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Res. 00117-2022 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · 31/05/2022
OutcomeResultado
The cassation appeal is rejected and the statute of limitations for the indemnity claim against the State and the Municipality is confirmed.Se rechaza el recurso de casación y se confirma la prescripción de la acción indemnizatoria contra el Estado y la Municipalidad.
SummaryResumen
The plaintiff sued Balneario River Side S.A., the Municipality of Bagaces, and the State jointly, for the death of her 14-year-old son who drowned in the tourist center's pool on July 14, 2013, alleging lack of lifeguards and first-aid room as required by the Public Pool Management Regulation (Decree No. 35309-S). The State raised the statute of limitations defense. The Contentious-Administrative Court upheld the defense and declared the compensatory claims against the State and the Municipality inadmissible, finding that between the date of the harmful event (07/14/2013) and service of process on the State (08/04/2017) more than four years had elapsed, exceeding the limitation period under Article 198 of the General Public Administration Law. The plaintiff appealed in cassation arguing that the period should run from the date she learned with certainty the cause of death (asphyxia by submersion) through the OIJ police report of September 21, 2013. The Cassation Court rejected the appeal: it held that the starting point is the date of death, since the report merely confirmed the cause and did not add new elements preventing a claim; therefore, the statute of limitations had expired. The case does not address the merits of state liability and is limited to confirming the declared prescription.La actora demandó solidariamente al Balneario River Side S.A., la Municipalidad de Bagaces y el Estado, por la muerte de su hijo de 14 años ahogado en la piscina del centro turístico el 14 de julio de 2013, alegando falta de salvavidas y de sala de primeros auxilios como lo exige el Reglamento sobre el manejo de Piscinas Públicas Decreto No. 35309-S. El Estado opuso la excepción de prescripción. El Tribunal Contencioso Administrativo acogió la excepción y declaró inadmisibles las pretensiones indemnizatorias contra el Estado y la Municipalidad, al considerar que entre la fecha del hecho dañoso (14/07/2013) y la notificación de la demanda al Estado (04/08/2017) habían transcurrido más de los cuatro años que establece el artículo 198 de la Ley General de la Administración Pública. La actora recurrió en casación argumentando que el plazo debía computarse desde que se conoció con certeza la causa de la muerte (asfixia por sumersión) mediante el informe policial del OIJ de 21 de septiembre de 2013. El Tribunal de Casación rechazó el recurso: sostuvo que el inicio del cómputo es la fecha del fallecimiento, pues el informe solo ratificó la causa de la muerte y no añadió elementos nuevos que impidieran reclamar; por tanto, la prescripción operó. El caso no aborda el fondo de la responsabilidad estatal y se limita a confirmar la prescripción declarada.
Key excerptExtracto clave
V.- This Chamber observes that the appellant focuses her grievance on the claim that the evidence was not correctly assessed in order to establish the proper calculation of the statute of limitations, pursuant to the rule applicable to the specific case, namely, Article 198 of the General Public Administration Law (LGAP), which sets such period at four years. In this regard, it is undeniable, as established by the parties and the Court itself, that the death of the minor [Name 001] occurred on July 14, 2013. Subsequently, through the issuance of Police Report RSI 2544-13-DRG, issued on September 21, 2013, by the Guard Office, Ocular Inspections and Evidence Collection Unit of the OIJ, Regional Delegation of Liberia, the cause of death was determined with certainty as "asphyxia by submersion." In view of the foregoing, although this Chamber has reiterated that limitation periods must be calculated from the moment of knowledge of the facts (First Chamber, No. 8-2013 of 9:30 a.m. on January 17, 2013, No. 279-2014 of 8:55 a.m. on February 26, 2014, and No. 300-2018 of 1:30 p.m. on April 5, 2018); in this case, the period in question should have been calculated from the moment the party became aware of the minor's death, since the referenced report only confirmed that it was a death caused by asphyxia by submersion. Thus, in this specific case, the starting point for calculating the statute of limitations must be set on July 14, 2013, the date of the minor's death. Clearly, (without this implying an analysis of the merits of the claim beyond the determination of the extinction period), said report only confirmed that the minor's death was due to asphyxia by submersion, ruling out any other cause that, by its nature, could have affected the decision to file the lawsuit or not, as well as the potential defendants. Among these, hypothetically, are those that could be related to health conditions or ailments of the minor, or any other situation unrelated to submersion in the pool that could have triggered the death. Thus, it is unquestionable that between July 14, 2013 — the date of the minor's death — and August 4, 2017 — the date the lawsuit was served on the State — more than enough time elapsed exceeding the four-year extinction period established in Article 198 of the LGAP for filing an indemnity claim against the Public Administration, and therefore the charge must be dismissed.V.