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Res. 00369-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · 19/06/2020

Appellate Court Orders Retrial for Violation of Spring Protection Zone in Santa Rosa de TayuticApelación admite reenvío por infracción a zona de protección de naciente en Santa Rosa de Tayutic

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The court partially overturned the acquittal for lack of reasoning and ordered a retrial only regarding the acts in case 12-000571-0359-PE.El tribunal anuló parcialmente la sentencia absolutoria por falta de fundamentación y ordenó un juicio de reenvío solo por los hechos de la causa 12-000571-0359-PE.

SummaryResumen

The Criminal Appeals Tribunal of Cartago partially overturned an acquittal issued by the Turrialba Criminal Court in favor of a defendant charged with violating the Forestry Law. The trial judge had acquitted based on doubt, arguing that the eyewitness could not recall the exact month of the events and that SINAC officials entered the property without permission. The appeal, brought by the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office, alleged erroneous evaluation of evidence. The appeals court found that the trial judge failed to consider key documentary evidence — SINAC report OT-566-12 dated June 5, 2012 — which allowed the events to be temporally located, and that the officials were legally authorized to enter the property under Article 54 of the Forestry Law. The appeal was granted, the ruling was partially vacated, and a retrial was ordered before a different panel of the same court solely regarding the acts charged in case 12-000571-0359-PE.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago anuló parcialmente una sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Penal de Turrialba en favor de un imputado acusado de infracción a la Ley Forestal. La jueza de primera instancia había absuelto por duda, argumentando que el testigo presencial no recordaba el mes exacto de los hechos y que los funcionarios del SINAC ingresaron sin permiso a la propiedad. La apelación, presentada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, alegó errónea valoración de la prueba. El tribunal de apelación encontró que la jueza omitió valorar prueba documental clave —el informe del SINAC OT-566-12 del 5 de junio de 2012— que permitía ubicar temporalmente los hechos, y que los funcionarios sí tenían facultad legal para ingresar al predio, conforme al artículo 54 de la Ley Forestal. Se declaró con lugar el recurso, se ordenó la ineficacia parcial del fallo y se dispuso un juicio de reenvío ante diferente integración del tribunal únicamente respecto de los hechos acusados en la causa 12-000571-0359-PE.

Key excerptExtracto clave

According to the trial judge, in order to verify the alleged environmental violations, permission from the property owner was required, an argument that ignores Article 54, paragraph three of the Forestry Law, which states: “In the performance of their duties, these officials [of the State Forestry Administration], identified by their respective credentials, shall have the right to enter and conduct inspections on any rural or forest-industrial property, except dwelling houses located thereon; as well as to seize illegally harvested or processed wood and other forest products and to confiscate equipment and machinery used in the illegal act as security for a potential sanction.” ...the trial judge’s conclusion lacks sufficient reasoning. In this regard, the report of officials from the Cordillera Volcánica Central Conservation Area, number OT-566-12 dated June 5, 2012, shows that the complaint regarding encroachment on the spring was filed on April 21, 2012, and they determined during their site visit that: “… around the point where a spring emerges, which supplies water to the community of Santa Rosa and other nearby homes, in what is considered part of its protection zone, there is encroachment through various activities. In one section the understory has been cleared and some trees have been girdled, including a chilamate and a chumico measuring 30 and 42 cm in diameter respectively.” The description of the vegetation removal in the spring protection zone matches the testimony of witness [Name4].Según la juzgadora de mérito para poder haber verificado las presuntas infracciones ambientales que se acusan, debió contarse con el permiso del propietario del fundo donde estas se verificaron, argumento con el cual se ignora que el párrafo tercero del artículo 54 de la Ley Forestal dispone que: “Para el complimiento de sus atribuciones, estos funcionarios [los de la Administración Forestal del Estado], identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito”. ...la conclusión de la juzgadora carece de razón suficiente. En ese sentido, el informe de los funcionarios del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, número OT-566-12 de fecha 05 de junio de 2012, da cuenta de que la queja por invasión de la naciente se realizó el día 21 de abril de 2012, logrando determinar en su visita al sitio que: “… en los alrededores del punto de afloramiento de una naciente, la cual abastece del líquido a la comunidad de Santa Rosa y otras viviendas cercanas, en lo que se considera parte del radio de protección de la misma, existe invasión con diferentes actividades. En una sección se ha “rosado” por debajo el bosque y se ha anillado algunos árboles, entre los que se pueden distinguir un chilamate y un chumico de 30 y 42 cm de diámetro respectivamente”. La descripción de las labores de eliminación de vegetación en la zona de protección de la naciente coincide con la mencionada por el testigo [Nombre4].

Pull quotesCitas destacadas

  • "Para el complimiento de sus atribuciones, estos funcionarios [los de la Administración Forestal del Estado], identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito."

    "In the performance of their duties, these officials [of the State Forestry Administration], identified by their respective credentials, shall have the right to enter and conduct inspections on any rural or forest-industrial property, except dwelling houses located thereon; as well as to seize illegally harvested or processed wood and other forest products and to confiscate equipment and machinery used in the illegal act as security for a potential sanction."

    Considerando IV

  • "Para el complimiento de sus atribuciones, estos funcionarios [los de la Administración Forestal del Estado], identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito."

    Considerando IV

  • "la conclusión de la juzgadora carece de razón suficiente. En ese sentido, el informe de los funcionarios del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, número OT-566-12 de fecha 05 de junio de 2012, da cuenta de que la queja por invasión de la naciente se realizó el día 21 de abril de 2012... La descripción de las labores de eliminación de vegetación en la zona de protección de la naciente coincide con la mencionada por el testigo."

    "The trial judge’s conclusion lacks sufficient reasoning. In this regard, the report of officials from the Cordillera Volcánica Central Conservation Area, number OT-566-12 dated June 5, 2012, shows that the complaint regarding encroachment on the spring was filed on April 21, 2012... The description of the vegetation removal in the spring protection zone matches the testimony of the witness."

