment of evidence, and those of reasoning, consistency and efficacy of the final act (on this point, the Rulings of the Constitutional Chamber Nos. 15-90, at 4:45 p.m., January 5, 1990; 297-92, at 10:25 a.m., February 7, 1992; 1739-92, at 11:45 a.m., July 1, 1992; 5653-93, at 8:22 a.m., November 5, 1993; 2660-94, at 3:36 p.m., June 7, 1994; 2945-94, at 8:42 a.m., June 17, 1994; and, 1720-96, at 9:06 a.m., April 19, 1996 may be consulted). The rights of hearing (audiencia) and defense (defensa) include the need for the cause of the procedure to be communicated to the justiciable party and for the fault attributed to him as a public servant to be imputed to him, concretely and formally. In addition to the notification and imputation, a hearing must be granted to him to present his defense…" 2001-00695 at 10:10 a.m. on November 23, 2001.- In conclusion, for the reasons stated, we estimate that in the present case there was no merit for the opening of a sanctioning administrative procedure by the Supreme Electoral Tribunal, for the application of Article 63 of the Law on the Maritime Terrestrial Zone against the proprietary and alternate council members of the Municipality of Nandayure in the period from 1998 to 2002. The foregoing, without prejudice to the requirements made in the preceding lines to its current officials of popular election.-
Sincerely,
Lic. Mauricio Castro Lizano ASSISTANT ATTORNEY GENERAL Cc: Municipal Council of Nandayure Luis Gerardo Rodríguez Quesada Mayor of Nandayure Attachment: Case File No. 72-99
Opinión Jurídica : 049 - J del 25/03/2003 O.J.-049-2003 25 de marzo del 2003 Señor Lic. Alejandro Bermúdez Mora Secretario Tribunal Supremo de Elecciones S. D. Estimado señor: Respecto a su oficio Nº 40 de 5 de enero de 2000, mediante el cual pone en nuestro conocimiento el voto del Tribunal Supremo de Elecciones Nº 2592 de 9:25 hrs. del 1º de diciembre de 1999, dictado en el expediente administrativo Nº 72-99, el cual adjunto, donde se nos solicita investigar los hechos denunciados a efecto de que el Tribunal valore la apertura de un procedimiento administrativo sancionador para la aplicación del artículo 63 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre a los regidores propietarios y suplentes de la Municipalidad de Nandayure, con la aprobación del Procurador General Adjunto, me permito indicarle lo siguiente.- Si bien el presente estudio no es un pronunciamiento vinculante conforme al artículo 4 de nuestra Ley Orgánica, sí constituye una opinión al amparo de los numerales 3 ibídem y 4 de la Ley 6043, emitida además para colaborar con las potestades de carácter administrativo y disciplinario conferidas por el legislador a ese Órgano Constitucional.- La denuncia la presentó ante ese Tribunal la Jefa del Departamento de Investigaciones e Inspecciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Arq. Eugenia Morales Argueta, en escrito del 4 de octubre de 1999 contra los regidores titulares y suplentes de la Municipalidad de Nandayure, por incumplimiento de los artículos 9, 10, 13, 17, 19, 35 a 38 de la Ley 6043.- Mediante oficio Nº OII-INF-012, el Ing. Carlos Fernando Arguedas Mora de la mencionada Oficina de Inspecciones e Investigaciones, informó sobre recibidores de mariscos en Puerto Thiel y Puerto San Pablo supuestamente al margen de la ley. El de Puerto Thiel utilizado por el señor Francisco Javier Alanis Cedeño, cédula de identidad No. 6-146-175, y el de Puerto San Pablo por Esmeralda Dalorso Godoy, cédula de Identidad Nº 5-137-1247 (expediente del Colegio denunciante, folio 22).