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Decreto 43949 · 02/03/2023

National emergency declaration for mercury contamination of drinking water in CrucitasDeclaratoria de emergencia nacional por contaminación de agua potable con mercurio en Crucitas

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RepealedDerogada

SummaryResumen

Executive Decree No. 43949-MP-S declares a state of national emergency in the Cutris and Pocosol districts of San Carlos canton, specifically in the towns of Crucitas, El Roble, Chamorro, Chorreras, Llano Verde, and El Jocote, due to contamination of drinking water sources with mercury from illegal mining. The decree grounds the emergency on laboratory analyses showing mercury levels far above the maximum allowable limit of 0.001 mg/L since November 2022, posing a high health risk and leaving the population without their own drinking water sources. The response, rehabilitation, and reconstruction phases under the National Risk Prevention and Emergency Response Law (Law No. 8488) are activated. The National Commission for Risk Prevention and Emergency Response (CNE) will coordinate actions, may allocate funds, accept donations, hire specialized personnel, and establish legal servitudes on private property. Public institutions are authorized to simplify regular procedures to respond to the emergency.El Decreto Ejecutivo N° 43949-MP-S declara estado de emergencia nacional en los distritos Cutris y Pocosol del cantón de San Carlos, específicamente en los poblados Crucitas, El Roble, Chamorro, Chorreras, Llano Verde y El Jocote, debido a la contaminación de las fuentes de agua potable con mercurio derivada de la minería ilegal. El decreto fundamenta la emergencia en los análisis de laboratorio que muestran niveles de mercurio muy por encima del valor máximo admisible de 0.001 mg/L desde noviembre de 2022, lo que representa un riesgo elevado para la salud de la población y la ha dejado sin fuentes propias de agua potable. Se activan las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción según la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (Ley N° 8488). La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) coordinará las acciones, podrá destinar fondos, recibir donaciones, contratar personal especial y establecer servidumbres legales en predios privados. Las instituciones públicas están autorizadas a simplificar trámites ordinarios para atender la emergencia.

Key excerptExtracto clave

III. The results of these laboratory analyses show that, as of November 2022, there is an increase in the contamination levels of the drinking water systems and sources due to the presence of mercury above admissible levels, as can be seen in the table below, in which all values detailed in the report are well above the maximum admissible value of 0.001 mg/L of mercury, which, if water from these systems is consumed, represents a high risk to the health of the population. X. Given the circumstances of the impact caused by high levels of mercury in the water of areas affected by mining exploitation, which is caused by illegal mining in the area—despite the efforts of the Government—there is an abnormal situation that has not been able to be controlled and that results in the populations of Crucitas, El Jocote, El Roble, Chamorro, Llano Verde, and Chorreras lacking access to drinking water and, consequently, their fundamental right to water being degraded and hindered, generating a state of internal commotion and an abnormal disruption of public order that meets the elements indicated by the Constitutional Chamber for the declaration of a National Emergency. Article 1. A state of national emergency is declared for the existing situation in the Cutris district, towns of Crucitas, El Roble, Chamorro, and Chorreras, and the Pocosol district, towns of Llano Verde and El Jocote, both districts of San Carlos Canton, due to the effects caused by the contamination of drinking water sources with mercury.III.-Que el resultado de dichos análisis de laboratorio demuestran, a partir de noviembre de 2022 existe un incremento en el nivel de contaminación de los sistemas de agua potable y en las fuentes de dicho líquido como consecuencia de la presencia de mercurio por encima de los niveles aceptables, según se puede apreciar en la Tabla a continuación, en la cual todos los valores que detalla el informe se encuentran muy por encima del valor máximo admisible de 0.001 mg/L de mercurio lo cual, en caso de existir un consumo de agua de estos sistemas, representa un riesgo elevado para la salud de la población. X.-Que, dadas las circunstancias de afectación causada por niveles altos de mercurio en el agua de las zonas afectadas por la explotación minera, aspecto causado por la minería ilegal en la zona -pese a los esfuerzos del Gobierno de la República-, se está frente a una situación anormal que no ha podido ser controlada y que depara en que las poblaciones de Crucitas, El Jocote, El Roble, Chamorro Llano Verde y Chorreras no tengan acceso a agua potable y, por consiguiente, se degrade e impida su derecho fundamental al agua, lo que genera un estado de conmoción Interna y una alteración anormal del orden público que configura los elementos señalados por la Sala Constitucional para la declaratoria de Emergencia Nacional. Artículo 1º-Se declara estado de emergencia nacional la situación existente en el distrito Cutris, poblados Crucitas, El Roble, Chamorro y Chorreras y distrito Pocosol poblados Llano Verde y El Jocote, ambos distritos el Cantón de San Carlos, por los efectos generados por la contaminación de las fuentes de agua potable con mercurio.

