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Res. 00459-2020 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 08/09/2020

Lack of Proven Harm Bars Suspension of Fishing Data DisclosureFalta de prueba del daño impide suspender divulgación pesquera

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The court denied the interim measure seeking suspension of Agreement AJDIP/145-2020 and the Global Fishing Watch arrangement because the Longline Fishing Chamber failed to prove serious, current, or potential harm from publication of the data.Se rechazó la medida cautelar para suspender el acuerdo AJDIP/145-2020 y el convenio con Global Fishing Watch porque la Cámara Palangrera no probó un daño grave, actual o potencial derivado de la publicación de los datos.

SummaryResumen

The Administrative Litigation Court denied the pre-filing interim measure through which the National Longline Fishing Industry Chamber sought to suspend Board Agreement AJDIP/145-2020 and the cooperation agreement between INCOPESCA and Global Fishing Watch concerning publication of fishing-vessel geolocation data. Although the court found a sufficient prima facie case, it held that the Chamber failed to establish urgency or danger in delay because it submitted no relevant and compelling evidence of serious, current, or potential harm caused by disclosure. Assertions of harm and images showing that vessel data had been published did not prove how fishing activity had diminished or establish the severity of any injury. Given that evidentiary failure, the private interest had to yield to the public interest represented by INCOPESCA. The court clarified that the legality of the agreement, the confidentiality of the data, and compliance with international commitments were merits issues for the principal proceeding. It denied the measure without a special award of costs and ordered the case archived in due course.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la medida cautelar ante causam con la que la Cámara Nacional de la Industria Palangrera pretendía suspender el acuerdo AJDIP/145-2020 y el convenio de cooperación entre INCOPESCA y Global Fishing Watch, relacionados con la publicación de datos de geolocalización de embarcaciones pesqueras. Aunque estimó superada la apariencia de buen derecho, concluyó que la Cámara no demostró el peligro en la demora: no aportó prueba pertinente y contundente sobre daños graves, actuales o potenciales derivados de la divulgación. Las afirmaciones de perjuicio y las imágenes que mostraban la publicación de datos no acreditaban cómo se redujo la actividad pesquera ni cuál era la gravedad de la afectación. Ante esa deficiencia probatoria, el interés particular debía ceder frente al interés público representado por INCOPESCA. El Tribunal aclaró que la legalidad del acuerdo, la confidencialidad de los datos y su compatibilidad con compromisos internacionales debían discutirse en el proceso principal. Resolvió sin condenatoria especial en costas y ordenó archivar oportunamente el expediente.

Key excerptExtracto clave

X) DISPOSITION OF THE CASE: Therefore, because not all the necessary legal requirements are present, the interim measure requested must be denied on the terms in which it was submitted. It must be taken into consideration that both the prima facie case requirement and the balancing of the interests at stake are matters for analysis, verification, and examination by the judge to determine whether they have been satisfied and whether the claim may be heard in proceedings on the merits before this jurisdiction (prima facie case), and whether the determination made affects the public interest or the interests of third parties (balancing of interests); but one of the requirements for granting an interim measure rests with the party resorting to this type of proceeding (DANGER IN DELAY), because proof of harm is inherent to the person suffering it, who must substantiate the allegation with relevant and probative evidence for that purpose (Article 41 of the Code of Civil Procedure). This is precisely the requirement that was not supported and substantiated as was the claimant's duty and obligation, and this Court has no reason to cure the omissions identified in the corresponding section. As the logical consequence of this disposition, the interim measure sought by the NATIONAL LONGLINE FISHING INDUSTRY CHAMBER against the COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE (INCOPESCA) and the interested third party GLOBAL FISHING WATCH is denied. This matter is decided without a special award of costs. The case shall be archived in due course. THEREFORE In accordance with the foregoing, the pre-filing interim measure requested by the NATIONAL LONGLINE FISHING INDUSTRY CHAMBER against the COSTA RICAN INSTITUTE OF FISHERIES AND AQUACULTURE (INCOPESCA) and the interested third party GLOBAL FISHING WATCH is denied. This matter is decided without a special award of costs. The case shall be archived in due course. NOTICE SHALL BE GIVEN.X) RESOLUCIÓN DEL CASO: Por ende, al no concurrir en su totalidad los presupuestos legales necesarios, se debe de declarar sin lugar la medida cautelar solicitada en los términos que fue planteada. Se deberá tomar en consideración que tanto el presupuesto de apariencia de buen derecho como la ponderación de intereses en Juego son de análisis, comprobación y estudio por parte del Juez para verificar su cumplimiento y determinar si la demanda puede o no ser conocida en un proceso de conocimiento ante esta Jurisdicción (apariencia de buen derecho), y si la determinación que se toma afecta o no el interés público o de terceros interesados (ponderación de intereses en Juego); pero uno de los presupuestos o requisitos para la procedencia de la medida cautelar se encuentra en manos de quien acude a este tipo de procesos (PELIGRO EN LA DEMORA), ya que la demostración del daño, es inherente a la persona que lo sufre y será quien deberá probar su dicho con prueba pertinente y conducente a tal fin (artículo 41 del Código Procesal Civil), y es precisamente el presupuesto que no fue amparado y respaldado como era el deber y obligación de la parte actora, no teniendo este Tribunal el porque suplir las omisiones apuntadas en el apartado correspondiente. En consecuencia lógica de esta disposición se rechaza la medida cautelar, gestionada por la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA en contra del INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) y de la tercera interesada ORGANIZACIÓN GLOBAL FISHING WATCH. Se falla este asunto sin especial condenatoria en costas. En su oportunidad Archívese el expediente. POR TANTO De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar la medida cautelar anticipada solicitada por la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA en contra del INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) y de la tercera interesada ORGANIZACIÓN GLOBAL FISHING WATCH. Se falla este asunto sin especial condenatoria en costas. En su oportunidad Archívese el expediente. NOTIFÍQUESE.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave."

    "The alleged injuries must at least be established through rational proof; merely asserting harm in those terms is insufficient, and the circumstances showing that it constitutes harm and that it is serious must be proven."

    Considerando III

  • "Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave."

    Considerando III

  • "Daños que deberán ser establecidos como graves, además de tenerse como derivados de la situación aducida."

    "The harm must be established as serious and must also be shown to result from the alleged situation."

    Considerando III

  • "Daños que deberán ser establecidos como graves, además de tenerse como derivados de la situación aducida."

    Considerando III

  • "Situación que viene a evidenciar, que la situación de la parte actora no era ni ha sido tan apremiante ni urgente como se reclamaba."

    "This demonstrates that the claimant's situation was not, and has not been, as pressing or urgent as alleged."

    Análisis del peligro en la demora

  • "Situación que viene a evidenciar, que la situación de la parte actora no era ni ha sido tan apremiante ni urgente como se reclamaba."

    Análisis del peligro en la demora

  • "Finalmente, acerca de la ponderación de los intereses en juego: Considera este Juzgador, que al no verse demostrado la existencia de un daño grave, no puede más que concluirse que el interés particular debe de ceder ante el interés público que representa la necesidad de que las actuaciones de las entidades públicas y de los particulares se adecuen a los parámetros de seguridad jurídica y de legalidad que dispone el ordenamiento."

    "Finally, regarding the balancing of the interests at stake, this judge considers that because the existence of serious harm has not been demonstrated, the only possible conclusion is that the private interest must yield to the public interest in ensuring that the actions of public entities and private parties conform to the legal system's requirements of legal certainty and legality."

    Ponderación de intereses

  • "Finalmente, acerca de la ponderación de los intereses en juego: Considera este Juzgador, que al no verse demostrado la existencia de un daño grave, no puede más que concluirse que el interés particular debe de ceder ante el interés público que representa la necesidad de que las actuaciones de las entidades públicas y de los particulares se adecuen a los parámetros de seguridad jurídica y de legalidad que dispone el ordenamiento."

    Ponderación de intereses

Full documentDocumento completo

Procedural marks

ADMINISTRATIVE LITIGATION COURT Central Office 2545-0003. Fax 2545-0033. Email ...01 Second Judicial Circuit of San José, Annex A (Former Motorola Building) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CASE FILE: 20-003688-1 027-CA PROCEEDING: PRE-SUIT PRECAUTIONARY MEASURE FILED BY: CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA RESPONDENT: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) INTERESTED PARTY: ORGANIZACIÓN GLOBAL FISHING WATCH ------------------------------------------------------------------------------------------------ N°459-2020 ADMINISTRATIVE LITIGATION COURT OF THE SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ - ANNEX A - Goicoechea, at sixteen hours and thirty minutes on día ocho de Setiembre del año dos mil veinte.- Application for a pre-suit precautionary measure (medida cautelar ante causam), filed by CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA against INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA), with ORGANIZACIÓN GLOBAL FISHING WATCH having entered an appearance in the proceeding as an interested third party.- BACKGROUND:

  • 1)By means of the brief filed on fecha cinco de Agosto del año en curso, counsel for the applicant submitted an application for a pre-suit precautionary measure, stating the relief sought as follows, transcribed literally insofar as relevant: “(...) 2. That the effectiveness of the Board of Directors Resolution of Nombre2819 AJDIP/145-2020 dated 10 de julio de 2020 and the formalization of the Specific Cooperation Agreement (Convenio Específico de Cooperación, CEC) between Nombre2819 and Global Fishing Watch be suspended until it is determined in this forum whether the Agreement does in fact result in a breach of the rules protecting undisclosed information and traditional knowledge (conocimiento tradicional), and whether the Agreement is contrary to the international commitments undertaken by Costa Rica within the framework of the CIAT.” (see application for precautionary relief filed on 05/08/2020).-
  • 2)By the ruling issued at diecisiete horas cinco minutos del día cinco de Agosto del año dos mil veinte, this Court denied the requested precautionary measure on an extremely provisional basis (provisionalísima) and afforded the respondent an opportunity to be heard (see ruling dated 05(08/2020).-
  • 3)By means of the brief filed on fecha dieciocho de Agosto del año en curso, counsel for Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura opposed this application for precautionary relief and requested that it be denied on the grounds that it lacks a legal and factual basis and that the essential requirements for granting a measure of this nature are not met. Counsel requested that the case file be closed and that the applicant be ordered to pay the procedural costs and attorneys’ fees of this proceeding. Counsel raised the defenses (excepciones) of lack of standing on the part of both the applicant and the respondent and requested the joinder of Nombre3175 necessary parties (consorcio necesario) with respect to the organization Global Fishing Watch (see brief filed on 18/08/2020).-
  • 4)By means of the ruling issued at veintidós horas y cuarenta y siete minutos del dieciocho de agosto de dos mil veinte, this Court afforded the applicant an opportunity to be heard regarding the possible joinder of Nombre3175 in relation to Organización Global Fishing Watch (see ruling dated 18/08/2020).-
  • 5)By means of the brief filed on fecha veinticuatro de Agosto del año en curso, counsel for Cámara Nacional de la Industria Palangrera opposed the requested joinder of Nombre3175 and, insofar as relevant, requested the following: “(...). Urgently grant the precautionary measure giving rise to this judicial case file. . If the principal precautionary measure in the case file is not immediately granted, grant the extremely provisional counter-security (contracautela provisionalísima), ordering the suspension of the publication of the geolocation data of domestic fishing vessels on publicly accessible websites. It should be noted that, given the extremely provisional nature of this measure, it is requested pending a decision on the principal precautionary measure giving rise to this proceeding. The need to grant this new measure is evident: the data are already being disclosed to the public, with all the implications that this entails. All the requirements for the measure are met, as they are the same as those applicable to the pre-suit precautionary measure already requested, with the sole difference that, in this instance, the harm has become actual as a result of GFW’s publication of the data to the general public. . Do not grant the defense of Nombre3175 necessary passive joinder.” (see brief filed on fecha 24/08/2020).-
  • 6)By means of the brief filed on fecha veinte de Agosto del año en curso, counsel for Global Fishing Watch Inc. entered an appearance in the proceeding as an interested third party and, alternatively, as an intervenor (coadyuvante) in this matter, requesting, insofar as relevant, the following: “(...) 2. That the pre-suit precautionary measure filed by Cámara Nacional de la Industria Palangrera against the effectiveness of resolution AJDIP/145-2020 dated 10 de julio del 2020 be denied.” (see brief dated 20/08/2020).-
  • 7)The required formalities have been observed in this matter, and no defects or grounds for nullity are apparent that would preclude issuance of the following ruling.-

CONSIDERING:

  • I)REGARDING THE DEFENSES RAISED AND GLOBAL FISHING WATCH INC.’S APPEARANCE IN THIS APPLICATION FOR PRECAUTIONARY RELIEF. Counsel for Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) requested the joinder of Nombre3175 in relation to Organización Global Fishing Watch Inc., and also raised the defense of lack of standing on the part of both the applicant and the respondent. Nevertheless, it cannot be overlooked that this is a precautionary measure; it is the view of this Judge that, pursuant to sections 66 and 90 of Código Procesal Contencioso Administrativo, certain defenses need not be analyzed in advance because their assertion and resolution belong to other stages of the principal proceeding rather than to an anticipatory precautionary measure (medida cautelar anticipada). However, the applicant’s claim could potentially involve the party whose joinder is sought, hence the need for this Court to afford the respondent an opportunity to be heard and to address in advance whether such joinder is proper.

As is evident, the applicant has opposed bringing Organización Global Fishing Watch Inc. into the proceeding as a respondent; that organization, however, has entered an appearance and requested recognition as a party to this matter, whether as an intervenor or as an interested third party. On that basis, this Judge can only state that, under the terms proposed, it is improper to recognize the cited party as an intervenor, since that procedural status does not permit a direct interest in the outcome of the proceeding, whereas in this case it is more than evident that such a direct interest does exist (see, in this regard, section 13 of Código Procesal Contencioso Administrativo). As for recognizing counsel for Organización Global Fishing Watch Inc. as an interested party in this matter, that status may indeed be admitted, not only because of the request timely made by counsel for the co-respondent Institute concerning joinder in the litigation (integración a la litis), but also because of the application submitted directly by Organización Global Fishing Watch Inc. requesting recognition as an interested party in this matter pursuant to section 15, subsection 1). b), of Código Procesal Contencioso Administrativo.

That provision not only permits the assertion of independent claims but also affords the party an opportunity to enter an appearance in the proceeding either on the Court’s own motion or at a party’s request, taking the matter in its current procedural posture. Accordingly, pursuant to section 15 of Código Procesal Contencioso Administrativo, Organización Global Fishing Watch Inc. shall be recognized as an interested third party in this matter. Because it has entered an appearance in the proceeding, this Judge, pursuant to subsection 2) of the cited section, sees no impediment to immediately considering and deciding the present application in the interest of issuing the timely ruling required in proceedings of this nature. With respect to lack of standing on the part of both the applicant and the respondent, this Court declines to analyze that defense. If counsel for Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura considers it appropriate to maintain that argument, counsel must raise it in the principal action, should the applicant deem it appropriate to file such an action in due course.

The foregoing ruling is fully supported by the prior analysis of the Second Section of Tribunal Contencioso Administrativo, which has developed this issue and stated, insofar as relevant to this ruling, as follows: “(...) From a technical standpoint, defenses cannot be raised as they may be in merits proceedings (procesos de conocimiento), except, of course, those relating to jurisdiction—which must be heard and specially ruled upon in advance because they suspend jurisdiction to continue hearing the case file, other than to decide that particular application—those relating to legal capacity and formal requirements—the latter of which would be considered when the application is decided on the merits—or those relating to joinder of the litigation (integración de la litis). Under those terms, any defense or objection submitted serves no purpose; however, if one is raised, it must be reserved for consideration together with the merits of the precautionary measure and not decided on an interlocutory basis.

An interlocutory ruling (resolución interlocutoria) is inappropriate in this type of proceeding because it would permit a summary application to be converted into an ordinary proceeding, thereby distorting its essential nature. (...)” (boldface and underlining are ours). (See ruling N° 314-2020-II TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA, issued at siete horas y treinta minutos del once de junio de dos mil veinte.). In view of the foregoing, the Court declines to conduct a preliminary analysis of the lack of standing of either the respondent or the applicant raised by counsel for the respondent Institute.- II) GENERAL PRINCIPLES FOR GRANTING AN INTERIM MEASURE (MEDIDA CAUTELAR). As the Constitutional Chamber has explained, interim justice (justicia cautelar) responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and effective justice by preserving the factual conditions essential for rendering and enforcing the judgment.

(Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). In this same regard, Article 19 of the Code of Administrative Judicial Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo) provides that the purpose of ordering an interim measure is to provisionally protect and guarantee the subject matter of the proceedings and the effectiveness of the judgment. Legal scholarship has indicated that the purpose of interim justice is not to declare a fact or liability, establish a legal relationship, enforce an order and satisfy an undisputed right, or resolve a dispute, but rather to prevent the harm that litigation may cause or that may arise from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo. Interim Measures Against the Public Administration. 2nd ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). With the foregoing clearly established, the adjudicator, in compliance with Article 21 of the aforementioned procedural code, must determine whether an application for an interim measure is admissible, verifying for that purpose that the claim in the proceedings on the merits (proceso de conocimiento) is neither reckless nor manifestly lacking in seriousness; this constitutes a preliminary assessment of the merits to determine whether the case presents what legal scholarship and case law have called a likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho), or fumus boni iuris.