- Observa esta Cámara, la recurrente enfoca su agravio en el alegato de no haberse valorado correctamente la prueba, a fin de establecer el adecuado cómputo de la prescripción, conforme al mandato aplicable al caso concreto, a saber, el precepto 198 de la LGAP, que fija dicho plazo en cuatro años. Sobre el particular, resulta innegable, según lo establecen las partes y el propio Tribunal, el fallecimiento del menor [Nombre 001], tuvo lugar el 14 de julio de 2013. Posteriormente, mediante la emisión del Informe Policial RSI 2544-13-DRG, emitido el 21 de setiembre de 2013 por la Oficialía de Guardia, Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ, Delegación Regional de Liberia, se logró determinar con certeza, la causa de muerte como “asfixia por sumersión”. Visto lo anterior, aunque esta Cámara ha reiterado que los plazos de prescripción deben computarse desde el momento del conocimiento de los hechos (Sala Primera, no. 8-2013 de las 9 horas 30 minutos del 17 de enero de 2013, no. 279-2014 de las 8 horas 55 minutos del 26 de febrero de 2014 y no. 300-2018, de las 13 horas 30 minutos del 5 de abril de 2018); en la especie, el plazo en cuestión debió computarse, desde el momento en que la parte tuvo conocimiento del fallecimiento del menor, puesto que el dictamen de referencia solo vino a ratificar que se trataba de una muerte causada por asfixia por inmersión. De esa manera, en el caso concreto, el inicio del plazo de cómputo de la prescripción debe datarse el 14 de julio de 2013, fecha de del fallecimiento del menor. Evidentemente, (sin que eso implique análisis del fondo de lo reclamado más allá de la determinación del plazo extintivo), dicho dictamen vino a ratificar que la muerte del menor se debió a asfixia por inmersión, descartando cualquier otra causa, que por su naturaleza pudiera haber afectado la decisión de presentar o no la demanda, así como los eventuales sujetos pasivos. Cítese entre ellas, -en grado de hipótesis-, aquellas que pudieran estar relacionadas con situaciones de salud o padecimientos del menor, u otra situación ajena a la inmersión en la piscina, que pudiera haber desencadenado el fallecimiento. Así las cosas, es incuestionable, entre el 14 de julio de 2013, -data de fallecimiento del menor-, y el 4 de agosto de 2017, -fecha de notificación de la demanda al Estado-, transcurrió de sobra el plazo extintivo de cuatro años que establece el numeral 198 de la LGAP, para formular el reclamo indemnizatorio contra la Administración Pública, de donde el cargo deberá rechazarse.
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"el plazo en cuestión debió computarse, desde el momento en que la parte tuvo conocimiento del fallecimiento del menor, puesto que el dictamen de referencia solo vino a ratificar que se trataba de una muerte causada por asfixia por inmersión."
"the period in question should have been calculated from the moment the party became aware of the minor's death, since the referenced report only confirmed that it was a death caused by asphyxia by submersion."
Considerando V
"el plazo en cuestión debió computarse, desde el momento en que la parte tuvo conocimiento del fallecimiento del menor, puesto que el dictamen de referencia solo vino a ratificar que se trataba de una muerte causada por asfixia por inmersión."
Considerando V
"el inicio del plazo de cómputo de la prescripción debe datarse el 14 de julio de 2013, fecha de del fallecimiento del menor."
"the starting point for calculating the statute of limitations must be set on July 14, 2013, the date of the minor's death."
Considerando V
"el inicio del plazo de cómputo de la prescripción debe datarse el 14 de julio de 2013, fecha de del fallecimiento del menor."
Considerando V
"entre el 14 de julio de 2013, -data de fallecimiento del menor-, y el 4 de agosto de 2017, -fecha de notificación de la demanda al Estado-, transcurrió de sobra el plazo extintivo de cuatro años que establece el numeral 198 de la LGAP"
"between July 14, 2013 — the date of the minor's death — and August 4, 2017 — the date the lawsuit was served on the State — more than enough time elapsed exceeding the four-year extinction period established in Article 198 of the LGAP"
Considerando V
"entre el 14 de julio de 2013, -data de fallecimiento del menor-, y el 4 de agosto de 2017, -fecha de notificación de la demanda al Estado-, transcurrió de sobra el plazo extintivo de cuatro años que establece el numeral 198 de la LGAP"
Considerando V
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Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Date of Resolution: May 31, 2022, at 09:08 Case File: 16-011013-1027-CA Type of matter: Administrative contentious proceeding Analyzed by: TRIBUNAL CASACIÓN CONTENCIOSO ADM Judgment with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Content type: Unanimous vote Branch of Law: Contentious-Administrative Topic: Prescription Subtopics:
Calculation of the term; case of death by drowning in a pool.
"V.- This Chamber observes that the appellant focuses her grievance on the allegation that the evidence was not correctly assessed, in order to establish the proper calculation of the prescription period, in accordance with the applicable mandate in the specific case, namely, precept 198 of the LGAP, which sets said term at four years. In this regard, it is undeniable, as established by the parties and the Court itself, that the death of the minor [Name 001] took place on July 14, 2013. Subsequently, through the issuance of Police Report RSI 2544-13-DRG, issued on September 21, 2013, by the Officer on Duty, Ocular Inspections and Evidence Collection Unit of the OIJ, Regional Delegation of Liberia, the cause of death was determined with certainty as 'asphyxia by submersion'. In view of the foregoing, although this Chamber has reiterated that prescription periods must be calculated from the moment of knowledge of the facts (Sala Primera, no. 8-2013 of 9:30 a.m. on January 17, 2013, no. 279-2014 of 8:55 a.m. on February 26, 2014, and no. 300-2018, of 1:30 p.m. on April 5, 2018); in the instant case, the term in question should have been calculated from the moment the party became aware of the minor's death, since the referenced opinion only served to ratify that the death was caused by asphyxia by submersion. In this way, in the specific case, the start of the prescription calculation term must be dated July 14, 2013, the date of the minor's death. Evidently, (without this implying an analysis of the merits of the claim beyond the determination of the extinction term), said opinion came to ratify that the minor's death was due to asphyxia by submersion, discarding any other cause that, by its nature, could have affected the decision of whether or not to file the lawsuit, as well as the potential passive subjects. Cite among them, -hypothetically-, those that could be related to health situations or ailments of the minor, or another situation unrelated to submersion in the pool, that could have triggered the death. Thus, it is unquestionable that between July 14, 2013, -date of the minor's death-, and August 4, 2017, -date of notification of the lawsuit to the State-, the four-year extinction term established by article 198 of the LGAP for filing an indemnity claim against the Public Administration amply elapsed; therefore, the charge must be rejected.
