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Res. 00306-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón · 21/04/2020

Mass fraud through fraudulent lot sales — legal impossibility of segregation and nullity of contractsEstafa masiva mediante venta fraudulenta de lotes — imposibilidad jurídica de segregación y nulidad de contratos

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

Upholds the fraud conviction but annuls the sentence imposed, orders retrial for two victims, partially annuls civil awards and corrects attorney fees; sets aside the order to the Municipality of Alajuela.Confirma la condena penal por estafa pero anula la pena impuesta, ordena reenvío para dos ofendidos, anula parcialmente la condena civil y corrige honorarios; revoca la orden a la Municipalidad de Alajuela.

SummaryResumen

The Sentencing Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela reviews the Trial Court's conviction of Evelio Murillo Murillo for multiple counts of fraud (major and minor), for selling lots in an informal housing development called "Bella Vista" while concealing that the lots could not be segregated due to municipal zoning violations and lack of permits. The judgment upholds the core criminal conviction: deceit, error, patrimonial disposition, and economic harm are all proven, rejecting the defense arguments of compensation of profit or mere breach of contract. However, it partially annuls the sentence due to flawed sentencing reasoning (uniform penalty without weighing individual damage) and evidentiary errors regarding two victims (remanding for new trial). In the civil sphere, it upholds the defendant's liability but annuls and remands certain civil claims and corrects attorney's fees. It highlights the declaration of nullity of contracts as a civil consequence of the criminal act, and sets aside an imprecise order issued to the Municipality of Alajuela.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela revisa la condena del Tribunal de Juicio que encontró a Evelio Murillo Murillo culpable de múltiples delitos de estafa mayor y menor, al vender lotes en un proyecto urbanístico informal denominado "Bella Vista", ocultando que los terrenos no podían segregarse por contravenir el plan regulador municipal y carecer de permisos. La sentencia confirma el núcleo de la condena penal: se acredita el ardid, error, disposición patrimonial y perjuicio económico, rechazando la tesis defensiva de compensación del lucro o mero incumplimiento contractual. Sin embargo, anula parcialmente la sentencia por defectos en la fundamentación de la pena (imposición generalizada sin ponderar perjuicio individual) y por errores en el análisis probatorio respecto de dos ofendidos (ordenando reenvío). En el ámbito civil, ratifica la responsabilidad del imputado pero anula y reenvía las acciones de ciertos actores civiles y corrige el cálculo de honorarios. Destaca la declaración de nulidad de los contratos como parte de las consecuencias civiles del hecho punible, y revoca una orden genérica a la Municipalidad de Alajuela.

Key excerptExtracto clave

"The impossibility of segregating and registering those lands is what evidences the economic damage caused to each victim, regardless of whether the victims currently hold a possessory right over the property. Here, the defense invokes the principle of compensation of profit, cited by the Third Chamber of the Supreme Court of Justice in decision 580-1996, according to which in fraud offenses there must be harm resulting from a patrimonial disposition, and a decrease in the victim's assets must be verified; if as a direct consequence of the dispositive act the assets remain the same or increase, the crime of fraud is not constituted because there was no harm, due to the principle of compensation of profit. This defense thesis is inadmissible, because as well explained in the contested judgment, each victim made a patrimonial disposition, reflected in the payment of the installments agreed with the defendant for the purchase of a lot, which from a legal standpoint cannot be registered as an independent property. Therefore the cited principle of compensation of profit does not apply to this case." "The co-owner, however, may not dispose of a determined part of the thing, unless it has been previously allocated to him in the respective division. This legal regulation is crucial in this proceeding, since the Law prevents the owner of a right over an asset from selling or disposing of a determined part, without having previously carried out the respective division and localization of his right. This leads to the conclusion that the defense's argument – that the defendant legitimately and in good faith transferred a right over said property to the victims – is fallacious, since from a legal standpoint, the defendant had no possibility to sell determined fractions of that immovable." "...in this case, the declaration of nullity of those agreements is based on the precepts established in Articles 37 and 41 of the Political Constitution, as well as on Article 103 of the Criminal Code, which governs the civil consequences of the punishable act. Regarding the scope of this latter legal provision, the Criminal Cassation Chamber has stated the following: 'Based on a systematic analysis of the aforementioned regulations, it is clear why the restitution of the object of the punishable act must be carried out whenever possible, even if not requested by a party legitimized through a civil action.'""La imposibilidad de segregar e inscribir esos terrenos, es lo que evidencia el daño económico que se le causó a cada ofendido, ello con independencia que, en este momento, las víctimas ostenten un derecho de posesión sobre ese inmueble. Aquí, los defensores hacen alusión al principio de compensación del lucro, el cual fue reseñado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 580-1996, según el cual en los delitos de estafa debe darse un perjuicio debido a una disposición patrimonial, por lo que debe verificarse una disminución en el patrimonio de la víctima, ya que si a consecuencia directa del acto dispositivo, el patrimonio queda igual o aumenta, no se configura el delito de estafa porque no existía perjuicio, ello debido al principio de compensación del lucro. Esta tesis, de la defensa no es admisible, porque como bien se explica en el fallo impugnado, cada uno de los ofendidos hizo una disposición patrimonial, reflejada en el pago de las mensualidades que pactaron con el imputado por la compra de un lote, el cual, desde el punto de vista jurídico, no podrá inscribirse, como una propiedad independiente. Por lo que el citado principio de compensación del lucro no es aplicable a este caso." "El condueño no puede, sin embargo, disponer de una parte determinada de la cosa, sin que antes le haya sido adjudicada en la respectiva división. Esta regulación normativa cobra transcendencia en este proceso, ya que la Ley le impide al dueño de un derecho sobre un bien, vender o disponer de una parte determinada, sin que con anterioridad se haya realizado el respectivo proceso de división y localización de su derecho. Esto permite concluir que es falaz el alegato que hacen los defensores, de que el imputado de forma legítima y de buena fe le traspasó a las víctimas un derecho sobre dicha propiedad, ya que desde el punto de vista jurídico, el encausado no tenía la posibilidad para vender fracciones determinadas de ese inmueble." "...en este caso la declaratoria de nulidad de esos convenios, se sustenta en los preceptos establecidos en los artículos 37 y 41 de la Constitución Política, así como en lo establecido en el artículo 103 del Código Penal, que regula las consecuencias civiles del hecho punible. Sobre el alcance de este último precepto legal, la Sala de Casación Penal ha indicado lo siguiente: “Con base en un análisis sistemático de la normativa anteriormente descrita, resulta claro por qué la restitución del objeto del hecho punible debe efectuarse siempre que sea posible, aunque no lo haya solicitado algún sujeto legitimado mediante una acción civil. ..."

Pull quotesCitas destacadas

  • "La imposibilidad de segregar e inscribir esos terrenos, es lo que evidencia el daño económico que se le causó a cada ofendido, ello con independencia que, en este momento, las víctimas ostenten un derecho de posesión sobre ese inmueble."

    "The impossibility of segregating and registering those lands is what evidences the economic damage caused to each victim, regardless of whether the victims currently hold a possessory right over the property."

    Considerando V

  • "La imposibilidad de segregar e inscribir esos terrenos, es lo que evidencia el daño económico que se le causó a cada ofendido, ello con independencia que, en este momento, las víctimas ostenten un derecho de posesión sobre ese inmueble."

    Considerando V

  • "El condueño no puede, sin embargo, disponer de una parte determinada de la cosa, sin que antes le haya sido adjudicada en la respectiva división."

    "The co-owner, however, may not dispose of a determined part of the thing, unless it has been previously allocated to him in the respective division."

    Considerando V — cita Art. 270 Código Civil

  • "El condueño no puede, sin embargo, disponer de una parte determinada de la cosa, sin que antes le haya sido adjudicada en la respectiva división."

    Considerando V — cita Art. 270 Código Civil

  • "ARTÍCULO 837.- La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen..."

    "ARTICLE 837.- Absolute nullity may be invoked by anyone with an interest in it and must, when it appears from the record, be declared ex officio, even if the parties do not invoke it..."

    Considerando V — cita Art. 837 Código Civil

  • "ARTÍCULO 837.- La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen..."

    Considerando V — cita Art. 837 Código Civil

  • "Como bien se expone en el fallo impugnado, este ardid fue utilizado por el imputado para captar a una gran cantidad de compradores, quienes influenciados por la facilidad de pago que se ofrecía en el plan de financiamiento, accedieron a comprar un lote en dicho proyecto."

    "As well stated in the contested judgment, this deceit was used by the defendant to attract a large number of buyers, who, influenced by the ease of payment offered in the financing plan, agreed to buy a lot in said project."

    Considerando V

  • "Como bien se expone en el fallo impugnado, este ardid fue utilizado por el imputado para captar a una gran cantidad de compradores, quienes influenciados por la facilidad de pago que se ofrecía en el plan de financiamiento, accedieron a comprar un lote en dicho proyecto."

    Considerando V

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Sections

Procedural marks

**Criminal Appeals Court of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón** **Ruling No. 00306 - 2020** **Date of the Ruling:** April 21, 2020, at 14:25 **Case File:** 13-000452-0305-PE **Drafted by:** Adriana María Escalante Moncada **Type of matter:** Criminal appeal **Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL **Rulings from the same case file** Ruling with protected data, in accordance with current regulations **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Criminal Law **Topic:** Estafa (Fraud) **Subtopics:** Accused who offered lots and to build a development knowing that the property was not segregable. Inapplicability of the principle of compensation of profit. Co-owner who disposes of the property without a prior division.

"V) [...] It is important to highlight here that, unlike what the appellants claim, the victims were consistent in stating that the accused [Name1] offered them lots suitable for building a house, and when he took the victims to the site, he would give them a tour of the place, or show them a sketch with a graphic representation of the lots, and would tell them about the infrastructure that the location would have. Likewise, from the victims' statements, it is understood that, although initially there were no roads, or water and electricity services on the property, the witnesses were coherent in stating that the accused told them that these public services would be available months later. In summary, an examination of the testimonial evidence allows the firm conclusion that the defendant [Name2] offered the various people not just the sale of a lot, but also indicated that the site would become a development (urbanización). Having established this other aspect, regarding the proven facts, it is established that the Trial Chamber also found it proven that the defendant's offer was fraudulent, because on the referenced property, it was not feasible to segregate the lots sold to the victims, since the areas that make up each unit have a capacity less than that permitted by the regulatory plan (plan regulador) of the Municipality of Alajuela for the zone in which the property is located [Value 001]. This was credited with expert report 1540-ING-2013, as well as with official letter MA-PPCCI-817-2013, issued by the Municipality of Alajuela. These documents detail that the regulatory plan for that sector only allows lots with a capacity exceeding six hundred square meters, as well as ten houses per hectare of land. This point was also credited with the statement of the Engineer from the Municipality of Alajuela, [Name3], who explained the regulatory plan operating in that zone and the dimensions the lots must have. Based on these elements of evidence, the lower Court establishes the artifice (ardid) employed by the accused, consisting of offering lots for housing construction, in which, upon completion of the payment plan, the victims would have a segregated lot duly registered in the National Registry. As is well stated in the contested judgment, this artifice was used by the accused to attract a large number of buyers, who, influenced by the ease of payment offered in the financing plan, agreed to buy a lot in that project. [...] The impossibility of segregating and registering those lands is what evidences the economic harm caused to each victim, regardless of whether, at this time, the victims hold a right of possession over that property. Here, the defenders allude to the principle of compensation of profit (principio de compensación del lucro), which was reviewed by the Third Chamber of the Supreme Court of Justice, in ruling number 580-1996, according to which, in fraud (estafa) crimes, there must be a loss due to a disposition of assets, meaning a decrease in the victim's assets must be verified, since if, as a direct consequence of the dispositive act, the assets remain the same or increase, the crime of fraud is not configured because no loss existed, due to the principle of compensation of profit. This thesis of the defense is not admissible, because, as is well explained in the contested judgment, each of the victims made a disposition of assets, reflected in the payment of the monthly installments they agreed upon with the accused for the purchase of a lot, which, from a legal standpoint, will not be able to be registered as an independent property. Therefore, the cited principle of compensation of profit is not applicable to this case. Likewise, in the appeal, the defenders insist that the victims are owners of a right over the property owned by the company Tecrem, and that therefore no economic loss exists and, for that reason, the crime of fraud is not configured. This thesis is not admissible because it stems from a biased view of the demonstrated facts, since the victims were not offered an undivided, non-localized right over a property, but rather, what the accused offered them through deceit was the sale of a lot, of which, after paying the various monthly installments, they would acquire ownership, and the respective deed would be granted to them. For both the Trial Court and this Court of Appeals, it is clear that the way the contracts were drafted constituted part of the deceit, since those documents were used solely to give an appearance of legality to a situation that was illicit; this aspect will be revisited and expanded upon when resolving the second ground of appeal. Returning to the argument that the victims are owners of a right and that therefore no economic loss exists for the victims, it is necessary to highlight that this point deserves special attention, for the following reason. According to the defenders, in this process, no economic loss has existed because the victims are owners of a right, according to the contracts signed by the accused and the aggrieved parties. This argument is fallacious for the following reason. During the process, it was proven that the company Tecrem S.A. is the owner of a right over property number 096824, a right identified with the number 001. In other words, the company Tecrem is the owner of a right over the aforementioned property, that is, it is not the sole owner of the entirety of the property. This type of legal situation is regulated in article 270 of the Civil Code, which establishes that when a thing belongs simultaneously to two or more persons, the owners jointly exercise all the rights of a single owner, in proportion to the part each one has in the common property. The co-owner cannot, however, dispose of a specific part of the thing without it having been previously awarded to them in the respective division. This normative regulation takes on significance in this process, since the Law prevents the owner of a right over a property from selling or disposing of a specific part without a prior process of division and localization of their right having been carried out. This allows the conclusion that the argument made by the defenders—that the accused legitimately and in good faith transferred a right over said property to the victims—is fallacious, since from a legal standpoint, the defendant did not have the possibility to sell specific fractions of that property." ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Rulings **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Criminal Law **Topic:** Restitution of things that are the object of the punishable act **Subtopics:** Court must order it ex officio.

**Topic:** Nullity of obligations and contracts **Subtopics:** Nullity of contracts decreed ex officio in a fraud (estafa) proceeding.

""V) [...] Of the nullity of the contracts. Another topic the appellant attacks in this third ground relates to the Trial Court, in Considerando V, ordering the nullity of the contracts. He argues that, because of this decision, the victims will be left without any real right within their assets and will have no proof to claim co-ownership. The claim is without merit. The first thing that must be said is that the appellants start from a mistaken premise, as they consider the contract signed between the victims and the company Tecrem S.A. to be valid, and this position is erroneous because, as has been extensively developed in the contested judgment, the agreement, both written and verbal, that the victims entered into with the accused is fraudulent, as it formed part of the deceit deployed by the accused to obtain an unlawful pecuniary benefit, so it cannot be said that said contract is valid between the parties. Additionally, the judgment sets forth both the factual and legal basis upon which the Trial Court's pronouncement to declare the nullity of said contracts is based. In this sense, as the Trial Chamber well develops, in this case, the declaration of nullity of these agreements is based on the precepts established in articles 37 and 41 of the Political Constitution, as well as on the provisions of article 103 of the Penal Code, which regulates the civil consequences of the punishable act. Regarding the scope of this last legal precept, the Criminal Cassation Chamber has indicated the following: 'Based on a systematic analysis of the regulations previously described, it is clear why the restitution of the object of the punishable act must be carried out whenever possible, even if no entitled party has requested it through a civil action. In this regard, this Chamber has previously stated: "Thus it is explicitly provided by articles 103 of the Penal Code and 361 of the Criminal Procedure Code, in a scenario different from the amounts that may be awarded as a result of the claim for damages. Therefore, the restitution of things to their status ex ante (i.e., prior to the crime) is a consequence of law that seeks to roll back the effects of the judicial declaration and undo the consequences of the illegality. As these are purposes of public interest, the legal norm does not condition its fulfillment on the exercise of the civil action for damages."' (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, ruling number 133-2013 of 17:00 hours on February 14, 2013). Additionally, and for greater amplification and legal support, it is noted that article 837 of the Civil Code, which constitutes a supplementary regulation in this matter, establishes: 'ARTICLE 837.- Absolute nullity may be invoked by anyone having an interest in it and must, when evident from the case record, be declared ex officio, even if the parties do not invoke it: and it cannot be cured by the confirmation or ratification of the parties, nor by a period of time shorter than that required for ordinary prescription.' Regarding the scope of this norm, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated: 'VIII.- Concerning the breaches of the substantive norms invoked, this Chamber, in consideration of the grievances formulated by the appellant and in application of article 837 of the Civil Code, whose breach is alleged, makes the following considerations. The nullity of a juridical act occurs when it is detected that its elements have departed from the assumptions established by the Legal System, which, due to their essential nature, become indispensable for its legal configuration. Thus, the difference between the way the juridical act was carried out and the way provided in said System leads to the need to definitively deny it its consequences, for which all its effects are suppressed and rolled back in such a way that, with its elimination, it is as if it had never been performed. Such invalidity can be qualified as structural and radical. Structural because it comes from an irregularity in the formation of the act. Radical because it occurs ipso iure, that is, independently of any action being exercised by those interested in its declaration. Therefore, the act vitiated by absolute nullity can be abolished at the request of any interested party or even ex officio, when the judge detects it. The foundation of the latter lies in that, being null, the act is prevented, by full right and erga omnes, from generating any type of legal consequence, conforming as a pathology of necessary extinction that interests the entire legal system; therefore, the judge will be obligated to decree it, whether or not the parties to the litigation or a third party request it. In Costa Rican legislation, canon 837 of the Civil Code establishes: "Absolute nullity may be invoked by anyone having an interest in it and must, when evident from the case record, be declared ex officio, even if the parties do not invoke it; and it cannot be cured by the confirmation or ratification of the parties, nor by a period of time shorter than that required for ordinary prescription" (highlighting is not from the original). In this numeral, the legislator's intention is clear to determine that, given the necessary elimination of completely null acts, the invalidity must be declared, as long as it is unquestionable, starting, of course, from the indispensable prerequisite of the due participation of the affected parties and verification in the case record. This coherent doctrinal stance, clearly reflected in the positive Costa Rican Legal System, fits precisely with the long-standing precedent of this Cassation Chamber, when, referring to the antecedents and the correct interpretation of article 837 of the Civil Code, it stated in the ruling of 10 hours 40 minutes on December 24, 1947, the following: "II.— Such mandate originates from the following concepts of [Name1] (sic), whose work French Civil Law constituted the main source of information for the Drafting Commission of our Code: 'The act that does not gather the factual elements that its nature or its object presupposes, in the absence of which it is logically impossible to conceive its existence, must be considered not only as null, but as not performed. The same can be said of the act that has not been accompanied by the conditions and solemnities indispensable to its existence, according to the letter and spirit of the positive Law. The ineffectiveness of such acts is independent of any judicial declaration. It is not covered by confirmation or prescription. Every judge must recognize it, even ex officio,' (cited work, volume I, page 180, fifth edition, 1897). According to [Name1] (sic) himself, no article is found in the French Civil Code that declares, as a general measure, the nullity of acts performed contrary to these precepts—page 181—nor did the mentioned author specify in what circumstances of the trial the indicated ex officio intervention of the tribunals was advisable. The cited Drafting Commission, besides other modifications it introduced to the said precepts—such as encompassing them all under the denomination of nullity—supplied the omission by requiring two fundamental conditions for the ex officio declaration: that the absolute nullity be evident from the case record, that is, that it appear with characteristics of manifest certainty—which implies that nullities that offer doubt must always be the object of controversy—, and that the parties present in the litigation be the same ones who had intervened in the null act or contract, or whoever demonstrates having an interest in the nullity, since the term 'parties' is used by law, in relation to absolute nullity, in the double sense of parties to the judgment—when it says 'even if the parties do not invoke it'—and parties to the null act or contract, in the phrase 'and it cannot be cured by the confirmation or ratification of the parties'; in the same way, without the possibility that said parties, or the person interested in the nullity, exercise the legal appeals against what was resolved—which prevents this question from being promoted directly or arising spontaneously in this Court [that is, it must arise in a process where the affected parties are necessarily present]—, it is not explained that the law speaks of nullity declared by a final judgment; and finally, without the concurrence of the parties in the null act or contract, it is not understood that the law grants them the guarantee of being restored to the state they would be in had the null act or contract not existed, articles 837 and 844 of the Civil Code." (The clarification is not from the original). From the citation made, it is deduced how, based on an analysis of the motives of the Drafting Commission of the national Civil Code, the judge, whatever the instance, is ordered to decree the nullity of an act when it is deduced from the examination of the case record and is absolute. At the same time, said order also bypasses the principle of party disposition, insofar as the invalidity can be declared without having been the object of an express request, requiring only that the parties who carried out the act and are affected by it be present, or that the party interested in it being resolved in such a sense be present. By way of summary, doctrine, legislation, and jurisprudence coincide that, in the case of an absolute and evident nullity, it may be declared, even ex officio, when the party's request is lacking, making the need to eliminate the legal consequences of an act contrary to the Legal System prevail over the party disposition principle, provided that those affected by the vitiated act that will be declared null are part of the litigation and have the possibility of exercising their right of defense.' (First Chamber of the Supreme Court of Justice, ruling number 549-2007 of 8:45 hours on August 3, 2007. In the same sense, rulings of said Cassation Chamber number 331-2019). Returning to the case under review, and applying these jurisprudential precedents, it is clear that the Trial Court was empowered to declare ex officio the nullity of a contract that served as an instrument for the commission of a criminal act. Hence, the appellant is not entitled to relief on this claim, and therefore it must be dismissed." ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Rulings **Text of the ruling** **PODER JUDICIAL** **TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN** **Tel: 2456-9069 [...]@ Fax: 24569029** ____________________________________________________________________________________________ Res: 2020-00306 **TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, FIRST SECTION. San Ramón, at fourteen hours twenty-five minutes on the twenty-first of April two thousand twenty.** **APPEAL OF SENTENCE** filed in this case against EVELIO MURILLO MURILLO, Costa Rican, identity document number CED1, for the crime of [Name2] MENOR Y MAYOR to the detriment of [Name3] AND OTHERS. The judges Adriana Escalante Moncada, Ana Lucrecia Hernández Chavarría, and José Alberto Rojas Chacón participate in the decision of the appeal. Appearing in the appeal of sentence are attorney Adrián Rojas Rodríguez, as Lawyer from the Oficina de Defensa Civil de la Víctima, and attorneys Jorge Enrique Gonzalo Villalobos and Luis Diego Salazar Gonzalo, as private defenders of the defendant Evelio Murillo Murillo. Also, the representative of the Ministerio Público, attorney Edith Morera Rodríguez.

