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Res. 00868-2020 Tribunal de Familia · Tribunal de Familia · 28/09/2020
OutcomeResultado
The defendant's appeal is dismissed, the plaintiff's appeal is partially granted, the judgment is reversed to adjust total personal costs to 12,150,000 colones and the community value of the shares to 15,172,494.80 colones, and the rest is confirmed, including the denial of community status for FONAFIFO contract payments received after the de facto separation.Se rechaza el recurso del demandado y se acoge parcialmente el de la actora, revocando la sentencia para ajustar las costas personales totales a doce millones ciento cincuenta mil colones y el valor ganancial de las acciones a quince millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con ochenta céntimos, confirmando el resto, incluida la denegatoria de considerar gananciales los ingresos del contrato con FONAFIFO recibidos tras la separación de hecho.
SummaryResumen
This Costa Rican Family Court ruling resolves appeals against a judgment enforcing the early liquidation of community property. The prior merits phase declared a de facto union, the nullity of fraudulent property transfers, and awarded moral damages. In this enforcement phase, the plaintiff claimed 50% of the value of several assets, including a 2004 environmental services contract between the defendant and FONAFIFO. The lower court denied the community property nature of the contract proceeds because most payments occurred after the parties’ separation in February 2006. The Family Court confirms this reasoning: payments received after separation are not community property under Article 41(5) of the Family Code, and the first three payments, received during cohabitation, are presumed consumed as fungible household income. The court also adjusts personal costs and the community value of corporate shares but upholds the decision on the environmental contract. The holding illustrates how environmental services contracts are treated as ordinary income in community property liquidation, without a special regime based on their environmental character.Esta resolución del Tribunal de Familia resuelve las apelaciones contra la sentencia de ejecución de un proceso de liquidación anticipada de bienes gananciales. En la fase de conocimiento previa, se declaró la existencia de una unión de hecho, la nulidad de traspasos fraudulentos de inmuebles y se condenó a los demandados al pago de daños y perjuicios. En esta etapa de ejecución, la actora reclamó el 50% del valor de diversos bienes, incluyendo un contrato de servicios ambientales celebrado por el demandado con FONAFIFO en 2004. El tribunal de primera instancia negó la ganancialidad de los ingresos de ese contrato porque los pagos se recibieron mayormente tras la separación de hecho en febrero de 2006. El Tribunal de Familia confirma ese criterio: los pagos posteriores a la separación de hecho no son gananciales conforme al artículo 41, inciso 5 del Código de Familia, y los tres primeros pagos, recibidos durante la unión, se presumen consumidos como ingresos fungibles del hogar. El tribunal también ajusta las costas personales y el valor ganancial de las acciones de una sociedad, pero mantiene la decisión sobre el contrato ambiental. El fallo ilustra cómo los contratos de servicios ambientales son tratados como ingresos ordinarios en la liquidación de bienes gananciales, sin un régimen especial por su naturaleza ambiental.
Key excerptExtracto clave
From folios 718 to 722 of Volume I of the physical file, there is a contract signed between Mr. [Name 002] and the National Forestry Financing Fund (FONAFIFO), dated February 26, 2004, under which the co-defendant would receive financial benefits of eighty-seven thousand one hundred colones (87,100.00) per hectare for a five-year term, on the understanding that he would allocate the property in Alajuela, registry number [...], to environmental conservation. Likewise, at folio 3058 of Volume V, there is an official communication dated September 26, 2016, signed by Lic. Hernán Vílchez Badilla of the FONAFIFO Financial Department, which certifies that under contract SJ-01-2003, the total sum of two million nine hundred thirty thousand forty-four colones (2,930,044.00) was disbursed to the co-defendant on each of the following dates: April 2, 2004, November 24, 2004, November 9, 2005, December 14, 2006, and April 25, 2008, for a total of fourteen million six hundred fifty thousand two hundred twenty colones (14,650,220). The above proves that Mr. [Name 010] received only that sum as benefits under the contract in question, and there is no other evidence in the file to the contrary; thus, the appellant's thesis that seventy-three million two hundred fifty-one thousand one hundred colones (73,251,100) were received from the contract is not supported. Now then, beyond the above, it must be analyzed whether the money received by the co-defendant is community property in nature. The final first-instance judgment of the merits phase establishes that the parties separated in February 2006, an uncontroverted fact. Hence, it is clear that from that date onward, all assets that entered the estates of Ms. [Name 003] and Mr. [Name 010] are not community property, by virtue of Article 41(5) of the Family Code, which in relevant part states: 'Only the following assets are not community property, in which there is no right of participation: 1) ... 5) Those acquired during the de facto separation of the spouses.' Under this reasoning, it is clear that the payments Mr. [Name 010] received on December 14, 2006, and April 25, 2008, are not community property. On the other hand, regarding the first three payments received—on April 2, 2004, November 24, 2004, and November 9, 2005—it must be taken into account that they were received during the marital union, so it is logical to infer that such funds were used for family expenses and investments, in a fungible manner, as happens with any other income. From this perspective, the lower court's reasoning is correct, and thus the objection is dismissed.Consta a folios 718 a 722 del tomo I del expediente físico, contrato suscrito entre el señor [Nombre 002] y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO, de fecha veintiséis de febrero de dos mil cuatro, mediante el cual el co ejecutado recibiría beneficios financieros, por el orden de ochenta y siete mil cien colones (87.100,00) por hectárea, durante un plazo de cinco años, en el entendido de que destinaría la finca del partido de Alajuela, matrícula [...] , a la conservación ambiental. De igual forma, a folio 3058 del tomo V del expediente físico, obra un oficio de fecha veintiséis de setiembre de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado Hernán Vílchez Badilla del Departamento Financiero de FONAFIFO, en el cual da fe que de conformidad con el contrato SJ-01-2003 se giró al citado co ejecutado, la suma de dos millones novecientos treinta mil cuarenta y cuatro colones (2.930.044,00), en cada una de las siguientes fechas: dos de abril de dos mil cuatro, veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, nueve de noviembre de dos mil cinco, catorce de diciembre de dos mil seis y veinticinco de abril de dos mil ocho, para un total de catorce millones seiscientos cincuenta mil doscientos veinte colones (14.650.220). Lo anterior acredita que don [Nombre 010] recibió, únicamente, la suma dicha por concepto de los beneficios del contrato en cuestión, no habiendo otra prueba en el expediente que indique lo contrario, por lo que no no se sostiene la tesis de la impugnante en el sentido de que se recibieron setenta y tres millones doscientos cincuenta y un mil cien colones (73.251.100) derivados del contrato. Ahora bien, al margen de lo anterior, se debe analizar si los dineros recibidos por el co ejecutado revisten naturaleza ganancial o no. Consta en la sentencia firme de primera instancia, de la etapa de conocimiento, que las partes se separaron en el mes de febrero del año dos mil seis, lo cual es un hecho incontrovertido. De ahí que es claro que partir de esa fecha todos los bienes que hubieran ingresado al patrimonio de doña [Nombre 003] y de don [Nombre 010] no serían gananciales, en virtud de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 41 del Código de Familia, que en lo conducente dice: "Únicamente no son gananciales los siguientes bienes, sobre los cuales no existe el derecho de participación. 1)....5) Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges." Bajo esta inteligencia, es claro que los pagos que recibió don [Nombre 010] los días catorce de diciembre de dos mil seis y veinticinco de abril de dos mil ocho, no tienen naturaleza gananciales. Por otro lado, en lo tocante a los tres primeros pagos recibidos, sea los de los días dos de abril de dos mil cuatro, veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro y nueve de noviembre de dos mil cinco hay que tomar en cuenta que se recibieron dentro de la unión matrimonial, razón por la que es lógico colegir que tales dineros se utilizaron en el seno de los gastos e inversiones de la familia, de forma fungible, tal y como sucede con cualquier otro ingreso. Desde esta perspectiva, lleva razón el fallo en el razonamiento hecho, por lo que se rechaza el reproche formulado.
Pull quotesCitas destacadas
"Bajo esta inteligencia, es claro que los pagos que recibió don [Nombre 010] los días catorce de diciembre de dos mil seis y veinticinco de abril de dos mil ocho, no tienen naturaleza gananciales."
"Under this reasoning, it is clear that the payments Mr. [Name 010] received on December 14, 2006, and April 25, 2008, are not community property."
Considerando IX
"Bajo esta inteligencia, es claro que los pagos que recibió don [Nombre 010] los días catorce de diciembre de dos mil seis y veinticinco de abril de dos mil ocho, no tienen naturaleza gananciales."
Considerando IX
"Por otro lado, en lo tocante a los tres primeros pagos recibidos, sea los de los días dos de abril de dos mil cuatro, veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro y nueve de noviembre de dos mil cinco hay que tomar en cuenta que se recibieron dentro de la unión matrimonial, razón por la que es lógico colegir que tales dineros se utilizaron en el seno de los gastos e inversiones de la familia, de forma fungible, tal y como sucede con cualquier otro ingreso."
"On the other hand, regarding the first three payments received—on April 2, 2004, November 24, 2004, and November 9, 2005—it must be taken into account that they were received during the marital union, so it is logical to infer that such funds were used for family expenses and investments, in a fungible manner, as happens with any other income."
Considerando IX
"Por otro lado, en lo tocante a los tres primeros pagos recibidos, sea los de los días dos de abril de dos mil cuatro, veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro y nueve de noviembre de dos mil cinco hay que tomar en cuenta que se recibieron dentro de la unión matrimonial, razón por la que es lógico colegir que tales dineros se utilizaron en el seno de los gastos e inversiones de la familia, de forma fungible, tal y como sucede con cualquier otro ingreso."