    Considerando IV

  • "la conclusión de la juzgadora carece de razón suficiente. En ese sentido, el informe de los funcionarios del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, número OT-566-12 de fecha 05 de junio de 2012, da cuenta de que la queja por invasión de la naciente se realizó el día 21 de abril de 2012... La descripción de las labores de eliminación de vegetación en la zona de protección de la naciente coincide con la mencionada por el testigo."

    Considerando IV

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Penal Sentencing Appeals Court of Cartago Date of Resolution: June 19, 2020, at 10:03 Case File: 12-000571-0359-PE Type of matter: Criminal appeal Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER International Regulations: American Convention on Human Rights, Pact of San José International regulations 1 *120005710359PE* Case File: 12-000571-0359-PE Against: [Name1] Offense: Infraction of the Forestry Law Injured party: Natural Resources Res: 2020-369 Penal Sentencing Appeals Court of Cartago, First Section. At ten hours three minutes on June nineteenth, two thousand twenty.

An appeal filed in the present case against [Name1] , of legal age, born on June seventeenth, nineteen sixty, with identity card number CED1 - - , for the offense of Infraction of the Forestry Law, to the detriment of Natural Resources. Judges Christian Fernández Mora, David Fallas Redondo, and Judge Ivette Carranza Cambronero participate in the decision on the appeal. Attorneys Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as Criminal Prosecutor for the State, and Kenneth Bonilla Sánchez, representing the Public Prosecutor's Office, appeared in the appeal.

Whereas:

1. That by judgment number 16-2020 of eight hours twenty-four minutes on February fourteenth, two thousand twenty, the Criminal Trial Court of Turrialba resolved: "THEREFORE: In accordance with the provisions of Article 8 of the American Convention on Human Rights, Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights, 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, Articles 39 and 41 of the Political Constitution, Articles 1, 2 of the Penal Code, 58 subsection a) in relation to Articles 33 and 34 of the Forestry Law 7575 (sic) 1, 2, 5, 6, 12, 13, 38, 75, 111 to 116, 142 to 145, 180 to 189, 265 to 269, 270, 324, 326, 328, 330 to 336, 341, 352, 359, 360, 361, 363 to 365 and 366 of the Code of Criminal Procedure, the accused [Name1] is acquitted of all criminal and civil liability for two offenses of INFRACTION TO THE FORESTRY LAW that were attributed to him, and the civil action for damages and the complaint filed against him by the Office of the Attorney General of the Republic are declared without merit. No special order as to costs. The costs of the proceedings are to be borne by the State. NOTIFIED AT THE HEARING ORALLY. [Name2] . TRIAL JUDGE" 2. That against the previous pronouncement, attorneys Andrés Alfaro Ramírez and Kenneth Bonilla Sánchez filed appeals.

3. That upon the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 466 of the Code of Criminal Procedure, amended by Law 8837 published on December ninth, two thousand eleven (Creation of the Sentence Appeal), the Court considered the questions raised in the appeal.

4. That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Judge Fernández Mora drafts, and;

Considering:

I.- The sentence appeals filed by Andrés Alfaro Ramírez, in his capacity as criminal prosecutor for the State, and by Kenneth Bonilla Sánchez, in his capacity as representative of the Public Prosecutor's Office, are admitted for substantive consideration, since a review of the summary shows that these appeals were filed in a timely manner, within the legal term, and in accordance with the prerequisites required for such challenges to allow adequate understanding of the objections raised by the appellant, for the purpose of a comprehensive review of the contested judgment, as established in Article 8.2h of the American Convention on Human Rights and Articles 458, 459, 460, and 462 of the Code of Criminal Procedure.

