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OutcomeResultado
The appeal is denied and the conviction of the five defendants for violating the Fisheries Law is confirmed, with a sentence of two years in prison and forfeiture of the vessel.Se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma la condena de los cinco imputados por infracción a la Ley de Pesca, con pena de dos años de prisión y comiso de la embarcación.
SummaryResumen
The Criminal Sentencing Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José reviews an appeal against the conviction of five co-perpetrators for the crime of violating the Fisheries Law by capturing and hunting endangered green sea turtles (Chelonia mydas) within Tortuguero National Park. The defense alleged lack of evidentiary reasoning, violation of the principle of correlation between accusation and sentence, and an incorrect legal classification, arguing that the Law for the Protection, Conservation and Recovery of Sea Turtle Populations (No. 8325) should have been applied instead of the Fisheries and Aquaculture Law (No. 8436). The Court rejected all grounds, finding that the sentence contained adequate reasoning, that there was no breach of correlation since the essential facts remained unchanged, and that Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law is the applicable norm by specialty, as it protects endangered chelonians in territorial waters. It upheld the two-year prison sentence and the forfeiture of the vessel.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José analiza un recurso contra la sentencia que condenó a cinco coautores por el delito de infracción a la Ley de Pesca, al capturar y cazar tortugas marinas verdes (Chelonia mydas) en peligro de extinción dentro del Parque Nacional Tortuguero. La defensa alegó falta de fundamentación probatoria, quebranto al principio de correlación entre acusación y sentencia, y una indebida calificación jurídica, sosteniendo que debió aplicarse la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas (N° 8325) en lugar de la Ley de Pesca y Acuicultura (N° 8436). El Tribunal rechazó todos los motivos, determinando que la sentencia contenía una adecuada motivación, que no hubo lesión a la correlación pues los hechos esenciales permanecieron inalterados, y que el artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura es la norma aplicable por especialidad, al proteger quelonios en peligro de extinción en el mar territorial. Confirmó la pena de dos años de prisión y el comiso de la embarcación.
Key excerptExtracto clave
This Appeals Court considers that, in accordance with the proven facts — the defendants wounded, hunted and captured green sea turtles (Chelonia Mydas), an endangered species, in the marine area within Tortuguero National Park, specifically at coordinates [Address7], directly in front of the beach in the sector known as Mile 16 — said conduct conforms to the normative provisions of Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law, No. 8436, as classified by the lower court. [...] Since the Chelonia Mydas turtle is an endangered species, pursuant to the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, Law 7906, published in La Gaceta 186 of September 24, 1999 – Article I(1) in relation to IV(2)(a), Annex I – and the defendants hunted and captured them in territorial waters, specifically in the marine area within Tortuguero National Park, at coordinates [Address7], the conduct fits the typical provisions of Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law, because according to the criterion of specialty, the latter has specific elements that allow its application, making it the applicable norm to the particularities of this case.Estima este Tribunal de Apelación que, conforme a los hechos tenidos por probados -los imputados hirieron, cazaron y capturaron tortugas marinas verdes (Chelonia Mydas), especie en peligro de extinción, en el área marina ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero, específicamente en las coordenadas [Dirección7], propiamente frente a la playa en el sector conocido como Milla 16-, dicha conducta se adecúa a las previsiones normativas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, Nº 8436, tal como lo calificó el a quo. [...] Al ser la tortuga Chelonia Mydas una especie en peligro de extinción, conforme a lo dispuesto en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ley 7906, publicada en La Gaceta 186, del 24 de setiembre de 1999 –artículo I inciso 1 en relación al iv inciso 2. A), anexo I-, que los imputados cazaron y capturaron en aguas del mar territorial, concretamente en el área marina ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero, en las coordenadas [Dirección7], la conducta se ajusta a las previsiones típicas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, porque conforme al criterio de especialidad, esta última tiene elementos específicos que permiten su adecuación, por lo cual esa es la norma aplicable a las particularidades de esta caso.
Pull quotesCitas destacadas
"Al ser la tortuga Chelonia Mydas una especie en peligro de extinción, conforme a lo dispuesto en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ley 7906, [...] la conducta se ajusta a las previsiones típicas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, porque conforme al criterio de especialidad, esta última tiene elementos específicos que permiten su adecuación."
"Since the Chelonia Mydas turtle is an endangered species, pursuant to the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, Law 7906, [...] the conduct fits the typical provisions of Article 140 of the Fisheries and Aquaculture Law, because according to the criterion of specialty, the latter has specific elements that allow its application."
Considerando III
"Al ser la tortuga Chelonia Mydas una especie en peligro de extinción, conforme a lo dispuesto en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ley 7906, [...] la conducta se ajusta a las previsiones típicas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, porque conforme al criterio de especialidad, esta última tiene elementos específicos que permiten su adecuación."
Considerando III
"La imputación les atribuye a los cinco encartados la acción de cazar, capturar y dar muerte a tortugas marinas, sin que tenga que indicarse la acción específica que cada uno de ellos realizó en tal sentido, ya que todos actuaban de común acuerdo, en virtud de una división de funciones [...] por lo cual todos responden por la actividad global."
"The accusation attributes to the five defendants the action of hunting, capturing and killing sea turtles, without having to state the specific action that each one carried out in that regard, since they all acted in common agreement, by virtue of a division of functions [...] so all are responsible for the global activity."
Considerando II
"La imputación les atribuye a los cinco encartados la acción de cazar, capturar y dar muerte a tortugas marinas, sin que tenga que indicarse la acción específica que cada uno de ellos realizó en tal sentido, ya que todos actuaban de común acuerdo, en virtud de una división de funciones [...] por lo cual todos responden por la actividad global."
Considerando II
"No debe perder de vista la parte que la participación de los justiciables se enmarca dentro de una coautoría, a partir de lo cual no resulta relevante precisar y determinar cuál de los acusados guiaba la embarcación, quién fue el que subió las pichingas con combustible, el que consiguió los mecates, las boyas, los arpones, quién fue el que hirió las tortugas, la identidad de quiénes las subieron al bote [...] resulta irrelevante determinar la labor puntual que cada uno hizo."
"The party must not lose sight of the fact that the participation of the defendants is framed within a co-perpetration, from which it is not relevant to specify and determine which of the accused steered the vessel, who loaded the fuel cans, who obtained the ropes, buoys, harpoons, who wounded the turtles, the identity of who lifted them into the boat [...] it is irrelevant to determine the specific task that each one did."
Considerando II
"No debe perder de vista la parte que la participación de los justiciables se enmarca dentro de una coautoría, a partir de lo cual no resulta relevante precisar y determinar cuál de los acusados guiaba la embarcación, quién fue el que subió las pichingas con combustible, el que consiguió los mecates, las boyas, los arpones, quién fue el que hirió las tortugas, la identidad de quiénes las subieron al bote [...] resulta irrelevante determinar la labor puntual que cada uno hizo."
Considerando II
Full documentDocumento completo
Resolution: 2020-0773 Case File: 19-000232-1263-PE(18) SENTENCING APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at two o'clock in the afternoon, on the eighteenth of May, two thousand twenty.
APPEAL filed in the present case against [Nombre1], of legal age, Costa Rican, identity card number CED1, born in Limón, on April 1, 1989, son of [Nombre1], divorced, resident of Limón, Pacuare, Villa Esperanza; [Nombre2], of legal age, Costa Rican, identity card number CED2, born in Limón, on June 18, 1985, son of [Nombre3] and [Nombre4], single, informal taxi driver, resident of Limón, Villa de Mar; [Nombre5], of legal age, Costa Rican, identity card number CED3, born in San José, on April 14, 1995, son of [Nombre6] and [Nombre7], single, construction laborer, resident of central Limón; [Nombre8], of legal age, Costa Rican, identity card number CED4, born in Limón, on January 15, 1984, son of [Nombre9] and [Nombre10] [Nombre11], single, works in construction, resident of Limón, [Dirección1]; and [Nombre12], of legal age, Costa Rican, identity card number CED5, born in Limón, on March 10, 1997, son of [Nombre13] and [Nombre14], single, unemployed, resident of Limón, [Dirección2]; for the crime of VIOLATION OF THE FISHERIES LAW (INFRACCIÓN A LA LEY DE PESCA), to the detriment of [Nombre15]. The judges Alejandra Valenciano Chinchilla, Elízabeth Montero Mena, and the judge Roy Antonio Badilla Rojas participate in the decision of the appeal. Appearing before this court were attorney Rodolfo Price Chinchilla, private defense counsel for the accused; attorney Dawert Moya Solano, representing the Public Prosecutor's Office, Flagrancy Prosecutor's Office of Pococí; and attorney Randall Aguirre Mena, Criminal State Attorney.
WHEREAS:
I.- That by means of judgment number 348-2019, at nine hours forty minutes on the tenth of September, two thousand nineteen, the Flagrancy Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Political Constitution; Article 8, subsection 2 of the American Convention on Human Rights; Articles 1, 18, 23, 30, 31, 45, 51, 71, 74, and 110 of the Criminal Code; and Articles 1, 6, 10, 142, 182 to 184, 265 to 267, 360 to 363, 365, and 367 of the Criminal Procedure Code; Article 140 of the Fisheries and Agriculture Law, Article 41 of Decree 41457-JP, [Nombre1], [Nombre2], [Nombre5], [Nombre8], and [Nombre12] are declared co-perpetrators responsible for the crime of Violation of the Fisheries Law which had been attributed to them by the Public Prosecutor's Office and the Office of the Attorney General of the Republic to the detriment of Marine Fauna; and in that capacity, each is sentenced to a penalty of two years of imprisonment, to be served in the place and manner indicated by the respective prison regulations, with prior credit for pre-trial detention served. For meeting the legal requirements, the accused [Nombre2], [Nombre5], [Nombre8], and [Nombre12] are granted the benefit of conditional execution of the sentence for a period of 4 years, a period during which they must not commit a new intentional crime punishable by more than six months' imprisonment, otherwise the benefit granted herein will be revoked. In the same vein, and for not meeting the required requisites, such benefit is denied in favor of the defendant [Nombre1]. Once the judgment is final, the confiscation (comiso) of the vessel ADREM, registration number [Placa1], and the 200HP outboard motor, Yamaha brand, is ordered in favor of the state; as well as the destruction of the remaining seized evidence. The claim filed by the Office of the Attorney General of the Republic is granted, and the accused are therefore ordered to pay the personal costs, being required to pay the sum of one hundred twenty-one thousand colones for that concept. Once this judgment is final, a copy is ordered to be sent to the Judicial Register of Delinquency, the National Institute of Criminology, and the Sentence Execution Court for their respective actions. Having delivered the judgment orally, the parties are hereby duly notified at the act." (sic).
II.- That against the foregoing pronouncement, attorney Rodolfo Price Chinchilla, private defense counsel for the accused, filed an appeal.
III.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code, the Court considered the questions formulated in the appeal.
IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.
Drafted by the sentencing appeals judge Valenciano Chinchilla; and,
CONSIDERING:
I.- By means of a brief on pages 154 to 165 of the main file, dated September 30, 2019, attorney Rodolfo Price Chinchilla, in his capacity as private defense counsel for the accused [Nombre1], [Nombre2], [Nombre5], [Nombre8], and [Nombre12], filed an appeal against oral judgment No. 348-2019, of the Criminal Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, at 09:40 hours, on September 10, 2019, by which the accused were convicted as co-perpetrators of a crime of Violation of the Fisheries Law, and sentenced to a penalty of two years of imprisonment. First, it should be noted that, in accordance with the provisions of Article 437 of the Criminal Procedure Code, judicial resolutions shall be appealable only by the means and in the cases expressly established. For its part, Section 458 provides that: "All judgments and dismissals issued during the trial phase that resolve criminal, civil, incidental, and other matters as determined by law are appealable." In this case, full compliance with the objective and subjective appealability requirements has been verified, and it is also evident that the appeal was duly filed in time and form, therefore, it is admitted, and we proceed to address its grievances.