**WHEREAS:** 1.- That by judgment number 980-2018 of eighteen hours on the thirtieth of October two thousand eighteen, the Trial Court of the First Judicial Circuit of Alajuela, ruled: "POR TANTO: In accordance with the above, articles 28, 39, and 41 of the Political Constitution; 8 and 11 of the American Convention on Human Rights; 1, 30, 45, 51, 71 to 74, 103, 216 paragraph 1° and 2° of the Penal Code; 1 to 15, 70 and 71, 142, 180 to 184, 239 and 265, 267, 360, 361, 363, 364, 365, 366, and 367 of the Criminal Procedure Code; 122, 123, 124, 125, and 127 of the 1941 Penal Code and the rules on civil liability; 627, 1007, 1045 and 1046, 1049, 1163 of the Civil Code, 1, 16 and 42 of Executive Decree 36562-JP of the eighteenth of May two thousand eleven. By unanimous vote, EVELIO MURILLO MURILLO is ACQUITTED of all penalty and liability for a crime of [Name2] that had been attributed to him to the detriment of each of the following victims, [Name4], [Name5], [Name6], [Name7], [Name8], [Name9], [Name10], [Name11], [Name12], [Name13], [Name14], [Name15], [Name16]-, [Name17], [Name18]. On the other hand, EVELIO MURILLO MURILLO is declared the responsible perpetrator of a crime of [Name2] MENOR, committed to the detriment of each of the following victims [Name19], [Name20], [Name20], [Name21], [Name22], [Name23], [Name24], [Name3], [Name25], [Name26], [Name27], [Name28], [Name29], [Name30], [Name31], [Name32], [Name33], [Name34], [Name35], [Name36], [Name37], [Name38], [Name39], [Name40], [Name41], [Name42], [Name43], and in that sense he is sentenced to serve, for each of the twenty-seven crimes, EIGHT MONTHS OF PRISON, for each one, for a total of EIGHTEEN YEARS OF PRISON. Likewise, EVELIO MURILLO MURILLO is found as the responsible perpetrator of a crime of [Name2], for each of the following victims, [Name44], [Name45], [Name46] and in that capacity, the amount of ONE YEAR OF PRISON is imposed for each of the THREE indicated crimes, all for a total of THREE YEARS PRISON, all for a total of TWENTY-ONE YEARS OF PRISON, penalties that, with application of the rules of material joinder (concurso material), remain in the amount of THREE YEARS OF PRISON. Penalty that he must serve, prior credit of the preventive detention suffered, in the place and manner determined by prison regulations. For a period of five years beginning to run upon the finality of this sentence, the defendant is granted the conditional execution of the sentence benefit, warned not to commit a willful crime punishable by imprisonment greater than six months, under penalty of revoking the benefit. The costs of the criminal proceedings are the responsibility of the State. Because this authority considers that the complainants have acted with procedural good faith, they are exempted from the payment of the costs of the complaint. Any measure restricting fundamental rights that has been issued against the accused is ordered lifted and, by virtue thereof, the return of the bail set in this matter is ordered, once this sentence is final. ON THE CIVIL EFFECTS OF THE CRIMINAL PROCEEDING: The nullity of the contracts made between EVELIO MURILLO MURILLO, representative of TECREM S.A., and the following persons [Name4], [Name5], [Name6], [Name7], [Name8], [Name9], [Name10], [Name11], [Name12], [Name13], [Name14], [Name15], [Name16]-, [Name17], [Name18], [Name19], [Name20], [Name20], [Name21], [Name22], [Name23], [Name24], [Name3], [Name25], [Name26], [Name27], [Name28], [Name29], [Name30], [Name31], [Name32], [Name33], [Name34], [Name35], [Name36], [Name37], [Name38], [Name39], [Name40], [Name41], [Name42], [Name43] [Name43], [Name47] is declared, wherefore, given the declaration of nullity, the legal and material effects of the contracts must cease. The MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, in the person of the [Name48], is ordered to carry out the necessary administrative procedures so that matters reach the effects required by our legal system regarding the "Proyecto Bella Vista", for which a period of THREE MONTHS is granted, counted from the finality of this proceeding, warned that if it does not do so, portions will be certified for the crime of disobedience to authority. ON THE CERTIFICATION OF PORTIONS: The certification of portions in this matter is ordered to the Ministerio Público so that it may proceed accordingly.- ON THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES: The civil action for damages filed by the victims-civil plaintiffs [Name4], [Name49], [Name6], [Name7], [Name50], [Name9], [Name10], [Name11], [Name12], [Name51] and [Name47], [Name52], [Name15], [Name17], [Name18] against the accused-civil defendant EVELIO MURILLO MURILLO is denied; in that sense and considering that they have litigated with procedural good faith, he is exempted from paying the costs of the civil action. The civil action for damages filed by the victims-civil plaintiffs [Name20], [Name24], [Name3], [Name22], [Name32], [Name53], [Name44], [Name46], [Name54], [Name34], [Name23] against the accused-civil defendant EVELIO MURILLO MURILLO is granted; likewise, the civil action in the case of Mr. [Name21] against the accused is granted, setting the amount to be stated as the basis of the judgment against TECREM S.A. (Judgment 2017-00142); and furthermore, the civil action for damages filed by the victims-civil plaintiffs (SECOND CASE): [Name42] and [Name33] against the accused-civil defendant EVELIO MURILLO MURILLO and the civilly liable third party TECREM S.A. represented by EVELIO MURILLO MURILLO, both jointly and severally in this case, is granted. The civil claims are set for each case as follows: 1) [Name20], for material damage consisting of the sums paid for lot 4, in the amount of ONE MILLION THREE HUNDRED FIFTY THOUSAND COLONES (1,350,000.00). He is also ordered to pay the material damage related to the construction of the house, damage recognized in the abstract. For moral damages, the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay in favor of the Oficina de Defensa Civil de la Víctima, the net sum of SIX HUNDRED SEVENTY THOUSAND COLONES (670,000.00) in its capacity as lawyer for the Civil Action. 2) [Name24], for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 76, the sum of THREE MILLION ONE HUNDRED FIFTY THOUSAND COLONES (3,150,000.00). He is also ordered to pay the material damage related to the construction of the house, damage recognized in the abstract. For moral damages, the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay in favor of the Oficina de Defensa Civil de la Víctima, the sum of ONE MILLION THIRTY THOUSAND COLONES (1,030,000.00) in its capacity as lawyer for the Civil Action. 3) [Name3], for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 93, the sum of ONE MILLION SEVENTY THOUSAND COLONES ([...]). For moral damages, the sum of TWO MILLION COLONES ([...]). For personal costs, the civil defendant must pay in favor of the Oficina de Defensa Civil de la Víctima, the net sum of SIX HUNDRED FOURTEEN THOUSAND COLONES (614,000.00), in its capacity as lawyer for the Civil Action. 4) [Name22], for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 11, the sum of THREE MILLION ONE HUNDRED TWENTY THOUSAND COLONES (3,120,000.00). He is also ordered to pay the material damage related to the construction of the house, damage recognized in the abstract. For moral damages, the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay in favor of the Oficina de Defensa Civil de la Víctima, the net sum of ONE MILLION TWENTY-FOUR THOUSAND COLONES (1,024,000.00) in its capacity as lawyer for the Civil Action. 5) [Name32], for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 114, the sum of TWO MILLION SIX HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND COLONES (2,625,000.00). He is also ordered to pay the material damage related to the construction of the house, damage recognized in the abstract. For moral damages, the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay in favor of the Oficina de Defensa Civil de la Víctima, the net sum of NINE HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND COLONES (925,000.00), in its capacity as lawyer for the Civil Action. 6) [Name26], for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 133, the sum of FOUR MILLION FIVE HUNDRED SEVENTY-FIVE COLONES (4,575,000.00). He is also ordered to pay the material damage related to the construction of the house, damage recognized in the abstract. For moral damages, the sum of TWO MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND COLONES (2,500,000.00).

For personal legal costs (costas personales), the civil defendant must pay to the Office of the Civil Defense of the Victim (Oficina de Defensa Civil de la Víctima), in its capacity as attorney for the Civil Action, the net sum of ONE MILLION FOUR HUNDRED FIFTEEN THOUSAND COLONES (1,415,000.00).

  • 7)[Nombre21]; Evelio Murillo Murillo is ordered to pay, and the sums are set for the purposes of judgment 2017-00142, for material damage (daño material) consisting of the sums paid to the accused for lot 43, being the sum of TWO MILLION FIVE HUNDRED TWENTY THOUSAND COLONES. He is likewise ordered to pay the material damage related to the construction of the dwelling, damage that is recognized in the abstract. For moral damage (daño moral), the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00) against Evelio Murillo. For personal legal costs, the civil defendant must pay to the Office of the Civil Defense of the Victim, in its capacity as attorney for the Civil Action, the sum of NINE HUNDRED FOUR THOUSAND COLONES (904,000.00).
  • 8)[Nombre44], for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 49, the net sum of TEN MILLION SIX HUNDRED EIGHTY THOUSAND COLONES (10,680,000.00). For moral damage, the sum of FIVE MILLION COLONES (5,000,000.00). For personal legal costs, the civil defendant must pay to the Office of the Civil Defense of the Victim, in its capacity as attorney for the Civil Action, the net sum of THREE MILLION ONE HUNDRED THIRTY-SIX THOUSAND COLONES (3,136,000.00).
  • 9)[Nombre46], for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 62, the sum of ONE MILLION TWO HUNDRED FIFTEEN THOUSAND COLONES (1,215,000.00). He is likewise ordered to pay the material damage related to the construction of the dwelling, damage that is recognized in the abstract. For moral damage, the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal legal costs, the civil defendant must pay to the Office of the Civil Defense of the Victim, in its capacity as attorney for the Civil Action, the sum of SIX HUNDRED FORTY THOUSAND COLONES (640,000.00).
  • 10)[Nombre27], for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 96, the sum of THREE MILLION THREE HUNDRED THOUSAND COLONES (3,300,000.00). He is likewise ordered to pay the material damage related to the construction of the dwelling, damage that is recognized in the abstract. For moral damage, the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal legal costs, the civil defendant must pay to the Office of the Civil Defense of the Victim, in its capacity as attorney for the Civil Action, the net sum of ONE MILLION SIXTY THOUSAND COLONES (1,060,000.00).
  • 11)[Nombre34], for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 49, the sum of NINE HUNDRED THOUSAND COLONES (900,000.00). He is likewise ordered to pay the material damage related to the construction of the dwelling, damage that is recognized in the abstract. For moral damage, the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal legal costs, the civil defendant must pay to the Office of the Civil Defense of the Victim, in its capacity as attorney for the Civil Action, the net sum of FIVE HUNDRED EIGHTY THOUSAND COLONES (580,000.00).
  • 12)[Nombre23], for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 21, the sum of TWO MILLION SIX HUNDRED TEN THOUSAND COLONES (2,610,000.00). For moral damage, the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal legal costs, the civil defendant must pay to the Office of the Civil Defense of the Victim, in its capacity as attorney for the Civil Action, the sum of FIVE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND COLONES (522,000.00).
  • 13)[Nombre42], for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 40, the sum of TWO MILLION FIVE HUNDRED EIGHTY THOUSAND COLONES (2,580,000.00). He is likewise ordered to pay the material damage related to the construction of the dwelling, damage that is recognized in the abstract. For moral damage, the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal legal costs, the civil defendant must pay to the Office of the Civil Defense of the Victim, the sum of NINE HUNDRED SIXTEEN THOUSAND COLONES (916,000.00).

[Nombre33]).- , he is ordered to pay the material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 44, as well as that related to the construction of the dwelling, damage that is recognized in the abstract. For moral damage, the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal legal costs, the civil defendant must pay to the Office of the Civil Defense of the Victim, in its capacity as attorney for the Civil Action, the sum of FOUR HUNDRED THOUSAND COLONES (400,000.00), an order payable jointly and severally (solidaria) by EVELIO MURILLO MURILLO and TECREM S.A. (judgment 2017-142 of the Court of Appeals).

Payment of legal interest on the amounts of damages awarded, including those in the abstract, is also ordered, once this judgment becomes final and until its effective payment; the interest shall be calculated in accordance with the interest rate set by the Banco Nacional de Costa Rica for six-month certificates of deposit. On the sums in the abstract, interest shall run once the respective sums are determined. Such liquid sums must be paid by the civil defendant(s) by simple order of the Court and upon the finality of this ruling; otherwise, the interested parties must resort to the Judgment Enforcement proceeding.

REGARDING THE NOTATION OF THE CLAIM: The notation of the claim on the property [Dirección1] is ordered to be maintained. Notify by reading.

[Nombre55]. [Nombre56]. . TRIAL JUDGES".

2.- That against the preceding ruling, attorneys Adrián Rojas Rodríguez, Jorge Enrique Gonzalo Villalobos, and Luis Diego Salazar Gonzalo, as well as attorney Edith Morera Rodríguez, filed appeals against the judgment.

3.- That having conducted the respective deliberation, in accordance with the provisions of Article 465 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal), the Court of Appeals of Judgment of the Third Judicial Circuit of Alajuela, San Ramón, proceeded to hear the appeal.

4.- That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.

Drafted by Judge of Appeals of Judgment Escalante Moncada; and,

CONSIDERING:

I.Defense attorneys Jorge Enrique González Villalobos and Luis Diego Salazar filed an appeal against judgment number 980-2018, issued by the Trial Court of Alajuela. Attorney Adrián Rojas Rodríguez, in his capacity as lawyer for the Office of the Civil Defense of the Victim, also appealed, as did prosecutor Edith Morera representing the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público).

II.For an adequate resolution of the various appeals filed, they will be addressed in the following order. First, the claims raised by the defense attorneys related to the criminal liability (responsabilidad penal) of the accused Evelio Murillo will be addressed. Next, the challenge filed by the Public Prosecutor's Office, objecting to the reasoning for the sentence, will be resolved. Subsequently, the claims filed by the defense attorneys related to the civil judgment will be heard. Finally, the challenge filed by the Office of the Civil Defense of the Victim will be heard.

SECTION I. OF THE APPEALS FILED ON THE OCCASION OF THE CRIMINAL LIABILITY OF THE ACCUSED EVELIO MURILLO MURILLO.

III.Of the defense attorneys' appeal against the criminal conviction. Through ruling 980-2018, the Trial Court of Alajuela declared the accused Evelio Murillo Murillo the responsible perpetrator of several crimes of [Nombre2] and, in that capacity, imposed a total sentence of three years of imprisonment, thus readjusted by application of the rules of material concurrence of crimes (concurso material de delitos). Due to this conviction, the defense attorneys challenge the trial court's ruling and file several grounds for appeal, which, for an adequate resolution, are ordered and enumerated as follows.

First ground. In this claim, the appellants present several objections summarized as follows: (i) The evaluation of the evidence is questioned, since the panel of trial judges granted credibility to the victims. They indicate that the Trial Court did not conduct a rigorous analysis of each witness but repeated what each deponent declared during the plenary phase, thus violating the rules of sound judicial discretion (sana crítica). They detail that the panel of judges, when analyzing the statements of [Nombre19], [Nombre57], and [Nombre20], [Nombre45], [Nombre27], [Nombre28], Leader [Nombre30], [Nombre34], [Nombre35], [Nombre18], [Nombre37], [Nombre40], [Nombre41], and [Nombre42], used the same refrain to grant validity to these witnesses, stating that they testified in a clear, simple, and coherent manner, without demonstrating an intention to lie or harm the accused. They indicate that this type of reasoning is insufficient because it does not explain why credibility was granted to them. To support their position, they cite vote number 43-2018 from this Court of Appeals and state that the parameters established in that ruling for evaluating testimonial evidence were not applied by the Trial Court. They state that the ruling merely describes what the judges think about each witness but without setting forth the reasons why they granted them credibility. They indicate that these accounts contradict the contracts each injured party signed and the depositions of the female attorneys, but those contradictions were not evaluated by the trial judges. (ii) They indicate that one of the aspects challenged during the adversary hearing was the alleged promise made by the accused to offer a residential development project (proyecto urbanístico) to the victims, a fact charged by the Public Prosecutor's Office and deemed proven by the Trial Court. They say that a debated point was that related to water and electricity services. They state that the accused informed the victims that they had to supply themselves from the spring water (paja de agua) of the parent property, and regarding the electricity service, each one had to arrange it with the Instituto Costarricense de Electricidad. They criticize that, although the injured parties are people with social and academic disadvantages and with limited expressive capacity, these conditions cannot constitute a sufficient reason to grant them credibility, since this type of person can also fail to tell the truth. Furthermore, they state that the accused Evelio Murillo did not offer the victims a residential development project, but rather each one was responsible for carrying out their own constructions. They state that another essential topic was related to construction permits. On this point, each witness stated that the accused told them they could build, and that other people did so without having the respective permits. They criticize that this version was accepted without any objection by the trial judges, which violates the rules of human understanding. To support this claim, the appellants transcribe excerpts from the depositions of each injured party and then state there is a common factor in the accounts of the deponents, consisting of the fact that they indicated that when buying the lot, there were no basic services, such as electricity, water, and roads, nor the other inputs of a residential development project. They allege that the injured parties knew there was no water or electricity, and that a housing project was not being offered, and under those conditions, they accepted the sale of the lot. They criticize that, despite what the victims related, the Court concluded that the accused offered them a residential development project for the sale of the lots. They indicate that the error in the judgment is having deemed proven the fact charged by the Public Prosecutor's Office and stating that the accused offered the victims a residential development project, without the existence on that property of roads, sidewalks, water, and electricity services, which are part of the inputs of this type of project. They indicate that the Trial Court omitted evaluating these aspects and, on the contrary, blindly believed each one of them. They state that if the accused offered them a residential development project, but upon arriving at the site it did not exist, then why did they buy the lot? They indicate that the answer is simple: because of the ease of payments, as well as the omission of compliance with construction permit requirements, among others, but not motivated by the alleged scheme (ardid) that the judging body deemed proven, consisting of the offer of a residential development project. (iii) They detail that one of the topics discussed in the plenary phase was the price of the lots, since, according to the accusation, part of the scheme deployed by the accused was to offer lots at below-market prices and with low monthly installments, and the trial court deemed these circumstances proven. They indicate that for the defense, this basis lacks evidentiary support, since it was not demonstrated what the market price was. They explain that the court itself admits that on this point, there are no elements of proof, such as expert reports or notarial records, but to demonstrate that point, the lower court alluded to the payment facilities, which has no relation to that element that supposedly comprised the scheme described in the accusation. (iv) They state that in this case, there is no economic loss (perjuicio económico), since each injured party, through the purchase of the lot, became a co-owner and therefore there is no pecuniary loss (perjuicio patrimonial). To support this point, they cite vote of the Criminal Cassation Chamber (Sala Tercera) number 580-1996, which establishes the principle of compensation of profit with loss. They point out that in this case, each injured party became the owner of a right over the [Dirección2] of the province of Alajuela. They explain that contracts have force of law between the parties, so each injured party is the owner of a right, which can be located before a civil judge, according to the amount and extent each one paid, as well as the location each person chose to build, so they consider that no unlawful economic loss occurred. They indicate that in this case, a perfect sale (compraventa) occurred, regardless of the name given to the contract, so there was a transfer of ownership (dominio), to the point that the injured parties mortgaged their lots, even though those contracts were not executed as notarial deed (escritura pública). They say that in this case, the mortgages become null for not having been granted in notarial deeds, so if the victims owed money to the accused, that debt must be collected in an ordinary civil proceeding. Likewise, if the victims require the accused to grant them a notarial deed, they may appear before the civil judge to obtain the compelled execution of that document. (v) They detail that in the judgment, starting from folio 4753, the Court analyzes matters related to the contracts signed by each injured party and concludes that between the victims and the company Tecrem S.A., a perfect sale occurred, and not an option to sell, so the aggrieved parties were sold a right over the [Dirección3]. The appellants argue that the judgment is contradictory because, on one hand, it is stated that each injured party acquired a right over the referenced property, but later, it is categorically indicated that the victims would not come to have ownership of the lot they acquired. They consider that these two premises are mutually exclusive and cannot coexist, so the ruling becomes contradictory. They state that this assertion by the Court is not true, because in this case, there are people who have a notarial deed for their lots, as is the case of [Nombre58], who testified about that circumstance during the plenary phase. They indicate that another error in the ruling refers to the injured parties who never contracted directly with the accused. They detail that there are several injured parties who did not negotiate directly with the accused, but with third parties, so at the time of signing the contracts, these people already intended to acquire the lot, and therefore there is no deception by the accused. For this reason, they consider that in the cases of the victims [Nombre44], [Nombre3], [Nombre25], [Nombre32], [Nombre33], [Nombre36], and [Nombre39], an acquittal should have been issued. Following this, the appellants recount what each of these victims declared, in which, according to their argument, they admitted that they negotiated the lot with a third party and only signed the respective contract with the accused to continue paying the monthly installments for the lot. They indicate that in this case, in relation to other victims who also negotiated with third parties, an acquittal was issued, so for these other acts, an acquittal should have been issued because there was no deception by the accused. They add that the convictions mixed up the cases referring to Ms. [Nombre33] and Ms. [Nombre39], since the testimony of one of the witnesses is used to support the conviction referring to the case of the other victim, which is confirmed by reviewing folios 4821, 4822, 4851, and 4551.

