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Res. 00127-2021 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda · 06/07/2021
OutcomeResultado
The CGR's appeal is granted, the lower court ruling that annulled the sanctions is reversed, and the validity of the dismissal without employer liability and the five-year disqualification from public office imposed on both former AyA managers for issuing water availability certifications without real infrastructure is confirmed.Se declara con lugar el recurso de la CGR, se anula la sentencia de instancia que declaró nulas las sanciones, y se confirma la validez del despido sin responsabilidad patronal y la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos impuesta a ambos exgerentes del AyA por emitir certificaciones de disponibilidad de agua sin que existiera la infraestructura real.
SummaryResumen
The Contentious-Administrative and Civil Cassation Court overturns the lower court ruling that had annulled sanctions of dismissal and disqualification imposed by the Comptroller General (CGR) on two senior officials of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). The officials had issued certifications guaranteeing water availability and infrastructure for urbanization projects in Playas del Coco, even though the aqueduct works had not been built or accepted by AyA. The Cassation Court classifies the conduct as intentional (dolosa), not negligent, since the officials acted knowing they were breaching applicable regulations (Urban Planning Law, its regulation, and Board agreements). It holds that disciplinary liability does not depend on prior annulment of administrative acts, but on infringement of functional duties. It upholds the sanction of dismissal without employer liability and five-year disqualification from public office, also revoking moral damages awarded to the plaintiffs. The ruling emphasizes protection of water resources, public assets, and the duty of probity of high-ranking officials.El Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda revoca la sentencia de instancia que había anulado las sanciones de despido e inhabilitación impuestas por la Contraloría General de la República (CGR) a dos altos funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Los funcionarios emitieron certificaciones garantizando disponibilidad de agua e infraestructura para proyectos de urbanización en Playas del Coco, sin que las obras del acueducto estuvieran construidas ni recibidas por el AyA. El Tribunal de Casación califica la conducta como dolosa, no negligente, pues los funcionarios actuaron a sabiendas de que contravenían la normativa aplicable (Ley de Planificación Urbana, su reglamento y acuerdos de Junta Directiva). Establece que la responsabilidad disciplinaria no depende de la previa declaratoria de nulidad de los actos administrativos, sino de la infracción a los deberes funcionales. Confirma la sanción de despido sin responsabilidad patronal y la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos públicos, revocando además las indemnizaciones por daño moral concedidas a los actores. El fallo destaca la protección del recurso hídrico y la Hacienda Pública, así como el deber de probidad de los altos jerarcas.
Key excerptExtracto clave
This Cassation Court differs from the legal classification given by the panel of judges to the conduct charged against the plaintiff Rodríguez Araya, as well as from the assessment regarding the reasonableness and proportionality of the sanction of dismissal and disqualification imposed on him by the CGR. First, it is considered that the plaintiff's conduct cannot be classified as negligent, because, according to the merits of the case, it was actually intentional conduct. Although it could not be affirmed with absolute certainty that the issuance of the 23 water availability certifications was carried out with the purpose of improperly benefiting the private interest of the project developers, to the detriment of the public interest and the inhabitants of the community of Sardinal, or with the intent that they be used for purposes contrary to the legal system (because the validity of the municipal construction permits is not being judged here), the truth is that Mr. Rodríguez Araya issued those documents in favor of private parties knowing that there was express legislation and regulations, as well as Board provisions and contractual commitments previously acquired with the developers, which clearly provided how and when such certifications should be issued, and their legal implications for the Institute and vis-à-vis other administrative institutions. Despite this knowledge, which he had by virtue of his position as General Manager of AyA, Mr. Heibel acted contrary to what the legal system required of him, without having justification for such disregard, and with full awareness of the legal implications involved in issuing such certifications on behalf of AyA. That is the fundamental fact that requires classifying his conduct as intentional; having acted knowing that he was breaching the regulations, prematurely guaranteeing the availability of drinking water for an urbanization project without having certainty of it and certifying a materiality that did not exist in reality (aqueduct infrastructure completed and received by AyA).Difiere este Tribunal de Casación de la calificación jurídica dada por el colegio de jueces a la conducta reprochada al actor Rodríguez Araya, así como de la valoración en torno a la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción de despido y de inhabilitación que le fue impuesta por la CGR. En primer lugar, se estima, no cabe calificar la conducta del actor como negligente, porque, según el mérito de los autos, en realidad se trató de una actuación dolosa. Si bien no podría afirmarse, con absoluta certeza, que la emisión de las 23 certificaciones de disponibilidad de agua fue realizada con el propósito de beneficiar indebidamente el interés privado de los urbanizadores del proyecto, en detrimento del interés público y de los habitantes de la comunidad de Sardinal, o bien, con el ánimo de que éstas fueran utilizadas para fines contrarios al ordenamiento jurídico (porque aquí no se juzga acerca de la validez de los permisos municipales de construcción), lo cierto es que el señor Rodríguez Araya expidió dichos documentos a favor de particulares a sabiendas de que existía legislación y reglamentación expresa, así como disposiciones de Junta Directiva, y compromisos contractuales previamente adquiridos con los desarrolladores, que disponían claramente cómo y cuándo debían emitirse ese tipo de certificaciones, y sus implicaciones legales para el Instituto y de frente a otras instituciones administrativas. Pese a ese conocimiento, que tenía en virtud de su cargo como Gerente General del AyA, don Heibel actuó de forma contraria a lo que le imponía el ordenamiento jurídico, sin tener justificación para tal desatención, y con plena conciencia de las implicaciones legales que conllevaba emitir ese tipo de certificaciones en nombre del AyA. He ahí el hecho fundamental que impone calificar su conducta como dolosa; el haber actuado a sabiendas de que estaba trasgrediendo la normativa, garantizando de forma prematura una disponibilidad de agua potable para un proyecto de urbanización sin tener certeza de ello y certificando una materialidad inexistente en la realidad (infraestructura del acueducto terminada y recibida por el AyA).
Pull quotesCitas destacadas
"no cabe calificar la conducta del actor como negligente, porque, según el mérito de los autos, en realidad se trató de una actuación dolosa."
"the plaintiff's conduct cannot be classified as negligent, because, according to the merits of the case, it was actually intentional conduct."
Considerando XIII
"no cabe calificar la conducta del actor como negligente, porque, según el mérito de los autos, en realidad se trató de una actuación dolosa."
Considerando XIII
"el señor Rodríguez Araya expidió dichos documentos a favor de particulares a sabiendas de que existía legislación y reglamentación expresa, así como disposiciones de Junta Directiva, y compromisos contractuales previamente adquiridos con los desarrolladores, que disponían claramente cómo y cuándo debían emitirse ese tipo de certificaciones, y sus implicaciones legales."
"Mr. Rodríguez Araya issued those documents in favor of private parties knowing that there was express legislation and regulations, as well as Board provisions and contractual commitments previously acquired with the developers, which clearly provided how and when such certifications should be issued, and their legal implications."
Considerando XIII
"el señor Rodríguez Araya expidió dichos documentos a favor de particulares a sabiendas de que existía legislación y reglamentación expresa, así como disposiciones de Junta Directiva, y compromisos contractuales previamente adquiridos con los desarrolladores, que disponían claramente cómo y cuándo debían emitirse ese tipo de certificaciones, y sus implicaciones legales."
Considerando XIII
"el artículo 68 de la LOCGR habilita a la Contraloría para iniciar el procedimiento sancionatorio y recomendar de forma vinculante la sanción a imponer al servidor público cuando se acredite que infringió las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esa Ley o cuando lesionó la Hacienda Pública."
"article 68 of the LOCGR empowers the Comptroller to initiate the sanctioning procedure and bindingly recommend the sanction to be imposed on the public servant when it is proven that he or she infringed the norms that make up the control and oversight system set forth in that Law or when he or she harmed the Public Treasury."
Considerando XIII
"el artículo 68 de la LOCGR habilita a la Contraloría para iniciar el procedimiento sancionatorio y recomendar de forma vinculante la sanción a imponer al servidor público cuando se acredite que infringió las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esa Ley o cuando lesionó la Hacienda Pública."
Considerando XIII
Full documentDocumento completo
III.- In the sole procedural grievance, the appellant alleges a violation of procedural rules whose non-observance is sanctioned with absolute nullity, specifically, of the principles of impartiality and objectivity of the adjudicator, and of the binding rules regarding recusal (inhibitoria). He explains that Judge Sandra María Quesada Vargas appears as a signatory of the first judgment issued in this proceeding (No. 65-2015 of June 22, 2015, annulled by this Court of Cassation) and also of the second (i.e., the appealed judgment No. 44-2018 of June 19, 2018, and its complementary resolution). He considers that said judge's participation in the issuance of both judgments violates the principle of impartiality of the adjudicator, expressly protected in Article 42 of the Constitution, which establishes that the same judge cannot serve in different instances to decide the same matter. Likewise, he reproaches the breach of numerals 10 of the Universal Declaration of Human Rights and 14(1) of the International Covenant on Civil and Political Rights. In support, he cites Constitutional Chamber judgments Nos. 8490-2006 and 5301-2005, and the Superior Council of the Judiciary circular No. 56-2006. He opines that the judge's objectivity was compromised because she issued a ruling on the merits regarding the same facts, which she had previously heard when rendering judgment the first time. He alleges a violation of precept 8.1 of the American Convention on Human Rights. He recriminates that the judge did not recuse herself (no se inhibió) from hearing the matter, even though she was obligated to do so in accordance with Articles 8(a) of the Contentious-Administrative Procedure Code (CPCA) and 31 of the Organic Law of the Judiciary. He censures that, deliberately, the judge omitted resorting to the remedy of recusal (inhibitoria) or declaration of lack of jurisdiction because she had already ruled on the case in a prior instance, regardless of whether it was in a different manner.
IV.- The grievance raised has no merit. While it is true that Judge Quesada Vargas participated with her vote in the issuance of both judgments rendered in this proceeding (the first of which was annulled on cassation), this Court of Cassation does not find that this situation per se implied a loss of impartiality and objectivity on the part of the judge, nor that she disregarded any ground for disqualification that obligated her to withdraw from hearing the matter, as established in procedural legislation. First, it should be noted that in the first judgment, i.e., No. 65-2015 of June 22, 2015, the Contentious-Administrative Court declared the absolute nullity of the administrative procedures processed by the Office of the Comptroller General (CGR) against both plaintiffs, and with it, the sanctions of dismissal without employer liability and prohibition from entering or re-entering Public Treasury positions for a period of five years. [...]. As can be observed, by the way they resolved the case on that occasion, the panel judges did not rule on the merits of the matter submitted for their consideration, and therefore did not express—or commit—their opinion on the facts and law discussed, as the appellant seeks to assert. The specific reason for the decreed nullity was that, in the judges' opinion, the challenged sanctioning acts lacked valid and legal grounds because the existence of a jurisdictional declaration of illegality of the actions that motivated the disciplinary sanction imposed on the plaintiffs was not proven. It should be noted that, for example, as a consequence of the thesis held in that first judgment, the Court did not analyze, and therefore did not express an opinion on, substantive aspects that were examined in the second judgment (the one now appealed), such as the alleged violations of due process, the existence or non-existence of facts constituting misconduct, the legal classification of the reproached conduct (intentional (dolosas) or negligent (culposas)), the reasonableness and proportionality of the adopted sanctions, the appropriateness or not of the indemnification claims filed, among others. In other words, what was resolved on the first occasion did not entail a substantive analysis (evidentiary or legal) of the aspects argued in this cassation appeal. Therefore, in view of the particularities of this specific case, the fact that, as a result of the remand (reenvío) decreed by this Court of Cassation through judgment No. 3-F-TC-18 of January 18, 2018, the matter returned to Section VII of the Contentious-Administrative Court and that Judge Quesada Vargas once again formed part of the sentencing court, does not generate the nullity sought. Contrary to the appellant's opinion, the mere fact that the judge ruled twice on the same matter does not in itself imply a loss of objectivity and impartiality on her part, nor an infringement of the legal norms cited in his grievance, because, as explained, both judgments address the sub lite from different perspectives. Furthermore, it is not evident that the judge was disqualified from hearing the matter by virtue of the ground for recusal (inhibitoria) provided in statutory provision 8(a) of the CPCA, because, it bears repeating, there was no prior ruling on the same elements of fact and law adjudicated in the second judgment.
VI.- Before analyzing the adduced objections, it is imperative to bring forth the provisions of the legal regulations relevant to this specific case—in force at the time of the discussed facts. Numeral 38 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana) provides: "No permit shall be given to urbanize land: a) When the project does not satisfy the minimum regulatory standards, or the interested parties have not completed the pertinent procedures, among which is the indispensable approval of the plans by the Directorate of Urbanism (Dirección de Urbanismo) and the National Water and Sewer Service (Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado); b) Because the cost of the urban development works (obras de habilitación urbana) for the property is not guaranteed, or the formal transfer to the municipality of the area reserved for public use has not been made or guaranteed, nor, failing that, the equivalent value paid in money; and c) As long as the development of the area located outside the zoned boundary is considered premature due to lacking public facilities and services or due to the high cost of such facilities and services, because of its distance from other inhabited areas, or due to any other deficiency that determines adverse conditions for public safety and health. Urbanization projects located inside or outside the zoned area whose water, sanitary sewer, and electricity services are distant from their boundaries must be accepted for analysis by the Municipality and the Directorate of Urbanism, if the developer (urbanizador) undertakes to pay for the works executed outside their property, to provide all necessary services. In this case, all future urbanization projects that intend to use the services cited in the preceding paragraph within a period of five years, counted from the completion of those constructions, shall pay the developer an amount per housing unit contained in the new project. The amount to be paid shall be determined by the institution in charge of the corresponding service and shall be covered upon making the physical connection of each housing unit." For its part, the Regulation for the application of the procedures of Article 38 of the Urban Planning Law (Law No. 4240) in Water and Sewer Works of AyA, approved by agreement No. 2007-450, adopted in ordinary session No. 2007-056 of September 11, 2007, provides the following: "Article 4º-It corresponds to AyA to direct and supervise everything concerning providing the inhabitants of the Republic with potable water services, collection and evacuation of sewage (aguas negras) and liquid industrial waste. Likewise, it shall determine the priority, advisability, and feasibility (viabilidad) of the different projects proposed to build, reform, expand, or modify water and sewer works: which may not be executed without its approval. / Consequently, every project for the construction, expansion, or modification of potable water and/or sanitary sewer systems and stormwater systems, public or private, must be previously approved through a technical study that determines its feasibility (viabilidad), which authorizes carrying out the inspections it deems appropriate to verify that the works are carried out in accordance with the approved plans; all of the foregoing to provide all services that are necessary within or outside the area circumscribed by a project. / By legal mandate, said prior approval shall be mandatory in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), urbanizations (urbanizaciones), or lotifications (lotificaciones) in any part of the country, and no other state agency or dependency shall grant construction permits or approvals without such approval from AyA. Article 5º-In accordance with the Urban Planning Law, the Developer, Urbanizer (Urbanizador), or Subdivider (Fraccionador), as the case may be, may undertake with AyA to assume the cost of the necessary works outside their property, to build the potable water and/or sanitary sewer services, including residual water treatment, when those basic services are distant from their boundaries, for which a memorandum of understanding (carta de entendimiento) shall be signed. / To ensure the execution of the works necessary to enable the services, the Developer, Urbanizer, or Subdivider must constitute satisfactory security (garantía) through a trust (fideicomiso), policy (póliza), mortgage (hipoteca), bank guarantee (garantía bancaria), or any other legally established forms. / Additionally, AyA may issue, through the General Management (Gerencia General), a certificate of undertaking (certificación de compromiso) stating the existence and feasibility (viabilidad) of the project, its coverage, approximate cost, and the express undertaking of the developer to assume the total cost of the works, so that the latter may process the corresponding permits for its acceptance before the authorities set out in Article 38 of the Urban Planning Law. / For his part, the Developer, Urbanizer, or Subdivider, as the case may be, must sign a document whereby he releases AyA from liability for any consequence caused by the delay or problems in the construction of the works. Article 11.-Once the Developer has executed all the works in accordance with the current technical regulations, the technical study to determine the operation of the water and/or sanitary sewer services, and the memorandum of understanding through which their construction was approved; and AyA carries out the respective technical tests verifying compliance with requirements and approvals, the 'reception of the works' (recepción de las obras) by AyA shall proceed. / Once the works have been received by AyA, the certificate of availability of water and/or sanitary sewer services (certificación de disponibilidad de servicios de agua y/o alcantarillado sanitario) shall be issued, for purposes of connection and operation of the services" (emphasis and underlining supplied). Now, as far as the sub lite is concerned, the Regulation for the Plan Approval (Visado de Planos) Procedure for Construction, Decree No. 27967-MP-MIVAH-S-MHC—now repealed—established: "Article 10.—For the plan approval (visado de planos) procedure for urbanizations (urbanizaciones), condominiums of individualized primary subsidiary properties (condominios de fincas filiales primarias individualizadas) (lot condominiums (condominios de lotes), and residential complexes (conjuntos residenciales), interested parties may avail themselves of the optional preliminary project (anteproyecto) procedure: 1) Requirements. To carry out this procedure, the interested party must submit the following requirements: (...) e. Two copies of the letter or resolution from the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, A y A) or from the supplier regarding the existence of availability of potable water and sanitary sewer. The Directorate of Urbanism of INVU and the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (A y A) shall be those who corroborate the existence of this document (...). Article 10 bis.—For the plan approval (visado de planos) procedure for urbanizations, condominiums of individualized primary subsidiary properties (lot condominiums), and residential complexes, interested parties must carry out the project approval (visado de proyecto) procedure: 1) Requirements. To carry out this procedure, the interested party must submit the following requirements: (...) In accordance with the provisions of Article 38(c) of the Urban Planning Law, permission to urbanize land shall be given to urbanization projects if the developer (urbanizador) undertakes to pay for the works to provide all necessary services, among which is sewer service. In this regard, the procedure shall be as follows: iii. Interested parties in the development of projects located in areas where investment in sanitary sewer systems is defined and programmed are obligated to deposit the amount equivalent to the cost of the sanitary sewer network into a Rotating Fund (Fondo Rotatorio) with the nature of a specific reserve of the Institution or company providing the sanitary sewer service in the area. All in accordance with what is indicated in the maps that the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA) has available for these purposes. The methodology to establish the amount equivalent to the cost of the sanitary sewer network, the manner and accounts in which it must be deposited, as well as the time at which this deposit must be made, shall be stipulated by a specific executive decree for such purposes. iv. Projects located in areas where no maps exist may be exonerated from the construction of the sanitary sewer network in accordance with the resolution issued by the Board of Directors of AyA. In those places, where due to hydrogeological conditions there is a possibility of aquifer contamination; in safeguarding of In Dubio Pro Natura, they will be required to guarantee, through the technical studies that have been indicated in subsection c.i) above, that the wastewater disposal system is suitable, proving that there is no risk of contamination of the existing aquifers. In the event of being exonerated, the resolution of the Board of Directors of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers must be attached (...)" (underlining supplied).
VII.- Now, as has been established, Mr. Rodríguez Araya was sanctioned for having issued, in his capacity as General Manager (Gerente General) of AyA, 23 certificates of water availability (certificaciones de disponibilidad de agua) in favor of various persons, without the works corresponding to the aqueduct being carried out through the Playas del Coco Aqueduct Trust (Fideicomiso Acueducto Playas del Coco) having been built, nor received to the satisfaction of that entity, all of which, in the judgment of the deciding body, was acted against the regulations cited in Recital VI, and the rules concerning the Public Treasury (Hacienda Pública) and environmental protection. The foregoing because—according to said body—this situation allowed the interested parties to process and obtain the respective construction permits before the local municipality based on said documents, when, due to the described circumstances, the real availability of potable water and the aqueduct infrastructure could not be guaranteed. Furthermore, the CGR considered that the actions taken endangered the water resource and its availability in the Sardinal area, as well as signified an institutional risk for AyA and for the Public Treasury overseen by the supervisory body. There are several objections that the appellant raises against this imputation of liability, which will now be analyzed. Regarding the alleged defects contained in the initial administrative order (auto inicial) of the procedure, it is worth noting that in said notification order (resolución intimatoria), the legal regulations that were considered infringed as a result of Mr. Rodríguez Araya's actions were indeed indicated, which is even acknowledged by him in the third fact of his complaint. The CGR based the sanctioning procedure on AyA Board of Directors agreements Nos. 2001-137 and 2007-367, adopted in sessions of May 23, 2001, and July 24, 2007, respectively; Constitutional Chamber judgment No. 4310-1992; and the following normative precepts: Articles 2, 12, and 21 of the Constitutive Law of AyA, 38 of the Urban Planning Law (LPU), 10 of Executive Decree No. 27967-MP-MIVAH-S-MEIC and its amendments, 5 and 11 of the Regulation for the application of Article 38 of the LPU in water and sewer works of AyA (approved in ordinary session of the AyA Board of Directors No. 2007-056, of September 11, 2007), 11, 107(1), 133(1), 211(1), and 213 of the General Law of Public Administration (LGAP), 2 and 41(5) of the Autonomous Service Regulation of AyA, 3, 4, 38(d), and 51 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Service, 11 of the Political Constitution, 8(d), 10, 12, and 39 of the General Law of Internal Control, 4.9 of the Manual of General Internal Control Standards for the CGR and the entities and bodies subject to its oversight. Neither is it evident that he was sanctioned for facts not notified in the order initiating the procedure (auto de apertura) (referring to having unduly compromised the water resource in the El Coco-Ocotal area, because there was no certainty of water availability in the Chorotega Regional Office of AyA, due to not having the aqueduct). In that resolution, he was notified for having issued 23 certifications of real availability of potable water without the Coco-Ocotal aqueduct being finished or the works received by AyA, which presumably would have infringed the legal regulations cited as the basis for initiating the procedure. Upon reviewing these normative references, it is verified that Mr. Rodríguez Araya's action was considered contrary to Article 2 of the Constitutive Law of AyA, which clearly provides the obligations of AyA regarding the protection of the water resource for the benefit of the inhabitants of the Republic, the adequate administration and operation of the sewer system taking into account the advisability and availability of resources, the determination of the feasibility (viabilidad) and advisability of the different projects proposed to build or modify the sewer system, the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water contamination. In the same vein, he was charged with having failed to observe his duties as General Manager of AyA, regarding the correct administration and functioning of the Institute, concerning the duties entrusted to said institution in relation to projects for the construction, expansion, or modification of potable water supply systems and disposal of wastewater and stormwater (Articles 12 and 21 ibidem). Furthermore, he was charged with having compromised the Public Treasury because AyA assumed direct responsibility for any potential environmental damage caused by the developers (who obtained construction permits by means of the certifications of water availability issued by Mr. Heibel).
XIII.- This Court of Cassation disagrees with the legal classification given by the panel of judges to the conduct reproached to plaintiff Rodríguez Araya, as well as with the assessment regarding the reasonableness and proportionality of the sanction of dismissal (despido) and disqualification (inhabilitación) imposed on him by the CGR. First, we consider that the plaintiff's conduct cannot be classified as negligent (negligente), because, according to the merits of the case file, it was actually intentional conduct (actuación dolosa). Although one could not affirm, with absolute certainty, that the issuance of the 23 water availability certifications was carried out for the purpose of unduly benefiting the private interest of the project's urbanizers (urbanizadores), to the detriment of the public interest and the inhabitants of the Sardinal community, or with the intention that they be used for purposes contrary to the legal system (because herein we are not judging the validity of the municipal construction permits), the truth is that Mr. Rodríguez Araya issued said documents in favor of private individuals, knowing that there was express legislation and regulation, as well as Board of Directors provisions and contractual commitments previously acquired with the developers, which clearly provided how and when such certifications should be issued, and their legal implications for the Institute and vis-à-vis other administrative institutions. Despite this knowledge, which he had by virtue of his position as General Manager of AyA, Mr. Heibel acted contrary to what the legal system required of him, without having justification for such disregard, and with full awareness of the legal implications entailed by issuing such certifications on behalf of AyA. That is the fundamental fact that requires classifying his conduct as intentional (dolosa); having acted knowingly in violation of the regulations, prematurely guaranteeing the availability of potable water for an urbanization project without being certain of it and certifying a material reality that did not exist (aqueduct infrastructure completed and received by AyA). At this point, it is appropriate to bring forth the provision of statutory provision 213 of the LGAP, which states: "For the purpose of determining the existence and degree of fault (culpa) or negligence (negligencia) of the official, when assessing the alleged defect of the act faced, or that is issued or executed, the nature and hierarchy of the functions performed must be taken into account, understanding that the greater the hierarchy of the official and the more technical his functions, in relation to the defect of the act, the greater his duty to know and duly assess it." As the CGR correctly indicates, one cannot overlook the fact that the plaintiff held the position of General Manager of AyA, and in accordance with precept 12 of the Constitutive Law of that entity, he was responsible for the adequate and efficient administrative functioning of the institution, which imposed upon him greater responsibility and demand in complying with the regulations governing the entity's actions, and in achieving the aims that its constitutive law assigns to it as the governing body in matters of aqueducts and sewers of the country. Thus, by virtue of his position, Mr. Rodríguez Araya had a paramount duty regarding the assessment of the legal implications of the improper exercise of the certifying authority entrusted to him, the importance of the legal right (potable water) that was at stake, the legal effects entailed by issuing water certifications on behalf of AyA, and the existence of express regulations that dictated to him the manner and timing for issuing said documents. The fact that the certifications were not annulled does not diminish the reprehensibility of his conduct, nor the appropriateness of the sanction, since the reason for sanctioning him does not originate in the illegality of those administrative acts (which were validated by supervening circumstances), but rather in the evident non-observance of his functional duties as Manager of AyA, a breach which, as stated, he committed with full knowledge and understanding. This Court of Cassation, on other occasions, has referred to this particular point. Thus, in judgment No. 79-F-TC-2017, it stated: "(...) it is worth remembering that Article 68 of the Organic Law of the Office of the Comptroller General (LOCGR) authorizes the Comptroller General's Office to initiate the sanctioning procedure and bindingly recommend the sanction to be imposed on the public servant when it is proven that he infringed the rules comprising the control and oversight framework contemplated in that Law or when he harmed the Public Treasury. (...) in the opinion of this Court of Cassation, the processing of the sanctioning-type procedure provided in statutory provision 68 of the LOCGR is autonomous with respect to the processing of the annulment procedure contemplated in Article 28 of that law (In this regard, consult judgment No. 114-F-TC-2016 of 11 hours 10 minutes of September 22, 2016). That is, the existence of a previously decreed nullity, whether by the CGR itself or by judicial authority, according to the assumptions of numerals 68 of the LOCGR and 173 of the LGAP, concerning a specific act harmful to the Public Treasury, is not a sine qua non requirement to validly exercise the sanctioning regime against the public servant responsible for that harmful conduct or omission. The exegesis of precept 68 of the LOCGR itself is clear in that sense, and from the network of norms of that legal body, it is clearly inferred that they do not condition or subordinate one procedure to the other, but rather that both are fully independent of each other and distinguishable in terms of their object and scope. Consequently, in the sub júdice, the Court erred by annulling everything acted upon in the sanctioning procedure followed against the plaintiff, under the argument that he could not be sanctioned for administrative acts that had not yet been invalidated through a judgment issued by the competent jurisdictional authority (...)." In this case, impunity for absolutely reprehensible acts could not be permitted, as this would empty the content of the principle of legality enshrined at the constitutional level, which imposes on public officials the duty of subjection to the legal system in terms of fulfilling their duties and the administrative function materialized through their actions, and the entire legal and regulatory framework that nourishes the competency profile of the public official, in this instance, the managerial figure of AyA, as well as the rules regulating the oversight of the proper exercise of their formal duties. Nor is it appropriate to exempt the plaintiff from liability because no financial damage materialized for AyA, nor for the water resource as such, since, as has been being analyzed, there was an evident disregard of his functional duties and, under the circumstances in which this occurred, he did put the institution and the water resource at risk, because he guaranteed a right of access to potable water without having the infrastructure that would make the provision of that service possible (which could have generated potential liability for AyA vis-à-vis the urbanizers in case of non-compliance), and without being certain that he could provide the required access to that fundamental good, because he had not received the works and carried out the corresponding operational tests to verify that the connection would be possible, in the quantity of water connections (pajas) required for the project and without affecting the availability of the resource for the Sardinal community.
For the foregoing reasons, it is considered that the plaintiff incurred an evident infraction of the duty of probity, in that, acting willfully, he did not act with rectitude in the exercise of the powers conferred upon him by the aforementioned legal and regulatory provisions in his capacity as General Manager, and his conduct did not conform to the institution’s own objectives (article 2 of the AyA’s Constitutive Law), nor to the administration of the country’s water resources in adherence to the principle of legality (precept 1 ibidem). This, in accordance with articles 3 and 4 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office, warranted his dismissal without employer liability, as the CGR correctly determined. In addition, the Public Treasury (Hacienda Pública) was also harmed, as it is constituted by internal control regulations, which were disregarded by the plaintiff by acting contrary to the institutional, legal, and regulatory provisions issued for the proper exercise of the power to certify water availability, which were intended to protect public assets against any irregularity or illegal act, and for the proper development of the entity’s activity. Thus, pursuant to articles 8 and 12 of the General Law of Internal Control, 8, 9, 10, 11, and 72 of the LOCGR, the sanction of disqualification of the official from holding positions in the Public Treasury (Hacienda Pública) was appropriate. Finally, it is not observed that the CGR sanctioned the plaintiff based on facts not timely charged. The fact concerning Mr. Heibel’s knowledge of the implications and illegality of issuing availability certifications under the indicated circumstances, because two of his subordinates were sanctioned for those same facts, is a mere reference that the controlling body made to emphasize the plaintiff’s knowledge of the regulations applicable to that type of certification, but in no way constitutes the central fact for which he was sanctioned; that is, this reference in no way changes the outcome of what was decided, nor does it substantively affect the qualification of the seriousness of the offense or the graduation of the sanction to be applied, as analyzed in previous lines. For the reasons stated, it is therefore appropriate to deny the objections of the cassation plaintiff regarding the point under review, and to uphold the censures raised by the CGR, with the consequences that will be stated".
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Consolidated ordinary proceedings (case file numbers 12-000276-1027-CA and 12-002476-1027-CA), filed in the Contentious-Administrative and Civil Treasury Court by GUILLERMO ARCE OVIEDO and HEIBEL ANTONIO RODRÍGUEZ ARAYA; against the CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, the STATE, represented by Procuradoras Andrea Calderón Gassmann and Guisell Jiménez Gómez, the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, represented by its unlimited general agent, Eduardo Lezama Fernández. Appearing as special judicial attorneys, for the plaintiff Arce Oviedo, Juan Carlos Jurado Solórzano, José Fabio Ramírez Carranza, Geanina Soto Chaves; for the plaintiff Rodríguez Araya, Roberto Quirós Coronado, Mariela Quirós Balma; for the CGR, Jaínse Marín Jiménez, Francella Navarro Mora, Adolfo Johanning Pérez, Raúl Camacho Méndez, Jesús González Hidalgo; for the AyA, Greivin Vargas Chaves, Rodolfo Eduardo Lizano Rojas.
