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Res. 00113-2020 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII · 20/10/2020
OutcomeResultado
The claim is dismissed in its entirety; the administrative decisions that revoked the environmental viability and cancelled the concession are deemed lawful due to the plaintiff company's own failure to satisfy the suspensive condition (proof of ownership).Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos; las resoluciones administrativas que dejaron sin efecto la viabilidad ambiental y cancelaron la concesión se consideran ajustadas a derecho por el incumplimiento de la condición suspensiva (certificación de propiedad) imputable a la propia empresa actora.
SummaryResumen
The Seventh Section of the Contentious-Administrative Tribunal dismisses the claim of Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. against the State. The plaintiff sought the annulment of various decisions by SETENA, MINAE, and the Directorate of Geology and Mines that revoked the environmental viability and cancelled the quarry concession for the Tajo Asunción project. The Tribunal examines the nature of the environmental viability decision (Res. 1836-2013-SETENA), concluding that it was from the outset subject to a suspensive condition requiring presentation of proof of ownership of the land, a requirement the company knew and explicitly requested be imposed. Since the plaintiff never fulfilled this condition, the act never became effective and did not confer any acquired right, only a mere expectation. Therefore, the Administration did not need to initiate lesividad or absolute nullity proceedings to set aside the viability; it sufficed to verify non-compliance. All alleged nullity defects (breach of the principle of intangibility of one’s own acts, due process, lack of essential elements of the act, abuse of power) are rejected, and the challenged decisions are upheld. Partial lack of current interest regarding two already revoked decisions is accepted, and the plaintiff is ordered to pay costs.El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VII, declara sin lugar la demanda de la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. contra el Estado. La actora solicitaba la nulidad de múltiples resoluciones de SETENA, MINAE y la Dirección de Geología y Minas que dejaron sin efecto la viabilidad ambiental y cancelaron la concesión de explotación del Tajo Asunción. El Tribunal analiza la naturaleza del acto de viabilidad ambiental (Res. 1836-2013-SETENA), concluyendo que estuvo condicionada desde su origen a la presentación de la certificación de propiedad del inmueble, requisito que la empresa conocía y expresamente solicitó que se impusiera como condición suspensiva. Dado que la actora nunca cumplió con dicha condición, el acto nunca perfeccionó su eficacia ni generó un derecho subjetivo en su favor, sino una mera expectativa. En consecuencia, la Administración no necesitaba seguir un procedimiento de lesividad o nulidad absoluta para dejar sin efecto la viabilidad, bastando una constatación de incumplimiento. Se rechazan todos los vicios de nulidad alegados (violación de intangibilidad de actos propios, debido proceso, falta de elementos del acto, desviación de poder) y se declaran ajustadas a derecho las resoluciones impugnadas. Se acogen parcialmente las excepciones de falta de interés actual sobre dos resoluciones ya suprimidas, y se condena en costas a la actora.
Key excerptExtracto clave
X.- ON THE ENVIRONMENTAL VIABILITY GRANTED TO THE PLAINTIFF COMPANY [...] By virtue of the foregoing, it is the opinion of this Chamber that the aforementioned decision No. 1836-2013-SETENA was always conditional, so that despite being valid, it never fulfilled the effectiveness requirement to perfect the act and produce its legal effects, which means that it could never confer a true individual right on the plaintiff company, but only a mere expectation, which could only materialize depending exclusively on itself, by simply providing the requirement that its own representative undertook to fulfill, namely, the certification of ownership of the property. XII.- ON THE IMPROPRIETY OF THE PLAINTIFF'S CLAIMS [...] Likewise, the petition seeking that the Directorate of Geology and Mines, SETENA, and the Ministry of Environment and Energy be ordered to refrain from disturbing the company in the enjoyment and exercise of a right it never acquired, as already explained, is improper, since the administrative actions were the result of the company's own inertia.X.- SOBRE LA VIABILIDAD AMBIENTAL OTORGADA A LA EMPRESA ACTORA [...] En virtud de lo anterior, es criterio de esta Cámara, que la supra citada resolución N° 1836-2013-SETENA, siempre estuvo condicionada, por lo que pese a ser válida, no llegó a cumplir el requisito de eficacia para lograr la perfección del acto y desplegar sus efectos jurídicos, lo que implica que tampoco le pudo llegar a conferir un verdadero derecho subjetivo a la empresa demandante, sino tan solo una mera expectativa, que para poder consolidarse dependía exclusivamente de ella misma, con tan solo aportar el requisito que su propio representante se comprometió a cumplir, sea, la certificación de propiedad del inmueble. XII.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LO PRETENDIDO POR LA DEMANDANTE [...] De igual forma, resulta improcedente la petición tendiente a que se le ordene a la Dirección de Geología y Minas, a la SETENA y al Ministerio de Ambiente y Energía, que se abstengan de perturbar a la empresa en el goce y ejercicio de un derecho que nunca adquirió, según lo ya explicado, pues las actuaciones administrativas fueron producto de la propia inercia de la empresa.
Pull quotesCitas destacadas
"La supra citada resolución N° 1836-2013-SETENA, siempre estuvo condicionada, por lo que pese a ser válida, no llegó a cumplir el requisito de eficacia para lograr la perfección del acto y desplegar sus efectos jurídicos, lo que implica que tampoco le pudo llegar a conferir un verdadero derecho subjetivo a la empresa demandante, sino tan solo una mera expectativa."
"The aforementioned decision No. 1836-2013-SETENA was always conditional, so that despite being valid, it never fulfilled the effectiveness requirement to perfect the act and produce its legal effects, which means that it could never confer a true individual right on the plaintiff company, but only a mere expectation."
Considerando X
"La supra citada resolución N° 1836-2013-SETENA, siempre estuvo condicionada, por lo que pese a ser válida, no llegó a cumplir el requisito de eficacia para lograr la perfección del acto y desplegar sus efectos jurídicos, lo que implica que tampoco le pudo llegar a conferir un verdadero derecho subjetivo a la empresa demandante, sino tan solo una mera expectativa."
Considerando X
"El principio de intangibilidad de los actos propios, que estima violentado la parte actora, encaja cuando ha mediado un acto declaratorio de derechos dictado a favor de un administrado y es ante este supuesto que la Administración tiene vedada la posibilidad de decretar la nulidad de oficio."
"The principle of intangibility of one’s own acts, which the plaintiff claims was violated, applies when there has been an act declaring rights in favor of an individual, and under that scenario the Administration is barred from declaring its nullity ex officio."
Considerando VII
"El principio de intangibilidad de los actos propios, que estima violentado la parte actora, encaja cuando ha mediado un acto declaratorio de derechos dictado a favor de un administrado y es ante este supuesto que la Administración tiene vedada la posibilidad de decretar la nulidad de oficio."
Considerando VII
"No podría haberse violentado el principio de intangibilidad de los actos propios, pues en la especie nunca existió un derecho subjetivo conferido a la empresa actora respecto a la viabilidad ambiental, pues desde su otorgamiento y por la propia petición realizada por su representante legal, la misma se dio de manera condicionada."
"The principle of intangibility of one’s own acts could not have been violated, since in this case there was never a subjective right conferred on the plaintiff company regarding the environmental viability, because from its granting and at the express request of its legal representative, it was given conditionally."
Considerando XII
"No podría haberse violentado el principio de intangibilidad de los actos propios, pues en la especie nunca existió un derecho subjetivo conferido a la empresa actora respecto a la viabilidad ambiental, pues desde su otorgamiento y por la propia petición realizada por su representante legal, la misma se dio de manera condicionada."
Considerando XII
"La Administración lo que hizo fue realizar un ejercicio de mera constatación; al no cumplirse el requisito, simplemente se dejó sin efecto la viabilidad ambiental. Por ello, estimamos que no se requería realizar ningún procedimiento de nulidad ni tramitar declaratoria de lesividad alguna, al estar en presencia de un acto sujeto a condición suspensiva."
"What the Administration did was merely to verify that the requirement had not been met; upon non-compliance, it simply set aside the environmental viability. Therefore, we consider that no nullity procedure or declaration of lesividad was necessary, as we were dealing with an act subject to a suspensive condition."
Considerando XII
"La Administración lo que hizo fue realizar un ejercicio de mera constatación; al no cumplirse el requisito, simplemente se dejó sin efecto la viabilidad ambiental. Por ello, estimamos que no se requería realizar ningún procedimiento de nulidad ni tramitar declaratoria de lesividad alguna, al estar en presencia de un acto sujeto a condición suspensiva."
Considerando XII
Full documentDocumento completo
CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, SEVENTH SECTION Case File: 19-002915-1027-CA Type of Matter: Ordinary contentious administrative proceeding Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER Content of Interest:
Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Law Topic: Administrative act Subtopics:
Denial regarding suspension of an administrative act that prevents the exploitation of a quarry due to the absence of the environmental viability (viabilidad ambiental) requirement. Nature of the administrative act and its elements.
Topic: Intangibility of one's own acts (Intangibilidad de los actos propios) Subtopics:
Intangibility of one's own acts (Intangibilidad de los actos propios) with respect to the validity and efficacy of the administrative act.
"VI.- ON THE OBJECT OF THE PROCEEDING AND WHAT IS SOUGHT BY THE PLAINTIFF [...]
what is sought in the present matter by the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. finds objection in this judicial venue, analyzing the copious nullity defects, which in an extremely repetitive and even disorderly manner -in the opinion of this Tribunal- have been reproached by the plaintiff, in relation to the challenged administrative resolutions, identified in its statement of claims [...]
Regarding all of them, the plaintiff alleged respective nullity defects, which the Tribunal will essentially examine in three specific sections: i) the violation of the principle of intangibility of one's own acts (intangibilidad de los actos propios), by considering the environmental viability (viabilidad ambiental) granted at the time by SETENA to be valid; ii) the violation of due process, by considering that the Administration did not follow the legal procedure to render said viability and the concession granted in its favor without effect; iii) the infringement of the formal and essential elements of the administrative acts, citing for example the lack of competence, the absence of grounds and content, as well as the lack of a valid purpose, which in turn implied a misuse of power [...]
VII.- ON THE INTANGIBILITY OF ONE'S OWN ACTS (INTANGIBILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS) [...] both the Constitutional Chamber and the First Chamber are in agreement in pointing out that the principle of intangibility of one's own acts (intangibilidad de los actos propios), which the plaintiff considers to have been violated, applies when an act declaratory of rights has been issued in favor of an administered party, and it is under this assumption that the Administration is barred from the possibility of decreeing ex officio nullity, for which reason it must follow the procedural channels established in the legal system, as indicated supra. Being clear on this assumption is essential, since we will then examine whether the act that granted the environmental viability (viabilidad ambiental) to the plaintiff company, identified as No. 1836-2013-SETENA of 11:45 a.m. on July 10, 2013, conferred a true subjective right upon the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., and if therefore, the Administration was required to process a procedure for absolute, evident, and manifest nullity, or a declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) to eliminate said act [...]
IX.- ON THE NATURE OF THE ADMINISTRATIVE ACT AND ITS ELEMENTS [...]
Due to the plaintiff's specific challenge regarding the lack of the essential elements of the administrative acts issued, this Tribunal deems it appropriate only to recall that these constitute a declaration or intellectual manifestation of will, desire, judgment, or knowledge, issued by a Public Administration, in the exercise of an administrative power, subject to Administrative Law and the principle of legality and aimed at producing legal effects, through which the ultimate purpose of the Administration is fulfilled, which consists of satisfying collective interests or the public interest [...]
X.- ON THE ENVIRONMENTAL VIABILITY (VIABILIDAD AMBIENTAL) GRANTED TO THE PLAINTIFF COMPANY [...]
And it must also be highlighted here, as the Tribunal specified in the proven facts, that the company made at least two requests for an extension of the period granted for the purposes of providing the required certification, one on June 25, 2014, and another on May 5, 2015, thereby accepting its obligation to comply with a sine qua non regulatory requirement, which even today, at the time of issuing this judgment, it has not managed to prove. By virtue of the foregoing, it is the opinion of this Chamber that the above-cited resolution No. 1836-2013-SETENA was always conditional, so that despite being valid, it did not meet the requirement of efficacy to achieve the perfection of the act and deploy its legal effects, which implies that it could not confer a true subjective right upon the plaintiff company either, but only a mere expectation, which to be consolidated depended exclusively on itself, by simply providing the requirement that its own representative undertook to fulfill, that is, the certification of ownership of the property. Having clarified the exposed overview, in the following section we will focus on analyzing whether the challenged resolutions are in accordance with the law, or if, on the contrary, they contain any of the overflowing nullity defects reproached by the plaintiff [...]
XII.- ON THE INADMISSIBILITY OF WHAT IS SOUGHT BY THE PLAINTIFF [...]
Likewise, the request aiming to order the Dirección de Geología y Minas, SETENA, and the Ministerio de Ambiente y Energía to refrain from disturbing the company in the enjoyment and exercise of a right it never acquired, as already explained, is inadmissible, since the administrative actions were the product of the company's own inertia. Finally, and for logical and consequent reasons, under the principle "accessorium sequitur principale," meaning that the accessory follows the fate of the principal, the claim for damages to condemn the State to the payment of the damages and losses requested by the plaintiff lacks a basis, as all actions taken and resolutions issued are in accordance with the law, and the demand for indexation (indexación) must also be rejected [...]".
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CASE FILE \t PROCEEDING \t ORDINARY PLAINTIFF \t ECO PROYECCIONES DEL NUEVO MILENIO S.A.
DEFENDANT \t THE STATE No. 113-2020-VII CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY TRIBUNAL. SEVENTH SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ.- Goicoechea, address18094 , at eight hours and thirty minutes on the twentieth day of October of the year two thousand twenty.
ORDINARY PROCEEDING brought by the company ECO PROYECCIONES DEL NUEVO MILENIO S.A, holder of legal identification number CED122678, represented by Mr. Nombre103708 , of legal age, attorney, married, resident of Alajuela, bearer of identity card number CED122679, in his capacity as unlimited general power of attorney holder, against the STATE, which acts through Mrs. Nombre32347 , of legal age, attorney, bearer of identity card number CED122680, resident of San José, in her capacity as Deputy Procuradora, according to Agreement of the Ministry of Justice No. 051-MJP of March 11, 2015.
WHEREAS
1.- Through a complaint brief filed on April 24, 2019, the plaintiff requested the following claims: "1.- The following resolutions be declared absolutely null and non-conforming to the legal system: a) Nombre3456 No. 1274-2014 of 11:00 a.m. on June 26, 2014, b) Dirección de Geología y Minas No. 645 of June 30, c) Nombre3456 No. 1187-2015-SETENA of 11:55 a.m. on May 25, 2015, d) Nombre3456 No. 1611-2015-SETENA of July 14, 2015; e) Minister of Environment and Energy R-275-MINAE of September 21, 2015; f) Dirección de Geología y Minas No. 385-2017 of 2:30 p.m. on November 21, 2017, g); (sic) g) Dirección de Geología y Minas No. 92-2018 of 2:00 p.m. on April 16, 2108 (sic) and h) Ministry of Environment and Energy R-127-2018MINAE of 9:35 a.m. on April 25, 2018. 2.- It be declared and recognized that Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., legal ID No. CED122678, is the legitimate and undisputed holder of a quarry exploitation concession (Tajo Asunción) and of the inherent administrative real rights derived from it, granted by Resolution No. R-577-2013-MINAE of December 2, 2013. 3.- It be declared and recognized that Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., legal ID No. CED122678, through resolution of the Nombre3456 No. 1836-2013-SETENA of 11:45 a.m. on July 10, 2013, was granted the environmental viability (viabilidad ambiental) license regarding said exploitation (Tajo Asunción). 4.- The Dirección de Geología y Minas, the Nombre3456, and the Ministerio de Ambiente y Energía be ordered to refrain from disturbing Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., legal ID No. CED122678, in the enjoyment and exercise of the ownership of the quarry exploitation concession and the real rights derived from it, for the entire period for which it was originally granted. 5.- The State be ordered to pay the damages and losses caused to Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., legal ID No. 3-101-395645, derived from the aforementioned illegal actions and resolutions, for having been unable to extract, exploit, and commercialize the deposit and exercise the real rights inherent to the concession, to date and as long as it is not ordered by a precautionary measure that the extraction and exploitation continue and become effective, or until the absolute nullity of the resolutions indicated in point 1 is declared, with the force of res judicata, so that the Tajo may become effectively operational. 6.- The State be ordered, once the obligation of value of the condemnation for the compensation of damages and losses caused has been converted into a monetary obligation, to readjust or index (indexación) the amounts owed until their effective payment. 7.- The State be ordered to pay personal and procedural costs". (see images 2-45 of the digitized judicial file) 2.- Within the summons granted by the Tribunal, through a brief filed on July 4, 2019, the representation of the State answered the complaint in the negative, raising the preliminary defense of expiration (caducidad) and the exceptions of lack of current interest and lack of right, requesting the award of costs against the opposing party, together with their respective interests. (see in this regard images 370-463 ibidem) 3.- Through a memorial submitted to the court on August 26, 2019, the plaintiff company made an expansion and adjustment of the grounds of its complaint, based on numeral 95.1 of the Code of Contentious Administrative Procedure. (see images 574-589 ibidem) 4.- On August 28, 2019, the Preliminary Hearing regulated in article 90 of the Code of Contentious Administrative Procedure began, where as a matter of procedural hygiene (saneamiento), the Presiding Judge determined that the legal hearing had not been granted to the State regarding the adjustment made by the plaintiff, so the proceeding had to be suspended. (as recorded in the Hearing minutes visible in images 590-592 of the judicial file and in the recording of the proceeding) 5.- Through a memorial filed on September 4, 2019, the representative of the State appearing in the case record expressed her disagreement with the adjustments and expansion alleged by the plaintiff company, deeming it inadmissible. (see images 593-606 ibidem) 6.- On October 15, 2019, the Preliminary Hearing regulated in canon 90 of the Code of Contentious Administrative Procedure continued, where none of the parties alleged procedural hygiene (saneamiento) aspects. The plaintiff ratified its claims, as specified in the first whereas clause of this ruling. The Presiding Judge reserved the preliminary defense of expiration (caducidad) to be resolved in the judgment, not deeming it evident and manifest; the disputed facts for the proceeding were determined, and only documentary evidence was admitted, so the parties proceeded to present their conclusions. (consult the Preliminary Hearing minutes in images 616-620 of the case record and its electronic support) 7.- This matter was referred to the Seventh Section of this Tribunal for final judgment on October 5, 2020, according to the court's schedule. (the case record) 8.- In the processing of the proceeding, the required formalities have been followed, without observing defects or omissions susceptible of generating nullity or defenselessness to the parties.
This judgment is issued by unanimity, following the required deliberations and with the drafting by Judge Hidalgo Rueda.
CONSIDERING
I.- NECESSARY INTRODUCTION. From the very outset, it is worth explaining that the documentation of interest for resolving this proceeding is extremely vast, some of which is annexed to the electronic judicial file provided by the plaintiff, as well as other documentation within the administrative files provided by the State in digitized form; however, the documentation is extremely disordered, with duplicated documents and some not chronologically ordered, so it is necessary to call the attention of the respondent Administration, as it is its duty to provide collaboration with the judicial authority, as well as compliance with legal precepts, such as article 51 of the Code of Contentious Administrative Procedure, which states: "1) The administrative file must be provided, when legally applicable, by means of a certified copy, duly identified, paginated, complete, and in strict chronological order. The Administration shall retain the original file. 2) In the certification of the administrative file, it must be recorded that it corresponds to all the pieces and documents that comprise it as of the date of its issuance". Despite this, the Tribunal considers that what has been noted does not constitute any nullity defect, since the pieces of interest for resolving the legal controversy between the parties will be expressly indicated, either by referring to the corresponding images of the judicial file, or from the administrative files Placa31815° and/or Placa31814° of the Dirección de Geología y Minas. Furthermore, this Chamber warns that it will set aside the actions and/or resolutions that refer to those processed before the agrarian jurisdictional venue, as well as those related to a complaint filed before the Tribunal Administrativo Ambiental and before the Fiscalía Adjunta Penal Ambiental, since although they have some relation to the resolutions issued by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, hereinafter Nombre3456 and/or by the Dirección de Geología y Minas challenged here, they do not have a close relationship with the object of this proceeding.
II.- ON THE PROVEN FACTS. Having clarified what was stated in the previous section, as they are supported by the elements of conviction cited in their support, the following facts are deemed accredited:
Thus, in its operative part it resolved: "(…) Based on the grounds set forth in the recitals of this resolution and in resolution No. 1274-2014-SETENA of eleven o'clock on June twenty-sixth, two thousand fourteen, issued by the National Environmental Technical Secretariat (Secretaría Técnica Nacional Ambiental, SETENA), which establishes a Precautionary Measure of suspension of the act granting the environmental viability (viabilidad ambiental) granted (…) this Directorate of Geology and Mines orders the immediate suspension of clearing, material extraction, and crushing operations, in the area covered by administrative file No. 2753 (…)" [bold text is from the original; see images 119-123 of the judicial file].
III.- REGARDING THE UNPROVEN FACTS. Of such nature and of significance for this process, the following facts are deemed unproven:
IV.- REGARDING THE ARGUMENTS OF THE PLAINTIFF. In summary form and without prejudice to the totality of the statements expressed, the legal representative of the plaintiff indicated that on July 13, 2011, the company initiated the procedures to carry out the Tajo Asunción project located in Matama de Limón, to develop it through a quarry exploitation concession for industrial purposes for the extraction and sale of rocks with special impermeability and durability conditions for the construction of dikes, breakwaters, and other submerged structures in ports. Then, he said, on July 10, 2013, by resolution No. 1836-2013-SETENA of 11:45 hours, SETENA ordered the following: a) Approve the environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental) submitted by the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., to develop the "Tajo Asunción" project, b) "grants (sic) the ENVIRONMENTAL VIABILITY to the project". Subsequently, on December 2, 2013, by resolution No. R-577-2013-MINAE, the Executive Branch granted the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. the "material exploitation concession for a Tajo located in Asunción, district: 04 Matama, canton: 01 Limón, province: 07 Limón for a term of 25 years, with a maximum extraction rate of 1,200,000 m3 per year". He stated that on January 6, 2014, the concession granted to the company was registered in the National Mining Registry, the date from which the concessionaire may exercise all administrative real rights inherent to it; however, on May 29, 2014, with the change of Government to the Solís Administration, the Executive Branch appointed a directing body to determine the absolute, evident, and manifest nullity of resolution No. R-577-2013-MINAE, because the concession was granted without the cited company being the owner of the property or having the owner's permission. Then, on June 26, 2014, by resolution No. 1274-2014-SETENA of 11:00 hours, SETENA upheld a "nullity appeal" against resolution No. 1836-2013-SETENA that had granted environmental viability, filed by the sub-manager of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), based on this official's erroneous estimation that on the land comprising the plaintiff company's project, there supposedly existed an aqueduct project, which was later fully demonstrated not to exist. The plaintiff recounted that in said resolution, the following was ordered, among other relevant points: a) That prior to declaring the evident and manifest nullity of resolution No. 1836-2013-SETENA that granted environmental viability, the procedure of Article 173 LGAP must be followed, b) the suspension of environmental viability and the halting of works and activities was ordered, until the proposed nullity proceeding is resolved, and c) to forward the file to the Minister of Environment to proceed with appointing a directing body for the procedure aimed at declaring the evident and manifest nullity, pursuant to Article 173 LGAP, of resolution 1836-2013-SETENA. He continued, stating that on June 30, 2014, the Directorate of Geology and Mines, by resolution No. 645 of 14:00 hours, based on resolution No. 1274-2014-SETENA which ordered as a precautionary measure the suspension of the granting of the environmental viability, ordered "the immediate suspension of clearing, material extraction, and crushing operations, in the area covered by administrative file No. 2753, which is a Quarry Exploitation Concession, project called Tajo Asunción in favor of the company Eco Proyecciones de Nuevo Milenio (...) The concessionaire is warned that (...) it must comply with the suspension of operations order issued here." In response to this, he recounted, on July 4, 2014, the company filed the revocation and appeal remedies against that resolution No. 645 of the Directorate of Geology and Mines, but by resolution No. 724 of the Directorate of Geology and Mines of 09:25 hours on July 30, 2014, the revocation was dismissed, so on August 21, 2014, the company's authorized representative requested the said Directorate to inspect the existing stockpiles of material extracted before resolution No. 1274-2014-SETENA at the quarry site in order to be able to remove them from the property, given that they had already been marketed. This request was not answered for his represented party by the Directorate of Geology and Mines, so that material has not been able to be effectively marketed and removed from the property, despite the existence of a valid concession. He added that on February 18, 2015, by resolution No. 39-2015-MINAE of 09:20 hours, the Minister rejected the appeal against resolution No. 645 of the Directorate of Geology and Mines. The plaintiff also indicated that on March 3, 2015, the Office of the Attorney General issued Legal Opinion C-43-2015, by which it ruled on the request for evident and manifest nullity filed by the Executive Branch against resolution No. R-577-2013 that granted the concession.