Considerando IX
"Consta en la sentencia firme de primera instancia, de la etapa de conocimiento, que las partes se separaron en el mes de febrero del año dos mil seis, lo cual es un hecho incontrovertido. De ahí que es claro que partir de esa fecha todos los bienes que hubieran ingresado al patrimonio de doña [Nombre 003] y de don [Nombre 010] no serían gananciales, en virtud de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 41 del Código de Familia."
"The final first-instance judgment of the merits phase establishes that the parties separated in February 2006, an uncontroverted fact. Hence, it is clear that from that date onward, all assets that entered the estates of Ms. [Name 003] and Mr. [Name 010] are not community property, by virtue of Article 41(5) of the Family Code."
Considerando IX
"Consta en la sentencia firme de primera instancia, de la etapa de conocimiento, que las partes se separaron en el mes de febrero del año dos mil seis, lo cual es un hecho incontrovertido. De ahí que es claro que partir de esa fecha todos los bienes que hubieran ingresado al patrimonio de doña [Nombre 003] y de don [Nombre 010] no serían gananciales, en virtud de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 41 del Código de Familia."
Considerando IX
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**RESULTANDO** 1.- The plaintiff requests that the judgment declare: That the recording of the dissolution of the marital bond between her principal and Mr. Acosta be ordered in the civil registry. That the corresponding official letters be issued to the competent authorities so that Mr. [Nombre 002] continues as a maintenance debtor and my principal continues with the right to demand maintenance from the defendant. That it be declared that my principal is the owner of 50% of the right to one-ninth of the Alajuela property number [Valor 001] or, failing that, an amount equivalent to 50% of the appraisal performed on that property. This taking into account the original measurement of the property, being three hundred two thousand three hundred twelve square meters with three square decimeters. That my principal is the owner of 50% of the Alajuela property [Valor 003], including the buildings, or failing that, the equivalent of 50% of the appraisal. That my principal is the owner of 50% of the vehicle with license plate [Valor 004], or failing that, the amount equivalent to 50% of the appraisal. That my principal is the owner of 50% of vehicle [Valor 005] or failing that, 50% of the appraisal amount. That my principal is the owner of 50% or, failing that, the amount equivalent to the appraisal performed on the Sport Fishing Boat named [Nombre 007]. That my principal is the owner of 50% of the amount corresponding to the funds in the defendant's savings and checking accounts existing in the Banks of Costa Rica, Nacional and Popular, corresponding to the following sums: five hundred ninety-one thousand one hundred seventy-four colones with seventy-two céntimos, zero point seventy-one dollars, ten thousand two hundred forty-eight dollars with thirty-one cents, fifty-two thousand two hundred eighty-one colones with fifty-five céntimos, seventy thousand colones exactly. That she is the owner of 50% of the net value of the shares of [Nombre 008], declared as ganancial (gananciales) and subscribed by Mr. [Nombre 002], through a capital increase carried out on April 11, nineteen ninety-six, specifically the liquidation of 50% of one hundred forty-five shares, for the sum of two hundred ninety thousand colones per share. That the ganancial (gananciales) nature of the entire amount of the Environmental Services contract signed by the defendant and FONAFIFO, on February 26, 2004, for the sum of sixty-three million two hundred fifty-one thousand one hundred colones, be declared in favor of her principal. That the distribution of the funds from the Environmental Services contract signed by the defendant on February 26, 2004, be declared admissible. That it be declared that she has the right to 50% of the total amount of this Environmental Services contract. That it be declared that 50% of the Environmental Services contract dated February 26, 2004 belongs to her as a ganancial (ganancial) asset, that is, the sum of thirty-six million five hundred thousand colones exactly. The return of the Alajuela property [Valor 003] to its original state, and liquidation of 50% of its value. That the right to one-ninth of the Alajuela property [Valor 001] return to its natural state, free of any lien, including the original measurement of three hundred two thousand three hundred twelve meters with three decimeters. Also, that the asset be distributed as ganancial (ganancial). That the Registry be instructed to ignore or cancel the notation of seizure (embargo) practiced in case file 13-014704-1044, registration citations [...], as well as any other notation or inscription appearing on the margin of Alajuela property number [Valor 001] and that it return to its original state. She requests that the order directed to the national registry indicate that the return of the real estate property of Alajuela, registration number [Valor 001] in the name of [Nombre 010] is due to the deed having been declared absolutely null due to fraudulent donation. She requests that the registration be made free of any lien and with the original measurement of three hundred twelve thousand twelve meters with three square decimeters. That your authority indicate to the Property Registry that it must ignore or eliminate the transfers made of property [Valor 010] and real folio registration [Valor 011] made by [Nombre 005] and [Nombre 010] in favor of [Nombre 011], through a deed granted at 4:00 p.m. on March 4, 2011, as well as any other document noted or registered appearing on the margin of the cited properties and that in any way obstructs the return of these properties to their original state, all with the purpose that said properties be registered free of all liens and in the name of Mr. [Nombre 002]. That your authority order the National Registry to ignore or eliminate the notation of seizure (embargo) practiced, case file 13-014704-1044 CJ, on the margin of the property of Alajuela registration number [Valor 003] and the right to one-ninth of the Alajuela property [Valor 001]. That your authority, in the order directed to the Registry, order that the return of the real estate properties of Alajuela Registration [Valor 003] and the right to one-ninth of the property [Valor 001] to the name of Mr. [Nombre 002] is due to the deeds having been declared null. That the three defendants pay in her favor the Moral Damages (Daño moral) of case file 07-000621-296-CI, where the three defendants were ordered to pay eight million colones. That the three defendants pay in her favor the Moral Damages (Daño moral) of case file 09-000082-688-FA, where the three defendants were ordered to pay twelve million colones. That the defendant [Nombre 002] pay for Procedural Costs (Costas procesales) of the family proceeding 06-000082-688-FA an amount of four hundred fifty thousand colones and for Personal Costs (Costas personales) of the family proceeding 06-000082-688-FA, twenty-nine million five hundred thousand colones. That the three defendants pay the Personal Costs (Costas personales) of proceeding 07-000621-296-CI, which is estimated at six million four hundred fifty thousand colones, and the Procedural Costs (Costas procesales) of the ordinary proceeding 07-000621-296-CI, four hundred fifty thousand colones. That the three defendants pay the Personal Costs (Costas personales) of proceeding 09-000082-688-FA, for the sum of four hundred fifty thousand colones, and the Personal Costs (Costas personales) for the sum of ten million five hundred thousand colones exactly. That the obligation be imposed on the defendants to pay Interest of 2% monthly on the amounts of fees liquidated in this execution and that were not covered in due course.- 2.- Regarding the liquidation of costs, at folio 2797 the defendants oppose, indicating that it is disproportionate, and that the total value of the assets should not be taken into account, but only half of those identified as ganancial (gananciales). Also that liabilities must be taken into account. For his part, the defendant [Nombre 002], referring to the execution proceeding at folio 2676, opposes the "Fonafifo" contract being declared ganancial (ganancial) and that if it is considered as such, it should be taken into account that the amount actually received is little more than fourteen million colones. That there was no common effort, that the proceeds from the first two years, she lived with him, so she enjoyed those incomes, and the subsequent ones they were separated in fact. He also indicates that with respect to property [Valor 003], it must be taken into account that it has a dwelling house, which was built with two loans and that they must be considered. With respect to property [Valor 001], it must be kept in mind that it is cultivated with teak and has to be assisted and cared for by a laborer, and that one hundred seventy-seven thousand colones are paid monthly for maintenance, and that these expenses must be considered when carrying out the expert appraisal.