Pull quotesCitas destacadas

  • "V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica."

    "V. The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, a healthy environment, food, and decent housing, among others, as has also been recognized in international human rights instruments applicable in Costa Rica."

    Considerando VI

  • "V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica."

    Considerando VI

  • "En sentencia N° 1992-3410 de las 14:45 horas del 10 de noviembre de 1992, dispuso que "(...) el bien jurídico más débil (la conservación del orden normal de las competencias legislativas) debe ceder ante el bien jurídico más fuerte (la conservación de orden jurídico y social, que, en ocasiones, no permite esperar a que se tramite y apruebe una ley) (...)""

    "In ruling No. 1992-3410 of 14:45 on November 10, 1992, it held that "(...) the weaker legal interest (preservation of the normal order of legislative powers) must yield to the stronger legal interest (preservation of the legal and social order, which, at times, does not allow waiting for a law to be processed and approved) (...)""

    Considerando VIII

  • "En sentencia N° 1992-3410 de las 14:45 horas del 10 de noviembre de 1992, dispuso que "(...) el bien jurídico más débil (la conservación del orden normal de las competencias legislativas) debe ceder ante el bien jurídico más fuerte (la conservación de orden jurídico y social, que, en ocasiones, no permite esperar a que se tramite y apruebe una ley) (...)""

    Considerando VIII

  • "los valores que detalla el informe se encuentran muy por encima del valor máximo admisible de 0.001 mg/L de mercurio lo cual, en caso de existir un consumo de agua de estos sistemas, representa un riesgo elevado para la salud de la población"

    "the values detailed in the report are well above the maximum admissible value of 0.001 mg/L of mercury, which, if water from these systems is consumed, represents a high risk to the health of the population"

    Considerando III

  • "los valores que detalla el informe se encuentran muy por encima del valor máximo admisible de 0.001 mg/L de mercurio lo cual, en caso de existir un consumo de agua de estos sistemas, representa un riesgo elevado para la salud de la población"

    Considerando III

  • "Artículo 1º-Se declara estado de emergencia nacional la situación existente en el distrito Cutris, poblados Crucitas, El Roble, Chamorro y Chorreras y distrito Pocosol poblados Llano Verde y El Jocote, ambos distritos el Cantón de San Carlos, por los efectos generados por la contaminación de las fuentes de agua potable con mercurio."

    "Article 1. A state of national emergency is declared for the existing situation in the Cutris district, towns of Crucitas, El Roble, Chamorro, and Chorreras, and the Pocosol district, towns of Llano Verde and El Jocote, both districts of San Carlos Canton, due to the effects caused by the contamination of drinking water sources with mercury."

    Artículo 1

  • "Artículo 1º-Se declara estado de emergencia nacional la situación existente en el distrito Cutris, poblados Crucitas, El Roble, Chamorro y Chorreras y distrito Pocosol poblados Llano Verde y El Jocote, ambos distritos el Cantón de San Carlos, por los efectos generados por la contaminación de las fuentes de agua potable con mercurio."