In this opinion, it was determined that there is no legal requirement for the concessionaire to provide a registered property certification or permission from the owner of the property where the project is being developed, so that advisory body considered that there was no absolute, evident, and manifest nullity in the environmental feasibility and the granting of the quarry exploitation concession. It added that later, on March 6, 2015, through resolution No. R-0065-2015-MINAE at 11:00 a.m., the Executive Branch ordered the archiving of the ordinary procedure initiated to declare the alleged absolute, evident, and manifest nullity of resolution No. R-577-2013 that granted the concession, given the negative opinion issued by the PGR. On May 8, 2015, through resolution No. 1091-2015-SETENA at 2:00 p.m., that body heard the appeal for reversal and the hierarchical appeal filed by the company's legal representative against resolution No. 1274-2014-SETENA and ordered the following: a) That since the prerequisites for the precautionary measure ordered in resolution 1274-2014-SETENA suspending the quarry project were not met, it must be lifted and b) to desist from the designation of a directing body and the opening of an ordinary procedure to hear the non-existent absolute, evident, and manifest nullity of the environmental feasibility granted in resolution No. 1836-2011-SETENA. For its part, on May 25, 2015, by resolution No. 1187-2015-SETENA at 11:55 a.m., upon hearing a request for an extension by the company's legal representative to present the property certification for the project area and a motion by two environmental activists to archive the file for not having complied with that requirement, the following was ordered: a) to deny the extension request to present the ownership of the property where the project will be developed and b) to accept the request of the two environmental activists, due to the company allegedly failing to present the property title for the property, and therefore it was ordered to "leave without effect" resolution 1836-2013-SETENA that granted the environmental feasibility and ordered its archiving. By reason of this, the plaintiff's legal representative argued, on May 27, 2015, its represented party filed appeals for reversal and hierarchical appeal against resolution No. 1187-2015-SETENA, and on July 14, 2015, through resolution No. 1611-2015-SETENA at 1:00 p.m., the Nombre3456 rejected the appeal for reversal and considered that "the archiving of the file is maintained due to non-compliance with an efficacy requirement, given that its contribution is not recorded in the file, established in resolution 1836-2013-SETENA, in which it was set forth as a condition precedent (condición suspensiva) of the environmental feasibility subject to the presentation of the Property Title for the property where the project would be developed, within a period of one year, reason for which resolution number 1836-2013-SETENA is left without effect, given the developer's non-compliance with the efficacy requirement, and the archiving of the file is ratified." Later, he said, on September 21, 2015, through resolution R-275-2015-MINAE at 7:00 a.m., the Minister declared the hierarchical appeal filed against resolution No. 1187-2015-SETENA without merit. The plaintiff added that on October 15, 2015, through official letter DGMCMRHA-117-2014 addressed by the mining coordinator of the Huetar Atlántica Region to the Director of Geology and Mines, it was verified that on the property where the quarry is located, between January and June 2014, before the first resolution that suspended the exploitation (No. 1274-2014-SETENA), material was stockpiled totaling 112,916 tons of processed products, 36 cubic meters of screened ballast, and 14,024 tons of blocks classified as material prepared for mining work; the foregoing, he indicated, despite the fact that the petition filed by the plaintiff company on August 21, 2014, was not answered. The plaintiff's attorney further stated that on March 29, 2016, this Contentious-Administrative Court, by means of order number 644-2016 at 3:35 p.m., upon hearing a request for modification of a precautionary measure filed by the company in judicial file No. 14-002931-1027-CA, where an ante causam measure requested by the Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios, an entity that initially opposed the Tajo Asunción project, had been decreed, ordered the modification of the referred measure and ordered the following: 1) The order issued by this Court in the ante causam was revoked, tending to the suspension of the Tajo Asunción exploitation concession, 2) The Director of Geology and Mines was ordered to suspend all legal-juridical effects of resolution No. 645 of June 30, 2014, issued by that body – which ordered the suspension of clearing, extraction, and crushing of materials –, 3) the Minister of Environment and Energy was ordered to immediately suspend all factual and legal effects of SETENA resolution No. 1187-2015 of May 25, 2015, which ordered the environmental feasibility granted to its represented party to be left without effect, and 4) that same Hierarch was ordered to immediately suspend all legal-factual effects of resolution No. R275-2015-MINAE, which, upon hearing the appeal against DGM resolution 645, confirmed the archiving of the environmental feasibility granted to the company, and 5) from the issuance of that jurisdictional resolution, it was ordered that "the company Eco proyecciones del Nuevo Milenio S.A. may restart the clearing, extraction of materials, and crushing thereof within Tajo Asunción." Subsequently, the Dirección de Geología y Minas through resolution No. 23-2017 at 7:30 a.m., ordered the lifting of the precautionary measure decreed in resolution No. 645 of that same body at 2:00 p.m. on June 30, 2014, but inexplicably, he said, despite this express lifting which is equivalent to revoking the measure ordered in resolution No. 645 of 2014, in resolution No. 385-2017 of November 21 that cancels the concession, resolution No. 645-2014 is "revived." On the other hand, the plaintiff affirmed that on May 16, 2017, the First Section of the Contentious-Administrative Appeals Court, through resolution No. 201-2017-1 at 9:10 a.m., considered that, given the withdrawal of the cognizance proceeding filed by the Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines, the ante causam precautionary measures modified and ordered in Contentious-Administrative Court order 644-2016, were extinguished. As a result of the above, on November 21, 2017, the Dirección Geología y Minas through resolution No. 385-2017 at 2:30 p.m., ordered "to cancel the material extraction concession granted to the company Eco Proyecciones El Nuevo Milenio, consequently archive administrative file No. 2753 and release the area from the Mining Register (Padrón Minero)," considering that the company's project lacked environmental feasibility. To issue this absolutely null, illegal, and arbitrary resolution, he said, the body based itself on the following background: 1) Nombre3456 resolution No. 1274-2014-SETENA at 11:00 a.m. on June 26, 2014, 2) Dirección Geología y Minas resolution No. 645 at 2:00 p.m. on June 30, 2014, 3) Nombre3456 resolution No. 1187-2015-SETENA of May 25, 2015, 4) Nombre3456 resolution No. 1611-2015-SETENA at 1:00 p.m. on July 14, 2015, 5) MINAE resolution No. R-275-2015 at 7:00 a.m. on September 21, 2015, and 6) order of the First Section of the Contentious-Administrative Appeals Court No. 201-2017-1 at 9:10 a.m. on May 16, 2017. He added that on November 27, 2017, the company filed appeals for reversal with hierarchical appeal against resolution No. 385-2017 of the Dirección de Geología y Minas, but on April 16, 2018, by resolution No. 92-2018 at 2:00 p.m., it was dismissed by said body, and on April 25, 2018, by resolution No. R-127-2018-MINAE at 9:35 a.m., the Minister dismissed the hierarchical appeal filed, being notified via fax on May 5, 2018. Given this, on May 10, 2018, a request for addition and clarification of resolution No. R-127-2018-MINAE was filed with the Minister, which was rejected ad portas by resolution R-160-2018-MINAE at 9:20 a.m. on May 25, 2018, and notified on the following June 26. In the opinion of the plaintiff, as a result of the illegal and absolutely null resolutions referenced in its factual account, the company has suffered significant and relevant damages and losses, which consist of patrimonial impairment, for having been ordered to suspend, halt, "leave without effect," archive, and cancel the concession. It pointed out that with such actions attributable to public entities, bodies, and officials, the exploitation, extraction, and commercialization of the quarry has been delayed, suspended, or halted in its execution for a desperate, unreasonable, disproportionate, aberrant, illegal, and arbitrary period of more than 5 years and 3 months. The patrimonial impairment consists of not having been able to exploit, extract, and commercialize during that period of stoppage and suspension, a total of 6,300,000 cubic meters, a figure easily extracted from the resolution that granted the concession, since it authorized the company to exploit a volume of 1,200,000 cubic meters per year, which equates to 100,000 cubic meters per month. The losses or lost profits (ganancias dejadas de percibir or reasonably expected) in the 5 years and 3 months of suspension and stoppage, consist of the interest at the legal rate that the sale of the 6,300,000 cubic meters of material would have generated during that period. Within its section titled Law, the plaintiff first alleged that the environmental feasibility (resolution 1836-2013-SETENA of July 10, 2013) and the granting of a quarry or pit (tajo) exploitation concession (resolution R-577-2013-MINAE of December 2, 2013), are, without a doubt, favorable acts or declaratory acts creating rights. It alleged that according to articles 29, 12, 15, 18, paragraph 29, and 28 of the Mining Code, the concession grants the concessionaire a series of administrative real rights over the deposit such as exploitation, extraction, processing, disposal, and commercialization of the materials, therefore they can only be eliminated or suppressed from the legal world through the annulment of article 173 of the LGAP, and any other figure used to achieve that result is absolutely null, illegal, and arbitrary, and therefore it requests the nullity of the challenged resolutions. Furthermore, the plaintiff's legal representative criticized that since there was no absolute, evident, and manifest nullity of the concession granted to the company that could be declared, the Administration sought all kinds of legal contrivances such as suspending the legal effects, "declaring the ineffectiveness," or canceling the concession to achieve the same end or objective. This constitutes an evident deviation of power, as it translates into the use of legal powers for different purposes, since a precautionary measure of suspending the effects of an administrative act, the "declaration of its ineffectiveness," or its cancellation, were figures used to strip favorable acts or declaratory acts creating rights of all legal effect, given that article 173 LGAP could not be resorted to. Likewise, it criticized that Nombre3456 resolution No. 1274-2014 at 11:00 a.m. on June 26, 2014, evinces a serious illegality, since the Costa Rican administrative legal system does not foresee the possibility, to enervate the effects of a favorable act, of filing an "appeal of evident and manifest nullity" subsequent to the issuance of the act creating rights. Nor does the legal system allow a public entity (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) that is totally different and unrelated to the body that approved the environmental impact study and the granting of environmental feasibility, to file this non-existent appeal in legislation to suspend the legal effects of a favorable act, stressing that the procedure to initiate the declaration of an evident and manifest nullity of an act creating rights is regulated and established in article 173 LGAP, a norm that provides that at the conclusion of an ordinary administrative procedure opened for that purpose, a declaration issues from the Hierarch of the administrative body or entity that issued the favorable act and with the prior favorable opinion of the Procuraduría General de la República. In that norm, he said, it is not foreseen that a public entity, which was not the one that issued the favorable act, can appear, without any standing, to file an "appeal of absolute evident and manifest nullity" against a favorable, perfect, and fully final administrative act, and therefore said challenge should have been rejected outright as inadmissible. By acting in this way, he pointed out that when resolution 1274-2014-SETENA was issued, there was a lack of competence, as an essential requirement of the administrative act contained in article 67.1 LGAP, incurring in the serious defect of absolute lack of competence, since a non-existent appeal cannot be heard. On the other hand, he stressed that the defect in the order to halt works and activities contained in the challenged resolution is even more serious, because it lacks motive as an essential element of the administrative act, having been issued due to a non-existent appeal in the legislation and without a pending administrative procedure, transgressing numeral 133 LGAP, which requires that the motive, that is, the factual and legal background justifying an act, must exist. He likewise considered articles 49, paragraph 2 of the Political Constitution, 67.1, 129, 133, 158.1, 166, 173, 131.3, 229 LGAP, 1.1 and 22 CPCA to have been violated, all of which requires its declaration of absolute nullity in judgment. He further warned that through resolution No. 1091-2015-SETENA of May 8, 2015, the appeal for reversal filed by the company's legal representative against resolution No. 1274-2014-SETENA was accepted, therefore it left the latter without legal effects, specifically it was revoked or lifted, considering that there was no AyA project nor environmental damage, and therefore it was considered that the prerequisites for issuing precautionary measures were not met, ordering the lifting of those contained in that resolution. Additionally, he said, that resolution 1091-2015-SETENA clearly ordered the desisting from the designation and opening of an ordinary procedure ex article 173 LGAP – given the unfavorable opinion of the PGR –, therefore there was no reason to maintain the precautionary measure, and it must be understood to be extinguished by its interim or provisional efficacy. Thus, the legal representative of the plaintiff company expressed not understanding why the Dirección de Geología y Minas in resolution No. 385-2017 of November 21, 2017 – which cancels the concession and archives the file – "resurrects" or "revives" resolution No. 1274-2014-SETENA and recognizes legal effects by grounding itself on this, with which the declaration of its absolute nullity in judgment is justified. Regarding the resolution of the Dirección de Geología y Minas No. 645 at 2:00 p.m. on June 30, 2014, which was based on SETENA resolution No. 1274-2014 that ordered the suspension of the environmental feasibility granted to the company, in the plaintiff's opinion, it merely prolongs the chain of errors, illegalities, and absolute nullities perpetrated, as once again, an autonomous precautionary measure is decreed, separate and outside of any principal administrative procedure, highlighting that the subsequent resolution of the Dirección de Geología y Minas, adopted more than 3 years later, i.e., No. 385-2017 at 2:30 p.m. on November 21, 2017, is based, among others, on this resolution No. 645 of June 30, 2014, which is irregular, since the PGR had rendered a negative opinion regarding the absolute evident and manifest nullity on March 3, 2015, and the Executive Branch by resolution No. R-0065-2015-MINAE of March 6, 2015, ordered the archiving of the ordinary procedure to declare that nullity in the administrative venue ex article 173 LGAP, with which, logically, the precautionary measure taken in resolution No. 645 of June 30, 2014, was extinguished. It elaborated by saying that, according to the Mining Code Regulations, the Dirección de Geología y Minas cannot adopt precautionary measures of "suspension of clearing, extraction of materials, and crushing thereof," as what it can do, according to that cited precept, is recommend to the Executive Branch – President and Minister of the branch, in this case MINAE – that it adopt that precautionary measure, but the competent body, by express regulatory norm, to order the measure is the Executive Branch, pursuant to article 6, subsection 8, of the Mining Code Regulations, which has legal logic, since the concession is granted by the Executive Branch, so by the principle of parallelism of competences, the one that could order the suspension of exploitation or extraction is and must be the Executive Branch. With this, it indicated, the Dirección de Geología y Minas issued a precautionary measure without a principal administrative procedure, but, additionally, and most seriously, without competence to issue it, usurping the competences of the Executive Branch and incurring in a clear defect of excess of power, in addition to the absence of motive, since it was not supported by any technical-geological or environmental report or opinion, as the regulatory norm requires. Now then, in relation to SETENA resolution No. 1187-2015 of 11:55 a.m. on May 25, 2015, by which the company's request for an extension to present the property title for the property where the project is being developed was denied, it reproached that it stems from two absolutely and completely false premises, which are the following: 1) That the presentation of the property title for the property on which the quarry exploitation concession rests is a requirement imposed by the legal system. 2) That the presentation of that requirement (established in resolution No. 1836-2013-SETENA that granted the environmental feasibility) assumes the legal nature of a "condition precedent" (condición suspensiva) or efficacy requirement. Regarding this, he said that it is truly unheard of, beyond all reasonability and logic, that having the PGR issued opinion C-43-2015 of March 3, 2015, days before, resolution No. 1187-2015-SETENA of May 25, 2015, was later issued with such premises and arguments, since more than a month before that resolution was issued, in a binding opinion, the PGR expressly indicated that the legal and regulatory norms applicable to the matter do not require or impose that the concessionaire present a registered property title or permission from the owner of the property where the exploitation will take place. Ergo, how is it possible that resolution No. 1187-2015-SETENA of May 25, 2015, was issued, if the PGR opinion C-43-2015 already existed? The plaintiff also accused that Nombre3456 yielded to pressure from some environmental activists who demanded compliance with the already indicated requirement (property certification or owner's permission) and the archiving of the file, which is denoted in the ninth result (resultando noveno) of resolution No. 1187-2015-SETENA which indicates: "NINTH: That the file contains a request for definitive archiving of the file by Mr. Nombre114078 and Mr. Nombre154295 (...) considering that: ... the promoting company failed to comply with the granted deadline (...) without there being (...) any reason for justification (...), it requests the file be archived, the environmental feasibility be canceled (...)." But SETENA, it elaborated, not only yielded to illegal pressures and claims from environmental activists, but also revealed the purpose and intention of using non-viable figures in the legal system, such as the condition precedent (condición suspensiva), to "leave without effect" the environmental feasibility, which denotes the use of legal powers for different purposes and constitutes a clear and unequivocal deviation of power. Thus, Nombre3456 invented a non-existent condition precedent (condición suspensiva) to justify the act of "leaving without effect," which does not exist in Costa Rican Administrative Law, and thus achieve the spurious or illegitimate end it had proposed – due to pressure from environmentalists and pseudo-protectionist environmental biases of some officials – of stripping a fully valid, favorable administrative act creating rights of all legal effect, bypassing the observance of the material requirements and procedure established in article 173 LGAP. With this, he added, the violation of article 303 LGAP is also notorious, which establishes the rule that opinions are binding by express text or by specific legal provision, since numeral 29 of the Organic Law of the PGR regulates that its opinions are binding for the consulting Administration – in this case MINAE and all its bodies like SETENA – and the entire Administration. The pointed-out deviation of power causes the resolution to also lack purpose (fin), which is extremely serious as it is an indispensable and essential requirement of the act, with which article 131 LGAP was also violated. The absence of motive and purpose inexorably causes the absolute nullity of the resolution by the provisions of articles 158 and 166, which have also been broken by resolution No. 1187-2015-SETENA. For its part, the plaintiff attacked resolution No. 1611-2015-SETENA of July 14, 2015, which denied its appeal for reversal, as in its opinion, it shares the same defects of illegality set forth, by confirming resolution No. 1187-2015-SETENA. In the same vein, it censured the nullity of resolution R-275-MINAE of September 21, 2015, issued by the Minister, where he heard and resolved the hierarchical appeal filed against resolution No. 1187-2015-SETENA, dragging the same defects of illegality pointed out and being contrary to numerals 49, paragraph 2 of the Constitution, 131.1, 132, 133, 145, 158.1, 166, 173, 199, 303 LGAP, 1.1 CPCA, and 29 of the Organic Law of the Procuraduría General de la República. Regarding the resolution of the Dirección de Geología y Minas No. 385-2017 of November 21, 2017, the plaintiff indicated that it bears the same defects of nullity indicated, as it is based on the 5 prior administrative resolutions, specifically the following: 1) 1274-2014-SETENA, 2) 645 of the Dirección de Geología y Minas, 3) 1187-2015-SETENA, 4) 1611-2015-SETENA, and 5) R-275-2015 of the Minister, fallaciously and recklessly affirming that they "are in force as of today, their effects being valid and effective, given that they have not been revoked or annulled," in this way, he said, it "revives" or "resurrects" resolutions and precautionary measures whose legal effects had been lifted, extinguished, or lapsed. Said resolution of the Dirección de Geología y Minas No. 385-2017, ordered, nothing more and nothing less than "to cancel the material extraction concession granted to the company Eco Proyecciones El Nuevo Milenio, consequently archive administrative file No. 2753 and release the area from the Mining Register (Padrón Minero)." However, he said, the company did positively have environmental feasibility, since it was granted by virtue of resolution No. 1836-2013-SETENA of July 10, 2013, which has not disappeared from the legal world and has not been annulled by the means permitted by law, having the same defects of lack of competence and motive as the previous ones, besides violating the due process established in numeral 67 of the Mining Code, which guides and establishes a procedure to guarantee due process in the cancellation of a concession, which does not apply in the present case since the company has not breached any condition imposed by law or regulation. In short, he added, given that the company never breached legal or regulatory conditions, that all suspension or stoppage of exploitation is attributable to the illegal and arbitrary precautionary measures and resolutions issued by the administrative bodies themselves, the due process governed by numeral 67 of the Mining Code was not complied with, and the cancellation resolution was not issued by the Minister of Environment and Energy, it being clear that the resolution boasts an absence of motive as an essential element of the administrative act, as well as of content and purpose. Regarding the Appeals Court resolution No. 201-2017 at 9:10 a.m. on May 16, 2017, the plaintiff pointed out that said appellate body did not refer to the validity or not of the resolutions and precautionary measures adopted in the administrative venue, nor did it order anything whatsoever to any administrative authority. Therefore, it is nonsensical that the resolution canceling the concession is based on this order issued in the jurisdictional venue, with the distortion even of judicial resolutions to give grounds to the illegal and absolutely null cancellation of the concession being evident again and accredited. In the plaintiff's opinion, all the challenged resolutions were issued in clear violation of the principle of intangibility of one's own acts (articles 79, 158.3, and 173 LGAP), as it is clear that resolution No. 1836-2013-SETENA at 11:45 a.m. on July 10, 2013, through which Nombre3456 approved the Environmental Impact Study for its represented party and granted environmental feasibility, as well as resolution No. R-577-2013-MINAE of December 2, 2013, which granted it the quarry exploitation concession, are favorable acts or declaratory acts creating subjective rights that expanded its patrimonial legal sphere. Precisely in view of this, it indicated that the amount of the 6,300,000 cubic meters not extracted as of April 6, 2019, and all those that cannot be extracted and quantified until all the illegal and absolutely null resolutions challenged in this lawsuit are precautionarily suspended or annulled by final judgment, will be liquidated and quantified in the execution of judgment. Regarding the lost profits (lucro cesante) or the reasonably expected gain to be received, he said it consists of the interest at the legal rate that its represented party could have received from the sale, up to April 6, 2019, of 6,300,000 cubic meters of material and which it has not been able to receive. It is also a lost profit "ex re ipsa" whose existence is evident from the verification of the suspension and stoppage of the project up to the present day and which may be prolonged until a precautionary measure is issued or by final judgment the indicated illegal resolutions are annulled, losses that will be quantified in the execution of judgment.
V.- ON THE ARGUMENTS OF THE DEFENDANT. Upon answering the action, and by way of summary, the state representation appearing in the proceedings began by saying that the company ECO PROYECCIONES DEL NUEVO MILENIO S.A. presented three Información Posesoria proceedings in the agrarian venue which were rejected by judgments 02-2004 at 11:00 a.m. on January 16, 2004; 03-33 at 4:35 p.m. on May 15, 2013, confirmed by the Agrarian Court vote No. 1001-F-13 at 1:01 p.m. on October 23, 2013; and vote 510-F-17 at 4:08 p.m. on June 13, 2017. In none of the cases, he said, was it demonstrated that they were the possessors, much less the owners, of the property described in cadastral map Placa31816. He argued that within administrative file D1-5430-2011-SETENA, Eco Proyecciones was ordered to present the requirement of the property certification within a period of one year through resolution No. 1836-2013-SETENA of July 10, 2013, which was not challenged by the company, nor did it oppose the requirement of the property certification, although it did request an extension to be able to fulfill what was required. However, he argued, Nombre3456 proceeded in accordance with the principle of legality to reject the extension request, since it was verified that the map presented before the Agrarian Court in the Información Posesoria proceedings was the same one that had been rejected in the other proceedings, which apparently presents conditions contrary to the provisions of the Legal System regarding public domain assets, but which are matters to be elucidated in other venues. He further clarified that the property described in cadastral map L-186399-1994 over which the approval of the Información Posesoria Proceedings was requested on three occasions, presents 99% of the territory that defines it within the strategic interest zone for the potable water supply project for the City of Limón, which caused the opposition of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados in the cited proceedings, since the importance of reserving that territory for water supply to the population of the Province of Limón was accredited through reports, which led the agrarian judicial authority to reject the possessory proceedings promoted by the firm Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. over the property described in cadastral map L-186399-1994.
