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Res. 00618-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · 17/07/2020
OutcomeResultado
First ground dismissed (statute of limitations for two defendants affirmed); second and third grounds granted: the acquittal of five defendants and the denial of the demolition order are partially annulled, and a retrial is ordered for those issues.Se declara sin lugar el primer motivo (prescripción para dos imputados confirmada); con lugar los motivos segundo y tercero: se anula parcialmente la sentencia absolutoria para cinco imputados y la denegatoria de la orden de derribo, y se ordena el juicio de reenvío para nueva sustanciación de esos extremos.
SummaryResumen
The Criminal Appeals Tribunal of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, resolved an appeal filed by the Attorney General's Office against an acquittal issued by the Puntarenas Trial Court in a case of usurpation of public domain property in the maritime-terrestrial zone of Tambor de Cóbano. The trial court had acquitted seven defendants: some due to the statute of limitations, others because it considered the judicial agent's questioning of their residence a violation of their right against self-incrimination, and/or because it found they acted under a mistake of fact (error de tipo) given the established settlement with public services. The court also denied the request for demolition of the structures. The Appeals Tribunal upheld the statute of limitations for two defendants but granted the remaining grounds: it held that the agent's actions were lawful because defendants have a duty to identify themselves; that the trial judge confused mistake of fact with mistake of law (error de prohibición) and failed to analyze whether the mistake was invincible; and that the denial of demolition was contradictory and lacked sufficient reasoning. Consequently, it partially annulled the judgment and ordered a retrial for the five defendants acquitted on those grounds and for the demolition claim.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, resolvió un recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la República contra una sentencia absolutoria dictada por el Tribunal de Juicio de Puntarenas en una causa por usurpación de bienes de dominio público en la zona marítimo-terrestre de Tambor de Cóbano. La sentencia de primera instancia había absuelto a siete imputados; algunos por prescripción de la acción penal, otros por considerar ilícita la actuación de un agente judicial que les preguntó si residían en las edificaciones (violando supuestamente su derecho de abstención) y/o por estimar que incurrieron en un error de tipo, al desconocer que su conducta era delictiva debido a la existencia de un asentamiento consolidado con servicios públicos. Además, el tribunal denegó la solicitud de demolición de las edificaciones. El Tribunal de Apelación confirmó la prescripción para dos imputados, pero acogió los demás motivos: concluyó que no hubo actuación ilícita del agente judicial, pues existe el deber legal de identificarse; que la jueza confundió el error de tipo con el error de prohibición y no analizó si este era vencible o invencible; y que la denegatoria de la demolición era contradictoria e insuficientemente fundamentada. En consecuencia, anuló parcialmente la sentencia y ordenó el reenvío para nueva sustanciación respecto de los cinco imputados absueltos por esos motivos y la pretensión de demolición.
Key excerptExtracto clave
II. [...] In this matter, all defendants were charged with the crime of usurpation of public domain property, and as developed in the trial court's ruling, this offense is classified as a permanent-effects crime, and the computation of the statute of limitations is governed by the rule set forth in Articles 32 and 33 of the Code of Criminal Procedure, which establishes that for continuous or permanent offenses, the period runs from the moment the permanence ceases. [...] On this point, it must be noted that the position of the State's prosecuting body is not admissible, asserting that the criminal action does not prescribe as long as the construction remains, because such an interpretation violates the constitutional principle enshrined in Article 39 of the Political Constitution, from which it follows that criminal liability is strictly personal, and therefore, since there is evidence that the defendant ceased the unlawful activity of occupying a public zone, that fact must be considered for the purpose of computing the extinction period of the criminal action, and that is what happened in the case under review. III. [...] Regarding mistake of fact. [...] The trial judge argues that the defendants were unaware that their conduct was criminal because there is an entire settlement of people in that area, and that the State even provides public services such as water and electricity to several dwellings; moreover, the Municipality of Cóbano charges some residents a fee for living in that sector. This argument is illegitimate [...] because they were unaware that their conduct was prohibited, and rather believed it was legalized. In her discourse, the judge refers to the possible configuration of a mistake of law (error de prohibición) and not a mistake of fact. [...] This is where the other error in the analysis of the specific case is detected, since the judge forgets that, in the case of a mistake of law, the conduct is only not punishable when an invincible mistake has been proven, as a vincible mistake only supports a reduction of the criminal reproach. [...] However, due to the conceptual error incurred by the judge, those other components of the mistake of culpability were not even analyzed, rendering the reasoning illegitimate due to insufficiency. IV. [...] From the above regulatory and jurisprudential review, it is concluded that the legislation provides for the demolition of structures that have been illegally built in said zone; therefore, in this case, the jurisdictional authority was required to resolve that claim in accordance with the evidence that had been submitted to the record.II. [...] En este asunto, a todos los encausados se les acusó del delito de usurpación de bienes de dominio público, y conforme lo desarrolló el fallo de instancia, dicha ilicitud está catalogada como un delito de efectos permanentes, y el cómputo del plazo de la prescripción se rige por la regla prevista en los artículos 32 y 33 del Código Procesal Penal, que establece que para los ilícitos continuos o permanentes, el plazo corre desde que cesó su permanencia. [...] En este aspecto hay que indicar que no es admisible la postura del órgano acusador del Estado, en la que se afirma que mientras permanezca la construcción no prescribe la acción penal, porque dicha interpretación violenta el principio constitucional consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, del cual se deriva que la responsabilidad penal es personalísima, y de ahí que, al existir prueba de que el imputado cesó en la actividad ilícita de detentar una zona pública, ese hecho debe ser valorado para efectos del cómputo del plazo de extinción de la acción penal, y eso fue lo que ocurrió en el caso bajo examen. III. [...] Sobre el error de tipo. [...] La juzgadora de instancia aduce que los imputados desconocían que su conducta era delictiva, porque en esa zona existe todo un asentamiento de personas, y que incluso el Estado les brinda a varias viviendas servicios públicos, como agua y luz; además, a otros pobladores, la Municipalidad de Cóbano les cobra un canon respectivo por habitar en dicho sector. Este argumento es ilegítimo [...] porque desconocían que su conducta era prohibida, y que más bien su actuación estaba legalizada. En su disertación la jueza a lo que hace alusión es a la eventual configuración de un error de prohibición y no uno de tipo. [...] Aquí es donde se detecta también el otro error en el análisis del caso concreto, ya que la juzgadora olvida que, para el caso del error de prohibición, solo es posible la no punibilidad de la conducta, cuando se ha acreditado un error invencible, ya que el error de prohibición vencible solo da sustento a la disminución del reproche penal. [...] No obstante, en virtud del error conceptual en el que incurrió la juzgadora esos otros componentes del error de culpabilidad ni siquiera fueron analizados, por lo que la fundamentación deviene en ilegitima por insuficiente. IV. [...] Del anterior repaso normativo y jurisprudencial se concluye que la legislación prevé la demolición de las estructuras que de forma ilegal se han construido en dicha zona, por lo que, en este caso, le correspondía a la autoridad jurisdiccional resolver aquella pretensión conforme con la prueba que había sido aportada en autos.
Pull quotesCitas destacadas
"no es admisible la postura del órgano acusador del Estado, en la que se afirma que mientras permanezca la construcción no prescribe la acción penal, porque dicha interpretación violenta el principio constitucional consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, del cual se deriva que la responsabilidad penal es personalísima"
"the position of the State's prosecuting body is not admissible, asserting that the criminal action does not prescribe as long as the construction remains, because such an interpretation violates the constitutional principle enshrined in Article 39 of the Political Constitution, from which it follows that criminal liability is strictly personal"
Considerando II
"no es admisible la postura del órgano acusador del Estado, en la que se afirma que mientras permanezca la construcción no prescribe la acción penal, porque dicha interpretación violenta el principio constitucional consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, del cual se deriva que la responsabilidad penal es personalísima"
Considerando II
"la jueza confunde conceptos dogmáticos comprendidos en dos categorías distintas, a saber, el error de tipo que se analiza en la tipicidad y el error de prohibición que se debe ponderar dentro de la culpabilidad"
"the judge confuses dogmatic concepts comprised in two distinct categories, namely, mistake of fact (error de tipo) which is analyzed within the scope of culpability (tipicidad), and mistake of law (error de prohibición) which must be weighed within culpability"
Considerando III
"la jueza confunde conceptos dogmáticos comprendidos en dos categorías distintas, a saber, el error de tipo que se analiza en la tipicidad y el error de prohibición que se debe ponderar dentro de la culpabilidad"
Considerando III
"la legislación prevé la demolición de las estructuras que de forma ilegal se han construido en dicha zona, por lo que, en este caso, le correspondía a la autoridad jurisdiccional resolver aquella pretensión conforme con la prueba que había sido aportada en autos"
"the legislation provides for the demolition of structures that have been illegally built in said zone; therefore, in this case, the jurisdictional authority was required to resolve that claim in accordance with the evidence that had been submitted to the record"
Considerando IV
"la legislación prevé la demolición de las estructuras que de forma ilegal se han construido en dicha zona, por lo que, en este caso, le correspondía a la autoridad jurisdiccional resolver aquella pretensión conforme con la prueba que había sido aportada en autos"
Considerando IV
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**II.** [...] In this matter, all the defendants were accused of the crime of usurpation of public domain property (usurpación de bienes de dominio público), and as developed in the trial court's judgment, said illegality is classified as a crime of permanent effects, and the calculation of the statute of limitations period is governed by the rule set forth in Articles 32 and 33 of the Code of Criminal Procedure, which establishes that for continuous or permanent offenses, the period runs from when their permanence ceased. On this aspect, it is held that the trial judge correctly applied the regulations established in procedural law. The point of contention proposed by the representative of the Procuraduría lies in establishing from what moment the illicit activity is deemed to have ceased in this criminal modality. For the Procuradora, the criminal action does not prescribe as long as the buildings that were constructed in the public zone have not been demolished. In this regard, while this position might initially seem reasonable, the truth is that it will depend on each specific case, since what is relevant is to determine what action was charged against each of the defendants and what was proven at trial. For the purposes of resolving matters relating to the defendant [Name1], it is noted that the Procuraduría in its complaint charged the following: “Without specifying an exact date but at least since the month of October 2012 and to date, in Tambor de Cóbano, de Puntarenas, specifically 550 meters east of the pier, the defendant [Name1], has held and is currently holding a portion of the public zone of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), by inhabiting a building constructed of wood, zinc sheets, wooden posts, bamboo rods, and dirt floor, a building that has an area of 15.62 square meters, intended as the defendant's dwelling. Said building is located between landmarks No. [Address1] and [Address2] of the Instituto Geográfico Nacional. The holding by the defendant [Name2] is carried out without having a land-use permit, construction permit, or concession, and without a regulatory plan from the competent authority.” According to said charge, the defendant held a public domain property by building and inhabiting a house located within the public area of the maritime terrestrial zone, during a specific period. Now, as indicated in the trial court's judgment, the criminal action in this case was time-barred because the judge found it proven that the defendant [Name1] had ceased his permanence in said property. To resolve the issue, it is relevant to note that from the evidence received at trial, witness [Name3], who is the judicial agent in charge of the investigation, reported that they were unable to determine who had built the various dwellings, since during the visits they made, they did not observe any person constructing any building; rather, these buildings already existed in the place. Likewise, he detailed that there were people who inhabited the houses permanently, but another group did so temporarily, since when they carried out inspections and took a census of the occupants, at that time there were certain people, but later, when conducting another inspection, other occupants inhabited those buildings, or the houses were empty, or closed. This piece of information is relevant, because as will be seen later, the judge dismissed that the defendant [Name1] built that building, or that he inhabited that dwelling permanently. Now, in the case under review, the judge determined that from investigation report Report 057-13-URC (folios 165 to 167), it was established that at the time the inspection of the property was conducted, carried out between November 6, 2012, and March 6, 2013, said dwelling was occupied at the time of the visit by [Name1]. It is also important that from report 19-14-ORC from the Judicial Investigation Agency of Cóbano (folio 283), according to which, during visits made on April 15 and 22, 2014, it was corroborated that [Name1] no longer lived in the building that is the subject of the charge against him; that is, there is evidence that, by April 2014, the defendant had ceased the action of holding a public domain property. The judge analyzed this evidence jointly with the defendant's statement, who stated the following at trial: “I was passing through the Tambor area, I stayed in a little house there, because I was looking for work, an OIJ officer came by, he asked me if I lived there and even so he asked me for my ID, I didn't see any problem, and now I find myself here, given the situation that I have never lived there. That little house is there, it has always been there, so the only thing I did was stay to sleep there, nothing more. What I did afterwards was leave. It was already built. The house was unoccupied. I stayed one night. I currently live in Villas del Mar, in Cóbano. I have lived there in Villas del Mar for 4 years. Previously, I lived in Ciudad Neilly. In Villas del Mar I live with my partner and my two children.” As analyzed in the judgment, this defense version was not discredited; on the contrary, the judge also assessed the identification data provided by the defendant on May 8, 2013, before the prosecutor's office, in which he indicated that he lived in Cóbano, at the house of Mrs. [Name4]; that is, by that time he was no longer inhabiting the public area. As the judge correctly examined, once it was demonstrated that the action of holding a public domain land had ceased, the calculation of the statute of limitations had to begin, which was reduced by half with the act of the preliminary investigation (indagatoria), which occurred on May 14, 2013, and not as indicated in the trial court's judgment, on May 8, 2013, but even despite that error in the date of said procedural act, the legal situation does not change, because the next procedural act capable of interrupting the calculation of the statute of limitations was the scheduling of the preliminary hearing, which dates from August 4, 2015; that is, between both procedural acts, two years, two months, and 21 days would have elapsed; therefore, the criminal action, as provided for in Articles 32 and 33 of the Code of Criminal Procedure, in relation to numeral 227 of the Penal Code, would have prescribed, since the ordinary period for said crime is four years, which reduced by half is two years, a period that was exceeded in the case of the defendant [Name1]. In this aspect, it must be indicated that the position of the State's prosecuting body is not admissible, in which it is stated that as long as the construction remains, the criminal action does not prescribe, because such interpretation violates the constitutional principle enshrined in Article 39 of the Political Constitution, from which it is derived that criminal liability is strictly personal; hence, given that there is evidence that the defendant ceased the illicit activity of holding a public zone, that fact must be assessed for the purposes of calculating the extinction period of the criminal action, and that is what occurred in the case under review. Following the Procuraduría's thesis would lead to the absurd conclusion that, if the building remains in the public zone for more than ten years without being occupied by any person, the criminal action would not be extinguished in relation to the last occupant, due to the fact that the property has not been demolished. This interpretation falls outside the scope of the typicity of the criminal offense provided for in Article 277 of the Penal Code, which requires for its configuration and permanence that a person, through concrete acts, holds a public domain property; that is, it requires proof that the person is executing that action. Therefore, the interpretation made by the Procuraduría would not be admissible, which even violates the provisions of Articles 2 of the Penal Code and 2 of the Code of Criminal Procedure, which establish the principle of restrictive interpretation of criminal offenses and procedural rules. Additionally, it should not be forgotten that it is the responsibility of the prosecuting body to prove the continuity or permanence of the criminal activity, and as reasoned in the trial court's judgment, the evidence brought to the case file allows for the cessation of the criminal activity to be taken as proven for a specific time (May 14, 2013); hence, what was decided by the lower court (a quo) is in accordance with the law. For the foregoing reasons, this claim is dismissed.