    Artículo 1

Full documentDocumento completo

Articles

in the entirety of the text - Full Text of Norm 43949 Declares a state of national emergency in the district of Cutris, populated places Crucitas, El Roble, Chamorro and Chorreras and district of Pocosol populated places Llano Verde and El Jocote due to the effects generated by the contamination of drinking water sources with mercury N° 43949-MP-S (This executive decree was repealed by Article 1 of Executive Decree N° 44869 of January 6, 2025) (Sinalevi Note: By agreement N° 084-06-2023 of the ordinary session Nº 09-06-2023 of June 15, 2023, it is ordered that the General Emergency Plan of Executive Decree N° 43949-MP, National State of Emergency for the existing situation in the district of Cutris, populated places Crucitas, El Roble, Chamorro and Chorreras and district of Pocosol populated places Llano Verde and El Jocote, both districts of the Canton of San Carlos, due to the effects generated by the contamination of drinking water sources with mercury, be approved) THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC, THE MINISTER OF THE PRESIDENCY AND THE ACTING MINISTER OF HEALTH In exercise of the powers conferred upon them by Articles 140 subsections 3), 6), 16) and 18), 146 and 180 of the Political Constitution, Articles 25 paragraph 1), 27 paragraph 1), 28 paragraph 2) subsections b) and j) of the General Law of Public Administration (N° 6227), and Article 29 of the National Law of Emergencies and Risk Prevention (N° 8488).

I.-That since the beginning of the current Administration, the Ministry of Health, the Ministry of Environment and Energy and the Ministry of Public Security have coordinated actions to counteract the causes and address the consequences of the illegal mining occurring in the district of Cutris de San Carlos in the area known as "Proyecto Crucitas". Said mining exploitation carried out within the framework of illegality has caused a series of environmental, economic, and health damages to people that require permanent attention from Government authorities.

II.-That, as a result of the permanent monitoring actions of water quality in the areas affected by mining analyses, which have made it possible to validate the potability of this liquid and the risk factors from contamination with mercury and cyanide, elements that are used in mining exploitation.

III.-That the results of said laboratory analyses demonstrate that, starting in November 2022, there is an increase in the level of contamination of drinking water systems and sources of said liquid as a consequence of the presence of mercury above acceptable levels, as can be seen in the Table below, in which all the values detailed in the report are far above the maximum allowable value of 0.001 mg/L of mercury, which, in the event of any consumption of water from these systems, represents a high risk for the health of the population:

------------------

IV.-That in view of the contamination levels detected, the Ministry of Health, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, as well as other competent entities, have coordinated efforts to suspend the use of water from the aqueducts and drinking water systems of the zone. Health orders have been issued and the delivery of drinking water by means of cisterns has been coordinated, and potential alternative sources of drinking water in the zone have been evaluated, without a viable alternative being available to date.

V.-That the substantial increase detected by laboratory analyses represents a negative impact on the communities of Crucitas, El Jocote, El Roble, Chamorro, Llano Verde and Chorreras, as they have been left without their own sources of drinking water, which creates a potential danger for the proliferation of diseases in the population, both due to the eventual proliferation of waterborne diseases and those linked to contamination with mercury. Added to the above, the social and economic activity of the zone is directly or indirectly affected due to the lack of drinking water in the systems of the zone.

VI.-That likewise, the sixth Sustainable Development Goal (SDG6) establishes the commitment of states to protect and restore water-related ecosystems; in this regard, the Constitutional Chamber has recognized access to drinking water as a human right, stating:

"V.- The Chamber recognizes, as part of Constitutional Law, a fundamental right to drinking water, derived from the fundamental rights to health, life, the environment, food, and adequate housing, among others, as has also been recognized in international instruments on Human Rights applicable in Costa Rica: thus, it appears explicitly in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Art. 14) and the Convention on the Rights of the Child (Art. 24); furthermore, it is enunciated in the International Conference on Population and Development in Cairo (principle 2), and is declared in many other instruments of International Humanitarian Law. In our Inter-American System of Human Rights, the country is particularly obligated in this matter by the provisions of Article 11.1 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in Matters of Economic, Social and Cultural Rights (Protocol of San Salvador" of 1988), which provides that: "Article 11. Right to a healthy environment 1.-Every person has the right to live in a healthy environment and to have basic public services". The lack of resources does not justify the non-fulfillment of the duties of public administrations in the provision of this basic service. (CONSTITUTIONAL CHAMBER, resolutions 2003-04654 and 2004-007779).