X.- By virtue of the foregoing, the appeal shall be rejected. In accordance with article 150.3 of the CPCA, costs are to be borne by the appellant. As it is unnecessary, a ruling on the remaining reproaches made is omitted.
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Acting as special attorney-in-fact for the plaintiff is Licenciado William Sequeira Solís; representing the State, in his capacity as Prosecutor, is Licenciado Ricardo Jiménez Badilla; as special judicial attorney-in-fact for the Municipalidad de Bagaces is Licenciado Rodrigo Flores González; and representing Balneario River Side S.A. and Mrs. Quirós Ortíz are Licenciados Maylin Chinchilla Vargas and Juan Francisco Loría González. Drafted by Magistrate Vargas Vásquez, and; CONSIDERING I.- Leana Escoto García sued Balneario River Side S.A., the Municipalidad de Bagaces, the State, and Mrs. Marta Lorena Quirós Ortíz. She stated that, on July 14, 2013, her son [Name 001], 14 years old, was on an outing with relatives at the BALNEARIO RIVER SIDE tourist center, located in Bagaces, Guanacaste. She indicated that the owner of the Tourist Center in question, where the spa is located, is the corporation BALNEARIO RIVER SIDE S.A. She added that the aforementioned recreational center has been in operation since May 26, 2006, with permits and licenses granted by the Ministry of Health, the Area Rectora de Bagaces, and the Municipalidad de Bagaces. She argued that on July 14, 2013, her son was using the tourist center's facilities, specifically the pool, when he began to struggle for his life. She revealed that, as there was no lifeguard trained in rescue and first aid present, there was no one to assist the child and give him support in those dramatic moments. She recounted that her son was pulled from the pool by other visitors, who tried to provide assistance; however, the place lacked a designated and adequate area to provide medical care or the necessary emergency equipment, such that an ambulance had to be called and awaited until it arrived. She affirmed that, as stated in his death certificate and the certification from the Civil Registry, he died at 2:06 p.m. on July 14, 2013. She asserted that his death occurred in the ambulance, en route to the clinic they were heading to, without receiving adequate medical care. She averred that the cause of his death, according to autopsy A2013-01519, was: Asphyxia by submersion. She detailed that the Spa did not have a first aid room in accordance with the provisions of the Reglamento sobre el manejo de Piscinas Públicas Decreto No. 35309-S, of March 30, 2009, published in La Gaceta No. 127 of July 2, 2009, to which it was obligated by operating under the restricted public use pool regime. She transcribes article 27 of the aforementioned Regulation. She stipulated that the pool in question has a depth, in its deepest part, greater than 1.70 meters; unfortunately, that day the Spa did not have the personnel required for the safe operation of a public pool center, in accordance with what is required in the cited Reglamento. She assessed that, despite the regulations governing the management of public pools obligating them to have lifeguards, the Spa was only posted with signs indicating that the public uses the facilities at their own risk and responsibility. With this, she warned, what was stipulated in Decree No. 35309-S was omitted, as the required lifeguards were not present on the date of the incident. She sketched that the Spa had, on the date of the incident, the respective operating permits granted by the Municipalidad de Bagaces and the Ministry of Health. She pointed out that, through official memo MB-AT-042-2014 of March 19, 2014, the Municipalidad de Bagaces informed them: "(...) The licenses for Balneario River Side and Restaurant (Tourist Center – sale of liquor and served food) have been operational since May 26, 2006, the date on which the Ministry of Health and this municipality issued the respective permits, with this corporation complying with the corresponding renewal of health operating permits; the next update is due on May 16, 2014; currently, those license fees are up to date in their payment (...)". She indicated that, likewise, they were informed that the licenses were under the name of Mrs. Lorena Arrieta Murillo. She accused that, through a document dated March 17, 2014, the Ministry of Health, Área Rectora de Bagaces, was requested to issue a certification stating in whose name and since when the sanitary operating permits were granted, to which, through official memo CH-ARS-B-171-2014 of March 24, 2014, it was indicated that before issuing such information, they had to explain the legitimate interest they held, and the purposes for which it was required. She argued that, at the moment her son was drowning, he did not have a lifeguard who went to his aid, nor immediate attention in a first aid room. She stressed that, at the time of the death, her son was attending the second year of secondary school. She requests that the judgment declare: 1. The lawsuit granted, condemning jointly and severally the co-defendants, in the case of the Municipalidad de Bagaces and the State, for strict liability by virtue of their "culpa in vigilando", for failing in their duty to maintain adequate controls and supervision of compliance with Reglamento 35309-S, to pay the following items: 1. Objective damage for funeral expenses; 2. Objective damage for the life expectancy of the minor [Name 001]; 3. Moral Damages; 4. Interest on the awarded sums from the finality of the judgment until their effective payment; 5. Order Balneario River Side to adjust its infrastructure and hire the necessary personnel with the training required by Decree 35309-S, for the protection of its users; 6. Costs are to be borne by the defendants. The co-defendants filed a negative response. The State raised, among others, the defense of prescription. The Court upheld it. It declared inadmissible claims 1, 2, 3, 4, ordering that the process continue in all other respects. Disagreeing, the plaintiff appeals to cassation. II.