**III.** [...] Regarding the declaration of illicit evidence. Having examined the judgment, it is held that the appellant is correct. As recorded in the trial court's judgment, the lower court based its decision to acquit the defendants on three reasons, one of which was based on the fact that the conduct of judicial agent [Name3] was illicit, who, when carrying out the investigation diligences, appeared at the residence of each of the defendants and asked them for their identification data, and asked them if they lived in that place. According to the judge, although people have the duty to identify themselves before judicial authorities, in this case, officer [Name3] exceeded his functions, since he went beyond the mere nominal identification of each of the defendants, but also asked them if they resided in that place, a question that was not appropriate, and regarding which the defendants had the right of abstention. On this point, it is noted that the judge erred in the interpretation of the procedural rule. Article 283 of the Code of Criminal Procedure establishes that the Judicial Police is legitimized to carry out the investigation diligences that are necessary concerning a criminal activity, among them, the identification of the defendant. Likewise, Articles 83 and 94 of the Code of Criminal Procedure establish that defendants have the duty to provide the data necessary for their identification, and among them are their attributes and their domicile; this last piece of data is relevant, because it will be at this location where, subsequently, the judicial authority must summon the accused persons for the corresponding diligences. In other words, judicial agents are legitimized to consult the persons under investigation for data relating to their domicile. Although in this case, the place of residence of each of them is linked to the zone in which the criminal activity is carried out, regarding that piece of their identification, the accused persons do not have a right of abstention. On the contrary, there is a legal duty to provide that information; therefore, the interpretation made by the trial judge, in considering that an illicit action was incurred when the defendants were identified, is invalid. Regarding the error of fact (error de tipo). Having examined this other argument, as well as the trial court's judgment, it is concluded that the appellant is correct. As derived from the trial court's judgment, the judge acquitted the defendants [Name5], [Name6], [Name7], [Name8], by arguing an error of fact, regarding which she indicated the following: “Thus, this Court considers that in light of this panorama, the defendants could easily imagine that the action they supposedly carried out was a crime, since all their neighbors were in the same circumstance, their relatives had inhabited the place for years without facing any legal consequence for it, and without problems arising from this circumstance. On the contrary, there existed a kind of ‘legalization’ by officials of the Costa Rican State, who not only provided them access to basic services such as water and electricity but also came to charge them fees for territorial taxes. In light of this panorama, how could the defendants, simple people with very basic levels of education, imagine that they were committing a crime and that they would face criminal consequences for it? In criminal matters, for the criminal wrong to be configured, there must be human conduct that is typical and unlawful. Regarding typicity, we must analyze the existence of the subjective element, be it intent or negligence. The former requires that the active subject have knowledge of the objective elements of the offense and also the will to fulfill those objective elements. In the case at hand, the defendants, according to the facts charged against them in the accusatory pleadings, have held a space corresponding to a public domain place; however, the circumstances that we have been analyzing represented a scenario for them where they were unaware that the action they supposedly carried out constituted a crime, since on the site there exists a large number of dwellings in the zone, which have all basic public services, which was established at least 25 years ago, where there is a small grocery store (pulpería) and even a restaurant. These situations lead us to conclude that it does not follow that there existed in the defendants an intent to ‘retain what manifestly does not belong to them,’ which is precisely the definition that the Royal Spanish Academy assigns to the verb detentar; therefore, in the Court's judgment, the so-called error of fact occurs. In this sense, Article 34 of the Penal Code states that: ‘He who, when committing the act, incurs an error regarding some of the requirements necessary for the crime to exist, according to its description, is not guilty. However, if the error arises from negligence, the act shall be punished only when the law specifies a penalty for its commission on such grounds.’ Based on what is established in this numeral, we have that the defendants are not guilty (understanding that this denomination is in the common sense of the word, and not in reference to the absence of culpability as such, since as has been stated, we would be before the absence of one of the constituent elements of the criminal offense), but additionally, the criminal offense of Usurpation of Public Domain Property is not capable of being committed on grounds of negligence; therefore, what is appropriate in this case is to acquit the defendants of the conduct attributed to them.” This argument is invalid for the following reasons. The first thing that must be pointed out is that the judge confuses dogmatic concepts comprised in two different categories, namely, the error of fact which is analyzed under typicity, and the error of prohibition (error de prohibición) which must be weighed within culpability. As for the error of fact, this is configured when there is a lack of knowledge or error on the part of the perpetrator regarding the existence of one or some of the objective elements that make up the criminal offense. In our legal system, this type of error is regulated in the first paragraph of Article 34 of the Penal Code, which reads as follows: “He who, when committing the act, incurs an error regarding some of the requirements necessary for the crime to exist, according to its description, is not guilty. However, if the error arises from negligence, the act shall be punished only when the law specifies a penalty for its commission on such grounds.” In cases of an invincible error of fact, typicity disappears; that is, the will to carry out the objective offense, and since there is no such intent, there is no intent (dolo) and therefore the conduct is atypical. When the error of fact is vincible, typicity subsists only for those conducts that are typified on grounds of negligence. Returning to the matter under review, it is noted that in her argumentation, the judge indicates that there is an error of fact because the defendants were unaware that the conduct they were carrying out was criminal. Similarly, in her approach, the judge admits as a proven fact that this group of people lives in a public domain area, because their houses are built in the public zone. That is, they know they are possessing a public area and they have the will to live in that sector. From the above, it is evident that despite the indication of an error of fact, the judgment reveals the knowledge and will of the defendants regarding the action they are carrying out of holding land that is public, which leads to taking the typicity of the criminal offense provided for in Article 227 of the Penal Code as proven. Therefore, it was not correct to allude to the existence of an error of fact. Now, if the arguments outlined by the judge are analyzed under the rules that support the error of prohibition, it is also concluded that the argument put forward is mistaken for the following reasons. The trial judge argues that the defendants were unaware that their conduct was criminal, because in that zone there exists an entire settlement of people, and that even the State provides several dwellings with public services, such as water and electricity; furthermore, the Municipality of Cóbano charges other residents a respective fee for inhabiting said sector. This argument is illegitimate for the following reasons. The error of prohibition is that which is configured when the perpetrator believes they are acting lawfully, as well as when they do not even consider the unlawfulness of their conduct. Likewise, the error may refer to the existence of prohibitive norms (direct error of prohibition), or the error may also fall on the existence of the limits or objective presuppositions of a cause of justification. The Penal Code regulates the direct error of prohibition in Article 35, establishing that: “He who, due to an invincible error, believes that the act he commits is not subject to penalty, is not guilty. If the error were not invincible, the penalty provided for the act may be mitigated, in accordance with the provisions of Article 79.” For its part, the indirect error of prohibition is regulated in the final paragraph of Article 34 of the Penal Code, which indicates that: “The same rules shall apply regarding someone who erroneously supposes the concurrence of circumstances that would justify the act committed.” In this case, when the judge argues that the defendants were unaware that their conduct was prohibited, and that rather their action was legalized, in her dissertation the judge alludes to the eventual configuration of an error of prohibition and not one of fact. It is here where the other error in the analysis of the specific case is also detected, since the judge forgets that, in the case of an error of prohibition, the non-punishability of the conduct is only possible when an invincible error has been proven, since a vincible error of prohibition only provides support for the reduction of criminal reproach. In this case, the judge erroneously and without further analysis indicates that the defendants were unaware that their conduct was criminal because more people lived in that sector, a reasoning that is not acceptable, because it would imply that, if other people commit criminal acts, such as robbery, theft, or drug sales, the same conclusion should be reached; that is, because other people carry out the same action, then it should not be prohibited by the legal system. This criterion is mistaken, since the prohibition of conduct does not depend on whether other people carry it out or not; on the contrary, its existence lies in the fact that a criminal norm is what prohibits the performance of that action. Additionally, the knowledge of the unlawfulness of the conduct is an issue that is analyzed in the sphere of culpability and not of typicity; therefore, if a person claims they were unaware that their action was sanctioned by the legal system, or considers that their action was permitted, those cases must be resolved under the criteria outlined above concerning the error of prohibition; that is, if that lack of knowledge was vincible, the conduct does not go unpunished; on the contrary, the action continues to be typical, unlawful, and culpable. However, by virtue of the conceptual error incurred by the judge, those other components of the error of culpability were not even analyzed, so the grounding becomes illegitimate due to insufficiency. Additionally, the judge alludes to very generic situations, such as that some houses had water and electricity services, and that other residents paid a fee to the municipality, but she does not analyze why those factual circumstances induced an invincible error in the accused persons. In this sense, the judge disregards the maxims of experience that inform that people who reside in coastal areas know that there is an area on the beach that is public, and that it is prohibited to build buildings in that sector, because that area is intended for the enjoyment of all people and for the conservation of the environment. Consequently, since the judgment is erroneously founded, the appeal on this ground must be sustained. [...]
**IV.** In the **third ground of appeal**, she objects that the demolition of the buildings constructed in the public zone was not ordered. She states that the trial judge denied the Procuraduría's claim to restore things to their original state, for which she argued that it was unknown whether the buildings were still on the site, or if they had been expanded, in addition to the fact that third parties residing in those buildings were not summoned to the process so they could exercise their rights. She criticizes these arguments, considering that the evidence demonstrated the existence of buildings in the public area of the maritime terrestrial zone, and therefore, it was appropriate to order the demolition of those structures, since the legislation regulating this maritime strip is clear in indicating that it is prohibited to construct in that zone, and even the demolition order for those buildings is established at the legal level; therefore, action should have been taken in accordance with what the law established. Additionally, she considers that it was improper to claim that the third parties inhabiting that site were not summoned, since no one can claim a legitimate right over said zone. As a general claim for the three objections, she requests that the sentence be annulled and a retrial be ordered. The ground is sustained. Having reviewed the judgment, it is noted that the judge denied the demolition request based on the following argumentation: “Both the Public Prosecutor's Office and the representative of the Procuraduría General de la República requested that the demolition or knocking down of the buildings that are the subject of this process be ordered. In this regard, in the consideration of this Court, although it has been possible to verify from the Criminalistic Analysis Opinion 1496-ING-2012 that all the buildings were located within the Public Zone of the Maritime Terrestrial Zone, occupying part of the Natural Heritage of the State, in Tambor de Cóbano de Puntarenas, the truth is that after analyzing the existing evidence in the process, said request must be rejected. As stated in the previous section, there is great imprecision regarding the location of each of the dwellings. There are elements of evidence that doubtfully provide data that do not coincide in relation to the distance that the buildings kept with respect to the pier [Address3], presenting significant differences between one piece of data and another. In addition to the above, more than six years have passed since this process began and since the respective ocular inspections were carried out, and given the time elapsed without being able to be certain regarding who the current occupants of said buildings are, whether more buildings have been built adjacent to the ones in question (which could lead to confusion as to which building should be demolished if so ordered by this Court), whether the structures in question have had improvements or not (whereby they could be visibly different from those photographed in the ocular inspection reports), whether they remain in the place or not, and given the absence of evidence to address these questions and doubts, for reasons of legal certainty and in order to not cause harm to third parties who are not part of this process and have not had the opportunity to exercise their rights therein, the request for demolition or knocking down formulated by the Public Prosecutor's Office and the Procuraduría General de la República is rejected. The representative of the Procuraduría, in her time, supported said request on the existence of contamination and environmental damage; however, no technical or expert evidence was received in the process to confirm this. The testimony of Mr. [Name9] was available; there is no doubt that he is knowledgeable about the subject; however, his deposition during the adversarial proceedings was not in the capacity of an expert, nor did he state that any study was carried out on his part which, through the implementation of scientific methodologies, concluded that some degree of contamination from human activities was occurring at the place. Rather, the witness's conclusion regarding environmental damage and contamination in the zone was the result of a subjective appreciation. Thus, there has neither been any element of evidence to determine that damage or contamination has indeed been caused in the zone, much less that the same was the result of the activity carried out in the buildings in question in the case under analysis.” In this case, the arguments outlined by the judge become contradictory. As indicated in the preceding recital, the judge found it proven that there were seven buildings constructed in the public zone of the maritime terrestrial zone, but despite that, she denied the Procuraduría's action seeking the demolition of those buildings, by maintaining that there would be confusion as to which property to demolish; she also indicated that there were inconsistencies between the data recorded in the accusation regarding the location of each building and those shown by the forensic expert report. This argument is illegitimate because it violates the principle of sufficient reason, given that the case file records that there is expert evidence, such as on-site inspections, that describe the various buildings for which the demolition order was requested; therefore, it is not understood what type of confusion the judge alludes to. Additionally, it is clear that the State body's claim was directed at the buildings that were the subject of this investigation; therefore, it is not a valid reason to argue that this request cannot be accepted because there may be other buildings on the site. Likewise, it is incomprehensible that allusion is made to the fact that there may be other dwellers on those lands who have not participated in the process, since that argument is completely speculative. Additionally, it is not explained what the good-faith legal situation would be that would legitimize that possession, since the Law on the Maritime Terrestrial Zone establishes that said area is property of the State and is inalienable (Article 1). Furthermore, it is indicated that the Maritime Terrestrial Zone cannot be the object of possessory information proceedings and individuals may not appropriate it (Article 7). It is also detailed that it is prohibited to construct buildings in said area (Article 12). As well as the power of the State and the Municipalities to order the demolition of buildings that have been constructed in said zone in contravention of the provisions of said special legislation. Finally, dating back a long time, the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), through resolution Number 5756 of October 30, 1996, declared that the application of the power of demolition is feasible in pending jurisdictional processes that have not yet concluded with a final judgment, and that it is not a violation of due process and the defendant's right of defense, provided that it is interpreted that it is the duty of the judge, prior to the adoption of the measure of destruction or demolition, to verify that the lands or works involved are indeed located within the maritime terrestrial zone and that they were carried out outside the provisions of this Law.
From the foregoing normative and jurisprudential review, it is concluded that the legislation provides for the demolition of structures that have been illegally built in said zone; therefore, in this case, it fell to the judicial authority to resolve that claim in accordance with the evidence that had been submitted in the case file. Additionally, if the judge deemed it necessary to verify the existence of the buildings prior to their demolition, she could have so ordered in the respective resolution, or even, under article 355 of the Código Procesal Penal, she had the possibility of conducting on her own motion the ocular inspection she deemed necessary to resolve the Procuraduría's claim, which had been pursued since the filing of the complaint. Consequently, the objection is upheld, and the judgment is partially annulled insofar as it denied the demolition order sought by the Procuraduría. Therefore, a remand for a new proceeding on that other aspect is ordered." ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...]@ Fax: 24569029 __________________________________________________________________________________________ Res: 2020-00618 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, at fourteen hours forty-eight minutes on the seventeenth of July, two thousand twenty. SENTENCE APPEAL filed in the present case against [Name1] , Costa Rican, identity document number CED1; [Name2] , Costa Rican, identity card number CED2; [Name3] , Costa Rican, identity card number CED3; [Name4] , Costa Rican, identity card number CED4; [Name5] , Costa Rican, identity card number CED5, [Name6] , Costa Rican, identity card number CED6, and [Name7] , Costa Rican, identity card number CED7; for the crime of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN ASSETS to the detriment of THE STATE. Participating in the decision on the appeal are judges Adriana Escalante Moncada, Francisco Lemus Víquez, and José Asdrúbal Quirós Pereira. Appearing on the sentence appeal are licensed attorney Margot Avellán Ruiz in her capacity as Procuradora and licensed attorney Yosselin Morales Zumbado, in her capacity as Public Defender for the defendants: [Name1] , [Name8] , [Name3] , [Name4] , [Name6] , [Name5] and [Name7] . WHEREAS:
1.- That by judgment number 303-2019 of thirteen hours forty-one minutes on the twenty-first of May, two thousand nineteen, the Trial Court of Puntarenas resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, articles 39 and 41 of the Constitución Política; 8 and 9 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 to 7, 9, 11 to 13, 16, 17, 31 to 34, 70, 71, 81 to 83, 91 to 97, 100, 141, 142, 182 to 184, 200, 265 to 269, 324, 326, 328, 330, 333 to 336, 341, 343, 345, 351, 354, 356, 360, 363 to 366 of the Código Procesal Penal; articles 1, 4, 11, 18, 19, 30, 34, 227 of the Código Penal; and articles 1, 7, 9, 10, 12, 20, 22 of Law number 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre: the res judicata exception filed by the defense on behalf of [Name1] is rejected; on its own motion, the exception of the statute of limitations for the criminal action is declared in favor of [Name8] and of [Name3] , whereby they are absolved of all punishment and responsibility for the crime of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN ASSETS charged by the Ministerio Público and by the Procuraduría General de la República; based on the universal principle of In dubio pro reo, [Name1] , [Name4] , [Name6] , [Name5] and [Name7] are ACQUITTED of the crime of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN ASSETS to the detriment of THE STATE, which had been attributed to them by the Ministerio Público and the Procuraduría General de la República. The request for an order to demolish the constructions or buildings that are the subject of this proceeding is denied. It is ordered that any type of precautionary measure weighing against the defendants as a result of this case be lifted. No special ruling on costs is made. The expenses of the criminal proceeding shall be borne by the State. The reading of the judgment is set for sixteen hours on the twenty-eighth of May, two thousand nineteen. Notification shall be by reading. That is all. [Name9] . TRIAL JUDGE".
2.- That against the preceding ruling, licensed attorney Margot Avellán Ruiz filed a sentence appeal.
3.- That after the respective deliberation, in accordance with the provisions of article 465 of the Código Procesal Penal, the Sentence Appeals Court of the III Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal. 4.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings. Authored by Sentence Appeals Judge Escalante Moncada; and, CONSIDERANDO:
I.Procuradora Margoth Avellán Ruíz, files a sentence appeal against the written verdict number 303-P-2019, issued by the Trial Court of Puntarenas.
