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Res. 00332-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · 29/04/2020

Intent in invading water spring protection area and civil liability despite criminal acquittalDolo en invasión de área de protección de naciente y responsabilidad civil pese a absolutoria penal

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The criminal acquittal of the defendant for lack of intent is upheld, but the judgment is partially annulled and remanded for a new hearing on the civil damages claim and the request for demolition of the construction.Se confirma la absolutoria penal del imputado por falta de dolo, pero se anula parcialmente la sentencia y se ordena reenvío para nueva sustanciación sobre la acción civil resarcitoria y la solicitud de derribo de la obra.

SummaryResumen

The San Ramón Criminal Appeals Court upheld the acquittal of a defendant charged with invading the protection zone of a permanent spring (Article 58(a) of the Forestry Law). The court found that the evidence failed to prove the required intent, since the defendant did not know with certainty that the construction was within 100 meters of a permanent spring, nor could he verify it visually. However, the court partially annulled the judgment and remanded for a new hearing on the civil aspects: the State Attorney General's claim for damages and the request to demolish the building. The court held that criminal acquittal does not extinguish the possibility of civil liability if damage is proven and a non-criminal legal rule supports it, requiring the trial judge to analyze the material elements of civil liability ex officio.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San Ramón confirmó la absolutoria penal de un imputado por invasión de área de protección de una naciente permanente (artículo 58 inciso a) de la Ley Forestal). El tribunal determinó que la prueba no logró acreditar el dolo requerido, pues el imputado no conocía con certeza que la construcción se ubicaba a menos de 100 metros de una naciente permanente, ni tenía posibilidad de verificarlo visualmente. Sin embargo, el Tribunal anuló parcialmente la sentencia y ordenó reenvío para nueva sustanciación sobre los aspectos civiles: la acción resarcitoria de la Procuraduría General de la República y la solicitud de derribo de la obra. Sostuvo que la absolutoria penal no extingue la posibilidad de responsabilidad civil si se demuestra daño y existe una fuente normativa extrapenal que la sustente, debiendo el juzgador analizar de oficio los presupuestos materiales de la responsabilidad civil.

Key excerptExtracto clave

Under Article 31 of our Criminal Code, a person acts with intent when they desire the realization of the criminalized act, as well as when they accept it, foreseeing it at least as possible. According to traditional doctrine, intent consists of an intellectual or cognitive component and a volitional component. As regards the first, it is said to consist of knowing what one is doing and knowing the elements that characterize that action as typical. As doctrine details, this knowledge refers to the objective elements of the offense: subject, action, result, causal relationship or objective imputation, material object, etc. Now, doctrine also agrees that this knowledge that the agent must have of the elements of the criminal offense must cover both descriptive and normative elements. Knowledge of the former requires that they have been perceived by the subject. As for normative elements, these are understood by their meaning. [...] It follows that, for the configuration of the subjective criminality of this offense, as part of the cognitive element of intent, the agent must necessarily be aware not only that their action involves invading, that is, breaking into and occupying irregularly an area that they know is within a radius of one hundred meters from a spring, but also that the latter is of a permanent nature.De acuerdo con el artículo 31 de nuestro Código Penal, obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, como también quien lo acepta previéndolo al menos como posible. Para la doctrina tradicional, el dolo está constituido por un componente intelectual o cognitivo y un componente volitivo. En cuanto al primero, se afirma que consiste en saber qué es lo que se hace y conocer los elementos que caracterizan esa acción como típica. Según detalla la doctrina, este conocimiento se refiere a los elementos objetivos del tipo: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material, etc. Ahora bien, coincide también la doctrina en que ese conocimiento que ha de tener el agente de los elementos del tipo penal, debe abarcar tanto los elementos descriptivos como normativos. El conocimiento de los primeros, requiere que hayan sido percibidos por el sujeto. Con respecto a los elementos normativos, estos se comprenden por su significación. [...] De lo anterior deriva que, para la configuración de la tipicidad subjetiva de este delito, como parte del elemento cognitivo del dolo, el agente necesariamente debe tener conocimiento no solo de que su acción implica invadir, esto es, irrumpir y ocupar en forma irregular una zona que sabe se encuentra dentro del radio de cien metros de distancia de una naciente, sino que además esta última es de naturaleza permanente.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Para la configuración de la tipicidad subjetiva de este delito, como parte del elemento cognitivo del dolo, el agente necesariamente debe tener conocimiento no solo de que su acción implica invadir, esto es, irrumpir y ocupar en forma irregular una zona que sabe se encuentra dentro del radio de cien metros de distancia de una naciente, sino que además esta última es de naturaleza permanente."

    "For the configuration of the subjective criminality of this offense, as part of the cognitive element of intent, the agent must necessarily be aware not only that their action involves invading, that is, breaking into and occupying irregularly an area that they know is within a radius of one hundred meters from a spring, but also that the latter is of a permanent nature."

    Considerando II

  • "Para la configuración de la tipicidad subjetiva de este delito, como parte del elemento cognitivo del dolo, el agente necesariamente debe tener conocimiento no solo de que su acción implica invadir, esto es, irrumpir y ocupar en forma irregular una zona que sabe se encuentra dentro del radio de cien metros de distancia de una naciente, sino que además esta última es de naturaleza permanente."

    Considerando II

  • "La jurisprudencia nacional ha sostenido, reiteradamente, que si por motivos “puramente penales” se absuelve al imputado, su responsabilidad civil podría subsistir siempre y cuando se demuestre la existencia de un daño y se cumpla la exigencia de que haya una fuente normativa distinta del ordenamiento penal que permita tal cosa."

    "National case law has repeatedly held that if the defendant is acquitted on 'purely criminal' grounds, their civil liability may subsist provided that the existence of damage is demonstrated and the requirement is met that there be a normative source outside the criminal law that permits such a thing."

    Considerando III

  • "La jurisprudencia nacional ha sostenido, reiteradamente, que si por motivos “puramente penales” se absuelve al imputado, su responsabilidad civil podría subsistir siempre y cuando se demuestre la existencia de un daño y se cumpla la exigencia de que haya una fuente normativa distinta del ordenamiento penal que permita tal cosa."

    Considerando III

  • "El hecho de que el señor actuase sin el dolo requerido por el artículo 58 de la Ley Forestal y que esto lo exime de responsabilidad penal, por sí solo no descarta la posibilidad de que su conducta, eventualmente, hubiese causado un perjuicio al medio ambiente que fuere cuantificable."

    "The fact that Mr. acted without the intent required by Article 58 of the Forestry Law and that this exempts him from criminal liability does not, by itself, rule out the possibility that his conduct eventually caused quantifiable harm to the environment."

    Considerando III

  • "El hecho de que el señor actuase sin el dolo requerido por el artículo 58 de la Ley Forestal y que esto lo exime de responsabilidad penal, por sí solo no descarta la posibilidad de que su conducta, eventualmente, hubiese causado un perjuicio al medio ambiente que fuere cuantificable."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...]@ Fax: 24569029 __________________________________________________________________________________________ Res: 2020-00332 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, at nine hours ten minutes on the twenty-ninth of April two thousand twenty. APPEAL OF SENTENCE filed in this case against [Name1], Costa Rican, identity document number CED1, for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW to the detriment of NATURAL RESOURCES. The judges José [Name1] Rojas Chacón, Francisco Lemus Víquez, and Adriana Escalante Moncada participate in the decision of the appeal. Appearing in the appeal of sentence are the representative of the Procuraduría General de la República, attorney Margot Avellán Ruiz, and attorney Segismudo Araya Zúñiga, in his capacity as private defender of the accused [Name1]. RESULTANDO:

1.- That through judgment number 274-2019 at eight hours fifteen minutes on the thirtieth of April two thousand nineteen, the Trial Court (Tribunal de Juicio) of the Primer Circuito Judicial de Alajuela, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, articles 39 and 41 of the Constitución Política; 8 of the Convención Americana de Derechos Humanos; 1 of the Código Penal; 1 to 15, 142, 360, 361 and 366 of the Código Procesal Penal, the objections for lack of standing (falta de legitimación activa) and lack of action (falta de acción) filed by the defense of the accused against the intervention of the Procuraduría General de la República are declared without merit. Likewise, [Name1] IS ACQUITTED OF PENALTY AND LIABILITY for the crime of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW that to the detriment of NATURAL RESOURCES was attributed to him. The costs of the proceeding are to be borne by the State. The civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed by the civil plaintiff Procuraduría General de la República against the accused and civil defendant [Name1] is declared without merit; this matter is resolved without a special award of costs. Regarding the DVD disc provided as material evidence, upon the finality of the judgment, it will be sent to the archive of the regional administration according to the guidelines established in session 6312 of the Consejo Superior. Notify by reading.- *. MIGUEL E. FERNÁNDEZ CALVO. COORDINATING JUDGE." 2.- That against the preceding pronouncement, attorney Margot Avellán Ruiz and attorney Segismudo Araya Zúñiga filed appeals of sentence.

3.- That after the respective deliberation, in accordance with the provisions of article 465 of the Código Procesal Penal, the Tribunal de Apelación de Sentencia of the III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal.

4.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.

Judge of Appeal of Sentence Rojas Chacón writes; and,

CONSIDERANDO:

I.- As the sole ground of the appeal of sentence that the private defender of the accused [Name1] filed by joinder, a violation of due process (debido proceso) and the principle of legality (principio de legalidad) is claimed. He maintains that during the trial he opposed the participation of the Procuraduría General de la República in the plenary hearing, considering the defense that it filed its criminal complaint (querella) and civil action for damages (acción civil resarcitoria) in an untimely manner, since they were not presented within the 13-day period to the Ministerio Público. However, the Trial Court (Tribunal de Juicio) rejected on the merits the exceptions of lack of right (falta de derecho) and lack of standing (falta de legitimación activa) filed by the technical defense of the accused. He considers that what was resolved by both the Criminal Court of the Intermediate Stage (Juzgado Penal de la Etapa Intermedia) and the Trial Court (Tribunal de Juicio) is incorrect, and therefore there is an absolute defect (vicio absoluto) for having incorrectly admitted the participation of the Procuraduría General de la República in this proceeding, granting an undue advantage to the State. He maintains that articles 76, 77, 114 and 306 of the Código Procesal Penal, which are the only norms that regulate the filing of the criminal complaint (querella) and the civil action, do not provide for the possibility that such pleadings can be presented before the Criminal Court (Juzgado Penal). Likewise, he maintains that the deadlines provided by article 306 of the Código Procesal Penal must be counted from the presentation of the criminal complaint (querella) and the civil action before the Ministerio Público, since interpreting otherwise would imply a derogation of the referenced article 306, as it would release the party from presenting the pleadings before the Ministerio Público, and would also release the latter from the control it must exercise in accordance with the provisions of article 308 of the Código Procesal Penal, since by presenting the criminal complaint (querella) and the civil action before the Criminal Court (Juzgado Penal), the legal hearings are not granted. He also alleges that this would release the Ministerio Público from controlling that the accused makes a statement in accordance with article 309 of the Código Procesal Penal, as well as release the complaining party from complying with the procedure provided by article 114 of this same regulatory body, according to which the civil action must be filed before the Ministerio Público during the preparatory procedure along with the criminal complaint (querella). The appellant considers that admitting that the complainant can file the criminal complaint (querella) and the civil action directly before the Criminal Court (Juzgado Penal), only because they so decided on their own accord, and that therefore these pleadings must be accepted, goes against what is established by articles 76 and 77 of the Código Procesal Penal, and would imply releasing the Ministerio Público from the responsibility of exercising control over the constitution and standing that the complainant has, given that the Judge of the Intermediate Stage (Juez de la Etapa Intermedia) only admits this pleading and does not exercise any control, allowing the complainant, through that channel, to use the deadlines at their whim and the instances as it suits them. He points out that, in the case under study, from folio 81 it is evident that the Ministerio Público, at 08:18 hours on June 7, 2016, ordered that the Procuraduría be notified that it had a period of 3 business days to state whether it wished to become a complainant (querellante) and civil plaintiff (actora civil), a resolution that was effectively notified via fax on June 7, 2016. He points out that as recorded on folio 83, and given that the Procuraduría did not state its wish to become a complainant (querellante), the file was sent to the Criminal Court (Juzgado Penal), which, through a resolution at 10:34 hours on July 8, 2016, scheduled a preliminary hearing (audiencia preliminar), which was notified to the Procuraduría at its fax number 22225335. He indicates that it is recorded on folio 89 that Licda. Beatriz Sarmiento Chaves stated to the Criminal Court (Juzgado Penal) that in the brief of 08:18 hours on June 7, she was given the hearing of article 306 of the Código Procesal Penal by the Ministerio Público, and since the transfer did not include a copy of the accusatory pleading and the evidence supporting it, said entity formulated the respective request for copies with the consequent suspension of deadlines. In the appellant's opinion, Licda. Beatriz, in her brief at folio 89, accepted and recognized as valid the notification of the hearing of article 306 of the Código Procesal Penal, only that she claims the suspension of the deadline. The appellant considers that, according to his interpretation of article 24 of the Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, the latter was indeed notified on June 7, 2016, and that the deadline should be computed from the date the hearing of article 306 of the Código Procesal Penal was granted, and he considers that the issue under discussion is that it must be counted from the moment the Procuraduría General de la República, exercising the power provided by numeral 170 of the Código Procesal Penal, filed the criminal complaint (querella penal) and civil action for damages (acción civil resarcitoria) before the Criminal Court of the Intermediate Stage (Juzgado Penal de la Fase Intermedia), that is, on February 8, 2017, since that was the moment it decided to file the action taking advantage of the reinstatement of the deadline provided in the referenced norm 170. He maintains that, in this case, the Procuraduría, because it did not have the copies, despite the fact that by virtue of its request on folios 99 to 100, it considered itself notified and filed the pleadings of the civil action and criminal complaint (querella), only that it presented them before the Criminal Court (Juzgado Penal), despite the fact that, by legal provision, without any exception, it was required that they be delivered to the Ministerio Público, as the resolution on folio 82 stated. The appellant indicates that, several months later, the Criminal Court of the Intermediate Stage (Juzgado Penal de la Fase Intermedia) declared a defective procedural activity, based on article 309 of the Código Procesal Penal, so that the accused could be questioned on the criminal complaint (querella); however, at the time the file returned to the Ministerio Público, the 13 days established by article 306 of the Código Procesal Penal had already amply passed, this from February 8, 2017, the moment when, according to folios 99 and the files of the civil action, it presented said pleadings invoking article 170 of the Código Procesal Penal. The appellant maintains that the presentation of those pleadings in the Criminal Court (Juzgado Penal) in no way suspended the deadline to present them before the Ministerio Público, and therefore when they were presented before the latter, the legal deadline had already amply passed, such that their filing was untimely. He alleges that it is not true that the State has special treatment regarding the venue where it must present, since said benefit is only with respect to deadlines, but in this case, by using numeral 170 of the Código Procesal Penal, it was no longer a matter of running deadlines or lack of notification of the hearing under article 306 of the Código Procesal Penal, but rather it presented both actions before the wrong entity, without any norm establishing that deadlines are suspended if the proceeding is presented before another instance, just as, for example, if an appeal of sentence is presented before the Sala de Casación and the legal deadline passes, then it must be deemed untimely. He requests that the criminal complaint (querella) and the civil action filed in this case by the Procuraduría General de la República be declared untimely and, therefore, that the appeal of sentence filed by the legal representative of the State in this case be declared improperly admitted. The ground is declared without merit: For the purpose of resolving the claim raised by the private defense of the accused, this Chamber will proceed to recount the actions related to the constitution of the Procuraduría General de la República as complainant (querellante) and civil plaintiff (actora civil) in this case: i).- By official letter dated March 23, 2015, the Ministerio Público notified the Procuraduría General de la República of the existence of the criminal case and of the holding of an ocular inspection (inspección ocular) scheduled for May 6, 2015 (cf. folio 18). Said official letter was sent via fax on April 27, 2015 (cf. folio 19). ii).- By written submission received at the Fiscalía Adjunta de Alajuela on April 29, 2015, procuradora Margot Avellán Ruiz requested the Ministerio Público that, in accordance with article 24 of the organic law of said institution, it send her copies of the file, case files, and reports that comprised the present case, which were to be sent to the central offices of the Procuraduría General de la República in San José, and also that the deadlines running against that representation be suspended, until the requested documents were duly received at the indicated place (cf. folio 21).