- Although the appellant formulates two charges of a substantive nature, which she subsequently expands upon. Due to the manner in which the matter is resolved, only the first charge will be analyzed. She alleges application and improper interpretation of provision 198 of the Ley General de la Administración Pública (hereinafter LGAP), as well as lack of assessment of the evidence. She accuses that the Court upheld the defense of prescription, therefore declaring inadmissible claims 1, 2, 3, and 4 of the lawsuit, which constitute a substantial part of the present proceeding and on which res judicata would be produced. She expresses that, erroneously, the Court resolves the prescription defense adhering to the literal wording of Canon 876 of the Civil Code, without taking into account the case law that resolves, in matters of administrative liability (indemnification) of the State, the manner of calculating the prescription period. She argues that she made this clear in her opposition to said defense; however, it was not taken into account, but rather, without any foundation, the appealed resolution limits itself to transcribing precept 876 of the Civil Code. She expresses that article 198 of the LGAP establishes a prescription period of four years and clearly indicates that the calculation is made from the act that gives rise to the liability. She cites a ruling from the Sala Primera in support of her thesis. She considers that the minor [...] [Name 001] died on July 14, 2013; that same day, the Turn Judge of Liberia ordered the removal of the body; it was placed in a plastic bag, which was sealed and labeled to be sent to the Pathology Department of the Hospital de Liberia, where the causes of death would be established by autopsy. She explains that, at that moment, July 14, 2013, the cause of the minor's death was not known, and therefore, there was no certainty of administrative liability. She continues that on September 21, 2013, in summary investigation 13-001317-0060-PE, the Organismo de Investigación Judicial (hereinafter OIJ), Regional Delegation of Liberia, Guanacaste, Officer on Duty, Ocular Inspections and Evidence Collection Unit, issued Police Report RSI-2544-13-DRG, in which 'Asphyxia by submersion' was established as the cause of death. That is, that the minor died not from some illness, but from not receiving aid when he was drowning. She assesses that it is from the knowledge and certainty of the cause of his death that the State's liability can be glimpsed, and it is from that moment that the calculation of the prescription period begins; that is, according to what article 198 of the LGAP establishes, it must be calculated from September 21, 2013 (it even runs from the party's knowledge, but we will fix the report issuance date for the start of the calculation), and not from July 14, 2013, as is erroneously noted in the appealed judgment, because at that date, the cause of death and, therefore, the administrative liability could not yet be established. In this way, it is clear that when the State was notified of the proceeding on August 4, 2017, four years had not yet elapsed, because the certainty of the act that caused the injury arises with the determination of the cause of death, which could only be established by the pathology department of the OIJ, which occurred on September 21, 2013, and, therefore, it is that moment from which the calculation of the prescription period begins. III.- The Court indicated that the plaintiff claims the joint and several liability of the State and the Municipalidad de Bagaces, together with Balneario River Side, S.A. It referred that the plaintiff believes that those public entities did not carry out adequate oversight of the Spa's operation. It continued that, in this sense, the plaintiff states that on July 14, 2013, the minor lost his life as there was no lifeguard to come to his rescue, nor first aid. It proceeded that, for that reason, she requests that the extracontractual administrative liability, jointly and severally, of each of the defendants be declared for that event that occurred. It stated that, regarding this, the State raised the preliminary defense of prescription and alleged that from the harmful event (July 14, 2013) until the notification of the lawsuit to the State, more than four years elapsed, according to article 198 of the LGAP, such that by the time the lawsuit was notified, on August 4, 2017, the indicated prescription period had already elapsed. For the Court, it was verified that the plaintiff claims the joint and several extracontractual civil liability of the three defendant entities, arising from the death of her son, which occurred on July 14, 2013, as a result of the events that took place at the facilities of Balneario River Side S.A. It commented that it is from that harmful event that the plaintiff was in the objective position to claim the remedy she deemed pertinent, and for that purpose, she had a four-year prescription period, established in article 198 of the LGAP, when it states: "The right to claim indemnification from the Administration shall prescribe in four years, counted from the act that gives rise to the liability. (...)". In that manner, it sketched that despite filing the lawsuit before this Court on November 10, 2016, it was not until August 4, 2017, that its transfer to the State was notified. On this matter, it explained that article 876 of the Civil Code establishes: "All prescription is civilly interrupted: 1st.- By the tacit or express acknowledgment that the possessor or debtor makes in favor of the owner or creditor of the property or right sought to be prescribed; and 2nd.- By the judicial summons, attachment, or seizure notified to the possessor or debtor." In this way, it considered that by the time the transfer of the lawsuit was notified to the State, the four-year prescription period, established in article 198 of the LGAP, had already elapsed. Consequently, it states, the prescription of the substantive right claimed by the plaintiff had occurred, which causes the inadmissibility of claims 1, 2, 3, and 4 of the lawsuit. IV.