- En oficio Nº 3364-98-SDFT del 2 de setiembre de 1998, la Ing. Carolina Maliaño Monge, Jefe de la Sub Dirección de Fiscalía y Tasación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, solicitó al Alcalde de Nandayure certificar si las obras tenían permiso de construcción. La Secretaría Municipal en oficios números 29-98 del 8 de setiembre de 1998 y 2182 del 24 de setiembre de 1998, certificó copia del acta Nº11 de la sesión ordinaria del 23 de junio de 1998, donde consta el permiso de construcción a favor de la señora Dalorso Godoy. En cambio, la solicitud del señor Alanis Cedeño para construir un galerón de 63 m2 en Puerto San Pablo no se autorizó. En su lugar, el Concejo requirió a la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre inspeccionar el terreno por limitar con manglar (expediente del Colegio denunciante, folios 28 a 42 y 60). Sin embargo, sí autorizó a Darloso Godoy a remodelar una edificación en Puerto Thiel. Empero, la licencia se concedió para construir una bodega de 56 m2 valorada en 1.856.111.60 colones (permiso Nº 38-98 del 13 de julio de 1998). En igual sentido, en la Boleta de Inspección del Colegio denunciante, con fecha del 31 de agosto de 1998, se consigna la obra como nueva (expediente del Colegio denunciante, folios 21, 25, 28, 29, 35 y 36).- En Informe de Investigación Nº OII-162 del 14 de setiembre de 1998, el Ing. Arguedas Mora señaló que ambas obras aparentemente están en la zona pública y se destinan a la recepción de mariscos. Agregó que las mismas son del conocimiento municipal desde el 23 de junio de 1998. Estimó infringidas la Ley Orgánica del CFIA, la Ley de Construcciones, la Ley General de la Salud y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (expediente del Colegio denunciante, folios 43-55).- La Ing. Maliaño Monge, en oficio Nº 3563-98-SDFT del 18 de setiembre de 1998, solicitó al Director del Instituto Geográfico Nacional, Lic. Eduardo Bedoya Benítez, indicar si las construcciones se localizan dentro de la zona pública. Igualmente, por Oficio Nº 3564-98-SDFT requirió al Director de la Unidad de permisos de construcción del Ministerio de Salud, Ing. Gerardo Méndez Castro, aclarar si los recibidores de mariscos contaron con permiso de ese Ministerio. En oficio Nº3565-98-SDFT la Ing. Maliaño Monge pidió a la Secretaría Técnica Ambiental informar si se realizaron los estudios de impacto ambiental. La Arq. Eugenia Morales Aegueta, Jefe de Investigaciones e Inspecciones del Colegio, en oficio Nº 289-OII-99 de 10 de febrero de 1999, reiteró al Instituto Geográfico Nacional la solicitud contenida en el oficio Nº 3563-98 (expediente del Colegio denunciante, folios 56-60 y 67).- El MSc. Carlos Elizondo Solís, Subdirector del mencionado Instituto, por oficio Nº 99088 de 21 de abril de 1999, informó a la Ing. Maliaño Monge que los inmuebles objeto de investigación afectan la zona pública de los esteros Thiel y San Pablo. Esa afirmación la hizo con base en dos presupuestos: a) que los esteros Thiel y San Pablo son navegables y se encuentran afectados por las mareas de manera permanente, y b) que la zona pública de esos esteros estaría constituida por la franja de 50 metros medidos desde la pleamar ordinaria, así como el área del manglar. Asimismo, el Ing. Francisco Amen Funk, encargado de permisos de construcción del Ministerio de Salud mediante oficio Nº PUC- PC-A-0466-98 de 30 de octubre de 1998 indicó que los recibidores de mariscos en Puertos Thiel y San Pablo no contaban con permisos de construcción a nombre de Esmeralda Dorloso y Francisco Alanis. El Secretario General de la SETENA, Msc. Luis Angel Villalobos, en oficio Nº UEA-278-98 del 27 de octubre de 1998, señaló que los recibidores no tenían estudios de impacto ambiental tramitados en esa Secretaría (expediente del Colegio denunciante, folios 63, 64, 69 y 70).- El Ing. Arguedas Mora, mediante oficio Nº 3365-98-SDFT del 2 de setiembre de 1998 puso los hechos en conocimiento del Lic. Olman Rodríguez Brunnett, funcionario de este Despacho (expediente del Colegio denunciante, folio 26). Por oficio Nº PAZMT-252-98 del 13 de octubre de 1998, el Procurador Ambiental, Dr. José Barahona Vargas, solicitó a la Municipalidad de Nandayure realizar el informe previsto en el artículo 13 de la Ley 6043, conducente al desalojo de los infractores y la demolición de las construcciones en los supuestos de ley, interponiendo la denuncia formal ante el Ministerio Público. Además, agregó la necesidad de remover los eventuales actos administrativos declaratorios de derechos conforme a los artículos 173 y 308 de la Ley General de la Administración Pública. Esa misiva fue puesta en conocimiento del Ing. Arguedas Mora en oficio Nº PAZMT-253-98 de 13 de octubre de 1998, requiriéndole el Procurador Ambiental copia del acta de inspección y aclarar si había interpuesto la denuncia penal ante el Ministerio Público (expediente del Colegio denunciante, folio 61).