Drafted by Judge López González
WHEREAS
I.- According to the facts held as proven in the appealed judgment, and not challenged by the cassation plaintiffs, Messrs. Guillermo Arce Oviedo and Heibel Rodríguez Araya served as General Managers of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)—Mr. Heibel’s employment relationship concluded on July 26, 2008. On March 16, 2006, the AyA and the company Coco Water S.A., under the protection of article 38 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana - LPU), signed a Memorandum of Understanding for the Expansion of the Playas del Coco Aqueduct, Guanacaste, with clause eight of said document stating that: "The signing of this memorandum of understanding does not imply the granting of water availability, nor the authorization to start any works, since these will be granted once all the regular requirements and approvals provided for by current laws and regulations are met (...)". At the request of the AyA’s Board of Directors, on March 8, 2007, the Legal Department of that entity sent official letter DJ-2007-992, indicating, among other aspects, that "it is not appropriate to grant availability letters to developers seeking to interconnect to a pipeline that does not exist in the sphere of material reality. It is recommended to carry out due process to correct the error incurred by the Administration, in cases where an availability letter had been issued under this premise". Through a note submitted on July 20, 2007, the AyA’s Board of Directors was informed of the constitution of a trust to carry out the Playas del Coco Aqueduct expansion project, at the same time requesting the acceptance and authorization of the assignment made by the company Coco Water S.A. to the Banco de Costa Rica in its capacity as trustee, of the rights and obligations established in the memorandum of understanding signed on March 16, 2006 and similarly, that the constitution of that trust be accepted as a guarantee for the works of the aforementioned project, designating the AyA as the primary trust beneficiary. Said situation was accepted by the aforementioned collegiate body of the AyA, through agreement no. 2007-367, adopted at its ordinary session no. 2007-046 of July 24, 2007. In ordinary session no. 2007-056, of September 11, 2007, the AyA’s Board of Directors approved the regulation for the application of article 38 of the LPU in AyA aqueduct and sewer works, which, in articles 5 and 11, respectively, regulates the letters of commitment and certification of potable water service availability. Mr. Heibel Rodríguez Araya, in his capacity as General Manager of the AyA, in response to various requests, signed 23 certifications in which he specified "I CERTIFY AND ATTEST to the existence and viability of the project, GUARANTEEING that it will have the infrastructure and water availability when required". Through official letter no. SB-0787-2008, of September 10, 2008, Mr. Guillermo Arce Oviedo, Deputy General Manager of the AyA, in response to a request made by the Municipal Engineer of Carrillo, communicated that the institution’s General Management had issued various water commitment letters in favor of various persons, taking into consideration the construction of the aqueduct being carried out through the Fideicomiso Acueducto Playas del Coco. In turn, he ratified the validity of the 23 water commitment letters issued and requested the Municipal Engineer to proceed to accept them in the procedures that the companies carried out before the Municipality of Carrillo. Mr. Arce Oviedo, in his capacity as Deputy General Manager of the AyA, on September 24, 2008, issued a certification in favor of a private individual, where he similarly certified and attested to the existence and viability of the project, guaranteeing that it would have the infrastructure and potable water availability. In the same terms, but now in his capacity as General Manager, he issued a certification on May 26, 2009, despite the fact that by that date, the institution’s Legal Director, through official letter PRE-J-2009-1160 of March 20, 2009, had expressed to him: "(...) we worked on a new format for the Commitment Certification that includes the considerations of the Contraloría included in the comment report, a certification that was coordinated with the INVU and made known to the Deputy General Management / this Department considers that since certain deadlines still remain to be met, related to matters on which the Institution is actively working, it is not timely to issue administrative acts on these matters regarding which there is uncertainty and even questions from the Contraloría (...)". By resolution at 8:30 a.m. on September 8, 2009, within administrative procedure DAGJ-34-2009 brought against Messrs. Heibel Antonio Rodríguez Araya—former General Manager of the AyA—and Guillermo Arce Oviedo—at the time, General Manager—they were charged with the following facts as probable. In relation to Mr. Rodríguez Araya, having issued 23 certifications of real water and sanitary sewer availability; regarding Mr. Arce, having issued two certifications of that type; moreover, having endorsed those issued by Mr. Heibel, so that the interested parties could obtain construction permits to develop residential projects, without the works for the Coco-Ocotal aqueduct, located in the Sardinal area of Guanacaste, having been built, much less received by the AyA. The decision-making body considered that the investigated officials presumably infringed the rules concerning the protection of water resources and the environment of the zone, such as articles 2 of the AyA’s Constitutive Law, 38 of the LPU, 10 of the Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MEIC and its reforms, regarding construction permits, as well as the very orders issued by the AyA’s Board of Directors. The Legal Division of the CGR, acting as the decision-making body, issued resolution PA-76-2009 at 2:30 p.m. on November 18, 2009, ordering: "To declare Messrs. Heibel Rodríguez Araya, identity document 2-361-648 and Guillermo Arce Oviedo identity document 9-070-316, administratively responsible under the criterion of imputation of willful misconduct in relation to the facts attributed in this administrative procedure. Reason for which it is recommended, with binding effect, to sanction said gentlemen with the sanction of dismissal without employer liability. Furthermore, due to the seriousness of the acts committed against the legal framework of the Public Treasury (Hacienda Pública) and the condition of top-level officials (jerarcas) that each of them held at the time, this decision-making body imposes the sanction of prohibition of entry or re-entry to positions in the Public Treasury (Hacienda Pública) on both gentlemen, for a period (sic) of five years, counted from the date this resolution becomes final, in accordance with article 72 of the cited law (...)". Messrs. Rodríguez Araya and Arce Oviedo filed motions for revocation, appeal, and review against what was resolved, all of which were denied. In article 6 of ordinary session no. 2012-005, held by the AyA’s Board of Directors on January 19, 2012, agreement no. 2012-019 was adopted, ordering, in compliance with the principle of legality, to fulfill what was ordered by the CGR, agreeing to the dismissal without employer liability of employee Guillermo Arce Oviedo—whose execution was suspended by virtue of a precautionary measure decreed by the processing judge. In response to a missive from Mr. Rodríguez Araya, the Legal Division of the CGR issued official letter no. 04559 (DJ-0514-2012) of May 21, 2012, informing him that based on the provisions of article 72 of the Orgánic Law of the CGR, the impediment of entry or re-entry to hold positions in the Public Treasury (Hacienda Pública) for a term of five years was to be computed from the finality of the act, starting on June 22, 2011 and ending on June 22, 2016.
II.- Based on the foregoing, Mr. Guillermo Arce Oviedo seeks a judgment declaring: "a) The non-conformity with the legal system of the administrative conduct contained in Resolution No. PA-76-2009 issued by the Contraloría General de la República and of all related acts and proceedings. b) The non-conformity with the legal system of the administrative conduct contained in Agreement 2011-019 (sic) of the AyA’s Board of Directors, taken at ordinary session No. 2012-005 at 2:15 p.m. on January 19, 2012, as well as all related acts and proceedings. b) (sic) That the Contraloría General de la República and the State be ordered to pay damages—later clarifying that it refers only to the CGR— (...) Subjective moral damage: the sum of fifty million colones (...) Objective moral damage: the sum of fifty million colones (...) Material damage: to be determined in the judgment enforcement phase. c) That the Contraloría General de la República and the State be ordered to pay both personal and procedural costs. d) That the Contraloría General de la República and the State be ordered to pay Indexation (sic) on all amounts that may be granted in the judgment. e) That the Contraloría General de la República and the State be ordered to pay the corresponding legal interest on the sums granted, from the finality of the judgment until their effective payment". For his part, Mr. Heibel Antonio Rodríguez Araya, petitions that it be declared: "The nullity of the act of imputation and charge, the nullity of the actions of the Contraloría General de la República in the due process, and to render without effect the sanction imposed against me of being unable to enter to hold positions in the Public Treasury (Hacienda Pública) for a period of five years. Likewise, that the State be ordered to pay the moral damage and suffering caused to my wife, children, and me personally, estimated in the sum of ¢127,557,500.00—later adjusted to the sum of ¢52,000,000.00—as well as the payment of interest on said sum from the filing of the complaint, in addition to the payment of procedural and personal costs of this process". The representation of the AyA, the CGR, and the State answered negatively. The AyA raised the defenses of lack of right, lack of active legal standing (legitimación ad causam activa), and sine actione agit; the CGR, the defenses of lack of passive legal standing and lack of right; the State, raised those of lack of right, lack of current interest, and lack of passive legal standing. The Contentious-Administrative and Civil Treasury Court, Section VII, through judgment no. 44-2018 at 2:30 p.m. on June 19, 2018, resolved: “The defenses of lack of active and passive legal standing, lack of current interest, and the expression sine actione agit are rejected, and the defense of lack of right must be partially upheld. Consequently, the complaint is declared partially with merit, understood to be denied in everything not expressly granted, ordering the following: the non-conformity with the legal system and thus the absolute nullity, of resolution No. PA-76-2009 issued by the Legal Division of the Contraloría General de la República at 2:30 p.m. on November 18, 2009, which imposed the sanction of dismissal without employer liability on the plaintiffs and decreed the prohibition of entry or re-entry to hold positions in the Public Treasury (Hacienda Pública) for a period of five years. Also annulled is resolution No. R-DC-92-2011 of the Contralora General de la República, issued at 9:00 a.m. on June 22, 2011, which rejected the appeal filed by the plaintiffs, as well as resolution No. R-DC-201-2011 at 11:00 a.m. on December 21, 2011, from the Office of the Contralor, which denied the review motion filed by the AyA. Similarly, the nullity is ordered of article 6 of Agreement No. 2012-019, taken at ordinary session No. 2012-005 of the AyA’s Board of Directors on January 19, 2012, by which the dismissal without employer liability of employee Guillermo Arce Oviedo was agreed. In its place, as a substitute, exemplary, and corrective measure, and only in the case of Mr. Arce Oviedo—not for Mr. Rodríguez Araya, who had ceased working for the AyA some time prior and for whom a supervening lack of interest exists in this regard—the sanction of one month of suspension without pay is imposed, with the understanding that he must serve it in the position he currently holds in the AyA, from the moment the Administration so orders. Additionally, the penalty of the controlling body must be removed from the respective personnel files of each plaintiff, as well as the disqualification mark, recording the sanction decreed here by the Court. As compensation for the subjective moral damage caused to the plaintiffs, the sum of ¢2,000,000.00 is granted for Mr. Arce Oviedo and ¢1,000,000.00 for Mr. Rodríguez Araya, which must be paid by the Contraloría General de la República. Indexation on the sums granted in the judgment is recognized in favor of the plaintiffs, to compensate for the loss of purchasing power suffered by the recognized sums, under the protection of the provisions of article 123 of the Contentious-Administrative Procedural Code, and in turn, legal interest must be recognized on the resulting amounts, counted from the finality of this ruling and until their effective payment, which must be determined and quantified in the judgment enforcement phase. It is ordered to maintain the precautionary measure in favor of the plaintiff Arce Oviedo, until the finality of this judgment. This pronouncement is issued without special condemnation regarding costs”. Dissatisfied with the resolution, both plaintiffs and the controlling body file a cassation appeal.
CASSATION APPEAL OF CO-PLAINTIFF HEIBEL RODRÍGUEZ ARAYA III.- In the sole procedural grievance, he alleges violation of procedural rules whose non-observance is punishable by absolute nullity, specifically, of the principles of impartiality and objectivity of the judge, and of the binding rules concerning recusal. He explains, Judge Sandra María Quesada Vargas appears as signatory of the first judgment rendered in this process (no. 65-2015 of June 22, 2015, annulled by this Cassation Court) and also of the second (that is, the appealed ruling no. 44-2018 of June 19, 2018 and its complementary resolution). He considers that the participation of said judge in the rendering of both judgments violates the principle of impartiality of the judge, expressly protected in article 42 of the Constitution, which establishes that the same judge cannot serve in different instances to decide the same matter. Equally, he reproaches the violation of articles 10 of the Universal Declaration of Human Rights and 14, paragraph 1) of the International Covenant on Civil and Political Rights. He cites in his support Constitutional Chamber judgments nos. 8490-2006 and 5301-2005, and circular no. 56-2006 of the Superior Council of the Judiciary. He opines that the judge’s objectivity was compromised since she issued a substantive ruling on the same facts, which she heard previously when sentencing the first time. He alleges violation of precept 8.1 of the American Convention on Human Rights. He recriminates that the judge did not recuse herself from hearing the matter, even though she was obligated in accordance with articles 8, subsection a) of the CPCA and 31 of the Organic Law of the Judiciary. He censures that the judge deliberately omitted to resort to the figure of recusal or declaration of lack of jurisdiction because she had already ruled on the case in a prior instance, regardless of whether it was in a different form.
IV.- The grievance raised has no merit. While it is true that Judge Quesada Vargas participated with her vote in the rendering of both judgments issued in this process (the first of which was annulled in cassation), this Cassation Court does not find that this situation per se implied a loss of impartiality and objectivity on the part of the judge, nor that she disregarded any ground for disqualification that required her to recuse herself from hearing the matter, as established in procedural legislation. In the first place, note that in the first judgment, that is no. 65-2015 of June 22, 2015, the Contentious-Administrative Court declared the absolute nullity of the administrative procedures processed by the CGR against both plaintiffs, and thus of the sanctions of dismissal without employer liability and prohibition of entry or re-entry to positions in the Public Treasury (Hacienda Pública) for a period of five years. The legal basis for that declaration is summarized as follows: “In accordance with the arguments contained both in the final act of the administrative procedure, and in the resolutions that rejected the revocation and appeal motions filed by the plaintiffs and which have been transcribed, it is clear that the basis used by the controlling body to determine the disciplinary responsibility and the disqualification of the plaintiffs from holding public office, stems from the premise of invalidity of the water availability certifications, for which reason, in its view, the challenged actions are illegal. As this Section of the Court has considered in cases similar to the one at hand in the case file, it cannot be lost from sight that said pronouncement is simply a legal criterion of the cited body, which, by its nature, can in no way be equated to the legal position defined in a jurisdictional resolution by the competent Courts of Justice. In that sense, the fact that, in the judgment of the controlling body, the referred acts are illegal, in no way means that they actually are, since this legal qualification is the responsibility of the Courts of Justice of the Republic, through jurisdictional judgments with the efficacy and authority of material res judicata. The foregoing does not imply establishing a state of immunity, nor diminishing the powers of oversight and superior control of the Public Treasury (Hacienda Pública) that, according to constitutional provisions, the controlling body exercises, nor disapplying the powers contained in articles 68 and 70 of its Organic Law. In the criterion of this Chamber, the need for a prior pronouncement in judicial headquarters is not applicable in all cases of administrative sanctioning procedures initiated by the controlling body in the exercise of its competencies, but rather, only in those situations where—as in the case at hand in the case file—the basis of the disciplinary responsibility is constituted by the presumed illegality of a formal conduct considered contrary to the legal system. Furthermore, it is necessary to point out that article 28 of the Organic Law of the Contraloría General de la República provides that, without prejudice to the annulment powers of the active Administration, the controlling body has the power to declare, ex officio or at the claim of the holder of a subjective right or a legitimate interest, the absolute, evident, and manifest nullity that it detects in the administrative acts or contracts of the passive subjects, subject to the provisions of article 173 of the General Law of Public Administration. However, in the case at hand in the case file, the administrative procedure implemented as a consequence of the resolutions being challenged is not based on the exercise of said power. Since the existence of a jurisdictional declaration of illegality of the actions that base the disciplinary sanction imposed on the plaintiffs was not accredited in the present process, the challenged acts lack a valid motive and therefore, the sanction imposed on the plaintiffs becomes null and must be so declared, as is indeed ordered. Due to the manner in which this process is resolved, a pronouncement regarding the other arguments on the merits of the matter that the parties have raised is omitted” (the underlining is supplied). As observed, because of the way they resolved the case on that occasion, the participating judges did not rule on the merits of the matter submitted for their consideration, and therefore did not express—or compromise—their opinion about the facts and law discussed, as the cassation plaintiff seeks to accuse them. The specific reason for the decreed nullity was that, in the opinion of the judges, the challenged sanctioning acts lacked a valid and legal motive because it was not proven that there existed a jurisdictional declaration of illegality of the actions that motivated the disciplinary sanction imposed on the plaintiffs. Note that, for example, as a consequence of the thesis held in that first judgment, the Court did not analyze, and therefore did not express an opinion upon, substantive aspects that were examined in the second ruling (now appealed), such as the alleged violations of due process, the existence or not of facts constituting an offense, the legal qualification of the reproached conduct (willful or culpable), the reasonableness and proportionality of the adopted sanctions, the appropriateness or not of the indemnity claims formulated, among others. In other words, what was resolved the first time did not entail a substantive analysis (evidentiary or legal) on the aspects argued in this cassation appeal. Therefore, in view of the particularities of the specific case, the fact that, as a result of the remand ordered by this Cassation Court through judgment no. 3-F-TC-18 of January 18, 2018, the matter returned to Section VII of the Contentious-Administrative Court and that Judge Quesada Vargas once again formed part of the sentencing court, does not generate the nullity sought. Contrary to the appellant’s criterion, the mere fact that the judge ruled twice on the same matter does not in itself imply a loss of objectivity and impartiality on her part, nor a violation of the legal norms cited in his grievance, since, as explained, both judgments address the sub-lite from different perspectives. Moreover, it is not evident that the judge was disqualified from hearing the matter by virtue of the cause for recusal provided for in article 8, subsection a) of the CPCA, because, it is repeated, there was no prior pronouncement on the same elements of fact and law adjudicated in the second judgment.
V.- For a better understanding of what will be resolved, the substantive grievances have been reordered, considering the interrelatedness and nature of the topics debated in them. The following grievances are directed at disproving the commission of facts constituting a disciplinary offense. First. He accuses that the Court omitted to analyze his argument to the effect that the legal basis for the 23 certifications he issued in his capacity as General Manager of the AyA was article 38 of the Urban Planning Law (Ley de Planificación Urbana - LPU) in concordance with article 10 bis of the Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC. He points out that, according to the criterion of the AyA’s Legal Division, the rule applicable to the specific case of the certifications that had to be issued pursuant to the Acceptance Agreement of the Fideicomiso Acueducto Playas del Coco, was the aforementioned article 10 bis (according to documentary evidence at folios 530 to 570 of the judicial file). He maintains that, in the specific case, the developers were requesting construction permits for their projects, by which the applicable precept was not article 10 of the Decree (specific for approvals of preliminary construction projects), but rather 10 bis, which allows such a request with only the fact that the developer commits to carrying out the works to interconnect with public services. He understands that the institutions are not under the duty to carry out the interconnection if the developer has not fulfilled its obligations, and, if there were affected third parties, they would have a right of action against the developer, not against the institution providing the public service. He considers that, by not having integrated article 10 bis ibidem, nor having addressed his defenses based on said article, his right to due process was violated. He reproaches that there was no objective assessment of the 23 certifications that disqualifies the legal basis based on the cited article 10 bis, but rather, through a generic interpretation, it was determined that they were covered within the provisions of article 10 ibidem. He says that the purpose of the 23 certifications he issued was to obtain construction permits, but this did not generate the obligation of interconnection for the provision of the potable water service. He notes that this was stated in the agreement of the AyA’s Board of Directors, adopted in article 3 subsection f) of ordinary session no. 2007-046 of July 24, 2007, where, on the occasion of the constitution of the Fideicomiso Acueducto de Playas del Coco, it was ordered: “THIRD. That once the works are completed and received satisfactorily by the Institute, the founding trust beneficiaries will be guaranteed the potable water supply rights they require for their projects for a term of up to five years”. He reiterates that the certifications were supported by current regulations and, while they allowed the developers to obtain construction permits, they did not guarantee receiving the potable water service, nor the interconnection with the public service, without the institution’s prior approval of the built works. Being so, he alleges, he did not infringe institutional regulations, but rather adhered to the LPU and article 10 bis of the Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC.
The documentary evidence on folios 455 to 601, 788 to 799, 944 to 951, 1214 to 1332 of the judicial file; and 31 to 129 of the administrative file, is deemed overlooked. Second. He argues that neither the judicial file nor the administrative file contains a single piece of evidence that disqualifies the guarantee that served as the basis for the Head of the AyA Department of Studies and Projects to endorse that the plaintiff Rodríguez Araya signed the commitment certifications. He suggests that there is also no evidence whatsoever that the institution suffered any risk, even to a degree of probability. He emphasizes that, in his capacity as General Manager, he could not have signed the commitment letters if the following preparatory phases (visible at folios 530 to 570, 572 to 574 of the judicial file) had not first been completed for each of the 23 certifications issued: 1. AyA hydrogeological studies, which studied the aquifer capacity, the construction of wells, and their respective water quality and pumping tests to determine the feasibility of using it as a water supply source for the populations in the project area; 2. Infrastructure design, for which it was necessary for AyA to conduct population studies to estimate needs in terms of flow rate, topography studies, soil analysis, and a works budget; 3. The approval of the Regulation for the application of article 38 of the LPU, by the AyA Board of Directors; 4. A prior agreement of the AyA Board of Directors with the developers on how the works of the Playas del Coco Aqueduct Project would be financed, which materialized in a trust for $8.3 million, with the developers acting as trustors, the Banco de Costa Rica as trustee, and AyA as the sole beneficiary; 5. Acceptance by the AyA Board of Directors, through an agreement adopted in accordance with the strict provisions, of the Trust and the commitment to guarantee the supply of potable water to the developers; 6. Request from the developers, submitted to the AyA General Management, for the corresponding commitment certification to process their project before the INVU, under the protection of the trust agreement and the regulation issued by the Board of Directors; 7. Technical opinion of the AyA Department of Studies and Projects, stating that the developer's request was within the project zone and the allocation of the requested quantity of water connections (pajas de agua) technically proceeded; 8. Drafting of the document known as “Commitment Certification” by the AyA Legal Directorate. He misses the assessment of the 23 certifications, in accordance with the commitments undertaken by the Board of Directors according to the Playas del Coco Aqueduct Trust, and the institutional procedure, where the works and actions to be undertaken, their financing, and the guarantees granted are determined. Third. As part of his allegations regarding the violation of due process, he asserts that to sanction him for the alleged commission of willful conduct, the CGR started from a partial transcription of Board of Directors agreement no. 2001-37 of the session of May 23, 2001, visible at folios 440 to 451 of the judicial file, which provides: “Article 3: The same restriction shall be established and extended to the entire national territory in any other places, where the infrastructure and availability of the water resource do not permit developments, for which the Executive Presidency or the Management is authorized, upon technical recommendation of the AyA Operations Directorate, to so order.” He reproaches that by deleting the highlighted phrase, it seems that the prohibition on issuing water availability certifications anywhere in the country was absolute (as the CGR and the Court understood it), however, that restriction was actually conditioned on the existence of a technical recommendation from the AyA Operations Directorate ordering it. He assures that the administrative file does not contain the existence of a study or a technical recommendation from the AyA Operations Directorate addressed to the Executive Presidency, or to the plaintiff in his capacity as General Manager, in order to suspend the issuance of certifications for the Playas del Coco Aqueduct case. He posits that, based on that partial citation, the CGR considered a gravity demonstrated that in reality did not exist, since the agreement actually empowered the plaintiff to act to the contrary. Fourth. He indicates that when the Trust was constituted, AyA had already conducted all the technical studies for the expansion of the aqueduct, as stated at folio 540 of the judicial file where it is indicated: “FOURTH. To solve the lack of potable water, the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) has carried out the studies and has the designs to expand the current aqueduct and increase the capacity by at least eight thousand new water connections (pajas de agua).” He adds that at folios 569 and 570 there is an exact description of the works to be developed for the Playas del Coco Aqueduct Project, which were designed by the Institution, and which served as the basis for preparing the project budget, which in turn allowed an irrevocable guarantee, deposited in cash, of $8,368,968.46 to be determined, with which no economic risk existed. So, he assures, if the works were not executed by the trustor or trustee, AyA could do so in their place. Fifth. He alleges that the judgment omits to consider that the drafting of the content of the commitment and water availability letter was not the responsibility of the plaintiff, but was prepared based on a “Workshop on Joint Procedures AyA-INVU-MEIC,” held in September 2007, and was the competence of the AyA Legal Directorate, as stated in the documentary evidence at folios 589 to 593 of the judicial file. Sixth. He accuses the overlooking of the technical and financial endorsements that the responsible officials issued for each of the 23 certifications issued, which are contained at folios 130 to 140, 161, 162, and 164 of the administrative file. Furthermore, he points out that the issuance of the certifications entailed a prior process that included: 1. The request of the interested parties, addressed to the General Management, in accordance with the provisions of the third paragraph of article 38 of the LPU; 2. Certification from the Banco de Costa Rica, in its capacity as Trustee, certifying the number of water connections (pajas de agua) required and the contribution made by the applicant in the trust that guaranteed the financing of the work, whether it was executed by the Trust or assumed by AyA; 3. Request from the plaintiff to the AyA Director of Studies and Projects, to certify the existence, viability, coverage, and approximate cost of the project; 4. Letter from the AyA Director of Studies and Projects certifying the above points and attaching a description of the project. He says, this certification is of special probative value because in it the Technical Department certifies the existence of water viability of the project, and no objective evidence exists that disqualifies it (folios 1193 to 1332 of the administrative file); 5. Certification issued by the plaintiff, the content of which was drafted by the AyA Legal Department with the endorsement of the INVU and the MEIC. He assures that the certifications were not unilateral actions on his part, but rather followed a rigorous administrative procedure that had technical endorsement and institutional control (folios 25 to 198 of the administrative file). He states that, to issue the 23 certifications, he did not carry out any acceptance of works (recepción de obras) or authorization of interconnection, nor did he order their interconnection to the potable water system. He summarizes that, when sanctioning him, the CGR omitted to incorporate all the existing studies as of that date, which served as the basis for the formulation of the aqueduct project presented to the developers, which included: layout designs, plans, lot requirements for the construction of tanks (subsequently transferred to AyA), wells and their locations, hydrogeological studies, topographical studies, water quality tests, pumping tests, project budget, lands and easements (servidumbres), legal studies, preparation of the regulation of article 38 of the LPU, and the workshop for drafting commitment certifications. Seventh. He maintains that the CGR violated due process by conducting an incomplete analysis of the Board of Directors agreement that regulated the application of article 38 of the LPU. He sets forth that the purpose of the Regulation approved in September 2007, in Board of Directors session no. 2007-056, had as a novel event the inclusion of article 5, in order to regulate the existing situation in the El Coco-Ocotal zone. He explains that the purpose of that article was to allow developers (urbanizadores) to provide bank or real guarantees that reliably ensured the construction and interconnection of the services, and thereby the General Management could grant the commitment certification so that the developer could process the construction permits in accordance with article 38 of the LPU. He says that, before the reform, the instrument by means of which it was accredited, before the Dirección de Urbanismo and the Municipality, that the developer committed to finance the works was not regulated. With the introduction of article 5, he points out, absolute certainty was provided that the public service infrastructure works would be built and that the developers could not request interconnection until they had been completed and accepted to the satisfaction of AyA. According to his understanding, after that reform there is no difference between the commitment certification and the water availability certification, because if the developer does not carry out the works, the institution still has the necessary guarantees and resources to execute them. Hence the error of the CGR, he alleges, because no institutional risk existed. He reiterates that in the specific case, a trust was signed with the Banco de Costa Rica, guaranteeing the works, all with the prior and express acceptance of the Board of Directors (folios 530 to 570 of the judicial file). He notes that, as of April 25, 2012, the institution capitalized fixed assets for ₡1,073,144,000.00, as stated in official letter no. SUB-GG-DFI-E-2012-0224 (and in the certification of assets transferred to AyA, folio 528 of the judicial file). He insists that such investments were received without AyA being obligated to the interconnection of the public service, because the availability certification could be given to them only once the works were completed; a certification that, he assures, he never signed. He points out that, for the INVU and the Municipality, the purpose of water availability (disponibilidad hídrica) is to ensure that the end user will have public services, and thereby grant construction permits to the developer. For AyA, water availability is different because it represents the certification that the interconnection infrastructure works were completed according to plans and comply with construction standards, as well as the operational tests performed, and thereby the end users can request the installation of the service (i.e., the installation of the water meter and receipt of the public service). Eighth. He accuses defects in the order initiating the disciplinary procedure. He explains that this resolution lists a series of general and individual acts attributed to the plaintiff, but without specifying the regulations violated by his actions. He asserts that this lack of precision allowed CGR officials, after his appearance, to invoke legal provisions established for factual situations different from those of the specific case, such as article 10 of Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC. Ninth. He alleges that, when sanctioning him, probative reasoning was included that was not contained in the act of notification. This refers to the statement that, by issuing the certifications in question, he improperly committed the water resource in the El Coco-Ocotal zone, because there was no certainty of water availability in the Chorotega Regional Branch of AyA, due to not having the aqueduct. He refutes that such a statement is reckless, as the background information in the institution's possession demonstrates that there is water capacity in the aquifer mantle from which water would be extracted to supply the populations of the area. He complains that he was not charged with a situation that, had he been, would have required the presence of institutional technical teams. Tenth. He reproaches that the CGR officials referred to risks without having the corresponding probative documents in view, because the administrative file contains the trust letters from the Banco de Costa Rica that support the contributions of each of the developers who participated in its constitution, and they therefore had the burden of demonstrating that the trust was insufficient. Furthermore, at folios 18 and 19 of the administrative file, as a complement to the trust, there is a letter addressed by AyA to the developers, where it stated that it would guarantee the founding trust beneficiaries the right to supply the water quotas they required for their projects, for a period of up to five years, counted from the delivery of the improvement and expansion of the aqueduct, recording this commitment in the availability letters that would be delivered to them when AyA accepted the aqueduct. He points out that the administrative file has omissions in its compilation, since the complete trust agreement document and its acceptance by the Board of Directors were not incorporated, which demonstrates a lack of expertise and negligence in the investigation, bordering on arbitrariness and abuse of power. He accuses a total omission of analysis of the guarantees offered with the Trust and of the agreements and commitments that were included in it (he transcribes part of its content). Eleventh. He asserts that, in 2009, the water availability letters were evaluated by the AyA Legal Division at the request of the Board of Directors, since the CGR sought their annulment. He refers that the Legal Department, through memorandum no. PRE-J-2009-2968, considered that the commitment certifications, letter of understanding, and performance guarantee provided by the developer constituted a guarantee of the construction of aqueduct and/or sewer systems for the benefit of the Costa Rican State, and therefore the commitment certifications in question contained the elements of an administrative act that was not considered to have nullity defects and generated legal effects and subjective rights in favor of bona fide third parties (folios 442 to 455 of the administrative file, 594 to 600 of the judicial file). Twelfth. He synthesizes that the sanctioning acts lack proper reasoning, as they suffer from the following defects: 1. Improper interpretation of the legal framework, by examining the certifications exclusively under the protection of article 10 of the Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC, without analyzing article 10 bis; 2. Incomplete citation of Board of Directors agreement no. 2001-137, article 2, of May 23, 2001; 3. Not having evaluated the Sardinal-Playas del Coco-Ocotal Aqueduct project and its technical specifications; 4. Not incorporating the complete text of the Trust Agreement of the Banco de Costa Rica, accepted through a Board of Directors agreement, where the project to be carried out was described and the required economic and real guarantees were granted; 5. Charging acts that were not notified in the initial act of the procedure; 6. Omitting the analysis of the procedure followed by the General Management, who resorted to different institutional technical instances that studied the requests made by the developers, and who drafted the template (machote) of the certifications; 7. Not having recognized that the Department of Studies and Projects studied each of the 23 certification requests and issued a favorable opinion. He censures that the CGR never requested the technical basis for the endorsement given to the certification request nor requested the “Water Availability Consumption Table” that underpinned the approval of the letter and led to the issuance of the certifications; 8. Allegations of environmental impact (afectación ambiental) were made without any support, since the water availability certifications had the backing of the corresponding technical departments. He underlines that, in point four of the trust, for example, it was indicated that AyA had the studies and designs to expand the aqueduct and increase capacity by at least eight thousand new water connections (pajas de agua); 9. The statements about environmental damage or the impossibility of providing water content to the 23 certifications were never demonstrated by the CGR; rather, the burden of proof was reversed, forcing the plaintiff to prove he was not guilty; 10. The CGR did not demonstrate that, to issue the 23 questioned certifications, the plaintiff had signed the acceptance of the works (recepción de las obras) and ordered the interconnection with AyA to provide them with potable water service. He maintains that there is no legitimate reasoning for the challenged acts, but rather an evident abuse of power on the part of the CGR officials, which violates articles 128, 133, 136, 214, 216, 221, 223.2, 229.2, 298.2, and 307.2 of the LGAP.
VI.- Prior to the analysis of the alleged censures, it is imperative to bring up the provisions of the legal framework pertinent to the specific case—in force at the time of the discussed events. The Ley de Planificación Urbana in its article 38 provides: “No permit to develop land (urbanizar terrenos) shall be given: a) When the project does not satisfy the minimum regulatory standards, or the interested parties have not completed the relevant procedures, among which is the essential approval of the plans by the Dirección de Urbanismo and the Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; b) Because the cost of the urban development works (obras de habilitación urbana) of the property is not guaranteed, or the formal transfer to the municipality of the area reserved for public use has not been made or guaranteed, nor, failing that, the equivalent value paid in money; and c) As long as the development of the area located outside the zoned boundary is considered premature due to a lack of public facilities and services or due to the high cost of such facilities and services, because of its distance from other inhabited areas, or due to any other deficiency causing adverse conditions to public safety and health. Urban development projects located within or outside the zoned area that have aqueduct, sanitary sewer, and electrical services distant from their boundaries must be accepted for analysis by the Municipality and the Dirección de Urbanismo, if the developer (urbanizador) commits to financing the works executed outside their property, to offer all necessary services. In this case, all future urban development projects that intend to use the services cited in the preceding paragraph within a period of five years, counted from the completion of those constructions, shall pay the developer an amount for each housing unit contained in the new project. The amount to be paid shall be determined by the institution in charge of the corresponding service and shall be covered upon the physical connection of each housing unit.” For its part, the Regulation for the application of the procedures of article 38 of the Ley de Planificación Urbana (Law No. 4240) in AyA Aqueduct and Sewer Works, approved through agreement no. 2007-450, adopted in ordinary session no. 2007-056 of September 11, 2007, provides the following: “Article 4.—It corresponds to AyA to direct and supervise everything concerning the provision to the inhabitants of the Republic of the services of potable water, collection, and evacuation of sewage and liquid industrial waste. Also, to determine the priority, convenience, and viability of the different projects proposed to build, reform, expand, or modify aqueduct and sewer works: which may not be executed without its approval. / Consequently, every project for the construction, expansion, or modification of potable water systems and/or sanitary sewer systems and stormwater systems, public or private, must be previously approved through a technical study that determines its viability, which authorizes the execution of inspections it deems appropriate to verify that the works are carried out according to the approved plans; all the above to offer all services that may be necessary within or outside the area circumscribed by a project. / By legal provision, said prior approval shall be mandatory in all cases of construction of subdivisions (fraccionamientos), urbanizations (urbanizaciones), or lotifications (lotificaciones) in any part of the country, and no other state agency or dependency shall grant construction permits or approvals without such approval from AyA. Article 5.—In accordance with the Ley de Planificación Urbana, the Developer, Urbanizer, or Subdivider (Fraccionador), as the case may be, may commit to AyA to assume the cost of the works necessary outside their property, to build the potable water and/or sanitary sewer services, including wastewater treatment, and have those basic services distant from their boundaries, for which a letter of understanding (carta de entendimiento) shall be signed. / To ensure the execution of the necessary works to enable the services, the Developer, Urbanizer, or Subdivider must constitute a satisfactory guarantee through a trust (fideicomiso), insurance policy (póliza), mortgage (hipoteca), bank guarantee (garantía bancaria), or any other legally established forms. / Additionally, AyA may issue, through the General Management, a commitment certification (certificación de compromiso) stating the existence and viability of the project, its coverage, approximate cost, and the express commitment of the developer to assume the total cost of the works, so that the latter may process the corresponding permits for its acceptance before the instances set forth in article 38 of the Ley de Planificación Urbana. / For their part, the Developer, Urbanizer, or Subdivider, as the case may be, must sign a document releasing AyA from liability for any consequence caused by delays or problems in the construction of the works. Article 11.—Once the Developer has executed all the works in accordance with the current technical regulations, the technical study to determine the operation of the water and/or sanitary sewer services, and the letter of understanding through which their construction was approved; and AyA performs the respective technical tests verifying compliance with requirements and approvals, the 'acceptance of the works' (recepción de las obras) by AyA shall proceed. / Once the works are accepted by AyA, the certification of service availability (certificación de disponibilidad de servicios) for water and/or sanitary sewer shall be issued, for purposes of connection and operation of the services” (the emphasis and underlining are supplied). Now then, as far as it is relevant to the case at hand, the Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción, Decreto no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC—now repealed—established: “Article 10.—For the plan approval (visado de planos) procedure for urbanizations, condominiums of individualized primary subsidiary properties (condominiums of lots), and residential complexes, the interested parties may avail themselves of the optional preliminary project (anteproyecto) procedure: 1) Requirements. To complete this procedure, the interested party must submit the following requirements: (…) e. Two copies of the letter or resolution from the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) or the supplier regarding the existence of potable water and sanitary sewer availability. The Dirección de Urbanismo of the INVU and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) shall be the ones who corroborate the existence of this document (…). Article 10 bis.—For the plan approval (visado de planos) procedure for urbanizations, condominiums of individualized primary subsidiary properties (condominiums of lots), and residential complexes, the interested parties must complete the project approval (visado de proyecto) procedure: 1) Requirements. To complete this procedure, the interested party must submit the following requirements: (…) In accordance with the provisions of article 38 subsection c) of the Ley de Planificación Urbana, a permit to develop land shall be given for urbanization projects if the developer commits to financing the works to offer all necessary services, among which is the sewer service. In this regard, the procedure shall be as follows: iii. The interested parties in the development of projects located in areas where investment in sanitary sewer systems is defined and programmed are obligated to deposit the amount equivalent to the cost of the sanitary sewer network, in a Revolving Fund (Fondo Rotatorio) with the character of a specific reserve of the Institution or company providing the sanitary sewer service in the area. All in accordance with the maps that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) has available for these purposes. The methodology to establish the amount equivalent to the cost of the sanitary sewer network, the manner and accounts in which it must be deposited, as well as the time at which this deposit must be made, shall be stipulated through a specific executive decree for such purposes. iv. Projects located in areas where maps do not exist may be exonerated from the construction of the sanitary sewer network in accordance with the resolution issued by the AyA Board of Directors. In these places, where due to the hydrogeological conditions there exists a possibility of aquifer contamination; in safeguard of In Dubio Pro Natura, it shall be required that they guarantee, through the technical studies that have been indicated in subsection c.i) above, that the wastewater disposal system is suitable, proving that there is no risk of contamination of the existing aquifers. In the event of being exonerated, the resolution of the Board of Directors of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados must be attached (…)” (the underlining is supplied).