Regarding the factual scenario presented by the plaintiff, the State explained that Nombre3456 rendered the environmental viability (viabilidad ambiental) without effect through resolution 1187-2015-SETENA of 11:55 a.m. on May 25, 2015, considering that resolution 1836-2013-SETENA indicated to Eco Proyecciones that “It must provide certification of ownership of the project area, in accordance with the principle of proportionality and reasonableness to fulfill said condition, it is recommended to grant a period of one year for the submission of the requirement (…)”, but the company did not comply with the requirements and therefore Nombre3456 rendered the environmental viability without effect and archived the file. It accepted that the Dirección de Geología y Minas, through resolution R-385-2017 of 2:30 p.m. on November 21, 2017, canceled the material extraction concession granted to Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. for lacking environmental viability (viabilidad ambiental) (due to a non-compliance by the company itself). Regarding that decision, it maintained, the developer filed motions for revocation with a subsidiary appeal, which were resolved by resolution 92-2018 of 2:00 p.m. on April 16, 2018, where the Dirección declared the revocation motion without merit, and through resolution R-127-2018 of 9:35 a.m. on April 25, 2018, by which the Ministerio de Ambiente y Energía rejected the appeal filed against resolution R-385-2017. For its part, the State also expounded that Nombre3456 in its resolution No. 1274-2014-SETENA of 11:00 a.m. on June 26, 2014, decreed a precautionary measure suspending environmental viability (viabilidad ambiental) 1836-2013-SETENA of 11:45 a.m. on July 10, 2013, to avoid serious and irreparable harm due to the future of the AyA project and requesting the developer to present the registered property certification (Article 9.4 of Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC). In this regard, it highlighted that such precautionary measure was lifted through resolution 1091-2015-SETENA of 2:00 p.m. on May 8, 2015. However, through precautionary measure order number 2090-2014 issued by the Tribunal Contencioso Administrativo at 2:10 p.m. on August 27, 2014, the suspension of resolution R-577-2013-MINAE of 2:15 p.m. on December 2, 2013, was ordered as a result of a request from the Sindicato de Trabajadores SINTRAJAP. Subsequently, Nombre3456 issued resolution 1187-2015-SETENA of 11:55 a.m. on May 25, 2015, archiving the environmental viability (viabilidad ambiental) file. Thus, it stated, the reason the environmental viability was rendered without effect in May 2015 was due to non-compliance by Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., and regarding the precautionary measure ordered by resolution No. 645, it argued that it was lifted through resolution 23-2017 of 7:30 a.m. on January 24, 2017. Regarding opinion C-043-2015, the State explained that it discussed solely whether or not there existed an evident and manifest nullity regarding the granting of the quarry exploitation concession awarded to the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. through resolution R-577-2013-MINAE, but the issue of environmental viability was neither analyzed nor was any opinion issued, much less was a criterion issued regarding the regulatory requirement that establishes the developer’s obligation to present the certification of the property or real estate where the activity, work, or project will be developed, in order to obtain environmental viability (viabilidad ambiental). This, in accordance with the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental, Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. It maintained that requesting an opinion on the absolute and manifest nullity of a mining concession is one thing, and environmental viability is a very different matter, given that aspects related to environmental viability were not discussed in opinion C-043-2015. Furthermore, the state representation admitted the issued resolutions alleged by the plaintiff in the facts of its complaint, rejecting all the subjective assessments made and the nullity defects pointed out, also acknowledging the motions filed and the decisions regarding them. As for resolution 645 of 2:00 p.m. on June 30, 2014, which ordered the suspension of work, it reiterated that it was lifted by resolution 23-2017 of 7:30 a.m. on January 24, 2017. In addition, it stated, the Dirección de Geología y Minas, through resolution 92-2018, clarified that it was a material error, since resolution No. 1274-2014-SETENA was lifted by No. 1091-2015-SETENA of 2:00 p.m. on May 8, 2015, and No. 645 of 2:00 p.m. on June 30, 2014, according to what was ordered by resolution 23-2017 of January 24, 2017. Likewise, it stated, said Dirección emphasized that none of the arguments put forth by the appealing party in its revocation motion modified or altered the outcome of resolution 385-2017 of 2:30 p.m. on November 21, 2017, since Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. did not prove it had environmental viability (viabilidad ambiental), because its file was archived by the Secretaría Técnica Nacional Ambiental -the competent technical-legal body- due to non-compliance by the developer. Within its legal arguments, the State expressed its reasons for opposing the filed complaint, reasoning that the Secretaría Técnica Ambiental granted environmental viability (viabilidad ambiental) through resolution R-1836-2013-SETENA of 11:45 a.m. on July 10, 2013, in favor of Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., where an effectiveness requirement was established, which was set forth as a condition precedent of the environmental viability, subject to the presentation of the property certification of the real estate where the project would be developed (Article 9, subsection 4 of Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), for which a one-year period was granted. According to what it stated, that administrative act was not challenged by the developing company. Furthermore, it stated that the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (the technical body on the matter according to Article 2 of Law No. 2726, called Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) filed before Nombre3456 a nullity motion against resolution 1836-2013, which was resolved by resolution 1274-2014-SETENA of 11:00 a.m. on June 26, 2014, ordering the suspension of the environmental viability (viabilidad ambiental) to avoid serious and irreparable harm due to the future of the AyA project and requesting the developer to present the registered property certification (Article 9.4 of Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC). Regarding this, it highlighted that such suspensive precautionary measure was lifted through resolution 1091-2015-SETENA of 2:00 p.m. on May 8, 2015, that is, more than four years ago, and therefore it lacks current interest. As for resolution No. 645 of 2:00 p.m. on June 30, 2014, where the Dirección de Geología y Minas ordered the suspension of work, it explained that such measure was lifted through resolution 23-2017 of 7:30 a.m. on January 24, 2017, and therefore also lacks current interest. Similarly, the State explained, in accordance with resolution 1187-2015-SETENA of 11:55 a.m. on May 25, 2015, Nombre3456 ordered the archiving of file 5430-2011-SETENA and therefore rendered viability 1836-2013-SETENA of July 10, 2013, without effect, due to non-compliance by Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., a decision that was appealed by Eco Proyecciones, and through resolution 1611-2015-SETENA of 1:00 p.m. on July 14, 2015, the nullity incident filed against resolution 1187-2015-SETENA was rejected, and the appeal was elevated to the Ministerial Office, which declared the appeal without merit through resolution R-275-2015 of 9:35 a.m. on September 21, 2015. Subsequently, the Dirección de Geología y Minas, through resolution R-385-2017 of 2:30 p.m. on November 21, 2017, canceled the material extraction concession granted to Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. for lacking a valid environmental viability (viabilidad ambiental). Regarding this ruling, the developer filed motions for revocation with a subsidiary appeal, which were duly addressed, as the Dirección de Geología y Minas, through resolution 92-2018 of 2:00 p.m. on April 16, 2018, declared the revocation without merit, and the Ministerio de Ambiente y Energía, through resolution R-127-2018 of 9:35 a.m. on April 25, 2018, rejected the appeal. In the opinion of the Procuraduría, all the resolutions indicated above were issued in accordance with the rules governing environmental and mining matters, the principles of legality, objectification of environmental protection, and the precepts of Articles 128 through 145 of the Ley General de la Administración Pública. Regarding resolution 1274-2014-SETENA of 11:00 a.m. on June 26, 2014, where the suspension of the environmental viability was ordered to avoid serious and irreparable harm due to the future of the AyA project, the State alleged a lack of current interest, since such precautionary measure was lifted through resolution 1091-2015-SETENA of 2:00 p.m. on May 8, 2015, although it defended that its issuance was in accordance with the law, since from reading the motivation (grounds) of the questioned act, it is clearly evident that its object was the protection and preservation of the Río Banano and, given the complaint filed by AyA, to avoid irreversible damage and guarantee the water supply to the city of Limón, its purpose being the protection of the environment, whose legal basis resides in the fundamental right to a healthy and ecologically balanced environment and the right to health. On the other hand, it highlighted that almost two months after administrative resolution 1274-2014-SENTENA was issued, the Tribunal Contencioso Administrativo granted the precautionary measure filed by SINTRAJAP and ordered the suspension of the concession in favor of Eco Proyecciones S.A., according to order No. 2090-2014-T of 2:10 p.m. on August 27, 2014. The State also alleged that it is amply demonstrated from the case file that the Company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio did not comply with the requirement requested by Nombre3456 in resolution 1836-2013-SETENA, given that 6 years have passed and it still has not complied. Said requirement is found in the legal system, specifically in the Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental - Decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Article 9, subsection 4, it being a duty to comply with it, and known by the plaintiff company since the environmental viability (viabilidad ambiental) resolution 1836-2013-SETENA in the year 2013. Along other lines of reasoning, the State pointed out that the rejection was due to a circumstance for which the company itself was responsible, which at the time SETENA made known to it, since initially, in 2014, it requested an extension to present the property title, but the argument presented in 2015 by the developer to request the extension proposed in 2014 was related to the segregation of the property. However, it stated, it is necessary to clarify that segregation is not an activity that Nombre3456 is responsible for approving, nor a receivable reason to justify an extension, said segregation constituting a prior step to processing the Información Posesoria but through judicial channels, a procedure that corresponded solely and exclusively to the developer to carry out. Furthermore, the property title is a requirement requested and ordered by the legal system, of mandatory compliance, and an effectiveness requirement in relation to the condition precedent, established at the time in favor of the project. On the other hand, in the certification provided by the developer, it was verified that the plan submitted to the Juzgado Agrario is the same one rejected in the other proceedings, which apparently presented conditions contrary to the legal provisions regarding public domain assets, but which must be clarified through other channels. That being the case, it affirmed that resolution 1187-2015-SETENA was issued in accordance with the precepts of Articles 133 (legitimate motive) and 132 (licit content that is possible, clear, precise, and covering questions of fact and law) of the Ley General de la Administración Pública, since the requirement to provide the property certification is a sine qua non requirement to obtain environmental viability (viabilidad ambiental) in accordance with the provisions of Decree 31849, Article 9, subsection 4. Now, regarding the reproach that the Dirección de Geología y Minas, when issuing resolution 385-2017 of November 21, 2017, relied on a series of prior administrative resolutions whose legal effects had been lifted, extinguished, or expired, the State pointed out that in resolution 92-2018 of 2:00 p.m. on April 16, 2018, said Dirección, addressing an appeal by the company, explained in the first whereas clause the following: “(…) this Dirección must indicate that, due to an error in the first considering of resolution 385-2017 of November 21, 2017, it was indicated that resolutions No. 1274-2014-SETENA and resolution 645, of the Secretaría Técnica Nacional and of this Dirección respectively, were in force to this day, that being incorrect, since through resolution No. 1091-2015-SETENA, it was established in the Por Tanto that ‘Since the conditions required for the imposition of a precautionary measure are not met, according to the legal grounds already indicated and the arguments put forth by this Plenary Commission in agreement AICP-73-2014, the Administration must proceed to the lifting of the precautionary measures contained in resolution No. 1274-2014-SETENA’ and through resolution 23-2017 of January 24, 2017, it was established in the Por Tanto that ‘Based on the Principle of Parallelism of Forms, and considering that the aforementioned resolution number 1091-SETENA-2015 (sic) has been cited, the lifting of the precautionary measures contained in resolution No. 1274-2014-SETENA proceeds, it becomes inappropriate to maintain resolution No. 645 of two o'clock in the afternoon of June thirtieth, two thousand fourteen, through which this Dirección orders the immediate suspension of clearing work, material extraction, and crushing thereof, in the area occupied by administrative file No. 2753, proceeding in this act to the lifting of the precautionary measure issued by means of the aforementioned resolution 645 as inappropriate,’ thereby, the alleged procedural defects in our resolution No. 385-2017 do not modify or alter the outcome within these proceedings, due to the foregoing recitals, in which each of the appellant’s petitions will be developed (…)” [the uppercase, italics, as well as the underlining and bold highlighting are in the State’s transcript]. Consequently, it stated, contrary to what was incorrectly affirmed by the plaintiff, resolutions were not “resurrected or revived,” since Geología y Minas clarified that it was a material error, as resolution No. 1274-2014-SETENA was lifted by No. 1091-2015-SETENA of 2:00 p.m. on May 8, 2015, and No. 645 of 2:00 p.m. on June 30, 2014, was also lifted according to what was ordered by resolution 23-2017 of January 24, 2017. Likewise, said Dirección emphasized that none of the arguments put forth by the appealing party in its revocation motion modified or altered the outcome of resolution 385-2017 of 2:30 p.m. on November 21, 2017. The foregoing, since Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. did not prove it possessed environmental viability (viabilidad ambiental), because its application was archived by Nombre3456 as the competent technical-legal body, given the developer's non-compliance. Moreover, the state representative elaborated, the Ministerio de Ambiente y Energía, through resolution R-127-2018 of 9:35 a.m. on April 25, 2018, rejected the plaintiff's appeal because it lacks environmental viability (viabilidad ambiental); consequently, a mining concession cannot and must not be exploited without the condition granted by Nombre3456 that gives it viable status. In relation to the plaintiff's argument that judicial resolution 201-2017 of 9:10 a.m. on May 16, 2017, from the Sección Primera del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo cannot be a basis for the cancellation of the concession, the State representative specified that what said resolution ordered was that the precautionary suspension measure previously established within judicial process 14-002931-1027-CA was non-existent, due to the withdrawal of that cause of action carried out by the Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP). Consequently, all the factual-legal effects contained in resolution No. 1187-2015-SETENA of 11:55 a.m. on May 25, 2015 (archiving of the environmental viability) and R-275-2015-MINAE, issued at 7:00 a.m. on September 21, 2015 (confirmation of the archiving) are no longer suspended. It reiterated that Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. does not possess the environmental viability (viabilidad ambiental) requirement, but rather its file was archived according to the provisions of resolution No. 1187-2015-SETENA of May 25, 2015, and confirmed by resolution R-275-2015-MINAE of 7:00 a.m. on September 21, 2015. Regarding the challenge to the competence, motive, content, and purpose of administrative resolution 385-2017 of November 21, 2017, issued by the Dirección de Geología y Minas, the State affirmed that what said Dirección did was to verify, through a consultation addressed to Nombre3456 -the technical-legal body to declare the archiving of an environmental viability (viabilidad ambiental)- whether the environmental viability R-1836-2013 was archived or not, being clear that the competent body to determine if a company has environmental viability is SETENA. Furthermore, the declaration of the factual and legal circumstances that led the Administration to issue administrative act 385-2017 of November 21, 2017, as well as to reject the challenge filed, are set forth in the development of its resultandos and considerandos, constituting the means of proof to demonstrate that the Dirección de Geología y Minas and the Ministerio de Ambiente y Energía issued duly motivated resolutions, complying with the principle of legality that governs them, acting in accordance with the law. Therefore, the questioned Administration has not incurred the grounds for defects of legality and nullity that the plaintiff formulates, inasmuch as the motive, content, competencies, object, purpose, and statement of the ordered effects of the acts themselves are expressed, which are consistent with the scope of competencies belonging to the head of Ambiente y Energía and the Dirección de Geología y Minas, both bodies in the exercise of their competencies provided for in the Código de Minería. Concerning the violation of the principle of intangibility of one’s own acts, the State noted that administrative act 1836-2013-SETENA of July 10, 2013, meets all the requirements established in Articles 128 to 139 of the LGAP, and that in said administrative resolution, an effectiveness requirement was established (Art. 145 LGAP), which was set forth as a condition precedent of the environmental viability (viabilidad ambiental), subject to the presentation of the property certification of the real estate where the project would be developed (Article 9, subsection 4 of Decree 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC), for which a one-year period was granted in accordance with the principle of proportionality. However, despite the requests for extension and the failed Información Posesoria proceedings, the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio did not comply with the requested requirement, and more than 6 years later it still has not complied. Given this, SETENA, in resolution 1187-2015-SETENA of 11:55 a.m. on May 25, 2015, ordered the archiving of file 5430-2011-SETENA and therefore rendered viability 1836-2013-SETENA of July 10, 2013, without effect. Thus, in accordance with Article 158 of the LGAP, the lack or defect of any requirement of the administrative act, expressly or implicitly required by the legal system, will constitute a defect thereof. Subsequently stating that an administrative act substantially inconsistent with the legal system will be invalid, specifying that insubstantial infractions will not invalidate the act. Furthermore, it stated, there is no nullity for nullity's sake, so if the plaintiff company has not proven that it has a valid environmental viability (viabilidad ambiental), it is not being caused any harm. 6 years have passed since the issuance of the environmental viability resolution 1836-2013 without the developer demonstrating and presenting the effectiveness requirement established by decree 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, Article 9, subsection 4. For the reasons put forth, it affirmed, this complaint must be rejected, since in matters of nullities, according to the doctrine informing Article 32, subsection 3, and following of the Código Procesal Civil, the principle of transcendence exists, according to which there is no nullity without harm, that is, the mere breach of form is not sufficient if no harm is caused to the party. In that sense, it also requested the rejection of the claimed damages, since under the protection of numeral 190 and following of the LGAP, the Administration will only be liable if the following requirements are met: 1) there exists state conduct to which the alleged injury is attributable; 2) the claimed damage is effective, assessable, and individualizable, pursuant to Article 196 of the cited Law; and, 3) the existence of a causal link between the conduct attributed to the State and the damage suffered is proven. Not only must the real existence and the amount of the damages whose reparation is requested be demonstrated, but also, and more importantly, the causal relationship between those damages and the imputed state conduct must be proven, as a requirement for its recognition in judicial sede, which the plaintiff has not done, as it limits itself to demanding reparation for a supposed damage, without demonstrating, in a reliable manner, the existence of the facts and the veracity of the allegations. In addition to the foregoing, the claim for damages is not admissible, since it is not demonstrated that real, effective, and certain detriments occurred, an aspect that, in accordance with the principle of the burden of proof, corresponded to the plaintiff. Consequently, with the foregoing, the State requested that its defenses be granted and the complaint be declared without merit in all its respects, with costs awarded against the plaintiff, along with the corresponding interest these generate.
VI.- ON THE OBJECT OF THE PROCEEDINGS AND WHAT IS SOUGHT BY THE PLAINTIFF. As a starting point, it is necessary to highlight that this Chamber will resolve, as corresponds in law, strictly under the protection of the arguments put forth by the parties -plaintiff and defendant- of this dispute, and above all, based on the body of evidence contributed to the case file, with the aim of elucidating whether what is sought in the present matter by the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. finds remedy in this judicial sede, analyzing the copious nullity defects, which in an exceedingly repetitive and even disorderly manner -in the opinion of this Tribunal- the plaintiff has reproached, in relation to the challenged administrative resolutions, identified in its petitionary table as: a) No. 1274-2014-SETENA of 11:00 a.m. on June 26, 2014. b) No. 645-2014 of June 30, 2014, issued by the Dirección de Geología y Minas. c) No. 1187-2015-SETENA of 11:55 a.m. on May 25, 2015. d) No. 1611-2015-SETENA of 1:00 p.m. on July 14, 2015. e) R-275-MINAE of 7:00 a.m. on September 21, 2015. f) No. 385-2017 of 2:30 p.m. on November 21, 2017, issued by the Dirección de Geología y Minas. g) No. 92-2018 of 2:00 p.m. on April 16, 2018, from the Dirección de Geología y Minas. h) R-127-2018-MINAE of 9:35 a.m. on April 25, 2018, issued by the Ministerio de Ambiente y Energía. Regarding all of them, the plaintiff alleged various nullity defects, which in essence the Tribunal will examine in three specific sections: i) the violation of the principle of intangibility of one’s own acts, by considering the environmental viability (viabilidad ambiental) granted at the time by SETENA to be valid; ii) the violation of due process, by considering that the Administration did not follow the legal procedure to render said viability and the concession granted in its favor without effect; iii) the infringement of the formal and essential elements of administrative acts, citing, for example, lack of competence, absence of motive and content, as well as lack of a valid purpose, which in turn implied a deviation of power. Likewise, on an accessory basis, the plaintiff requested that, once the challenged resolutions are annulled, it be declared and recognized that the company is the legitimate and undisputed holder of the quarry exploitation concession of Tajo Asunción and of the rights deriving from it, as a result of the environmental viability (viabilidad ambiental) granted, as well as that it be paid the damages caused, along with the indexation of the amounts owed until their effective payment.
VII.- ON THE INTANGIBILITY OF ONE’S OWN ACTS. As is known, an administrative act issued in compliance with the legal system, that meets all its essential elements -formal and material- as well as the requirements of validity and effectiveness, and that also grants a subjective right to an administered person, cannot be removed from the legal world, unless exceptional reasons, previously normed in advance, concur, since as a general rule the Public Administration cannot annul an act that declares rights, except through an ex officio review, by revocation, or through its declaration of nullity, whether through the procedure of absolute, evident, and manifest nullity provided for in canon 173 of the LGAP, or the process established in ordinal 34 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, after a prior declaration of harmfulness of the act to public or economic interests by the supreme head of the Administration, pursuant to numeral 183 of the LGAP. On the subject, our Sala Constitucional has stated: “(…) V.- The annulment or ex officio review of administrative acts favorable to or declaratory of rights for the administered person, as a possibility of public administrations and their bodies, constitutes a qualified exception to the doctrine of the inderogability of one’s own acts favorable to the administered person or the principle of intangibility of one’s own acts, to which this specialized Chamber has conferred constitutional rank as it derives from ordinal 34 of the Constitución Política (see judgments #2186-94 of 5:03 p.m. on May 4, 1994, and #899-95 of 5:18 p.m. on February 15, 1995). The general rule is that the respective public administration cannot annul an act declaratory of rights for the administered person, the exceptions being annulment or ex officio review and revocation. For that purpose, the public administration, as a general principle, must resort, as plaintiff and after a prior declaration of harmfulness of the act to public, economic, or other interests, to the lesividad process (Articles 10 and 35 of the Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), which has been traditionally understood as a guarantee for administered persons. On this matter, this Constitutional Tribunal in vote #897-98 of February 11, 1998, stated that ‘... the Administration is forbidden to suppress through its own action those acts it has issued conferring subjective rights upon individuals. Thus, subjective rights constitute a limit regarding the powers of revocation (or modification) of administrative acts, in order to be able to demand greater procedural guarantees. The Administration, upon issuing an act and subsequently issuing another contrary to the first, to the detriment of subjective rights, is disregarding these rights, which through the first act it had granted, be it by error or for any other reason. This implies that the only avenue the State has to eliminate one of its acts from the legal system is the jurisdictional lesividad process, since this process is conceived as a procedural guarantee in favor of the administered person, or else, in our legal system, there exists the possibility of going against one’s own acts in the administrative venue, in the hypothesis of absolute, evident, and manifest nullities, after a prior opinion from the Contraloría General de la República and from the Procuraduría General de la República (as a further guarantee in favor of the administered person) and in accordance with Article 173 of the Ley General de la Administración Pública. Consequently, if the Administration has failed to observe the rules of these procedures, or has omitted them entirely or in part... the principle of one’s own acts determines that the effect of said irregularity is the invalidity of the act.’.” Pursuant to numeral 173 of the General Public Administration Law (Ley General de la Administración Pública), a public entity or body may well annul, through administrative channels, an act that declares rights for the administered party but is harmful to the public interests or patrimonial interests of the former, without needing to resort to the contentious-administrative lesividad proceeding regulated in Articles 10 and 35 of the Law Regulating the Contentious-Administrative Jurisdiction (Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) (a proceeding in which the plaintiff is a public administration challenging its own act that is favorable to the administered party but harmful to it) when said act is vitiated by an evident and manifest absolute nullity. The evident and manifest absolute nullity must be previously and favorably ruled upon by the Office of the Attorney General or the Office of the Comptroller General of the Republic (Procuraduría o la Contraloría Generales de la República) (…).” [see, by way of example, judgments numbers 2008-009783 of 11:48 a.m. on June 13, 2008, and 2017-017497 of 9:15 a.m. on November 3, 2017]. In a similar vein, our First Chamber of Cassation (Sala Primera de Casación) has also addressed the issue, stating that: “(…) By the principle of intangibility of one’s own acts (intangibilidad de los actos propios), which emanates from numeral 34 of the Magna Carta (Carta Magna), the Administration is barred from annulling or acting against itself, regarding the acts it has issued, which declare subjective rights in favor of the administered party. The exception consists of the cases of revocation and official declaration of absolute, evident, and manifest nullity, contemplated in the LGAP. In this line, one may consult, among others, the judgments of the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) of the Supreme Court of Justice (Corte Suprema de Justicia), no. 2244-2004 of 2:59 p.m. on March 2, 2004, and no. 17446-2005 of 7:51 a.m. on December 20, 2005. This principle thus stands as a guarantor for the administered parties against the Administration, which may not disregard, through a subsequent act, the subjective rights it has granted or recognized to them (…).” [see, for example, rulings numbers 000094-F-S1-2011 of 9:10 a.m. on February 3, 2011, and 00407-F-S1-2014 of 8:35 a.m. on March 20, 2014]. What has been transcribed and reviewed above is of vital importance, because both the Constitutional Chamber and the First Chamber concur in stating that the principle of intangibility of one's own acts, which the plaintiff claims has been violated, applies when an act declaring rights has been issued in favor of an administered party, and it is in this scenario that the Administration is barred from decreeing nullity ex officio, and must therefore follow the procedural channels established in the legal system, as indicated supra. Being clear on this scenario is essential, because we will later examine whether the act that granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the plaintiff company, identified as No. 1836-2013-SETENA of 11:45 a.m. on July 10, 2013, conferred a true subjective right upon the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., and whether, therefore, the Administration needed to process a procedure for absolute, evident, and manifest nullity, or a declaration of lesividad, to eliminate said act.
VIII.- ON DUE PROCESS. The issue of due process (debido proceso) in the jurisprudential and doctrinal sphere is well known and thoroughly discussed, regarding the necessity and obligation to process an administrative procedure and comply with the various stages provided for in the legal system, when it comes to imposing a sanction on the administered party or eliminating a subjective right, a situation addressed by our Constitutional Chamber for a long time, starting from the well-known ruling number 1739-1992 of 11:45 a.m. on July 1, 1992, and reiterated over time in various judgments, to the point of having constitutional roots, highlighting, among other things, the Administration's obligation to conduct an investigation with all the guarantees of defense for the administered party, duly summoned and notified, with the possibility of presenting the evidentiary elements that the party deems pertinent, being able to appeal the resolutions issued in the exercise of their right of defense, etc., derived from Articles 39 and 41 of the Constitution. Solely by way of illustration, recently, in ruling number 10305-2016 of 9:15 a.m. on July 22, 2016, it stated: “(…) The constitutional right to due process in administrative and judicial venues has been profusely developed by this Chamber, from determining the content of the right to defense, to defining the procedural requirements that must be observed in every proceeding to ensure unrestricted respect for constitutional principles and norms. At the same time, the Chamber has had the foresight to prevent situations of legal normality from being viewed as constitutional violations, and therefore, in its jurisprudential development, it has defined the type of procedural violations that merit a constitutional review to guarantee adequate respect for fundamental rights. In other words, in the processing of proceedings, violations of different nature can occur, some of which are amenable to be heard in the constitutional venue, while others must be alleged before the corresponding administrative and judicial instances –see, among many others, judgments numbers 2002-10735 and 2008-9017-. In this sense, from its inception, the Chamber addressed the issue of due process in relation to the right to defense, developing the constitutional provisions established in Articles 39 and 41 of the Political Constitution, by establishing, through resolution 15-90 –and from then on in reiterated pronouncements- that: \"The right of defense guaranteed by Article 39 of the Political Constitution and therefore the principle of due process, contained in Article 41 of our Fundamental Charter (Carta Fundamental), or as it is often called in doctrine, the principle of 'bilaterality of the hearing' (bilateralidad de la audiencia) of 'legal due process' or 'principle of contradiction' (principio de contradicción) (...) has been summarized as follows: a) Notification to the interested party of the nature and purposes of the procedure; b) the right to be heard, and opportunity for the interested party to present arguments and produce the evidence they deem pertinent; c) opportunity for the administered party to prepare their allegations, which necessarily includes access to information and administrative records linked to the matter in question; ch) the right of the administered party to be represented and advised by lawyers, technicians, and other qualified persons; d) adequate notification of the decision issued by the administration and the reasons upon which it is based; and e) the right of the interested party to appeal the decision issued (…)”. For its part, our First Chamber of the Supreme Court of Justice and the Contentious-Administrative Cassation Tribunal (Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo) have also referred in multiple precedents, based on what has been stated by the Constitutional Chamber, highlighting that due process refers to compliance with essential and non-waivable norms of the procedure and relevant phases that serve as a guarantee for the administered party, since otherwise, a violation of the right of defense would occur [see, for example, resolutions 859-2007 of 11:15 a.m. on November 23, 2007, and 109-F-TC-2018 of 11:32 a.m. on September 12, 2018]. In the case under study, we will delve into another section later to scrutinize whether indeed, as the plaintiff company alleges, the Administration needed to follow a due process to annul the environmental viability initially granted and whether this was violated.
IX.- ON THE NATURE OF THE ADMINISTRATIVE ACT AND ITS ELEMENTS. As we specified in the previous section, the plaintiff has risen against various administrative resolutions, some issued by SETENA, others by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), and others by MINAE itself, alleging a series of defects of nullity which, in their view, affect these resolutions, regarding which, it is worth stating upfront, some of them ceased to have effect in the administrative venue. Due to the plaintiff's specific attack regarding the lack of essential elements in the administrative acts issued, this Tribunal considers it only appropriate to recall that these constitute a declaration or intellectual manifestation of will, desire, judgment, or knowledge, issued by a Public Administration, in the exercise of an administrative power, subject to Administrative Law and the principle of legality, and aimed at producing legal effects, through which the Administration's ultimate rationale is fulfilled, which consists of satisfying collective interests or the public interest. Furthermore, regarding their elements, the subject has been developed copiously, both by doctrine and by our jurisprudence, coinciding in that: “(…) the elements of the administrative act essential for achieving its validity and effectiveness are the formal and material ones. "These intermediary elements between the power and the act, and the very manifestation of the latter, are the formal elements. These are the procedure, the form of the manifestation, and the competence, which is the very entitlement of the power. The material elements are those that condition the realization of the act's purpose and not merely the realization of the act itself. They are the elements that adapt the administrative conduct to the need it satisfies and determine what the Administration commands, authorizes, or prohibits. These are the motive, content, and purpose itself" (Name66737. Thesis on Administrative Law. Volume II. First edition. Editorial Stradtmann, S.A. San José, Costa Rica. Year 2000. Page 315). The subject is the author of the act, with competence, regularity in investiture, and legitimation. Thus, the act "must be issued by the competent body and by the regularly designated public servant at the time of issuing it, after completing all the substantial procedural steps provided for this purpose and the indispensable requirements for the exercise of competence" (article 129 of the General Public Administration Law). The procedure consists of the steps, formalities set to issue or emit the manifestation of free and conscious will; it is the procedural iter that guarantees due process and the right of defense (Name32. Treatise on Administrative Law. Volume I. First edition. San José, Costa Rica. 2007. Pages 517 and 549). We have the ordinary procedure (article 308 ibid.), the summary procedure (326 ibid.), and the special procedure (article 366 ibid.). The form must be expressed in writing, unless the nature of the act or the circumstances require a different form, in which case it will be verbal or oral, by signs, tacit, implicit, or presumed. If written, it shall indicate the acting body, applicable law, provision, date, signature, and title of the signatory (article 134 ibid.). The motive is the reason for issuing the act, "they are the antecedents, presuppositions, or legal reasons (law) and factual reasons (facts) that make the issuance of the administrative act possible, and upon which the Public Administration understands to base its legitimacy, timeliness, or convenience" (Name32. Treatise on Administrative Law. Volume I. First edition. San José, Costa Rica. 2007. Page 522). The motive must be legitimate; it is the reason for which the act is issued, must exist, and be proportionate to the content (article 133 ibid.), it is the factual and legal presupposition that provokes the need. The content must be lawful, possible, clear, and precise, and cover all questions of fact and law even if they have not been debated by the interested parties, be proportionate to the legal purpose, and correspond to the motive (article 132 ibid.). It is what "the administrative act declares, disposes, orders, certifies, and is usually expressed in the operative part of administrative resolutions"; it determines the way to satisfy the purpose (Name32. Treatise on Administrative Law. Volume I. First edition. San José, Costa Rica. 2007. Page 526). The purpose is the "meta-legal result and ultimate objective that the administrative act pursues in relation to the motive" (Name32. Treatise on Administrative Law. Volume I. First edition. San José, Costa Rica. 2007. Page 533), just as expressed by article 131 ibid. Based on the above, the administrative act must be valid, substantially conforming to the legal system (article 128 ibid.). Furthermore, it must have the condition of effectiveness, or current capacity to produce the legal effects foreseen by the legal system, conforming to the conditions and requirements established by the legal system for it to produce the programmed effects (…)” [by way of illustration, one may consult the judgment of the Fourth Section of this Tribunal number 033-2014-IV of 4:00 p.m. on April 10, 2014, as well as that of this same Seventh Section number 104-2019 of 2:00 p.m. on October 21, 2019]. Regarding the validity and effectiveness of administrative acts, our First Chamber of Cassation has touched upon the topic abundantly, noting, for example, that effectiveness must be understood as the act's ability to produce legal effects and that the presentation of requirements constitutes a condition of effectiveness, because the effects of the act are subject to the fulfillment of what the legal system prescribes [see, for example, rulings numbers 574-2014 of 2:00 p.m. on April 30 and 1138-2014 of 3:45 p.m. on September 4, both from the year 2014]. At the doctrinal level, it has been said that: “The concept of effectiveness does not relate directly to the validity of the administrative act but rather to the conditions that the Legal System establishes as a prerequisite for it to be able to produce the programmed effects. Thus, we have that effectiveness presents itself as an indispensable complement to validity, without which the deployment of the activity the Administration might undertake to execute the administrative act would not have legal connotations but rather factual ones; and, in turn, the supposition of effectiveness is the validity of the administrative act, whether real or presumed (…) it can happen that a valid act, due to a lack of requirements, may be ineffective, and conversely, because an invalid act can be recognized by the Legal System as capable of producing legal effects and, despite its invalidity, be effective (…) The beginning of effectiveness is the moment from which the administrative act, valid or presumably valid, can produce the programmed legal effects by virtue of having fulfilled the effectiveness requirements demanded by the legal system or derived from the content of the act itself (…)”. (Name154296, . Effectiveness and Invalidity of the Administrative Act, 2nd ed. San José. Ediciones Seinjunsa, 1994). The above is important, because in addition to the administrative act complying with its stated formal and material elements, it is required that it meet the requirement of perfection, that is, that it be valid and effective, i.e., without conditions, to produce legal consequences, a situation we will examine in later sections, when studying the resolution that granted environmental viability to the plaintiff company and to verify whether the resolutions challenged by the plaintiff are in accordance with the law or not.