The provision under analysis also establishes that an interim measure is appropriate when the implementation or continuation of the conduct subject to the proceedings causes serious actual or potential harm or loss, a situation defined in legal scholarship as periculum in mora, or danger in delay (peligro en la demora); that is, where, due to the pathological delay inherent in judicial proceedings, there is a present, real, and objective danger that the moving party will suffer serious harm (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual of Administrative Judicial Proceedings. 1st ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Following the same reasoning, Article 22 of the Code of Administrative Judicial Procedure requires the adjudicator, in light of the principle of proportionality, to balance the interests at stake—that is, the individual’s circumstances, on the one hand, against the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the interim measure, on the other.

Additionally, the cited Article 22 requires the interim measure to be ancillary and provisional.- III) ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR ADMITTING AN INTERIM MEASURE. In this regard, it has been stated that, to provide interim relief (tutela cautelar), as a fundamental right derived from Article 41 of the Constitution—namely, the right to prompt and effective justice—the court must assess, for its effective realization, not only compliance with the requirements known in legal scholarship as Likelihood of Success on the Merits (Apariencia de Buen Derecho) (Fumus Boni Iuris), Danger in Delay (Peligro en la demora) (Periculum in Mora), and the balancing of the interests at stake, which will be detailed below, but also whether the characteristics referred to as the structural characteristics of the interim measure are present. The foregoing refers to its ancillary nature (instrumentalidad), provisional nature (provisionalidad), urgency (urgencia), and summary examination (summaria cognitio), or the summary nature of the proceedings (sumariedad del procedimiento).

Both the stated requirements and the identified characteristics must be present for the requested measure to be granted for the purpose of provisionally protecting and guaranteeing the subject matter of the proceedings and the effectiveness of the judgment. The requirements necessary for granting the interim measure are as follows: a) Likelihood of Success on the Merits: for the interim measure to be appropriate, there must be “seriousness in the claim,” that is, such a probability of success that the claim does not appear, at first glance, manifestly lacking in seriousness or, as the case may be, reckless. According to legal scholarship, this is nothing more than the probable subsequent recognition in the judgment of the claimant’s substantive right (derecho material), based on the analysis characteristic of highly expedited proceedings (proceso sumarísimo), which cannot and must not in any way determine the merits of the matter presented, but instead constitutes only an approximation thereof based on the evidence available when the ruling granting or denying the measure is issued; b) Danger in Delay: this consists of the objectively well-founded and reasonable fear that the asserted substantive legal position (situación jurídica sustancial) will be seriously harmed or gravely and irreparably prejudiced during the time required to render judgment in the principal proceedings.

This requirement calls for two elements: serious harm or loss and delay in the proceedings on the merits, without overlooking, of course, that this requirement includes what legal scholarship has called the “Bilateral Nature of Periculum in Mora” (Bilateralidad del Periculum in Mora), commonly known as the balancing of the interests at stake. The requirement refers to the characteristic that the alleged harm must possess: it must be capable of occurring—actually or potentially—if the requested measure is not adopted. Such harm must be established as serious and must also be shown to arise from the alleged situation. The alleged injuries must at least be demonstrated through the principle of a rational evidentiary basis (principio racional de prueba); therefore, it is not enough merely to allege harm in those terms, but the circumstances necessary for it to be considered harm, and serious harm at that, must be established.

In that regard, it must be emphasized that merely alleging the existence of serious, actual, or potential harm or loss is insufficient; it must be proven, which, as stated above, is a procedural burden (carga procesal) that must be borne by the interested party seeking to prove its assertions, Article 317 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil). Regarding delay in the proceedings on the merits: This requirement refers to the situation arising from judicial proceedings that, for their conduct and subsequent conclusion, require a series of procedural acts through which not only due process (debido proceso) is guaranteed, but also the issuance of a decision that, even if it cannot be rendered promptly, is at least fair. Bringing proceedings on the merits to an end takes time, and this is precisely where interim relief acquires particular importance, because while the decision in the case is pending, serious harm is being prevented that, if it occurred, would render the claimed right ineffective.

The entry into force of the Code of Administrative Judicial Procedure largely resolved the problem of proceedings that took years and even decades; today, despite all the efforts made, proceedings—although shorter due to the benefits of oral proceedings (oralidad)—must still pass through different stages and scheduling requirements, amid heavily congested dockets and other circumstances that cause proceedings to take a reasonable amount of time, but time nonetheless. Regarding the bilateral nature of periculum in mora: This term refers to the balancing of the interests at stake, associated with any public interest that may require protection, as weighed against the interests of third parties and, of course, the interests of the person seeking an interim measure. These interests must be comparatively assessed, and the measure must be denied when the harm suffered, or potentially suffered, by the community or third parties is greater than the harm that the applicant for the measure might experience.- IV) STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE INTERIM MEASURE: As previously indicated, in addition to the requirements already stated, the measure to be adopted must structurally possess the following characteristics: ancillary nature, meaning that such measures have a pronounced accessory relationship (relación de accesoriedad) to the final judgment because, ultimately, they serve as an instrument for preserving the subject matter of the proceedings as presented; provisional nature, meaning simply that whatever is ordered with respect to the interim measure will remain in effect subject to the resolution of the proceedings on the merits.

It should be emphasized that the measure may also be terminated or modified at any time due to changes in the conditions that originally justified it, or a measure previously rejected may be adopted, as provided in Article 29 of the Code of Administrative Judicial Procedure. Its effectiveness therefore expires when the judgment on the merits (sentencia de mérito) is rendered, or, in other words, its effects are contingent upon the decision adopted in the principal proceedings; urgency, to avoid danger in delay; and summary examination, meaning that measures of this type are adopted by virtue of a highly expedited review conducted by the court without prejudging the merits of the matter, which could in no way replace the stages of the proceedings on the merits. Based on the foregoing legal framework for analysis and the elements required to grant an interim measure, the specific case will now be examined.

  • V)ARGUMENT OF THE CLAIMANT (PARTE ACCIONANTE): Insofar as relevant to deciding this interim measure (medida cautelar), counsel for the CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA has stated that this application for interim relief (gestión cautelar) is filed against Resolution AJDIP/145-2020 of July 10, 2020, issued by the Board of Directors of INCOPESCA, asserting that the resolution provides for the disclosure to the private foreign organization Global Fishing Watch of information constituting the fishers’ traditional knowledge (conocimiento tradicional), contrary to the protection afforded to such information by the Ley de Biodiversidad. It reports that, since 2009, Costa Rica has been a member of the Inter-American Tropical Tuna Commission (CIAT) as a result of the enactment of law 8712, Convention for the Strengthening of the Inter-American Tropical Tuna Commission Established by the 1949 Convention Between the United States of America and the Republic of Costa Rica (“Antigua Convention”).

Accordingly, the country is a member of that Commission and is required to comply with the resolutions it issues. Within the framework of CIAT, there are resolutions regulating access to data generated by fishing vessels, which that body classifies as confidential. Consequently, CIAT member countries have undertaken to comply with the guidelines established by the Commission regarding the manner in which such information may be accessed. It adds that Resolution C-15-07 of July 2015, entitled Rules and Procedures on the Confidentiality of Data, is currently in force on this matter. It states that, in that resolution, CIAT recognizes “the need for commercial and organizational confidentiality of the data submitted to CIAT.” Accordingly, it provides, among other matters, that vessel-location data must be supplied by quadrants rather than by exact position, and establishes a formal procedure for requesting such data.

At the national level, the legal system requires medium-scale and advanced commercial fishing vessels to carry satellite-tracking devices and transmit their location data to INCOPESCA. Those obligations are governed by Decreto Ejecutivo N° 38681-MAG-MINAE of October 9, 2014, and the recently approved Reglamento para el seguimiento, control y vigilancia de embarcaciones pesqueras de las flotas nacionales y extranjeras (AJDIP/077-2020). It asserts that the latter regulation recognizes the confidential nature of this information, providing, for example, that “The information collected through the location, tracking, and control system for each vessel is for the exclusive use of INCOPESCA” (art. 6), and that “With respect to third parties, Nombre2819 shall determine the confidentiality of the information in accordance with the regulations in force” (art. 27). It reports that the confidential nature of the information is also expressly established in the contracts between the tracking-service provider (the company CLS) and the fishers who purchase satellite beacons from it.

It adds that, in this regard, the contracts state verbatim: “13. CONFIDENTIALITY Neither Party shall disclose to third parties, and each shall use its best efforts to ensure that its directors, officers, employees, contractors, and suppliers keep confidential all proprietary information disclosed by the other Party, including, without limitation, documents marked confidential, technical information, documentation, software, processes, know-how, and other unpublished information, except as authorized in writing by the disclosing party. CNIP shall not make copies of the documentation without CLS’s prior written authorization.” It adds that, through Board Resolution AJDIP/145-2020 of July 10, 2020, Nombre2819 approved a Specific Cooperation Agreement (Convenio Específico de Cooperación, CEC) with the nongovernmental organization Global Fishing Watch Inc., entitled Convenio Específico de Cooperación Entre el Instituto Costarricense De Pesca Y Acuicultura - Nombre2819 - y Global Fishing Watch, Inc., Sobre la Plataforma de Intercambio de Datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones.

Under the CEC, Nombre2819 is to provide the foreign NGO with all information concerning national vessels operating in national waters, and that organization will make all such information public. They report that the CEC contains a clause stating that data concerning the locations where vessels fish will be released to the public. They contend that this publicly discloses information of commercial interest to fishers that they have acquired through traditional knowledge. They assert that, in the case of purse-seine vessels, this is inconsistent with the legal framework established by CIAT; they therefore contend that the CEC fails to comply with the regulations in force and is affected by defects relating to fundamental rights (derechos fundamentales).

With regard to the likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho), they consider it important to note that the fishers’ information forms part of their traditional knowledge, generated through their productive activities, life experience, and close relationship with the sea. They point out that traditional knowledge is protected in Costa Rica by the Ley de Biodiversidad and by international instruments governing the subject. The Ley de Biodiversidad recognizes the existence of knowledge, innovation, and practices of a traditional nature and also assigns value to them insofar as they are associated with natural resources. They cite article 77 and transcribe the following: “The State recognizes the existence and validity of forms of knowledge and innovation and the need to protect them through the use of the appropriate legal mechanisms for each specific case.” They consider that this provision must be analyzed together with section 78, transcribing the following: “The State shall grant the protection indicated in the preceding article through, among other means, patents, trade secrets (secretos comerciales), plant breeders’ rights, sui generis community intellectual rights, copyrights, and farmers’ rights.” They explain what, in their view, is provided by the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (TIRFA), which provides for the protection of traditional knowledge created by, among other groups, farmers and sectors of the population engaged in the production or extraction of food.

They transcribe article 9) and state that, although that article addresses traditional knowledge under the heading of farmers’ rights, they contend that it must be construed broadly rather than restrictively, because it encompasses practices related to the conservation of food biodiversity and is not limited solely to agriculture. Based on the foregoing, they assert that the knowledge generated by fishers is protected under both national and international law. They emphasize that it may indeed be regarded as traditional knowledge, on the understanding that it results from empirical experience in the activity, is built over time through fishing practices, and constitutes a valuable source of information for fisheries management, not only for fishers but also for the State. They therefore contend that, under the applicable legal framework, the secret and confidential nature of this information must be safeguarded, making the existence of a likelihood of success on the merits evident in this case.

They further contend that unrestricted public access to vessel geolocation jeopardizes the trade secrets underlying fishing activities. This is because each captain knows particular fishing grounds, when fishing is productive at those locations, and the methods under which the activity is most effective. Such information is confidential because it is generated through experience, and each fisher safeguards it as part of their know-how concerning fishing activities. Contrary to the assertion made in Mr. Del Valle’s legal opinion, such information may indeed be classified as undisclosed information (información no divulgada) under Ley N° 7975, Ley de información No Divulgada, and its implementing regulations. The applicant maintains that, if the article is analyzed element by element, it can be determined that the knowledge held by the fishers may indeed be included in this category because it satisfies all the elements specified in the article.

Fishers keep their preferred fishing grounds secret so that others do not learn of them and greater fishing effort is not exerted in the area. They emphasize that fishers possess this information as a result of their own fishing activities and the experience they develop over time. In other words, it is the product of the effort made by each fisher, who has discovered which areas are productive for fishing within the vast range of possibilities permitted by fisheries legislation and the limitations of their license. Finally, the purpose of this knowledge is to conduct profitable fishing trips in which a substantial quantity of fishery products is caught, subject to the limitations imposed by the authorities. As in other fields of commerce and industry, this information is kept confidential so that others cannot take advantage of it, because doing so would adversely affect the person who holds it.

The geolocation information will be provided by Nombre2819 to the NGO, which will in turn make the data available to the general public, although not in real time and while protecting the identity of each vessel. However, in the case of purse-seine vessels, there are international rules—CIAT resolutions—that do not permit this procedure to be applied. This is the case with Resolution C-15-07 of July 2015, in which CIAT established the Rules and Procedures on the Confidentiality of Data, including vessel-position data. In that resolution, CIAT recognizes “the need for commercial and organizational confidentiality of the data submitted to CIAT.” Accordingly, article 1 provides that location data must be supplied by quadrants rather than by exact position. They contend that this rule recognizes the importance of protecting not only the identities of the vessels and the persons on board, but also their exact positions, because of the clear commercial component discussed above.

Likewise, the disclosure of more detailed data requires an administrative procedure (procedimiento administrativo) and must be governed by the rules and procedures established in the resolution. The applicants understand that, throughout the regulations, any request submitted to CIAT to obtain these more detailed data must be justified and approved by CIAT’s bodies, and that several requirements must be met in order to access such information. They point out that this CIAT resolution is binding on Costa Rica and therefore consider it entirely misguided and legally untenable to approve an agreement with an NGO that completely disregards the established procedure for accessing these data.

It is asserted that the fact that Nombre2819 transmits exact vessel geolocation data to Global Fishing Watch, and that this NGO subsequently makes such information publicly available, constitutes a flagrant violation of international law and of the commitments and duties undertaken by Costa Rica within the framework of the CIAT. They conclude by stating that there are solid arguments in favor of interim relief (medida cautelar), including the need to protect the fishers’ traditional knowledge (conocimiento tradicional), the breach of the agreement concerning the protection of confidential and undisclosed information (información confidencial y no divulgada) of commercial interest to this productive sector, and the need to ensure that Costa Rica complies with its international duties and commitments. Regarding the risk in delay (Peligro en la Demora), they consider that there is indeed an imminent risk arising from the implementation of the aforementioned agreement, because publication of the data at issue to the general public would place Costa Rica in breach of international agreements (specifically, the legal framework governing the CIAT and its resolutions).

They assert that all of the foregoing means that the claim is neither reckless nor lacking in seriousness, since it is consistent with the applicable national and international legal system. They state that the objective is to enforce the existing legal protection relating to environmental protection (through the protection of traditional knowledge), undisclosed information of commercial interest, and the confidentiality established within the framework of the CIAT, as well as national regulations on satellite tracking and the contracts with the company providing the satellite-tracking service. Regarding the balancing of the interests at stake (Ponderación de los Intereses en Juego), they state that an attempt has been made in this case to set the guarantee of confidentiality against environmental protection, which is nothing more than a false dichotomy. Indeed, the regulations in force require fishing vessels to carry a satellite beacon so that Nombre2819 can monitor compliance with fisheries regulations.

The party bringing this proceeding considers that the installation and activation of this device on the vessels is what enables Nombre2819 to carry out its monitoring and surveillance activities. This institute is the only entity with the authority and legal power under current legislation to require fishers to provide this information. They consider that there is no rule, legal principle, or legal mandate of any kind within our legal system requiring the data sent to Nombre2819 to be released to the public in order for the corresponding monitoring and surveillance activities to be performed, since this authority is vested exclusively in that institute. The purported conflict between confidentiality and the right to a healthy and ecologically balanced environment is therefore entirely illusory: fishers send Nombre2819 undisclosed information derived from their traditional knowledge so that the institute may perform its functions related to the protection of natural resources, but the institute must, in turn, handle such data confidentially.

Neither the fact that the data are undisclosed eliminates the fishers’ duty to transmit their location to Nombre2819, nor does receipt of the data authorize Nombre2819 to treat them as public data. They emphasize that the fact that the information must be communicated to the authority to ensure environmental protection does not in any way eliminate the public administration’s duty of confidentiality. On the contrary, the handling of information by institutions requires that protective measures be taken so as not to disclose knowledge that is valuable to those who hold it. They assert that it has nowhere been established or demonstrated that releasing the fishers’ information to the public constitutes a matter of public-interest necessity; therefore, that consideration cannot be invoked to nullify confidentiality protections. Moreover, the Ley de Biodiversidad regards the protection of traditional knowledge as part of environmental protection.