II.In the first ground, the appellant expresses her disagreement with the lower court's ruling for the following reason. She states that regarding the acquittal issued in favor of the defendants [Name3] and [Name8] , the Trial Court acquitted them upon determining that the criminal action was time-barred. She says that to support this position, the Trial Chamber argued that both accused persons declared that they only spent one night in the property, and that because the defendants were questioned on May 8 and 15, 2013, respectively, the statute of limitations period ran on May 15, 2015, without another act interrupting the limitation period occurring within that two-year period. She objects to the application of the substantive law, arguing that the criminal action has not been extinguished by the statute of limitations. She indicates that in relation to crimes of encroachment on protected areas, when the action is executed through the construction of buildings, one is in the presence of a continuous or permanent crime, and in this type of criminal activity, the criminal action begins its fatal count once the permanence of the encroaching structure ceases, because as long as the structure remains, the illegal act persists over time, and it is only when the encroaching structure or construction is removed that the illegal activity ceases. She explains that in this type of crime, the calculation of the statute of limitations is different, since legally it is not viable under the parameters of article 32 of the Código Procesal Penal for a crime to be time-barred when the effects persist over time, because the legal interest (environment) remains harmed. She says that, in this case, the act charged consisted of the defendants possessing the terrestrial maritime zone (zona marítimo terrestre) of the locality of Tambor, through the construction of permanent structures, actions that fit the crime of usurpation of public domain assets, provided for in article 227 of the Código Penal. She affirms that, in this case, as long as the encroaching structure remains, it is not feasible to apply article 32 of the Código Procesal Penal. Additionally, she criticizes that the lower court gave full credibility to the statement that both defendants gave at trial, when they stated that they were only in that property for one night, which contradicts the evidence entered into the case file. In this regard, she highlights that in the identification data for these individuals, it is indicated that they have lived in that sector for several years; furthermore, both from the statement of witness [Name10] , and the reports issued by the Organismo de Investigación Judicial, it can be seen that on the various occasions when the terrestrial maritime zone of interest was visited, the defendants live in those buildings, in addition to the fact that the structures remain on state property. For the foregoing reasons, she considers that the conclusion reached by the judge is erroneous. In this section, the appellant attacks the arguments used to establish that the criminal action had expired due to the statute of limitations for defendants [Name3] and [Name8] . To adequately resolve each of the objections, the situation of each of them will be analyzed separately. Defendant [Name3] . Once the case file and the appealed judgment have been examined, it is concluded that the appellant is not correct. In this matter, all the accused were charged with the crime of usurpation of public domain assets, and as developed in the lower court's ruling, said illegality is classified as a crime with permanent effects, and the calculation of the limitation period is governed by the rule provided in articles 32 and 33 of the Código Procesal Penal, which establishes that for continuous or permanent crimes, the period runs from when their permanence ceased. On this aspect, it is held that the trial judge correctly applied the regulations established in the procedural law. The point of discussion proposed by the representative of the Procuraduría lies in establishing from what moment the illegal activity is deemed to have ceased in this criminal modality. For the Procuradora, the criminal action does not prescribe as long as the buildings constructed in the public zone have not been demolished. In this regard, while this position might initially seem reasonable, the truth is that it will depend on each specific case, since what is relevant is to determine what action was attributed to each of the accused and what was proven at trial. For purposes of resolving what concerns defendant [Name3] , it is noted that the Procuraduría, in its complaint, alleged the following: “Without specifying an exact date but at least from the month of October 2012 to date, in Tambor de Cóbano, Puntarenas, specifically [Address1] , the accused [Name3] has possessed and is currently possessing a portion of the public zone of the terrestrial maritime zone, by living within a building constructed of wood, zinc sheets, wooden posts, bamboo poles, and dirt floor, a building that has an area of 15.62 square meters, intended as the dwelling house of the accused. Said building is located between boundary markers No. 122-2005 and 126-2005 of the Instituto Geográfico Nacional. The possession by the accused [Name8] is carried out without having the land use, construction, or concession permit and without a regulatory plan from the competent authority.” According to this accusation, the accused possessed a public domain asset by building and living in a house located within the public area of the terrestrial maritime zone, during a specific period. Now, as stated in the lower court's ruling, the criminal action in this case was time-barred because the judge found it proven that defendant [Name3] had ceased his permanence in said property. To resolve the issue, it is relevant to note that from the evidence received at trial, witness [Name10] , who is the judicial agent in charge of the investigation, related that they were unable to determine who had built the various dwellings, since in the visits they conducted, they did not manage to observe any person building any structure, but rather that these buildings already existed at the site. He also detailed that there were people who lived in the houses permanently, but another group did so temporarily, because when they conducted inspections and took a census of the occupants, some people were there at that time, but later, when conducting another inspection, other occupants lived in those buildings, or the houses were empty, or closed. This fact is relevant, because as will be seen later, the judge ruled out that defendant [Name3] built that building, or that he lived permanently in that dwelling. Now, in the case under review, the judge determined that from Investigation Report 057-13-URC (folio 165 to 167), it was established that at the time of the property inspection, conducted between November 6, 2012, and March 6, 2013, said dwelling was occupied at the time of the visit by [Name3] . It is also important that, based on report 19-14-ORC from the Organismo de Investigación Judicial of Cóbano (folio 283), according to which, in visits conducted on April 15 and 22, 2014, it was corroborated that [Name3] no longer lived in the building that is the subject of the factual accusation against him, that is, there is evidence that, by April 2014, the defendant had ceased the action of possessing a public domain asset. The judge analyzed this evidence jointly with the statement of the defendant, who stated at trial the following: ““I was passing through the Tambor area, I stayed in a little house there, because I was looking for work, an OIJ officer passed by, he asked me if I lived there and even so he asked for my ID, I didn't see any problem, and now I find myself here, given the situation that I have never lived there. That little house is there, it's always been there, so the only thing I did was stay there to sleep, nothing more. What I did afterwards was leave. It was already built. The house was unoccupied. I stayed one night. I currently live in Villas del Mar, in Cóbano. I have lived there in Villas del Mar for 4 years. Previously, I lived in Ciudad Neilly. In Villas del Mar I live with my partner and my two children”. As analyzed in the ruling, this defense version was not discredited; on the contrary, the judge also considered the identification data provided by the accused on May 8, 2013, before the Prosecutor's Office, in which he stated that he lived in Cóbano, at the home of Mrs. Yexi Solano Muñoz, meaning that by this time he was no longer living in the public area. As the judge correctly examines, once it was demonstrated that the action of possessing public domain land had ceased, the statute of limitations calculation had to begin, which is reduced by half with the act of the preliminary hearing, which occurred on May 14, 2013, and not May 8, 2013, as indicated in the lower court's ruling, but even despite that error in the date of said procedural act, the legal situation does not change, because the next procedural act capable of interrupting the limitation period calculation was the setting of the preliminary hearing date, which dates from August 4, 2015, that is, between both procedural acts, two years, two months, and 21 days would have elapsed, so the criminal action, as provided in articles 32 and 33 of the Código Procesal Penal, in conjunction with article 227 of the Código Penal, would have expired, since the ordinary term for said criminal offense is four years, which reduced by half is two years, a period that was exceeded in the case of defendant [Name3] . In this regard, it must be noted that the position of the State's prosecuting body, asserting that as long as the construction remains, the criminal action does not prescribe, is not admissible, because said interpretation violates the constitutional principle enshrined in article 39 of the Constitución Política, from which it is derived that criminal responsibility is strictly personal, and hence, upon the existence of evidence that the defendant ceased the illegal activity of possessing a public zone, that fact must be assessed for purposes of calculating the extinction period of the criminal action, and that is what occurred in the case under review. Following the Procuraduría's thesis would lead to the absurd conclusion that, if the building remains in the public zone for more than ten years, without being occupied by any person, the criminal action would not be extinguished in relation to the last occupant, because the property has not been demolished. This interpretation falls outside the scope of criminality of the criminal offense provided in article 277 of the Código Penal, which requires for its configuration and permanence that a person, through concrete acts, possesses a public domain asset, meaning that it requires a demonstration that the person is executing that action; therefore, the interpretation made by the Procuraduría would not be admissible, which even violates articles 2 of the Código Penal and 2 of the Código Procesal Penal, which establish the principle of restrictive interpretation of criminal offenses and procedural norms. Additionally, one must not forget that it is the duty of the prosecuting body to prove the continuity or permanence of the criminal activity, and as reasoned in the lower court's ruling, the evidence brought to the case file allows it to be accredited that for a specific time (May 14, 2013), the criminal activity ceased; hence, what was resolved by the a quo is in accordance with the law. For the foregoing, this objection is declared without merit. Regarding defendant [Name8] . Regarding this other argument, the appellant is not correct. In this case, a situation similar to the one previously analyzed occurs. As stated in the ruling, the judge assessed that in the case file there is no evidence indicating that the defendant continuously possessed the public area as was affirmed in the complaint, but rather, on the contrary, that there is no evidence to prove the permanence of the criminal activity after the preliminary hearing conducted for this person on May 15, 2013. To this effect, the following was stated: “In the case of [Name8] , a similar situation exists: the defendant stated in the declaration given in the exercise of his material defense that: “The situation is that I work fishing, I currently live in Paquera, I have been living there for 7 years, one day I arrived on a motorcycle, I arrived between 12 or midnight, the motorcycle had a flat, so the guy I work with told me: you can't go like that. From Tambor to Paquera it is like 28 kilometers. Walking was impossible, so the guy told me: why don't you go and stay in that house and tomorrow see what you do? and I said yes. I went and stayed in the house, the house was empty, around 8 in the morning they knocked and I went out to see what it was, a guy asked me my name and asked for my ID, I didn't see a problem. I left and fixed the motorcycle. And that's why I'm here”. Now, in the case of [Name8] , we note that at the time his identification data was taken from him, he did not mention this circumstance, that is, that he was living in Paquera, but rather located his home in Puntarenas, Tambor, at [Address2] from the dock. An address that is very similar to the one indicated in the accusatory pleading. For his part, investigating officer Pérez Espinoza clearly stated in his deposition: “I have learned that some of them no longer live there. Because I have seen them living in other sectors. Mr. [Name11] in Paquera (…)”. The foregoing (the place of residence) coincides with what was stated by the defendant. Now, the defendant was questioned on the facts being investigated against him, on May 15, 2013, therefore, as of this action, the limitation period was reduced by half, that is, to two years. Given that the crime of Usurpation of Public Domain Assets is one of immediate commission with permanent effects, and that there is no evidence in the proceeding that after this date, May 15, 2013, the defendant still remained living in said building, but rather what we have is a statement from him indicating that he has resided in Paquera de Puntarenas for 7 years, a statement that is supported by investigating officer Pérez Espinoza, we must begin from the point that at that time (May 15, 2013) the effects of the alleged crime attributed to him had ceased, so as of that last action, the statute of limitations period for the criminal action begins to run. Said period elapsed without any cause for interruption or suspension of the statute of limitations being verified in the interim. Thus, by May 15, 2015, the criminal action was already time-barred, thereby extinguishing the action against defendant [Name8] ”. From the preceding excerpt, it is extracted that to establish that the criminal action had prescribed, the judge took into consideration both the defense theory and the evidentiary elements submitted to the case file, and from her joint analysis determined that there was no evidence in the file to indicate that the defendant continued with the criminal activity of possessing that public zone after May 15, 2013; rather, it was assessed that the defense theory, which alluded to the defendant having lived in another sector for seven years, specifically in the locality of Paquera, was supported by the evidence provided by the Prosecutor's Office, because officer Pérez Espinoza indicated that he had learned that several of the defendants no longer lived in the public area, and he declared knowing that [Name8] resided in Paquera. In other words, upon establishing the cessation of the criminal activity, the correct course was to calculate the limitation periods according to the rules provided in articles 32 and 33 of the Código Procesal Penal, so that once that calculation is examined, it is determined that the trial judge is correct in affirming that the criminal action for the case of defendant [Name8] is time-barred. Consequently, this ground must be declared without merit.
III.In the second ground, the appellant contests the arguments by which defendants [Name6] , [Name7] , [Name5] , [Name4] , and [Name1] were acquitted. She says that the lower court based its decision on determining that the Officer of the Organismo de Investigación Judicial, when approaching these individuals in their homes and asking them if they lived there, violated the right of abstention that the accused had, so the evidence generated from that individualization is spurious, and in the absence of further evidentiary elements, the appropriate course was to acquit the defendants. She adds that the judge also supported the acquittal of defendants [Name6] , [Name7] , [Name5] and [Name4] on the existence of an error of fact (error de tipo), considering that these individuals had lived in the place for a very long time and that they were therefore unaware that they were there illegally, especially since it is a settlement where there are public services, the children go to the public school of Tambor, and the Municipality of Cóbano charges fees to various residents of the place. The appellant objects to these arguments for the following reason. Regarding the issue of spurious evidence, she indicates that it is not true that it was proven that during the first visit made by official [Name10] in 2013, the defendants were misled into stating that they lived in that place. She adds that, even if that hypothesis were accepted, it was demonstrated in the case file that the judicial agent subsequently visited said zone on various occasions, from which the respective report was prepared, and in which it was verified that the defendants resided in the buildings constructed there, that is, on several occasions it was verified that the defendants were possessing the public terrestrial maritime zone. Additionally, the defendants, at the time of being questioned, as well as in their statement during the trial phase, indicated that they resided at the place of the events. She adds that the expert evidence prepared by the Forensic Engineering section established that the buildings were located in the public area of the terrestrial maritime zone, so the other argument raised by the judge, regarding the imprecision of the distance of each building, is irrelevant, because all of them are in the protected area. She also objects that it was indicated that the defendants incurred an error of fact, because there is no evidence indicating that these individuals lived in those buildings since childhood; rather, quite the contrary, the houses of these individuals, with the exception of that of defendant [Name1] , are made of materials such as zinc sheeting, bamboo, and fibrolite panels, which refutes the statement of the defendants that these buildings have existed for decades. Additionally, she indicates that one cannot claim an error of fact or of prohibition, because the proximity of the buildings to the sea rules out that factual circumstance. Likewise, she indicates that even if public services exist in a squatting area, this does not make the occupation of a prohibited zone lawful, so it is of no legal interest that the people had those services, or that the children attended the local school. Regarding the analysis of the evidence, she argues that it is an error for the judge to indicate that the facts of the complaint were not proven, since she believes that both documentary and expert evidence fully proved that the defendants have possessed the public area of the terrestrial maritime zone. She adds that, in the case of defendant [Name1] , it was evident that said person had not resided in the place for years, because in another proceeding tried under case file number 01-200031-591-PE, in which said person appeared as a defendant, also for encroaching on the public zone, it was proven that at that time the defendant did not reside in that sector. In this section, the appellant attacks the reasoning of the judgment for various reasons; therefore, for an adequate resolution, each of the topics raised will be resolved separately. Regarding the declaration of illegal evidence. Having examined the ruling, it is held that the appellant is correct. As stated in the lower court's ruling, the a quo based the decision to acquit the defendants on three reasons, one of which was grounded on the fact that the action of judicial agent Jorge Pérez Espinoza was illegal, when he, in carrying out the investigative procedures, appeared at the residence of each of the defendants, asked for their identification data, and asked them if they lived there. According to the judge, although individuals have the duty to identify themselves before the judicial authorities, in this case, officer Pérez Espinoza exceeded his functions, since he went beyond the mere nominal identification of each of the defendants and also asked them if they resided there, a question that was not appropriate, and regarding which the defendants had a right of abstention. On this point, it is noted that the judge erred in the interpretation of the procedural norm. Article 283 of the Código Procesal Penal establishes that the Judicial Police is authorized to conduct the investigative procedures that are necessary regarding a criminal activity, among them, the identification of the defendant. Similarly, articles 83 and 94 of the Código Procesal Penal establish that defendants have the duty to provide the data necessary for their identification, among which are their personal details and their domicile, the latter being a relevant piece of data, because it will be here that the judicial authority, subsequently, must summons the accused persons for the corresponding procedures. In other words, judicial agents are authorized to ask the individuals under investigation for data regarding their domicile. Although in this case the place of residence of each of them is linked to the zone in which the criminal activity is executed, the accused persons do not have a right of abstention regarding that identification data. On the contrary, there is a legal duty to provide that information, so the interpretation made by the trial judge in finding that an illegal action occurred at the time the defendants were identified is invalid. Regarding the error of fact. Having examined this other argument, as well as the lower court's ruling, it is concluded that the appellant is correct. As derived from the lower court's ruling, the judge acquitted defendants [Name6] , [Name7] , [Name5] , [Name4] by arguing an error of fact, about which she stated the following: “Thus, this Court considers that given this scenario, the defendants could not easily recognize that the action they were supposedly carrying out was a crime, because all their neighbors were in the same circumstance, their family members lived in the place for years without facing any legal consequence for it, and without problems arising from this circumstance. On the contrary, there existed a kind of “legalization” by officials of the Costa Rican State, who not only provided them access to basic services such as water and electricity, but also even charged them fees for territorial taxes. Given this scenario, how could the defendants, simple people with very basic levels of education, represent to themselves that they were committing a crime and that they would face criminal consequences for it? In criminal matters, for the criminal wrong to be configured, there must be human conduct that is typical and unlawful. Regarding typicality, we must analyze the existence of the subjective element, be it intent or negligence. The first of these requires that the active subject have knowledge of the objective elements of the criminal type, and also the will to fulfill those objective elements.