II.- As the first ground of appeal, the appellant alleges improper descriptive evidentiary reasoning, inadequate and non-existent intellectual reasoning, and biased and illegal assessment of the evidence, in violation of due process, the right of defense, and the principle of legality, partially citing the content of Constitutional Chamber vote 1739-1992, arguing that the right to justice, to due procedure, to a fair judgment, and the right to concordance of the decision were violated. While acknowledging that judges enjoy a certain independence in issuing a judgment, both in structure and style, there are a series of requirements that every ruling must contain for legal certainty, allowing any person to understand the grounds upon which a particular decision was adopted. Thus, the judgment must contain, in differentiated form, a section on the facts proven, the evidence produced, the analysis of the evidentiary elements, the legal classification given to the events, and an operative part, without this necessarily being the order, as it may happen that, in various sections, its parts complement, integrate, or interpret each other, under the principle that the judgment is a logical-legal unit that must be self-sufficient. In the specific case, the appellant states that the decision lacks the proper and minimum evidentiary and intellectual reasoning, with the Court resorting to an illegal and biased assessment of the evidence, dedicating itself to making conjectures and presumptions about what might have happened on the day of the events, without being able to prove that his defendants committed the crime charged, this being inferred from the judge's own statements, who, in his "discourse," stated that doubts arose for him regarding what was proven in the debate. He adds that the existence of a defective procedural activity in the incorporation of the evidence can be deduced, specifically regarding "the ropes or cords (las meneas o mecates)" that initially did not exist in the seizure records and later appeared "as if by magic," without the proper participation of the technical and material defense, highlighting that, when the seizure and the search record were carried out on his clients, the document referred to two types of ropes, one green and one yellow; however, more than a month later, when a dead turtle appears with a light blue rope, the police report and seizure record are expanded, incorporating it as evidence despite it never having been part of the first proceeding, appearing a month later to incriminate the defendants. He denounces the lack of correlation between accusation and judgment, since the accusations stated that all the accused participated, failing to describe in a clear, precise, and detailed manner the action each one executed, presenting a generic accusation, which the Court deemed as proven. He complains that only legal classifications were outlined and not facts, to the point that the parties requested conviction under one law and the judge convicted under another, without being able to articulate the action or omission incurred by each of his clients. For all the above, he requests that the nullity of the appealed judgment be declared and, for reasons of procedural economy, that they be acquitted of all penalty and responsibility or, failing that, a remand be ordered. Position of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público): It states that the judgment rendered fully complies with the rules provided by the legal system, considering that the appeal stems from the party's displeasure with the assessment made of the body of evidence, seeking to have the proofs re-evaluated according to their particular view, expressing its conformity with the legal classification given to the facts, and therefore it requests that the appeal be rejected in its entirety. Position of the Office of the Attorney General (Procuraduría General de la República): It requests that the challenge be rejected because the judgment rendered is properly reasoned based on the examination of the evidence, adding that it could not understand what specific defects or errors allegedly exist in the judgment, due to the appellant's lack of clarity. The ground of appeal is not admissible: Having analyzed in its entirety the merits judgment under appeal, delivered orally and contained within the audio and video file identified as 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv and 190002321263PE-10092019093820:2_Multi--1.wmv-, it is concluded that the appellant's assertions are not acceptable. The decision rendered in this process necessarily had to be delivered orally, as it falls within the prerequisites of the expedited procedure for flagrant crimes, in accordance with article 236 in relation to 422 and following, all of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). From the complete reproduction of the judgment, it has been possible to verify that it contains the proper identification of the criminal process, as well as the judgment number, with its date and time of issuance, with the mention of the intervening parties, as well as the data of the accused persons and the crime for which they were investigated. The judge read the section on the facts attributed to the accused by the prosecuting entity and the Office of the Attorney General, noting that the judgment rendered corresponded to one specific to the aforementioned special procedure, indicating the number and dates of the trial hearings held, adding that there were no pending incidents or nullities to resolve beforehand, and then proceeded to read the list of facts deemed proven – sequence 00:12:56 to 00:14:20, of file 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv–. From that point, the judge undertook the task of examining the evidence in the section on intellectual reasoning, summarizing within that section the statements of the witnesses – sequence 00:14:21 to 02:03:10, of file 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv-, broadly explaining the reasons why he was able to deem the facts attributed to the accused as proven, carrying out the legal analysis of the conduct, addressing each of the elements of the theory of crime – actus reus (tipicidad), unlawfulness (antijuricidad), and culpability (culpabilidad) – in a complete and satisfactory manner – sequence 00:00:01 to 00:39:39, of the audio and video file identified as 190002321263PE-10092019093820:2_Multi--1.wmv-. From counter reading 00:39:40 onwards, the Court proceeded to analyze the penalty to be imposed for the commission of the crime of Violation of the Fisheries and Aquaculture Law (Infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura), number 8436, provided for in article 140, setting it at a term of two years of imprisonment. The allegation that the judgment lacks evidentiary and intellectual reasoning must be dismissed, as the previous account demonstrates the existence of an adequate and suitable structure in form and substance, without any technical incorrectness being appreciated in the judge's presentation, who demonstrated great skill in explaining the decision, doing so in an orderly and structured manner in each of the reasonings, demonstrating absolute knowledge of the testimonial and documentary evidence, which allows us to assert that the judgment rendered satisfactorily complies with the requirements provided in the Code of Criminal Procedure. It is worth adding that the appellant could not articulate a single defect regarding the form in which the judgment was delivered, because despite having mentioned the latitude judges have in its preparation, the truth is that he did not specify a single grievance, and the allusion to jurisprudential citations and the mention of the principles that govern the criminal process do not satisfy the requirement of setting forth the defects and the corresponding prejudice to the specific case. Now, regarding the questions on the merits of the decision, neither is the existence of defects or errors observed that would require the acquittal of the accused or the declaration of nullity of the appealed judgment, ordering its remand, noting that the appellant merely limits himself to expressing his disagreement with the decision. As a first point, an alleged violation of the principle of correlation between accusation and judgment has been argued, for which reason it is essential to review the factual basis of the events attributed to the defendants in order to duly respond to the allegation. The prosecutorial representation (representación fiscal) filed an accusatory document attributing the following facts to them: “1.- On July 8, 2019, at approximately 17:05 hours, the accused [Name8], [Name1], [Name12], [Name2] AND [Name5], by common agreement with the illegal intention of wounding, capturing, and killing green sea turtles (Chelonia Mydas), a species in danger of extinction, traveled by sea, aboard the vessel named [Name16], registration number [Placa1], to the marine area located within Tortuguero National Park, specifically at coordinates [Address3] directly in front of the beach in the sector known as Milla [Address4]. 2.- Once at the place or position described in the previous point, the accused [Name8], [Name1], [Name12], [Name2] AND [Name5], deploying the previously conceived plan, took advantage of the turtles mating at sea to thrust a harpoon into them and in this way wound and hold them, managing through this method to capture and bring aboard the vessel three green sea turtles; as well as harpooning, wounding, and holding a fourth one of the same species, but which they threw back into the sea when they were surprised at approximately 17:20 hours on the mentioned day, by SINAC officials who arrived at the site aboard the vessel named "Chelonia Mydas". 3.- By virtue of the foregoing, the co-defendant [Name17], in his capacity as captain of the vessel named [Name16], registration number [Placa1], started it up and in their flight, the accused threw the three previously captured turtles into the sea, as well as the harpoon used for this, an action after which the SINAC officials finally caught up with them and in that way they were apprehended.” (sequence 06:53 to 08:22, of the audio and video file identified as 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv). For its part, the Office of the Attorney General accused the following events: “1.- That the Chelonia Mydas turtle, commonly known as the green turtle, a species declared as in danger of extinction, is in its nesting period between the months of July and October, with this species arriving at the Caribbean beaches of Costa Rica, especially in the area of Tortuguero National Park, a site where they nest, laying eggs in order to give continuity to their species. 2.- That on July 8, 2019, at approximately 17:05 hours, between coordinates [Address5], in the sector known as Milla 16, within the maritime limits of Tortuguero National Park, SINAC officials noticed the presence of the accused [Name8], [Name1], [Name12], [Name2] AND [Name5], aboard the vessel named [Name16], registration number [Placa1]; when they were "harpooning" four sea turtles. 3.- That the accused [Name8], [Name1], [Name12], [Name2] AND [Name5], upon noticing the police presence, fled, while they proceeded to throw the three previously hunted sea turtles into the sea and threw the fourth sea turtle overboard with the harpoon and buoy stuck in its shell. They were detained by the acting officers, and at the moment of being detained, blood clots were found in the vessel. 4.- That the foregoing actions were outside the bounds of legality, [and] the accused [Name8], [Name1], [Name12], [Name2] AND [Name5] did not have any type of authorization or permit from the National System of Conservation Areas.” (sequence 08:31 to 10:00, of the audio and video file identified as 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv). This Chamber has been able to verify that, in the present case, there has been no violation of the principle of correlation between accusation and judgment, provided for in article 365 of the Code of Criminal Procedure, which seeks "to prevent the introduction into the judgment, and to the detriment of the accused person, of essential elements or circumstances of the criminal conduct that are surprising in nature, insofar as they were not charged and, therefore, the possibility of rebutting them and exercising the defense is prevented." (Third Chamber, vote 2014-01044, of 10:14 a.m., June 27, 2014); given that, after analyzing the different evidentiary means that were produced in the adversarial proceedings, the Court was able to deem the following facts as proven: “1.- On July 8, 2019, at approximately 17:05 hours, the accused [Name8], [Name1], [Name12], [Name2] AND [Name5], by common agreement with the illegal intention of wounding, capturing, and hunting green sea turtles (Chelonia Mydas), a species in danger of extinction, traveled by sea aboard the vessel named [Name16], registration number [Placa1], to the marine area located within Tortuguero National Park, specifically at coordinates [Address3] directly in front of the beach in the sector known as [Address6]. 2.- Once at the place or position described in the previous point, the accused [Name8], [Name1], [Name12], [Name2] AND [Name5], deploying the previously conceived plan, took advantage of the turtles mating at sea and hunted four green turtles (Chelonia Mydas), for which purpose they thrust a harpoon into them, wounding and holding them, managing through this method to capture them and bring three of them aboard the vessel and throwing a fourth turtle of the same species into the sea, when they were surprised at approximately 17:20 hours on the mentioned day, by SINAC officials who arrived at the site aboard the vessel named "Chelonia Mydas", at the moment they were harpooning it. 3.