In the second ground, they allege disregard for the principle of in dubio pro reo. They argue that the Trial Court dismissed the accused's statement and, on the contrary, gave credibility to the injured parties, who stated that the accused Evelio Murillo had promised them a residential development project. They object that a laconic analysis was made of the exculpatory evidence (prueba de descargo), such as the testimonies of the female attorneys in relation to the contracts they endorsed, as well as the testimonies of other people who are neighbors of the place and registered owners of a right originating from the property that generates this litigation. They detail that the Trial Court did not confront Evelio Murillo's account with certain contracts in which the eighth clause states: "Eighth: The company TECREM S.A. is not responsible for grading and paving public streets, nor for supplying water or electricity service. TECREM S.A. only agrees to tractor-grade the streets" (verbatim copy of the argument). They indicate that although the Trial Court detracted credibility from the attorneys Hazel Víquez Alvarado and Doris Céspedes Elizondo (folios 4709 and following), the truth is that these individuals explained that to each injured party who signed the contracts, they read the document and explained it to them, and although they did not ask them if they knew how to read or write, these people also did not state that they did not know how to do so. They say that these female attorneys' statements exonerate the accused Evelio Murillo from liability, since these professionals explained the real situation of the property to the injured parties. They object that the Trial Court detracted credibility from the versions given by witnesses [Nombre59], [Nombre60], [Nombre61], under the argument that these people's cases were different from those of the other injured parties. Furthermore, it was stated that these people only declared about their contracts and businesses they agreed upon with the accused, without alluding to the cases of the other injured parties. They consider that if the exculpatory evidence had been weighed correctly, these testimonies were indeed relevant, since they contradict the version of the complainants; furthermore, these statements support the defense's thesis, since the buyers were warned about the real situation of the property. To support this objection, the appellants transcribe excerpts from the statements of the defense witnesses.

In the third ground (titled in the appeal as first ground regarding the merits), the appellants claim incorrect application of substantive law. They criticize that the Trial Court deemed the Public Prosecutor's Office's accusation proven. They indicate that in each of the cases where a conviction was issued, the Trial Court did not weigh the "principle of compensation of profit with loss" (verbatim copy from folio 4944), since they consider that each injured party, upon formalizing the contract, whether verbal or written, perfected a sale and became co-owners of right 001 of the property registered under real folio 096824-001 of the province of Alajuela. They state that for the configuration of the crime of [Nombre2], an economic loss is required, but in this case, no pecuniary loss occurs, since the agreement places each injured party as a co-owner, so the objective elements of the criminal type of fraud (estafa) are not proven, such as the scheme (ardid), error, disposition of property, and loss. They state that in this case, each of the sold lots can be located through the pertinent proceedings before the civil judge. Likewise, they state that the mortgages granted by the injured parties in favor of the accused become null for not having been granted in notarial deed, so if the injured parties were to owe money to the accused, the latter must resort to an ordinary civil proceeding. Moreover, if the injured parties require a notarial deed and the accused does not grant it, they can request compelled execution before the competent civil judge. They indicate that "the way to correct the mess of the erroneously classified contracts, but with true content, is a matter for another jurisdiction or the consent of the parties" (Verbatim copy from folio 4946). They state that the trial court, in recital V, called civil consequences, orders the annulment of the contracts. They state that the harm (daño) to the injured parties will materialize if that decision becomes final, since the victims will be left without any real right in their patrimony and will have no evidence to claim the co-ownership. They add that during the closing arguments (conclusiones) phase, the absence of the element referring to economic loss was alleged, but despite that argument, the panel of trial judges opted to declare a breach of contract. They indicate that although the defense in closing arguments argued the thesis of breach of contract, the ruling did not refer to the defensive petition that was proposed on that occasion. They explain that in the case of breach of contract, the agreement is not fulfilled due to causes or circumstances that occur after the formalization of the contract. In contrast, in the case of fraud, the characteristic feature is that, from the beginning of the negotiations, the accused person did not have the intention of complying with what was agreed upon in the contract. They indicate that even if the Trial Court's position were accepted, that the accused offered the injured parties a residential development project, the truth is that each of these people acquired a lot and built their houses, so there can be no talk of loss. Furthermore, due to what was ordered in the ruling, that the Municipality of Alajuela intervene, that circumstance would vitiate the commission of a fraud crime. They point out that in accordance with Article 35 of the Urban Planning Law No. 4240 (Ley de Planificación Urbana) of November 1, 1968, the parties are permitted to sue for rescission and civil reparation in the civil jurisdiction, so they consider that it was in that other venue, and not in the criminal jurisdiction, that this process should have been heard.

In the fourth ground (titled in the appeal as second ground regarding the merits), they argue that in closing arguments, a mistake of law (error de prohibición) by their defendant was alleged, because the latter acted under the advice of several legal professionals who drafted and endorsed the contracts. They indicate that regarding this defensive argument, the Trial Court did not issue any opinion. They add that in the judgment, the Trial Court recognized the limited schooling of the accused Evelio Murillo, but even so, attributed criminal liability to him due to his intelligence and aptitude for commerce. They explain that in this case, the accused Evelio Murillo was advised by a female lawyer, so he could not be required to know the procedure and requirements for the segregación (segregación) of lots, such as a cadastral plan and the respective municipal approvals. They indicate that the accused's idea was to sell lots in rights (derechos), and that it was the obligation of the professionals to advise the parties who hire their services. They highlight that the accused declared that he conducted the negotiations in good faith and that at that time, he had no knowledge regarding the issue of selling land. To support this claim, the appellants transcribe part of the accused's statement to conclude that their defendant acted under the advice of lawyers, that the accused's knowledge in this type of business was nonexistent, and that it was the duty of the legal professional to warn about the situations inherent to this type of business. They state that the accused, in the exercise of his material defense, declared that he always intended to sell lots in rights so that people without access to bank credit or housing bonds could build a house. They conclude by indicating that in this case, the crime of fraud is not configured, and they request that the application of what is regulated in Article 35 of the Criminal Code be evaluated.

IV.A) Charged facts. Before addressing the various claims raised by the defense against the conviction, it is necessary to indicate that, as stated in the facts charged by the Public Prosecutor's Office, the scheme deployed by the accused, in summary, was the following. The company Tecrem Sociedad Anónima is registered with the National Registry, corporate ID number CED2, and its legal representative is the accused Evelio Murillo Murillo, who holds the position of president with judicial and extrajudicial representation with powers of generalísimo (apoderado generalísimo) without limit of sum. This corporation is the owner of a plot of land measuring 19,705.08 square meters, registered on March 23, two thousand ten, under real folio registration number CED3, without a plan number, whose land nature is pasture (potrero) and is located in the first canton of the province of Alajuela, [Dirección4]. Without being able to determine the exact date, but yes within the period from March 23, 2010, to July 16, 2013, and once the cited property was acquired, the accused Evelio Murillo devised a criminal plan with the aim of obtaining an unlawful economic benefit. Said plan would consist of contacting different people and offering the sale of lots. In that offer, the accused Murillo Murillo would make them falsely believe that a residential development project was being built on his property, which met all the requirements for housing construction, the municipal permits, and the possibility of enjoying basic water and electricity services. As part of the scheme, he would take some of the buyers to the so-called project or show them a sketch to visualize the division of the land, which lots ranged between 120 and 283.5 square meters, and to make the deal more attractive, he would offer them sale prices payable in monthly installments depending on the price and length of each one. He would also make them believe that after completing the payment of the agreed amounts, he would segregate said lots and deliver the deed of ownership in the name of each of the purchasing individuals. Part of the plan devised by the accused was to hide from the buyers that, in reality, the property registered under [Placa1] could not have permits for carrying out a residential development project like the one being offered, that he had not requested any authorization from the Municipality of Alajuela for earthworks (movimiento de tierra) or construction, and that such a permit could never be granted since the current regulatory plan for the zone where the property is located allows a maximum of 10 dwellings per hectare on the first level, allowing 20 dwellings per hectare in two-story solutions, and that the minimum surface area of the lot to be segregated is 600 square meters, which evidently does not equate to the portions of land the accused promised to segregate in favor of each of the injured parties, which ranged between 120 and 283.5 square meters. To perfect the scheme, the accused would propose the execution of a contract drafted in the offices of different lawyers in the city of Alajuela, with which he would falsely demonstrate the viability and legality of the offer made. Once the accused's proposal was accepted, it would be documented in most cases through a written contract stipulating the sale of a right over said property, but in other situations, it would be done through a verbal agreement or contract. From that agreement onwards, the accused would authorize the immediate disposition of the land upon payment of the first of the "installments" (abonos), payment he would ask to be made in cash or to the accused's bank account, thus perfecting the [Nombre2] through the disposition of property by the victims and the disposition of the money by the defendant. Following the described fraudulent plan, the accused carried out a large number of sales, for which the accusation specifies the name of each injured party, the lot number, the size, the price, and the economic amounts each victim disposed of by virtue of the scheme deployed by the accused.

In this regard, from a review of the judgment, as well as the evidence, it is established that the Trial Court considered a total of thirty frauds to have been proven, to the detriment of various persons, according to the list of facts described in the judgment, visible in the first whereas clause, which are not transcribed to avoid unnecessary reiteration. That list of proven facts matches the accused factual scenario. B) Non-controverted proven facts. Similarly, it is necessary to list a series of facts that are not controverted and that the appellant does not challenge. In the structure used in the trial-level judgment, the Trial Court addresses, firstly, that list of events that are not debated, which are limited to the following. The company Tecrem S.A., whose President and legal representative is the accused Evelio Murillo Murillo, is the owner of a right over the property registered in the National Registry under property number CED3, located in the province of Alajuela, at [Dirección5]. As explained by the Trial Court, this fact is accredited with the certifications issued by the National Registry, which account for the registration of the company Tecrem S.A., as well as its legal capacity, in addition to the certification of property CED3, in which it is detailed that the company Tecrem S.A. is the owner of right 001 over said property. Another non-controverted fact is that the Municipality of Alajuela did not authorize an urban development on said property, which does not have the respective permits from that municipal corporation, nor those that must be granted by other state institutions linked to the processing and authorization of subdivisions (urbanizaciones). Similarly, another non-controverted factual circumstance is that, according to the regulatory plan (plan regulador) in force at the Municipality of Alajuela, for the zone where the property subject to the dispute is located, only lands with an area of 600 meters or more may be segregated. This fact was duly accredited by the Trial Court based on the following evidence: Criminalistic analysis report 1540-ING-2013, official communication from the Municipality of Alajuela number MA-PPCCI-817-2013, as well as the statement of the forensic expert [Nombre62], and the accounts of Municipality of Alajuela officials Roy Delgado Alpízar, Luis Alfonso Villalobos Molina, and Bertilia Vega Vega; all these witnesses provided information about the existing settlement on said property and the lack of permits required by legislation for the development of urban projects. The arguments outlined by the trial judges in relation to this fact, and the assessment of the evidence are visible from pages 4712 to 4718 of volume IV. Additionally, it is necessary to indicate that these facts are not controverted by the defense attorneys in the appeal filed.

  • V)Regarding the defense's appeal against the criminal conviction. Now it is appropriate to resolve the various claims formulated by the defense attorneys. One of the issues debated by the appellants in the appeal, which is a key issue for the resolution of the case under examination, was set forth in argument (ii) that forms part of the first ground, which due to its impact and its connection with the remaining complaints raised in the first ground of the appeal, must be addressed first. The argument is without merit. In this complaint, the defense attorneys claim that the accused did not offer the victims the sale of a lot in an urban development project. In this regard, it is established that, upon examining the contested judgment, it is noted that the Trial Court broadly explained, with the indication of the various elements of evidence that proved it, how it arrived at the finding that the accused Evelio Murillo Murillo offered the victims the sale of lots in an urban development project that included water and electricity services. These reasonings are visible from pages 4712 to 4726, which are not transcribed to avoid being reiterative, but the following considerations must be made regarding these arguments. The Trial Court first examines the elements of evidence that account for the accused offering the aggrieved parties to sell them a lot that would have basic water and electricity services. Furthermore, that once the full price was paid, the lot would be segregated and registered in favor of each of the aggrieved parties. To this end, the Panel of Judges begins with the assessment of the information from a flyer or advertising pamphlet in which the company Tecrem S.A. promotes the sale of lots. As the Trial Court correctly states, in this pamphlet (visible on page 177 of volume I), the sale of land is offered, with the indication of the financing plan. In this regard, the Trial Court, based on this evidence, derived that, indeed, the sale of lots was offered to the public. Even this Court of Appeal notes that, if said flyer is observed in detail, it is visible that it has a sketch drawn on it, which details the existence of internal streets within the property. The information from this advertisement was weighed by the Trial Court, together with the data contained in the "mutual option contracts for the purchase and sale of lots in rights" (contratos de opción reciproca de compra venta de lotes en derechos), and that examination allowed it to derive that the company Tecrem S.A., represented by the accused Evelio Murillo Murillo, offered the aggrieved parties lots to build on, with a financing plan, and that even in said document, the existence of water and electricity services is alluded to, since those contracts indicate that in case of non-payment of five installments, the water and electricity meters must be transferred to the company Tecrem S.A. Similarly, the content of the clauses contained in said contract was weighed to arrive at the conclusion that this document was rather part of the stratagem deployed by the accused to give a character of legality to the illicit act he was carrying out at that time. In this regard, the judgment states: "Another of the elements used by the accused to devise his plan and give that veneer of legality to the urban development project, legality that it did not have and that he knew it did not have, for which he uses a whole series of ruses to that effect, among them we have the famous 'contract' or misnamed 'CONTRATO DE OPCION RECIRICA DE COMPRAVENTA DE LOTE EN DERECHOS' (Mutual Option Contract for the Purchase and Sale of a Lot in Rights) which is neither more nor less than a pure and simple purchase-sale contract; however, calling it this way allows for a different treatment to what it really and legally should have been given – as a purchase-sale contract -. The document establishes the existence as owner of the property of the Alajuela district, registration number CED4, of the company TECREM S.A., represented by the accused, indicating in the document that a contract is established between the owner of the property and the buyer. It describes in the third clause the right that the company 'promises' to sell; with this denomination, the document allows the buyer to believe that they have not acquired the property but that the seller is making a promise to sell to them, when in reality, with the agreement on the thing 'the right' and the price, determined for each contract, the sale is already perfected (system of bare consent, followed by our legislation) and with it, the buyer fully acquires the rights and obligations that are inherent to ownership; but the same clause indicates that what is sold is a right to 'build' of a measurement of 150 square meters, which is legally impossible, because the regulatory plan of the province of Alajuela does not permit constructions for the zone of La Guácima, where the 'right-lot' is located, i.e., in the informal urban development project 'Bella Vista' on a terrain smaller than six hundred square meters, this was indicated by Engineer [Nombre63] as follows: 'According to the current regulatory plan, it is located in the low-density residential subzone, the maximum number of dwellings is 10 dwellings per hectare on a single level, and for dwellings with one level below and one above it is 20 dwellings per hectare maintaining the 10 dwellings per hectare on the first level, that is, always maintaining the building footprint. The minimum lot size in the low-density residential area is 600 square meters with a minimum frontage of 20 meters and the setbacks are 6 meters front, 5 meters rear, and 2.5 meters side setbacks.', as was equally indicated by Engineer [Nombre62] and the O.I.J. report 1540-ING-2013, which makes it impossible for that 'property' to obtain a cadastral plan with municipal approval –See statement of Licenciada Doris Céspedes, defense evidence-, given that it does not have a land use permit and is outside the regulatory plan of the province of Alajuela; the third clause of the contract establishes the form of payment, in successive monthly installments that depended on the amount to be 'financed' by the owner of the property, as well as the payment of interest in case of delay; this clause, linked to the fifth, establishes a type of 'penalty clause' or indemnity clause, however said clause is an abusive or leonine clause, given that it establishes an absolute waiver of the property right, with loss not only of the 'right-lot', without due process (breach regime under article 692 of the Civil Code), but also a loss of the useful and necessary improvements on the property, as well as a supposed waiver of the right of action and disposition in civil matters and accusatory right in criminal matters. The fourth clause also establishes the imposition of a real encumbrance of pursuit, such as the imposition of a mortgage on the property, however it is only mentioned; this implies, in the eyes of the judges, another element used by the accused to coercively influence the psyche of the buyers, who are humble, simple people who are almost ninety-five percent of scarce or almost null schooling and the vast majority, if not all, are Nicaraguans, many even unaware of national legislation, given that the fact of mentioning a mortgage makes them feel that the property is guaranteeing the economic obligation they have committed to; however, the mere mention of the term 'mortgage' does not encumber the property, for a simple reason: the 'right-lot' is not registered and can never be segregated due to the legal impossibility already mentioned, although if the document were executed with the requirements established for that purpose for the imposition of the encumbrance, according to our Civil Procedure legislation it could be executed as an executory title in the payment order proceeding, but no, it was not done, because there was never an intention to do so, only to influence the psyche of the aggrieved parties to keep them tied to the payment of the 'loan', according to the accused himself, that was what really mattered; Mrs. Hazel Víquez, an attorney and notary of extensive professional experience, tried to indicate that the document was prepared or drafted in that way because they were waiting for the expiration of the term, sixth clause, which each contract establishes for that purpose, to proceed with the mortgage formally, forgetting the attorney a small detail: if the term is fulfilled with the monthly payments, the monetary obligation is extinguished, because the payment was fulfilled; then, this authority asks, what economic obligation is it going to guarantee, if it would have already been fulfilled? This, like other considerations that will be seen later, causes the professional's testimony to be considered complacent and even implausible. Although it is true that many of the aggrieved parties signed a contract, this has a representative character and its non-existence does not imply that the sale does not exist, but rather, on the contrary, according to the system of Bare Consent, it must equally be considered a perfected contract, which, as will be seen and analyzed in part, is vitiated by absolute nullity. There is no doubt for this authority that, as was charged in the accumulated cases.- Already with all these elements and by cloaking in 'legality' on all sides an urban development project that is not one and that falls into the category of informal, the aggrieved parties withdrew money from their own funds, for a property they would not be able to segregate, that they would not obtain public services for, and that although they had a written or verbal sale contract, the same is null because the lawful cause (articles 627 and 1007 of the Civil Code) as an essential element of the contract does not exist; the aggrieved parties proceeded to make a series of disbursements, which were taken advantage of by the accused, thereby obtaining an unlawful patrimonial benefit, which in each case will be determined subsequently" (see pages 4724 to 4726). As can be observed, from the outset, the Trial Court establishes that said contracts do not have the validity to which the defense attorneys allude, but rather, on the contrary, this document was one more act executed by the accused within his stratagem to give an appearance of legality to the fraudulent acts he was carrying out. Additionally, and considering that the judgment is a legal-logical unit, it is established that the Trial Court also analyzed the testimonies of the various aggrieved parties - a topic that will be expanded upon later - and from those statements, concluded that the accused Evelio Murillo Murillo offered the people an urban development project, since he indicated to them that on the site, in the near future, there would be streets, that they would have water and electricity services, and even that this housing project would be better than the La Pradera Subdivision. It is important to highlight here that, contrary to what the appellants claim, the aggrieved parties were consistent in indicating that the accused Evelio Murillo offered them lots suitable for building a dwelling, and when he took the victims to the site, he would give them a tour of the place, or show them a sketch with the graphic representation of the lots, and would tell them about the infrastructure that said place would have. Similarly, from the victims' statements, it is understood that, although initially there were no streets, nor water and electricity services on the property, the witnesses were coherent in that the accused indicated to them that months later they would have said public services. In synthesis, an examination of the testimonial evidence allows for the firm conclusion that the accused Murillo Murillo offered the various people not only the sale of a lot, but also indicated to them that this site would become a subdivision (urbanización). Now, having established this other aspect regarding the proven facts, it is established that the Trial Court also considered it accredited that the accused's offer was fraudulent, because in the referenced property, it was not feasible to segregate the lots sold to the aggrieved parties, since the areas that make up each unit have a capacity less than what the regulatory plan of the Municipality of Alajuela permitted for the zone where the property CED3 is located. This was accredited with expert report 1540-ING-2013, as well as with official communication MA-PPCCI-817-2013, issued by the Municipality of Alajuela. These documents detail that the regulatory plan for that sector only allows lots with a capacity exceeding six hundred square meters, as well as ten houses per hectare of land. This point was also accredited with the statement of the Engineer of the Municipality of Alajuela, Roy Delgado Alpízar, who explained matters related to the regulatory plan operating in that zone and the dimensions the lots must have. Based on these elements of evidence, the trial court establishes the stratagem employed by the accused consisting of offering lots for the construction of dwellings, in which, upon completion of the payment plan, the aggrieved parties would have a segregated lot duly registered in the National Registry. As is correctly set forth in the contested judgment, this stratagem was used by the accused to attract a large number of buyers, who, influenced by the ease of payment offered in the financing plan, agreed to buy a lot in said project. Another of the defense attorneys' arguments revolves around the claim that the accused did not offer the victims water and electricity services, and that therefore the crime of fraud could not be considered accredited. On this point, it must be indicated that the defense attorneys try to dissect the stratagem deployed by the accused, which was not limited to offering lots suitable for building dwellings, but more importantly, the essential deception was making the victims believe that the lot they were acquiring, once the payment plan was completed, would be segregated and registered in favor of each of them in the National Registry. As indicated above, this stratagem is inferred from what the aggrieved parties declared, as well as from the contract itself that the accused signed with the various victims, in which it is detailed that a lot is being sold to them, and that upon completing the payment plan, the company will grant the respective deed, a situation that was fictitious, since said lands could not be segregated due to the limitations imposed by the regulatory plan issued by the Municipality of Alajuela, in which only lots with a capacity of six hundred meters or more can be segregated. Additionally, the point referring to the accused's offer of public electricity and water services is an aspect that the aggrieved parties generally referenced in the plenary phase. In this regard, the aggrieved parties who bought the first lots recounted that the accused indicated to them that water would be supplied from a water source (paja de agua) existing on the parent property, and for this, the people who came to live on that property had to organize, and the potable water service was supplied on a schedule for each of the zones that made up the housing project. In this sense, see the statements of [Nombre64], [Nombre59], and [Nombre34] (see summary of evidence on pages 4644, 4678, 4616, respectively), among others. Even from the testimonial evidence, it is derived that the accused subsequently made a water well to supply said service to the people living in that place, which proves the veracity of the victims' account, who affirmed that the accused indicated to them that this project would have water and electricity services. Here it must be detailed that from the review of the testimonial evidence carried out by this Court of Appeal, a total of fourteen aggrieved parties were counted who referred to the accused offering them water and electricity services. Additionally, three other victims referred to the defendant indicating to them that said place would be like a subdivision (urbanización), that is, that it would have those public services; in this sense are the depositions of [Nombre3], [Nombre27], and [Nombre32]. Likewise, a constant in the statements of the affected persons was that the accused indicated to them that, upon completing the payment plan, they would have a deed in which ownership of said land would be granted to them. Additionally, the existence of a housing project was supported by the photographs contained in the court records that demonstrate the existence of the dwellings and the current conditions of said settlement, added to the on-site inspection carried out by the trial court. This review of the list of evidence and the reasonings set forth by the a quo allows this Court of Appeal to conclude that, in the trial-level judgment, the conclusion is duly supported in which it is affirmed that the accused offered each of the victims not only the sale of a lot, but also a project that would have water and electricity services, hiding from the people the legal reality of the land and the impossibility of segregating the lots sold. Based on the foregoing, for this Sentence Appeals Court, there is no doubt that, from the evidence gathered in the plenary phase, the stratagem deployed by the accused clearly emerges, and contrary to what the defense indicates, in this case it is not a mere contractual breach, but rather a deception duly deployed by the accused, who, knowing that he had not processed the corresponding authorizations and urban permits before the state entities and the municipal corporation of Alajuela, proceeded to publicly offer the sale of lots so that people could build their dwellings, knowing that the land he was offering them, in the end, could not be segregated or registered before the National Registry, due to the lack of the permits and authorizations required by any urban development project. Likewise, it must be highlighted that another proven fact was that the accused, despite offering the victims ownership of a lot, what was set forth in the contracts was a diverse and deceptive legal situation, since it was indicated that what he was selling them was a right over the cited property, but this aspect will be expanded upon later. From now on, it is necessary to indicate that in this specific case, all the objective and subjective elements of the criminal type of fraud converge, since a stratagem deployed by the accused was accredited, through which he induced the aggrieved parties into error, who made a harmful patrimonial decision, with the consequent unlawful patrimonial benefit for the accused. Consequently, for the reasons stated, it is appropriate to dismiss this argument. Argument (i) of the first ground. On this point, the defense attorneys indicate that the Trial Court did not carry out an examination of each statement, but rather generically granted credibility to the victims, using routine phrases such as that the depositions were clear and coherent. The claim is without merit. In this regard, and having analyzed the judgment, it is noted that the defense is not right. The Panel of Judges, to support the conviction judgment, carried out an examination of the victims' statements that are detailed from page 4725 to 4834 (with the exception of the testimony of [Nombre33], which will be examined when addressing argument number (v) of the first ground), as well as several witnesses, and in each case, it not only assessed the consistency of those accounts but also confronted them with the documentary evidence, and it was thanks to that joint examination that the Trial Court arrived at the conclusion regarding the veracity and reliability of said testimonies. In this sense, it is established that, in the case of the aggrieved party [Nombre19], the Trial Court weighed both their statement at trial and what this person had recounted at the time of filing the complaint. Similarly, that account found support in other documentary evidence, such as the contract that the aggrieved party signed with the accused Evelio Murillo, as well as the money receipts that the victim provided to the process and that account for the patrimonial disposition they made. In the case of the aggrieved parties [Nombre57] and [Nombre20], both with the last name [Nombre20], the Trial Court granted them credibility, both due to the concordance that existed between the depositions of both persons, and also by weighing the documentary evidence, namely, the contract signed by the aggrieved parties with the accused, as well as the receipts that account for the delivery of money by the victims to the accused Murillo Murillo. In the case of the aggrieved party [Nombre44], the credibility and reliability that the Trial Court granted to this testimony also lay in the concordance that existed between what she declared at trial and what she had recounted at the time of filing the complaint, as well as that her testimony found support in the contract she signed with the accused, and in the bank deposit documents that account for the delivery of money by the aggrieved party in favor of the accused Evelio Murillo. Under this same evidence assessment technique, consisting of confronting the testimony of each aggrieved party with what was indicated in the complaint and with the documentation related to the contract and the payment documents, the Court examined the depositions of [Nombre45], [Nombre21], [Nombre22], [Nombre65], [Nombre24], [Nombre3], [Nombre26], [Nombre54], Leader [Nombre30], [Nombre31], [Nombre32], [Nombre34], [Nombre35], [Nombre37], [Nombre38], and [Nombre40]. In these cases, the reliability of the aggrieved parties' accounts not only rested on the version they gave, but their accounts were corroborated by documentary evidence, consisting of money receipts, bank deposit vouchers, and the contracts that each of them signed with the defendant. Even in the intellectual analysis, it is noted that for the illicit acts to the detriment of [Nombre42], [Nombre46], [Nombre39], [Nombre43], [Nombre41], [Nombre36], and [Nombre33], the Court took into consideration that, although these victims did not sign a contract with the accused for the sale of the referenced lot, their version found support in the existence of a verbal agreement, which was corroborated by the money receipts and bank deposits that each aggrieved party provided as evidence to the court records, and which were detailed in the intellectual analysis of the evidence. Similarly, regarding the victim [Nombre25], the Court granted them credibility, not only due to the consistency of their account but also because during the plenary phase, [Nombre66] declared, who was consistent in referring to the offer the accused had made and the patrimonial disposition made by the aggrieved party [Nombre25]. Furthermore, said testimonies found support in the money receipts and bank deposits that were provided by the victims, which accredit the patrimonial disposition. A similar situation occurred with the intellectual analysis conducted for the case of [Nombre28], for which the Trial Court also details that, although said person does not have a written contract, the verbal negotiation existed and is demonstrated by the money vouchers that the victim provided at the time of filing the complaint. Moreover, it found support with what was reported by the aggrieved party [Nombre67], who, on that occasion, informed of the details of the offer made by the accused for the sale of a lot. Additionally, it must be taken into consideration that there is one more factor that served as a criterion to establish the reliability of those accounts, and that is that when assessing those statements jointly, the aggrieved parties are concordant among themselves in referring that the accused offered them lots for sale, which would have basic water and electricity services, and that in the end, each aggrieved party would be the owner of their land. In summary, it is concluded that the appellant's assertion, indicating that the Trial Court did not weigh the statements of the various victims in a detailed manner, is not correct. For the foregoing, it is appropriate to dismiss said claim. Argument (iii) of the first ground of appeal. In this complaint, the defense attorneys allude to the fact that it was not demonstrated that the lots sold had a value lower than the market value. The ground is without merit. In this regard, the defense attorneys again try to dissect the stratagem deployed by the accused by referring to the fact that it was not demonstrated that the sale price of the lots corresponded to a price notably lower than the market cost. On this point, although the Trial Court considered this extreme accredited based on the accounts given by each aggrieved party, insofar as they detailed the price for which the sale of the lot was agreed upon, an amount that was even recorded in each of the contracts signed by the victims or in the money receipts, the truth is that, under the principle of freedom of evidence, the Trial Court was empowered to weigh that information provided by the victims, and based on that data, establish that said amount corresponded to a price below the market. In this regard, note that, according to the references of the aggrieved persons, the price of the lot ranged between six and up to eighteen million colones, depending on the size of each terrain, without the existence of an objective parameter being noted that allows determining a fixed amount per square meter, but rather, in all cases, the price was set by the accused. Therefore, due to the variability of the prices, the Trial Court correctly concludes, based on the maxims of experience, that the price offered was lower than that of the urban development market. Additionally, even if the part related to the sold lots having a price lower than the real estate market were deleted from the judgment, this circumstance in no way invalidates the stratagem deployed by the accused, which went beyond offering lots at an attractive price and with an accessible financing plan, factual circumstances that were also part of the deception deployed by the defendant, but rather, as has been stated, the essential stratagem consisted of publicly offering the sale of lots in an urban development project, with full knowledge that the state and municipal permits for a project of that magnitude were not in place, and that therefore, the lots could not be segregated in favor of each of the aggrieved parties. Arguments (iv) and (v) of the first ground.