They consider it important to mention that Article 27 of the Regulations for the Tracking, Monitoring, and Surveillance of Fishing Vessels of National and Foreign Fleets (Reglamento para el seguimiento, control y vigilancia de embarcaciones pesqueras de las notas nacionales y extranjeras) (AJDIP/077-2020) states: “The information recorded in the CSC shall be safeguarded by Nombre2819 and shall be shared on a restricted basis with the competent administrative or judicial authorities responsible for the surveillance and monitoring of fishing activities. With respect to third parties, Nombre2819 shall determine the confidentiality of the information in accordance with the regulations in force.” They consider that this demonstrates that the degree of confidentiality is not a matter left to the unfettered discretion of lNCOPESCA; rather, the institution may determine this factor in accordance with the regulations in force.

They state that this power cannot be separated from the protection of traditional knowledge provided for in the Ley de Biodiversidad and from the protection of undisclosed information. For these reasons, they consider it clear that publishing the fishers’ information produces neither a benefit nor a detriment to the public interest in environmental protection, but they assert that its publication is indeed harmful to the fishers insofar as it violates the guarantee of confidentiality established in the legal system. In addition, for the reasons stated above, giving the agreement the green light would entail noncompliance with the international commitments undertaken by the country within the framework of the CIAT, which is contrary to the public interest. They submit the following evidentiary materials: “(...) • Official Letter AL 113-07-2020 (3) dated July 9, 2020 (which also contains the agreement). • Contracts between CLS and the fishers.”.- VI) ARGUMENTS OF THE REPRESENTATIVE OF THE INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA): Insofar as relevant to the resolution of this matter, it has expressed its opposition to this application for interim relief (gestión cautelar).

It states that the reasons or grounds for entering into the agreement are based on Article 50 of the Constitución Política, which provides that the State has an obligation to seek the greatest well-being for all inhabitants of the country by organizing and stimulating production and the most appropriate distribution of wealth. It particularly emphasizes every person’s right to a healthy and ecologically balanced environment. It states that the foregoing constitutional guarantee entails a duty on the part of the State to organize its actions so as to ensure the fulfillment of these constitutionally rooted rights. It further reports that Ley N° 7384, the law establishing INCOPESCA, empowers the Institute, under Article 3 thereof, to coordinate activities with organizations of any kind whose combined efforts seek to promote the use of fisheries resources and the conservation of species, in order to attain the greatest social benefit.

Article 5 of the same law allows the Institute to enter into cooperation agreements with national and international institutions to promote and secure financial resources for the scientific and technological development of fishing and aquaculture activities. Similarly, Ley N° 8436 (de Pesca y Acuicultura) provides that Nombre2819, as the authority responsible for implementing that Law, is entrusted, among other responsibilities, with promoting and developing fishing, marine hunting, aquaculture, and research, as well as fostering the conservation, utilization, and sustainable use of marine and aquaculture biological resources. Specifically, Article 129 entrusts the Institute with the processes of collecting, organizing, digitizing, analyzing, and disseminating statistical information, indicating that those processes are public in nature and that their principal objective is to serve as the basis for planning fishing and aquaculture activities at the national level.

Consequently, the Institute is empowered to implement fisheries policies and to regulate and administer marine resources, including by entering into agreements of this nature. It reports that on 2 de mayo del 2018, the Letter of Intent was signed between the Ministerios del Ambiente y Energía y de Seguridad Pública de la República de Costa Rica and Global Fishing Watch, Inc., with the intention of improving mutual cooperation in analyzing and mapping fishing-effort intensity and fishing patterns in the waters of Costa Rica’s Exclusive Economic Zone, and of increasing the capacity of Costa Rican authorities to conduct marine and fisheries surveillance through the use of technology; this process was further strengthened by the implementation of the Agreement entered into by INCOPESCA. Through Decreto Ejecutivo N°41025-MP-MAG-MSP, published in La Gaceta 86 of 17 de mayo del 2018, the Comisión Interinstitucional sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), in which INCOPESCA participates, was created for the purpose of developing public policies aimed at preventing, combating, and deterring illegal, unreported, and unregulated fishing in all spheres—administrative, law-enforcement, and judicial—through joint and coordinated action among State institutions, in order to address this issue in Costa Rica’s Territorial Sea and Exclusive Economic Zone.

On 26 de febrero del 2019, within the framework of the Comisión Interinstitucional sobre Pesca INDNR, the President of the Republic agreed to promote a national strategy against Pesca INDNR, which identified, among other measures, the imperative of entering into cooperation agreements with various International Organizations to support satellite-monitoring activities. With respect to the Agreement, it considers it important to note that its purpose is to collaborate in the sustainable use of marine resources by increasing transparency in the country’s fishing activities. To that end, it seeks to establish a collaborative framework for exchanging data from the vessel monitoring system (VMS) and from the registry maintained by Nombre2819 of vessels associated with fishing activities with GFW, so that the locations reflected by these VMS signals are displayed transparently on the public globalfishingwatch.org platform, thereby promoting joint work between the Institute and GFW.

It asserts that greater fisheries transparency strengthens monitoring, control, and surveillance and supports national and regional efforts to combat illegal fishing. By signing the Cooperation Agreement with GFW, the country joins the technological advances already applied by countries such as Panamá, Perú, Chile, and Indonesia in their national fisheries systems. It asserts that the adoption of this Agreement demonstrates Costa Rica’s leadership in fisheries transparency by sharing data from the monitoring system for vessels in our fleet. This work will promote the sustainable use of our marine resources by strengthening control and surveillance measures in our jurisdictional waters, which the fishing sector considers necessary to assure international markets that our fish comes from sustainable sources, through an updated Monitoring, Control, and Surveillance system employing a modern and effective technological mechanism.

It reports that, as has been promoted since 2019, the medium-scale and advanced-scale fishing sector (longline fishing (palangre)), with the support of that Institute, is promoting the first Fisheries Improvement Project (Proyecto de Mejora Pesquera), or FIP, which seeks to certify tuna, mahi-mahi, and swordfish fisheries. As its representatives have correctly stated, there is a commitment to improving fishing practices and complying with international standards for responsible fishing, an objective encompassed by the signing of this Agreement. It asserts that a legal analysis was conducted of the Agreement between Nombre2819 and GFW concerning the platform for exchanging vessel-monitoring-system data, and it was determined that the data to be collected, transmitted, and analyzed do not meet the criteria for constituting personal data under national legislation, specifically Ley No. 8968 “Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales.” It emphasizes that the data to be published under this Agreement do not pertain to natural persons and therefore do not affect the private sphere; instead, they consist of satellite geolocation data for vessels, which are required to transmit them pursuant to the licenses granted to them, the administrative authorizations for transshipment or unloading of products at national ports, and the regulations requiring such transmission.

Accordingly, there is no violation of the guarantee protecting natural persons. The personal data of the owners, representatives, and shipowners of licensed vessels, as well as those of the captain and crew, will not be displayed on the public globalfishingwatch.org platform. In the view of the respondent’s representative, the claimant engages in a false and malicious equation, based on unfounded analogical reasoning, by attempting to link fishing activity to traditional knowledge under the Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. That treaty, which entails a certain degree of operational complexity and a special implementation regime because it establishes a multilateral system of access and benefit-sharing exclusively for plant genetic resources, is not applicable to this case. Plant genetic resources are defined as any genetic material of plant origin having actual or potential value for food and agriculture.

It considers that continuing to elaborate on this point concerning the absurd equation drawn would trivialize the matter and show disrespect toward the Chamber. It considers it important to mention that, in 2018, the longline-fishing sector filed complaints of illegal fishing by foreign purse-seine vessels, and that the sector itself used the Global Fishing Watch, Inc. platform as a source of information. In its view, this confirms that the platform can be useful to the fishing sector generally in promoting transparency in legal fishing activities. With respect to the likelihood of success on the merits (Apariencia de Buen Derecho), it considers that granting the interim measure requested by the claimant would effectively resolve the merits of the matter without an opportunity to debate whether the relief sought is warranted, because interim-relief proceedings are not intended to satisfy the asserted right.

With respect to the risk posed by delay (Peligro en la Demora), it considers that, in the case at hand, the applicants have not demonstrated the existence of serious harm or loss that would be difficult or impossible to remedy, nor have they demonstrated a possible causal link between the challenged administrative conduct and the alleged harm; consequently, it considers the adoption of the measure unwarranted. Regarding the balancing of the interests at stake (Ponderación de los Intereses en Juego), it states that, in this case, the interests to be balanced are the fishermen’s private interest in protecting the confidentiality of certain knowledge or “know-how,” on the one hand, and, on the other, the overriding public interest reflected in the legal obligation of fishing-license holders to transmit their geolocation as an indispensable requirement for engaging in fishing operations. That obligation gives rise to Nombre2819’s legal authority to use such information to fulfill its purposes, with the assistance of other organizations, as well as to the constitutional public interest (Art. 50) vested in INCOPESCA, which encompasses the State’s obligation to seek the greatest well-being for all inhabitants of the country by organizing and stimulating production and the most appropriate distribution of wealth, together with every person’s right to a healthy and ecologically balanced environment, as related to the State’s obligation to protect human life, guarantee decent work, and prevent and deter illegal, unreported, and unregulated fishing.

It considers it clear that, in this matter, the public interest in safeguarding the national and international legal order for the protection of marine resources, human life, and the right to decent work must prevail over the appellant’s private and commercial interest. As part of its evidentiary materials, it submits the following: “(...) The following copies from the administrative record are attached: • Official Letter AL 029-03-2020 (1). Request for clarification from the Executive Presidency. • Legal Opinion of Lic. Edgar del Valle M., International Consultant, concerning the Specific Cooperation Agreement between Global Fishing Watch and the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. • Official Letter AL 113-07-2020 (3). Approval by Legal Counsel for the Board of Directors. • Resolution of the Nombre2819 Board of Directors AJDIP/145-2020 of 10 de julio de 2020 and formalization of the Specific Cooperation Agreement between Nombre2819 and Global Fishing Watch. • Specific Cooperation Agreement between the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura—INCOPESCA—and Global Fishing Watch, ING., concerning the vessel-monitoring-system data-exchange platform, signed.” VII) ARGUMENTS OF THE REPRESENTATIVE OF THE ORGANIZATION GLOBAL FISHING WATCH: Insofar as relevant to the resolution of this matter, it reports that the organization it represents is a nongovernmental organization (NGO) with a global presence, operating on a nonprofit basis, whose fundamental purpose is to promote the sustainability of our ocean through greater transparency in fishing and scientific research.

By transforming the monitoring and analysis of the global fishing fleet, GFW cooperates with States to address threats to marine resources, security, and coastal communities more effectively. They state that they have had active technology supporting these efforts by the international community since 2016. They affirm that they are committed to advancing ocean sustainability through greater transparency. They do so by providing, free of charge, data and monitoring of fishing activity by international fleets, supporting science and research, and promoting universal dialogue on ocean transparency. With regard to the request for provisional relief (pretensión cautelar), it considers that the request exceeds the strictly provisional nature of interim judicial protection (auxilio cautelar), whose sole purpose is to provisionally preserve the subject matter of the proceedings and ensure the effectiveness of any eventual judgment.

It considers that granting the interim measure (medida cautelar) in the proposed form would amount to deciding the entire dispute on the merits without even debating whether the relief claimed is warranted. The interested party takes the position that the plaintiff chose to challenge the enforceability of the administrative act (acto administrativo) through contentious-administrative proceedings (vía contenciosa), without demonstrating, even to a standard of probability, that agreement Nombre2819 AJDIP/145-2020 of 10 de julio de 2020 contravenes agreements, laws, or regulations within the regulatory framework governing Nombre2819 and commercial fishing activity in Costa Rica. It reports that, pursuant to Article 1 of the CEC entered into between Nombre2819 and GFW, its purpose is to establish a collaborative working framework through which Nombre2819 will directly, securely, and automatically transfer VMS data or vessel geolocation data to GFW so that the data may be processed, aggregated, and redacted and subsequently placed on the public globalfishingwatch.org platform.

It states that some of these data will be made available to both parties to the Agreement in a private workspace, and that only the vessel’s generic identifying name assigned by Nombre2819, the vessel’s flag, and its geolocation will be published in the public workspace after a delay of 72 hours (3 días). It adds that the handling of data relating to fishing activity is understood within the framework of the sovereign powers of the State, whether flag or coastal State, and falls within the scope of the concept of transparency. It reports that the transparency process within the fishing system comprises different stages. The first and most important is data availability. Thus, each sovereign State transforms the data into information that informs the adoption of appropriate measures and strengthens, in particular, the system’s monitoring, control, and surveillance mechanisms (mecanismos de MCV).

Among all the data produced by the fishing system as a whole, the data of interest to GFW are solely those related to vessel geolocation and public-record data. This interest is based on the sovereign need of States to control the activities of vessels engaged in harvesting public resources, without interfering with the commercial operations of the entire value chain. In other words, GFW cooperates with States in exercising their sovereign right and duty to ensure appropriate conservation and management measures by technologically enhancing data analysis. It states that it must also be emphasized, within this regulatory context governed by CONVEMAR and the CDB, that vessel geolocation cannot in any way be associated with a measure that violates traditional knowledge (conocimiento tradicional), in light of the provisions of Article 8 (j) of CDB9 itself and the work of the Open-ended Ad Hoc Working Group on Article 8(j) and Related Provisions'°, and the Intergovernmental Committee of the World Intellectual Property Organization on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (ClG)".

It later states that the applicant Chamber alleges that geolocation infringes upon the traditional knowledge of fishers, while disregarding or omitting in bad faith the fact that this satellite-tracking system, which was initially designed to prevent collisions and locate vessels requiring assistance from Governments, serves the collective interest rather than an individual interest, because the State has the authority to exercise sovereignty over the waters under its jurisdiction and, for that purpose, may use the technological tools available to it, as clearly established in Article 2.6 of Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436. With regard to the CEC, it states that Nombre2819 is not only the lawful holder of the information generated by the CSC that it safeguards, having obtained it through lawful means arising from the processes for obtaining fishing licenses or administrative authorizations for transshipment or unloading at national ports, but may also determine which portion of that information is confidential, which portion will be made public, and in what formats.

It considers it important to add that another relevant aspect is that Nombre2819 is legally empowered to enter into cooperation agreements such as the CEC. It considers that the request to suspend the validity of a Board of Directors agreement and the resulting formalization of a Specific Cooperation Agreement until the courts determine whether there has allegedly been a breach of rules and an alleged failure to honor international commitments is reckless and prevents the pursuit of a relevant public interest, namely, the protection of fisheries resources. With regard to the risk arising from delay (Peligro en la Demora), it states that damages must be established through appropriate evidence, which, in its view, the applicants for the interim measure have not provided. Merely alleging the existence of actual or potential harm is insufficient; evidentiary material must be submitted on a preliminary basis, but with legal rigor.

With regard to the balancing of the interests at stake (Ponderación de los Intereses en Juego), it considers that the plaintiff failed to establish appropriately the existence of serious, actual, and irreparable harm; the circumstances do not warrant giving precedence to the interests of the Cámara Nacional de la Industria Palangrera over the obligation of Nombre2819 and public entities generally to ensure compliance with Article 6 of the Constitución Política. It asserts that not only is there a clear and manifest public interest in protecting the environment, but the State is also under an obligation to organize its institutional structure so as to secure the welfare of its inhabitants and to defend and preserve citizens’ right to a healthy and ecologically balanced environment, which includes regulating and overseeing the extraction of a resource of public interest such as fisheries resources.

It states that, together with the cited legal provisions, this establishes the existence of a public interest in protecting the environment that conflicts with any individual right to maintain the confidentiality of certain information, which is merely one of the many components of fishing activity.- VIII) ON THE SPECIFIC CASE. The Court proceeds to conduct the corresponding examination of the elements required to determine whether the interim measure (medida cautelar) presently before us should be granted, pursuant to Articles 21 and 22 of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), taking into consideration not only the parties’ arguments, but also the relevance of the evidence submitted in the proceeding, a matter that falls solely and exclusively to the party seeking to prove its assertions, as provided in Article 41 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), by reference from Article 220 of the Code of Administrative Litigation Procedure.

The elements required for granting this application are addressed below: Likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho). As indicated at the beginning of Considerando V) of this decision, the applicant’s counsel has stated that this application for interim relief challenges agreement AJDIP/145-2020 del 10 de julio de 2020 of the Board of Directors of INCOPESCA, asserting that it entails providing information constituting the fishers’ traditional knowledge to the private foreign organization Global Fishing Watch, which, in counsel’s view, contravenes the protection afforded to such information by the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad). The claimant maintains that the CEC contains a clause stating that data concerning the locations where vessels fish will be released to the public. They contend that this publicly discloses information of commercial interest to the fishers that they have obtained through traditional knowledge.