VII.- Now then, as was accredited, Mr. Rodríguez Araya was sanctioned for having issued, in his capacity as General Manager of AyA, 23 water availability certifications in favor of several individuals, without the works corresponding to the aqueduct that was being carried out through the Fideicomiso Acueducto Playas del Coco having been constructed, nor accepted to the satisfaction of that entity, all of which, in the judgment of the deciding body, was acted against the regulations cited in Considerando VI, and the norms concerning the Public Treasury and environmental protection. The foregoing because—according to said body—this situation allowed the interested parties to process and obtain the respective construction permits before the local municipality based on said documents, when, due to the described circumstances, the real availability of potable water and the aqueduct infrastructure could not be guaranteed. Furthermore, the CGR considered that what was done endangered the water resource and its availability in the Sardinal zone, as well as signified an institutional risk for AyA and for the Public Treasury overseen by the comptroller body. There are several censures that the cassation plaintiff raises against said imputation of responsibility, which are now analyzed. Regarding the alleged defects contained in the initial order of the procedure, it is worth noting that in said notification resolution, an indication was indeed made of the legal framework that was deemed violated as a result of Mr. Rodríguez Araya's actions, which is even recognized by him in the third fact of his claim. The CGR based the sanctioning procedure on AyA Board of Directors agreements nos. 2001-137 and 2007-367, adopted in the sessions of May 23, 2001, and July 24, 2007, respectively; the ruling of the Constitutional Chamber no. 4310-1992; and the following normative precepts: articles 2, 12, and 21 of the Ley Constitutiva del AyA, 38 of the LPU, 10 of Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MEIC and its reforms, 5 and 11 of the Regulation for the application of article 38 of the LPU in AyA aqueduct and sewer works (approved in ordinary session of the AyA Board of Directors no. 2007-056, of September 11, 2007), 11, 107 subsection 1), 133.1), 211 subsection 1) and 213 of the LGAP, 2 and 41 subsection 5) of the Reglamento Autónomo de Servicio del AyA, 3, 4, 38 subsection d) and 51 of the Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 11 of the Political Constitution, 8 subsection d), 10, 12 and 39 of the Ley General de Control Interno, 4.9 of the Manual de Normas Generales de Control Interno for the CGR and the entities and organs subject to its oversight. Nor is it evident that he was sanctioned for acts not notified in the order opening the procedure (referring to the fact that he improperly committed the water resource in the El Coco-Ocotal zone, because there was no certainty of water availability in the Chorotega Regional Branch of AyA, due to not having the aqueduct).
In that resolution, he was charged with having issued 23 certifications of actual drinking water availability even though the Coco-Ocotal aqueduct was not finished nor had the works been received by AyA, which presumably infringed the legal regulations cited as the basis for opening the proceeding. Upon reviewing those regulatory references, it is verified that Mr. Rodríguez Araya's actions were deemed contrary to Article 2 of the Constitutive Law of AyA, which clearly sets forth AyA's obligations regarding the protection of water resources for the benefit of the inhabitants of the Republic, the proper administration and operation of the sewerage system taking into account the suitability and availability of resources, the determination of the viability and suitability of the various projects proposed to build or modify the sewerage system, the conservation of hydrographic basins and ecological protection, as well as the control of water pollution. In the same vein, he was charged with having failed to observe his duties as General Manager of AyA, regarding the correct administration and operation of the Institute, with respect to the duties entrusted to that institution concerning projects for the construction, expansion, or modification of drinking water supply systems and the disposal of wastewater and stormwater (Articles 12 and 21 ibidem). Furthermore, he was charged with having compromised the Public Treasury (Hacienda Pública) because AyA assumed direct responsibility for any eventual environmental damage caused by the developers (who obtained construction permits by means of the water availability certifications issued by Mr. Heibel).
VIII.- Another ground for disagreement stems from the fact that, according to the appellant, the Trial Court did not assess that the 23 certifications had as their legal basis the provisions of Article 38 of the LPU and Article 10 bis of the Regulation for the Procedure of Plan Approval for Construction, Decree No. 27967-MP-MIVAH-S-MHC -transcribed above-. This Court of Cassation understands that the plaintiff Rodríguez Araya interprets that there was no reprehensible action on his part, nor any violation of the aforementioned regulations, because, in accordance with precept 10 bis, “(…) permission to develop land for urbanization projects (proyectos de urbanización) shall be granted if the developer commits to financing the works to provide all necessary services, among which is sewerage,” and that condition was fulfilled in the specific case, since a Trust (Fideicomiso) was signed by which the construction of the aqueduct was guaranteed. The plaintiff’s position assumes that the developer's commitment -to finance the works- was sufficient to obtain the corresponding construction permits, and therefore there was no sanctionable conduct on his part in issuing the certifications in question and having them used by the developers to process permits before the Municipality of Carrillo. This argument is not acceptable. First, note that numeral 10 bis does not subject the granting of the construction permit to the mere commitment of the developer to finance the necessary works to provide the required public services (such as sewerage), but rather in subsections iii) and iv) it regulates the requirements for granting the permit under those circumstances, which involve competencies specific to AyA. In any case, the granting of the construction permit, as far as the municipal entity is concerned, is an exclusive competence of that body, which entails an analysis of multiple requirements that must be carried out by it, and the appellant could not now validly maintain -nor assume- that by the fact that in this case the interested parties had committed to financing the aqueduct works, then they would necessarily be granted the permit for land development (urbanizar) at that time (regardless of the content of the certifications issued by him). Second, the issue under discussion does not lie in whether, solely by committing to finance the aqueduct works, the developers could or could not obtain the land development permits (permisos de urbanización) required for their projects (a matter of strict municipal competence), but rather that Mr. Rodríguez Araya exceeded his functions as Manager of AyA, by issuing 23 water availability certifications, when -as clearly stipulated by the regulations- it was not the appropriate time to do so, because although there was a memorandum of understanding for the Expansion of the Playas del Coco Aqueduct, in addition to a signed Trust (Fideicomiso) for such purposes, the works had not been executed, much less received to the satisfaction of AyA, so that then, legally and materially, it was neither possible nor appropriate to guarantee the actual availability of infrastructure and drinking water for said urbanization projects (proyectos de urbanización). Note that, according to proven fact 7), which was not appealed, in the 23 certifications the plaintiff stated: "I CERTIFY AND ATTEST to the existence and viability of the project, GUARANTEEING that it will have the infrastructure and water availability when it requires it." It is the inclusion of this guarantee of availability that is precisely reprehensible, from the perspective of his functional duties as General Manager of AyA, since, at the time he issued the certifications, what he was permitted to issue in favor of the developers were commitment certifications (certificaciones de compromiso) stating the existence and viability of the project, its coverage, approximate cost, and the express obligation of the developer to assume the total cost of the works (according to the provisions of items 4, 5, and 11 of the Regulation for the application of the procedures of Article 38 of the Urban Planning Law in AyA Aqueduct and Sewerage Works). However, Mr. Heibel exceeded his authority, and in an evidently premature manner guaranteed the availability of infrastructure and drinking water, when the aqueduct works had not even been built, thereby, on behalf of AyA and within the scope of that entity's competence, certifying a materiality and an availability that did not actually exist at that time, and with this he influenced the granting of municipal construction permits based on a future, and arguably uncertain, scenario, but one that appeared guaranteed and endorsed by the governing entity in matters of aqueducts and sewerage. In his defense, the appellant alleges that while the certifications allowed the developers to obtain construction permits, this did not guarantee them receipt of drinking water service or interconnection to the public service -they did not bind AyA- until the institution received and endorsed the constructed works. He alleges that he did not sign any order to that effect, and therefore there was no risk to the Institute. Indeed, the interconnection and provision of the drinking water service was materially impossible at that time because the works were not finished, nor received to the satisfaction of AyA, and this is precisely what highlights the excess and contradiction incurred by the plaintiff by issuing a certification with a content that -in accordance with current regulations- was intended for a later time, when the structure of the aqueduct and the availability of the service could be truly guaranteed, but which, given the terms in which it was issued, reasonably generated an appearance of being backed by the institution. There is no legal justification that supports such action, not even Article 10 bis of Decree No. 27967-MP-MIVAH-S-MHC invoked by the plaintiff, which cannot be interpreted in isolation, and disconnected from the LPU and the Regulation for the application of the procedures of Article 38 of the Urban Planning Law in AyA Aqueduct and Sewerage Works. It is reiterated, the object under discussion is not whether it was appropriate or not to grant the construction permits, nor the legality of those that were granted based on the certifications issued by the plaintiff, nor the legality of the latter; what is being analyzed is Mr. Heibel's conduct, based on the powers conferred upon him in his capacity as Manager by the legislation and internal regulations of AyA, according to the particularities of the specific case, under specific circumstances of manner and time. Thus, the alleged interpretive error regarding the regulations applicable to the sub judice is not observed, because the aforementioned legal precepts are clear in delimiting the scope of the commitment certifications (certificaciones de compromiso) and water availability certifications, establishing a clear difference between their content and effects, and defining at what time and under what conditions one or the other could be issued.
IX.- As part of his defense arguments, the cassation appellant maintains that both the CGR and the lower Court made a partial reading of AyA Board of Directors agreement No. 2001-37, from the session of May 23, 2001, which stipulated: “Article 3: The same restriction shall be established and extended to the entire national territory in any other places where the infrastructure and availability of water resources do not permit development, for which purpose the Executive Presidency or Management is authorized, upon technical recommendation from the AyA Operations Directorate, to so order.” He claims that when reading said agreement, suppressing the highlighted phrase, it appears that the prohibition on issuing water availability certifications anywhere in the country was absolute (as the CGR and the Court understood it), and this lends a false gravity to what happened, but in reality that restriction was conditioned upon the existence of a technical recommendation from the AyA Operations Directorate ordering it, an assumption that did not occur in this case. With this, the appellant admits to having issued true water availability certifications, and seeks to excuse himself on the grounds that there was no absolute prohibition from the AyA Board of Directors on issuing this type of document, and that no technical recommendation was issued to him in that sense for the specific case of the expansion of the El Coco-Ocotal aqueduct. However, even starting from the hypothesis proposed by the cassation appellant - that a partial reading of said Board of Directors agreement was made -, the truth is that his argument is futile since the definition of when and under what terms the availability certifications could be issued was clearly established in Article 38 of the LPU and the Regulation for the application of the procedures concerning said numeral in AyA Aqueduct and Sewerage Works, regulations that the plaintiff cannot now pretend to ignore. Furthermore, note that, according to proven fact 4), which was not appealed, at the request of the AyA Board of Directors, on March 8, 2007, the Legal Directorate of that entity sent official letter DJ-2007-992, stating, among other aspects, that "it is not appropriate to grant availability letters (cartas de disponibilidad) to developers seeking to interconnect to a pipeline that does not exist in the sphere of material reality. It is recommended to carry out the due process to correct the error incurred by the Administration, in cases where a availability letter (carta de disponibilidad) had been issued under this premise." It is noted that despite the express regulatory provisions referred to, and the aforementioned legal opinion of the Legal Directorate, the plaintiff issued 23 certifications of actual drinking water and sewerage availability, making the transgression of the legal system and the institutional criterion on this particular issue evident. In the same vein, the argument outlined that the content of the water availability certifications was drafted by the Legal Directorate of AyA in connection with a “Workshop on Joint AyA-INVU-MEIC Procedures,” held in September 2007, becomes untenable. Upon analyzing the documentary evidence on folios 589 to 593 of the judicial file, it is inferred that there was an invitation from Mr. Rodríguez Araya to the then Legal Director of AyA, to hold a workshop with the participation of representatives from INVU, MEIC, the Law 8220 Commission, and AyA officials, in order to unify criteria and simplify procedures for the benefit of users. As part of that workshop, it is indicated, it was agreed to establish a format for the commitment certifications (certificaciones de compromiso), agreed upon with INVU, for which the Legal Directorate would be responsible, and in which the guarantee of coverage and future water interconnection endorsed by AyA had to be clear. However, those documents do not state what the supposed text was that was finally approved and adopted as a template for the commitment certifications (certificaciones de compromiso) and water availability certifications. In any case, the plaintiff, as General Manager, should have adjusted the content of the certifications he issued to the provisions of the Regulation to apply Article 38 of the Urban Planning Law, which clearly defined, and with higher regulatory rank, the conditions and the time at which one and the other document should be issued, in view of the legal effects each implied.
X.- In the objections identified as second, fourth, sixth, seventh, tenth, and eleventh, the plaintiff seeks to disprove the existence of the attributed fault based on the fact that there was evidence accrediting the water and technical viability of the project, and that his action did not imply any economic risk, since, together with the Trust (Fideicomiso) signed for the expansion of the Coco-Ocotal Aqueduct, sufficient real and financial guarantees were granted to ensure the execution of the works, which could even be assumed by AyA in case of non-compliance by the developers. Furthermore, he emphasizes, there was no institutional risk because AyA was not under the duty to provide drinking water service and interconnection of public services to the developers, until the works were completed and received to the satisfaction of that entity. Such a position is not shared by this Court of Cassation. As has been reasoned on other occasions, the mere fact that effective damage (in this case environmental, institutional, or against the Public Treasury (Hacienda Pública)) did not materialize as a result of an action carried out contrary to the legal system -as noted supra-, is not in itself a reason to disprove the existence of the fault and to exempt the official perpetrating the reproached conduct from sanction (in that regard, consult judgments of this cassation body Nos. 98-F-TC-2015 and 169-F-TC-2020). In this case, special consideration must be given to the fact that the plaintiff held a high-ranking hierarchical position, that of General Manager of AyA, and according to numerals 2 and 12 of the Constitutive Law of that entity, he was responsible before the Board of Directors for the efficient and correct functioning of the Institute, which takes on even greater weight when analyzing the work entrusted to that institution regarding the protection of water resources for the benefit of the country's inhabitants, the administration of the sewerage system, surveillance, and other prerogatives regarding the determination of the viability of projects seeking to build or modify aqueduct and sewerage works, considering the suitability and availability of resources. Based on that context, the gravity of Mr. Rodríguez Araya's actions is then understood, given that, by his position, he was among the first called upon to comply with the legislation, regulatory provisions, and institutional directives in pursuit of fulfilling the purposes entrusted to AyA as the governing entity in matters of aqueducts and sewerage (Article 1 ibidem). However, despite the existence of clear and express regulations regarding the form and time at which water availability certifications should be issued by the General Management, without any justification the plaintiff disregarded those provisions, and issued said documents in an evidently premature manner, since the expansion works of the Coco-Ocotal aqueduct had not been built, much less received to the satisfaction of AyA. Such non-observance could not be overlooked, alleging that, because no environmental, institutional, or economic damage materialized, it does not warrant sanction. The infringement of his functional duties is evident; on his part, there was an undue exercise of the certifying power vested in him by virtue of his position as General Manager. Through not one, but twenty-three certifications, he guaranteed an infrastructure and an actual water availability that was legally and materially impossible to assure the interested parties at that time, first, because so stipulated the regulations analyzed supra, and second, because, even if there was an expansion project for the Coco-Ocotal aqueduct, the works were not finished and therefore he could not attest that they would be suitable for the intended purpose. Even so, Mr. Rodríguez Araya issued the documents in question, on behalf of AyA, guaranteeing an availability non-existent in materiality, and thereby creating an appearance that ultimately culminated in the approval of the municipal construction permits requested by the interested parties. Moreover, concerning water resources and urbanization projects (proyectos de urbanización) that could directly impact their availability and the adequate treatment of drinking water and sewerage for an entire community, greater diligence was required of the plaintiff in complying with the procedures foreseen for each of the corresponding stages for the application of Article 38 of the LPU, as far as AyA's competence was concerned. The action undoubtedly created a confusing scenario and subjected the institution to potential legal complications, and even economic ones, since, although a memorandum of understanding was signed with the company Coco Water S.A. for the expansion of the Playas del Coco aqueduct [where it was clearly warned that said signature did not imply the granting of water availability, nor the authorization to start any work, until the regular requirements and approvals prescribed by the legal system were met; proven fact 3), not appealed], the plaintiff proceeded in a totally contradictory manner, exceeding the commitments acquired by the institution in said letter and in the Trust (Fideicomiso) contract itself, issuing documents that indeed guaranteed the availability of the structure and drinking water at the time the urbanization project (proyecto de urbanización) required it, certifications that appeared endorsed by none other than the governing entity in the matter, and which could be used in other types of proceedings before other administrative instances, as they indeed were before the Municipality of Carrillo, which granted the requested construction permits.
XI.- Another of the issues appealed by the cassation appellant refers to the reasonableness and proportionality of the sanction of disqualification from holding positions within the Public Treasury (Hacienda Pública) for a period of five years, imposed by the controlling body for the facts described supra, and the substitute sanction adopted by the lower Court. He raises the following grievances. Thirteenth. He disagrees with the criterion of the panel of judges, who classified the plaintiff's conduct as negligent. He maintains that his functional competence to sign the 23 certifications arose from an agreement of the AyA Board of Directors, which regulated the application of Article 38 of the LPU in aqueduct and sewerage works of that institution; it was not a prerogative requested by him or by the administration of AyA. After the publication of that regulation, he indicates, he proceeded to consult with INVU and MEIC on the format of the required certifications, a function that fell to the Legal Directorate. He asserts that all certifications involved an internal procedure prior to their issuance. Consequently, he estimates that there was not even negligent conduct on his part, since the certifications were preceded by a procedure that involved the approval and evaluation of several competent departments. He reiterates that the CGR conducted an investigation that omitted to compile and evaluate crucial documents (Board of Directors agreements, the complete text of the trust, the approvals given by the Studies and Projects Directorate, among others). He claims the investigation was carried out when the plaintiff no longer held the position of General Manager nor worked for AyA, such that he was not aware of the documents that were incorporated and those that were omitted, and it was not until the development of the procedure that he had access to them, with the resulting impossibility of obtaining the missing documentation negligently omitted by the CGR in the processing of the file. He argues that the sanction is not commensurate with the merits of the case, since at worst he was induced into error by inadequate institutional advice (because AyA even rejected the CGR's request to annul the issued certifications) but there was never a negligent, much less willful, act on his part. He maintains that, in view of the fact that the processing of the administrative procedure was contrary to law and due process, its absolute nullity should have been decreed, and if it was considered that some of AyA's actions were contrary to law, these were not attributable to the plaintiff. He asserts that he was rigorous in applying internal regulations and requested the necessary technical criteria prior to granting the certifications; therefore, he cannot be subject to any sanction. He reproaches that the lower Court erred in considering that the CGR only incurred an excess in the sanction, when in reality there was no merit to sanction; consequently, he accuses that, by imposing in the judgment a sanction of lesser severity than the one originally dictated, the principles of reasonableness and proportionality were violated. He cites constitutional jurisprudence regarding these principles. Fourteenth. He objects that the CGR violated due process by referring to other facts unrelated to the specific case -which were also not charged- and using them as an aggravating factor for the conduct carried out by the plaintiff. This refers to the fact that Mr. Rodríguez Araya was aware of the consequences of issuing availability certifications under the circumstances in which he did so, since he knew that two of his subordinates and the General Manager prior to him were sanctioned for those acts, and the plaintiff was the one who signed the final sanctioning act, considering the willful conduct as proven. He affirms that these were totally different facts and were committed under the regulations prior to the Board of Directors agreement adopted in ordinary session No. 2007-56.
XII.- The analysis of the reasonableness and proportionality of the sanction, whether the one imposed by the CGR in the administrative venue, or the one adopted by the Contentious-Administrative Court in substitution of the former, necessarily requires addressing the arguments raised by the controlling body in its cassation appeal. Therefore, they will be set forth below, to then address the point under discussion in an integral manner, considering the arguments of both parties. First. It disagrees with the criterion of the lower Court insofar as it declared the absolute nullity of the administrative procedure brought against the plaintiffs, considering that there was no willful conduct on their part as no damage to the Public Treasury (Hacienda Pública), water resources, the public interest, or the environment was proven. It reproaches that the ruling contravenes Articles 38 of the LPU, 10 subsection e) of Executive Decree No. 27967-MP-MIVAH-S-MEIC, 2 of the Constitutive Law of AyA, and 5 and 11 of the Regulation for the application of Article 38 of the LPU. It asserts that the plaintiffs put the availability of water resources in the area at risk, meaning the inhabitants of El Coco-Ocotal were subjected to an unnecessary risk of drinking water shortage. They also subjected the Administration to a risk of compensation liability insofar as they guaranteed developers something that did not really exist, and allowed construction permits to be granted outside the bounds of the legal system. All of the foregoing, it reproaches, for having ignored the prohibitions and warnings made by the AyA Board of Directors (agreements 2001-137 and 2007-367), legal opinions of the Legal Division of AyA, and the Constitutional Chamber in judgment 262-2009, which clearly and expressly determined the impossibility of granting availability letters (cartas de disponibilidad) without having the technical studies that determine the certainty of water availability and with the aqueduct infrastructure completely finished. It maintains that the sanctioned administrative conducts refer to omissions of functional duties, in which it is absolutely impossible to apply the Court's thesis regarding the "materialization of a risk" in order to determine the applicable responsibilities. It warns that the administrative procedure was not based on the materialization of economic damage to the Public Treasury (Hacienda Pública), the environment, or water resources, but on the serious violation of the norms that make up the Public Treasury (Hacienda Pública) and those referring to water resources, as the controlling body managed to demonstrate that the plaintiffs put both legal assets at risk, by giving certainty of the existence of water in the area without having the technical studies for it and without having the aqueduct works finished and received to the satisfaction of AyA. Second. It accuses a violation of numerals 11, 39, 41, 183, and 184 of the Political Constitution, 11, 113, 211, 213 of the LGAP, 1, 4, 8-12, 16, 17, 68, 71, and 72 of the Organic Law of the CGR, 39 and 41 subsection d) of the General Law of Internal Control, 3, 4, 38 subsection d), 40, and 44 of the Law Against Corruption and Illicit Enrichment. This is because the lower Court annulled the administrative procedure because there was no prior declaration of nullity (administrative or judicial) of the certifications issued by both officials, and because, in its judgment, issuing and/or validating said availability certifications was not a willful practice aimed at intentionally causing harm. It objects that the responsibility of the plaintiffs did not derive from the nullity of the certifications -which were even validated by a supervening situation-, but from the omissions and failures in their functional duties, regarding supporting decisions that impact the Public Treasury (Hacienda Pública) and water resources, omitting technical and legal studies that would determine the availability of water resources and the aqueduct infrastructure in the El Coco-Ocotal area, prior to the issuance of said acts. Hence, it points out, the discussion about the legality of said administrative acts lacks interest, because that was not the reason for the sanctioning administrative act. It insists that the sanctioning procedure did not aim to exercise a legality control to verify the validity of the administrative acts; that is why the imposed sanction is disciplinary in nature and not for restoring the legality of the administrative function through a declaration of nullity. It refutes that the Court started from a mistaken premise by considering that the sanction is disproportionate and that the conduct cannot be classified as willful because it was not annulled, a condition not established by the legal system for classifying the fault and grading the sanction. It interprets that none of the cited legal precepts subjects the responsibility of the officials to the declaration of nullity of the reproached administrative conducts, precisely because the determining element is the breach of the duties of the public servant and the infractions of the norms that make up the control and oversight system and the Public Treasury (Hacienda Pública), which are safeguarded by the CGR by constitutional mandate. It outlines that the controlling body did not start from the validity or invalidity of the administrative acts issued by the plaintiffs, but rather that one of the fundamental reasons motivating the sanction was the hierarchical level, knowledge, and experience, and above all the gross violation of the norms that make up the system of superior control and oversight of the Public Treasury (Hacienda Pública), the internal control system, and the regulations protecting water resources, as established in items 211 and 213 of the LGAP, 39 and 41 subsection d) of the Internal Control Law. It also disagrees with the Court's criterion that no violation of the duty of probity was verified. It alleges that there was a violation of said principle, because the plaintiffs did not support the decisions adopted in technical and legal studies, thereby not only putting the water resources of the El Coco-Ocotal area at risk, but also favoring private developers, to the detriment of the public interest, and subjecting the Administration to an unnecessary compensation risk, deviating from the objectives of administration and surveillance of water resources inherent to AyA.
The infraction committed, it notes, according to article 4 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office, warrants separation from the position, and a prior declaration of nullity of the administrative actions is not required, because what the legislator imposes is a sanction for the infraction of a functional duty. It emphasizes, through judgment no. 3-F-TC-2018 –which annulled the first ruling issued in this proceeding–, this Cassation Body indicated that the CGR can conduct administrative procedures to verify the responsibility of public officials who have caused some detriment to the Public Treasury or its oversight and control components, for which it is sufficient that the conduct was negligent or with gross fault, without requiring a declaration of illegality of the acts in court, when it is evident and manifest. Despite the foregoing, it criticizes, in the appealed judgment the Contentious Court again committed the same error, by subjecting the responsibility of the plaintiffs, and the grading of the sanction, to the declaration of nullity of the administrative acts issued by them. Third. It disagrees with the following assertion of the sentencing Court: "At all times we see, then, that the same deciding body starts from the existence of a 'presumed nullity' of the administrative acts that constitute the basis for declaring the sanctions on the plaintiffs, (...) According to the basis of the final act of the administrative procedure and the support of the resolutions that rejected the revocation and appeal remedies filed by the plaintiffs, it is clear that the basis that the oversight body had to determine the disciplinary responsibility and the barring of the plaintiffs from holding public office, start from a premise of invalidity of the water availability certifications, so in its consideration the challenged actions are illegal." It argues, in the order opening the disciplinary procedure issued against the plaintiffs, it was clearly indicated that the preliminary investigation carried out by the Division of Operative and Evaluative Oversight dealt with the alleged commission of willful misconduct (dolo) or gross fault in the exercise of their functions when granting certifications of real availability of drinking water to the founding and potential commercial settlors of the Playas del Coco-Ocotal Aqueduct Fideicomiso, without the corresponding works having been constructed and received by the AyA. Subsequently, it points out, through resolution PA-76-2009 of November 18, 2009, the CGR declared the plaintiffs responsible for the following facts: 1. Not obeying the orders of the hierarchical superior - Board of Directors of the AyA - which, through agreements 2001-37 and 2007-367, ordered the need to certify the existence of the completed aqueduct works and real availability of the water resource in the area prior to granting letters of drinking water availability. 2. Omitting the procedure established in the eighth clause of the memorandum of understanding of March 16, 2006, clause V of the fideicomiso contract, and in articles 5 and 11 of the Regulation for the application of article 38 of the LPU. 3. Unduly compromising the water resource of the area. 4. Breaching their functional duty by omitting the technical studies that would certify the certainty of availability of the water resource in the El Coco and Ocotal area. 5. Omitting to make the necessary observations to the Municipality of Carrillo so that the developers of the area would not use the documents granted for purposes contrary to the legal system. 6. Omitting to clarify that the aqueduct works were not constructed and there was no certainty of water availability in the area. 7. Omitting the duty to seek advice regarding the effects of the administrative acts issued in favor of the developers. 8. Violating what was indicated by the legal advisor of the AyA regarding the impropriety of delivering availability letters to developers because the pipeline did not exist in material reality. 9. Omitting to use management information channels and the possibility of consulting with specialized professionals before granting the water availability certifications. 10. Violating articles 11 of the Magna Carta and 11 of the LGAP. 11. Putting the public interest at risk, guaranteeing future and uncertain events in order to attend to private interests of the developers. 12. Breaching the duty of probity, by not attending to priority collective needs under conditions of equality and granting preferential rights to the developers. 13. Disregarding the provisions of the CGR contained in report DFOE-ED-22-2009. 14. Putting the water supply of the area's inhabitants at risk. 15. Weakening the internal control system. 16. Violating their duties as Manager and Sub-Manager of the AyA. 17. Omitting to take the necessary measures before issuing the water availability certifications. It says, after a simple and biased assessment, the Court concluded that the basis for the administrative act was based solely on the issuance of water availability certifications that had not been declared null. It asserts, the plaintiffs incurred an administrative transgression that affected the Public Treasury, by not exercising with due diligence the powers granted by the legal system regarding the disposition of public assets, conduct that can be sanctioned disciplinary by the CGR by virtue of numeral 10 of the Organic Law of the CGR. It reiterates, the administrative act of the oversight body responds to a procedure of a sanctioning nature, not an annulment one, as the sentencing Court erroneously conceived it. It refers, through official communication PRE-J-2009-2968, the Legal Division of the AyA performed an analysis on the nullity of the water availability certifications, in view of what was ordered by the CGR in report DFOE-ED-22-2008, and determined the validity, in the administrative venue, of said acts, considering that the nullity lacked current interest because, after their issuance, there was certainty regarding the availability of water in the area and because those letters had already generated subjective rights in favor of individuals. It maintains, despite the fact that the Administration validated the administrative acts through official communication PRE-J-2009-2968, and they have not been annulled in court, this does not vitiate the disciplinary responsibility of the plaintiffs. It highlights, the acts were validated because, after the issuance of the certifications, the availability of water resources in the area was demonstrated, that is, a supervening situation occurred, which in no way exempts the plaintiffs from answering for their omissive, negligent, and irresponsible conduct to the detriment of the administration of the water resource and the rules concerning the Public Treasury and environmental protection. It criticizes, the Court's position implies the impunity of the faults committed. Fourth. It censures, the panel of judges deemed it unproven that any patrimonial damage was generated to the Public Administration or the environment, and that the conduct of the officials was willful (dolosa), all of which is a consequence of an erroneous assessment of the evidence. It underlines, the plaintiffs, who held managerial positions, were in a position to request technical studies in order to have certainty of the water availability in the area, and to warn that the aqueduct infrastructure was not finished nor received by the AyA, nevertheless they did exactly the opposite, guaranteeing the availability of water without having certainty thereof, and an infrastructure that in material reality did not exist. It refutes, without taking into consideration the functions of the positions held by the plaintiffs, the injury to the legal system and the public interest that the AyA represents, nor the seriousness of the facts, the Court classified the conduct of the plaintiffs as negligent, ignoring the evidence brought to the proceeding, through which it was determined that they acted despite the knowledge of the regulations, legal criteria, and resolutions of the Constitutional Chamber that warned about the impossibility of granting them without the prior requirements provided for that purpose, without attending to the commitments and the fideicomiso contract agreed upon between the AyA and the developers, to the Board of Directors' agreements, and to the lack of technical studies demonstrating the availability of water resources and the completed infrastructure. Fifth. It accuses violation of constitutional article 50 and of the precautionary and objectification principles of environmental protection. It maintains, the Constitutional Chamber, through judgment no. 262-2009, concluded that the AyA proposed the development of a project for the exploitation of the water resource lacking certainty about the water availability and possibility of exploitation of the Sardinal aquifer, therefore any authorization of exploitation without such certainty placed the aquifer in a position of vulnerability, causing unnecessary environmental risk, and ordered the AyA to suspend the delivery of availability letters until having technical studies. It highlights, the Constitutional Court deemed the violation of article 50 of the Magna Carta and of the precautionary and objectification principles of environmental protection to be proven. It alleges, by annulling the sanctioning act of the oversight body, under the erroneous argument that the plaintiffs' sanctions were based on acts not previously annulled in court, the constitutional principles of legality and universality of control of administrative conduct are violated, since acts immune to the administrative responsibility regime are created. It points out, article 11 of the Magna Carta subjects the official's responsibility to the fulfillment of their duties, not to the nullity of the administrative acts, as the lower Court erroneously considered.