On that same date, a communication was received from the Attorney General, appearing on behalf of attorneys Margot Avellán Ruiz, Federico Quesada Soto and Olman Rodríguez Brunett, so that acting jointly or separately they could represent the interests of the State in said case (cf. folio 22). iii).- Subsequently, at folio 39, a communication dated July 28, 2015 is observed, where prosecutor Ada Ruth Pérez Vásquez sends to attorney general Margot Avellán Ruiz copies of the pieces of the summary investigation, for whatever may be appropriate. It is noteworthy that said communication only has a receipt copy from the same Assistant Prosecutor's Office, dated July 29, 2015, at 1:48 p.m., where it is noted by hand "with copies of exp." (cf. folio 39). iv).- The Public Prosecutor's Office filed an indictment dated June 3, 2016 (cf. folios 72 to 80). Then, by resolution of 8:18 a.m. on June 7, 2016, the Training and Supervision Unit of the Public Prosecutor's Office, via fax, granted an audience to the Attorney General's Office for a term of three days, to inform whether it intended to become a private prosecutor (querellante) and civil plaintiff, indicating that it had to present both documents within ten days after the expiration of said period (cf. folio 81). Said resolution was notified to the Attorney General's Office on June 7, 2016 (cf. folio 82). However, it does not appear anywhere in the case file that the Alajuela Prosecutor's Office sent to the Attorney General's Office copies of the indictment or the evidence supporting it. v).- Subsequently, the case file was sent to the Criminal Court of Alajuela on July 5, 2016 (cf. folio 82 vto.). By resolution of 10:34 a.m. on July 8, 2016, the Criminal Court of Alajuela set 9:00 a.m. on November 25, 2016, for the holding of the preliminary hearing (cf. folio 83), a resolution that was notified to the Attorney General's Office on July 15, 2016 (cf. folio 87 vto.). vi).- By means of a brief addressed to the Criminal Court of Alajuela and filed on November 15, 2016, attorney general Beatriz Sarmiento Chávez, substituting for Margot Avellán, confirmed that indeed, by memorandum of 8:18 a.m. on June 7, 2016, the Public Prosecutor's Office granted the Attorney General's Office the audience of Article 306 of the Code of Criminal Procedure, but that given that a copy of the accusatory document and the evidence supporting it was not attached to that transfer, by brief of that same day the Attorney General's Office formulated the respective request for copies, with the consequent suspension of the period to refer to said audience, until what was required was received, despite which said documents, as of that date, had still not been sent by the Public Prosecutor's Office. Attorney general Sarmiento Chávez indicated that, taking into account that a scheduling for the preliminary hearing already existed, and in order to avoid the filing of the corresponding claim for defective procedural activity and to retroact the time periods, the request for copies of the indictment and the evidence supporting it was reiterated to the Criminal Court, which was requested to be addressed as soon as possible (cf. folio 89). vii).- The Criminal Court of Alajuela, by resolution of 3:04 p.m. on November 23, 2017, rescheduled the preliminary hearing for 11:00 a.m. on February 10, 2017. By means of a brief filed in the Criminal Court of Alajuela on February 8, 2017, attorney general Margot Avellán filed a claim for defective procedural activity, arguing that since June 7, 2016, the Attorney General's Office had made a request to the Public Prosecutor's Office to send it copies of the indictment and the evidence supporting it, with the consequent suspension of the time periods, without the prosecuting body having sent the requested copies as of that date. The attorney general indicated that since said copies were not provided, on November 15, 2016, the petition for copies was again reiterated before the Criminal Court in order to establish its potential interest in becoming private prosecutors (querellantes) and civil plaintiffs, a request that was also not addressed. The attorney general pointed out that, notwithstanding the foregoing, and despite the non-compliance with what was requested, the Attorney General's Office, through other means, became aware of the accusatory document and the evidence supporting it, but had not had the opportunity to express its position regarding the interest or capacity in which it would participate in this process, which violated the right of defense and the normal course of the procedure, especially considering that the period was suspended and, therefore, the possibility of the Attorney General's Office participating as a private prosecutor (querellante) and civil plaintiff in the case under study was in force, since –in its opinion– the audience of Article 306 of the Code of Criminal Procedure had not been formally granted to it, for which reason it requested that the defective procedural activity be accepted and, in the interest of procedural efficiency, that the complaints and civil action briefs that were attached be deemed filed, the same having been prepared in accordance with the evidence they obtained through their own means, and that the defendant be notified accordingly (cf. folios 99 to 100). viii).- During the preliminary hearing held at 11:34 a.m. on February 10, 2017, the Attorney General's Office reiterated the claim for defective procedural activity. For their part, both the Public Prosecutor's Office and the defendant's defense stated that the defect did indeed exist, since the case file did not show that copies of the indictment and evidence had been sent to the Attorney General's Office. The Criminal Judge of the Intermediate Stage accepted the claim and ordered the case returned to the Assistant Prosecutor's Office of Alajuela, so that it could give the corresponding processing to the private prosecution (querella) and civil action against the accused and his technical defense (cf. folio 121). ix).- Notwithstanding the foregoing, by order dated February 28, 2017, prosecutor Johana Ramírez Chacón sent the case file back to the Criminal Court, arguing that at folio 39 there was a communication addressed to the Attorney General's Office, in which the Public Prosecutor's Office was sending copies of the pieces of the summary investigation and that according to the receipt stamp of the person in charge of the mail at that time, she received said communication on July 29, 2015, at 1:48 p.m., making the annotation "with copies of the case file," so therefore the Public Prosecutor's Office did not fail to send the referred copies. Based on the foregoing, prosecutor Ramírez Chacón sent the case file back to the Criminal Court of Alajuela, so that the request for indictment and opening to trial could be heard again (cf. folio 144). The case file was again received in the Criminal Court on March 2, 2017 (cf. folio 144 vto.). x).- By means of a brief filed on February 17, 2017, in the Criminal Court and sent to the Assistant Prosecutor's Office of Alajuela on February 27 of that same year, the public defender of the accused [Name1] argued that the Attorney General's Office filed a claim for defective procedural activity alleging that copies of the accusatory document were not sent in the audience granted to said institution, but what happened in the case under study is that the attorney general took advantage of the fact that at the time of the preliminary hearing there was no record or other proof in the physical case file demonstrating that copies of the accusatory document were indeed sent. The defender indicated that according to the communication at folio 39, the copies were sent, but the receipt stamp was from the Public Prosecutor's Office itself, a circumstance that –in the defense's opinion– was exploited by the Attorney General's Office to present its private prosecution (querella) and civil action extemporaneously, inducing the Criminal Court and other parties into error. The defender pointed out that the copies requested by the Attorney General's Office were indeed sent by internal mail 001226-FFA-2015, information that did not appear in the physical case file, but which the attorney general was aware of, since it is recorded that they were sent to Attorney Margot Avellán Ruiz, so the Attorney General's Office engaged in an abusive exercise of its procedural powers to present the private prosecution (querella) extemporaneously. She attached as evidence a copy of page 1 of General Services, which showed that the copies were effectively sent as of July 29, 2015 (cf. folios 157 and 158). xi).- During the preliminary hearing held on November 10, 2017, a new claim for defective procedural activity was filed, given that the Public Prosecutor's Office had not taken an investigative statement from the defendant [Name1] on the grounds of the private prosecution (querella) filed by the State's representation, nor had it given the latter transfer of the civil action for damages. Said claim was accepted by the Criminal Court, which ordered the return of the case file to the Assistant Prosecutor's Office for the fulfillment of both procedures (cf. folio 188). Indeed, the defendant [Name1] gave a new investigative statement on November 27, 2017 (cf. folio 189) and was given transfer of the civil lawsuit against him (cf. folio 190). xii).- During the preliminary hearing held on January 23, 2018, the private defense attorney of the defendant opposed the constitution of the Attorney General's Office as private prosecutor (querellante) and civil plaintiff, and also requested a definitive dismissal in favor of his client. This latter request was accepted by the Criminal Court, which by resolution of 3:15 p.m. on that same date, issued a definitive dismissal in favor of Mr. [Name1], which was appealed by the Attorney General's Office (cf. folios 223 to 224). xiii).- The Trial Court of Alajuela, by resolution No. 136-2018 of 2:00 p.m. on July 9, 2018, declared the referred appeal with merit and declared ineffective what was resolved by the Criminal Court (cf. folios 249 to 252). xiv).- Subsequently, during the new preliminary hearing held on November 8, 2018, the private defense attorney of the defendant once again opposed the constitution of the Attorney General's Office as a party, requesting that the private prosecution (querella) and the civil action it filed be declared extemporaneous. However, the Criminal Court, by resolution of that same date, admitted both the indictment from the Public Prosecutor's Office and the private prosecution (querella) and civil action filed by the Attorney General's Office, ordering the elevation to trial of this case (cf. folios 262 to 263). Thus, having analyzed all the foregoing, it is concluded that the appellant is not correct. In fact, his entire argument is built upon several erroneous premises, such as disregarding both the content of the second paragraph of Article 24 of the Organic Law of the Attorney General's Office, and Article 179 of the Code of Criminal Procedure. Indeed, as recorded in the case file, the Attorney General's Office appeared in this process as of April 29, 2015. Now, according to the first paragraph of the referred Article 24 of the Organic Law of the Attorney General's Office, the courts of justice have the obligation to send to the latter, copies of all briefs and documents filed in trials in which the State is a party or has an interest. In the case under study, the Public Prosecutor's Office had certainly sent copies of the case file to the Attorney General's Office. However, a fundamental aspect that the appellant completely overlooked is that, according to the communication at folio 39, what the Prosecutor's Office at that time sent to the Attorney General's Office was a copy of the proceedings recorded in the case file up to July 29, 2015. However, after this date, the prosecuting body continued with the investigation and gathered other elements of proof (e.g., the certifications from the Municipality of Alajuela regarding the defendant's lack of construction permits, folios 55 to 57, cadastral studies of the property with real folio number CED2, folios 68 to 69, the Environmental Damage Assessment Report, folio 60, Report AT-0613-2016, etc.), which, evidently, were not part of the bundle of copies that had been sent to the Attorney General's Office some time earlier. And even more importantly, the Public Prosecutor's Office filed the indictment only in June 2016, that is, practically a year after it had sent the only bundle of copies to the Attorney General's Office. Now, it is here where the provisions of subsection b) of Article 24 of the Organic Law of the Attorney General's Office apply, according to which, it is also the obligation of the Administration of Justice: “[…] to provide the Attorney General's Office with copies of all resolutions, minutes and proceedings, whether evidentiary or of any other nature, carried out during the processing of the trials or cases. These copies shall be stamped and signed by the Clerk of the Office” (emphasis added). It being, then, the final requirement of the Public Prosecutor's Office, through which it filed formal charges against [Name1], as well as offered the evidence supporting said accusation and requested the opening to trial of the case, in accordance with the second paragraph of the referred Article 24, it was the obligation of the Public Prosecutor's Office to send the Attorney General's Office copies of both the accusatory document and the evidentiary material that supported it. However, from the minute study of the case file, it is evident that the prosecuting body never complied with this procedure. Consequently, in accordance with the provisions of subsection c) of Article 24 of the Organic Law of the Attorney General's Office, even if the 13-day and 5-day audiences of Articles 306 and 316 of the Code of Criminal Procedure had been notified to it, none of these terms would run against the State's representation, but only until the Public Prosecutor's Office complied with its obligation to deliver the copies of the indictment and the evidence. Hence, the entire argument of the technical defense regarding the alleged extemporaneousness with which the private prosecution (querella) and the civil action for damages were filed in this case completely crumbles, given that in this specific case the thirteen-day term provided for in Article 306 of the Code of Criminal Procedure never began to run for the Attorney General's Office. And there is another fundamental issue that was likewise overlooked by the appellant. Indeed, according to the provisions of Article 179 of the Code of Criminal Procedure, defects must be remedied, whenever possible, by renewing the act, rectifying the error, or complying with the omitted act, ex officio or at the request of the interested party. In the case sub examine, despite the Attorney General's Office, by communication dated November 15, 2016, warned the Criminal Court of Alajuela that the Public Prosecutor's Office had not complied with the obligation to send it copies of the indictment and evidence, a new scheduling for the preliminary hearing was set, so then the Attorney General's Office, this time indeed, timely filed the claim for defective procedural activity (remember that the term was not running against it). And in application of the provisions of Article 179 of the Code of Criminal Procedure, precisely so that it would be possible to remedy the defective procedural activity incurred by the Public Prosecutor's Office, the Attorney General's Office filed before the Criminal Court of Alajuela the private prosecution (querella) and the civil action for damages, so that the jurisdictional authority could order the fulfillment of the procedures omitted by the prosecuting body, a claim that –in the opinion of this Court of Appeals– was correctly accepted by the Criminal Court of Alajuela, this by resolution of February 10, 2017, ordering the return of the case to the Public Prosecutor's Office so that it could proceed to give transfer to Mr. [Name1] of both the private prosecution (querella) and the civil action for damages and to take a new statement from him. In this way, if in this case the Attorney General's Office filed the private prosecution (querella) and the civil action before the Criminal Court of Alajuela, it was not due to a capricious decision, as the defense unfoundedly alleges, but rather as a consequence of the non-compliance by the Public Prosecutor's Office with the obligation established by subsection b) of Article 24 of the Organic Law of the Attorney General's Office. However, the Alajuela Prosecutor's Office again erred –the same error that was later reiterated by the defendant's public defender– when prosecutor Johana Ramírez Chacón returned the case file saying that copies of the pieces of the summary investigation had been timely sent to the Attorney General's Office. This statement by the prosecutor proved to be inaccurate, given that, although copies were sent to the Attorney General's Office at some point, these corresponded only to the content of the case file up to July 29, 2015. Regarding all the evidence that was collected subsequently and the accusatory document itself, no copies were sent to the Attorney General's Office, so the terms did not run against the latter. Hence, the Criminal Court of Alajuela was correct when, in a resolution of November 10, 2017, it ordered the return of the case file to the Assistant Prosecutor's Office for the fulfillment of the procedures corresponding to the private prosecution (querella) and civil action (cf. folio 188). And as recorded in the case file, the defendant [Name1] gave a new investigative statement on November 27, 2017 (cf. folio 189) and was given transfer of the civil lawsuit against him (cf. folio 190), thereby safeguarding the right of defense of the accused, rectifying the procedural errors, and complying with the omitted procedures. Hence, the appellant is in no way correct when he states that it was due to a purely capricious matter that the Attorney General's Office filed the private prosecution (querella) directly with the Criminal Court, nor is it true that in this case the Public Prosecutor's Office evaded its obligation to give transfer to the technical and material defense of the private prosecution (querella) and the civil action for damages filed by the State's representation. And even more importantly, what is stated in the appeal regarding the Public Prosecutor's Office being the one that controls the constitution of the private prosecutor (querellante) and civil plaintiff party is also incorrect. Certainly, the Code of Criminal Procedure establishes that, in principle, the private prosecution (querella) and the civil action must be filed before the Public Prosecutor's Office (in the case under study, this was not possible due to the Prosecutor's Office's failure to send copies of the indictment and evidence to the Attorney General's Office), but it is not the Public Prosecutor's Office that qualifies and formalizes the constitution of the private prosecutor (querellante) and civil plaintiff as a party to the process, but rather the competent authority for this is the Criminal Judge of the Intermediate Stage, in accordance with the provisions of Articles 318 to 321 of the Code of Criminal Procedure, it turning out that in the case sub examine, the Criminal Court of Alajuela, upon issuing the respective order to open the trial in November 2018, admitted the constitution of the Attorney General's Office as a procedural party, so that it could exercise the private prosecution (querella) and the civil action for damages on behalf of the State. For all the foregoing reasons, as the protested defects do not exist, the ground is declared without merit.

II.- As the first ground of the appeal against the judgment filed by the representative of the Attorney General's Office, insufficient justification is claimed, and failure to observe the rules of sound criticism regarding evidentiary means of essential value. She points out that the lower court acquitted the defendant considering that there were doubts about the existence of the water spring (naciente) located on the property of the complainant Edwin Chavarría González, as well as detracting credibility from the certification issued by the Water Directorate (Dirección de Aguas) (which not only confirms the existence of the water body, but also its permanent condition). She refers that the act attributed to the accused [Name1] consisted of the fact that, knowing of the existence of a spring (naciente) located on a nearby property, he built a house within the protection zone of said water body. She maintains that the intent with which the accused acted was proven with the testimony of the owner of the property where the spring (naciente) was located, the witness Edwin Chavarría González, who declared that when Mr. [Name1] came to his office to tell him that he was going to carry out earthworks (movimientos de tierra), said witness reminded him that there was a spring (naciente) on his property and that he required the corresponding permits, to which the defendant [Name1] replied that there was no problem. She alleges that, despite this categorical statement –which was not denied by the defendant–, the testimony of Mr. Chavarría González was diminished by the court of first instance, without any support, with the argument that the word of one witness would not be sufficient, but rather the intent of the accused had to be demonstrated through a technical document that evidenced it to him. She claims that, in addition, the judge considered that as this conversation was not described in the private prosecution (querella), this statement by the witness could not be considered for a conviction. The appellant argues that her private prosecution had as its basic content the will and knowledge of the unlawfulness of the defendant's acts in violating the protection zone, a description that meets the requirements of Articles 76 and 303 of the Code of Criminal Procedure, for which reason she considers that considerations proper to what should be debated at trial have no place within the facts of the private prosecution, such as the demonstration of the defendant's intent, since according to procedural regulations, this particularity of how the existence of the spring (naciente) came to the defendant's knowledge does not have to be in the statement of facts, so that such a demand by the judge was violative of due process. On the other hand, she considers that the lower court's argument is also violative of the principle of freedom of evidence. She alleges that there is no express rule establishing that in order to demonstrate knowledge of the existence and limitations imposed by water bodies, protected in numeral 33 of the Forest Law (Ley Forestal), a cadastral annotation on the affected properties is required, or that a notification must be issued in a technical or official document that makes the existence of the water bodies generally known. She points out that, in these cases, it is sufficient for the defendant to have had the water outflow in sight for the interested party to be considered aware of it, so the court of first instance's argument grossly imposes a system of legal proof. She emphasizes that the statement made by Mr. Chavarría González to the accused was never considered false and there is also no contrary declaration that justifies detracting credibility from it. She criticizes that the Trial Court argued that the complainant had no official character and lacked standing to transfer that information to the accused, something the appellant considers unreasonable considering that Mr. Chavarría González had the right to protect his property and –on that premise– had standing to warn the defendant that the potential earthworks (movimientos de tierra) could harm his property and the water spring (naciente). In the opinion of the appellant, the foregoing made everything that occurred in this case seem probable, namely, the invasion of the protection zone and the production of sediments that eroded and washed onto the property of the offended party Chavarría González. She considers that it does not matter that construction began in July and the complaint to MINAE was filed in September, as there is no doubt that the work was carried out in those months, after he alerted the defendant, so that –according to the appellant's opinion– from that moment on, the fact that the spring (naciente) was observable from the street or not, whether the limitation was recorded from a cadastral point of view or not, or the exact distance of the spring (naciente) from the construction was not known, was of no relevance whatsoever, since the defendant was warned by the property owner, so from that moment the state of ignorance disappeared and, if there was any doubt about the existence of the spring (naciente), it was up to the defendant to take the pertinent steps before the authorities to determine the veracity of what he was informed, but it was so evident that Mr. [Name1] was not willing to submit to the law, respecting the protection area, that he did not even request construction permits from the Municipality of Alajuela, despite which he erected the construction knowing they were required, as recorded at folio 55, so the conclusion of the Court has no legal or factual basis. On the other hand, she claims that the court of first instance accepted the defense's thesis, regarding the existence of another water spring (naciente), conceded to Mr. Chavarría, under file No. 8052 of the Water Directorate of MINAE, which is different from the one at issue here as it has a collection tank and pipes, generating confusion regarding the identity and permanent quality of the water body referred to in this process. The appellant considers that such confusion does not exist, since the testimonies of Edwin Chavarría González and [Name3], an official of the Central Volcanic Mountain Range Conservation Area (Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central), who attended the former's complaint in the field, were received at trial, and they established the location of the spring (naciente) without that confusion alleged by the defense and shared by the Trial Court, which finds support in official letter SINAC-ACCVC-OA-1783-2014, from folios 1 and 2 of the file, as well as in the expert opinion DCF 2015-999521-ING, which confirms that the construction was within the protection area of the spring (naciente). Likewise, she refers that according to report AT-0613-2016, the spring (naciente) which is the subject of this case –not another– was observed by the Water Directorate, corroborating its location within the complainant's property. She further maintains that according to administrative file No. 8052-A, the concession granted to Valle de Agua S.A., represented by Chavarría González, has existed since 1998 for the property at [Address1] and it was not until March 7, 2012, that it was requested by Mr. Chavarría González in the name of said company and for property No. 2-382484-001, which is granted but not for the original property, but for the segregation with real folio 383484-002, according to resolution R-0184-2014 (folios 167 and 168 of the file). She points out that it follows from the foregoing that the concession granted to Mr. Chavarría González differs from the original, which is corroborated by the maps at folios 5 and 149. She considers that the foregoing clarifies the fact that there are several springs (nacientes) and concessions in the same file: the first concession for water use was for the property at [Address2], and, for purposes of the complainant's application, his concession exists within the same file, but for his own property, i.e., the segregation with real folio 382484-002, thus the confusion is ruled out. She adds that, although it is not possible to extract the denomination of permanent spring (naciente) from the folios of this dossier, this condition is made evident by verifying in the file that the spring (naciente) was concessioned to be enjoyed continuously and in pre-established quantities due to its permanent water outflow. She points out that the foregoing was confirmed by the witness [Name3], and it is also an unquestionable fact that it is the Water Directorate that finally determines, via report AT-0613-2016, that this spring (naciente) is a public domain and permanent water body. She maintains that the jurisprudence of the Court of Appeals has established that, although it has been alleged that there are no hydrological studies conducted by the Water Directorate to accept its criteria as certain regarding the classification of the water bodies, the criteria of this ministerial agency is sufficient to take the condition of the water outflow as certain, all of which contradicts the argumentation of the sentencing body. She requests that the ruling be annulled and a new referral for a new trial proceeding be ordered. In what follows, the ground is declared without merit: According to Article 31 of our Criminal Code, a person acts with intent when they desire the realization of the typified act, as well as when they accept it, foreseeing it at least as possible. For traditional doctrine, intent is constituted by an intellectual or cognitive component and a volitional component. Regarding the first, it is affirmed that it consists of knowing what one is doing and knowing the elements that characterize that action as typical. As doctrine details, this knowledge refers to the objective elements of the criminal offense: subject, action, result, causal relationship or objective imputation, material object, etc. Thus, for example, in the subjective type of homicide, intent requires knowing the fact that one is killing, that the action performed is adequate to produce the death of another person, and that the victim is a person. Doctrine also points out that this knowledge required by intent must be an actual effective knowledge (knowledge actually possessed by the subject at the time of committing the act) or actualizable knowledge (despite possessing it and having it available, they do not consider it at the moment of acting).

Thus, for example, a person may know what they had for lunch on a given day, which constitutes effective knowledge, but they only actualize it when they think about it, that is, when they retrieve it from their memory and have it present at the moment of acting). Therefore, for intent (dolo) to exist, potential knowledge is not enough, because the person must know what they are doing; it is not enough that they should have or could have known it. Moreover, the volitional element of intent (dolo) consists of the unconditional will to carry out something (typical) that the author believes they can carry out, because in addition to knowing the objective elements of the offense, it is necessary to want to carry it out, that is, that the agent decides to perform the typified conduct. (Cf. [Name4], Eugenio Raúl and others. Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, Ediar, 2005, pp. 400 and 401). Now, doctrine also agrees that the knowledge that the agent must have of the elements of the criminal offense must encompass both descriptive and normative elements. Knowledge of the former requires that they have been perceived by the subject. With respect to normative elements, these are understood by their significance. Regarding the latter, Professor Castillo González has indicated that: "Normative is an element that can only be apprehended through an evaluation […] For the existence of intent (dolo) in relation to a normative element, it is required that the subject knows the meaning of the concept ('Bedeutungskenntnis') (for example, the meaning of the concept 'unlawful seizure' of a 'thing wholly or partially belonging to another', in Article 208 of the Criminal Code). Normative or evaluative elements can be of two classes. The so-called juridical normative elements are those whose significance can only be understood with reference to a legal norm, which is external to Criminal Law, and which establishes legal relationships between different subjects. The legal relationships to which these elements of the offense refer become part of the type of wrong. These legal concepts to which juridical normative elements refer are, for example, 'marriage' (Arts. 176, 177, 118, Criminal Code), 'adoption' (Art. 183 bis, 184 bis, Criminal Code), 'minor' (Art. 184 Criminal Code), etc. But there are also normative elements with general evaluative formulas, which are those that require a general evaluation (worldview) from the subject. Such are, for example, 'dishonor' (Art. 143 Criminal Code), 'dignity or decorum' […] Intent (dolo) regarding a normative element of the offense presupposes that the author has understood the evaluation that the legislator incorporated into the concept in question (material norm) (parallel evaluation to the sphere of a layperson). For this, it is not necessary for the author to know the concept in its legal dimension, but it is sufficient that they represent to themselves the factual situation to which the legislator intended to extend the protection of the criminal norm. But this equally means that it is not enough for the author to recognize the circumstances of the act in their factual-empirical substratum, but rather they must understand them in their content and social significance. For example, the agent knows, when they deflate a car's tires, that it cannot be used. In this case, the author cannot allege lack of intent (dolo) due to their ignorance of the concept of 'damage', arguing that they thought the crime of damage could only be committed when the effect of the action impacted the substance of the thing, but not when the object of the action affects, as in the case of the example, its social function" (CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. Derecho Penal. Parte General. San José, Editorial Jurídica Continental, Volume I, 2008, pp. 586-587).