VII.-That in accordance with the provisions of articles 21 and 50 of the Political Constitution, as well as by reason of the powers attributed to the Executive Branch in Article 140 subsections 6) and 8) of the same normative body, the State has the unavoidable obligation to carry out all those actions necessary to protect human life, the safety of the inhabitants, of their material property, and, in general, preserve the social order, in the face of disasters or hazardous events that may occur. In that same sense, the Universal Declaration of Human Rights urges the State to protect the life and safety of persons as a superior legal good.

VIII.-That constitutional jurisprudence has established strict parameters for the substantiation of a declaration of national emergency, in states of necessity and national urgency, for the purpose of safeguarding fundamental legal goods. In judgment N° 1992-3410 of 14:45 hours on November 10, 1992, it ordered that "(...) the weaker legal good (the conservation of the normal order of legislative competences) must yield before the stronger legal good (the conservation of legal and social order, which, occasionally, does not allow waiting for a law to be processed and approved) (...)". Therefore, it has pronounced in the sense that it must be absolutely necessary to address the dangers caused by the exceptional situation, and must last only the time strictly necessary.

IX.-That the National Law of Risk Prevention and Emergency Response provides that in the event of public calamity caused by natural and/or anthropogenic events that cannot be controlled, managed, or dominated with the ordinary powers available to the Government, the Executive Branch may declare a state of national emergency in any part of the national territory, in order to integrate and define the responsibilities and functions of all agencies, public and private entities, and to provide a solution in accordance with the magnitude of the disaster.

That, in reiterated jurisprudence, as cited in Resolution Nº 03167-2016, the Constitutional Chamber has indicated that, "(. . .) Both the legislative antecedent of the Control Center Law, and Article 180 of the Political Constitution, refer to true 'states of necessity and urgency' and not to mere urgency, which is nothing more than the prompt execution of or remedy to a given situation, which has originated in the effects of how it has been managed, and, under this basic premise, the Chamber understands that what the Constituent set forth in its norm is the juridical possibility that the Administration, through exceptional, expeditious, and simplified administrative procedures, may face the abnormal state in which it may find itself before an event of such nature, and not a simple justification of the acts it issues. Thus, the constitutional norm under analysis expressly sanctions the circumstances of 'war', 'internal commotion', and 'public calamity' as those that may be subject to its own exceptional treatment and that must be understood within the most established definition of force majeure or, at most, of fortuitous event, that is, events that originate from nature, like earthquakes and floods, or from human action, like popular tumults, invasions, and war, or from the human condition itself, like epidemics, events that are surprising and unforeseeable, or although foreseeable, unavoidable; these are, in general, abnormal situations that cannot be controlled, managed, or dominated with the ordinary measures available to the Government. Thus, the 'emergency' contemplated by Article 180 of the Constitution turns out to be an undetermined legal concept, because its limits are not exactly determined, precisely because it is referring to a real-world scenario, which allows concretion or precision at the moment of application and which is directly opposed to the concept of simple urgency.

X.-That, given the circumstances of harm caused by high levels of mercury in the water of the zones affected by mining exploitation, an aspect caused by illegal mining in the zone —despite the efforts of the Government of the Republic—, we are facing an abnormal situation that has not been able to be controlled and which results in the populations of Crucitas, El Jocote, El Roble, Chamorro, Llano Verde and Chorreras not having access to drinking water and, consequently, degrading and impeding their fundamental right to water, which generates a state of internal commotion and an abnormal alteration of public order that configures the elements indicated by the Constitutional Chamber for the declaration of National Emergency.

That the Board of Directors of the CNE recommends to the Executive Branch, by agreement 25-03-2023, of the session 02-03-2022 held at ten thirty hours on March second, two thousand twenty-three, the declaration of national emergency in the district of Cutris, populated places Crucitas, El Roble, Chamorro and Contreras and district of Pocosol, populated places Llano Verde and El Jocote, both districts of the Canton of San Carlos, due to the effects generated by the contamination of drinking water sources with mercury in the described zones.