- By virtue of the foregoing, the co-defendant [Name17], in his capacity as captain of the vessel named [Name16], registration number CED6, started it up and in their flight, the accused threw the other three turtles, previously captured, into the sea, as well as the harpoon used for this, an action after which the SINAC officials finally caught up with them and in that way they were apprehended” (sequence 12:56 to 14:20, of the audio and video file identified as 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv). It is evident that the preceding events are not textual and identical copies of the transcribed accusations, however this does not mean that there is a defect that must be so declared, because the conduct attributed to them is essentially the same, consisting of the fact that, on July 8, 2019, the accused went to sea, aboard the vessel [Name16], and positioned themselves at coordinates [Address7], in front of the beach in the sector known as Milla 16, where they proceeded to hunt four endangered green turtles, of the species Chelonia Mydas, which they harpooned, wounding them, managing to bring three of them onto the boat, and that, upon being surprised by authorities, they threw them into the sea and fled the site, without much success, as they were intercepted, leading to their detention. It is evident that there is no novel or surprising variation or modification that would have affected the right of defense of the accused, for which reason it can be concluded that there is no violation whatsoever of the principle of correlation between accusation and judgment. As a second point and linked to the above, the appellant is dissatisfied with the accusation itself, considering that it is not clear, precise, and detailed. Having reviewed both documents, it is the opinion of this Appellate Chamber that they indeed comply with the requirements set forth in article 303 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates that: “[…] The accusation must contain: a) The data that serve to identify the accused. b) The precise and detailed account of the punishable act attributed. c) The grounds for the accusation, with the expression of the evidentiary elements that motivate it. d) The citation of the applicable legal precepts. e) The offer of the evidence that will be presented at trial. With the accusation, the Public Prosecutor's Office will send the judge the proceedings and the evidence it has in its possession that can be incorporated into the debate". In this case, both the facts of the public accusation and the private accusation contain an adequate description of the actions attributed to the defendants, placing them in time and space - July 8, 2019, in the marine area located within Tortuguero National Park, specifically at coordinates [Address3] directly in front of the beach in the sector known as [Address8] -, indicating the conduct they carried out – they captured four green sea turtles, for which purpose they thrust a harpoon into them, wounding them, managing to bring three of them aboard the vessel; specifying that, upon noticing the presence of authorities, they threw them into the sea and fled-. The accusatory documents allow understanding when and where the events occurred, what action was carried out, who perpetrated them, and to the detriment of what, for which reason there is no defect or flaw in their formulation that would have prevented the appellant, or the accused, from exercising their defense with the greatest breadth. The appellant must not lose sight of the fact that the participation of the defendants is framed within a joint perpetration (coautoría), based on which it is not relevant to specify and determine which of the accused was steering the vessel, who was the one who brought aboard the containers (pichingas) with fuel, the one who obtained the ropes, the buoys, the harpoons, who was the one who wounded the turtles, the identity of those who lifted them onto the boat, among many of the material actions they performed; given that, since they were attributed with the commission of the crime, based on the existence of a common criminal resolution, under an orchestrated plan through which there was a distribution of tasks to capture and hunt sea turtles, it is irrelevant to determine the specific task each one performed. It is sufficient to add that, regarding the participation of several persons acting in joint perpetration, the jurisprudence of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, in a case where the participation – in the strict sense – of one of the accused was questioned, stated the following: “The theory of control over the act sets forth the following: “... the perpetrator, to be so, requires an objective element, which consists of “having in their hands” tactically the typical event. This typical element implies that the perpetrator, the indirect perpetrator, or the co-perpetrator can determine whether the event will take place or whether they will let it proceed (positive control over the act) or whether they will stop or prevent its realization (negative control over the act). Control over the act also requires a subjective element. The perpetrator, the indirect perpetrator, or the co-perpetrator requires the will to control the act, that is, the will to be the central figure of the event” (Castillo Francisco, Criminal Law, General Part, t. III, EJC, 2010, p. 375). In cases such as the present one, where several subjects have participated in the criminal act, this implies, then, that each participant in the illicit act knows and has the disposition of the execution of the crime, carrying out their part of the plan preconceived among the actors, to procure the consummation of the act. This phenomenon is called functional co-dominion over the act, explained by this Chamber in reiterated jurisprudence, among which we cite the following: “...As is known, perpetration does not necessarily have to be expressed as a direct presence at the events. Apart from cases of indirect perpetration (which are not relevant here), such a hypothesis is plausible in the case of perpetration by co-dominion over the act. This type of perpetration usually takes place when there is a distribution of functions among the participants, which, if it occurs prior to the criminal actions, leads to all those who accept and carry out the tasks assigned to them being co-perpetrators, given that they contribute to a final collective product, consisting of the consequence (consummated or attempted) that they proposed among themselves. Thus, it is not required that everyone be at the scene of the events or that, as in this matter, everyone proceed to materially carry out an action. Thus, the fact that the subjects distribute the functions to be fulfilled reveals the existence of a common intent (dolo) among them. That is, the functional co-dominion over the act presupposes the subjective element of a common intent in accepting the result of the joint action. On the other hand, to this subjective component, one of an objective nature must be coupled, consisting of the fact that the contribution was relevant for the execution of the act, to the point that it was taken into account as a necessary factor for such purpose, because in the case of a functional dominion over the act, in which there is consequently a common intent, meaning that the participants assume the designated result as their own, just as they provide a contribution to the act, all are responsible for the entirety of it. The subjects proceeded by common accord and through co-dominion over the act...” (Third Chamber, Ruling 271-08, of 11:30 a.m., March 28, 2008). Ruling number 427-2011, of 09:51 a.m., April 15, 2011.” The accusation attributes to the five defendants the action of hunting, capturing, and killing sea turtles, without needing to indicate the specific action that each one of them carried out in that regard, since they all acted by common agreement, by virtue of a division of functions – which is evident when they are discovered and flee, assuming roles and tasks -, for which reason everyone responds for the global activity. Continuing with the examination of the grievances, as a third point and, related to the evidentiary assessment, it has been ruled out that the Court carried out a biased and incorrect examination of the evidence, making conjectures and suppositions about what happened and that, as a consequence thereof, the principle of innocence was affected; nor that the judgment was improperly reasoned or that the principle of in dubio pro reo was violated, by having expressed doubts regarding the perpetration of the defendants in the crime. From the examination of the judgment, it is gathered that the lower court (a quo) granted full credibility to the version of witnesses [Name18] and [Name19], considering that they appeared at the debate to testify about the facts known to each, as officials of the National System of Conservation Areas –SINAC, assigned to the Ministry of Environment and Energy-, while performing duties inherent to their positions in the area, providing extensive statements that were consistent and coherent with each other, which were validated by the documentary evidence admitted at trial, characterizing them as honest persons, who had neither friendship nor enmity with the five accused, ruling out that they had a reason to attribute serious acts to them such as the hunting and capturing of sea turtles in danger of extinction. Regarding [Name18], it was weighed that he was on land and spotted a vessel in the territorial sea, within the protection area of Tortuguero National Park, which was stopped, about seventy-five to one hundred meters away, with five people inside, which caught his attention. He indicated that, for this reason, he decided to use his binoculars to determine what was happening. It was thanks to that action that he was able to appreciate a series of movements of the subjects inside the vessel, explaining that one was driving, another was using a harpoon, and three were crouching, being able to observe when they began to lift three sea turtles, of large size in diameter and height, so he immediately alerted other colleagues to proceed on patrol to where they were, providing the respective coordinates, and, when the unit was leaving, they were harpooning the fourth turtle and, upon noticing the proximity of the boat, they began to throw the turtles into the sea and fled, heading out to sea, without success, because they were always intercepted and detained. He added that this area is prohibited, being within the territorial sea, covered under the protection area of Tortuguero National Park, and that, during that period of time, the closed season (veda) was in effect, as it was the mating season for these species, there being an absolute prohibition of transit, so even staying in the area is not permitted. Likewise, the account of [Name19] was weighed, which was classified as credible, being coherent, clear, answering everything he was asked, without appearing evasive, and having established that he had not a single reason to be untruthful. This witness testified that, upon receiving the alert of a boat within the territorial waters of Tortuguero National Park, in [Address9], hunting turtles with harpoons, they headed on patrol to the site, noting that when they were observed by the occupants of the vessel, they fled, giving chase, managing to see when they threw two turtles into the sea, until they were able to intercept and detain them. He added that the accused were transferred to the police unit, and upon checking the boat, they located blood clots, typical of sea turtles, noting the presence of gasoline on the floor, with which an attempt was made to eliminate the evidence. The Court considered that this statement was in agreement with that of [Name18], as well as with the police reports, thus proving the accused facts, in the sense that the defendants were within the waters of the territorial sea of Tortuguero National Park, hunting sea turtles in danger of extinction with harpoons, having the statements of two eyewitnesses who each saw, independently and from the position each held at the site – one on the beach and the other on the police boat – when they were harpooning turtles that they brought onto the vessel and, upon being discovered, threw them into the sea, these being compelling elements of proof that allow the presumption of innocence of the accused to be rebutted. Observe that, even if there had been no witness who saw them at the exact moment they were hunting said species, the case has a series of unequivocal indicia (indicios) that allow reaching the same conclusion. Note that the accused were in a boat, within the waters of the territorial sea of a national park – where transit is prohibited – during the spawning period of sea turtles, at the end of the afternoon, when it was getting dark, and, upon being surprised by a police unit, they fled, being observed when they were throwing turtles into the sea and, upon finally being detained, the officers noticed that they were carrying artisan anchors, various types of ropes, containers with gasoline, a cooler, life jackets, determining that the floor of the boat had been attempted to be cleaned with fuel, to remove traces of turtle blood, without success, because some clots were located, these being serious, precise, and detailed indicia that allow inferring, without any doubt, that the prior work they were performing was turtle hunting. Consequently, the appellant's allegations are unfounded, as it has been determined that there is no violation whatsoever in the evidentiary assessment, with the Court having suitable and quality evidence that allowed proving the perpetration and responsibility of the defendants in the facts. Finally, and regarding the allegation of a defective procedural activity in the incorporation of the evidence, specifically regarding "the ropes or cords (las meneas o mecates)" that, the appellant claims, initially did not exist in the seizure records and later appeared "as if by magic," the same is not acceptable. According to the case file, the accused were detained on July 8, 2019, itself, so the seized vessel –[Name20]- registration number [Placa1], with a Yamaha outboard motor- was searched, locating inside two artisan-made anchors, two ends or ropes (cabos o mecates) – one yellow and the other green -, a red box with several meters of black rope, a light blue and white cooler, four fuel containers (pichingas) with gasoline, four life jackets – three red and one blue - and this is gathered from the police report SINAC-ACTo-DASP-PNT-DE-020-2019, from folios 1 to 9, observing the images of the vessel, as well as the cited goods, corresponding to seizure record number 1484, on folio 10. This situation proves that, from the first moment, said evidence was seized and formed part of the case file, so it did not arise in a surprising manner as the appellant suggests. Certainly, on July 19, 2019, an expanded complaint was provided to the case file, visible at folios 113 to 116 of the main file, in which it was reported that, during a routine patrol of the beach, in the sector of [Address10] within Tortuguero National Park, a dead green turtle was found, which had a light blue rope tangled on it, attached to a harpoon embedded in the shell, with the officers reporting that, upon comparing the rope with those seized, they estimated there was a similarity.
From the review of the records, it is clear that this piece of evidence was offered as proof by the Public Prosecutor's Office and was accepted as such by the judge – see folio 118 of the main file – so there is no irregularity in its incorporation into the proceedings, as it was admitted evidence and was examined in the judgment. The Court expressly indicated that it could not be asserted that it was the fourth turtle that the prosecution witness [Name18] observed when it was hunted and then thrown into the sea; however, it considered that this input strengthened the credibility granted to the prosecution witnesses, because the condition in which the turtle was found validated the account that witness provided regarding the way in which this type of species were hunted by illegal fishers – sequence 1:02:38 to 1:05:19 and 02:00:06 to 02:00:45. This Chamber agrees with the assessment made by the lower court (a quo) in that regard, and it must be emphasized that this was not the piece of evidence upon which the conviction rests; therefore, the expansion of that report could hypothetically be removed, and the decision would remain unassailable, since there are independent means of proof – outlined in this recital (considerando) – that made it possible to rebut, to a degree of certainty, the presumption of innocence that shielded the accused. Consequently, having conducted a comprehensive review of the ruling, the appellant is not correct in his allegations, and for this reason, this ground of the challenge must be dismissed in its entirety.