Well then, focusing on the case under study, it must be indicated that the criminal offense provided for in subsection a) of Article 58 of the Forest Law (Ley Forestal) establishes a penalty for whoever: "Invades a conservation or protection area, whatever its management category, or other forest areas or lands subject to the forestry regime, whatever the area occupied; regardless of whether they are private lands of the State or other agencies of the Public Administration or lands of private domain […]". As can be seen, this criminal offense contains a juridical normative element, which is that the action devalued by the legislator (invasion) must fall upon a conservation or protection area. The foregoing necessarily refers us to the provisions of subsection a) of Article 33 of this same Forest Law (Ley Forestal), according to which protection areas are considered: "The areas bordering permanent springs (nacientes permanentes), defined within a radius of one hundred meters measured horizontally". From the foregoing, it derives that, for the configuration of the subjective criminality of this crime, as part of the cognitive element of intent (dolo), the agent necessarily must have knowledge not only that their action implies invading, that is, irregularly entering and occupying an area that they know is within the radius of one hundred meters distance from a spring (naciente), but also that the latter is of a permanent nature. Naturally, for this, the agent must have sufficient information to foresee and accept, at least as possible, the production of such a result.

Well then, having examined both the content of the case file and the grounds of the contested judgment, this Court of Appeals concludes that the trial court is correct that the evidentiary material incorporated into the plenary does not allow accrediting, with the certainty required by Articles 39 and 41 of the Political Constitution and 9 of the Criminal Procedure Code, that the accused [Name1], at the time he erected the building that is the subject of this case, had knowledge, not only that the place where he was carrying out the earthworks (movimientos de tierra) was allegedly located less than one hundred horizontal meters distance from a spring (naciente), but also that the latter would have "permanent" characteristics. Indeed, the first argument of the sentencing court for acquitting the defendant [Name1] is that the evidence produced at trial did not demonstrate with certainty that the latter had knowledge that the building he was erecting was possibly located less than 100 meters distance from a spring (naciente) with such characteristics. In this regard, the Trial Court explained the following: "[...] the first problem we face —in this case— we locate in the typical description made by both the Public Prosecutor's Office and the Attorney General's Office, as we find a serious problem in the imputation of facts made by both accusing entities. Let us first analyze the prosecutorial accusation, which in numbered point 1 describes the following typical action by the accused '…knowing that said farm was subject to a registry encumbrance consisting of being close to a water spring (naciente) upon which it is prohibited to build or modify terrain at a distance less than 100 meters…', from the evidence submitted in the proceedings and offered, both by the private accusing party, that is, the Attorney General's Office and the Public Prosecutor's Office, there is no element whatsoever that can demonstrate that the intent (dolo) of the accused [Name1] consisted of disobeying the existence of a registry encumbrance. This is so because the documentary evidence produced in this case accounts for the existence of the farm Registered in the Public Registry at Real Folio Registration Number 118354-000, as can be verified at folios 68 and 69, in which only the existence of an easement (servidumbre) transferred with citations 326-04671-01-902-001 is mentioned, an inscription that has no relation whatsoever to the supposed registry annotation described in the prosecutorial accusation. This is so insofar as a literal certification of the property related here was not provided at the debate, confirming the existence of said reserve inscribed in the Public Registry, as was charged. It is the duty of the court to apply the principle of correlation between accusation and sentence, so it would be impossible for this judge to consider the intentional action (acción dolosa) proven, which the Public Prosecutor's Office attributes to the accused, without the documentary or testimonial evidentiary support that proves the existence of the registry restriction mentioned in the accusation. That is why what is appropriate in this case is to discard the version of the Public Prosecutor's Office for lack of evidence in that sense, regarding the intentional commission (comisión dolosa) of the acts referring to the registry restriction on building.

Now, the Attorney General's Office, in the complaint at folio 101, opted, at the moment of describing the intentional conduct (conducta dolosa) of the criminal offense, to do so in a more generic manner than the prosecutorial accusation, indicating in the second fact of the private accusatory document the following: '…The accused [Name1], with knowledge of the unlawfulness of his acts, proceeded to invade the protection area of a permanent spring (naciente permanente), by carrying out earthworks (movimientos de tierra) and building, equipping, and holding a structure intended for housing…'; With said factual description made by the Attorney General's Office, the first thing the court must analyze is the determination of how the accused had knowledge of the unlawfulness of his acts; that is, how he knew that the water spring (naciente) —that has been mentioned in this case— was located at a distance of less than one hundred meters from the place where the accused carried out the construction. The complaining party proposes to us, in their conclusions, that the defendant's knowledge of the fact (an integrating element of the criminal offense) was obtained from the words of the complainant, Mr. Chavarría González, who in his statement indicated that when the accused approached him to explain his intention to build a house on the land that belongs to him, he supposedly warned him that he should request all permits because there was a water spring (naciente) nearby.

Now, if this statement by the witness were true, there would be a series of imprecisions that would prevent considering the knowledge of the fact attributed to the defendant as proven. The court asks itself, why does the Court doubt the existence of the defendant's knowledge of the fact based on what was mentioned by the witness Chavarría González? The answer is very simple, Mr. Chavarría González was unaware of the distance between the future construction —since he did not know exactly on which part of the defendant's property it would be carried out, in relation to the location of the supposed water spring (naciente). But furthermore, the Court questions the capacity and legitimacy that Mr. Chavarría González has to give any kind of warning to the defendant.

More importantly, it is important to determine that, as mentioned by several witnesses, particularly Officer Calvo Alvarado of the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial), as well as recorded in the photographs provided by the parties, it is impossible —standing from the defendant's property— to observe the water spring (naciente) and the stream that is on the complainant's property. That is, we lack the necessary certainty that the defendant acted with the intent (dolo) required for the commission of the crime charged and complained of, that is, with the absolute knowledge that he was carrying out construction that was invading the protection area of a permanent water spring (naciente de agua permanente); we infer this not only because it is impossible to observe the existence of that permanent water spring (naciente de agua permanente) nor the stream, but also, even more so, it is impossible to determine the distance —between one point and another— without carrying out the corresponding measurements with specialized technological devices. In the case under study, the measurements were taken with precision instruments used by the witness [Name5], an official of the Forensic Sciences Laboratory of the Judicial Branch, which managed to determine the distance between the construction and the supposed water spring (naciente). That is, the official knowledge we have of the distance between the Eye of Water and the defendant's construction was obtained when the construction had already been completed.

The Attorney General's Office, regarding this specific point, has sought to prove the defendant's intent (dolo) not only because the witness Chavarría González had already mentioned the existence of the water spring (naciente), but also by appealing to the number of years the defendant had lived in that place, which allows us to conclude —insists the Attorney General— that the defendant knew of the existence of that water spring (naciente). However, in matters of criminal imputation, we cannot assume, nor can we engage in logical reasoning, such as that which the Attorney General's Office seeks to impose, consisting of considering it a proven fact that the defendant knew of the act he performed because he did not request the respective municipal permits for the construction of the housing related here. Adopting this reasoning is inappropriate, since it turns out to be a fallacious statement, insofar as the Court cannot accredit as an unequivocal indication that the lack of construction procedures, which he should have carried out at the Municipality of Alajuela, has a direct relationship with the construction within the protection area of the supposed water spring (naciente). This is because the defendant's decision to carry out construction without permits may have more than one explanation, this being an ambiguous indication [...]

The testimony of Mr. Chavarría González, complainant in this case, stated that the defendant had knowledge of the fact and the unlawfulness of his action and that he acted intentionally. However, his version clashes directly with the evidentiary elements presented by the prosecutor: one of them—of core importance—referred to the date of commission of the criminal acts. This testimony was considered in relation to the date of the World Cup, specifically noting the period from June 12 to July 13, 2014. However, the complaint was filed in September 2014, which means there is no certainty about when the construction began.

The witness [Name5] only accounts for the measurements taken in the case file at the scene using a GPS, reporting the distance between the points he was directed to, but this witness only measured the point-to-point indicated by the complainant. Meanwhile, Mr. [Name6] mentions as a point of interest the absolute impossibility of observing the water spring (naciente) and much less the stream on the complainant's property, due to the amount of weeds, the existence of a mesh fence, and the slope on which that land is located. Finally, the witness [Name7], the expert who assessed the environmental damage, could not recall any detail of the expert report signed by her [...]".

The Public Prosecutor's Office did not file an appeal, so this Chamber will concentrate on the claims raised by the representation of the Attorney General's Office. And the first thing that must be indicated is that, according to the way the imputation was structured in its complaint, it expressly attributed to Mr. [Name1] knowledge of the "unlawfulness of his acts", that is, knowledge that he was building within the one-hundred-meter radius of a permanent spring (naciente permanente) (protection area). Based on the foregoing, this Court of Appeals finds that the appellant biases and distorts the reasoning of the sentencing court.

Certainly, the principle of freedom of evidence, provided for in Article 182 of the Criminal Procedure Code, admits that the facts and circumstances relevant to solving a case may be proven through any element of proof validly incorporated into the process. However, this does not mean that the Trial Court is exempt from subjecting those same evidentiary elements to a critical and rigorous examination to determine if quality information can be obtained from them that allows demonstrating facts or circumstances relevant to making its decision. In other words, it is not enough that the element of proof is valid in itself, but it must also provide sufficient data so that the Court can form a judgment of certainty.

The problem that arises in the case under examination is that the only element of proof with which the appellant would try to demonstrate Mr. [Name1]'s intent (dolo) is the testimony of Mr. Chavarría González, but this did not provide the necessary and quality information to accredit, with certainty, that the defendant knew exactly where the spring (naciente) was located, that it was permanent, and—more importantly—that he carried out the earthworks (movimientos de tierra) knowing that it was located less than one hundred meters away. As the a quo judge points out, having reviewed the summary set forth in the judgment of the statement given by Edwin Chavarría González regarding the conversation he had with the accused, he stated the following: "[…] Mr. [Name1] visited me at my office, and told me he was going to do some earthworks (movimiento de tierra) and that he wanted to let me know. Because the gentleman has more years living in the place than I do. The problem is that where the earthworks (movimiento de tierra) were going to be done, the land is a slope, the problem is that a pipeline was going to be buried, that a spring (naciente) that was there was going to be damaged. But he told me it wasn't right away that he was going to do those works. He told me not to worry about the construction permits, I also warned him that the area was a protection zone. The surprise is that he came to the office on Wednesday or Thursday and the following week I was told there had been some earthworks (movimiento de tierras). When I arrived at the place, the earthworks (movimiento de tierras) had already been done and the dirt had been placed on the public road, and the road pipeline was completely invaded, what separates my property from the defendant's is an 8-meter road. The earthworks (movimiento de tierra) covered the entire culvert, so the water went through my land and damage occurred to the spring (naciente) that is precisely in a straight line with the construction [...] The property is delimited with a wire fence and a gate. The defendant did have knowledge of that spring (naciente). The accused knew my farm, because I was the one who arrived later to the area in question. When I arrived in 1997, I had to build a pipe so that the waters would not affect the spring (naciente). It was the end of the 2014 World Cup, properly in July of that year when I learned of these events. I warned the defendant that the construction could affect the water spring (naciente). My property measures almost 11,000 meters. There is no other water spring (naciente) on my property. My property does not border Mr. [Name1]'s property. I know there are other water springs (nacientes) on properties near mine. I have a concession from MINAE for this spring (naciente), it has to be renewed every 10 years; it was renewed in 2002 and renewed again in 2012. After this work was done, I did not speak with the defendant again. The damage caused by this construction was erosion".

Well then, upon examining the reasoning of the ruling, this Chamber found that, contrary to what was stated in the appeal, the judge started from the premise that this conversation between Chavarría González and [Name1] certainly existed, but held that a series of imprecisions in the complainant's statements prevented concluding that the defendant had certain knowledge of the location of the spring (naciente). Indeed, as the trial court points out, the references that Mr. Chavarría González provided to the defendant were merely generic, that is, he spoke to him of a spring (naciente), but did not provide him with more information on the matter. Stated differently, it does not emerge from his testimony that Mr. Chavarría González indicated to the accused exactly where the spring (naciente) was, just as the complainant also did not know on which part of Mr. [Name1]'s land, which was not adjacent to his, the construction was going to be carried out, such that the defendant could be informed that he was less than 100 meters from a spring (naciente). It was not until after the construction of the work by Mr. [Name1] that the respective studies of both farms were carried out by [Name3], an official of the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación), as well as the DCF: 2015-00521-ING report from the Forensic Engineering Section, which determined that said building was within the 100-meter radius of the water source. Hence, the statement of Mr. Chavarría González never had the supposed conclusiveness that the appellant intends to attribute to it.

Furthermore, upon analyzing the reasoning of the sentencing court, it is clear that it is not true, as stated in the appeal, that the a quo court acquitted the accused supposedly because the conversation between Chavarría González and [Name1] was not described in the statement of facts of the complaint; nor is it true that the trial court, applying criteria of weighted evidence, demanded that intent (dolo) be proven through technical evidence. Basically, the Trial Court's argument consists of maintaining that the evidence did not demonstrate that [Name1] knew where the water spring (naciente) was located, such that the earthworks (movimientos de tierra) could affect it, a conclusion that, in the judgment of this Chamber, conforms to the merits of the evidence.

Likewise, a transcendental aspect for the solution of this case is to determine if the accused, by his own means, had the possibility of verifying whether the spring (naciente) Mr. Chavarría González told him about really existed, as well as the distance it was from the place where he planned to erect the building. And this is where the argumentation of the appellant herself gains great importance, who maintains that there is no express norm establishing that to demonstrate knowledge of the existence and the limitations imposed by water bodies protected by Forest Law (Ley Forestal) No. 7575, especially in its numeral 33, it is required that there be a registry-type annotation on the affected properties or that a notification or technical or official document must be issued making the existence of said water bodies generally known, expressly stating in her appeal that it is sufficient that the accused had the water source in sight for the interested party to be considered knowledgeable of it.

Well then, as is extensively explained in the contested judgment, independently of whether the legislation provides for the need for the existence of this kind of water sources to be recorded via registry annotation, with respect to the accusation formulated by the Public Prosecutor's Office, the problem lies in the fact that there, Mr. [Name1] was attributed intent (dolo) precisely through knowledge of a registry annotation, whose existence was never demonstrated. Hence, the accusatory hypothesis of the prosecutorial body necessarily had to be rejected. And with respect to the complaint filed by the Attorney General's Office, in light of the arguments of the trial court, this Court of Appeals reviewed the Ocular Inspection Report No. 1538-2017, prepared by officers of the Regional Delegation of the Judicial Investigation Organization (Organismo de Investigación Judicial) of Alajuela, where the following is recorded: "It is an open crime scene, since it encompasses both the external area on the north side of the victim's dwelling, as well as the public road that follows and borders the property in said sector and also on its west side, to subsequently locate an extremely extensive area on a descending support plane, hillside type, situated towards the north side of the road that runs from east to west and vice versa, which is protected by a galvanized mesh fence, having a vehicular access gate diagonal to the house of the acting witness, this at more than ten meters distance, where a great amount of extremely dense vegetation and a small dirt road that starts from the gate heading northwest is observed, which leads to the interior of the property, and according to community neighbors, ends near the river. However, due to the type of vegetation, from the external area and with greater reason from the defendant's property, it is not possible to appreciate any type of spring (naciente), river, stream, water source, or accumulation of water. Also, neither internally nor externally is any type of signage or indication observed that makes known the existence of said spring (naciente) or something similar, making it impossible to detect it by simply passing by the place or observing from outside the private property, which by the way is completely closed, preventing access to third parties [...]" (folio 192). The foregoing was ratified at trial by investigator Andrés Calvo Alvarado, who testified as follows: "Upon arriving at the site, it was a public road, on one of the sides was the dwelling of one of the accused, on the other side of the public road there was a private area, protected with galvanized mesh around its entire perimeter. It had abundant vegetation, it had a vehicular gate, with an entrance towards the interior of the private property, it is a descending hillside. From the external part, the public road, it was not possible to observe any type of spring (naciente), river, or similar matter. According to neighbors, it was said that apparently there was a spring (naciente) but it could not be corroborated by us and from the public road it could not be seen. No signage about the existence of a spring (naciente) was observed." This evidence openly refutes the appellant's argumentation, because it demonstrates that from outside the private farm of Mr. Chavarría González, which was completely fenced and closed, it was materially impossible to observe the water source that is the object of this case, which provides evidentiary support for the sentencing court's conclusion that Mr. [Name1] had no way to corroborate, in the first place, if this spring (naciente) existed. And, in the second place, he also had no way to determine what distance there was between said water source and the construction he was erecting, a fundamental element for the configuration of the intent (dolo) required by Article 58 of the Forest Law (Ley Forestal), without the references —merely generic— made to him by the witness Chavarría González, by themselves, being sufficient to provide all that information required for the configuration of the subjective criminality of the crime, as the appellant erroneously claims.

Finally, it is considered that the Trial Court is correct when it maintains that from the fact that [Name1] had many years of residing in that sector, the irrefutable conclusion could not be drawn that he "must" have known that there was a spring (naciente) on Mr. Chavarría González's property. It should be remembered that, as doctrine points out, the knowledge required for intent (dolo) is current or actualizable, not knowledge that the agent simply "should" have. To that extent, the appellant's argument, according to which, given the number of years the accused had lived there, he "should" know of the existence of that spring (naciente), starts from a mere unprovable assumption, because as is explained in the ruling, from Mr. [Name1]'s property it was not possible to observe the existence of the permanent water spring (naciente de agua permanente) nor of the stream, but moreover it was impossible to determine the distance between one point and another without taking the respective measurements using specialized technological devices (e.g., topographic measurement devices, GPS, etc.), studies that were conducted after the accused acts.

Consequently, the trial court is correct that the evidence brought to the plenary did not allow demonstrating that [Name1] acted with intent (dolo), that is, knowing that he was erecting a building less than one hundred horizontal meters distance from a permanent spring (naciente permanente). And this absence of intent (dolo), by itself, justifies the criminal acquittal of [Name1].

On the other hand, from the analysis of the remaining arguments of the judgment, it is clear that the appellant is correct in asserting that the Trial Court's grounds for justifying the alleged doubt regarding the identity of the spring (naciente) that is the subject of this case, or its "permanent" status, are omitted and inconsistent, given that with respect to both issues, the judge relied almost exclusively on the certified copies of administrative file 8052 of the Directorate of Water of the Ministry of Environment and Energy, practically disregarding in its entirety the rest of the evidentiary material. In the opinion of this Chamber, regardless of the identification made in said file of the spring (naciente) that appears there as a concession to Valles de Agua S.A., it is considered that the adjudicating body should have analyzed jointly, harmoniously, and critically the information recorded in Official Letter (Oficio) SINAC-ACCVC-0A-1783-204, the Ocular Inspection Report (Acta de Inspección Ocular) Official Letter (Oficio) PA-1820, the georeferenced location map of the site of the event, the expert report (dictamen) DCF: 2015-000521-ING, official letter (oficio) OA-1955-2015 regarding the Environmental Damage Assessment (Valoración del Daño Ambiental), and the statements of Edwin Chavarría González and [Nombre3], not only with respect to the identity and location of the spring (naciente) whose protection area was allegedly invaded by the defendant, but also with respect to its nature, so that the sentencing body could explain why, even with the information contained in these documentary, expert, and testimonial pieces of evidence, it would still be possible to question both the identification of the water outflow (brote de agua) and its condition of "permanence," reasoning that does not exist in the judgment. Indeed, the Court itself—as one of the arguments to rule out intent—admits that measurements were taken with precision instruments by the expert [Nombre5], an official of the Forensic Science Laboratory of the Judicial Branch, in which it was possible to determine the distance between the construction and the alleged spring (naciente) of water, which is not consistent with its questions about the very existence and identity of said spring (naciente). Now then, without prejudice to the foregoing considerations, which could indeed have an impact on eventual civil liability (responsabilidad civil) of Mr. [Nombre1] (an issue that will be addressed in the following recital (considerando)), it is equally worth remembering that all these technical studies were carried out after the accused erected his building, so they could not be used to demonstrate that, at the time Mr. [Nombre1] was carrying out the construction, he had that technical knowledge about the identity, location, and nature of the referenced spring (naciente) of water. That is, they could not constitute proof that he acted with intent. For all the reasons stated, the ground is dismissed.