X.- ON THE ENVIRONMENTAL VIABILITY GRANTED TO THE PLAINTIFF COMPANY. As a starting point, this Tribunal considers that, before referring to the legality of the eight administrative resolutions challenged by the plaintiff in this litigation (litis), it is necessary to recall that, as outlined in the list of proven facts supporting this judgment, in the month of July 2011, the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. requested the corresponding environmental viability from Name3456 to develop the exploitation of the Tajo Asunción Project on an unregistered land (terreno sin inscribir), providing, for such purposes, cadastral map (plano catastrado) number L-186399-1994. It was thus that, in response to the request filed by the cited company, Name3456 first required it, through resolution 2135-2011-SETENA of September 6, 2011, to present an environmental impact assessment (Estudio de Impacto Ambiental), and then, through resolution R-2198-2012-SETENA of August 24, 2012, to provide, within a maximum period of six months, several requirements, among them, the registry certification (certificación registral) of the property where the activity, work, or project would be conducted. Precisely before this last requirement made, and by virtue of the fact that the company did not have the property registration and therefore could not provide the required certification, Mr. Name103708, in his capacity as legal representative, filed a note with Name3456 on March 19, 2013, requesting the approval of the environmental assessment for the proposed project, expressly stating in relation to the requirement established in Article 9 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures (Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental), which provides for the submission of a certification of property or real estate where the activity, work, or project will be developed, that: “(…) We will be attaching this requirement to the concession file shortly, as soon as possible for us.- Notwithstanding the above and in accordance with what is established in Article 145 of the General Public Administration Law, THE ENVIRONMENTAL APPROVAL that we request be issued, CAN BE ISSUED SUBJECT TO THE FULFILLMENT OF THIS REQUIREMENT IN THE FUTURE, as our current regulations well accept and enshrine (…)” [the uppercase emphasis is from the original; the bolded emphasis is supplied]. We see here, then, the first relevant aspect for what is to be decided, which consists of the fact that it was the very company now bringing the action that requested from SETENA, motu proprio, the granting of a conditional environmental approval, by voluntarily stating that it could be issued subject to the fulfillment of the requirement established by Article 9 of the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, which it knew, and that it would fulfill the missing requirement, i.e., the property certification, as soon as possible. Now, due to the company's request, the Administration asked for an opinion from its Legal Advisory Office, which, on April 2, 2013, issued official communication AJ-232-2013-SETENA, expressing the need to have the property certification for the real estate, given that: “(…) since the act is subject to the fulfillment of a future and uncertain event, i.e., a condition precedent (condición suspensiva), it is not capable of producing legal effects, or what is the same, it has not been born into legal life, so to be effective, said condition must be fulfilled, in order to be equally valid, what is approved being a mere expectation of right. However, for the purposes of being able to evaluate the pertinence or not of granting a conditional environmental viability, as the applicant indicates, the administration must have factual elements that allow it to make said assessment in order to determine whether the developer will be able to fulfill the requirement, it being the case that the fact that the property is registered must be fulfilled without fail (…)” [the bold is our own]. As can be deduced from the above, the legal opinion of Name3456 confirmed the mandatory nature of having the property ownership certification, in order to grant a valid and effective environmental viability that would confer a right upon the applicant. Subsequently, it is also accredited that on June 13, 2013, Mr. Name103708, as attorney-in-fact for the company, presented a sworn statement (declaración jurada), where, among other things, he committed to fulfill each and every one of the environmental commitments acquired during the environmental impact assessment process, the complementary technical studies, and other annexed information of the proposed project, expressly stating knowledge of the terms and scope of the Organic Environmental Law (Ley Orgánica del Ambiente) No. 7554 and of Executive Decree (Decreto Ejecutivo) No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, the General Regulation on Environmental Impact Assessment Procedures, expressly declaring, for what is of interest here, that: “(…) the non-fulfillment of these commitments by the developer will make me directly responsible for the environmental damage produced and liable to the sanctions established by current regulations (…)” [the bold is not from the original]. We see again, then, a free and spontaneous manifestation of will from the company's representative, holding himself responsible for his represented party's non-compliance and accepting the sanctions that current regulations establish, which, of course, encompasses both legal and regulatory ones. Now, taking into consideration the express request from the firm Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. and the commitments acquired by its legal representative, through resolution No. 1836-2013-SETENA of 11:45 a.m. on July 10, 2013, Name3456 determined the following: “FIRST: To approve the environmental impact assessment (EsIA), the complementary information provided, and the Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales), submitted for evaluation by the developer. SECOND: To order Mr. Name103708 (…) legal representative of the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. (…) owner of Tajo Asunción, administrative file No. 5430-2011-SETENA, to deposit the amount of the environmental guarantee (…). Must provide property certification for the project area; in accordance with the principle of proportionality and reasonableness to fulfill said condition, it is recommended to grant a period of one year for the presentation of the requirement, which may be extended if the provisions of Article 258 of the General Public Administration Law are complied with. The foregoing to avoid keeping a file open for an indefinite period. In the same line of thought, it is recommended that once the registration in the Public Registry is obtained, a period of ten business days be granted for the presentation of the property certification to this Secretariat. All of the above under penalty of the file being archived if the deadlines and requirements indicated herein are not met (…). FOURTH: Non-compliance with the requirements of this Secretariat, as well as with any of the obligations contracted in the environmental impact assessment, the Sworn Statement of Environmental Commitments, and the environmental measures in Form D1; may be sanctioned in accordance with the provisions of Article 99 of the Organic Environmental Law, as well as other current legislation. FIFTH: To notify the interested party that, in accordance with Articles 17, 18, and 18 of the Organic Environmental Law, the environmental assessment procedure has been completed for the project (…) TAJO ASUNCION (sic). File No. 5430-2011. Location: Located in the district of Matama, Canton of Limón, province of Limón (…) Cadastral Map: L-186399-94. Farm Number: Possessory Information (…) Therefore, ENVIRONMENTAL VIABILITY is granted to the project, with the Environmental Management stage remaining open (…)” [the underlining, uppercase, and bold emphasis is from the original, except for the double underlining]. From what has been transcribed above, this Tribunal deduces with absolute clarity that the resolution of environmental viability granted to the company was, from the outset, conditional, even at the express request of its own legal representative, upon, among other things, and most importantly for the purposes of what is discussed here, the presentation of the property certification for the real estate where the activity would be developed. Without a doubt, we repeat, in the cited resolution No. 1836-2013-SETENA, the Administration conferred the required environmental viability to the project of the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., but under a condition precedent, with the reservation that within the period of one year, it should provide the property certification referring to the real estate whose cadastral map corresponded to L-186399-94, clearly warning it that in case of non-compliance, it could be liable to regulatory sanctions, and even the archiving of the file. In this regard, Article 99 of the Organic Environmental Law, cited by Name3456 in its resolution, provides for the various applicable administrative sanctions, including, among them, the possibility of partial or total restrictions or paralysis of acts, as well as the partial, total, permanent, or temporary cancellation of permits. Likewise, in Article 9, subsection 4, of the General Regulation on Environmental Assessment Procedures, Executive Decree No. 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, as part of the documentation that must be attached by the applicant, is the presentation of a property certification for the real estate on which the activity, work, or project would be developed, which, we insist, was fully known by the representation of the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., which it did not fulfill either at the time of presenting its initial request, nor within the warned period. And it must also be highlighted here, as the Tribunal specified in the proven facts, that the company made at least two requests for extension of the granted period for the purposes of providing the required certification, one on June 25, 2014, and another on May 5, 2015, thereby accepting the obligatoriness it had to fulfill a sine qua non regulatory requirement, which even today, at the time of issuing this judgment, it has not managed to prove. By virtue of the foregoing, it is the opinion of this Chamber that the aforementioned resolution No. 1836-2013-SETENA was always conditional, so that despite being valid, it never came to meet the requirement of effectiveness to achieve the perfection of the act and deploy its legal effects, which implies that it also could not come to confer a true subjective right upon the plaintiff company, but only a mere expectation, which, in order to be consolidated, depended exclusively on the company itself, by simply providing the requirement that its own representative committed to fulfill, i.e., the property certification for the real estate. Having made clear the scenario described, in the following section we will focus on analyzing whether the challenged resolutions are in accordance with the law, or if, on the contrary, they contain any of the overflowing defects of nullity alleged by the plaintiff.
XI.- ON THE LEGALITY ANALYSIS PERFORMED BY THIS TRIBUNAL. Given that the resolutions challenged by the plaintiff company are multiple and the same defects are attributed to each of them, as we specified in our Finding (Considerando) number VI, and having already explained in the preceding section that the resolution through which environmental viability was conferred to the developer, i.e., No. 1836-2013-SETENA, never achieved full effectiveness as it was subject to a condition precedent whose fulfillment or perfection was not achieved, it is the opinion of this Tribunal that the challenged resolutions are in accordance with the law, given that some of them, as will be stated infra, were eliminated by the Administration itself, such as, for example, No. 1274-2014-SETENA of 11:00 a.m. on June 26, 2014, identified with the letter a) in the plaintiff's main list of petitions, and No. 645 of 2:00 p.m. on June 30, 2014, issued by the Directorate of Geology and Mines, National Mining Registry (Registro Nacional Minero), specified with the letter b) in the petition chart of the complaint, through which, at the time, the suspension of the act granting environmental viability and of clearing, material extraction, and breaking work had been provisionally ordered, which were later annulled, by virtue of the issuance of subsequent resolutions by Name3456 and by the same Directorate of Geology and Mines, so there is no interest in issuing any pronouncement regarding them. As for the nullity of resolution No. 1187-2015-SETENA of 11:55 a.m. on May 25, 2015, detailed with the letter c), it refers to the communication of Agreement No. 02 of the Plenary Commission of Name3456, taken at its ordinary session No. 069-2015, where the request for an extension of the period made by the company to provide the property ownership certification was rejected, and it was ordered that, because it had been verified that the developer had not proven in the file the fulfillment of the effectiveness requirement established in resolution number 1836-2013-SETENA, which was set forth as a condition precedent of the environmental viability subject to the presentation of the property title for the real estate where the project would be developed, the proper course was to annul the viability, due to the developer's non-compliance with the effectiveness requirement, ordering the archiving of the file, and even stating that if the developer managed to obtain the ownership of the real estate through the corresponding channel, it could process the file before Name3456 again if deemed appropriate. Said resolution was issued by the competent body, with full authority, and presents the necessary motivation in its recitals section, where all the material elements of the act—motive, content, and purpose—are duly appreciated, and therefore it is considered in accordance with the law.
Regarding the same, it is also worth clarifying that, although it is true that at some point it was suspended by judicial order, given the granting of an interim measure ante causam filed by SINTRAJAP against the State and the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., within judicial file No. 14-002931-1027-CA, upon the subsequent withdrawal from said proceeding, it regained full force, validity, and effectiveness. Concerning the nullity of resolution No. 1611-2015-SETENA of 13:00 hours on July 14, 2015, a claim identified as d), it is the one that communicated Agreement No. 12 adopted by the Plenary Commission in its ordinary session No. 097-2015 of that same date, by which the appeal for revocation (recurso de revocatoria) and the nullities argued by the company's representative against the resolution that ordered the closure of the file for non-observance of the effectiveness requirement were rejected, given the non-fulfillment of the suspensive condition (condición suspensiva) of the environmental viability (viabilidad ambiental), i.e., the presentation of the title of ownership of the property where the project would be developed, reiterating therein that resolution number 1836-2013-SETENA was rendered without effect. As we indicated in the preceding lines, this act by which the appeal for revocation was rejected is duly reasoned and founded, was issued in compliance with due process in response to the appeal filed and meeting all formal and material requirements of the act, such that no defect is perceived. As for petition e), by which resolution R-275-MINAE of 07:00 hours on September 21, 2015, was challenged, it refers to the rejection of the appeal (recurso de apelación) filed by the company against the aforementioned resolution No. 1187-2015-SETENA, deeming the administrative route exhausted and ratifying the arguments put forth by the Plenary Commission of SETENA, in the sense that the environmental viability granted at the time to the Tajo Asunción project was conditioned on the presentation of the certification of ownership of the project area, but that the developer had been unable to comply. Regarding the same, it is worth stating similarly that, prima facie, its enforcement had been suspended due to the interim measure ante causam already cited, which had been ordered within judicial file No. 14-002931-1027-CA, but that upon the subsequent withdrawal from said proceeding, the suspended resolution regained full force, validity, and effectiveness, the Court finding it in accordance with the law, as it meets all the formal and material requirements of the act that the plaintiff has found lacking, and for having been issued in compliance with the due process that it accuses as violated, precisely in addressing its challenge. Moving to the analysis of resolution No. 385-2017 of 14:30 hours on November 21, 2017, issued by the Directorate of Geology and Mines (Dirección de Geología y Minas), challenged by the plaintiff in point f) of its annulment claim, the Court must explain that it ordered the cancellation of the material extraction concession granted to the company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. and the closure of file No. 2753, clearly stating in its third whereas clause (Considerando III), that for said company to continue exploiting the quarry material concession, it required having environmental viability as an indispensable requirement. Given the lack of said requirement, due to the company's proven non-compliance, it ordered that the appropriate action was to cancel the aforementioned concession, close administrative file 2753, and release the area from the Mining Registry (Padrón Minero). Regarding this resolution, it is worth clarifying that, although it is true that it contains a material error in its first whereas clause, it was later acknowledged by the Administration itself in response to the challenge filed by the company, as we will see below, by indicating that the cancellation of the concession was carried out by virtue of what was ordered by the Court of Appeals of this Jurisdiction, in order No. 201-2017-I of 09:10 hours on May 16, 2017. In that judicial resolution, that appellate body ordered the withdrawal of the appeal that had been filed in its time against the first-instance granting of the interim measure ordered in proceeding No. 14-002931-1027-CA, since, upon withdrawing from said cause, it had no interest in hearing the filed challenge. Despite this, and the principle “pas de nullité sans grief” being recognized, that is, there is no nullity for its own sake, such an error is not capable of generating any defect sufficient to invalidate the challenged resolution, since, as canon 223 of the LGAP stipulates: “1. Only the omission of substantial procedural formalities shall cause nullity of the actions taken. 2. A formality shall be understood as substantial if its correct performance would have prevented or changed the final decision in important aspects, or whose omission caused defenselessness.” For this reason, the criticisms made regarding this resolution, which are the same as those of the previous ones, must be rejected likewise, because the truth is that the cited Directorate clearly determined that, upon the disappearance of the factual premise relating to the act that agreed to the mining exploitation concession in favor of Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., that is, the environmental viability, the concession was left without legal support to be able to operate lawfully. Moving to the analysis of the nullity claim identified by the letter g), referring to resolution No. 92-2018 of 14:00 hours on April 16, 2018, from the Directorate of Geology and Mines, it must be noted that therein, that administrative body heard an appeal for revocation filed by the company against resolution No. 385-2017 issued by said Directorate, which was declared without merit, considering that there was no argument that would allow varying what was resolved. Furthermore, therein the error pointed out in preceding lines was acknowledged and it was confirmed that in the absence of the environmental viability requirement for the project, the file before Nombre3456 was closed by resolution 1187-2015-SETENA, so that as of today, the concession could not and should not be maintained carrying out exploitation work, since it was incapacitated from functioning as such. Now, and without the intent of being repetitive, from the study of said resolution, generated by virtue of the appeal for revocation filed by the company that brings suit here, this Court must state that none of the defects invoked and repeatedly cited are perceived, because it was issued by the competent body, has the necessary factual and legal support, due reasoning, with a legitimate purpose, a clear and precise content, for the sake of satisfying the public interest. Finally, regarding the analysis of resolution R-127-2018-MINAE of 09:35 hours on April 25, 2018, issued by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio de Ambiente y Energía), identified with the letter h) within the list of annulment petitions made by the plaintiff, what it does is address the appeal, upholding in all its aspects resolution No. 385-2017 and deeming the administrative route exhausted, having been issued by the administrative head of the ministerial portfolio, who is the competent authority to hear on appeal and, in the last instance, exhaust the administrative route, explaining in a reasoned manner the factual and legal premises, in clear safeguarding of the interested party's due process and through an act that meets all its formal and material elements in due form, concluding that since no environmental viability existed, a mining concession could not be exploited. For the foregoing, like the previous ones, the Court finds this resolution in accordance with the law and issued on the merits of the case record. In conclusion, regarding the plaintiff's first claim, by which it has come forward to challenge the studied resolutions, according to points ranging from a) to h), it is the criterion of this Panel of Judges that all of them are in compliance with the legal system, having been issued by the competent bodies, be it SETENA, the Directorate of Geology and Mines, or the head of the MINAE portfolio itself, in compliance with legal procedures and formalities; with due reasoning, as can be deduced from the whereas part of each resolution, as illustrated in the proven facts upon which this judgment rests and explained in this same section; all with a valid purpose, supported by the failure to meet an effectiveness requirement that the company did not manage to prove it possessed; with a precise, clear, and possible content, covering both questions of fact and law; and with the objective of satisfying the public interest and in strict application of the regulations governing environmental and mining matters, as well as what is regulated in articles 128 through 145 of the LGAP. Consequently, the Administration, detecting in an exercise that could even be considered mere verification, that once the deadline granted in the conditionally conferred environmental viability had elapsed, for the purpose of fulfilling an obligation established in the legal system governing environmental matters, such as the presentation of the certification of ownership of the property where the developer Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. intended to operate, and failing to prove it even at the moment of issuing this judgment, the resulting logical consequence was to render without effect the act granted by Nombre3456 given the interested party's own inaction, non-compliance that, being taken as proven, left no option but to render without effect the act of viability subject to a condition and close the file, as well as the one relating to the concession, as its operation and exploitation were not feasible without the condition of environmental viability granted by SETENA, a situation that was duly resolved, by means of administrative acts in compliance with the law.
XII.- ON THE IMPROPRIETY OF WHAT IS CLAIMED BY THE PLAINTIFF. According to what was reasoned in the preceding section, despite all the nullity criticisms outlined by the plaintiff, which as we have said have been alleged in a manner that is even redundant, this Chamber finds no existence of any of the indicated defects. We reiterate that the principle of the intangibility of one's own acts could not have been violated, because as we said at the time, in this case a subjective right conferred on the plaintiff company regarding the environmental viability never existed, since from its granting and by the petition made by its legal representative, it was given conditionally, with the responsibility solely resting on it to fulfill the regulatory requirement, which in the specific case, we have already said consisted of the presentation of the property's registry certification. Ergo, by not doing so, the logical consequence was to render without effect the act subject to condition, for doing otherwise would rather imply the violation of the principle of legality contained in articles 11 of the Constitution and 11 of the LGAP. Nor was legitimate expectation (confianza legítima) violated, since this derives from the legal principle of good faith that must govern all legal relationships [see by way of example votes of the First Chamber and the Constitutional Chamber numbers 000150-F-S1-2017 of 14:15 hours on February 21, 2017, and 003263-2006 of 10:50 hours on March 10, 2006, respectively]. In this case, the plaintiff could never allege good faith on its part, being aware from the beginning that, at its own request, Nombre3456 granted it a conditioned environmental viability, so that it could present, within the term of one year, the certification of ownership over the property where it would carry out its activity. For its part, there was also no violation of due process, because what the Administration did was carry out an exercise of mere verification; when the requirement was not met, the environmental viability was simply rendered without effect. Therefore, we consider that no nullity procedure was required nor any declaration of harmfulness (declaratoria de lesividad) needed to be processed, being in the presence of an act subject to a suspensive condition. And here it is worth clarifying that Opinion C-043-2015 rendered at the time by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) was related to the nullity requirement of resolution R-577-2013-MINAE, but not of the environmental viability, the Procurator's Office providing, rather, that the Administration should assess the existence of any nullity that would warrant the declaration of harmfulness of the resolution that granted the concession or of any other final administrative act declaring rights. It was precisely that assessment that was carried out, Nombre3456 concluding that, since the environmental viability had been given conditionally and it was detected that the company did not fulfill the missing requirement, the appropriate action was to render without effect the act issued under condition. Finally, we also insist that all the issued resolutions met all essential elements – formal and material – without there being any deviation of power or arbitrariness, because action was always taken in pursuit of the public interest, which in this case consisted of enforcing the legal system, the existence of the complaint filed at the time by AyA for the alleged affectation of water resources, or the pressures from environmental groups invoked by the plaintiff, being irrelevant, because the truth is that, once the deadline granted by the Administration for the fulfillment of one of the missing requirements in its application before SETENA expired, it did not manage to prove it, its own inaction causing the closure of the proceedings, which leads this Court to believe that, with or without the complaint, the result would have to have been the same. Consequently, the main nullity claim being denied, the other petitions become improper, because the Court could not order that the plaintiff company be recognized as the legitimate and undisputed holder of a quarry exploitation concession, when as of today it does not even have environmental viability, which constitutes an exigency precisely for the concession. Nor could the force and recognition of resolution No. 1836-2013-SETENA, by which the environmental viability license was granted, be declared, since we already explained that it, from the beginning and because the legal representative of the firm Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. himself so required, was conditioned, it being duly proven in the case record that such company never fulfilled the required commitment, which resulted in the closure of the proceedings. Similarly, the petition tending to order the Directorate of Geology and Mines, Nombre3456, and the Ministry of Environment and Energy to refrain from disturbing the company in the enjoyment and exercise of a right it never acquired, according to what has already been explained, is improper, because the administrative actions were the product of the company's own inertia. Finally, and for logical and consequent reasons, under the principle “accessorium sequitur principale,” that is, the accessory follows the fate of the principal, the patrimonial claim to condemn the State to pay the damages and losses required by the plaintiff lacks foundation, because all the actions and resolutions issued are in accordance with the law, and the requested indexation must also be rejected. As matters stand, the only possible option in relation to the known claim is to declare it without merit in all its aspects, as is indeed ordered.
XIII.- ON THE ALLEGED DEFENSES. Within its list of defenses, the State alleged lack of interest and expiry (caducidad), partially regarding some of the challenged resolutions, as well as lack of right. In relation to the lack of interest, it must be said that, in accordance with what was previously outlined, such defense must be upheld with respect to the challenge of the resolutions identified in the plaintiff's petition table with letters a) and b), that is, No. 1274-2014-SETENA of 11:00 hours on June 26, 2014, and No. 645 of 14:00 hours on June 30, 2014, from the Directorate of Geology and Mines, since they were duly superseded by subsequent resolutions from the cited administrative bodies, making it pointless to issue any pronouncement on said acts that disappeared from the legal world. As for expiry, the State alleged it regarding resolution No. 1187-2015-SETENA of 11:55 hours on May 25, 2015, which rejected the request for an extension of the deadline to provide the property title and closed the environmental viability file, as well as regarding resolution R-275-2015 of 07:00 hours on September 21, 2015, which confirmed the closure, identified in the plaintiff's petition table with letters c) and e). For the State, despite being duly notified, such resolutions were challenged in the judicial venue once the annual period provided for in article 39 of the Contentious Administrative Procedure Code had elapsed. Regarding such defense, the criterion of this Chamber is that it must be rejected, since, as was evidenced in the proven facts upon which this judgment rests, the cited resolutions were initially suspended by this very Court, due to the interim measure ante causam filed within judicial file number 14-002931-1027-CA, and so ordered by the Administration itself, although later, as we already explained, upon the withdrawal from the cited judicial cause, they again had full effect, which were maintained, so that far from being acts of instantaneous effects, they continued and were perpetuated over time, to the point of being part of the main object of this lawsuit, as they refer to the determination made regarding the conditionally granted environmental viability. Finally, regarding the defense of lack of right, it must be upheld with respect to the remaining claims, since, as this Court has previously explained, what is claimed by the plaintiff is not acceptable.
XIV.- ON COSTS. According to the regulation of article 193 of the Contentious Administrative Procedure Code, personal and procedural costs constitute a burden imposed on the losing party for the fact of being so, and their waiver is only appropriate when, in the Court's judgment, there is sufficient reason to litigate, or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In the case under study, this Chamber considers that no valid cause for waiver exists, so the appropriate action is to condemn the losing plaintiff to pay both costs and the interest they generate, which will be liquidated in the enforcement stage.
THEREFORE
The defense of expiry is rejected; the defense of lack of current interest is partially admitted regarding the resolutions challenged in parts a) and b) of the first claim; the defense of lack of right is upheld regarding the rest of the claims put forth. Consequently, the filed lawsuit is declared without merit in all its aspects. The company Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., as the losing party, is condemned to pay the procedural and personal costs in favor of the State, as well as the interest they generate, to be liquidated in the judgment enforcement stage. LET IT BE NOTIFIED.- Francisco Hidalgo Rueda Karla Madriz Martínez Carlos Zamora Campos *W8SXYB547BQE61* CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - DECISOR/A JUDGE *XGIAIO8L2YC61* FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA - DECISOR/A JUDGE *243TBH6RF4SM61* KARLA ALEXANDRA MADRIZ MARTINEZ - DECISOR/A JUDGE Goicoechea, Dirección01 , 50 meters west of BNCR, in front of Dirección18098 . Telephones: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email: ...01 Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALof the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.
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Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Acto administrativo Subtemas:
Denegatoria en cuanto a suspender acto administrativo que impide la explotación de cantera por ausencia de requisito de viabilidad ambiental. Naturaleza del acto administrativo y sus elementos.
Tema: Intangibilidad de los actos propios Subtemas:
Intangibilidad de los actos propios con respecto a la validez y eficacia del acto administrativo.
"VI.- SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO Y LO PRETENDIDO POR LA ACTORA [...]
lo pretendido en el presente asunto por la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. encuentra reparo en esta sede judicial, analizando los copiosos vicios de nulidad, que de manera sumamente reiterativa y hasta desordenada -en criterio de este Tribunal- ha reprochado la parte actora, en relación con las resoluciones administrativas impugnadas, identificadas en su cuadro petitorio [...]
Sobre todas ellas, alegó la parte actora sendos vicios de nulidad, que en esencia examinará el Tribunal en tres apartados puntuales: i) la transgresión al principio de intangibilidad de los actos propios, al considerar válida la viabilidad ambiental otorgada en su momento por la SETENA; ii) la violación al debido proceso, por estimar que la Administración no siguió el procedimiento legal para dejar sin efecto dicha viabilidad y la concesión otorgada en su favor; iii) la vulneración de los elementos formales y esenciales de los actos administrativos, citando por ejemplo la falta de competencia, la ausencia de motivo y contenido, así como la falta de un fin válido, lo que a su vez implicó desviación de poder [...]
VII.- SOBRE LA INTANGIBILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS [...] tanto la Sala Constitucional como la Sala Primera, son contestes en señalar que el principio de intangibilidad de los actos propios, que estima violentado la parte actora, encaja cuando ha mediado un acto declaratorio de derechos dictado a favor de un administrado y es ante este supuesto que la Administración tiene vedada la posibilidad de decretar la nulidad de oficio, por lo que deberá seguir los cauces procedimentales establecidos en el ordenamiento jurídico, según lo indicado supra. Tener claro este supuesto es esencial, pues examinaremos luego si el acto que le otorgó la viabilidad ambiental a la empresa actora, identificado como N° 1836-2013-SETENA de las 11:45 horas del 10 de julio del 2013, le confirió un verdadero derecho subjetivo a la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., y si por ende, requería la Administración tramitar un procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, o bien, la declaratoria de lesividad para suprimir dicho acto [...]
IX.- SOBRE LA NATURALEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SUS ELEMENTOS [...]
Debido al ataque puntual de la actora, en torno a la falta de los elementos esenciales de los actos administrativos dictados, estima oportuno este Tribunal tan solo recordar, que estos constituyen una declaración o manifestación intelectual de voluntad, deseo, juicio o conocimiento, emitido por una Administración Pública, en ejercicio de una potestad administrativa, sometido al Derecho Administrativo y al principio de legalidad y dirigido a producir efectos jurídicos, por medio del cual se cumple la última ratio de la Administración, que consiste en satisfacer los intereses colectivos o interés público [...]
X.- SOBRE LA VIABILIDAD AMBIENTAL OTORGADA A LA EMPRESA ACTORA [...]
Y aquí ha de destacarse también, tal y como lo precisó el Tribunal en los hechos probados, que la empresa realizó al menos dos solicitudes de prórroga del plazo conferido para los efectos de aportar la certificación requerida, una en fecha 25 de junio del 2014 y otra el día 05 de mayo del 2015, aceptando con ello la obligatoriedad que tenía de cumplir con un requisito normativo sine qua non, que aún hoy día, al momento del dictado de esta sentencia no ha logrado acreditar. En virtud de lo anterior, es criterio de esta Cámara, que la supra citada resolución N° 1836-2013-SETENA, siempre estuvo condicionada, por lo que pese a ser válida, no llegó a cumplir el requisito de eficacia para lograr la perfección del acto y desplegar sus efectos jurídicos, lo que implica que tampoco le pudo llegar a conferir un verdadero derecho subjetivo a la empresa demandante, sino tan solo una mera expectativa, que para poder consolidarse dependía exclusivamente de ella misma, con tan solo aportar el requisito que su propio representante se comprometió a cumplir, sea, la certificación de propiedad del inmueble. Teniendo claro el panorama expuesto, en el apartado siguiente nos abocaremos a analizar si las resoluciones impugnadas se encuentran ajustadas a derecho, o si por el contrario, contienen alguno de los rebosantes vicios de nulidad reprochados por la parte accionante [...]
XII.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LO PRETENDIDO POR LA DEMANDANTE [...]