In the case before us, the defendants, according to the facts imputed to them in the accusatory documents, have held a space corresponding to a place of public domain; however, the circumstances we have been analyzing presented them with a scenario where they were unaware that the action they were allegedly carrying out constituted a crime, since at the site there are a large number of dwellings in the area, which have all basic public services, which were established at least 25 years ago, where there is a small grocery store (pulpería) and even a restaurant. These situations lead us to conclude that it cannot be inferred that there existed in the defendants an intent (dolo) to “retain that which manifestly does not belong to them,” which is precisely the definition that the Real Academia Española assigns to the verb detentar, and therefore, in the Tribunal’s opinion, the so-called mistake of fact (error de tipo) is present. In this regard, Article 34 of the Penal Code states: “A person is not culpable who, at the time of carrying out the act, incurs in a mistake regarding some of the necessary requirements for the crime to exist, according to its description. Nevertheless, if the mistake arises from fault (culpa), the act shall be penalized only when the law prescribes a penalty for its commission under that classification.” Based on the provisions of this article, we find that the defendants are not culpable (understanding this term in the common sense of the word, and not in reference to the absence of culpability as such, since, as has been stated, we would be facing the absence of one of the constituent elements of the criminal description), but furthermore, the crime of Usurpation of Public Domain Property is not actionable under a classification of fault (culpa), and therefore, what is appropriate in this specific case is to acquit the defendants of the conduct charged against them.” This argument is invalid for the following reasons. The first thing that must be noted is that the judge confuses dogmatic concepts belonging to two different categories, namely, mistake of fact (error de tipo), which is analyzed under wrongfulness (tipicidad), and mistake of prohibition (error de prohibición), which must be weighed within culpability. As for mistake of fact, this arises when the perpetrator’s ignorance or mistake is verified regarding the existence of one or some of the objective elements that comprise the criminal description. In our legal system, this type of error is regulated in the first paragraph of Article 34 of the Penal Code, which reads: “A person is not culpable who, at the time of carrying out the act, incurs in a mistake regarding some of the necessary requirements for the crime to exist, according to its description. Nevertheless, if the mistake arises from fault, the act shall be penalized only when the law prescribes a penalty for its commission under that classification.” In cases of invincible mistake of fact (error de tipo invencible), wrongfulness disappears, that is, the will to carry out the objective description of the crime, and since there is no such intent, there is no intent (dolo) and therefore the conduct is not wrongful (atípica). When the mistake of fact is surmountable, wrongfulness survives only for those conducts that are criminalized under a classification of fault. Returning to the matter under review, it is found that in her argument, the judge indicates that a mistake of fact exists because the accused were unaware that their conduct was criminal. Similarly, in her reasoning, the judge admits as a proven fact that this group of people lives in a demanial (demanial) area because their houses are built in the public zone. That is, they know they are possessing a public area and have the will to live in that sector. From the foregoing, it is evident that despite the claimed existence of a mistake of fact, the ruling reveals the knowledge and will of the defendants regarding their action of holding a piece of land that is public, which leads to the wrongfulness (tipicidad) of the criminal description provided in Article 227 of the Penal Code being considered as established. Therefore, it was not correct to allude to the existence of a mistake of fact. Now, if the judge's arguments are analyzed under the rules supporting mistake of prohibition (error de prohibición), the argument put forward is also incorrect for the following reasons. The trial judge argues that the accused were unaware that their conduct was criminal because there is an entire settlement of people in that area, and that the State even provides public services, such as water and electricity, to several dwellings; furthermore, the Municipality of Cóbano charges other residents a respective fee for living in that sector. This argument is illegitimate for the following reasons. Mistake of prohibition is that which arises when the perpetrator believes they are acting lawfully, as well as when they do not even consider the unlawfulness of their conduct. Likewise, the mistake may refer to the existence of prohibitive norms (direct mistake of prohibition), or the mistake may concern the existence of the limits or objective presuppositions of a justification defense. The Penal Code regulates direct mistake of prohibition in Article 35, establishing that: "A person is not culpable who, due to an invincible error, believes that the act they carry out is not subject to penalty. If the error was not invincible, the penalty provided for the act may be mitigated, in accordance with the provisions of Article 79." For its part, indirect mistake of prohibition is regulated in the final paragraph of Article 34 of the Penal Code, which indicates that the same rules shall apply to anyone who mistakenly assumes the concurrence of circumstances that would justify the act carried out. In this case, the judge argues that the accused were unaware that their conduct was prohibited, and rather, that their actions were legalized. In her dissertation, the judge is alluding to the potential configuration of a mistake of prohibition and not one of fact. This is where the other error in the analysis of the specific case is also detected, since the judge forgets that, regarding mistake of prohibition, the non-punishability of the conduct is only possible when an invincible error has been proven, as a surmountable mistake of prohibition only provides grounds for a reduction of the criminal reproach. In this case, the judge erroneously and without much analysis indicates that the accused were unaware their conduct was criminal because more people lived in that sector, reasoning that is not acceptable, because that would imply that, if other people commit criminal conducts, such as robbery, theft, or drug dealing, the same conclusion would have to be reached, that is, because other people carry out the same action, then it must not be prohibited by the legal system. This criterion is erroneous, since the prohibition of conduct does not depend on whether other people engage in it or not; on the contrary, its existence rests on the fact that a criminal norm prohibits the commission of that action. Additionally, knowledge of the unlawfulness of the conduct is an issue analyzed within the scope of culpability and not of wrongfulness (tipicidad); therefore, if a person alleges they were unaware that their actions were sanctioned by the legal system, or believes their actions were permitted, such cases must be resolved under the criteria outlined above regarding mistake of prohibition, that is, if that ignorance was surmountable, the conduct does not go unpunished; on the contrary, the action remains wrongful (típica), unlawful (antijurídica), and culpable. However, by virtue of the conceptual error incurred by the judge, those other components of the mistake of culpability were not even analyzed, rendering the reasoning illegitimate due to insufficiency. Additionally, the judge alludes to very generic situations, such as some houses had water and electricity service, and other residents paid a fee to the municipality, but she does not analyze why those factual circumstances induced an invincible error in the accused persons. In this regard, the judge ignores the principles of experience indicating that people residing in coastal areas know that there is a public area on the beach, and that the construction of buildings in that sector is prohibited, because that area is destined for the enjoyment of all people and for environmental conservation. Consequently, since the ruling is erroneously founded, the ground of appeal must be granted. The third argument used by the judge to acquit all the accused is described under the heading “Regarding the lack of proof in relation to the circumstantiation in time and place of the accused facts.” From the ruling, it is apparent that in this section, the judge considered that neither the hypothesis of the Public Prosecutor’s Office, which alleged that the accused held the maritime terrestrial zone for the period from October 2012 to June 2015, nor that they even continued usurping that land, as accused by the Office of the Procurator General (Procuraduría), was proven because there was no evidence to establish that fact. To this end, the judge alludes to the existence of inspections only from 2013 and 2014, and that after those events, there are no other evidentiary elements that allow for the verification of the temporal range charged in each of the prosecutorial requisitions. This argument is invalid, because from an integral examination of the ruling, it is apparent that evidentiary elements were incorporated into the case file, such as complaints, ocular inspections, photographic surveys, and field visits, which account for the location of each building, its occupants, and the dates on which those acts were carried out. Now, if the judge considered that this evidence did not demonstrate the entirety of the charged temporal range, this did not necessarily imply that an acquittal judgment should be issued. On the contrary, if the evidence accounted for the existence of the fact within a period shorter than that charged, this in no way harmed the right of defense or the principle of correlation between accusation and sentence. It must be remembered that the guarantee provided in Article 365 of the Criminal Procedure Code is closely linked to the defendant's right of defense, and while it is a requirement that every prosecutorial accusation must specify the modal circumstances of the commission of the criminal conduct, among them, the date of occurrence of the events, according to their mode of execution, that normative requirement is intended to allow the defendant and their technical defense to exercise the right of defense, for purposes of offering the evidence they deem necessary, as well as to refute the accusation made against them. Nevertheless, the jurisprudence of the Sentencing Appeals Tribunals and the Third Chamber of the Supreme Court of Justice is extensive, having established that this principle of correlation between accusation and sentence does not mean that said accusation cannot be modified by the Trial Court based on the evidence gathered at trial. On the contrary, this factual framework may be varied, provided that such modification does not affect essential aspects of the accusation that cause defenselessness to the accused, which must be analyzed for each specific case. Returning to the matter under review, from the argument outlined by the judge it is easily noticed that her questioning is directed at the fact that it was not demonstrated that the accused were occupying the demanial lands during the period that was tried, although she does admit that there is evidence proving they were holding said demanial property within a shorter range than that charged, but still within that temporal range. Therefore, it is not understood what the impossibility was for the judge to establish a shorter time span, if this was always encompassed within the period fixed in the accusation. Furthermore, the argument put forward by the judge becomes contradictory, because in the section where the judge analyzes the topic of mistake of fact, she establishes that the defendants [Name6], [Name7], [Name5], and [Name4] have stated that they have lived in those buildings for a long time, just as other relatives of theirs have done. That is, in the case of these defendants, from their statements, the temporal span of the accusation is corroborated, but even so, without much support, the judge affirms that it is not feasible to consider that temporal range as proven. A similar situation occurs with the argument alleging that it is not feasible to convict the defendants for the accused facts, because the accusation indicated that the dwellings were located at a certain distance from the pier, but in the ocular inspections carried out by the judicial experts, it was established that this distance was shorter or longer if measured from the pier, and therefore, it is justified that given a difference in distance, it is not feasible to consider the accused fact as proven. Here again, the judge applies a rigid application of the principle of correlation between accusation and sentence, by considering that the detected difference in the distance each building has in relation to the pier made it impossible to issue a conviction. Under this argument, the analysis of the essential core of the accusation was omitted, which consisted of the fact that the defendants held the public zone by inhabiting a dwelling that is within the public area comprising the maritime terrestrial zone. Note that in the section of proven facts, the judge considers it established that in Tambor de Cóbano de Puntarenas, within the State Natural Heritage area, namely: the Maritime Terrestrial Public Zone, there are seven buildings made of various materials intended for housing persons. That is, regardless of the difference in meters detected, the judge considered it proven that the houses were within the maritime terrestrial zone, just as had been described in both the prosecutorial requisition and the public criminal complaint filed by the Office of the Procurator General of the Republic. Therefore, it is not understood what the legal relevance was of the precise location of each dwelling for purposes of proving the accused fact, if all of them were within the public area, as described in the accusation. For the reasons stated, it is concluded that the three arguments given by the judge to support the acquittal judgment issued in favor of [Name6], [Name7], [Name5], [Name4], and [Name1] contain errors that render it invalid, and as such, the second ground of appeal must be granted. Consequently, the ruling is partially annulled, insofar as it relates to the acquittal judgment issued in favor of the defendants [Name6], [Name7], [Name5], [Name4], and [Name1], and therefore, the case file is ordered to be remitted to the Trial Court for a new proceeding in accordance with the Law.
IV.In the third ground of appeal, it objects that the demolition of the buildings constructed in the public zone was not ordered. It recounts that the trial judge denied the claim of the Office of the Procurator General (Procuraduría) to restore things to their original state, for which she argued that it was unknown whether the buildings were still on the site, or if they had been expanded, in addition to the fact that the third parties residing in those buildings had not been summoned to the process to exercise their rights. It criticizes these arguments, considering that with the evidence, the existence of buildings in the public area of the maritime terrestrial zone was proven, and therefore, it was appropriate to order the demolition of those structures, since the legislation regulating this maritime strip is clear in indicating that construction in that area is prohibited, and even establishes at the legal level the order to demolish those buildings, and therefore, the court should have acted in accordance with what the law established. Additionally, it considers that it was inappropriate to allege that the third parties inhabiting that site were not summoned, since no one can claim a legitimate right over said zone. As a general claim for all three objections, it requests that the sentence be annulled and a retrial be ordered. The ground is granted. Reviewing the judgment, it is found that the judge denied the demolition request based on the following argument: “Both the Public Prosecutor’s Office and the representative of the Office of the Procurator General of the Republic requested that the demolition or destruction be ordered for the buildings which are the subject of this proceeding. In this regard, in this Tribunal’s consideration, although it has been possible to verify from the Criminalistic Analysis Opinion 1496-ING-2012 that the entirety of the buildings were within the Public Zone of the Maritime Terrestrial Zone, occupying part of the State Natural Heritage, in Tambor de Cóbano de Puntarenas, the truth is that after analyzing the evidence existing in the proceeding, said request must be rejected. As explained in the previous section, there is great imprecision regarding the location of each dwelling. There are evidentiary elements that, in a doubtful manner, provide data that do not coincide regarding the distance between the buildings and the Tambor pier, presenting significant differences between one piece of data and another. In addition to the above, more than six years have passed since this process began, and since the respective ocular inspections were carried out, and given the time elapsed without being able to be certain as to who the current occupants of said buildings are, if more buildings have been built adjacent to those in question (which could lend itself to confusion as to which building would be demolished if so ordered by this Tribunal), if the questioned structures have had improvements or not (whereby they could be visibly different from those photographed in the ocular inspection reports), if they remain in place or not, and in the absence of evidence to address these questions and doubts, for reasons of legal certainty and in order not to cause harm to third parties who are not part of this process and have not had the opportunity to exercise their rights herein, the request for demolition or destruction, formulated by the Public Prosecutor’s Office and the Office of the Procurator General of the Republic, is rejected. The representative of the Office of the Procurator General, in her opportunity, supported said request on the existence of contamination and environmental damage; however, no technical or expert evidence was received in the proceeding to confirm this. The testimony of Mr. [Name12] was available, and it is not doubted that he knows about the subject; however, his deposition during the adversarial proceedings was not in the capacity of an expert, nor did he state that he had carried out any study which, through the implementation of scientific methodologies, concluded that some degree of contamination from human activities was occurring at the place. Rather, the witness's conclusion regarding environmental damage and contamination in the area was the result of a subjective assessment. Thus, there has also been no evidentiary element to determine that damage or contamination was indeed caused in the area, much less that it resulted from the activity carried out in the buildings questioned in the case under analysis.” In this case, the arguments outlined by the judge become contradictory. As indicated in the preceding consideration (considerando), the judge considered it proven that there were seven buildings constructed in the public zone of the maritime terrestrial zone, but despite this, she denied the request of the Office of the Procurator General that sought the demolition of those buildings, arguing that there would be confusion as to which property to demolish; she also indicated that there were inconsistencies between the data recorded in the accusation regarding the location of each building and those shown by the forensic expert report. This argument is illegitimate for violating the principle of sufficient reason, because the case file contains expert evidence such as on-site inspections describing the various buildings for which the demolition order was requested; therefore, it is not understood what kind of confusion the judge is alluding to. Additionally, it is clear that the State agency’s claim was directed toward the buildings that were the subject of this investigation; therefore, it is not a valid reason to argue that the petition cannot be accepted because there could be other buildings on the site. Likewise, it is incomprehensible that an allusion is made to the possibility that other inhabitants who have not participated in the process may exist on those lands, as this argument is completely speculative. Additionally, it is not explained what the legal situation of good faith that would legitimize that possession would be, since the Law on the Maritime Terrestrial Zone establishes that said area is property of the State and is inalienable (Article 1). Furthermore, it is indicated that the Maritime Terrestrial Zone cannot be the subject of possessory information proceedings and private individuals may not appropriate it (Article 7). It is also detailed that the construction of buildings in said area is prohibited (Article 12). As well as the authority of the State and Municipalities to order the demolition of buildings that have been constructed in said zone, in contravention of the provisions of said special legislation. Finally, from long standing, the Constitutional Chamber, by means of Resolution Number 5756 of October 30, 1996, declared that the application of the demolition power is feasible in pending jurisdictional proceedings that have not yet concluded with a final judgment, and that it does not violate due process or the right of defense of the accused, provided that it is interpreted that it is the duty of the judge, prior to adopting the measure of destruction or demolition, to verify that the lands or works involved are effectively within the maritime terrestrial zone and that they were carried out outside the provisions of this Law. From the preceding normative and jurisprudential review, it is concluded that the legislation provides for the demolition of structures that have been illegally built in said zone, and therefore, in this case, it was for the jurisdictional authority to resolve that claim in accordance with the evidence that had been provided in the case file. Additionally, if the judge considered that it was necessary to verify the existence of the buildings prior to their demolition, she could have so ordered in the respective resolution, or even, under the protection of Article 355 of the Criminal Procedure Code, she had the possibility to carry out, ex officio, the ocular inspection she deemed necessary to resolve the claim of the Office of the Procurator General, which had been pursued since the filing of the criminal complaint. Consequently, the claim is granted, and the judgment is partially annulled insofar as it denied the demolition order sought by the Office of the Procurator General. Therefore, a retrial is ordered for a new proceeding on that other aspect.
POR TANTO:
The first ground of challenge filed by the Office of the Procurator General of the Republic is dismissed. The second and third grounds of the appeal filed by the Office of the Procurator General of the Republic are granted. The judgment is partially annulled in the following respects: A) The acquittal judgment issued in favor of the defendants [Name6], [Name7], [Name5], [Name4], and [Name1] is annulled, and therefore, the case file is ordered to be remitted to the Trial Court for a new proceeding in accordance with the Law. B) The judgment is partially annulled insofar as it denied the demolition order sought by the Office of the Procurator General. Therefore, a retrial is ordered for a new proceeding on that other aspect. In that which is not annulled by this appellate ruling, the lower court's sentence remains intact. Notify.
Adriana Escalante Moncada Francisco Lemus Víquez José Asdrúbal Quirós Pereira Sentencing Appeals Judges Against: [Name3] and others Crime: Usurpation of Public Domain Property To the detriment of: The State [Name13] Classification prepared by the CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Judicial Power. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.
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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Usurpación de dominio público Subtemas:
Análisis como delito de efectos permanentes y con relación a la prescripción. Derecho de abstención no cubre el deber de indicar a la policía el lugar de domicilio pese a que esto esté relacionado con el delito. Inexistencia de errores de tipo o prohibición en el caso concreto. Aplicación de la facultad de demolición es factible en procesos jurisdiccionales pendientes.
Tema: Prescripción de la acción penal Subtemas:
Análisis de la prescripción en delitos permanentes como la usurpación.
Tema: Derecho de abstención en el proceso penal Subtemas:
Derecho de abstención no cubre el deber de indicar a la policía el lugar de domicilio pese a que esto esté relacionado con el delito.
Tema: Error de tipo Subtemas:
Alcances y diferencia con el error de prohibición.
Tema: Error de prohibición Subtemas:
Alcances y diferencia con el error de tipo.