In these two arguments, defense counsel indicate that no economic harm occurred, because the victims are owners of a right, and by such condition they would not have suffered economic harm. As regards this complaint, the claim is declared without merit. Here defense counsel attempt to allude to topics outside the judged fact, since as is extensively explained in the lower court's decision, the lot that the accused sold to each victim cannot be segregated and therefore also cannot be registered in the National Registry, because each of the lots measures less than six hundred meters, which makes its segregation and registration in the National Registry impossible, in addition to the fact that this lot-sale project was carried out without complying with all the requirements demanded by the legislation regulating urban planning matters, which constitutes another limitation preventing the victims from ever having their own land registered in their name. The impossibility of segregating and registering these lands is what evidences the economic harm caused to each victim, regardless of whether, at this moment, the victims hold a right of possession over that property. Here, defense counsel allude to the principle of compensation for profit, which was outlined by the Third Chamber of the Supreme Court of Justice in resolution number 580-1996, according to which in [Name2] offenses there must be harm due to a disposition of assets, so a decrease in the victim’s assets must be verified, since if as a direct result of the dispositive act the assets remain the same or increase, the [Name2] offense is not configured because no harm existed, owing to the principle of compensation for profit. This thesis from the defense is not admissible, because as is well explained in the challenged decision, each of the victims made a disposition of assets, reflected in the payment of the monthly installments they agreed upon with the accused for the purchase of a lot, which, from a legal standpoint, cannot be registered as an independent property. Therefore, the cited principle of compensation for profit is not applicable to this case. Likewise, in the appeal, defense counsel insist that the victims are owners of a right over the farm owned by the company Tecrem, and that therefore no economic harm exists and thus, the offense of fraud is not configured. This thesis is not admissible, because it proceeds from a biased view of the proven facts, since the victims were not offered an undivided, non-localized right over a property, but rather, what the accused offered them through deceit was the sale of a lot, of which after paying the various monthly installments they would acquire ownership, and they would be granted the respective deed. For both the Trial Court and this Court of Appeal, it is clear that the manner in which the contracts were drafted constituted part of the deceit, since those documents were used solely to give an appearance of legality to a situation that was illicit; this aspect will be revisited and elaborated upon when resolving the second ground of appeal. Returning to the argument that the victims are owners of a right and that therefore no economic harm exists for the victims, it is necessary to highlight that this point deserves special attention, for the following reason. According to defense counsel, in this proceeding no economic harm whatsoever has occurred, because the victims are owners of a right, according to the contracts signed by the accused and the aggrieved parties. This argument is fallacious for the following reason. During the proceeding it was proven that the company Tecrem S.A. is the owner of a right over property number CED5, a right that is identified with number CED6. In other words, the company Tecrem is the owner of a right over the aforementioned land, meaning it is not the sole owner of the entire farm. This type of legal situation is regulated in Article 270 of the Civil Code, which establishes that when a thing belongs simultaneously to two or more persons, the owners jointly exercise all the rights of a single owner, in proportion to the share each holds in the common property. The co-owner (condueño) cannot, however, dispose of a specific part of the thing, without it first having been awarded to them in the respective division. This regulatory provision gains significance in this proceeding, since the Law prohibits the owner of a right over a property from selling or disposing of a specific part, without the respective division and localization process of their right having been previously carried out. This allows the conclusion that the argument made by defense counsel, that the accused legitimately and in good faith transferred a right over said property to the victims, is fallacious, since from a legal standpoint, the accused did not have the possibility of selling specific portions of that property. Additionally, this situation of stating in the contracts that what was being sold was a right over the aforementioned farm reveals with greater clarity the ruse deployed by the accused, since he at all times affirmed to the various aggrieved parties that what he was selling them was an individualized piece of land, and rather, this document was used to give the appearance that the negotiation was legitimate and in accordance with the legal system. Likewise, each of the victims explained that, when conducting the negotiation with the accused, what was offered to them was to be owners of an independent lot, and that is what they understood they were acquiring, that is, a property, and that after the various payments were made, they would be owners of that land and would obtain the respective public deed. Furthermore, it is necessary to indicate that the assertion by defense counsel, that no economic harm exists because the individuals can resort to a civil judge to carry out the localization procedure for an undivided right, is fallacious. This argument is not valid, because for a person to carry out the process described in Law on the Localization of Undivided Rights number 2755, the plaintiff must have a right over a property registered in the National Registry, a situation that is not configured in this case, because none of the victims has a right over the aforementioned farm registered in the National Registry. Likewise, the private contract signed between the parties does not meet the requirements established in our legislation to be registered in the National Registry as an independent farm, in addition to the fact that said document is part of the fraud devised by the accused to give an appearance of legality to said fraudulent business. In this same vein, the affected parties could not sue in civil court for the fulfillment of the obligations agreed upon in said contract either, since in civil matters the principle prevails that all obligations must have a licit cause; in this sense, Article 631 of the Civil Code establishes that an obligation that has as its object a thing or act that is physically or legally impossible is ineffective. Moreover, this article establishes that obligations arising from acts contrary to the law are also ineffective. In this case, it has been demonstrated that what the accused agreed upon in said contract in favor of the victims is contrary to the legal system, not only due to the legal impossibility he had of dividing an undivided right that was not localized (Article 270 and Article 1101 of the Civil Code), but also because it has been demonstrated that the accused offered for sale a large number of lots, without having obtained the required state and municipal permits, in addition to the fact that due to the dimensions of the various lands, those lands cannot be segregated as an independent farm. For this reason, the assertion by the appellants that the victims can resort to the civil jurisdiction to be granted the respective deed is mistaken. On the basis of the foregoing, this complaint is dismissed. In this argument (v) of the first ground, defense counsel invoke two more claims, namely, it is indicated that in the case of the victims [Nombre44], [Nombre3], [Nombre25], [Nombre32], [Nombre33], [Nombre36], and [Nombre39], the appropriate action was to issue an acquittal, because said individuals did not negotiate directly with the accused Evelio Murillo, but rather agreed upon the sale with a third person. They also argue that there is an error in the foundation of the facts related to [Nombre39] and [Nombre33], since the statements of those persons were intermixed. This claim is partially upheld, in the terms to be stated. Regarding the case of the victims [Nombre44], [Nombre3], [Nombre25], [Nombre32], [Nombre33], and [Nombre36], the appellants proceed from a biased analysis of the evidence and of the intellective foundation. From the analysis of the judgment it appears that it explains that although the victim [Nombre44] initially negotiated the acquisition of her lot with Mrs. Leonora Hernández, the truth is that the aggrieved party was referred to discuss the matter with the accused Evelio Murillo, with whom she was to formalize the sale of that lot, and it is thus that the aggrieved party entered into negotiations with the accused Murillo Murillo, in which he offered her said land for sale, concealing the real situation of the farm, and instead, indicated to her that once she completed the payment plan, she would obtain the title of ownership over that lot. That is, just as in the remaining cases, the accused induced error in the aggrieved party, so that she would make a decision regarding her assets that was detrimental to herself. In the case of the victims [Nombre3], [Nombre25], [Nombre32], as appears from the intellective foundation and the summary of evidence, these aggrieved parties negotiated the sale of the aforementioned lot directly with the accused, so the defense’s argument loses strength. As regards the victim [Nombre36], the appellants are also not correct, since even though she acquired a lot for which another person had paid a first monthly installment, as is clearly explained in her account (see summary of evidence starting from page 4599 verso), she subsequently negotiated the purchase of that lot directly with the accused, and it was to this person that she paid the monthly installments for the sale of that land. This brief reference to what each of these victims narrated reveals the baselessness of the argument raised by the appellants. Where the appellants are correct is regarding the intellective foundation used for the case of the victim [Nombre33]. In this regard, it is held that, during the plenary phase, on September 4, 2018, Mrs. Lidia María Jurado Mendoza testified, as appears from audiovisual record CED7. Subsequently, on September 5, 2018, the victim [Nombre33] testified, as recorded in audiovisual record number CED8. Reviewing the trial minutes from pages 4249 and 4250, it is held that it was erroneously recorded that on September 4 the victim [Nombre33] testified, and that on September 5 the victim [Nombre39] did so. While the audiovisual records containing the statements of both victims are available, it is held that, in the summary of evidence, the summary of what Mrs. [Nombre33] stated was omitted. This is so because, at page 4538, the summary of evidence for [Nombre39] appears, and it is repeated again at page 4544. Additionally, this Chamber played both audiovisual records and notes that the summary made in the summary of evidence at pages 4538 and 4544 does not correspond to what [Nombre33] stated, but rather corresponds to what the victim [Nombre39] stated. This error in the summary of evidence led the Panel of Judges to use what [Nombre39] stated to support the conviction issued for the case of the victim [Nombre33], as recorded starting from page 4787. It must be clarified here that the intellective foundation corresponding to the case of the victim [Nombre39], visible at pages 4815 to 4819, is correct, insofar as what she stated at trial was weighed, as well as the documentation examined, which corresponds to the receipts of the payments made by this person. From the foregoing, it is concluded that the appropriate action is to annul the conviction issued against the accused Evelio Murillo Murillo for the case of the victim [Nombre33], and to order a retrial for a new proceeding. On the second ground. Having examined the claims raised by the appellants, it is concluded that they are not correct, for the following considerations. Defense counsel, in this section, return to the matter that the accused did not offer the victims an urban development project, an issue already addressed by this Chamber when considering the second argument expressed in the first ground; therefore, the parties are referred to what was indicated there. On the other hand, it is also argued that the defense thesis and the exculpatory evidence were not assessed, but upon examining the decision, it is held that it did weigh both the statement of the accused and the accounts of attorneys Hazel Víquez Alvarado and Doris Céspedes, without any errors being observed in said analysis that would invalidate the assessment made by the lower court. In this regard, it suffices to examine considerando IV of the challenged decision, titled “analysis regarding the exculpatory evidence” (see starting from page 4834), to conclude that it did analyze both the defense thesis and the evidence offered by the defense, without the existence of errors being noted that would invalidate the assessment of that evidence, or the conclusions reached by the lower court. As the Trial Court correctly indicates, the statement of the accused confined itself to recounting what he agreed upon with each victim and the vicissitudes he faced with each of them, but without that statement having sufficient force to overturn the conclusion that, in this case, a ruse operated on the part of the accused at the time of selling the aforementioned lots to the victims. Regarding the statements of the aforementioned attorneys, it is held that the Court diminished their credibility insofar as they distanced themselves from their eventual professional responsibility, since they indicated that they only authenticated the signatures on said contracts, the terms of which had been established by the accused, their sole function being to endow them with legal vocabulary. Nonetheless, as is well explained in the decision, said attorneys had extensive experience in notarial and registry matters, so they should have known that the content of said document was contrary to the legal system. Additionally, both professionals indicated they were unaware of the procedures required to segregate a lot, an aspect that clashes with the rules of experience, since the declarants are licensed in Law and also notaries, and thus, that expression of being unaware of those procedures evidenced a complacent attitude in favor of the accused and his defense thesis. This Sentencing Court of Appeal considers that the reasoning used by the trial court to diminish the validity of that exculpatory evidence is valid. Indeed, a review of what both attorneys stated reveals that they evaded any type of professional responsibility that might be applicable to them for their participation in said negotiations. Additionally, it is notable that the witnesses tried to elude their duties as notaries, especially that of advising the parties involved in a legal transaction objectively, which did not occur in this case, since as the victims stated, they did not understand the content of said document, and on the contrary, the victims considered that by involving a legal professional, what was agreed upon was in accordance with the legal system. It must also be indicated that, in the decision, the Trial Court, from the beginning of the intellective foundation, explained why said contract was invalid, and established that said document was instead used to cover up the deceit executed by the accused. On this point, it must be highlighted that in the lower court's decision it was proven that the victims were of limited financial means, with a low level of education, and that those conditions were exploited by the accused to deploy his ruse. Therefore, the Trial Court's decision to diminish the validity of the exculpatory evidence is in accordance with the rules of sound criticism. In relation to the other evidence of the defense, it is held that the Trial Court also weighed what [Nombre59], [Nombre60], and [Nombre68] stated, and as is correctly pointed out in the lower court’s decision, the negotiations that these persons individually conducted with the accused do not detract from the unlawfulness of the acts that the accused executed against the victims, which were amply proven by the evidence gathered during the adversarial hearing. Likewise, after reviewing those statements by this Court of Appeal, it is held that what these persons related also does not discredit the existence of the facts; on the contrary, they also gave an account of the existence of the housing project and of the sale of lots that the accused carried out on that farm. Finally, regarding the testimony of [Nombre61], the lower court correctly assessed that, rather, from this account, the involvement of the accused was derived, he being the person who gave orders to improve the existing roads and to build the water well, as a way to mitigate the lack of potable water supply suffered by the people living in that community. Consequently, since the exculpatory evidence was duly assessed, the appropriate action is to dismiss this ground. On the third ground. In this section, the appellant reiterates the matter relating to the lack of typicity of the conduct due to the application of the principle of compensation for profit with the harm. Likewise, they reiterate that the victims can resort to the civil jurisdiction to demand the delivery of the deed by virtue of the contracts agreed upon by the parties, or to demand compensation for damages and losses, as set forth in the Urban Planning Law. They also reiterate the matter relating to the atypical nature of the conduct, considering that, in this case, what occurred was a contractual breach, and therefore the facts should have been judged in that other jurisdiction. These arguments have already been addressed by this Chamber when resolving the first ground of appeal, so the appellant is referred to the considerations given there. In this third ground, the appellants invoke other complaints, which will be resolved according to the topic addressed. On the nullity of the contracts. Another topic attacked by the appellant in this third ground is that relating to the Trial Court, in considerando V, ordering the nullity of the contracts. They argue that, due to this decision, the victims will be left without any real right within their assets and will have no proof to claim co-ownership. The claim is without merit. The first thing to indicate is that the appellants proceed from an erroneous premise, since they consider the contract signed between the victims and the company Tecrem S.A. to be valid, and this position is erroneous, because, as has been extensively developed in the challenged decision, the agreement, both written and verbal, that the victims reached with the accused is fraudulent, since it formed part of the deceit deployed by the accused to obtain an unlawful economic benefit, and therefore it cannot be said that said contract is valid between the parties. Additionally, the decision sets forth both the factual and legal basis supporting the pronouncement by the Trial Court to declare the nullity of said contracts. In this sense, as the Trial Chamber correctly develops, in this case the declaration of nullity of those agreements is based on the precepts established in Articles 37 and 41 of the Political Constitution, as well as on the provisions of Article 103 of the Penal Code, which regulates the civil consequences of the punishable act. Regarding the scope of this last legal precept, the Criminal Cassation Chamber has indicated the following: “Based on a systematic analysis of the regulations previously described, it is clear why the restitution of the object of the punishable act must always be carried out whenever possible, even if no legitimately entitled party has requested it through a civil action. In this regard, this Chamber has previously stated: ‘Thus explicitly provides Articles 103 of the Penal Code and 361 of the Code of Criminal Procedure, in a scenario different from the items that can be granted as a result of the compensatory action. Therefore, the restitution of things to their status ex ante (that is, prior to the crime) is a consequence of law that seeks to roll back the effects of the judicial declaration and undo the consequences of the unlawfulness. Those purposes being of public interest, the legal rule does not condition its fulfillment on the filing of a civil compensatory action.’” (Third Chamber of the Supreme Court of Justice, judgment number 133-2013 of 5:00 p.m. of February 14, 2013). Additionally, and for further elaboration and legal support, it is held that Article 837 of the Civil Code, which constitutes supplementary applicable regulation in this matter, establishes: ARTICLE 837.- Absolute nullity may be pleaded by anyone having an interest in it and must, when it appears from the record, be declared sua sponte (oficio), even if the parties do not plead it; and it cannot be cured by the confirmation or ratification of the parties, nor by a shorter period of time than that required for ordinary prescription.” Regarding the scope of this rule, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has indicated: VIII.- Regarding the violations of the substantive rules invoked, this Chamber, in consideration of the grievances raised by the appellant and in application of Article 837 of the Civil Code, which is alleged to have been violated, makes the following considerations. The nullity of a juridical act occurs when it is demonstrated that its elements have departed from the assumptions established by the Legal System, which, being essential, become indispensable for its juridical configuration. Thus, the difference between the manner in which the juridical act was carried out and that set forth in said Legal System leads to the need to definitively deny its consequences, for which all its effects are eliminated and rolled back in such a way that, with its elimination, it is as if it had never been performed. Such invalidity can be classified as structural and radical. Structural because it originates from an irregularity in the formation of the act. Radical because it occurs ipso iure, that is, regardless of whether any action is filed by those interested in its declaration. For this reason, the act vitiated by absolute nullity can be abolished at the request of any interested party or even sua sponte (oficio), when the judge detects it. The foundation for this latter point lies in that, being null, the act is prevented, de pleno derecho and erga omnes, from generating any type of juridical consequence, constituting a pathology of necessary extinction that concerns the entire legal system; therefore, the judge shall be obligated to decree it, whether the litigating parties or a third party request it or not. In Costa Rican legislation, canon 837 of the Civil Code establishes: ‘Absolute nullity may be pleaded by anyone having an interest in it and must, when it appears from the record, be declared sua sponte (oficio), even if the parties do not plead it; and it cannot be cured by the confirmation or ratification of the parties, nor by a shorter period of time than that required for ordinary prescription’ (emphasis not in original). In this numeral, the legislator's intention is clear in determining that, given the necessary elimination of completely null acts, the invalidity must be declared, insofar as it is unquestionable, proceeding, of course, from the indispensable prerequisite of the proper participation of the affected parties and their verification in the record. This coherent doctrinal-rooted position, clearly reflected in the positive Costa Rican Legal System, meshes precisely with the ancient precedent of this Cassation Chamber, when referring to the background and the proper interpretation of Article 837 of the Civil Code, stated in the judgment of 10:40 a.m. of December 24, 1947, the following: ‘II.— Such mandate originates from the following concepts of Aubry et Rou ([Nombre69]), whose work French Civil Law constituted the main source of information for the Drafting Commission of our Code: "The act that does not gather the factual elements that its nature or its object presumes, in the absence of which it is logically impossible to conceive its existence, must be considered not only null, but as not performed. The same can be said of the act that has not been accompanied by the conditions and formalities essential to its existence, according to the letter and spirit of positive Law. The ineffectiveness of such acts is independent of any judicial declaration. It is not cured by confirmation or by prescription. It corresponds to every judge to recognize it, even sua sponte (oficio)", (cited work, volume I, page 180, fifth edition, 1897). According to Aubry et Rou ([Nombre69]) themselves, no article is found in the French Civil Code declaring, as a general measure, the nullity of acts carried out contrary to these precepts—page 181— nor did the mentioned author specify in what circumstances of the trial the indicated sua sponte intervention by the courts was advisable. The cited Drafting Commission, in addition to other modifications introduced to said precepts—such as including them all under the denomination of nullity—supplied the omission by requiring two fundamental conditions for the sua sponte declaration: that the absolute nullity appear from the record, that is, that it appears with characteristics of manifest certainty—which implies that nullities offering doubt must always be the object of controversy—, and that as parties to the litigation, the same parties who intervened in the null act or contract be present, or whoever demonstrates an interest in the nullity, since the term "parties" is used by the law, in relation to absolute nullity, in the double concept of parties to the lawsuit—when it says "even if the parties do not plead it"— and of parties to the null act or contract, in the phrase "and cannot be cured by the confirmation or ratification of the parties"; in the same way, without the possibility that said parties, or the person interested in the nullity, exercise the legal remedies against what was decided—which prevents this matter from being directly raised or arising spontaneously in this Court [that is, it must arise in a proceeding where the affected parties are necessarily present]—, it is not explicable that the law speaks of nullity declared by final judgment (sentencia firme); and lastly, without the concurrence of the parties to the null act or contract, it is not understandable that the law grants them the guarantee of being restored to the state they would be in if the null act or contract had not existed, Articles 837 and 844 of the Civil Code.’ (The clarification is not from the original). From the citation made, it is inferred how, based on an analysis of the motives of the Drafting Commission of the national Civil Code, the judge, regardless of their instance, is ordered to decree the nullity of an act, when it is extracted from the examination of the record and is absolute. At the same time, said order also obviates the principle of party presentation, insofar as the invalidity can be declared without having been the object of an express request, it being sufficient that the parties who carried out the act and are affected by it are present, or that the party interested in a ruling in that sense is present. By way of summary, doctrine, legislation, and jurisprudence coincide that, in the case of absolute and evident nullity, this may be declared, even sua sponte (oficio), when the request from a party is lacking, making the need to eliminate the juridical consequences of an act contrary to the Legal System prevail over the principle of party presentation, provided that those affected by the vitiated act that will be declared null are parties to the litigation and have the possibility of exercising their right of defense.” (First Chamber of the Supreme Court of Justice, judgment number 549-2007 of 8:45 a.m. of August 3, 2007. In the same sense, judgments of said Cassation Chamber number 331-2019). Returning to the case under examination, and applying these jurisprudential precedents, it is clear that the Trial Court was empowered to declare sua sponte (oficio) the nullity of a contract that served as an instrument for the commission of a criminal act. Hence, the appellant is not correct in this claim and therefore it must be dismissed. On the order issued by the Trial Court to the Municipality of Alajuela. In this third ground, the appellant claims that ordering in the lower court’s decision that the Municipality of Alajuela must intervene to resolve the housing situation of the victims would distort the commission of the offense of Fraud.