- Por oficio Nº0150-00-JDG del 3 de febrero de 2000, y en cumplimiento del acuerdo Nº 24 de la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en su sesión Nº08-99/00-GE del 27 de enero del 2000, se remitió copia del expediente a esta Procuraduría, para colaborar con lo solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones.- Con base en los antecedentes reseñados, este Despacho estima que no hay mérito para la aplicación del artículo 63 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre a los entonces regidores de la Municipalidad de Nandayure, porque en el caso de Dalorzo Godoy el permiso se otorgó sobre un terreno inscrito con anterioridad, localizado 75 metros al oeste de la Soda La Plaza. A ella se le concedió el permiso sanitario de funcionamiento Nº 5-142-2001 expedido por la oficina del Ministerio de Salud en Nandayure el 30 de enero del 2001. Por concepto de patente pagó 15.445 colones el 7 de febrero del 2001.- Esa propiedad se registró mediante información posesoria tramitada en el Juzgado Civil de Santa Cruz a nombre de Luis Villalobos Rojas, quien adquirió de Salomón Chajud Isáac mediante escritura Nº 92 otorgada ante el Notario Froylán González Luján a las 15:00 hrs. del 22 de abril de 1947. Chajud Isácc le transmitió 8 años de posesión. Las diligencias fueron aprobadas con el plano catastrado Nº G-9892-50 (524.90 m2) mediante sentencia de las 8:40 hrs. del 10 de enero de 1951 (expediente Nº 25-50; Remesa Nº 152, Archivo Nº 599). Su ejecutoria dio lugar a la finca 10740 del Partido de Guanacaste, tomo 1380, folio 56, asiento 2. En la actualidad está inscrita en el sistema de folio real, matrícula 10740-000, siempre con una cabida de 524.90 m2, aunque el plano actual (Nº G-636593-86) reporta una superficie de 551.08 m2.- No habría perjuicio para la zona restringida contigua al Estero Thiel, en el tanto su afectación al dominio público operó con la Ley 6043 del 2 de marzo de 1977, artículo 11 y el Decreto Nº 7841 del 16 de diciembre de 1977, artículo 4º, y la posesión decenal previa en el terreno, de acuerdo con la sentencia que ordenó la inscripción, data de 1939 si tomamos en cuenta la ejercida por el transmitente.- Situación diversa se presentaría si el inmueble inscrito a nombre de Dalorzo Godoy estuviera contiguo a una ría, porque en esa hipótesis la inscripción si sería ilegítima, pues la afectación al dominio público sería anterior a 1939, en virtud de la Ley de Aguas, Nº 11 de 26 de mayo de 1884, artículo 20. Afectación reiterada en la actual Ley de Aguas, Nº 276 del 27 de agosto de 1942, artículo 69, así como en la Ley 6043, artículo 9º, en relación con el numeral 2º de su Reglamento (Decreto Nº 7841 del 16 de diciembre de 1977), cuando define como ría la parte del río próxima a su entrada en el mar y hasta donde llegan las mareas y como litoral la orilla del mar que se extiende por las rías hasta donde sean sensiblemente afectadas por las mareas y presenten características marinas definidas. La mención a los esteros permanentes en el concepto de litoral previsto en el numeral 2º del Reglamento a la Ley 6043 es incorrecta, por cuanto los mismos constituyen zona pública y a partir de su orilla comenzarían los 150 metros de zona restringida (Ley 6043, artículo 11 y 4º de su Reglamento). En otras palabras, los esteros no tienen 200 metros contiguos de zona marítimo terrestre como sucede con las rías, sino únicamente la zona restringida. Ello pudo inducir a error al MSc. Carlos Elizondo Solís, cuando afirmó que este caso había perjuicio a la zona pública (entiéndase contigua) del Estero Thiel.- Además, la Ing. Leda Araya Villalobos, Jefa del Departamento de Geodesia y Topografía del Instituto Geográfico Nacional, mediante oficio Nº 03279 del 24 de marzo del año en curso, con base en la Hoja Cartográfica Berrugate y fotografías áreas de 1945, 1971 y 1996, dio fe de que las construcciones ubicadas al final del camino (margen derecha) en Puerto Thiel colindan con manglar y no abarcan el Estero Thiel, de dominio público en los términos de los artículos 1º, inciso II y 3º, inciso II de la Ley de Aguas, Nº 276 del 27 de agosto de 1942.