III.- As a second ground, the appellant alleges disagreement with the legal classification given to the facts, as well as the violation of the principles of restrictive interpretation and legality. He points out that his defendants were convicted for the Infraction of the Fishing and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), for which the participation of Incopesca is mandatory; however, the Prosecutor's Office and the Attorney General's Office charged the infraction under the Law for the Recovery of the Marine Turtle (Ley de Recuperación de la Tortuga Marina) (sic), where the latter entity is indeed able to participate. By convicting under a law that required the intervention of Incopesca, the debate should have been suspended to incorporate said institution as a party, by operation of law, and by not doing so, the principle of legality was violated. He considers that in this case, the special rule was the applicable one, with the Fishing and Agriculture (Pesca y Agricultura) (sic) law being the general one, and that an error of law was committed by the Trial Court. For all the foregoing, he requests that the nullity of the appealed judgment be declared and, for reasons of procedural economy, that the defendants be acquitted of all punishment and responsibility or, failing that, that a retrial be ordered. The ground is declared without merit: Regarding the absence of the participation of the Costa Rican Institute of Fishing and Agriculture – known as INCOPESCA – in this process, the party was unable to demonstrate an actual grievance or harm that had been caused to them by this, nor does it provide the legal-normative basis to claim that the Trial Court should have suspended the debate and summoned it to join the process. It is imperative to note that the participation of the Public Prosecutor's Office, as well as the Attorney General's Office of the Republic, has legal support, pursuant to the provisions of Article 16 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), which provides that the exercise of public criminal action falls upon the former, without prejudice to the fact that, in cases of crimes committed against the environment, among other offenses, the latter – as the State's attorney – can also directly exercise the action, without subordinating itself to the actions and decisions of the former. The foregoing demonstrates the legitimacy of the criminal actors for the exercise of criminal action, it being evident that the procedural regulations do not regulate nor obligate the a quo court to summon the Costa Rican Institute of Fishing and Agriculture – INCOPESCA – as a party to the proceedings, which is a state public entity, with legal personality, its own assets, subject to the National Development Plan issued by the Executive Branch, created by Law 7384, effective as of March 29, 1994. From a reading of its law, it is not derived that, within its attributions or powers, is the exercise of criminal action within criminal proceedings – pursuant to Articles five and seventeen, as well as fourteen of the Fishing and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura) –, it being established in the second article of its constitutive law that its ordinary activities are the following: "a) Coordinate the fishing and aquaculture sector, promote and order the development of fishing, maritime hunting, aquaculture, and research; likewise, promote, based on technical and scientific criteria, the conservation, exploitation, and sustainable use of biological resources of the sea and aquaculture. b) Regulate the rational exploitation of fishing resources, tending to achieve greater economic returns, the protection of marine species, and aquaculture. c) Elaborate, monitor, and follow up on the application of legislation to regulate and prevent the contamination of maritime and aquaculture resources, as a result of fishing, aquaculture*, and activities that generate pollution, which threatens said resources." As things stand, the party's claim has no legal basis, there being no rule that obliges the judge to suspend the trial to summon said institution, much less when classifying the facts in the judgment as typical of an infraction of the Fishing and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura). Therefore, this objection must be dismissed, because the actions of the Trial Court were in accordance with the law. On the other hand, the possible existence of an apparent concurrence of laws (concurso aparente de normas) between Article 6 of the Law for the Protection, Conservation, and Recovery of Marine Turtle Populations (Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas) and article 140 of the Fishing and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura) is alleged, claiming the commission of an error in the applied criminal law. Upon reviewing the case file, it is extracted that the Trial Court considered the facts held as proven were typical of the crime provided for in Article 140 of the Fishing and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), which punishes with: "imprisonment of one to three years for whoever pursues, captures, wounds, kills, traffics, or trades chelonians (quelonios), marine mammals, or aquatic species declared in danger of extinction, protected by international conventions applicable to Costa Rica, in the territorial sea. If the conduct is committed in the exclusive economic zone by national or foreign vessels, the offender shall be imposed a fine of forty to sixty base salaries, in accordance with Article 2 of Law No. 7337, without prejudice to the provisions of Article 6 of Law No. 8325. The penalty shall be from three months to two years imprisonment for whoever retains, for commercial purposes, the species indicated in the preceding paragraph, or trades their products or byproducts." The a quo court justified its decision by arguing that its typical description is more specific, having a specializing element, regarding article 6 cited above, by protecting chelonians (quelonios) declared in danger of extinction, protected by international conventions applicable to Costa Rica and, since the marine turtle is a species declared at risk of disappearance, this rule better regulated the conduct that was accused and held as proven. It further added that the Law for the Protection, Conservation, and Recovery of Marine Turtle Populations entered into force on November 28, 2002, while the Fishing and Aquaculture Law did so on April 25, 2005, the latter being a later law that repeals the former – sequence 01:33 to 08:45, of the audio and video file identified as 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--1.wmv-. The existing legal tool to resolve cases where the proven facts appear to be contained in two criminal types from different laws is through Article 23 of the Penal Code, which establishes that: "When the same conduct is described in several legal provisions that are mutually exclusive, only one of them shall apply, as follows: the special rule prevails over the general rule, the rule that completely contains another is preferred over the latter, and that which the law has not expressly or tacitly subordinated to another is applied instead of the accessory one." In relation to the apparent concurrence of laws (concurso aparente de normas), the case law has indicated the following: "[…] The central element for determining the existence of an apparent concurrence of laws is the legal interest (bien jurídico). The Penal Code, together with certain special laws, establishes a catalog of punishable conducts, which are so precisely because they affect (injure or endanger) a legal interest. Given that this catalog is broad, it is possible that one conduct configures several criminal types that protect the same legal interest but are mutually exclusive. The figure of the apparent concurrence seeks, precisely, to avoid the punitive overprotection of those conducts that appear to configure several crimes but in reality only constitute a single injury or endangerment to the legal interest. The plurality of legal interests is usually an indication of an ideal concurrence (concurso ideal); starting from this criterion, this case does not constitute an apparent concurrence, as we are dealing with a conduct that transgresses three criminal types that protect different legal interests: thus, homicide protects the fundamental legal interest, life; while violation of domicile protects intimacy; and non-compliance with protection measures for violence against women safeguards public authority." (The highlighting does not correspond to the original). (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, resolution number 2011-1486, of 12:09 hours, of April 15, 2011). […] For these purposes, it is relevant to mention the principles governing the apparent concurrence of laws (concurso aparente de normas); thus, in the ruling just cited, a simple exposition of them is made and it indicates: "Now, in addition to determining the protected legal interest, given the complexity that cases of apparent concurrence of laws can reach, to resolve them, the doctrine has developed the principles of especialidad, subsidiariedad, and consunción. The principle of especialidad then supposes that the action or the fact must be subsumed into the criminal types that best adapt to it, taking into consideration special or additional elements that better fit the conduct. "According to the dominant doctrine, the principle of especialidad exists when a criminal provision, which is the type that is applied, contains within itself all the elements of the criminal provision of the general type, plus one or more specializing elements, through which the legislator considers the action from viewpoints distinct from those taken into account when constructing the general type. Some affirm that in such a case, the special type displaces the general type for reasons of logic, as each action that fulfills the special criminal type necessarily fulfills the general type." (Castillo González, Francisco, ibid, pp. 37-38). For its part, the principle of subsidiariedad assumes that two criminal types exist, but it is only feasible to apply one of them if the other cannot be applied, that is, they are exclusive because they are incompatible. "As has been said, the principle of tacit subsidiariedad allows applying one criminal type to the extent that another finds no application. Consequently, that relationship exists when there are several independent criminal types, one beside the other, that do not have any element in common. It is, consequently, the opposite of what occurs in speciality." (Castillo González, Francisco, ibid, p. 47). Finally, in relation to the principle of consunción, it is stated: "The action constituting a crime that assumes a principal role consumes or absorbs that of another, which forms part of or integrates its execution, since the former necessarily or frequently implies the realization of the latter, prior, simultaneously, or subsequently, so that the sanction for the first takes the second into account, also encompassing its specific content of wrongfulness and culpability." ([Name21], ibid, pp. 211-212)" (Third Chamber, resolution No. 872-2018, of 16:32 hours, of November 28, 2018). By virtue of the foregoing, according to the criterion of especialidad, one rule prevails over the other when it contains all the elements, plus one additional; the criterion of consunción refers to a crime committed before, during, or after another, more serious crime, the first being displaced because it contains the wrongfulness and culpability of the latter; and, finally, according to the criterion of subsidiariedad, one rule is applied instead of another, which may be express – defined in the rule itself – or tacit. In the specific case, this Chamber of Appeals has analyzed the various environmental rules existing in the matter, being able to rule out that the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), number 7317, can be applied since article 122 expressly stipulates that the provisions of said law shall not be applicable to the exercise of fishing in the sea and, it having been held as proven that the facts occurred within the territorial waters, at [Dirección9], in front of Tortuguero National Park, consequently said legal framework could not be applied to the present case. Therefore, the discussion is then centered between article 140 of the Fishing and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura) and article 6 of the Law for the Protection, Conservation, and Recovery of Marine Turtle Populations, number 8325. This latter rule sanctions: "Whoever kills, hunts, captures, butchers, traffics, or trades marine turtles shall be punished with imprisonment of one to three years. The penalty shall be from three months to two years imprisonment for whoever retains marine turtles for commercial purposes, or trades products or byproducts of these species. The collection of olive ridley turtle eggs in the Ostional Wildlife Refuge shall not be punishable, provided it is carried out in compliance with the regulatory provisions issued by MINAE." It is clear that this criminal type contemplates two scenarios, the first relating to turtles that are killed, hunted, captured, butchered, trafficked, or traded and, the other, referring to the retention for commercial purposes of marine turtles, or the trade of products or byproducts of these species; the first scenario being the one that must be analyzed according to the accused facts, as the hunting and capture of marine turtles was accredited. This Court of Appeals deems that, according to the facts held as proven – the accused wounded, hunted, and captured green sea turtles (Chelonia Mydas), a species in danger of extinction, in the marine area located within Tortuguero National Park, specifically at coordinates [Dirección7], right off the beach in the sector known as Mile 16 – said conduct fits the normative provisions of Article 140 of the Fishing and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), No. 8436, as classified by the a quo court. As a matter of order, it must be stated that the Law for the Protection, Conservation, and Recovery of Marine Turtle Populations, No. 8325, has been in force since November 28, 2002, and, since April 25, 2005, the Fishing and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), No. 8436, has been in effect, the latter being a later rule that, furthermore, did not provide for the express or tacit repeal of Law 8325, from which it can be concluded that both laws are in force and do not present normative contradiction with each other. Now, Law 8436 was enacted to regulate "fishing and aquaculture activity in the different stages, corresponding to the capture, extraction, processing, transportation, commercialization, and sustainable use of aquatic species" – Article one –, while Law 8325, according to Article one, it is extracted that it was enacted for the purpose of: "adopting the necessary measures to guarantee the aims of this Law and the commitments acquired by the country in ratified international instruments on the matter," declaring "of public interest scientific research related to marine turtles and their habitat"; therefore, there is a general-special rule relationship between them, without it being derivable that, based strictly on a criterion of especialidad, when the special law does not contain all the objective elements that are indeed present in the general law, the latter cannot be applied. After reviewing both rules, it is evident that both Article 140 of Law 8436 and Article 6 of Law 8325 punish the typical verbs "matar (to kill), capturar (to capture), trasegar (to traffic) and comerciar (to trade)," but the former broadens the spectrum of punishable conduct to whoever pursues and wounds, but does not cover the actions of cazar (to hunt) and destazar (to butcher) that are indeed contained in the latter. Regarding the passive subject, it is clear that Law 8325 protects only marine turtles, while Law 8436 does so with respect to mammals, aquatic species, or chelonians (quelonios), but includes a series of specializing elements, establishing that they must be declared in danger of extinction, protected by international conventions applicable to Costa Rica and, as a second element, punishes it when this occurs in the territorial sea. Undoubtedly, the two are not identical, because the elements of the typical description are not precise and exact, which obliges that, in each particular case, the Court must make a highly rigorous analysis of the verbs and the conditions of the site where the fact occurred, because the final classification given to the events depends on this, clearly, according to the accusation that was formulated. This position aligns absolutely with the precedent of the Third Chamber on this topic, contained in resolution number 2013-1185, of 09:00 hours, of September 13, 2013, when the following was stated: "Consequently, according to the characteristics of the case under study, the cited Article 6 of Law 8325 is the special law with respect to Article 95 of Law 7317, provided that the conduct accused is entirely contained within the description of the criminal type contemplated in said rule. By reason of the foregoing, it is worth clarifying that it is not properly a tacit repeal of Article 95 of the Wildlife Law (Ley de Vida Silvestre), but rather, being in the presence of an apparent concurrence of laws (concurso aparente de normas), it is resolved based on the principle of especialidad, taking into consideration the factual framework that was held as proven. (…) The consulted jurisprudential criterion is unified, in the sense that when dealing with an apparent concurrence of laws in matters related to the protection and safeguarding of marine turtles, the Law for the Protection, Conservation, and Recovery of Marine Turtle Populations, No. 8325, must be applied – by virtue of the principle of especialidad. In matters not provided for in this special law, it shall be understood that those rules in force related to the topic in question must be applied." (The underlining does not belong to the original). Since the Chelonia Mydas turtle is a species in danger of extinction, pursuant to the provisions of the Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles, Law 7906, published in La Gaceta 186, of September 24, 1999 – Article I, subsection 1, in relation to iv, subsection 2. A), Annex I –, that the accused hunted and captured in territorial sea waters, specifically in the marine area located within Tortuguero National Park, at coordinates [Dirección7], the conduct conforms to the typical provisions of Article 140 of the Fishing and Aquaculture Law (Ley de Pesca y Acuicultura), because according to the criterion of especialidad, the latter has specific elements that allow its adaptation, which is why that is the rule applicable to the particularities of this case. It is worth adding that the determination of the applicable criminal law does not have an impact on the type and quantum of the criminal sanction, since both rules establish the same penalty, from one to three years imprisonment, so the discussion about the nomen iuris does not cause harm to the accused, from the point of view of the sanction to be imposed, since in both criminal types the amount of the sanction, at its minimum and maximum extremes, is the same, and therefore the quantum that was imposed – which was also not challenged – would not be affected. For all the foregoing, this part of the appeal is declared without merit, as the facts under examination are adequately classified.
POR TANTO:
The appeal filed by attorney Rodolfo Price Chinchilla, in his capacity as private defense counsel for the accused [Name1], [Name2], [Name5], [Name8], and [Name12], is declared without merit. NOTIFÍQUESE.- Alejandra Valenciano Chinchilla Elízabeth Montero Mena Roy Antonio Badilla Rojas Judges of the Penal Sentencing Appeals Court Case File: 19-000232-1263-PE(18) Accused: [Name1] et al. Victim: The marine fauna Crime: Infraction of the fishing law [Name22] File No.: 19-000232-1263-PE(18) - VOTO 2020-0773 - page: 1
Resolución: 2020-0773 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las catorce horas, del dieciocho de mayo de dos mil veinte.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, costarricense, cédula de identidad número CED1, nacido en Limón, el 1 de abril de 1989, hijo de [Nombre1] , divorciado, vecino de Limón, Pacuare, Villa Esperanza; [Nombre2] , mayor, costarricense, cédula de identidad número CED2, nacido en Limón, el 18 de junio de 1985, hijo de [Nombre3] y [Nombre4] , soltero, taxista informal, vecino de Limón, Villa de Mar; [Nombre5] , mayor, costarricense, cédula de identidad número CED3, nacido en San José, el 14 de abril de 1995, hijo de [Nombre6] y [Nombre7] , soltero, peón de construcción, vecino de Limón centro; [Nombre8] , mayor, costarricense, cédula de identidad número CED4, nacido en Limón, el 15 de enero de 1984, hijo de [Nombre9] e [Nombre10] [Nombre11] , soltero, labora en construcción, vecino de Limón, [Dirección1] y [Nombre12] , mayor, costarricense, cédula de identidad número CED5, nacido en Limón, el 10 de marzo de 1997, hijo de [Nombre13] y [Nombre14] , soltero, desempleado, vecino de Limón, [Dirección2] ; por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE PESCA, en perjuicio de LA [Nombre15] . Intervienen en la decisión del recurso las juezas Alejandra Valenciano Chinchilla, Elízabeth Montero Mena y el juez Roy Antonio Badilla Rojas. Se apersonaron en esta sede el licenciado Rodolfo Price Chinchilla, defensor particular de los endilgados; el licenciado Dawert Moya Solano, en representación del Ministerio Público, Fiscalía de Flagrancia de Pococí y el licenciado Randall Aguirre Mena, Procurador Penal.