XI.-That by reason of the foregoing, the promulgation of a legal framework is necessary to take the exceptional measures indicated by the Political Constitution and the National Law of Risk Prevention and Emergency Response, to face the effects caused by this phenomenon and mitigate the consequences that its impact caused in the different zones of the country. Therefore,

Considering:

Decree:

1
2
  • a)Response phase.
  • b)Rehabilitation phase.
  • c)Reconstruction phase.
3

All of which must be recorded in the General Emergency Plan approved by the Board of Directors of the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, in order to be subject to attention in accordance with the concept of emergency.

4
  • a)For the priority inclusion of recovery and reconstruction projects, the competent public institutions shall have a period of thirty calendar days from the effective date of this decree to submit, duly justified, the official report of the damages requiring priority attention. Projects that allow for the restoration, recovery, and protection of road infrastructure, including control or mitigation works (dikes, walls, others) aimed at ensuring future events do not again generate a similar state of emergency, as well as the recovery of social interest housing, shall be considered priority.
  • b)Upon expiration of the 30-day period indicated in the preceding subsection, the technical units of the CNE shall carry out the verification of the reported damages, in order to verify the causal link of the impacts for their due approval by the Board of Directors of the CNE.
  • c)The Board of Directors of the CNE shall issue the General Emergency Plan with those projects whose causal link has been duly verified.
  • d)The competent institutions may also submit reports of damages caused by the event for an additional period of thirty calendar days after the first period indicated in subsection a) of this article, thereby complying with the period stipulated by Law N° 8488 of two months for the presentation of information. These reports shall likewise be evaluated by the technical units of the CNE, which shall carry out the verification of the damages in order to verify the causal link within a period of thirty days after the expiration of the indicated two-month period.
  • e)Upon completion of the verification, the Board of Directors of the CNE shall issue an extension of the General Emergency Plan based on all the reports submitted and whose causal link has been duly demonstrated.
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6

Likewise, they shall be authorized to execute their contributions in a coordinated manner, and for this effort to be successful, they may take the necessary measures to simplify or eliminate the procedures or ordinary requirements that are not strictly necessary to achieve a positive impact in favor of the affected persons and to facilitate the construction and repair of damages, without detriment to legality, as established by Articles 4 and 10 of the General Law of Public Administration, in order to provide more efficient responses to the needs of the persons and families affected by this emergency. In cases where the actions require administrative contracting procedures, they are instructed to use the urgency procedures authorized by the Law in Article 66 and 166 of the Regulations to the Administrative Contracting Law.

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Publish in the Official Gazette La Gaceta.

Given at the Presidency of the Republic, San José, on the second day of the month of March of two thousand twenty-three.

Artículos

en la totalidad del texto - Texto Completo Norma 43949 Declara estado de emergencia nacional en el distrito Cutris, poblados Crucitas, El Roble, Chamorro y Chorreras y distrito Pocosol poblados Llano Verde y El Jocote por los efectos generados por la contaminación de las fuentes de agua potable con mercurio N° 43949-MP-S (Este decreto ejecutivo fue derogado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 44869 del 6 de enero de 2025) (Nota de Sinalevi: Mediante acuerdo N° 084-06-2023 de la sesión ordinaria Nº 09-06-2023 del 15 de junio del 2023, se dispone dar por aprobado el Plan General de Emergencia del Decreto Ejecutivo N° 43949-MP, Estado de Emergencia Nacional la situación existente en el distrito Cutris, poblados Crucitas, El Roble, Chamorro y Chorreras y distrito Pocosol poblados Llano Verde y El Jocote, ambos distritos del Cantón de San Carlos, por los efectos generados por la contaminación de las fuentes de agua potable con mercurio) EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTRO A. Í. DE SALUD En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos 3), 6), 16) y 18), 146 y 180 de la Constitución Política, los artículos 25 acápite 1), 27 acápite 1), 28 acápite 2) inciso b) y j) de la Ley General de la Administración Pública (N° 6227), y artículo 29 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (N° 8488).