- Tampoco procedía abrir un procedimiento administrativo para cancelar las credenciales de los citados exmunícipes en el caso de Alanis Cedeño, pues el permiso de construcción, conforme a la información recopilada no se otorgó.- Bajo el anterior presupuesto, cabe agregar que la ocupación de Alanis Cedeño es irregular, pues se localiza dentro de la zona marítimo terrestre (150 metros de zona restringida contigua al manglar y al Estero San Pablo). Ello no le da derecho alguno para reclamar por las obras instaladas al margen de la ley. La simple tolerancia o tardanza de la Administración para poner freno a ese tipo de acciones transgresoras no le otorga ningún derecho al no poder alegar la excepción de prescripción, pues lo impide la naturaleza demanial del bien. Tampoco tiene derecho al pago de mejoras y la acción administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio (Sala Constitucional, resoluciones números Nº 2306-91 de 14:45 hrs. del 6 de noviembre de 1991, 6758-93 de 22 de diciembre de 1993 y 6192-95 de 16:42 hrs. del 14 de noviembre de 1995; Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Sección Primera, Nº 1019-88; Tribunal Agrario, Nos. 101-95 y 776-98 de 11:10 hrs. del 13 de noviembre de 1998, Considerando VII y dictámenes C-221-88 de 7 de noviembre de 1988 , C-004-98 y C-128-99 de 24 de junio de 1999).- Además, la demolición de las construcciones forma parte de la reparación del daño provocado, aun cuando se hubiese extinguido la acción penal. (Tribunal Superior de Casación Penal, sentencias números 213-F-96 de 11:35 hrs. del 18 de abril de 1996 y 834-F-97).- Ante naturaleza especial de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, el señor Alanis Cedeño no puede alegar la aplicación de otras disposiciones normativas tendientes a evitar el procedimiento reparador normado por el numeral 13 de la 6043: "...cabe indicar que la Ley sobre la Zona marítimo-terrestre tiene una naturaleza especial, por lo que no resulta aplicable al caso lo dispuesto en la Ley de Construcciones, contemplando además la primera, el procedimiento a seguir en estos casos e incluso autorizando a los funcionarios de la jurisdicción correspondiente y a las municipalidades respectivas, para que en aquellos casos en que se realice una construcción en contra de lo que ella dispone, puedan proceder tanto al desalojo de los infractores como a la destrucción o demolición de lo construido (ver artículo 13 de la Ley citada Nº 6043 del 2 de marzo de 1977)." Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Nº 167-F-92 de 8:35 hrs. del 22 de mayo de 1992.- En este punto recuérdese que corresponde a las municipalidades tomar las medidas pertinentes para contrarrestar aquellas acciones indebidas contra el demanio costero, así como preservar los recursos naturales en sus condiciones originarias, siendo procedente el desalojo de los ocupantes y la destrucción de las edificaciones en los supuestos previstos por la ley, en virtud de las potestades de autotutela y policía demanial, y sin perjuicio de que interpongan las denuncias penales contra los infractores. La omisión de actuar conforme a lo indicado, puede hacer incurrir a sus funcionarios en responsabilidades disciplinarias y penales (Ley 6043, artículos 3, 13, 17, 20, 34, 35 y 63; Código Penal, artículo 330; Sala Constitucional, sentencias 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-2001 y 12777-2001, dictámenes números 28-PA-77 de 2 de mayo de 1977, 32-PA-77 de 5 de mayo de 1977, C-289-80 de 22 de diciembre de 1980, C-066-81 de 31 de marzo de 1981, C-214-81 de 18 de setiembre de 1981, C-003-85 de 4 de enero de 1985, C-313-85 de 4 de diciembre de 1985, C-127-96 de 31 de julio de 1996 y C-230-97 de 4 de diciembre de 1997).