XIII.- This Cassation Court differs from the legal classification given by the panel of judges to the conduct reproached to the plaintiff Rodríguez Araya, as well as from the assessment regarding the reasonableness and proportionality of the sanction of dismissal and barring from holding public office that was imposed on him by the CGR. In the first place, it is considered, it is not appropriate to classify the plaintiff's conduct as negligent, because, according to the merit of the case records, in reality it was a willful action (actuación dolosa). Although it could not be affirmed, with absolute certainty, that the issuance of the 23 water availability certifications was carried out with the purpose of unduly benefiting the private interest of the urbanization project developers, to the detriment of the public interest and the inhabitants of the Sardinal community, or, with the intention that these be used for purposes contrary to the legal system (because here there is no judgment on the validity of the municipal construction permits), the truth is that Mr. Rodríguez Araya issued said documents in favor of individuals knowing that there was express legislation and regulation, as well as provisions from the Board of Directors, and contractual commitments previously acquired with the developers, that clearly provided how and when that type of certification should be issued, and their legal implications for the Institute and before other administrative institutions. Despite that knowledge, which he held by virtue of his position as General Manager of the AyA, Mr. Heibel acted contrary to what the legal system imposed on him, without having justification for such disregard, and with full awareness of the legal implications involved in issuing that type of certification on behalf of the AyA. That is the fundamental fact that requires classifying his conduct as willful (dolosa); having acted knowingly breaching the regulations, prematurely guaranteeing a drinking water availability for an urbanization project without having certainty thereof and certifying a non-existent materiality in reality (aqueduct infrastructure completed and received by the AyA). At this point it is appropriate to bring up what is provided by ordinal 213 of the LGAP, in that it states: "For the purposes of determining the existence and degree of fault or negligence of the official, when assessing the alleged defect of the act to which they are opposed, or which they issue or execute, the nature and hierarchy of the functions performed must be taken into account, it being understood that the higher the official's hierarchy and the more technical their functions, in relation to the defect of the act, the greater their duty to know and properly assess it". As the CGR well indicates, the fact that the plaintiff held the position of General Manager of the AyA cannot be ignored, and in accordance with precept 12 of the Constitutive Law of that entity, he was responsible for the adequate and efficient administrative functioning of the institution, which imposed on him greater responsibility and demand in compliance with the regulations governing the entity's actions, and in achieving the purposes that its constitutive law attributes to it as the governing body in matters of aqueducts and sewers of the country. Thus, by virtue of his position, Mr. Rodríguez Araya had an utmost duty regarding the assessment of the legal implications of the improper exercise of the certification power entrusted to him, the importance of the legal right (drinking water) at stake, the legal effects involved in issuing water certifications on behalf of the AyA, and the existence of express regulations dictating the form and time for issuing said documents. The fact that the certifications were not annulled does not diminish the reprehensibility of his conduct, nor the appropriateness of the sanction, since the reason for sanctioning him does not originate in the illegality of those administrative acts (which were validated due to supervening circumstances), but in the evident disregard of his functional duties as Manager of the AyA, a breach that, as stated, he committed with full knowledge and understanding. This Cassation Court, on other occasions, has already referred to this particular point. Thus, in judgment no. 79-F-TC-2017, it stated: "(...) it is worth remembering that article 68 of the LOCGR empowers the Contraloría to initiate the sanctioning procedure and to recommend, with binding effect, the sanction to impose on the public servant when it is proven that they infringed the norms that comprise the oversight and control system contemplated in that Law or when they injured the Public Treasury. (...) in the opinion of this Cassation Court, the substantiation of the sanctioning procedure provided for in ordinal 68 of the LOCGR is autonomous from the processing of the annulment procedure contemplated in article 28 of that law (In that sense see judgment no. 114-F-TC-2016 of 11 hours 10 minutes of September 22, 2016). That is, the existence of a prior decreed nullity, whether by the CGR itself or by judicial authority, according to the assumptions of numerals 68 of the LOCGR and 173 of the LGAP, regarding a certain act injurious to the Public Treasury is not a sine qua non requirement to validly exercise the sanctioning regime against the public servant responsible for that harmful conduct or omission. The exegesis of precept 68 itself of the LOCGR is clear in that sense, and from the framework of norms of that legal body it is clearly inferred that they do not condition or subordinate one procedure to another, but rather both are fully independent of each other and differentiable in terms of their object and scope. So, in the subjúdice, the Court erred by annulling everything acted in the sanctioning procedure followed against the plaintiff, under the argument that it was not appropriate to sanction him for administrative acts that had not yet been invalidated by judgment issued by the competent jurisdictional authority (...)". In the present case, impunity for absolutely reprehensible acts could not then be permitted, as this would empty the principle of legality enshrined at the constitutional level, which imposes on public officials the duty of subjection to the legal system regarding the fulfillment of their duties and the administrative function that is materialized through their actions, as well as the entire legal and regulatory framework that nourishes the competence profile of the public official, in this case, the managerial figure of the AyA, and the norms that regulate the oversight of the proper exercise of their formal duties. Nor is it possible to exempt the plaintiff from responsibility because no patrimonial damage materialized for the AyA, nor for the water resource as such, insofar as, as has been analyzed, there was an evident disregard of his functional duties and, in the circumstances in which this occurred, he did put the institution and the water resource at risk, because he guaranteed a right of access to drinking water without having the infrastructure that would make the provision of that service possible (which could generate eventual responsibility of the AyA before the developers in case of non-compliance), and without having certainty that he could provide the required access to that fundamental good, because he had not received the works and performed the corresponding operational tests to verify that the connection would be possible, in the quantity of water connections required for the project and without affecting the availability of the resource for the Sardinal community. Based on the foregoing, it is considered, the plaintiff incurred an evident infraction of the duty of probity, since, in a willful manner (de forma dolosa), he did not act with rectitude in the exercise of the powers conferred upon him by the legal and regulatory norms cited above in his capacity as General Manager, and his conduct did not conform to the institution's own objectives (article 2 of the Constitutive Law of the AyA), and to the administration of the country's water resource in adherence to the principle of legality (precept 1 ibidem). This, in accordance with ordinals 3 and 4 of the Law against Corruption and Illicit Enrichment in Public Office, warranted his dismissal without employer liability, as the CGR correctly determined. Furthermore, the Public Treasury was also injured, as it is composed of the internal control regulations, which were disregarded by the plaintiff, by acting contrary to the institutional, legal, and regulatory provisions enacted for the proper exercise of the water availability certification power, which tended towards the protection of public assets against any irregularity or illegal act, and towards the adequate development of the entity's activity. Thus, according to cardinals 8 and 12 of the General Law of Internal Control, and 8, 9, 10, 11 and 72 of the LOCGR, the sanction of barring the official from holding public office (inhabilitación) was applicable. Finally, it is not observed that the CGR sanctioned the plaintiff based on facts not timely attributed. The fact concerning Mr. Heibel knowing the implications and the illegality of issuing availability certifications under the circumstances indicated, because two of his subordinates were sanctioned for those same facts, is a mere reference that the oversight body made to emphasize the knowledge the plaintiff had about the regulations applicable to that type of certification, but that in no way constitutes the central fact for which he was sanctioned; that is, this reference in no way changes the result of what was decided, nor does it substantively affect the classification of the seriousness of the fault or the grading of the sanction to be applied, according to what has already been analyzed in the preceding lines. For the reasons stated, it is then appropriate to deny the objections of the cassation plaintiff regarding the point under examination, and to uphold the censures raised by the CGR, with the consequences that will be stated.
APPEAL OF CO-PLAINTIFF GUILLERMO ARCE OVIEDO XIV.- In the sole procedural grievance, he accuses lack of reasoning of the judgment for two reasons. First, because it does not adequately substantiate the reasons why it was considered contrary to law for co-plaintiff Arce Oviedo to endorse the certifications issued by co-plaintiff Rodríguez Araya. He says, the Court did not indicate which legal norms were violated by that action, but rather interpreted that both actions (issuing the certification and ratifying the existence of previous certifications) violate the same legal precepts. He maintains, Mr. Rodríguez Araya's actions did not require any validation, endorsement, or ratification to produce legal effects; they were valid and effective on their own. This implies, according to his criteria, that the judgment should have provided reasoning for this particular aspect, and by not doing so, co-plaintiff Arce Oviedo is placed in a defenseless situation, as it makes it impossible for him to rebut non-existent arguments as to why both actions were treated in the same manner. Second, he points out, in the opening statement of the trial hearing, as an essential argument of his theory of the case, he indicated that the administrative file contained incomplete documents, such as the one visible at folios 02 and 03, a document on which the CGR relied to impose the sanction on him, which was violative of due process. He claims, such an argument was not addressed by the contested ruling; it was not enough to assert that there was no breach of due process, rather, the reasons why that defense argument did not merit credibility from the Court, according to the evidence in the case records, should have been developed.
XV.- The alleged procedural error is not verified. Regarding the first argument, it must not be lost sight of that the point under discussion was not whether the 23 letters of commitment originally issued by Mr. Rodríguez Araya required or not some type of ratification to be valid and effective. The matter reproached by the Court is that co-plaintiff Arce Oviedo, in his capacity as Sub-Manager of the AyA, ratified those 23 letters –which in the panel of judges' view were not such, but rather true water availability certifications– despite the fact that they had been issued contrary to the Urban Planning Law and the Internal Regulations of the AyA, and he also requested the Municipal Engineer of Carrillo to proceed to accept them in the procedures that the companies carried out before that municipality. It is understood that, in the Court's view, that ratification and request suffer from the same defects as the letters of commitment themselves –of water availability, according to the judges–, all being contrary to law (a substantive aspect that cannot be analyzed through the invoked procedural ground), and that is precisely the reason that generates responsibility on Mr. Arce Oviedo's part. Moreover, it should be noted that the Court added that the latter's conduct was contrary to law because, in addition to the above, he issued other certifications with the same defects as the previous 23, even though he had already been warned by the institution's Legal Director about the inadvisability of issuing administrative acts in that sense (certifying and attesting to the existence and viability of the project, guaranteeing that it would have the infrastructure and drinking water availability) because there was uncertainty about certain aspects and even questioning by the CGR. Second, the fact that the Court supposedly ignored one of the essential arguments of the plaintiff's theory of the case and did not issue a pronouncement on it technically does not constitute a defect of lack of reasoning, but rather potentially implies a substantive error due to preterition or improper evidentiary assessment, which cannot be reviewed from a procedural perspective. If, in the cassation appellant's thesis, there were incomplete documents based on which a disciplinary sanction was imposed on him, and this violated his due process, such is an evidentiary and legal question that must be addressed from the substantive cassation grounds; however, such an examination is not possible to carry out, since he does not indicate what substantive norm was violated, does not explain what the alleged assessment error consisted of, or how it influenced the decision. Consequently, the rejection of the alleged grievance is mandatory.
XVI.- In the sole substantive grievance he alleges, the fundamental difference between a certificate of commitment and a letter of water availability is that the former enables future and conditional access to the public water service, while with the latter such access is immediate. For this reason, he points out, the former refers to the availability of water for which works and permits are required, whereas the latter is issued when the infrastructure is constructed and in operation, because then one is able to supply water immediately to the applicant. Based on this, he reproaches, the Court's error lies in having interpreted that Mr. Guillermo issued a letter of availability, when from the content of the document it is clearly evident that it was a certificate of commitment, which stated: "SIXTH: That by virtue of the foregoing I certify and attest to the existence and viability of the project, guaranteeing that it will have the infrastructure and availability of drinking water, once the primary aqueduct infrastructure is completed and received to the full satisfaction of the AyA and the new services are formalized in accordance with current regulations. The foregoing without prejudice to the approval powers of the INVU". He underlines, it was stated that currently there was no installed capacity for providing the drinking water service since words like "project" were used, which means it was a "thought of executing something" according to the Royal Spanish Academy of Language. In the same sense, he asserts, the verb "will have" implies an action that is projected to be executed in the future, so there is no certainty about the date of its materialization. He notes, the phrase "once completed" denotes that water availability would be in the future and required the culmination of a hydraulic works project. He refutes, it is completely erroneous to assert that the immediate availability of water was certified, because in reality what was certified was that within the aqueduct project there was a commitment to include the applicant for the purpose of providing the public service. He considers, the words used in the document did not require major philological analysis to understand their meaning; however, the Court attributed a different meaning to them and consequently erred in the assessment of the evidence, which led it to conclude that Mr. Arce Oviedo violated the legal system through negligent conduct, which is absolutely incorrect.
XVII.- This Cassation Court does not perceive the alleged assessment error. Article 5 of the Regulation for the application of article 38 of the LPU, approved by the Board of Directors of the AyA, in ordinary session no. 2007-056 of September 11, 2007, is absolutely clear regarding the content and scope of a certificate of commitment, which attests to: the existence and viability of the project, its coverage, approximate cost, and the express commitment of the developer to assume the total cost of the works, so that the latter can process the corresponding permits for its acceptance before the instances established in article 38 of the Urban Planning Law. Note that the certifications issued by Mr. Guillermo, as was already analyzed in the case of Mr. Heibel, exceeded the certifiable content defined by the cited cardinal, and guaranteed a future event, such as the availability of infrastructure and drinking water, without the expansion works of the Coco-Ocotal aqueduct being completed and received to the satisfaction of the AyA at the time those documents were issued. The appellant excuses himself under the argument that he subjected the availability to the moment when the infrastructure was completed and received by the AyA, but according to the reading of ordinals 5 and 11 of the cited Regulation, it was only when both conditions were materially fulfilled that it was appropriate to guarantee, i.e., assure, give certainty, of the availability of the infrastructure and drinking water, not before. His argument is contradictory and fruitless, because if his intention was to condition the availability of water and infrastructure on the completion and reception of the works, then it made no sense to anticipate guaranteeing that circumstance in the certifications he issued, but rather the logical thing, and what the regulations imposed on him, was to wait for both situations to materialize in reality, to then issue the letters of availability in favor of the developers for the purposes of connection and operation of the services. Therefore, as the Court correctly perceived, in reality he issued letters of water availability, not certificates of commitment, an action moreover carried out contrary to the regulation cited above.
Consequently, as the alleged error regarding the assessment of the evidence is not verified, the charge raised is rejected.
XVIII.- By reason of what has been analyzed in the preceding Considerandos, particularly in XIII, and given that it was proven that the plaintiff Arce Oviedo, in his capacity as Sub General Manager of AyA, in 2008 ratified the 23 water availability certificates previously issued by Mr. Rodríguez Araya, and requested the Municipal Engineer of Carrillo to proceed to accept them in the procedures that the companies undertook before that municipality, as well as that in 2008 and 2009, in his capacity as Sub Manager and General Manager, respectively, he issued two certificates guaranteeing the availability of water and aqueduct infrastructure (without the works being finished or received by AyA), the sanction of dismissal without employer liability and of disqualification imposed by the CGR is fully in accordance with the law [facts deemed proven 8) and 9), which have not been able to be refuted in this venue]. Note that the conduct attributed to Mr. Guillermo becomes reprehensible for the same legal reasons examined in the case of Mr. Heibel, since, in essence, he committed the same unjustified disregard of his functional duties as Manager and Sub Manager of AyA, by validating, and subsequently issuing, water availability certificates in contravention of Articles 38 of the LPU, 5 and 11 of the Reglamento para la aplicación del artículo 38 ibidem. An infraction that must also be classified as intentional, due to the knowledge he had, by reason of his position, that he was acting against the legal and regulatory provisions governing the issuance of this type of certificate, and of the legal implications of that course of action. Note that even, through official communication PRE-J-2009-1160 of March 20, 2009, the Legal Director indicated to him that it was not opportune to issue administrative acts on that type of matter in which there was uncertainty and even questioning from the CGR (proven fact 9); nevertheless, on May 26, 2009, in his capacity as General Manager, he issued a water availability certificate, without the requirements demanded by the aforementioned Reglamento being met. Consequently, upon verifying the commission of the facts constituting a disciplinary offense, and their seriousness, the appeal of the CGR, regarding the issue of the reasonableness and proportionality of the sanction imposed in the administrative venue, must also prosper with respect to Mr. Guillermo, in the manner that will be stated.
XIX.- By virtue of what is resolved here, it becomes unnecessary to delve into the analysis of the remaining grievances raised by the appellant Rodríguez Araya and by the CGR. Given that the commission of the disciplinary offense committed by both plaintiffs has been verified, as well as the reasonableness and proportionality of the sanction of dismissal without employer liability and disqualification from holding Public Treasury positions for five years, imposed by the controlling body in the administrative venue, the recognition of the compensatory claims made by the plaintiffs in their lawsuit becomes improper, since they depended directly on what was resolved regarding the points previously indicated. Thus, based on the foregoing, it will be appropriate to declare without merit the cassation appeals filed by Messrs. Rodríguez Araya and Arce Oviedo, upon whom the costs generated by their exercise are imposed, in accordance with Article 150.3 of the CPCA, plus the respective legal interest, according to Article 1163 of the Civil Code, which will run from the finality of the judgment and until its effective payment. The cassation appeal filed by the CGR will be declared with merit. Consequently, the appealed judgment will be partially annulled, insofar as it partially upheld the exception of lack of right and both lawsuits, ordering: a) The non-conformity with the legal system and the absolute nullity of resolution N° PA-76-2009, issued by the Legal Division of the Contraloría General de la República at 2:30 p.m. on November 18, 2009, which imposed the sanction of dismissal without employer liability on the plaintiffs and decreed the prohibition of entry or re-entry to hold Public Treasury positions for a period of five years. b) The nullity of resolution N° R-DC-92-2011 of the Contralora General de la República, issued at 9:00 a.m. on June 22, 2011, which rejected the appeal filed by the plaintiffs, as well as the resolution of the Despacho Contralor N° R-DC-201-2011, at 11:00 a.m. on December 21, 2011, which denied the review appeal filed by AyA. c) The nullity of Article 6 of Agreement N° 2012-019, taken in ordinary session N° 2012-005 of the Board of Directors of AyA, on January 19, 2012, by which the dismissal without employer liability of the employee Arce Oviedo was ordered, and, in its place, the Contencioso Court imposed on him, as a substitute, exemplary, and corrective measure, the sanction of one month without salary, which he shall serve in the position he currently held at AyA, from the moment the Administration so orders. d) Remove from the respective personnel files of each of the plaintiffs, the penalty of the controlling body, as well as the disqualification mark, recording the sanction decreed here by the Court. e) The payment, for the concept of subjective moral damages, of the sum of ¢2,000,000.00 for Mr. Arce Oviedo and ¢1,000,000.00 for Mr. Rodríguez Araya, borne by the Contraloría General de la República. f) The recognition of indexation on the sums granted in the judgment, plus the respective legal interest, counted from the finality of the judgment and until its effective cancellation, to be determined and quantified in the judgment execution phase. g) Maintain the precautionary measure in favor of the plaintiff Arce Oviedo, until the finality of the judgment. h) Resolve the matter without condemnation of costs. In its place, ruling on the merits, the exception of lack of right is upheld and the lawsuit filed by both plaintiffs is declared without merit in all its respects, upon whom both costs of the proceeding are imposed, in accordance with precept 193 of the CPCA (condemnation whose reasons will be explained in the following Considerando, for reasons of expository order), plus the respective legal interest, according to Article 1163 of the Civil Code, which will run from the finality of the judgment and until its effective payment. The appealed judgment will remain intact insofar as it rejected the exceptions of lack of active and passive standing, lack of current interest, and the expression sine actione agit.
XX.- In the opinion of this Cassation Court, there is no merit to exonerate the plaintiffs from the payment of both costs of the proceeding. First, because the exoneration condition provided in subsection a) of cardinal 193 of the CPCA is not met. Second, because it is not considered that they had sufficient reason to litigate. As conceptualized by this Cassation Body, having sufficient reason to litigate implies not only the conviction of the losing party in the thesis defended by them, but also that this conviction was based on objective data from the proceeding, from which the adjudicator can conclude that the losing party had rationally founded reasons to believe in the soundness of their claim, or their defense, as the case may be. In this case, both plaintiffs defend the validity and adherence to the legal system of their actions regarding the issuance and validation of the questioned certificates, and reject having incurred in the offenses attributed to them to the detriment of their functional duties, the environment, the water resource, and the Public Treasury. Both maintain that they did not guarantee the immediate availability of potable water until the works of the El Coco-Sardinal aqueduct were finished and received to the satisfaction of AyA, but rather issued certificates of commitment that, in accordance with Articles 38 of the LPU and 10 bis of Decreto Ejecutivo No. 27967-MP-MIVAH-S-MEIC, could well be used in the processing of construction permits requested by developers, without that implying -on the part of the plaintiffs- an illegal, intentional, or deliberately aimed action to cause a result prohibited by law. However, despite the fact that the thesis upheld in court by the plaintiffs has warranted an intellectual exercise on the part of the instance judges and in this cassation venue, the truth is that it is not consistent with the body of evidence offered as support, which led this Cassation Court to deny both appeals and thereby dismiss the lawsuit in all its respects. As has been analyzed, the content of the documents issued by the plaintiffs corresponded to true letters of water availability, and not certificates of commitment, which were issued in an evidently premature manner, since the relevant regulations clearly stipulated under what terms and at what moment they should be issued, and were ultimately used to process construction permits before the municipality of Carrillo. Knowing this and the legal consequences of a document issued in those terms, the plaintiffs issued the letters of availability, and although it is considered that their intention to cause harm or a result prohibited by law has not been accredited, their non-observance of the duties inherent to their position is undeniable and unjustifiable, a disregard that is aggravated not only by the hierarchy of the post, but also by having guaranteed an availability and a materiality that did not actually exist, with the potential environmental and water resource access consequences that this could have for the inhabitants of the community of Sardinal, in addition to the economic and legal ones for AyA, which appeared as the certifying institution of non-existent facts and guaranteeing access to potable water to several developers, without having certainty thereof, since the aqueduct works had not been completed. Although no effective damage to the water resource or the Public Treasury was concretized, this does not detract from the seriousness of the infraction committed by the plaintiffs in the exercise of the functions and powers inherent to their position, as was analyzed, and therefore there is also no merit to annul the sanction imposed on them by the controlling body. Consequently, the appropriate course is to impose both costs of the proceeding on the plaintiffs who lost in court, in accordance with precept 193 of the CPCA.
POR TANTO
The cassation appeals filed by the plaintiffs are declared without merit, upon whom the costs generated by their exercise are imposed, plus the respective legal interest, which will run from the finality of the judgment and until their effective payment. The cassation appeal filed by the CGR is declared with merit. Consequently, the appealed judgment is partially annulled, insofar as it partially upheld the exception of lack of right and both lawsuits, ordering: a) The non-conformity with the legal system and the absolute nullity of resolution N° PA-76-2009, issued by the Legal Division of the Contraloría General de la República at 2:30 p.m. on November 18, 2009, which imposed the sanction of dismissal without employer liability on the plaintiffs and decreed the prohibition of entry or re-entry to hold Public Treasury positions for a period of five years. b) The nullity of resolution N° R-DC-92-2011 of the Contralora General de la República, issued at 9:00 a.m. on June 22, 2011, which rejected the appeal filed by the plaintiffs, as well as the resolution of the Despacho Contralor N° R-DC-201-2011, at 11:00 a.m. on December 21, 2011, which denied the review appeal filed by AyA. c) The nullity of Article 6 of Agreement N° 2012-019, taken in ordinary session N° 2012-005 of the Board of Directors of AyA, on January 19, 2012, by which the dismissal without employer liability of the employee Arce Oviedo was ordered, and, in its place, the Contencioso Court imposed on him, as a substitute, exemplary, and corrective measure, the sanction of one month without salary, which he shall serve in the position he currently held at AyA, from the moment the Administration so orders. d) Remove from the respective personnel files of each of the plaintiffs, the penalty of the controlling body, as well as the disqualification mark, recording the sanction decreed here by the Court. e) The payment, for the concept of subjective moral damages, of the sum of ¢2,000,000.00 for Mr. Arce Oviedo and ¢1,000,000.00 for Mr. Rodríguez Araya, borne by the Contraloría General de la República. f) The recognition of indexation on the sums granted in the judgment, plus the respective legal interest, counted from the finality of the judgment and until its effective cancellation, to be determined and quantified in the judgment execution phase. g) Maintain the precautionary measure in favor of the plaintiff Arce Oviedo, until the finality of the judgment. h) Resolve the matter without condemnation of costs. In its place, ruling on the merits, the exception of lack of right is upheld and the lawsuit filed by both plaintiffs is declared without merit in all its respects, who are condemned to pay both costs of the proceeding plus the respective legal interest, which will run from the finality of the judgment and until their effective payment. In all other respects, the appealed judgment will remain intact.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Damaris Vargas Vásquez Jorge Alberto López González gcr Telephones: (506) 2295-3658 or 2295-3659, email [email protected] Classification prepared by TRIBUNAL CASACIÓN CONTENCIOSO ADM of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo Analizado por: TRIBUNAL CASACIÓN CONTENCIOSO ADM Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso-Administrativo Tema: Principio de imparcialidad Subtemas:
Jueza que participa en dos sentencias dentro del mismo proceso y, en una de ellas, no externa criterio acerca del fondo. Inexistencia de perjuicio procesal.
Tema: Principio de objetividad Subtemas:
Jueza que participa en dos sentencias dentro del mismo proceso y, en una de ellas, no externa criterio acerca del fondo. Inexistencia de perjuicio procesal.
"III.- En el único agravio procesal alega violación de normas procesales cuya inobservancia sea sancionada con nulidad absoluta, concretamente, de los principios de imparcialidad y objetividad del juzgador, y de las normas vinculantes referidas a la inhibitoria. Explica, la jueza Sandra María Quesada Vargas aparece como firmante de la primera sentencia dictada dentro de este proceso (no. 65-2015 del 22 de junio de 2015, anulada por este Tribunal de Casación) y también de la segunda (sea el fallo recurrido no. 44-2018 del 19 de junio de 2018 y su resolución complementaria). Estima, la participación de dicha juzgadora en el dictado de ambas sentencias deviene violatoria del principio de imparcialidad del juzgador, expresamente tutelado en el artículo 42 constitucional, el cual establece que un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo asunto. Igualmente, reprocha quebranto de los numerales 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14 inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cita en su apoyo las sentencias de Sala Constitucional nos. 8490-2006 y 5301-2005, y la circular del Consejo Superior del Poder Judicial no. 56-2006. Opina, la objetividad de la jueza se vio comprometida puesto que emitió pronunciamiento de fondo sobre los mismos hechos, los cuales conoció de manera previa al sentenciar la primera vez. Aduce violación del precepto 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recrimina, la juzgadora no se inhibió de conocer el asunto, pese a que estaba obligada de conformidad con los artículos 8 inciso a) del CPCA y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Censura, de forma deliberada, la jueza omitió acudir a la figura de la inhibitoria o de declaratoria de incompetencia porque ya se había pronunciado sobre el caso en una instancia previa, independientemente de que fuera en forma distinta.
IV.- No ha lugar al agravio planteado. Si bien es cierto la jueza Quesada Vargas participó con su voto en el dictado de ambas sentencias emitidas en este proceso (la primera de ellas anulada en casación), no encuentra este Tribunal Casacional que esa situación per se haya implicado una pérdida de imparcialidad y objetividad de parte de la juzgadora, ni que ésta haya desatendido algún motivo de impedimento que la obligara a separarse del conocimiento del asunto, según lo establecido en la legislación procesal. En primer lugar, nótese que en la primera sentencia, sea la no. 65-2015 del 22 de junio de 2015, el Tribunal Contencioso declaró la nulidad absoluta de los procedimientos administrativos tramitados por la CGR contra ambos accionantes, y con ello de las sanciones de despido sin responsabilidad patronal y de prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por un período de cinco años. [...]. Según se observa, por la forma como resolvieron el caso en dicha oportunidad, los jueces integrantes no se pronunciaron sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, y por ende no externaron —ni comprometieron— su criterio acerca de los hechos y derecho discutidos, como pretende acusarlo el casacionista. El motivo concreto de la nulidad decretada radicó en que, en criterio de los jueces, los actos sancionatorios impugnados carecían de motivo válido y legal porque no se acreditó que haya existido una declaratoria jurisdiccional de ilegalidad de las actuaciones que motivaron la sanción disciplinaria impuesta a los actores. Nótese que, por ejemplo, como consecuencia de la tesis sostenida en esa primera sentencia, el Tribunal no analizó, y por ende no externó criterio, sobre aspectos de fondo que sí fueron examinados en el segundo fallo (hoy recurrido), como lo son las aducidas violaciones al debido proceso, la existencia o no de hechos constitutivos de falta, la calificación jurídica de las conductas reprochadas (dolosas o culposas), la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones adoptadas, la procedencia o no de las pretensiones indemnizatorias formuladas, entre otros. En otras palabras, lo resuelto en la primera oportunidad no conllevó un análisis sustantivo (probatorio ni jurídico) sobre los aspectos argüidos en el presente recurso de casación. Entonces, en vista de las particularidades del caso concreto, el hecho de que, a raíz del reenvío decretado por este Tribunal de Casación mediante sentencia no. 3-F-TC-18 del 18 de enero de 2018, el asunto haya vuelto a la Sección VII del Tribunal Contencioso y que la jueza Quesada Vargas nuevamente integrara el tribunal sentenciador, no genera la nulidad pretendida. Contrario al criterio del recurrente, el mero hecho de que la juzgadora haya fallado dos veces sobre el mismo asunto no implica en sí mismo una pérdida de objetividad e imparcialidad de su parte, ni una vulneración de las normas jurídicas citadas en su agravio, pues, según se explicó, ambas sentencias abordan el sublite desde ópticas distintas. Por lo demás, no se evidencia que la juzgadora se encontrara inhabilitada para conocer del asunto en virtud de la causal de inhibitoria prevista en el ordinal 8 inciso a) del CPCA, porque, se repite, no hubo pronunciamiento previo sobre los mismos elementos de hecho y de derecho fallados en la segunda sentencia".
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Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso-Administrativo Tema: Acueductos y alcantarillados Subtemas:
Urbanización, zonificación y sanción a gerente por omitir certificación de disponibilidad de agua.
Tema: Aguas Subtemas:
Urbanización, zonificación y sanción a gerente del AYA por omitir certificación de disponibilidad de agua.
Tema: Planificación urbana Subtemas:
Urbanización, zonificación y sanción a gerente del AYA por omitir certificación de disponibilidad de agua.
Tema: Urbanización Subtemas:
Zonificación y sanción a gerente del AYA por omitir certificación de disponibilidad de agua.