II.- In the sole grounds for challenge, the State's representative alleges a lack of reasoning due to an erroneous intellectual assessment of the evidence and a violation of the rules of sound rational criticism, logic, and common experience. He considers that the judgment conducted a biased assessment of the statements of witnesses [Name3] and [Name4], as well as regarding the determination that the officials of SINAC tasked with addressing the complaint in this matter entered the property without the owner's permission and in an irregular manner. As a result of these derivations, the judge established a state of doubt regarding the commission of the crime attributed to [Name1] and declared without merit the public action complaint and the civil action for damages filed by the State. He criticizes the paths upon which the judgment grounded the state of doubt, namely: a) Witness [Name4] could not remember the exact month when the events occurred, nor peripheral details about the day he observed the defendant clearing brush (chapeando) and removing minor vegetation in the protection area of the permanent spring (naciente permanente): After summarizing the version provided by this witness, the appellant points out that the court did not give sufficient credibility to Mr. [Name4]'s account because his statement was considered sparse, without more peripheral details, such as his clothing or whether he wore a cap or hat, as well as for not remembering the month in 2012 when the events took place. He finds that the reasoning used by the judge is insufficient and is based on an incomplete line of reasoning, isolated from the statements given by the other prosecution witnesses, namely, SINAC officials [Name5] and [Name6], ignoring other important factors, such as the passage of time (almost 9 years), as well as the witness's age, as he is an older adult. He considers it unacceptable to detract from the witness's credibility for not remembering the exact month in which the events occurred, especially considering that only on that occasion did he observe the defendant performing clearing (chapias) work on his farm and near the spring, coupled with the fact that he has not frequented the area for a long time. The witness even stated that he made the visit on the day of the events at the request of the Board or Committee in charge of the administration of the Santa Rosa de Tayutic Aqueduct, which asked him to check if vegetation removal was occurring near the spring. The court did not take into consideration that witnesses [Name5] and [Name6], both SINAC officials, extensively and clearly described the removal of vegetation on the farm over which the defendant exercises possession and which occurred within the protection area of a permanent spring for the community's water supply; they also interviewed Messrs. [Name4] and [Name3], who indicated that the defendant [Name1] was the person who had performed such work. The MINAE officials prepared a report that is part of the body of evidence, namely official communication OT-566-12, dated June 5, 2012. In that report, the public officials indicated that the visit that prompted the report's preparation was made to address citizen complaints related to the removal of vegetation from the spring supplying the community, which runs through the property over which the defendant exercises possession and which has been under his family's control, as it previously belonged to the defendant's father, named [Name7]. The referenced report recorded that the visit was made on April 21, 2012, which allows the events to be located temporally; this information was confirmed at trial by [Name5] and [Name6], who clarified that the clearing (chapias) and cutting of vegetation were very recent and had occurred, at most, three days before the inspection, and that it was feasible that a single person could have performed such work, since the affected area of the property extended for 0.46 hectares. They stated that the piping and intake structures, as well as the so-called "water eye" (afloramiento of the spring), are visible from the public road, without any difficulty, and that they also had no trouble entering the property in question. If the entirety of the documentary evidence and the statements of the three mentioned witnesses are considered, it is clear that the existence of the attributed acts, their authorship, and their temporal location were demonstrated, as well as the environmental damage generated as a consequence of the perpetrated illicit act. The appellant considers that the court's intellectual analysis is incomplete and biased and led to a completely erroneous conclusion. b) Witness [Name3] stated at trial that he did not observe the accused performing any of the actions attributed to him in the complaint and in the civil action for damages. He notes that although the court indicated this in the judgment, it is clear that it did give credibility to said witness regarding his statement that he did not observe the defendant performing any work of felling, clearing (chapias), or vegetation removal in a protection area and that he could not identify anyone responsible for these actions, as well as that he was not sure that the land belonged to the defendant or his relatives. However, in its analysis, the judge did not consider aspects of special importance, based on which the witness's credibility is completely undermined. In the first instance, Mr. [Name3] is the defendant's uncle, and despite his relationship and closeness to the defendant, he claimed not to know basic aspects associated with the events, which makes his account implausible. This witness's statements contradict his own account, because in response to questions from the prosecutors regarding the events, he stated that on a later visit he accompanied SINAC representatives to conduct an inspection at the site, and upon confirming the existence of felling in the protection area, he spoke with the defendant to make him aware of the seriousness of the situation and how detrimental these impacts were to the aqueduct, but the defendant made no comment. The appellant questions why, if he did not know that the farm belonged to the defendant or jointly to him and his siblings, he spoke about the felling near the spring only with the accused and not with them; or why he spoke to him about the possible damage being done to the spring and the Santa Rosa de Tayutic aqueduct; or why he told the officials that the person responsible for the vegetation removal had been the accused. These contradictions become greater if one considers that the testimony of [Name8], the SINAC official in charge of the environmental assessment, stated at trial that to conduct the assessment he went to the property and observed the accused performing various tasks, and he stated that the defendant raised questions regarding whether he was visiting the site to verify that no work was being done in the protection area, with a view toward negotiating alternative measures that did not materialize. This statement confirms that the defendant is, without a doubt, the possessor of the property through which the spring runs, and on the other hand, that he was fully aware of what was happening and what had happened months earlier in relation to the vegetation removal, as his behavior demonstrated that he was expecting to be supervised by SINAC. The appellant states that witness [Name3] completely changed his version of the events under judgment, since he initially told SINAC officials during the investigation that the author of the vegetation removal had been the defendant, because he had observed him, but at trial he claimed not to have seen this situation. c) The court reproaches SINAC for entering a property without the owner's authorization, due to the fact that the Santa Rosa de Tayutic aqueduct does not have a concession granted by the Directorate of Waters: the third path used by the court to establish the state of doubt arises from a confusing analysis of the legality of the permanent spring from which water is taken to supply the community of Santa Rosa de Tayutic, which the judge seems to have assumed diminished the protection of the protection area. While it is true, the SINAC officials, Oscar Fonseca Rivera, [Name6] Castro Mora, and Sergio Obando Torres, acknowledged that the spring intake is de facto and that there is no concession granted by the MINAE Directorate of Waters, they clarified that this situation is irrelevant regarding the definition of the protection area deriving from Article 33, subsection a) of the Forestry Law, and that it does not depend on the existence of any type of concession for water intake. They also stated that the spring, whose protection area was affected, is permanent in nature, as confirmed by the expert report conducted by the MINAE Directorate of Waters, which is part of the documentary evidence, so there is no doubt that the actions of removing minor vegetation and clearing (chapias) occurred within the 100-meter radius surrounding the referenced body of water. Based on these statements and the content of the referenced regulations, it is concluded that any soil movement or building in a protection area of a permanent spring, regardless of whether the water body is tapped or not, means the court's reflections, aside from being unfounded, are erroneous and do nothing to support any kind of doubt that could benefit the defendant. On the other hand, the appellant points out that the judge made a sort of declaration of defective procedural activity, by stating that SINAC officials entered without the owner's permission because the water concession had not been formalized, because the aqueduct's piping and structures were apparently placed without the consent of the property's owner. In this regard, the judge overlooked the fact that these officials have police authority in the protection of natural resources and their presence at the site was due to citizen complaints concerning the removal of vegetation in a spring's protection area, so there is no irregularity in their actions. He maintains that the issue of using pipes to capture water from the spring is a trivial aspect and had no bearing on deriving the state of doubt. If the criminal court had considered the indicated aspects and had analyzed the testimonial evidence according to the rules of sound rational criticism, logic, and common experience, it would have reached completely different conclusions in the contested judgment. He requests that the appeal be granted, the judgment declared ineffective, and a retrial be ordered.

