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Resolución 9 · 18/06/2026

Absolute Nullity of Aqueduct Tariff Structure and Water Protection Fee for ASADASNulidad Absoluta de Estructura Tarifaria de Acueducto y TPRH para ASADAS

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SummaryResumen

Resolution RE-0009-IA-2026, issued by ARESEP's Water Intendency on June 17, 2026, declares the absolute nullity of nine tariff resolutions issued between November 2024 and April 2025, which had established a new tariff structure for Costa Rica's regulated aqueduct service and the Water Resource Protection Fee (TPRH) for community water associations (ASADAS). The decision rests on a comprehensive joint technical-legal report (March 2026) that identified substantial defects: inconsistent use of the concepts of subscriber, user, and consumption unit; flawed creation of the Large Residential Consumers (T-GCR) category based on data excluding ASADAS; technically incorrect use of bulk meters as the tariff differentiator; application of subsidies below the minimum mandated by Executive Decrees 39757-MINAE and 40711-MINAE for households in extreme poverty; and complete absence of impact estimates. The resolution calibrates the effects of the nullity, instructs service providers to offer extended payment arrangements, and orders the issuance of a new legally sound tariff act.La Resolución RE-0009-IA-2026, emitida por la Intendencia de Agua de la ARESEP el 17 de junio de 2026, declara la nulidad absoluta de nueve resoluciones tarifarias dictadas entre noviembre de 2024 y abril de 2025, que establecían la nueva estructura tarifaria del servicio regulado de acueducto en Costa Rica y las Tarifas para la Protección del Recurso Hídrico (TPRH) de las ASADAS. El acto se fundamenta en un extenso informe técnico-jurídico conjunto (marzo de 2026) que identificó vicios sustanciales: uso inconsistente de los conceptos de abonado, usuario y unidad de consumo; creación deficiente de la categoría de Grandes Consumidores Residenciales (T-GCR) basada en datos que excluían a las ASADAS; uso técnicamente incorrecto del macromedidor como criterio tarifario; aplicación de subsidios inferiores a lo mandado por los Decretos Ejecutivos 39757-MINAE y 40711-MINAE para hogares en pobreza extrema; y ausencia total de estimaciones de impacto. La resolución gradúa los efectos de la nulidad, instruye a los prestadores a ofrecer arreglos de pago flexibles y ordena la emisión de un nuevo acto tarifario ajustado a derecho.

Key excerptExtracto clave

This circumstance produces inconsistencies in tariff equity, since the incremental logic ceases to reflect each subscriber's individual consumption and instead depends on additional variables, such as the number of subsidiary lots linked to the same collective meter. This represents an inequity among residential subscribers and contradicts the non-discrimination principle established in Article 12 of Law No. 7593, since subscribers with similar consumption patterns receive different treatment solely because they live in a larger condominium or in what the resolution calls 'caseríos.' The mere existence of a charge in the 0–15 m³ block constitutes a direct violation of the decree, which mandates a 100% subsidy within that range. Applying a tariff to this block (the 0–15 m³ range of the extreme-poverty residential-social category) creates a risk of legal incompatibility between the tariff resolution and public subsidy policy, undermines the legal certainty of beneficiary subscribers by failing to guarantee them full access to the benefit they are entitled to, and opens the door to administrative or judicial challenges over improper charges. In conclusion, the creation of the T-GCR-bs category, far from resolving the exclusion of the most vulnerable households living in condominiums, ended up establishing a scheme that lacks technical grounding, generates regulatory contradictions, and produces effects contrary to the equity and non-discrimination goals that inspired its creation. The subsidy set at 25% not only unjustifiably reduces the benefits that the regulations recognize for families in basic and extreme poverty, but also creates distortions by applying to collective consumption blocks that penalize larger condominiums, and in some cases even result in a subscriber living in poverty paying more than an unsubsidized residential subscriber.Esta circunstancia provoca inconsistencias en la equidad de la estructura tarifaria, ya que la lógica incremental deja de responder al consumo individual de cada abonado y pasa a depender de variables adicionales, como el número de fincas filiales vinculadas a un mismo medidor colectivo. Esto representa una inequidad entre abonados residenciales y contradice el principio de no discriminación, establecido en el artículo 12 de la Ley Nº 7593, pues abonados con patrones de consumo semejantes reciben un trato diferenciado únicamente por la condición de habitar en un condominio de mayor tamaño o el caso de los llamados caseríos en la resolución citada. La simple existencia de un cobro en el bloque 0-15 m³ constituye una inobservancia directa a lo establecido en el decreto, que dispone un subsidio del 100% en ese rango. La aplicación de una tarifa para este bloque (0-15 m3 de la categoría residencial social de pobreza extrema) genera un riesgo de incompatibilidad legal entre la resolución tarifaria y la política pública de subsidios, debilita la seguridad jurídica de los abonados beneficiarios al no garantizarles el acceso pleno al beneficio que les corresponde, y abre espacio para eventuales reclamos administrativos o judiciales por cobros indebidos. En conclusión, la creación de la categoría T-GCR-bs, lejos de resolver la exclusión de los hogares más vulnerables que habitan en condominios, terminó configurando un esquema que carece de sustento técnico, genera contradicciones normativas y produce efectos contrarios a los fines de equidad y no discriminación que inspiraron su origen. El subsidio fijado en un 25% no solo reduce injustificadamente los beneficios que la normativa reconoce a las familias en pobreza básica y extrema, sino que, además, crea distorsiones al aplicarse sobre bloques colectivos que penalizan a los condominios de mayor tamaño y, en algunos casos, incluso implican que un abonado en condición de pobreza pague más que un abonado residencial sin subsidio.