3.- Attorney Minor Chavarría Vargas, Judge of the Civil Court of San Ramón, by judgment at eleven hours and two minutes on April fourteenth, two thousand twenty, resolved: "POR TANTO: For all the foregoing, the present judgment execution (ejecución de sentencia) proceeding brought by [Nombre 003] against [Nombre 002], [Nombre 004], and [Nombre 005] is partially granted. It is declared that Mrs. [Nombre 003] has the right to 50% of the net value of the one-ninth of the Alajuela property number [Valor 001]; it is established that fifty percent of that value is two million five hundred ninety-three thousand five hundred colones. It is inadmissible to take into account the original measurement of the property, being three hundred two thousand three hundred twelve meters with three square decimeters. It is declared that Mrs. [Nombre 003] has the right to 50% of the net value of the Alajuela property [Valor 003], including the buildings. It is established that the fifty percent to which the plaintiff is entitled is the sum of twenty-five million eight hundred thirty-nine thousand nine hundred fifty-two colones with fifty céntimos. Likewise, it is declared that the plaintiff has the right to 50% of the net value of the vehicle with license plate [Valor 004], a net value that is the sum of five hundred seventy-five thousand colones. It is also declared that the plaintiff has the right to 50% of the net value of vehicle [Valor 005], which is one hundred thousand colones. It is established that the plaintiff has the right to 50% of the net value of the Sport Fishing Boat named [Nombre 007]; that value is the sum of two million fourteen thousand six hundred twenty-two colones with sixty-two céntimos. It is declared that the plaintiff has the right to 50% of the net value of the amount corresponding to the funds in the defendant's savings and checking accounts existing in the Banks of Costa Rica, Nacional and Popular; therefore, the plaintiff is entitled to the sum of five thousand one hundred twenty-four dollars with forty-six cents and the sum of three hundred fifty-six thousand seven hundred twenty-eight colones with thirteen céntimos. It is established that the plaintiff has the right to 50% of the net value of the shares of [Nombre 008], declared as ganancial (gananciales) and subscribed by Mr. [Nombre 002] through a capital increase carried out on April 11, nineteen ninety-six, specifically 50% of one hundred forty-five shares; therefore, it is declared that fifty percent of that net value is two million ninety-two thousand seven hundred fifty-seven colones with ninety céntimos. It is inadmissible to declare the ganancial (gananciales) nature of the amount obtained by the defendant from the Environmental Services contract signed by the defendant and FONAFIFO on February 26, 2004. The Alajuela property [Valor 003] already appears in the name of the defendant. The claims referring to moral damages (daño moral) are rejected, not because she does not have the right, but because the right has already been declared and can now be executed. In total, the defendant [Nombre 002] must pay for ganancial (gananciales) assets on the movable and immovable property, the sum of thirty-two million nine hundred ninety-seven thousand five hundred sixty-one colones with fifteen céntimos. Also the sum in dollars of five thousand one hundred twenty-four dollars with forty-six cents. The Personal Costs (Costas personales) of the family proceeding 06-000082-688-FA are set, to be borne by the defendant [Nombre 002], in the sum of two million colones, and the Procedural Costs (procesales) at one hundred seventy-five thousand colones. The Personal Costs (Costas personales) of the family proceeding 07-000621-296-CI are set, to be borne by the three defendants, in the sum of one million six hundred thousand colones, and the Procedural Costs (procesales) at the sum of sixty thousand colones. The Personal Costs (Costas personales) of the proceeding 09-000082-688-FA are set, to be borne by the three defendants, in the sum of two million four hundred thousand colones, and the Procedural Costs (procesales) at the sum of one hundred ten thousand colones. The sums established here and those for moral damages (daño moral) already established in the judgment being executed must be paid within a period of one month from the finality of this judgment, under warning of proceeding to the auction of assets. The remaining claims are rejected. The defendants are ordered to pay both costs of this execution proceeding." 4.- This Court hears the present proceeding by virtue of the appeal filed by the defendant [Nombre 002] against the referenced judgment. This judgment is issued within the legal timeframe. The corresponding procedural requirements have been observed in the proceedings. Judge SOTO CASTRO writes; and, **CONSIDERANDO** I.- APPEALS (AGRAVIOS): The executing party [Nombre 003] and the co-executed party [Nombre 002] appeal judgment number 2020000098 at eleven hours and two minutes on April fourteenth, two thousand twenty, issued by the Civil Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, by which the judgment execution (ejecución de sentencia) claim was resolved.
The executing party, through her special judicial representative, attorney Ana Nuria Ramírez Ulate, appealed the following: 1) that the appealed judgment omitted to rule on the ganancial (ganancial) value of the Alajuela property, registration [Valor 006]; 2) that the first instance judge proceeded to order the executed parties to pay the costs of the execution, but omitted to quantify them, which prevents her from ordering the notation of assets on the assets of the co-executed parties, as permitted by Article 221 of the Civil Procedure Code of the year nineteen eighty-nine; 3) that the amounts granted for Personal Costs (costas personales) of the accumulated proceedings are symbolic, since the number of years of processing, the complexity of the proceedings, the fact that three judgments were annulled due to serious errors by the court, and that the assets discussed have a value greater than two hundred seventy-eight million colones were not taken into account, so the costs must be set in accordance with the estimated amount in dispute; 4) that the claims for payment of moral damages (daño moral) were rejected, when there is a final judgment that set the amounts, requiring the indication of the proportion in which the co-defendants must pay them; 5) that according to the public deed dated April eleven, nineteen ninety-six, a capital increase was made, through which the co-executed party [Nombre 002] acquired 145 shares, not twenty as indicated by the appealed decision, so with each share valued at two hundred nine thousand two hundred seventy-five colones with seventy-nine céntimos, the total amount thereof amounts to thirty million three hundred forty-four thousand nine hundred eighty-nine colones with sixty céntimos, so fifty percent of the net value is the sum of fifteen million one hundred seventy-two thousand four hundred ninety-four colones with eighty céntimos; and 6) that the contract that the co-executed party signed with the National Forestry Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO) occurred during the marriage, so the funds derived from it are ganancial (gananciales) and amount to seventy-three million two hundred fifty-one thousand one hundred colones, as recorded in documentary evidence in the case file. Furthermore, the judgment's arguments are not valid, in the sense that only a little over fourteen million were received and that it should be assumed the first two payments were enjoyed within the marital cohabitation.
For the foregoing, she seeks the appealed judgment to be revoked on the indicated points.
For his part, the co-executed party [Nombre 002] appealed only that the amount conferred to the executing party for the ganancial (gananciales) nature of the shares of the company [Nombre 008] S.A. is exorbitant, since he subscribed to such shares for the sum of two hundred ninety thousand colones, so a higher value cannot be assigned to him.
Based on the foregoing, he seeks the appealed judgment to be revoked on this point.- II.- PROVEN FACTS: The list of proven facts is endorsed, as it conforms to the merits of the case file, and one more is added, which will be identified with the letter "m" and shall read as follows: "m.- that the total value of the Alajuela property, registration [Valor 006], is the sum of one hundred eighty-four million nine hundred eighty-five thousand colones with eighty-five céntimos (see expert appraisal (dictamen pericial) and documents from folios 2892 to 2910, of volume IV of the physical file)".
III.- UNPROVEN FACTS: The list of unproven facts is endorsed, as it conforms to the merits of the case file.- IV.- REGARDING THE ALAJUELA PROPERTY, REGISTRATION [Valor 006]: The appellant points out that the decision omitted to refer to the ganancial (ganancial) value of the property mentioned here. She is correct, since the judgment certainly omitted such a ruling, but the a-quo, by virtue of a request for clarification and addition, corrected the indicated deficiency in the order at fourteen hours twenty-seven minutes on April twenty-second, two thousand twenty. In such case, the appealed judgment should not be revoked on this point. Only, ex officio, this Court corrects the registration of the referenced property, as it is sequence zero zero two, which is in the name of Mr. [Nombre 002], as shown by the public registry information. Therefore, the claim is rejected.- V.- REGARDING THE COSTS OF THE EXECUTION PHASE: The executing party reproaches that the first instance judge proceeded to order the executed parties to pay the costs of the execution, but omitted to quantify them, which prevents her from ordering the notation of assets on the assets of the co-executed parties, as permitted by Article 221 of the Civil Procedure Code of the year nineteen eighty-nine. The appeal is not accepted. The appealed resolution is merely the first instance judgment of the execution stage, in which the co-executed parties were ordered to pay the Personal and Procedural Costs (costas personales y procesales) incurred in that phase. It is, therefore, an abstract condemnation, which once final must be specified after liquidation by the interested party. What is sought by the challenger is entirely premature. The invocation made by the appellant of the provisions of numeral 221 of the Civil Procedure Code of the year nineteen eighty-nine, in force for family proceedings by virtue of Law 9621, is based on an erroneous interpretation. The cited rule states, in relevant part: "... From the moment a judgment imposes the payment of Personal Costs (costas personales), even if it is not final, the party favored by the order may request the court to issue an order to the Property Registry to annotate the amount of the bond on the assets of the guarantor..." This provision refers to the case in which an amount of costs has been set, after the respective liquidation, and even if the resolution establishing it is not final, the assets of the "guarantor" may be annotated. The denomination guarantor alludes to the party ordered to pay costs who posted a cost bond (afianzó costas); a guarantee that was repealed from the Civil Procedure Code of nineteen eighty-nine, through Law 7709 of October twentieth, nineteen ninety-seven. In any case, beyond this technical precision, the truth is that the text alleged is related to a specific condemnation resolution, which cannot occur at this time, since the benefited party has not presented the corresponding liquidation, which must be submitted to the legally mandated adversarial process. For the above, the appeal is not granted.- VI.- REGARDING THE AMOUNT SET FOR PERSONAL COSTS: The appellant argues that the amounts granted for Personal Costs (costas personales) of the accumulated proceedings are symbolic, since the number of years of processing, the complexity of the proceedings, the fact that three judgments were annulled due to serious errors by the court, and that the assets discussed have a value greater than two hundred seventy-eight million colones were not taken into account, so the costs must be set in accordance with the estimated amount in dispute. In the first place, emphasis must be placed on the fact that proceeding numbers 07-000621-296-CI and 09-000082-0688-FA were accumulated to the present proceeding, claims for divorce, recognition of a de facto union, nullity of transfers, and compensation for damages (daños y perjuicios) were substantiated. Said claims, with the exception made for damages, are neither estimable nor of economic significance, since what they sought was a declaration of rights, which would have to be liquidated subsequently in the judgment execution (ejecución de sentencia) stage, as indeed occurred. Thus, the calculation of Personal Costs (costas personales) must be done - in the case of non-quantifiable claims - on a prudential basis.
This is the unanimous criterion that this Chamber has held for the last twenty years. By way of example, in vote number 905-10 at eight hours and ten minutes on July sixth, two thousand ten, the following was expressed:
"The appellant is correct regarding the fact that the proceeding from which the present liquidation of Personal Costs (costas personales) arises is an Abbreviated Proceeding for Recognition of a De Facto Union; that is, the main claim was the eventual declaration of the existence of cohabitation, as ultimately happened, which entails a series of secondary effects such as the declaration of ganancial (gananciales) property and maintenance allowance. In essence, then, it is a proceeding without economic significance, as far as the knowledge stage is concerned, since it will not be until the judgment execution (ejecución de sentencia) stage that the liquidation of the ganancial (gananciales) assets will be carried out, in order to satisfy the right corresponding to each party" (emphasis supplied).