De igual forma, resulta improcedente la petición tendiente a que se le ordene a la Dirección de Geología y Minas, a la SETENA y al Ministerio de Ambiente y Energía, que se abstengan de perturbar a la empresa en el goce y ejercicio de un derecho que nunca adquirió, según lo ya explicado, pues las actuaciones administrativas fueron producto de la propia inercia de la empresa. Finalmente y por razones lógicas y consecuentes, al amparo del principio “accessorium sequitur principale”, sea que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, carece de fundamento el pedimento patrimonial para que se condene al Estado al pago de los daños y perjuicios requeridos por la accionante, pues todas las actuaciones y resoluciones dictadas resultan conformes a derecho, debiendo rechazarse también la exigencia realizada de la indexación [...]".
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PROCESO DE CONOCIMIENTO ACTOR ECO PROYECCIONES DEL NUEVO MILENIO S.A.
DEMANDADO EL ESTADO N° 113-2020-VII TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SÉTIMA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- Goicoechea, Dirección18094 , a las ocho horas con treinta minutos del día veinte de octubre del año dos mil veinte.
PROCESO DE CONOCIMIENTO incoado por la empresa ECO PROYECCIONES DEL NUEVO MILENIO S.A, poseedora de la cédula jurídica número CED122678, representada por el señor Nombre103708 , mayor, abogado, casado, vecino de Alajuela, portador de la cédula de identidad número CED122679, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma, en contra del ESTADO, quien actúa a través de la señora Nombre32347 , mayor, abogada, titular de la cédula de identidad número CED122680 vecina de San José, en su carácter de Procuradora Adjunta, según Acuerdo del Ministerio de Justicia Nº 051-MJP del 11 de marzo del 2015.
RESULTANDO
1.- Mediante escrito de demanda presentado en fecha 24 de abril del 2019, la parte actora solicitó las siguientes pretensiones: “1.- Se declaren absolutamente nulas y disconformes con el ordenamiento jurídico las siguientes resoluciones: a) Nombre3456 No. 1274-2014 de las 11 horas de 26 de junio de 2014, b) Dirección de Geología y Minas No. 645 de 30 de junio, c) Nombre3456 No. 1187-2015-SETENA de las 11:55 hrs. de 25 de mayo de 2015, d) Nombre3456 No. 1611-2015-SETENA de 14 de julio de 2015; e) Ministro de Ambiente y Energía R-275-MINAE de 21 de septiembre de 2015; f) Dirección de Geología y Minas No. 385-2017 de las 14:30 hrs. de 21 de noviembre de 2017, g); (sic) g) Dirección de Geología y Minas No. 92-2018 de las 14 hrs. de 16 de abril de 2108 (sic) y h) Ministerio de Ambiente y Energía R-127-2018MINAE de las 9:35 hrs. de 25 de abril de 2018. 2.- Se declare y reconozca que Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., cédula jurídica No. CED122678, es la titular legítima e indiscutida de una concesión de explotación de cantera (Tajo Asunción) y de los derechos reales administrativos inherentes que derivan de la misma, otorgada por Resolución No. R-577-2013-MINAE de 2 de diciembre de 2013. 3.- Se declare y reconozca que a Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., cédula jurídica No. CED122678, mediante resolución de la Nombre3456 No. 1836-2013-SETENA de las 11:45 hrs. de 10 de julio de 2013 se le otorgó la licencia de viabilidad ambiental respecto de esa explotación (Tajo Asunción). 4.- Se le ordene a la Dirección de Geología y Minas, a la Nombre3456 y al Ministerio de Ambiente y Energía, se abstengan de perturbar a Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., cédula jurídica No. CED122678, en el goce y ejercicio de la titularidad de la concesión de explotación de cantera y de los derechos reales derivados de ésta, por todo el plazo que le fue originalmente concedido. 5.- Se condene al Estado al pago de los daños y perjuicios provocados a Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., cédula jurídica No. 3-101-395645, derivados de las actuaciones y resoluciones ilegales antes indicadas, por no haber podido extraer, explotar, comercializar el yacimiento y ejercido los derechos reales inherentes a la concesión, hasta la fecha y hasta tanto no se disponga por medida cautelar que continúe y se haga efectiva la extracción y explotación o se declare, en firme, la nulidad absoluta de las resoluciones indicadas en el punto 1, para que el Tajo entre en funcionamiento efectivo. 6.- Se condene al Estado, una vez convertida la obligación de valor de condena al resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados en obligación dineraria, al reajuste o indexación de las sumas debidas hasta su pago efectivo. 7.- Se condene al Estado al pago de las costas personales y procesales”. (véase las imágenes 2-45 del expediente judicial digitalizado) 2.- Dentro del emplazamiento conferido por el Tribunal, por escrito presentado el día 04 de julio del 2019, la representación del Estado contestó en forma negativa la demanda, interponiendo la defensa previa de caducidad y las excepciones de falta de interés actual y de falta de derecho, solicitando la condenatoria en costas para la parte contraria, junto con sus respectivos intereses. (ver al respecto las imágenes 370-463 ibídem) 3.- Mediante memorial presentado al despacho en fecha 26 de agosto del 2019, la empresa actora realizó una ampliación y ajuste de los fundamentos de su demanda, basándose en el numeral 95.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo. (véase las imágenes 574-589 ibídem) 4.- En fecha 28 de agosto del 2019 dio inicio la Audiencia Preliminar regulada en el artículo 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, donde como aspecto de saneamiento, la Jueza Tramitadora determinó que no se había conferido la audiencia de ley al Estado, en relación con el ajuste realizado por la parte actora, por lo que la diligencia tuvo que ser suspendida. (así consta en minuta de la Audiencia visible en las imágenes 590-592 del expediente judicial y en la grabación de la diligencia) 5.- Mediante memorial presentado el día 04 de setiembre del 2019, la representante del Estado apersonada a los autos manifestó su inconformidad con los ajustes y ampliación alegada por la empresa actora, estimándola improcedente. (véase las imágenes 593-606 ibídem) 6.- En fecha 15 de octubre del 2019 continuó la Audiencia Preliminar normada en el canon 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, donde ninguna de las partes alegó aspectos de saneamiento. La parte actora ratificó sus pretensiones, tal y como se precisaron en el primer resultando de este fallo. La Jueza Tramitadora reservó la defensa previa de caducidad para ser resuelta en sentencia, al no estimarla evidente y manifiesta; se determinaron los hechos controvertidos para el proceso y se admitió solamente prueba de carácter documental, por lo que las partes procedieron a rendir sus conclusiones. (consúltese minuta de la Audiencia Preliminar en imágenes 616-620 de los autos y su soporte electrónico) 7.- El presente asunto fue remitido a la Sección Sétima de este Tribunal para el fallo en definitiva el día 05 de octubre del 2020, según el rol que lleva el Despacho. (los autos) 8.- En la sustanciación del proceso se han seguido las prescripciones de rigor, sin observar vicios u omisiones susceptibles de generar nulidad o indefensión a las partes.
Se dicta esta sentencia por unanimidad, previas las deliberaciones de rigor y con la redacción del Juez Hidalgo Rueda.
CONSIDERANDO
I.- INTROITO NECESARIO. De pleno inicio valga explicar, que la documentación de interés para resolver este proceso es sumamente basta, la cual consta alguna anexada al expediente judicial electrónico aportada por la parte actora, así como otra dentro de los expedientes administrativos aportados por el Estado en forma digitalizada; no obstante, la documentación se encuentra sumamente desordenada, con documentos duplicados y algunos no ordenados cronológicamente, por lo que es menester hacerle un llamado de atención a la Administración demandada, pues es su deber brindar colaboración con la autoridad judicial, así como el cumplimiento de los preceptos legales, tales como el artículo 51 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que reza: “1) El expediente administrativo deberá aportarse, cuando así corresponda jurídicamente, mediante copia certificada, debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico. La Administración conservará el expediente original. 2) En la certificación del expediente administrativo deberá consignarse que corresponde a la totalidad de las piezas y los documentos que lo componen a la fecha de su expedición”. Pese a ello, estima el Tribunal que lo apuntado no constituye ningún vicio de nulidad, pues las piezas de interés para resolver la controversia jurídica que enfrenta a las partes se indicarán expresamente, ya sea haciendo referencia a las imágenes correspondientes del expediente judicial, o bien, de los expedientes administrativos Placa31815° y/o el Placa31814° de la Dirección de Geología y Minas. Además, advierte esta Cámara, que dejará de lado las actuaciones y/o resoluciones que refieran a las tramitadas ante la sede jurisdiccional agraria, así como las relacionadas con una denuncia presentada ante el Tribunal Administrativo Ambiental y ante la Fiscalía Adjunta Penal Ambiental, toda vez que si bien tienen alguna relación con las resoluciones emitidas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en adelante Nombre3456 y/o por la Dirección de Geología y Minas aquí impugnadas, no tienen relación estrecha con el objeto del presente proceso.
II.- SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Aclarado lo expuesto en el aparte anterior, por encontrar sustento en los elementos de convicción que en su apoyo se citan, se tienen por acreditados los siguientes hechos:
III.- SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. De tal naturaleza y de trascendencia para este proceso, se tienen por indemostrados los siguientes hechos:
IV.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA. En forma resumida y sin perjuicio de la totalidad de manifestaciones expresadas, señaló el mandatario judicial de la parte actora, que en fecha 13 de julio de 2011 la empresa inició los trámites para llevar a cabo el proyecto Tajo Asunción ubicado en Matama de Limón, para desarrollar mediante una concesión de explotación de cantera con fines industriales para la extracción y venta de rocas con condiciones especiales de impermeabilidad y durabilidad para la construcción de diques, rompeolas y otras construcciones sumergidas en puertos. Luego, dijo, el 10 de julio de 2013, mediante resolución N° 1836-2013-SETENA de las 11:45 horas, la Nombre3456 dispuso lo siguiente: a) Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., para desarrollar el proyecto "Tajo Asunción", b) "otorga (sic) la VIABILIDAD AMBIENTAL al proyecto". Posteriormente, el 02 de diciembre de 2013, mediante resolución N° R-577-2013-MINAE, el Poder Ejecutivo le otorgó a la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., la "concesión de explotación de materiales de un Tajo ubicado en Asunción, distrito: 04 Matama, cantón: 01 Limón, provincia: 07 Limón por el plazo de 25 años, con una tasa de extracción máxima de 1.200.000 m3 por año". Manifestó, que el 06 de enero del 2014 fue inscrita en el Registro Nacional Minero la concesión otorgada a la empresa, fecha a partir de la cual el concesionario puede ejercer todos los derechos reales administrativos inherentes a la misma; no obstante, el 29 de mayo de 2014, ante el cambio de Gobierno en la Administración Solís, el Poder Ejecutivo nombró un órgano director para determinar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la resolución N° R-577-2013-MINAE, por haberse otorgado la concesión sin ser la citada empresa propietaria del inmueble o contar con el permiso del propietario. Luego, el 26 de junio de 2014, mediante resolución N° 1274-2014-SETENA de las 11:00 horas, la Nombre3456 acogió un "recurso de nulidad" contra la resolución N° 1836-2013-SETENA que había otorgado la viabilidad ambiental, presentado por el sub-gerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, al estimar, erróneamente ese funcionario, que en el terreno que comprende el proyecto de la empresa actora, supuestamente, existía un proyecto de acueducto, el que ulteriormente se llegó a demostrar, plenamente, que no existía. Narró la actora, que en dicha resolución se dispuso, en lo que interesa, lo siguiente: a) Que de previo a declarar la nulidad evidente y manifiesta de la resolución N° 1836-2013-SETENA que otorgó la viabilidad ambiental debía cumplirse con el procedimiento del artículo 173 LGAP, b) se ordenó la suspensión de la viabilidad ambiental y paralizar obras y actividades, hasta tanto se resuelva la gestión de nulidad que se está proponiendo y c) remitir el expediente al Ministro de Ambiente para que procediera a nombrar órgano director de procedimiento tendiente a declarar la nulidad evidente y manifiesta, ex artículo 173 LGAP, de la resolución 1836-2013-SETENA. Prosiguió, que el 30 de junio de 2014, la Dirección de Geología y Minas mediante resolución N° 645 de las 14:00 horas, sustentándose en la resolución N° 1274-2014-SETENA que dispuso como medida cautelar la suspensión del otorgamiento de la viabilidad ambiental otorgada, ordenó "Ia inmediata suspensión de labores de destape, de extracción de materiales y quebrado de los mismos, en el área que ocupa el expediente administrativo N° 2753, que es Concesión de Explotación de Cantera, proyecto denominado Tajo Asunción a favor de la sociedad Eco Proyecciones de Nuevo Milenio (...) Se apercibe a la concesionaria, que (...) debe acatar la orden de suspensión de labores aquí emitida". Ante ello, refirió, que el 04 de julio del 2014, la empresa presentó los recursos de revocatoria y de apelación contra esa resolución N° 645 de la Dirección de Geología y Minas, pero mediante resolución N° 724 de la Dirección de Geología y Minas de las 09:25 horas del 30 de julio del 2014, se desestimó la revocatoria, por lo que el 21 de agosto de 2014, el apoderado de la empresa, le solicitó a la citada Dirección, revisar en el sitio del tajo, los acopios existentes de material extraído antes de la resolución N° 1274-2014-SETENA para poder egresarlos del inmueble, dado que ya habían sido comercializados. Esta gestión no fue respondida a su representada por la Dirección de Geología y Minas por lo que ese material no ha podido ser efectivamente comercializado y egresado del inmueble, pese a la existencia de una concesión válida. Añadió que el 18 de febrero del 2015, mediante resolución N° 39-2015-MINAE de las 09:20 horas, el Ministro rechazó el recurso de apelación contra la resolución N° 645 de la Dirección de Geología y Minas. Indicó además la parte actora, que el 03 de marzo de 2015, la Procuraduría General de la República rindió el dictamen C-43-2015, mediante el que se pronunció sobre la solicitud de nulidad evidente y manifiesta presentada por el Poder Ejecutivo contra la resolución N° R-577-2013 que otorgó la concesión. En este dictamen, se dispuso que no es un requisito legal que el concesionario tenga que aportar certificación registral de propiedad o permiso del propietario del inmueble donde se desarrolla el proyecto, por lo que ese órgano consultivo estimó que no existía ninguna nulidad absoluta, evidente y manifiesta, en la viabilidad ambiental y el otorgamiento de la concesión de explotación de cantera. Agregó, que luego el día 06 de marzo de 2015, mediante resolución N° R-0065-2015-MINAE de las 11:00 horas, el Poder Ejecutivo dispuso archivar el procedimiento ordinario iniciado para la declarar la supuesta nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la resolución N° R-577-2013 que otorgó la concesión, dado el dictamen negativo rendido por la PGR. En fecha 08 de mayo de 2015, mediante resolución N° 1091-2015-SETENA de las 14:00 horas, ese órgano conoció del recurso de revocatoria y apelación planteado por el apoderado de la empresa contra la resolución N° 1274-2014-SETENA y dispuso lo siguiente: a) Que al no configurarse los presupuestos para la medida cautelar dispuesta en la resolución 1274-2014-SETENA de suspensión del proyecto de tajo, debe levantarse la misma y b) desistir de la designación de un órgano director y apertura de un procedimiento ordinario para conocer de la inexistente nulidad absoluta, evidente y manifiesta, de la viabilidad ambiental concedida en la resolución N° 1836-2011-SETENA. Por su parte, el 25 de mayo de 2015, por resolución N° 1187-2015-SETENA de las 11:55 horas, al conocer de una solicitud de prórroga del apoderado de la empresa para presentar certificación de propiedad del área del proyecto y una gestión de dos activistas ambientales para que se archivara el expediente por no haber cumplido con ese requerimiento, se dispuso lo siguiente: a) denegar la solicitud de prórroga para presentar la titularidad del inmueble en que se desarrollará el proyecto y b) acoger la solicitud de los dos activistas ambientales, por haber incumplido supuestamente la empresa, la presentación del título de propiedad del inmueble, por lo que se dispuso "dejar sin efecto" la resolución 1836-2013-SETENA que concedió la viabilidad ambiental y ordenó su archivo. En razón de ello, sostuvo el personero de la actora, el 27 de mayo del 2015, su representada presentó los recursos de revocatoria y apelación contra la resolución N° 1187-2015-SETENA, siendo que el 14 de julio de 2015, mediante resolución N° 1611-2015-SETENA de las 13:00 horas, la Nombre3456 rechazó el recurso de revocatoria y estimó que "se mantiene el archivo del expediente por incumplimiento de un requisito de eficacia, todo vez, que no consta en el expediente la aportación del mismo, establecido en la resolución 1836-2013-SETENA, en la cual quedó plasmado como una condición suspensiva de la viabilidad ambiental sujeta a la presentación del Título de Propiedad del inmueble en que se desarrollaría el proyecto, lo anterior en el plazo de un año, razón por la cual la resolución número 1836-2013-SETENA se deja sin efecto, ante el incumplimiento del desarrollador del requisito de eficacia y se ratifica el archivo del expediente". Luego, dijo, el 21 de setiembre del 2015, mediante resolución R-275-2015-MINAE de las 7:00 horas, el Ministro declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución N° 1187-2015-SETENA. Agregó la parte actora, que el 15 de octubre del 2015, mediante oficio DGMCMRHA-117-2014 dirigido por el coordinador minero de la Región Huetar Atlántica a la Directora de Geología y Minas, se constató que en el inmueble donde se ubica el tajo, entre enero y junio del 2014, antes de la primera resolución que suspende la explotación (N° 1274-2014-SETENA) fue acopiado material para un total de 112.916 toneladas de productos procesados, 36 metros cúbicos del lastre cribado y 14.024 toneladas de bloques catalogados como material preparados para labores mineras; lo anterior, indicó, pese a que no se respondió la petición planteada por la empresa actora el 21 de agosto del 2014. Manifestó además el letrado de la accionante, que en fecha 29 de marzo de 2016, este Tribunal Contencioso, mediante auto número 644-2016 de las 15:35 horas, al conocer de una solicitud de modificación de una medida cautelar planteada por la compañía en el expediente judicial N° 14-002931-1027-CA, donde se había decretado una medida ante causam requerida por el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios, entidad que inicialmente, se opuso al proyecto Tajo Asunción, se dispuso acoger la modificación de la medida referida y dispuso lo siguiente: 1) Se revocó la orden dictada por ese Tribunal en la ante causam, tendiente a la suspensión de la concesión de explotación del Tajo Asunción, 2) Se le ordenó a la Directora de Geología y Minas que suspendiera todo efecto jurídico-jurídico de la resolución N° 645 del 30 de junio del 2014 dictada por ese órgano -la que ordenaba la suspensión de labores de destape, extracción y quebrado de materiales-, 3) se le ordenó al Ministro de Ambiente y Energía suspender de inmediato todos los efectos fácticos y jurídicos de la resolución N° 1187-2015-SETENA del 25 de mayo del 2015 que dispuso dejar sin efecto la viabilidad ambiental otorgada a su representada y 4) se le ordenó a ese mismo Jerarca suspender, de inmediato, todos los efectos jurídicos-fácticos de la resolución N° R275-2015-MINAE, la que al conocer la apelación contra la resolución 645 de la DGM confirmó el archivo de la viabilidad ambiental otorgada a la empresa y 5) a partir del dictado de esa resolución jurisdiccional se dispuso que "podrá la empresa Eco proyecciones del Nuevo Milenio S.A., reiniciar las labores de destape, extracción de materiales y quebrado de estos dentro del Tajo Asunción". Posteriormente, la Dirección de Geología y Minas a través de la resolución N° 23-2017 de las 07:30 horas, dispuso el levantamiento de la medida cautelar decretada en la resolución de ese mismo órgano N° 645 de las 14:00 horas del 30 de junio del 2014, pero inexplicablemente, dijo, pese a este levantamiento expreso que equivale a revocar la medida dispuesta en la resolución N° 645 del 2104, en la resolución N° 385-2017 del 21 de noviembre que cancela la concesión se "revive" la N° 645-2014. Por otro lado, afirmó la actora, que el 16 de mayo de 2017, la Sección Primera del Tribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo, mediante resolución N° 201-2017-1 de las 09:10 horas, estimó que, ante el desistimiento del proceso de cognición interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines, las medidas cautelares ante causam modificadas y dispuestas en el auto del Tribunal Contencioso Administrativo 644-2016, se extinguieron. A raíz de lo anterior, el 21 de noviembre del 2017, la Dirección Geología y Minas mediante resolución N° 385-2017 de las 14:30 horas, dispuso "cancelar la concesión de extracción de materiales otorgada a la sociedad Eco Proyecciones El Nuevo Milenio, archivar por ende el expediente administrativo N° 2753 y liberar el área del Padrón Minero", al estimar que el proyecto de la empresa carecía de viabilidad ambiental. Para dictar esta resolución absolutamente nula, ilegal y arbitraria, dijo, el órgano se fundamentó en los siguientes antecedentes: 1) resolución Nombre3456 N° 1274-2014-SETENA de las 11:00 horas del 26 de junio del 2014, 2) resolución Dirección Geología y Minas N° 645 de las 14:00 horas del 30 de junio del 2014, 3) resolución Nombre3456 N° 1187-2015-SETENA del 25 de mayo del 2015, 4) resolución Nombre3456 N° 1611-2015-SETENA de las 13:00 horas del 14 de julio del 2015, 5) resolución MINAE N° R-275-2015 de las 07:00 horas de 21 de setiembre del 2015 y 6) auto de la Sección Primera del Tribunal de Apelación de lo Contencioso Administrativo N° 201-2017-1 de las 09:10 horas del 16 de mayo del 2017. Agregó que el día 27 de noviembre del 2017, la empresa presentó recursos de revocatoria con apelación en contra de la resolución N° 385-2017 de la Dirección de Geología y Minas, pero que el 16 de abril del 2018, mediante resolución N° 92-2018 de las 14:00 horas fue desestimado por dicho órgano y el 25 de abril del 2018, mediante resolución N° R-127-2018-MINAE de las 09:35 horas, el Ministro desestimó el recurso de apelación interpuesto, siendo notificada vía fax, el 5 de mayo de 2018. Ante ello, el 10 de mayo del 2018, se presentó al Ministro gestión de adición y aclaración de la resolución N° R-127-2018-MINAE, la cual fue rechazada ad portas mediante resolución R-160-2018-MINAE de las 09:20 horas del 25 de mayo del 2018 y notificada el 26 de junio siguiente. En criterio de la parte actora, producto de las resoluciones ilegales y absolutamente nulas referidas en su cuadro fáctico, la empresa ha sufrido daños y perjuicios significativos y relevantes, que radican en un menoscabo patrimonial, por haberse ordenado suspender, paralizar, "dejar sin efecto", archivar y cancelar la concesión. Señaló que con tales actuaciones imputables a entes, órganos y funcionarios públicos, la explotación, extracción y comercialización del tajo se ha retrasado, suspendido o paralizado en su ejecución durante un plazo, desesperante, irrazonable, desproporcionado, aberrante, ilegal y arbitrario de más de 5 años y 3 meses. El menoscabo patrimonial consiste en no haber podido explotar, extraer y comercializar en ese lapso de paralización y suspensión, un total de 6.300.000 de metros cúbicos, dato que se extrae, fácilmente, de la resolución que otorgó la concesión, por cuanto en la misma se le autorizó a la empresa explotar un volumen de 1.200.000 metros cúbicos por año, lo que equivale a 100.000 metros cúbicos por mes. Los perjuicios o lucro cesante (ganancias dejadas de percibir o razonablemente esperables) en los 5 años y 3 meses de suspensión y paralización, consisten en los intereses al tipo legal que habría devengado la venta de los 6.300.000 de metros cúbicos de material durante ese período. Dentro de su apartado titulado Derecho, la parte actora alegó primeramente que la viabilidad ambiental (resolución 1836-2013-SETENA de 10 de julio de 2013) y el otorgamiento de una concesión de explotación de cantera o tajo (resolución R-5772013-MINAE del 02 de diciembre del 2013), son, sin lugar a duda, actos favorables o declaratorios de derechos. Alegó que de acuerdo con los artículos 29, 12, 15, 18, párrafo 29, y 28 del Código de Minería, la concesión le otorga al concesionario una serie de derechos reales administrativos sobre el yacimiento como la explotación, extracción, procesamiento, disposición y comercialización de los materiales, por lo que únicamente, pueden ser eliminados o suprimidos del mundo jurídico a través de la anulación del artículo 173 de la LGAP y cualquier otra figura utilizada para lograr ese resultado es absolutamente nula, ilegal y arbitraria, por lo que pide la nulidad de las resoluciones impugnadas. Además, reprochó el personero de la actora, que al no existir una nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la concesión otorgada a la empresa que pudiera ser declarada, la Administración buscó toda suerte de artilugios jurídicos como suspender los efectos jurídicos, "declarar la ineficacia" o cancelar la concesión para lograr el mismo fin u objetivo. Esto constituye una evidente desviación de poder, pues se traduce en el uso de potestades legales para fines distintos, ya que una medida cautelar de suspensión de los efectos de un acto administrativo, la "declaratoria de su ineficacia" o su cancelación, fueron figuras utilizadas para despojar de todo efecto jurídico a unos actos favorables o declaratorios de derechos, dado que, no se podía acudir al artículo 173 LGAP. De igual manera, censuró que la resolución de la Nombre3456 N° 1274-2014 de las 11:00 horas del 26 de junio del 2014, denota una grave ilegalidad, por cuanto, el ordenamiento jurídico administrativo costarricense no prevé la posibilidad para enervar los efectos de un acto favorable de presentar un "recurso de nulidad evidente y manifiesta" ulterior al dictado del acto declaratorio de derechos. Tampoco, el ordenamiento jurídico permite que un ente público (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) totalmente distinto y ajeno al órgano que aprobó el estudio de impacto ambiental y el otorgamiento de la viabilidad ambiental, interponga ese recurso inexistente en la legislación para suspender los efectos jurídicos de un acto favorable, recalcando que el procedimiento para iniciar la declaratoria de una nulidad evidente y manifiesta de un acto declaratorio de derechos se encuentra regulado y establecido en el artículo 173 LGAP, norma que prevé que al término de un procedimiento administrativo ordinario abierto al efecto, emane una declaratoria del Jerarca del órgano o ente administrativo que dictó el acto favorable y previo dictamen favorable de la Procuraduría General de la República. En esa norma, dijo, no se prevé que un ente público, que no fue el que dictó el acto favorable, pueda apersonarse, sin legitimación alguna, para presentar un "recurso de nulidad absoluta evidente y manifiesta" contra un acto administrativo favorable, perfecto y plenamente firme, por lo que dicha impugnación debió haberse rechazado de plano por improcedente. AI actuar de esa forma, señaló que al dictarse la resolución 1274-2014-SETENA se carecía de competencia, como un requisito esencial del acto administrativo contenido en el artículo 67.1 LGAP, incurriendo en el grave vicio de incompetencia absoluta, dado que no se puede conocer de un recurso inexistente. Por otro lado, recalcó que resulta más grave aún el vicio de la orden de paralizar obras y actividades contenido en la resolución impugnada, por cuanto, le falta el motivo como elemento esencial del acto administrativo, al haberse dictado por un recurso inexistente en la legislación y sin estar pendiente un procedimiento administrativo, transgrediéndose el numeral 133 LGAP, que exige que el motivo, esto es los antecedentes fácticos y jurídicos que justifican un acto, debe existir. Estimó de igual forma violentados los artículos 49, párrafo 2° de la Constitución Política, 67.1, 129, 133, 158.1, 166, 173, 131.3, 229 LGAP, 1.1 y 22 CPCA, todo lo cual impone su declaratoria de nulidad absoluta en sentencia. Advirtió además, que mediante la resolución N° 1091-2015-SETENA del 08 de mayo del 2015, se acogió el recurso de revocatoria interpuesto por el apoderado de la empresa contra la resolución N° 1274-2014-SETENA, por lo que dejó a esta última sin efectos jurídicos, concretamente fue revocada o levantada, considerando que no había ningún proyecto del AyA como tampoco daño ambiental, por lo que se estimó que no se configuraban los presupuestos para dictar medidas cautelares, ordenando levantar las contenidas en esa resolución. Adicionalmente, dijo, esa resolución 1091-2015-SETENA, claramente dispuso que se desistía de la designación y apertura de un procedimiento ordinario ex artículo 173 LGAP -dado el dictamen desfavorable de la PGR-, por lo que no existía razón alguna para mantener la medida cautelar y, debe entenderse, extinguida por su eficacia interina o provisional. Así las cosas, el personero de la empresa actora, expresó no entender por qué razón la Dirección de Geología y Minas en la resolución N° 385-2017 del 21 de noviembre del 2017 -que cancela la concesión y archiva el expediente- "resucita" o "revive" la resolución N° 1274-2014-SETENA y le reconoce efectos jurídicos al fundamentarse en ésta, con lo cual se justifica la declaratoria de su nulidad absoluta en sentencia. En cuanto a la resolución de la Dirección de Geología y Minas N° 645 de las 14:00 horas del 30 de junio del 2014, que se sustentó en la N° 1274-2014-SETENA que dispuso suspender la viabilidad ambiental que le otorgaron a la empresa, en criterio de la actora, lo que hace es prolongar la cadena de errores, ilegalidades y nulidades absolutas perpetradas, pues nuevamente, se decreta una medida cautelar autónoma, separada y fuera de todo procedimiento administrativo principal, destacando que la resolución ulterior de la Dirección de Geología y Minas, adoptada más de 3 años después, sea la N° 385-2017 de las 14:30 horas de 21 de noviembre de 2017, se fundamenta, entre otras, en esta N° 645 del 30 de junio del 2014, lo cual resulta irregular, por cuanto la PGR había rendido dictamen negativo en cuanto a la nulidad absoluta evidente y manifiesta el 03 de marzo del 2015 y el Poder Ejecutivo por resolución N° R-0065-2015-MINAE del 06 de marzo del 2015 ordenó archivar el procedimiento ordinario para declarar esa nulidad en sede administrativa ex artículo 173 LGAP, con lo que, lógicamente se extinguió la medida cautelar tomada en la resolución N° 645 del 30 de junio del 2014. Ahondó diciendo, que de acuerdo con el Reglamento al Código de Minería, la Dirección de Geología y Minas no puede adoptar medidas cautelares de "suspensión de labores de destape, de extracción de materiales y quebrado de los mismos", pues lo que puede, según ese precepto citado, es recomendarle al Poder Ejecutivo -Presidente y Ministro del ramo, en este caso MINAE- que adopte esa medida cautelar, pero el órgano competente, por norma reglamentaria expresa, para disponer la medida es el Poder Ejecutivo, conforme al artículo 6, inciso 8, del Reglamento al Código de Minería, el cual tiene lógica jurídica, ya que la concesión la otorga el Poder Ejecutivo, por lo que por el principio del paralelismo de las competencias, el que podría ordenar la suspensión de la explotación o extracción es y debe ser el Poder Ejecutivo. Con ello, indicó, la Dirección de Geología y Minas, dictó una medida cautelar sin procedimiento administrativo principal, pero, además, y los más grave, sin competencia para emitirla, usurpando las competencias del Poder Ejecutivo e incurriendo en un claro vicio de exceso de poder, además de la ausencia de motivo, por cuanto, no se sustentó en informe o dictamen técnico-geológico o ambiental alguno, como lo impone la norma reglamentaria. Ahora bien, en relación con la resolución N° 1187-2015-SETENA de las 11:55 horas del 25 de mayo del 2015, por la que se denegó la solicitud de prórroga de la empresa para presentar el título de propiedad del inmueble en el que se desarrolla el proyecto, reprochó que parte de dos premisas absoluta y completamente falsas que son las siguientes: 1) Que la presentación del título de propiedad sobre el inmueble que recae la concesión de explotación de cantera, sea un requisito impuesto por el ordenamiento jurídico. 