- En el presente asunto, en sesión ordinaria Nº 35 del 21 de octubre de 1998, punto 5º, el Municipio conoció el oficio Nº PAZMT-252-98 del 13 de octubre de 1998, mediante el cual el Procurador Ambiental, Dr. José J. Barahona Vargas, le solicitó, como ya indicamos, realizar el informe previsto en el artículo 13 de la Ley 6043, conducente al desalojo de los infractores y la demolición de las construcciones en los supuestos de ley, interponiendo la denuncia formal ante el Ministerio Público, con la necesidad de remover, si los hubiere, aquellos actos administrativos declaratorios de derechos de acuerdo con los numerales 173 y 308 de la Ley General de la Administración Pública. El Concejo acordó su traslado a la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre para su estudio y recomendación. El acuerdo fue puesto en conocimiento del señor Víctor Julio Chavarría Rojas, miembro de la citada Comisión mediante oficio del 29 de octubre de 1998 suscrito por la Secretaria Municipal, Isabel Rodríguez Alvarado.- Sin embargo, cuatro años después, no se aprecia ninguna actuación municipal tendiente a dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 6043 para demoler la construcción no autorizada del señor Alanis Cedeño y ejecutar su desalojo si no ostenta título de propiedad a su favor en Puerto San Pablo. Nótese que Alanis Cedeño cuenta con dos propiedades inscritas a su nombre en el Partido Guanacaste, Nos. 76995-000 (plano No. G-894488-90) y 77817-000 (plano No. G-815110-89). Ninguna de ellas se localiza en Puerto San Pablo contiguo al Estero del mismo nombre. En consecuencia, debe el actual Concejo Municipal de Nandayure y su Alcalde proceder, a la mayor brevedad, conforme a lo indicado en oficio Nº PAZMT-252-98. De lo contrario, esta Procuraduría requerirá el ejercicio de la acción penal pública contra los funcionarios municipales involucrados por infracción al artículo 330 del Código Penal.- Asimismo, se recomienda al Gobierno Local llevar a cabo el procedimiento disciplinario especial (Código Municipal, Ley Nº 7794 de 30 de abril de 1998, artículo 150), para el despido del señor Víctor Julio Chavarría Rojas, por su incumplimiento grave tanto como inspector de la Zona Marítimo Terrestre, como en su cargo a la Comisión de la Zona Marítimo Terrestre, nombramiento acordado en sesión ordinaria Nº 2 del 8 de mayo del 2002.- Sobre la materia ha expresado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: "También coincide esta Sala con el Ad quem en cuanto estos hechos fueron considerados falta grave, en los términos del artículo 81 inciso l) del Código de la Materia, pues un empleado público no puede aprovecharse de tal condición para intentar favorecer injustificadamente a una persona, sea en forma directa o indirecta, con el uso y disfrute de bienes públicos, en contra de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, el cual está obligado a respetar en el desempeño de sus funciones, según lo establecido en los artículos 11 tanto de la Constitución Política, cuanto de la Ley General de la Administración Pública (Principio de Legalidad). Debe agregarse, como lo expuso el Ad quem, que con tal situación se ha visto perjudicada la Municipalidad de Puntarenas, al tener que desplegar su actividad para corregir esta irregularidad y verse expuesta ante una eventual responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieron haber sido causados…" Nº 1999-00336 de 11:00 hrs. del 27 de octubre de 1999.- "Una vez indicado lo anterior, procede efectuar un análisis del procedimiento disciplinario que rige, en la entidad demandada, establecido en el artículo 150 del Código Municipal (Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998): "Los servidores podrán ser removidos de sus puestos cuando incurran en las causales de despido que determina el artículo 81 del Código de Trabajo y las dispuestas en este código. El despido deberá estar sujeto a las siguientes normas: a) El alcalde o la Oficina de Personal, en su caso, harán conocer por escrito al servidor el propósito de despedirlo y la indicación de las causales. Le concederán un plazo improrrogable de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al que reciba la notificación, a fin de que exponga sus motivos para oponerse, junto con las pruebas de descargo propuestas. b) Si vencido el plazo que determina el inciso anterior, el servidor no hubiere presentado oposición o hubiere manifestado expresamente conformidad, podrá ser despedido sin más trámite, salvo que pruebe haber estado impedido por justa causa para oponerse. c) Si el