Based on the foregoing premises, it is evident that the calculation of Personal Costs (costas personales) - excluding the claims for damages - must be done on a prudential basis. This being the case, as already stated, the present proceeding has been extremely complex, lengthy, and has involved the filing of ordinary and extraordinary remedies, so this court considers that a global amount of costs, encompassing the work deployed in the three accumulated case files, namely numbers 06-000082-0688-FA, 07-000621-296-CI, and 09-000082-0688-FA, must amount to the sum of nine million colones (9,000,000.00), at a rate of three million colones (3,000,000.00) per proceeding, which is a reasonable sum considering the arduous labor carried out in this case. Now, to the above item, a calculation of Personal Costs (costas personales) must be added regarding the claims for moral damages (daño moral), which do have economic significance. Note that the executing party sought compensation for moral damages (daño moral) for the fraudulent transfers made of the Alajuela properties, registrations [Valor 007] and [Valor 008]. For each of the transfers declared null, the appellant was granted the sum of eight million colones (8,000,000.00) for moral damages (daño moral), for a total of sixteen million colones (16,000,000.00). The parties are advised that in the first instance judgment of the knowledge stage, the respective judge granted twelve million colones (12,000,000.00) for moral damages (daño moral) for the transfer of the said property, registration number [Valor 007], which was reduced to eight million colones (8,000,000.00) by this Court, given that the plaintiff limited her claim to such amount with respect to that property. Hence, it is reiterated, the executing party is owed the sum of sixteen million colones (16,000,000.00) for moral damages (daño moral) as a consequence of the fraudulent transfers made of the said properties (see first instance judgment number 384-214 at eleven hours and forty-seven minutes on July eighteenth, two thousand fourteen, and the second instance vote number 1071-2014 at ten hours and twelve minutes on November twenty-eighth, two thousand fourteen, from folios 2443 to 2475 and 2562 to 285 of volume IV of the physical file).
Based on the foregoing, additional Personal Costs (costas personales) must be calculated, related to the compensation for moral damages (daño moral) granted, since such a claim does have concrete economic significance. For this purpose, the calculation must be based on the provisions of Article 18 of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) number 32493-J, Tariff of fees for professional legal and notary services of March ninth, two thousand five, and published in the official newspaper La Gaceta number 150 of August fifth, two thousand five, the rule in force at the commencement of the present proceeding, which stipulates that in proceedings of economic significance, the computation must be done as follows: "a) Up to fifteen million colones, twenty percent (20%); b) On the excess over fifteen million and up to seventy-five million colones, fifteen percent (15%) and c) On the excess over seventy-five million colones, ten percent (10%)".
Therefore, in this case, sixteen million colones for moral damages (daño moral) were granted, so on the first fifteen million colones, the sum of three million colones in Personal Costs (costas personales) corresponds, and on the remaining million, the sum of one hundred fifty thousand colones, for a total of three million one hundred fifty thousand colones (3,150,000.00), which, added to the nine million colones (9,000,000.00) set on a prudential basis, reach the total global sum of Personal Costs (costas personales) for all the case files accumulated here of twelve million one hundred fifty thousand colones (12,150,000.00). Consequently, the claim raised is partially granted and the appealed judgment is revoked on this point.- VII.- REGARDING THE DECLARATION FOR THE PAYMENT OF MORAL DAMAGES: The appellant argues that the claims for payment of moral damages (daño moral) were rejected, when there is a final judgment that set the amounts, and the proportion in which the co-defendants must pay them should be indicated. The executing party is not correct. As indicated in the previous section and appears in the case file, by means of first instance judgment number 384-214 at eleven hours and forty-seven minutes on July eighteenth, two thousand fourteen, and second instance vote number 1071-2014 at ten hours and twelve minutes on November twenty-eighth, two thousand fourteen, from folios 2443 to 2475 and 2562 to 285 of volume IV of the physical file, Messrs. [Nombre 002], [Nombre 004], and [Nombre 005] were ordered to pay sixteen million colones (16,000,000.00) for moral damages (daño moral) as a consequence of the fraudulent transfers made of the Alajuela properties, registrations [Valor 007] and [Valor 008], at a rate of eight million colones (8,000,000.00) each. It is obvious that the three co-executed parties must pay the global sum in equal parts, since the final judgments of the knowledge stage did not establish a different proportion. The well-known condemnation is final and has the status of material res judicata, so a second declaration on the matter is not needed. The a-quo is correct in noting that it has been the appellant who has omitted to request the seizure (embargo) of the assets of the co-defendants for their subsequent appraisal and auction. In other words, there has been inertia on the part of the executing party in collecting the unpaid sum of sixteen million colones (16,000,000.00). Therefore, the claim is rejected.- VIII.- REGARDING THE SHARES OF [Nombre 008] S.A.: In relation to this point, both the executing party [Nombre 003] and the co-executed party [Nombre 002] appealed the resolution in the first instance, obviously for different reasons.
Specifically, the appellant argues that according to the public deed dated April eleventh, nineteen ninety-six, a capital increase was made, through which the co-executed [Name 002] acquired one hundred forty-five (145) shares, not twenty (20) as the appealed ruling indicated, so that since each share is worth the sum of two hundred nine thousand two hundred seventy-five colones and seventy-nine céntimos, the total amount of the same amounts to the sum of thirty million three hundred forty-four thousand nine hundred eighty-nine colones and sixty céntimos, so that fifty percent of the net value is the sum of fifteen million one hundred seventy-two thousand four hundred ninety-four colones and eighty céntimos. For his part, Mr. [Name 002] disagrees with the decision, as he considers that the sum granted for the marital interest in the shares is exorbitant, since he subscribed to them for the sum of two hundred ninety thousand colones, so a greater value cannot be assigned to him.
Regarding what has been said, this Chamber is of the opinion that the co-executed is not correct. Certainly, the appellant subscribed to a capital increase for the sum of two hundred ninety thousand colones, referring to a capital increase equivalent to one hundred forty-five shares. That was the face value of the shares, but upon decreeing that they constitute marital assets (bienes gananciales), their real value must be liquidated, for which the performance of an expert appraisal was ordered, which was entrusted to an official expert of the Judicial Branch (Poder Judicial), Licenciado Abraham Vargas Quirós, who is an attorney and authorized public accountant, who determined that the value of each of the shares is the sum of two hundred nine thousand two hundred seventy-five colones and seventy-nine céntimos (209,275.79). Said expert appraisal was brought to the attention of the parties and the co-executed did not object to it, as recorded on folio 3567 of volume VI of the physical case file (expediente). Furthermore, by means of the order issued at ten hours seven minutes on February seventh, two thousand twenty, which is digitally recorded, the said expert appraisal was definitively accepted. In view of this, the grievance expressed by Mr. [Name 010] is rejected.
Now, regarding the plaintiff's claims, it must be noted that they are indeed admissible, since upon establishing that the value of each share of the entity called [Name 008] S.A. is the sum of two hundred nine thousand two hundred seventy-five colones and seventy-nine céntimos (209,275.79), and multiplying that factor by the one hundred forty-five (145) shares owned by Mr. [Name 010], as evidenced by the documents on folios 2433 to 2440 of volume III of the physical case file (see especially the notarial certification on folio 2440), the sum resulting from this operation is thirty million three hundred forty-four thousand nine hundred eighty-nine colones and sixty céntimos (30,344,989.60). From this, upon declaring that the creditor has the right to fifty percent (50%) of the net value of the shares, this translates into the sum of fifteen million one hundred seventy-two thousand four hundred ninety-four colones and eighty céntimos (15,172,494.80).
This being the case, the grievance expressed by the plaintiff is upheld, therefore the appealed judgment must be revoked on this point, and the creditor is granted the sum of fifteen million one hundred seventy-two thousand four hundred ninety-four colones and eighty céntimos (15,172,494.80), for the marital right (derecho ganancial) over the shares that the co-executed owns in the entity [Name 008] S.A.- IX.- REGARDING THE FONAFIFO CONTRACT: The appellant claims that the contract that the co-executed signed with the National Forest Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO) took place during the marriage, so the monies derived from it are marital assets (gananciales) and amount to the sum of seventy-three million two hundred fifty-one thousand one hundred colones, as evidenced by the documentary proof in the case file. Furthermore, she argues that the arguments of the judgment are invalid, specifically that only slightly more than fourteen million was received and that the first two payments must be assumed to have been enjoyed during the marital cohabitation. The grievances expressed are not admissible. On folios 718 to 722 of volume I of the physical case file, there is a contract signed between Mr. [Name 002] and the National Forest Financing Fund (Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO), dated February twenty-sixth, two thousand four, through which the co-executed would receive financial benefits, in the order of eighty-seven thousand one hundred colones (87,100.00) per hectare, over a period of five years, on the understanding that he would dedicate the property in the Alajuela district, registration number [...], to environmental conservation. Similarly, on folio 3058 of volume V of the physical case file, there is an official communication dated September twenty-sixth, two thousand sixteen, signed by Licenciado Hernán Vílchez Badilla of the Financial Department of FONAFIFO, in which he attests that in accordance with contract SJ-01-2003, the sum of two million nine hundred thirty thousand forty-four colones (2,930,044.00) was transferred to the said co-executed, on each of the following dates: April second, two thousand four; November twenty-fourth, two thousand four; November ninth, two thousand five; December fourteenth, two thousand six; and April twenty-fifth, two thousand eight, for a total of fourteen million six hundred fifty thousand two hundred twenty colones (14,650,220).
The foregoing proves that Mr. [Name 010] received, solely, the said sum for the benefits of the contract in question, and there is no other evidence in the case file indicating otherwise, so the appellant's thesis that seventy-three million two hundred fifty-one thousand one hundred colones (73,251,100) were received from the contract is not sustained.
Now, apart from the above, it must be analyzed whether the monies received by the co-executed are marital in nature or not.