"II. [...] En este asunto, a todos los encausados se les acusó del delito de usurpación de bienes de dominio público, y conforme lo desarrolló el fallo de instancia, dicha ilicitud está catalogada como un delito de efectos permanentes, y el cómputo del plazo de la prescripción se rige por la regla prevista en los artículos 32 y 33 del Código Procesal Penal, que establece que para los ilícitos continuos o permanentes, el plazo corre desde que cesó su permanencia. Sobre este aspecto se tiene que la jueza de instancia aplicó de forma correcta la normativa establecida en la Ley procesal. El punto de discusión que propone la representante de la Procuraduría estriba en establecer a partir de qué momento es que se tiene por cesada la actividad ilícita en esta modalidad delictiva. Para la Procuradora, la acción penal no prescribe mientras las edificaciones que se construyeron en la zona pública no hayan sido derribadas. Al respecto, esta postura si bien en un principio pareciera razonable, lo cierto es que ello dependerá de cada caso en concreto, ya que lo relevante es determinar cuál fue la acción que se le imputó a cada uno de los acusados y qué se demostró en juicio. Para efectos de resolver lo relativo al imputado [Nombre1] , se tiene que la Procuraduría en su escrito de querella imputó lo siguiente: “Sin precisar fecha exacta pero al menos desde el mes de octubre del 2012 y hasta la fecha, en Tambor de Cóbano, de Puntarenas, específicamente 550 metros al este del muelle, el acusado [Nombre1] , ha detentado y se encuentra actualmente detentando una porción de la zona pública de la zona marítimo terrestre, esto al habitar dentro de una edificación construida con material de madera, latas de zinc, postes de madera, varillas de bambú y piso de tierra, edificación que cuenta con un área de 15.62 metros cuadrados, destinada a casa de habitación del acusado. Dicha edificación se localiza entre los mojones N° [Dirección1] y [Dirección2] del Instituto Geográfico Nacional. La detentación del acusado [Nombre2] la realiza sin contar con el permiso de uso de suelo, construcción o concesión y sin que exista un plan regulador por parte de la autoridad competente.” Según dicha imputación el acusado detentó un bien de dominio público al construir y habitar en una casa que se encuentra dentro del área pública de la zona marítimo terrestre, en un periodo determinado. Ahora bien, según se indica en el fallo de instancia, la acción penal de esta causa se encontraba prescrita porque la jueza tuvo por demostrado que el imputado [Nombre1] , había cesado la permanencia en dicho inmueble. Para resolver el tema, es relevante referir que de la prueba recibida en juicio, el testigo [Nombre3] , que es el agente judicial que tuvo a cargo la investigación, relató que no lograron determinar quién o quiénes habían construido las diversas viviendas, ya que en las visitas que realizaron no lograron observar a alguna persona construyendo edificación alguna, sino que estas edificaciones ya existían en el lugar. De igual manera detalló que había personas que habitaban las casas de forma permanente, pero otro grupo lo hacía de forma temporal, ya que cuando hacían las inspecciones, y levantaban el censo de los ocupantes, en esa oportunidad había unas personas, pero después, al realizar otra inspección en esas edificaciones habitan otros ocupantes, o las casas estaban vacías, o cerradas. Este dato es relevante, porque como se verá más adelante, la juzgadora descartó que el imputado [Nombre1] construyó esa edificación, o que habitaba de forma permanente en dicha morada. Ahora bien, en el caso bajo examen, la juzgadora determinó que del informe de investigación el Informe 057-13-URC (folio 165 al 167), se estableció que para el momento en que se hace la inspección del inmueble, efectuada entre el 06 de noviembre de 20212 y el 06 de marzo de 2013, dicha vivienda era ocupada en el momento de la visita, por [Nombre1] . De importancia resulta ser también que a partir del informe 19-14-ORC del Organismo de Investigación Judicial de Cóbano (folio 283), según el cual, en visitas realizadas el 15 y 22 de abril de 2014, se corroboró que [Nombre1] , ya no vivía en la edificación sobre la que versa la imputación de hechos en su contra, es decir existe prueba de que, para el mes de abril del 2014, el imputado había cesado la acción de detentar un bien de dominio público. Estas probanzas, las analizó la jueza de forma conjunta con la declaración del encartado, quien manifestó en juicio lo siguiente: ““Estaba de paso por la zona de Tambor, me quedé en una casilla ahí, porque estaba buscando trabajo, pasó un oficial del OIJ, me preguntó si yo vivía ahí y aún así me pidió la CED1, yo no vi inconveniente, y ahora me encuentro acá, dada la situación de que yo nunca he vivido ahí. Esa casita está ahí, siempre ha estado, entonces yo lo único que hice fue quedarme para dormir ahí, anda más. Lo que hice después fue irme. Ya estaba construida. La casa estaba desocupada. Me quedé una noche. Actualmente vivo en Villas del Mar, en Cóbano. Tengo 4 años de vivir ahí en Villas del Mar. Anteriormente, vivía en Ciudad Neilly. En Villas del Mar vivo con mi pareja y mis dos hijos”. Como se analiza en el fallo, esta versión defensiva no fue desacreditada, por el contrario, la juzgadora también valoró los datos de identificación dados por el acusado el 8 de mayo de 2013 ante la fiscalía, en los que indicó que vivía en Cóbano, en la casa de la señora [Nombre4] , es decir, para esta época ya no habita en el área pública. Como bien, lo examina la juzgadora, al demostrarse que la acción de detentar un terreno de dominio público había cesado se tenía que iniciar el cómputo de la prescripción, la cual se ve reducida a la mitad con el acto de la indagatoria, el cual ocurrió el 14 de mayo de 2013, y no cómo se indica en el fallo de instancia, el 08 de mayo de 2013, pero aún, a pesar de ese yerro en la fecha de dicho acto procesal, la situación jurídica no varía, porque el siguiente acto procesal capaz de interrumpir el cómputo de la prescripción, lo fue el señalamiento a audiencia preliminar, el cual data del 04 de agosto de 2015, es decir, entre ambos actos procesales habría transcurrido dos años dos meses y 21 días, por lo que la acción penal, conforme lo prevé los artículos 32 y 33 del Código Procesal Penal, en relación con el numeral 227 del Código Penal habría prescrito, ya que el plazo ordinario para dicha delincuencia es de cuatro años, el cual reducido a la mitad es de dos años, lapso que se superó en el caso del encartado [Nombre1] . En este aspecto hay que indicar que no es admisible la postura del órgano acusador del Estado, en la que se afirma que mientras permanezca la construcción no prescribe la acción penal, porque dicha interpretación violenta el principio constitucional consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, del cual se deriva que la responsabilidad penal es personalísima, y de ahí que, al existir prueba de que el imputado cesó en la actividad ilícita de detentar una zona pública, ese hecho debe ser valorado para efectos del cómputo del plazo de extinción de la acción penal, y eso fue lo que ocurrió en el caso bajo examen. Seguir la tesis de la Procuraduría llevaría al absurdo de concluir que, si la edificación permanece en la zona pública por más de diez años, sin ser ocupada por alguna persona, la acción penal no estaría extinta en relación con el último ocupante, debido a que el inmueble no ha sido derribado. Esta interpretación está por fuera del ámbito de tipicidad del tipo penal previsto en el artículo 277 del Código Penal, el cual requiere para su configuración y permanencia que una persona, mediante actos concretos detente un bien de dominio público, es decir, se requiere de la demostración de que la persona está ejecutando esa acción, por ello, no sería admisible la interpretación que hace la Procuraduría, la cual incluso atenta contra lo establecido en los artículos 2 del Código Penal y 2 del Código Procesal Penal, que fijan el principio de interpretación restrictiva de los tipos penales, y de las normas procesales. Adicionalmente, no hay que olvidar que le corresponde al órgano acusador probar la continuidad o permanencia de la actividad delictiva, y como se razona en el fallo de instancia, la prueba allegada a los autos permite tener por acreditada para una época determinada (14 de mayo de 2013), la cesación de la actividad delictiva, de ahí que, lo resuelto por el a quo es conforme a derecho. Por lo antes dicho se declara sin lugar este reclamo.
III. [...] Sobre la declaratoria de prueba ilícita. Examinado el fallo, se tiene que le asiste razón a la recurrente. Como consta en el fallo de instancia, el a quo, fundó la decisión de absolver a los imputados por tres razones, siendo una de ellas sustentada en que era ilícita la actuación del agente judicial [Nombre3] , quien al realizar las diligencias de investigación se apersonó a la residencia de cada uno de los imputados y les pidió sus datos de identificación, y les preguntó si vivían en dicho lugar. Según la juzgadora, si bien las personas tienen el deber de identificarse ante las autoridades judiciales, en este caso, el oficial [Nombre3] se extralimitó en sus funciones, ya que fue más allá de la mera identificación nominal de cada uno de los encartados, sino que también les preguntó sí residían en ese lugar, pregunta que no era procedente, y sobre la cual los imputados tenían derecho de abstención. En este punto, se advierte que la juzgadora erró en la interpretación de la norma procesal. El artículo 283 del Código Procesal Penal establece que la Policía Judicial, está legitimada para realizar las diligencias de investigación que sean necesarias en torno a una actividad delictiva, entre ellas, la identificación del imputado. De igual manera, los artículos 83 y 94 del Código Procesal Penal, establecen que los imputados tienen el deber de brindar los datos que sean necesarios para su identificación, y entre ellos se encuentra, sus calidades, y su domicilio, siendo este último dato relevante, porque será en este sitio en el cual, con posterioridad, la autoridad judicial, deberá citar para las diligencias correspondientes a las personas acusadas. En otras palabras, los agentes judiciales están legitimados, para consultarle a las personas investigadas los datos relativos a su domicilio. Si bien en este caso, el lugar de residencia de cada uno de ellos, está vinculado con la zona en la que se ejecuta la actividad delictiva, sobre ese dato de su identificación no le asiste derecho de abstención a las personas acusadas. Por el contrario, existe un deber legal de suministrar esa información, por lo que es inválida la interpretación que hizo la juzgadora de instancia al estimar que se incurrió en una actuación ilícita, al momento en que se identificó a los imputados. Sobre el error de tipo. Examinado este otro alegato, así como el fallo de instancia se concluye que le asiste razón a la recurrente. Como se deriva del fallo de instancia, la juzgadora absolvió a los encartados [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , al argumentar un error de tipo, sobre lo cual indicó lo siguiente: “Así las cosas, considera este Tribunal que ante este panorama, los encartados podían representarse fácilmente que la acción que supuestamente realizaban, era delito, pues todos sus vecinos se encontraban en la misma circunstancia, sus familiares habitaron en el lugar por años sin enfrentar ninguna consecuencia jurídica por ello, y sin que surgieran problemas a partir de esta circunstancia. Al contrario, existía una especie de “legalización” por parte de funcionarios del Estado costarricense, que no sólo les brindaban acceso a servicios básicos como agua y electricidad, sino que además llegaron a cobrarles cánones por concepto de impuestos territoriales. Ante este panorama, ¿de qué manera los encartados, personas sencillas, con niveles muy básicos de educación, podían representarse que estaban cometiendo un delito y que enfrentarían consecuencias penales por ello? En materia penal, para que se configure el injusto penal, debe existir una conducta humana, que sea típica y antijurídica. En cuanto a la tipicidad debemos analizar la existencia del elemento subjetivo, sea el dolo o la culpa. El primero de ellos requiere que el sujeto activo tenga el conocimiento de los elementos objetivos del tipo, y además la voluntad de cumplir con esos elementos objetivos. En el caso que nos ocupa los encartados, según los hechos que se les imputan en las piezas acusatorias, han detentado un espacio correspondiente a un lugar de dominio público, sin embargo, las circunstancias que hemos venido analizando les representaron un escenario donde desconocían que la acción que supuestamente realizaban, se trataba de un delito, pues en el sitio existen una gran cantidad de viviendas en la zona, que cuentan con todos los servicios públicos básicos, que se estableció al menos desde hace 25 años, donde existe una pulpería e incluso un restaurante. Estas situaciones nos hacen concluir que no se desprende que existiera en los encartados un dolo de "retener lo que manifiestamente no le pertenece" que es precisamente la definición que la Real Academia Española asigna al verbo detentar, por lo cual a criterio del Tribunal concurre el llamado error de tipo. En este sentido, dice el artículo 34 del Código Penal, que: “No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su realización a tal título”. Partiendo de lo establecido en este numeral, tenemos que los encartados no son culpables (entendiendo que esta denominación es en sentido común de la palabra, y no en referencia a la ausencia de la culpabilidad como tal, pues como se ha expuesto, se estaría ante la ausencia de uno de los elementos integrantes del tipo penal), pero además, el tipo penal de Usurpación de Bienes de Dominio Público, no es realizable a título de culpa, por lo que lo que corresponde en la especie, es absolver a los encartados de la conducta que se les achaca”. Este argumento es inválido por lo siguiente. Lo primero que se debe indicar es que la jueza confunde conceptos dogmáticos comprendidos en dos categorías distintas, a saber, el error de tipo que se analiza en la tipicidad y el error de prohibición que se debe ponderar dentro de la culpabilidad. En cuanto al error de tipo este se configura cuando se verifica un desconocimiento o error por parte del autor sobre la existencia de uno o alguno de los elementos objetivos que conforman el tipo penal. En nuestro ordenamiento jurídico este tipo de error está regulado en el primer párrafo del artículo 34 del Código Penal que reza así: “No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su realización a tal título”. En los casos de error de tipo invencible desaparece la tipicidad, es decir, la voluntad de realizar el tipo objetivo y al no haber ese querer no hay dolo y por ende la conducta es atípica. Cuando el error de tipo es vencible, subsiste la tipicidad solo para aquellas conductas estén tipificadas a título de culpa. Volviendo al asunto bajo examen, se tiene que en su argumentación, la jueza indica que existe un error de tipo porque los imputados desconocían que la conducta que estaban realizando era delictiva. De igual manera en su planteamiento, la jueza admite como hecho probado que este grupo de personas vive en un área demanial, porque sus casas están construidas en la zona pública. Es decir, conocen que están poseyendo un área pública y tienen la voluntad de vivir en ese sector. De lo anterior se evidencia que a pesar de que se indica la existencia de un error de tipo, del fallo se desprende el conocimiento y voluntad de los encartados en cuanto a la acción que están realizando de detentar un terreno que es público, lo que conlleva a tener por acreditada la tipicidad del tipo penal previsto en el artículo 227 del Código Penal. Por ello, no era correcto que se aludiera a la existencia de un error de tipo. Ahora bien, si se analizan los argumentos esbozados por la jueza, bajo las reglas que sustentan el error de prohibición, se tiene que el argumento esgrimido también resulta equivocado por lo siguiente. La juzgadora de instancia aduce que los imputados desconocían que su conducta era delictiva, porque en esa zona existe todo un asentamiento de personas, y que incluso el Estado les brinda a varias viviendas servicios públicos, como agua y luz; además, a otros pobladores, la Municipalidad de Cóbano les cobra un canon respectivo por habitar en dicho sector. Este argumento es ilegítimo por lo siguiente. El error de prohibición es aquel que se configura cuando el autor cree que actúa lícitamente, así como cuando ni siquiera se plantea la ilicitud de su conducta. De igual manera, el error puede referirse a la existencia de las normas prohibitivas (error de prohibición directo), o también el error puede recaer sobre la existencia de los límites o presupuestos objetivos de una causa de justificación. El Código Penal, regula el error de prohibición directo, en el artículo 35 al establecer que No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena. Si el error no fuere invencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79. Por su parte, el error de prohibición indirecto está regulado en el párrafo final del artículo 34 del Código Penal, que indica que las mismas reglas se aplicarán respecto de quien supone erróneamente la concurrencia de circunstancias que justificarían el hecho realizado. En este caso, cuando la juzgadora aduce a que los imputados desconocían que su conducta era prohibida, y que más bien su actuación estaba legalizada. En su disertación la jueza a lo que hace alusión es a la eventual configuración de un error de prohibición y no uno de tipo. Aquí es donde se detecta también el otro error en el análisis del caso concreto, ya que la juzgadora olvida que, para el caso del error de prohibición, solo es posible la no punibilidad de la conducta, cuando se ha acreditado un error invencible, ya que el error de prohibición vencible solo da sustento a la disminución del reproche penal. En este caso, la juzgadora de forma errada y sin mayor análisis indica que los imputados desconocían que su conducta era delictiva porque en ese sector vivían más personas, razonamiento que no es aceptable, porque ello implicaría que, si otras personas cometen conductas delictivas, tales como robo, hurto, o venta de droga, se debería llegar a la misma conclusión, es decir, porque las otras personas ejecutan la misma acción, entonces esta no debe estar prohibida por el ordenamiento jurídico. Criterio que es errado, ya que la prohibición de una conducta no depende de si otras personas la ejecutan o no, por el contrario, su existencia estriba en que una norma penal es la que prohíbe la realización de esa acción. Adicionalmente, el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, es un tema que se analiza en el ámbito de la culpabilidad y no de la tipicidad, por lo que si una persona alega que desconocía que su actuar estaba sancionado por el ordenamiento jurídico, o estima que su actuar estaba permitido, esos casos se deben resolver bajo los criterios antes esbozados referentes al error de prohibición, es decir, si esa desconocimiento era vencible la conducta no queda impune, por el contrario, la actuación sigue siendo típica, antijurídica y culpable. No obstante, en virtud del error conceptual en el que incurrió la juzgadora esos otros componentes del error de culpabilidad ni siquiera fueron analizados, por lo que la fundamentación deviene en ilegitima por insuficiente. Adicionalmente, la juzgadora hace alusión a situaciones muy genéricas, tales como que algunas casas contaban con servicio de agua y luz, y que otros pobladores pagaban un canon a la municipalidad, pero no analiza porqué esas circunstancias fácticas inducían en un error invencible a las personas acusadas. En este sentido, la jueza desconoce que las máximas de la experiencia que informan que las personas que residen en áreas costeras conocen que existe un área en la playa que es pública, y que está prohibido construir edificaciones en ese sector, porque esa área está destinada para el disfruto de todas las personas, y para la conservación del medio ambiente. En consecuencia, al estar erróneamente fundado el fallo, se impone declarar con lugar el motivo. [...]