III.- As the second ground of the appeal, insufficient reasoning and disregard of the rules of sound criticism regarding evidentiary items of essential value is claimed. The appellant reiterates the same arguments set forth in the previous recital (considerando), alleging that, having proven not only the existence of the spring (naciente) and its permanent character, as well as that the accused built the house within the radius of the protection area of the spring (naciente), facts that are attributable to Mr. [Nombre8] (causal link), what was appropriate was to compensate the State for the environmental damage derived from this illegal act, which is verified by official letter (oficio) No. OA-1955-2015, to which the Environmental Damage Assessment Report (Informe de Valoración de Daño Ambiental) is attached, which records the magnitude and amount of the damage caused by the criminal actions of Mr. [Nombre1], which was assessed by MINAE in the sum of ₵ 1,177,884.00. It requests that the judgment be reversed insofar as it dismissed the civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) and that its remand be ordered for new proceedings. As the third ground of the appeal, lack of reasoning by omission is claimed regarding the order to restore things to their prior state for the protection zone of the affected spring (naciente). It claims that despite an express request from the appellant, the Trial Court did not order or arrange anything in relation to the affected site and its restoration to the original state, through the elimination of the work built by the accused to allow for its regeneration, for which it reiterates its argument that the documentary and testimonial evidence demonstrates not only the existence and conditions of the affected water outflow (brote de agua), but also the construction built by the accused. It requests that the judgment be reversed and its remand be ordered for new proceedings. As they contain connected claims, both grounds are addressed in the same recital (considerando), granting them, as will be stated below. In the contested judgment, practically the only argument put forward by the sentencing body to dismiss the civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) was that it was not possible to demonstrate that the accused [Nombre1] acted with intent. However, national jurisprudence has repeatedly held that if the accused is acquitted for "purely criminal" reasons (e.g., because the conduct is not typical, unlawful, or culpable), their civil liability (responsabilidad civil) could subsist provided that the existence of damage is demonstrated and the requirement is met that there is a normative source other than criminal law that allows such a thing. In other words, the exclusion of the criminal wrong does not necessarily prevent the civil action for damages (acción civil resarcitoria) from being upheld, provided that a damage-generating event can be demonstrated for which liability (responsabilidad), from the point of view of civil legislation, can be attributed to the defendant, thus creating the obligation to compensate. Precisely on this same topic, the Third Chamber (Sala Tercera) of the Supreme Court of Justice ruled, arguing that: "The right to reparation for the damage caused by the crime is not accessory to that crime, but is independent and equally important, since it does not depend on declaring the criminal liability (responsabilidad penal) of the individual, but it is perfectly feasible that despite a criminal acquittal, such as the one decided here, civil liability (responsabilidad civil) subsists (articles 40 and 368 of the Code of Criminal Procedure). The acquittal does not automatically imply, nor does it authorize the Court to omit the analysis and ruling regarding civil liability (responsabilidad civil), an aspect repeatedly indicated in various resolutions of this Chamber (cf. judgment number 101-F, at 11:00 a.m. on October 8, 1982; 241-F at 10:45 a.m. on October 2, 1986). In the foregoing sense: '... this Chamber has already admitted as possible that a civil action for damages (acción civil resarcitoria) be upheld even when a criminal wrong is not even configured. For example, in judgment No. 565-F-94 at 4:15 p.m. on December 12, 1994, the following was stated: "Although in criminal court civil liability (responsabilidad civil) is normally imposed by the verification of at least an unjust act (that is, a typical and unlawful act), under the terms of article 103 of the Penal Code (thus, resolutions 496-F at 11:30 a.m. on October 23, 1992, and 52-F at 9:45 a.m. on January 29, 1993), nothing prevents that civil judgment from being imposed also when liability (responsabilidad) may arise from another normative source, from which the obligation to indemnify derives, a possibility expressly provided for in our legislation in articles 11 and 398 of the Code of Criminal Procedure." Thus, it is perfectly feasible that without a criminal wrong, a judgment for civil liability (responsabilidad civil) may proceed, provided that the requirement is met that there is another normative source other than the criminal system that allows such a thing. In the case under examination, we are faced with an event in which the typical conduct of one of the alleged perpetrators has been ruled out by the trial court. This means there is no criminal wrong. Therefore, it only remains to elucidate whether there is a liability regime applicable in this matter, such that it is feasible to issue a civil judgment...' (Third Chamber (Sala Tercera) of the Supreme Court of Justice, resolution number 2000-00619, at 11:20 a.m. on June 9, 2000). More recently, this Chamber has ruled regarding the accessory nature of the civil action, as well as the obligation of the Adjudicator to rule on it and the criteria for attribution (criterios de imputación): 'The principle of accessoriness of the civil action in relation to the criminal action implies a dependency of a formal and not substantive nature, that is, the existence of the latter is required so that the problem of civil restitution or reparation must be resolved. Once the oral and public trial has been held, the principle of accessoriness disappears, as the parties have had the opportunity to discuss the facts of the complaint, present evidence, and formulate the legal arguments that support their claims. Furthermore, it must be taken into account that the solution to the criminal problem does not always coincide with the civil one. This is so because while in the criminal action it is discussed whether or not we are dealing with a typical, unlawful, and culpable action, in civil matters, the important thing is to determine, ex officio, the presence of the material elements, namely: a) The right: which implies demonstrating the existence of damage, moral or patrimonial; a causal relationship between the event and the damage and, finally, a criterion for civil attribution (criterio de imputación civil): subjective (intent or negligence (culpa): art. 1045 of the Civil Code), or objective liability (responsabilidad objetiva) (created risk: art. 1048.5 of the Civil Code; consumer protection of products or services: art. 35 of Law 7472; liability of the Administration: arts. 190 et seq. of the General Law of Public Administration, among others, or even that at the end of the trial it is demonstrated that what has occurred is a breach of contract, which must also be resolved by the trial judges in the judgment. b) Active and passive standing and c) The current interest. In such a way that in our system it is not valid to hold that because there was an acquittal in criminal matters, the civil claim suffers the same fate, a topic that has been extensively addressed by the jurisprudence of the Third Chamber (Sala Tercera) of the Supreme Court of Justice and by the Courts of Cassation (today the Criminal Sentencing Appeals Court). The criteria for resolving the criminal conflict and the civil one are diverse and there is only some coincidence when the civil action discusses the application of liability (responsabilidad) based on subjective attribution (imputación subjetiva): intent and negligence (culpa). [...] It is the obligation of the Trial Court to evaluate whether or not the aforementioned material civil elements are present, to decide what is appropriate, without it being sufficient to affirm that there is a dependency of the civil action on the criminal one. Even, in the event that it is considered that there is a breach of contract, it is also a duty of the Court to resolve what is appropriate regarding the reparation requested.' (Resolution 902-2012, at 2:05 p.m., on May 10, 2012). It is feasible that reparation may be sought through a claim in civil court, which is one of the possibilities that the legal system grants to citizens, as a choice of venue in these cases. The foregoing derives from article 103 of the Penal Code related to article 109 of the same normative text, since it follows from them that it is the civil norms of liability (responsabilidad) that apply to the obligations of civil reparation. As can be easily seen, that accessoriness established in article 40 of the Code of Criminal Procedure refers solely and exclusively to the need for a criminal process to exist so that the civil action can be initiated in that venue, but at no time is a dependency relationship established of the right to reparation (nor of the obligation to repair) with respect to the prosecution of the crime. Civil liability (responsabilidad civil) is independent of the commission of an illegal act, since the phrase "when applicable," contained in the third paragraph of article 40 of the Code of Criminal Procedure must necessarily be interpreted in the sense that, despite the criminal acquittal, the court can rule on the civil action when other normative grounds distinct from the crime subsist on which that duty to indemnify can be based. That is, when the accredited facts are sufficient to demonstrate the existence of civil liability (responsabilidad civil), without the need for the substantive norm that generates the obligation to indemnify the damage to come from Criminal Law, and without the need to demonstrate criminal liability (responsabilidad penal). The foregoing interpretation is the only one possible to derive from the principles of Procedural Economy and Restrictive Interpretation (article 2 of the Code of Criminal Procedure), in accordance with our constitutional system (article 41), with the sole requirement that the defendant must be granted an opportunity to defend. (Voto No. 2013-1842 at 5:03 p.m. on December 3, 2013). Based on the foregoing, the fact that Mr. [Nombre1] acted without the intent required by article 58 of the Forestry Law (Ley Forestal) and that this exempts him from criminal liability (responsabilidad penal), by itself does not rule out the possibility that his conduct, eventually, might have caused quantifiable harm to the environment, a topic that should have been the subject of analysis by the lower court, which completely omitted to refer to this point. Likewise, even though it is added in this section of the judgment that, additionally, there remained a doubt regarding the identity of the spring (naciente) of water, as indicated in the previous recital (considerando), said doubt is not sufficiently reasoned, since a critical analysis was lacking of the information recorded in Official Letter (Oficio) SINAC-ACCVC-0A-1783-204, the Ocular Inspection Report (Acta de Inspección Ocular) Official Letter (Oficio) PA-1820, the georeferenced location map of the site of the event, the expert report (dictamen) DCF: 2015-000521-ING, official letter (oficio) OA-1955-2015 regarding the Environmental Damage Assessment (Valoración del Daño Ambiental), and the statements of Edwin Chavarría González and [Nombre3]. And it so happens that the correct identification of the spring (naciente) that is the subject of this case and the determination of its condition are issues that could also have an impact on eventual civil liability (responsabilidad civil) on the part of the defendant [Nombre1]. Likewise, it is observed in the judgment that there was also no ruling whatsoever with respect to what is established by articles 103 of the Penal Code, 122 and 123 of the Current Rules of Civil Liability of the Penal Code, 140 and 466 of the Code of Criminal Procedure, 1, 33 and 58 subsection a) of the Forestry Law (Ley Forestal), and 99 subsection h) of the Environment Law, regarding whether the restoration of things to their prior state was appropriate, that is, whether it was appropriate to order the demolition of the work built by the accused [Nombre1]. For the reasons stated, this Court of Appeals concludes that, with respect to these points, the judgment fails to comply with the duties of reasoning established in articles 142, 184, 361, and 363 of the Code of Criminal Procedure. This Chamber wants to make it very clear that, with what has been resolved, it is in no way issuing an opinion with respect to the credibility of the evidence offered by the parties and/or the manner in which the case under study should be resolved, but rather only that the judgment lacks adequate reasoning regarding the civil points. For all the reasons stated, the second and third grounds of the judgment appeal filed by the representative of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) are granted. The contested judgment is partially annulled, only insofar as it dismissed the civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) against the defendant [Nombre1]. Remand to the Court of origin is ordered for new trial proceedings, only with respect to the civil points and the request for demolition of the work built by the civil defendant, for which purpose note must be taken of what was set forth in the second and third recitals (considerandos) of this resolution. For the rest, the contested judgment remains unaltered.

POR TANTO:

It is declared without merit the judgment appeal filed by the private defender of [Nombre1]. The first ground of the judgment appeal filed by the representative of the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) is dismissed. The second and third grounds of her appeal are granted. The contested judgment is partially annulled, only insofar as it dismissed the civil action for damages (acción civil resarcitoria) filed by the Attorney General's Office (Procuraduría General de la República) against the civil defendant [Nombre1]. Remand to the Court of origin is ordered for new trial proceedings, only with respect to the civil points and the request for demolition of the work built by the civil defendant, for which purpose note must be taken of what was set forth in the second and third recitals (considerandos) of this resolution. For the rest, the contested judgment remains unaltered.

José [Nombre1] Rojas Chacón Adriana Escalante Moncada Francisco Lemus Víquez Jueces de Apelación de Sentencia Contra: [Nombre1] Delito: Infracción a la ley forestal En perjuicio de: Los recursos naturales [Nombre9] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias en igual sentido Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Dolo Subtemas:

Consideraciones sobre los elementos cognitivo y volitivo. Análisis respecto a los elementos descriptivos y normativos del tipo penal.

Tema: Tipo penal Subtemas:

Análisis sobre el dolo y los elementos normativos y descriptivos del tipo.

Tema: Invasión de área de conservación o protección Subtemas:

Omisión de demostrar elemento congnitivo del dolo respecto a elementos normativos del tipo.

"II.- [...] En lo que se dirá, el motivo se declara sin lugar : De acuerdo con el artículo 31 de nuestro Código Penal, obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, como también quien lo acepta previéndolo al menos como posible. Para la doctrina tradicional, el dolo está constituido por un componente intelectual o cognitivo y un componente volitivo. En cuanto al primero, se afirma que consiste en saber qué es lo que se hace y conocer los elementos que caracterizan esa acción como típica. Según detalla la doctrina, este conocimiento se refiere a los elementos objetivos del tipo: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material, etc. Así, por ejemplo, en el tipo subjetivo del homicidio, el dolo requiere conocer el hecho de que se mata, que la acción realizada es adecuada para producir la muerte de otra persona y que la víctima es una persona. Señala también la doctrina que ese conocimiento exigido por el dolo, debe ser un conocimiento efectivo actual (un conocimiento realmente poseído por el sujeto al momento de cometer el hecho) o actualizable (a pesar de poseerlo y tenerlo disponible, no lo considere al momento de actuar. Así, por ejemplo, una persona puede saber qué almorzó un día, lo que constituye un conocimiento efectivo, pero solo lo actualiza cuando piensa en ello, es decir, cuando lo rescata de su memoria y lo tiene presente al momento de actuar). Por lo anterior, para que exista dolo, no basta el conocimiento potencial, pues la persona debe saber lo que hace; no basta con que hubiera debido o podido saberlo. Por otra parte, el elemento volitivo del dolo consiste en la voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el autor cree que puede realizar, pues además de conocer los elementos objetivos del tipo, es necesario querer realizarlo, es decir, que el agente se decida a realizar la conducta tipificada. (Cf. [Nombre1], [Nombre2] y otros. Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, Ediar, 2005, pp. 400 y 401). Ahora bien, coincide también la doctrina en que ese conocimiento que ha de tener el agente de los elementos del tipo penal, debe abarcar tanto los elementos descriptivos como normativos. El conocimiento de los primeros, requiere que hayan sido percibidos por el sujeto. Con respecto a los elementos normativos, estos se comprenden por su significación. Con respecto a estos últimos, el profesor [Nombre3] ha indicado que: Normativo es un elemento que solamente puede ser aprehendido por una valoración […] Para la existencia del dolo con relación a un elemento normativo se requiere que el sujeto conozca el significado del concepto (“Bedeutungskenntnis”) (por ejemplo, el significado del concepto “apoderamiento ilegítimo” de una” cosa total o parcialmente ajena”, en el 208 Cod, Pen.). Los elementos normativos o valorativos pueden ser de dos clases. Los llamados elementos normativos jurídicos son aquellos cuya significación solamente puede entenderse con referencia a una norma jurídica, que es exterior al Derecho Penal, y que establece relaciones jurídicas entre diferentes sujetos. Las relaciones jurídicas a que se refieren estos elementos del tipo se convierten en parte del tipo de injusto. Estos conceptos jurídicos a que se refieren los elementos normativos jurídicos son, por ejemplo, “matrimonio” (Arts. 176, 177, 118, cód. pen.), “adopción” (Art. 183 bis, 184 bis, cód. pen.), “menor” (Art. 184 cód. pen.), etc. Pero también hay elementos normativos con fórmulas valorativas generales, que son aquellos que requieren del sujeto una valoración de carácter general (cosmovisión). Tales son, por ejemplo, “deshonra” (Art. 143 cód. pen.), “dignidad o decoro” […] El dolo respecto a un elemento normativo del tipo supone que el autor haya entendido la valoración que el legislador incorporó en el concepto de que se trate (norma material) (valoración paralela a la esfera de un laico). Para ello, no es necesario que el autor conozca el concepto en su dimensión jurídica, sino que basta que se represente a qué situación fáctica quiso el legislador extender la protección de la norma penal. Pero igualmente significa lo anterior que no es suficiente que el autor reconozca las circunstancias del hecho en su sustrato fáctico-empírico, sino que debe entenderlas en su contenido y significación social. Por ejemplo, el agente sabe, cuando desinfla las llantas de un auto, que este no puede ser utilizado. En este caso el autor no puede alegar su falta de dolo por su desconocimiento del concepto “daños”, argumentando que él pensaba que el delito de daños solamente podía cometerse cuando el efecto de la acción incidía sobre la sustancia de la cosa, pero no cuando el objeto de la acción incide, como en el caso del ejemplo, en su función social” (CASTILLO [Nombre4] , . Derecho Penal. Parte General. San José, Editorial Jurídica Continental, Tomo I, 2008, pp. 586-587). Pues bien, enfocándonos en el caso de estudio, ha de indicarse que el tipo penal previsto en el inciso a) del artículo 58 de la Ley Forestal establece una sanción para quien: “I nvada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular […]”. Como puede verse, este tipo penal contiene un elemento normativo jurídico, como lo es que la acción desvalorada por el legislador (invasión) debe recaer sobre un área de conservación o protección. Lo anterior nos remite necesariamente a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 33 de esta misma Ley Forestal, según el cual se consideran áreas de protección: “Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal”. De lo anterior deriva que, para la configuración de la tipicidad subjetiva de este delito, como parte del elemento cognitivo del dolo, el agente necesariamente debe tener conocimiento no solo de que su acción implica invadir, esto es, irrumpir y ocupar en forma irregular una zona que sabe se encuentra dentro del radio de cien metros de distancia de una naciente, sino que además esta última es de naturaleza permanente. Naturalmente, para ello el agente ha de contar con la información suficiente como para prever y aceptar, al menos como posible, la producción de tal resultado. Pues bien, una vez examinados tanto el contenido del expediente como los fundamentos del fallo impugnado, este Tribunal de Apelación concluye que lleva razón el órgano de instancia en que el material probatorio incorporado al plenario no permite acreditar, con la certeza requerida por los artículos 39 y 41 de la Constitución Política y 9 del Código Procesal Penal, que el acusado [Nombre [Nombre5]], al momento en que levantó la edificación objeto de la presente causa, tenía conocimiento, no solo de que el lugar donde realizaba los movimientos de tierra presuntamente estaría ubicado a menos de cien metros horizontales de distancia de una naciente, sino que además esta última tendría características de “permanente”." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Responsabilidad civil pese a absolutoria penal Subtemas:

Procedencia si se demuestra la existencia de un daño y una fuente normativa distinta del ordenamiento penal que lo permita.