"VI.- De previo al análisis de las censuras aducidas, impera traer a colación lo dispuesto en la normativa jurídica atinente al caso concreto -vigente al momento de los hechos discutidos-. Dispone la Ley de Planificación Urbana en su numeral 38: “No se dará permiso para urbanizar terrenos: a) Cuando el proyecto no satisfaga las normas mínimas reglamentarias, o los interesados no hayan cumplido los trámites pertinentes, entre los que está la aprobación indispensable de los planos por la Dirección de Urbanismo y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; b) Por no estar garantizado el importe de las obras de habilitación urbana del inmueble, o no haberse hecho o garantizado el traspaso formal al municipio, del área reservada a uso público, ni, en su defecto, satisfecho en dinero el valor equivalente; y c) En tanto el desarrollo del área localizada fuera del límite zonificado se considere prematuro por carecer de facilidades y servicios públicos o por el alto costo de tales facilidades y servicios, por su distancia de otras áreas habitadas o debido a cualquier otra deficiencia determinante de condiciones adversas a la seguridad y a la salubridad públicas. Los proyectos de urbanización ubicados dentro o fuera del área zonificada que tengan los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario y electricidad alejados de sus linderos, deben ser aceptados para su análisis por la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo, si el urbanizador se compromete a costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer todos los servicios necesarios. En este caso, todos los proyectos futuros de urbanización que intenten usar los servicios citados en el párrafo anterior en el período de cinco años, contado desde la terminación de esas construcciones, abonarían al urbanizador una cantidad por cada unidad de vivienda que contenga el nuevo proyecto. La cantidad a abonar será determinada por la institución que tenga a su cargo el servicio correspondiente y se cubrirá al hacerse la conexión física de cada unidad de vivienda”. Por su parte, el Reglamento para la aplicación de los procedimientos del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley N° 4240) en obras de Acueductos y Alcantarillados de AyA, aprobado mediante acuerdo no. 2007-450, adoptado en sesión ordinaria no. 2007-056 del 11 de setiembre de 2007, dispone lo siguiente: “Artículo 4º-Corresponde al AyA, dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de los servicios de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos. Asimismo, el determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados: las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación. / Por consiguiente, todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de agua potable y/o alcantarillado sanitario y sistemas pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente mediante estudio técnico que determine su viabilidad, lo que faculta la realización de las inspecciones que estime conveniente para comprobar que las obras se realicen conforme a los planes aprobados; todo lo anterior para ofrecer todos los servicios que sean necesarios dentro o fuera del área circunscrita por un proyecto. / Por disposición legal, dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo o dependencia estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte de AyA. Artículo 5º-De conformidad con la Ley de Planificación Urbana, el Desarrollador, Urbanizador o Fraccionador, según sea su caso, podrá comprometerse con el AyA a asumir el costo de las obras necesarias fuera de su propiedad, para construir los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario, incluído el tratamiento de las aguas residuales y tengan esos servicios básicos alejados de sus linderos, para lo cual se suscribirá una carta de entendimiento. / Para asegurar la ejecución de las obras necesarias para habilitar los servicios, el Desarrollador, Urbanizador o Fraccionador deberá constituir garantía satisfactoria mediante fideicomiso, póliza, hipoteca, garantía bancaria, o cualesquiera otras formas legalmente establecidas. / Adicionalmente AyA podrá emitir, a través de la Gerencia General, una certificación de compromiso en la cual se haga constar sobre la existencia y viabilidad del proyecto, su cobertura, costo aproximado y el compromiso expreso del desarrollador de asumir el costo total de las obras, con el fin de que éste gestione los permisos correspondientes para su aceptación ante las instancias que consigna el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. / Por su parte el Desarrollador, Urbanizador o Fraccionador, según sea el caso, deberá suscribir documento mediante el cual libere de responsabilidad al AyA por cualesquier consecuencia provocada por el atraso o problemas en la construcción de las obras. Artículo 11.-Una vez que el Desarrollador haya ejecutado todas las obras conforme con la normativa técnica vigente, estudio técnico para determinar la operación de los servicios de agua y/o de alcantarillado sanitario y la carta de entendimiento mediante los cuales se aprobó la construcción de las mismas; y el AyA realice las pruebas técnicas respectivas verificando el cumplimiento de requisitos y aprobaciones, se procederá con la "recepción de las obras" por parte de AyA. / Una vez recibidas las obras por el AyA, se emitirá la certificación de disponibilidad de servicios de agua y/o alcantarillado sanitario, para efectos de la conexión y operación de los servicios” (el énfasis y subrayado son suplidos). Ahora bien, en lo que al sublite interesa, el Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción, Decreto no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC -hoy derogado- establecía: “Artículo 10.—Para el trámite de visado de planos de urbanizaciones, condominios de fincas filiales primarias individualizadas (condominios de lotes) y conjuntos residenciales, los interesados podrán acogerse al trámite opcional del anteproyecto: 1) Requisitos. Para realizar este trámite el interesado deberá presentar los siguientes requisitos: (…) e. Dos copias de la carta o resolución del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) o del suplidor sobre la existencia de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario. La Dirección de Urbanismo del INVU y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) serán los que corroborarán la existencia de este documento (…). Artículo 10° bis.—Para el trámite de visado de planos de urbanizaciones, condominios de fincas filiales primarias individualizadas (condominios de lotes) y conjuntos residenciales, los interesados deberán realizar el trámite de visado de proyecto: 1) Requisitos. Para realizar este trámite el interesado deberá presentar los siguientes requisitos: (…) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 inciso c) de la Ley de Planificación Urbana, se dará permiso para urbanizar terrenos a los proyectos de urbanización si el urbanizador se compromete a costear las obras para ofrecer todos los servicios necesarios, entre los que están el de alcantarillado. En tal sentido, se procederá de la forma siguiente: iii. Los interesados en el desarrollo de proyectos localizados en las zonas en las que esté definida y programada la inversión en sistemas de alcantarillado sanitario; están obligados a depositar el monto equivalente al costo de la red de alcantarillado sanitario, en un Fondo Rotatorio con carácter de reserva específica de la Institución o empresa que presta el servicio de alcantarillado sanitario en la zona. Todo de conformidad con lo indicado en los mapas que para esos efectos dispone el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La metodología para establecer el monto equivalente al costo de la red de alcantarillado sanitario, la forma y cuentas en que se debe depositar, así como, el momento en que se deberá realizar este depósito, serán estipuladas mediante un decreto ejecutivo específico para tales efectos. iv. Podrán ser exonerados de la construcción de la red de alcantarillado sanitario de conformidad con la resolución que dicte la Junta Directiva de AyA, los proyectos localizados en las zonas en las que no existan mapas. En éstos lugares, en donde debido a las condiciones hidrogeológicas existan una posibilidad de contaminación de los acuíferos; en salvaguarda del Indubio Pro Natura, se requerirá que garanticen, mediante los estudios técnicos que han sido indicados en el inciso c.i) anterior, que el sistema de disposición de aguas residuales es apto, comprobando que no hay riesgo de contaminación de los acuíferos existentes. En caso de ser exonerados, se deberá adjuntar la resolución de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (…)” (el subrayado es suplido). VII.- Ahora bien, según se tuvo por acreditado, el señor Rodríguez Araya fue sancionado por haber emitido, en su carácter de Gerente General del AyA, 23 certificaciones de disponibilidad de agua a favor de varias personas, sin que se hubieran construido, ni recibido a satisfacción de esa entidad, las obras correspondientes al acueducto que se estaba realizando a través del Fideicomiso Acueducto Playas del Coco, todo lo cual, a juicio del órgano decisor, fue actuado a contrapelo de la normativa citada en el Considerando VI, y de las normas concernientes a la Hacienda Púbica y a la protección ambiental. Lo anterior por cuanto -según dicho órgano- esa situación permitió que los interesados gestionaran y obtuvieran los respectivos permisos de construcción ante el municipio de la localidad con base en dichos documentos, cuando, por las circunstancias descritas, no podía garantizarse la disponibilidad real de agua potable ni de la infraestructura del acueducto. Además, consideró la CGR, lo actuado puso en peligro el recurso hídrico y su disponibilidad en la zona de Sardinal, así como también significó un riesgo institucional para el AyA y para la Hacienda Pública tutelada por el órgano contralor. Son varias las censuras que el actor casacionista plantea contra dicha imputación de responsabilidad, las cuales se pasan a analizar. En cuanto a los presuntos vicios contenidos en el auto inicial del procedimiento, cabe acotar que en dicha resolución intimatoria sí se hizo indicación de la normativa jurídica que se estimó conculcada a raíz de la actuación del señor Rodríguez Araya, lo cual es incluso reconocido por él en el hecho tercero de su demanda. La CGR fundamentó el procedimiento sancionatorio en los acuerdos de Junta Directiva del AyA nos. 2001-137 y 2007-367, adoptados en las sesiones del 23 de mayo de 2001 y 24 de julio de 2007, respectivamente; la sentencia de Sala Constitucional no. 4310-1992; y los siguientes preceptos normativos: artículos 2, 12 y 21 de la Ley Constitutiva del AyA, 38 de la LPU, 10 del Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MEIC y sus reformas, 5 y 11 del Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la LPU en obras de acueductos y alcantarillados del AyA (aprobado en sesión ordinaria de la Junta Directiva del AyA no. 2007-056, del 11 de setiembre de 2007), 11, 107 inciso 1), 133.1), 211 inciso 1) y 213 de la LGAP, 2 y 41 inciso 5) del Reglamento Autónomo de Servicio del AyA, 3, 4, 38 inciso d) y 51 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 11 de la Constitución Política, 8 inciso d), 10, 12 y 39 de la Ley General de Control Interno, 4.9 del Manual de Normas Generales de Control Interno para la CGR y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. Tampoco se evidencia que haya sido sancionado por hechos no intimados en el auto de apertura del procedimiento (referidos a que comprometió indebidamente el recurso hídrico en la zona de El Coco-Ocotal, pues no se tenía certeza de la disponibilidad de agua en la Regional Chorotega de AyA, por no contar con el acueducto). En esa resolución se le intimó por haber emitido 23 certificaciones de disponibilidad real de agua potable sin que el acueducto Coco-Ocotal estuviera terminado ni recibidas las obras por parte del AyA, lo cual presumiblemente habría infringido la normativa jurídica citada como fundamento de la apertura del procedimiento. Al revisar tales referencias normativas, se verifica que la actuación del señor Rodríguez Araya se estimó contraria al artículo 2 de la Ley Constitutiva del AyA, el cual dispone claramente las obligaciones del AyA en cuanto a la protección del recurso hídrico en pro de los habitantes de la República, la adecuada administración y operación del sistema de alcantarillado tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos, la determinación de la viabilidad y conveniencia de los distintos proyectos que propongan construir o modificar el sistema de alcantarillado, la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas. En igual sentido, se le imputó haber inobservado sus deberes como Gerente General del AyA, en cuanto a la correcta administración y funcionamiento del Instituto, a propósito de los deberes encargados a esa institución entratándose de proyectos de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales (artículos 12 y 21 ibídem). Además, se le imputó haber comprometido la Hacienda Pública por cuanto el AyA asumió la responsabilidad directa del eventual daño ambiental que produjeran los desarrolladores (quienes obtuvieron los permisos de construcción mediando las certificaciones de disponibilidad de agua expedidas por don Heibel)".
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Tipo de contenido: Voto unánime Rama del Derecho: Contencioso-Administrativo Tema: Despido Subtemas:
Gerente general del AyA y consideraciones acerca de la potestad sancionatoria de las Administraciones.
Tema: Inhabilitación Subtemas:
Gerente general del AyA y consideraciones acerca de la potestad sancionatoria de las Administraciones.
Tema: Potestad sancionatoria Subtemas:
Gerente general del AyA y consideraciones acerca Competencia de la Contraloría General de la República para aplicar sanciones en contra de un funcionario público.
Tema: Contraloría General de la República Subtemas:
Gerente de AyA y competencia de la Contraloría General de la República para aplicar sanciones en contra de un funcionario público.
"XIII.- Difiere este Tribunal de Casación de la calificación jurídica dada por el colegio de jueces a la conducta reprochada al actor Rodríguez Araya, así como de la valoración en torno a la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción de despido y de inhabilitación que le fue impuesta por la CGR. En primer lugar, se estima, no cabe calificar la conducta del actor como negligente, porque, según el mérito de los autos, en realidad se trató de una actuación dolosa. Si bien no podría afirmarse, con absoluta certeza, que la emisión de las 23 certificaciones de disponibilidad de agua fue realizada con el propósito de beneficiar indebidamente el interés privado de los urbanizadores del proyecto, en detrimento del interés público y de los habitantes de la comunidad de Sardinal, o bien, con el ánimo de que éstas fueran utilizadas para fines contrarios al ordenamiento jurídico (porque aquí no se juzga acerca de la validez de los permisos municipales de construcción), lo cierto es que el señor Rodríguez Araya expidió dichos documentos a favor de particulares a sabiendas de que existía legislación y reglamentación expresa, así como disposiciones de Junta Directiva, y compromisos contractuales previamente adquiridos con los desarrolladores, que disponían claramente cómo y cuándo debían emitirse ese tipo de certificaciones, y sus implicaciones legales para el Instituto y de frente a otras instituciones administrativas. Pese a ese conocimiento, que tenía en virtud de su cargo como Gerente General del AyA, don Heibel actuó de forma contraria a lo que le imponía el ordenamiento jurídico, sin tener justificación para tal desatención, y con plena conciencia de las implicaciones legales que conllevaba emitir ese tipo de certificaciones en nombre del AyA. He ahí el hecho fundamental que impone calificar su conducta como dolosa; el haber actuado a sabiendas de que estaba trasgrediendo la normativa, garantizando de forma prematura una disponibilidad de agua potable para un proyecto de urbanización sin tener certeza de ello y certificando una materialidad inexistente en la realidad (infraestructura del acueducto terminada y recibida por el AyA). En este punto conviene traer a colación lo dispuesto por el ordinal 213 de la LGAP, en cuanto señala: “A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente”. Como bien lo indica la CGR, no puede obviarse el hecho de que el actor ocupaba el puesto de Gerente General del AyA, y de conformidad con el precepto 12 de la Ley Constitutiva de ese ente, era el responsable del adecuado y eficiente funcionamiento administrativo de la institución, lo cual le imponía una mayor responsabilidad y exigencia en el cumplimiento de la normativa que rige el actuar de la entidad, y en la consecución de los fines que su ley constitutiva le atribuye como ente rector en materia de acueductos y alcantarillados del país. Así, en virtud de su cargo, el señor Rodríguez Araya tenía un deber mayúsculo en cuanto a la apreciación de las implicaciones legales que tenía el ejercicio indebido de la potestad certificadora que le fue encomendada, la trascendencia del bien jurídico (agua potable) que estaba en juego, los efectos jurídicos que conllevaba emitir certificaciones de agua en nombre del AyA y la existencia de normativa expresa que le dictaba la forma y el momento para expedir dichos documentos. El hecho de que las certificaciones no hayan sido anuladas, no demerita la reprochabilidad de su conducta, y la procedencia de la sanción, puesto que el motivo para sancionarle no se origina en la ilegalidad de esos actos administrativos (que fueron convalidados por circunstancias sobrevenidas), sino en la evidente inobservancia de sus deberes funcionales como Gerente del AyA, incumplimiento que, como se dijo, cometió con pleno conocimiento y entendimiento. Ya este Tribunal de Casación, en otras oportunidades, se ha referido a este punto en particular. Así, en la sentencia no. 79-F-TC-2017, señaló: “(…) conviene recordar que el artículo 68 de la LOCGR habilita a la Contraloría para iniciar el procedimiento sancionatorio y recomendar de forma vinculante la sanción a imponer al servidor público cuando se acredite que infringió las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esa Ley o cuando lesionó la Hacienda Pública. (…) en criterio de este Tribunal de Casación, la sustanciación del procedimiento de corte sancionatorio previsto en el ordinal 68 de la LOCGR es autónoma respecto de la tramitación del procedimiento anulatorio contemplado en el artículo 28 de esa ley (En ese sentido consúltese la sentencia no. 114-F-TC-2016 de las 11 horas 10 minutos del 22 de setiembre de 2016). Es decir, que exista nulidad decretada previamente, sea por la propia CGR o por autoridad judicial, según los supuestos de los numerales 68 de la LOCGR y 173 de la LGAP, sobre determinado acto lesivo a la Hacienda Pública no es requisito sine qua non para ejercer válidamente el régimen sancionatorio contra el servidor público responsable de esa conducta u omisión dañosa. La exégesis del propio precepto 68 de la LOCGR es clara en ese sentido, y del entramado de normas de ese cuerpo legal se colige claramente que no condicionan o subordinan uno y otro procedimiento, sino que ambos son plenamente independientes entre sí y diferenciables en cuanto su objeto y alcances. De manera que, en el subjúdice, erró el Tribunal al anular todo lo actuado en el procedimiento sancionatorio seguido contra el actor, ello bajo el argumento de que no cabía sancionarle por actos administrativos que aún no habían sido invalidados mediante sentencia dictada por la autoridad jurisdiccional competente (…)”. En la especie, no podría entonces permitirse una impunidad de actos absolutamente reprochables, pues ello vaciaría de contenido el principio de legalidad consagrado a nivel constitucional, que impone a los funcionarios públicos el deber de sujeción al ordenamiento jurídico en cuanto al cumplimiento de sus deberes y a la función administrativa que se materializa a través de sus actuaciones, y todo el entramado legal y reglamentario que nutre el perfil competencial del funcionario público, en este caso, de la figura gerencial del AyA, así como las normas que regulan la fiscalización del adecuado ejercicio de sus deberes formales. Tampoco cabe eximir al accionante de responsabilidad porque no se concretó un daño patrimonial para el AyA, ni para el recurso hídrico como tal, en tanto, como se ha venido analizando, existió un evidente desacato de sus deberes funcionales y, en las circunstancias en que ello aconteció, sí puso en riesgo a la institución y al recurso hídrico, porque garantizó un derecho de acceso al agua potable sin contar con la infraestructura que haría posible la prestación de ese servicio (lo cual pudo generar eventual responsabilidad del AyA frente a los urbanizadores en caso de incumplimiento), y sin tener certeza de que podría brindar el acceso requerido a ese bien fundamental, porque no había recibido las obras y realizado las pruebas operativas correspondientes para verificar que la conexión sería posible, en la cantidad de pajas requeridas para el proyecto y sin afectar la disponibilidad del recurso para la comunidad de Sardinal. Por lo expuesto, se estima, el actor incurrió en una evidente infracción al deber de probidad, por cuanto, de forma dolosa, no actuó con rectitud en el ejercicio de las potestades que le confería la normativa legal y reglamentaria supra citada en su carácter de Gerente General, y su conducta no se ajustó a los objetivos propios de la institución (artículo 2 de la Ley Constitutiva del AyA), y a la administración del recurso hídrico del país con apego al principio de legalidad (precepto 1 ibídem). Ello, de conformidad con los ordinales 3 y 4 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ameritaba su despido sin responsabilidad patronal, como bien lo determinó la CGR. Además, también resultó lesionada la Hacienda Pública, en tanto se encuentra conformada por la normativa de control interno, que se vio desatendida por el demandante, al actuar de forma contraria a las disposiciones institucionales, legales y reglamentarias dictadas para el adecuado ejercicio de la potestad de certificación de la disponibilidad de agua, las cuales tendían a la protección del patrimonio público contra cualquier irregularidad o acto ilegal, y al adecuado desarrollo de la actividad del ente. Así, al tenor de los cardinales 8 y 12 de la Ley General de Control Interno, 8, 9, 10, 11 y 72 de la LOCGR, procedía la sanción de inhabilitación del funcionario para ejercer cargos en la Hacienda Pública. Finalmente, no se observa que la CGR haya sancionado al actor con base en hechos no imputados oportunamente. El hecho concerniente a que don Heibel conocía de las implicaciones y de la ilegalidad de emitir certificaciones de disponibilidad en las circunstancias apuntadas, porque a dos subalternos suyos se les sancionó por esos mismos hechos, es una mera referencia que el órgano contralor realizó para enfatizar el conocimiento que el actor tenía acerca de la normativa aplicable a ese tipo de certificaciones, pero que de ninguna manera constituye el hecho central por el cual se le sancionó; es decir, esa referencia no varía en nada el resultado de lo decidido, ni incide sustantivamente en la calificación de la gravedad de la falta o en la graduación de la sanción a aplicar, según lo ya analizado en líneas anteriores. En razón de lo expuesto, procede entonces denegar los reparos del actor casacionista en cuanto al punto de examen, y acoger las censuras planteadas por la CGR, con las consecuencias que se dirán".
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Res. 000127-F-TC-2021 TRIBUNAL DE CASACIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. San José, a las nueve horas quince minutos del seis de julio de dos mil veintiuno.
Procesos de conocimiento acumulados (expedientes número 12-000276-1027-CA y 12-002476-1027-CA), establecidos en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por GUILLERMO ARCE OVIEDO y HEIBEL ANTONIO RODRÍGUEZ ARAYA; contra la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el ESTADO, representado por las Procuradoras Andrea Calderón Gassmann y Guisell Jiménez Gómez, el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, representado por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Eduardo Lezama Fernández. Figuran como apoderados especiales judiciales, del actor Arce Oviedo, Juan Carlos Jurado Solórzano, José Fabio Ramírez Carranza, Geanina Soto Chaves; por el actor Rodríguez Araya, Roberto Quirós Coronado, Mariela Quirós Balma; por la CGR, Jaínse Marín Jiménez, Francella Navarro Mora, Adolfo Johanning Pérez, Raúl Camacho Méndez, Jesús González Hidalgo; por el AyA, Greivin Vargas Chaves, Rodolfo Eduardo Lizano Rojas.
Redacta el magistrado López González
CONSIDERANDO
I.- Según los hechos tenidos por probados en la sentencia recurrida, y no impugnados por los casacionistas, los señores Guillermo Arce Oviedo y Heibel Rodríguez Araya fungieron como Gerentes Generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) -don Heibel culminó su relación laboral el 26 de julio de 2008-. En fecha 16 de marzo de 2006, el AyA y la empresa Coco Water S.A., al amparo del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana -LPU- suscribieron una Carta de Entendimiento para la Ampliación del Acueducto de Playas del Coco, Guanacaste, consignándose en la cláusula octava de dicho documento que: "La firma de esta carta de entendimiento no implica el otorgamiento de disponibilidad del agua, ni la autorización para el inicio de ninguna obra, ya que estas se otorgarán hasta tanto se cumpla con todos los requisitos y aprobaciones regulares que prevén las leyes y los reglamentos vigentes (...)". Ante requerimiento de la Junta Directiva del AyA, en fecha 08 de marzo de 2007, la Dirección Jurídica de esa entidad, remitió el oficio DJ-2007-992, señalando, entre otros aspectos, que "no resulta procedente otorgar cartas de disponibilidad a desarrolladores que pretendan interconectarse a una tubería que no existe en la esfera de la realidad material. Se recomienda realizar el debido proceso para corregir el error en el que incurrió la Administración, en casos en que se hubiera emitido carta de disponibilidad bajo esta premisa". Mediante nota presentada en fecha 20 de julio de 2007, se puso en conocimiento de la Junta Directiva del AyA acerca de la constitución de un fideicomiso para realizar el proyecto de ampliación del Acueducto Playas del Coco, a la vez se solicitó la aceptación y autorización de la cesión que realizó la empresa Coco Water S.A. al Banco de Costa Rica en su condición de fiduciario, de los derechos y obligaciones establecidos en la carta de entendimiento suscrita el 16 de marzo de 2006 y de igual forma, que se aceptara la constitución de ese fideicomiso como garantía de las obras del mencionado proyecto, designándose al AyA como fideicomisario principal. Tal situación fue aceptada por el citado órgano colegiado del AyA, mediante acuerdo no. 2007-367, adoptado en su sesión ordinaria no. 2007-046 del 24 de julio de 2007. En sesión ordinaria no. 2007-056, del 11 de setiembre de 2007, la Junta Directiva del AyA aprobó el reglamento para la aplicación del artículo 38 de la LPU en obras de acueductos y alcantarillados del AyA, el cual, en los artículos 5 y 11, respectivamente, regula las cartas de compromiso y certificación de disponibilidad del servicio de agua potable. El señor Heibel Rodríguez Araya, en su calidad de Gerente General del AyA, ante diversas solicitudes, suscribió 23 certificaciones en las que precisó "CERTIFICO Y HAGO CONSTAR de la existencia y viabilidad del proyecto, GARANTIZANDO que el mismo contará con la infraestructura y disponibilidad de agua cuando este lo requiera". Mediante oficio no. SB-0787-2008, del 10 de setiembre de 2008, el señor Guillermo Arce Oviedo, Subgerente General del AyA, ante requerimiento realizado por la Ingeniera Municipal de Carrillo, comunicó que la Gerencia General de la institución había emitido sendas cartas de compromiso de agua a favor de diversas personas, tomando en consideración la construcción del acueducto que se estaba realizando a través del Fideicomiso Acueducto Playas del Coco. A su vez, ratificó la validez de las 23 cartas de compromiso de agua emitidas y le solicitó a la Ingeniera Municipal proceder a aceptarlas en los trámites que las empresas realizaran ante la Municipalidad Carrillo. El señor Arce Oviedo, en su calidad de Subgerente General del AyA, en fecha 24 de setiembre de 2008, emitió una certificación en favor de un particular, donde de igual manera certificó e hizo constar de la existencia y viabilidad del proyecto, garantizando que el mismo contaría con la infraestructura y disponibilidad de agua potable. En los mismos términos, pero ahora en su condición de Gerente General, emitió una certificación el día 26 de mayo de 2009, pese a que ya para esa fecha, el Director Jurídico de la institución, mediante oficio PRE-J-2009-1160 del 20 de marzo del 2009, le había expresado: "(...) se trabajó en un nuevo formato de Certificación de Compromiso que incluye las consideraciones de la Contraloría incluidas en el Informe de comentario, certificación que fuese coordinada con el INVU y hecha del conocimiento de la Subgerencia General / considera esta Dirección que existiendo aún ciertos plazos por cumplirse, relativos a asuntos en los que trabaja activamente la Institución, no es oportuno emitir actos administrativos sobre estos asuntos sobre los que existe incerteza e incluso cuestionamientos de la Contraloría (...)". Mediante resolución de las 8:30 horas del 08 de setiembre de 2009, dentro del procedimiento administrativo DAGJ-34-2009 seguido contra los señores Heibel Antonio Rodríguez Araya -ex Gerente General del AyA- y Guillermo Arce Oviedo -a la fecha Gerente General-, se les intimó sobre los siguientes hechos en grado de probabilidad. En relación al señor Rodríguez Araya, haber emitido 23 certificaciones de disponibilidad real de agua y alcantarillado sanitario; respecto del señor Arce, haber emitido dos certificaciones de ese tipo; además, haber avalado las expedidas por don Heibel, a efectos de que los interesados obtuvieran los permisos de construcción para que desarrollaran proyectos residenciales, sin haberse construido, y menos aún recibido por parte del AyA, las obras del acueducto Coco-Ocotal, ubicado en la zona de Sardinal de Guanacaste. El órgano decisor estimó que los funcionarios investigados presuntamente infringieron las normas atinentes a la protección del recurso hídrico y del medio ambiente de la zona, tales como los artículos 2 de la Ley Constitutiva del AyA, 38 de la LPU, 10 del Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MEIC y sus reformas, en lo que se refiere a los permisos de construcción, así como las propias órdenes giradas por la Junta Directiva del AyA. La División Jurídica de la CGR, actuando como órgano decisor, dictó la resolución PA-76-2009 de las 14:30 horas del 18 de noviembre de 2009, mediante la cual dispuso: "Declarar a los señores Heibel Rodríguez Araya, cédula de identidad 2-361-648 y Guillermo Arce Oviedo cédula de identidad 9-070-316, responsables administrativamente con el criterio de imputación del dolo en relación con los hechos atribuidos en este procedimiento administrativo. Razón por la cual se recomienda con carácter vinculante sancionar a dichos señores con la sanción de despido sin responsabilidad patronal. Además, por la gravedad de los hechos cometidos contra el ordenamiento jurídico de la Hacienda Pública y por la condición de jerarcas que cada uno de ellos ostentaba en su momento, este órgano decisor impone la sanción de la prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública a ambos señores, por un periodo (sic) de cinco años, contados a partir de que la presente resolución adquiera firmeza, de conformidad con el artículo 72 de la ley citada (...)". Los señores Rodríguez Araya y Arce Oviedo formularon recursos de revocatoria, apelación y revisión contra lo resuelto, todos los cuales resultaron denegados. En el artículo 6 de la sesión ordinaria no. 2012-005, celebrada por la Junta Directiva del AyA el día 19 de enero de 2012, se tomó el acuerdo no 2012-019, mediante el cual se dispuso, en acatamiento al principio de legalidad, cumplir con lo ordenado por la CGR, acordando el despido sin responsabilidad patronal del servidor Guillermo Arce Oviedo -cuya ejecución se vio suspendida en virtud de la medida cautelar decretada por la jueza tramitadora-. En respuesta a una misiva del señor Rodríguez Araya, la División Jurídica de la CGR emitió el oficio no. 04559 (DJ-0514-2012) del 21 de mayo de 2012, donde le informó que con base en lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica de la CGR, el impedimento de ingreso o reingreso para ejercer cargos de la Hacienda Pública por un plazo de cinco años, debía computarse a partir de la firmeza del acto, iniciando el 22 de junio de 2011 y terminando el 22 de junio de 2016.
II.- Con fundamento en lo anterior, el señor Guillermo Arce Oviedo pretende que en sentencia se declare: "a) La disconformidad con el ordenamiento jurídico, de la conducta administrativa contenida en la Resolución N° PA-76-2009 emitida por la Contraloría General de la República y de todos los actos y actuaciones conexas. b) La disconformidad con el ordenamiento jurídico de la conducta administrativa contenida en el Acuerdo 2011-019 (sic) de la Junta Directiva del AyA, tomado en la sesión ordinaria N° 2012-005 de las 14:15 horas del 19 de enero de 2012, así como también, de todos los actos y actuaciones conexas. b) (sic) Que se condene a la Contraloría General de la República y al Estado al pago de daños y perjuicios -aclarando luego que se refiere sólo a la CGR- (...) Daño moral subjetivo: la suma de cincuenta millones de colones (...) Daño moral objetivo: la suma de cincuenta millones de colones (...) Daño material: será determinado en la vía de ejecución de sentencia. c) Que se condene a la Contraloría General de la República y al Estado al pago de ambas costas personales y procesales. d) Que se condene a la Contraloría General de la República y al Estado al pago de Indexación (sic) sobre todos los montos que se llegaren a conceder en sentencia. e) Que se condene a la Contraloría General de la República y al Estado al pago de intereses legales correspondientes sobre las sumas concedidas, desde la firmeza de la sentencia hasta su efectivo pago". Por su parte, el señor Heibel Antonio Rodríguez Araya, peticiona se declare: "La nulidad del acto de imputación e intimación, la nulidad de las actuaciones de la Contraloría General de la República en el debido proceso, se deje sin efecto la sanción impuesta en mi contra de no poder ingresar a ocupar cargos en la Hacienda Pública por un período de cinco años. Así mismo se condene al Estado al pago del daño moral y el sufrimiento causado a mi esposa, hijos y a mí en lo personal estimado en la suma de ¢127.557.500,00 -ajustado luego en la suma de ¢52.000.000,00-, así como al pago de intereses sobre dicha suma a partir de la interposición de la demanda, además el pago de las costas procesales y personales del presente proceso". La representación del AyA, de la CGR y del Estado contestaron negativamente. El AyA opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y sine actione agit; la CGR, las defensas de falta de legitimación pasiva y falta de derecho; el Estado, planteó las de falta de derecho, falta de interés actual y falta de legitimación pasiva. El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sección VII, mediante sentencia no. 44-2018 de las 14 horas 30 minutos del 19 de junio de 2018, resolvió: “Se rechazan las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual y la expresión sine actione agit, debiendo acogerse parcialmente la excepción de falta de derecho. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar la demanda, entendiéndose denegada en todo lo que no sea expresamente concedido, disponiéndose lo siguiente: la disconformidad con el ordenamiento jurídico y por ende la nulidad absoluta, de la resolución N° PA-76-2009 emitida por la División Jurídica de la Contraloría General de la República a las 14:30 horas del 18 de noviembre del 2009 que impuso la sanción de despido sin responsabilidad patronal de los actores y decretó la prohibición de ingreso o reingreso para ocupar cargos de la Hacienda Pública por un plazo de cinco años. Se anula también la resolución N° R-DC-92-2011 de la Contralora General de la República, dictada a las 9:00 horas del 22 de junio del 2011 que rechazó el recurso de apelación incoado por los accionantes, así como la resolución N° R-DC-201-2011 de las 11:00 horas del 21 de diciembre del 2011 del Despacho Contralor, que denegó el recurso de revisión incoado por el AyA. De igual manera, se dispone la nulidad del artículo 6 del Acuerdo N° 2012-019, tomado en la sesión ordinaria N° 2012-005 de la Junta Directiva del AyA el día 19 de enero del 2012, mediante el cual se acordó el despido sin responsabilidad patronal del servidor Guillermo Arce Oviedo. En su lugar, como medida sustitutiva, ejemplarizante y correctiva, y sólo para el caso del señor Arce Oviedo -no así para el señor Rodríguez Araya quien había dejado de laborar para el AyA tiempo atrás y por ello existe una falta de interés sobrevenida al respecto- se impone la sanción de un mes sin goce de salario, en el entendido de que deberá cumplirla en el puesto que actualmente desempeñe en el AyA, a partir del momento en que así lo disponga la Administración. Además, deberá eliminarse de los expedientes personales respectivos de cada uno de los actores, la pena del órgano contralor, así como la marca de inhabilitación, consignando la sanción aquí decretada por el Tribunal. Como indemnización por el daño moral subjetivo causado a los actores, se concede la suma de ¢2.000.000,00 para el señor Arce Oviedo y ¢1.000.000,00 para el señor Rodríguez Araya, que deberá cancelar la Contraloría General de la República. Se reconoce en favor de los demandantes la indexación sobre las sumas concedidas en sentencia, para compensar la pérdida del valor adquisitivo que sufrieran las sumas reconocidas, al amparo de lo establecido en el artículo 123 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y a su vez, sobre las cantidades que resulten, se deberá reconocer los intereses legales, contados a partir de la firmeza del presente fallo y hasta su efectiva cancelación, lo cual habrá de determinarse y cuantificarse en la vía de ejecución de sentencia. Se ordena mantener la medida cautelar en favor del actor Arce Oviedo, hasta la firmeza de esta sentencia. Se emite este pronunciamiento sin especial condenatoria en costas”. Inconformes con lo resuelto, ambos actores y el ente contralor plantean recurso de casación.
RECURSO DEL CO-ACTOR HEIBEL RODRÍGUEZ ARAYA III.- En el único agravio procesal alega violación de normas procesales cuya inobservancia sea sancionada con nulidad absoluta, concretamente, de los principios de imparcialidad y objetividad del juzgador, y de las normas vinculantes referidas a la inhibitoria. Explica, la jueza Sandra María Quesada Vargas aparece como firmante de la primera sentencia dictada dentro de este proceso (no. 65-2015 del 22 de junio de 2015, anulada por este Tribunal de Casación) y también de la segunda (sea el fallo recurrido no. 44-2018 del 19 de junio de 2018 y su resolución complementaria). Estima, la participación de dicha juzgadora en el dictado de ambas sentencias deviene violatoria del principio de imparcialidad del juzgador, expresamente tutelado en el artículo 42 constitucional, el cual establece que un mismo juez no puede serlo en diversas instancias para la decisión de un mismo asunto. Igualmente, reprocha quebranto de los numerales 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14 inciso 1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cita en su apoyo las sentencias de Sala Constitucional nos. 8490-2006 y 5301-2005, y la circular del Consejo Superior del Poder Judicial no. 56-2006. Opina, la objetividad de la jueza se vio comprometida puesto que emitió pronunciamiento de fondo sobre los mismos hechos, los cuales conoció de manera previa al sentenciar la primera vez. Aduce violación del precepto 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recrimina, la juzgadora no se inhibió de conocer el asunto, pese a que estaba obligada de conformidad con los artículos 8 inciso a) del CPCA y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Censura, de forma deliberada, la jueza omitió acudir a la figura de la inhibitoria o de declaratoria de incompetencia porque ya se había pronunciado sobre el caso en una instancia previa, independientemente de que fuera en forma distinta.