- This Chamber observes that the appellant focuses her grievance on the allegation that the evidence was not correctly assessed, in order to establish the proper calculation of the prescription period, in accordance with the applicable mandate in the specific case, namely, precept 198 of the LGAP, which sets said term at four years. In this regard, it is undeniable, as established by the parties and the Court itself, that the death of the minor [Name 001] took place on July 14, 2013. Subsequently, through the issuance of Police Report RSI 2544-13-DRG, issued on September 21, 2013, by the Officer on Duty, Ocular Inspections and Evidence Collection Unit of the OIJ, Regional Delegation of Liberia, the cause of death was determined with certainty as "asphyxia by submersion". In view of the foregoing, although this Chamber has reiterated that prescription periods must be calculated from the moment of knowledge of the facts (Sala Primera, no. 8-2013 of 9:30 a.m. on January 17, 2013, no. 279-2014 of 8:55 a.m. on February 26, 2014, and no. 300-2018, of 1:30 p.m. on April 5, 2018); in the instant case, the term in question should have been calculated from the moment the party became aware of the minor's death, since the referenced opinion only served to ratify that the death was caused by asphyxia by submersion. In this way, in the specific case, the start of the prescription calculation term must be dated July 14, 2013, the date of the minor's death. Evidently, (without this implying an analysis of the merits of the claim beyond the determination of the extinction term), said opinion came to ratify that the minor's death was due to asphyxia by submersion, discarding any other cause that, by its nature, could have affected the decision of whether or not to file the lawsuit, as well as the potential passive subjects. Cite among them, -hypothetically-, those that could be related to health situations or ailments of the minor, or another situation unrelated to submersion in the pool, that could have triggered the death. Thus, it is unquestionable that between July 14, 2013, -date of the minor's death-, and August 4, 2017, -date of notification of the lawsuit to the State-, the four-year extinction term established by article 198 of the LGAP for filing an indemnity claim against the Public Administration amply elapsed; therefore, the charge must be rejected. X.- By virtue of the foregoing, the appeal shall be rejected. In accordance with article 150.3 of the CPCA, costs are to be borne by the appellant. As it is unnecessary, a ruling on the remaining reproaches made is omitted. THEREFORE The appeal is declared without merit. Costs are to be borne by the appellant. cgzamora *NCR7OPSC85S61* LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A *7UGKXUTSQPS61* IRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A *WZI43FC43SXEE61* DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ - MAGISTRADO/A Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by TRIBUNAL CASACIÓN CONTENCIOSO ADM of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo Analizado por: TRIBUNAL CASACIÓN CONTENCIOSO ADM Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso-Administrativo Tema: Prescripción Subtemas:
Cómputo del plazo; caso de muerte por ahogo en piscina.
"V.- Observa esta Cámara, la recurrente enfoca su agravio en el alegato de no haberse valorado correctamente la prueba, a fin de establecer el adecuado cómputo de la prescripción, conforme al mandato aplicable al caso concreto, a saber, el precepto 198 de la LGAP, que fija dicho plazo en cuatro años. Sobre el particular, resulta innegable, según lo establecen las partes y el propio Tribunal, el fallecimiento del menor [Nombre 001], tuvo lugar el 14 de julio de 2013. Posteriormente, mediante la emisión del Informe Policial RSI 2544-13-DRG, emitido el 21 de setiembre de 2013 por la Oficialía de Guardia, Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ, Delegación Regional de Liberia, se logró determinar con certeza, la causa de muerte como “asfixia por sumersión”. Visto lo anterior, aunque esta Cámara ha reiterado que los plazos de prescripción deben computarse desde el momento del conocimiento de los hechos (Sala Primera, no. 8-2013 de las 9 horas 30 minutos del 17 de enero de 2013, no. 279-2014 de las 8 horas 55 minutos del 26 de febrero de 2014 y no. 300-2018, de las 13 horas 30 minutos del 5 de abril de 2018); en la especie, el plazo en cuestión debió computarse, desde el momento en que la parte tuvo conocimiento del fallecimiento del menor, puesto que el dictamen de referencia solo vino a ratificar que se trataba de una muerte causada por asfixia por inmersión. De esa manera, en el caso concreto, el inicio del plazo de cómputo de la prescripción debe datarse el 14 de julio de 2013, fecha de del fallecimiento del menor. Evidentemente, (sin que eso implique análisis del fondo de lo reclamado más allá de la determinación del plazo extintivo), dicho dictamen vino a ratificar que la muerte del menor se debió a asfixia por inmersión, descartando cualquier otra causa, que por su naturaleza pudiera haber afectado la decisión de presentar o no la demanda, así como los eventuales sujetos pasivos. Cítese entre ellas, -en grado de hipótesis-, aquellas que pudieran estar relacionadas con situaciones de salud o padecimientos del menor, u otra situación ajena a la inmersión en la piscina, que pudiera haber desencadenado el fallecimiento. Así las cosas, es incuestionable, entre el 14 de julio de 2013, -data de fallecimiento del menor-, y el 4 de agosto de 2017, -fecha de notificación de la demanda al Estado-, transcurrió de sobra el plazo extintivo de cuatro años que establece el numeral 198 de la LGAP, para formular el reclamo indemnizatorio contra la Administración Pública, de donde el cargo deberá rechazarse.
X.- En mérito de lo expuesto, se rechazará el recurso. De conformidad con el artículo 150.3 del CPCA, son las costas a cargo de la recurrente. Por innecesario, se omite pronunciamiento sobre los restantes reproches formulados.