interesado se opusiere dentro del término legal, se recibirán las pruebas pertinentes dentro de un plazo improrrogable de quince días naturales. Vencido dicho plazo, el alcalde contará con un término igual para decidir la sanción que corresponda. d) El servidor despedido podrá apelar de la decisión del alcalde para ante el correspondiente tribunal de trabajo del circuito judicial a que pertenece la municipalidad, dentro de un término de ocho días hábiles contados a partir de la notificación del despido. e) Dentro del tercer día, el alcalde remitirá la apelación con el expediente respectivo a la autoridad judicial, que resolverá según los trámites ordinarios dispuestos en el Código de Trabajo y tendrá la apelación como demanda. El Juez podrá rechazar de plano la apelación cuando no se ajuste al inciso anterior. f) La sentencia de los tribunales de trabajo resolverá si procede el despido o la restitución del empleado a su puesto, con el pleno goce de sus derechos y el pago de salarios caídos. En la ejecución de sentencia, el servidor municipal podrá renunciar a ser reinstalado, a cambio de la percepción del importe del preaviso y el auxilio de cesantía que puedan corresponderle y el monto de dos meses de salario por concepto de daños y perjuicios. g) El procedimiento anterior será aplicable, en lo conducente, a las suspensiones sin goce de sueldo determinadas en el artículo 149 de esta ley". El procedimiento administrativo establecido para poder despedir al trabajador del Sector Público, es una garantía de defensa, real y efectiva, prevista por el Ordenamiento. Por ello, su estricto acatamiento se impone, de conformidad con los mandatos de nuestra Carta Magna, que consagran ese ineludible debido proceso legal (artículos 39 y 41). Se han señalado los siguientes elementos esenciales, como integrantes de tal debido proceso: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) Derecho a ser oído y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) Oportunidad para el administrado para preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos vinculados con la cuestión de que se trate; d) Derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos, y a otras personas calificadas; e) Notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde; y, f) Derecho del interesado de recurrir la resolución dictada. De ellos se derivan, a su vez, principios tales como el de intimación, el de imputación, los de amplitud, legitimidad, inmediación y valoración razonable de la prueba y los de fundamentación, congruencia y eficacia del acto final (al respecto, pueden consultarse los Votos de la Sala Constitucional N°s. 15-90, de las 16:45 horas, del 5 de enero de 1990; 297-92, de las 10:25 horas, del 7 de febrero de 1992; 1739-92, de las 11:45 horas, del 1 de julio de 1992; 5653-93, de las 8:22 horas, del 5 de noviembre de 1993; 2660-94, de las 15:36 horas del 7 de junio de 1994; 2945-94, de las 8:42 horas, del 17 de junio de 1994; y, 1720-96, de las 9:06 horas del 19 de abril de 1996). Los derechos de audiencia y defensa comprenden la necesidad de que, la causa del procedimiento, sea comunicada al justiciable y que se le impute, concreta y formalmente, la falta que se le achaca, como servidor público. Aunado a la intimación e imputación, se le debe conceder una audiencia, para presentar su defensa…" 2001-00695 de las 10:10 hrs. del 23 de noviembre del 2001.- En conclusión, por las razones expuestas estimamos que el presente caso no había mérito para la apertura de un procedimiento administrativo sancionador a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones, para la aplicación del artículo 63 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre a los regidores propietarios y suplentes de la Municipalidad de Nandayure en el período de 1998 a 2002. Lo anterior, sin perjuicio de los requerimientos realizados en las líneas que preceden a sus actuales funcionarios de elección popular.- Cordialmente, Lic. Mauricio Castro Lizano PROCURADOR ADJUNTO Ci: Concejo Municipal de Nandayure Luis Gerardo Rodríguez Quesada Alcalde Municipal de Nandayure Anexo: Expediente Nº 72-99 MCL/fmc
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