In the case of purse-seine vessels (embarcaciones cerqueras), this contradicts the legal framework established by CIAT. Counsel emphasizes that the knowledge generated by the fishers is protected under both domestic and international law, considering that unrestricted public access to the vessels’ geolocation endangers the trade secrets underlying fishing activities. For these reasons, they assert that the CEC fails to comply with the applicable regulations and contains defects relating to fundamental rights, and that they have therefore appeared before this jurisdiction to request, as interim relief, the suspension of the cited agreement while the principal proceeding is adjudicated by this Court. Based solely on the evidence submitted, this Court considers it prudent to deem the element under review satisfied, for the simple reason that there is an administrative provision which, in the applicants’ view, causes them loss and damage; whether such loss and damage exists and warrants relief cannot be determined through an interim measure, but rather in the principal proceeding.

Likewise, ruling on whether the CEC actually fails to comply with the applicable regulations and contains defects relating to fundamental rights would involve deciding the merits. For this Court, the opposition expressed by both the defendant and the interested party (parte interesada) in the proceeding, who defend the challenged Agreement, must also be examined in the principal proceeding, since this Court cannot, in advance, favor either position, as doing so would prejudge an issue that must necessarily be resolved in the principal proceeding. As to the ancillary nature (instrumentalidad) of the relief requested through this application in relation to the eventual merits proceeding (proceso de conocimiento), the Court notes that both the defendant and the interested party agree that granting the interim measure in the terms proposed would resolve the entire dispute on the merits without even debating whether the relief sought is warranted.

This Court respects and agrees with the positions of the cited parties, but in this case only as regards the need to examine on the merits the unlawfulness of the challenged action, since its legality can be examined and determined only in the principal proceeding and not beforehand. This necessarily and logically means that the requisite likelihood of success on the merits does exist in this case, at least for the purpose of considering whether the relief sought is warranted, an issue that may properly be examined in the corresponding merits proceeding to determine which position is correct. This conclusion is reached for the simple reason that we cannot disregard the jurisdiction vested in this Court under both Article 49 of the Constitution and the Code of Administrative Litigation Procedure, which authorizes comprehensive review of the legality of administrative action and entails declaring legally noncompliant any formal or material conduct that is contrary to the body of applicable law (bloque de legalidad).

Likelihood of success on the merits is itself a probability assessment made by the Judge regarding the proceeding’s eventual outcome. Because this is an application for interim relief, and particularly one made before commencement of the principal action (ante causam), it is premature to determine whether it should be granted, since the arguments and evidence supporting the merits proceeding may differ from those presently before us. At this procedural stage, the undersigned cannot venture to question whether this requirement is satisfied, in application of the constitutional principle guaranteeing that any person who considers themselves affected by administrative action may seek redress before this Jurisdiction, with access to justice also being recognized as a fundamental right (Articles 41 and 49 of the Political Constitution (Constitución Política)). Accordingly, at least prima facie, without prejudging the matter or even determining the likelihood that the action will succeed, the fact remains that it may properly be examined in the principal proceeding should the applicant’s counsel decide to file it.

On those terms, the requirement under review is deemed satisfied. As to the risk arising from delay (peligro en la demora): It must be stated that this element is not satisfied with respect to the applicant’s legal position. Although it might be presumed that the situation could adversely affect the applicant in various ways, this is merely a human presumption. In that regard, it must be stated that alleging the existence of serious actual or potential loss or damage is insufficient; it must be proven, and the procedural burden (carga procesal) of proving that assertion rests with the interested party, pursuant to Article 41 of the Code of Civil Procedure, applicable to this matter by reference from Article 220 of the Code of Administrative Litigation Procedure. In this matter, the claimant submits the following evidence: “(...) • Official letter AL 113-07-2020 (3) del 09 de julio de 2020 (which also contains the agreement). • Contracts between CLS and the fishers.

(see the original application for interim relief filed on 05/08/2020).” Through its filing submitted on veinticuatro de Agosto del año en curso, the claimant, among other statements, reports and submits evidence relating to GFW’s public platform, where it can be seen that data concerning vessels fishing in Costa Rican waters are already being displayed to the general public; the claimant therefore considers it necessary for this new interim measure to be granted, given the implications involved. (see filing and images submitted on 24/08/2020). It cannot be overlooked that it is precisely the evidence submitted with applications of this type that enables the Court to determine whether harm actually exists and, if so, its magnitude. If we compare the evidence submitted with the harm alleged, the evidence does nothing whatsoever to help establish whether harm actually exists or has occurred, much less the possibility of determining its magnitude.

This Court could presume that harm exists, but determining its magnitude is an entirely different matter, since not just any harm may be protected through applications of this type. It bears emphasizing that the claimant has submitted no evidence demonstrating the harm that it might be experiencing, or is currently experiencing, as a result of the publication of the national fishing vessels’ geolocation data on publicly accessible websites. As indicated, the evidence submitted with the principal application for interim relief (filed on 05/08/2020) did not make it possible to ascertain the harm, much less its severity, as of the very date on which the application was considered; accordingly, the request for an urgently provisional interim measure (medida cautelar en carácter de provisionalísima) was denied by the decision issued at diecisiete horas cinco minutos del día cinco de Agosto del año dos mil veinte.

Turning to the original application for interim relief, it sought interim protection so that agreement AJDIP/145-2020 del 10 de julio de 2020 of the Board of Directors of INCOPESCA would be suspended, in order to prevent information of interest to the party appearing before this jurisdiction from being published on publicly accessible websites. Because there was no evidence demonstrating the harm, the request for an urgently provisional interim measure was denied on the same day it was filed, with the result that the information has now appeared on publicly accessible websites; the claimant therefore asserts that the harm is no longer merely potential but has become actual. Turning now to the evidence submitted to substantiate the harm, we see that it is aimed at reporting or demonstrating that data or information which, in the claimant’s view, injures the fishers’ interests is now in fact appearing publicly, and that because of those publications, the incorporation of the data into the GFW platform has transformed the harm from potential to actual.

On that basis, and in the absence of evidence demonstrating it, the Court must ask what has occurred since those data were published on or incorporated into the GFW platform. How have the fishers’ loss and damage manifested themselves? Has their fishing activity been prevented or diminished, and if so, to what extent? What repercussions has that disclosure of data caused for their current fishing activities? The claimant speaks of harm that is no longer even potential but actual, yet fails to submit the evidence necessary to support that assertion. Images of the publications that, in the claimant’s view, cause loss and damage are submitted—an issue going to the merits—but detailed information concerning the harm they are experiencing as a result of those publications has been omitted. Although this Court can understand that disclosing certain information to the general public might cause the applicant’s counsel some difficulties and that this could result in harm, in the absence of evidence to that effect, the Court does not find that such harm reaches the required level of severity.

It bears recalling that, to receive protection through applications of this type, the harm must not only be present, but its severity must also be demonstrated, which is precisely what the submitted evidence fails to establish.

By way of illustration of the foregoing, urgency was claimed from the outset to prevent the publication of certain information that, in the applicant’s view, would cause them serious harm and damages; however, it must be understood that such adverse effects, or the damages claimed, must be proven, since the party resorting to this avenue must demonstrate them, as that party is in fact obligated to prove the harm. In this case, it is entirely unknown what harm they have experienced as a result of the information published on public websites or how the disclosure of these data has affected their activities; that is precisely what remains unknown to this day. It must be emphasized—and it is extremely important to understand—that this Court is not familiar with the Cámara Nacional de la Industria Palangrera represented herein; consequently, the harm claimed to have resulted from the disclosure of data and information cannot be established or presumed based solely on the party’s assertions, because there is no evidence of the repercussions that those data publications have caused and that the fishers are experiencing, which precludes a finding not only of harm but also of its magnitude.

This Court has identified a series of narratives, statements, and arguments that have not been supported by the necessary evidentiary material. Although a party may make assertions and/or arguments, those arguments must be accompanied by the evidence necessary for that purpose, so as to lend credibility to what is asserted; otherwise, they constitute subjective assessments and, as such, are not eligible for protection through this type of proceeding. If the moving party does not submit the evidence necessary to support its assertions (Article 41 of the Código Procesal Civil), this Court could only presume that harm is in fact being caused; however, it must be clarified that this Court was not created to presume the legal circumstances of parties that resort to this avenue, but rather to rule in accordance with law. This obviously would not permit granting relief to one party to the detriment of another without proper proof of what is requested, because doing so would create a procedural imbalance benefiting a party that should have proven what it sought to obtain from the opposing party.

The moving party must bear in mind that, when resorting to this type of application, what is protected against is the potential harm it might experience both because of the delay in obtaining a response in the proceeding on the merits (proceso de fondo) and because of the pressing situation it may be experiencing or may experience if the application is not granted. It must also be borne in mind that the harm sought to be prevented through this type of proceeding must reach a serious level, and that seriousness can be established only through the evidence necessary, relevant, and compelling for that purpose. This is why precautionary relief (tutela cautelar) suspends the execution of the challenged actions, in order to ensure that the harm does not occur or ceases to occur. It must not be overlooked that such harm cannot be unreal, hypothetical, or abstract; therefore, if the type of harm that could be caused by the implementation of an administrative action (conducta administrativa) is not clearly apparent, it must at least be established that the harm will cause a serious adverse effect such that, even if a judgment on the merits were ultimately entered in the party’s favor, that judgment would no longer be capable of restoring matters to the desired state.

It bears repeating that merely alleging the existence of harm or damages is insufficient; they must be proven. As is already known, this is a procedural burden (carga procesal) borne by the interested party, and it was not fully and properly discharged in this case, because, if the party wished to demonstrate the harm, it should have submitted the necessary and relevant supporting evidence. Although this may appear repetitive, it cannot be overlooked that anyone resorting to this type of application must bear in mind that the evidence submitted in the proceeding and identified above will be very useful for analysis in the adjudicatory proceeding (proceso de conocimiento)—should the claimant decide to institute it—but is not useful for demonstrating the harm, which is precisely what should have been established in the record. Another circumstance that draws this Court’s attention is that this application for precautionary relief (gestión cautelar) was filed on the fifth day of August of the current year and was considered and denied on a highly provisional basis (carácter de provisionalísima) in the ruling issued at seventeen hours and five minutes on the fifth day of August of the year two thousand twenty, bearing in mind that the claimant titled it “URGENT.” However, because it was denied on a highly provisional basis, a situation different from the “Urgency” claimed from the very day it was filed has become apparent: the representation of the Cámara Nacional de la Industria Palangrera has not had the benefit of a precautionary measure (medida cautelar) suspending the execution of the administrative action it challenges, and more than one month has elapsed between that date and today, when its particular situation is being decided on the merits.

Yet it has submitted nothing—no evidence that would cause this Court to conclude, or rather reconsider, that its application was well-founded and now, upon consideration of the merits, to alter the denial previously issued pursuant to Article 29(2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo. This circumstance demonstrates that the claimant’s situation was not and has not been as pressing or urgent as alleged. It should be recalled that the urgency arose from the possible adverse repercussions the claimant might experience from the publication of the data it seeks to protect. However, it is the claimant’s own representative who has reported that, as of today, data concerning the vessels operating in Costa Rican waters have already been published, having been made available to the general public (this is demonstrated by the images submitted with its filing dated 24/08/2020). Nevertheless, in the absence of evidence demonstrating the following, this Court does not know: What harm have these publications caused the fishers?

Has their activity diminished? How have the fishers been adversely affected by the publication? How serious is the harm that they now claim has become actual? These are some of the questions for which no answer is available, because, as of today, the harmful consequences that the disclosure of the data the applicant seeks to protect has caused it remain entirely unknown. This Court cannot overlook that the reason the requirement under analysis has not been deemed satisfied lies precisely in the failure to demonstrate the harm, which cannot be established solely on the basis of the party’s assertions; rather, it should have been established through the evidence necessary, relevant, and compelling for that purpose, which is precisely what did not occur in this case. Accordingly, the requirement under analysis cannot be deemed satisfied, with the result that the precautionary measure must be denied, because all required elements must be present for it to be warranted, and the absence of any one of them results in its denial, as is hereby ordered.

Finally, regarding the balancing of the interests at stake: This Judge considers that, because the existence of serious harm has not been demonstrated, the only possible conclusion is that the private interest must yield to the public interest represented by the need for the actions of public entities and private parties to conform to the parameters of legal certainty (seguridad jurídica) and legality established by the legal system, irrespective of what may ultimately be decided on the merits in the corresponding proceeding. This Court cannot disregard the powers conferred upon the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA); nor could it, through an application for precautionary relief, determine whether, in this case, the Acuerdo de Junta Directiva del Nombre2819 AJDIP/145-2020 del 10 de julio de 2020 and the execution of the Convenio Específico de Cooperación (CEC) entre Nombre2819 y Global Fishing Watch entail all the alleged drawbacks, not only for the claimant represented herein but also for the country, because these matters are reserved for determination on the merits.

It is therefore determined that, until otherwise ordered in the adjudicatory proceeding, prudence weighs against deeming the requirement under analysis satisfied, because, in the particular case under consideration, there is a complete absence of the necessary, relevant, and compelling evidence that would make it possible to establish the magnitude of the harm that the Cámara Nacional de la Industria Palangrera might experience, much less may already be experiencing, as a result of the implementation and commencement of the challenged agreement. Under those circumstances, that harm or adverse effect cannot be quantified so as to permit a balancing of which harm and/or situation should receive protection. Accordingly, there can be no doubt that the public interest, represented on this occasion by the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), must prevail over the private interest.- IX) COSTS (COSTAS): The representative of the Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) requested that costs be awarded against the plaintiff.

However, in this Judge’s view, the manner in which the events occurred in the administrative proceedings gave the applicant an opportunity to come before this Court to defend its rights and interests. It should be noted that an application for interim relief (medida cautelar) is not the proper proceeding in which to examine the merits of the matter; consequently, whether or not the applicant is correct in its assertions is something that may be determined only in the principal action, should the representative of the Cámara appearing herein decide to file it. Nevertheless, it must not be overlooked that the reason for denying this application for interim relief was different, namely, the proof of the harm that the applicant could suffer, and could already be suffering, if its request were not granted. However, upon reviewing and analyzing the requirements for interim relief (presupuestos cautelares), it was determined that the applicant has the necessary prima facie basis to bring this action in protection of its interests and rights.

The requirement of likelihood of success on the merits (Apariencia de Buen Derecho) was therefore deemed satisfied, establishing that its claim—at least at this procedural stage—is neither frivolous nor lacking in seriousness and that, accordingly, it had sufficient grounds to appear before this Court. In addition, regarding costs in this type of proceeding, there are several rulings by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo which, until a different line of authority is established, lead this Court to consider that the foregoing ruling should be issued without an award of costs, precisely because of the nature of these proceedings. (See, among others, RESOLUCIÓN 009-TA-11, 010-TA-11. SENTENCIA Nº 90 -2011 bis TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José, Dirección01, at thirteen hours thirty minutes on March sixteenth, two thousand eleven).

Accordingly, this matter is decided without any special award of costs.- X) DISPOSITION OF THE CASE: Therefore, because not all the necessary statutory requirements have been met, the requested interim relief must be denied as presented. It must be taken into consideration that both the requirement of likelihood of success on the merits and the balancing of the interests at stake (ponderación de intereses en Juego) are subject to analysis, verification, and examination by the Judge in order to verify compliance and determine whether the claim may be heard in an adjudicatory proceeding before this Jurisdiction (likelihood of success on the merits), and whether the determination made affects the public interest or the interests of third parties (balancing of the interests at stake). However, one of the requirements for granting interim relief rests with the party that brings this type of proceeding—risk arising from delay (PELIGRO EN LA DEMORA)—because proof of harm is inherently a matter for the person suffering it, who must substantiate the assertion with relevant and material evidence for that purpose (Article 41 of the Código Procesal Civil).