IV.- No ha lugar al agravio planteado. Si bien es cierto la jueza Quesada Vargas participó con su voto en el dictado de ambas sentencias emitidas en este proceso (la primera de ellas anulada en casación), no encuentra este Tribunal Casacional que esa situación per se haya implicado una pérdida de imparcialidad y objetividad de parte de la juzgadora, ni que ésta haya desatendido algún motivo de impedimento que la obligara a separarse del conocimiento del asunto, según lo establecido en la legislación procesal. En primer lugar, nótese que en la primera sentencia, sea la no. 65-2015 del 22 de junio de 2015, el Tribunal Contencioso declaró la nulidad absoluta de los procedimientos administrativos tramitados por la CGR contra ambos accionantes, y con ello de las sanciones de despido sin responsabilidad patronal y de prohibición de ingreso o reingreso a cargos de la Hacienda Pública por un período de cinco años. El fundamento jurídico de esa declaratoria se resume en lo siguiente: “Conforme los argumentos contenidos tanto en el acto final del procedimiento administrativo, como en las resoluciones que rechazaron los recursos de revocatoria y apelación formulados por los actores y que han sido transcritos, es claro que el fundamento que tuvo el órgano contralor para determinar la responsabilidad disciplinaria y la inhabilitación de los actores para el ejercicio de cargos públicos, parten de la premisa de invalidez de las certificaciones de disponibilidad de agua, por lo que en su consideración las actuaciones impugnadas resultan ilegales. Conforme lo ha considerado ésta Sección del Tribunal en casos similares al tratado en autos, no puede perderse de vista que dicho pronunciamiento es simplemente un criterio jurídico del citado órgano, el cual, por su naturaleza, en ningún momento puede equipararse a la posición jurídica definida en una resolución jurisdiccional por parte de los Tribunales de Justicia competentes. En ese tanto, el hecho de que a juicio del órgano contralor los referidos actos resulten ilegales, de ningún modo significa que efectivamente lo sean, pues dicha calificación jurídica corresponde realizarla a los Tribunales de Justicia de la República, mediante sentencias jurisdiccionales con eficacia y autoridad de cosa juzgada material. Lo anterior no implica instaurar un estado de inmunidad, ni disminuir las potestades de fiscalización y control superior de la Hacienda Pública que conforme a las disposiciones constitucionales ejerce el órgano contralor, ni desaplicar las potestades contenidas en los artículos 68 y 70 de su Ley Orgánica. En criterio de ésta Cámara, la necesidad de un pronunciamiento previo en sede judicial no es aplicable en todos los casos de procedimientos administrativos sancionatorios, iniciados por el órgano contralor en el ejercicio de sus competencias, sino, únicamente en aquellas situaciones en que -como en el caso tratado en autos-, el fundamento de la responsabilidad disciplinaria lo constituye la presunta ilegalidad de una conducta formal que se considera contraria al ordenamiento jurídico. Además, es menester señalar que el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dispone que, sin perjuicio de las potestades anulatorias de la Administración activa, el órgano contralor tiene la potestad de declarar de oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. No obstante, en el caso tratado en autos, el procedimiento administrativo implementado como consecuencia de las resoluciones que se impugnan, no se sustentan en el ejercicio de dicha potestad. Al no haberse acreditado en el presente proceso la existencia de una declaratoria jurisdiccional de ilegalidad de las actuaciones que fundamentan la sanción disciplinaria impuesta a los accionantes, los actos impugnados carecen de un motivo válido y por ello, la sanción impuesta a los actores, deviene en nula y así debe declararse, como en efecto se dispone. En razón de la forma en que se resuelve el presente proceso, se omite pronunciamiento respecto de los demás argumentos que sobre el fondo del asunto han esgrimido las partes” (el subrayado es suplido). Según se observa, por la forma como resolvieron el caso en dicha oportunidad, los jueces integrantes no se pronunciaron sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, y por ende no externaron -ni comprometieron- su criterio acerca de los hechos y derecho discutidos, como pretende acusarlo el casacionista. El motivo concreto de la nulidad decretada radicó en que, en criterio de los jueces, los actos sancionatorios impugnados carecían de motivo válido y legal porque no se acreditó que haya existido una declaratoria jurisdiccional de ilegalidad de las actuaciones que motivaron la sanción disciplinaria impuesta a los actores. Nótese que, por ejemplo, como consecuencia de la tesis sostenida en esa primera sentencia, el Tribunal no analizó, y por ende no externó criterio, sobre aspectos de fondo que sí fueron examinados en el segundo fallo (hoy recurrido), como lo son las aducidas violaciones al debido proceso, la existencia o no de hechos constitutivos de falta, la calificación jurídica de las conductas reprochadas (dolosas o culposas), la razonabilidad y proporcionalidad de las sanciones adoptadas, la procedencia o no de las pretensiones indemnizatorias formuladas, entre otros. En otras palabras, lo resuelto en la primera oportunidad no conllevó un análisis sustantivo (probatorio ni jurídico) sobre los aspectos argüidos en el presente recurso de casación. Entonces, en vista de las particularidades del caso concreto, el hecho de que, a raíz del reenvío decretado por este Tribunal de Casación mediante sentencia no. 3-F-TC-18 del 18 de enero de 2018, el asunto haya vuelto a la Sección VII del Tribunal Contencioso y que la jueza Quesada Vargas nuevamente integrara el tribunal sentenciador, no genera la nulidad pretendida. Contrario al criterio del recurrente, el mero hecho de que la juzgadora haya fallado dos veces sobre el mismo asunto no implica en sí mismo una pérdida de objetividad e imparcialidad de su parte, ni una vulneración de las normas jurídicas citadas en su agravio, pues, según se explicó, ambas sentencias abordan el sublite desde ópticas distintas. Por lo demás, no se evidencia que la juzgadora se encontrara inhabilitada para conocer del asunto en virtud de la causal de inhibitoria prevista en el ordinal 8 inciso a) del CPCA, porque, se repite, no hubo pronunciamiento previo sobre los mismos elementos de hecho y de derecho fallados en la segunda sentencia.
V.- En aras de un mejor entendimiento de lo que se resolverá, los reparos sustantivos han sido reordenados, atendiendo a la conexidad y naturaleza de los temas en ellos debatidos. Los siguientes agravios se enfilan a desvirtuar la comisión de hechos constitutivos de falta disciplinaria. Primero. Acusa, el Tribunal omitió analizar su argumento en el sentido de que el fundamento legal de las 23 certificaciones que emitió en su carácter de Gerente General del AyA fue el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (LPU) en concordancia con el artículo 10 bis del Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC. Apunta, según criterio de la División Jurídica de AyA, la norma aplicable al caso concreto de las certificaciones que debían ser emitidas al tenor del Acuerdo de Aceptación del Fideicomiso Acueducto Playas del Coco, era el numeral 10 bis supra mencionado (según documental de folios 530 a 570 del expediente judicial). Sostiene, en el caso concreto, los urbanizadores estaban solicitando permisos de construcción para sus proyectos, con lo cual el precepto aplicable no era el 10 del Decreto (específico para aprobaciones de anteproyecto de construcción), sino el 10 bis, que permite dicha solicitud con sólo el hecho de que el urbanizador se comprometa a ejecutar las obras para interconectarse con los servicios públicos. Entiende, las instituciones no están en el deber efectuar la interconexión si el urbanizador no ha cumplido con sus obligaciones, y, si hubiere terceros afectados, éstos tendrían derecho de acción contra el urbanizador, no contra la institución prestataria del servicio público. Estima, al no haberse integrado el cardinal 10 bis ibídem, ni atenderse sus defensas con base en dicho numeral, resultó conculcado su derecho al debido proceso. Reprocha, no existió ninguna valoración objetiva de las 23 certificaciones que descalifiquen el fundamento legal basado en el artículo 10 bis de cita, sino que, mediante una interpretación genérica, se determinó que se encontraban comprendidas dentro de lo dispuesto en el numeral 10 ibídem. Dice, el propósito de las 23 certificaciones que emitió era obtener permisos de construcción, pero ello no generaba la obligación de interconexión para la prestación del servicio de agua potable. Acota, así se hizo constar en el acuerdo de Junta Directiva del AyA, adoptado en el artículo 3 inciso f) de la sesión ordinaria no. 2007-046 del 24 de julio de 2007, donde, con ocasión de la constitución del Fideicomiso Acueducto de Playas del Coco, se dispuso: “TERCERO. Que una vez concluidas las obras y recibidas a satisfacción por parte del Instituto, se garantizarán los fideicomisarios fundadores los derechos de suministro de agua potable que requieren para sus proyectos hasta por un plazo de cinco años”. Reitera, las certificaciones tenían sustento en la normativa vigente y si bien les permitían a los urbanizadores obtener los permisos de construcción, no les garantizaba recibir el servicio de agua potable, ni la interconexión con el servicio público, sin que mediara de previo el aval de la institución a las obras construidas. Siendo así, alega, no infringió la normativa institucional, sino que se apegó a la LPU y al artículo 10 bis del Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC. Estima preterida la prueba documental de folios 455 a 601, 788 a 799, 944 a 951, 1214 a 1332 del expediente judicial; 31 a 129 del expediente administrativo. Segundo. Aduce, ni en el expediente judicial ni en el administrativo consta una sola prueba que descalifique la garantía que sirvió de base para que el Jefe del Departamento de Estudios y Proyectos del AyA avalara que el actor Rodríguez Araya suscribiera las certificaciones de compromiso. Sugiere, tampoco hay prueba alguna de que la institución haya sufrido, tan siquiera en grado de probabilidad, algún riesgo. Enfatiza, en su condición de Gerente General, no podría haber firmado las cartas de compromiso si antes no se hubiesen cumplido las siguientes fases preparatorias (visibles a folios del 530 a 570, 572 a 574 del expediente judicial) para cada una de las 23 certificaciones emitidas: 1. Estudios hidrogeológicos del AyA, donde se estudió la capacidad del acuífero, la construcción de pozos y sus respectivas pruebas de calidad de agua y bombeo para determinar la viabilidad de utilizarlo como fuente de suministro de agua a las poblaciones en el área del proyecto; 2. Diseño de la infraestructura, para lo cual fue necesario que el AyA hiciera estudios de población para estimar las necesidades en términos de caudal, estudios de topografía, análisis de suelos y presupuesto de obra; 3. La aprobación del Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la LPU, por parte de la Junta Directiva del AyA; 4. Acuerdo previo de la Junta Directiva del AyA con los desarrolladores sobre la forma cómo se financiarían las obras del Proyecto de Acueductos de Playas del Coco, que se concretó en un fideicomiso por $8.3 millones, actuando los desarrolladores como fideicomitentes, el Banco de Costa Rica como fiduciario y el AyA como único beneficiario; 5. Aceptación por parte de la Junta Directiva del AyA, mediante acuerdo adoptado conforme a las disposiciones de rigor, del Fideicomiso y el compromiso de garantizar el suministro de agua potable a los desarrolladores; 6. Solicitud de los desarrolladores, presentada ante la Gerencia General del AyA, de la correspondiente certificación de compromiso para tramitar su proyecto ante el INVU, al amparo del convenio de fideicomiso y del reglamento emitido por la Junta Directiva; 7. Criterio técnico del Departamento de Estudios y Proyectos del AyA, manifestando que la solicitud del desarrollador estaba dentro de la zona del proyecto y técnicamente procedía la asignación de la cantidad de pajas de agua solicitadas; 8. Redacción del borrador del documento conocido como “Certificación de Compromiso”, por parte de la Dirección Jurídica del AyA. Echa de menos la valoración de las 23 certificaciones, conforme a los compromisos adquiridos por la Junta Directiva de acuerdo al Fideicomiso del Acueducto de Playas del Coco, y el procedimiento institucional, donde se determinan las obras y acciones a emprender, su financiamiento y las garantías otorgadas. Tercero. Como parte de sus alegatos acerca de la violación del debido proceso, asevera, para sancionarle por la supuesta comisión de una conducta dolosa, la CGR partió de una transcripción parcial del acuerdo de Junta Directiva no. 2001-37 de la sesión del 23 de mayo de 2001, visible a folios 440 a 451 del expediente judicial, el cual dispone: “Artículo 3: Igual restricción se establecerá y ampliará a todo el territorio nacional en cualesquiera otros lugares, en los que la infraestructura y la disponibilidad del recurso hídrico no permita los desarrollos, para lo cual se autoriza a la Presidencia Ejecutiva o a la Gerencia por recomendación técnica de la Dirección de Operaciones de AyA, que así lo disponga”. Reprocha, al suprimir la frase resaltada, parece que la prohibición de emitir certificaciones de disponibilidad de agua en cualquier parte del país era absoluta (como lo entendió la CGR y el Tribunal), empero, realmente esa restricción fue condicionada a que existiera una recomendación técnica de parte de la Dirección de Operaciones de AyA que así lo dispusiera. Asegura, en el expediente administrativo no consta la existencia de un estudio ni de una recomendación técnica de la Dirección de Operaciones de AyA dirigida a la Presidencia Ejecutiva, o al actor en su condición de Gerente General, en orden a suspender la emisión de las certificaciones para el caso del Acueducto de Playas del Coco. Plantea, a partir de esa cita parcial, la CGR tuvo por demostrada una gravedad que en realidad no existía, puesto que en realidad el acuerdo facultaba al actor para actuar en contrario. Cuarto. Indica, cuando se constituyó el Fideicomiso, ya el AyA había realizado todos los estudios técnicos para la ampliación del acueducto, según consta a folio 540 del expediente judicial donde se indica: “CUARTO. Para la solución de la carencia de agua potable, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AyA ha realizado los estudios y tiene los diseños para ampliar el actual acueducto y aumentar la capacidad en al menos ocho mil nuevas pajas de agua”. Añade, a folios 569 y 570 viene una descripción exacta de las obras a desarrollar para el Proyecto del Acueducto de Playas del Coco, que fueron diseñadas por la Institución, y que sirvieron de base para la elaboración del presupuesto del proyecto, que a su vez permitió determinar una garantía irrevocable y depositada en efectivo por $8.368.968,46, con lo cual no existía riesgo económico alguno. De manera que, asegura, si no se ejecutaban las obras por parte del fideicomitente o fiduciario, el AyA podía hacerlo en su lugar. Quinto. Alega, la sentencia omite considerar que la redacción del contenido de la carta de compromiso y disponibilidad de agua no fue de resorte del actor, sino elaborada a partir de un “Taller sobre Procedimientos Conjuntos AyA-INVU-MEIC”, efectuado en setiembre de 2007, y competencia de la Dirección Jurídica del AyA, según consta en la prueba documental de folio 589 a 593 del expediente judicial. Sexto. Acusa preterición de los avales técnicos y financieros que los funcionarios responsables emitieron para cada una de las 23 certificaciones expedidas, los cuales constan a folios del 130 al 140, 161, 162, y 164 del expediente administrativo. Además, apunta, la emisión de las certificaciones conllevó un proceso previo que comprendía: 1. La solicitud de los interesados, dirigida a la Gerencia General, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 38 de la LPU; 2. Certificación del Banco de Costa Rica, en su condición de Fiduciario, certificando el número de pajas de agua que requería y el aporte efectuado por el solicitante en el fideicomiso que garantizaba el financiamiento de la obra, sea que la ejecutara el Fideicomiso o la asumiera el AyA; 3. Solicitud de parte del actor al Director de Estudios y Proyectos del AyA, para que hiciera constar la existencia, viabilidad, cobertura y costo aproximado del proyecto; 4. Carta del Director de Estudios y Proyectos del AyA haciendo constar los puntos anteriores y adjuntando una descripción del proyecto. Dice, esa certificación es de especial valor probatorio porque en ella el Departamento Técnico certifica la existencia de viabilidad hídrica del proyecto y no existe prueba objetiva que la descalifique (folios 1193 a 1332 del expediente administrativo); 5. Certificación extendida por el actor, cuyo contenido fue redactado por el Departamento Jurídico del AyA con el aval del INVU y del MEIC. Asegura, las certificaciones no fueron actuaciones unilaterales de su parte, sino que siguieron un procedimiento administrativo rigoroso que contó el aval técnico y control institucional (folios 25 al 198 del expediente administrativo). Manifiesta, para emitir las 23 certificaciones no efectuó ninguna recepción de obras o autorización de interconexión, ni ordenó su interconexión al sistema de agua potable. Resume, al sancionarle, la CGR omitió incorporar todos los estudios existentes a la fecha, que sirvieron de base a la formulación del proyecto del acueducto que se presentó a los desarrolladores, el cual incluía: los diseños de trazado, planos, requerimientos de lotes para la construcción de tanques (posteriormente traspasados al AyA), pozos y sus ubicaciones, estudios hidrogeológicos, estudios topográficos, pruebas de calidad de agua, pruebas de bombeo, presupuesto del proyecto, terrenos y servidumbres, estudios legales, elaboración del reglamento del artículo 38 de la LPU, y el taller para la redacción de certificaciones de compromiso. Sétimo. Sostiene, la CGR violentó el debido proceso al efectuar un análisis incompleto del acuerdo de la Junta Directiva que reglamentó la aplicación del artículo 38 de la LPU. Expone, la finalidad del Reglamento aprobado en setiembre de 2007, en la sesión de Junta Directiva no. 2007-056, tuvo como hecho novedoso la inclusión del artículo 5, con el fin de regular la situación existente en la zona de El Coco-Ocotal. Explica, el interés de ese artículo fue permitir que los urbanizadores otorgaran garantías bancarias o reales que aseguraran fehacientemente la construcción e interconexión de los servicios, y con ello la Gerencia General pudiera otorgar la certificación de compromiso para que el urbanizador gestionara los permisos de construcción de conformidad con el artículo 38 de la LPU. Dice, antes de la reforma, no se regulaba el instrumento por medio del cual se acreditaba, ante la Dirección de Urbanismo y la Municipalidad, que el urbanizador se comprometió a costear las obras. Con la introducción del artículo 5, señala, se vino a dar certeza absoluta de que las obras de infraestructura de los servicios públicos serían construidas y que los urbanizadores no podrían solicitar la interconexión hasta que aquellas hubieran sido efectuadas y aceptadas a satisfacción por el AyA. Según su entender, a partir de esa reforma no existe diferencia entre la certificación de compromiso y la certificación de disponibilidad hídrica, porque si el urbanizador no realiza las obras, la institución igual tiene las garantías necesarias y los recursos para ejecutarlas. De ahí el error de la CGR, alega, porque no existió riesgo institucional alguno. Reitera, en el caso concreto se suscribió un fideicomiso con el Banco de Costa Rica, garantizado las obras, todo con la aceptación previa y expresa de la Junta Directiva (folios 530 a 570 del expediente judicial). Acota, al 25 de abril de 2012 la institución capitalizó activos fijos por ¢1.073.144.000,00 según consta en el oficio no. SUB-GG-DFI-E-2012-0224 (y en la certificación de activos traspasados al AyA, folio 528 del expediente judicial). Insiste, tales inversiones fueron recibidas sin que el AyA estuviera obligado a la interconexión del servicio público, porque la certificación de disponibilidad se les podía entregar hasta que las obras estuvieran concluidas; certificación que, asegura, nunca firmó. Apunta, para el INVU y la Municipalidad, el fin de la disponibilidad hídrica es asegurarse que el usuario final contará con servicios públicos, y con ello dar los permisos de construcción al urbanizador. Para el AyA, la disponibilidad hídrica es diferente porque representa la certificación de que las obras de infraestructura de interconexión fueron concluidas conforme a planos y cumplen con las normas constructivas, así como las pruebas de operación realizadas, y con ello los usuarios finales pueden solicitar la instalación del servicio (sea la instalación del medidor de agua y el recibo del servicio público). Octavo. Acusa vicios en el auto intimatorio del procedimiento disciplinario. Explica, en esa resolución se enlistan una serie de actos generales e individuales imputados al actor, pero sin especificar la normativa conculcada con su actuación. Asevera, esa falta de precisión permitió que, de forma posterior a su comparecencia, los funcionarios de la CGR invocaran normativa jurídica dispuesta para situaciones de hecho distintas a las del caso concreto, como lo es el artículo 10 del Decreto Ejecutivo no.27967-MP-MIVAH-S-MHC. Noveno. Aduce, al sancionarle se incluyeron razonamientos probatorios que no estaban contenidos en el acto de intimación. Se trata de la afirmación en el sentido de que, al extender las certificaciones en cuestión, comprometió en forma indebida el recurso hídrico en la zona de El Coco-Ocotal, pues no se tenía certeza de la disponibilidad de agua en la Regional Chorotega de AyA, por no contar con el acueducto. Refuta, tal afirmación es temeraria por cuanto los antecedentes en poder de la institución demuestran que existe capacidad hídrica del manto acuífero de donde se tomaría el agua para abastecer a las poblaciones de la zona. Reclama, no fue imputado de una situación que, de haberlo sido, habría requerido la presencia de equipos técnicos institucionales. Décimo. Reprocha, los funcionarios de la CGR hicieron referencia a riesgos sin tener a la vista los documentos probatorios correspondientes, por cuanto en el expediente administrativo constan las cartas de fideicomiso del Banco de Costa Rica que respaldan los aportes de cada uno de los urbanizadores que participaron en su constitución, por lo que tenían la carga de demostrar que el fideicomiso era insuficiente. Además, a folios 18 y 19 del expediente administrativo, como complemento del fideicomiso, consta una carta dirigida por el AyA a los urbanizadores, donde señaló que garantizaría a los fideicomisarios fundadores el derecho de suministro de las cuotas de agua que requirieran para sus proyectos, hasta por un plazo de cinco años, contados a partir de la entrega de la mejora y ampliación del acueducto, haciendo constar este compromiso en las cartas de disponibilidad que les serían entregadas cuando el AyA aceptara el acueducto. Señala, el expediente administrativo tiene omisiones en su recopilación, puesto que no se incorporó el documento completo del contrato de fideicomiso y su aceptación por parte de la Junta Directiva, lo cual evidencia una impericia y negligencia en la investigación, que raya en la arbitrariedad y abuso de poder. Acusa total omisión de análisis de las garantías ofrecidas con el Fideicomiso y de los acuerdos y compromisos que se incluyeron en él (transcribe parte de su contenido). Undécimo. Asevera, en el 2009, las cartas de disponibilidad de agua fueron valoradas por la División Jurídica del AyA a petición de la Junta Directiva, puesto que la CGR pretendía su anulación. Refiere, el Departamento Legal, mediante memorándum no. PRE-J-2009-2968, consideró que las certificaciones de compromiso, carta de entendimiento y garantía de cumplimiento rendidas por el urbanizador constituían una garantía de la construcción de sistemas de acueducto y/o alcantarillado en beneficio del Estado costarricense, por lo que las certificaciones de compromiso en cuestión contenían los elementos de un acto administrativo que no se consideraba tuviera vicios de nulidad y generaron efectos jurídicos y derechos subjetivos a favor de terceros de buena fe (folios 442 a 455 del expediente administrativo, 594 a 600 del expediente judicial). Décimo segundo. Sintetiza, los actos sancionatorios carecen de la debida motivación, por cuanto adolecen de los siguientes vicios: 1. Indebida interpretación del marco jurídico, por examinar las certificaciones exclusivamente al amparo del artículo 10 del Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción, Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC, sin analizar el artículo 10 bis; 2. Cita incompleta del acuerdo de Junta Directiva no. 2001-137, artículo 2, del 23 de mayo de 2001; 3. No haber evaluado el proyecto del Acueducto Sardinal-Playas del Coco-Ocotal y sus especificaciones técnicas; 4. No incorporar el texto completo del Contrato de Fideicomiso del Banco de Costa Rica, aceptado mediante acuerdo de Junta Directiva, donde se describía el proyecto a realizar y se otorgaban las garantías económicas y reales requeridas; 5. Imputar hechos que no fueron intimados en el acto inicial del procedimiento; 6. Omitir el análisis del procedimiento seguido por la Gerencia General, quien recurrió a distintas instancias técnicas institucionales que estudiaron las solicitudes hechas por los desarrolladores, y quienes redactaron el machote de las certificaciones; 7. No haber reconocido que el Departamento de Estudios y Proyectos estudió cada una de las 23 solicitudes de certificación y emitió un criterio favorable. Censura, la CGR nunca solicitó el fundamento técnico del aval dado a la solicitud de las certificaciones ni pidió la “Tabla de Consumo para Disponibilidad de Agua” que fundamentaba la aprobación de la carta y que conllevó a la emisión de las certificaciones; 8. Se efectuaron imputaciones de afectación ambiental sin sustento alguno, pues las disponibilidades hídricas contaban con el respaldo de los departamentos técnicos correspondientes. Subraya, en el punto cuarto del fideicomiso, por ejemplo, se señaló que el AyA tenía los estudios y diseños para ampliar el acueducto y aumentar la capacidad en al menos ocho mil nuevas pajas de agua; 9. Las manifestaciones sobre daño ambiental o de imposibilidad de darle contenido hídrico a las 23 certificaciones nunca fueron demostradas por la CGR, sino que se invirtió la carga de la prueba, obligando al actor a demostrar que no era culpable; 10. No demostró la CGR que, para emitir las 23 certificaciones cuestionadas, el actor haya firmado la recepción de las obras y ordenado la interconexión con el AyA para dotarlas del servicio de agua potable. Sostiene, no existe motivación legítima de los actos impugnados, sino una evidente desviación de poder de parte de los funcionarios de la CGR, lo cual atenta contra los artículos 128, 133, 136, 214, 216, 221, 223.2, 229.2, 298.2 y 307.2 de la LGAP.
VI.- De previo al análisis de las censuras aducidas, impera traer a colación lo dispuesto en la normativa jurídica atinente al caso concreto -vigente al momento de los hechos discutidos-. Dispone la Ley de Planificación Urbana en su numeral 38: “No se dará permiso para urbanizar terrenos: a) Cuando el proyecto no satisfaga las normas mínimas reglamentarias, o los interesados no hayan cumplido los trámites pertinentes, entre los que está la aprobación indispensable de los planos por la Dirección de Urbanismo y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado; b) Por no estar garantizado el importe de las obras de habilitación urbana del inmueble, o no haberse hecho o garantizado el traspaso formal al municipio, del área reservada a uso público, ni, en su defecto, satisfecho en dinero el valor equivalente; y c) En tanto el desarrollo del área localizada fuera del límite zonificado se considere prematuro por carecer de facilidades y servicios públicos o por el alto costo de tales facilidades y servicios, por su distancia de otras áreas habitadas o debido a cualquier otra deficiencia determinante de condiciones adversas a la seguridad y a la salubridad públicas. Los proyectos de urbanización ubicados dentro o fuera del área zonificada que tengan los servicios de acueductos, alcantarillado sanitario y electricidad alejados de sus linderos, deben ser aceptados para su análisis por la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo, si el urbanizador se compromete a costear las obras ejecutadas fuera de su propiedad, para ofrecer todos los servicios necesarios. En este caso, todos los proyectos futuros de urbanización que intenten usar los servicios citados en el párrafo anterior en el período de cinco años, contado desde la terminación de esas construcciones, abonarían al urbanizador una cantidad por cada unidad de vivienda que contenga el nuevo proyecto. La cantidad a abonar será determinada por la institución que tenga a su cargo el servicio correspondiente y se cubrirá al hacerse la conexión física de cada unidad de vivienda”. Por su parte, el Reglamento para la aplicación de los procedimientos del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana (Ley N° 4240) en obras de Acueductos y Alcantarillados de AyA, aprobado mediante acuerdo no. 2007-450, adoptado en sesión ordinaria no. 2007-056 del 11 de setiembre de 2007, dispone lo siguiente: “Artículo 4º-Corresponde al AyA, dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República de los servicios de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos. Asimismo, el determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de acueductos y alcantarillados: las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación. / Por consiguiente, todo proyecto de construcción, ampliación o modificación de sistemas de agua potable y/o alcantarillado sanitario y sistemas pluviales, público o privado, deberá ser aprobado previamente mediante estudio técnico que determine su viabilidad, lo que faculta la realización de las inspecciones que estime conveniente para comprobar que las obras se realicen conforme a los planes aprobados; todo lo anterior para ofrecer todos los servicios que sean necesarios dentro o fuera del área circunscrita por un proyecto. / Por disposición legal, dicha aprobación previa será obligatoria en todos los casos de construcción de fraccionamientos, urbanizaciones o lotificaciones en cualquier parte del país y ningún otro organismo o dependencia estatal otorgará permisos o aprobaciones de construcción sin tal aprobación por parte de AyA. Artículo 5º-De conformidad con la Ley de Planificación Urbana, el Desarrollador, Urbanizador o Fraccionador, según sea su caso, podrá comprometerse con el AyA a asumir el costo de las obras necesarias fuera de su propiedad, para construir los servicios de agua potable y/o alcantarillado sanitario, incluído el tratamiento de las aguas residuales y tengan esos servicios básicos alejados de sus linderos, para lo cual se suscribirá una carta de entendimiento. / Para asegurar la ejecución de las obras necesarias para habilitar los servicios, el Desarrollador, Urbanizador o Fraccionador deberá constituir garantía satisfactoria mediante fideicomiso, póliza, hipoteca, garantía bancaria, o cualesquiera otras formas legalmente establecidas. / Adicionalmente AyA podrá emitir, a través de la Gerencia General, una certificación de compromiso en la cual se haga constar sobre la existencia y viabilidad del proyecto, su cobertura, costo aproximado y el compromiso expreso del desarrollador de asumir el costo total de las obras, con el fin de que éste gestione los permisos correspondientes para su aceptación ante las instancias que consigna el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. / Por su parte el Desarrollador, Urbanizador o Fraccionador, según sea el caso, deberá suscribir documento mediante el cual libere de responsabilidad al AyA por cualesquier consecuencia provocada por el atraso o problemas en la construcción de las obras. Artículo 11.-Una vez que el Desarrollador haya ejecutado todas las obras conforme con la normativa técnica vigente, estudio técnico para determinar la operación de los servicios de agua y/o de alcantarillado sanitario y la carta de entendimiento mediante los cuales se aprobó la construcción de las mismas; y el AyA realice las pruebas técnicas respectivas verificando el cumplimiento de requisitos y aprobaciones, se procederá con la "recepción de las obras" por parte de AyA. / Una vez recibidas las obras por el AyA, se emitirá la certificación de disponibilidad de servicios de agua y/o alcantarillado sanitario, para efectos de la conexión y operación de los servicios” (el énfasis y subrayado son suplidos). Ahora bien, en lo que al sublite interesa, el Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción, Decreto no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC -hoy derogado- establecía: “Artículo 10.—Para el trámite de visado de planos de urbanizaciones, condominios de fincas filiales primarias individualizadas (condominios de lotes) y conjuntos residenciales, los interesados podrán acogerse al trámite opcional del anteproyecto: 1) Requisitos. Para realizar este trámite el interesado deberá presentar los siguientes requisitos: (…) e. Dos copias de la carta o resolución del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) o del suplidor sobre la existencia de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario. La Dirección de Urbanismo del INVU y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) serán los que corroborarán la existencia de este documento (…). Artículo 10° bis.—Para el trámite de visado de planos de urbanizaciones, condominios de fincas filiales primarias individualizadas (condominios de lotes) y conjuntos residenciales, los interesados deberán realizar el trámite de visado de proyecto: 1) Requisitos. Para realizar este trámite el interesado deberá presentar los siguientes requisitos: (…) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 inciso c) de la Ley de Planificación Urbana, se dará permiso para urbanizar terrenos a los proyectos de urbanización si el urbanizador se compromete a costear las obras para ofrecer todos los servicios necesarios, entre los que están el de alcantarillado. En tal sentido, se procederá de la forma siguiente: iii. Los interesados en el desarrollo de proyectos localizados en las zonas en las que esté definida y programada la inversión en sistemas de alcantarillado sanitario; están obligados a depositar el monto equivalente al costo de la red de alcantarillado sanitario, en un Fondo Rotatorio con carácter de reserva específica de la Institución o empresa que presta el servicio de alcantarillado sanitario en la zona. Todo de conformidad con lo indicado en los mapas que para esos efectos dispone el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La metodología para establecer el monto equivalente al costo de la red de alcantarillado sanitario, la forma y cuentas en que se debe depositar, así como, el momento en que se deberá realizar este depósito, serán estipuladas mediante un decreto ejecutivo específico para tales efectos. iv. Podrán ser exonerados de la construcción de la red de alcantarillado sanitario de conformidad con la resolución que dicte la Junta Directiva de AyA, los proyectos localizados en las zonas en las que no existan mapas. En éstos lugares, en donde debido a las condiciones hidrogeológicas existan una posibilidad de contaminación de los acuíferos; en salvaguarda del Indubio Pro Natura, se requerirá que garanticen, mediante los estudios técnicos que han sido indicados en el inciso c.i) anterior, que el sistema de disposición de aguas residuales es apto, comprobando que no hay riesgo de contaminación de los acuíferos existentes. En caso de ser exonerados, se deberá adjuntar la resolución de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (…)” (el subrayado es suplido).