2) Que la presentación de ese requerimiento (establecido en la resolución N° 1836-2013-SETENA que concedió la viabilidad ambiental, asuma la naturaleza jurídica de una "condición suspensiva" o requisito de eficacia. Sobre ello, dijo que resulta verdaderamente, inaudito, fuera de toda razonabilidad y lógica que habiendo la PGR emitido el dictamen C-43-2015 del 03 de marzo del 2015 días antes, se llegara a dictar después la resolución N° 1187-2015-SETENA del 25 de mayo del 2015, con tales presupuestos y argumentos, pues más de un mes antes de ser dictada esa resolución, en dictamen vinculante la PGR indicó, expresamente, que la normativa legal y reglamentaria aplicable a la materia no exige o impone que el concesionario presente título registral de propiedad o permiso del propietario del inmueble donde se realizará la explotación. Ergo, ¿cómo es posible que se dictara la resolución N° 1187-2015-SETENA del 25 de mayo del 2015, si ya existía el dictamen de la PGR C-43-2015?. Acusó también la accionante, que la Nombre3456 cedió ante la presión de algunos activistas ambientales que pedían el cumplimiento del requerimiento ya indicado (certificación de propiedad o permiso del propietario) y el archivo del expediente, lo cual se denota del resultando noveno de la resolución N° 1187-2015-SETENA que indica: "NOVENO: Que consta en el expediente solicitud de archivo definitivo del expediente por el señor Nombre114078 y Nombre154295 (...) por considerar que: ... la empresa promovente incumplió el plazo otorgado (...) sin que conste (…) ningún motivo de justificación (...), solicita se archive el expediente, se cancele la viabilidad ambiental (...)". Pero la SETENA, ahondó, no solo cedió a presiones y pretensiones ilegales de activistas ambientales, sino que también puso de manifiesto el propósito y la intención de utilizar figuras previstas inviables en el ordenamiento jurídico, como la condición suspensiva, para "dejar sin efecto" la viabilidad ambiental, lo que denota el uso de potestades legales para fines distintos y constituye una clara e inequívoca desviación de poder. Así, la Nombre3456 se inventó una condición suspensiva inexistente, para justificar el acto de "dejar sin efecto", lo cual no existe en el Derecho Administrativo costarricense, y lograr así el fin espurio o ilegítimo que se había propuesto -por presión de ambientalistas y prejuicios pseudo proteccionistas del ambiente de algunos funcionarios- de despojar de todo efecto jurídico un acto administrativo plenamente válido, favorable y declaratorio de derechos, saltándose la observancia de los requisitos materiales y del procedimiento pautados en el artículo 173 LGAP. Con ello, añadió, es notoria también la violación del artículo 303 LGAP que establece la regla de que los dictámenes son vinculantes a texto expreso o por disposición legal específica, siendo que el ordinal 29 de la Ley Orgánica de la PGR regula que sus dictámenes son vinculantes para la Administración que consulta -en este caso MINAE y todos sus órganos como la SETENA- y toda la Administración. La desviación de poder apuntada, provoca que la resolución carezca, también, de fin, lo que es sumamente grave por ser un requisito indispensable y esencial del acto, con lo que se violentó también el artículo 131 LGAP. La ausencia de motivo y fin provoca, inexorablemente, la nulidad absoluta de la resolución por lo dispuesto en los artículos 158 y 166, que también han sido quebrantados por la resolución N° 1187-2015-SETENA. Por su parte, atacó la demandante la resolución N° 1611-2015-SETENA del 14 de julio del 2015 que denegó su recurso de revocatoria, pues en su criterio, comparte los mismos vicios de ilegalidad expuestos, al confirmar la resolución N° 1187-2015-SETENA. En igual sentido, censuró la nulidad de la resolución R-275-MINAE de 21 de setiembre del 2015 dictada por el Ministro, donde conoció y resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución N° 1187-2015-SETENA, arrastrando los mismos vicios de ilegalidad apuntados y ser contraria a los ordinales 49, párrafo 2° de la Constitución, 131.1, 132, 133, 145, 158.1, 166, 173, 199, 303 LGAP, 1.1 CPCA y 29 de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En lo que toca a la resolución de la Dirección de Geología y Minas N° 385-2017 del 21 de noviembre del 2017, indicó la parte actora que reviste los mismos vicios de nulidad señalados, pues se fundamenta en las 5 resoluciones administrativas previas, concretamente las siguientes: 1) 1274-2014-SETENA, 2) 645 de la Dirección de Geología y Minas, 3) 1187-2015-SETENA, 4) 1611-2015-SETENA y 5) R-275-2015 del Ministro, afirmando, falaz y temerariamente, que se "encuentran vigentes a la fecha, siendo válidos y eficaces sus efectos, dado que no han sido revocadas o anuladas", de esta manera, dijo, "revive" o "resucita" resoluciones y medidas cautelares cuyos efectos jurídicos se habían levantado, extinguido o caducado. Tal resolución de la Dirección de Geología y Minas N° 385-2017, dispuso, nada menos y nada más que "cancelar la concesión de extracción de materiales otorgada a la sociedad Eco Proyecciones El Nuevo Milenio, archivar por ende el expediente administrativo No. 2753 y Iiberar el área del Padrón Minero". No obstante, dijo, la empresa sí contaba, positivamente, con la viabilidad ambiental, puesto que, fue concedida por virtud de la resolución N° 1836-2013-SETENA del 10 de julio del 2013, que no ha desaparecido del mundo jurídico y no ha sido anulada por los medios que permite la ley, teniendo los mismos vicios de falta de competencia y de motivo que las anteriores, amén de violentar el debido proceso estatuido en el numeral 67 del Código de Minería, que marca la pauta y establece un procedimiento para garantizar el debido proceso en la cancelación de una concesión, que no cabe en el presente caso por cuanto la empresa no ha incumplido ninguna condición impuesta por ley o reglamento. En definitiva, agregó, dado que la compañía nunca incumplió condiciones legales o reglamentarias, que toda suspensión o paralización de la explotación es imputable a las medidas cautelares y resoluciones arbitrarias e ilegales dictadas por los propios órganos administrativos, no se cumplió con el debido proceso normado en el ordinal 67 del Código de Minería y la resolución de cancelación no fue dictada por el Ministro de Ambiente y Energía, siendo claro que la resolución hace gala de la ausencia de motivo como elemento esencial del acto administrativo, así como de contenido y fin. En cuanto a la resolución del Tribunal de Apelaciones N° 201-2017 de las 09:10 horas de 16 de mayo de 2017, señaló la actora, que dicho órgano de alzada no se refirió a la validez o no de las resoluciones y medidas cautelares adoptadas en sede administrativa ni le ordenó absolutamente nada a ninguna autoridad administrativa. Por lo que resulta un sin sentido que la resolución que cancela la concesión se fundamente en este auto vertido en la sede jurisdiccional, siendo evidente de nuevo y queda acreditada la tergiversación incluso de resoluciones judiciales para darle fundamento a la ilegal y absolutamente nula cancelación de la concesión. En criterio de la demandante, todas las resoluciones impugnadas, fueron dictadas en clara violación del principio de intangibilidad de los actos propios (artículos 79, 158.3 y 173 LGAP), pues es claro que la resolución N° 1836-2013-SETENA de las 11:45 horas del 10 de julio de 2013, por medio de la cual la Nombre3456 le aprobó a su representada el Estudio de Impacto Ambiental y le otorgó la viabilidad ambiental, así como la resolución N° R-577-2013-MINAE del 02 de diciembre del 2013 que le otorgó la concesión de explotación de cantera, son actos favorables o declaratorios de derechos subjetivos que ampliaron su esfera jurídica patrimonial. Justamente ante ello, indicó que el monto de los 6.300.000 de metros cúbicos no extraídos al 06 de abril de 2019 y todos los que no se puedan extraer y cuantificar hasta que no se suspendan cautelarmente o se anulen mediante sentencia firme todas las resoluciones ilegales y absolutamente nulas impugnadas en esta demanda, será liquidado y cuantificado en ejecución de sentencia. Sobre el lucro cesante o la ganancia razonablemente esperable a percibir, dijo que consiste en los intereses al tipo legal que pudo haber recibido su representada producto de la venta hasta el 06 de abril del 2019 de 6.300.000 metros cúbicos de material y que no ha podido recibir. Se trata, también, de un lucro cesante "ex re ipsa" cuya existencia es evidente a partir de la constatación de la suspensión y paralización del proyecto hasta el día de hoy y que puede prolongarse hasta que se dicte una medida cautelar o por sentencia firme se anulen las resoluciones ilegales indicadas, perjuicios que serán cuantificados en ejecución de sentencia.
V.- SOBRE LOS ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA. Al contestar la acción, y a modo de síntesis, la representación estatal apersonada a los autos, empezó diciendo que la empresa ECO PROYECCIONES DEL NUEVO MILENIO S.A. presentó tres procesos de Información Posesoria en sede agraria que fueron improbados mediante las sentencias 02-2004 de las 11:00 horas del 16 de enero del 2004; 03-33 de las 16:35 horas del 15 de mayo del 2013 confirmada por el voto del Tribunal Agrario N° 1001-F-13 de las 13:01 horas del 23 de octubre del 2013; y voto 510-F-17 de las 16:08 minutos del 13 de junio de 2017. En ninguna de las causas, dijo, se demostró ser los poseedores y mucho menos los propietarios del inmueble descrito en el plano catastrado Placa31816. Argumentó, que dentro del expediente administrativo D1-5430-2011-SETENA, se le ordenó a Eco Proyecciones presentar el requisito de la certificación de propiedad dentro del plazo de un año mediante la resolución N° 1836-2013-SETENA del 10 de julio del 2013, la cual no fue impugnada por la empresa ni tampoco se opuso al requisito de la certificación de propiedad, aunque sí solicitó una prórroga para lograr cumplimentar lo requerido. No obstante, esgrimió, la Nombre3456 procedió de conformidad con el principio de legalidad, a rechazar la solicitud de prórroga, ya que se constató que el plano presentado ante el Juzgado Agrario en las diligencias de Información Posesoria era el mismo que había sido rechazado en las otras diligencias, el cual presenta en apariencia condiciones contrarias a las disposiciones del Ordenamiento Jurídico en cuanto a bienes de dominio público, pero que corresponden dilucidarse en otras vías. Aclaró además, que el inmueble descrito en el plano catastrado L-186399-1994 sobre el cual se solicitó en tres ocasiones la aprobación de las Diligencias de Información Posesoria, presenta un 99% del territorio que lo define, dentro de la zona de interés estratégica del proyecto de abastecimiento de agua potable para la Ciudad de Limón, lo que provocó la oposición del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en las citadas diligencias, ya que se acreditó mediante informes, la importancia de reservar ese territorio para abastecimiento de agua a la población de la Provincia de Limón, lo que conllevó a que la autoridad judicial agraria improbara las diligencias posesorias promovidas por la firma Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. sobre el inmueble descrito en el plano catastrado L-186399-1994. En cuanto al cuadro fáctico expuesto por la parte actora, explicó el Estado, que la Nombre3456 dejó sin efecto la viabilidad ambiental mediante resolución 1187-2015-SETENA de las 11:55 horas del 25 de mayo de 2015, considerando que la resolución 1836-2013-SETENA indicó a Eco Proyecciones que “Debe aportar certificación de propiedad del área del proyecto, conforme al principio de proporcionalidad y razonabilidad para cumplir dicha condición, se recomienda otorgar un plazo de un año para la presentación del requisito (…)”, pero la empresa no cumplió con los requisitos y por ello la Nombre3456 dejó sin efecto la viabilidad ambiental y archivó el expediente. Aceptó que la Dirección de Geología y Minas mediante resolución R-385-2017 de las 14:30 horas del 21 de noviembre del 2017 canceló la concesión de extracción de materiales otorgada a Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. por carecer de viabilidad ambiental (debido a un incumplimiento de la propia empresa). Sobre dicha decisión, sostuvo, la desarrolladora interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, mismos que fueron resueltos por resolución 92-2018 de las 14:00 horas del 16 de abril del 2018, donde la Dirección declaró sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución R-127-2018 de las 9:35 horas del 25 de abril de 2018, mediante la que el Ministerio de Ambiente y Energía rechazó la apelación interpuesta contra la resolución R-385-2017. Por su parte, expuso además el Estado, que la Nombre3456 en su resolución N° 1274-2014-SETENA de las 11:00 horas del 26 de junio del año 2014, decretó una medida cautelar de suspensión de la viabilidad ambiental 1836-2013-SETENA de las 11:45 horas del 10 de julio de 2013 para evitar un daño grave e irreparable por el futuro del proyecto del AyA y solicitando a la desarrolladora que presentara la certificación registral de la propiedad (artículo 9.4 del decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC). Al respecto, destacó, que tal medida cautelar fue levantada mediante resolución 1091-2015-SETENA de las 14:00 horas del 08 de mayo del 2015. Sin embargo, mediante auto de medida cautelar número 2090-2014 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo a las 14:10 horas del 27 de agosto del 2014, se ordenó la suspensión de la resolución R-577-2013-MINAE de las 14:15 horas del 02 de diciembre del 2013 a raíz de una solicitud del Sindicato de Trabajadores SINTRAJAP. Posteriormente, la Nombre3456 dictó la resolución 1187-2015-SETENA de las 11:55 horas del 25 de mayo del 2015 archivando el expediente de viabilidad ambiental. Así, dijo, la razón por la cual se dejó sin efecto la viabilidad ambiental en mayo del 2015, fue debido al incumplimiento de Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. y en cuanto a la medida cautelar dispuesta por resolución N° 645, adujo que la misma fue levantada mediante resolución 23-2017 de las 7:30 horas del 24 de enero del 2017. En cuanto al dictamen C-043-2015, explicó el Estado, que en él se discutió únicamente si existía o no una nulidad evidente y manifiesta respecto del otorgamiento de la concesión de explotación de cantera otorgada a la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A mediante resolución R-577-2013-MINAE, pero no se analizó ni mucho menos se emitió criterio respecto al tema de la viabilidad ambiental, ni tampoco se expidió criterio sobre el requisito reglamentario que establece la obligación al desarrollador de presentar la certificación de propiedad o inmueble donde se desarrollará la actividad, obra o proyecto, para obtener la viabilidad ambiental. Ello, de conformidad con el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental, Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Sostuvo, que una cosa es solicitar un dictamen de nulidad absoluta y manifiesta de una concesión minera y otra muy diferente es la viabilidad ambiental, siendo que en el dictamen C-043-2015 no se discutieron aspectos relacionados con la viabilidad ambiental. Por demás, admitió la representación estatal las resoluciones dictadas alegadas por la parte actora en los hechos de su demanda, rechazando todas las apreciaciones subjetivas realizadas y los vicios de nulidad apuntados, reconociendo también los recursos interpuestos y las decisiones sobre los mismos. En cuanto a la resolución 645 de las 14:00 horas del 30 de junio de 2014 que ordenó la suspensión de labores, reiteró que fue levantada por resolución 23-2017 de las 7:30 minutos del 24 de enero de 2017. Además, dijo, la Dirección de Geología y Minas mediante resolución 92-2018 aclaró que se trataba de un error material, ya que la resolución N° 1274-2014-SETENA fue levantada mediante la N° 1091-2015-SETENA de las 14:00 horas del 08 de mayo del 2015 y la N° 645 de las 14:00 horas del 30 de junio del 2014, según lo dispuesto por resolución 23-2017 del 24 de enero del 2017. Asimismo, dijo, dicha Dirección enfatizó que ninguno de los argumentos esbozados por la parte recurrente en su recurso de revocatoria, modificaban o alteran el resultado de la resolución 385-2017 de las 14:30 horas del 21 de noviembre de 2017, toda vez que Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. no acreditó contar con viabilidad ambiental, porque le fue archivada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental -órgano técnico legal competente- debido a un incumplimiento de la desarrolladora. Dentro de sus argumentos de derecho, el Estado expresó sus razones para oponerse a la demanda planteada, razonando que la Secretaría Técnica Ambiental otorgó la viabilidad ambiental mediante resolución R-1836-2013-SETENA de las 11:45 horas del 10 de julio del 2013 a favor de Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A, donde se estableció un requisito de eficacia, el cual quedó plasmado como una condición suspensiva de la viabilidad ambiental, sujeta a la presentación de la certificación de propiedad del inmueble en que se desarrollaría el proyecto (artículo 9 inciso 4 del Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC) para lo cual se otorgó el plazo de un año. Según dijo, ese acto administrativo no fue objeto de impugnación por parte de la empresa desarrolladora. Además, manifestó que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (órgano técnico en la materia según artículo 2 de la Ley N° 2726 denominada Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) presentó ante la Nombre3456 un recurso de nulidad contra la resolución 1836-2013 que se resolvió por resolución 1274-2014-SETENA de las 11:00 horas del 26 de junio de 2014, disponiendo la suspensión de la viabilidad ambiental para evitar un daño grave e irreparable por el futuro del proyecto del AyA y solicitando a la desarrolladora la presentación de la certificación registral de la propiedad (artículo 9.4 del Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC). Sobre ello, destacó que tal medida cautelar suspensiva, fue levantada mediante resolución 1091-2015-SETENA de las 14:00 horas del 08 de mayo del 2015, sea hace más de cuatro años, por lo que carece de interés actual. En cuanto a la resolución N° 645 de las 14:00 horas del 30 de junio del 2014 donde la Dirección de Geología y Minas ordenó la suspensión de labores, explicó que tal medida fue levantada mediante resolución 23-2017 de las 7:30 horas del 24 de enero del 2017, por lo que carece también de interés actual. De igual forma explicó el Estado, de conformidad con la resolución 1187-2015-SETENA de las 11:55 horas del 25 de mayo de 2015, Nombre3456 ordenó el archivo del expediente 5430-2011-SETENA y por tanto dejó sin efecto la viabilidad 1836-2013-SETENA del 10 de julio de 2013, debido a un incumplimiento de Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., decisión que fue apelada por Eco Proyecciones y mediante resolución 1611-2015-SETENA de las 13:00 horas del 14 de julio de 2015 se rechazó el incidente de nulidad interpuesto contra la resolución 1187-2015-SETENA y elevó el recurso de apelación ante Despacho Ministerial que declaró sin lugar el recurso mediante resolución R-275-2015 de las 9:35 horas del 21 de setiembre del 2015. Posteriormente, la Dirección de Geología y Minas mediante resolución R-385-2017 de las 14:30 horas del 21 de noviembre del 2017 canceló la concesión de extracción de materiales otorgada a Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. por carecer de viabilidad ambiental vigente. Sobre dicho fallo la desarrolladora interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio, los cuales fueron debidamente atendidos, pues la Dirección de Geología y Minas mediante resolución 92-2018 de las 14:00 horas del 16 de abril de 2018 declaró sin lugar la revocatoria y el Ministerio de Ambiente y Energía mediante resolución R-127-2018 de las 09:35 horas del 25 de abril de 2018 rechazó la apelación. En criterio del Órgano Procurador, todas las resoluciones indicadas anteriormente fueron dictadas de conformidad con las normas que rigen la materia ambiental y minera, los principios de legalidad, objetivación de la tutela ambiental y lo preceptuado por los artículos 128 a 145 de la Ley General de la Administración Pública. En lo tocante a la resolución 1274-2014-SETENA de las 11:00 horas del 26 de junio de 2014, donde se dispuso la suspensión de la viabilidad ambiental para evitar un daño grave e irreparable por el futuro del proyecto del AyA, alegó el Estado una falta de interés actual, pues tal medida cautelar fue levantada mediante resolución 1091-2015-SETENA de las 14:00 horas del 08 de mayo del 2015, aunque defendió que su dictado estuvo conforme a derecho, pues de la lectura de la motivación (fundamentación) del acto cuestionado, claramente se advierte que su objeto lo era la protección y preservación del Río Banano y, ante la denuncia presentada por el AyA, evitar un daño irreversible y garantizar la dotación de agua a la ciudad de Limón, siendo su fin la protección del medio ambiente, cuya base jurídica reside en el derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y en el derecho a la salud. Por otra parte, resaltó que casi dos meses después de emitida la resolución administrativa 1274-2014-SENTENA, el Tribunal Contencioso Administrativo acogió la medida cautelar presentada por SINTRAJAP y ordenó la suspensión de la concesión a favor de Eco Proyecciones S.A, según auto N° 2090-2014-T de las 14:10 horas del 27 de agosto del 2014. Alegó también el Estado, que de los autos queda ampliamente demostrado, que la Empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio no cumplió con el requisito solicitado por la Nombre3456 en resolución 1836-2013-SETENA, siendo que han transcurrido 6 años y sigue sin cumplir. Dicho requerimiento se encuentra en el ordenamiento jurídico, específicamente en el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental -Decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC-. Artículo 9° inciso 4, siendo deber cumplir con este, y de conocimiento de la empresa accionante desde la resolución de viabilidad ambiental 1836-2013-SETENA en el año 2013. En otro orden de ideas, hizo ver el Estado que el rechazo obedeció a una circunstancia cuya responsable fue la propia empresa, lo que en su momento le hizo ver la SETENA, pues en un primer momento, en el 2014, solicitó la prórroga con el fin de presentar el título de propiedad, pero el argumento presentado en el 2015 por el desarrollador, para solicitar la prórroga planteada en el 2014 estaba referido a la segregación de la propiedad. Sin embargo, dijo, es necesario aclarar que la segregación, no es una actividad que corresponde aprobar a Nombre3456, ni un motivo de recibo para justificar una prórroga, constituyendo dicha segregación, un paso previo a gestionar la Información Posesoria pero en la vía judicial, un trámite que le correspondía realizar única y exclusivamente al desarrollador. Además, el título de propiedad es un requisito solicitado y dispuesto por el ordenamiento jurídico, de cumplimiento obligatorio, y un requisito de eficacia con relación a la condición suspensiva, establecida en su momento a favor del proyecto. Por otra parte en la certificación aportada por el desarrollador, se constató que el plano presentado ante el Juzgado Agrario es el mismo rechazado en las otras diligencias, el cual presentaba en apariencia condiciones contrarias a las disposiciones del ordenamiento en cuanto a bienes de dominio público, pero que corresponde dilucidarse en otras vías. Siendo así, afirmó que la resolución 1187-2015-SETENA se emitió de conformidad con lo preceptuado por los artículos 133 (motivo legítimo) y 132 (contenido lícito, posible, claro, preciso y abarcar las cuestiones de hecho y de derecho) de Ley General de la Administración Pública, pues el requisito de aportar la certificación de propiedad es un requisito sine qua non para obtener la viabilidad ambiental de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 31849, artículo 9 inciso 4. Ahora bien, en lo tocante al reproche de que la Dirección de Geología y Minas al emitir la resolución 385-2017 del 21 de noviembre de 2017 se fundamentó en una serie de resoluciones administrativas anteriores, cuyos efectos jurídicos se habían levantado, extinguido o caducado, hizo ver el Estado que en la resolución 92-2018 de las 14:00 horas del 16 de abril de 2018, dicha Dirección, conociendo un recurso de la empresa, explicó en el considerando primero lo siguiente: “(…) debe indicar esta Dirección, que por error en el considerando primero de la resolución 385-2017 del 21 de noviembre del 2017, se indicó que las resoluciones N° 1274- 2014-SETENA y la resolución 645, de la Secretaría Técnica Nacional y de esta Dirección respectivamente, se encontraban vigentes al día de hoy, siendo eso incorrecto, toda vez que mediante la resolución N° 1091-2015-SETENA, se estableció en el Por Tanto que "Al no configurarse los presupuestos requeridos para la imposición de una medida cautelar, según los fundamentos de derecho ya indicados y los argumentos esgrimidos por esta Comisión Plenaria en el acuerdo AICP-73-2014, debe la Administración proceder a/ (sic) levantamiento de las medidas cautelares, contenidas en la resolución N° 1274-2014-SETENA" y mediante la resolución 23-2017 del 24 de enero del 2017, se estableció en el Por tanto que "Con fundamento en el Principio de Paralelismo de las Formas, y considerando que la resolución número 1091-SETENA-2015 (sic) supracitada, procede el levantamiento de las medidas cautelares, contenidas en la resolución N° 1274-2014- SETENA, deviene en improcedente mantener la resolución N° 645 de las catorce horas del treinta de junio del dos mil catorce, mediante la cual esta Dirección, dispone la inmediata suspensión de labores de destape, de extracción de materiales y quebrado de los mismos, en el área que ocupa el expediente administrativo N° 2753, procediendo en este acto o el (sic) levantamiento de la medida cautelar dictada mediante la resolución 645 supra citada por improcedente", con ello, los supuestos vicios de forma en nuestra resolución n° 385-2017, no vienen a modificar o alterar el resultado dentro de las presentes diligencias, por los considerandos que anteceden, en los que se irán desarrollando cada una de las peticiones del recurrente (…)” [las mayúsculas e itálicas, así como el subrayado y destacado en negrita están en la transcripción del Estado]. Por consiguiente, manifestó, contrario a lo afirmado incorrectamente por la actora, no se “resucitaron ni revivieron resoluciones”, pues Geología y Minas aclaró que se trataba de un error material, ya que la resolución N° 1274-2014-SETENA fue levantada mediante la N° 1091-2015-SETENA de las 14:00 horas del 08 de mayo del 2015 y la N° 645 de las 14:00 horas del 30 de junio del 2014 también se levantó según lo dispuesto por resolución 23-2017 del 24 de enero del 2017. Asimismo, dicha Dirección enfatizó que, ninguno de los argumentos esbozados por la parte recurrente en su recurso de revocatoria, modificaban o alteran el resultado de la resolución 385-2017 de las 14:30 horas del 21 de noviembre del 2017. Lo anterior, ya que Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. no acreditó poseer viabilidad ambiental, porque le fue archivada la gestión por la Nombre3456 como órgano técnico-legal competente, dado el incumplimiento de la desarrolladora. Además, ahondó la mandataria estatal, el Ministerio de Ambiente y Energía mediante resolución R-127-2018 de las 9:35 horas del 25 de abril del 2018, rechazó el recurso de apelación de la actora porque no cuenta con viabilidad ambiental; en consecuencia, una concesión minera no puede ni debe explotarse sin la condición otorgada por la Nombre3456 que le da la condición de viable. En relación con el argumento de la accionante, de que la resolución judicial 201-2017 de las 09:10 horas del 16 de mayo de 2017 de la Sección Primera del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no puede ser fundamento para la cancelación de la concesión, precisó la personera estatal, que tal resolución lo que dispuso es que la medida cautelar de suspensión establecida previamente dentro del proceso judicial 14-002931-1027-CA era inexistente, debido al desistimiento de esa causa realizado por el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP). En consecuencia, todos los efectos fáctico-jurídicos contenidos en la resolución N° 1187-2015-SETENA, de las 11:55 horas del 25 de mayo de 2015 (archivo de la viabilidad ambiental) y R-275-2015-MINAE, dictada a las 07 horas del 21 de septiembre de 2015 (confirmación del archivo) ya no se encuentran suspendidos. Reiteró, que Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. no cuenta con el requisito de la viabilidad ambiental, sino que le fue archivada según lo dispuesto por resolución N° 1187-2015-SETENA del 25 de mayo del 2015 y confirmada por resolución R-275-2015-MINAE de las 07:00 horas del 21 de setiembre del 2015. Respecto al ataque de competencia, motivo, contenido y fin de la resolución administrativa 385-2017 del 21 de noviembre del 2017 emitida por la Dirección de Geología y Minas, afirmó el Estado que tal Dirección lo que hizo fue constatar mediante una consulta dirigida a la Nombre3456 -órgano técnico legal para declarar el archivo de una viabilidad ambiental- si la viabilidad ambiental R-1836-2013 se encontraba o no archivada, teniendo claro que el órgano competente para determinar si una empresa cuenta o no con una viabilidad ambiental es la SETENA. Además, la declaración de cuáles fueron las circunstancias de hecho y de derecho que llevaron a la Administración al dictado del acto administrativo 385-2017 del 21 de noviembre del 2017, así como a rechazar la impugnación presentada, se encuentran plasmadas en el desarrollo de sus resultandos y considerandos, constituyendo el medio de prueba para acreditar que la Dirección de Geología y Minas y el Ministerio de Ambiente y Energía, emitieron resoluciones debidamente motivadas, cumpliendo con el principio de legalidad que le rige, actuando apegados a derecho. Por ello, no ha incurrido la Administración cuestionada, en las causales de vicio de legalidad y nulidad que formula la actora, por cuanto, se expresan motivo, contenido, competencias, objeto, finalidad y enunciación de efectos dispuestos de los actos en sí, los cuales son conformes con el ámbito de competencias propios del jerarca del Ambiente y Energía y de la Dirección de Geología y Minas, ambos órganos en el ejercicio de sus competencias dispuestas en el Código de Minería. Tocante a la violación del principio de intangibilidad de los actos propios, señaló el Estado, que el acto administrativo 1836-2013-SETENA del 10 de julio del 2013, cumple con todos los requisitos establecidos en los artículos 128 a 139 de la LGAP y que en dicha resolución administrativa, se estableció un requisito de eficacia (art 145 LGAP), el cual quedó plasmado como una condición suspensiva de la viabilidad ambiental, sujeta a la presentación de la certificación de propiedad del inmueble en que se desarrollaría el proyecto (artículo 9 inciso 4 del Decreto 31849 MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC) para lo cual se otorgó el plazo de un año conforme al principio de proporcionalidad. No obstante, pese a las solicitudes de prórroga y a las diligencias fallidas de Información Posesoria, la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio no cumplió con el requisito solicitado y más de 6 años después sigue sin cumplir. Ante ello la SETENA, en la resolución 1187-2015-SETENA de las 11:55 horas del 25 de mayo del 2015 ordenó el archivo del expediente 5430-2011-SETENA y por tanto dejó sin efecto la viabilidad 1836-2013-SETENA del 10 de julio del 2013. Así, conforme con el artículo 158 de la LGAP, la falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste. Manifestando a continuación, que será inválido el acto administrativo sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico, precisando que las infracciones insustanciales no invalidarán el acto. Además, dijo, no existe la nulidad por la nulidad misma, por lo que si la empresa actora no ha acreditado que cuenta con una viabilidad ambiental vigente, no se le está causando ningún perjuicio. Han transcurrido 6 años desde la emisión de la resolución de viabilidad ambiental 1836-2013 sin que la desarrolladora demuestre y presente el requisito de eficacia establecido por el decreto 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, artículo 9 inciso 4. Por las razones esgrimidas, afirmó, esta demanda debe rechazarse, ya que en materia de nulidades según doctrina que informan los artículos 32 inciso 3 y siguientes del Código Procesal Civil, existe el principio de trascendencia, según el cual no existe nulidad sin perjuicio, es decir, no basta el sólo quebranto de forma, si no se ocasiona perjuicio a la parte. En ese sentido, solicitó también el rechazo de los daños y perjuicios reclamados, pues al amparo del numeral 190 y siguientes de la LGAP, la Administración sólo responderá si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que exista una conducta estatal a la que le sea atribuible la lesión alegada; 2) que el daño reclamado sea efectivo, evaluable e individualizable, a tenor del artículo 196 de la Ley de cita; y, 3) que se acredite la existencia de un nexo causal entre la conducta atribuida al Estado y el daño sufrido. No sólo debe demostrarse la existencia real y la cuantía de los daños y perjuicios cuya reparación se solicita, sino también, y más importante aún, debe probarse la relación de causalidad entre esos daños y perjuicios con la conducta estatal imputada, como requisito para su reconocimiento en sede judicial, lo cual no ha hecho la parte actora pues se limita a exigir la reparación de un supuesto daño, sin demostrar, de forma fehaciente, la existencia de los hechos y la veracidad de los alegatos. Aunado a lo expuesto, no procede acoger la pretensión resarcitoria del daño, ya que no se demuestra que se produjeran menoscabos reales, efectivos y ciertos, aspecto que de conformidad con el principio de carga de la prueba, correspondía a la parte demandante. Consecuentemente con lo expuesto, solicitó el Estado el acogimiento de sus excepciones y declarar la demanda sin lugar en todos sus extremos, con condena en costas para la parte actora, junto con los respectivos intereses que estas generen.