It is precisely this requirement that was not supported and substantiated as was the plaintiff’s duty and obligation, and this Court has no reason to remedy the omissions identified in the corresponding section. As a logical consequence of this determination, the application for interim relief filed by the CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) and the interested third party ORGANIZACIÓN GLOBAL FISHING WATCH is denied. This matter is decided without any special award of costs. The case file shall be closed and archived in due course.-

POR TANTO

In accordance with the foregoing, the application for anticipatory interim relief (medida cautelar anticipada) filed by the CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) and the interested third party ORGANIZACIÓN GLOBAL FISHING WATCH is denied. This matter is decided without any special award of costs. The case file shall be closed and archived in due course. NOTICE SHALL BE GIVEN. Lic. Rodrigo Huertas Durán. Judge.- *RRKTLDMOQP461* RODRIGO HUERTAS DURÁN - DECIDING JUDGE

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico ...01 Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Antiguo edificio Motorola) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PROCESO: MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM PROMUEVE: CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA DEMANDADO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) PARTE INTERESADA: ORGANIZACIÓN GLOBAL FISHING WATCH ------------------------------------------------------------------------------------------------ N°459-2020 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ - ANEXO A - Goicoechea, al ser las dieciséis horas treinta minutos del día ocho de Setiembre del año dos mil veinte.- Solicitud de medida cautelar ante causam, establecida por la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA en contra del INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) y en calidad de tercera interesada se apersonó al proceso la ORGANIZACIÓN GLOBAL FISHING WATCH.-

RESULTANDO:

  • 1)Que por medio del escrito presentado en fecha cinco de Agosto del año en curso, la representación actora, formuló solicitud de medida cautelar ante causam, planteando como pretensión lo que de seguido y a lo que interesa se transcribe literalmente: " (...) 2. Que se suspenda la vigencia del Acuerdo de Junta Directiva del Nombre2819 AJDIP/145-2020 del 10 de julio de 2020 y la formalización del Convenio Específico de Cooperación (CEC) entre Nombre2819 y Global Fishing Watch, hasta que se determine en esta sede si el Convenio efectivamente genera un incumplimiento de las normas que protegen la información no divulgada y el conocimiento tradicional, y que el convenio resulta contrario a los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en el marco de la CIAT.". (ver pretensión cautelar presentada el día 05/08/2020).-
  • 2)Este Tribunal por medio de la resolución dictada al ser las diecisiete horas cinco minutos del día cinco de Agosto del año dos mil veinte, rechazó en carácter de provisionalísima la medida cautelar gestionada, y concedió audiencia a la representación demandada (ver resolución del 05(08/2020).-
  • 3)Por medio del escrito presentado en fecha dieciocho de Agosto del año en curso, la representación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, se refiere en forma negativa con relación a esta gestión cautelar, y solicita se declare sin lugar, por considerar que carece de fundamento jurídico, fáctico y por no concurrir con los supuestos esenciales para el acogimiento de una medida de tal naturaleza. Que se declare el archivo del expediente, y la condena a la actora al pago de las costas procesales y personales de este proceso. Gestionó las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva y la integración del Nombre3175 consorcio necesario en cuanto a la organización Global Fishing Watch (ver escrito presentado el 18/08/2020).-
  • 4)Por medio de la resolución dictada al ser las veintidós horas y cuarenta y siete minutos del dieciocho de agosto de dos mil veinte, este Tribunal concedió audiencia a la parte actora sobre una posible integración a la Nombre3175 con relación a la Organización Global Fishing Watch (ver resolución del 18/08/2020).-
  • 5)Por medio del escrito presentado en fecha veinticuatro de Agosto del año en curso, la representación de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera se refieren a la integración de la Nombre3175 gestionada de forma negativa y solicita a lo que interesa lo siguiente: " (...) . Declare con lugar de forma urgente la medida cautelar que da origen a este expediente judicial. . Que en caso de que no se declare inmediatamente con lugar la medida cautelar principal del expediente, se declare la contracautela provisionalísima, según la cual se ordene la suspensión de la publicación de los datos de geolocalización de las embarcaciones pesqueras nacionales en sitios de acceso público. Nótese que debido a la naturaleza provisionalísima de esta medida, la misma se solicita mientras se resuelve la medida cautelar principal que da origen a este proceso. La necesidad de acoger esta nueva medida es evidente: los datos ya están siendo revelados al público, con todas la implicaciones que ello conlleva. Todos los presupuestos de la medida se cumplen, por cuanto son los mismos que la medida cautelar ante causam ya solicitada, con la única diferencia de que en este caso el perjuicio se ha convertido en actual con la publicación de los datos por parte de GFW al público general. . No acoja la excepción de Nombre3175 consorcio pasivo necesario." (ver escrito presentado en fecha 24/08/2020).-
  • 6)Por medio del escrito presentado en fecha veinte de Agosto del año en curso, la representación de Global Fishing Watch Inc. se apersona al proceso en calidad de terceros interesados y subsidiariamente como coadyuvante en este asuntos, solicitando a lo que interesa lo siguiente: "(...) 2. Que se declare sin lugar la medida cautelar ante causan promovida por la Cámara Nacional de la Industria Palangrera en contra de la vigencia del acuerdo AJDIP/145-2020 del 10 de julio del 2020. (ver escrito fechado 20/08/2020).-
  • 7)En la especie se han observado las formalidades de rigor; y no se notan vicios o nulidades que impidan verter la siguiente disposición .-

CONSIDERANDO:

  • I)EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS Y EL APERSONAMIENTO A ESTA GESTIÓN CAUTELAR POR PARTE DE GLOBAL FISHING WATCH INC. Por parte de la representación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), se gestionó la integración a la Nombre3175 con relación a la Organización Global Fishing Watch Inc; así como la excepción de falta de legitimación activa y pasiva. Ahora bien, no podemos dejar de lado que nos encontramos en presencia de una medida cautelar; siendo criterio de este Juzgador que de conformidad con los numerales 66 y 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, existen excepciones que resultan innecesarias de ser analizadas de forma previa, ya que su oposición y resolución corresponde a otras etapas del proceso principal y no a una medida cautelar anticipada; sin embargo, la pretensión del aquí actor podría eventualmente involucrar a la parte que se pretende integrar, y de ahí la necesidad de que este Tribunal concediera audiencia a la parte demandada y abordara de forma previa la procedencia o no de esta integración.

Como resulta evidente, la parte actora se ha opuesto a que la Organización Global Fishing Watch Inc, sea traída al proceso en calidad de demandada; sin embargo esa organización se ha apersonado al proceso y ha solicitado el tenerla como parte en este asunto en calidad de coadyuvante o de tercero interesado. Partiendo de ello, únicamente se permite el indicar este Juzgador, que en los términos propuestos, resulta improcedente el tener a la parte citada como coadyuvante, ya que esa figura no permite tener un interés directo en las resultas del proceso, lo cual en este caso resulta ser más que obvio esto sí se da (ver al efecto el numeral 13 del Código Procesal Contencioso Administrativo). En cuanto a tener a la representación de la Organización Global Fishing Watch Inc, como parte interesada en este asunto, esta figura si puede ser admitida, no solo por lo que gestionó en su oportunidad la representación del Instituto co demandado en cuanto a la integración a la Litis; sino en cuanto a la gestión que realiza de forma directa la Organización Global Fishing Watch Inc, en cuanto a que se les tenga como parte interesada en este asunto de conformidad con el numeral 15 inciso 1) . b) del Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual, no solo permite tener pretensiones propias, sino que le da la oportunidad a la parte de apersonarse al proceso ya sea de oficio o a instancia de parte, y tomará el asunto en el estado que se encuentre.

Siendo así, de conformidad con el numeral 15 del Código Procesal Contencioso Administrativo, téngase a la Organización Global Fishing Watch Inc como tercero interesado en este asunto, y siendo que se ha apersonado al proceso, de conformidad con el inciso 2) del citado numeral no ve este Juzgador imposibilidad para atender y resolver de forma inmediata la presente gestión, en aras de una resolución oportuna como la que requiere este tipo de gestiones. En cuanto a la Falta de legitimación activa y pasiva; este Tribunal procede a rechazar el análisis de esta excepción. Si considera oportuno la representación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura el mantener su planteamiento, deberá gestionarlo así en la causa principal, que al efecto de considerar pertinente presentará la parte gestionante en su oportunidad. La anterior disposición encuentra total respaldo en lo ya analizado por la Sección Segunda del Tribunal Contencioso Administrativo, que ha avanzo en este tema, considerando a lo que resulta de interés para esta disposición lo siguiente: "(...) Desde un punto de vista técnico no le es posible oponer excepciones, como resulta viable en los procesos de conocimiento, salvo claro está, lo correspondiente a la competencia (que debe ser conocida de previo y especial pronunciamiento en tanto suspende la competencia para seguir conociendo el expediente, salvo ésa gestión propiamente dicha), lo correspondiente a la capacidad y los requisitos formales (estos últimos se conocería al momento de resolver por el fondo la solicitud) o lo correspondiente a integración de la litis.

En esos términos, cualquier excepción o defensa que se presente no tiene razón de ser, pero en caso de ser interpuesta, deberá ser reservada para ser conocida con el fondo de la medida cautelar y no de manera interlocutoria. La resolución interlocutoria dentro de este tipo de procesos no resulta procedente, pues permitiría convertir una gestión sumaria en un proceso ordinario, desnaturalizando su esencia.(...)". (la negrita y subrayado es nuestro). (ver resolución N° 314-2020-II TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, SECCIÓN SEGUNDA, de las siete horas y treinta minutos del once de junio de dos mil veinte.). Dicho lo anterior, se rechaza el analizar de forma previa la Legitimación tanto pasiva como activa gestionada por la representación del Instinto demandado.- II) GENERALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR.Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia.

(Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Teniendo claro lo anterior, el juzgador con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris.

La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro.

Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte instrumental y provisional.- III) REQUISITOS ESENCIALES PARA ADMITIR UNA MEDIDA CAUTELAR. Al respecto se ha dicho que el cumplimiento de la tutela cautelar, como derecho fundamental derivado del numeral 41 constitucional que es el derecho a obtener justicia pronta y cumplida, el órgano jurisdiccional debe valorar para su efectiva materialización, además del cumplimiento de los presupuestos conocidos en doctrina como Apariencia de Buen Derecho (Fumus Boni Iuris), Peligro en la demora (Periculum in Mora), así como la ponderación de intereses en juego, los cuales se detallarán adelante, la verificación sobre la presencia o existencia de las que se han dado en llamar, características estructurales de la medida cautelar. Refiere lo anterior a la instrumentalidad, la provisionalidad, la urgencia y la summaria cognitio o sumariedad del procedimiento.

Tanto los presupuestos indicados como las características señaladas, han de estar presentes para el otorgamiento de la medida que se ha solicitado con la finalidad de proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. En lo que respecta a los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, encontramos los siguientes: a) Apariencia de Buen Derecho: para la procedencia de la medida cautelar debe mediar "seriedad en la demanda", es decir, una probabilidad de éxito tal, que la demanda no resulte a simple vista palmariamente carente de seriedad, o en su caso que sea temeraria. Para la doctrina, no es otra cosa que la probable estimación posterior del derecho material del actor en la sentencia, mediante el análisis propio de un proceso sumarísimo que en forma alguna puede o debe, determinar pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino y en su lugar, únicamente una aproximación al mismo con los elementos presentes al momento del dictado del fallo que acoge o deniega la medida; b) Peligro en la Mora: consiste en el temor objetivamente fundado y razonable de que la situación jurídica sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, durante el transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia en el proceso principal.

Este presupuesto requiere la presencia de dos elementos: el daño o perjuicio grave y la demora en el proceso de conocimiento, sin dejar de lado claro está, que dentro de este presupuesto se encuentra lo que la doctrina ha denominado como la "Bilateralidad del Periculum in Mora" o como comúnmente se le conoce, la ponderación de los intereses en juego. El presupuesto alude a la característica que habrán de encontrarse en los daños que se reprochen, son susceptibles de producirse, -actual o potencialmente-, de no adoptarse la medida que se requiere. Daños que deberán ser establecidos como graves, además de tenerse como derivados de la situación aducida. Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave.

En ese sentido, debe enfatizarse que no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio, grave, actual o potencial, sino que debe probarse, lo cual, como se refirió líneas arriba, es una carga procesal que le corresponde asumir a la parte interesada en probar su dicho, artículo 317 del Código Procesal Civil. Sobre la demora en el proceso de conocimiento: Este presupuesto refiere a la situación que se genera con ocasión de los procesos jurisdiccionales que requieren para su desarrollo y posterior fenecimiento, la realización de una serie de actos a través de los cuales se garantiza no sólo el debido proceso, sino la emisión de un fallo que si no se pude llevar a cabo con prontitud al menos que sea justo. El ponerle fin a un proceso de conocimiento demanda tiempo y es precisamente donde la tutela cautelar adquiere especial relevancia, por cuanto mientras llega esa decisión del caso se esta evitando graves daños, que en el caso de darse haría nugatorio el derecho que se reclama.

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, se vino a solucionar en mucho, aquellos procesos que tardaban años e incluso décadas, hoy día por más esfuerzos que se han realizado los procesos aunque duran menos, por las bondades de la oralidad, hay que cumplir con diferentes etapas, señalamientos, en contraposición con agendas bastantes saturadas, etc, que hacen que los procesos duren un tiempo razonable, pero tiempo al fin. Sobre la bilateralidad del periculum in mora: Bajo esta denominación se alude a la ponderación de los intereses en juego, vinculado ello con el interés público que sea susceptible de encontrarse en necesidad de ser protegido, frente al interés de terceros y por supuesto al interés de quien acude por medio de una medida cautelar, debiendo valorarse comparativamente los mismos, imponiéndose la denegatoria de la medida cuando el perjuicio sufrido o susceptible de ser producido a la colectividad o terceros, sea superior al que podría experimentar el solicitante de la medida.- IV) CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA MEDIDA CAUTELAR: Tal y como fuera señalado, además de los presupuestos ya indicados, es necesario que la medida que vaya adoptarse, estructuralmente cuente con las siguientes características: la instrumentalidad lo que significa que guardan una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirven de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos planteados, la provisionalidad, que no es otra cosa que lo acordado respecto de la cautelar, se mantendrá en vigencia y condicionado a lo que se resuelva en el proceso de fondo.

Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo establece el numeral 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que su eficacia se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito, o lo que es lo mismo tiene efectos supeditados a la disposición adoptada en el proceso principal; la urgencia para evitar el peligro en la mora, así como la sumaria cognitio , que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísima efectuada por el órgano jurisdiccional sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna podría sustituir las etapas del proceso de conocimiento. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.

  • V)ARGUMENTO DE LA PARTE ACCIONANTE: Para lo que resulta de interés para resolver esta medida cautelar, la representación de la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA, ha indicado que la presente gestión cautelar se interpone en contra del acuerdo AJDIP/145-2020 del 10 de julio de 2020 de la Junta Directiva del INCOPESCA.; afirmando que el acuerdo adoptado consiste en la entrega de la información que constituye conocimiento tradicional de los pescadores a la organización extranjera privada Global Fishing Watch, contradiciendo la tutela de esta información que contiene la Ley de Biodiversidad. Informa que a partir del año 2009, Costa Rica forma parte de la Comisión Interamericana del atún tropical (CIAT) debido a la adopción de la ley 8712. Convención para el Fortalecimiento de la Comisión Interamericana del Atún Tropical establecida por la Convención de 1949 entre los Estados de América y la República de Costa Rica ("Convención de Antigua".

De esta forma, el país es un integrante de dicha Comisión y se encuentra obligado al cumplimiento de las resoluciones emitidas por esta. Que en el marco de la CIAT existen resoluciones que regulan el tema del acceso a los datos generados por las embarcaciones pesqueras, los cuales son calificados por este organismo como de carácter confidencial. Debido a ello, los países miembros de CIAT se han comprometido a respetar las pautas definidas por la Comisión en relación con la forma en que se puede tener acceso a esta información. Agrega que sobre este tema, actualmente se encuentra vigente la Resolución C-15-07 de julio de 2015, titulada Normas y Procedimientos Relativos a la Confidencialidad de los Datos. Cita que en dicha resolución, el CIAT reconoce "la necesidad de confidencialidad a nivel comercial y organizacional de los datos entregados a la CIAT". Por esto establece, entre otros aspectos, que los datos sobre la localización de las embarcaciones deben ser brindados en función de cuadrantes, no de la posición exacta, y establece un procedimiento formal para la solicitud de estos datos.

Que a nivel nacional, el ordenamiento jurídico exige a las embarcaciones pesqueras comerciales de mediana escala y comercial avanzada, portar dispositivos de seguimiento satelital y enviar los datos de su ubicación al INCOPESCA. Que tales deberes se encuentran regulados en el Decreto Ejecutivo N° 38681-MAG-MINAE del 9 de octubre de 2014 y el recientemente aprobado Reglamento para el seguimiento, control y vigilancia de embarcaciones pesqueras de las flotas nacionales y extranjeras (AJDIP/077-2020). Afirma que en esta última norma reconoce el carácter confidencial de esta información, disponiendo aspectos tales como que "La información recabada por medio del sistema de localización seguimiento y control para cada embarcación es de uso exclusivo para el INCOPESCA" (art. 6) o que "Para efecto de terceros, el Nombre2819 determinara la confidencialidad de la información de acuerdo con la normativa vigente" (art. 27).

Informa que el carácter confidencial de la información también se puede encontrar explícitamente dentro de los contratos entre el proveedor del servicio de seguimiento de notas (la empresa CLS) y los pescadores que adquieren las balizas satelitales de ellos. Agrega que sobre esto, los contratos textualmente indican: "13. CONFIDENCIALIDAD Ninguna de las Partes divulgará a terceros, y hará uso de sus mejores esfuerzos para garantizar que sus directores. Oficiales, empleados, contratistas y proveedores mantengan en secreto toda la información de propiedad divulgada por la otra Parte incluyendo, sin que constituya limitación, documentos marcados como confidenciales, información técnica, documentación, software, procesos, know-how y otra información no publicada, salvo según sea autorizado por escrito por la parte divulgadora CNIP no realizara copias de la documentación sin la previa autorización escrita de CLS.".