RESULTANDO:
I.- Que mediante sentencia número 348-2019, de las nueve horas cuarenta minutos del diez de setiembre de dos mil diecinueve, el Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Pococí, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 18, 23, 30, 31, 45, 51, 71, 74 y 110 del Código Penal; y 1, 6, 10, 142, 182 al 184, 265 a 267 360 al 363, 365 y 367 del Código Procesal Penal; artículo 140 de la Ley de pesca y agricultura, articulo 41 del decreto 41457-JP, se declara a [Nombre1] , [Nombre2] , [Nombre5] , [Nombre8] y [Nombre12] co autores responsable del delito de Infracción a la ley de Pesca el cual se les venía atribuyendo por parte del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República en perjuicio de la Fauna Marima; y en tal carácter se les impone la pena de dos años de prisión a cada uno, misma que deberán descontar en el lugar y de la forma que indiquen los respectivos reglamentos carcelarios previo abono de la preventiva sufrida. Por cumplir con los requisitos legales a los imputados [Nombre2] , [Nombre5] , [Nombre8] y [Nombre12] , se les concede el beneficio de ejecución condicional de la pena por el plazo de 4 años, plazo durante el cual no deberán cometer nuevo delito doloso con una pena mayor de seis meses, pues de lo contrario se les revocará el beneficio acá concedido. En ese mismo sentido y por no reunir los requisitos requeridos se deniega tal beneficio en favor del encartado [Nombre1] . Una vez firme la sentencia se ordena el comiso de la embarcación ADREM, matrícula [Placa1] y el motor fuera de borda 200HP, marca Yamaha a favor del estado ; así como la destrucción de la restante evidencia incautada. Se declara con lugar la querella presentada por la Procuraduría General de la República, por lo que se condena a los imputados al pago de las costas personales debiendo cancelar la suma de ciento veintiún mil colones por tal concepto. Firme la presente sentencia se ordena enviar copia al Registro Judicial de la Delincuencia, al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la Pena para lo de su cargo. Alhaberse dictado la sentencia de forma oral quedan las partes debidamente notificadas en el acto." (sic).
II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Rodolfo Price Chinchilla, defensor particular de los endilgados, interpuso recurso de apelación.
III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.
IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta la jueza de apelación de sentencia penal Valenciano Chinchilla; y,
CONSIDERANDO:
I.- Mediante escrito de folios 154 al 165, del legajo principal, de fecha 30 de setiembre del año 2019, el licenciado Rodolfo Price Chinchilla, en su condición de defensor particular de los imputados [Nombre1] , [Nombre2] , [Nombre5] , [Nombre8] y [Nombre12] , interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia oral N°348-2019, del Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, de las 09:40 horas, del 10 de setiembre del año 2019, mediante la cual se condenó a los imputados como co autores de un delito de Infracción a la Ley de Pesca, imponiéndoles la pena de dos años de prisión. En primer término cabe destacar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 437 del Código Procesal Penal, las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. Por su parte, el ordinal 458 dispone que: “Son apelables todas las sentencias y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio y que resuelven los aspectos penales, civiles, incidentales y demás que la ley determina”. En este caso, se ha verificado el cabal cumplimiento de los presupuestos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, evidenciándose además que el recurso fue debidamente presentado en tiempo y forma, en consideración a lo cual, se admite el mismo y se procede a conocer sobre sus agravios.
II.- Como primer motivo alega indebida fundamentación probatoria descriptiva, inadecuada e inexistente motivación intelectiva y valoración sesgada e ilegal de la prueba, con quebranto al debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad, citando de forma parcial el contenido del voto 1739-1992 de la Sala Constitucional, estimando que se violentó el derecho a la justicia, al procedimiento, a una sentencia justa y al derecho de la congruencia del fallo. Reconociendo que los jueces gozan de cierta independencia al emitir la sentencia, tanto en la estructura como estilo, existen una serie de requisitos que todo pronunciamiento debe contener por seguridad jurídica, permitiendo a cualquier persona entender los fundamentos por los cuales se adoptó una determinada decisión. Así las cosas, aquella debe tener, en forma diferenciada, un apartado relativo a los hechos probados, de la prueba evacuada, del análisis de los elementos probatorios, de la calificación jurídica brindada a los eventos y una parte dispositiva, sin que ese deba ser el orden, pues puede suceder que, en diversos acápites se complementen, integren o interpreten sus partes, al amparo de que la sentencia es una unidad lógico-jurídica, debiendo bastarse a sí misma. En el caso concreto, refiere que la decisión carece de la debida y mínima fundamentación probatoria e intelectiva, recurriendo el Tribunal a una ilegal y sesgada valoración de la prueba, dedicándose a hacer conjeturas y presunciones sobre lo que pudo haber sucedido el día de los hechos, sin que lograran acreditar que sus defendidos hubiesen incurrido en el delito acusado, infiriéndose ello de las propias manifestaciones del juez que, en su “discurso” manifestó que a él le surgían dudas de lo acreditado en el debate. Agrega que, se puede deducir la existencia de una actividad procesal defectuosa en la incorporación de la prueba, concretamente en cuanto a “las meneas o mecates” que, en un principio no existían en las actas de decomiso y luego aparecieron “por parte de magia”, sin la debida participación de la defensa técnica y material, resaltando que, cuando a sus representados se les practicó el decomiso y el acta de requisa, en el documento se hizo alusión a dos tipos de mecates, uno verde y otro amarillo, sin embargo más de un mes después cuando aparece una tortuga muerta con una cuerda celeste, se amplía el informe policial y el acta de decomiso, incorporándolo como prueba pese a que, nunca formó parte de la primera diligencia, el cual apareció un mes después para inculpar a los encartados. Acusa la falta de correlación entre acusación y sentencia ya que, en las acusaciones se señaló que todos los endilgados participaron, omitiéndose describir de forma clara, precisa y circunstanciada la acción que cada uno ejecutó, planteándose una acusación genérica y así lo tuvo por demostrado el Tribunal. Reclama que solo se reseñaron calificaciones jurídicas y no hechos, al punto de que las partes pidieron la condena por una ley y el juez condenó por otra, sin que lograran articular cuál fue la acción u omisión en la cual incurrió cada uno de sus clientes. Por todo lo anterior, pide se declare la nulidad del fallo venido en alzada y por razones de economía procesal, se les absuelva de toda pena y responsabilidad o, en su defecto, se disponga el reenvío. Posición del Ministerio Público: Manifiesta que la sentencia dictada se ajusta cabalmente a las normas previstas por el ordenamiento jurídico, considerando que el recurso obedece a la molestia de la parte con la valoración que se hizo del acervo probatorio, pretendiendo se revaloren las probanzas conforme a su particular visión, expresando su conformidad con la calificación que se le dieron a los hechos, por lo cual solicita se rechace el recurso en todos sus extremos. Posición de la Procuraduría General de la República: Pide se rechace la impugnación porque el fallo dictado está debidamente motivado en el examen de las pruebas, agregando que no logró comprender cuáles son los vicios o defectos alegados que supuestamente tiene la sentencia, por la poca claridad del recurrente. El motivo no es atendible: Analizada de forma integral la sentencia de mérito venida en alzada, expuesta en forma oral y contenida dentro del archivo de audio y video identificado como 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv y 190002321263PE-10092019093820:2_Multi--1.wmv- se concluye que, los señalamientos del recurrente no son de recibo. La resolución dictada dentro de este proceso, necesariamente debía ser dispuesta de forma oral, por encontrarse dentro de los presupuestos del procedimiento expedito para los delitos en flagrancia, de conformidad con el numeral 236 en relación al 422 y siguientes, todos del Código Procesal Penal. De la reproducción integral del fallo se ha podido comprobar que este cuenta con la debida identificación del proceso penal, como del número de sentencia, con su día y hora de emisión, con la mención de las partes intervinientes, como los datos de las personas acusadas y el delito por el cual se les investigó. El juzgador dio lectura al acápite de los hechos que le fueron atribuidos a los acusados por parte del ente fiscal y de la Procuraduría General de la República, señalando que la sentencia dictada correspondía a una propia del procedimiento especial supra citado, indicándose la cantidad y los días de las audiencias del debate que se celebraron, agregándose que no habían incidentes ni nulidades que resolver de previo, para de seguido dar lectura al elenco de los hechos tenidos por demostrados –secuencia 00:12:56 al 00:14:20, del archivo 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv–. A partir de ese punto, el juzgador se dio a la tarea de hacer el examen de las probanzas en el apartado de fundamentación intelectiva, resumiendo dentro de ese acápite las manifestaciones de los testigos –secuencia 00:14:21 al 02:03:10, del archivo 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv-, explicando de forma amplia las razones por las cuales logró tener por acreditados los hechos que se le atribuían a los acusados, efectuando el análisis jurídico de la conducta, abordando cada uno de los elementos de la teoría del delito –tipicidad, antijuricidad y culpabilidad- de forma completa y satisfactoria –secuencia 00:00:01 al 00:39:39, del archivo de audio y video identificado como 190002321263PE-10092019093820:2_Multi--1.wmv-. A partir del contador 00:39:40 en adelante el Tribunal se avocó a analizar la pena a imponer por la comisión del delito de Infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura, número 8436, previsto en el ordinal 140, fijándola en el tanto de dos años de prisión. Debe desecharse el alegato en el sentido de que, la sentencia carece de una fundamentación probatoria e intelectiva, demostrándose con el recuento anterior la existencia de una estructura de forma y fondo adecuada e idónea, sin que se aprecie incorrección técnica alguna en la exposición que hizo el juez, el cual evidenció gran destreza para razonamientos, demostrando un conocimiento absoluto de la prueba testimonial y documental, lo cual nos permite aseverar que, el fallo dictado cumple de forma satisfactoria con los requisitos previstos en el Código Procesal Penal. Valga agregar que el recurrente no logró articular un solo defecto en cuanto a la forma en que se dispuso el fallo, porque a pesar de haber mencionado la liberalidad que los jueces tienen en la elaboración del mismo, lo cierto es que no puntualizó un solo agravio, sin que la alusión de citas jurisprudenciales y la mención de los principios que informan el proceso penal, satisfaga la exposición de los defectos y el perjuicio para el caso en específico. Ahora bien, en cuanto a los cuestionamientos sobre el fondo de lo resuelto, tampoco se aprecia la existencia de defectos o yerros por los cuales se deba, absolver a los endilgados ni decretar la nulidad del fallo recurrido, ordenando su reenvío, denotándose que el recurrente se limita a expresar su mera inconformidad con lo resuelto. Como primer punto, se ha venido alegando un supuesto quebranto al principio de correlación entre acusación y sentencia, por lo cual resulta indispensable revisar la plataforma de los hechos que le fueron atribuidos a los justiciables para dar respuesta debida al alegato. La representación fiscal presentó una pieza acusatoria atribuyéndoles los siguientes hechos: “1.- El día 08 de julio del 2019, aproximadamente a las 17:05 horas, los acusados [Nombre8] , [Nombre1] , [Nombre12] , [Nombre2] Y [Nombre5] , de común acuerdo con la intención ilegal de herir, capturar y dar muerte a tortugas marinas verdes (Chelonia Mydas) cuya especie se encuentra en peligro de extinción, se trasladaron por mar, abordo de la embarcación de nombre [Nombre16], matrícula [Placa1] hasta el área marina ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero, específicamente en las coordenadas [Dirección3] propiamente frente a la playa en el sector conocido como Milla [Dirección4]. 2.- Una vez en el lugar o posición descrita en el punto anterior, los acriminados [Nombre8] , [Nombre1] , [Nombre12] , [Nombre2] Y [Nombre5] , desplegando el plan previamente concebido, aprovecharon la cópula de tortugas en el mar para clavarles un arpón y de esta manera herirlas y sujetarlas, logrando mediante este método capturar e introducir en la embarcación tres tortugas marinas verdes; así como arponear, herir y sujetar una cuarta de la misma especie, pero que volvieron a lanzar al mar al ser sorprendidos aproximadamente a las 17:20 hrs del día en mención, por funcionarios del SINAC que se presentaron al lugar abordo de la embarcación denominada "Chelonia Mydas". 3.