VII.- Ahora bien, según se tuvo por acreditado, el señor Rodríguez Araya fue sancionado por haber emitido, en su carácter de Gerente General del AyA, 23 certificaciones de disponibilidad de agua a favor de varias personas, sin que se hubieran construido, ni recibido a satisfacción de esa entidad, las obras correspondientes al acueducto que se estaba realizando a través del Fideicomiso Acueducto Playas del Coco, todo lo cual, a juicio del órgano decisor, fue actuado a contrapelo de la normativa citada en el Considerando VI, y de las normas concernientes a la Hacienda Púbica y a la protección ambiental. Lo anterior por cuanto -según dicho órgano- esa situación permitió que los interesados gestionaran y obtuvieran los respectivos permisos de construcción ante el municipio de la localidad con base en dichos documentos, cuando, por las circunstancias descritas, no podía garantizarse la disponibilidad real de agua potable ni de la infraestructura del acueducto. Además, consideró la CGR, lo actuado puso en peligro el recurso hídrico y su disponibilidad en la zona de Sardinal, así como también significó un riesgo institucional para el AyA y para la Hacienda Pública tutelada por el órgano contralor. Son varias las censuras que el actor casacionista plantea contra dicha imputación de responsabilidad, las cuales se pasan a analizar. En cuanto a los presuntos vicios contenidos en el auto inicial del procedimiento, cabe acotar que en dicha resolución intimatoria sí se hizo indicación de la normativa jurídica que se estimó conculcada a raíz de la actuación del señor Rodríguez Araya, lo cual es incluso reconocido por él en el hecho tercero de su demanda. La CGR fundamentó el procedimiento sancionatorio en los acuerdos de Junta Directiva del AyA nos. 2001-137 y 2007-367, adoptados en las sesiones del 23 de mayo de 2001 y 24 de julio de 2007, respectivamente; la sentencia de Sala Constitucional no. 4310-1992; y los siguientes preceptos normativos: artículos 2, 12 y 21 de la Ley Constitutiva del AyA, 38 de la LPU, 10 del Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MEIC y sus reformas, 5 y 11 del Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la LPU en obras de acueductos y alcantarillados del AyA (aprobado en sesión ordinaria de la Junta Directiva del AyA no. 2007-056, del 11 de setiembre de 2007), 11, 107 inciso 1), 133.1), 211 inciso 1) y 213 de la LGAP, 2 y 41 inciso 5) del Reglamento Autónomo de Servicio del AyA, 3, 4, 38 inciso d) y 51 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, 11 de la Constitución Política, 8 inciso d), 10, 12 y 39 de la Ley General de Control Interno, 4.9 del Manual de Normas Generales de Control Interno para la CGR y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización. Tampoco se evidencia que haya sido sancionado por hechos no intimados en el auto de apertura del procedimiento (referidos a que comprometió indebidamente el recurso hídrico en la zona de El Coco-Ocotal, pues no se tenía certeza de la disponibilidad de agua en la Regional Chorotega de AyA, por no contar con el acueducto). En esa resolución se le intimó por haber emitido 23 certificaciones de disponibilidad real de agua potable sin que el acueducto Coco-Ocotal estuviera terminado ni recibidas las obras por parte del AyA, lo cual presumiblemente habría infringido la normativa jurídica citada como fundamento de la apertura del procedimiento. Al revisar tales referencias normativas, se verifica que la actuación del señor Rodríguez Araya se estimó contraria al artículo 2 de la Ley Constitutiva del AyA, el cual dispone claramente las obligaciones del AyA en cuanto a la protección del recurso hídrico en pro de los habitantes de la República, la adecuada administración y operación del sistema de alcantarillado tomando en cuenta la conveniencia y disponibilidad de recursos, la determinación de la viabilidad y conveniencia de los distintos proyectos que propongan construir o modificar el sistema de alcantarillado, la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas. En igual sentido, se le imputó haber inobservado sus deberes como Gerente General del AyA, en cuanto a la correcta administración y funcionamiento del Instituto, a propósito de los deberes encargados a esa institución entratándose de proyectos de construcción, ampliación o modificación de sistemas de abastecimiento de agua potable y disposición de aguas servidas y pluviales (artículos 12 y 21 ibídem). Además, se le imputó haber comprometido la Hacienda Pública por cuanto el AyA asumió la responsabilidad directa del eventual daño ambiental que produjeran los desarrolladores (quienes obtuvieron los permisos de construcción mediando las certificaciones de disponibilidad de agua expedidas por don Heibel).
VIII.- Otro motivo de disconformidad lo constituye el hecho de que, según el recurrente, el Tribunal no valoró que las 23 certificaciones tuvieron como fundamento jurídico lo dispuesto en los artículos 38 de la LPU y 10 bis del Reglamento para el Trámite de Visado de Planos para la Construcción, Decreto no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC -transcritos supra-. Entiende este Tribunal de Casación, el actor Rodríguez Araya interpreta que no hubo actuar reprochable de su parte, ni violación a la normativa supra citada, porque, de conformidad con el precepto 10 bis, “(…) se dará permiso para urbanizar terrenos a los proyectos de urbanización si el urbanizador se compromete a costear las obras para ofrecer todos los servicios necesarios, entre los que están el de alcantarillado”, y esa condición se cumplió en el caso concreto, puesto que se suscribió un Fideicomiso por medio del cual se garantizó la construcción del acueducto. La posición del actor parte de que bastaba el compromiso del urbanizador -de costear las obras- para obtener los permisos de construcción correspondientes, y por ello no hubo conducta sancionable de su parte al emitir las certificaciones en cuestión y ser utilizadas por los desarrolladores para tramitar los permisos ante la Municipalidad de Carrillo. Tal alegato no es de recibo. Primero, nótese que el numeral 10 bis no sujeta el otorgamiento del permiso de construcción al mero compromiso del urbanizador para costear los trabajos necesarios para ofrecer los servicios públicos necesarios (como el de alcantarillado), sino que en los acápites numerados iii) y iv) regula los requisitos para conceder el permiso en esas circunstancias, los cuales involucran competencias propias del AyA. En todo caso, el otorgamiento del permiso de construcción, en lo que al ente municipal respecta, es una competencia exclusiva de ese órgano, que conlleva un análisis de múltiples requisitos que debe ser llevado a cabo por aquél, y no podría válidamente ahora sostener -ni asumir- el recurrente que por el hecho de que en este caso los interesados se habían comprometido a costear las obras del acueducto, entonces ya por sí necesariamente se les otorgaría el permiso para urbanizar en aquel momento (con independencia del contenido de las certificaciones por él expedidas). Segundo, el tema en discusión no radica en si por el sólo hecho de comprometerse a costear las obras del acueducto, los urbanizadores podían o no obtener los permisos de urbanización requeridos para sus proyectos (cuestión de estricta competencia municipal), sino que el señor Rodríguez Araya se extralimitó en sus funciones como Gerente del AyA, al emitir 23 certificaciones de disponibilidad de agua, cuando -según lo disponía claramente la normativa- no era el momento oportuno para hacerlo, pues si bien existía una carta de entendimiento para la Ampliación del Acueducto de Playas del Coco, además de un Fideicomiso suscrito para tales fines, las obras no habían sido ejecutadas ni mucho menos recibidas a satisfacción por el AyA, de manera que entonces, jurídica y materialmente, no era posible ni procedente garantizar la disponibilidad real de infraestructura y agua potable para dichos proyectos de urbanización. Nótese que, según se tuvo como hecho probado 7), no recurrido, en las 23 certificaciones el actor indicó: “CERTIFICO Y HAGO CONSTAR de la existencia y viabilidad del proyecto, GARANTIZANDO que el mismo contará con la infraestructura y disponibilidad de agua cuando este lo requiera". Es la inclusión de esa garantía de disponibilidad la que precisamente resulta reprochable, desde la óptica de sus deberes funcionales como Gerente General del AyA, puesto que, para el momento cuando emitió las certificaciones, lo que le estaba permitido extender a favor de los urbanizadores eran certificaciones de compromiso donde se hiciera constar la existencia y viabilidad del proyecto, su cobertura, costo aproximado y la obligación expresa del desarrollador de asumir el costo total de las obras (según lo dispuesto en los cardinales 4, 5 y 11 del Reglamento para la aplicación de los procedimientos del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana en obras de Acueductos y Alcantarillados de AyA). No obstante, don Heibel rebasó sus facultades, y de forma evidentemente prematura garantizó la disponibilidad de la infraestructura y del agua potable, cuando las obras del acueducto si quiera habían sido construidas, con lo cual, en nombre del AyA y en lo que al ámbito competencial de ese ente respecta, certificó una materialidad y una disponibilidad que en realidad no existía para ese momento, y con ello incidió en el otorgamiento de permisos de construcción municipales basados en un escenario futuro, y si se quiere, incierto, pero que aparecía garantizado y avalado por el ente rector en materia de acueductos y alcantarillados. En su defensa, alega el recurrente, si bien las certificaciones les permitían a los urbanizadores obtener los permisos de construcción, ello no les garantizaba recibir el servicio de agua potable ni la interconexión al servicio público -no obligaban al AyA-, sino hasta que la institución recibiera y avalara las obras construidas. Alega, el no firmó una orden en tal sentido, por lo que no existió riesgo alguno para el Instituto. En efecto, la interconexión y prestación del servicio de agua potable era materialmente imposible en aquel entonces porque las obras no estaban terminadas, ni recibidas a satisfacción por el AyA, y ello es lo que precisamente resalta el exceso, y la contradicción, en que incurrió el actor al emitir una certificación con un contenido que -de acuerdo a la normativa vigente- estaba pensada para un momento posterior, cuando la estructura del acueducto y la disponibilidad del servicio pudieran ser realmente garantizados, pero que, dados los términos en que fue otorgada, razonablemente generó una apariencia de estar respaldada por la institución. No existe justificación legal que ampare tal actuación, si quiera el artículo 10 bis del Decreto no. 27967-MP-MIVAH-S-MHC invocado por el accionante, que no puede ser interpretado de forma aislada, y desvinculada de la LPU y del Reglamento para la aplicación de los procedimientos del artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana en obras de Acueductos y Alcantarillados de AyA. Se reitera, el objeto en discusión no es si procedía o no otorgar los permisos de construcción, ni la legalidad de los que fueron concedidos con base en las certificaciones emitidas por el actor, tampoco la legalidad de estas últimas; lo que se analiza es la actuación de don Heibel, a partir de las facultades que en su calidad de Gerente le confería la legislación y normativa interna del AyA, según las particularidades del caso concreto, en unas circunstancias de modo y tiempo determinadas. Así, no se observa el error interpretativo acusado en cuanto a la normativa aplicable al subjúdice, porque los preceptos jurídicos supra citados son claros en delimitar los alcances de las certificaciones de compromiso y de disponibilidad de agua, estableciendo una clara diferencia entre su contenido y efectos, y definiendo en qué momento y bajo qué condiciones podía emitirse una y otra.
IX.- Como parte de sus alegatos de descargo, sostiene el casacionista, tanto la CGR como el Tribunal de instancia realizaron una lectura parcial del acuerdo de Junta Directiva del AyA no. 2001-37, de la sesión del 23 de mayo de 2001, mediante el cual se dispuso: “Artículo 3: Igual restricción se establecerá y ampliará a todo el territorio nacional en cualesquiera otros lugares, en los que la infraestructura y la disponibilidad del recurso hídrico no permita los desarrollos, para lo cual se autoriza a la Presidencia Ejecutiva o a la Gerencia por recomendación técnica de la Dirección de Operaciones de AyA, que así lo disponga”. Reclama, cuando se lee tal acuerdo, suprimiendo la frase resaltada, parece que la prohibición de emitir certificaciones de disponibilidad de agua en cualquier parte del país era absoluta (como lo entendió la CGR y el Tribunal), y ello le imprime una falsa gravedad a lo acontecido, pero en realidad esa restricción fue condicionada a que existiera una recomendación técnica de parte de la Dirección de Operaciones de AyA que así lo dispusiera, supuesto que en la especie no aconteció. Con lo dicho, el recurrente admite haber emitido verdaderas certificaciones de disponibilidad de agua, y pretende excusarse en que de parte de la Junta Directiva del AyA no existió una prohibición absoluta de emitir ese tipo de documentos, y en que tampoco se le giró una recomendación técnica en ese sentido y para el caso concreto de la ampliación del acueducto El Coco-Ocotal. No obstante, aun partiendo de la hipótesis planteada por el casacionista -en cuanto a que se realizó una lectura parcial de dicho acuerdo de la Junta Directiva-, lo cierto es que su argumento resulta estéril toda vez que la definición de cuándo y en qué términos podían expedirse las certificaciones de disponibilidad estaba claramente establecida en el artículo 38 de la LPU y el Reglamento para la aplicación de los procedimientos concernientes a dicho numeral en obras de Acueductos y Alcantarillados de AyA, normativa que ahora el accionante no puede pretender desconocer. Además, nótese que, según se tuvo como hecho demostrado 4), no recurrido, ante requerimiento de la Junta Directiva del AyA, en fecha 8 de marzo de 2007, la Dirección Jurídica de esa entidad, remitió el oficio DJ-2007-992, señalando, entre otros aspectos, que "no resulta procedente otorgar cartas de disponibilidad a desarrolladores que pretendan interconectarse a una tubería que no existe en la esfera de la realidad material. Se recomienda realizar el debido proceso para corregir el error en el que incurrió la Administración, en casos en que se hubiera emitido carta de disponibilidad bajo esta premisa". Se advierte, pese a la regulación normativa expresa a la que se ha hecho referencia, y al criterio legal de la Dirección Jurídica antes citado, el accionante expidió 23 certificaciones de disponibilidad real de agua potable y alcantarillado, siendo evidente la trasgresión al ordenamiento jurídico y al criterio institucional sobre el tema en particular. En el mismo sentido, deviene inatendible el argumento esbozado en cuanto a que el contenido de las certificaciones de disponibilidad de agua fue elaborado por la Dirección Jurídica del AyA a propósito de un “Taller sobre Procedimientos Conjuntos AyA-INVU-MEIC”, efectuado en setiembre de 2007. Al analizar la prueba documental de folios 589 al 593 del expediente judicial se colige que existió una invitación de parte del señor Rodríguez Araya al entonces Director Jurídico del AyA, para realizar un taller con la participación de personeros del INVU, del MEIC, Comisión de la Ley 8220 y funcionarios del AyA, con el fin de unificar criterios y simplificar trámites en beneficio de los usuarios. Como parte de ese taller, se indica, se acordó establecer un formato para las certificaciones de compromiso, consensuado con el INVU, cuyo responsable sería la Dirección Jurídica, y en el cual debía quedar clara la garantía de cobertura y de futura interconexión de agua avalada por el AyA. Sin embargo, en dichos documentos no consta cuál fue el supuesto texto que finalmente se aprobó y adoptó como machote para las certificaciones de compromiso y de disponibilidad de agua. En todo caso, el actor, como Gerente General, debió ajustar el contenido de las certificaciones que emitió a lo dispuesto en el Reglamento para aplicar el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana, que definía claramente, y con rango normativo superior, las condiciones y el momento en el cual debía emitirse uno y otro documento, en vista de los efectos jurídicos que cada uno implicaba.
X.- En las censuras identificadas como segunda, cuarta, sexta, sétima, décima y undécima, el actor pretende desvirtuar la existencia de la falta atribuida con fundamento en que existía prueba que acreditaba la viabilidad hídrica y técnica del proyecto, y en que su actuación no implicó riesgo económico alguno, puesto que, junto con el Fideicomiso suscrito para la ampliación del Acueducto Coco-Ocotal, se otorgaron las garantías reales y financieras suficientes para asegurar la ejecución de las obras, que incluso podían ser asumidas por el AyA en caso de incumplimiento de los desarrolladores. Además, enfatiza, no existió riesgo institucional por cuanto el AyA no se encontraba en el deber de otorgar el servicio de agua potable y de interconexión de servicios públicos a los urbanizadores, hasta tanto las obras no hubieran sido concluidas y recibidas a satisfacción por esa entidad. Tal postura no es compartida por este Tribunal de Casación. Según se ha razonado en otras oportunidades, el mero hecho de que no se haya concretado un daño efectivo (en este caso ambiental, institucional o contra la Hacienda Pública) producto de una actuación realizada a contrapelo del ordenamiento jurídico -según se apuntó supra-, en sí mismo no es motivo para desvirtuar la existencia de la falta y para eximir de sanción al funcionario autor de la conducta reprochada (en ese sentido pueden consultarse las sentencias de este órgano casacional nos. 98-F-TC-2015 y 169-F-TC-2020). En la especie, debe tenerse en especial consideración que el actor ostentaba un cargo de alto rango jerárquico como lo era el puesto de Gerente General del AyA y, de acuerdo a los numerales 2 y 12 de la Ley Constitutiva de ese ente, él era responsable ante la Junta Directiva del eficiente y correcto funcionamiento del Instituto, lo cual adquiere aún mayor peso cuando se analiza la labor encomendada a esa institución en cuanto a la protección del recurso hídrico en pro de los habitantes del país, la administración del sistema de alcantarillado, la vigilancia y demás prerrogativas en cuanto a la determinación de la viabilidad de los proyectos que pretendan construir o modificar obras de acueductos y alcantarillados, atendiendo a la conveniencia y disponibilidad de recursos. Partiendo de ese contexto, se comprende entonces la gravedad de lo actuado por el señor Rodríguez Araya, quien, por su cargo, era de los primeros llamados a cumplir la legislación, normativa reglamentaria y disposiciones institucionales en pro del cumplimiento de los fines encomendados al AyA como ente rector en materia de acueductos y alcantarillados (artículo 1 ibídem). No obstante, pese a existir normativa clara y expresa en cuanto a la forma y tiempo en que debieron emitirse las certificaciones de disponibilidad de agua por parte de la Gerencia General, sin justificación alguna el actor desatendió esas disposiciones, y expidió dichos documentos de forma evidentemente prematura, pues las obras de ampliación del acueducto Coco-Ocotal no habían sido construidas y mucho menos recibidas a satisfacción por el AyA. Tal inobservancia no podría ser pasada por alto, aduciendo que, por no haberse concretado un daño ambiental, institucional o económico, no amerita ser sancionada. La infracción a sus deberes funcionales es evidente; de su parte existió un ejercicio indebido de la potestad certificadora depositada en su persona con ocasión de su cargo como Gerente General. Mediante no una, sino veintitrés certificaciones, garantizó una infraestructura y una disponibilidad real de agua que era jurídica y materialmente imposible asegurar a los interesados en ese momento, primero, porque así lo disponía la normativa supra analizada, y segundo, porque, aunque hubiera un proyecto de ampliación del acueducto Coco- Ocotal, las obras no estaban terminadas y entonces no podía dar fe de que serían idóneas para el fin propuesto. Aun así, el señor Rodríguez Araya expidió los documentos en cuestión, en nombre del AyA, garantizando una disponibilidad inexistente en la materialidad, y generando con ello una apariencia que a la postre culminó con la aprobación de los permisos de construcción municipal solicitados por los interesados. Además, tratándose del recurso hídrico y de proyectos de urbanización que podían incidir directamente en su disponibilidad y en el adecuado tratamiento del agua potable y del alcantarillado de toda una comunidad, se exigía de parte del accionante una mayor diligencia en el cumplimiento de los trámites previstos para cada una de las etapas correspondientes para la aplicación del artículo 38 de la LPU, en lo que a la competencia del AyA se refería. Lo actuado sin lugar a dudas implicó crear un escenario confuso y someter a la institución a eventuales complicaciones de tipo legal, e incluso económicas, puesto que, aunque fue suscrita una carta de entendimiento con la empresa Coco Water S.A. para la ampliación del acueducto de Playas del Coco [donde claramente se advirtió que dicha firma no implicaba el otorgamiento de disponibilidad de agua, ni la autorización para el inicio de obra alguna, hasta tanto se cumpliera con los requisitos y aprobaciones regulares previstos por el ordenamiento jurídico; hecho tenido por probado 3), no recurrido], el actor procedió de forma totalmente contradictoria, rebasando los compromisos adquiridos por la institución en dicha carta y en el propio contrato de Fideicomiso, expidiendo documentos que sí garantizaban la disponibilidad de la estructura y del agua potable en el momento que el proyecto de urbanización lo requiriera, certificaciones que aparecían avaladas nada más y nada menos que por el ente rector en la materia, y que podían ser utilizadas en otro tipo de trámites ante otras instancias administrativas, como en efecto lo fueron ante la Municipalidad de Carrillo, quien otorgó los permisos de construcción solicitados.
XI.- Otro de los temas recurridos por el casacionista refiere a la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cargos dentro de la Hacienda Pública por un plazo de cinco años, que le fuera impuesta por el órgano contralor a causa de los hechos supra descritos, y de la sanción sustitutiva adoptada por el Tribunal de instancia. Esgrime los siguientes agravios. Décimo tercero. Discrepa con el criterio del colegio de jueces, quienes calificaron la conducta del actor como negligente. Sostiene, su competencia funcional para la firma de las 23 certificaciones surgió a raíz de un acuerdo de la Junta Directiva del AyA, mediante el cual se reglamentó la aplicación del artículo 38 de la LPU en obras de acueductos y alcantarillados de esa institución; no fue una prerrogativa solicitada por su persona o por la administración del AyA. Posterior a la publicación de ese reglamento, indica, procedió a consultar con el INVU y el MEIC el formato de las certificaciones requeridas, función que recayó en la Dirección Jurídica. Asegura, todas las certificaciones conllevaron un procedimiento interno de previo a su emisión. Por consiguiente, estima, de su parte no hubo una actuación si quiera negligente, pues las certificaciones fueron antecedidas por un procedimiento que involucró la aprobación y valoración de parte de varios departamentos competentes. Reitera, la CGR realizó una investigación que omitió recopilar y valorar documentos trascendentales (acuerdos de Junta Directiva, el texto completo del fideicomiso, las aprobaciones dadas por la Dirección de Estudios y Proyectos, entre otros). Reclama, la investigación fue llevada a cabo cuando el actor ya no ocupaba el puesto de Gerente General ni laboraba para el AyA, de manera que no conoció los documentos que se incorporaron y los que se omitieron, siendo hasta el desarrollo del procedimiento cuando tuvo acceso a ellos, con la resultante imposibilidad de obtener la documentación faltante o negligentemente omitida por la CGR en la tramitación del expediente. Arguye, la sanción no resulta acorde al mérito de los autos, puesto que en el peor de los casos fue inducido a error por un inadecuado asesoramiento institucional (porque incluso el AyA rechazó la solicitud de la CGR en orden a anular las certificaciones emitidas) pero de su parte nunca hubo un actuar negligente, y mucho menos doloso. Sostiene, en vista de que la tramitación del procedimiento administrativo fue contraria a derecho y al debido proceso, debió decretarse su nulidad absoluta, y si se estimaba que alguna de las actuaciones del AyA eran contrarias a derecho, éstas no le eran imputables al actor. Asegura, fue riguroso en la aplicación de la normativa interna y requirió los criterios técnicos necesarios de previo a otorgar las certificaciones, por ende no puede ser sujeto de sanción alguna. Reprocha, el Tribunal de instancia se equivocó al estimar que la CGR sólo incurrió en un exceso en la sanción, cuando en realidad no había mérito para sancionar; por consiguiente, acusa, al imponerse en sentencia una sanción de menor gravedad a la originalmente dictada, resultaron conculcados los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Cita jurisprudencia constitucional referente a dichos principios. Décimo cuarto. Censura, la CGR violentó el debido proceso al hacer referencia a otros hechos ajenos al caso concreto -que tampoco fueron intimados-, y utilizarlos como agravante de la conducta realizada por el actor. Se trata del hecho de que el señor Rodríguez Araya era consciente de las consecuencias de emitir certificaciones de disponibilidad en las circunstancias que lo hizo, puesto que él conoció que a dos de sus subalternos y al Gerente General anterior a él se les sancionó por esos hechos, y fue el actor quien firmó el acto final sancionatorio, teniendo por acreditada la conducta dolosa. Afirma, se trató de hechos totalmente diferentes y que fueron cometidos con la normativa anterior al acuerdo de Junta Directiva adoptado en la sesión ordinaria no. 2007-56.
XII.- El análisis de la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, sea la impuesta por la CGR en sede administrativa, o la adoptada por el Tribunal Contencioso en sustitución de la primera, requiere necesariamente abordar los alegatos esgrimidos por el ente contralor en su recurso de casación. Por ello serán expuestos a continuación, para luego abordar el punto en discusión de forma integral, atendiendo a los argumentos de ambas partes. Primero. Disiente del criterio del Tribunal de instancia en tanto declaró la nulidad absoluta del procedimiento administrativo instruido contra los actores, por estimar que no hubo conducta dolosa de su parte en tanto no se acreditó daño alguno a la Hacienda Pública, al recurso hídrico, al interés público ni al ambiente. Reprocha, lo resuelto contraviene los artículos 38 de la LPU, 10 inciso e) del Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MEIC, 2 de la Ley Constitutiva del AyA, 5 y 11 del Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la LPU. Asevera, los actores pusieron en riesgo la disponibilidad del recurso hídrico en la zona, es decir, los habitantes de El Coco-Ocotal fueron sometidos a un riesgo innecesario de desabastecimiento de agua potable. También sometieron a la Administración a un riesgo indemnizatorio en tanto garantizaron a los desarrolladores algo que no existía realmente, y permitieron que se otorgaran permisos de construcción al margen del ordenamiento jurídico. Todo lo anterior, reprocha, por haber obviado las prohibiciones y advertencias hechas por la Junta Directiva del AyA (acuerdos 2001-137 y 2007-367), criterios jurídicos de la División Jurídica del AyA, y la Sala Constitucional en la sentencia 262-2009, que de forma clara y expresa determinaron la imposibilidad de otorgar cartas de disponibilidad sin contar con los estudios técnicos que determinaran la certeza de disponibilidad de agua y con la infraestructura del acueducto totalmente terminada. Sostiene, las conductas administrativas sancionadas se refieren a omisiones a deberes funcionales, en los que resulta absolutamente imposible aplicar la tesis del Tribunal respecto de la “materialización de un riesgo” a fin de determinar las responsabilidades procedentes. Advierte, el procedimiento administrativo no se fundamentó en la materialización de un daño económico a la Hacienda Pública, al ambiente o al recurso hídrico, sino en la grave vulneración a las normas que integran la Hacienda Pública y las referentes al recurso hídrico, siendo que el órgano contralor logró demostrar que los actores pusieron en riesgo ambos bienes jurídicos, al dar certeza de la existencia de agua en la zona sin contar con los estudios técnicos para ello y sin tener las obras del acueducto terminadas y recibidas a satisfacción por el AyA. Segundo. Acusa violación de los numerales 11, 39, 41, 183 y 184 de la Constitución Política, 11, 113, 211, 213 de la LGAP, 1, 4, 8-12, 16, 17, 68, 71 y 72 de la Ley Orgánica de la CGR, 39 y 41 inciso d) de la Ley General de Control Interno, 3, 4, 38 inciso d), 40 y 44 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Ello en razón de que el Tribunal de instancia anuló el procedimiento administrativo porque no hubo declaratoria previa de nulidad (administrativa ni judicial) de las certificaciones emitidas por ambos funcionarios, y porque, según su criterio, el emitir y/o validar dichas certificaciones de disponibilidad no resultaba una práctica dolosa y dirigida a causar intencionalmente un daño. Objeta, la responsabilidad de los actores no derivó de la nulidad de las certificaciones -que incluso fueron convalidadas por una situación sobrevenida-, sino por las omisiones y faltas a sus deberes funcionales, respecto de sustentar decisiones que impactan la Hacienda Pública y el recurso hídrico, omitiendo estudios técnicos y jurídicos que determinaran la disponibilidad del recurso hídrico y la infraestructura del acueducto en la zona de El Coco-Ocotal, previo a la emisión de dichos actos. De ahí que, apunta, la discusión acerca de la legalidad de dichos actos administrativos carece de interés, porque no fue ese el motivo del acto administrativo sancionatorio. Insiste, el procedimiento sancionatorio no tuvo como objetivo el ejercicio de un control de legalidad a fin de verificar la validez de los actos administrativos, por ello es que la sanción impuesta es de carácter disciplinario y no de restablecimiento de legalidad de la función administrativa mediante la declaratoria de nulidad. Refuta, el Tribunal partió de una premisa equivocada al considerar que la sanción es desproporcionada y que la conducta no puede ser calificada como dolosa porque no fue anulada, condición que no establece el ordenamiento jurídico a fin de calificar la falta y graduar la sanción. Interpreta, ninguno de los preceptos jurídicos citados supedita la responsabilidad de los funcionarios a la declaratoria de nulidad de las conductas administrativas reprochadas, precisamente porque el elemento determinante es el incumplimiento de las funciones del servidor público y las infracciones a las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización y a la Hacienda Pública, los cuales son resguardados por la CGR por mandato constitucional. Reseña, el órgano contralor no partió de la validez o invalidez de los actos administrativos emitidos por los actores, sino que una de las razones fundamentales que motivó la sanción fue el grado jerárquico, conocimiento y experiencia, y sobre todo la vulneración grosera de las normas que integran el sistema de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, el sistema de control interno, y la normativa que tutela el recurso hídrico, según lo establecido en los cardinales 211 y 213 de la LGAP, 39 y 41 inciso d) de la Ley de Control Interno. Tampoco concuerda con el criterio del Tribunal en cuanto a que no se verificó infracción al deber de probidad. Alega, si existió violación a dicho principio, porque los actores no sustentaron las decisiones adoptadas en estudios técnicos y jurídicos, con lo cual no sólo pusieron en riesgo el recurso hídrico de la zona El Coco-Ocotal, sino que además favorecieron a desarrolladores particulares, en detrimento del interés público, y sometieron a la Administración a un riesgo indemnizatorio innecesario, apartándose de los objetivos de administración y vigilancia del recurso hídrico propios del AyA. La infracción cometida, acota, de acuerdo al artículo 4 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, amerita la separación del cargo, y no se requiere la declaratoria previa de nulidad de las actuaciones administrativas, porque lo que el legislador impone es una sanción ante la infracción a un deber funcional. Enfatiza, mediante sentencia no. 3-F-TC-2018 -que anuló el primer fallo dictado en este proceso-, este Órgano Casacional indicó que la CGR puede instruir procedimientos administrativos para constatar la responsabilidad de los funcionarios públicos que hubieran provocado algún detrimento a la Hacienda Pública o sus componentes de fiscalización y control, para lo cual basta que el actuar haya sido negligente o con culpa grave, sin que para ello se requiera la declaratoria de ilegalidad de los actos en sede judicial, cuando resulta evidente y manifiesta. Pese a lo anterior, critica, en la sentencia recurrida el Tribunal Contencioso volvió a cometer el mismo error, al supeditar la responsabilidad de los actores, y la graduación de la sanción, a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos dictados por ellos. Tercero. Discrepa de la siguiente aseveración del Tribunal sentenciador: “En todo momento vemos entonces, que el mismo órgano decisor parte de la existencia de una "presunta nulidad" de los actos administrativos que constituyen la base para declarar las sanciones a los actores, (…) Conforme al sustento del acto final del procedimiento administrativo y el soporte de las resoluciones que rechazaron los recursos de revocatoria y de apelación formulados por los actores, es claro que el fundamento que tuvo el órgano contralor para determinar la responsabilidad disciplinaria y la inhabilitación de los actores para el ejercicio de cargos públicos, parten de una premisa de invalidez de las certificaciones de disponibilidad de agua, por lo que en su consideración las actuaciones impugnadas resultan ilegales”. Aduce, en el auto de apertura del procedimiento disciplinario dictado contra los actores, claramente se indicó que la investigación preliminar realizada por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa trató acerca de la presunta comisión de dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones al otorgar certificaciones de disponibilidad real de agua potable a los fideicomitentes fundadores y comerciales potenciales del Fideicomiso Acueducto Playas del Coco-Ocotal, sin haber construido y recibido el AyA las obras correspondientes. Posteriormente, señala, mediante resolución PA-76-2009 del 18 de noviembre de 2009, la CGR declaró a los accionantes responsables por los siguientes hechos: 1. No acatar las órdenes del superior jerárquico -Junta Directiva del AyA- quien, mediante los acuerdos 2001-37 y 2007-367 dispuso la necesidad de acreditar la existencia de las obras finalizadas del acueducto y disponibilidad real del recurso hídrico en la zona de previo a otorgar cartas de disponibilidad de agua potable. 2. Omitir el trámite dispuesto en la cláusula octava de la carta de entendimiento del 16 de marzo de 2006, cláusula V del contrato de fideicomiso, y en los artículos 5 y 11 del Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la LPU. 3. Comprometer indebidamente el recurso hídrico de la zona. 4. Incumplir su deber funcional al omitir los estudios técnicos que acreditaran la certeza de disponibilidad del recurso hídrico en la zona de El Coco y Ocotal. 5. Omitir realizar las observaciones necesarias a la Municipalidad de Carrillo a efectos de que los desarrolladores de la zona no utilizaran los documentos otorgados para fines contrarios al ordenamiento jurídico. 6. Omitir aclarar que las obras del acueducto no estaban construidas y no existía certeza de disponibilidad de agua en la zona. 7. Omitir el deber de asesorarse respecto de los efectos de los actos administrativos emitidos a favor de los desarrolladores. 8. Conculcar lo señalado por el asesor jurídico del AyA respecto de la improcedencia de entregar cartas de disponibilidad a desarrolladores en virtud de que la tubería no existía en la realidad material. 9. Omitir disponer de los canales de información gerencial y la posibilidad de asesorarse con profesionales especializados antes de otorgar las certificaciones de disponibilidad de agua. 10. Vulnerar los artículos 11 de la Carta Magna y 11 de la LGAP. 11. Poner en riesgo el interés público, garantizando eventos futuros e inciertos a fin de atender intereses particulares de los desarrolladores. 12. Faltar al deber de probidad, al no atender las necesidades colectivas prioritarias en condiciones de igualdad y otorgar derechos preferenciales a los desarrolladores. 13. Desconocer las disposiciones de la CGR contenidas en el informe DFOE-ED-22-2009. 14. Poner en riesgo el abastecimiento de agua de los pobladores de la zona. 15. Debilitar el sistema de control interno. 16. Conculcar sus deberes como Gerente y Sub Gerente del AyA. 17. Omitir tomar las medidas necesarias antes de extender las certificaciones de disponibilidad de agua. Dice, luego de una valoración simple y sesgada, el Tribunal concluyó que el motivo del acto administrativo se basó únicamente en la emisión de certificaciones de disponibilidad de agua que no habían sido declaradas nulas. Asevera, los actores incurrieron en una transgresión administrativa que afectó la Hacienda Pública, al no ejercer con la diligencia debida las competencias otorgadas por el ordenamiento jurídico en cuanto a la disposición de bienes públicos, conducta que puede ser sancionada disciplinariamente por la CGR en virtud del numeral 10 de la Ley Orgánica de la CGR. Reitera, el acto administrativo del órgano contralor responde a un procedimiento de naturaleza sancionatoria, no anulatoria, como erróneamente lo concibió el Tribunal sentenciador. Refiere, mediante oficio PRE-J-2009-2968, la División Jurídica del AyA realizó un análisis sobre la nulidad de las certificaciones de disponibilidad de agua, ante lo dispuesto por la CGR en el informe DFOE-ED-22-2008, y determinó la validez, en sede administrativa, de dichos actos, considerando que la nulidad carecía de interés actual porque, posterior a su emisión, existía certeza respecto de la disponibilidad de agua en la zona y porque esas cartas ya habían generado derechos subjetivos a favor de particulares. Sostiene, pese a que la Administración convalidó los actos administrativos mediante oficio PRE-J-2009-2968, y no han sido anulados en sede judicial, no por ello se ve enervada la responsabilidad disciplinaria de los actores. Destaca, los actos fueron convalidados porque, posterior a la emisión de las certificaciones, se demostró la disponibilidad de recurso hídrico en la zona, es decir, ocurrió una situación sobrevenida, que de ninguna forma exime a los demandantes de responder por sus conductas omisivas, negligentes e irresponsables en perjuicio de la administración del recurso hídrico y las normas atinentes a la Hacienda Pública y a la protección ambiental. Critica, la posición del Tribunal implica la impunidad de las faltas cometidas. Cuarto. Censura, el colegio de jueces tuvo por no probado que se haya generado algún daño patrimonial a la Administración Pública o al ambiente, y que la conducta de los funcionarios haya sido dolosa, todo lo cual es consecuencia de una errónea apreciación de la prueba. Subraya, los actores, quienes ocupaban puestos gerenciales, estuvieron en posibilidad de requerir estudios técnicos a fin de tener certeza de la disponibilidad de agua en la zona, y de advertir que la infraestructura del acueducto no estaba terminada ni recibida por el AyA, no obstante hicieron todo lo contrario, garantizando la disponibilidad de agua sin tener certeza de ello, y una infraestructura que en la realidad material no existía. Refuta, sin tomar en consideración las funciones de los cargos ocupados por los actores, la lesión al ordenamiento jurídico y al interés público que reviste al AyA, ni la gravedad de los hechos, el Tribunal calificó la conducta de los actores como negligente, ignorando la prueba traída al proceso, mediante la cual se determinó que actuaron pese al conocimiento de la normativa, criterios jurídicos y resoluciones de Sala Constitucional que advertían sobre la imposibilidad de otorgarlas sin los requisitos previos previstos para ello, sin atender a los compromisos y al contrato de fideicomiso pactados entre el AyA y los desarrolladores, a los acuerdos de Junta Directiva, y a la inexistencia de estudios técnicos que demostraran la disponibilidad de recurso hídrico y de la infraestructura terminada. Quinto. Acusa violación del artículo 50 constitucional y de los principios precautorio y de objetivación de la tutela ambiental. Sostiene, la Sala Constitucional, mediante sentencia no. 262-2009, concluyó que el AyA planteó el desarrollo de un proyecto de explotación del recurso hídrico careciendo de certeza sobre la disponibilidad de agua y posibilidad de explotación del acuífero de Sardinal, por lo que toda autorización de aprovechamiento sin tal certidumbre situaba al acuífero en una posición de vulnerabilidad, ocasionando un innecesario riesgo ambiental, y le ordenó al AyA suspender la entrega de cartas de disponibilidad hasta no contar con estudios técnicos. Destaca, el Tribunal Constitucional tuvo por acreditada la violación del artículo 50 de la Carta Magna y de los principios precautorio y de objetivación de la tutela ambiental. Alega, al anular el acto sancionatorio del órgano contralor, bajo el errado argumento de que las sanciones de los actores fueron sustentadas en actos no anulados previamente en sede judicial, resultan quebrantados los principios constitucionales de legalidad y de universalidad del control de la conducta administrativa, puesto que se crean actos inmunes al régimen de responsabilidad administrativa. Señala, el artículo 11 de la Carta Magna supedita la responsabilidad del funcionario al cumplimiento de sus deberes, no a la nulidad de los actos administrativos, como erradamente lo consideró el Tribunal de instancia.