Agrega que mediante el Acuerdo de Junta Directiva AJDIP/145-2020 del 10 de julio de 2020, el Nombre2819 aprobó un Convenio Especifico de Cooperación (CEC) con la Organización No Gubernamental Global Fishing Watch Inc, denominado Convenio Específico de Cooperación Entre el Instituto Costarricense De Pesca Y Acuicultura - Nombre2819 - y Global Fishing Watch, Inc., Sobre la Plataforma de Intercambio de Datos del Sistema de Monitoreo de Embarcaciones. El contenido del CEC consiste en que Nombre2819 le facilite a la ONG extranjera toda la información de las embarcaciones nacionales que faenen en aguas nacionales y esta organización pondrá de manera pública toda esta información. Informan que el CEC contiene una cláusula en donde se indica que los datos de los sitios en que faenan las embarcaciones serán liberadas al público. Consideran que esto revela públicamente información que es de interés comercial para los pescadores y que han obtenido por vía del conocimiento tradicional.

Aseguran que en el caso de las embarcaciones cerqueras, ello contradice el marco jurídico establecido por CIAT; con lo cual consideran que el CEC incumple con la normativa vigente y contiene vicios relacionados con derechos fundamentales. Con relación a la Apariencia de Buen Derecho, les resulta importante el señalar que la información de los pescadores es parte de su conocimiento tradicional, generado a partir de su actividad productiva, de su experiencia de vida y su relación íntima con el mar. Hace ver que en Costa Rica, el conocimiento tradicional se encuentra tutelado por la Ley de Biodiversidad, así como por instrumentos internacionales que regulan la materia. La Ley de Biodiversidad reconoce la existencia de conocimiento, innovación y práctica de índole tradicional y además les asigna valor en tanto que están asociados a los recursos naturales. Cita el artículo 77, y transcribe lo siguiente: "El Estado reconoce la existencia y validez de las formas de conocimiento e innovación y la necesidad de protegerlas, mediante el uso de los mecanismos legales apropiados para cada caso específico".

Considera que este aspecto deberá ser analizado de forma conjunta con lo establecido en el numeral 78, transcribiendo lo siguiente: " El Estado otorgará la protección indicada en el artículo anterior, entre otras formas, mediante patentes, secretos comerciales, derechos del fitomejorador, derechos intelectuales comunitarios sui géneris, derechos de autor, derechos de los agricultores.". Se desarrolla lo que a su criterio, señala el Tratado internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (TIRFA) el cual contempla la protección de los conocimientos tradicionales creados, entre otros grupos, por los agricultores y los sectores de la población que se dedican a la producción o extracción de alimentos. Transcriben el artículo 9) y citan que si bien ese artículo desarrolla el tema del conocimiento tradicional en el apartado de los derechos del agricultor, consideran que se debe de entender de modo amplio y no restrictivo, ya que se incluyen aquellas prácticas relacionadas a la conservación de la biodiversidad de los alimentos, no limitándose únicamente a la agricultura.

Con lo anterior afirman que se puede indicar que los conocimientos generados por los pescadores cuentan con protección desde el punto de vista del derecho nacional e internacional. Enfatizan que este sí puede ser considerado como conocimiento tradicional, en el entendido de que es el resultado de la experiencia empírica de la actividad, que se cimienta en el tiempo mediante la práctica pesquera y que constituye una fuente de información valiosa para la gestión pesquera, no solo para los pescadores, sino también para el Estado. Consideran que de esta manera, conforme al marco legal aplicable, se debe resguardar el carácter secreto y confidencial de esta información, por lo que les resulta evidente la existencia de la apariencia de buen derecho en este caso. Aunado a ello consideran, que el acceso irrestricto al público de la geolocalización de las embarcaciones, pone en peligro los secretos comerciales que subyacen a la actividad pesquera.

Esto se debe a que cada capitán conoce lugares de pesca, en qué momento es buena la pesca en dichos sitios, y bajo qué modalidades resulta mejor la actividad. Esta información resulta confidencial, en el entendido de que esta información se va generando a partir de la experiencia, y cada uno de los pescadores la resguarda pues es parte de su know-how de la actividad pesquera. Contrario a lo que se afirma en el criterio jurídico del señor Del Valle, dicha información si puede ser considerada bajo la categoría de información no divulgada, contemplada en la Ley N° 7975, Ley de información No Divulgada y en su Reglamento. Es consideración de quien gestiona que si se analiza el artículo parte por parte, se puede determinar que el conocimiento manejado por los pescadores si puede ser incluido en esta categoría, pues se cumple con todos los elementos indicados en el artículo. Los pescadores mantienen en secreto sus sitios predilectos de pesca, con el fin de que el sitio no sea conocido por otros y no se ejerza más esfuerzo pesquero en la zona.

Enfatizan que los pescadores tienen esta información gracias a su propia actividad pesquera, y a la experiencia que van desarrollando con el tiempo. En otras palabras, se trata del fruto del esfuerzo realizado por cada pescador, quien ha descubierto cuales áreas son buenas para la pesca, dentro del enorme espacio de posibilidades facultado por la legislación pesquera y las limitaciones de su licencia. Por último el fin de este conocimiento es realizar viajes de pesca lucrativos, en donde se capture una buena cantidad de producto pesquero, conforme a las limitaciones impuestas por la autoridad. Al igual que sucede en otras ramas del comercio y la industria, esta información se guarda para que otros no se aprovechen de ella, pues ello repercutiría negativamente en quien ostenta la información. Que la información sobre la geolocalización será entregada por el Nombre2819 a la ONG, quien a su vez hará públicos estos datos para el público general, aunque no a tiempo real y protegiendo la identidad de cada embarcación.

Sin embargo, en el caso de las embarcaciones cerqueras, existen normas de rango internacional (resoluciones de la CIAT) que no permiten que se aplique este procedimiento. Este es el caso de la Resolución C-15-07 de julio de 2015, en donde la CIAT reguló las Normas y Procedimientos Relativos a la Confidencialidad de los Datos, entre lo cual se incluye el posicionamiento de las embarcaciones. Que en dicha resolución, el CIAT reconoce "la necesidad de confidencialidad a nivel comercial y organizacional de los datos entregados a la CIAT". Por esto, establece en el artículo 1 que los datos sobre localización deben ser brindados en función de cuadrantes y no de la posición exacta. Consideran que esta norma no solo reconoce la importancia de proteger la identidad de las embarcaciones y de las personas a bordo, sino de la posición exacta, por el claro elemento comercial aludido anteriormente. Asimismo, la divulgación de datos con más detalle requiere de un proceso administrativo y que se rija por las normas y procedimientos establecidos por la resolución.

A quienes gestionan les queda claro que a lo largo de la normativa la solicitud al CIAT para obtener estos datos más detallados debe estar justificada y aprobada por los órganos de la CIAT, y que se requiere cumplir con varios requisitos para poder tener acceso a dicha información. Hace ver que esta resolución de la CIAT es de acatamiento obligatorio para Costa Rica; considerando con ello que resulta completamente desacertado y jurídicamente inviable aprobar un convenio con una ONG que ignore por completo el procedimiento establecido para el acceso a estos datos. Se afirma que el hecho de que el Nombre2819 transmita a Global Fishing Watch datos exactos sobre la geolocalización de las embarcaciones, y que esta ONG luego haga esta información de conocimiento público, resulta en una flagrante violación del derecho internacional y de los compromisos y deberes asumidos por Costa Rica en el marco de la CIAT.

Concluyen indicando, que se puede notar que existen argumentos sólidos a favor de la medida cautelar, como lo son la necesidad de proteger el conocimiento tradicional de los pescadores, la vulneración del acuerdo a la protección de la información confidencial y no divulgada de interés comercial para este sector productivo y la necesidad de garantizar que Costa Rica cumpla con sus deberes y compromisos internacionales. Con relación al Peligro en la Demora consideran que efectivamente existe un peligro inminente en la aplicación del convenio señalado, por cuanto la publicación de los datos de marras al público en general, pondría a Costa Rica en una situación de incumplimiento de los acuerdos internacionales (específicamente en el marco jurídico que rige la CIAT y sus resoluciones). Aseguran que todo lo anterior implica que la pretensión no es temeraria o carente de seriedad, pues la misma se ajusta al ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable.

Informan que lo que se busca es que se haga efectiva la tutela jurídica ya existente a propósito de la protección del ambiente (por medio de la protección del conocimiento tradicional), de la información no divulgada de interés comercial y de la confidencialidad establecida en el marco de la CIAT, la normativa nacional sobre seguimiento satelital y los contratos con la empresa proveedora del servicio de seguimiento satelital. Con relación a la Ponderación de los Intereses en Juego, citan que en este caso se ha pretendido contraponer la garantía de confidencialidad con la protección del ambiente, lo cual no es más que una falsa disyuntiva. Efectivamente, la normativa vigente establece la obligación para las embarcaciones pesqueras de portar una baliza satelital, con el fin de que el Nombre2819 pueda llevar un control sobre el cumplimiento del ordenamiento pesquero. Se considera por parte de quien recurre a esta vía, que el hecho de que las embarcaciones tengan instalado y activo este dispositivo, es lo que faculta al Nombre2819 para que pueda ejercer sus actividades de control y vigilancia.

Este instituto es el único ente competente y facultado por la legislación vigente para exigirles esta información a los pescadores. Consideran que no existe ninguna norma, principio legal ni mandato jurídico de ningún tipo en nuestro ordenamiento jurídico que implique que los datos enviados al Nombre2819 deban ser liberados al público para que se desarrollen las labores respectivas de control y vigilancia, pues esta competencia está concentrada en dicho instituto. La contraposición entre confidencialidad y derecho a un ambiente sano y equilibrado resulta entonces completamente aparente: los pescadores envían al Nombre2819 la información no divulgada y que responde a su conocimiento tradicional para que este instituto pueda realizar sus funciones asociadas a la protección de los recursos naturales, pero debe, a su vez, manejar estos datos con confidencialidad. Ni el hecho de que se trate de datos no divulgados anula el deber de los pescadores de transmitir al Nombre2819 su ubicación, ni su recepción faculta al Nombre2819 para tratarlos como datos públicos.

Enfatizan en que el hecho de que la información deba ser comunicada a la autoridad para que haya protección del ambiente, ello no anula de ninguna forma el deber de confidencialidad de la administración. Por el contrario, el manejo de la información por parte de las instituciones requiere que se tomen medidas de protección de la información para no develar este conocimiento de valor para las personas que son sus titulares. Aseguran que en ninguna parte se ha establecido o demostrado que la liberación de esta información de los pescadores al público constituya una necesidad de interés público, por lo que no se puede apelar a dicho aspecto para anular la protección de la confidencialidad; además, la Ley de Biodiversidad considera como parte de la protección ambiental, la tutela del conocimiento tradicional. Les resulta importante mencionar que el artículo 27 del Reglamento para el seguimiento, control y vigilancia de embarcaciones pesqueras de las notas nacionales y extranjeras (AJDIP/077-2020) señala que: "La información registrada en el CSC será resguardada por el Nombre2819 y será compartida de manera restringida con las autoridades administrativas o judiciales competentes para la vigilancia y control de las actividades pesqueras.

Para efecto de terceros, el Nombre2819 determinará la confidencialidad de la información de acuerdo con la normativa vigente.". Consideran que de esta manera, se evidencia que el grado de confidencialidad no es un elemento que queda al libre arbitrio del lNCOPESCA, sino que la institución puede determinar este factor conforme a la normativa vigente. Que dicha potestad no puede desvincularse de la protección al conocimiento tradicional contemplado en la Ley de Biodiversidad y de la información no divulgada. Por estas razones, les resulta claro que la publicación de la información de los pescadores no genera ningún beneficio o perjuicio al interés público de proteger al ambiente, pero asegura que su publicación sí resulta Lesiva para los pescadores, en el tanto se vulnera la garantía de confidencialidad establecida en el ordenamiento jurídico. A ello se suma el hecho de que, por las razones supra aludidas, dar luz verde al convenio implica incumplir con los compromisos internacionales asumidos por el país en el marco de la CIAT, lo cual contraviene el interés público.

Dentro de su material probatorio aportan el siguiente: " (...) • Oficio AL 113-07-2020 (3) del 09 de julio de 2020 (contiene también el convenio). • Contratos entre CLS y los pescadores.".- VI) ARGUMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA): Para lo que resulta de interés para la resolución de este asunto, ha manifestado su oposición a esta gestión cautelar. Cita que los motivos o fundamentos para suscribir el convenio, están basados en el Artículo 50 de la Constitución Política, la cual dispone que es obligación del Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Destaca especialmente el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Que de la anterior garantía constitucional se desprende que existe un deber del Estado de organizar sus actuaciones para garantizar la satisfacción de estos derechos de raigambre constitucional.

Más adelante informa que la Ley N° 7384 ley de creación del INCOPESCA. en su Artículo 3, faculta al Instituto a coordinar actividades con organismos de cualquier índole, cuyo esfuerzo aunado tienda a fomentar el aprovechamiento pesquero y la conservación de las especies, a fin de alcanzar el más alto beneficio social. Que el articulo 5 de esta misma ley, permite al Instituto celebrar convenios de cooperación con instituciones nacionales e internacionales, para promover y allegar recursos económicos para el desarrollo científico y tecnológico de la actividad pesquera y acuícola. Que de igual forma, la Ley N° 8436 (de Pesca y Acuicultura) indica que el Nombre2819 como autoridad ejecutora de esa Ley tiene encomendadas, entre otras atribuciones, la promoción y desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuicultura y la investigación, así como el fomento de la conservación, aprovechamiento y uso sostenible de los recursos biológicos del mar y acuicultura.

Específicamente, el artículo 129 le encomienda al Instituto los procesos de recolección, ordenación, digitación, análisis y divulgación de la información estadística, indicando que dichos procesos son de carácter público y tendrán como principal objetivo servir de base para la planificación de la actividad pesquera y acuícola a nivel nacional. Que en consecuencia, el Instituto está facultado para ejecutar políticas en materia pesquera, regular y administrar el recurso marino, como lo es la firma de convenios de esta naturaleza. Informa que el 2 de mayo del 2018, se firmó la Carta de Intención entre los Ministerios del Ambiente y Energía y de Seguridad Pública de la República de Costa Rica y Global Fishing Watch, Inc., con la intención de mejorar la cooperación mutua en el análisis y mapeo de la intensidad del esfuerzo pesquero y los patrones de pesca en aguas de la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica y aumentar la capacidad de las autoridades costarricenses en la vigilancia marina y pesquera mediante la aplicación de tecnología, proceso que llega a ser fortalecido con la puesta en marcha del Convenio suscrito por el INCOPESCA.

Que mediante Decreto Ejecutivo N°41025-MP-MAG-MSP, publicado en la Gaceta 86 del 17 de mayo del 2018, se creó la Comisión Interinstitucional sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), en la cual participa el INCOPESCA, y que tiene por objeto desarrollar políticas públicas dirigidas a prevenir y combatir y desalentar en todos los ámbitos (administrativo, policial y judicial) la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a través de una labor conjunta y coordinada entre las instituciones del Estado, a fin de atender dicha problemática en el Mar Territorial y la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica. Que el 26 de febrero del 2019 el presidente de la República, acordó en el marco de la Comisión Interinstitucional sobre Pesca INDNR, impulsar una estrategia nacional contra la Pesca INDNR, entre las cuales se señaló el imperativo de suscribir convenios de cooperación con diferentes Organizaciones Internacionales para el apoyo a las actividades de control satelital.

Sobre el Convenio le resulta importante mencionar que el objeto es colaborar en el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, incrementando la transparencia en las actividades pesqueras del país. Con tal motivo, se busca establecer un marco de trabajo colaborativo para el intercambio de datos del sistema de monitoreo satelital de embarcaciones (VMS, por sus siglas en inglés), del registro de embarcaciones relacionadas con la actividad pesquera que mantiene el Nombre2819 con GFW, para que la localización de estas señales de VMS se muestren en forma transparente en la plataforma pública de trabajo globalfishingwatch.org, promoviendo así el trabajo conjunto entre el Instituto y GFW. Asegura que una mayor transparencia pesquera permite fortalecer el monitoreo, control y vigilancia, y servir de apoyo a los esfuerzos nacionales y regionales para combatir la pesca ilegal. Que con la firma del Convenio de Cooperación con GFW, el país se une a los avances en tecnología que países como Panamá, Perú, Chile e Indonesia ya aplican en sus sistemas pesqueros nacionales.