- En virtud de lo anterior, el co-encartado [Nombre17] en su calidad de capitán de la embarcación de nombre [Nombre16], matricula [Placa1] puso en marcha la misma y en su huida, los sindicados lanzaron al mar las tres tortugas previamente capturadas, así como el arpón utilizado para ello, acción luego de la que los funcionarios del SINAC finalmente les dieron alcance y de esa forma fueron aprehendidos.” (secuencia 06:53 al 08:22, del archivo de audio y video identificado como 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv). Por su parte, la Procuraduría General de la República acusó los siguientes eventos: “1.- Que la tortuga Chelonia Mydas comúnmente conocida como tortuga verde, especie declarada como especie en peligro de extinción, entre los meses de julio a octubre se encuentra en período de anidación, arribando dicha especie a playas del Caribe de Costa Rica, especialmente en la zona del Parque Nacional de Tortuguero, sitio en el cual anidan, depositando los huevos con el fin de dar continuidad a su especie. 2.- Que el 8 de julio de 2019, al ser aproximadamente las 17:05 horas, entre las coordenadas [Dirección5] , en el sector conocido como Milla 16, dentro de los límites marítimos del Parque Nacional Tortuguero, funcionarios del SINAC, se percatan de la presencia de los imputados [Nombre8] , [Nombre1] , [Nombre12] , [Nombre2] Y [Nombre5] , a bordo de la embarcación de nombre [Nombre16], matrícula [Placa1]; cuando estos se encontraban “arponeando” cuatro tortugas marinas. 3.- Que los endilgados [Nombre8] , [Nombre1] , [Nombre12] , [Nombre2] Y [Nombre5] al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida, mientras se disponían a arrojar al mar las tres tortugas marinas previamente cazadas y la cuarta tortuga marina la arrojaron con todo y el arpón y boya clavado en el caparazón. Los mismos fueron detenidos por los oficiales actuantes y al momento de ser detenidos en la embarcación se encuentran coágulos de sangre. 4.- Que lo anterior, por ser actuaciones al margen de la legalidad, los imputados [Nombre8] , [Nombre1] , [Nombre12] , [Nombre2] Y [Nombre5] , no contaban con ningún tipo de autorización o permiso de parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación.” (secuencia 08:31 al 10:00, del archivo de audio y video identificado como 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv). Ha podido verificar esta Cámara que, en el presente caso no ha habido lesión al principio de correlación entre acusación y sentencia, previsto en el ordinal 365 del Código Procesal Penal, el cual busca “que no se introduzcan en el fallo y en perjuicio de la persona acusada, elementos o circunstancias esenciales propias de la conducta penal de carácter sorpresivos, en tanto no estuviesen incriminados y por ende, se impida sobre ellos la posibilidad de replicarlos y de ejercer la defensa". (Sala Tercera, voto 2014-01044, de las 10:14 horas, del 27 de junio de 2014); toda vez que, luego de haberse analizado los distintos medios probatorios que fueron evacuados en el contradictorio, el Tribunal logró tener por demostrado los siguientes hechos: “1.- El día 08 de 07 del 2019, aproximadamente a las 17:05 horas, los acusados [Nombre8] , [Nombre1] , [Nombre12] , [Nombre2] Y [Nombre5] , de común acuerdo con la intención ilegal de herir, capturar y cazar tortugas marinas verdes (Chelonia Mydas) cuya especie se encuentra en peligro de extinción, se trasladaron por mar abordo de la embarcación de nombre [Nombre16], matrícula [Placa1] hasta el área marina ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero, específicamente en las coordenadas [Dirección3] propiamente frente a la playa en el sector conocido como [Dirección6] . 2.- Una vez en el lugar o posición descrita en el punto anterior, los acriminados [Nombre8] , [Nombre1] , [Nombre12] , [Nombre2] Y [Nombre5] , desplegando el plan previamente concebido, aprovecharon la copula de tortugas en el mar y cazaron cuatro tortugas verdes (Chelonia Mydas), para lo cual les clavaron un arpón, hiriéndolas y sujetándolas, logrando mediante ese método capturarlas e introducir tres de ellas a la embarcación y lanzando al mar una cuarta tortuga de la misma especie, al ser sorprendidos aproximadamente a las 17:20 hrs del día en mención, por funcionarios del SINAC que se presentaron al lugar abordo de la embarcación denominada "Chelonia Mydas", al momento en que estaban arponeándola. 3.- En virtud de lo anterior, el co-encartado [Nombre17] en su calidad de capitán de la embarcación de nombre [Nombre16], matricula CED6 puso en marcha la misma y en su huida, los sindicados lanzaron al mar las otras tres tortugas, previamente capturadas, así como el arpón utilizado para ello, acción luego de la que los funcionarios del SINAC finalmente les dieron alcance y de esa forma fueron aprehendidos” (secuencia 12:56 al 14:20, del archivo de audio y video identificado como 190002321263PE-10092019093820-2_Multi--0.wmv). Es evidente que los anteriores sucesos no son copias textuales e idénticos de las acusaciones transcritas, sin embargo ello no significa que exista un defecto que así deba ser declarado, porque la conducta que les fue atribuida en esencia, es la misma, consistente en que, el día 8 de julio del 2019, los imputados se dirigieron al mar, a bordo de la embarcación [Nombre16] y se posicionaron en las coordenadas [Dirección7] , frente a la playa en el sector conocido como Milla 16, donde procedieron a cazar cuatro tortugas verdes en peligro de extinción, de la especie Chelonia Mydas, a las que le clavaron un arpón, hiriéndolas, logrando subir tres de ellas al bote siendo que, al ser sorprendidos por autoridades las lanzaron al mar y huyeron del sitio, sin mayor éxito, al lograr interceptarlos, procediendo a su detención. Es evidente que no existe una variación o modificación novedosa y sorpresiva, que afectara el derecho de defensa de los acriminados, por lo cual se puede concluir que, no existe lesión alguna al principio de correlación entre acusación y sentencia. Como un segundo punto y ligado a lo anterior, la parte se muestra inconforme en cuanto a la imputación en sí, considerando que no es clara, precisa y circunstanciada. Revisadas que han sido ambas piezas, es el criterio de esta Cámara de alzada que las mismas sí cumplen con los requisitos previstos en el artículo 303 del Código Procesal Penal, el cual estipula que: “[…] La acusación deberá contener: a) Los datos que sirvan para identificar al imputado. b) La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya. c) La fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de convicción que la motivan. d) La cita de los preceptos jurídicos aplicables. e) El ofrecimiento de la prueba que se presentará en el juicio. Con la acusación el Ministerio Público remitirá al juez las actuaciones y las evidencias que tenga en su poder y puedan ser incorporadas al debate". En este caso, tanto los hechos de la acusación pública como particular contienen una adecuada descripción de las acciones que se les atribuyeron a los justiciables, ubicándolas en tiempo y espacio -8 de julio del 2019, en el área marina ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero, específicamente en las coordenadas [Dirección3] propiamente frente a la playa en el sector conocido como [Dirección8] -, indicándose cuál fue la conducta que aquellos ejecutaron –capturaron cuatro tortugas marinas verdes, para lo cual les clavaron un arpón, hiriéndolas, logrando subir tres de ellas a la embarcación; puntualizándose que, al notar la presencia de autoridades las lanzaron al mar y se dieron a la fuga-. Las piezas acusatorias permiten comprender cuándo y dónde se dieron los hechos, cuál fue la acción ejecutada y quiénes la perpetraron y en perjuicio de qué, por lo cual no existe un defecto o vicio en su formulación que le hubiera impedido al recurrente, como a los imputados, ejercer con la mayor amplitud su defensa. No debe perder de vista la parte que la participación de los justiciables se enmarca dentro de una coautoría, a partir de lo cual no resulta relevante precisar y determinar cuál de los acusados guiaba la embarcación, quién fue el que subió las pichingas con combustible, el que consiguió los mecates, las boyas, los arpones, quién fue el que hirió las tortugas, la identidad de quiénes las subieron al bote, entre muchas de las acciones materiales que realizaron; toda vez que, al habérseles atribuido la comisión del delito, partiendo de la existencia de una misma resolución delictual, bajo un plan orquestado mediante el cual, hubo un reparto de labores para capturar y cazar tortugas marinas, resulta irrelevante determinar la labor puntual que cada uno hizo. Basta agregar que, en relación a la participación de varias personas actuando en coautoría, la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en un caso en el cual se cuestionaba la participación -en estricto sentido- de uno de los imputados, se dijo lo siguiente: “La teoría del dominio del hecho expone lo siguiente: “... el autor, para serlo, requiere de un elemento objetivo, que se consiste en “tener en las manos” tácticamente el acontecimiento típico. Este elemento típico implica que el autor, el autor mediato o el coautor pueden determinar si el hecho tendrá lugar o si lo dejan seguir adelante (dominio positivo del hecho) o si detienen o impiden su realización (dominio negativo del hecho). El dominio del hecho también requiere un elemento subjetivo. El autor, el autor mediato o el coautor requieren la voluntad de dominio del hecho, es decir, la voluntad de ser la figura central del acontecimiento” (Castillo Francisco, Derecho Penal, Parte General, t. III, EJC, 2010, p. 375). En casos como el presente, en que han participado varios sujetos en el hecho delictivo, ello implica, entonces, que cada participante en el ilícito conoce y dispone de la ejecución del delito, llevando a cabo su parte del plan preconcebido entre los actores, para procurar la consumación del hecho. A este fenómeno se le denomina codominio funcional del hecho, explicado por esta Sala en reiterada jurisprudencia, entre la cual citamos la siguiente: “...Como es sabido, la autoría no tiene necesariamente que expresarse como una presencia directa en los acontecimientos. Aparte de los casos de autoría mediata (que no vienen al tema), tal hipótesis es plausible tratándose de la autoría por codominio del hecho. Este tipo de autorías suele tener lugar cuando hay una distribución de funciones entre los partícipes, la cual, si es previa a las acciones delictivas, desemboca en que todos los que acepten y realicen las tareas que se les asignan son coautores, dado que contribuyen a un producto colectivo final, consistente en la consecuencia (consumada o tentada) que entre ellos se propusieron. De modo que no se requiere que todos estén en el lugar de los sucesos o que, como en este asunto, todos procedan a realizar materialmente una acción. Así, el hecho de que los sujetos se distribuyan las funciones a cumplir, revela la existencia de un dolo común entre ellos. O sea que el codominio funcional del hecho, supone el elemento subjetivo de un dolo común en la aceptación del resultado de la acción conjunta. Por otra parte, a ese componente subjetivo, debe acoplarse uno de índole objetiva, consistente en que el aporte haya sido relevante para la ejecución del acto, al punto que haya sido tomado en cuenta como un factor necesario para tal finalidad, pues tratándose de un dominio funcional del hecho, en que existe en consecuencia un dolo común, es decir que los partícipes asumen como un resultado propio el designado, al igual que prestan una contribución al hecho, todos son responsables por la globalidad del mismo. Los sujetos procedían de consuno y mediante el codominio del hecho...” (Sala Tercera, Res. 271-08, de las 11:30 horas, del 28 de marzo de 2008). Resolución número 427-2011, de las 09:51 horas, del 15 de abril de 2011.” La imputación les atribuye a los cinco encartados la acción de cazar, capturar y dar muerte a tortugas marinas, sin que tenga que indicarse la acción específica que cada uno de ellos realizó en tal sentido, ya que todos actuaban de común acuerdo, en virtud de una división de funciones –que se evidencia cuando son descubiertos y emprenden la huida, asumiendo roles y labores-, por lo cual todos responden por la actividad global. Continuando con el examen de los agravios, como un tercer punto y, relacionado a la valoración probatoria, se ha descartado que el Tribunal realizara un examen sesgado e incorrecto de las probanzas, haciendo conjeturas y suposiciones sobre lo ocurrido y que, como consecuencia de eso, se afectara el principio de inocencia; tampoco que se motivara indebidamente la sentencia o se vulnerara el principio in dubio pro reo, al haber manifestado dudas en cuanto a la autoría de los justiciables en el delito. Del examen del fallo se extrae que, el a quo le concedió plena credibilidad a la versión de los testigos [Nombre18] y [Nombre19] al considerar que, se presentaron al debate a declarar sobre los hechos que les constaban a cada uno, como funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación –SINAC, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía-, al estar ejerciendo labores propias de sus cargos en la zona, brindando amplias declaraciones que fueron consistentes y coherentes entre sí, las cuales fueron validadas con la prueba documental admitida a juicio, calificándose como personas honestas, que no tenían amistad ni enemistad con los cinco acusados, descartándose que tuvieran una razón para endilgarles hechos graves como lo son la caza y captura de tortugas marinas en peligro de extinción. En cuanto a [Nombre18] se ponderó que, él estaba en tierra y divisó una embarcación en el