The final judgment of first instance, from the knowledge stage, records that the parties separated in the month of February of the year two thousand six, which is an undisputed fact. Hence, it is clear that from that date onwards, all assets that entered the patrimony of Mrs. [Name 003] and Mr. [Name 010] would not be marital assets (gananciales), by virtue of the provisions in subsection 5) of Article 41 of the Family Code, which in the relevant part states:
"Only the following assets are not marital assets (gananciales), over which the right of participation does not exist. 1)....5) Those acquired during the de facto separation of the spouses." Under this reasoning, it is clear that the payments that Mr. [Name 010] received on December fourteenth, two thousand six, and April twenty-fifth, two thousand eight, do not have a marital (gananciales) nature. On the other hand, regarding the first three payments received, that is, those on April second, two thousand four; November twenty-fourth, two thousand four; and November ninth, two thousand five, it must be taken into account that they were received within the marital union, which is why it is logical to conclude that such monies were used within the household for family expenses and investments, in a fungible manner, as happens with any other income. From this perspective, the reasoning in the judgment is correct, and the objection made is rejected.- X.- COROLLARY: In accordance with the foregoing considerations, the appeal filed by Mr. [Name 002] is rejected, while the one filed by Mrs. [Name 003] is partially upheld, therefore the appealed judgment is revoked and, in its place, the following is declared: a) the global personal costs of case file numbers 06-000082-0688-FA, 07-000621-296-CI, and 09-000082-0688-FA are set at the sum of twelve million one hundred fifty thousand colones (12,150,000.00) in favor of the enforcing party. b) the sum of fifteen million one hundred seventy-two thousand four hundred ninety-four colones and eighty céntimos (15,172,494.80) is set for the marital right (derecho ganancial) over the shares that the co-executed owns in the entity [Name 008] S.A., in favor of Mrs. [Name 003]. The rest of the appealed judgment is confirmed.-
THEREFORE:
This Tribunal, composed of Judge Ana Cristina Fernández Acuña and Judges Alexis Vargas Soto and Rolando Soto Castro, rules: The appeal filed by Mr. [Name 002] is rejected, while the one filed by Mrs. [Name 003] is partially upheld, therefore the appealed judgment is revoked and, in its place, the following is declared: a) the global personal costs of case file numbers 06-000082-0688-FA, 07-000621-296-CI, and 09-000082-0688-FA are set at the sum of twelve million one hundred fifty thousand colones (12,150,000.00) in favor of the enforcing party. b) the sum of fifteen million one hundred seventy-two thousand four hundred ninety-four colones and eighty céntimos (15,172,494.80) is set for the marital right (derecho ganancial) over the shares that the co-executed owns in the entity [Name 008] S.A., in favor of Mrs. [Name 003]. The rest of the appealed judgment is confirmed.- RSOTO *RWWFD2VGV5Q61* ALEXIS VARGAS SOTO - JUEZ/A DECISOR/A *E4FBFOVJQ4A61* ROLANDO SOTO CASTRO - JUEZ/A DECISOR/A *YWMW4C9IPWG61* ANA CRISTINA FERNÁNDEZ ACUÑA - JUEZ/A DECISOR/A
Tribunal de Familia Clase de asunto: Proceso ordinario de donación y liquidación anticipada de bienes gananciales Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente *060000820688FA* 06-000082-0688-FA - 5 NÚMERO 509-2020 (2) EV ORDINARIO LIQUIDACIÓN ANTICIPADA ACTOR/A:
[Nombre 003] DEMANDADO/A:
[Nombre 002] VOTO NÚMERO 868-2020 TRIBUNAL DE FAMILIA. San José, a las once horas cincuenta y dos minutos del veintiocho de setiembre de dos mil veinte.- PROCESO ORDINARIO LIQUIDACIÓN ANTICIPADA de [Nombre 003] , [...] , en contra de [Nombre 002], [...], [Nombre 004], [...], y contra [Nombre 005], [...] .- RESULTANDO 1.- La parte actora solicita que en sentencia se declare: Que se ordene inscribir en el registro civil, la disolución del vínculo matrimonial entre su poderdante y el señor acosta. Que se expidan los oficios correspondientes a las autoridades competentes a fin de que el señor [Nombre 002], continúe como deudor alimentario y mi poderdante continúe con el derecho de exigirle alimentos al demandado. Se declare que mi poderdante es propietaria del 50% del derecho a un noveno sobre la finca del Alajuela número [Valor 001] o en su defecto e monto equivalente al 50% del avalúo que se le realice a ese inmueble. Ello tomando en cuenta la medida original de la propiedad sea trescientos dos mil trescientos doce metros con tres decímetros cuadrados. Que mi poderdante es propietaria del 50% de la finca de Alajuela [Valor 003], incluyendo las edificaciones o en su defecto el equivalente al 50% del avalúo. Que mi poderdante es propietaria del 50% del vehículo placas [Valor 004], o en su defecto el monto equivalente al 50% del avalúo. Que mi poderdante es propietaria del 50% de vehículo [Valor 005] o en su defecto el 50% del monto del avalúo. Que mi poderdante es propietaria del 50% o en su defecto el monto equivalente al avalúo que se realice a la Lancha de Pesca Deportiva de nombre la [Nombre 007]. Que mi poderdante es propietaria del 50% del monto correspondiente a los dineros de las cuentas de ahorros y corriente del demandado existentes en los Bancos de Costa Rica, Nacional y Popular, correspondiente a las siguientes sumas, quinientos noventa y un mil ciento setenta y cuatro colones con setenta y dos céntimos, cero punto setenta y un dólares, diez mil doscientos cuarenta y ocho dólares con treinta y un centavos, cincuenta y dos mil doscientos ochenta y un colones con cincuenta y cinco céntimos, setenta mil colones exactos.} Que su propietaria del 50% del valor neto de las acciones de [Nombre 008], declaradas como gananciales y suscritas por el señor [Nombre 002] , mediante aumento de capital realizado el día 11 de abril de mil novecientos noventa y seis, concretamente liquida el 50% de ciento cuarenta y cinco acciones, por la suma de doscientos noventa mil colones cada acción. Que se declare a favor de su poderdante la ganancialidad de la totalidad del monto del contrato de servicios Ambientales firmado por el demandado, y el FONAFIFO, en fecha 26 de febrero del 2004, por la suma de sesenta y tres millones doscientos cincuenta y un mil cien colones. Que se declare procedente la distribución de los dineros provenientes del contrato de servicios Ambientales firmado por el demandado en fecha 26 de febrero del 2004. Que se declare que tiene derecho al 50% de la totalidad del monto de éste contrato de servicios ambientales, Que se declare que le pertenece el 50% del Contrato de servicios ambientales de fecha 26 de febrero del 2004, como bien ganancial, es decir la suma de treinta y seis millones quinientos mil colones exactos. Regreso de la finca del Partido de Alajuela [Valor 003] a su estado original, y liquidación del 50% del valor de la misma. Derecho a un noveno de la finca del Partido de Alajuela [Valor 001], retorne a su estado natural, libre de cualquier gravamen, incluyendo la medida original de trescientos dos mil trescientos doce metros con tres decímetros. Además que se bien sea distribuido como ganancial. Se indique a Registro ignorar o cancelar, la anotación de embargo practicado expediente 13-014704-1044, citas de inscripción [...], así como cualquier otro anotado o inscrito que aparezca al margen de la finca de Alajuela número [Valor 001] y regrese el misma a su estado original. Solicita que en el mandamiento que se dirija al registro nacional se indique que el retorno del bien inmueble Partido de Alajuela, matrícula número [Valor 001] a nombre de [Nombre 010] es por haberse declarado absolutamente nula la escritura por donación fraudulenta. Solicita la inscripción se haga libre de cualquier gravamen y con la medida original de trescientos doce mil doce metros con tres decímetros cuadrados. Que su autoridad indique al Registro de la Propiedad que debe ignorar o eliminar los traspasos realizados de la finca [Valor 010] y matrícula de folio real [Valor 011] realizado por [Nombre 005] y [Nombre 010] a favor de [Nombre 011], mediante escritura otorgada a las 16 horas del 04 de4 marzo del 2011, así como cualquier otro documento anotado o inscrito que aparezcan al margen de las citadas fincas y que de alguna forma obstaculice el retorno de estos inmuebles a su estado original, todo con la finalidad de que dichos inmuebles se inscriban libres de todo gravamen y a nombre del señor [Nombre 002] Que su autoridad ordene al Registro Nacional que debe ignorar o eliminar la anotación del embargo practicado, expediente 13-014704-1044 CJ, al margen del inmueble Partido de Alajuela matricula número [Valor 003] y el derecho a un noveno de la finca de Alajuela [Valor 001]. Que su autoridad en el mandamiento dirigido al Registro ordene que el retorno de los bienes inmuebles Partido de Alajuela Matrícula [Valor 003] y el derecho a un noveno de la finca [Valor 001] a nombre del Señor [Nombre 002], es por haberse declarado nulas las escrituras. Que los tres demandados cancelen a su favor el Daño moral del expediente 07-000621-296-CI, donde se condenó a los tres demandados al pago de ocho millones de colones. Que los tres demandados cancelen a su favor el Daño moral del expediente 09-000082-688-FA. donde se condenó a los tres demandados al pago de doce millones de colones. Que el demandado [Nombre 002], pague por concepto de Costas procesales del proceso de familia 06-000082-688-FA. un monto de cuatrocientos cincuenta mil colones y por Costas personales del proceso de familia 06-000082-688-FA, veintinueve millones quinientos mil colones. Que los tres demandados paguen las Costas personales del proceso 07-000621-296-CI, que estima en seis millones cuatrocientos cincuenta mil colones y las costas procesales del ordinario 07-000621-296-Ci, cuatrocientos cincuenta mil colones. Que los tres demandados paguen las Costas personales del proceso, 09- 000082-688-FA, por la suma de cuatrocientos cincuenta mil colones y las costas personales por la suma de diez millones quinientos mil colones exactos. Que se imponga a los demandados la obligación de pagar los Intereses del 2% mensual sobre los montos de honorarios liquidados en esta ejecución y que no fueron cubiertos en su oportunidad.