... Ver más Sentencias Relacionadas *160110131027CA* Res. 000117-F-TC-2022 TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. San José, a las nueve horas ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Proceso de conocimiento establecido por la señora Leana Escoto García, en contra de Balneario River Side S.A., representada por su apoderada Lorena Edith Arrieta Murillo, mayor, casada, vecina de Bagaces, la Municipalidad de Bagaces, representada por su Alcalde, señor William Guido Quijano, el Estado y la señora Marta Lorena Quirós Ortíz . Interviene como apoderado especial de la actora, el Licenciado William Sequeira Solís, en representación del Estado, en su carácter de Procurador, el licenciado Ricardo Jiménez Badilla, como apoderado especial judicial de la Municipalidad de Bagaces, el licenciado Rodrigo Flores González, y en representación de Balneario River Side S.A. y la señora Quirós Ortíz, los licenciados Maylin Chinchilla Vargas y Juan Francisco Loría González. Redacta la magistrada Vargas Vásquez, y; CONSIDERANDO I.- Leana Escoto García demandó a Balneario River Side S.A., a la Municipalidad de Bagaces, al Estado y a la señora Marta Lorena Quirós Ortíz. Dijo, el 14 de julio del 2013, su hijo [Nombre 001] , de 14 años, se encontraba de paseo con familiares en el centro turístico BALNEARIO RIVER SIDE, ubicado en Bagaces, Guanacaste. Manifestó, la dueña del Centro Turístico en cuestión, donde se ubica el balneario es la sociedad BALNEARIO RIVER SIDE S.A. Adicionó, el citado centro recreativo se encuentra en operación desde el 26 de mayo de 2006, con permisos y patentes otorgados por el Ministerio de Salud, Rectoría de Bagaces y de la Municipalidad de Bagaces. Argumentó, el 14 de julio de 2013, su hijo estaba haciendo uso de las instalaciones del centro turístico, específicamente la piscina, cuando empezó a batallar por su vida. Reveló, al no estar presente un salvavidas capacitado en rescate y primeros auxilios, no hubo quien auxiliara al pequeño y le brindará apoyo en esos momentos dramáticos. Relató, su hijo fue sacado de la piscina por otros visitantes, quienes trataron de brindarle auxilio, sin embargo, el lugar no contaba con un área señalada y adecuada para brindar atención médica o el equipo necesario de emergencia, sino que se tuvo que llamar a una ambulancia y esperar hasta que esta llegara. Aseguró, según consta en su certificado de defunción y la certificación del Registro Civil, falleció a las 14:06 horas del 14 de julio de 2013. Afirmó, su muerte ocurrió en la ambulancia, en el trayecto hacia la clínica a la que se dirigían, sin recibir atención médica adecuada. Aseveró, la causa de su muerte según la autopsia A2013-01519, fue: Asfixia por sumersión. Detalló, el Balneario no contaba con una sala de primeros auxilios de conformidad con lo que establece el Reglamento sobre el manejo de Piscinas Públicas Decreto No. 35309-S, del 30 de marzo de 2009 publicado en La Gaceta N°127 del 2 de julio de 2009, a lo cual estaba obligado al operar conforme al régimen de piscina de uso público restringido. Transcribe el numeral 27 del citado Reglamento. Estipuló, la piscina en cuestión tiene una profundidad, en su parte más honda, mayor a 1.70 metros, lamentablemente, ese día el Balneario no contaba con el personal que se exige para la segura explotación de un centro de piscinas abiertas al público, de conformidad con lo exigido en el citado Reglamento. Valoró, a pesar de que la normativa que rige el manejo de piscinas públicas los obliga a contar con unos guardavidas, el Balneario únicamente se encontraba rotulado con indicaciones en el sentido de que, el público hace uso de las instalaciones bajo su propio riesgo y responsabilidad. Con ello, advirtió, se obviaba lo señalado en el decreto no. 353098S, al no contar para la fecha del suceso con los guardavidas requeridos. Esbozó, el Balneario contaba para la fecha del suceso con los respectivos permisos de funcionamiento otorgados por la Municipalidad de Bagaces y el Ministerio de Salud. Apuntó, mediante oficio MB-AT-042-2014 del 19 de marzo de 2014, la Municipalidad de Bagaces les informó: "(...) Las patentes del Balneario River Side y Restaurante (Centro Turístico – venta de licores y comidas servidas) funcionan desde el 26 de mayo de 2006, fecha en que el Ministerio de Salud y esta municipalidad giraron los permisos respectivos, cumpliendo esta sociedad con la renovación que corresponde de los permisos de funcionamiento de salud la próxima actualización está para el 16 de mayo de 2014 actualmente esas patentes están al día en su cancelación (...)". Indicó, de igual manera les comunicó que la patentes estaban a nombre de doña Lorena Arrieta Murillo. Acusó, mediante documento del 17 de marzo de 2014, se le solicitó al Ministerio de Salud, Área Rectora de Bagaces, emitir constancia en la que se indicara a nombre de quien, y desde cuando se otorgaron los permisos sanitarios de funcionamiento, ante lo cual, mediante oficio CH-ARS-B-171-2014 del 24 de marzo de 2014, se indicó, que antes de emitir dicha información debían explicar el interés legítimo que tenían, y los fines para los cuales ello se requería. Esgrimió, en el momento en que su hijo se estaba ahogando, no contó con un guardavidas que fuera en su ayuda, tampoco con