The claim is granted, with effects different from those requested by the defense attorneys. To address this claim, it is necessary to transcribe what the Trial Court resolved in this regard, stating: “INTERVENTION OF THE LOCAL GOVERNMENT.— our substantive law states that the law does not protect the abuse of rights or their antisocial exercise, and any act or contract that, by its author's intention or by its purpose, manifestly exceeds the normal limits of exercising a right, causing harm to third parties, shall give rise to the corresponding indemnification and the adoption of judicial or administrative measures to prevent its persistence. As the representatives of the Municipality of Alajuela have stated, much of what is now ‘Bella Vista’ has been due to the inertia of the local government itself; therefore, what is currently happening in the mentioned project must be resolved. By virtue of this, and given the legal duty of every state entity to enforce the legal system as such or to adjust the policies that guide it to the solutions provided by the legislation itself, this authority orders the MUNICIPALITY OF ALAJUELA, in the person of [Name48], to proceed with the necessary administrative procedures so that matters achieve the effects required by our legal system regarding the ‘Bella Vista Project.’ For this purpose, a period of THREE MONTHS is granted, counted from the finality of this proceeding, with the warning that if it fails to do so, certified copies of documents will be issued for the crime of disobedience to authority; for the pertinent effects of what is being resolved, personal notification is ordered to whoever holds the representation of the local government, once this judgment becomes final.” (textual copy from folio 4841 verso). Having analyzed that decision, the first thing that must be indicated is that it is confusing and inaccurate, because an order is issued to the Municipality of Alajuela without specifying what actions said local government must execute within the three-month period; simply an allusion is made that said municipal corporation must “proceed with the necessary administrative procedures so that matters achieve the effects required by our legal system regarding the ‘Bella Vista Project.’” Additionally, the case file has demonstrated that the subdivision (fraccionamiento) of farm number 096824-001 of the province of Alajuela was carried out outside the regulations governing urban planning matters, and especially the regulation contained in Urban Planning Law number 4240 and its amendments; furthermore, the provisions contained in the regulatory plan governing said canton were violated, regarding the minimum size that each plot to be segregated must have. Therefore, it is not understood what the Trial Court's intention was in issuing this order to the municipal corporation, an entity that did not even appear as a party in this proceeding. Finally, it must be stated that, although the Trial Court's order is erroneous, said decision has no impact whatsoever on the criminality and unlawfulness of the conduct displayed by the defendant Evelio Murillo, aspects that have already been extensively developed in this ruling. Consequently, the judgment is partially reversed, and the order issued to the Municipality of Alajuela is rendered null and void. Regarding the fourth ground. In this claim, the appellants argue the existence of a mistake of law (error de prohibición), stating that the defendant was unaware of the unlawfulness of his conduct, especially since he was advised by lawyers. They also state that the accused, who is a person with little schooling, cannot be expected to know the procedures and requirements for plot segregation. The claim is dismissed. As explained in the trial court's ruling, as well as in this judgment, in this case, it was proven that the intervention of legal professionals and the drafting of the contracts were part of the ploy deployed by the accused to cloak the actions he carried out with a veil of legality in order to obtain an unlawful financial benefit. Additionally, the analysis of a mistake of law (error de prohibición) is conducted at the culpability stage, and according to Article 35 of the Penal Code, a person is not culpable if, due to an invincible mistake, they believe the act they are committing is not subject to penalty. If the mistake was not invincible, the penalty provided for the act may be mitigated, in accordance with the provisions of Article 79. In this sense, the norm establishes that the mistake excludes punishability when it was invincible, that is, when the author could not have avoided it. In this case, the accused alleges that, having been advised by lawyers, said mistake was invincible, which is not correct, for the following reason. The invincibility of the mistake must be analyzed in the context in which it occurs, and in this case, the accused has openly accepted that he put up for sale plots of land on the farm to which he had a right, and that his desire was to grant people a right over said property, without having the obligation to know the respective procedures governing the segregation of land. Although people are not required to know the entire existing regulatory framework, what must be proven with evidence is that the alleged ignorance was invincible. In this case, the Trial Court, in its judgment on this topic, stated: “There are no grounds for justification or exculpatory circumstances to analyze. While the technical defense of the accused floated the thesis that a ground for justification existed as an element of unlawfulness, such as mistake, the truth of the matter is that it is simply indicated as a thesis in principle, without having stopped to establish the theoretical-factual elements that support it, making it impossible for this authority to conduct an analysis in that sense. By virtue of the foregoing, the penalty that will be stated in a subsequent considerando is imposed on the accused, having been found guilty” (textual copy from folio 4854 verso). Although in the ruling, the Court did not delve into whether a mistake of law (error de prohibición) was configured or not, in this case, that examination was not necessary for the following reason. The judgment validly established that the lawyers' intervention was done so that people would believe that the project being developed was in accordance with the legal system; in other words, the intervention of these individuals was part of the ploy deployed by the accused, therefore, the defendant cannot rely on the excuse that the lawyers he hired did not advise him correctly. It must be remembered here that the defendant is being tried for carrying out a housing project that was executed outside all urban planning and municipal regulations; that is, it is not a simple omission of a procedure or requirement, but the non-compliance with a series of requirements and state authorizations that must be granted by institutions such as the Cadastral Directorate of the National Registry, the Institute of Housing and Urbanism, the Ministry of Environment, the Ministry of Health, the Environmental Technical Secretariat, and the Municipality of Alajuela. Furthermore, that information which the accused claims to have been unaware of was accessible through the Engineering Department of the Municipality of Alajuela, a place where any person can go to request such information, making the defense attorneys' argument unfounded. Consequently, the claim is declared without merit.

VI.Regarding the Public Prosecutor's appeal. Attorney Edith Morera Rodríguez, in the sole ground of appeal, objects to the reasoning for the penalty. She indicates that in this case, the Public Prosecutor sought a sanction of one year of imprisonment for each offense of minor [Name2], as well as a penalty of three years of imprisonment for each offense of major [Name2]. She maintains that despite presenting reasoned conclusions and thus supporting the punitive claim of the prosecuting body, the Trial Court, without greater support, imposed very light penalties despite the seriousness of the facts. She details that the Prosecutor's Office explained that, in each of the thirty fraud offenses, the accused took advantage of the victims, specifically their personal, social, and economic conditions, as they were people with scarce economic resources and low schooling, as well as people who lacked access to the national financial system, both due to their economic situation and their immigration status, and that 90% of the victims are people of Nicaraguan nationality. She indicates that the Trial Court did not take into consideration these personal conditions of the victims or the seriousness of the consequences that the acts committed by the accused had on the lives of the victims. She alludes that the accused, using the cunning he possesses for his businesses, took advantage of the victims' vulnerability and the trust placed in him and entered into negotiations with the victims for the acquisition of a plot of land on which these people could build a house and have their own home. She reiterates that, in this matter, the magnitude of the damage caused must be dimensioned, which goes beyond the financial, but also the psychological, as the victims live in uncertainty, not knowing if they will ever have even their own plot of land. Regarding the subsequent conduct of the agent, she criticizes that the Trial Court did not analyze that even 5 years after the act was committed, the accused has not performed any act aimed at repairing the harm caused to the victims. In this sense, she indicates that the defendant has not deigned to guarantee the occupants of those homes the basic services of electricity and water, since currently water is supplied through a well, and it is unknown whether said liquid is potable. She refers that the Trial Court opted for an argument of commiseration to justify the sanction, referring that the accused is a 59-year-old person with little schooling. She details that this argument becomes contradictory because the Trial Chamber also proved that the accused was a person with extensive knowledge in commercial matters and had a skill for business, by virtue of the company he managed. She considers that the penalty imposed is not proportional to the damage caused to the victims, both the economic and the social and psychological damage suffered by each affected person. She explains that the Trial Court imposed a penalty of one year of imprisonment for the major fraud offenses, which led to the final penalty being set at 3 years of imprisonment under the rules of material concurrence; this allowed the defendant to be granted the benefit of conditional execution of the sentence. She indicates that the judgment does not allow for an understanding of what parameters were used to impose the sanctions in each of the cases. She requests that only the penalty imposed on the accused be annulled, maintaining all other parts of the trial court's ruling, and that a new trial be ordered solely regarding this aspect. The appeal is granted. Upon examination of the ruling, it appears that the appellant is correct, because the penalty imposed lacks adequate reasoning. In this regard, the Trial Chamber, to establish the sanction, stated the following: “VIII. Applicable Sanction: Precisely in consideration of the objective and subjective elements of manner, time, and place, as provided in numeral 71 of the Penal Code, to set the amount of the penalty to be imposed, the following circumstances are taken into account. The accused is a fifty-nine-year-old person with very little schooling, given that from the initial inquiry and in the adversarial hearing itself, it was learned that he only reached the third grade of elementary school, but despite this, he is an intelligent and sharp person with a good eye for business. From his own words, we know that he transported iron to Panama with his trucks, he is the owner of the company TECREM. According to what he also said, he had at his disposal many trucks transporting materials to be smelted to Guatemala. His businesses and assets do not stop there, given that with the information obtained in the trial, he has several apartment complexes. He claims to be a merchant, with an average salary of two million colones per month, and that he will ‘enter’ into any business—the sale of a car, a motorcycle, and even the purchase of a property of more than nineteen thousand square meters. He indicated that he bought a house which his daughter enjoyed for several years and then he simply loses it. But the economic situation does not end here; we have that for the purchase of the farm where he developed the informal housing project called ‘Bella Vista,’ he invested by buying right zero zero six. Later, on the same farm, he invested at least ninety million colones in a well and two hundred million colones in a road. Moreover, as [Name70] stated, Murillo Murillo has another project similar to Bella Vista in San Rafael de Alajuela. On the other hand, in this matter, at least forty-six people have been involved as potential victims, each with emotional and economic distress. The accused has not stopped his illicit activity in the Bella Vista project but rather drilled and exploited a well more than one hundred meters deep using the most rudimentary methods, without the feasibility, purity, and quality of the water he distributes in the ‘Bella Vista’ urban development project being determined in the case file—water that supplies more than one hundred fifty houses in the area and which he exploits, given that he charges for it, without any concession or permit mediating for this. This was observed from the documents the Prosecutor's Office brought as evidence for a better resolution. The victims trusted and paid significant sums with the idea of obtaining or fulfilling a dream, building their house; the accused took advantage of the victims' scarce economic resources and low schooling, who have not managed to introspect what it was they acquired. Murillo Murillo abused the trust of these people and harmed them financially, he abused the law as he used a legal instrument such as contracts, as it was a means in his plan. The contracts were concluded in the city of Alajuela, in the offices of various lawyers, thereby showing a supposed feasibility and legality of the offer made. Mr. Murillo Murillo could at a given moment have been in a position to adapt his conduct to the legal system; however, he decides to depart from the laws and defraud the victims. All these accredited facts materially concur with each other; they are independent actions, and in accordance with Article 76 of the Penal Code, the appropriate course is to apply the penalty corresponding to each offense provided the sum does not exceed triple the highest penalty” (textual copy from folios 4855 and 4856). Based on this reasoning, the Court imposed a penalty of eight months of imprisonment for each offense of minor [Name2], committed to the detriment of twenty-seven people. This argumentation for setting the penalty is insufficient because the objective conditions that mediated in the execution of the crime were not weighed, such as, for example, the manner of executing the ploy. Nor was the magnitude of the damage caused analyzed, nor the personal conditions of the victims, insofar as these influenced the execution of the criminal activity. In this sense, it is evident that in the section on intellectual reasoning, as well as in the section on legal classification, the Trial Court alludes to the various acts the accused executed, such as offering the plots publicly, showing the land to the victims, devising an economic financing plan that did not require the accreditation of requirements related to financial capacity to make it attractive to interested parties, as well as drafting a document called a ‘reciprocal option to purchase-sale contract’ to give the victims a false sense of security that the sale of the plot was lawful, in addition to creating in each of them the false expectation that once the payment plan was finished, they would be owners of a plot of land. These conditions proven in the ruling were not considered for the purpose of weighing the penalty, since they are not even alluded to; therefore, it is unknown to what extent these factual conditions were assessed for the reasoning behind the sanction. Additionally, this Court of Appeals notes that, according to the table of proven facts, the financial amounts that each of the victims paid to the accused are diverse. From the reasoning provided for imposing the penalty, it is not clear what parameters were considered to impose a generalized sanction of eight months of imprisonment, if there are victims whose economic harm was greater than others. For example, in the case of the aggrieved party [Name3], a harm of 770,000 colones was proven, and for the case of the victim [Name21], the financial defraudation amounted to the sum of 2,430,000. In this sense, the generalized imposition of eight months of imprisonment for each of the minor [Name2] offenses that were proven demonstrates that no examination was conducted in which each of the cases was analyzed individually, nor the individual harm caused to each victim. Likewise, it is noted that neither was it weighed, for the purposes of imposing the penalty, that in some cases, the victims did not build any construction on the land, but in the case of other victims, who, due to the ploy deployed by the accused indicating they could build, made investments to construct a dwelling. However, these other circumstances are also not reflected in the reasoning for the sanction. A similar situation occurs for the case of the convictions issued for the offenses of major [Name2], in which a generalized penalty of one year of imprisonment was imposed, without analyzing each case individually in order to weigh the economic harm that, individually, the accused caused to each of those people. Due to the shortcomings contained in the ruling, it is necessary to partially annul the judgment regarding the reasoning for the penalty. Consequently, the entirety of the penalty imposed on the accused Evelio Murillo Murillo is annulled, and a new trial is ordered for the substantiation of that aspect.