"III.- [...] Por contener reclamos conexos, ambos motivos se conocen en un mismo considerando, declarándolos, en lo que se dirá, con lugar. En el fallo impugnado, prácticamente el único argumento esgrimido por el órgano sentenciador para declarar sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República, fue que no se logró demostrar que el imputado [[Nombre1] ] actuó con dolo. Sin embargo, la jurisprudencia nacional ha sostenido, reiteradamente, que si por motivos “puramente penales” se absuelve al imputado (v. gr. porque la conducta no es típica, antijurídica o culpable), su responsabilidad civil podría subsistir siempre y cuando se demuestre la existencia de un daño y se cumpla la exigencia de que haya una fuente normativa distinta del ordenamiento penal que permita tal cosa. En otras palabras, la exclusión del injusto penal no necesariamente impide que pueda acogerse la acción civil resarcitoria, siempre que pueda demostrarse un hecho generador de daños cuya responsabilidad, desde el punto de vista de la legislación civil, pueda atribuirse al demandado, surgiendo así la obligación de resarcir. Precisamente sobre este mismo tema, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se pronunció argumentando que: “El derecho a la reparación del daño causado por el delito no es accesorio de aquel, sino que es independiente e igualmente importante, pues no depende de que se declare la responsabilidad penal del sujeto, sino que es perfectamente viable que ante una absolutoria penal, como la que aquí se decide, subsista la responsabilidad civil (artículos 40 y 368 CPP). La sentencia absolutoria no implica automáticamente, ni autoriza al Tribunal para omitir el análisis y pronunciamiento respecto de la responsabilidad civil, aspecto señalado reiteradamente en diversas resoluciones de esta Sala (cfr. fallo número 101-F, de 11:00 horas del 8 de octubre de 1982; 241-F de 10:45 horas del 2 de octubre de 1986). En el sentido anterior: “... esta Sala ya ha admitido como posible el que se declare con lugar una acción civil resarcitoria aún cuando ni siquiera se configure un injusto penal. Por ejemplo, en la sentencia N° 565-F-94 de las 16:15 horas del 12 de diciembre de 1994, se dijo lo siguiente: "Si bien en sede penal normalmente la responsabilidad civil es impuesta por la constatación al menos de una conducta injusta (es decir, típica y antijurídica), en los términos del artículo 103 del Código Penal (así, las resoluciones 496-F de las 11:30 del 23 de octubre de 1992 y 52-F de las 9:45 del 29 de enero de 1993), nada se opone a que esa condena civil sea impuesta también cuando la responsabilidad pueda surgir de otra fuente normativa, de la cual derive la obligación de indemnizar, posibilidad que expresamente prevee nuestra legislación en los artículos 11 y 398 del Código de Procedimientos Penales." Así las cosas, es perfectamente viable el que sin un injusto penal, proceda la condena por responsabilidad civil, siempre que se cumpla con la exigencia de que haya otra fuente normativa distinta del ordenamiento penal que permita tal cosa. En el caso en examen se está frente a un hecho en el que la conducta típica de uno de los presuntos autores ha sido descartada por el tribunal de mérito. Ello significa que no hay injusto penal. Por ende, sólo queda el dilucidar si hay un régimen de responsabilidad aplicable en este asunto, de forma tal que sea factible condenar civilmente...”. (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2000-00619, de 11:20 horas del 9 de junio de 2000). Más recientemente, esta Sala se ha pronunciado con respecto al carácter accesorio de la acción civil, así como también la obligación del Juzgador de pronunciarse sobre la misma y los criterios de imputación: “El principio de accesoriedad de la acción civil en relación con la acción penal implica una dependencia de carácter formal y no sustantiva, es decir, se requiere de la existencia de la segunda para que deba resolverse el problema de restitución o reparación civil. Una vez que se ha celebrado el juicio oral y público el principio de accesoriedad desaparece, pues las partes han tenido oportunidad de discutir sobre los hechos de la demanda, presentar las pruebas y formular los argumentos jurídicos que sustentan sus pretensiones. Además, debe tomarse en cuenta que no siempre la solución del problema penal coincide con el civil. Esto es así porque mientras en la acción penal se discute si estamos o no ante de una acción, típica, antijurídica y culpable, en lo civil lo importante es determinar, de oficio, la presencia de los presupuestos materiales, a saber: a) El derecho: lo que implica demostrar la existencia de un daño, moral o patrimonial; una relación de causalidad entre el evento y el daño y, finalmente, un criterio de imputación civil: subjetivo (dolo o culpa: art. 1045 del Código Civil), o de responsabilidad objetiva (riesgo creado: art. 1048.5 del Código Civil; de protección al consumidor de productos o servicios: art. 35 de la Ley 7472; de responsabilidad de la Administración: arts. 190 y ss. de la Ley General de la Administración Pública, entre otros, o incluso que al final de juicio se demuestre que lo que se ha producido es un incumplimiento contractual, lo que también debe ser resuelto por los jueces de juicio en sentencia. b) La legitimación activa y pasiva y c) El interés actual. De tal forma que en nuestro medio no es válido sostener que por haberse absuelto en lo penal, la misma suerte corre la demanda civil, tema que ha sido ampliamente tratado por la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y por los Tribunales de Casación (hoy de Apelación de Sentencia Penal). Los criterios para resolver el conflicto penal y el civil son diversos y sólo hay alguna coincidencia cuando en la acción civil se discute la aplicación de una responsabilidad fundada en imputación subjetiva: dolo y culpa. […] Es obligación del Tribunal de Juicio entrar a valorar si están o no presentes los citados presupuestos civiles materiales, para decidir lo que corresponda, sin que sea suficiente afirmar que existe una dependencia de la acción civil de la penal. Incluso, en el caso que se llegara a estimar que hay un incumplimiento contractual, también es un deber del Tribunal resolver lo que corresponda sobre la reparación que se pide.” (Resolución 902-2012, de las 14:05 horas, del 10 mayo de 2012). Es factible que se pretenda la reparación mediante demanda en la sede civil, lo cual es una de las posibilidades que otorga el ordenamiento jurídico a los ciudadanos, como escogencia de la vía en estos casos. Lo anterior se deriva del artículo 103 del Código Penal relacionado con el 109 del mismo texto normativo, pues de ellos se extrae que son las normas civiles de responsabilidad las que se aplican a las obligaciones de reparación civil. Como se aprecia con facilidad, esa accesoriedad dispuesta en el artículo 40 del Código Procesal Penal está referida única y exclusivamente a la necesidad de que exista un proceso penal para que la acción civil pueda incoarse en dicha sede, mas en ningún momento se establece una relación de dependencia del derecho a la reparación (ni de la obligación de reparar) respecto de la persecución del delito. La responsabilidad civil es independiente de la comisión de un ilícito, por cuanto la frase “cuando proceda”, contenida en el párrafo tercero del artículo 40 del Código Procesal Penal debe necesariamente interpretarse en el sentido de que, a pesar de la absolutoria penal, el tribunal puede pronunciarse sobre la acción civil cuando subsistan otros supuestos normativos distintos al delito en los cuales pueda sustentarse ese deber de indemnizar. Es decir, cuando los hechos acreditados sean suficientes para demostrar la existencia de responsabilidad civil, sin necesidad de que la norma sustantiva que genera la obligación de indemnizar el daño proceda del Derecho Penal, y sin necesidad de que se demuestre la responsabilidad penal. La anterior interpretación es la única posible a derivar de los principios de Economía Procesal e Interpretación Restrictiva (artículo 2 CPP), en consonancia con nuestro ordenamiento constitucional (artículo 41), con el único requisito de que debe concederse al demandado oportunidad de defensa. (Voto No. [Telf1] de las 17:03 horas del 3 de diciembre de 2013). Con fundamento en lo anterior, el hecho de que el señor [Nombre [Nombre2]] actuase sin el dolo requerido por el artículo 58 de la Ley Forestal y que esto lo exime de responsabilidad penal, por sí solo no descarta la posibilidad de que su conducta, eventualmente, hubiese causado un perjuicio al medio ambiente que fuere cuantificable, tema que debió ser objeto de análisis por parte del órgano de instancia, que omitió por completo referirse a este extremo." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...]@ Fax: 24569029 __________________________________________________________________________________________ Res: 2020-00332 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las nueve horas diez minutos del veintinueve de abril de dos mil veinte. RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , costarricense, documento de identidad número CED1, por el delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces José [Nombre1] Rojas Chacón, Francisco Lemus Víquez y Adriana Escalante Moncada. Se apersonan en apelación de sentencia, la representante de la Procuraduría General de la República, la licenciada Margot Avellán Ruiz y el licenciado Segismudo Araya Zúñiga, en condición de defensor particular del imputado [Nombre1] . RESULTANDO:

1.- Que mediante sentencia número 274-2019 de las ocho horas quince minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 del Código Penal; 1 a 15, 142, 360, 361 y 366 del Código Procesal Penal, se declara sin lugar las protestas por falta de legitimación activa y falta de acción interpuestas por parte de la defensa del encartado contra la intervención de la Procuraduría General de la República. De igual forma SE ABSUELVE DE PENA Y RESPONSABILIDAD a [Nombre1] por el delito de INFRACCIÓN DE LA LEY FORESTAL que en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES se le venía atribuyendo. Son las costas del proceso a cargo del Estado.- Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la actora civil Procuraduría General de la República contra el imputado y demandado civil [Nombre1] , se resuelve este extremo sin especial condenatoria en costas. Respecto del disco DVD aportado como evidencia material, a la firmeza del fallo, será remitido al archivo de la administración regional según lineamientos establecidos en la sesión 6312 del Consejo Superior. Notifíquese mediante lectura.- *. MIGUEL E. FERNÁNDEZ CALVO. JUEZ COORDINADOR.

2.- Que contra el anterior pronunciamiento, la licenciada Margot Avellán Ruiz y el licenciado Segismudo Araya Zúñiga, interpusieron recursos de apelación de sentencia.

3.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso. 4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Rojas Chacón; y, CONSIDERANDO:

I.- Como único motivo del recurso de apelación de sentencia que el defensor particular del imputado [Nombre1] interpuso por adhesión, se reclama violación al debido proceso y al principio de legalidad. Sostiene que en debate se opuso a que la Procuraduría General de la República participara en el plenario, por considerar la defensa que interpuso su querella y acción civil resarcitoria en forma extemporánea, toda vez que no fueron presentadas dentro del plazo de 13 días al Ministerio Público. No obstante, el Tribunal de Juicio rechazó por el fondo las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa, interpuestas por la defensa técnica del imputado. Considera que lo resuelto tanto por el Juzgado Penal de la Etapa Intermedia como por el Tribunal de Juicio es incorrecto, por lo que existe un vicio absoluto al haberse admitido incorrectamente la participación de la Procuraduría General de la República en este proceso, otorgándosele una ventaja indebida al Estado. Sostiene que los artículos 76, 77, 114 y 306 del Código Procesal Penal, que son las únicas normas que regulan la interposición de la querella y la acción civil, no prevén la posibilidad de que dichas piezas puedan ser presentadas ante el Juzgado Penal. Asimismo, sostiene que los plazos previstos por el artículo 306 del Código Procesal Penal, se deben contabilizar a partir de la presentación de la querella y la acción civil ante el Ministerio Público, pues interpretar lo contrario implicaría una derogatoria del referido artículo 306, pues liberarían a la parte de presentar las piezas ante el Ministerio Público, como también liberaría a este último del control que debe ejercer conforme a lo dispuesto por el artículo 308 del Código Procesal Penal, toda vez que al presentarse la querella y la acción civil ante el Juzgado Penal, no confiera las audiencias de ley. Alega también que esto liberaría al Ministerio Público de controlar que el imputado rinda declaración conforme al artículo 309 del Código Procesal Penal, así como liberaría a la parte querellante de cumplir con el procedimiento previsto por el artículo 114 de este mismo cuerpo normativo, según el cual la acción civil debe plantearse ante el Ministerio Público durante el procedimiento preparatorio junto con la querella. El apelante considera que admitir que el querellante pueda presentar la querella y la acción civil directamente ante el Juzgado Penal, solo porque así lo decidió por mutuo propio, y que por ella estas piezas deben aceptarse, va en contra de lo establecido por los artículos 76 y 77 del Código Procesal Penal, e implicaría liberar al Ministerio Público de la responsabilidad de ejercer el control de constitución y legitimación que tenga el querellante, toda vez que el Juez de la Etapa Intermedia solo admite esta pieza y no ejerce control alguno, permitiéndose al querellante, a través de dicho conducto, utilizar los plazos a su antojo y las instancias como le convengan. Señala que, en el caso de estudio, del folio 81 se desprende que el Ministerio Público, al ser las 08:18 horas del 7 de junio de 2016, ordenó comunicar a la Procuraduría que contaba con el plazo de 3 días hábiles para manifestar si deseaba constituirse en querellante y actora civil, resolución que efectivamente fue notificada vía fax el 7 de junio de 2016. Señala que según consta a folio 83, y dado que la Procuraduría no manifestó su deseo de constituirse en querellante, el expediente fue remitido al Juzgado Penal, el cual, mediante resolución de las 10:34 horas del 8 de julio de 2016, señaló audiencia preliminar, misma que fue notificada a la Procuraduría a su número de fax 22225335. Indica que consta a folio 89 que la Licda. Beatriz Sarmiento Chaves manifestó al Juzgado Penal que en memorial de las 08:18 horas del 7 de junio, se le dio la audiencia del artículo 306 del Código Procesal Penal por parte del Ministerio público, y siendo que al traslado no se le adjuntaron copia de la pieza acusatoria, y las pruebas que la sustentaban, dicha entidad formuló la solicitud de copias respectivas con la consecuente suspensión de plazos. A criterio del apelante, la Licda. Beatriz en su memorial de folio 89 aceptó y reconoció como válida la notificación de la audiencia del artículo 306 del Código Procesal Penal, solo que reclama la suspensión de plazo. Considera el recurrente que, de acuerdo a la interpretación que hace del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esta última si fue notificada el 7 de junio de 2016 y que el plazo debía computarse a partir de que la fecha en que se le otorgó la audiencia del artículo 306 del Código Procesal Penal, y considera que el tema de discusión es que debe contarse a partir del momento en que la Procuraduría General de la República, ejerciendo la facultad que prevé el numeral 170 del Código Procesal Penal, presentó querella penal y acción civil resarcitoria ante el Juzgado Penal de la Fase Intermedia, sea, en fecha 8 de febrero de 2017, toda vez que fue el momento en que decidió plantear la acción aprovechándose de la reposición de plazo previsto en la referida norma 170. Sostiene que, en este caso, la Procuraduría, en razón de no contar con las copias, pese a que por virtud de su petición de folio 99 a 100, se dio por notificada y presentó líbelos de acción civil y querella, solo que las presentó ante el Juzgado Penal, pese a que, por disposición legal, sin excepción alguna, se exigía que las entregara en el Ministerio Público, tal como lo previno la resolución de folio 82. Indica el recurrente que, varios meses después, el Juzgado Penal de la Fase Intermedia declaró una actividad procesal defectuosa, con sustento en el artículo 309 del Código Procesal Penal, para que se indagara al imputado por la querella; sin embargo, para ese momento en que el expediente regresó al Ministerio Público, ya habían transcurrido sobradamente los 13 días que establece el artículo 306 del Código Procesal Penal, esto a partir del 8 de febrero de 2017, momento en que de acuerdo con los folios 99 y los legajos de la acción civil, presentó dichas piezas invocando el artículo 170 del Código Procesal Penal. Sostiene el recurrente que la presentación de esas piezas en el Juzgado Penal, en modo alguno suspendía el plazo para presentarlas ante el Ministerio Público, y por ello cuando se presentaron ante este último ya habían transcurrido sobradamente el plazo de ley, de manera que su interposición fue extemporánea. Alega que no es cierto que el Estado tenga un trato especial en cuanto a la sede donde debe presentar, ya que dicho beneficio es solo con respecto a los plazos, pero en este vaso, al hacer uso del numeral 170 del Código Procesal Penal, ya no se trataba de un asunto de correrle plazos o falta de notificación de la audiencia del artículo 306 del Código Procesal Penal, sino que presentó ambas acciones ante un ente equivocado, sin que ninguna norma establezca que los plazos se suspenden si se presenta en otra instancia la gestión, de la misma forma que, por ejemplo, si un recurso de apelación de sentencia se presenta ante la Sala de Casación y transcurre el plazo de ley, entonces de le debe tener por extemporáneo. Solicita se declaran extemporáneas la querella y la acción civil que en la presente causa fueron interpuestas por la Procuraduría General de la República y, por ende, se declare mal admitido el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el representante legal del Estado en la presente causa. El motivo se declara sin lugar: Para efectos de resolver el reclamo planteado por la defensa particular del imputado, esta Cámara procederá a efectuar un recuento de las actuaciones relacionadas con la constitución de la Procuraduría General de la República como querellante y actora civil en la presente causa: i).- Mediante oficio de fecha 23 de marzo de 2015, el Ministerio Público comunicó a la Procuraduría General de la República de la existencia de la causa penal y de la realización de una inspección ocular programada para el 6 de mayo de 2015 (cf. folio 18). Dicho oficio fue remitido por vía fax el 27 de abril de 2015 (cf. folio 19). ii).- Mediante escrito recibido en la Fiscalía Adjunta de Alajuela el 29 de abril de 2015, la procuradora Margot Avellán Ruiz solicitó al Ministerio Público que, de conformidad con el artículo 24 de la ley orgánica de dicha institución, le remitiera copias del expediente, legajos e informes que conformaban la presente causa, mismas que debían ser remitidas a las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República en San José, como también que se suspendieran los plazos que corrían contra esa representación, hasta tanto los documentos solicitados fuesen debidamente recibidos en el lugar indicado (cf. folio 21). En esa misma fecha, se recibió el oficio de la Procuradora General, apersonando a los licenciados Margot Avellán Ruiz, Federico Quesada Soto y Olman Rodríguez Brunett, para que actuando conjunta o separadamente representaran los intereses del Estado en dicha causa (cf. folio 22). iii).- Posteriormente, a folio 39, se observa un oficio de fecha 28 de julio de 2015, donde la fiscal Ada Ruth Pérez Vásquez remite a la procuradora Margot Avellán Ruiz copias de las piezas de la sumaria, para lo que corresponda. Llama la atención que dicho oficio solo tiene copia de recibido de la misma Fiscalía Adjunta, de fecha 29 de julio de 2015, de las 13:48 horas, donde se consigna a mano “con copias de exp.” (cf. folio 39). iv).- El Ministerio Público formuló una acusación con fecha 3 de junio de 2016 (cf. folios 72 a 80). Luego, mediante resolución de las 08:18 horas del 7 de junio de 2016, la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, por la vía de fax, otorgó audiencia a la Procuraduría General de la República por el término de tres días, para que informara si pretendía constituirse en querellante y actora civil, indicándole que debía presentar ambas piezas dentro de los diez días posteriores al vencimiento de dicho plazo (cf. folio 81). Dicha resolución fue notificada a la Procuraduría General de la República el 7 de junio de 2016 (cf. folio 82). Sin embargo, no consta en ninguna parte del expediente que la Fiscalía de Alajuela remitiera a la Procuraduría copias de la acusación o de las pruebas que la respaldaban. v).- Posteriormente, el expediente fue enviado al Juzgado Penal de Alajuela el 5 de julio de 2016 (cf. folio 82 vto.). Mediante resolución de las 10:34 horas del 8 de julio de 2016, el Juzgado Penal de Alajuela señaló las 09:00 horas del 25 de noviembre de 2016 para la realización de la audiencia preliminar (cf. folio 83), resolución que fue notificada a la Procuraduría General de la República el 15 de julio de 2016 (cf. folio 87 vto.). vi).- Mediante escrito dirigido al Juzgado Penal de Alajuela y presentado en fecha 15 de noviembre de 2016, la procuradora Beatriz Sarmiento Chávez, en sustitución de Margot Avellán, confirmó que efectivamente por memorial de las 08:18 horas del 7 de junio de 2016, el Ministerio Público confirió a la Procuraduría General de la República la audiencia del artículo 306 del Código Procesal Penal, pero que en vista de que a ese traslado no se le adjuntó copia de la pieza acusatoria y de las pruebas que la sustentaban, por escrito de ese mismo día la Procuraduría General de la República formuló la solicitud de copias respectiva, con la consecuente suspensión del plazo para referirse a dicha audiencia, hasta tanto no ingresara lo requerido, pese a lo cual dichos documentos, a esa fecha, todavía no habían sido remitidos por el Ministerio Público. Indicó la procuradora Sarmiento Chávez que, tomando en cuenta que ya existía señalamiento para audiencia preliminar, y a fin de evitar la interposición de la actividad procesal defectuosa correspondiente y retrotraer los plazos, se reiteró al Juzgado Penal la solicitud de copias de la acusación y de las pruebas que la sustentaban, la cual se solicitó fuese atendida a la mayor brevedad posible (cf. folio 89). vii).- El Juzgado Penal de Alajuela, por resolución de las 15:04 horas del 23 de noviembre de 2017, reprogramó la audiencia preliminar para las 11:00 horas del 10 de febrero de 2017. Mediante escrito presentado en el Juzgado Penal de Alajuela el 8 de febrero de 2017, la procuradora Margot Avellán interpone una protesta por actividad procesal defectuosa, argumentando que desde el 7 de junio de 2016, la Procuraduría General de la República había formulado una solicitud al Ministerio Público para que le remitiera copias de la acusación y de las pruebas que la sustentaban, con la consecuente suspensión de los plazos, sin que a esa fecha el órgano acusador hubiere remitido las copias solicitadas. Indicó la procuradora que como dichas copias no fueron aportadas, nuevamente en fecha 15 de noviembre de 2016 se reiteró ante el Juzgado Penal la petición de copias a fin de establecer su eventual interés de constituirse en querellantes y actores civiles, solicitud que tampoco fue atendida. Señaló la procuradora que, no obstante lo anterior, y a pesar del incumplimiento de lo peticionado, la Procuraduría, por otros medios, entró en conocimiento de la pieza acusatoria y la prueba que la sustenta, pero no había tenido la oportunidad de manifestarse en cuanto al interés o condición en que participaría en este proceso, lo cual violentaba el derecho de defensa y el curso normal del procedimiento, máxime si se tomaba en cuenta que el plazo se encontraba suspendido y, por ende, se encontraba vigente la posibilidad de la Procuraduría de participar como querellante y actor civil en el caso de estudio, pues –a su criterio- formalmente no se le había conferido la audiencia del artículo 306 del Código Procesal Penal, por lo que solicitó acoger la actividad procesal defectuosa y, en aras de la celeridad procesal, se tuviera presentados los líbelos de querella y acción civil que se adjuntaban, mismos que fueron elaborados conforme a la prueba que obtuvieron por sus propios medios, y que se procediera a notificar al imputado para lo correspondiente (cf. folios 99 a 100). viii).- Durante la audiencia preliminar celebrada a las 11:34 horas del 10 de febrero de 2017, la Procuraduría General de la República reiteró la protesta por actividad procesal defectuosa. Por su parte, tanto el Ministerio Público como la defensa del imputado señalaron que efectivamente existía el vicio, toda vez que no constaba en el expediente que se hubiere remitido a la Procuraduría las copias de la acusación y las pruebas. El Juez Penal de la Etapa intermedia acogió la protesta y ordenó devolver la causa a la Fiscalía Adjunta de Alajuela, para que diera el trámite correspondiente a la querella y acción civil hacia el acusado y su defensa técnica (cf. folio 121). ix).- No obstante lo anterior, mediante disposición de fecha 28 de febrero de 2017, la fiscal Johana Ramírez Chacón remitió de nuevo el expediente al Juzgado Penal, argumentando que a folio 39 constaba un oficio dirigido a la Procuraduría General de la República, en el cual el Ministerio Público remitía copias de las piezas de la sumaria y que de acuerdo al sello de recibido de la encargada del correo en ese momento, recibe dicho oficio el 29 de julio de 2015 a las 13:48 horas, haciendo la anotación “con copias del expediente”, por lo que entonces el Ministerio Público no omitió remitir las referidas copias. Con fundamento en lo anterior, la fiscal Ramírez Chacón remitió de nuevo el expediente al Juzgado Penal de Alajuela, para que se conociera nuevamente la solicitud de acusación y apertura a juicio (cf. folio 144). El expediente fue nuevamente recibido en el Juzgado Penal el 2 de marzo de 2017 (cf. folio 144 vto.). x).- Mediante escrito presentado en fecha 17 de febrero de 2017 en el Juzgado Penal y remitido a la Fiscalía Adjunta de Alajuela el 27 de febrero ese ese mismo año, la defensora pública del encartado [Nombre1] argumentó que la Procuraduría General de la República interpuso una actividad procesal defectuosa aduciendo que no se remitieron copias de la pieza acusatoria en la audiencia conferida a dicha institución, pero lo que sucedió en el caso de estudio es que la procuradora aprovechó que en el expediente físico no existía para el momento de la audiencia preliminar una constancia u otra prueba que demostrara que sí se enviaron copias de la pieza acusatoria. La defensora indicó que según el oficio de folio 39, las copias sí se enviaron, pero el sello de recibido era del mismo Ministerio Público, circunstancia que –a criterio de la defensa- fue aprovechada por la Procuraduría General de la República para presentar su querella y acción civil en forma extemporánea, induciendo a error al Juzgado Penal y demás partes. Señaló la defensora que las copias solicitadas por la Procuraduría sí fueron enviadas por correo interno 001226-FFA-2015, información que no constaba en el expediente físico, pero que la señora procuradora sí conocía, pues consta que se enviaron a la Licda. Margot Avellán Ruiz, por lo que la Procuraduría incurrió en un ejercicio abusivo de sus facultades procesales para presentar la querella en forma extemporánea. Adjuntó como prueba copia de la hoja 1 de Servicios Generales, en el que constaba que las copias efectivamente fueron remitidas desde el 29 de julio de 2015 (cf. folios 157 y 158). xi).- Durante la audiencia preliminar efectuada en fecha 10 de noviembre de 2017, se interpuso una nueva protesta por actividad procesal defectuosa, toda vez que en el Ministerio Público no se le recibió declaración indagatoria al imputado [Nombre1] , con motivo de la querella formulada por la representación del Estado, como tampoco se le dio a este último traslado de la acción civil resarcitoria. Dicha protesta fue acogida por el Juzgado Penal, que dispuso la devolución del expediente a la Fiscalía Adjunta para el cumplimiento de ambos trámites (cf. folio 188). En efecto, el imputado [Nombre1] rindió nueva declaración indagatoria el 27 de noviembre de 2017 (cf. folio 189) y se le dio traslado de la demanda civil en su contra (cf. folio 190). xii).- Durante la audiencia preliminar celebrada el 23 de enero de 2018, el defensor particular del imputado se opuso a la constitución de la Procuraduría General de la República como querellante y actora civil, así como también solicitó un sobreseimiento definitivo a favor de su representado. Esta última solicitud fue acogida por el Juzgado Penal, que mediante resolución de las 15:15 horas de esa misma fecha, dictó sobreseimiento definitivo a favor del señor [Nombre1] , misma que fue apelada por la Procuraduría General de la República (cf. folios 223 a 224). xiii).- El Tribunal de Juicio de Alajuela, mediante resolución No. 136-2018 de las 14:00 horas del 9 de julio de 2018, declaró con lugar el referido recurso y declaró ineficaz lo resuelto por el Juzgado Penal (cf. folios 249 a 252). xiv).- Posteriormente, durante la nueva audiencia preliminar que se realizó en fecha 8 de noviembre de 2018, una vez más el defensor particular del imputado se opuso a la constitución de la Procuraduría General de la República como parte, solicitando que se declararan extemporáneas la querella y la acción civil que interpuso. No obstante, el Juzgado Penal, mediante resolución de esa misma fecha, admitió tanto la acusación del Ministerio Público, como la querella y la acción civil presentadas por la Procuraduría, disponiendo la elevación a juicio de la presente causa (cf. folios 262 a 263). Pues bien, analizado todo lo anteriormente expuesto, se concluye que no lleva razón el apelante. De hecho, toda su argumentación se construye sobre varias premisas erróneas, como lo es desconocer tanto el contenido del inciso segundo del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, como del artículo 179 del Código Procesal Penal. En efecto, tal como consta en autos, desde del 29 de abril de 2015 la Procuraduría General de la República se apersonó a este proceso. Pues bien, de acuerdo con el inciso primero del referido artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, los tribunales de justicia tienen la obligación de remitir a esta última, copias de todos los escritos y documentos que se presente en los juicios en que sea parte o tenga interés el Estado. En el caso de estudio ciertamente el Ministerio Público había enviado copias del expediente a la Procuraduría. Sin embargo, un aspecto fundamental que el recurrente soslayó por completo es que, según consta en el oficio de folio 39, lo que la Fiscalía en aquel entonces remitió a la Procuraduría, fue copia de las actuaciones que constaban en autos hasta el día 29 de julio de 2015. Sin embargo, con posterioridad a esta fecha, el órgano fiscal continuó adelante con la investigación y recabó otros elementos de prueba (v. gr. las certificaciones de la Municipalidad de Alajuela respecto a la falta de permisos de construcción del imputado, folios 55 a 57, estudios registrales de la finca matrícula folio real CED2, folios 68 a 69, Informe de Valoración de Daño Ambiental, folio 60, Informe AT-0613-2016, etc.), que, evidentemente, no formaban parte del legajo de copias que tiempo atrás había enviado a la Procuraduría General de la República. Y más importante aún, el Ministerio Público formuló acusación hasta el mes de junio de 2016, es decir, prácticamente un año después de que había enviado el único legajo de copias a la Procuraduría. Pues bien, es aquí donde aplica lo dispuesto por el inciso b) del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de acuerdo con el cual, también es obligación de la Administración de Justicia: “[…] suministrar, a la Procuraduría, copias de todas las resoluciones, actas y diligencias, ya sean probatorias o de cualquier otra naturaleza, que se practiquen durante la tramitación de los juicios o negocios. Esas copias irán selladas y firmadas por el Secretario del Despacho” (subrayado es agregado). Tratándose entonces del requerimiento final del Ministerio Público, a través del cual presentó cargos formales contra [Nombre1] , así como ofreció la prueba que sustentaba dicha imputación y se solicitaba la apertura a juicio de la causa, de conformidad con el inciso segundo del referido artículo 24, era obligación del Ministerio Público remitir a la Procuraduría General de la República copias tanto de la pieza acusatoria como del material probatorio que le daba sustento. Sin embargo, del estudio minucioso del expediente, se desprende que el órgano fiscal nunca cumplió con este procedimiento. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el inciso c) del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aún y cuando le hubiesen sido notificadas las audiencias de 13 días y 5 días de los artículos 306 y 316 del Código Procesal Penal, no correría ninguno de estos términos en contra de la representación del Estado, sino hasta que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de entregar las copias de la acusación y las pruebas. De ahí entonces que toda la argumentación de la defensa técnica, acerca de la supuesta extemporaneidad con que se presentaron en la presente causa la querella y la acción civil resarcitoria, se resquebraja por completo, toda vez que en este caso concreto el término de trece días previsto por el artículo 306 del Código Procesal Penal, nunca comenzó a correr para la Procuraduría. Y hay otro tema fundamental que fue igualmente soslayado por el apelante. En efecto, según lo dispuesto por el artículo 179 del Código Procesal Penal, los defectos deberán ser saneados, siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el acto omitido, de oficio o a instancia del interesado. En el caso sub examine, pese a que la Procuraduría General de la República, mediante oficio de fecha 15 de noviembre de 2016, advirtió al Juzgado Penal de Alajuela que el Ministerio Público no había cumplido con la obligación de remitirle copias de la acusación y las pruebas, se hizo un nuevo señalamiento de audiencia preliminar, por lo que entonces la Procuraduría, esta vez sí, presentó oportunamente la protesta por actividad procesal defectuosa (recuérdese que no le corría término). Y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 179 del Código Procesal Penal, justamente para que fuera posible sanear la actividad procesal defectuosa en que incurrió el Ministerio Público, la Procuraduría presentó ante el Juzgado Penal de Alajuela la querella y la acción civil resarcitoria, para la autoridad jurisdiccional ordenase el cumplimiento de los trámites omitidos por el órgano fiscal, protesta que –a criterio de este Tribunal de Apelación- fue correctamente acogida por el Juzgado Penal de Alajuela, esto mediante resolución del 10 de febrero de 2017, ordenando el reenvío de la causa al Ministerio Público para que procediera a darle traslado al señor [Nombre1] tanto de la querella como de la acción civil resarcitoria y recibirle nueva declaración. De esta forma, si en este caso la Procuraduría presentó la querella y la acción civil ante el Juzgado Penal de Alajuela, no fue por una decisión antojadiza, como infundadamente alega la defensa, sino más bien como consecuencia del incumplimiento por parte del Ministerio Público de la obligación establecida por el inciso b) del artículo 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, nuevamente la Fiscalía de Alajuela incurrió en error –mismo que luego fue reiterado por la defensora pública del imputado- cuando la fiscal Johana Ramírez Chacón devolvió el expediente diciendo que oportunamente se habían remitido a la Procuraduría copias de las piezas de la sumaria. Esta afirmación de la fiscal resultó ser inexacta, toda vez que, si bien, en algún momento se enviaron copias a la Procuraduría, estas correspondían únicamente al contenido del expediente hasta el 29 de julio de 2015. Con respecto a todas las pruebas que fueron recopiladas con posterioridad y de la misma pieza acusatoria, no se envió copia a la Procuraduría, por lo que a esta última no le corrían términos. De ahí entonces que le asistía razón al Juzgado Penal Alajueja, cuando en resolución del 10 de noviembre de 2017 dispuso la devolución del expediente a la Fiscalía Adjunta para el cumplimiento de los trámites correspondientes a la querella y acción civil (cf. folio 188). Y tal como consta en autos, el imputado [Nombre1] rindió nueva declaración indagatoria el 27 de noviembre de 2017 (cf. folio 189) y se le dio traslado de la demanda civil en su contra (cf. folio 190), resguardando así el derecho de defensa del querellado, rectificando los errores procesales y cumpliendo con los trámites omitidos. De ahí entonces que de ninguna manera le asiste razón al apelante cuando afirma que fue por una cuestión puramente antojadiza que la Procuraduría General de la República presentó la querella directamente ante el Juzgado Penal, como tampoco es cierto que en este caso el Ministerio Público eludió su obligación de dar traslado a la defensa técnica y material de la querella y la acción civil resarcitoria presentada por la representación del Estado. Y más importante aún, tampoco es correcto lo que se afirma en el recurso respecto a que es el Ministerio Público quien ejerce el control de la constitución de la parte querellante y actora civil. Ciertamente el Código Procesal Penal establece que, en principio, la querellada y la acción civil deben ser presentadas ante el Ministerio Público (en el caso de estudio ello no fue posible debido al incumplimiento de la Fiscalía de enviar copias de la acusación y las pruebas a la Procuraduría), pero no es el Ministerio Público el que califica y formaliza la constitución del querellante y actor civil como parte del proceso, sino que el competente para ello es el Juez Penal de la Etapa Intermedia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 318 a 321 del Código Procesal Penal, resultando que en el caso sub examine, el Juzgado Penal de Alajuela, al dictar el respectivo auto de apertura a juicio de noviembre de 2018, admitió la constitución de la Procuraduría General de la República, como parte procesal, para que en representación del Estado ejerciera la querella y la acción civil resarcitoria. Por todo lo expuesto, al no existir los vicios protestados, se declara sin lugar el motivo.