IV.En el tercer motivo de apelación objeta que no se ordenara la demolición de las edificaciones construidas en la zona pública. Relata que la jueza de instancia denegó la pretensión de la Procuraduría de restituir las cosas al estado original, para lo cual argumentó que se desconocía si las edificaciones todavía estaban en el sitio, o si estas habían sido ampliadas, además de que no se citó al proceso a los terceros que residen en esas edificaciones, para que ejercieran sus derechos. Critica estos argumentos al estimar que con la prueba se acreditaba la existencia de edificaciones en el área pública de la zona marítimo terrestre, y por ello, era procedente ordenar la demolición de esas estructuras, ya que la legislación que regula esta franja marítima es clara al indicar que es prohibido construir en esa zona, e incluso, se establece a nivel legal la orden de derribo de esas edificaciones, por lo que se debió actuar en consecuencia con lo que establecía la ley. Adicionalmente, estima que era improcedente alegar que no se citó a los terceros que habitan en ese sitio, ya que nadie puede alegar un derecho legítimo sobre dicha zona. Como pretensión general para los tres reclamos solicita se anule la sentencia y se ordene el juicio de reenvío. Con lugar el motivo. Revisada la sentencia, se tiene que la jueza denegó la solicitud de derribo con base en la siguiente argumentación: “Tanto el Ministerio Público como la representante de la Procuraduría General de la República, solicitaron que se ordenara el derribo o demolición de las edificaciones sobre las cuales versa el presente proceso. Al respecto, en consideración de este Tribunal, si bien se ha podido constatar a partir del Dictamen de Análisis Criminalístico 1496-ING-2012, que la totalidad de las edificaciones se encontraban dentro de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, ocupando parte del Patrimonio Natural del Estado, en Tambor de Cóbano de Puntarenas, lo cierto es que luego de analizar la prueba existente en el proceso, dicha solicitud debe rechazarse. Conforme se expuso en el anterior apartado, existe una gran imprecisión con respecto a la ubicación de cada una de las viviendas. Se cuenta con elementos de prueba que de forma dudosa, brindan datos que no coinciden en relación a la distancia que guardaban las edificaciones con respecto al muelle [Dirección3] , presentando diferencias significativas entre uno y otro dato. Aunado a lo anterior, han transcurrido más de seis años desde que se inició este proceso y desde que se realizaron las inspecciones oculares respectivas, siendo que ante el tiempo transcurrido sin que se pueda tener certeza respecto a quiénes son los actuales ocupantes de dichas edificaciones, si se han construido más edificaciones contiguo a la cuestionadas (lo cual se podría prestar para confusiones con respecto a cuál sería la edificación a demoler si así lo ordenara este Tribunal), si las estructuras cuestionadas han tenido mejoras o no (con lo cual podrían ser visiblemente diferentes de las fotografiadas en los informes de inspección ocular), si permanecen en el lugar o no, y ante la ausencia de prueba que permita suplir estas interrogantes y dudas, por un aspecto de seguridad jurídica y a fin de no causar afectación a terceros que no son parte de este proceso ni han tenido la oportunidad de ejercitar sus derechos en el mismo, se rechaza la solicitud de demolición o derribo, formulada por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República. La representante de la Procuraduría, en su oportunidad sustentó dicha solicitud en la existencia de contaminación y daño ambiental, no obstante, en el proceso no se recibió prueba técnica o pericial que así lo confirmara. Se contó con el dicho de don [Nombre9] , de quien no se duda que conozca del tema, sin embargo, su deposición en el contradictorio no fue en condición de perito, así como no expuso que por su parte se llevara a cabo ningún estudio el cual mediante la implementación de metodologías científicas concluyera que en el lugar se estaba presentando algún grado de contaminación por actividades humanas. Si no que la conclusión del testigo respecto al daño ambiental y a la contaminación en la zona, era fruto de una apreciación subjetiva. Así las cosas, no se ha contado tampoco con ningún elemento de prueba que venga a determinar que en efecto se haya ocasionado un daño o contaminación en la zona, y mucho menos, que los mismos fueran fruto de la actividad llevada a cabo en las edificaciones cuestionadas en el caso bajo análisis.” En este caso, los argumentos esbozados por la juzgadora se tornan contradictorios. Como se indicó en el considerando anterior, la jueza tuvo por demostrado que existían siete edificaciones construidas en la zona pública de la zona marítimo terrestre, pero a pesar de ello denegó la gestión de la Procuraduría que pretendía el derribo de esas edificaciones, al sostener que habría confusión en cuanto a qué propiedad demoler, también indicó que existían inconsistencias entre los datos consignados en la acusación en cuanto a la ubicación de cada edificación, y las que muestra la pericia forense. Este argumento es ilegítimo por violentar el principio de razón suficiente, debido a que consta en autos que existe prueba pericial como inspecciones en el sitio que describen las diversas edificaciones, sobre las que se pidió la orden de derribo, por ello, no se comprende a qué tipo de confusión alude la juzgadora. Adicionalmente, es claro, que la pretensión del órgano estatal, iba dirigida hacia las edificaciones que fueron objeto de esta investigación, por ello, no resulta una razón válida aducir que no se puede aceptar esa petición, ya que podrían existir otras edificaciones en el sitio. Asimismo, resulta incomprensible que se haga alusión a que en esos terrenos pueden existir otros moradores quienes no han participado del proceso, ya que ese argumento es completamente especulativo. Adicionalmente, no se explica cuál sería la situación jurídica de buena fe que legitimaría esa posesión, ya que la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece que dicha área es propiedad del Estado y es inalienable (artículo 1). Además, se indica que la Zona Marítimo Terrestre no puede ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ella (artículo 7). También se detalla que es prohibido construir edificaciones en la dicha área (artículo 12). Así como la potestad del Estado y de las Municipales de ordenar la demolición de las edificaciones que se hayan construido en dicha zona, en contravención de lo dispuesto por dicha legislación especial. Finalmente, desde vieja data, la Sala Constitucional mediante resolución Número 5756 del 30 de octubre de 1996, declaró que la aplicación de la facultad de demolición es factible en procesos jurisdiccionales pendientes, que aún no concluyen con sentencia firme, y que no es violatorio del debido proceso y del derecho de defensa del imputado, siempre y cuando se interprete que es deber del juzgador, previo a la adopción de la medida de destrucción, demolición, constatar que los terrenos o las obras involucradas se encuentran efectivamente dentro de la zona marítimo terrestre y que éstas, se realizaron al margen de lo dispuesto en la presente Ley. Del anterior repaso normativo y jurisprudencial se concluye que la legislación prevé la demolición de las estructuras que de forma ilegal se han construido en dicha zona, por lo que, en este caso, le correspondía a la autoridad jurisdiccional resolver aquella pretensión conforme con la prueba que había sido aportada en autos. Adicionalmente, si la jueza estimó que era necesario verificar la existencia de las edificaciones previo al derribo de estas, así lo pudo ordenar en la resolución respectiva, o incluso, al amparo del artículo 355 del Código Procesal Penal, tenía la posibilidad de realizar de oficio la inspección ocular que estimare necesaria para resolver la pretensión de la Procuraduría, la cual había sido gestionada desde la interposición de la querella. En consecuencia, se declara con lugar el reclamo, se anula parcialmente la sentencia en cuanto denegó la orden de derribo gestionada por la Procuraduría. Por ende, se ordene el juicio de reenvío para una nueva sustanciación de ese otro extremo."
... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...]@ Fax: 24569029 __________________________________________________________________________________________ Res: 2020-00618 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las catorce horas cuarenta y ocho minutos del diecisiete de julio de dos mil veinte. RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , costarricense, documento de identidad número CED1; [Nombre2] , costarricense, cédula de identidad número CED2; [Nombre3] , costarricense, cédula de identidad número CED3; [Nombre4] , costarricense, cédula de identidad número CED4; [Nombre5] , costarricense, cédula de identidad número CED5, [Nombre6] , costarricense, cédula de identidad número CED6, y [Nombre7] , costarricense, cédula de identidad número CED7; por el delito de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO en perjuicio de EL ESTADO. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Adriana Escalante Moncada, Francisco Lemus Víquez y José Asdrúbal Quirós Pereira. Se apersonan en apelación de sentencia, la licenciada Margot Avellán Ruiz en calidad de Procuradora y la licenciada Yosselin Morales Zumbado, en calidad de defensora Pública de los imputados: [Nombre1] , [Nombre8] , [Nombre3] , [Nombre4] , [Nombre6] , [Nombre5] y [Nombre7] . RESULTANDO:
1.- Que mediante sentencia número 303-2019 de las trece horas cuarenta y un minutos del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal de Juicio de Puntarenas, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 al 7, 9, 11 al 13, 16, 17, 31 al 34, 70, 71, 81 al 83, 91 al 97, 100, 141, 142, 182 al 184, 200, 265 al 269, 324, 326, 328, 330, 333 al 336, 341, 343, 345, 351, 354, 356, 360, 363 al 366 del Código Procesal Penal; artículos 1, 4, 11, 18, 19, 30, 34, 227 del Código Penal; y artículos 1, 7, 9, 10, 12, 20, 22 de la ley número 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre: se rechaza excepción de cosa juzgada interpuesta por la defensa a favor de [Nombre1] ; de oficio se declara excepción de prescripción de la acción penal a favor de [Nombre8] y de [Nombre3] , con lo cual se les absuelve de toda pena y responsabilidad por el delito de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO acusado por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República; con base al principio universal de In dubio pro reo, se ABSUELVE a [Nombre1] , [Nombre4] , [Nombre6] , [Nombre5] y [Nombre7] , por el delito de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO en perjuicio de EL ESTADO, que le venía atribuyendo el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. Se rechaza la solicitud para que se ordene el derribo de las construcciones o edificaciones sobre las que versa este proceso. Se ordena levantar cualquier tipo de medida cautelar que pese contra los imputados producto de la presente causa. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Se señala para la lectura de la sentencia las dieciséis horas del veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese mediante lectura. Es todo. [Nombre9] . JUEZA DE JUICIO".
2.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Margot Avellán Ruiz, interpuso recurso de apelación de sentencia.
3.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso. 4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia Escalante Moncada; y, CONSIDERANDO:
I.La Procuradora Margoth Avellán Ruíz, interpone recurso de apelación de sentencia, contra el fallo escrito número 303-P-2019, dictado por el Tribunal de Juicio de Puntarenas.
II.En el primer motivo, la apelante muestra su inconformidad con el fallo de instancia por lo siguiente. Indica que en relación con la absolutoria dictada en favor de los imputados [Nombre3] y [Nombre8] , el Tribunal de Juicio los absolvió al estimar que la acción penal estaba prescrita. Dice que para sustentar esta postura la Cámara de Juicio argumentó que, ambos acusados declararon que solo pernoctaron una noche en el inmueble, y que por haberse indagado a los imputados en fechas 8 y 15 de mayo del 2013, respectivamente, el plazo de prescripción operó el 15 de mayo de 2015, sin que en ese lapso de dos años se diera otro acto interruptor de la prescripción. Objeta la aplicación de la ley sustantiva, al estimar que la acción penal no se ha extinguido por prescripción. Indica que en relación con los delitos de invasión a áreas de protección, cuando la acción se ejecuta mediante la construcción de edificaciones se está en presencia de un delito continuado o permanente, siendo que en este tipo de delincuencias, la acción penal comienza su conteo fatal una vez que cesa la permanencia de la obra invasora, ya que mientras la obra permanezca, el ilícito se perpetua en e tiempo, y es hasta que se elimine la estructura o construcción invasora que cesa la actividad ilícita. Explica que en este tipo de delitos el cómputo de la prescripción es diferente, ya que jurídicamente no es viable bajo los parámetros del artículo 32 del Código Procesal Penal que prescriba un delito cuando los efectos permanecen en el tiempo, debido a que el bien jurídico (ambiente) se mantiene lesionado. Dice que, en este caso, el hecho acusado consistió en que los imputados detentaron la zona marítimo terrestre de la localidad de Tambor, mediante la edificación de estructuras permanentes, acciones que encuadran en el delito de usurpación de bienes de dominio público, previsto en el artículo 227 del Código Penal. Afirma que, en este caso, al permanecer la obra invasora no es factible aplicar el artículo 32 del Código Procesal Penal. Adicionalmente, critica que el Tribunal de instancia le dio plena credibilidad a la declaración que ambos imputados dieron en juicio, cuando indicaron que solo estuvieron en ese inmueble una noche, lo cual contradice la prueba incorporada en autos. Al respecto, destaca que en los datos de identificación de estas personas se indican que han vivido en ese sector desde hace varios años; además, tanto de la declaración del testigo [Nombre10] , como de los informes rendidos por el Organismo de Investigación Judicial, se aprecia que en las distintas ocasiones en que se visitó la zona Marítimo terrestre de interés, los encartados habitan esas edificaciones, sumado a que las obras permanecen en propiedad estatal. Por lo anterior, estima que la conclusión a la que arribó la juzgadora es equivocada. En este apartado, la apelante ataca los argumentos con los que se estableció que la acción penal había fenecido por prescripción para los imputados [Nombre3] y [Nombre8] , para resolver de forma adecuada cada uno de los reclamos, se analizará de forma separada la situación de cada uno de ellos. Imputado [Nombre3] . Una vez examinados los autos y la sentencia recurrida se concluye que, no le asiste razón a la recurrente. En este asunto, a todos los encausados se les acusó del delito de usurpación de bienes de dominio público, y conforme lo desarrolló el fallo de instancia, dicha ilicitud está catalogada como un delito de efectos permanentes, y el cómputo del plazo de la prescripción se rige por la regla prevista en los artículos 32 y 33 del Código Procesal Penal, que establece que para los ilícitos continuos o permanentes, el plazo corre desde que cesó su permanencia. Sobre este aspecto se tiene que la jueza de instancia aplicó de forma correcta la normativa establecida en la Ley procesal. El punto de discusión que propone la representante de la Procuraduría estriba en establecer a partir de qué momento es que se tiene por cesada la actividad ilícita en esta modalidad delictiva. Para la Procuradora, la acción penal no prescribe mientras las edificaciones que se construyeron en la zona pública no hayan sido derribadas. Al respecto, esta postura si bien en un principio pareciera razonable, lo cierto es que ello dependerá de cada caso en concreto, ya que lo relevante es determinar cuál fue la acción que se le imputó a cada uno de los acusados y qué se demostró en juicio. Para efectos de resolver lo relativo al imputado [Nombre3] , se tiene que la Procuraduría en su escrito de querella imputó lo siguiente: “Sin precisar fecha exacta pero al menos desde el mes de octubre del 2012 y hasta la fecha, en Tambor de Cóbano, de Puntarenas, específicamente [Dirección1] , el acusado [Nombre3] , ha detentado y se encuentra actualmente detentando una porción de la zona pública de la zona marítimo terrestre, esto al habitar dentro de una edificación construida con material de madera, latas de zinc, postes de madera, varillas de bambú y piso de tierra, edificación que cuenta con un área de 15.62 metros cuadrados, destinada a casa de habitación del acusado. Dicha edificación se localiza entre los mojones N° 122-2005 y 126-2005 del Instituto Geográfico Nacional. La detentación del acusado [Nombre8] la realiza sin contar con el permiso de uso de suelo, construcción o concesión y sin que exista un plan regulador por parte de la autoridad competente.” Según dicha imputación el acusado detentó un bien de dominio público al construir y habitar en una casa que se encuentra dentro del área pública de la zona marítimo terrestre, en un periodo determinado. Ahora bien, según se indica en el fallo de instancia, la acción penal de esta causa se encontraba prescrita porque la jueza tuvo por demostrado que el imputado [Nombre3] , había cesado la permanencia en dicho inmueble. Para resolver el tema, es relevante referir que de la prueba recibida en juicio, el testigo [Nombre10] , que es el agente judicial que tuvo a cargo la investigación, relató que no lograron determinar quién o quiénes habían construido las diversas viviendas, ya que en las visitas que realizaron no lograron observar a alguna persona construyendo edificación alguna, sino que estas edificaciones ya existían en el lugar. De igual manera detalló que había personas que habitaban las casas de forma permanente, pero otro grupo lo hacía de forma temporal, ya que cuando hacían las inspecciones, y levantaban el censo de los ocupantes, en esa oportunidad había unas personas, pero después, al realizar otra inspección en esas edificaciones habitan otros ocupantes, o las casas estaban vacías, o cerradas. Este dato es relevante, porque como se verá más adelante, la juzgadora descartó que el imputado [Nombre3] construyó esa edificación, o que habitaba de forma permanente en dicha morada. Ahora bien, en el caso bajo examen, la juzgadora determinó que del informe de investigación el Informe 057-13-URC (folio 165 al 167), se estableció que para el momento en que se hace la inspección del inmueble, efectuada entre el 06 de noviembre de 20212 y el 06 de marzo de 2013, dicha vivienda era ocupada en el momento de la visita, por [Nombre3] . De importancia resulta ser también que a partir del informe 19-14-ORC del Organismo de Investigación Judicial de Cóbano (folio 283), según el cual, en visitas realizadas el 15 y 22 de abril de 2014, se corroboró que [Nombre3] , ya no vivía en la edificación sobre la que versa la imputación de hechos en su contra, es decir existe prueba de que, para el mes de abril del 2014, el imputado había cesado la acción de detentar un bien de dominio público. Estas probanzas, las analizó la jueza de forma conjunta con la declaración del encartado, quien manifestó en juicio lo siguiente: ““Estaba de paso por la zona de Tambor, me quedé en una casilla ahí, porque estaba buscando trabajo, pasó un oficial del OIJ, me preguntó si yo vivía ahí y aún así me pidió la cédula, yo no vi inconveniente, y ahora me encuentro acá, dada la situación de que yo nunca he vivido ahí. Esa casita está ahí, siempre ha estado, entonces yo lo único que hice fue quedarme para dormir ahí, anda más. Lo que hice después fue irme. Ya estaba construida. La casa estaba desocupada. Me quedé una noche. Actualmente vivo en Villas del Mar, en Cóbano. Tengo 4 años de vivir ahí en