- 2.- En cuanto a la liquidación de costas, a folio 2797 se oponen los demandados indicando que la misma es desproporcionada, y que no debe tomarse en cuenta el valor total de los bienes, sino solo de la mitad de los que se identifiquen como gananciales. Ademas que se deben tomar en cuenta los pasivos. Por su parte el demandado [Nombre 002], se refiere al proceso de ejecución a folio 2676, se opone a que el contrato de "Fonafifo", sea declarado ganancial y que en caso de ser considerado como tal que se tome en cuenta que lo realmente recibido es poco mas de catorce millones de colones. Que no hubo esfuerzo común, que el producto de los dos primeros años, ella convivió con él, por lo que disfrutó de esos ingresos, y los posteriores estaban separados de hecho. Indica ademas que con respecto a la finca [Valor 003] debe tomarse en cuenta que la misma tiene una casa de habitación, la cual fue construida con dos prestamos y que ellos deben ser considerados. Con respeto a la finca [Valor 001]. debe tenerse presente que se encuentra cultivada de teca y tiene que ser asistida y cuidada por un peón y que se paga por mantenimiento ciento setenta y siete mil colones mensuales y que esos gastos deben ser considerados a la hora de llevar a cabo el peritaje. 3.- El licenciado Minor Chavarría Vargas, Juez del Juzgado Civil de San Ramón, por sentencia de las once horas y dos minutos del catorce de abril de dos mil veinte, resolvió: "POR TANTO : Por todo lo expuesto se declara parcialmente con lugar el presente proceso de ejecución de sentencia establecido por [Nombre 003], en contra de [Nombre 002], [Nombre 004], y contra [Nombre 005]. Se declara que la señora [Nombre 003] tiene derecho al 50% del valor neto del noveno sobre la finca del Alajuela número [Valor 001] se establece que el cincuenta por ciento de ese valor es dos millones quinientos noventa y tres mil quinientos colones. No ha lugar a tomar en cuenta la medida original de la propiedad sea trescientos dos mil trescientos doce metros con tres decímetros cuadrados. Se declara que la señora [Nombre 003] tiene derecho al 50% del valor neto de la finca de Alajuela [Valor 003], lo que incluyendo las edificaciones. Se establece que el cincuenta por cierto a que tiene derecho la actora es la suma de veinticinco millones ochocientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta y dos colones con cincuenta céntimos. Asimismo se declara que la actora tiene derecho al 50% del valor neto, del vehículo placas [Valor 004], valor neto que es la suma de quinientos setenta y cinco mil colones.- También se declara que la actora tiene derecho al 50% del valor neto del vehículo [Valor 005] mismo que es de cien mil colones. Se establece que la actora tiene derecho al 50% del valor neto de la Lancha de Pesca Deportiva de nombre la [Nombre 007], ese valor es la suma de dos millones catorce mil seiscientos veintidós colones con sesenta y dos céntimos. Se declara que la actora tiene derecho al 50% del valor neto del monto correspondiente a los dineros de las cuentas de ahorros y corriente del demandado existentes en los Bancos de Costa Rica, Nacional y Popular, por lo que la actora le corresponde la suma de cinco mil ciento veinticuatro dolores con cuarenta y seis centavos y la suma de trescientos cincuenta y seis mil setecientos veintiocho colones con trece céntimos. Se establece que la actora tiene derecho al 50% del valor neto de las acciones de [Nombre 008], declaradas como gananciales y suscritas por el señor [Nombre 002], mediante aumento de capital realizado el día 11 de abril de mil novecientos noventa y seis, concretamente el 50% de ciento cuarenta y cinco acciones, por lo que se declara que el cincuenta por ciento de ese valor neto es dos millones noventa y dos mil setecientos cincuenta y siete colones con noventa céntimos . No ha lugar a declarar la ganancialidad del monto obtenido por el demandado por el contrato de servicios Ambientales firmado por el demandado, y el FONAFIFO, en fecha 26 de febrero del 2004. La finca del Partido de Alajuela [Valor 003] ya aparece a nombre del demandado.- Las pretensiones referentes al daño moral se rechazan no porque no tenga derecho sino porque el derecho ya fue declarado y ya puede ejecutarse. En total le corresponde pagar al demandado [Nombre 002] por gananciales sobre los bienes muebles e inmuebles, la suma de treinta y dos millones novecientos noventa y siete mil quinientos sesenta y un colones con quince céntimos. Además la suma en dólares de cinco mil ciento veinticuatro dolores con cuarenta y seis centavos. Se fija las costas personales del proceso de familia 06-000082-688-FA, a cargo del demandado [Nombre 002] en la suma de dos millones de colones y las procesales en ciento setenta y cinco mil colones.- Se fijan las costas personales del proceso de familia 07-000621-296-CI, a cargo de los tres demandados en la suma de millón seiscientos mil colones y las procesales en la suma de sesenta mil colones. Se fijan las costas personales del proceso 09-000082-688-FA, a cargo de los tres demandados en la suma de dos millones cuatrocientos mil colones y las procesales en la suma de ciento diez mil colones.- Las sumas aquí establecidas y las de daño moral ya establecidas en la sentencia que se ejecuta deberán ser pagadas en el plazo de un mes a partir de la firmeza de la presente sentencia, bajo apercibimiento de proceder al remate de bienes. Las demás pretensiones se rechazan. Se condena a los demandados al pago de ambas costas de éste proceso de ejecución.- " 4.- Conoce este Tribunal del presente proceso en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandado [Nombre 002] contra la referida sentencia. Esta sentencia se dicta dentro del plazo de Ley. En los procedimientos se han observado las prescripciones correspondientes.- Redacta el Juez SOTO CASTRO; y, CONSIDERANDO I.-AGRAVIOS: Apelan la ejecutante [Nombre 003] y el co ejecutado [Nombre 002], la sentencia número 2020000098 de las once horas dos minutos del catorce de abril de dos mil veinte, dictada por el Juzgado Civil del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, mediante la cual se resolvió la demanda de ejecución de sentencia.
La ejecutante, mediante su apoderada especial judicial, licenciada Ana Nuria Ramírez Ulate, agravió lo siguiente: 1) que la sentencia recurrida omitió pronunciarse sobre el valor ganancial de la finca del Partido de Alajuela, matrícula [Valor 006]; 2) que el juez de primera instancia procedió a condenar a los ejecutados al pago de las costas de la ejecución, mas omitió cuantificarlas, lo cual le impide ordenar la anotación de bienes sobre los bienes de los co ejecutados, tal y como lo permite el artículo 221 del Código Procesal Civil del año mil novecientos ochenta y nueve; 3) que los montos concedidos por concepto de costas personales de los procesos acumulados son simbólicos, ya que no se tomó en cuenta la cantidad de años de tramitación, la complejidad de los procesos, el hecho de que se anularon tres sentencias por errores graves del despacho y que los bienes discutidos tiene un valor mayor a doscientos setenta y ocho millones de colones, por lo que se deben fijar las costas de conformidad con la estimación de lo debatido; 4) que se rechazaron las pretensiones de pago de daño moral, cuando hay sentencia firme que fijó los montos, debiendo indicarse la proporción en que los co demandados deben pagarlos; 5) que según escritura pública de fecha once de abril de mil novecientos noventa y seis, se hizo un aumento de capital social, mediante la cual el co ejecutado [Nombre 002] adquirió 145 acciones, no veinte como lo señaló el fallo recurrido, por lo que al valer cada acción la suma de doscientos nueve mil doscientos setenta y cinco colones con setenta y nueve céntimos, el monto total de las mismas asciende a la suma de treinta millones trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve colones con sesenta céntimos, por lo que el cincuenta por ciento del valor neto es por la suma de quince millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con ochenta céntimos y 6) que el contrato que el co ejecutado firmó con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO, se dio dentro del matrimonio, por lo que los dineros derivados del mismo son gananciales y ascienden a la suma de setenta y tres millones doscientos cincuenta y un mil cien colones, tal y como consta en prueba documental que consta en autos. Además, que no son válidos los argumentos de la sentencia, en el sentido de que sólo se recibieron poco más de catorce millones y que los dos primeros pagos se deben asumir que se disfrutaron dentro de la convivencia matrimonial.
Por lo anterior, pretende se revoque la sentencia recurrida en los extremos indicados.
Por su parte el co ejecutado [Nombre 002] agravió, solamente, que el monto que se confirió a la ejecutante por concepto de ganancialidad de las acciones de la sociedad [Nombre 008] S.A., es exorbitante, ya que él suscribió tales acciones por la suma de doscientos noventa mil colones, por lo que no se le puede asignar un valor mayor.