mar territorial, dentro del área de protección del Parque Nacional Tortuguero, que se hallaba detenida, a unos setenta y cinco a cien metros de distancia, con cinco personas en su interior, lo cual llamó su atención. Indicó que, por esa razón decidió utilizar sus binoculares para determinar qué estaba ocurriendo. Fue gracias a esa acción que él pudo apreciar una serie de movimientos de los sujetos dentro de la embarcación, explicando que uno conducía, otro estaba usando un arpón y tres estaban en cuclillas, pudiendo observar cuando comenzaron a subir tres tortugas marinas, de gran tamaño en su diámetro y altura, por lo cual él dio aviso de inmediato a otros compañeros para que se dirigieran en patrulla hasta donde aquellos se encontraban, brindando las coordenadas respectivas y, cuando la unidad iba saliendo, ellos estaban arponeando la cuarta tortuga y, al percatarse de la cercanía de la lancha, comenzaron a lanzar las tortugas al mar y se dieron a la fuga, tomando mar adentro, sin éxito, porque siempre fueron interceptados y detenidos. Agregó que, esa zona es prohibida, por estar dentro del mar territorial, cubierto bajo el área de protección del Parque Nacional Tortuguero, además de que, en ese período de tiempo estaba vigente la veda, al ser la época de apareamiento de dichas especies, existiendo una prohibición absoluta de tránsito, por lo cual siquiera está permitida la permanencia en la zona. Asimismo se ponderó el relato de [Nombre19] , el cual fue calificado como creíble, al ser coherente, claro, contestando todo lo que se le requirió, sin mostrarse evasivo y al haberse establecido que no tenía una sola razón para faltar a la verdad. Este testigo declaró que, al recibirse la alerta de un bote dentro de las aguas territoriales del Parque Nacional Tortuguero, en la [Dirección9] , cazando tortugas con arpones, se dirigieron en una patrulla al lugar, acotando que al ser observados por los ocupantes de la embarcación, estos se dieron a la fuga, dándoles persecución, logrando ver que cuando lanzaron dos tortugas al mar, hasta que lograron interceptarlos y detenerlos. Agregó que, los imputados fueron trasladados a la unidad policial y al revisar la lancha localizaron coágulos de sangre, típicos de las tortugas marinas, denotando la presencia de gasolina en el suelo, con la cual se trató de eliminar la evidencia. Estimó el Tribunal que esta declaración era conteste con la de [Nombre18] , como con los informes policiales, lográndose así acreditar los hechos acusados, en el sentido de que los encartados estaban dentro de las aguas del mar territorial del Parque Nacional Tortuguero, cazando con arpones tortugas marinas en peligro de extinción, contándose con la declaración de dos testigos presenciales que vieron cada uno, en forma independiente y desde la posición que cada uno tenía en el lugar –uno en la playa y el otro en la lancha policial- cuando estaban arponeando tortugas que subieron a la embarcación y, al ser descubiertos las lanzaron al mar, siendo estos elementos de prueba contundentes que permite desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. Véase que, aún y cuando no se contara con algún testigo que los hubiera visto en el momento justo en que estaban cazando dichas especies, el caso cuenta con una serie de indicios unívocos que permiten arribar a la misma conclusión. Nótese que, los acusados estaban en una lancha, dentro de las aguas del mar territorial de un parque nacional -donde está prohibido circular-, en el período de desove de las tortugas marinas, al final de la tarde, cuando estaba anocheciendo y, al ser sorprendidos por una unidad policial emprendieron la huida, observándoseles cuando iban lanzando tortugas al mar y, al ser finalmente detenidos, los oficiales advirtieron que llevaban anclas artesanales, varios tipos de mecates, envases con gasolina, hielera, chalecos, determinando que el piso de la lancha trató de ser limpiado con combustible, para desaparecer los rastros de sangre de las tortugas, sin éxito, porque se ubicaron unos coágulos, siendo estos indicios graves, precisos y circunstanciados que permiten derivar, sin duda alguna, que la labor previa que desempeñaban era la de caza de tortugas. En consecuencia, no lleva razón el recurrente en sus alegatos, al determinarse que no existe quebranto alguno en la valoración probatoria, contando el Tribunal con prueba idónea y de calidad que permitió acreditar la autoría y responsabilidad de los encartados en los hechos. Finalmente y en cuanto se alega la existencia de una actividad procesal defectuosa en la incorporación de la prueba, concretamente en cuanto a “las meneas o mecates” que, acusa un principio no existían en las actas de decomiso y luego aparecieron “por parte de magia” el mismo no es de recibo. De acuerdo con los autos, los imputados fueron detenidos el propio 8 de julio del 2019, por lo cual se procedió a revisar la embarcación incautada –[Nombre20]- matrícula [Placa1], con un motor marca Yamaha-, localizándose en su interior dos anclas de elaboración artesanal, dos cabos o mecates –uno amarillo y el otro verde-, una caja roja con varios metros de cabo negro, una hielera celeste con blanco, cuatro pichingas con gasolina, cuatro chalecos –tres rojos y uno azul- y así se extrae del informe policial SINAC-ACTo-DASP-PNT-DE-020-2019, de folios 1 al 9, observándose las imágenes de la embarcación, como de los citados bienes, correspondiendo con las acta de decomiso número 1484, de folio 10. Esta situación comprueba que, desde el primer momento dicha evidencia fue incautada y formaba parte de los autos, de modo que no surgieron de forma sorpresiva como lo hace ver el recurrente. Ciertamente en fecha 19 de julio del 2019 se aportó a los autos una ampliación de denuncia, visible a folio 113 al 116 del legajo principal, en el cual se daba cuenta que, en un recorrido de rutina por la playa, en el sector de [Dirección10] dentro del Parque Nacional Tortuguero se produjo el hallazgo de una tortuga verde muerta, la cual tenía enredada una cuerda celeste, unido a un arpón incrustado en el caparazón, informando los oficiales que, al comparar el mecate con los decomisados estimaban que había una similitud. De la revisión de las actas se extrae que, dicho elemento fue ofrecido como prueba por parte del Ministerio Público y en ese carácter fue aceptado por el juez –ver folio 118 del legajo principal- de modo que, no existe ninguna irregularidad en su incorporación al debate, al ser prueba admitida y fue objeto de examen en sentencia. De forma expresa, el Tribunal indicó que no podía aseverarse que se tratara de la cuarta tortuga que el testigo de cargo [Nombre18] observó cuando fue cazada y luego lanzada al mar; no obstante consideró que este insumo fortalecía la credibilidad que se le otorgó a los testigos de cargo, porque el estado en que se encontró la tortuga validaba la referencia que aquel brindó, en torno a la forma en que este tipo de especies eran cazadas por los pescadores ilegales -secuencia 1:02:38 a 1:05:19 y 02:00:06 al 02:00:45-. Esta Cámara concuerda con la valoración que al efecto hizo el a quo, debiéndose resaltar que, ese no fue el elemento de prueba sobre el cual reposa la condenatoria dispuesta por lo cual, podría suprimirse hipotéticamente la ampliación de ese informe y la decisión se mantiene incólume, al existir medios de prueba independientes –reseñados en este considerando- permitieron desvirtuar, en grado de certeza, la presunción de inocencia que cobijaba a los acusados. Consecuentemente con lo antes dicho, una vez realizado el examen integral del fallo, no lleva razón el recurrente en sus alegatos, razón por la cual se debe declarar sin lugar este motivo de la impugnación en todos sus extremos.
III.- Como segundo motivo alega inconformidad con la calificación jurídica otorgada a los hechos, como el quebranto de los principios de interpretación restrictiva y legalidad. Puntualiza que sus defendidos fueron condenados por la Infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura, para la cual es obligatoria la participación de Incopesca, sin embargo la fiscalía como la Procuraduría imputaron la infracción a la Ley de Recuperación de la Tortuga Marina (sic), donde sí es posible que esta última entidad participe. Al condenarse por una ley que requería la intervención de lncopesca, se debió suspender el debate para incorporar como parte a dicha institución, por imperio de ley y, al no hacerlo se transgredió el principio de legalidad. Considera que en este caso, la norma especial era la aplicable, siendo la de Pesca y Agricultura (sic) la general, existiendo un error de derecho por parte del Tribunal. Por todo lo anterior, pide se declare la nulidad del fallo venido en alzada y por razones de economía procesal, se les absuelva de toda pena y responsabilidad o, en su defecto, se disponga el reenvío. El motivo se declara sin lugar: En cuanto se echa de menos la participación de Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura –conocido como INCOPESCA- en este proceso, la parte no logró demostrar un agravio o perjuicio real que se le hubiere causado por ello, sin que además brinde la base jurídico normativa para pretender que, el Tribunal suspendiera el debate y se le convocara para que se incorporara al proceso. Es imperioso hacer ver que la participación del Ministerio Público, como de la Procuraduría General de la República encuentra sustento legal, conforme a lo previsto en el artículo 16 del Código Procesal Penal que, prevé que el ejercicio de la acción penal pública recae en el primero, sin perjuicio de que, en los casos de delitos cometidos contra el ambiente, entre otras delincuencias, la segunda –como abogado del Estado- también puede ejercer directamente la acción, sin subordinarse a las actuaciones y decisiones de aquel. Lo anterior evidencia la legitimidad de los actores penales para el ejercicio de la acción penal, siendo evidente que la normativa procesal no regula ni obliga al a quo apersonar al sumario, como parte, al Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura –INCOPESCA- el cual es un ente público estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, sujeto al Plan Nacional de Desarrollo que dicte el Poder Ejecutivo, creada mediante ley 7384, vigente a partir del 29 de marzo del 1994. De la lectura de su ley no se deriva que, dentro de sus atribuciones o facultades se encuentre el ejercicio de la acción penal dentro de los procesos penales –conforme a los artículos cinco y diecisiete, como del catorce de la Ley de Pesca y Acuicultura-, estableciéndose en el ordinal segundo de su ley constitutiva que sus actividades ordinarias son las siguientes: “a) Coordinar el sector pesquero y el de acuicultura, promover y ordenar el desarrollo de la pesca, la caza marítima, la acuicultura y la investigación; asimismo, fomentar, sobre la base de criterios técnicos y científicos, la conservación, el aprovechamiento y el uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de la acuicultura. b) Normar el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros, que tiendan a lograr mayores rendimientos económicos, la protección de las especies marinas y de la acuicultura. c) Elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de la legislación, para regular y evitar la contaminación de los recursos marítimos y de acuicultura, como resultado del ejercicio de la pesca, de la acuicultura* y de las actividades que generen contaminación, la cual amenace dichos recursos.” Así las cosas, la pretensión de la parte no tiene sustento jurídico, no existiendo norma que obligue al juez a suspender el juicio para convocar a dicha institución, ni mucho menos al calificar en sentencia los hechos como típicos de una infracción a la Ley de Pesca y Acuicultura, por lo cual debe desestimarse ese reproche, porque lo actuado por el Tribunal se ajusta a derecho. Por otra parte, se acusa la posible existencia de un concurso aparente de normas entre el artículo 6 de la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas y el ordinal 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, alegándose la comisión de un error en la norma penal aplicada. Revisados los autos se extrae que, el Tribunal consideró que los hechos tenidos por demostrados eran típicos del delito previsto en el artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, el cual sanciona con: “prisión de uno a tres años a quien persiga, capture, hiera, mate, trasiegue o comercie quelonios, mamíferos marinos o especies acuáticas declaradas en peligro de extinción protegidas por convenios internacionales aplicables a Costa Rica, en el mar territorial. Si la conducta es cometida en la zona económica exclusiva por embarcaciones nacionales o extranjeras, al infractor se le impondrá una multa de cuarenta a sesenta salarios base, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Nº 7337, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 de la Ley Nº 8325. La pena será de tres meses a dos años de prisión para quien retenga, con fines comerciales, las especies señaladas en el párrafo anterior, o comercie sus productos o subproductos.” El a quo justificó su decisión aduciendo que, su descripción típica es más específica, al tener un elemento especializante, respecto al ordinal 6 supra citado, al proteger los quelonios declarados en peligro de extinción, protegidos por convenios internacionales aplicables a Costa Rica y, al ser la tortuga marina una especie declarada en riesgo de desaparición, dicha norma regulaba de mejor manera la conducta que se acusó y se tuvo por demostrada. Agregó además que la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, entró