l.-Que desde el inicio de la presente Administración, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Seguridad Pública han coordinado acciones para contrarrestar las causas y atender las consecuencias de la minería ilegal que ocurre en el distrito Cutris de San Carlos en el área conocida como "Proyecto Crucitas". Dicha explotación minera ejecutada en el marco de la ilegalidad ha provocado una serie de daños ambientales, económicos y a la salud de las personas que requieren de una atención permanente por parte de las autoridades de Gobierno.

ll.-Que, como resultado de las acciones de monitoreo permanente de la calidad del agua en las zonas afectadas por la explotación minera, el Ministerio de Salud ha realizado análisis de laboratorio comparativos, que han permitido validar la potabilidad de este líquido y los factores de riesgo por contaminación con mercurio y cianuro, elementos que son utilizados en la explotación minera.

III.-Que el resultado de dichos análisis de laboratorio demuestran, a partir de noviembre de 2022 existe un incremento en el nivel de contaminación de los sistemas de agua potable y en las fuentes de dicho líquido como consecuencia de la presencia de mercurio por encima de los niveles aceptables, según se puede apreciar en la Tabla a continuación, en la cual todos los valores que detalla el informe se encuentran muy por encima del valor máximo admisible de 0.001 mg/L de mercurio lo cual, en caso de existir un consumo de agua de estos sistemas, representa un riesgo elevado para la salud de la población:

IV.-Que frente a los niveles de contaminación detectados el Ministerio de Salud, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, así como otras entidades competentes han coordinado esfuerzos para suspender el uso del agua de los acueductos y sistemas de agua potable de la zona. Se han emitido órdenes sanitarias y se ha coordinado la entrega de agua potable por medio de cisternas y se han valorado las eventuales fuentes alternativas de agua potable en la zona, sin que se cuenta a la fecha con una alternativa viable.

V.-Que el aumento sustancial detectado por los análisis de laboratorio representa un impacto negativo en las comunidades de Crucitas, El Jocote, El Roble, Chamorro, Llano Verde y Chorreras, por cuanto se han quedado sin fuentes propias de agua potable, lo cual crea un peligro potencial en la proliferación de enfermedades en la población, tanto por la eventual proliferación de enfermedades de transmisión hídrica como las vinculadas con la contaminación con mercurio. Sumado a lo anterior, la actividad social y económica de la zona presenta afectaciones directas o indirectas, debido a la falta de agua potable en los sistemas de la zona.

VI.-Que asimismo, el sexto objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS6) establece el compromiso de los estados a proteger y reestablecer los ecosistemas relacionados con el agua, al respecto la Sala Constitucional, ha reconocido el acceso al agua potable como un derecho humano al señalar:

"V.- La Sala reconoce, como parte del Derecho de la Constitución, un derecho fundamental al agua potable, derivado de los derechos fundamentales a la salud, la vida, al medio ambiente, a la alimentación y la vivienda digna, entre otros, tal como ha sido reconocido también en instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en Costa Rica: así, figura explícitamente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (art. 14) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 24); además, se enuncia en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo de El Cairo (principio 2), y se declara en otros numerosos del Derecho Internacional Humanitario. En nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el país se encuentra particularmente obligado en esta materia por lo dispuesto en el artículo 11.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador" de 1988), el cual dispone que: "Artículo 11. Derecho a un medio ambiente sano 1.-Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos". La carencia de recursos no justifica el incumplimiento de los cometidos de las administraciones públicas en la prestación de este servicio básico. (SALA CONSTITUCIONAL, resoluciones 2003-04654 y 2004-007779).

VII.-Que de conformidad con lo preceptuado en los numerales 21 y 50 de la Constitución Política, así como en razón de las potestades atribuidas al Poder Ejecutivo en el artículo 140 incisos 6) y 8) del mismo cuerpo normativo, el Estado está en la obligación ineludible de desarrollar todas aquellas acciones necesarias para proteger la vida humana, la seguridad de los habitantes, de sus bienes materiales, y, en general, conservar el orden social, frente a los desastres o sucesos peligrosos que puedan ocurrir. En ese mismo sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos conmina al Estado a proteger la vida y seguridad de las personas como bien jurídico superior.