Asegura que la adopción de este Convenio demuestra el liderazgo de Costa Rica en la transparencia pesquera al compartir los datos del sistema de monitoreo de embarcaciones de nuestra flota. Que este trabajo permitirá promover el uso sostenible de nuestros recursos marinos, al fortalecer las medidas de control y vigilancia en nuestras aguas jurisdiccionales, aspectos que el sector pesquero considera necesarios para brindar garantía en los mercados internacionales de que nuestro pescado proviene de fuentes sostenibles, con un renovado sistema de Monitoreo, Control y Vigilancia con un mecanismo tecnológico moderno y eficaz. Informa que como se ha promocionado desde el 2019, el sector pesquero de mediana y avanzada escala (palangre), con apoyo de ese Instituto, promueve el primer Proyecto de Mejora Pesquera o FIP por sus siglas en ingles, que pretende certificar la pesca de atún, dorado y pez espada.

Que como bien lo han indicado sus representantes, existe un compromiso en mejorar sus prácticas pesqueras y cumplir con estándares internacionales de pesca responsable, objetivo que se enmarca en la firma de este Convenio. Aseguran que se realizó un análisis legal del Convenio entre el Nombre2819 y GFW, sobre la plataforma de intercambio de datos del sistema de monitoreo de embarcaciones, y se determinó que los datos que se estarán recolectando, trasmitiendo y analizando no cumplen con los extremos que configuran un dato personal a la luz de las legislación nacional, específicamente la Ley No. 8968 "Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales". Enfatizan que los datos que se publicarán en el marco de este Convenio en virtud de que no corresponden a personas físicas y por ende no hay afectación de la esfera privada, sino que más bien son datos de geolocalización satelital de embarcaciones, que están obligadas a transcribirlos en virtud de las licencias que les fueron otorgadas, de las autorizaciones administrativas para transbordo o descarga de productos en puertos nacionales y de la regulación que así lo exige, por lo que no se encuentra una transgresión de la garantía de protección a las personas físicas.

Que los datos personales tanto de los propietarios, representantes y armadores de embarcaciones concesionarias de licencias, como del capitán y su tripulación, no se mostrarán en la plataforma pública globalfishingwatch.org. Para la representación demandada, la parte demandante incurre en una asimilación falaz y maliciosa, mediante un razonamiento analógico sin fundamento, al tratar de vincular la actividad pesquera con el conocimiento tradicional, conforme el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Este tratado, de cierta complejidad operativa y ejecución especial habida cuenta de un sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios exclusivamente sobre recursos fitogenéticos, no resulta aplicable al caso. Los recursos fitogenéticos están definidos como cualquier material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura.

Considera que sería una banalidad y una falta de respeto hacia la Cámara continuar desarrollando este punto respecto de la absurda asimilación practicada. Le resulta importante el mencionar que el sector pesquero de palangre en 2018 realizó denuncias de pesca ilegal por parte de embarcaciones de cerco extranjeras, y fue el propio sector el que utilizó como fuente de información la plataforma Global Fishing Watch, Inc., aspecto que a su criterio hace confirmar que la misma puede ser de utilidad para el sector pesquero en general en aras de promover la transparencia de las actividades de pesca legal. Con respecto a la Apariencia de Buen Derecho considera que si se acoge la medida cautelar solicitada por la actora, se estaría resolviendo por el fondo el asunto sin haberse tenido la oportunidad de discutir la procedencia o no de lo reclamado, ya que el procedimiento cautelar no tiene como objetivo satisfacer el derecho pretendido.

Con respecto al Peligro en la Demora; considera que en el caso que nos ocupa, los solicitantes no demuestran la existencia de daños o perjuicios graves de difícil o imposible reparación, ni tampoco el posible nexo de causalidad entre la conducta administrativa cuestionada y los presuntos daños, por lo que consideran que la adopción de la medida es improcedente. Sobre la Ponderación de los Intereses en Juego, expone que la ponderación de los intereses en juego se da en este caso entre el interés privado de los pescadores de proteger la confidencialidad de cierto conocimiento o "know how" en contraposición al interés público superior manifestado en la obligación legal que tienen los titulares de las licencias de pesca de transmitir su geolocalización como un requisito ineludible para poder ejercer actos de pesca ello deriva en la facultad legal de Nombre2819 para hacer uso de esa información para el cumplimiento de sus fines, apoyándose en otras organizaciones para lograrlo, así como en el interés público constitucional (Art. 50) depositado en INCOPESCA, que reviste la obligación del Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como el derecho de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado relacionado con la obligación del Estado de proteger la vida humana, garantizar un trabajo digno y prevenir y desalentar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

Le resulta claro que en el presente asunto debe prevalecer el interés público de resguardo al ordenamiento jurídico nacional e internacional en protección de los recursos marinos, la vida humana y el derecho a un trabajo digno sobre el interés privado y comercial del recurrente. Dentro de su material probatorio aporta el siguiente: " (...) Se adjuntan las siguientes copias del expediente administrativo: • Oficio AL 029-03-2020 (1).Solicitud aclaración a Presidencia Ejecutiva.. • Opinión Legal del Lic. Edgar del Valle M. Consultor Internacional relacionado con el Convenio Específico de cooperación entre Global Fishing Watch y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. • Oficio AL 113-07-2020 (3). Visto Bueno de Asesoría Legal a la Junta Directiva. • Acuerdo de Junta Directiva del Nombre2819 AJDIP/145-2020 del 10 de julio de 2020 y la formalización del Convenio Específico de Cooperación entre Nombre2819 y Global Fishing Watch. • Convenio Específico de Cooperación entre el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura - INCOPESCA- y Global Fishing Watch, ING., sobre la plataforma de intercambio de datos del sistema de monitoreo de embarcaciones, firmado.".

  • VII)ARGUMENTOS DE LA REPRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN GLOBAL FISHING WATCH: Para lo que resulta de interés para la resolución de este asunto, informa que su representada es una organización no gubernamental (ONG), de presencia global, que opera sin ánimo de lucro, cuyo fin fundamental es promover la sostenibilidad de nuestro océano, a través de una mayor transparencia en la pesca y en la investigación científica. Que al transformar el monitoreo y el análisis de la flota pesquera mundial, GFW coopera con los Estados en aras de abordar de manera más efectiva las amenazas a los recursos marinos, la seguridad y las comunidades costeras. Aseguran que cuentan con tecnología activa que se enmarca en estos esfuerzos de la comunidad internacional desde 2016. Afirman que estan comprometidos en el avance de la sostenibilidad del océano a través de una mayor transparencia. Todo ello ofreciendo, de forma gratuita, datos y seguimiento de la actividad de pesca por flotas internacionales, apoyando la ciencia y la investigación, e impulsando el diálogo universal sobre transparencia oceánica.

Con relación a la pretensión cautelar, considera que la misma trasciende el carácter provisionalísimo del auxilio cautelar, cuyo exclusivo propósito es garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la eventual sentencia. Considera que el otorgar la medida cautelar en la forma planteada, significa resolver por el fondo la totalidad del litigio, sin siquiera debatir la procedencia o no de lo que se reclama. Es criterio de la parte interesada que la parte actora decidió enfrentar la eficacia del acto administrativo por la vía contenciosa, sin demostrar al menos en grado de probabilidad que el acuerdo Nombre2819 AJDIP/145-2020 del 10 de julio de 2020, contraviene acuerdos, leyes o reglamentos contenidos en el encuadre normativo que regula a Nombre2819 y a la actividad de pesca comercial en Costa Rica. Informa que según el artículo 1ero del CEC suscrito entre Nombre2819 y GFW, tiene por objeto el establecimiento de un marco colaborativo de trabajo, por medio del cual se dará una transferencia directa, segura y automatizada de datos VMS o datos de geolocalización de las embarcaciones, por parte de Nombre2819 a GFW, para que estos sean procesados, agregados y redactados para posteriormente ser colocados en la plataforma pública de globalfishingwatch.org.

Asegura que algunos de estos datos serán puestos a disposición de las dos partes del Convenio en un espacio privado de trabajo y únicamente el nombre genérico identificador de la embarcación asignado por Nombre2819, bandera de la embarcación y geolocalización, se publicarán en el espacio público de trabajo con una dilación de 72 horas (3 días). Agrega que el manejo de los datos relativos a la actividad pesquera se interpreta en el marco de facultades soberanas del Estado (de bandera o ribereño) y están comprendidos dentro de los alcances de la noción de transparencia. Informa que el proceso de transparencia en el sistema pesquero evidencia diferentes etapas. La primera y más importante es la de disponibilidad de los datos. Así, cada Estado soberano los transforma en información que nutre la adopción de medidas apropiadas y fortalece, en particular, los mecanismos de MCV de aquel sistema.

Que los datos que son objeto de interés para GFW, dentro del universo de datos que ofrece la totalidad del sistema pesquero, son aquéllos que solamente se vinculan con el geo-posicionamiento de los buques y datos de registros públicos. Este interés está basado en la necesidad soberana de los Estados de controlar la actividad de los buques que se dedican a capturar los recursos públicos, sin interferir en el circuito comercial de la totalidad de la cadena de valor. Dicho de otro modo, GFW coopera con los Estados en el derecho/deber soberano de asegurar medidas adecuadas de conservación y administración, mediante el fortalecimiento tecnológico en el análisis de datos. Asegura que debe destacarse, al propio tiempo y en este contexto normativo gobernado por la CONVEMAR y el CDB, que el geo-posicionamiento de las embarcaciones de ninguna manera puede ser vinculado con una medida que violente el conocimiento tradicional, a tenor de lo dispuesto en propio el articulo 8 (j) del CDB9 y según los trabajos del Grupo especial de trabajo de composición abierta sobre el artículo 8 j) y disposiciones conexas'°, y el Comité Intergubernamental de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (ClG)".

Más adelante cita que alega la Cámara solicitante que la geolocalización vulnera el conocimiento tradicional de los pescadores, desconociendo u omitiendo de mala fe el hecho de que este sistema de localización satelital, que inicialmente fue diseñado para evitar la colisión y lograr la localización de embarcaciones que necesitaban asistencia por parte de los Gobiernos, es de interés colectivo, no de interés individual, ya que es potestad del Estado ejercer la soberanía en sus aguas jurisdiccionales, para lo cual puede hacer uso de las herramientas tecnológicas que estén a su alcance, como bien se establece en el artículo 2.6 de la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436. Indica que con relación al CEC, que Nombre2819 no solo es el poseedor legítimo de la información emanada del CSC que resguarda, ya que la obtuvo por medios legales derivados de los procesos de obtención de licencias pesqueras o autorizaciones administrativas de transbordo o descarga en puertos nacionales, sino que puede determinar qué parte de ella es confidencial y qué parte se hará de conocimiento público y en cuáles formatos.

Le resulta importante agregar que otro aspecto que es el que Nombre2819 se encuentra legalmente facultado para celebrar convenios de cooperación como el CEC. Considera que la petición de suspender la vigencia de un acuerdo de Junta Directiva y la consiguiente formalización de un Convenio Específico de Cooperación, hasta que en sede jurisdiccional se determine un presunto incumplimiento de normas y la presunta desatención de compromisos internacionales, deviene en temeraria, e imposibilita el ejercicio de interés público relevante, cual es la protección del recurso pesquero. Con relación al Peligro en la Demora; cita que los daños deben acreditarse con prueba idónea, algo que a su criterio no ha sido aportado por los solicitantes de la medida cautelar. No basta con alegar la existencia del daño actual o potencial, debe adjuntarse material probatorio de forma preliminar, pero con rigurosidad jurídica.

Con relación a la Ponderación de los Intereses en Juego, considera que la parte actora, no demostró en forma idónea la existencia de un daño grave, actual e irreparable, no estamos en presencia de condiciones que hagan prevalecer los intereses de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera, frente a la obligación de Nombre2819 y de las entidades públicas en general de asegurar que se cumpla con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política. Afirma que no solo existe un interés público claro y notorio hacia la protección del medio ambiente, sino que se impone una obligación al Estado de organizar su estructura para procurar el beneficio de sus habitantes y a defender y preservar el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano y equilibrado, lo cual incluye el regular y vigilar la extracción de un recurso de interés público como es el pesquero. Asegura que junto a la normativa indicada se determina que existe un interés público de proteger el medio ambiente que se contrapone a un eventual derecho individual de guardar confidencialidad de cierta información que es solo uno de los muchos componentes de la actividad pesquera.- VIII) SOBRE EL CASO CONCRETO.

Se procede a realizar el estudio correspondiente de los elementos requeridos para la procedencia o no de la medida cautelar que hoy día nos ocupa, conforme con los artículos 21 y 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, tomando en consideración no solo los argumentos de las partes; sino también de la pertinencia de los elementos probatorios hechos llegar al proceso, situación que le atañe única y exclusivamente a la parte que le interesa demostrar su dicho, conforme a lo que establece el artículo 41 del Código Procesal Civil, por remisión del artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. De seguido se procede a abordar los elementos para la procedencia de esta solicitud: Apariencia de buen derecho. Como se indicó al inicio del Considerando V) de esta resolución, la representación accionante ha manifestado que la presente gestión cautelar se interpone en contra del acuerdo AJDIP/145-2020 del 10 de julio de 2020 de la Junta Directiva del INCOPESCA.; afirmando que este consiste en la entrega de la información que constituye conocimiento tradicional de los pescadores a la organización extranjera privada Global Fishing Watch, con lo cual a su criterio con ello se está contradiciendo la tutela de esta información que contiene la Ley de Biodiversidad.

Es criterio de la parte actora que el CEC contiene una cláusula en donde se indica que los datos de los sitios en que faenan las embarcaciones serán liberadas al público. Aseguran que esto revela públicamente información que es de interés comercial para los pescadores y que han obtenido por vía del conocimiento tradicional. En el caso de las embarcaciones cerqueras, ello contradice el marco jurídico establecido por CIAT. Enfatiza que los conocimientos generados por los pescadores cuentan con protección desde el punto de vista del derecho nacional e internacional; considerando que el acceso irrestricto al público de la geolocalización de las embarcaciones, pone en peligro los secretos comerciales que subyacen a la actividad pesquera. Por estas razones, aseguran que el CEC incumple con la normativa vigente y contiene vicios relacionados con derechos fundamentales, y de ahí que se apersona a este vía con el fin de solicitar de manera cautelar la suspensión del acuerdo citado, mientras se resuelve en esta sede jurisdiccional el proceso principal.

Para este Tribunal, únicamente amparado en la prueba que se aporta, considera prudente el tener por superado el elemento analizado, por la simple razón de que existe una disposición administrativa, que ha consideración de quienes gestionan, les ocasiona daños y perjuicios; los cuales no es por medio de una medida cautelar que se puedan determinar en caso de que proceda, sino de la causa principal. Como también, resultaría de fondo en emitir criterio en cuanto a si en realidad el CEC incumple con la normativa vigente y contiene vicios relacionados con derechos fundamentales. Para este Tribunal la oposición que han manifestado tanto la parte demandada como la parte interesada en el proceso, que defienden el Acuerdo cuestionado, también serán motivo de análisis en la causa principal, ya que este Tribunal de forma previa no se podría inclinarse en el apoyo de ninguna de estas posiciones, ya que esto sería adelantarse a lo que necesariamente deberá ser resuelto en la causa principal.

A propósito de la Instrumentalidad; con respecto a lo que se solicita por medio de esta gestión cautelar, con lo que será el eventual proceso de conocimiento. Se toma nota que tanto a la parte demandada como a la parte interesada, concuerdan que el conceder la medida cautelar en los términos propuestos, es resolver por el fondo la totalidad del litigio, sin siquiera debatir la procedencia o no de lo que se reclama. Para este Tribunal, respetables las posiciones de las partes citadas, con lo cual concuerda este Tribunal, solo que en este caso, únicamente en cuanto a la necesidad de analizar la ilegalidad de lo que se cuestiona por el fondo; ya que esa legalidad solamente se podrá analizar y determinar en la causa principal y no antes, lo que necesariamente y por lógica quiere decir que sí existe en este caso la apariencia de buen derecho necesaria, para al menos poder conocer la procedencia o no de lo que se reclama, lo que bien podría ser analizado en el proceso de conocimiento respectivo, y determinar en el cual de las posturas es la correcta.

A esta determinación se llega, por la simple razón de que no podemos dejar de lado, que la competencia de esta jurisdicción derivada tanto de lo establecido en el artículo 49 Constitucional como de lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que posibilita ejercer un control plenario de la legalidad de la función administrativa, lo cual implica declarar la disconformidad jurídica de aquellas conductas formales o materiales, que resulten contrarias al bloque de legalidad. La apariencia de buen derecho en sí, es un juicio de probabilidades que hace el Juez del resultado eventual del proceso, lo cual al encontrarnos ante una medida cautelar, y mas aún como la presente que es ante causam, es prematuro advertir la procedencia de la misma o no, por cuanto los argumentos y probanzas que fundamentarán la causa de conocimiento, podrían ser distintos al que hoy día nos ocupa. En este estadio procesal el suscrito no se podría aventurar en poner en duda este requisito, en aplicación del principio constitucional que garantiza que cualquier persona que se sienta afectada por una actuación administrativa, puede buscar reparación en esta Jurisdicción, siendo además reconocido el acceso a la Justicia como un derecho fundamental (artículos 41 y 49 de la Constitución Política).