Villas del Mar. Anteriormente, vivía en Ciudad Neilly. En Villas del Mar vivo con mi pareja y mis dos hijos”. Como se analiza en el fallo, esta versión defensiva no fue desacreditada, por el contrario, la juzgadora también valoró los datos de identificación dados por el acusado el 8 de mayo de 2013 ante la fiscalía, en los que indicó que vivía en Cóbano, en la casa de la señora Yexi Solano Muñoz, es decir, para esta época ya no habita en el área pública. Como bien, lo examina la juzgadora, al demostrarse que la acción de detentar un terreno de dominio público había cesado se tenía que iniciar el cómputo de la prescripción, la cual se ve reducida a la mitad con el acto de la indagatoria, el cual ocurrió el 14 de mayo de 2013, y no cómo se indica en el fallo de instancia, el 08 de mayo de 2013, pero aún, a pesar de ese yerro en la fecha de dicho acto procesal, la situación jurídica no varía, porque el siguiente acto procesal capaz de interrumpir el cómputo de la prescripción, lo fue el señalamiento a audiencia preliminar, el cual data del 04 de agosto de 2015, es decir, entre ambos actos procesales habría transcurrido dos años dos meses y 21 días, por lo que la acción penal, conforme lo prevé los artículos 32 y 33 del Código Procesal Penal, en relación con el numeral 227 del Código Penal habría prescrito, ya que el plazo ordinario para dicha delincuencia es de cuatro años, el cual reducido a la mitad es de dos años, lapso que se superó en el caso del encartado [Nombre3] . En este aspecto hay que indicar que no es admisible la postura del órgano acusador del Estado, en la que se afirma que mientras permanezca la construcción no prescribe la acción penal, porque dicha interpretación violenta el principio constitucional consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política, del cual se deriva que la responsabilidad penal es personalísima, y de ahí que, al existir prueba de que el imputado cesó en la actividad ilícita de detentar una zona pública, ese hecho debe ser valorado para efectos del cómputo del plazo de extinción de la acción penal, y eso fue lo que ocurrió en el caso bajo examen. Seguir la tesis de la Procuraduría llevaría al absurdo de concluir que, si la edificación permanece en la zona pública por más de diez años, sin ser ocupada por alguna persona, la acción penal no estaría extinta en relación con el último ocupante, debido a que el inmueble no ha sido derribado. Esta interpretación está por fuera del ámbito de tipicidad del tipo penal previsto en el artículo 277 del Código Penal, el cual requiere para su configuración y permanencia que una persona, mediante actos concretos detente un bien de dominio público, es decir, se requiere de la demostración de que la persona está ejecutando esa acción, por ello, no sería admisible la interpretación que hace la Procuraduría, la cual incluso atenta contra lo establecido en los artículos 2 del Código Penal y 2 del Código Procesal Penal, que fijan el principio de interpretación restrictiva de los tipos penales, y de las normas procesales. Adicionalmente, no hay que olvidar que le corresponde al órgano acusador probar la continuidad o permanencia de la actividad delictiva, y como se razona en el fallo de instancia, la prueba allegada a los autos permite tener por acreditada para una época determinada (14 de mayo de 2013), la cesación de la actividad delictiva, de ahí que, lo resuelto por el a quo es conforme a derecho. Por lo antes dicho se declara sin lugar este reclamo. Del imputado [Nombre8] . Sobre este otro alegato, no le asiste razón a la recurrente. Para este caso, se da una situación similar a la previamente analizada. Según consta en el fallo, la juzgadora valoró que en autos no existe prueba que indique que el encartado detentaba continuamente el área pública como se afirmaba en la querella, sino que, por el contrario, que no existe prueba que permita acreditar la permanencia de la actividad delictiva, a partir de la indagatoria efectuada a esta persona el 15 de mayo de 2013. A tal efecto se indicó lo siguiente: “En el caso de [Nombre8] , se tiene una situación similar: el encartado manifestó en la declaración que brindó en ejercicio de su defensa material que: “La situación es que yo trabajo pescando, actualmente vivo en Paquera, tengo 7 años de vivir ahí, un día llegué en moto, llegué entre las 12 o medianoche, la moto estaba ponchada, entonces con el muchacho que yo trabajo me dijo: así no se puede ir. De Tambor a Paquera hay como 28 kilómetros. Caminando era imposible, entonces el muchacho me dijo: ¿por qué no va y se queda en esa casa y mañana ve qué hace? y yo le dije que sí. Fui y me quedé en la casa, la casa estaba sola, como a las 8 de la mañana tocaron y salí a ver qué era, un muchacho me preguntó el nombre y me pidió la cédula, yo no vi problema. Yo me fui y arreglé la moto. Y por eso estoy aquí”. Ahora bien, en el caso de [Nombre8] , tenemos que al momento de recibírsele sus datos de identificación, el mismo no hizo mención de esta circunstancia, es decir, de que estuviera viviendo en Paquera, sino que ubicó su vivienda en Puntarenas, Tambor, a [Dirección2] del muelle. Dirección que resulta muy similar a la que se indica en la pieza acusatoria. Por su parte, el oficial de investigación Pérez Espinoza de forma clara manifestó en su deposición: “Me he enterado que algunos de ellos ya no viven ahí. Porque los he visto viviendo en otros sectores. A don [Nombre11] en Paquera (…)”. Lo anterior (el lugar de residencia) coincide con lo manifestado por el imputado. Ahora bien, el encartado fue indagado por los hechos que se investigaban en su contra, en fecha 15 de mayo de 2013, por lo que a partir de esta actuación, el plazo de prescripción se redujo a la mitad, es decir, a dos años. Siendo que el delito de Usurpación de Bienes de Dominio Público es de comisión inmediata con efectos permanentes, y que no se cuenta en el proceso con prueba de que posterior a esta fecha, 15 de mayo de 2013, el encartado aún permaneciera viviendo en dicha edificación, sino que lo que tenemos es una manifestación del mismo en el sentido de que reside en Paquera de Puntarenas desde hace 7 años, manifestación que es respaldada por el oficial de investigación Pérez Espinoza, se debe partir de que a ese momento (15 de mayo de 2013) ya habrían cesado los efectos del presunto delito que se le achaca, por lo que a partir de esa última actuación empieza a correr el plazo de prescripción de la acción penal. Dicho plazo transcurrió sin que en el ínterin se verificara ninguna causal de interrupción o suspensión de la prescripción. Así las cosas, al 15 de mayo de 2015, la acción penal ya se encontraba prescrita, con lo cual se extinguió la acción en contra del encartado [Nombre8] ”. Del anterior extracto se extrae que para establecer que la acción penal había prescrito, la juzgadora tomó en consideración tanto la tesis defensiva como los elementos de prueba allegados a los autos, y de su análisis conjunto determinó que no existía prueba en el expediente que diera cuenta de que el encartado continuara con la actividad delictiva de detentar aquella zona pública con posterioridad al 15 de mayo de 2013, más bien se valoró que la tesis defensiva que aludía a que el imputado desde hace siete años vivía en otro sector, específicamente en la localidad de Paquera, era respaldada por la prueba aportada por la Fiscalía, porque el oficial Pérez Espinoza indicó que se había enterado que varios de los imputados ya no vivían en el área pública, y declaró conocer que [Nombre8] residía en Paquera. En otras palabras, al establecerse la cesación de la actividad delictiva, lo correcto era contabilizar los plazos de prescripción, según las reglas previstas en los artículos 32 y 33 del Código Procesal Penal, por lo que una vez examinado ese cómputo, se tiene que lleva razón la jueza de juicio al afirmar que la acción penal para el caso del imputado [Nombre8] se encuentra prescrita. En consecuencia, se debe declarar sin lugar el motivo.
III.En el segundo motivo, la apelante combate los argumentos por los que se absolvieron a los encartados [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre5] , [Nombre4] , y [Nombre1] . Dice que el Tribunal de instancia fundó su decisión al estimar que el Oficial del Organismo de Investigación Judicial, al abordar a estas personas en sus viviendas, y les preguntó si vivían en ese lugar, violentó el derecho de abstención que tenían los acusados, por lo que la prueba generada a partir de esa individualización es espuria y al no contarse con más elementos de prueba, lo procedente era absolver a los encartados. Añade que también la juzgadora sustentó la absolutoria de los encartados [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre5] y [Nombre4] , en la existencia de un error de tipo, al estimar que estas personas tenían mucho tiempo de vivir en el lugar y que por ello desconocían que ese encontraban ilegalmente en el sitio, máxime que es un asentamiento en el que hay servicios públicos, los niños van a la escuela pública de Tambor, y la Municipalidad de Cóbano le cobra cánones a diversas vecinos del lugar. La recurrente objeta estos argumentos por lo siguiente. En cuanto al tema de la prueba espuria, indica que no es cierto que se acreditara que en la primera visita que realizó el funcionario [Nombre10] en el año 2013, se indujera en error a los imputados, para que estos indicaran que vivían en ese lugar. Añade que, aún si se aceptase esa hipótesis, en autos quedó demostrado que el agente judicial visitó con posterioridad dicha zona, en diversas ocasiones, de las cuales se levantó el informe respectivo, y en las que se constató que los imputados residían en las edificaciones ahí construidas, es decir, en varias ocasiones se constató que los imputados detentaban la zona pública marítimo terrestre. Adicionalmente, los encartados al momento de ser indagados, así como en su declaración en la fase plenaria indicaron que residían en el lugar de los hechos. Añade que, la prueba pericial elaborada por la sección de Ingeniería Forense estableció que las edificaciones se encontraban en el área pública de la zona marítimo terrestre, por lo que el otro argumento esbozado por la juzgadora, en cuanto a la imprecisión de la distancia de cada una de las edificaciones, es irrelevante, porque toda ellas están en el área protegida. También objeta que se indicara que los encartados incurrieron en un error de tipo, porque no existe prueba que indique que estas personas vivían en esas edificaciones desde su niñez, sino todo lo contrario, las casas de estas personas, con excepción de la del imputado [Nombre1] , están hechas de materiales tales como láminas de zinc, bambú y láminas de fibrolit, lo que descarta el dicho de los acusados de que esas edificaciones tienen décadas de existir. Adicionalmente indica que no se puede alegar un error de tipo ni de prohibición, porque la cercanía de las edificaciones en relación con el mar descarta esa circunstancia fáctica. Asimismo, indica que aunque en un precario existan servicios públicos, ello no torna en lícita la ocupación de una zona prohibida, por lo que no resulta de interés jurídico que las personas contaran con esos servicios, o que los niños asistieran a la escuela de la localidad. En lo relativo al análisis de la prueba, sostiene que es un error de la persona juzgadora indicar que no se demostró el hecho querellado, ya que estima que con la prueba tanto documental como pericial se comprobaba a cabalidad que los imputados han detentado el área pública de la zona marítimo terrestre. Añade que, para el caso del imputado [Nombre1] , era evidente que dicha persona no tenía años de residir en el lugar, porque en otro proceso que se juzgó bajo el expediente número 01-200031-591-PE, en el que dicha persona figuró como imputado, también por invadir la zona pública, se acreditó que para esa época el encausado no residía en ese sector. En este acápite la apelante ataca la fundamentación de la sentencia por diversas razones, por lo que para una adecuada resolución se resolverá cada uno de los tópicos planteados de forma separada. Sobre la declaratoria de prueba ilícita. Examinado el fallo, se tiene que le asiste razón a la recurrente. Como consta en el fallo de instancia, el a quo, fundó la decisión de absolver a los imputados por tres razones, siendo una de ellas sustentada en que era ilícita la actuación del agente judicial Jorge Pérez Espinoza, quien al realizar las diligencias de investigación se apersonó a la residencia de cada uno de los imputados y les pidió sus datos de identificación, y les preguntó si vivían en dicho lugar. Según la juzgadora, si bien las personas tienen el deber de identificarse ante las autoridades judiciales, en este caso, el oficial Pérez Espinoza se extralimitó en sus funciones, ya que fue más allá de la mera identificación nominal de cada uno de los encartados, sino que también les preguntó sí residían en ese lugar, pregunta que no era procedente, y sobre la cual los imputados tenían derecho de abstención. En este punto, se advierte que la juzgadora erró en la interpretación de la norma procesal. El artículo 283 del Código Procesal Penal establece que la Policía Judicial, está legitimada para realizar las diligencias de investigación que sean necesarias en torno a una actividad delictiva, entre ellas, la identificación del imputado. De igual manera, los artículos 83 y 94 del Código Procesal Penal, establecen que los imputados tienen el deber de brindar los datos que sean necesarios para su identificación, y entre ellos se encuentra, sus calidades, y su domicilio, siendo este último dato relevante, porque será en este sitio en el cual, con posterioridad, la autoridad judicial, deberá citar para las diligencias correspondientes a las personas acusadas. En otras palabras, los agentes judiciales están legitimados, para consultarle a las personas investigadas los datos relativos a su domicilio. Si bien en este caso, el lugar de residencia de cada uno de ellos, está vinculado con la zona en la que se ejecuta la actividad delictiva, sobre ese dato de su identificación no le asiste derecho de abstención a las personas acusadas. Por el contrario, existe un deber legal de suministrar esa información, por lo que es inválida la interpretación que hizo la juzgadora de instancia al estimar que se incurrió en una actuación ilícita, al momento en que se identificó a los imputados. Sobre el error de tipo. Examinado este otro alegato, así como el fallo de instancia se concluye que le asiste razón a la recurrente. Como se deriva del fallo de instancia, la juzgadora absolvió a los encartados [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre5] , [Nombre4] , al argumentar un error de tipo, sobre lo cual indicó lo siguiente: “Así las cosas, considera este Tribunal que ante este panorama, los encartados podían representarse fácilmente que la acción que supuestamente realizaban, era delito, pues todos sus vecinos se encontraban en la misma circunstancia, sus familiares habitaron en el lugar por años sin enfrentar ninguna consecuencia jurídica por ello, y sin que surgieran problemas a partir de esta circunstancia. Al contrario, existía una especie de “legalización” por parte de funcionarios del Estado costarricense, que no sólo les brindaban acceso a servicios básicos como agua y electricidad, sino que además llegaron a cobrarles cánones por concepto de impuestos territoriales. Ante este panorama, ¿de qué manera los encartados, personas sencillas, con niveles muy básicos de educación, podían representarse que estaban cometiendo un delito y que enfrentarían consecuencias penales por ello? En materia penal, para que se configure el injusto penal, debe existir una conducta humana, que sea típica y antijurídica. En cuanto a la tipicidad debemos analizar la existencia del elemento subjetivo, sea el dolo o la culpa. El primero de ellos requiere que el sujeto activo tenga el conocimiento de los elementos objetivos del tipo, y además la voluntad de cumplir con esos elementos objetivos. En el caso que nos ocupa los encartados, según los hechos que se les imputan en las piezas acusatorias, han detentado un espacio correspondiente a un lugar de dominio público, sin embargo, las circunstancias que hemos venido analizando les representaron un escenario donde desconocían que la acción que supuestamente realizaban, se trataba de un delito, pues en el sitio existen una gran cantidad de viviendas en la zona, que cuentan con todos los servicios públicos básicos, que se estableció al menos desde hace 25 años, donde existe una pulpería e incluso un restaurante. Estas situaciones nos hacen concluir que no se desprende que existiera en los encartados un dolo de "retener lo que manifiestamente no le pertenece" que es precisamente la definición que la Real Academia Española asigna al verbo detentar, por lo cual a criterio del Tribunal concurre el llamado error de tipo. En este sentido, dice el artículo 34 del Código Penal, que: “No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su realización a tal título”. Partiendo de lo establecido en este numeral, tenemos que los encartados no son culpables (entendiendo que esta denominación es en sentido común de la palabra, y no en referencia a la ausencia de la culpabilidad como tal, pues como se ha expuesto, se estaría ante la ausencia de uno de los elementos integrantes del tipo penal), pero además, el tipo penal de Usurpación de Bienes de Dominio Público, no es realizable a título de culpa, por lo que lo que corresponde en la especie, es absolver a los encartados de la conducta que se les achaca”. Este argumento es inválido por lo siguiente. Lo primero que se debe indicar es que la jueza confunde conceptos dogmáticos comprendidos en dos categorías distintas, a saber, el error de tipo que se analiza en la tipicidad y el error de prohibición que se debe ponderar dentro de la culpabilidad. En cuanto al error de tipo este se configura cuando se verifica un desconocimiento o error por parte del autor sobre la existencia de uno o alguno de los elementos objetivos que conforman el tipo penal. En nuestro ordenamiento jurídico este tipo de error está regulado en el primer párrafo del artículo 34 del Código Penal que reza así: “No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción. No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su realización a tal título”. En los casos de error de tipo invencible desaparece la tipicidad, es decir, la voluntad de realizar el tipo objetivo y al no haber ese querer no hay dolo y por ende la conducta es atípica. Cuando el error de tipo es vencible, subsiste la tipicidad solo para aquellas conductas estén tipificadas a título de culpa. Volviendo al asunto bajo examen, se tiene que en su argumentación, la jueza indica que existe un error de tipo porque los imputados desconocían que la conducta que estaban realizando era delictiva. De igual manera en su planteamiento, la jueza admite como hecho probado que este grupo de personas vive en un área demanial, porque sus casas están construidas en la zona pública. Es decir, conocen que están poseyendo un área pública y tienen la voluntad de vivir en ese sector. De lo anterior se evidencia que a pesar de que se indica la existencia de un error de tipo, del fallo se desprende el conocimiento y voluntad de los encartados en cuanto a la acción que están realizando de detentar un terreno que es público, lo que conlleva a tener por acreditada la tipicidad del tipo penal previsto en el artículo 227 del Código Penal. Por ello, no era correcto que se aludiera a la existencia de un error de tipo. Ahora bien, si se analizan los argumentos esbozados por la jueza, bajo las reglas que sustentan el error de prohibición, se tiene que el argumento esgrimido también resulta equivocado por lo siguiente. La juzgadora de instancia aduce que los imputados desconocían que su conducta era delictiva, porque en esa zona existe todo un asentamiento de personas, y que incluso el Estado les brinda a varias viviendas servicios públicos, como agua y luz; además, a otros pobladores, la Municipalidad