Con fundamento en lo anterior, pretende se revoque la sentencia apelada en este extremo.- II.-HECHOS PROBADOS: Se avala el elenco de hechos probados, por atenerse al mérito del expediente y se agrega uno más que se identificará con la letra "m" y tendrá que leerse así: "m.-que el valor total de la finca del Partido de Alajuela, matrícula [Valor 006] , es por la suma de ciento ochenta y cuatro millones novecientos ochenta y cinco mil colones con ochenta y cinco céntimos (ver dictamen pericial y documentos de folios 2892 a 2910, del tomo IV del expediente físico)".- III.-HECHOS NO PROBADOS: Se avala el elenco de hechos no probados, por atenerse al mérito del expediente.- IV.-SOBRE LA FINCA DEL PARTIDO DE ALAJUELA, MATRÍCULA [Valor 006]: La apelante hace ver que el fallo omitió referirse al valor ganancial de la finca aquí mencionada. Lleva razón, ya que, ciertamente, la sentencia omitió tal pronunciamiento, mas el a-quo, en virtud de una solicitud de aclaración y adición, enmendó la falencia indicada, en el auto de las catorce horas veintisiete minutos del veintidós de abril de dos mil veinte. En tal caso, no debe revocarse la sentencia recurrida, en este extremo. Únicamente, de oficio, este Tribunal corrige la matrícula del referido inmueble, por cuanto se trata de la secuencia cero cero dos, la cual está a nombre del señor [Nombre 002], como se desprende de la información pública registral. Por ello, se rechaza el reclamo.- V.-EN CUANTO A LAS COSTAS DE LA FASE DE EJECUCIÓN: Reprocha la ejecutante que el juez de primera instancia procedió a condenar a los ejecutados al pago de las costas de la ejecución, mas omitió cuantificarlas, lo cual le impide ordenar la anotación de bienes sobre los bienes de los co ejecutados, tal y como lo permite el artículo 221 del Código Procesal Civil del año mil novecientos ochenta y nueve. El agravio no es de recibo. La resolución apelada es apenas la sentencia de primera instancia de la etapa de ejecución; en la cual se condenó a los co ejecutados al pago de las costas personales y procesales causadas en dicha fase. Se trata, pues, de una condenatoria en abstracto, la cual una vez que adquiera firmeza tendrá que concretarse previa liquidación de la parte interesada. Lo pretendido por la impugnante es del todo prematuro. La invocación que hace la recurrente de lo previsto en el numeral 221 del Código Procesal Civil del año mil novecientos ochenta y nueve, vigente para los procesos de familia, en virtud de la ley número 9621, responde a una interpretación errónea. En lo conducente, dice la norma citada. "... Desde el momento en que un fallo imponga el pago de costas personales, aún cuando no esté firme, la parte favorecida con la condenatoria podrá pedir al tribunal que libre mandamiento al Registro de la Propiedad para que se anote el monto de la fianza en los bienes del fiador..." . Esta disposición se refiere al caso en que se haya fijado un monto de costas, previa liquidación respectiva, y aunque no esté firme la resolución que la establezca, se podrán anotar los bienes del "fiador". La denominación fiador hace alusión al condenado al pago de costas que afianzó costas; garantía que se derogó del Código Procesal Civil de mil novecientos ochenta y nueve, por medio de la ley número 7709 del veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete. En todo caso, más allá de dicha precisión técnica, lo cierto es que el texto alegado está relacionado con una resolución de condena en concreto, lo cual no se puede dar en este momento, ya que la parte beneficiada no ha presentado la liquidación correspondiente, la cual debe ser sometida al contradictorio de ley. Por lo dicho, no se hace lugar al agravio.- VI.-SOBRE EL MONTO FIJADO DE COSTAS PERSONALES: Agravia la recurrente que los montos concedidos por concepto de costas personales de los procesos acumulados son simbólicos, ya que no se tomó en cuenta la cantidad de años de tramitación, la complejidad de los procesos, el hecho de que se anularon tres sentencias por errores graves del despacho y que los bienes discutidos tiene un valor mayor a doscientos setenta y ocho millones de colones, por lo que se deben fijar las costas de conformidad con la estimación de lo debatido. En primer lugar, se debe hacer hincapié en el hecho de que al presente proceso se acumularon los procesos números 07-000621-296-CI y 09-000082-0688-FA, siendo que se sustanciaron pretensiones de divorcio, reconocimiento de unión de hecho, nulidad de traspasos e indemnización por daños y perjuicios. Dichas pretensiones, con la salvedad hecha de la de daños y perjuicios, no son estimables, ni de trascendencia económica, por cuanto lo que buscaban era una declaratoria de derechos, que tendrían que ser liquidados con posterioridad en la etapa de ejecución de sentencia, como en efecto se hizo. De tal suerte, el cálculo de las costas personales ha de hacerse -en el caso de pretensiones no cuantificables- de forma prudencial.
Este es el criterio unánime que ha sostenido esta Cámara, en los últimos veinte años. A manera de ejemplo, en el voto número número 905-10 de las ocho horas diez minutos del seis de julio de dos mil diez, se expresó lo siguiente:
"El recurrente lleva raz ón en cuanto al hecho de que el proceso del cual se desprende la presente liquidación de costas personales en un Abreviado de Reconocimiento de Unión de Hecho; es decir la pretensión principal fue la eventual declaratoria de la existencia de una convivencia, como a la postre sucedió, lo cual acarrea una serie de efectos secundarios tales como la declaratoria de ganancialidad y pensión alimentaria. En esencia, pues, se trata de un proceso sin trascendencia económica, en lo que a la etapa de conocimiento se refiere, toda vez que no será sino hasta en la etapa de ejecución de sentencia en que se realice la liquidación de los bienes gananciales, con el fin de cancelar el derecho que corresponda a cada parte" (énfasis suplido).
Con base en las anteriores premisas, es evidente que el cálculo de las costas personales -excluyendo las pretensiones de daños y perjuicios- ha de hacerse de forma prudencial. Así las cosas, como ya se se dijo, el presente proceso ha sido sumamente complejo, largo y ha implicado la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, por lo que este colegio considera que un monto global de costas, que abarca la labor desplegada en los tres expedientes acumulados, a saber los números 06-000082-0688-FA, 07-000621-296-CI y 09-000082-0688-FA, debe ascender a la suma de nueve millones de colones (9.000.000,00), a razón de tres millones de colones (3.000.000,00) por cada proceso, la cual es una suma razonable tomando en cuenta la ardua labor realizada en la especie. Ahora bien, al rubro anterior, hay que agregar un cálculo de costas personales referente a las pretensiones de daño moral, las cuáles sí tienen trascendencia económica. Nótese que la ejecutora pretendió una indemnización por daño moral, por los traspasos fraudulentos que se hicieron de las fincas del partido de Alajuela, matrículas [Valor 007] y [Valor 008]. Por cada uno de los traspasos declarados nulos, se concedió a la recurrente la suma de ocho millones de colones (8.000.000,00) de daño moral, para un total de dieciséis millones de colones (16.000.000,00). Se aclara a las partes que en la sentencia de la etapa de conocimiento de primera instancia, la jueza respectiva otorgó doce millones de colones (12.000.000,00), por concepto de daño moral, por el traspaso de la finca dicha, matrícula número [Valor 007], lo cual fue rebajado a ocho millones de colones (8.000.000,00), por parte del presente Tribunal, en vista de que la actora limitó su pretensión a tal monto, con respecto a esa finca. De ahí que, se reitera, la ejecutante es acreedora de la suma de dieciséis millones de colones (16.000.000,00) por concepto de daño moral, como consecuencia de los traspasos fraudulentos que se hicieron de las fincas ya dichas (ver sentencia de primera instancia número 384-214 de las once horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de julio de dos mil catorce y el voto de segunda instancia número 1071-2014 de las diez horas doce minutos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, de folios 2443 a 2475 y 2562 a 285 del tomo IV del expediente físico).
Con base lo anterior, han de calcularse costas personales adicionales, relativas a la indemnización de daño moral concedida, ya que tal pretensión sí tiene trascendencia económica concreta. Para tal efecto, se debe hacer el cálculo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 del decreto ejecutivo número 32493-J, Arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado del nueve de marzo de dos mil cinco y publicado en el periódico oficial La Gaceta número 150 del cinco de agosto de dos mil cinco, norma vigente al inicio del presente proceso, la cual estipula que en procesos de trascendencia económica, el cómputo se debe hacer de la siguiente forma: " a) Hasta quince millones de colones, veinte por ciento (20%); b) Sobre el exceso de quince millones y hasta setenta y cinco millones de colones, quince por ciento (15%) y c) Sobre el exceso se setenta y cinco millones de colones, diez por ciento (10%)".
De tal forma, en la especie se concedieron dieciséis millones de colones, de daño moral, por lo que sobre los primeros quince millones de colones corresponde la suma de tres millones de colones de costas personales y sobre el millón restante la suma de ciento cincuenta mil colones, para un total de tres millones ciento cincuenta mil colones (3.150.000,00), los cuales, sumados a los nueve millones de colones (9.000.000,00) fijados prudencialmente, arriban a la gran suma global de costas personales, para todos los expedientes aquí acumulados, de doce millones ciento cincuenta mil colones (12.150.000,00). En consecuencia, se acoge parcialmente el reclamo planteado y se revoca la sentencia apelada en este extremo.- VII.-EN CUANTO A LA DECLARACIÓN DE PAGO DE DAÑO MORAL: La apelante agravia que se rechazaron las pretensiones de pago de daño moral, cuando hay sentencia firme que fijó los montos, debiendo indicarse la proporción en que los co demandados deben pagarlos. No lleva razón la ejecutante. Tal y como se indicó en el acápite anterior y consta en el expediente, por medio de la sentencia de primera instancia número 384-214 de las once horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de julio de dos mil catorce y el voto de segunda instancia número 1071-2014 de las diez horas doce minutos del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, de folios 2443 a 2475 y 2562 a 285 del tomo IV del expediente físico, se condenó a los señores [Nombre 002], [Nombre 004] y [Nombre 005], al pago de dieciséis millones de colones (16.000.000,00) por concepto de daño moral, como consecuencia de los traspasos fraudulentos que se hicieron de las fincas del partido de Alajuela, matrículas [Valor 007] y [Valor 008], a razón de ocho millones de colones (8.000.000,00). Es obvio que los tres co ejecutados deben pagar la suma global por partes iguales, ya que las sentencias firmes de la etapa de conocimiento no consignaron una proporción distinta. La consabida condena se encuentra firme y con carácter de cosa juzgada material, por lo que no se necesita de una segunda declaración al respecto. Lleva razón el a-quo al advertir que ha sido la recurrente quien ha omitido la solicitud de embargo de bienes de los co demandados, a efecto de su posterior avalúo y remate. En otras palabras, ha habido inercia de la ejecutante a efecto de cobrar la suma insoluta de dieciséis millones de colones (16.000.000,00). De tal suerte, se rechaza el reclamo.- VIII.-SOBRE LAS ACCIONES DE [Nombre 008] S.A.: En relación con este punto, tanto la ejecutante [Nombre 003], como el co ejecutado [Nombre 002] recurrieron lo resuelto en primera instancia, obviamente por razones diferentes. A saber; la impugnante argumenta que según escritura pública de fecha once de abril de mil novecientos noventa y seis, se hizo un aumento de capital social, mediante la cual el co ejecutado [Nombre 002] adquirió ciento cuarenta y cinco (145) acciones, no veinte (20) como lo señaló el fallo recurrido, por lo que al valer cada acción la suma de doscientos nueve mil doscientos setenta y cinco colones con setenta y nueve céntimos, el monto total de las mismas asciende a la suma de treinta millones trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve colones con sesenta céntimos, por lo que el cincuenta por ciento del valor neto es por la suma de quince millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con ochenta céntimos. Por su parte, el señor [Nombre 002], se muestra inconforme con lo decidido, ya que considera que la suma concedida por concepto de ganancialidad de las acciones es exorbitante, ya que él las suscribió por la suma de doscientos noventa mil colones, por lo que no se le puede asignar un valor mayor.