VII.This Court of Appeals, on the occasion of reviewing the claims raised by the defense against the criminal conviction, notes the existence of a particular error, which, although not specifically alleged by that party, due to the defect it contains, this Court of Appeals proceeds to rule on it ex officio. According to the operative part of the judgment, the accused Evelio Murillo Murillo was convicted of a total of 27 offenses of minor [Name2], among which the case of the victim [Name29] was included, and for these acts, a conviction of eight months of imprisonment was imposed. Now, in the summary of evidence on folio 4560, the summary of what said person testified in the adversarial hearing is observed. However, upon reviewing the intellectual reasoning of the ruling, it appears that the Trial Chamber omitted to carry out an intellectual analysis regarding the acts accused and related to this victim. Indeed, the intellectual reasoning was developed case by case and covered the rest of the victims, but not that corresponding to the victim [Name29]; therefore, there is no analysis of the evidence relating to this victim, making the penalty imposed of eight months of imprisonment for these acts unfounded. Consequently, the judgment is partially annulled, solely regarding the acts accused and related to the case of the victim [Name29], and a new trial is ordered for the substantiation of those acts.

SECTION II: CIVIL LIABILITY

VIII.Background. Before addressing the civil claims raised by the defense attorneys for the accused against the civil judgment issued for the defendant Evelio Murillo Murillo and the company Tecrem S.A., as well as the arguments made by the Office of Civil Defense for Victims, it is necessary to review the background of this proceeding, given that the judgment now being challenged originates from a new trial. In this order of ideas, it is established that, by virtue of judgment number 154-2016 at 3:00 p.m. on March 16, 2016, the Trial Court of Alajuela, regarding the civil aspect, ordered: “REGARDING THE COMPENSATORY CIVIL ACTION: The Compensatory Civil Action filed by the civil plaintiffs [Name20], [Name44], [Name45], [Name21], [Name22], [Name23], [Name46], [Name24], [Name3], [Name26], [Name27], [Name67], [Name28], [Name32], [Name34], [Name15], [Name17], [Name47], [Name5], [Name6], [Name7], [Name71], [Name9], [Name10], [Name11], [Name12], [Name13] is declared admissible against the civil defendant EVELIO MURILLO MURILLO and the third-party civil defendant TECREM S.A., who are ordered to pay the following amounts jointly and severally: 1) [Name20], for material damage consisting of the sums paid to the accused, the sum of ninety thousand colones (90,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling sought by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court does not have the evidence required to quantify it concretely. For moral damages, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Office of Civil Defense for Victims the sum of one million eighteen thousand colones ([...]) in its capacity as attorney for the Civil Action. 2) [Name44], for material damage consisting of the sums paid to the accused, the sum of five million eight hundred seventy thousand colones (5,870,000.00). For moral damages, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Office of Civil Defense for Victims the sum of one million eighteen thousand colones (2,174,000.00) in its capacity as attorney for the Civil Action. 3) [Name45], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the plot, the sum of two million five hundred twenty-nine thousand colones (2,529,000.00); for the construction of the dwelling, the sum of one million one hundred forty-two thousand colones (1,142,000.00), for a total material damage of three million six hundred seventy-one thousand colones (3,671,000.00). For moral damages, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to Attorney Segismundo Araya Zúñiga the sum of one million seven hundred thirty-four thousand two hundred colones (1,734,200.00) in representation of the Criminal Complaint and Civil Action. 4) [Name21], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the plot, the sum of nine hundred thousand colones (900,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling sought by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court does not have the evidence required to quantify it concretely. For moral damages, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Office of Civil Defense for Victims the sum of one million one hundred eighty thousand colones (1,180,000.00) in its capacity as attorney for the Civil Action. 5) [Name22], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the plot, the sum of three million colones (3,000,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling sought by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court does not have the evidence required to quantify it concretely. For moral damages, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Office of Civil Defense for Victims the sum of one million six hundred thousand colones (1,600,000.00) in its capacity as attorney for the Civil Action. 6) [Name23], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the plot, the sum of two million two hundred ten thousand colones (2,210,000.00). For moral damages, the sum of two million colones (2,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Office of Civil Defense for Victims the sum of eight hundred forty-two thousand colones (842,000.00) in its capacity as attorney for the Civil Action, without prejudice to the costs corresponding to the sum granted in the abstract. 7) [Name46], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the plot, the sum of nine hundred forty-five thousand colones (945,000.00); for the construction of the dwelling, the sum of three million colones (3,000,000.00), for a total material damage of three million nine hundred forty-five thousand colones (3,945,000.00). For moral damages, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Office of Civil Defense for Victims the sum of one million seven hundred eighty-nine thousand colones (1,789,000.00) in its capacity as attorney for the Civil Action. 8) [Name24], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the plot, the sum of three million one hundred fifty thousand colones (3,150,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling sought by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court does not have the evidence required to quantify it concretely. For moral damages, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Office of Civil Defense for Victims the sum of one million six hundred thousand colones (1,600,000.00) in its capacity as attorney for the Civil Action. 9) [Name3], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the plot, the sum of seven hundred eighty thousand colones (780,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling sought by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court does not have the evidence required to quantify it concretely. For moral damages, the sum of five hundred thousand colones (500,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Office of Civil Defense for Victims the sum of two hundred fifty-six thousand colones (256,000.00), in its capacity as attorney for the Civil Action. [Name26]), for material damage consisting of the sums paid to the accused for the plot, the sum of three million nine hundred seventy-five thousand colones (3,975,000.00); regarding the construction of the dwelling, it is set at the sum of seven hundred thousand colones (700,000.00). For moral damages, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Office of Civil Defense for Victims the sum of one million nine hundred thirty-five thousand colones (1,935,000.00), in its capacity as attorney for the Civil Action. 11) [Name27], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the plot, the sum of two million eight hundred fifty thousand colones (2,850,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling sought by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court does not have the evidence required to quantify it concretely. For moral damages, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Office of Civil Defense for Victims the sum of one million five hundred seventy thousand colones (1,570,000.00), in its capacity as attorney for the Civil Action. 12) [Name67], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the plot, the sum of one million six hundred twenty-five thousand colones (1,625,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling sought by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court does not have the evidence required to quantify it concretely. For moral damages, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to Attorney Segismundo Araya Zúñiga the sum of one million three hundred twenty-five thousand colones (1,325,000.00), in representation of the Criminal Complaint and Civil Action. 13) [Name32], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the plot, the sum of one million eight hundred seventy-five thousand colones (1,875,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling sought by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court does not have the evidence required to quantify it concretely. For moral damages, the sum of five million colones (5,000,000.00).

For personal costs, the civil defendant must pay to the Civil Defense Office for Victims the sum of one million three hundred seventy-five thousand colones (1,375,000.00), in its capacity as attorney for the Civil Action. 14) [Nombre34], for material damage the sum is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Civil Defense Office for Victims the sum of one million colones (1,000,000.00), in its capacity as attorney for the Civil Action. 15) [Nombre15], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of one million six hundred twenty-five thousand colones (1,625,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling claimed by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Civil Defense Office for Victims the sum of one million three hundred twenty-five thousand colones (1,325,000.00), in its capacity as attorney for the Civil Action. 16) [Nombre17], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of one million colones (1,000,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling claimed by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Civil Defense Office for Victims the sum of one million two hundred thousand colones (1,200,000.00), in its capacity as attorney for the Civil Action. 17) [Nombre47], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of one million eight hundred ninety thousand colones (1,890,000.00); for the construction of the dwelling, it is set at the sum of three million colones (3,000,000.00). For moral damage, the sum of six million colones (6,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to Lic. Segismundo Araya Zúñiga the sum of two million one hundred seventy-eight thousand colones (2,178,000), on behalf of the Criminal Complaint and Civil Action. 18) [Nombre5], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of two million one hundred seventy-four thousand colones (2,174,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling claimed by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of seven million colones (7,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to Lic. Segismundo Araya Zúñiga the sum of one million eight hundred thirty-four thousand eight hundred colones (1,834,800.00), on behalf of the Criminal Complaint and Civil Action. 19) [Nombre6], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of one million five hundred seventy-eight thousand colones (1,578,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling claimed by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to Lic. Segismundo Araya Zúñiga the sum of one million three hundred fifteen thousand six hundred colones (1,315,600.00) on behalf of the Criminal Complaint and Civil Action. 20) [Nombre7], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of one million six hundred fifty thousand colones (1,650,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling claimed by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to Lic. Segismundo Araya Zúñiga the sum of one million three hundred thirty thousand colones (1,330,000.00), on behalf of the Criminal Complaint and Civil Action. 21) [Nombre8], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of two million eighty-seven thousand colones (2,087,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling claimed by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to Lic. Segismundo Araya Zúñiga the sum of one million four hundred seventeen thousand four hundred colones (1,417,400.00) on behalf of the Criminal Complaint and Civil Action. 22) [Nombre9], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of one million two hundred fifteen thousand colones (1,215,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling claimed by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to Lic. Segismundo Araya Zúñiga the sum of one million two hundred forty-three thousand colones (1,243,000.00), on behalf of the Criminal Complaint and Civil Action. 23) [Nombre10], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of two million one hundred nine thousand colones ([...]). The amount relating to the construction of the dwelling claimed by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of five million colones (5,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to Lic. Segismundo Araya Zúñiga the sum of one million four hundred twenty-one thousand eight hundred colones (1,421,800.00) on behalf of the Criminal Complaint and Civil Action. 24) [Nombre11], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of one million nine hundred seventy thousand colones (1,970,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling claimed by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of two million colones (2,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to Lic. Segismundo Araya Zúñiga the sum of seven hundred ninety-four thousand colones (794,000.00), on behalf of the Criminal Complaint and Civil Action. 25) [Nombre12], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of one million six hundred sixteen thousand three hundred six colones and forty céntimos (1,616,306.40). The amount relating to the construction of the dwelling claimed by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of six million colones (6,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to Lic. Segismundo Araya Zúñiga the sum of one million five hundred twenty-three thousand two hundred sixty-one colones and thirty céntimos (1,523,261.30) on behalf of the Criminal Complaint and Civil Action. 26) [Nombre13], for material damage consisting of the sums paid to the accused for the lot, the sum of one hundred twenty-five thousand colones (125,000.00). The amount relating to the construction of the dwelling claimed by the civil plaintiff as material damage is recognized in the abstract because the Court lacks the evidence required to quantify it concretely. For moral damage, the sum of two million colones (2,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay to the Civil Defense Office for Victims the sum of four hundred twenty-five thousand colones (425,000.00), in its capacity as attorney for the Civil Action. All interest corresponding to the sums awarded in the abstract shall remain untouched. Such sums shall be paid by the civil defendants by simple order of the Court and upon this judgment becoming final; otherwise, the interested parties must resort to the Sentence Enforcement proceeding in accordance with Article 488 of the Criminal Procedure Code. Interest on said payments is set from the date this judgment becomes final until its effective payment, calculated in accordance with the interest rate set by the Central Bank of Costa Rica for six-month certificates of deposit. The nullity of all contracts signed between all the parties involved herein and the accused Murillo Murillo on behalf of Tecrem S.A. is declared. ON PREVENTIVE DETENTION: Given that EVELIO MURILLO MURILLO has gone from being indictee to sentenced person, with a high penalty of nine years of imprisonment imposed, and given that it is the duty of the courts of justice to enforce their judgments, in accordance with Article 364, paragraph 3, of the Criminal Procedure Code, the PREVENTIVE DETENTION OF EVELIO MURILLO MURILLO is ORDERED as of today and until September 16, 2016. Once the judgment is final, communicate the decision to the Sentence Enforcement Court, the National Institute of Criminology, and the Judicial Register for their respective duties. The costs of the proceeding are borne by the accused. The annotation on property Folio Real registration number 096824-001 is ordered maintained until the judgment becomes final. Notify by reading aloud.” (see folios 2627 to 2633 of volume VI). Against the foregoing ruling, the defense attorneys for the accused Evelio Murillo Murillo and the company Tecrem S.A. filed an appeal against the judgment, which was resolved by this Appeals Court—with a different composition—through judgment number 2017-142 of 10:40 a.m. on February 27, 2017, in which the following was resolved: “THEREFORE: The second ground of the appeal filed by the accused Evelio Murillo Murillo is granted. By virtue thereof, the nullity of the conviction, both criminal and civil, which was issued personally against this appellant in his capacity as accused and civil co-defendant is decreed. The remand of the case is ordered for a new proceeding in accordance with Law on both matters. As unnecessary, a ruling on the other grounds of the appeal by the accused is omitted, as well as on the entirety of the challenges filed by attorneys Alexandro Vargas Vásquez and Fernando Arguedas Rojas. The appeal filed by attorney Aleidy Mejías Sequeira, in her capacity as attorney for the Civil Defense Office for Victims, is granted. As a consequence of the latter: (i) the judgment is partially annulled insofar as it dismisses the civil damages action filed by the offended party [Nombre33], ordering a remand trial to hear the civil action that she filed against civil co-defendant Evelio Murillo Murillo and the company TECREM S.A.; (ii) the civil conviction is partially annulled regarding the amounts awarded for material damage to the offended party [Nombre21], as well as in relation to the procedural costs awarded in this case, both items against the civil co-defendant company TECREM S.A. A remand trial is ordered on these two matters, so that the new Trial Court may provide grounds as to whether the amount awarded against said company was that defined in the challenged judgment, or rather, that proposed by the appellant; and (iii) the judgment is partially revoked regarding the amount of costs awarded in favor of the Civil Defense Office for Victims in the case of the civil claimant [Nombre24] and against the civil co-defendant company TECREM S.A., setting them at the sum of ONE MILLION SIX HUNDRED THIRTY THOUSAND COLONES (¢1,630,000.oo). The other aspects of the civil conviction against TECREM S.A. remain intact.” (literal copy from folio 3010 of volume VI). From the provisions of both rulings, it follows that the Judgment Appeals Court annulled the civil conviction handed down in the first instance personally against the defendant Evelio Murillo Murillo. Consequently, in the remand trial, the civil liability claimed against him by all the civil plaintiffs in this case had to be discussed again. In addition, the civil conviction handed down against the company Tecrem S.A. remained intact, except in the following respects, which had to be heard in a new remand trial, namely: (i) to hear the civil action filed by the claimant [Nombre33] against the company Tecrem S.A., (ii) to set the amounts awarded for material damage to the offended party [Nombre21], as well as in relation to the procedural costs awarded in this case, both items against the civil co-defendant company TECREM S.A. Having clarified these aspects that defined the jurisdiction for the civil remand trial, we proceed to hear the claims presented by the parties.

IX.The appeal filed by the defense attorneys against the civil conviction. In their appeal, the defense attorneys entitle one of their grounds as “civil damages action,” which for purposes of this judgment is numbered as the fifth ground. In this section, the defense attorneys object to the civil conviction imposed upon their client Evelio Murillo, as well as against the company Tecrem S.A., for which they argue the following claims. They indicate that the conviction against their client and against the corporation was based on the Court having established the crime of fraud (estafa), an illegality that in their view was not proven, according to the claims set forth in the preceding grounds. They indicate that, in the civil actions filed by the Civil Defense Office for Victims, the liability criterion that grounded those claims was the commission of a criminal act, and that neither breach of contract nor another civil illegality was claimed. They indicate that by virtue of the fact that the challenge formulated in the appeal seeks the acquittal of their client of all penalty and responsibility, the claims must be dismissed on appeal, since the civil actions are subsidiary to the criminal action, and if there is no crime, the civil conviction of their clients cannot be sustained. Next, they express their opposition and rejection to each of the items awarded in the civil conviction. They condemn the ruling that ordered payment in the abstract for the amount corresponding to the constructions undertaken by the latter. They indicate that this conviction is arbitrary, since a person cannot build without the respective permits issued by the Municipality of Alajuela, and yet the civil plaintiffs built without that fundamental requirement, and without the civil defendants having directly or in the contract committed to obtaining those permits. Likewise, they object to the exemption from payment of costs for the civil plaintiffs who withdrew their claims. In this regard, they indicate that the judgment states that the cost order is not imposed because there was good faith in the litigation. They indicate that this is the only reasoning used to justify the cost exemption, without explaining what that good faith consisted of. They indicate that Article 384 of the Criminal Procedure Code is clear that express withdrawal results in an order to pay costs. They note that during the trial, none of the civil plaintiffs who withdrew their claims agreed with the accused to be exempted from the payment of that item, and therefore they request that the court of appeal order the civil plaintiffs who withdrew their claims to pay the costs, namely, [Nombre4], [Nombre5], [Nombre6], [Nombre7], [Nombre50], [Nombre9], [Nombre10], [Nombre11], [Nombre72], Stanley Méndez González, Maritza Silva Catín, Jorge Luis Cerdas Campos, Donald Vargas, and Shirley Mora Solano. They add that the judgment declared the nullity of the contracts, and they therefore request that if the appeal grants the substantive or procedural grounds, the declared ineffectiveness of said contracts should also be annulled, since the basis for that nullity was the criminal conviction. They explain that, if the nullity of said contracts is declared, the wronged parties will be the affected ones, whose assets will be diminished. They request that the judgment be annulled and a new trial ordered, or that the claims be resolved on their merits and their client be acquitted of all penalty and responsibility, since the conduct is atypical. In this ground, the appellants raise diverse claims, which will be addressed according to the topic at hand. The civil conviction. On this point. The first thing to note is that, in the appeal, the defense attorneys make arguments alluding both to the civil liability of the accused Evelio Murillo Murillo and to that of the company Tecrem S.A. However, as explained in Considerando VIII of this judgment, the civil liability for the company Tecrem S.A. was established since the issuance of decision 2017-142, with the exceptions previously explained, so these aspects cannot now be discussed again. Further, in the remand trial that gave rise to the judgment now being challenged, the Court of Alajuela ruled regarding the civil liability of the company Tecrem S.A. on those aspects that had been ordered by this Appeals Court in decision 2017-142, and therefore the defense attorneys’ claim will be addressed within that jurisdictional framework. The ground is partially granted in the terms to be stated. In formulating their argument, the defense attorneys start from an incorrect premise by considering that their client bears no criminal liability, which is incorrect, because as analyzed in the preceding considerandos, the criminal liability of the accused Evelio Murillo Murillo was duly proven, with the exception of the cases of the offended parties [Nombre33] and [Nombre29]. That factual framework is what provides support for the civil conviction imposed against the defendant Evelio Murillo Murillo for the various claims filed by the civil plaintiffs, with the exception of the case of the plaintiff [Nombre33], which will be analyzed later. Additionally, the civil conviction issued against Evelio Murillo Murillo, as stated in the instance judgment, is supported by Articles 41 of the Political Constitution, 103 of the Penal Code, and 1045 of the Civil Code, and therefore the subjective attribution standard for the defendant Evelio Murillo Murillo is not only duly demonstrated, but that liability has adequate both intellectual and legal support, without any errors being noticed that would invalidate the determination of said civil liability. Regarding the civil liability of the company Tecrem S.A., they are only correct with respect to the civil conviction for the claim filed by [Nombre33]. As already analyzed by this Appeals Chamber in resolving the fifth argument invoked in the first ground of appeal (Considerando V), the intellectual analysis regarding the events that occurred to the detriment of [Nombre33] is erroneous, and therefore the reasoning set forth in that section is also applicable to the support for the civil conviction that, for that event, was imposed against the defendant Evelio Murillo Murillo. In this vein, and as detailed in Considerando VIII of this judgment, the remand trial that originated the judgment now under analysis was also required to hear the civil liability of the company Tecrem S.A. for the case of the civil plaintiff [Nombre33], and for the reasons explained above, the appropriate course is also to annul the civil conviction imposed against the company Tecrem S.A. for the civil action filed by [Nombre33], since the factual framework that was deemed proven regarding this victim lacks adequate intellectual grounds. Consequently, a remand trial is ordered to again hear the civil claim filed by the plaintiff [Nombre33] against the accused Evelio Murillo Murillo and against the company Tecrem S.A. The items awarded in the judgment in favor of the civil plaintiffs. Regarding the civil conviction issued in the judgment for the various items awarded to the victims, the appellants simply express their disagreement with said determination but do not offer objective criteria that invalidate the arguments provided by the Trial Chamber for the estimation of those items. In this regard, regarding the material damage, the Court weighed the various documents submitted by the victims, which accredited the delivery of money for the purchase of the lot. Additionally, for setting the moral damage, the suffering and anguish each offended party experienced was taken into consideration, given their expectation of becoming the owners of a piece of land, though, as extensively detailed in the instance judgment, there exists a legal impossibility for these persons to ever become registered owners of those properties. Finally, regarding the items awarded in the abstract, that decision is valid, because in those cases, while it was proven that some victims had built dwellings on said lands, what could not be established based on objective parameters was the amount of that economic loss, since it was not possible to obtain evidence that would allow for the concrete quantification of the amount of said loss, and therefore what was done by the Trial Court is valid, and for that reason those items must be set during the sentence enforcement phase. Likewise, it must be mentioned that with regard to the company Tecrem S.A., the remand trial that originated the judgment now being challenged (judgment number 980-2018) encompassed the amounts awarded for material damage to the offended party [Nombre21], and the appellants make generic arguments against the various items without specifying a concrete grievance that would merit annulling what was ordered in the instance judgment for this civil conviction. In this regard, note that the Trial Court awarded for material damage the sum of two million five hundred twenty thousand colones, corresponding to the amount of money paid by the offended party. Regarding the value of the constructions, this item was awarded in the abstract, and for moral damage, the sum of two million colones was awarded. This Chamber considers that the amounts concretely set for material and moral damage find support in the evidence, so there is no reason to invalidate them. The exemption from costs. In this section, the appellants object to the fact that the civil plaintiffs [Nombre4], [Nombre5], [Nombre6], [Nombre7], [Nombre50], [Nombre9], [Nombre10], [Nombre11], [Nombre72], [Nombre47], [Nombre52], [Nombre15], [Nombre73], and [Nombre18] were released from paying costs, despite these persons having withdrawn their claims. The argument is dismissed. The appellants start from an incorrect premise by stating that a group of persons withdrew their claims. On the contrary, upon reviewing the judgment, it is found that the Trial Court, regarding this topic, stated: “As for the criminal complaints, this authority has considered that they have acted in this matter over time with procedural loyalty and in this particular case with evident procedural good faith, so much so that they have stated that their primary interest was satisfied through the judgment that, in its civil part, is final, a judgment that condemned the third-party civilly liable corporation TECREM S.A., the same one that is owned by the accused, and that they do not wish to go further since such a long process in which several judgments have been annulled is now even detrimental to their mental health; therefore, this full court believes that they should not be ordered to pay costs, and the costs of the proceeding in this regard are to be borne by the State.” (literal copy from folio 4851). It follows from the foregoing that, in the case of these civil plaintiffs, with the exception of what will be resolved later for [Nombre73] and [Nombre18]—by virtue of the appeal filed by the Civil Defense Office for Victims—what occurred is that they were satisfied with their civil claims due to the civil conviction issued in the prior trial against the company Tecrem S.A. As the Trial Court correctly stated, this demonstrates procedural good faith, and hence it was valid to exempt them from the payment of costs on the occasion of the claim filed against Evelio Murillo Murillo; therefore, said argument must be dismissed. The nullity of the contracts. This argument had also been raised by the appellants on the occasion of the grounds filed against the criminal conviction imposed on the accused Evelio Murillo Murillo, and it was resolved by this Appeals Chamber in Considerando V of this judgment, so the appellants are referred to what was stated therein.