II.- Como primer motivo del recurso de apelación de sentencia interpuesto por la representante de la Procuraduría General de la República, se reclama insuficiente fundamentación, e inobservancia de las reglas de la sana crítica con respecto a medios probatorios de valor esencial. Señala que el Tribunal a quo absolvió al imputado por considerar que había dudas sobre la existencia de la naciente de agua ubicada en el fundo del denunciante Edwin Chavarría González, así como que restó credibilidad a la constancia emitida por la Dirección de Aguas (que no sólo constata la existencia del cuerpo de agua, sino además su condición de permanente). Refiere que el hecho atribuido al querellado [Nombre1] consistió en que éste, conociendo la existencia de una naciente ubicada en una propiedad cercana, construyó una vivienda dentro de la zona de protección de dicho cuerpo de agua. Sostiene que el dolo con que actuó el querellado se acreditó con el testimonio del dueño del fundo donde se encontraba la naciente, el testigo Edwin Chavarría González, quien declaró que cuando el señor [Nombre1] se presentó a su oficina para indicarle que iba a realizar movimientos de tierra, dicho testigo le recordó que había una naciente en su propiedad y que requería los permisos correspondientes, a lo que el justiciable [Nombre1] contestó que no había ningún problema. Alega que, a pesar de esta contundente manifestación –que no fue negada por el imputado-, el testimonio del señor Chavarría González fue demeritado por el órgano de instancia, sin ningún sustento, con el argumento de que no bastaría el dicho de un testigo, sino que el dolo del encartado debía demostrarse a través de un documento técnico que así se lo evidenciara. Reclama que, además, el juzgador consideró que como esta conversación no aparecía descrita en la querella, esta manifestación del testigo no podía ser considerada para una condenatoria. Argumenta la apelante que su querella tenía como contenido básico la voluntad y el conocimiento de la ilicitud de los actos del imputado al violentar la zona de protección, descripción que cumple con los requisitos de los artículos 76 y 303 del Código Procesal Penal, por lo que estima no tiene cabida dentro de los hechos de las querella consideraciones propias que deben ser debatidas en juicio, como lo es la demostración del dolo del imputado, pues según la normativa procesal esta particularidad de cómo ingresó al conocimiento del imputado la existencia de la naciente, no tiene que estar en la relación de hechos, de manera que tal exigencia del juzgador resultaba violatoria del debido proceso. Por otra parte, considera que el argumento del a quo también es violatorio del principio de libertad probatoria. Alega que no existe norma expresa que establezca que para demostrar el conocimiento de la existencia y limitaciones que imponen los cuerpos de agua, protegidos en el numeral 33 de la Ley Forestal, se requiere una anotación registral en las propiedades a las que afecta, o que deba emitirse una notificación en un documento técnico u oficial que haga del conocimiento general la existencia de los cuerpos de agua. Señala que, en estos casos, basta con que el imputado haya tenido a su vista el brote de agua para que se tenga al interesado como conocedor del mismo, de manera que el argumento del órgano de instancia impone groseramente la prueba tasada. Enfatiza que nunca se tuvo como falsa la manifestación que hizo el señor Chavarría González al querellado y tampoco existe declaración en contrario que justifique restarle credibilidad. Fustiga que el Tribunal de Juicio argumentó que el denunciante no tenía carácter oficial y no contaba con legitimación para transferir esa información al encartado, cosa que el apelante considera irrazonable tomando en cuenta que al señor Chavarría González le asistía el derecho de proteger su propiedad y –en esa premisa- estaba legitimado de advertir al imputado que los eventuales movimientos de tierra podrían perjudicar su fundo y la naciente de agua. A criterio de quien recurre, lo anterior hacía ver como probable todo lo que ocurrió en este caso, a saber, la invasión a la zona de protección y la producción de sedimentos que erosionaron y escurrieron la propiedad del ofendido Chavarría González. Considera que no importa que la construcción inició en julio y la denuncia ante el MINAE se presentó en setiembre, pues no hay duda de que la obra fue llevada a cabo en esos meses, después de que él alertara al imputado, de manera que –según el criterio de quien recurre - desde ese momento, el hecho de que la naciente se observara o no desde la calle, constara o no la limitación desde el punto de vista registral, o no se tuviera exacta idea de la distancia de la naciente desde la construcción, no tenía relevancia alguna, ya que el imputado fue puesto sobre aviso por el dueño de la propiedad, de manera que a partir de ese momento el estado de desconocimiento desapareció y, si existía alguna duda sobre la existencia de la naciente, correspondía al imputado gestionar lo pertinente ante las autoridades para determinar la veracidad de lo que se le informó, pero era tan evidente que el señor [Nombre1] no estaba dispuesto a someterse a la ley, respetando el área de protección, que ni siquiera solicitó los permisos de construcción a la Municipalidad de Alajuela, pese a lo cual levantó la construcción a sabiendas de que los requería, como consta a folio 55, de manera que la conclusión del Tribunal no tiene sustento jurídico ni fáctico. Por otra parte, reclama al órgano de instancia haber aceptado la tesis de la defensa, respecto a que existe otra naciente de agua, concesionada al señor Chavarría, bajo el expediente No. 8052 de la Dirección de Agua del MINAE, que es distinta a la que nos ocupa pues tiene tanque de captación y tuberías, lo que genera confusión con respecto a la identidad y calidad de permanente del cuerpo de agua al que se hace referencia en el presente proceso. Considera la recurrente que tal confusión no existe, toda vez que en juicio se recibieron los testimonios de Edwin Chavarría González y [Nombre3] , funcionario del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central, que atendió la denuncia del primero en el campo, quienes establecieron la ubicación de la naciente sin esa confusión alegada por la defensa y compartida por el Tribunal de Juicio, lo cual encuentra respaldo en el oficio SINAC-ACCVC-OA-1783-2014, de folios 1 y 2 del expediente, así como en el dictamen pericial DCF 2015-999521-ING, que confirma que la construcción se encontraba dentro del área de protección de la naciente. Asimismo, refiere que según el informe AT-0613-2016, la naciente objeto de esta causa –no otra- fue observada por la Dirección de Aguas, corroborándose su ubicación dentro del fundo del denunciante. Sostiene además que según el expediente administrativo No. 8052-A, la concesión otorgada a Valle de Agua S.A., representada por Chavarría González, existe desde 1998 para la finca [Dirección1] y no fue sino hasta el 7 de marzo de 2012 que fue solicitada por el señor Chavarría González a nombre de dicha sociedad y para la finca No. 2-382484-001, la cual es otorgada pero no para la finca original, sino para la segregación de folio real 383484-002, según resolución R-0184-2014 (folios 167 u 168 del expediente). Señala que lo anterior se desprende que la concesión otorgada al señor Chavarría González difiere de la original, lo cual se corrobora con los planos de folios 5 y 149. Considera que lo anterior esclarece el hecho de que existan varias nacientes y concesiones en un mismo expediente: la primera concesión de aprovechamiento de agua fue para la finca [Dirección2], siendo que, para efectos de la solicitud del denunciante, su concesión existe dentro del mismo expediente, pero para su finca propiamente, sea la segregación folio real 382484-002, quedando así descartada la confusión. Agrega que, si bien de los folios de este legajo no se logra extraer la denominación de naciente permanente, se hace evidente esta condición al comprobar en el expediente que la naciente fue concesionada para ser disfrutada de forma continua y en cantidades preestablecidas por su permanente brote de agua. Señala que lo anterior fue confirmado por el testigo [Nombre3] , siendo además un hecho incuestionable que es la Dirección de Aguas la que finalmente dictamina esa naciente mediante informe AT-0613-2016, como una naciente de dominio público y carácter permanente. Sostiene que la jurisprudencia del Tribunal de Apelación ha establecido que, aunque se ha alegado que no existen estudios hidrológicos realizados por la Dirección de Aguas para tener por cierto su criterio en cuanto a la calificación del cuerpo de aguas, el criterio de esta dependencia ministerial es suficiente para tenerse por cierta la condición del brote de agua, todo lo cual contradice la argumentación del órgano sentenciador. Solicita se anule el fallo y se ordene reenvío para nueva sustanciación de juicio. En lo que se dirá, el motivo se declara sin lugar: De acuerdo con el artículo 31 de nuestro Código Penal, obra con dolo quien quiere la realización del hecho tipificado, como también quien lo acepta previéndolo al menos como posible. Para la doctrina tradicional, el dolo está constituido por un componente intelectual o cognitivo y un componente volitivo. En cuanto al primero, se afirma que consiste en saber qué es lo que se hace y conocer los elementos que caracterizan esa acción como típica. Según detalla la doctrina, este conocimiento se refiere a los elementos objetivos del tipo: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material, etc. Así, por ejemplo, en el tipo subjetivo del homicidio, el dolo requiere conocer el hecho de que se mata, que la acción realizada es adecuada para producir la muerte de otra persona y que la víctima es una persona. Señala también la doctrina que ese conocimiento exigido por el dolo, debe ser un conocimiento efectivo actual (un conocimiento realmente poseído por el sujeto al momento de cometer el hecho) o actualizable (a pesar de poseerlo y tenerlo disponible, no lo considere al momento de actuar. Así, por ejemplo, una persona puede saber qué almorzó un día, lo que constituye un conocimiento efectivo, pero solo lo actualiza cuando piensa en ello, es decir, cuando lo rescata de su memoria y lo tiene presente al momento de actuar). Por lo anterior, para que exista dolo, no basta el conocimiento potencial, pues la persona debe saber lo que hace; no basta con que hubiera debido o podido saberlo. Por otra parte, el elemento volitivo del dolo consiste en la voluntad incondicionada de realizar algo (típico) que el autor cree que puede realizar, pues además de conocer los elementos objetivos del tipo, es necesario querer realizarlo, es decir, que el agente se decida a realizar la conducta tipificada. (Cf. [Nombre4], Eugenio Raúl y otros. Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, Ediar, 2005, pp. 400 y 401). Ahora bien, coincide también la doctrina en que ese conocimiento que ha de tener el agente de los elementos del tipo penal, debe abarcar tanto los elementos descriptivos como normativos. El conocimiento de los primeros, requiere que hayan sido percibidos por el sujeto. Con respecto a los elementos normativos, estos se comprenden por su significación. Con respecto a estos últimos, el profesor Castillo González ha indicado que: Normativo es un elemento que solamente puede ser aprehendido por una valoración […] Para la existencia del dolo con relación a un elemento normativo se requiere que el sujeto conozca el significado del concepto (“Bedeutungskenntnis”) (por ejemplo, el significado del concepto “apoderamiento ilegítimo” de una” cosa total o parcialmente ajena”, en el 208 Cod, Pen.). Los elementos normativos o valorativos pueden ser de dos clases. Los llamados elementos normativos jurídicos son aquellos cuya significación solamente puede entenderse con referencia a una norma jurídica, que es exterior al Derecho Penal, y que establece relaciones jurídicas entre diferentes sujetos. Las relaciones jurídicas a que se refieren estos elementos del tipo se convierten en parte del tipo de injusto. Estos conceptos jurídicos a que se refieren los elementos normativos jurídicos son, por ejemplo, “matrimonio” (Arts. 176, 177, 118, cód. pen.), “adopción” (Art. 183 bis, 184 bis, cód. pen.), “menor” (Art. 184 cód. pen.), etc. Pero también hay elementos normativos con fórmulas valorativas generales, que son aquellos que requieren del sujeto una valoración de carácter general (cosmovisión). Tales son, por ejemplo, “deshonra” (Art. 143 cód. pen.), “dignidad o decoro” […] El dolo respecto a un elemento normativo del tipo supone que el autor haya entendido la valoración que el legislador incorporó en el concepto de que se trate (norma material) (valoración paralela a la esfera de un laico). Para ello, no es necesario que el autor conozca el concepto en su dimensión jurídica, sino que basta que se represente a qué situación fáctica quiso el legislador extender la protección de la norma penal. Pero igualmente significa lo anterior que no es suficiente que el autor reconozca las circunstancias del hecho en su sustrato fáctico-empírico, sino que debe entenderlas en su contenido y significación social. Por ejemplo, el agente sabe, cuando desinfla las llantas de un auto, que este no puede ser utilizado. En este caso el autor no puede alegar su falta de dolo por su desconocimiento del concepto “daños”, argumentando que él pensaba que el delito de daños solamente podía cometerse cuando el efecto de la acción incidía sobre la sustancia de la cosa, pero no cuando el objeto de la acción incide, como en el caso del ejemplo, en su función social” (CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. Derecho Penal. Parte General. San José, Editorial Jurídica Continental, Tomo I, 2008, pp. 586-587). Pues bien, enfocándonos en el caso de estudio, ha de indicarse que el tipo penal previsto en el inciso a) del artículo 58 de la Ley Forestal establece una sanción para quien: “Invada un área de conservación o protección, cualquiera que sea su categoría de manejo, u otras áreas de bosques o terrenos sometidos al régimen forestal, cualquiera que sea el área ocupada; independientemente de que se trate de terrenos privados del Estado u otros organismos de la Administración Pública o de terrenos de dominio particular […]”. Como puede verse, este tipo penal contiene un elemento normativo jurídico, como lo es que la acción desvalorada por el legislador (invasión) debe recaer sobre un área de conservación o protección. Lo anterior nos remite necesariamente a lo dispuesto por el inciso a) del artículo 33 de esta misma Ley Forestal, según el cual se consideran áreas de protección: “Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal”. De lo anterior deriva que, para la configuración de la tipicidad subjetiva de este delito, como parte del elemento cognitivo del dolo, el agente necesariamente debe tener conocimiento no solo de que su acción implica invadir, esto es, irrumpir y ocupar en forma irregular una zona que sabe se encuentra dentro del radio de cien metros de distancia de una naciente, sino que además esta última es de naturaleza permanente. Naturalmente, para ello el agente ha de contar con la información suficiente como para prever y aceptar, al menos como posible, la producción de tal resultado. Pues bien, una vez examinados tanto el contenido del expediente como los fundamentos del fallo impugnado, este Tribunal de Apelación concluye que lleva razón el órgano de instancia en que el material probatorio incorporado al plenario no permite acreditar, con la certeza requerida por los artículos 39 y 41 de la Constitución Política y 9 del Código Procesal Penal, que el acusado [Nombre1] , al momento en que levantó la edificación objeto de la presente causa, tenía conocimiento, no solo de que el lugar donde realizaba los movimientos de tierra presuntamente estaría ubicado a menos de cien metros horizontales de distancia de una naciente, sino que además esta última tendría características de “permanente”. En efecto, el primer argumento del órgano sentenciador para absolver al justiciable [Nombre1] , es que la prueba evacuada en juicio no demostró con certeza que este último tuviese conocimiento de que la edificación que estaba levantando, posiblemente se encontraba a menos de 100 metros de distancia de una naciente con tales características. Al respecto, el Tribunal de Juicio explicó lo siguiente: “[...] el primer problema al que nos enfrentamos -en el presente caso- lo ubicamos en la descripción típica que realizan, tanto Ministerio Público como Procuraduría, pues encontramos un serio problema en la imputación que, los hechos realizan ambos entes acusados. Analicemos primeramente la acusación fiscal, la cual en el punto numerado 1 describe la siguiente acción típica en el encartado “…a sabiendas que dicha finca se encontraba con una afectación registral consistente en la acercaría de una naciente de agua sobre la cual se prohíbe construir o modificar terreno a una distancia menor de 100 metros…”, de la prueba vertida en autos y ofrecida, tanto por la parte acusadora privada entiéndase Procuraduría General de la República así como el Ministerio Público, no existe elemento alguno en el que se pueda demostrar que el dolo del encartado [Nombre1] consistía en desobedecer la existencia de una afectación registral, ello es así en tanto la prueba documental, evacuada en la presente causa, da cuenta de la existencia de la finca Inscrita en el Registro Público al Folio Real Matrícula Número 118354-000, como se puede verificar al folio 68 y 69, en el que únicamente se menciona la existencia de una servidumbre trasladada con las citas 326-04671-01-902-001, inscripción que no tiene relación alguna con la supuesta anotación registral que se describe en la acusación fiscal, ello es así en el tanto no se aportó al debate una certificación literal de la propiedad, aquí relacionada, en que se confirme la existencia de dicha reserva inscrita en el Registro Público, tal y cómo se acusó. Es deber del tribunal aplicar el principio de correlación entre acusación y sentencia, por lo que sería imposible para este juzgador tener por acreditada la acción dolosa, que el Ministerio Público le atribuye al encartado, sin el sustento probatorio documental, ni testimonial, que acredite la existencia de la restricción registral mencionada en la acusación. Eso por ello que, lo procedente en este caso es descartar la versión del Ministerio Fiscal por no existir prueba en ese sentido, respecto de la comisión dolosa de los hechos referida a la restricción registral de construir. Ahora bien, la Procuraduría General de la República en la querella de folio 101 se decantó, en el momento de la descripción de la conducta dolosa del tipo penal, en realizarla de manera más genérica que la acusación fiscal, indicando en el hecho segundo de la pieza acusatoria privada lo siguiente: “…El imputado [Nombre1] con conocimiento de la ilicitud de sus actos, procedió a invadir el área de protección de una naciente permanente, esto al realizar movimientos de tierra y construir, habilitar y detentar una estructura destinada a vivienda…”; con dicha descripción fáctica realizada por la Procuraduría lo primero que tiene que analizar el tribunal es la determinación de cómo el encartado tenía conocimiento de la ilicitud de sus actos; es decir, cómo sabía que la naciente de agua -que se ha mencionado en la presente causa- se encontraba a una distancia inferior a los cien metros del lugar de donde el encartado realizó la construcción. La parte querellante nos propone, en sus conclusiones, que el conocimiento del hecho (elemento integrante del tipo penal) del encartado lo obtuvo de las palabras del señor denunciante Chavarría González, quien en su declaración indicó que cuando el encartado se acercó a narrarle su intención de construir una casa en el terreno que le pertenece, éste supuestamente le advirtió que debía solicitar todos los permisos porque cerca había una naciente de agua. Ahora bien, si esta manifestación del testigo fuese cierta habría una serie de imprecisiones que impedirían tener por acreditado el conocimiento del hecho que se retribuye al imputado. Se pregunta el tribunal ¿porqué (sic) le surge duda al Tribunal respecto de la existencia del conocimiento del hecho del encartado con lo mencionado por el testigo Chavarría González?, la respuesta es muy sencilla, el señor Chavarría González desconocía la distancia existente entre la futura construcción -puesto que no sabía exactamente en qué parte de la propiedad del ofendido se realizaría, en relación con la ubicación de la supuesta naciente de agua. Pero además, el Tribunal se cuestiona la capacidad y legitimación que tiene el señor Chavarría González para realizarle algún tipo de advertencia al encartado. A mayor abundamiento, es