Al respecto de lo dicho, esta Cámara es del criterio que el co ejecutado no lleva razón. Ciertamente, el recurrente suscribió un aumento de capital por la suma de doscientos noventa mil colones, referente a un aumento de capital equivalente a ciento cuarenta y cinco acciones. Ese era el valor facial de las acciones, mas al decretarse que las mismas constituyen bienes gananciales, ha de liquidarse su valor real, para lo cual se ordenó la realización de un peritaje, el cual se encargó a un perito oficial del Poder Judicial, licenciado Abraham Vargas Quirós, quien es abogado y contador público autorizado, quien dictaminó que el valor de cada una de las acciones es por la suma de doscientos nueve mil doscientos setenta y cinco colones con setenta y nueve céntimos (209.275,79) . Dicho peritaje se puso en conocimiento de las partes y el co ejecutado no lo objetó, tal y como consta en folio 3567 del tomo VI del expediente físico. Además mediante el auto de las diez horas siete minutos del siete de febrero de dos mil veinte, que consta digitalmente, se tuvo por presentado definitivamente el dictamen dicho. En vista de ello, se rechaza el agravio expresado por don [Nombre 010].
Ahora bien, en cuanto a los reclamos de la actora, hay que indicar que sí son de recibo, ya que al establecerse que el valor de cada acción de la entidad denominada [Nombre 008] S.A. es por la suma de doscientos nueve mil doscientos setenta y cinco colones con setenta y nueve céntimos (209.275,79), al hacerse la multiplicación de tal factor por las ciento cuarenta y cinco (145) acciones que posee don [Nombre 010], tal y como se desprende de documentos de folios 2433 a 2440 del tomo III del expediente físico (ver en especial razón notarial de folio 2440), la suma resultante de tal operación es la de treinta millones trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve colones con sesenta céntimos (30.344.989.60). De ahí al declararse que la ejecutante tiene derecho al cincuenta por ciento (50%) del valor neto de las acciones, ello se traduce en la suma de quince millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con ochenta céntimos (15.172.494,80).
Así las cosas, se acoge el agravio expresado por la actora, por lo que se debe revocar la sentencia recurrida en este extremo, y conceder a la ejecutante la suma de quince millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con ochenta céntimos (15.172.494,80), por concepto de derecho ganancial sobre las acciones que posee el co ejecutado en la entidad [Nombre 008] S.A.- IX.- EN CUANTO AL CONTRATO DE FONAFIFO: Reclama la apelante que el contrato que el co ejecutado firmó con el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO, se dio dentro del matrimonio, por lo que los dineros derivados del mismo son gananciales y ascienden a la suma de setenta y tres millones doscientos cincuenta y un mil cien colones, tal y como consta en prueba documental que consta en autos. Además, que no son válidos los argumentos de la sentencia, en el sentido de que sólo se recibieron poco más de catorce millones y que los dos primeros pagos se deben asumir que se disfrutaron dentro de la convivencia matrimonial. Los agravios expresados no son de recibo. Consta a folios 718 a 722 del tomo I del expediente físico, contrato suscrito entre el señor [Nombre 002] y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal FONAFIFO, de fecha veintiséis de febrero de dos mi cuatro, mediante el cual el co ejecutado recibiría beneficios financieros, por el orden de ochenta y siete mil cien colones (87.100,00) por hectárea, durante un plazo de cinco años, en el entendido de que destinaría la finca del partido de Alajuela, matrícula [...] , a la conservación ambiental. De igual forma, a folio 3058 del tomo V del expediente físico, obra un oficio de fecha veintiséis de setiembre de dos mil dieciséis, suscrito por el licenciado Hernán Vílchez Badilla del Departamento Financiero de FONAFIFO, en el cual da fe que de conformidad con el contrato SJ-01-2003 se giró al citado co ejecutado, la suma de dos millones novecientos treinta mil cuarenta y cuatro colones (2.930.044,00), en cada una de las siguientes fechas: dos de abril de dos mil cuatro, veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro, nueve de noviembre de dos mil cinco, catorce de diciembre de dos mil seis y veinticinco de abril de dos mil ocho, para un total de catorce millones seiscientos cincuenta mil doscientos veinte colones (14.650.220).
Lo anterior acredita que don [Nombre 010] recibió, únicamente, la suma dicha por concepto de los beneficios del contrato en cuestión, no habiendo otra prueba en el expediente que indique lo contrario, por lo que no no se sostiene la tesis de la impugnante en el sentido de que se recibieron setenta y tres millones doscientos cincuenta y un mil cien colones (73.251.100) derivados del contrato.
Ahora bien, al margen de lo anterior, se debe analizar si los dineros recibidos por el co ejecutado revisten naturaleza ganancial o no.
Consta en la sentencia firme de primera instancia, de la etapa de conocimiento, que las partes se separaron en el mes de febrero del año dos mil seis, lo cual es un hecho incontrovertido. De ahí que es claro que partir de esa fecha todos los bienes que hubieran ingresado al patrimonio de doña [Nombre 003] y de don [Nombre 010] no serían gananciales,en virtud de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 41 del Código de Familia, que en lo conducente dice:
" Únicamente no son gananciales los siguientes bienes, sobre los cuales no existe el derecho de participación. 1)....5) Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges." Bajo esta inteligencia, es claro que los pagos que recibió don [Nombre 010] los días catorce de diciembre de dos mil seis y veinticinco de abril de dos mil ocho, no tienen naturaleza gananciales. Por otro lado, en lo tocante a los tres primeros pagos recibidos, sea los de los días dos de abril de dos mil cuatro, veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro y nueve de noviembre de dos mil cinco hay que tomar en cuenta que se recibieron dentro de la unión matrimonial, razón por la que es lógico colegir que tales dineros se utilizaron en el seno de los gastos e inversiones de la familia, de forma fungible, tal y como sucede con cualquier otro ingreso. Desde esta perspectiva, lleva razón el fallo en el razonamiento hecho, por lo que se rechaza el reproche formulado.- X.-COROLARIO: De conformidad con las anteriores consideraciones, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor [Nombre 002] , a su vez se acoge, parcialmente, el interpuesto por la señora [Nombre 003] , por lo que se revoca la sentencia recurrida y, en su lugar se declara lo siguiente: a) se fijan las costas personales globales de los expedientes números 06-000082-0688-FA, 07-000621-296-CI y 09-000082-0688-FA en la suma de doce millones ciento cincuenta mil colones (12.150.000,00) a favor de la parte ejecutante. b) se fija la suma de quince millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con ochenta céntimos (15.172.494,80), por concepto de derecho ganancial sobre las acciones que posee el co ejecutado en la entidad [Nombre 008] S.A., a favor de la señora [Nombre 003]. En el resto se confirma el fallo apelado.-
POR TANTO:
Este Tribunal conformado por la jueza Ana Cristina Fernández Acuña y los jueces Alexis Vargas Soto y Rolando Soto Castro, resuelve: Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor [Nombre 002], a su vez se acoge, parcialmente, el interpuesto por la señora [Nombre 003] , por lo que se revoca la sentencia recurrida y, en su lugar, se declara lo siguiente: a) se fijan las costas personales globales de los expedientes números 06-000082-0688-FA, 07-000621-296-CI y 09-000082-0688-FA en la suma de doce millones ciento cincuenta mil colones (12.150.000,00) a favor de la parte ejecutante. b) se fija la suma de quince millones ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con ochenta céntimos (15.172.494,80), por concepto de derecho ganancial sobre las acciones que posee el co ejecutado en la entidad [Nombre 008] S.A., a favor de la señora [Nombre 003]. En el resto se confirma el fallo apelado.- RSOTO *RWWFD2VGV5Q61* ALEXIS VARGAS SOTO - JUEZ/A DECISOR/A *E4FBFOVJQ4A61* ROLANDO SOTO CASTRO - JUEZ/A DECISOR/A *YWMW4C9IPWG61* ANA CRISTINA FERNÁNDEZ ACUÑA - JUEZ/A DECISOR/A
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