la atención inmediata, en una sala de primeros auxilios. Subrayó, a la data del deceso su hijo se encontraba cursando segundo año de secundaria. Solicita en sentencia se declare: Con lugar la demanda, condenando solidariamente a los codemandados, en el caso de la Municipalidad de Bagaces y el Estado, por responsabilidad civil objetiva en virtud de su "culpa in vigilando", por faltar al deber de llevar los adecuados controles y supervisión de cumplimiento del Reglamento 35309-S, a pagar los siguientes rubros: 1. Daño objetivo por gastos fúnebres; 2. Daño objetivo por la expectativa de vida del menor [Nombre 001]; 3. Daño Moral; 4. Intereses sobre las sumas concedidas a partir de la firmeza de la sentencia y hasta su efectivo pago; 5. Se ordene al Balneario River Side ajustar su infraestructura y contratar al personal necesario con la capacitación exigida por el decreto 35309-S, para el resguardo de sus usuarios; 6. Son las costas a cargo de los accionados. Los codemandados contestaron en forma negativa. El Estado formuló entre otras la excepción de prescripción. El Tribunal la acogió. Declaró la inadmisibilidad de las pretensiones 1,2,3,4, ordenando en lo demás continuar el proceso. Inconforme la actora acude a casación. II.- Aunque la recurrente formula dos cargos de naturaleza sustantiva, los cuales posteriormente amplía. Por la forma en que se resuelve, solo se entrará al análisis del primero . Alega, aplicación e indebida interpretación del mandato 198 de la Ley General de la Administración Pública (en adelante LGAP), así como falta de valoración de la prueba. Acusa, el Tribunal acoge la defensa de prescripción, por ende, declara inadmisibles las pretensiones 1, 2, 3 y 4 de la demanda, las cuales son una parte sustancial del presente proceso y sobre las que se estaría produciendo cosa juzgada material. Expresa, de manera errónea, el Tribunal resuelve la excepción de prescripción apegándose a la literalidad del canon 876 del Código Civil, sin tomar en cuenta la jurisprudencia que resuelve en materia de responsabilidad administrativa (indemnizatoria) del Estado, sobre la forma de contabilizar el plazo de prescripción. Esgrime, así lo hizo ver en su oposición a dicha defensa, sin embargo, ello no se tomó en cuenta, sino que, sin fundamento alguno, la resolución recurrida, se limita a trascribir el precepto 876 del Código Civil. Expresa, el numeral 198 de la LGAP, establece un plazo de prescripción de cuatro años, y claramente señala que el cómputo se realiza a partir del hecho que motiva la responsabilidad. Cita fallo de la Sala Primera en apoyo de su tesis. Considera, el menor [...] [Nombre 001] falleció el 14 de julio de 2013, ese mismo día el Juez de Turno de Liberia, ordenó el levantamiento del cuerpo, lo colocaron en una bolsa plástica la cual se cerró y se rotuló para ser remitido a Patología del Hospital de Liberia, donde se establecerían las causas de muerte mediante autopsia. Explica, a ese momento, 14 de julio de 2013, no se sabía la causa de la muerte del menor y por tanto no existía certeza de la responsabilidad administrativa. Continúa, el 21 de setiembre de 2013, en la sumaria 13-001317-0060-PE, el Organismo de Investigación Judicial (en lo sucesivo OIJ), Delegación Regional de Liberia, Guanacaste, Oficialía de Guardia, Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios, emitió el Informe Policial RSI-2544-1 3-DRG, en el cual se estableció como causa de muerte "Asfixia por sumersión". Es decir, que el menor falleció no por una alguna enfermedad, sino por no recibir auxilio cuando se estaba ahogando. Valora, es a partir del conocimiento y certeza de la causa de su fallecimiento que se puede vislumbrar la responsabilidad del Estado, y es a partir de ese momento que da inicio el cómputo del plazo de prescripción, es decir, que según lo establece el numeral 198 de la LGAP, debe contabilizarse a partir del 21 de setiembre de 2013 (incluso corre a partir del conocimiento de la parte, pero fijaremos para el inicio del cómputo la fecha de emisión del informe) y no del 14 de julio de 2013, como erróneamente se señala en la sentencia que se impugna, pues a esa data no se podía establecer aún la causa de muerte y por ende la responsabilidad administrativa. De esa forma es claro, al notificarse al Estado el proceso el 4 de agosto de 2017, aún no habían transcurrido cuatro años, pues la certeza del hecho que ocasionó la lesión nace con la determinación de la causa de muerte que únicamente la podía establecer el departamento de patología del OIJ, lo cual acaeció el 21 de setiembre de 2013, y, por ende, es ese el momento a partir del cual inicia el cómputo del plazo de prescripción. III.