XIII.- Difiere este Tribunal de Casación de la calificación jurídica dada por el colegio de jueces a la conducta reprochada al actor Rodríguez Araya, así como de la valoración en torno a la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción de despido y de inhabilitación que le fue impuesta por la CGR. En primer lugar, se estima, no cabe calificar la conducta del actor como negligente, porque, según el mérito de los autos, en realidad se trató de una actuación dolosa. Si bien no podría afirmarse, con absoluta certeza, que la emisión de las 23 certificaciones de disponibilidad de agua fue realizada con el propósito de beneficiar indebidamente el interés privado de los urbanizadores del proyecto, en detrimento del interés público y de los habitantes de la comunidad de Sardinal, o bien, con el ánimo de que éstas fueran utilizadas para fines contrarios al ordenamiento jurídico (porque aquí no se juzga acerca de la validez de los permisos municipales de construcción), lo cierto es que el señor Rodríguez Araya expidió dichos documentos a favor de particulares a sabiendas de que existía legislación y reglamentación expresa, así como disposiciones de Junta Directiva, y compromisos contractuales previamente adquiridos con los desarrolladores, que disponían claramente cómo y cuándo debían emitirse ese tipo de certificaciones, y sus implicaciones legales para el Instituto y de frente a otras instituciones administrativas. Pese a ese conocimiento, que tenía en virtud de su cargo como Gerente General del AyA, don Heibel actuó de forma contraria a lo que le imponía el ordenamiento jurídico, sin tener justificación para tal desatención, y con plena conciencia de las implicaciones legales que conllevaba emitir ese tipo de certificaciones en nombre del AyA. He ahí el hecho fundamental que impone calificar su conducta como dolosa; el haber actuado a sabiendas de que estaba trasgrediendo la normativa, garantizando de forma prematura una disponibilidad de agua potable para un proyecto de urbanización sin tener certeza de ello y certificando una materialidad inexistente en la realidad (infraestructura del acueducto terminada y recibida por el AyA). En este punto conviene traer a colación lo dispuesto por el ordinal 213 de la LGAP, en cuanto señala: “A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culpa o negligencia del funcionario, al apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá tomarse en cuenta la naturaleza y jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea la jerarquía del funcionario y más técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y apreciarlo debidamente”. Como bien lo indica la CGR, no puede obviarse el hecho de que el actor ocupaba el puesto de Gerente General del AyA, y de conformidad con el precepto 12 de la Ley Constitutiva de ese ente, era el responsable del adecuado y eficiente funcionamiento administrativo de la institución, lo cual le imponía una mayor responsabilidad y exigencia en el cumplimiento de la normativa que rige el actuar de la entidad, y en la consecución de los fines que su ley constitutiva le atribuye como ente rector en materia de acueductos y alcantarillados del país. Así, en virtud de su cargo, el señor Rodríguez Araya tenía un deber mayúsculo en cuanto a la apreciación de las implicaciones legales que tenía el ejercicio indebido de la potestad certificadora que le fue encomendada, la trascendencia del bien jurídico (agua potable) que estaba en juego, los efectos jurídicos que conllevaba emitir certificaciones de agua en nombre del AyA y la existencia de normativa expresa que le dictaba la forma y el momento para expedir dichos documentos. El hecho de que las certificaciones no hayan sido anuladas, no demerita la reprochabilidad de su conducta, y la procedencia de la sanción, puesto que el motivo para sancionarle no se origina en la ilegalidad de esos actos administrativos (que fueron convalidados por circunstancias sobrevenidas), sino en la evidente inobservancia de sus deberes funcionales como Gerente del AyA, incumplimiento que, como se dijo, cometió con pleno conocimiento y entendimiento. Ya este Tribunal de Casación, en otras oportunidades, se ha referido a este punto en particular. Así, en la sentencia no. 79-F-TC-2017, señaló: “(…) conviene recordar que el artículo 68 de la LOCGR habilita a la Contraloría para iniciar el procedimiento sancionatorio y recomendar de forma vinculante la sanción a imponer al servidor público cuando se acredite que infringió las normas que integran el ordenamiento de control y fiscalización contemplado en esa Ley o cuando lesionó la Hacienda Pública. (…) en criterio de este Tribunal de Casación, la sustanciación del procedimiento de corte sancionatorio previsto en el ordinal 68 de la LOCGR es autónoma respecto de la tramitación del procedimiento anulatorio contemplado en el artículo 28 de esa ley (En ese sentido consúltese la sentencia no. 114-F-TC-2016 de las 11 horas 10 minutos del 22 de setiembre de 2016). Es decir, que exista nulidad decretada previamente, sea por la propia CGR o por autoridad judicial, según los supuestos de los numerales 68 de la LOCGR y 173 de la LGAP, sobre determinado acto lesivo a la Hacienda Pública no es requisito sine qua non para ejercer válidamente el régimen sancionatorio contra el servidor público responsable de esa conducta u omisión dañosa. La exégesis del propio precepto 68 de la LOCGR es clara en ese sentido, y del entramado de normas de ese cuerpo legal se colige claramente que no condicionan o subordinan uno y otro procedimiento, sino que ambos son plenamente independientes entre sí y diferenciables en cuanto su objeto y alcances. De manera que, en el subjúdice, erró el Tribunal al anular todo lo actuado en el procedimiento sancionatorio seguido contra el actor, ello bajo el argumento de que no cabía sancionarle por actos administrativos que aún no habían sido invalidados mediante sentencia dictada por la autoridad jurisdiccional competente (…)”. En la especie, no podría entonces permitirse una impunidad de actos absolutamente reprochables, pues ello vaciaría de contenido el principio de legalidad consagrado a nivel constitucional, que impone a los funcionarios públicos el deber de sujeción al ordenamiento jurídico en cuanto al cumplimiento de sus deberes y a la función administrativa que se materializa a través de sus actuaciones, y todo el entramado legal y reglamentario que nutre el perfil competencial del funcionario público, en este caso, de la figura gerencial del AyA, así como las normas que regulan la fiscalización del adecuado ejercicio de sus deberes formales. Tampoco cabe eximir al accionante de responsabilidad porque no se concretó un daño patrimonial para el AyA, ni para el recurso hídrico como tal, en tanto, como se ha venido analizando, existió un evidente desacato de sus deberes funcionales y, en las circunstancias en que ello aconteció, sí puso en riesgo a la institución y al recurso hídrico, porque garantizó un derecho de acceso al agua potable sin contar con la infraestructura que haría posible la prestación de ese servicio (lo cual pudo generar eventual responsabilidad del AyA frente a los urbanizadores en caso de incumplimiento), y sin tener certeza de que podría brindar el acceso requerido a ese bien fundamental, porque no había recibido las obras y realizado las pruebas operativas correspondientes para verificar que la conexión sería posible, en la cantidad de pajas requeridas para el proyecto y sin afectar la disponibilidad del recurso para la comunidad de Sardinal. Por lo expuesto, se estima, el actor incurrió en una evidente infracción al deber de probidad, por cuanto, de forma dolosa, no actuó con rectitud en el ejercicio de las potestades que le confería la normativa legal y reglamentaria supra citada en su carácter de Gerente General, y su conducta no se ajustó a los objetivos propios de la institución (artículo 2 de la Ley Constitutiva del AyA), y a la administración del recurso hídrico del país con apego al principio de legalidad (precepto 1 ibídem). Ello, de conformidad con los ordinales 3 y 4 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, ameritaba su despido sin responsabilidad patronal, como bien lo determinó la CGR. Además, también resultó lesionada la Hacienda Pública, en tanto se encuentra conformada por la normativa de control interno, que se vio desatendida por el demandante, al actuar de forma contraria a las disposiciones institucionales, legales y reglamentarias dictadas para el adecuado ejercicio de la potestad de certificación de la disponibilidad de agua, las cuales tendían a la protección del patrimonio público contra cualquier irregularidad o acto ilegal, y al adecuado desarrollo de la actividad del ente. Así, al tenor de los cardinales 8 y 12 de la Ley General de Control Interno, 8, 9, 10, 11 y 72 de la LOCGR, procedía la sanción de inhabilitación del funcionario para ejercer cargos en la Hacienda Pública. Finalmente, no se observa que la CGR haya sancionado al actor con base en hechos no imputados oportunamente. El hecho concerniente a que don Heibel conocía de las implicaciones y de la ilegalidad de emitir certificaciones de disponibilidad en las circunstancias apuntadas, porque a dos subalternos suyos se les sancionó por esos mismos hechos, es una mera referencia que el órgano contralor realizó para enfatizar el conocimiento que el actor tenía acerca de la normativa aplicable a ese tipo de certificaciones, pero que de ninguna manera constituye el hecho central por el cual se le sancionó; es decir, esa referencia no varía en nada el resultado de lo decidido, ni incide sustantivamente en la calificación de la gravedad de la falta o en la graduación de la sanción a aplicar, según lo ya analizado en líneas anteriores. En razón de lo expuesto, procede entonces denegar los reparos del actor casacionista en cuanto al punto de examen, y acoger las censuras planteadas por la CGR, con las consecuencias que se dirán.
RECURSO DEL CO-ACTOR GUILLERMO ARCE OVIEDO XIV.- En el único agravio procesal, acusa falta de motivación de la sentencia por dos motivos. Primero, porque no fundamenta adecuadamente las razones por las cuales se estimó contrario a derecho que el co-actor Arce Oviedo avalara las certificaciones emitidas por el co-accionante Rodríguez Araya. Dice, el Tribunal no indicó cuáles normas jurídicas fueron conculcadas con esa actuación, sino que interpretó que ambas acciones (emitir la certificación y ratificar la existencia de certificaciones anteriores) violentan los mismos preceptos jurídicos. Sostiene, las actuaciones del señor Rodríguez Araya no requerían de ninguna validación, aval o ratificación para surtir efectos jurídicos; eran válidas y eficaces por sí mismas. Ello implica, según su criterio, que la sentencia debía motivar este aspecto en particular, y al no hacerlo se coloca en indefensión al co-actor Arce Oviedo, pues le imposibilita rebatir argumentos inexistentes del por qué ambas actuaciones fueron tratadas de la misma manera. Segundo, señala, en el discurso de apertura de la audiencia de juicio, como argumento esencial de su teoría del caso, indicó que el expediente administrativo contenía documentos incompletos, como el visible a folios 02 y 03, documento en el cual se fundamentó la CGR para imponerle la sanción, lo cual resultaba violatorio del debido proceso. Reclama, tal argumento no fue abordado por el fallo impugnado; no bastaba afirmar que no existió quebranto del debido proceso, sino que debían desarrollarse los motivos por los cuales ese argumento de descargo no le mereció credibilidad al Tribunal, según la prueba obrante en autos.
XV.- No se verifica el yerro procesal acusado. En cuanto al primer alegato, no debe perderse de vista que el punto en discusión no era si las 23 cartas de compromiso originalmente emitidas por el señor Rodríguez Araya requerían o no de algún tipo de ratificación para ser válidas y eficaces. El tema reprochado por el Tribunal es que el co-actor Arce Oviedo, en su condición de Sub Gerente del AyA ratificó esas 23 cartas -que en criterio del colegio de jueces no eran tales, sino verdaderas certificaciones de disponibilidad de agua- pese a que habían sido expedidas a contrapelo de la Ley de Planificaciones Urbanas y del Reglamento Interno del AyA, y le solicitó además a la Ingeniera Municipal de Carrillo que procediera a aceptarlas en los trámites que las empresas realizaran ante ese municipio. Se entiende que, en criterio del Tribunal, esa ratificación y solicitud adolecen de los mismos defectos que las propias cartas de compromiso -de disponibilidad de agua, según los juzgadores-, al resultar todas contrarias a derecho (aspecto sustantivo que no cabe ser analizado mediante la causal procesal invocada), y ese es precisamente el motivo que genera responsabilidad en cabeza del señor Arce Oviedo. Además, nótese que el Tribunal agregó que la conducta de este último resultó contraria a derecho porque, además de lo señalado anteriormente, emitió otras certificaciones con los mismos defectos de las 23 anteriores, pese a que ya había sido advertido por parte del Director Jurídico de la institución acerca de la inconveniencia de emitir actos administrativos en ese sentido (certificando y haciendo constar de la existencia y viabilidad del proyecto, garantizando que el mismo contaría con la infraestructura y disponibilidad de agua potable) por existir incerteza sobre ciertos aspectos e incluso cuestionamientos de parte de la CGR. En segundo lugar, el que el Tribunal supuestamente haya ignorado uno de los argumentos esenciales de la teoría del caso del actor y no haya emitido pronunciamiento al respecto, técnicamente no comporta un vicio de falta de motivación, sino que eventualmente implica un yerro sustantivo por preterición o indebida valoración probatoria, que no cabe ser revisado desde la óptica procesal. Si en tesis del casacionista, existieron documentos incompletos con fundamento en los cuales se le impuso una sanción disciplinaria, y ello atentó contra su debido proceso, tal es una cuestión probatoria y jurídica que debe ser abordada a partir de las causales casacionales sustantivas, sin embargo, tal examen no es posible realizarlo, puesto que no indica cuál es la normativa de fondo que resultó conculcada, no explica en qué consistió el yerro apreciativo acusado ni cómo indició en lo resuelto. En consecuencia, se impone el rechazo del reparo aducido.
XVI.- En el único reparo sustantivo alega, la diferencia fundamental entre un certificado de compromiso y una carta de disponibilidad de agua es que el primero posibilita el acceso futuro y condicionado al servicio público de agua, con la segunda ese acceso es inmediato. En razón de ello es que, apunta, el primero hace referencia a la disponibilidad de agua para cuya utilización se requiere de obras y permisos, mientras que la segunda se emite cuando la infraestructura se encuentra construida y en funcionamiento, porque entonces se está en capacidad de suministrar el agua en forma inmediata al solicitante. Con base en ello, reprocha, el yerro del Tribunal radica en haber interpretado que don Guillermo emitió una carta de disponibilidad, cuando del contenido del documento se desprende claramente que se trataba de un certificado de compromiso, el cual indicaba: “SEXTO: Que en virtud de lo anterior certifico y hago constar de la existencia y viabilidad del proyecto, garantizando que el mismo contará con la infraestructura y disponibilidad de agua potable, una vez concluida y recibida la infraestructura primaria de acueducto a entera satisfacción del AyA y formalizado los nuevos servicios conforme a la reglamentación vigente. Lo anterior sin perjuicio de las facultades de aprobación por parte del INVU”. Subraya, se señaló que en la actualidad no existía la capacidad instalada para la prestación del servicio de agua potable pues se utilizaron palabras como “proyecto”, lo cual significa que era un “pensamiento de ejecutar algo” según la Real Academia Española de la Lengua. En igual sentido, asevera, el verbo “contará” implica una acción que se proyecta ejecutar a futuro, por lo cual no existe certeza sobre la fecha de su materialización. Acota, la frase “una vez concluida” denota que la disponibilidad de agua sería a futuro y que requería la culminación de un proyecto de obras hidráulicas. Refuta, resulta totalmente errado aseverar que se certificó la disponibilidad de agua de forma inmediata, porque en realidad lo que se certificó fue que dentro del proyecto de acueducto existía el compromiso de incluir al solicitante para efectos de la prestación del servicio público. Estima, los vocablos empleados en el documento no requerían mayor análisis filológico para entender su significado, no obstante, el Tribunal les atribuyó un significado diferente y en consecuencia erró en la valoración de la prueba, lo cual lo llevó a concluir que el señor Arce Oviedo trasgredió el ordenamiento jurídico por una conducta negligente, lo cual es absolutamente incorrecto.
XVII.- No aprecia este Tribunal casacional el yerro apreciativo acusado. El artículo 5 del Reglamento para la aplicación del artículo 38 de la LPU, aprobado por la Junta Directiva del AyA, en sesión ordinaria no. 2007-056 del 11 de setiembre de 2007, es absolutamente claro en cuanto al contenido y alcances de una certificación de compromiso, la cual hace constar: la existencia y viabilidad del proyecto, su cobertura, costo aproximado y el compromiso expreso del desarrollador de asumir el costo total de las obras, con el fin de que éste gestione los permisos correspondientes para su aceptación ante las instancias que consigna el artículo 38 de la Ley de Planificación Urbana. Nótese que las certificaciones expedidas por don Guillermo, al igual que ya se analizó en el caso de don Heibel, rebasaron el contenido certificable definido por el cardinal citado, y garantizaron un hecho futuro, como lo era la disponibilidad de infraestructura y agua potable, sin que las obras de ampliación del acueducto Coco-Ocotal estuvieran terminadas y recibidas a satisfacción del AyA al momento de la emisión de dichos documentos. El recurrente se excusa bajo el argumento de que sujetó la disponibilidad para el momento cuando estuviera concluida y recibida la infraestructura por parte del AyA, pero es que, de acuerdo a la lectura de los ordinales 5 y 11 del Reglamento citado, era hasta el momento cuando ambas condiciones estuvieran materialmente cumplidas, que procedía garantizar, es decir, asegurar, dar certeza, de la disponibilidad de la infraestructura y del agua potable, no antes. Su argumento resulta contradictorio e infructuoso, porque si su intención era condicionar la disponibilidad de agua e infraestructura a la culminación y recepción de las obras, entonces ningún sentido tenía anticiparse a garantizar esa circunstancia en las certificaciones que expidió, sino que lo lógico, y lo que le imponía la normativa, era esperar a que ambas situaciones fueran materializadas en la realidad, para entonces expedir las cartas de disponibilidad a favor de los desarrolladores para efectos de la conexión y operación de los servicios. Entonces, como bien lo apreció el Tribunal, en realidad expidió cartas de disponibilidad de agua, no certificados de compromiso, actuación por demás realizada a contrapelo del reglamento supra citado. Por consiguiente, al no verificarse el error aducido en cuanto a la valoración de la prueba, se rechaza el cargo formulado.
XVIII.- En razón de lo analizado en los Considerandos anteriores, particularmente en el XIII, y siendo que quedó demostrado que el accionante Arce Oviedo, en su calidad de Sub Gerente General del AyA, en el año 2008 ratificó las 23 certificaciones de disponibilidad de agua anteriormente emitidas por el señor Rodríguez Araya, y solicitó a la Ingeniera Municipal de Carrillo proceder a aceptarlas en los trámites que las empresas realizaran ante ese municipio, así como que en el año 2008 y 2009, en su calidad de Sub Gerente y Gerente General, respectivamente, emitió dos certificaciones garantizando la disponibilidad de agua y de infraestructura del acueducto (sin que las obras estuviesen terminadas ni recibidas por el AyA), la sanción de despido sin responsabilidad patronal y de inhabilitación impuesta por la CGR se encuentra plenamente ajustada a derecho [hechos tenidos por probados 8) y 9), que no han logrado ser desvirtuados en esta sede]. Nótese que la conducta atribuida a don Guillermo deviene reprochable por las mismas razones de derecho examinadas en el caso de don Heibel, pues, en esencia, cometió la misma desatención injustificada a sus deberes funcionales como Gerente y Sub Gerente del AyA, al validar, y posteriormente, expedir certificaciones de disponibilidad de agua en contraposición a los artículos 38 de la LPU, 5 y 11 del Reglamento para la aplicación del artículo 38 ibídem. Infracción que también debe ser calificada como dolosa, por el conocimiento que tuvo, en razón de su cargo, de que estaba actuando a contrapelo de la normativa legal y reglamentaria que regulaba lo concerniente a la emisión de ese tipo de certificaciones, y de las implicaciones legales de ese proceder. Véase que incluso, mediante oficio PRE-J-2009-1160 del 20 de marzo de 2009, el Director Jurídico le indicó que no era oportuno emitir actos administrativos sobre ese tipo de asuntos en los que existía incerteza e incluso cuestionamientos de parte de la CGR (hecho probado 9); no obstante, el 26 de mayo de 2009, en su calidad de Gerente General, emitió una certificación de disponibilidad de agua, sin que se cumplieran los requisitos exigidos por el Reglamento supra citado. En consecuencia, al verificarse la comisión de los hechos constitutivos de falta disciplinaria, y su gravedad, el recurso de la CGR, en cuanto al tema de la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción impuesta en sede administrativa, también debe prosperar en lo que respecta a don Guillermo, en la forma que se dirá.
XIX.- En virtud de lo aquí resuelto, deviene innecesario adentrarse al análisis del resto de agravios planteados por el recurrente Rodríguez Araya y por la CGR. Siendo que se ha verificado la comisión de la falta disciplinaria cometida por ambos actores, así como la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción de despido sin responsabilidad patronal e inhabilitación para el ejercicio de cargos de la Hacienda Pública durante cinco años, impuesta por el órgano contralor en sede administrativa, deviene improcedente el reconocimiento de las pretensiones indemnizatorias formuladas por los accionantes en su demanda, pues dependían directamente de lo que se resolviera sobre los puntos antes indicados. Así, en mérito de lo expuesto, procederá declarar sin lugar los recursos de casación planteados por los señores Rodríguez Araya y Arce Oviedo, a quienes se impondrán las costas generadas con su ejercicio, de conformidad con el artículo 150.3 del CPCA, más los respectivos intereses legales, de acuerdo al artículo 1163 del Código Civil, los cuales correrán desde la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago. Se declarará con lugar el recurso de casación interpuesto por la CGR. En consecuencia, se casará parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto acogió parcialmente la excepción de falta de derecho y ambas demandas, disponiendo: a) La disconformidad con el ordenamiento jurídico y la nulidad absoluta de la resolución N° PA-76-2009, emitida por la División Jurídica de la Contraloría General de la República a las 14:30 horas del 18 de noviembre de 2009, que impuso la sanción de despido sin responsabilidad patronal de los actores y decretó la prohibición de ingreso o reingreso para ocupar cargos de la Hacienda Pública por un plazo de cinco años. b) La nulidad de la resolución N° R-DC-92-2011 de la Contralora General de la República, dictada a las 9:00 horas del 22 de junio de 2011, que rechazó el recurso de apelación incoado por los accionantes, así como la resolución del Despacho Contralor N°R-DC-201-2011, de las 11:00 horas del 21 de diciembre de 2011, que denegó el recurso de revisión incoado por el AyA. c) La nulidad del artículo 6 del Acuerdo N° 2012-019, tomado en la sesión ordinaria N° 2012-005 de la Junta Directiva del AyA, el día 19 de enero de 2012, mediante el cual se dispuso el despido sin responsabilidad patronal del servidor Arce Oviedo, y, en su lugar, el Tribunal Contencioso le impuso a éste, como medida sustitutiva, ejemplarizante y correctiva, la sanción de un mes sin goce de salario, que debería cumplir en el puesto que actualmente desempeñara en el AyA, a partir del momento en que así lo dispusiera la Administración. d) Eliminar de los expedientes personales respectivos de cada uno de los actores, la pena del órgano contralor, así como la marca de inhabilitación, consignando la sanción aquí decretada por el Tribunal. e) El pago, por concepto de daño moral subjetivo, por la suma de ¢2.000.000,00 para el señor Arce Oviedo y ¢1.000.000,00 para el señor Rodríguez Araya, a cargo de la Contraloría General de la República. f) El reconocimiento de la indexación sobre las sumas concedidas en sentencia, más los respectivos intereses legales, contados a partir de la firmeza del fallo y hasta su efectiva cancelación, a determinarse y cuantificarse en la vía de ejecución de sentencia. g) Mantener la medida cautelar en favor del actor Arce Oviedo, hasta la firmeza de la sentencia. h) Resolver el asunto sin condena en costas. En su lugar, fallando por el fondo, se acogerá la excepción de falta de derecho y se declarará sin lugar la demanda formulada por ambos accionantes en todos sus extremos, a quienes se impondrán ambas costas del proceso, de conformidad con el precepto 193 del CPCA (condena cuyos motivos serán explicados en el Considerando siguiente, por cuestiones de orden expositivo), más los respectivos intereses legales, de acuerdo al artículo 1163 del Código Civil, los cuales correrán desde la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago. El fallo recurrido se mantendrá incólume en cuanto rechazó las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, falta de interés actual y la expresión sine actione agit.
XX.- En criterio de este Tribunal de Casación, no hay mérito para exonerar a los actores del pago de ambas costas del proceso. Primero, por cuanto no se cumple el supuesto de exoneración previsto en el inciso a) del cardinal 193 del CPCA. Segundo, porque no se estima que hayan tenido motivo suficiente para litigar. Según lo ha conceptualizado este Órgano casacional, tener motivo suficiente para litigar implica no sólo la convicción de la parte vencida en la tesis defendida por ella, sino también que ese convencimiento se haya sustentado en datos objetivos del proceso, a partir de los cuales la persona juzgadora pueda concluir que la parte perdidosa tenía motivos racionalmente fundados para creer en la bondad de su pretensión, o de su defensa, según sea el caso. En la especie, ambos actores defienden la validez y apego al ordenamiento jurídico de sus actuaciones en torno a la emisión y validación de las certificaciones cuestionadas, y rechazan haber incurrido en las faltas que les fueron imputadas en perjuicio de sus deberes funcionales, del ambiente, del recurso hídrico y de la Hacienda Pública. Ambos sostienen no haber garantizado la disponibilidad inmediata del agua potable hasta tanto no se hubiesen terminado las obras del acueducto El Coco-Sardinal y recibido a satisfacción del AyA, sino haber emitido certificaciones de compromiso que, de acuerdo a los artículos 38 de la LPU y 10 bis del Decreto Ejecutivo no. 27967-MP-MIVAH-S-MEIC, bien podían ser utilizadas en el trámite de los permisos de construcción solicitados por los desarrolladores, sin que ello implicase de -parte de los demandantes- una actuación ilegal, dolosa o intencionalmente tendiente a provocar un resultado prohibido por la ley. No obstante, pese a que la tesis sostenida en juicio por los accionantes ha ameritado un ejercicio intelectivo de parte de los juzgadores de instancia y en esta sede casacional, lo cierto es que no resulta conteste con el acervo probatorio ofrecido como sustento, lo cual condujo a Tribunal de Casación a denegar ambos recursos y con ello a desestimar la demanda en todos sus extremos. Según se ha analizado, el contenido de los documentos expedidos por los actores correspondió a verdaderas cartas de disponibilidad de agua, y no certificados de compromiso, que fueron emitidas de forma evidentemente prematura, puesto que la normativa atinente claramente disponía en qué términos y en qué momento debían emitirse, y a la postre fueron utilizadas para gestionar permisos de construcción ante el municipio de Carillo. A sabiendas de ello y de las consecuencias jurídicas de un documento emitido en esos términos, los accionantes expidieron las cartas de disponibilidad, y si bien se estima que no ha sido acreditada su intención en orden a causar un daño o un resultado prohibido por la ley, es innegable e injustificable su inobservancia a los deberes propios de su cargo, desatención que se ve agravada no sólo por la jerarquía del puesto, sino también por haber garantizado una disponibilidad y una materialidad que en la realidad no existían, con las eventuales consecuencias ambientales y de acceso al recurso hídrico que ello pudiera tener para los habitantes de la comunidad de Sardinal, además de las económicas y legales para el AyA, quien aparecía como institución certificadora de hechos inexistentes y garantizando acceso al agua potable a varios urbanizadores, sin tener certeza de ello, por cuanto las obras del acueducto no se habían terminado de construir. Si bien no se concretó un daño efectivo al recurso hídrico o a la Hacienda Pública, ello no desvirtúa la gravedad de la infracción cometida por los actores en el ejercicio de las funciones y facultades inherentes a su cargo, según fue analizado, y por ende tampoco existe mérito para anular la sanción que les fue impuesta por parte del órgano contralor. Por consiguiente, lo procedente es imponer ambas costas del proceso a cargo de los actores vencidos en juicio, de conformidad con el precepto 193 del CPCA.
POR TANTO
Se declaran sin lugar los recursos de casación planteados por los actores, a quienes se imponen las costas generadas con su ejercicio, más los respectivos intereses legales, los cuales correrán desde la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago. Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la CGR. En consecuencia, se casa parcialmente la sentencia recurrida, en cuanto acogió parcialmente la excepción de falta de derecho y ambas demandas, disponiendo: a) La disconformidad con el ordenamiento jurídico y la nulidad absoluta de la resolución N° PA-76-2009, emitida por la División Jurídica de la Contraloría General de la República a las 14:30 horas del 18 de noviembre de 2009, que impuso la sanción de despido sin responsabilidad patronal de los actores y decretó la prohibición de ingreso o reingreso para ocupar cargos de la Hacienda Pública por un plazo de cinco años. b) La nulidad de la resolución N° R-DC-92-2011 de la Contralora General de la República, dictada a las 9:00 horas del 22 de junio de 2011, que rechazó el recurso de apelación incoado por los accionantes, así como la resolución del Despacho Contralor N°R-DC-201-2011, de las 11:00 horas del 21 de diciembre de 2011, que denegó el recurso de revisión incoado por el AyA. c) La nulidad del artículo 6 del Acuerdo N° 2012-019, tomado en la sesión ordinaria N° 2012-005 de la Junta Directiva del AyA, el día 19 de enero de 2012, mediante el cual se dispuso el despido sin responsabilidad patronal del servidor Arce Oviedo, y, en su lugar, el Tribunal Contencioso le impuso a éste, como medida sustitutiva, ejemplarizante y correctiva, la sanción de un mes sin goce de salario, que debería cumplir en el puesto que actualmente desempeñara en el AyA, a partir del momento en que así lo dispusiera la Administración. d) Eliminar de los expedientes personales respectivos de cada uno de los actores, la pena del órgano contralor, así como la marca de inhabilitación, consignando la sanción aquí decretada por el Tribunal. e) El pago, por concepto de daño moral subjetivo, por la suma de ¢2.000.000,00 para el señor Arce Oviedo y ¢1.000.000,00 para el señor Rodríguez Araya, a cargo de la Contraloría General de la República. f) El reconocimiento de la indexación sobre las sumas concedidas en sentencia, más los respectivos intereses legales, contados a partir de la firmeza del fallo y hasta su efectiva cancelación, a determinarse y cuantificarse en la vía de ejecución de sentencia. g) Mantener la medida cautelar en favor del actor Arce Oviedo, hasta la firmeza de la sentencia. h) Resolver el asunto sin condena en costas. En su lugar, fallando por el fondo, se acoge la excepción de falta de derecho y se declara sin lugar la demanda formulada por ambos accionantes en todos sus extremos, a quienes se condena al pago de ambas costas del proceso más los respectivos intereses legales, los cuales correrán desde la firmeza del fallo y hasta su efectivo pago. En lo demás, la sentencia recurrida se mantendrá incólume.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Damaris Vargas Vásquez Jorge Alberto López González gcr Clasificación elaborada por TRIBUNAL CASACIÓN CONTENCIOSO ADMdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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