III.- In the sole grounds for appeal, the representative of the Public Prosecutor's Office alleges his disagreement with the assessment of the evidence, as the court incurred a violation of the rules of sound rational criticism. He states that the judgment did not analyze the testimony of Mr. [Name4] in conjunction with the documentary evidence submitted to the case file. The lack of a comprehensive assessment of the evidence led the court to acquit the defendant due to doubt. He points out that, although the Public Prosecutor's Office considered that there is no evidence to reach positive certainty regarding the commission of the offense of tree ringing (anillado) and felling charged against the defendant; in his opinion, positive certainty was reached to determine that the defendant was the one who "cleared (rozó) the vegetation within the protection area of the spring within the period charged, thereby incontrovertibly committing an infraction of the law." As confirmed during the testimony of witness [Name4] and as recorded in the summary of evidence provided by the judge when rendering judgment, it is evident that the witness knows the defendant perfectly, the spring was near his home, and he went to the location when the defendant was carrying out clearing (chapias) within the protection area and that he went there due to a task entrusted to him by the local Water Committee, but he did not remember the month. Said witness indicated that he observed the defendant from about 50 meters away and said he did not know whose land it was. He criticizes that the court indicated it could not reach certainty due to the imprecision of the date, because the witness observed the defendant, but without crediting whether he observed him within the period charged by the Public Prosecutor's Office. The judgment omitted to assess the documentary evidence, and in dissonance with the rules of sound rational criticism, the judge did not refer to why the deponent's testimony lacked information to acquire certainty that the defendant committed the charged acts, as she omitted to analyze the properly judicially admitted documentary evidence, such as SINAC report number OT 566-12 dated June 5, 2012, the photographic sequence, and the ocular inspection report dated May 21, 2012. The judge based the judgment solely on the information provided by the witnesses, without conducting a comprehensive assessment of the date contained in the reports, when it is evident that the passage of time generates insecurity in a person to provide an exact date. Although the witness does not specify the exact date of the act, this cannot give rise to detracting credibility from his testimony, much less omitting the assessment of the documentary evidence, since we are not in a system of fixed tariff evidence, where it is permitted to give greater value to one piece of evidence over another without conducting the required analysis. He requests that the appeal be granted and the matter be remanded for a new proceeding.

IV.- As they are closely related, both appeals are considered jointly and are granted: Upon reviewing the challenged oral resolution, it is possible to appreciate that the appellants are correct in their arguments, given that the analysis of the evidentiary material received during the adversarial proceedings (regarding the facts investigated in criminal summary 12-000571-0359-PE) was not carried out completely and in strict adherence to the rules of sound rational criticism. In this sense, the aspect of crucial importance in the trial judge's decision to acquit the defendant of the crime of invading a protection area was due to the fact that, in her opinion, a reasonable doubt arose that the defendant had committed the acts attributed to him. The public and private accusations attributed to the accused that, between the beginning of April 2012 and before April 21 of that same year, he carried out vegetation removal activities in the protection area of a water spring, as well as having cut several trees of different species in said area. To prove these facts, aside from the testimonies of the officials from the National System of Conservation of the Ministry of Environment and Energy, who conducted the investigation and the reports made by them, the statements of eyewitnesses [Name4] and [Name3] were also offered, because they allegedly observed the accused performing vegetation clearing (chapias) work in the area. However, during the adversarial proceedings, witness [Name3] denied that he had observed the accused perform such work, and only witness [Name4] stated that during the year 2012 he managed to observe the defendant performing clearing (chapias) work in the protection area of the water spring, that he observed him from a distance of 50 meters, and that, although he saw him from behind, he recognized him because he has been his neighbor for many years and knows him. On this point, the trial judge noted, without detracting credibility from this witness's deposition, that the fact in question could not be considered proven because there was no clarity as to whether this witness saw the defendant performing said work within the specific period mentioned in the accusations, an assertion that left aside the rest of the evidentiary material received during the adversarial proceedings, given that the judicial investigation does not report any other invasion of the spring's protection area during that same year, so the judge's conclusion lacks sufficient reason. In this regard, the report from the officials of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area, number OT-566-12 dated June 05, 2012, reports that the complaint about invasion of the spring was made on April 21, 2012, managing to determine during their site visit that: "... in the surroundings of the outcrop point of a spring, which supplies this liquid to the community of Santa Rosa and other nearby homes, in what is considered part of its protection radius, there is invasion with different activities. In one section, the forest has been 'cleared' (rosado) underneath and some trees have been ringed (anillado), among which a chilamate and a chumico of 30 and 42 cm in diameter respectively can be distinguished." The description of the vegetation removal activities in the spring's protection area coincides with the one mentioned by witness [Name4], who stated that he observed the defendant performing clearing (chapias) work in the area adjacent to the spring, and with the statements of the other witnesses received during the adversarial proceedings, including Mr. [Name3]. Although during the trial, this last witness stated that he never observed the defendant, who is his nephew, performing such work, he did confirm that he had observed that several trees had been ringed (anillado) in an area near the "water eye" and that because of these acts, the SINAC official named [Name6] (referring to witness [Name6]) had filed a complaint. Therefore, it can be seen that the evidentiary elements would have allowed for the temporal location of the events related by witness [Name4] to coincide with the attribution made by the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General of the Republic, so the trial judge's decision to acquit the defendant for these acts lacks the proper reasoning to give legitimacy to the contested ruling, given that the evidence received seems to affirm the contrary. In another order of ideas, it is important to point out that the judgment contains another erroneous argument on which the acquittal of the defendant is based, which has to do with the alleged illegal entry by MINAE officials when inspecting the farm where the invasion of the spring's protection area occurred. According to the trial judge, to have been able to verify the alleged environmental infractions charged, the permission of the owner of the property where they occurred should have been obtained, an argument that ignores that the third paragraph of Article 54 of the Forestry Law provides that: "For the fulfillment of their duties, these officials [those of the State Forestry Administration], identified with their respective identification card, shall have the right to transit and carry out inspections on any rustic or industrial forest property, except in the dwelling houses located on it; as well as to seize wood and other forest products illegally harvested or industrialized and impound, as security for a possible sanction, the equipment and machinery used in the illicit act." In accordance with the foregoing, it is evident that in response to the citizen complaint received by the officials of the National System of Conservation Areas regarding the impact on the protection area of a water spring, they could legally enter the properties where these infractions were allegedly occurring and carry out the relevant steps for the investigation and seizure necessary to bring the facts to the attention of the respective authorities, so the judgment errs again in basing the acquittal decision on the alleged illegal incursion by the authorities onto the property where the charged infractions would have occurred. Since it is evident that the appealed judgment incurred in significant reasoning defects, it is appropriate to grant both appeals, declare the partial ineffectiveness of the ruling only in relation to the acts charged in criminal summary 12-000571-0359-PE and not for the acts for which the defendant was acquitted of all penalty and liability in criminal case 16-000473-059-PE, as these were not subject to challenge. Furthermore, a retrial must be held before another panel of the same court for a new proceeding of the matter.