VIII.-Que la jurisprudencia constitucional ha establecido parámetros estrictos para la fundamentación de una declaratoria de emergencia nacional, en estados de necesidad y urgencia nacional, a efectos de salvaguardar bienes jurídicos primordiales. En sentencia N° 1992-3410 de las 14:45 horas del 10 de noviembre de 1992, dispuso que "(...) el bien jurídico más débil (la conservación del orden normal de las competencias legislativas) debe ceder ante el bien jurídico más fuerte (la conservación de orden jurídico y social, que, en ocasiones, no permite esperar a que se tramite y apruebe una ley) (...)" Por ello, se ha pronunciado en el sentido de que la misma debe ser absolutamente necesaria para lograr atender los peligros provocados por la situación excepcional, debiendo prolongarse únicamente el tiempo estrictamente necesario.

IX.-Que la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias dispone que en caso de calamidad pública ocasionada por hechos de la naturaleza y/o antrópicos que no puedan ser controlados, manejados ni dominados con las potestades ordinarias de que dispone el Gobierno, el Poder Ejecutivo podrá declarar emergencia nacional en cualquier parte del territorio nacional, a fin de integrar y definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos, entidades públicas, privadas y poder brindar una solución acorde a la magnitud del desastre.

Que, en reiterada jurisprudencia, tal y como se cita en la Resolución Nº 03167 2016, la Sala Constitucional ha señalado que, "(. . .) Tanto el antecedente legislativo de la Ley del Centro de Control, como el artículo 180 de la Constitución Política, se refieren a verdaderos "estados de necesidad y urgencia" y no a la mera urgencia, que no es otra cosa más que la pronta ejecución o remedio a una situación dada, que se ha originado en los efectos de cómo ha sido manejada ella misma, y, bajo este presupuesto básico, la Sala entiende que lo que el Constituyente plasmó en su norma, es la posibilidad jurídica de que la Administración mediante procedimientos administrativos excepcionales, expeditos y simplificados, enfrente el estado anormal en que se llegue a encontrarse ante un evento de esa índole, y no una simple justificación de los actos que emite. De manera que la norma constitucional bajo análisis, sanciona expresamente las circunstancias de "guerra' "conmoción interna' y "calamidad pública", como las que pueden ser objeto de su propio tratamiento de excepción y que deben entenderse dentro de la más rancia definición de la fuerza mayor o, a lo sumo, del caso fortuito, es decir, sucesos que provienen de la naturaleza, como los terremotos y las inundaciones, o de la acción del hombre, como tumultos populares, invasiones y guerra, o de la propia condición humana, como las epidemias, eventos que son sorpresivos e imprevisibles, o aunque previsibles, inevitables; se trata, en general, de situaciones anormales que no pueden ser controladas, manejadas o dominadas con las medidas ordinarias de que dispone el Gobierno. De manera que la "emergencia" que ha contemplado el artículo 180 constitucional resulta ser un concepto jurídico indeterminado, porque no se determinan exactamente sus límites, precisamente a causa de que se está refiriendo a un supuesto de la realidad, que permite concreción o precisión al momento de aplicarse y que se opone, frontalmente, al concepto de la simple urgencia.

X.-Que, dadas las circunstancias de afectación causada por niveles altos de mercurio en el agua de las zonas afectadas por la explotación minera, aspecto causado por la minería ilegal en la zona -pese a los esfuerzos del Gobierno de la República-, se está frente a una situación anormal que no ha podido ser controlada y que depara en que las poblaciones de Crucitas, El Jocote, El Roble, Chamorro Llano Verde y Chorreras no tengan acceso a agua potable y, por consiguiente, se degrade e impida su derecho fundamental al agua, lo que genera un estado de conmoción Interna y una alteración anormal del orden público que configura los elementos señalados por la Sala Constitucional para la declaratoria de Emergencia Nacional.