importante determinar que, tal y como lo mencionaron varios testigos, particularmente el oficial del Organismo Investigación Judicial Calvo Alvarado, así como se hace constar en las fotografías aportadas por las partes, es imposible -colocado desde la propiedad del señor encartado- observar la naciente de agua y la quebrada que se encuentra en la propiedad del denunciante, es decir, carecemos de la certeza necesaria respecto de que el encartado actuara con el dolo requerido para la comisión del delito acusado y querellado, es decir, con el conocimiento absoluto de que estaba realizando una construcción que invadía la zona de protección de una naciente de agua permanente; esto lo inferimos no solo porque es imposible observar la existencia de esa naciente de agua permanente ni de la quebrada, sino que, más aún, es imposible determinar la distancia -entre un punto y otro- sin que se realicen las medias correspondientes con los dispositivos tecnológicos especializados. En el caso en estudio las medidas fueron realizadas con instrumentos de precisión utilizados por el testigo [Nombre5] , funcionario del Laboratorio de Ciencias Forenses del Poder Judicial, en el cual se logró determinar la distancia entre la construcción y la supuesta naciente de agua. Es decir, el conocimiento oficial que se tiene de la distancia existente entre el Ojo de Agua y la construcción del encartado, se obtiene cuando ya la construcción había finalizado. La Procuraduría General de la República, respeto de este punto en específico, ha querido demostrar el dolo el encartado no solo porque el testigo Chavarría González ya había mencionado la existencia de la naciente de agua, sino también apelando a la cantidad de años que tenía el encartado de habitar en ese lugar, lo que nos permite concluir -insiste la señora procuradora- que el encartado conocía la existencia de esa naciente de agua. Sin embargo, en materia de imputación penal, no podemos suponer, así como tampoco podemos tampoco realizar un razonamiento lógico, como el que pretende imponer la Procuraduría General de la República, consistente en tener como hecho probado que el encartado conocía del hecho que realizaba puesto que no solicito los permisos municipales de respectivos para la construcción de la vivienda aquí relacionada. Acoger este razonamiento es improcedente, puesto que el mismo resulta ser una afirmación falaz, en el tanto no puede el Tribunal acreditar como un indicio unívoco que la falta de trámites de construcción, que debía realizar en la Municipalidad de Alajuela, tenga relación directa con la construcción dentro de la zona de protección de la supuesta naciente de agua. Esto se debe a que, la decisión que tuvo el encartado para realizar una construcción sin permisos puede tener más de una explicación, siendo este un indicio anfibológico […] El testigo Chavarría González, denunciante en la presente causa, es la persona que indica, cómo lo mencionáramos anteriormente, que el señor encartado tenía conocimiento del hecho y de la ilicitud de su actuar y que realizó dicha acción de manera dolosa, embargo su versión choca de frente con los elementos probatorios vertidos por el tribunal, uno de ellos -de medular importancia- referido a la fecha de la comisión de los hechos delictivos, recordemos que el testigo declaró en el debate que el encartado inició la construcción pocos día después de que se había presentado a la oficina del denunciante, siendo que en dicha reunión le indicó iba hacer una construcción en el lugar y que esta fecha es acorde a la fecha en que se llevó acabo el mundial de fútbol y Brasil 2014 cuyas fechas son del 12 de junio de 2014 al 13 de julio de 2014, sin embargo, la denuncia se interpone en el mes de setiembre de 2014, es decir, varios meses después de finalizado el mundial de futbol, con lo que tampoco se tiene certeza de cuando iniciaron los actos que generaron los daños en la naciente, es decir, existe una imprecisión de hasta dos meses entre ambas fechas. El testigo [Nombre5] únicamente da cuenta de las medidas realizadas en el expediente en el lugar de los hechos mediante un GPS, donde informa de la distancia existente entre los puntos a los que le hicieron referencia, pero este testigo únicamente realiza las medidas de punto a punto que le fue indicado por la parte denunciante. En tanto el señor [Nombre6] , nos menciona como punto de interés la imposibilidad absoluta de observa la naciente de agua y mucho menos la quebrada que hay en la propiedad del denunciante, esto por la cantidad de maleza, la existencia de una malla y la ladera en la que se encuentra ese terreno. Finalmente la testigo [Nombre7] , perito que realizó la valoración del daño ambiental no logró recordar detalle alguno del peritaje firmado por ella […]”. El Ministerio Público no presentó recurso de apelación, de manera que esta Cámara se concentrará en los reclamos planteados por la representación de la Procuraduría General de la República. Y lo primero que debe indicarse, es que de acuerdo con la forma en que estructuró la imputación en su querella, expresamente le atribuyó al señor [Nombre1] el conocimiento de la “ilicitud de sus actos”, esto es, el conocimiento de que estaba construyendo dentro de radio de cien metros de una naciente permanente (zona de protección). Partiendo de lo anterior, este Tribunal de Apelación encuentra que la recurrente sesga y tergiversa la argumentación del órgano sentenciador. Ciertamente el principio de libertad probatoria, previsto en el artículo 182 del Código Procesal Penal, admite que los hechos y circunstancias relevantes para la solución de un caso, puedan ser demostrados a través de cualquier elemento de prueba válidamente incorporada al proceso. Sin embargo, esto no significa que el Tribunal de Juicio esté exento de practicar, a esos mismos elementos probatorios, un examen crítico y riguroso, para determinar si de ellos puede obtenerse información de calidad que permita demostrar hechos o circunstancias relevantes para tomar su decisión. Dicho de otra manera, no basta con que el elemento de prueba sea válido en sí mismo, sino que además debe aportar suficientes datos como para que el Tribunal pueda formarse un juicio de certeza. El problema que se presenta en el caso sub examine, es que el único elemento de prueba con que la recurrente pretendería demostrar el dolo del señor [Nombre1] , lo es el testimonio del señor Chavarría González, pero este no proporcionó la información necesaria y de calidad como para acreditar, con seguridad, que el querellado sabía dónde estaba ubicada exactamente la naciente, y que esta era permanente y –más importante aún- que realizó los movimientos de tierra conociendo que se encontraba a menos de cien metros de distancia. Tal como lo señala el juzgador a quo, revisada la síntesis que se plasma en sentencia de la declaración rendida por Edwin Chavarría González, con respecto a la conversación que sostuvo con el imputado, manifestó lo siguiente: “[…] El señor don [Nombre1] me visitó a mi oficina, y me dijo que iba a hacer un movimiento de tierra y que me quería avisar. Porque el señor tiene más años de habitar en el lugar que yo. La problemática es que dónde se iba a hacer el movimiento de tierra el terreno es una pendiente, el problema es que se iba a aterrar una tubería que se iba a dañar una naciente que había en el lugar. Pero me dijo que no era de momento que iba a hacer esos movimientos. Me dijo que no me preocupara por los permisos de construcción, también le advertí que la zona de era de protección. La sorpresa es que él fue miércoles o jueves a la oficina y la semana siguiente me avisaron que había un movimiento de tierras. Cuando yo llegué al lugar ya se había hecho el movimiento de tierras y la habían puesto en la vía pública, y la tubería de la calle estaba totalmente invadida, lo que separa mi propiedad de la del encartado es una calle de 8 metros. Con el movimiento de tierra se tapó toda la alcantarilla, así se fue el agua por mi terreno y se dieron daños en la naciente que precisamente está en línea recta con la construcción […] La propiedad se encuentra delimitada con cerca de alambre y un portón. El encartado si tenía conocimiento de esa naciente. El señor imputado conocía mi finca, porque yo fui el que llegó después a la zona en cuestión. Cuando yo llegué en el año 1997, tuve que construir una tubería para que las aguas no afectaran la naciente. Estaba terminando el mundial del 2014, propiamente en julio de ese año cuando me entero de estos hechos. Yo le advertí al encartado que con la construcción se podría afectar la naciente de agua. Mi propiedad mide casi 11.000 metros. Dentro de mi propiedad no hay otra naciente de agua. Mi propiedad no colinda con la propiedad de don [Nombre1]. Sé que hay otras nacientes de agua en propiedades cercanas a la mía. Tengo una concesión de parte del MINAE de esta naciente, se tiene que estar renovando cada 10 años; se renovó en el 2002 y se volvió a renovar en el 2012. Después de realizada esta labor ya no conversé más con el señor encartado. El daño que se causó con esta construcción fue erosión”. Pues bien, al examinar la argumentación del fallo, esta Cámara encontró que, contrariamente a lo afirmado en el recurso, el juzgador partió de que esta conversación entre Chavarría González y [Nombre1] ciertamente existió, pero sostuvo que una serie de imprecisiones en lo dicho por el denunciante, impedían concluir que el querellado tuvo conocimiento cierto de la ubicación de la naciente. En efecto, tal como señala el órgano de instancia, las referencias que el señor Chavarría González brindó al encartado fueron meramente genéricas, esto es, le habló de una naciente, pero no le facilitó más información al respecto. Dicho de otro modo, de su testimonio no se desprende que el señor Chavarría González indicó al imputado exactamente dónde estaba la naciente, de la misma forma que el denunciante tampoco sabía en qué parte del terreno del señor [Nombre1] , que no era colindante al suyo, se iba a realizar la construcción, de manera que el querellado pudiere ser informado que estaba a menos de 100 metros de una naciente. No fue sino hasta que se realizaron los respectivos estudios de ambas fincas por parte de [Nombre3] , funcionario del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así como el dictamen DCF: 2015-00521-ING de la Sección de Ingeniería Forense, con posterioridad a la construcción de la obra por parte del señor [Nombre1] , que se logró determinar que dicha edificación se encontraba dentro del radio de los 100 metros de distancia del brote de agua. De ahí entonces que la declaración del señor Chavarría González nunca tuvo la supuesta contundencia que la apelante pretende endosarle. Además, analizado el razonamiento del órgano sentenciador, se aprecia que no es cierto lo afirmado en el recurso de que el Tribunal a quo absolvió al imputado supuestamente porque en la relación de hechos de querella no aparecía descrita la conversación entre Chavarría González y [Nombre1] ; tampoco es cierto que el órgano de instancia, aplicando criterios de prueba tasada, exigía que el dolo se probara a través de prueba técnica. Básicamente, el argumento del Tribunal de Juicio consiste en sostener que la prueba no demostró que [Nombre1] sabía en dónde se ubicaba la naciente de agua, de manera que los movimientos de tierra podrían afectarla, conclusión que a criterio de esta Cámara se ajusta al mérito de las pruebas. Asimismo, un aspecto transcendental para la solución de este caso, es determinar si el querellado, por sus propios medios, tuvo la posibilidad de verificar si realmente existía la naciente de la que le habló el señor Chavarría González, así como la distancia a la que se encontraba del lugar donde proyectaba levantar la edificación. Y aquí es donde cobra gran importancia la argumentación de la propia recurrente, quien sostiene que no hay norma expresa que establezca que para demostrar el conocimiento de la existencia y las limitaciones que imponen los cuerpos de aguas protegidos por la Ley Forestal No. 7575, especialmente en su numeral 33, se requiere que exista una anotación de tipo registral en las propiedades a las que afecta o que deba emitirse una notificación o documento técnico u oficial que haga del conocimiento general la existencia de dichos cuerpos de agua, señalando expresamente en su recurso que basta con que el imputado haya tenido a su vista el brote de agua para que se tenga al interesado como conocedor del mismo. Pues bien, como ampliamente se explica en el fallo impugnado, independientemente de si la legislación prevé la necesidad de que la existencia de esta clase de brotes de agua se consigne vía anotación registral, en lo que respecta a la acusación formulada por el Ministerio Público, el problema radica en que ahí se atribuyó al señor [Nombre1] el dolo justamente a través del conocimiento de una anotación registral, cuya existencia nunca fue demostrada. De ahí entonces que la hipótesis acusatoria del órgano fiscal necesariamente debía ser rechazada. Y en lo que respecta a la querella formulada por la Procuraduría General de la República, atendiendo a los argumentos del órgano de instancia, este Tribunal de Apelación revisó el acta de Inspección Ocular No. 1538-2017, levantada por oficiales de la Delegación Regional de Organismo de Investigación Judicial de Alajuela, donde se consigna lo siguiente: “Trata de un sitio del suceso abierto, ya que abarca tanto la zona externa del costado norte de la vivienda de la ofendida, así como la vía pública que le prosigue y bordea la propiedad en dicho sector y también en su costado oeste, para posteriormente ubicar una zona sumamente extensa y en plano de sustentación descendente, tipo ladera, situada hacia el costado norte de la carretera que se direcciona de este a oeste y viceversa, la cual se protege mediante malla tipo galvanizada, contando con un portón de acceso vehicular diagonal a la casa dela testigo de actuación, esto a más de diez metros de distancia, en donde se observa una gran cantidad de vegetación sumamente tupida y una pequeña calle de tierra que nace del portón hacia el nor-oeste, la cual lleva hacia el interior de la propiedad, y culmina según vecinos de la comunidad cerca del río, no obstante por el tipo de vegetación desde la zona externa y con mayor razón desde la propiedad del imputado, no se logra apreciar ningún tipo de naciente, río, riachuelo, brote o acumulación de agua, tampoco a nivel interno o externo se observa algún tipo de rotulación o señalamiento que haga saber sobre la existencia de dicha naciente o algo similar, por lo cual es imposible detectarlo con solo pasar por el lugar u observar desde el exterior de la propiedad privada, que dicho sea de paso se encuentra completamente cerrada, impidiendo el acceso a terceros […]” (folio 192). Lo anterior fue ratificado en juicio por el investigador Andrés Calvo Alvarado, quien depuso lo siguiente: “Al llegar al sitio era una vía pública, a uno de los costados estaba la vivienda de uno de los imputados, al otro lado de la vía pública había una zona privada, protegida con malla galvanizada en todo su perímetro. Contaba con gran vegetación, tenía un portón vehicular, donde tenía un ingreso hacia la parte interna de la propiedad privada, la misma es un tipo ladera descendiente, desde a parte externa, vía pública, no se logró observar ningún tipo de naciente, río o cuestión similar. Por parte de vecinos, se dijo que al parecer si había naciente pero no pudo ser corroborado por nuestra parte y desde la vía pública no se logró ver. No se logró observar rotulación sobre existencia de naciente”. Esta prueba refuta abiertamente la argumentación de la recurrente, pues demuestra que desde las afueras de la finca privada del señor Chavarría González, misma que se encontraba totalmente cercada y cerrada, resultaba materialmente imposible observar el brote de agua objeto de la presente causa, lo que da sustento probatorio a la conclusión del órgano sentenciador respecto a que el señor [Nombre1] no tenía forma de corroborar, en primer lugar, si esta naciente existía. Y, en segundo lugar, tampoco tenía forma de determinar qué distancia habría en dicho brote de agua y la construcción que estaba levantando, elemento fundamental para la configuración del dolo requerido por el artículo 58 de la Ley Forestal, sin que la referencias -meramente genéricas- que le hizo el testigo Chavarría González, por sí solas bastasen para suplir toda esa información requerida para la configuración de la tipicidad subjetiva del delito, como erróneamente pretende quien recurre. Por último, se estima que lleva razón el Tribunal de Juicio cuando sostiene que del hecho que [Nombre1] tuviese muchos años de residir en ese sector, no se podría derivar como conclusión irrefutable que éste “tendría” que saber que en el fundo del señor Chavarría González había una naciente. Recuérdese que tal como señala la doctrina, el conocimiento requerido para el dolo es actual o actualizable, no un conocimiento que el agente simplemente “debería” tener. En ese tanto, el argumento de la recurrente, según el cual dada la cantidad de años que tenía el imputado de vivir “debería” conocer la existencia de esa naciente, parte de una mera suposición indemostrable, pues como se explica en el fallo, desde la propiedad del señor [Nombre1] no era posible observar la existencia de la naciente de agua permanente ni de la quebrada, sino que además era imposible determinar la distancia entre un punto y otro, sin que se realizaran las respectivas medidas mediante la utilización de dispositivos tecnológico especializados (v. gr. aparatos de medición topográfica, GPS, etc.), estudios que se realizaron con posterioridad a los hechos acusados. En consecuencia, lleva razón el órgano de instancia en que la prueba llevada al plenario no permitía demostrar que [Nombre1] actuó con dolo, esto es, sabiendo que levantaba una edificación a menos de cien metros horizontales de distancia de una naciente permanente. Y esta ausencia de dolo, por sí sola, justifica la absolutoria penal de [Nombre1] . Por otra parte, del análisis de los restantes argumentos del fallo, se desprende que sí lleva razón la recurrente en que los fundamentos del Tribunal de Juicio para justificar la supuesta duda respecto a la identidad de la naciente objeto de la presente causa, o su condición de “permanente”, son omisos e inconsistentes, toda vez que con respecto a ambos temas el juzgador se apoyó casi que exclusivamente en las copias certificadas del expediente administrativo 8052 de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, soslayando prácticamente en su totalidad el resto del material probatorio A criterio de esta Cámara, independientemente de la identificación que se hace en dicho expediente de la naciente que ahí aparece concesionada a Valles de Agua S.A., se estima que el órgano juzgador debió analizar de forma conjunta, armónica y crítica la información consignada en el Oficio SINAC-ACCVC-0A-1783-204, el Acta de Inspección Ocular Oficio PA-1820, el mapa de ubicación georeferencial del sitio del suceso, el dictamen DCF: 2015-000521-ING, el oficio OA-1955-2015 referente a la Valoración del Daño Ambiental y las declaraciones de Edwin Chavarría González y [Nombre3] , no sólo con respecto a la identidad y ubicación de la naciente cuya área de protección habría sido presuntamente invadida por parte del querellado, sino también con respecto a su naturaleza, de manera que el órgano sentenciador pudiera explicar por qué, aún con la información que consta en estas pruebas documentales, periciales y testimoniales, igualmente cabría cuestionarse tanto la identificación del brote de agua como su condición de “permanencia”, fundamentación que no existe en el fallo. Incluso, el propio Tribunal, como uno de los argumentos para descartar el dolo- admite que se realizaron medidas con instrumentos de precisión por parte del perito [Nombre5] , funcionario del Laboratorio de Ciencias Forenses del Poder Judicial, en el cual se logró determinar la distancia entre la construcción y la supuesta naciente de agua, lo que no es congruente con sus cuestionamientos acerca de la existencia misma e identidad de dicha naciente. Ahora bien, sin perjuicio de las anteriores consideraciones, que sí podrían tener incidencia en una eventual responsabilidad civil del señor [Nombre1] (tema que será tratado en el considerando siguiente), igualmente cabe recordar que todos estos estudios técnicos se realizaron con posterioridad a que el imputado levantara su edificación, de manera que no podrían utilizarse para demostrar que, al momento en que el señor [Nombre1] estaba realizando la construcción, tuvo ese conocimiento técnico sobre la identidad, ubicación y naturaleza de la referida naciente de agua. Es decir, no podrían constituir pruebas de que actuó con dolo. Por todo lo expuesto, se declara sin lugar el motivo.