Therefore:

The sentence appeals filed by the representative of the Public Prosecutor's Office and the representative of the State are granted. The partial ineffectiveness of the ruling is ordered, and a retrial is ordered for a new proceeding before another panel of the same court, solely for the acts charged in criminal summary 12-000571-0359-PE and not for the other acts that were not subject to challenge. Notify. - *N1UJ5FRGWZE61* CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - DECIDING JUDGE *MZJW7J7EG47U61* DAVID FALLAS REDONDO - DECIDING JUDGE *ITZHJPYRB43G61* IVETTE CARRANZA CAMBRONERO - DECIDING JUDGE Judicial Circuit of Cartago Phones: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355. Email: [...]

It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 00:29:39.

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José Normativa internacional 1 *120005710359PE* Contra: [Nombre1] Delito: Infracción a La Ley Forestal Parte ofendida: Los Recursos Naturales Res: 2020-369 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, sección Primera. A las diez horas tres minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte.

Recurso de apelación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, nacido el diecisiete de junio de mil novecientos sesenta, con cédula de identidad número CED1 - - , por el delito de Infracción a La Ley Forestal, en perjuicio de Los Recursos Naturales . Intervienen en la decisión del recurso los jueces Christian Fernández Mora, David Fallas Redondo y la jueza Ivette Carranza Cambronero. Se apersonaron en apelación los licenciados Andrés Alfaro Ramírez en calidad de Procurador Penal, y Kenneth Bonilla Sánchez, representante del Ministerio Público.

Resultando:

1. Que mediante sentencia número 16-2020 de las ocho horas con veinticuatro minutos del catorce de febrero de dos mi veinte, el Tribunal Penal de Turrialba, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 1, 2 del Código Penal, 58 inciso a) en relación con el articulo 33 y 34 de la Ley Forestal 7575. (sic) 1, 2, 5, 6, 12, 13, 38, 75, 111 a 116, 142 a 145, 180 a 189, 265 a 269, 270, 324, 326, 328, 330 a 336, 341, 352, 359, 360, 361, 363 a 365 y 366 del Código Procesal Penal, se absuelve de toda pena y responsabilidad penal y civil al encartado [Nombre1] por dos delitos de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL que se le venían atribuyendo, se declara sin lugar la acción civil resarcitoria y la querella incoadas en su contra por parte de la Procuraduría General de la República. Sin especial condena en costas. Son los gastos del proceso a cargo del estado. NOTIFICADA EN EL ACTO DE MANERA ORAL. [Nombre2] . JUEZA DE JUICIO" 2. Que contra el anterior pronunciamiento, los licenciados Andrés Alfaro Ramírez y Kenneth Bonilla Sánchez interpusieron los recursos de apelación.

3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez Fernández Mora, y;

Considerando:

I.- Se admiten para su estudio de fondo los recursos de apelación de sentencia incoados por Andrés Alfaro Ramírez, en su condición de procurador penal y por Kenneth Bonilla Sánchez, en su condición de representante del Ministerio Público, pues del estudio del sumario se colige que dichos recursos se presentaron en tiempo, conforme al plazo de ley, y de acuerdo a los presupuestos que se requieren para que dichas impugnaciones posibiliten el adecuado conocimiento de las inconformidades planteadas por el gestionante, en orden al examen integral de la sentencia impugnada, tal y como lo establece el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 458, 459, 460 y 462 del Código Procesal Penal.