X.The appeal filed by the Civil Defense Office for Victims. In its first ground, attorney Adrián Rojas Rodríguez objects to the dismissal of the civil actions filed by the plaintiffs [Nombre73] and [Nombre18]. He challenges the judgment’s reasoning, considering that the testimonies of these persons were not correctly assessed, as while they testified that they initially negotiated the lot with a third party, the negotiation was ultimately concluded with the accused, who was the person who signed the contracts for the sale of the lot and to whom the corresponding funds were paid. He also alleges that the Trial Court, without further explanation, gave credibility to the accused’s statement, despite the documentary and testimonial evidence supporting the civil plaintiffs’ case. For both cases, he requests that the judgment be annulled and a remand trial ordered. The claim is granted. Upon reviewing the judgment's reasoning regarding the case of [Nombre73], which appears from folio 4847 to 4849 front, it is found that the Trial Chamber based its analysis mainly on the accused’s statement, without conducting a joint analysis of that account with the rest of the evidence. At this point, it must be noted that the judgment on the merits contains an error in the descriptive grounds of the evidence, in that the summary of what the offended party [Nombre73] declared during the plenary phase was omitted. In this regard, folio 4258 verso shows that [Nombre73] appeared on September 12, 2018, at the afternoon hearing before the Trial Court and gave his testimony, but the Trial Court omitted to include said testimony in the evidentiary summary of the judgment. Additionally, the brief reference made in the intellectual analysis of the testimony given by the offended party [Nombre73] is insufficient, as it does not evidence an examination of the information this person provided during the plenary phase. In this regard, this Judgment Appeals Court reproduced the audiovisual file containing the testimony of this person (record CED9), and finds that [Nombre73] gave a detailed explanation of how the sale of said lot took place and the intervention of the accused Evelio Murillo, and also referred to the documents supporting his case—probative material that was not analyzed by the Trial Court in the challenged judgment. Regarding the case of the offended party [Nombre18], the judgment lacks reasoning with respect to the civil liability of the accused Evelio Murillo Murillo. In the instance judgment, the Trial Court devoted Considerando VI of the judgment (cfr. folio 4842 et seq.) to justify the acquittal for the crime of [Nombre2] that had been attributed to said person, a decision that was not appealed by the Public Prosecutor, a situation that prevents its review on appeal by this Appeals Chamber. In that argumentation, reasons are given to support the existence of a doubt concerning the commission of that crime. However, the judgment does not state reasons relevant to support the dismissal of the civil action that said victim filed against the accused Evelio Murillo.

Here it is worth recalling that the case law of the Sentencing Appeals Tribunals and of the Third Chamber is extensive, establishing that, even if an acquittal is issued regarding the criminal liability of the accused, the trial court must resolve the matter of potential civil liability. In this case, in considerando IX of the contested judgment, the following is only stated: “The civil action for damages brought by the injured parties-civil actors [Name4] , [Name49] , [Name6] , [Name7] , [Name50] , [Name9] , [Name10] , [Name11] , [Name12] , [Name13] , [Name67] and [Name47] , [Name52] , [Name15] , [Name17] , [Name18] against the accused civil defendant EVELIO MURILLO MURILLO is declared without merit; in that regard, and considering that the litigation was conducted in procedural good faith, he is exempted from the payment of the costs of the civil action” (see folio 4857). From the review of this excerpt, it is evident that no explanation was given as to why those civil actions were declared without merit. In this case, the Office of the Civil Defense of the Victim only challenged that which related to the civil actors [Name73] —a case that has already been analyzed— and [Name18] ; therefore, pursuant to the provisions of the principle of party presentation (principio dispositivo) that governs civil matters, this Appeals Chamber is empowered only to resolve the matters related to the cases on which a challenge was filed. This aspect having been clarified, and returning to the analysis of the case of Mrs. [Name18] , it is necessary to indicate that, in civil matters, the criteria for attributing liability are different from those used in criminal matters. In this case, although the Trial Court dismissed the commission of a fraud (estafa) offense, a crime that requires intent, the error of the lower court judges consisted of omitting to assess the other attribution criteria established in article 1045 of the Civil Code (Código Civil), as well as the provisions of articles 182, 187, and 189 of the Commercial Code (Código de Comercio), which establish the joint and several liability (responsabilidad solidaria) of the representatives of a legal entity when their actions or decisions cause damage. On this point, it is noted that, in the case of the injured party [Name18] , there is evidence that she signed a contract with the company Tecrem S.A. for the sale of a lot, and said document was signed by the accused, in his capacity as legal representative of said company (see folios 3460 to 3468). Furthermore, by virtue of said contract, the injured party gave money to the accused, as part of the financing plan for said lot. Likewise, the civil actor recounts the expenses she incurred to build a house on said lot. However, this information was not analyzed by the lower court Chamber, resulting in the judgment lacking adequate intellectual and legal reasoning. Consequently, the first ground for appeal is declared with merit. The judgment is partially annulled, in relation to the declaration without merit of the civil action brought by civil actors [Name73] and [Name18] . Consequently, a retrial (juicio de reenvío) is ordered so that these matters can be heard anew. In the second ground for appeal, the appellant claims an improper application of substantive law. He argues that the setting of the fees owed to the Office of the Civil Defense of the Victim, by virtue of the civil actions brought by [Name46] and [Name23] , is erroneous. In summary, he indicates that the determination of personal costs is mistaken, as the fee decree number 36562-JP, which was in force at the time the civil action was filed on March 23, 2015, was not used. He requests that the judgment be revoked and that the defendant be ordered to pay the amount of fees that was requested by said office. The claim is with merit. In the lower court judgment, with respect to the resolution of the claim raised, the following was stated: “…9) [Name46] , for material damage (daño material) consisting of the sums paid to the accused for lot 62, the sum of ONE MILLION TWO HUNDRED FIFTEEN THOUSAND COLONES (1,215,000.00). The accused is also ordered to pay the material damage related to the construction of the dwelling, damage that is recognized in the abstract (en abstracto). For moral damage (daño moral), the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal costs (costas personales), the civil defendant must pay in favor of the Office of the Civil Defense of the Victim the sum of SIX HUNDRED FORTY THOUSAND COLONES (640,000.00) in its capacity as attorney for the Civil Action.” Furthermore, it was established: “12) [Name23] , for material damage consisting of the sums paid to the accused for lot 21, the sum of TWO MILLION SIX HUNDRED TEN THOUSAND COLONES (2,610,000.00). For moral damage, the sum of TWO MILLION COLONES (2,000,000.00). For personal costs, the civil defendant must pay in favor of the Office of the Civil Defense of the Victim the sum of FIVE HUNDRED TWENTY-TWO THOUSAND COLONES (522,000.00) in its capacity as attorney for the Civil Action.” (see the operative part of judgment 980-2018). Upon review of the judgment, it is understood that the civil actors [Name18] and [Name23] , through the Office of the Civil Defense of the Victim, filed their respective civil lawsuits. At that time, fee decree number 36562-JP was in force, published in the official gazette La Gaceta on May 18, 2011, and which was in force until August 13, 2015, due to the publication in the official gazette La Gaceta of executive decree (decreto ejecutivo) number 39078, a regulation that repealed executive decree number 36562. From this recount, it is clear that as of March 23, 2015, the date on which the civil action for damages of actors [Name23] and [Name46] was filed, the executive decree in force was number 36562-JP, and it is this regulation that must be used to calculate the fees. Now, article 42 of decree 36562-JP indicates the following: “Civil Action: The fees for the civil action for damages are independent of those corresponding to the processing of the criminal case. The Attorney of the civil actor shall charge fees for this action in accordance with the general tariff, unless a written agreement to the contrary exists.” For its part, article 16 of said decree regulates the general tariff, which, in relevant part, states: Article 16.-General tariff: Ordinary, abbreviated, arbitration, possessory (interdictales), or summary proceedings, in civil, civil treasury, commercial, agrarian, contentieux-administrative, or tax matters, whose economic value is determinable, shall accrue the following minimum percentages: a. Up to fifteen million colones, twenty percent (20%). Returning to the case of each civil actor, it is found that for [Name46] , the total award was for the amount of three million two hundred fifteen thousand colones (3,215,000), and therefore, according to the cited norms of the aforementioned decree, for professional attorney’s fees, twenty percent of that amount must be granted, a calculation that, once the corresponding arithmetic operation is performed, results in an amount of six hundred forty-three thousand colones (643,000). As the appellant correctly indicates, in the judgment, for the case of Mrs. [Name18] , the amount granted was six hundred forty thousand colones (640,000). Therefore, as an error exists in said calculation, the appropriate course of action is to partially revoke the judgment in this regard and apply the substantive rule directly. A similar situation occurs in the case of the injured party [Name74] , as the total amount of the civil award rose to the sum of four million six hundred ten thousand colones (4,610,000), and therefore, according to the cited norms of the aforementioned decree, for professional attorney’s fees, twenty percent of the award must be granted, a calculation that, once the corresponding arithmetic operation is performed, results in an amount of nine hundred twenty-two thousand colones (922,000). However, in the judgment, the amount granted was five hundred twenty-two thousand colones. Therefore, as an error exists in said calculation, the appropriate course of action is to partially revoke the judgment in this regard and apply the substantive rule directly. Consequently, the judgment is partially revoked regarding the determination of fees for the Office of the Civil Defense of the Victim, in the following order. For attorney's fees for the civil award against Evelio Murillo Murillo, for the civil action for damages brought by [Name18] , the sum of six hundred forty-three thousand colones (643,000) is set. For attorney's fees for the civil award against Evelio Murillo Murillo, for the civil action brought by [Name23] , the sum of nine hundred twenty-two thousand colones (922,000) is set.

XI.On the certification (testimonio de piezas) ordered by the lower court to the Public Prosecutor's Office and another entity. From an examination of the contested judgment, it is evident that, in considerando X visible at folio 4894, the lower court ordered a certification (testimonio de piezas) to the Public Prosecutor's Office, but without indicating the alleged event on which the investigation should be conducted. Therefore, on the occasion of the retrial ordered in this judgment, the Trial Court of Alajuela must, should it deem it necessary, substantiate this point. On a different note, in the aspects not annulled in this judgment, or revoked on appeal, the lower court judgment remains unaltered.

THEREFORE:

  • 1)Of the appeal filed by the defense. The second and fourth grounds of the defense's appeal are declared without merit. The first, third, and fifth grounds (the latter referring to the civil matters) of the defense's appeal are declared partially with merit, on the terms and to the extent detailed below. (i). The fifth argument contained in the first ground of appeal of the defense's appeal is declared partially with merit. Only the conviction issued against the accused Evelio Murillo Murillo for the case of the injured party [Name33] is annulled. Consequently, a retrial is ordered for a new substantiation of those facts. (ii) The third ground of appeal filed by the defense is declared partially with merit. Consequently, the judgment is partially revoked and the order that was issued to the Municipality of Alajuela is rendered without effect. (iii) The fifth ground of appeal of the defense's appeal (titled the civil action) is declared partially with merit. The judgment is partially annulled, regarding the civil award against the accused Evelio Murillo Murillo and the company Tecrem S.A., on the occasion of the claim brought by [Name33] . Consequently, a retrial is ordered so that the civil claim brought by the actor [Name33] is heard anew. 2) Of the appeal filed by the Public Prosecutor's Office. The sole ground for appeal filed by the Prosecution is declared with merit. Consequently, the entirety of the sentence imposed on the accused Evelio Murillo Murillo is annulled, and a retrial is ordered for the substantiation of that matter. 3) Of the appeal filed by the Office of the Civil Defense of the Victim. The first and second grounds of the appeal filed by the Office of the Civil Defense of the Victim are declared with merit. (i) The judgment is partially annulled, in relation to the declaration without merit of the civil action brought by civil actors [Name73] and [Name18] . Consequently, a retrial is ordered so that those civil claims filed against the accused Evelio Murillo Murillo are heard anew. (ii) Judgment number 980-2018 of the Trial Court of Alajuela is partially revoked. On appeal, the fees for the Office of the Civil Defense of the Victim are set in the following order. For attorney's fees for the civil award against Evelio Murillo Murillo, for the civil action for damages brought by [Name46] , the sum of six hundred forty-three thousand colones (643,000) is set. For attorney's fees for the civil award against Evelio Murillo Murillo, for the civil action brought by [Name23] , the sum of nine hundred twenty-two thousand colones (922,000) is set. 4) Sua sponte. This Sentencing Appeals Tribunal, sua sponte, annuls the conviction against the accused Evelio Murillo Murillo, on the occasion of the facts charged to the detriment of [Name29] . It is ordered that the case file be sent to the originating Court for a new substantiation of the events that occurred to the detriment of [Name29] . In the aspects not annulled in this judgment, or revoked on appeal, the lower court judgment remains unaltered. Let the Trial Court of Alajuela take note of the provisions in considerando XI of this judgment. Notify.

Adriana Escalante Moncada Ana Lucrecia Hernández Chavarría José Alberto Rojas Chacón Sentencing Appeals Judges Case File No. 13-000452-0305-PE Against: Evelio Murillo Murillo Crime: [Name2] To the detriment of: [Name9] and others [Name75] Classification prepared by the Judicial Branch's CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal III Circuito Judicial de Alajuela San Ramón Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Estafa Subtemas:

Imputado que ofreció lotes y construir una urbanización a sabiendas de que la propiedad no era segregable. Inaplicabilidad del principio de compensación del lucro. Codueño que dispone de la propiedad sin que exista división previa.

"V) [...] Aquí es importante destacar, que a diferencia de lo que afirman los recurrentes, los ofendidos fueron contestes en indicar que el enjuiciado [Nombre1] , les ofrecía lotes aptos para construir una vivienda, y cuando llevaba a las víctimas al sitio, les hacía un recorrido por el lugar, o les mostraba un croquis con la representación gráfica de los lotes, y les indicaba sobre la infraestructura que tendría dicho lugar. De igual manera, a partir de las declaraciones de las víctimas se comprende que, si bien al inicio en la finca no existían calles, ni servicios de agua y luz, los testigos fueron coherentes, en que el imputado les indicó que meses después se contaría con dichos servicios públicos. Es síntesis, un examen de la prueba testimonial permite concluir de forma certera que el encartado [Nombre2] , les ofreció a las diversas personas, no solo la venta de un lote, sino que les indicó que ese sitio se convertiría en una urbanización. Ahora bien, establecido, este otro aspecto, en cuanto a los hechos probados, se tiene que la Cámara de Juicio, también tuvo por acreditado, que el ofrecimiento del encartado, era fraudulento, porque en la referida finca, no era factible segregar los lotes vendidos a los ofendidos, ya que las áreas que conforman cada unidad, tienen una cabida inferior a la que permitía el plan regulador de la Municipalidad de Alajuela, para la zona en la que está ubicada la finca [Valor 001]. Esto se acreditó con en el peritaje 1540-ING-2013, así como con el oficio MA-PPCCI-817-2013, emitido por la Municipalidad de Alajuela. En estos documentos se detalla que el plan regulador para ese sector solo permite lotes con una cabida superior a seiscientos metros cuadrados, así como diez casas por hectárea de terreno. Este punto también fue acreditado con la declaración del Ingeniero de la Municipalidad de Alajuela, [Nombre3] , quien explicó lo relativo al plan regulador que opera en esa zona y las dimensiones que deben tener los lotes. A partir de estos elementos de prueba, el Tribunal de instancia establece el ardid empleado por el imputado consistente en ofrecer lotes para la construcción de viviendas, en los cuales, al finalizar el plan de pagos, los ofendidos contarían con un lote segregado y debidamente inscrito en el Registro Nacional. Como bien se expone en el fallo impugnado, este ardid fue utilizado por el imputado para captar a una gran cantidad de compradores, quienes influenciados por la facilidad de pago que se ofrecía en el plan de financiamiento, accedieron a comprar un lote en dicho proyecto. [...] La imposibilidad de segregar e inscribir esos terrenos, es lo que evidencia el daño económico que se le causó a cada ofendido, ello con independencia que, en este momento, las víctimas ostenten un derecho de posesión sobre ese inmueble. Aquí, los defensores hacen alusión al principio de compensación del lucro, el cual fue reseñado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 580-1996, según el cual en los delitos de estafa debe darse un perjuicio debido a una disposición patrimonial, por lo que debe verificarse una disminución en el patrimonio de la víctima, ya que si a consecuencia directa del acto dispositivo, el patrimonio queda igual o aumenta, no se configura el delito de estafa porque no existía perjuicio, ello debido al principio de compensación del lucro. Esta tesis, de la defensa no es admisible, porque como bien se explica en el fallo impugnado, cada uno de los ofendidos hizo una disposición patrimonial, reflejada en el pago de las mensualidades que pactaron con el imputado por la compra de un lote, el cual, desde el punto de vista jurídico, no podrá inscribirse, como una propiedad independiente. Por lo que el citado principio de compensación del lucro no es aplicable a este caso. De igual manera, en el recurso de apelación, los defensores insisten en que las víctimas son dueñas de un derecho sobre la finca propiedad de la empresa Tecrem, y que por ende no existe perjuicio económico y por ello, no se configura el delito de estafa. Esta tesis no es admisible, porque parte de una visión sesgada de los hechos demostrados, ya que a las víctimas no se les ofreció un derecho indiviso no localizado sobre un inmueble , sino que, lo que el acusado les ofreció mediante un engaño, fue la venta de un lote, del cual después de pagar las diversas mensualidades adquirían la propiedad, y se les otorgaría la respectiva escritura. Tanto para el Tribunal de Juicio, como para esta Cámara de Apelación es claro que, la forma en la que se redactaron los contratos constituyó parte del engaño, ya que esos documentos fueron utilizados, únicamente para darle apariencia de legalidad a una situación que era ilícita, este aspecto será retomado y ampliado al resolver el segundo motivo de apelación. Retomando el alegato referente a que los ofendidos son dueños de un derecho y que por ende no existe perjuicio económico para las víctimas, es necesario destacar que este punto merece especial atención, por lo siguiente. Según los defensores, en este proceso no ha existido perjuicio económico alguno, porque los ofendidos son dueños de un derecho, según los contratos firmados por el enjuiciado y los agraviados. Este argumento resulta falaz por lo siguiente. Durante el proceso quedó acreditado que la empresa Tecrem S.A, es dueña de un derecho sobre la propiedad número 096824, derecho que está identificado con el número 001. En otras palabras, la sociedad Tecrem es dueña de un derecho sobre el citado fundo, es decir no es dueña única de la totalidad de la finca. Este tipo de situación jurídica está regulado en el artículo 270 del Código Civil, en el que se establece que cuando una cosa pertenezca simultáneamente a dos o más personas, los dueños ejercen conjuntamente todos los derechos del propietario singular, en proporción a la parte que cada uno tenga en la propiedad común. El condueño no puede, sin embargo, disponer de una parte determinada de la cosa, sin que antes le haya sido adjudicada en la respectiva división. Esta regulación normativa cobra transcendencia en este proceso, ya que la Ley le impide al dueño de un derecho sobre un bien, vender o disponer de una parte determinada, sin que con anterioridad se haya realizado el respectivo proceso de división y localización de su derecho. Esto permite concluir que es falaz el alegato que hacen los defensores, de que el imputado de forma legítima y de buena fe le traspasó a las víctimas un derecho sobre dicha propiedad, ya que desde el punto de vista jurídico, el encausado no tenía la posibilidad para vender fracciones determinadas de ese inmueble." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Restitución de las cosas objeto del hecho punible Subtemas:

Tribunal debe ordenarla de oficio.