en vigencia el 28 de noviembre del 2002, mientras la Ley de Pesca y Acuicultura lo hizo el 25 de abril del 2005, siendo esta última ley posterior que deroga a la anterior –secuencia 01:33 al 08:45, del archivo de audio y video identificado como190002321263PE-10092019093820-2_Multi--1.wmv-. La herramienta jurídica existente para resolver los casos en los que, los hechos demostrados parecen contenerse en dos tipos penales de diversas leyes, es a través del artículo 23 del Código Penal, el cual establece que: “Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma especial prevalece sobre la general, la que contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta y aquélla que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria”. En relación al concurso aparente de normas, jurisprudencialmente se ha indicado lo siguiente: “[…] El elemento central para determinar la existencia de un concurso aparente de normas es el bien jurídico. El Código Penal, junto a ciertas leyes especiales, establece un catálogo de conductas punibles, que lo son precisamente porque afectan (lesionan o ponen en peligro) un bien jurídico. Dado que este catálogo es amplio, es posible que una conducta configure varios tipos penales que tutelan el mismo bien jurídico, pero que son excluyentes entre sí. La figura del concurso aparente busca, precisamente, evitar la sobreprotección punitiva de esas conductas que parecen configurar varios delitos, pero que en realidad sólo constituyen una lesión o puesta en peligro al bien jurídico. La pluralidad de bienes jurídicos suele ser un indicio de que se trata de un concurso ideal, partiendo este criterio, este caso no constituye un concurso aparente, pues estamos ante una conducta que transgrede tres tipos penales que tutelan bienes jurídicos distintos: así, el homicidio protege el bien jurídico fundamental, la vida; mientras la violación de domicilio tutela la intimidad; y el incumplimiento de medidas de protección por violencia contra la mujer, resguarda la autoridad pública”. (El destacado no corresponde al original). (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2011-1486, de las 12:09 horas, del 15 de abril de 2011). […] Para dichos efectos, es relevante mencionar los principios que rigen el concurso aparente de normas; así en el fallo que recién se ha citado, se hace una exposición sencilla de los mismos y se indica: “Ahora bien, además de la determinación del bien jurídico protegido, dada la complejidad que pueden alcanzar los casos de concurso aparente de normas, para resolverlos la doctrina ha elaborado los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción. El principio de especialidad entonces supone que la acción o el hecho debe subsumirse en los tipos penales que mejor se adapten a la misma, tomando en consideración elementos especiales o adicionales que de mejor manera se ajuste a la conducta. “Según la doctrina dominante, el principio de especialidad existe cuando una disposición penal, que es la del tipo que se aplica, contiene en sí todos los elementos de la disposición penal del tipo general, más uno o más elementos especializantes, por medio de los cuales el legislador considera la acción bajo puntos de vista distintos de aquellos tomados en cuenta a la hora de construir el tipo general. Algunos afirman que en tal caso el tipo especial desplaza al tipo general por razones de lógica, pues cada acción que realiza el tipo penal especial, realiza necesariamente el tipo general”. (Castillo González, Francisco, ibídem, pp. 37-38). Por su parte, en el principio de subsidiariedad se parte de que existen dos tipos penales, pero solamente es factible aplicar uno de ellos, si el otro no puede ser aplicado, es decir, son excluyentes porque son incompatibles. “Como se ha dicho, el principio de subsidiariedad tácita permite aplicar un tipo penal en la medida en que otro no encuentre aplicación. Por consiguiente, esa relación existe cuando hay varios tipos penales independientes, uno al lado del otro, que no tienen ningún elemento en común. Se trata, por consiguiente, de lo contrario a lo que ocurre en la especialidad”. (Castillo González, Francisco, ibídem, pág. 47). Finalmente, en relación con el principio de consunción, se señala: “La acción constitutiva de un delito que asume un rol principal consume o absorbe a la de otro, que forma parte o integra su ejecución, pues aquella implica necesaria o frecuentemente la realización de la otra, en forma previa, coetánea o posterior, de modo que la sanción de la primera tiene en cuenta a la segunda, abarcando también su específico contenido de injusto y de culpabilidad”. ([Nombre21], , ibídem, pp. 211-212)” (Sala Tercera, resolución Nº 872-2018, de las 16:32 horas, del 28 de noviembre del 2018). En virtud de lo anterior, de acuerdo al criterio de especialidad, una norma prevalece sobre la otra cuando contiene todos los elementos, más uno adicional; el criterio de consunción está referido a un delito que se comete antes, durante o después de otro, más grave, desplazándose al primero por contener el injusto y la culpabilidad de aquel y; finalmente conforme al criterio de subsidiariedad, se aplica una norma en lugar de la otra, pudiendo ser expresa –definida en la propia norma- o bien, tácita. En el caso en concreto, esta Cámara de Apelación ha analizado las diversas normas ambientales existentes en la materia, pudiendo descartar que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, número 7317 pueda aplicarse toda vez que, el numeral 122 de forma expresa estipula que, las disposiciones de dicha ley, no serán aplicables al ejercicio de la pesca en el mar y, habiéndose tenido por demostrado que los hechos ocurrieron dentro de las aguas territoriales, en la [Dirección9] , frente al Parque Nacional Tortuguero, consecuentemente dicho marco jurídico no podría ser aplicado al presente caso. Por ende, la discusión se centra entonces, entre el ordinal 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura y el ordinal 6 de la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, número 8325. Esta última norma sanciona a: “Quien mate, cace, capture, destace, trasiegue o comercie tortugas marinas, será penado con prisión de uno a tres años. La pena será de tres meses a dos años de prisión para quien retenga con fines comerciales tortugas marinas, o comercie productos o subproductos de estas especies. No será punible la recolección de huevos de tortuga lora en el Refugio de Vida Silvestre de Ostional, siempre que se realice con apego a las disposiciones reglamentarias que emita el MINAE.” Es claro que, dicho tipo penal contempla dos supuestos, el primero relativo a las tortugas que se maten, cacen, capturen, destacen, trasieguen o comercien y, el otro, referido a la retención con fines comerciales de tortugas marinas, o el comercio de productos o subproductos de estas especies; siendo el primer supuesto el que corresponde analizar conforme a los hechos acusados, al haberse acreditado la caza y captura de tortugas marinas. Estima este Tribunal de Apelación que, conforme a los hechos tenidos por probados -los imputados hirieron, cazaron y capturaron tortugas marinas verdes (Chelonia Mydas), especie en peligro de extinción, en el área marina ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero, específicamente en las coordenadas [Dirección7] , propiamente frente a la playa en el sector conocido como Milla 16-, dicha conducta se adecúa a las previsiones normativas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, Nº 8436, tal como lo calificó el a quo. Como aspecto de orden debe enunciarse que la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de las Poblaciones de Tortugas Marinas, Nº8325, se encuentra vigente desde el 28 de noviembre del 2002 y, desde el día 25 de abril del 2005, rige la Ley de Pesca y Acuicultura, Nº8436, siendo esta última, norma posterior que, además no dispuso la derogatoria expresa ni tácita de la Ley 8325, por lo cual se puede concluir que, ambas leyes están vigentes y no presentan contradicción normativa entre sí. Ahora bien, la ley 8436 se dictó para regular “la actividad pesquera y acuícola en las diferentes etapas, correspondientes a la captura, extracción, procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento sostenible de las especies acuáticas” –numeral primero-, mientras la 8325, conforme al ordinal primero se extrae que se dictó con el propósito de: “adoptar las medidas necesarias para garantizar los fines de esta Ley y los compromisos adquiridos por el país en los instrumentos internacionales ratificados sobre la materia”, declarándose “de interés público la investigación científica relacionada con las tortugas marinas y su hábitat”; por lo cual hay una relación de norma general-especial entre ellas, sin que pueda derivarse que, basados estrictamente en un criterio de especialidad, cuando la ley especial no contiene todos los elementos objetivos que sí se encuentran presentes en la general, no pueda aplicarse esta última. Luego de la revisión de ambas normas es evidente que, tanto el ordinal 140 de la ley 8436 como el 6 de la ley 8325 sancionan los verbos típicos “matar, capturar, trasegar y comerciar” pero, la primera amplía el espectro de la conducta punible a quien persiga e hiera, pero no cubre las acciones de cazar y destazar que sí están contenidas en la segunda. En cuanto al sujeto pasivo es claro que, la ley 8325 protege solo a las tortugas marinas, mientras la 8436 lo hace respecto de los mamíferos, especies acuáticas o quelonios pero, le incluye una serie de elementos especializantes, estableciendo que aquellos deben ser declarados en peligro de extinción, protegidos por convenios internacionales aplicables a Costa Rica y, como un segundo elemento, lo sanciona cuando ello se verifique en el mar territorial. Indudablemente los dos no son idénticos, porque los elementos de la descripción típica no son precisos y exactos, lo cual obliga a que, en cada caso en particular el Tribunal deba hacer un análisis sumamente riguroso de los verbos y las condiciones del sitio dónde se verificó el hecho, porque de ello depende la calificación final que se le brinden a los sucesos, claro está, conforme a la imputación que fue formulada. Esta posición guarda absoluta postura con el precedente de la Sala Tercera sobre este tema, contenido en la resolución número 2013-1185, de las 09:00 horas, del 13 de setiembre de 2013, cuando se dijo lo que sigue: “En consecuencia, de acuerdo con las características del caso en estudio, el citado artículo 6 de la Ley 8325 es la ley especial respecto del artículo 95 de la Ley 7317, siempre y cuando la conducta que se acuse se encuentre contenida íntegramente en la descripción del tipo penal contemplada en dicha norma. En razón de lo anterior, valga aclarar que no se trata propiamente de una derogatoria tácita del ordinal 95 de la Ley de Vida Silvestre, sino que al estarse en presencia de un concurso aparente de normas, se resuelve con fundamento en el principio de especialidad, tomando en consideración el marco fáctico que se tuvo por probado. (…) Se unifica el criterio jurisprudencial consultado, en el sentido de que cuando se trate de un concurso aparente de normas en asuntos relacionados con la protección y tutela de tortugas marinas, deberá aplicarse la Ley de Protección, Conservación y Recuperación de Poblaciones de de Tortugas Marinas, No. 8325 –en virtud del principio de especialidad. En lo no previsto en esta ley especial, se entenderá que deben aplicarse aquellas normas vigentes relacionadas con el tema en cuestión”. (El subrayado no pertenece al original). Al ser la tortuga Chelonia Mydas una especie en peligro de extinción, conforme a lo dispuesto en la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, ley 7906, publicada en La Gaceta 186, del 24 de setiembre de 1999 –artículo I inciso 1 en relación al iv inciso 2. A), anexo I-, que los imputados cazaron y capturaron en aguas del mar territorial, concretamente en el área marina ubicada dentro del Parque Nacional Tortuguero, en las coordenadas [Dirección7] , la conducta se ajusta a las previsiones típicas del artículo 140 de la Ley de Pesca y Acuicultura, porque conforme al criterio de especialidad, esta última tiene elementos específicos que permiten su adecuación, por lo cual esa es la norma aplicable a las particularidades de esta caso. Valga agregar que, la determinación de la norma penal aplicable no tiene un impacto en el tipo y quantum de la sanción penal desde que, ambas normas establecen la misma pena, de uno a tres años de prisión, por lo cual la discusión sobre el nomen iuris no le causa un perjuicio a los imputados, desde el punto de vista de la sanción a imponer ya que, en ambos tipos penales el monto de la sanción, en sus extremos mínimo como máximo, es la misma, por lo cual el quantum que le fue impuesto –el que además no fue objeto de impugnación, no se vería afectado. Por todo lo antes expuesto, se declara sin lugar este extremo del recurso de apelación, al estar adecuadamente calificados los hechos bajo examen.
POR TANTO:
Se declara sin lugar el recurso de apelación formulado por el licenciado Rodolfo Price Chinchilla, en su condición de defensor particular de los imputados [Nombre1] , [Nombre2] , [Nombre5] , [Nombre8] y [Nombre12] . NOTIFÍQUESE.- Alejandra Valenciano Chinchilla Elízabeth Montero Mena Roy Antonio Badilla Rojas Juezas y juez del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Imputado: [Nombre1] y otros Ofendido: La fauna marina Delito: Infracción a la ley de pesca [Nombre22]
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