II.- En el único motivo de impugnación, el representante del Estado alega la falta de fundamentación por errónea valoración intelectiva de la prueba y violación de las reglas de la sana crítica racional, la lógica y la experiencia común. Considera que la sentencia realizó un juicio sesgado de las declaraciones de los testigos [Nombre3] y [Nombre4] , así como en relación con la determinación de que los funcionarios del SINAC encargados de atender la denuncia de este asunto ingresaron al predio sin permiso de sus propietarios y de manera irregular. Producto de dichas derivaciones la juzgadora estableció un estado de duda en relación con la comisión del delito que se le atribuye y declaró sin lugar la querella de acción pública y la acción civil resarcitoria incoadas por el Estado. Fustiga los derroteros sobre los que sustentó la sentencia el estado de duda, a saber: a) El testigo [Nombre4] no pudo recordar el mes exacto en que ocurrieron los hechos, ni tampoco detalles periféricos sobre el día que observó al imputado chapeando y eliminando vegetación menor en el área de protección de la naciente permanente: Luego de resumir la versión brindada por este testigo, el recurrente señala que el tribunal no le dio suficiente credibilidad al relato del señor [Nombre4] porque su declaración fue considerada escueta, sin mayores detalles periféricos, tales como la vestimenta o si usaba gorra o sombrero, así como por no recordar el mes del año 2012 en que tuvieron lugar los hechos. Estima que la argumentación esgrimida por la juzgadora es insuficiente y se basa en un razonamiento incompleto, aislado de las declaraciones brindadas por los demás testigos de cargo, a saber, los funcionarios del SINAC [Nombre5] y [Nombre6] , obviando otros factores de importancia, como el paso del tiempo (casi 9 años), así como la edad del testigo, quien es un adulto mayor. Considera inaceptable que se le reste credibilidad al testigo por no recordar el mes exacto en que se dieron los hechos, máxime cuando solo en esa ocasión observó al imputado realizando labores de chapia en su finca y cerca de la naciente, aunado al hecho de que tiene mucho tiempo de no frecuentar la zona. Incluso, el testigo manifestó que el recorrido lo efectuó el día de los hechos a solicitud de la Junta o Comité a cargo de la administración del Acueducto de Santa Rosa de Tayutic, quien le pidió revisar si se estaban produciendo eliminación de la vegetación cerca de la naciente. El tribunal no tomó en consideración que los testigos [Nombre5] y [Nombre6] , ambos funcionarios del SINAC, describieron ampliamente y con claridad la eliminación de vegetación en la finca sobre la que el imputado ejerce la posesión y que se realizó dentro del área de protección de una naciente de carácter permanente para el suministro de agua de la comunidad, sino que también entrevistaron a los señores [Nombre4] y [Nombre3] , quienes indicaron que el imputado [Nombre1] era la persona que había efectuado dichas labores. Los funcionarios del MINAE elaboraron un informe que forma parte del acervo probatorio, cual es el oficio OT-566-12, de fecha 5 de junio de 2012. En ese informe, los servidores públicos indicaron que la visita que motivó la confección del informe se hizo para atender denuncias ciudadanas relacionadas con la eliminación de vegetación de la naciente para suministro de la comunidad, la cual discurre por el fundo sobre el que ejerce posesión el imputado y que ha estado bajo dominio de su familia, pues antes pertenecía al padre del imputado, de nombre [Nombre7] . En el referido informe se consignó que la visita se hizo el 21 de abril de 2012, lo que permite ubicar temporalmente los hechos; información que fue ratificada en el debate por [Nombre5] y [Nombre6] , quienes aclararon que la chapia y corta de vegetación era de muy reciente data y se había producido, a lo sumo, tres días antes de la inspección y que resultaba factible que esa labor la hubiese hecho una sola persona, pues la afectación del predio se extendió por 0,46 hectáreas. Refirieron que la tubería y estructuras de captación, así como el llamado “ojo de agua” (afloramiento de la naciente) son visibles desde la vía pública, sin ninguna dificultad, y que tampoco tuvieron inconveniente para ingresar al predio en cuestión. Si se toma en cuenta la integralidad de la prueba documental y las declaraciones de los tres testigos mencionados, es claro que se demostró la existencia de los hechos atribuidos, la autoría y ubicación temporal de los mismos, así como el daño ambiental generado como consecuencia del ilícito perpetrado. El recurrente considera que el análisis intelectivo del tribunal es incompleto y sesgado y condujo a una conclusión absolutamente errada. b) El testigo [Nombre3] manifestó en el debate no haber observado al encartado realizar ninguna de las acciones que se le vienen atribuyendo en la querella y en la acción civil resarcitoria. Señala que aunque el tribunal lo indicó de esa manera en la sentencia, es claro que sí le dio credibilidad a dicho testigo en relación con que no observó al imputado realizando ningún trabajo de tala, chapia o eliminación de vegetación en una zona de protección y que no podía identificar a ninguna persona responsable de esas acciones, así como que no estaba seguro de que ese terreno perteneciera al imputado o a sus familiares. No obstante, en su análisis, la juzgadora no tomó en consideración aspectos de especial importancia, a partir de los cuales la credibilidad del testigo se ve totalmente socavada. En primera instancia, el señor [Nombre3] es tío del imputado, y a pesar de su relación de parentesco y cercanía con el imputado, dijo desconocer aspectos básicos asociados con los hechos, que hacen inverosímil su relato. Las manifestaciones de este testigo contradicen su propio relato, porque ante preguntas de los acusadores con relación a los hechos, manifestó que en una visita posterior acompañó a personeros del SINAC para hacer una inspección en el sitio y al comprobar la existencia de tal en la zona de protección conversó con el imputado para hacerle ver la gravedad de la situación y lo perjudicial de esas afectaciones al acueducto, pero el imputado no le hizo ningún comentario. El recurrente se cuestiona por qué, si no sabía que la finca le pertenecía al imputado o conjuntamente con sus hermanos, habló sobre la tala cerca de la naciente solo con el encartado y no con aquellos; o por qué le habló del posible daño que se le hacía a la naciente y al acueducto de Santa Rosa de Tayutic; o por qué le indicó a los funcionarios que el responsable de la eliminación vegetal había sido el acriminado. Esas contradicciones se tornan mayores si se toma en cuenta que el testimonio de [Nombre8] , funcionario del SINAC a cargo de la valoración ambiental, afirmó en el debate que para hacer la evaluación se hizo presente al fundo y observó al encartado realizando labores varias y manifestó que el justiciable hizo cuestionamientos en relación con que si estaba visitando el sitio para verificar que no se hicieran trabajos en el área de protección, con miras en una negociación de medidas alternas que no fructificó. Con esta declaración se confirma que el imputado es, sin lugar a dudas, el poseedor del fundo por donde discurre la naciente y por otro lado, que él tenía plena conciencia de lo que estaba aconteciendo y de lo que había sucedido meses atrás, en relación con la eliminación de vegetación, pues con su comportamiento demostró que estaba esperando ser supervisado por el SINAC. El recurrente refiere que el testigo [Nombre3] cambió totalmente su versión sobre los hechos objeto de juzgamiento, puesto que a los funcionarios del SINAC les narró al inicio de las pesquisas que el autor de la eliminación de vegetación había asido el imputado, puesto que lo había observado, pero en el debate aseguró no haber visto dicha situación. c) El tribunal reprocha actuaciones del SINAC por ingresar a un predio sin autorización de su propietario, a raíz de que el acueducto de Santa Rosa de Tayutic no cuenta con una concesión otorgada por la Dirección de Aguas: el tercer derrotero que emplea el tribunal para cimentar el estado de duda, deviene de un análisis confuso sobre la legalidad de la naciente permanente de la cual se toma agua para abastecer la comunidad de Santa Rosa de Tayutic, lo que parece que la juzgadora asumió que esa circunstancia disminuía la tutela del área de protección. Si bien es cierto, los funcionarios del SINAC, Oscar Fonseca Rivera, [Nombre6] Castro Mora y Sergio Obando Torres, reconocieron que la captación de la naciente es de hecho y que no existe una concesión otorgada por la Dirección de Aguas del MINAE, clarificaron que esta situación resulta irrelevante en cuanto a la definición de área de protección que deriva del artículo 33 inciso a) de la Ley Forestal y que no depende de la existencia de ningún tipo de concesión para la toma de agua. Igual manifestaron que la naciente, cuya área de protección fue afectada, es de carácter permanente, tal como lo confirmó la pericia realizada por la Dirección de Aguas del MINAE, que forma parte de la prueba documental, por lo que no existe duda de que las acciones de eliminación de vegetación menor y chapia se dieron dentro del radio de 100 metros que bordea el referido cuerpo de agua. A partir de esas declaraciones y del contenido de la normativa referida, se concluye que cualquier movimiento de suelo o edificación en un área de protección de una naciente permanente, con independencia de que el cuerpo acuático sea captado o no, por lo que las reflexiones del tribunal aparte de infundadas, son erróneas y no vienen a respaldar ningún tipo de duda que pudiera beneficiar al imputado. Por otra parte, el recurrente señala que la juzgadora realizó una especie de declaratoria de actividad procesal defectuosa, al señalar que los funcionarios del SINAC ingresaron sin el permiso del propietario porque no se había formalizado la concesión de aguas, porque la tubería y estructuras del acueducto fueron colocadas, en apariencia, sin consentimiento del propietario del fundo. Al respecto, la juzgadora pasó por alto que dichos funcionarios tienen autoridad de policía en tutela de los recursos naturales y su presencia en el sitio se debió a las denuncias ciudadanas que aquejaban la eliminación de vegetación en un área de protección de una naciente, por lo que no existe ninguna irregularidad en su actuación. Sostiene que el tema de la utilización de las tuberías para captar el agua de la naciente resulta un aspecto intrascendente y no tenía incidencia para derivar el estado de duda. Si el tribunal penal hubiera tomado en consideración los aspectos señalados y hubiese analizado la prueba testimonial conforme a las reglas de la sana crítica racional, la lógica y la experiencia común, hubiese arribado a conclusiones totalmente distintas en la sentencia impugnada. Solicita que se declare con lugar el recurso, se disponga la ineficacia del fallo y se proceda con la realización de un juicio de reenvío.