- El Tribunal indicó, la actora reclama la responsabilidad solidaria del Estado y de la Municipalidad de Bagaces, en conjunto con Balneario River Side, S.A. Refirió, la demandante estima que aquellas entidades públicas, no efectuaron una adecuada fiscalización sobre la operación del Balneario. Continuó, en tal sentido, la actora manifiesta que el 14 de julio del 2013, el menor perdió la vida al no haber salvavidas que acudiera en rescate, ni primeros auxilios. Prosiguió, por esa razón solicita declarar la responsabilidad administrativa extracontractual, en forma solidaria, de cada una de las demandadas por ese hecho ocurrido. Manifestó, sobre el particular, el Estado opuso la defensa previa de prescripción y alegó, que desde el hecho dañoso (14 de julio del 2013), hasta la notificación de la demanda al Estado, transcurrieron más de cuatro años, según el ordinal 198 de la LGAP, de modo que, para el momento en que se notifica la demanda, el 4 de agosto de 2017, ya había transcurrido el plazo indicado de prescripción. Para el Tribunal, se constató que la actora reclama la responsabilidad civil extracontractual solidaria, de las tres entidades demandadas, a partir de la muerte de su hijo, producida el 14 de julio de 2013, producto de los hechos acaecidos en las instalaciones del Balneario River Side S.A. Comentó, es a partir de ese hecho dañoso, que la actora se encontraba en posibilidad objetiva de reclamar la reparación que estimara pertinente y, para ello, contaba con un plazo cuatrienal de prescripción, establecido en el numeral 198 de la LGAP, cuando señala: " El derecho de reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a partir del hecho que motiva la responsabilidad. (...) ". De esa manera, esbozó, a pesar de que interpone la demanda ante este Tribunal el 10 de noviembre del 2016, no es sino hasta el 4 de agosto del 2017, que se notificó su traslado al Estado. Sobre el particular, explicó el ordinal 876 del Código Civil, establece: " Toda prescripción se interrumpe civilmente: 1º.- Por el reconocimiento tácito o expreso que el poseedor o deudor haga a favor del dueño o acreedor de la propiedad o derecho que trata de prescribirse; y 2º.- Por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al poseedor o deudor." De esa forma, consideró, para el momento en que se notifica el traslado de la demanda al Estado, había ya transcurrido el plazo cuatrienal de prescripción, establecido en el numeral 198 de la LGAP. De consiguiente, expone, había acaecido la prescripción del derecho de fondo reclamado por la actora, lo cual provoca la inadmisibilidad de las pretensiones 1, 2, 3 y 4 de la demanda. IV.- Observa esta Cámara, la recurrente enfoca su agravio en el alegato de no haberse valorado correctamente la prueba, a fin de establecer el adecuado cómputo de la prescripción, conforme al mandato aplicable al caso concreto, a saber, el precepto 198 de la LGAP, que fija dicho plazo en cuatro años. Sobre el particular, resulta innegable, según lo establecen las partes y el propio Tribunal, el fallecimiento del menor [Nombre 001], tuvo lugar el 14 de julio de 2013. Posteriormente, mediante la emisión del Informe Policial RSI 2544-13-DRG, emitido el 21 de setiembre de 2013 por la Oficialía de Guardia, Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ, Delegación Regional de Liberia, se logró determinar con certeza, la causa de muerte como “asfixia por sumersión”. Visto lo anterior, aunque esta Cámara ha reiterado que los plazos de prescripción deben computarse desde el momento del conocimiento de los hechos (Sala Primera, no. 8-2013 de las 9 horas 30 minutos del 17 de enero de 2013, no. 279-2014 de las 8 horas 55 minutos del 26 de febrero de 2014 y no. 300-2018, de las 13 horas 30 minutos del 5 de abril de 2018); en la especie, el plazo en cuestión debió computarse, desde el momento en que la parte tuvo conocimiento del fallecimiento del menor, puesto que el dictamen de referencia solo vino a ratificar que se trataba de una muerte causada por asfixia por inmersión. De esa manera, en el caso concreto, el inicio del plazo de cómputo de la prescripción debe datarse el 14 de julio de 2013, fecha de del fallecimiento del menor. Evidentemente, (sin que eso implique análisis del fondo de lo reclamado más allá de la determinación del plazo extintivo), dicho dictamen vino a ratificar que la muerte del menor se debió a asfixia por inmersión, descartando cualquier otra causa, que por su naturaleza pudiera haber afectado la decisión de presentar o no la demanda, así como los eventuales sujetos pasivos. Cítese entre ellas, -en grado de hipótesis-, aquellas que pudieran estar relacionadas con situaciones de salud o padecimientos del menor, u otra situación ajena a la inmersión en la piscina, que pudiera haber desencadenado el fallecimiento. Así las cosas, es incuestionable, entre el 14 de julio de 2013, -data de fallecimiento del menor-, y el 4 de agosto de 2017, -fecha de notificación de la demanda al Estado-, transcurrió de sobra el plazo extintivo de cuatro años que establece el numeral 198 de la LGAP, para formular el reclamo indemnizatorio contra la Administración Pública, de donde el cargo deberá rechazarse. X.- En mérito de lo expuesto, se rechazará el recurso. De conformidad con el artículo 150.3 del CPCA, son las costas a cargo de la recurrente. Por innecesario, se omite pronunciamiento sobre los restantes reproches formulados. POR TANTO Se declara sin lugar el recurso. Son las costas a cargo de la recurrente. cgzamora *NCR7OPSC85S61* LUIS GUILLERMO RIVAS LOAICIGA - MAGISTRADO/A *7UGKXUTSQPS61* IRIS ROCIO ROJAS MORALES - MAGISTRADO/A *WZI43FC43SXEE61* DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ - MAGISTRADO/A Clasificación elaborada por TRIBUNAL CASACIÓN CONTENCIOSO ADMdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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