Así las cosas y al menos prima facie y sin prejuzgar sobre el asunto, y sin que ni siquiera se esté determinando las probabilidades de éxito de la demanda, lo cierto es que ésta bien podría ser analizada en la causa principal, en el caso de que la representación accionante decida su interposición. En esos términos, téngase por superado el presupuesto analizado. En cuanto al peligro en la demora: Se debe de indicar que en la situación jurídica de la parte promovente, este elemento no se cumple. Si bien podría presumirse que la situación podría causarle alguna afectación en sus diferentes modalidades, esto es simplemente una presunción de ser humano. En ese sentido debe de decirse que no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio grave, actual o potencial, sino que debe probarse, lo cual es una carga procesal que le corresponde asumir a la parte interesada en probar su dicho, artículo 41 del Código Procesal Civil, de aplicación a la materia por remisión del 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo.

En este asunto la parte actora como prueba aporta la siguiente: "(...) • Oficio AL 113-07-2020 (3) del 09 de julio de 2020 (contiene también el convenio). • Contratos entre CLS y los pescadores. (ver escrito cautelar original presentado en fecha 05/08/2020). Por medio de su escrito presentado en fecha veinticuatro de Agosto del año en curso, la parte actora dentro de otras manifestaciones, informa y aporta prueba relacionada a la plataforma pública de GFW, donde se puede notar que los datos de las embarcaciones que faenan en aguas costarricenses ya están siendo mostradas a todo público; por lo que les resulta necesario acoger esta nueva medida cautelar, por las implicaciones que esto conlleva. (ver escrito e imágenes aportadas en fecha 24/08/2020). Ahora bien, no se puede dejar pasar por alto, que es precisamente la prueba que se aporta a este tipo de gestiones, la cual le permite al Tribunal establecer si efectivamente existe un daño, y de ser así la magnitud del mismo.

Si comparamos la prueba aportada versus el daño que se reclama, se tiene que la misma para nada coadyuva a establecer un daño, si en realidad existe, o se ha provocado, y mucho menos viene a establecer la posibilidad de comprobar la magnitud del mismo. Este Tribunal podría presumir que existe un daño, pero el determinar la magnitud del mismo es una situación totalmente diferente, ya que no es cualquier daño el que puede llegar a ser tutelado por medio de este tipo de gestiones. Es de rescatar que la parte actora no ha aportado ninguna prueba que evidencie el daño que podría experimentar o estar experimentando por la publicación de los datos de geolocalización de las embarcaciones pesqueras nacionales en los sitios de acceso público. Como se indicó, la prueba aportada con el escrito principal de medida cautelar (presentado en fecha 05/08/2020); no permitió conocer el daño, menos su gravedad, desde el mismo día de su conocimiento, y de ahí que se determinó el rechazar la medida cautelar en carácter de provisionalísima, al dictar la resolución de las diecisiete horas cinco minutos del día cinco de Agosto del año dos mil veinte.

Si nos remitimos a la gestión cautelar original, por medio de ella se buscaba la protección cautelar, con el fin de que se suspendiera el acuerdo AJDIP/145-2020 del 10 de julio de 2020 de la Junta Directiva del INCOPESCA, con el fin de impedir que se publicaran en sitios de acceso público la información que resulta de interés para quien acude a esta vía. Al no haber prueba que evidenciara el daño, se rechazó la gestión cautelar en carácter de provisionalísima desde el mismo día de su presentación, lo que vino a repercutir en que al día de hoy esa información ya ha aparecido en sitos de acceso público; con lo cual la parte actora afirma que los daños ya no solo son potenciales sino que son han pasado a ser actuales. Ahora bien, si nos remitimos a la prueba que aportó para sustentar el daño, vemos que la misma, está direccionada a informar o a evidenciar que ya efectivamente aparecen datos o información que a su criterio lesiona los intereses de los pescadores, y de ahí que a propósito de esas publicaciones, el daño ha pasado de ser potencial a ser actual, con la incorporación de los datos a la plataforma de GFW.

Partiendo de ello, y a falta de prueba que así lo evidencie, es aquí donde el Tribunal se pregunta, que ha pasado desde que se ha publicado o incorporado de esos datos a la plataforma de GFW. Como se han reflejado esos daños y perjuicios de los pescadores. Se les ha imposibilitado o ha mermado su actividad pesquera; de ser así en cuanto. Que repercusiones les ha ocasionado en la actualidad pesquera esa divulgación de datos. Es que se habla de daños ya ni siquiera potenciales, sino actuales, pero no se aporta la prueba necesaria en su respaldo. Y es que se aporta imágenes de las publicaciones, que a su criterio les provoca daños y perjuicios (situación de fondo), pero han dejado de lado la información detallada, del daño que están experimentando producto de esas publicaciones. Si bien podría este Tribunal comprender que el hecho de que se revele cierta información al público en general podría provocar algunos inconvenientes en la representación accionante, y que esto podría ocasionar un daño, no se considera -a falta de prueba en ese sentido- que el mismo alcance magnitudes de gravedad, que recordando para ser tutelados por medio de este tipo de gestiones; el daño no solo debe de estar presente, sino además debe demostrarse su gravedad, que es precisamente lo que no se evidencia de la prueba que se aporta.

A manera de ejemplificar lo anterior, desee un inicio se reclamó urgencia, para evitar que se publicara cierta información que a consideración de quien gestiona, esto les ocasionaría daños y perjuicios graves; pero se deberá entender que esa afectación, o los daños que se reclaman deberán ser probados, ya que resulta necesario que la parte que acuda a este vía los demuestre, quien en realidad es la que se encuentra obligada a comprobar el daño, y en este caso se desconoce por completo cual ha sido el daño que han experimentado, por la información que se ha publicado en sitios públicos; como ha influido en sus actividades la divulgación de estos datos, eso es precisamente lo que se desconoce hasta el día de hoy. Se enfatiza, y es que es sumamente importante que se comprenda que este Tribunal no conoce a la Cámara aquí representada, por lo que el daño que se reclama por la divulgación de datos e información, no podría evidenciarlo y presumirlo con el solo dicho de la parte, ya que no existe prueba de las repercusiones que ha generado y estan experimentando los pescadores por esas publicaciones de datos, lo que extingue no solo el daño sino la magnitud del mismo.

Aquí se ha detectado una serie de narraciones, manifestaciones y argumentaciones que no han sido respaldadas con el material probatorio necesario, que si bien es posible narrar y/o argumentar, ese argumento deberá venir acompañado de las prueba necesarias para tal efecto, con el fin de darle esa credibilidad a lo que se cita, ya que si esto no es así, nos encontramos ante apreciaciones subjetivas y como tales no sujetas de ser amparadas por medio de este tipo de procesos. Si la parte no aporta la prueba necesaria en respaldo de su dicho (artículo 41 del Código Procesal Civil) este Tribunal solo podría presumir que efectivamente se causa un daño; sin embargo se aclara; que este Tribunal no ha sido creado para presumir situaciones jurídicas de las partes que acuden a esta vía, sino para resolver conforme a derecho, lo cual obviamente no permitiría nada en favor de alguien en perjuicio de otro, sin la debida demostración de lo que se pide, ya que caer en eso, es un desequilibrio procesal en beneficio de alguien que debió demostrar lo que pretendía obtener de la parte contraria.

La parte accionante, deberá tener en consideración que cuando se acude a este tipo de gestiones, lo que se protege es el eventual daño que podría experimentar, tanto por la tardanza en encontrar respuesta en el proceso de fondo; pero también por la situación apremiante que pueda estar experimentando o pueda experimentar si no se accede a la gestión, no pudiendo dejar de lado que el daño que se pretende evitar por medio de este tipo de procesos es aquel que alcance magnitudes de gravedad, y esa gravedad únicamente se puede evidenciar con la prueba necesaria, pertinente y contundente para tal efecto y de ahí que la tutela cautelar desplace la ejecución de las actuaciones, con el fin de garantizar que el daño no se produzca, o deje de producirse. No hay que perder de vista que ese daño no puede ser irreal, hipotético o abstracto, de modo tal que si no se desprende con claridad que tipo de daños se podría causar con la ejecución de una conducta administrativa, al menos se debe de acreditar que ese daño va a producir una afectación grave, que aún y cuando se tenga por el fondo una sentencia a su favor, la misma ya no tendría ese efecto de poder llevar las cosas al estado deseado.

Se insiste no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio, sino que debe probarse, lo cual como ya se sabe, es una carga procesal que asume la parte interesada, que no fue debidamente cubierta a cabalidad en el presente caso, ya que si se quería demostrar el daño, se debió aportar la prueba necesaria y pertinente en su respaldo. Si bien podría resultar reiterativo, no se puede pasar por alto que quien acude a este tipo de gestiones, deberá tomar en consideración, que la prueba aportada al proceso y que se identificó líneas arriba, será de mucha utilidad para ser analizada en el proceso de conocimiento -en el eventual caso de que la parte actora decida su interposición- pero no resulta útil para la demostración del daño que es precisamente lo que debió acreditar en autos. Otra situación que llama la atención de este Tribunal es que esta gestión cautelar fue interpuesta el día cinco de Agosto del año en curso, fue atendida y rechazada en carácter de provisionalísima al dictar la resolución de las diecisiete horas cinco minutos del día cinco de Agosto del año dos mil veinte, que recordando fue titulada por la parte actora como "URGENTE", sin embargo al haberse rechazado en carácter de provisionalísima, se evidencia una situación distinta a la "Urgencia" que se reclamaba desde el mismo día de su interposición, y es que no la representación de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera no ha contado con una medida cautelar que suspenda la ejecución de la actuación administrativa que cuestiona, y desde ese día, al día de hoy en que se conoce por el fondo su situación particular, ha pasado más de un mes, y no ha aportado nada, ninguna prueba que haga considerar o más bien reconsiderar a este Tribunal que tenía razón en su gestión, y hacer variar a ahora sí por el fondo, la decisión de rechazo que se tomó de forma previa, conforme lo establece el numeral 29 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo.

Situación que viene a evidenciar, que la situación de la parte actora no era ni ha sido tan apremiante ni urgente como se reclamaba. Recordando la urgencia nacía de las posibles repercusiones adversas que podría experimentar la parte actora con la publicación de los datos que resulta de su interés proteger. Sin embargo es la propia representación actora la que ha informado que al día de hoy ya existe publicaciones de los datos de las embarcaciones que faenan en aguas costarricenses, por haber sido mostradas a todo público (esto lo demuestra con las imágenes que aporta con su escrito presentado en fecha 24/08/2020). Ahora bien, no conoce este Tribunal a falta de prueba que así lo demuestre; ¿que daños ha ocasionado en los pescadores estas publicaciones?, ¿se ha visto mermada su actividad?, ¿como se han visto perjudicados los pescadores con la publicación?; ¿cual es la gravedad del daño que ahora indican se ha convertido en actual?.

Estas son algunas interrogantes de las que no se tiene respuesta, ya que al día de hoy se desconoce por completo las consecuencias dañinas que la divulgación de los datos de su interés ha provocado en la parte que gestiona. Para este Tribunal no podría pasar por alto, que lo que ha provocado el no tener por superado el presupuesto analizado, recae precisamente en la falta de demostración del daño, el cual no podría ser concedido solo por el dicho de la parte; sino que se debió acreditarlo con la prueba necesaria, pertinente y contundente para tal fin que fue lo que precisamente no ocurrió en la especie, y de ahí que no se pueda tener por superado el elemento analizado, dando como consecuencia el tener que rechazar la medida cautelar, ya que para la pertinencia de la misma deberán estar todos los presupuestos exigidos, y a falta de uno de ellos la consecuencia es su rechazo, como en efecto se dispone.

Finalmente, acerca de la ponderación de los intereses en juego: Considera este Juzgador, que al no verse demostrado la existencia de un daño grave, no puede más que concluirse que el interés particular debe de ceder ante el interés público que representa la necesidad de que las actuaciones de las entidades públicas y de los particulares se adecuen a los parámetros de seguridad jurídica y de legalidad que dispone el ordenamiento; lo anterior, independientemente de lo que por el fondo en el proceso respectivo se disponga. Este Tribunal no puede desconocer las competencias conferidas al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA); como tampoco podría desconocer que por medio de una gestión cautelar, resultaría imposible entrar a analizar si en este caso el Acuerdo de Junta Directiva del Nombre2819 AJDIP/145-2020 del 10 de julio de 2020 y la formalización del Convenio Específico de Cooperación (CEC) entre Nombre2819 y Global Fishing Watch, tiene todos aquellos inconvenientes, no solo para la parte actora aquí representada sino para el país, por ser situaciones reservadas para el fondo del asunto, y con ello se determina que hasta tanto no se disponga otra cosa en el proceso de conocimiento, la prudencia se inclina por no tener por superado el presupuesto analizado, ya que en el caso particular bajo estudio, existe una total falta de prueba necesaria, pertinente y contundente, que permita establecer la magnitud del daño que podría experimentar, y menos aún estar experimentando la Cámara Nacional de la Industria Palangrera por la implementación y puesta en marcha del acuerdo cuestionado, y en esas circunstancias no se puede dimensionar ese daño o afectación como para poder ponderar cual daño y/o situación debe de ser tutelada, resultando en esas condiciones indudable que ha de prevalecer el interés público representado en esta ocasión por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), sobre el particular.- IX) COSTAS: La representación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), solicitó la condenatoria en costas a cargo de la parte actora.

Sin embargo, a consideración de este Juzgador, en la forma que acontecieron los hechos en sede administrativa, le dio la oportunidad a la parte gestionante de acudir a esta sede jurisdiccional, con el fin de defender sus derechos e intereses. Nótese que por medio de una gestión cautelar, no es procedente analizar el fondo del asunto, y por consiguiente si la parte que gestiona lleva o no lleva razón en sus manifestaciones, es algo que solo se podrá determinar en la causa principal, en el caso de que la representación de la Cámara aquí representada decida su interposición. Sin embargo, y pese a ello, no se pude perder de vista que la razón de rechazo de esta gestión cautelar, ha obedecido a una situación distinta; cual es la comprobación del daño que podría experimentar y estar experimentando, si no se accedía a su pretensión; pero dentro de la revisión y análisis de los presupuestos cautelares, se determino, que cuanta con la apariencia necesaria de acudir a este vía, en resguardo de sus intereses y derechos, y de ahí que se tuviera por superado el presupuesto de Apariencia de Buen Derecho, lo que determina que su demanda -al menos en este estadio procesal- no resulta ni temeraria ni carente de seriedad, y en ese caso ha tenido motivos suficientes para apersonarse a este vía.

Aunado a ello, en tema de costas en este tipo de gestiones, existen varios pronunciamientos del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, que hasta tanto no se tenga una dirección en un sentido distinto, este Tribunal considera que se debe de emitir el anterior pronunciamiento sin condenatoria en costas, precisamente por el tipo de procesos. (ver entre otras la RESOLUCIÓN 009-TA-11, 010-TA-11. SENTENCIA Nº 90 -2011 bis TRIBUNAL DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Anexo A del Segundo Circuito Judicial de San José, Dirección01 , a las trece horas treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil once). Siendo así, se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas.- X) RESOLUCIÓN DEL CASO: Por ende, al no concurrir en su totalidad los presupuestos legales necesarios, se debe de declarar sin lugar la medida cautelar solicitada en los términos que fue planteada.

Se deberá tomar en consideración que tanto el presupuesto de apariencia de buen derecho como la ponderación de intereses en Juego son de análisis, comprobación y estudio por parte del Juez para verificar su cumplimiento y determinar si la demanda puede o no ser conocida en un proceso de conocimiento ante esta Jurisdicción (apariencia de buen derecho), y si la determinación que se toma afecta o no el interés público o de terceros interesados (ponderación de intereses en Juego); pero uno de los presupuestos o requisitos para la procedencia de la medida cautelar se encuentra en manos de quien acude a este tipo de procesos (PELIGRO EN LA DEMORA), ya que la demostración del daño, es inherente a la persona que lo sufre y será quien deberá probar su dicho con prueba pertinente y conducente a tal fin (artículo 41 del Código Procesal Civil), y es precisamente el presupuesto que no fue amparado y respaldado como era el deber y obligación de la parte actora, no teniendo este Tribunal el porque suplir las omisiones apuntadas en el apartado correspondiente.

En consecuencia lógica de esta disposición se rechaza la medida cautelar, gestionada por la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA en contra del INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) y de la tercera interesada ORGANIZACIÓN GLOBAL FISHING WATCH. Se falla este asunto sin especial condenatoria en costas. En su oportunidad Archívese el expediente.-

POR TANTO

De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar la medida cautelar anticipada solicitada por la CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PALANGRERA en contra del INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPESCA) y de la tercera interesada ORGANIZACIÓN GLOBAL FISHING WATCH. Se falla este asunto sin especial condenatoria en costas. En su oportunidad Archívese el expediente. NOTIFÍQUESE. Lic. Rodrigo Huertas Durán. Juez.- *RRKTLDMOQP461* RODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A

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