III.- En el único motivo de apelación, el representante del Ministerio Público alega su inconformidad con la valoración de la prueba, por incurrir el tribunal en violación de las reglas de la sana crítica racional. Manifiesta que en la sentencia no se analizó el testimonio del señor [Nombre4] con la prueba documental aportada al expediente. La falta de valoración integral de la prueba llevó al tribunal a absolver al imputado por duda. Señala que, aunque el Ministerio Público consideró que no existe prueba para alcanzar certeza positiva en cuanto a la comisión de la infracción del anillado y tala de árboles acusada contra el imputado; en su criterio sí se alcanzó la certeza positiva para determinar que el imputado fue quien “rozo la vegetación dentro del área de protección de la naciente dentro del periodo achacado, con lo que inconcusamente cometió una infracción a la ley”. Como se constata durante la ponencia del testigo [Nombre4] y así consta en el sumario de prueba que realiza la juzgadora al dictar sentencia, se evidencia que el testigo conoce perfectamente al imputado, la naciente se encontraba cerca de su vivienda y se presentó al lugar cuando el imputado realizaba la chapia dentro del área de protección y que se presentó debido a una labor que le encomendó el Comité de Agua de la localidad, pero no recordó el mes. Dicho testigo indicó que observó al imputado como a 50 metros de distancia y dijo que no sabía de quién era el terreno. Fustiga que el tribunal haya indicado que no podía alcanzar la certeza debido a la imprecisión de la fecha, porque el testigo observó al imputado, pero sin acreditar si lo observó dentro del periodo acusado por el Ministerio Público. En la sentencia se omitió valorar la prueba documental, y en disonancia con las reglas de la sana crítica, la juzgadora no hizo referencia a por qué el testimonio del deponente carecía de información para adquirir la certeza de que el imputado realizó los hechos acusados, pues omitió analizar la prueba documental debidamente judicializada, como lo es el informe del SINAC número OT 566-12 de fecha 5 de junio de 2012, la secuencia fotográfica y el acta de inspección ocular de fecha 21 de mayo de 2012. La juzgadora sustentó la sentencia únicamente con la información vertida por los testigos, sin realizar una valoración integral de la fecha que constaba en los informes, cuando es evidente que el transcurso del tiempo genera en una persona inseguridad para brindar una fecha exacta. Aunque el testigo no precisa la fecha exacta del hecho, eso no puede dar pie a restarle credibilidad a su testimonio, y mucho menos a omitir la valoración de la prueba documental, pues no estamos ante un sistema de prueba tasada, en donde se permita dar mayor valor a una prueba sobre otra sin realizar el análisis debido. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene el reenvío del asunto para nueva sustanciación.