VI.- SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO Y LO PRETENDIDO POR LA ACTORA. Como punto de partida es menester resaltar que esta Cámara resolverá, como corresponde en derecho, en estricto amparo de los argumentos esgrimidos por las partes -actora y demandada- de esta litis, y ante todo, con sustento en el elenco probatorio aportado a los autos, con el fin de dilucidar si lo pretendido en el presente asunto por la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. encuentra reparo en esta sede judicial, analizando los copiosos vicios de nulidad, que de manera sumamente reiterativa y hasta desordenada -en criterio de este Tribunal- ha reprochado la parte actora, en relación con las resoluciones administrativas impugnadas, identificadas en su cuadro petitorio como: a) N° 1274-2014-SETENA de las 11:00 horas del 26 de junio del 2014. b) N° 645-2014 del 30 de junio del 2014 dictada por la Dirección de Geología y Minas. c) N° 1187-2015-SETENA de las 11:55 horas del 25 de mayo del 2015. d) N° 1611-2015-SETENA de las 13:00 horas del 14 de julio del 2015. e) R-275-MINAE de las 07:00 horas del 21 de setiembre del 2015. f) N° 385-2017 de las 14:30 horas del 21 de noviembre del 2017 dictada por la Dirección de Geología y Minas. g) N° 92-2018 de las 14:00 horas del 16 de abril del 2018 de la Dirección de Geología y Minas. h) R-127-2018-MINAE de las 09:35 horas del 25 de abril del 2018 dictada por el Ministerio de Ambiente y Energía. Sobre todas ellas, alegó la parte actora sendos vicios de nulidad, que en esencia examinará el Tribunal en tres apartados puntuales: i) la transgresión al principio de intangibilidad de los actos propios, al considerar válida la viabilidad ambiental otorgada en su momento por la SETENA; ii) la violación al debido proceso, por estimar que la Administración no siguió el procedimiento legal para dejar sin efecto dicha viabilidad y la concesión otorgada en su favor; iii) la vulneración de los elementos formales y esenciales de los actos administrativos, citando por ejemplo la falta de competencia, la ausencia de motivo y contenido, así como la falta de un fin válido, lo que a su vez implicó desviación de poder. Asimismo, de manera accesoria solicitó la demandante, que una vez anuladas las resoluciones impugnadas, se declare y reconozca que la empresa es la titular legítima e indiscutida de la concesión de explotación de cantera del Tajo Asunción y de los derechos que derivan de la misma, producto de la viabilidad ambiental otorgada, así como que se le cancelen los daños y perjuicios ocasionados, junto con la indexación de las sumas debidas hasta su pago efectivo.
VII.- SOBRE LA INTANGIBILIDAD DE LOS ACTOS PROPIOS. Como es sabido, un acto administrativo dictado en apego al ordenamiento jurídico, que reúna todos sus elementos esenciales -formales y materiales- así como los requisitos de validez y eficacia, y que además conceda un derecho subjetivo a un administrado, no puede eliminarse del mundo jurídico, a no ser que concurran razones excepcionales y previamente normadas de antemano, pues por regla general la Administración Pública no puede anular un acto declaratorio de derechos, sino mediante una revisión de oficio, por la revocación o mediante su declaratoria de nulidad, ya sea a través del procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta previsto en el canon 173 de la LGAP o del proceso establecido en el ordinal 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, previa declaratoria de lesividad del acto a los intereses públicos o económicos, por parte del jerarca supremo de la Administración, conforme al numeral 183 de la LGAP. Sobre el tema, nuestra Sala Constitucional ha señalado: “(…) V.- La anulación o revisión de oficio de los actos administrativos favorables o declaratorios de derechos para el administrado, como posibilidad de las administraciones públicas y sus órganos, constituye una excepción calificada a la doctrina de la inderogabilidad de los actos propios y favorables para el administrado o del principio de intangibilidad de los actos propios, al que esta Sala especializada le ha conferido rango constitucional por derivar del ordinal 34 de la Constitución Política (ver sentencias #2186-94 de las 17:03 hrs. del 4 de mayo de 1994 y #899-95 de las 17:18 hrs. del 15 de febrero de 1995). La regla general es que la administración pública respectiva no puede anular un acto declaratorio de derechos para el administrado, siendo las excepciones la anulación o revisión de oficio y la revocación. Para ese efecto, la administración pública, como principio general, debe acudir, en calidad de parte actora y previa declaratoria de lesividad del acto a los intereses públicos, económicos o de otra índole, al proceso de lesividad (artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa), el cual se ha entendido, tradicionalmente, como una garantía para los administrados. Sobre este particular, este Tribunal Constitucional en el voto #897-98 del 11 de febrero de 1998 señaló que “... a la Administración le está vedado suprimir por su propia acción aquellos actos que haya emitido confiriendo derechos subjetivos a los particulares. Así, los derechos subjetivos constituyen un límite respecto de las potestades de revocación (o modificación) de los actos administrativos, con el fin de poder exigir mayores garantías procedimentales. La Administración, al emitir un acto y con posterioridad al emanar otro contrario al primero, en menoscabo de derechos subjetivos, está desconociendo estos derechos, que a través del primer acto había concedido, sea por error o por cualquier otro motivo. Ello implica que la única vía que el Estado tiene para eliminar un acto suyo del ordenamiento es el proceso de jurisdiccional de lesividad, pues este proceso está concebido como una garantía procesal a favor del administrado, o bien, en nuestro ordenamiento existe la posibilidad de ir contra los actos propios en la vía administrativa, en la hipótesis de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, previo dictamen de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República (como una garantía más a favor del administrado) y de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, si la Administración ha inobservado las reglas de estos procedimientos, o bien, las ha omitido del todo o en parte... el principio de los actos propios determina como efecto de dicha irregularidad la invalidez del acto.”. A tenor del numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública, un ente u órgano público bien puede anular en vía administrativa un acto declaratorio de derechos para el administrado pero lesivo para los intereses públicos o patrimoniales de la primera, sin necesidad de recurrir al proceso contencioso administrativo de lesividad normado en los artículos 10 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (proceso en el cual la parte actora es una administración pública que impugna un acto propio favorable para el administrado pero lesivo para ella) cuando el mismo esté viciado de una nulidad absoluta evidente y manifiesta. La nulidad absoluta evidente y manifiesta debe ser dictaminada, previa y favorablemente, por la Procuraduría o la Contraloría Generales de la República (…)”. [véase a modo de ejemplo las sentencias números 2008-009783 de las 11:48 horas del 13 de junio del 2008 y 2017-017497 de las 09:15 horas del 03 de noviembre del 2017]. En similar sentido, también nuestra Sala Primera de Casación ha abordado el tema, señalando que: “(…) Por el principio de intangibilidad de los actos propios, que emana del numeral 34 de la Carta Magna, la Administración tiene vedado anular o dirigirse por sí misma, contra los actos por ella emitidos, que declaren derechos subjetivos a favor del administrado. La salvedad la constituyen los supuestos de revocación y declaratoria oficiosa de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, contempladas en la LGAP. En esta línea pueden consultarse, entre otras, las sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no. 2244-2004 de las 14 horas 59 minutos del 2 de marzo de 2004 y no. 17446-2005 de las 7 horas 51 minutos del 20 de diciembre de 2005. Este principio se erige entonces, como garante de los administrados frente a la Administración, quien no podrá desconocer mediante un acto posterior, los derechos subjetivos que les ha otorgado o reconocido (…)”. [ver por ejemplo los votos números 000094-F-S1-2011 de las 09:10 horas del 03 de febrero del 2011 y 00407-F-S1-2014 de las 08:35 horas del 20 de marzo del 2014]. Lo anteriormente transcrito y reseñado es de vital importancia, pues tanto la Sala Constitucional como la Sala Primera, son contestes en señalar que el principio de intangibilidad de los actos propios, que estima violentado la parte actora, encaja cuando ha mediado un acto declaratorio de derechos dictado a favor de un administrado y es ante este supuesto que la Administración tiene vedada la posibilidad de decretar la nulidad de oficio, por lo que deberá seguir los cauces procedimentales establecidos en el ordenamiento jurídico, según lo indicado supra. Tener claro este supuesto es esencial, pues examinaremos luego si el acto que le otorgó la viabilidad ambiental a la empresa actora, identificado como N° 1836-2013-SETENA de las 11:45 horas del 10 de julio del 2013, le confirió un verdadero derecho subjetivo a la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., y si por ende, requería la Administración tramitar un procedimiento de nulidad absoluta, evidente y manifiesta, o bien, la declaratoria de lesividad para suprimir dicho acto.
VIII.- SOBRE EL DEBIDO PROCESO. Harto conocido y tratado resulta ser el tema del debido proceso en el ámbito jurisprudencial y doctrinal, en cuanto a la necesidad y obligatoriedad de tramitar un procedimiento administrativo y cumplir con las distintas etapas previstas en el ordenamiento jurídico, cuando se trate de la imposición de una sanción al administrado o de la supresión de un derecho subjetivo, situación tratada por nuestra Sala Constitucional desde vieja data a partir del conocido voto número 1739-1992 de las 11:45 horas del 01 de julio de 1992 y reiterada a través del tiempo en diversas sentencias, a tal punto de tener raigambre constitucional, destacando, entre otras cosas, la obligación por parte de la Administración, de realizar una investigación con todas las garantías de defensa para el administrado, debidamente intimada y notificada, con la posibilidad de presentar los elementos probatorios que la parte estime pertinentes, poder recurrir las resoluciones dictadas en el ejercicio de su derecho de defensa, etc., derivado de los artículos 39 y 41 constitucionales. A modo tan solo de ilustración, recientemente, en el voto número 10305-2016 de las 09:15 horas del 22 de julio del 2016, señaló: “(…) El derecho constitucional al debido proceso en sede administrativa y judicial ha sido de profuso desarrollo por parte de esta Sala, desde la determinación del contenido del derecho a la defensa, hasta definir los requerimientos procesales que debe observarse en toda tramitación para asegurar un irrestricto respeto a los principios y normas constitucionales. Al mismo tiempo, la Sala ha tenido la previsión de evitar que situaciones de legal normalidad sean apreciadas como violaciones constitucionales, por lo que en su desarrollo jurisprudencial ha definido el tipo de violaciones procesales que merecen un examen de constitucionalidad para garantizar el adecuado respeto a los derechos fundamentales. Dicho de otro modo, en la tramitación de los procesos se pueden presentar violaciones de distinto carácter, siendo algunas de ellas dables de atender en sede constitucional mientras que otras deberán ser alegadas ante las instancias administrativas y judiciales que corresponda –ver, entre muchas otras, sentencias números 2002-10735 y 2008-9017-. En este sentido, ya desde sus inicios la Sala abordó el tema del debido proceso en relación con el derecho a la defensa, desarrollando las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, al establecer, mediante resolución 15-90 –y a partir de entonces en reiterados pronunciamientos- que: "[E]l (sic) derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política y por consiguiente el principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de 'bilateralidad de la audiencia' del 'debido proceso legal' o 'principio de contradicción' (...) se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada (…)”. Por su parte, nuestra Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo también se han referido en múltiples precedentes, a partir de lo señalado por la Sala Constitucional, destacando que el debido proceso está referido al cumplimiento de normas esenciales e irrenunciables del procedimiento y a fases relevantes que sirven de garantía al administrado, pues de lo contrario se produciría una violación al derecho de defensa [véanse por ejemplo las resoluciones 859-2007 de las11:15 horas del 23 de noviembre del 2007 y 109-F-TC-2018 de las 11:32 horas del 12 de setiembre del 2018]. En el caso de estudio, ya nos adentraremos en otro apartado a escudriñar si en efecto, como lo alega la compañía actora, la Administración necesitaba seguir un debido proceso para dejar sin efecto la viabilidad ambiental otorgada inicialmente y si este fue violentado.
IX.- SOBRE LA NATURALEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SUS ELEMENTOS. Según precisamos en el apartado anterior, la parte actora se ha alzado en contra de sendas resoluciones administrativas, unas dictadas por la SETENA, otras por la Dirección de Geología y Minas y otras por el propio MINAE, alegando una serie de vicios de nulidad que en su criterio afectan dichas resoluciones, sobre las cuales valga decir de entrada, algunas de ellas dejaron de surtir efectos en sede administrativa. Debido al ataque puntual de la actora, en torno a la falta de los elementos esenciales de los actos administrativos dictados, estima oportuno este Tribunal tan solo recordar, que estos constituyen una declaración o manifestación intelectual de voluntad, deseo, juicio o conocimiento, emitido por una Administración Pública, en ejercicio de una potestad administrativa, sometido al Derecho Administrativo y al principio de legalidad y dirigido a producir efectos jurídicos, por medio del cual se cumple la última ratio de la Administración, que consiste en satisfacer los intereses colectivos o interés público. Además, en torno a sus elementos, el tema se ha desarrollado en forma copiosa, tanto por la doctrina como por nuestra jurisprudencia, coincidiendo en que: “(…) los elementos del acto administrativo esenciales para lograr su validez y eficacia, son los formales y los materiales. "Estos elementos intermediarios entre el poder y el acto y la manifestación misma de éste, son los elementos formales. Se trata del procedimiento, la forma de la manifestación y la competencia, que es la titularidad misma del poder. Los elementos materiales son los que condicionan la realización del fin del acto y no meramente la del acto en sí. Son los elementos que adecuan la conducta administrativa a la necesidad que satisface y determina lo que la Administración manda, autoriza o prohíbe. Se trata del motivo, contenido y fin mismo" (Nombre66737 . Tesis de derecho administrativo. Tomo II. Primera edición. Editorial Stradtmann, S.A. San José, Costa Rica. Año 2000.Página 315). El sujeto es el autor del acto, con competencia, regularidad en la investidura y legitimación. De modo que el acto "deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia" (ordinal 129 de la Ley General de la Administración Pública).El procedimiento son los trámites, formalidades fijadas para dictar o emitir la manifestación de voluntad libre y consciente, es el iter-procedimental que garantiza el debido proceso y el derecho de defensa (Nombre32 . Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Primera edición. San José, Costa Rica.2007. Páginas 517 y 549). Tenemos el procedimiento ordinario (ordinal 308 ibíd.), el sumario (326 ibíd.), y el especial (artículo 366 ibíd.). La forma debe expresarse por escrito, salvo que la naturaleza del acto o las circunstancias exijan forma diversa, en cuyo caso será verbal u oral, por signos, tácito, implícito o presunto. De ser escrito indicará el órgano agente, derecho aplicable, disposición, fecha, firma y cargo del suscriptor (numeral 134 ibíd.). El motivo es la razón del dictado del acto, "son los antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (derecho) y fácticas (hechos) que hacen posible la emisión del acto administrativo, y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste" (Nombre32 . Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Primera edición. San José, Costa Rica.2007. Página 522). El motivo debe ser legítimo, es la razón por la cual se dicta el acto, existir y ser proporcionado al contenido (numeral 133 ibíd.), es el presupuesto fáctico y jurídico que provoca la necesidad. El contenido debe ser lícito, posible, claro y preciso, y abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas, ser proporcionado al fin legal y correspondiente al motivo (artículo 132 ibíd.). Es lo que "el acto administrativo declara, dispone, ordena, certifica y suele expresarse en la parte dispositiva de las resoluciones administrativas", determina el modo de satisfacer el fin (Nombre32 . Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Primera edición. San José, Costa Rica.2007. Página 526). El fin es el "resultado meta jurídico y objetivo último que persigue el acto administrativo en relación con el motivo" (Nombre32 . Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I. Primera edición. San José, Costa Rica. 2007. Página 533), tal y como lo expresa el numeral 131 ibíd. En razón de lo expuesto, el acto administrativo debe ser válido, adecuándose sustancialmente con el ordenamiento jurídico (numeral 128 ibíd.). Además, debe tener la condición de eficacia, o capacidad actual para producir los efectos jurídicos previstos por el ordenamiento jurídico, adecuándose a las condiciones y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para que produzca los efectos programados (…)” [a modo de ilustración puede consultarse la sentencia de la Sección Cuarta de este Tribunal número 033-2014-IV de las 16:00 horas del 10 de abril del 2014, así como la de esta misma Sección Sétima número 104-2019 de las 14:00 horas del 21 de octubre del 2019]. Tocante a la validez y eficacia de los actos administrativos, nuestra Sala Primera de Casación ha tocado el tema en forma abundante, apuntando por ejemplo que la eficacia debe ser entendida como la aptitud del acto para producir efectos jurídicos y que la presentación de requisitos constituye una condición de eficacia, pues los efectos del acto están bajo la sujeción del cumplimiento de lo que prescribe el ordenamiento jurídico [ver por ejemplo los votos números 574-2014 de las 14:00 horas del 30 de abril y 1138-2014 de las 15:45 del 04 de setiembre, ambos del año 2014]. A nivel doctrinario se ha dicho que: “La figura de la eficacia no hace relación directa a la validez del acto administrativo sino más bien a las condiciones que el Ordenamiento Jurídico establece como presupuesto para que este pueda surtir los efectos programados. Así, tenemos que la eficacia se presenta como un complemento imprescindible de la validez sin el cual el despliegue de la actividad que hiciere la Administración para ejecutar el acto administrativo no tendría connotaciones jurídicas sino más bien fácticas; y, a su vez, el supuesto de la eficacia es la validez del acto administrativo, sea esta real o presunta (…) puede suceder que un acto válido, por falta de requisitos, resulte ineficaz y, a la inversa, porque un acto inválido puede ser reconocido por el Ordenamiento Jurídico como apto para producir efectos jurídicos y, pese a su invalidez, ser eficaz (…) El inicio de la eficacia es el momento a partir del cual el acto administrativo, válido o presuntamente válido, puede surtir los efectos jurídicos programados en virtud de haber cumplido con los requisitos de eficacia exigidos por el ordenamiento o derivados del contenido del mismo acto (…)”. (Nombre154296 , . Eficacia e Invalidez del Acto Administrativo 2 ed. San José. Ediciones Seinjunsa, 1994). Lo anterior es importante, porque además de cumplir el acto administrativo con sus elementos formales y materiales enunciados, se exige que el mismo reúna el requisito de perfección, es decir, que sea válido y eficaz, sea, sin condicionamientos, para producir consecuencias jurídicas, situación que examinaremos en apartados posteriores, al estudiar la resolución que otorgó la viabilidad ambiental a la empresa actora y para verificar si las resoluciones impugnadas por la accionante se encuentran ajustadas o no a derecho.