III.- Como segundo motivo del recurso, se reclama insuficiente fundamentación e inobservancia de las reglas de la sana crítica con respecto a medios probatorios de valor esencial. El apelante reitera los mismos argumentos expuestos en el considerando anterior, alegando que, habiéndose comprobado no sólo la existencia de la naciente y su carácter permanente, así como que el encartado construyó la casa dentro del radio del área de protección de la naciente, hechos que son atribuibles al señor [Nombre8] (nexo causal), lo procedente era resarcir al Estado por el daño ambiental derivado de este ilícito, el cual se comprueba mediante el oficio No. OA-1955-2015, al que se le anexa Informe de Valoración de Daño Ambiental, en el cual se consigna la magnitud y cuantía del daño causado por el accionar delictivo del señor [Nombre1] , el cual fue ponderado por el MINAR en la suma de ₵ 1.177.884,oo. Solicita se revoque el fallo en cuanto declaró sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República y se ordene su reenvío para nueva sustanciación. Como tercer motivo del recurso, se reclama falta de fundamentación por omisión en cuanto a la orden de restitución de las cosas al estado anterior para la zona de protección de la naciente afectada. Reclama que pese a que existió solicitud expresa del apelante, el Tribunal de Juicio no dispuso ni ordenó nada en relación al sitio afectado y su restauración al estado original, mediante la eliminación de la obre construida por el imputado para que permita la regeneración del mismo, para lo cual reitera su argumentación respecto a que la prueba documental y testimonial demuestra no sólo la existencia y condiciones del brote de agua afectado, sino también la construcción levantada por el imputado. Solicita se revoque el fallo y se ordene su reenvío para nueva sustanciación. Por contener reclamos conexos, ambos motivos se conocen en un mismo considerando, declarándolos, en lo que se dirá, con lugar. En el fallo impugnado, prácticamente el único argumento esgrimido por el órgano sentenciador para declarar sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República, fue que no se logró demostrar que el imputado [Nombre1] actuó con dolo. Sin embargo, la jurisprudencia nacional ha sostenido, reiteradamente, que si por motivos “puramente penales” se absuelve al imputado (v. gr. porque la conducta no es típica, antijurídica o culpable), su responsabilidad civil podría subsistir siempre y cuando se demuestre la existencia de un daño y se cumpla la exigencia de que haya una fuente normativa distinta del ordenamiento penal que permita tal cosa. En otras palabras, la exclusión del injusto penal no necesariamente impide que pueda acogerse la acción civil resarcitoria, siempre que pueda demostrarse un hecho generador de daños cuya responsabilidad, desde el punto de vista de la legislación civil, pueda atribuirse al demandado, surgiendo así la obligación de resarcir. Precisamente sobre este mismo tema, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se pronunció argumentando que: “El derecho a la reparación del daño causado por el delito no es accesorio de aquel, sino que es independiente e igualmente importante, pues no depende de que se declare la responsabilidad penal del sujeto, sino que es perfectamente viable que ante una absolutoria penal, como la que aquí se decide, subsista la responsabilidad civil (artículos 40 y 368 CPP). La sentencia absolutoria no implica automáticamente, ni autoriza al Tribunal para omitir el análisis y pronunciamiento respecto de la responsabilidad civil, aspecto señalado reiteradamente en diversas resoluciones de esta Sala (cfr. fallo número 101-F, de 11:00 horas del 8 de octubre de 1982; 241-F de 10:45 horas del 2 de octubre de 1986). En el sentido anterior: “... esta Sala ya ha admitido como posible el que se declare con lugar una acción civil resarcitoria aún cuando ni siquiera se configure un injusto penal. Por ejemplo, en la sentencia N° 565-F-94 de las 16:15 horas del 12 de diciembre de 1994, se dijo lo siguiente: "Si bien en sede penal normalmente la responsabilidad civil es impuesta por la constatación al menos de una conducta injusta (es decir, típica y antijurídica), en los términos del artículo 103 del Código Penal (así, las resoluciones 496-F de las 11:30 del 23 de octubre de 1992 y 52-F de las 9:45 del 29 de enero de 1993), nada se opone a que esa condena civil sea impuesta también cuando la responsabilidad pueda surgir de otra fuente normativa, de la cual derive la obligación de indemnizar, posibilidad que expresamente prevee nuestra legislación en los artículos 11 y 398 del Código de Procedimientos Penales." Así las cosas, es perfectamente viable el que sin un injusto penal, proceda la condena por responsabilidad civil, siempre que se cumpla con la exigencia de que haya otra fuente normativa distinta del ordenamiento penal que permita tal cosa. En el caso en examen se está frente a un hecho en el que la conducta típica de uno de los presuntos autores ha sido descartada por el tribunal de mérito. Ello significa que no hay injusto penal. Por ende, sólo queda el dilucidar si hay un régimen de responsabilidad aplicable en este asunto, de forma tal que sea factible condenar civilmente...”. (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, resolución número 2000-00619, de 11:20 horas del 9 de junio de 2000). Más recientemente, esta Sala se ha pronunciado con respecto al carácter accesorio de la acción civil, así como también la obligación del Juzgador de pronunciarse sobre la misma y los criterios de imputación: “El principio de accesoriedad de la acción civil en relación con la acción penal implica una dependencia de carácter formal y no sustantiva, es decir, se requiere de la existencia de la segunda para que deba resolverse el problema de restitución o reparación civil. Una vez que se ha celebrado el juicio oral y público el principio de accesoriedad desaparece, pues las partes han tenido oportunidad de discutir sobre los hechos de la demanda, presentar las pruebas y formular los argumentos jurídicos que sustentan sus pretensiones. Además, debe tomarse en cuenta que no siempre la solución del problema penal coincide con el civil. Esto es así porque mientras en la acción penal se discute si estamos o no ante de una acción, típica, antijurídica y culpable, en lo civil lo importante es determinar, de oficio, la presencia de los presupuestos materiales, a saber: a) El derecho: lo que implica demostrar la existencia de un daño, moral o patrimonial; una relación de causalidad entre el evento y el daño y, finalmente, un criterio de imputación civil: subjetivo (dolo o culpa: art. 1045 del Código Civil), o de responsabilidad objetiva (riesgo creado: art. 1048.5 del Código Civil; de protección al consumidor de productos o servicios: art. 35 de la Ley 7472; de responsabilidad de la Administración: arts. 190 y ss. de la Ley General de la Administración Pública, entre otros, o incluso que al final de juicio se demuestre que lo que se ha producido es un incumplimiento contractual, lo que también debe ser resuelto por los jueces de juicio en sentencia. b) La legitimación activa y pasiva y c) El interés actual. De tal forma que en nuestro medio no es válido sostener que por haberse absuelto en lo penal, la misma suerte corre la demanda civil, tema que ha sido ampliamente tratado por la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y por los Tribunales de Casación (hoy de Apelación de Sentencia Penal). Los criterios para resolver el conflicto penal y el civil son diversos y sólo hay alguna coincidencia cuando en la acción civil se discute la aplicación de una responsabilidad fundada en imputación subjetiva: dolo y culpa. […] Es obligación del Tribunal de Juicio entrar a valorar si están o no presentes los citados presupuestos civiles materiales, para decidir lo que corresponda, sin que sea suficiente afirmar que existe una dependencia de la acción civil de la penal. Incluso, en el caso que se llegara a estimar que hay un incumplimiento contractual, también es un deber del Tribunal resolver lo que corresponda sobre la reparación que se pide.” (Resolución 902-2012, de las 14:05 horas, del 10 mayo de 2012). Es factible que se pretenda la reparación mediante demanda en la sede civil, lo cual es una de las posibilidades que otorga el ordenamiento jurídico a los ciudadanos, como escogencia de la vía en estos casos. Lo anterior se deriva del artículo 103 del Código Penal relacionado con el 109 del mismo texto normativo, pues de ellos se extrae que son las normas civiles de responsabilidad las que se aplican a las obligaciones de reparación civil. Como se aprecia con facilidad, esa accesoriedad dispuesta en el artículo 40 del Código Procesal Penal está referida única y exclusivamente a la necesidad de que exista un proceso penal para que la acción civil pueda incoarse en dicha sede, mas en ningún momento se establece una relación de dependencia del derecho a la reparación (ni de la obligación de reparar) respecto de la persecución del delito. La responsabilidad civil es independiente de la comisión de un ilícito, por cuanto la frase “cuando proceda”, contenida en el párrafo tercero del artículo 40 del Código Procesal Penal debe necesariamente interpretarse en el sentido de que, a pesar de la absolutoria penal, el tribunal puede pronunciarse sobre la acción civil cuando subsistan otros supuestos normativos distintos al delito en los cuales pueda sustentarse ese deber de indemnizar. Es decir, cuando los hechos acreditados sean suficientes para demostrar la existencia de responsabilidad civil, sin necesidad de que la norma sustantiva que genera la obligación de indemnizar el daño proceda del Derecho Penal, y sin necesidad de que se demuestre la responsabilidad penal. La anterior interpretación es la única posible a derivar de los principios de Economía Procesal e Interpretación Restrictiva (artículo 2 CPP), en consonancia con nuestro ordenamiento constitucional (artículo 41), con el único requisito de que debe concederse al demandado oportunidad de defensa. (Voto No. 2013-1842 de las 17:03 horas del 3 de diciembre de 2013). Con fundamento en lo anterior, el hecho de que el señor [Nombre1] actuase sin el dolo requerido por el artículo 58 de la Ley Forestal y que esto lo exime de responsabilidad penal, por sí solo no descarta la posibilidad de que su conducta, eventualmente, hubiese causado un perjuicio al medio ambiente que fuere cuantificable, tema que debió ser objeto de análisis por parte del órgano de instancia, que omitió por completo referirse a este extremo. Asimismo, aun cuando en este acápite de la sentencia se agrega que, adicionalmente, subsistía una duda respecto a la identidad de la naciente de agua, tal como se indicó en el considerando anterior, dicha duda no se encuentra suficientemente fundamentada, pues se echó de menos un análisis crítico de la información consignada en el Oficio SINAC-ACCVC-0A-1783-204, el Acta de Inspección Ocular Oficio PA-1820, el mapa de ubicación georeferencial del sitio del suceso, el dictamen DCF: 2015-000521-ING, el oficio OA-1955-2015 referente a la Valoración del Daño Ambiental y las declaraciones de Edwin Chavarría González y [Nombre3] . Y sucede que la correcta identificación de la naciente objeto de la presente causa y la determinación de su condición, son temas que también podrían tener incidencia en una eventual responsabilidad civil por parte del demandado [Nombre1] . Asimismo, se observa en sentencia que tampoco existió pronunciamiento alguno con respecto a lo establecido por los artículos 103 del Código Penal, 122 y 123 de las Reglas Vigentes de Responsabilidad Civil del Código Penal, 140 y 466 del Código Procesal Penal, 1, 33 y 58 inciso a) de la Ley Forestal y 99 inciso h) de la Ley del Ambiente, con respecto a si resultaba procedente la restitución de las cosas al estado anterior, esto es, si era procedente ordenar el derribo de la obra construida por el imputado [Nombre1] . Por lo expuesto, este Tribunal de Apelación concluye que, en cuanto a estos extremos, el fallo incumple con los deberes de fundamentación que establecen los artículos 142, 184, 361 y 363 del Código Procesal Penal. Esta Cámara quiere dejar muy claro que, con lo resuelto, en modo alguno está emitiendo criterio con respecto a la credibilidad de las pruebas ofrecidas por las partes y/o la forma en que deba resolverse el caso de estudio, sino únicamente que la sentencia carece de una adecuada fundamentación respecto a los extremos civiles. Por todo lo expuesto, se declaran con lugar los motivos segundo y tercero del recurso de apelación de sentencia interpuesto por la representante de la Procuraduría General de la República. Se anula parcialmente el fallo impugnado, únicamente en cuanto declara sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra del demandado [Nombre1] . Se ordena el reenvío al Tribunal de origen para nueva sustanciación de juicio, únicamente con respecto a los extremos civiles y a la solicitud de derribo de la obra levantada por el demandado civil, para lo cual se deberá tomar nota de lo expuesto en los considerandos segundo y tercero de la presente resolución. En lo restante el fallo impugnado se mantiene incólume.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el defensor particular de [Nombre1] . Se declara sin lugar el primer motivo del recurso de apelación de sentencia interpuesto por la representante de la Procuraduría General de la República. Se declaran con lugar los motivos segundo y tercero de su recurso. Se anula parcialmente el fallo impugnado, únicamente en cuanto declaró sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra del demandado civil [Nombre1] . Se ordena el reenvío al Tribunal de origen para nueva sustanciación de juicio, únicamente con respecto a los extremos civiles y a la solicitud de derribo de la obra levantada por el demandado civil, para lo cual se deberá tomar nota de lo expuesto en los considerandos segundo y tercero de la presente resolución. En lo restante, el fallo impugnado se mantiene incólume.

José [Nombre1] Rojas Chacón Adriana Escalante Moncada Francisco Lemus Víquez Jueces de Apelación de Sentencia Contra: [Nombre1] Delito: Infracción a la ley forestal En perjuicio de: Los recursos naturales [Nombre9] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental

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    • Ley Forestal Art. 58 inciso a)
    • Ley Forestal Art. 33 inciso a)
    • Código Penal Art. 31
    • Código Procesal Penal Art. 40
    • Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Art. 24

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