de Cóbano les cobra un canon respectivo por habitar en dicho sector. Este argumento es ilegítimo por lo siguiente. El error de prohibición es aquel que se configura cuando el autor cree que actúa lícitamente, así como cuando ni siquiera se plantea la ilicitud de su conducta. De igual manera, el error puede referirse a la existencia de las normas prohibitivas (error de prohibición directo), o también el error puede recaer sobre la existencia de los límites o presupuestos objetivos de una causa de justificación. El Código Penal, regula el error de prohibición directo, en el artículo 35 al establecer que No es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena. Si el error no fuere invencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79. Por su parte, el error de prohibición indirecto está regulado en el párrafo final del artículo 34 del Código Penal, que indica que las mismas reglas se aplicarán respecto de quien supone erróneamente la concurrencia de circunstancias que justificarían el hecho realizado. En este caso, cuando la juzgadora aduce a que los imputados desconocían que su conducta era prohibida, y que más bien su actuación estaba legalizada. En su disertación la jueza a lo que hace alusión es a la eventual configuración de un error de prohibición y no uno de tipo. Aquí es donde se detecta también el otro error en el análisis del caso concreto, ya que la juzgadora olvida que, para el caso del error de prohibición, solo es posible la no punibilidad de la conducta, cuando se ha acreditado un error invencible, ya que el error de prohibición vencible solo da sustento a la disminución del reproche penal. En este caso, la juzgadora de forma errada y sin mayor análisis indica que los imputados desconocían que su conducta era delictiva porque en ese sector vivían más personas, razonamiento que no es aceptable, porque ello implicaría que, si otras personas cometen conductas delictivas, tales como robo, hurto, o venta de droga, se debería llegar a la misma conclusión, es decir, porque las otras personas ejecutan la misma acción, entonces esta no debe estar prohibida por el ordenamiento jurídico. Criterio que es errado, ya que la prohibición de una conducta no depende de si otras personas la ejecutan o no, por el contrario, su existencia estriba en que una norma penal es la que prohíbe la realización de esa acción. Adicionalmente, el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, es un tema que se analiza en el ámbito de la culpabilidad y no de la tipicidad, por lo que si una persona alega que desconocía que su actuar estaba sancionado por el ordenamiento jurídico, o estima que su actuar estaba permitido, esos casos se deben resolver bajo los criterios antes esbozados referentes al error de prohibición, es decir, si esa desconocimiento era vencible la conducta no queda impune, por el contrario, la actuación sigue siendo típica, antijurídica y culpable. No obstante, en virtud del error conceptual en el que incurrió la juzgadora esos otros componentes del error de culpabilidad ni siquiera fueron analizados, por lo que la fundamentación deviene en ilegitima por insuficiente. Adicionalmente, la juzgadora hace alusión a situaciones muy genéricas, tales como que algunas casas contaban con servicio de agua y luz, y que otros pobladores pagaban un canon a la municipalidad, pero no analiza porqué esas circunstancias fácticas inducían en un error invencible a las personas acusadas. En este sentido, la jueza desconoce que las máximas de la experiencia que informan que las personas que residen en áreas costeras conocen que existe un área en la playa que es pública, y que está prohibido construir edificaciones en ese sector, porque esa área está destinada para el disfruto de todas las personas, y para la conservación del medio ambiente. En consecuencia, al estar erróneamente fundado el fallo, se impone declarar con lugar el motivo. El tercer argumento que utilizó la juzgadora para absolver a todos los imputados se encuentra descrito bajo el título “Sobre la falta de prueba en relación a la circunstanciación en tiempo y lugar de los hechos acusados”. Del fallo se desprende que en este apartado la jueza estimó que no se probó ni la hipótesis del Ministerio Público, en la que se endilgó que los imputados detentaron la zona marítimo terrestre para el periodo comprendido de octubre de 2012, hasta junio de 2015, o que incluso continuaran usurpando ese terreno, tal y como lo acusó la Procuraduría, porque no existía prueba que acreditara ese hecho. Para ello, la jueza hace alusión a que solo existen inspecciones del año 2013, y 2014, y que posterior a esos hechos, no existen otros elementos de prueba que permitan acreditar el rango temporal acusado en cada una de las requisitorias fiscales. Este argumento resulta inválido, porque de un examen integral del fallo se desprende que en autos se incorporaron elementos de prueba, tales como denuncias, inspecciones oculares, levantamientos fotográficos y visitas de campo, que dan cuenta de la ubicación de cada una de las edificaciones, de sus ocupantes, y de las fechas en que se ejecutaron esos actos. Ahora bien, si la juzgadora estimó que con esa prueba no se demostraba la totalidad del rango temporal acusado, ello no implicaba necesariamente que se debiera de dictar una sentencia absolutoria. Por el contrario, si la prueba daba cuenta de la existencia del hecho en un periodo inferior al acusado, ello en nada perjudicaba el derecho de defensa, ni el principio de correlación entre acusación y sentencia. Hay que recordar que la garantía prevista en el artículo 365 del Código Procesal Penal, está vinculada de forma estrecha con el derecho de defensa del imputado, y si bien es un requisito en toda imputación fiscal debe precisar las circunstancias modales de ejecución de la conducta delictiva, entre ellas, la fecha de ocurrencia de los sucesos, según su modalidad de ejecución, ese requisito normativo tiene como finalidad de que el imputado y su defensa técnica puedan ejercer el derecho de defensa, para efectos de ofrecer las pruebas que estiman necesarias, así como para rebatir la imputación que se ha efectuado en su contra. No obstante, es amplia la jurisprudencia de los Tribunales de Apelación de Sentencia como de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que han establecido que este principio de correlación entre acusación y sentencia no significa que aquella imputación no pueda ser modificada por el Tribunal de sentencia, a partir de la prueba recabada en el juicio. Por el contrario, este cuadro fáctico puede ser variado, siempre y cuando esa modificación no sea sobre aspectos esenciales de la imputación que provoquen indefensión al acusado, lo cual debe ser analizado para cada caso concreto. Volviendo al asunto bajo examen, del argumento que esboza la juzgadora se advierte con facilidad que su cuestionamiento va dirigido a que no se demostró que los imputados estuvieran ocupando las tierras demaniales, durante el lapso que fue juzgado, aunque sí admite que existe prueba que acredite que estuvieron detentando ese bien demanial en un rango menor al acusado, pero siempre dentro de ese rango temporal. Por lo que no se comprende, entonces cuál era la imposibilidad para la juzgadora de acreditar un rango espacial más corto, si este siempre estaba comprendido dentro del lapso fijado en la imputación. Además, el argumento esbozado por la juzgadora se torna en contradictorio, porque en el apartado en el que la jueza analiza el tópico del error de tipo, establece que los imputados [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre5] y [Nombre4] , han manifestado que viven en esas edificaciones desde mucho tiempo atrás, al igual que lo han hecho otros familiares de ellos. Es decir, en el caso de estos imputados, a partir de su declaración se corrobora el espacio temporal de la imputación, pero aún así, sin mayor sustento la jueza afirma que no es factible tener por demostrado aquel rango temporal. Una situación similar acontece con el argumento en el que se aduce que no es factible condenar a los encartados por los hechos acusados, porque en la acusación se indicó que las viviendas se encontraban a una determinada distancia del muelle, pero en las inspecciones oculares realizadas por los peritos judiciales, se estableció que esa distancia era menor o mayor si se le medía desde el muelle, y por ello, se justifica que al haber una diferencia en cuanto a la distancia no es factible tener por demostrado el hecho acusado. Aquí nuevamente, la jueza realiza una aplicación rígida del principio de correlación entre acusación y sentencia, al estimar que esa diferencia detectada en la distancia que tiene cada una de las edificaciones en relación con el muelle imposibilitaba la emisión de una sentencia condenatoria. Bajo este argumento, se dejó de analizar el núcleo esencial de la imputación que consistía en que los imputados detentaron la zona pública al habitar una vivienda que está dentro del área pública que comprende la zona marítimo terrestre. Nótese que en el acápite de hechos probados, la juzgadora tiene por acreditado que en Tambor de Cóbano de Puntarenas, dentro del área de Patrimonio Natural del Estado, a saber: la Zona Pública Marítimo Terrestre, existen siete edificaciones hechas de diversos materiales destinadas a la vivienda de personas. Es decir, con independencia de la diferencia en metros que se detectó, la juzgadora tuvo por acreditada que las casas estaban dentro de la zona marítimo terrestre tal y como se había descrito tanto en la requisitoria fiscal, como en la querella pública formulada por la Procuraduría General de la República. Por ello, no se entiende cuál era la relevancia jurídica de la ubicación precisa de cada una de las viviendas, para efectos de la acreditación del hecho acusado, si todas ellas estaban dentro del área pública, tal y como se describió en la imputación. Por las razones expuestas se concluye que los tres argumentos dados por la juzgadora para sustentar la sentencia absolutoria dictada en favor de [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre5] , [Nombre4] y [Nombre1] , contiene errores que la tornan inválida y por ello, se impone declarar con lugar el segundo motivo de apelación. En consecuencia, se anula parcialmente el fallo, en lo que respecta a la sentencia absolutoria dictada en favor de los imputados [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre5] , [Nombre4] y [Nombre1] , para lo cual se ordena remitir los autos ante el Tribunal de Juicio para una nueva sustanciación conforme a Derecho.
IV.En el tercer motivo de apelación objeta que no se ordenara la demolición de las edificaciones construidas en la zona pública. Relata que la jueza de instancia denegó la pretensión de la Procuraduría de restituir las cosas al estado original, para lo cual argumentó que se desconocía si las edificaciones todavía estaban en el sitio, o si estas habían sido ampliadas, además de que no se citó al proceso a los terceros que residen en esas edificaciones, para que ejercieran sus derechos. Critica estos argumentos al estimar que con la prueba se acreditaba la existencia de edificaciones en el área pública de la zona marítimo terrestre, y por ello, era procedente ordenar la demolición de esas estructuras, ya que la legislación que regula esta franja marítima es clara al indicar que es prohibido construir en esa zona, e incluso, se establece a nivel legal la orden de derribo de esas edificaciones, por lo que se debió actuar en consecuencia con lo que establecía la ley. Adicionalmente, estima que era improcedente alegar que no se citó a los terceros que habitan en ese sitio, ya que nadie puede alegar un derecho legítimo sobre dicha zona. Como pretensión general para los tres reclamos solicita se anule la sentencia y se ordene el juicio de reenvío. Con lugar el motivo. Revisada la sentencia, se tiene que la jueza denegó la solicitud de derribo con base en la siguiente argumentación: “Tanto el Ministerio Público como la representante de la Procuraduría General de la República, solicitaron que se ordenara el derribo o demolición de las edificaciones sobre las cuales versa el presente proceso. Al respecto, en consideración de este Tribunal, si bien se ha podido constatar a partir del Dictamen de Análisis Criminalístico 1496-ING-2012, que la totalidad de las edificaciones se encontraban dentro de la Zona Pública de la Zona Marítimo Terrestre, ocupando parte del Patrimonio Natural del Estado, en Tambor de Cóbano de Puntarenas, lo cierto es que luego de analizar la prueba existente en el proceso, dicha solicitud debe rechazarse. Conforme se expuso en el anterior apartado, existe una gran imprecisión con respecto a la ubicación de cada una de las viviendas. Se cuenta con elementos de prueba que de forma dudosa, brindan datos que no coinciden en relación a la distancia que guardaban las edificaciones con respecto al muelle de Tambor, presentando diferencias significativas entre uno y otro dato. Aunado a lo anterior, han transcurrido más de seis años desde que se inició este proceso y desde que se realizaron las inspecciones oculares respectivas, siendo que ante el tiempo transcurrido sin que se pueda tener certeza respecto a quiénes son los actuales ocupantes de dichas edificaciones, si se han construido más edificaciones contiguo a la cuestionadas (lo cual se podría prestar para confusiones con respecto a cuál sería la edificación a demoler si así lo ordenara este Tribunal), si las estructuras cuestionadas han tenido mejoras o no (con lo cual podrían ser visiblemente diferentes de las fotografiadas en los informes de inspección ocular), si permanecen en el lugar o no, y ante la ausencia de prueba que permita suplir estas interrogantes y dudas, por un aspecto de seguridad jurídica y a fin de no causar afectación a terceros que no son parte de este proceso ni han tenido la oportunidad de ejercitar sus derechos en el mismo, se rechaza la solicitud de demolición o derribo, formulada por el Ministerio Público y por la Procuraduría General de la República. La representante de la Procuraduría, en su oportunidad sustentó dicha solicitud en la existencia de contaminación y daño ambiental, no obstante, en el proceso no se recibió prueba técnica o pericial que así lo confirmara. Se contó con el dicho de don [Nombre12] , de quien no se duda que conozca del tema, sin embargo, su deposición en el contradictorio no fue en condición de perito, así como no expuso que por su parte se llevara a cabo ningún estudio el cual mediante la implementación de metodologías científicas concluyera que en el lugar se estaba presentando algún grado de contaminación por actividades humanas. Si no que la conclusión del testigo respecto al daño ambiental y a la contaminación en la zona, era fruto de una apreciación subjetiva. Así las cosas, no se ha contado tampoco con ningún elemento de prueba que venga a determinar que en efecto se haya ocasionado un daño o contaminación en la zona, y mucho menos, que los mismos fueran fruto de la actividad llevada a cabo en las edificaciones cuestionadas en el caso bajo análisis.” En este caso, los argumentos esbozados por la juzgadora se tornan contradictorios. Como se indicó en el considerando anterior, la jueza tuvo por demostrado que existían siete edificaciones construidas en la zona pública de la zona marítimo terrestre, pero a pesar de ello denegó la gestión de la Procuraduría que pretendía el derribo de esas edificaciones, al sostener que habría confusión en cuanto a qué propiedad demoler, también indicó que existían inconsistencias entre los datos consignados en la acusación en cuanto a la ubicación de cada edificación, y las que muestra la pericia forense. Este argumento es ilegítimo por violentar el principio de razón suficiente, debido a que consta en autos que existe prueba pericial como inspecciones en el sitio que describen las diversas edificaciones, sobre las que se pidió la orden de derribo, por ello, no se comprende a qué tipo de confusión alude la juzgadora. Adicionalmente, es claro, que la pretensión del órgano estatal, iba dirigida hacia las edificaciones que fueron objeto de esta investigación, por ello, no resulta una razón válida aducir que no se puede aceptar esa petición, ya que podrían existir otras edificaciones en el sitio. Asimismo, resulta incomprensible que se haga alusión a que en esos terrenos pueden existir otros moradores quienes no han participado del proceso, ya que ese argumento es completamente especulativo. Adicionalmente, no se explica cuál sería la situación jurídica de buena fe que legitimaría esa posesión, ya que la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, establece que dicha área es propiedad del Estado y es inalienable (artículo 1). Además, se indica que la Zona Marítimo Terrestre no puede ser objeto de informaciones posesorias y los particulares no podrán apropiarse de ella (artículo 7). También se detalla que es prohibido construir edificaciones en la dicha área (artículo 12). Así como la potestad del Estado y de las Municipales de ordenar la demolición de las edificaciones que se hayan construido en dicha zona, en contravención de lo dispuesto por dicha legislación especial. Finalmente, desde vieja data, la Sala Constitucional mediante resolución Número 5756 del 30 de octubre de 1996, declaró que la aplicación de la facultad de demolición es factible en procesos jurisdiccionales pendientes, que aún no concluyen con sentencia firme, y que no es violatorio del debido proceso y del derecho de defensa del imputado, siempre y cuando se interprete que es deber del juzgador, previo a la adopción de la medida de destrucción, demolición, constatar que los terrenos o las obras involucradas se encuentran efectivamente dentro de la zona marítimo terrestre y que éstas, se realizaron al margen de lo dispuesto en la presente Ley. Del anterior repaso normativo y jurisprudencial se concluye que la legislación prevé la demolición de las estructuras que de forma ilegal se han construido en dicha zona, por lo que, en este caso, le correspondía a la autoridad jurisdiccional resolver aquella pretensión conforme con la prueba que había sido aportada en autos. Adicionalmente, si la jueza estimó que era necesario verificar la existencia de las edificaciones previo al derribo de estas, así lo pudo ordenar en la resolución respectiva, o incluso, al amparo del artículo 355 del Código Procesal Penal, tenía la posibilidad de realizar de oficio la inspección ocular que estimare necesaria para resolver la pretensión de la Procuraduría, la cual había sido gestionada desde la interposición de la querella. En consecuencia, se declara con lugar el reclamo, se anula parcialmente la sentencia en cuanto denegó la orden de derribo gestionada por la Procuraduría. Por ende, se ordene el juicio de reenvío para una nueva sustanciación de ese otro extremo.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el primer motivo de impugnación interpuesto por la Procuraduría General de la República. Se declaran con lugar los motivos segundo y tercero del recurso de apelación de la Procuraduría General de la República. Se anula parcialmente la sentencia en los siguientes extremos: A) Se anula la sentencia absolutoria dictada en favor de los imputados [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre5] , [Nombre4] y [Nombre1] , para lo cual se ordena remitir los autos ante el Tribunal de Juicio para una nueva sustanciación conforme a Derecho. B) Se anula parcialmente la sentencia en cuanto denegó la orden de derribo gestionada por la Procuraduría. Por ende, se ordene el juicio de reenvío para una nueva sustanciación de ese otro extremo. En lo no anulado en este fallo de alzada, la sentencia de instancia permanece incólume. Notifíquese.
Adriana Escalante Moncada Francisco Lemus Víquez José Asdrúbal Quirós Pereira Jueces de Apelación de Sentencia Contra: [Nombre3] y otros Delito: Usurpación de Bienes de Dominio Público En perjuicio de: El Estado [Nombre13] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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