X.- SOBRE LA VIABILIDAD AMBIENTAL OTORGADA A LA EMPRESA ACTORA. Como punto de partida estima este Tribunal, que previo a referirnos a la legalidad de las ocho resoluciones administrativas impugnadas por la parte actora en esta litis, es necesario recordar, que tal y como se reseñó en el elenco de hechos probados que dan sustento a esta sentencia, en el mes de julio del año 2011 la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. solicitó ante la Nombre3456 la correspondiente viabilidad ambiental para desarrollar en un terreno sin inscribir, la explotación del Proyecto Tajo Asunción, aportando para tales efectos, el plano catastrado número L-186399-1994. Fue así como, en atención de la solicitud presentada por la citada compañía, la Nombre3456 le previno primero, mediante resolución 2135-2011-SETENA del día 06 de setiembre del 2011, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, y luego, mediante resolución R-2198-2012-SETENA del 24 de agosto del 2012, que aportara, en un plazo máximo de seis meses, la presentación de varios requisitos, entre ellos, la certificación registral de la propiedad donde se realizaría la actividad, obra o proyecto. Precisamente ante esta última prevención realizada, y en virtud de que la empresa no contaba con la inscripción del inmueble y por ende, no podía aportar la certificación prevenida, el señor Nombre103708 en calidad de representante legal presentó ante la Nombre3456 una nota el día 19 de marzo del 2013, donde solicitó la aprobación de la evaluación ambiental del proyecto promovido, manifestando expresamente en relación con el requisito establecido en el artículo 9 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que prevé el aporte de una certificación de propiedad o inmueble donde se desarrollará la actividad, obra o proyecto que: “(…) Este requisito lo estaremos adjuntando prontamente al expediente de concesión en cuanto nos sea posible.- No obstante lo anterior y al tenor lo que se establece en el artículo 145 de la Ley General de la Administración Pública, LA APROBACIÓN AMBIENTAL que solicitamos dictar, PUEDE SER DICTADA CON SUJECIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO EN LO SUCESIVO como bien lo acepta y consagra nuestra normativa vigente (…)” [lo destacado en mayúscula es del original; lo resaltado en negrita es suplido]. Vemos aquí entonces, el primer aspecto de relevancia para lo que habrá de resolverse, el cual consiste en que fue la propia empresa que ahora acciona, la que solicitó a la SETENA, motu proprio, el otorgamiento de la aprobación ambiental condicionada, al manifestar voluntariamente que la misma podía ser dictada con sujeción al cumplimiento del requisito que establecía el artículo 9 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, el cual conocía y que cumpliría con el requisito faltante, sea la certificación de propiedad, en cuanto le fuera posible. Ahora bien, debido a la petición de la empresa, la Administración pidió criterio a su Asesoría Legal, quien en fecha 02 de abril del 2013, expidió el oficio AJ-232-2013-SETENA, manifestando la necesidad de contar con la certificación de propiedad del inmueble, puesto que: “(…) al estar el acto sujeto al cumplimiento de un hecho futuro e incierto sea una condición suspensiva, el mismo no es susceptible de surtir efectos jurídicos o lo que es lo mismo no ha nacido a la vida jurídica, de manera que para ser eficaz debe cumplirse dicha condición, para poder ser igualmente válido, siendo lo aprobado una mera expectativa de derecho. Sin embargo para efectos de poder evaluar la pertinencia o no de otorgar una Viabilidad Ambiental condicionada, como lo hace ver el solicitante, la administración deberá contar con elementos de hecho que le permitan realizar dicha valoración con el fin de determinar si el desarrollador será capaz de cumplir con el requisito, siendo que el hecho que la propiedad este (sic) inscrita debe cumplirse indefectiblemente (…)” [la negrita es propia]. Como se desprende de lo anterior, el criterio legal de la Nombre3456 confirmó la obligatoriedad de contarse con la certificación de titularidad del inmueble, para poder otorgarse una viabilidad ambiental válida y eficaz que le confiriera un derecho al solicitante. Posteriormente, se tiene también acreditado, que en fecha 13 de junio del 2013, el señor Nombre103708 como apoderado de la compañía presentó una declaración jurada, donde entre otras cosas se comprometió a cumplir todos y cada uno de los compromisos ambientales adquiridos durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, los estudios técnicos complementarios y demás información anexa del proyecto presentado, manifestando expresamente el conocimiento de los términos y alcances de la Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 y del Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, declarando expresamente, para lo que aquí interesa que: “(…) el incumplimiento de éstos (sic) compromisos por parte del desarrollador me hará responsable directo del daño ambiental producido y acreedor a las sanciones que establece la normativa vigente (…)” [las negritas no son del original]. Nuevamente vemos entonces, una manifestación de voluntad libre y espontánea del personero de la empresa, haciéndose responsable de los incumplimientos de su representada y aceptando las sanciones que la normativa vigente establece, la cual, claro está, abarca tanto las legales como las reglamentarias. Ahora bien, teniendo en consideración la solicitud expresa de la firma Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. y los compromisos adquiridos por su representante legal, mediante resolución N° 1836-2013-SETENA de las 11:45 horas del 10 de julio del 2013, la Nombre3456 determinó lo siguiente: “PRIMERO: Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), la información complementaria aportada, y Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, sometido a evaluación por el desarrollador. SEGUNDO: Ordenar al señor Nombre103708 (…) representante legal de la sociedad Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. (…) propietario del Tajo Asunción, expediente administrativo N° 5430-2011-SETENA, a depositar el monto de garantía ambiental (…). Debe aportar certificación de propiedad del área del proyecto, conforme al principio de proporcionalidad y razonabilidad para cumplir dicha condición, se recomienda otorgar un plazo de un año para la presentación del requisito, mismo que puede ser prorrogado si se cumple con lo dispuesto en el artículo 258 de la ley (sic) General de la Administración Pública. Lo anterior para evitar mantener un expediente abierto por plazo indefinido. En el mismo orden de ideas, se recomienda que una vez obtenida la inscripción en el registro (sic) Público, se otorgue un plazo de diez días hábiles para la presentación a esta Secretaría de la certificación de propiedad. Todo lo anterior bajo la pena de archivarse el expediente si no se cumple con los plazos y prevenciones aquí señaladas (…). CUARTO: El incumplimiento de los requerimientos de esta Secretaría, así como de cualquiera de las obligaciones contraídas en el Estudio de Impacto Ambiental, la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales y las medidas ambientales en el Formulario D1; podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, así como la demás legislación vigente. QUINTO: Comunicar al interesado que, de conformidad con los artículos 17, 18 y 18 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto (…) TAJO ASUNCION (sic). Expediente N° 5430-2011. Ubicación: Ubicado en el distrito Matama, del Cantón de Limón, provincia de Limón (…) De Plano Catastrado: L-186399-94. Número de Finca: Información Posesoria (…) Por lo que se le otorga la VIABILIDAD AMBIENTAL al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental (…)” [lo subrayado, destacado en mayúsculas y en negrita es del original, salvo el doble subrayado]. De lo transcrito anteriormente, deduce este Tribunal con claridad meridiana, que la resolución de viabilidad ambiental otorgada a la empresa, desde un inicio estuvo condicionada, incluso por petición expresa de su propio representante legal, entre otras cosas, y la más importante para los efectos de lo que aquí se discute, a la presentación de la certificación de propiedad del inmueble donde se desarrollaría la actividad. Sin tela de duda, repetimos, en la citada resolución N° 1836-2013-SETENA, la Administración le confirió la requerida viabilidad ambiental al proyecto de la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., pero bajo una condición suspensiva, con la reserva de que en el plazo de un año se sirviera aportar la certificación de propiedad referente al inmueble cuyo plano catastrado correspondía al L-186399-94, previniéndole claramente que en caso de incumplimiento, podría ser acreedor de las sanciones normativas, e incluso el archivo del expediente. Al respecto, el numeral 99 de la Ley Orgánica del Ambiente, citado por la Nombre3456 en su resolución, dispone las diversas sanciones administrativas aplicables, entre ellas, la posibilidad de restricciones parciales o totales o paralización de los actos, así como la cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos. De igual manera, en el artículo 9 inciso 4 del Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación Ambiental, Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, como parte de la documentación que debe adjuntarse por el gestionante, la presentación de una certificación de propiedad del inmueble en que se desarrollaría la actividad, obra o proyecto, lo cual, insistimos, era de pleno conocimiento de la representación de la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., lo cual no cumplió ni en el momento de presentar su solicitud inicial, ni dentro del plazo prevenido. Y aquí ha de destacarse también, tal y como lo precisó el Tribunal en los hechos probados, que la empresa realizó al menos dos solicitudes de prórroga del plazo conferido para los efectos de aportar la certificación requerida, una en fecha 25 de junio del 2014 y otra el día 05 de mayo del 2015, aceptando con ello la obligatoriedad que tenía de cumplir con un requisito normativo sine qua non, que aún hoy día, al momento del dictado de esta sentencia no ha logrado acreditar. En virtud de lo anterior, es criterio de esta Cámara, que la supra citada resolución N° 1836-2013-SETENA, siempre estuvo condicionada, por lo que pese a ser válida, no llegó a cumplir el requisito de eficacia para lograr la perfección del acto y desplegar sus efectos jurídicos, lo que implica que tampoco le pudo llegar a conferir un verdadero derecho subjetivo a la empresa demandante, sino tan solo una mera expectativa, que para poder consolidarse dependía exclusivamente de ella misma, con tan solo aportar el requisito que su propio representante se comprometió a cumplir, sea, la certificación de propiedad del inmueble. Teniendo claro el panorama expuesto, en el apartado siguiente nos abocaremos a analizar si las resoluciones impugnadas se encuentran ajustadas a derecho, o si por el contrario, contienen alguno de los rebosantes vicios de nulidad reprochados por la parte accionante.
XI.- SOBRE EL ANÁLISIS DE LEGALIDAD REALIZADO POR ESTE TRIBUNAL. Siendo múltiples las resoluciones impugnadas por la empresa actora e imputados los mismos vicios para cada una de ellas, según lo que precisáramos en nuestro considerando número VI, y habiendo explicado ya en el aparte precedente que la resolución mediante la cual se confirió la viabilidad ambiental a la desarrolladora, sea la N° 1836-2013-SETENA nunca llegó a adquirir plena eficacia al estar sujeta a una condición suspensiva que no logró su cumplimiento ni perfeccionamiento, es criterio de este Tribunal, que las resoluciones impugnadas se encuentran ajustadas a derecho, siendo que incluso algunas de ellas, como se dirá infra, fueron suprimidas por la propia Administración, como por ejemplo la N° 1274-2014-SETENA de las 11:00 horas del 26 de junio del 2014, identificada con la letra a) en el elenco petitorio principal de la parte actora y la N° 645 de las 14:00 horas del 30 de junio del 2014, dictada por la Dirección de Geología y Minas, Registro Nacional Minero, precisada con la letra b) en el cuadro petitorio de la demanda, mediante las cuales en su momento se había dispuesto cautelarmente la suspensión del acto de otorgamiento de la viabilidad ambiental y de labores de destape, de extracción de materiales y quebrado de los mismos, las cuales fueron luego dejadas sin efecto, en virtud del dictado de resoluciones ulteriores de la Nombre3456 y de la misma Dirección de Geología y Minas, por lo que carece de interés emitir pronunciamiento alguno respecto de ellas. En lo que toca a la nulidad de la resolución N° 1187-2015-SETENA de las 11:55 horas del 25 de mayo del 2015, detallada con la letra c), refiere a la comunicación del Acuerdo N° 02 de la Comisión Plenaria de la Nombre3456 tomado en su sesión ordinaria N° 069-2015, donde se rechazó la solicitud de prórroga del plazo realizada por la empresa para aportar la certificación de titularidad del inmueble, y se dispuso que, por haberse constatado que el desarrollador no había acreditado en el expediente el cumplimiento del requisito de eficacia establecido en la resolución número 1836-2013-SETENA, el cual quedó plasmado como una condición suspensiva de la viabilidad ambiental sujeta a la presentación del título de propiedad del inmueble en que se desarrollaría el proyecto, lo procedente era dejar sin efecto la viabilidad, debido al incumplimiento del desarrollador del requisito de eficacia, ordenando el archivo del expediente, e incluso señalando que si el desarrollador lograba obtener la titularidad del inmueble en la vía correspondiente podría tramitar el expediente nuevamente ante la Nombre3456 de considerarlo procedente. Dicha resolución fue dictada por el órgano competente, con plena investidura y presenta la motivación necesaria en su parte considerativa, donde se aprecia en debida forma, todos los elementos materiales del acto -motivo, contenido y fin-, por lo que se estima ajustada a derecho. Sobre la misma valga aclarar también, que si bien es cierto en algún momento fue suspendida por orden judicial, dado el acogimiento de una medida cautelar ante causam presentada por el SINTRAJAP contra el Estado y la firma Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., dentro del expediente judicial N° 14-002931-1027-CA, al desistirse luego de dicho proceso, la misma recobró plena vigencia, validez y eficacia. Tocante a la nulidad de la resolución N° 1611-2015-SETENA de las 13:00 horas del 14 de julio del 2015, pretensión identificada como d), la misma es la que comunicó el acuerdo N° 12 tomado por la Comisión Plenaria en su sesión ordinaria N° 097-2015 de esa misma fecha, mediante la cual se rechazó el recurso de revocatoria y las nulidades argüidas por el representante de la empresa contra la resolución que dispuso el archivo del expediente por la inobservancia del requisito de eficacia, al no cumplirse la condición suspensiva de la viabilidad ambiental, sea la presentación del título de propiedad del inmueble donde se desarrollaría el proyecto, reiterándose en ella, que quedaba sin efecto la resolución número 1836-2013-SETENA. Al igual que lo indicamos en las líneas previas, este acto mediante el cual se rechazó el recurso de revocatoria se encuentra debidamente motivado y fundamentado, fue dictado en cumplimiento del debido proceso en atención al recurso incoado y reuniendo todos los requisitos formales y materiales del acto, por lo que no se percibe vicio alguno. En cuanto a la petitoria e), por medio de la cual se impugnó la resolución R-275-MINAE de las 07:00 horas del 21 de setiembre del 2015, refiere al rechazo del recurso de apelación incoado por la empresa contra la supra citada resolución N° 1187-2015-SETENA, dando por agotada la vía administrativa y ratificando los argumentos esgrimidos por la Comisión Plenaria de la SETENA, en el sentido de que la viabilidad ambiental otorgada en su momento al proyecto Tajo Asunción, estaba condicionada a la presentación de la certificación de propiedad del área del proyecto pero que el desarrollador no había podido cumplir. Sobre la misma valga decir de igual forma, que prima facie había sido suspendida su ejecución, debido a la medida cautelar ante causam ya citada, que había sido dispuesta dentro del expediente judicial N° 14-002931-1027-CA, pero que al desistirse luego dicho proceso, la resolución suspendida recobró plena vigencia, validez y eficacia, encontrándola el Tribunal ajustada a derecho, por reunir todos los requisitos formales y materiales del acto que ha echado de menos la parte actora, y por haberse dictado en cumplimiento del debido proceso que acusa violentado, precisamente en la atención de su impugnación. Pasando al análisis de la resolución N° 385-2017 de las 14:30 horas del 21 de noviembre del 2017 dictada por la Dirección de Geología y Minas, impugnada por la parte actora en su punto f) de su pretensión anulatoria, ha de explicar el Tribunal, que en la misma se dispuso la cancelación de la concesión de extracción de materiales otorgada a la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. y el archivo del expediente N° 2753, disponiéndose claramente en su considerando tercero, que para que dicha sociedad pudiera continuar explotando la concesión de materiales en cantera se requería contar con la viabilidad ambiental como requisito indispensable. Ante la falta de dicho requisito, dado el incumplimiento comprobado de la empresa, dispuso que lo procedente era cancelar la concesión de marras, archivar el expediente administrativo 2753 y liberar el área del Padrón Minero. Sobre esta resolución valga aclarar, que si bien es cierto contiene un error material en su primer considerando, fue reconocido luego por la propia Administración ante la impugnación presentada por la empresa, tal y como veremos infra, al señalar que la cancelación de la concesión se hacía en virtud de lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones de esta Jurisdicción, en el auto N° 201-2017-I de las 9:10 horas del 16 de mayo del 2017. En tal resolución judicial, lo que dispuso dicho órgano de alzada, fue tener por desistido el recurso de apelación que se había presentado en su momento contra el acogimiento en primera instancia de la medida cautelar dictada en el proceso N° 14-002931-1027-CA, toda vez que, al desistirse de dicha causa no revestía interés en conocer de la impugnación presentada. Pese a ello, y siendo reconocido el principio “pas de nullité sans grief”, sea que no hay nulidad por la misma, tal error no es capaz de generar ningún vicio como para invalidar la resolución impugnada, pues tal y como dispone el canon 223 de la LGAP: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión”. Por ello, los reproches realizados sobre esta resolución, que son los mismos de las anteriores, han de rechazarse de igual forma, pues lo cierto es que claramente determinó la citada Dirección, que al desaparecer el supuesto de hecho relativo al acto que acordó la concesión de explotación minera en favor de Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., es decir, la viabilidad ambiental, la concesión se quedaba sin sustento jurídico para poder operar a derecho. Pasando al análisis de la pretensión de nulidad identificada con la letra g), referente a la resolución N° 92-2018 de las 14:00 horas del 16 de abril del 2018 de la Dirección de Geología y Minas, ha de señalarse que en la misma dicho órgano administrativo conoció un recurso de revocatoria incoado por la empresa contra la resolución N° 385-2017 dictada por tal Dirección y que fue declarado sin lugar, al considerar que no existía argumento alguno que permitiera variar lo resuelto. Además, en ella se reconoció el error apuntado en líneas precedentes y se confirmó que en ausencia del requisito de viabilidad ambiental del proyecto, el expediente ante Nombre3456 fue archivado por resolución 1187-2015-SETENA, por lo que al día de hoy, la concesión no podía ni debía mantenerse realizando labores de explotación, ya que se encontraba incapacitada para funcionar como tal. Ahora bien, y sin el ánimo de ser reiterativos, del estudio de dicha resolución, generada en virtud del recurso de revocatoria incoado por la empresa que aquí acciona, ha de decir este Tribunal que no se percibe ninguno de los vicios invocados y de repetida cita, pues la misma fue dictada por el órgano competente, tiene el sustento fáctico y jurídico necesario, la debida motivación, con un motivo legítimo, un contenido claro y preciso, en aras de la satisfacción del fin público. Finalmente, en lo que toca al análisis de la resolución R-127-2018-MINAE de las 09:35 horas del 25 de abril del 2018 dictada por el Ministerio de Ambiente y Energía, identificada con la letra h) dentro del elenco de pedimentos anulatorios realizado por la parte actora, la misma lo que hace es atender el recurso de apelación, manteniendo en firme en todos sus extremos la resolución N° 385-2017 y dando por agotada la vía administrativa, siendo dictada por el jerarca administrativo de la cartera ministerial, quien es el competente para conocer en alzada, y en última instancia agotar la vía administrativa, explicando razonadamente los presupuestos de hecho y de derecho, en claro resguardo del debido proceso de la interesada y mediante un acto que reúne todos sus elementos formales y materiales en debida forma, concluyendo que al no existir una viabilidad ambiental, no podía explotarse una concesión minera. Por lo expuesto, al igual que las anteriores, esta resolución la encuentra el Tribunal apegada a derecho y dictada al mérito de los autos. En conclusión, respecto a la primera pretensión de la parte actora, mediante la cual se ha presentado a impugnar las resoluciones estudiadas, según puntos que van de la a) a la h), es criterio de este Colegio de Jueces, que todas ellas resultan conformes con el ordenamiento jurídico, al haber sido dictadas por los órganos competentes, ya sea la SETENA, la Dirección de Geología y Minas o el propio jerarca de la cartera del MINAE, en cumplimiento de los procedimientos y formalidades legales; con la debida motivación, tal cual se desprende en la parte considerativa de cada resolución, según lo ilustrado en los hechos probados sobre los que descansa esta sentencia y explicado en este mismo apartado; todas con un motivo válido, amparadas en la falta de cumplimiento de un requisito de eficacia que no logró acreditar la empresa poseerlo; con un contenido preciso, claro y posible, abarcando tanto las cuestiones de hecho como de derecho; y con el objetivo de satisfacer el fin público y en estricta aplicación de la normativa que rige la materia ambiental y minera, así como lo regulado en los artículos que van del 128 al 145 de la LGAP. En consecuencia, detectando la Administración en un ejercicio que hasta podría considerarse de mera constatación, que una vez conferido el plazo en la viabilidad ambiental conferida de manera condicionada, a fin de dar cumplimiento a una obligación establecida en el ordenamiento jurídico que rige la materia ambiental, como lo es la presentación de la certificación de propiedad del inmueble donde la desarrolladora Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A. pretendía operar, y no lograr su acreditación ni siquiera al momento del dictado de esta sentencia, la consecuencia lógica resultante era dejar sin efecto el acto otorgado por la Nombre3456 ante la inacción de la propia interesada, incumplimiento que al tenerse por demostrado, no dejó más opción que dejar sin efecto el acto de viabilidad sujeto a condición y archivar el expediente, al igual que el relativo a la concesión, al no ser factible su operación y explotación sin la condición de viabilidad ambiental otorgada por la SETENA, situación que fue debidamente resuelta, mediante actos administrativos apegados a derecho.
XII.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LO PRETENDIDO POR LA DEMANDANTE. Conforme a lo razonado en el apartado que precede, pese a todos los reproches de nulidad esbozados por la parte actora, que como hemos dicho han sido alegados de manera hasta redundante, no encuentra esta Cámara la existencia de ninguno de los vicios apuntados. Reiteramos que, no podría haberse violentado el principio de intangibilidad de los actos propios, pues como dijimos en su momento, en la especie nunca existió un derecho subjetivo conferido a la empresa actora respecto a la viabilidad ambiental, pues desde su otorgamiento y por la propia petición realizada por su representante legal, la misma se dio de manera condicionada, recayendo únicamente en ella la responsabilidad de cumplir con el requerimiento normativo, que en el caso concreto, ya se ha dicho consistía en la presentación de la certificación registral del inmueble. Ergo, al no hacerlo, la consecuencia lógica era dejar sin efecto el acto sujeto a condición, pues lo contrario implicaría más bien la transgresión del principio de legalidad contenido en los numerales 11 constitucional y 11 de la LGAP. Tampoco se vulneró la confianza legítima, toda vez que esta deriva del principio jurídico de buena fe que debe regir en todas las relaciones jurídicas [véase a modo de ejemplo los votos de la Sala Primera y de la Sala Constitucional números 000150-F-S1-2017 de las 14:15 horas del 21 de febrero del 2017 y 003263-2006 de las 10:50 horas del 10 de marzo del 2006, respectivamente]. En este caso, jamás podría alegar la parte actora buena fe de su parte, al ser conocedora desde un principio, que por su propia solicitud, la Nombre3456 le otorgó una viabilidad ambiental condicionada, a efecto de que pudiera presentar en el plazo de un año, la certificación de propiedad sobre el inmueble en que desarrollaría su actividad. Por su parte, no hubo tampoco violación al debido proceso, pues lo que hizo la Administración fue realizar un ejercicio de mera constatación; al no cumplirse el requisito, simplemente se dejó sin efecto la viabilidad ambiental. Por ello, estimamos que no se requería realizar ningún procedimiento de nulidad ni tramitar declaratoria de lesividad alguna, al estar en presencia de un acto sujeto a condición suspensiva. Y aquí merece la pena aclarar, que el Dictamen C-043-2015 rendido en su momento por la Procuraduría General de la República, estaba relacionado con el requerimiento de nulidad de la resolución R-577-2013-MINAE, pero no de la viabilidad ambiental, disponiendo más bien el Órgano Procurador, que debería la Administración valorar la existencia de alguna nulidad que ameritara la declaratoria de lesividad de la resolución que otorgó la concesión o de cualquier otro acto administrativo firme declaratorio de derechos. Justamente esa valoración fue realizada, concluyendo la Nombre3456 que al haberse dado la viabilidad ambiental de manera condicionada y detectado que la empresa no cumplió el requisito faltante, lo procedente era dejar sin efecto el acto dictado bajo condición. Finalmente, insistimos también, que todas las resoluciones dictadas reunieron todos los elementos esenciales -formales y materiales-, sin que existiera tampoco desviación de poder o arbitrariedad alguna, pues siempre se actuó en procura del fin público, consistente en este caso en hacer cumplir el ordenamiento jurídico, siendo indiferente la existencia de la denuncia presentada en su momento por el AyA por la supuesta afectación del recurso hídrico, o las presiones de grupos ambientales que invocó la accionante, pues lo cierto es que, cumplido el plazo otorgado por la Administración para el cumplimiento de uno de los requisitos faltantes en su solicitud ante SETENA, no lo logró acreditar, generando su propia inocuidad el archivo de las diligencias, lo que hace pensar a este Tribunal, que con o sin denuncia, el resultado tendría que haber sido el mismo. Consecuentemente, por denegada la pretensión principal de nulidad, resultan improcedentes las demás petitorias, pues no podría ordenar el Tribunal que se le reconozca a la empresa actora como titular legítima e indiscutida de una concesión de explotación de cantera, cuando al día de hoy no cuenta siquiera con una viabilidad ambiental, que constituye una exigencia precisamente para la concesión. Tampoco podría declararse la vigencia y reconocimiento de la resolución N° 1836-2013-SETENA mediante la cual se le otorgó la licencia de viabilidad ambiental, toda vez que ya explicamos que la misma, desde un inicio y por así requerirlo el propio personero legal de la firma Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., estuvo condicionada, quedando debidamente acreditado en autos que tal compañía nunca cumplió con el requisito al que se comprometió, lo que trajo como consecuencia el archivo de las diligencias. De igual forma, resulta improcedente la petición tendiente a que se le ordene a la Dirección de Geología y Minas, a la Nombre3456 y al Ministerio de Ambiente y Energía, que se abstengan de perturbar a la empresa en el goce y ejercicio de un derecho que nunca adquirió, según lo ya explicado, pues las actuaciones administrativas fueron producto de la propia inercia de la empresa. Finalmente y por razones lógicas y consecuentes, al amparo del principio “accessorium sequitur principale”, sea que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, carece de fundamento el pedimento patrimonial para que se condene al Estado al pago de los daños y perjuicios requeridos por la accionante, pues todas las actuaciones y resoluciones dictadas resultan conformes a derecho, debiendo rechazarse también la exigencia realizada de la indexación. Así las cosas, la única opción posible en relación con la demanda conocida, es declararla sin lugar en todos sus extremos, como en efecto se dispone.
XIII.- SOBRE LAS EXCEPCIONES ALEGADAS. Dentro de su elenco de excepciones, alegó el Estado la falta de interés y la caducidad, de manera parcial respecto a algunas de las resoluciones impugnadas, así como la falta de derecho. En relación con la falta de interés ha de decirse que, de conformidad con lo que fuera reseñado precedentemente, tal defensa ha de acogerse en lo que toca a la impugnación de las resoluciones identificadas en el cuadro petitorio de la parte actora con las letras a) y b), sea la N° 1274-2014-SETENA de las 11:00 horas del 26 de junio del 2014 y la N° 645 de las 14:00 horas del 30 de junio del 2014 de la Dirección de Geología y Minas, toda vez que las mismas fueron debidamente suprimidas por resoluciones posteriores de los citados órganos administrativos, resultando estéril emitir pronunciamiento alguno sobre dichos actos que desaparecieron del mundo jurídico. En cuanto a la caducidad, la alegó el Estado respecto a la resolución N° 1187-2015-SETENA de las 11:55 horas del 25 de mayo de 2015, que rechazó la solicitud de prórroga del plazo para aportar la titularidad del inmueble y archivó el expediente de viabilidad ambiental, así como en lo que concierne a la resolución R-275-2015 de las 7:00 horas del 21 de setiembre de 2015, que confirmó el archivo, identificadas en el cuadro petitorio de la actora con las letras c) y e). Para el Estado, a pesar de ser notificadas en debida forma, tales resoluciones fueron impugnadas en sede judicial una vez transcurrido el plazo anual previsto en el artículo 39 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Sobre tal defensa, el criterio de esta Cámara es que la misma ha de rechazarse, toda vez que, tal y como se evidenció en los hechos probados sobre los que descansa esta sentencia, las resoluciones citadas fueron inicialmente suspendidas por este propio Tribunal, debido a la medida cautelar ante causam presentada dentro del expediente judicial número 14-002931-1027-CA, y ordenado así por la propia Administración, aunque luego, como ya explicáramos, al desistirse de la citada causa judicial, volvieron a surtir plenos efectos, los cuales se mantuvieron, por lo que lejos de ser actos de efectos instantáneos, continuaron y se perpetuaron a través del tiempo, al punto de ser parte del objeto principal de esta demanda, pues refieren a la determinación realizada sobre la viabilidad ambiental otorgada de manera condicionada. Finalmente, en lo que toca a la excepción de falta de derecho, la misma ha de acogerse respecto al resto de pretensiones, pues tal y como lo ha explicado previamente este Tribunal, lo pretendido por la parte actora no resulta de recibo.
XIV.- SOBRE LAS COSTAS. Según regulación del artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas personales y procesales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo y sólo procede su dispensa cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar, o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En el caso de estudio, estima esta Cámara que no existe causal válida de dispensa, por lo que lo procedente es condenar a la accionante vencida al pago de ambas costas y a los intereses que estas generen, lo cual se liquidará en vía de ejecución.
POR TANTO
Se rechaza la defensa de caducidad; se admite parcialmente la excepción de falta de interés actual respecto a las resoluciones impugnadas en los apartes a) y b) de la primera pretensión; se acoge la excepción de falta de derecho respecto al resto de pretensiones esgrimidas. Consecuentemente, se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda intentada. Se condena a la empresa Eco Proyecciones del Nuevo Milenio S.A., como parte perdidosa, al pago de las costas procesales y personales en favor del Estado, así como a los intereses que estas generen, a liquidar en etapa de ejecución de sentencia. NOTIFÍQUESE.- Francisco Hidalgo Rueda Karla Madriz Martínez Carlos Zamora Campos *W8SXYB547BQE61* CARLOS GUILLERMO ZAMORA CAMPOS - JUEZ/A DECISOR/A *XGIAIO8L2YC61* FRANCISCO DE LA TRINIDAD HIDALGO RUEDA - JUEZ/A DECISOR/A *243TBH6RF4SM61* KARLA ALEXANDRA MADRIZ MARTINEZ - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección18098 . Teléfonos: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01 Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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