IV.- Por encontrarse íntimamente relacionados, ambos recursos se conocen de manera conjunta y se declaran con lugar: Una vez revisada la resolución oral que se impugna resulta posible apreciar que los recurrentes llevan razón en sus alegatos, desde que el análisis del material probatorio recibido durante el contradictorio (respecto de los hechos investigados en la sumaria penal 12-000571-0359-PE), no se realizó de manera completa y en estricto apego a las reglas de la sana crítica racional. En ese sentido, el aspecto de medular importancia en la decisión de la juzgadora de mérito para absolver al imputado del delito de invasión a una zona de protección se debió a que, en su criterio, surgía una duda razonable de que el imputado hubiese cometido los hechos que le atribuían. Las acusaciones pública y privada le atribuyeron al encartado que, entre los inicios del mes de abril de 2012 y hasta antes del 21 de abril de ese mismo año, realizó labores de eliminación de vegetación en la zona de protección de una naciente de agua, así como el haber cortado varios árboles de diferentes especies en dicha zona. Para acreditar dichos hechos se contó, aparte de los testimonios de los funcionarios del Sistema Nacional de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía, quienes realizaron la investigación y los informes realizados por ellos, también se ofrecieron las declaraciones de los testigos presenciales [Nombre4] y [Nombre3] , porque estos habrían observado al encartado realizando las labores de chapia de vegetación en la zona. Sin embargo, durante el contradictorio, el testigo [Nombre3] negó que él hubiese observado al encartado realizar dichas labores y solamente el testigo [Nombre4] manifestó que durante el año 2012 logró observar al imputado realizando una labor de chapia en la zona de protección de la naciente de agua, que lo observó a una distancia de 50 metros y que, aunque lo vio por la espalda, lo reconoció porque es su vecino desde hace muchos años y lo conoce. Sobre el particular, la juzgadora de mérito señaló, sin restarle credibilidad a la deposición de este testigo, que no podía tenerse por acreditado el hecho en cuestión porque no había claridad respecto de si este testigo vio al imputado realizando dichas labores en el periodo especificado en las acusaciones, afirmación en la cual dejó de lado el resto del material probatorio que se recibió durante el contradictorio, dado que la encuesta judicial no da cuenta de alguna otra invasión del área de protección de la naciente durante ese mismo año, por lo que la conclusión de la juzgadora carece de razón suficiente. En ese sentido, el informe de los funcionarios del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, número OT-566-12 de fecha 05 de junio de 2012, da cuenta de que la queja por invasión de la naciente se realizó el día 21 de abril de 2012, logrando determinar en su visita al sitio que: “… en los alrededores del punto de afloramiento de una naciente, la cual abastece del líquido a la comunidad de Santa Rosa y otras viviendas cercanas, en lo que se considera parte del radio de protección de la misma, existe invasión con diferentes actividades. En una sección se ha “rosado” por debajo el bosque y se ha anillado algunos árboles, entre los que se pueden distinguir un chilamate y un chumico de 30 y 42 cm de diámetro respectivamente”. La descripción de las labores de eliminación de vegetación en la zona de protección de la naciente coincide con la mencionada por el testigo [Nombre4] , quien manifestó que observó al imputado realizando labores de chapia en la zona aledaña a la naciente y con las manifestaciones de los demás testigos recibidos en el contradictorio, incluido el señor [Nombre3] . Aunque durante el debate, este último testigo manifestó que nunca observó al imputado, quien es su sobrino, realizar dichas labores, sí ratificó que él había observado que se había realizado el anillado de varios árboles en una zona cercana al “ojo de agua” y que por estos hechos el funcionario del SINAC de nombre [Nombre6] (refiriéndose al testigo [Nombre6] ) había realizado una denuncia. Entonces, se puede apreciar que los elementos probatorios sí habrían permitido realizar una ubicación temporal de los hechos relatados por el testigo [Nombre4] respecto de la atribución realizada por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, por lo que la decisión de la juzgadora de mérito de absolver al imputado por dichos hechos carece de la debida fundamentación para dar legitimidad al fallo impugnado, pues la prueba recibida pareciera afirmar lo contrario. En otro orden de ideas, resulta importante señalar que en la sentencia existe otro argumento erróneo en el que se sustenta la absolutoria del imputado y tiene que ver con el supuesto ingreso ilegal de los funcionarios del MINAE al momento de inspeccionar la finca donde se produjo la invasión a la zona de protección de la naciente. Según la juzgadora de mérito para poder haber verificado las presuntas infracciones ambientales que se acusan, debió contarse con el permiso del propietario del fundo donde estas se verificaron, argumento con el cual se ignora que el párrafo tercero del artículo 54 de la Ley Forestal dispone que: “Para el complimiento de sus atribuciones, estos funcionarios [los de la Administración Forestal del Estado], identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito”. De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que en atención a la denuncia ciudadana que recibieron los funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en relación con la afectación de la zona de protección de una naciente de agua, estos sí podían ingresar de manera legal a los fundos donde presuntamente se estaban presentado dichas infracciones y realizar las diligencias pertinentes para la investigación y decomiso que resultaran necesarios para poner en conocimiento los hechos de las autoridades respectivas, con lo que nuevamente se equivoca la sentencia al sustentar la decisión absolutoria en la supuesta incursión ilegal de las autoridades al fundo donde se habrían producido las infracciones acusadas. Evidenciándose que la sentencia recurrida incurrió en sendos vicios de fundamentación, lo procedente es declarar con lugar ambos recursos, disponer la ineficacia del fallo únicamente en relación con los hechos acusados en la sumaria penal 12-000571-0359-PE y no así por los hechos por los que se absolvió de toda pena y responsabilidad al imputado en la causa penal 16-000473-059-PE, pues no fueron objeto de impugnación. Además, deberá realizarse un juicio de reenvío ante otra integración del mismo tribunal para nueva sustanciación del asunto.

Por Tanto:

Se declaran con lugar los recursos de apelación de sentencia incoados por el representante del Ministerio Público y por la representación del Estado. Se dispone la ineficacia parcial del fallo y se ordena la realización de un juicio de reenvío para nueva sustanciación ante otra integración del mismo tribunal, únicamente de los hechos acusados en la sumaria penal 12-000571-0359-PE y no así por los demás hechos que no fueron objeto de impugnación. Notifíquese. - *N1UJ5FRGWZE61* CHRISTIAN FERNANDEZ MORA - JUEZ/A DECISOR/A *MZJW7J7EG47U61* DAVID FALLAS REDONDO - JUEZ/A DECISOR/A *ITZHJPYRB43G61* IVETTE CARRANZA CAMBRONERO - JUEZ/A DECISOR/A Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [...]

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