Que la Junta Directiva de la CNE recomienda al Poder Ejecutivo, mediante acuerdo 25-03-2023, de la sesión 02-03- 2022 celebrada a las diez horas treinta minutos del del dos de marzo de 2023 la declaratoria de emergencia nacional en el distrito Cutris, poblados Crucitas, El Roble, Chamorro y Contreras y distrito Pocosol poblados Llano Verde y El Jocote, ambos distritos el Cantón de San Carlos, por los efectos generados por la contaminación de las fuentes de agua potable con mercurio en las zonas descritas.

XI.-Que en razón de lo expuesto se hace necesaria la promulgación de un marco jurídico para tomar las medidas de excepción que señala la Constitución Política y la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para hacerle frente a los efectos ocasionados por este fenómeno y mitigar las consecuencias que ocasionó su impacto en las diferentes zonas del país. Por tanto,

Considerando:

Decretan:

1
2
  • a)Fase de respuesta.
  • b)Fase de rehabilitación.
  • c)Fase de reconstrucción.
3

Todo lo cual debe constar en el Plan General de la Emergencia aprobado por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para poder ser objeto de atención conforme al concepto de emergencia.

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  • a)Para la inclusión prioritaria de proyectos de recuperación y reconstrucción, las instituciones públicas competentes tendrán un plazo de treinta días naturales a partir de la vigencia del presente decreto para remitir debidamente justificado el reporte oficial de los daños que requieran de atención prioritaria. Se considerarán prioritarios los proyectos que permitan restablecer, recuperar y proteger la infraestructura vial, incluidas las obras de control o mitigación de daños (diques, muros, otros) destinado a que futuros eventos no vuelvan a generar un estado de emergencia similar, así como la recuperación de viviendas de interés social.
  • b)Vencido el plazo de los 30 días señalados en el inciso anterior, las unidades técnicas de la CNE realizarán la verificación de los daños reportados, con el fin de comprobar el nexo de causalidad de los impactos para su debida aprobación por la Junta Directiva de la CNE.
  • c)La Junta Directiva de la CNE emite el Plan General de la Emergencia con aquellos proyectos cuyo nexo de causalidad haya sido debidamente comprobado.
  • d)Las instituciones competentes pueden además remitir reportes de daños provocados por el evento hasta por un plazo adicional de treinta días naturales posteriores al primer plazo indicado en el inciso a) del presente artículo, cumpliendo así el plazo estipulado por la Ley N° 8488 de dos meses para la presentación de la información. Estos reportes serán igualmente valorados por las unidades técnicas de la CNE, que realizarán la verificación de los daños con el fin de comprobar el nexo de causalidad en un plazo de treinta días posteriores al vencimiento del plazo de dos meses señalado.
  • e)Finalizada la verificación, la Junta Directiva de la CNE emitirá una ampliación del Plan General de la Emergencia con base en la totalidad de reportes presentados y cuyo nexo de causalidad haya sido debidamente demostrado.
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Asimismo, estarán autorizadas para ejecutar sus aportes de forma coordinada y para que esta labor sea exitosa, pueden tomar las medidas necesarias para simplificar o eliminar los trámites o requisitos ordinarios, que no sean estrictamente necesarios para lograr impactar positivamente a favor de las personas damnificadas y facilitar la construcción y reparación de los daños, sin detrimento de la legalidad, tal como lo establecen los artículos 4 y 10 de la Ley General de la Administración Pública, a fin de brindar respuestas más eficientes a las necesidades de las personas y familias afectadas por esta emergencia. En los casos que las acciones requieran de los trámites de contratación administrativa, se les instruye a utilizar los procedimientos de urgencia autorizados por la Ley en el artículo 66 y 166 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

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Publíquese en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los dos días del mes de marzo de dos mil veintitrés.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Water Law — Sources, Setbacks, and ConcessionsLey de Aguas — Fuentes, Retiros y Concesiones

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley 8488 Art. 38
    • Constitución Política Art. 180
    • Constitución Política Art. 50
    • Ley 8488 Art. 15
    • Ley 8488 Art. 31

    Spanish key termsTérminos clave en español

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