Tema: Nulidad de obligaciones y contratos Subtemas:

Nulidad de contratos dictada de oficio en un proceso por estafa.

""V) [...] De la nulidad de los contratos. Otro tópico que ataca el recurrente, en este tercer motivo, es el relativo a que el Tribunal de Juicio, en el considerando V, dispuso la nulidad de los contratos. Argumenta que, por esta decisión los ofendidos se quedarán sin derecho real alguno dentro de su patrimonio y no tendrán prueba para demandar la copropiedad. Sin lugar el reclamo. Lo primero que hay que indicar es que los apelantes parten de una premisa equivocada, ya que consideran válido el contrato suscrito entre los ofendidos y la empresa Tecrem S.A, y esta postura es errónea, porque como se ha desarrolló de forma amplia en el fallo impugnado, el acuerdo tanto escrito como verbal que pactaron las víctimas con el acusado es fraudulento, ya que conformó parte del engaño desplegado por el imputado para lograr la obtención de un beneficio patrimonial antijurídico, por lo que no puede hablarse que dicho contrato es válido entre las partes. Adicionalmente, en el fallo se expone tanto el sustento fáctico como jurídico en el que se basa el pronunciamiento por parte del Tribunal de Juicio, para declarar la nulidad de dichas contrataciones. En este sentido, como bien lo desarrolla la Cámara de Jueces de instancia, en este caso la declaratoria de nulidad de esos convenios, se sustenta en los preceptos establecidos en los artículos 37 y 41 de la Constitución Política, así como en lo establecido en el artículo 103 del Código Penal, que regula las consecuencias civiles del hecho punible. Sobre el alcance de este último precepto legal, la Sala de Casación Penal ha indicado lo siguiente: “Con base en un análisis sistemático de la normativa anteriormente descrita, resulta claro por qué la restitución del objeto del hecho punible debe efectuarse siempre que sea posible, aunque no lo haya solicitado algún sujeto legitimado mediante una acción civil. Al respecto esta Sala ha dicho anteriormente: “Así lo dispone de manera explícita los artículos 103 del Código Penal y 361 del Código Procesal Penal, en un supuesto diferente de las partidas que se pueden conceder a causa de la gestión resarcitoria. Por ende, la restitución de las cosas a su status ex ante (o sea, anterior al delito), es una consecuencia de ley que procura retrotraer los efectos de la declaratoria judicial y deshacer las consecuencias de la ilicitud. Siendo esos propósitos de interés público, la norma legal no condiciona su cumplimiento al ejercicio de la acción civil resarcitoria.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 133 -2013 de las 17:00 horas del 14 de febrero de 2013). Adicionalmente, y para mayor abundamiento y sustento jurídico, se tiene que el artículo 837 del Código Civil, que constituye normativa de aplicación supletoria en esta materia, establece: ARTÍCULO 837.- La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen: y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo menor que el que se exige para la prescripción ordinaria”. Con relación al alcance de esta norma, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado: VIII.-En lo concerniente a los quebrantos de las normas de fondo invocadas, esta Sala, en atención a los agravios formulados por el recurrente y en aplicación del artículo 837 del Código Civil, cuyo quebranto se acusa, realiza las siguientes consideraciones. Ocurre la nulidad de un acto jurídico, cuando se logra detectar que sus elementos se han separado de los supuestos establecidos por el Ordenamiento Jurídico, que con carácter esencial, devienen imprescindibles para su configuración jurídica. Así, la diferencia entre la manera en que se llevó a cabo el acto jurídico y la dispuesta en dicho Ordenamiento, lleva a la necesidad de negarle sus consecuencias de modo definitivo, para lo cual se suprimen todos sus efectos y se retrotraen de tal manera que, con su eliminación, es como si nunca se hubiere realizado. Tal invalidez se puede calificar como estructural y radical. Estructural porque proviene de una irregularidad en la formación del acto. Radical debido a que se produce ipso iure, es decir, con independencia de que alguna acción sea ejercitada por los interesados en su declaratoria. Por ello, el acto viciado de nulidad absoluta puede ser abolido a petición de cualquier interesado o aún de de oficio, cuando el juez lo detecte. El fundamento de esto último, se halla en que, siendo nulo, el acto está impedido, de pleno derecho y erga omnes, para generar algún tipo de consecuencia jurídica, conformándose como una patología de extinción necesaria, que interesa a la totalidad del sistema jurídico; por ende, el juez estará obligado a decretarla, ya sea que lo pidan o no las partes del litigio o un tercero. En la legislación costarricense, el canon 837 del Código Civil establece:“La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de la partes, ni por un lapso de tiempo menor que el que se exige para la prescripción ordinaria”(el resaltado no es del original). En este numeral es palmaria la intención del legislador en determinar que, dada la necesaria eliminación de los actos completamente nulos, debe declararse la invalidez, en tanto sea incuestionable, partiendo claro está, del imprescindible presupuesto de la debida participación de las partes afectadas y de la comprobación en los autos. Esta coherente tesitura de raigambre doctrinal, reflejada con nitidez en el Ordenamiento Jurídico positivo costarricense, engarza de manera precisa con el antiguo precedente de esta Sala de Casación, cuando refiriéndose a los antecedentes y a la recta interpretación del artículo 837 del Código Civil, señaló en la sentencia de las 10 horas 40 minutos del 24 de diciembre de 1947 lo siguiente:“II.— Tal mandato tiene por origen los siguientes conceptos de [Nombre1] (sic), cuya obra Derecho Civil francés, constituyó la principal fuente de información de la Comisión redactora de nuestro Código: «El acto que no reúne los elementos de hecho que supone su naturaleza o su objeto, en ausencia de los cuales es lógicamente imposible concebir su existencia, debe ser considerado no solamente como nulo, sino como no efectuado. Lo mismo cabe decir del acto que no ha sido acompañado de las condiciones y solemnidades indispensables a su existencia, según la letra y el espíritu del Derecho positivo. La ineficacia de tales actos es independiente de toda declaración judicial. No se cubre ni por la confirmación ni por la prescripción. Corresponde a todo juez reconocerla, aun de oficio», (obra citada, tomo I, página 180, quinta edición, 1897). Según el propio [Nombre1] (sic), no se encuentra en el Código Civil francés artículo alguno que declare, como medida general, la nulidad de actos efectuados contrariamente a estos preceptos— página 181— ni concretó el mencionado autor en qué circunstancias del juicio era aconsejable la indicada intervención oficiosa de los tribunales. La citada Comisión redactora, además de otras modificaciones que introdujo a los preceptos dichos —como la de comprenderlos todos en la denominación de nulidad— suplió la omisión exigiendo dos condiciones fundamentales para la declaratoria de oficio: que la nulidad absoluta conste de autos, es decir, que aparezca con caracteres de manifiesta certeza— lo que implica que las nulidades que ofrecen duda deben siempre ser objeto de controversia—, y que como partes en el litigio, estén presentes las mismas que hayan intervenido en el acto o contrato nulo, o quien demuestre tener interés en la nulidad, pues el término «partes» lo emplea la ley, en relación con la nulidad absoluta, en el doble concepto de partes del juicio— cuando dice «aunque las partes no la aleguen»— y de partes en el acto o contrato nulo, en la frase «y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes»; del mismo modo sin la posibilidad de que dichas partes, o el interesado en la nulidad, ejerzan los recursos legales contra lo resuelto— lo que impide que esta cuestión sea promovida directamente o surja espontáneamente en esta Corte [es decir, debe surgir en un proceso donde estén, necesariamente, las partes afectadas]—, no se explica que la ley hable de nulidad declarada por sentencia firme; y por último, sin la concurrencia de las partes en el acto o contrato nulo, no se comprende que la ley les acuerde la garantía de ser restituidas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, artículos 837 y 844 del Código Civil.”(La aclaración no es del original). De la cita realizada se colige como, a partir de un análisis de los motivos de la Comisión Redactora del Código Civil patrio, se ordena al juez, cualquiera sea su instancia, a decretar la nulidad de un acto, cuando ésta se extraiga del examen de los autos y sea absoluta. Al mismo tiempo, dicha orden también obvia el principio dispositivo, en cuanto la invalidez puede ser declarada sin haber sido objeto de petición expresa, bastando que estén presentes las partes que llevaron a cabo el acto y se ven afectadas por este, o bien, se encuentre la parte interesada en que resuelva en tal sentido. A manera de síntesis, la doctrina, legislación y jurisprudencia coinciden en que, tratándose de una nulidad absoluta y evidente, esta podrá ser declarada, aún de oficio, cuando falte la solicitud de parte, haciendo prevalecer la necesidad de eliminar las consecuencias jurídicas de un acto contrario al Ordenamiento por sobre el principio dispositivo, siempre que los afectados por el acto viciado que será declarado nulo, sean parte de la lite y tengan la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 549-2007 de las 8:45 horas del 03 de agosto de 2007. En igual sentido, sentencias de dicha Cámara de Casación número 331-2019). Retomando el caso bajo examen, y aplicando estos precedentes jurisprudenciales, queda claro que el Tribunal de Juicio estaba facultado para declarar de oficio la nulidad de un contrato que sirvió de instrumento para la comisión de un hecho delictivo. De ahí que no le asiste razón al recurrente en este reclamo y por ende este debe desestimarse." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 [...]@ Fax: 24569029 ____________________________________________________________________________________________ Res: 2020-00306 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN PRIMERA. San Ramón, a las catorce horas veinticinco minutos del veintiuno de abril de dos mil veinte. RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA interpuesto en la presente causa seguida contra EVELIO MURILLO MURILLO, costarricense, documento de identidad número CED1, por el delito de [Nombre2] MENOR Y MAYOR en perjuicio de [Nombre3] Y OTROS. Intervienen en la decisión del recurso, los jueces Adriana Escalante Moncada, Ana Lucrecia Hernández Chavarría y José Alberto Rojas Chacón. Se apersonan en apelación de sentencia, el licenciado Adrián Rojas Rodríguez, en calidad de Abogado de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima y los licenciados Jorge Enrique Gonzalo Villalobos y Luis Diego Salazar Gonzalo, en calidad de defensores particulares del imputado Evelio Murillo Murillo. Asimismo, la representante del Ministerio Público, la licenciada Edith Morera Rodríguez. RESULTANDO:

1.- Que mediante sentencia número 980-2018 de las dieciocho horas del treinta de octubre de dos mil dieciocho, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 28, 39 y 41 de la Constitución Política; 8 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1, 30, 45, 51, 71 a 74, 103, 216 párrafo 1° y 2º del Código Penal; 1 a 15, 70 y 71, 142, 180 a 184, 239 y 265, 267, 360, 361, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código Procesal Penal; 122, 123, 124, 125 y 127 del Código Penal de 1941 y las reglas sobre la responsabilidad civil; 627, 1007, 1045 y 1046, 1049, 1163 del Código Civil, 1, 16 y 42 del decreto ejecutivo 36562-JP del dieciocho de mayo de dos mil once. Por unanimidad de los votos emitidos, se ABSUELVE de toda pena y responsabilidad al señor EVELIO MURILLO MURILLO por un delito de [Nombre2] que se le venía atribuyendo en perjuicio de cada uno de los siguientes ofendidos, [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] , [Nombre16]- , [Nombre17] , [Nombre18] . Por otro lado se declara a EVELIO MURILLO MURILLO autor responsable de un delito de [Nombre2] MENOR, cometido en perjuicio a cada uno de los siguientes ofendidos [Nombre19] , [Nombre20] , [Nombre20] , [Nombre21] , [Nombre22] , [Nombre23] , [Nombre24] , [Nombre3] , [Nombre25] , [Nombre26] , [Nombre27] , [Nombre28] , [Nombre29] , [Nombre30] , [Nombre31] , [Nombre32] , [Nombre33] , [Nombre34] , [Nombre35] , [Nombre36] , [Nombre37] , [Nombre38] , [Nombre39] , [Nombre40] , [Nombre41] , [Nombre42] , [Nombre43] , y en ese sentido se le condena a descontar por cada una de los veintisiete delitos, OCHO MESES DE PRISION, por cada uno, para un total de DIECIOCHO AÑOS DE PRISION. Asimismo se encuentra a EVELIO MURILLO MURILLO, como autor responsable de un delito de [Nombre2] , por cada uno de los siguientes ofendidos, [Nombre44] , [Nombre45] , [Nombre46] y en tal carácter se le impone el tanto de UN AÑO DE PRISIÓN por cada uno de los TRES delitos indicados, todo para un total de TRES AÑOS PRISION, todo para un total de VEINTIUN AÑOS DE PRISIÓN, penas que con aplicación de las reglas del concurso material queda en el tanto de TRES AÑOS AÑOS DE PRISIÓN. Pena que deberá descontar, previo abono de la preventiva sufrida en el lugar y forma en que lo determinen los reglamentos carcelarios. Por el plazo de cinco años que comienzan correr con la firmeza de esta sentencia, se le otorga al justiciable el beneficio de ejecución condicional de la pena, apercibido de no cometer delito doloso con pena privativa de libertad mayor a seis meses, so pena de revocar el beneficio. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Por considerar esta autoridad que los querellantes han actuado con buena fe procesal se le exime a éstos del pago de las costas de la querella. Se ordena levantar cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales que se haya dictado en contra del imputado y en virtud de ello se ordena la devolución de la caución fijada en este asunto, una vez firme esta sentencia. SOBRE LOS EFECTOS CIVILES DEL PROCESO PENAL: Se declara la nulidad de los contratos realizados entre EVELIO MURILLO MURILLO representante de TECREM S.A. y los siguientes personas [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre8] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre14] , [Nombre15] , [Nombre16]- , [Nombre17] , [Nombre18] , [Nombre19] , [Nombre20] , [Nombre20] , [Nombre21] , [Nombre22] , [Nombre23] , [Nombre24] , [Nombre3] , [Nombre25] , [Nombre26] , [Nombre27] , [Nombre28] , [Nombre29] , [Nombre30] , [Nombre31] , [Nombre32] , [Nombre33] , [Nombre34] , [Nombre35] , [Nombre36] , [Nombre37] , [Nombre38] , [Nombre39] , [Nombre40] , [Nombre41] , [Nombre42] , [Nombre43] [Nombre43] , [Nombre47] por lo que ante la declaratoria de nulidad deberán cesar los efectos jurídicos y materiales de los contratos. Se ordena a la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, en la persona del [Nombre48] , que proceda a realizar los procedimientos administrativos necesarios para que las cosas alcancen los efectos requeridos en nuestro ordenamiento jurídico sobre el “Proyecto Bella Vista”, para ello se le otorga el plazo de TRES MESES, contados a partir de la firmeza de este proceso, apercibido de que sino lo hace se procederá a testimoniar piezas por el delito de desobediencia a la autoridad. SOBRE EL TESTIMONIO DE PIEZAS: Se ordena el testimonio de piezas en este asunto para ante el Ministerio Público a efecto de que proceda con lo de su cargo.- SOBRE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA: Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por los ofendidos-actores civiles [Nombre4] , [Nombre49] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre50] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre51] y [Nombre47] , [Nombre52] , [Nombre15] , [Nombre17] , [Nombre18] en contra del imputado demandado civil EVELIO MURILLO MURILLO, en ese sentido y por considerar que se ha litigado con buena fe procesal se le exime del pago de las costas de la acción civil. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria incoada por los ofendidos-actores civiles [Nombre20] , [Nombre24] , [Nombre3] , [Nombre22] , [Nombre32] , [Nombre53] , [Nombre44] , [Nombre46] , [Nombre54] , [Nombre34] , [Nombre23] , en contra del imputado demandado civil EVELIO MURILLO MURILLO, asimismo se declara con lugar la acción civil en el caso del señor [Nombre21] , en contra del imputado, fijándose el monto que se dirá, como base de la condenatoria contra TECREM S.A. (Sentencia 2017-00142) y además se declara con lugar la acción civil resarcitoria que se interpuso por los ofendidos-actores civiles (SEGUNDA CAUSA): [Nombre42] y [Nombre33] contra el imputado-demandado civil EVELIO MURILLO MURILLO y el tercero civilmente responsable TECREM S.A. representada por EVELIO MURILLO MURILLO, ambos de forma solidaria en este caso. Se fijan las pretensiones civiles para cada caso de la siguiente forma: 1) [Nombre20] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas por el lote 4, sea el monto de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES (1.350.000.00). Se condena asimismo al pago del daño material relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de SEISCIENTOS SETENTA MIL COLONES NETOS (670.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 2) [Nombre24] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 76, la suma de TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL COLONES (3,150.000.00). Se condena asimismo al pago del daño material relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de UN MILLON TREINTA MIL COLONES (1,030.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 3) [Nombre3] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 93, la suma de UN MILLON SETENTA MIL COLONES ([...]). Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES ([...]). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL COLONES NETOS (614.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. 4) [Nombre22] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 11, la suma de TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL COLONES (3,120.000.00). Se condena asimismo al pago del daño material relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de UN MILLON VEINTICUATRO MIL COLONES NETOS (1,024.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 5) [Nombre32] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 114, la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL COLONES (2,625.000.00). Se condena asimismo al pago del daño material relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL COLONES NETOS (925.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. 6) [Nombre26] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 133, la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO COLONES (4,575.000.00). Se condena asimismo al pago del daño material relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES (2,500.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL COLONES NETOS (1,415.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. 7) [Nombre21] ; se condena a Evelio Murillo Murillo y se fijan las sumas para los efectos de la sentencia 2017-00142, por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 43, sea la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL COLONES. Se condena asimismo al pago del daño material relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00) en contra de Evelio Murillo. Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de NOVECIENTOS CUATRO MIL COLONES (904.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 8) [Nombre44] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 49, la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL COLONES NETOS (10,680.000.00). Por concepto de daño moral la suma de CINCO MILLONES DE COLONES (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL COLONES NETOS (3,136.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 9) [Nombre46] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 62, la suma de UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL COLONES (1,215.000.00). Se condena asimismo al pago del daño material relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MIL COLONES (640.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 10) [Nombre27] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 96, la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL COLONES (3.300.000.00). Se condena asimismo al pago del daño material relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de UN MILLON SESENTA MIL COLONES NETOS (1,060.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. 11) [Nombre34] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 49, la suma de NOVECIENTOS MIL COLONES (900.000.00). Se condena asimismo al pago del daño material relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de QUINIENTOS OCHENTA MIL COLONES NETOS (580.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. 12) [Nombre23] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 21, la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL COLONES (2,610.000.00). Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL COLONES (522.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 13) [Nombre42] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 40, la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL COLONES (2,580.000.00). Se condena asimismo al pago del daño material relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL COLONES (916.000.00). [Nombre33]).- , se condena al pago de del daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 44, así como a lo relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de CUATROCIENTOS MIL COLONES (400.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil, condenatoria contra EVELIO MURILLO MURILLO y TECREM S.A. en forma solidaria (sentencia 2017-142 Tribunal de Apelaciones). Se condena asimismo al pago de los intereses legales sobre los montos de daño concedidos, incluso en abstracto, una vez firme esta sentencia y hasta su efectiva cancelación, los intereses se calcularan de conformidad a la tasa de intereses fijada por el Banco Nacional de Costa Rica, para los certificados de depósito a plazo de seis meses. Sobre las sumas en abstracto correrán los mismos una vez determinadas las sumas respectivas. Tales sumas liquidas deberán ser canceladas por el o los demandadas civiles por simple orden del Tribunal y a la firmeza de este fallo, caso contrario deberán acudir las partes interesadas al proceso de Ejecución de Sentencia. SOBRE LA ANOTACIÓN DE LA DEMANDA: Se ordena mantener la anotación de la demanda sobre la finca [Dirección1] . Notifíquese mediante lectura. [Nombre55] . [Nombre56] . . JUECES DE JUICIO".

2.- Que contra el anterior pronunciamiento, los licenciados Adrián Rojas Rodríguez, Jorge Enrique Gonzalo Villalobos y Luis Diego Salazar Gonzalo, así como la licenciada Edith Morera Rodríguez, interpusieron recursos de apelación de sentencia.

3.- Que verificada la deliberación respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal de Apelación de Sentencia del III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, procedió a conocer del recurso. 4.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes. Redacta la Jueza de Apelación de Sentencia Escalante Moncada; y, CONSIDERANDO:

I.Los defensores Jorge Enrique González Villalobos y Luis Diego Salazar, interpusieron recurso de apelación contra la sentencia número 980-2018, emitida por el Tribunal de Juicio de Alajuela. También recurrió, el licenciado Adrián Rojas Rodríguez, en su calidad de abogado de la Oficina de Defensa Civil de la Victima, así como, la fiscal Edith Morera en representación del Ministerio Público.

II.Para una adecuada resolución de los diversos recursos interpuestos, se atenderán en el siguiente orden. Primeramente, se abordarán los reclamos planteados por los defensores vinculados con la responsabilidad penal del enjuiciado Evelio Murillo. De seguido se resolverá la impugnación formulada por el Ministerio Público, en la que se objeta la fundamentación de la pena. Posteriormente, se conocerán los reclamos formulados por los defensores vinculados con la condena civil. Finalmente, se conocerá la impugnación formulada por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima.

SECCIÓN I. DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL IMPUTADO EVELIO MURILLO MURILLO.

III.Del recurso de apelación de los defensores contra la condena penal. Mediante el fallo 980-2018, el Tribunal de Juicio de Alajuela declaró al imputado Evelio Murillo Murillo, autor responsable de varios delitos de [Nombre2] y en tal carácter le impuso una pena total de tres años de prisión, así readecuada por aplicación de las reglas del concurso material de delitos. Debido a dicha condenatoria, los defensores impugnan el fallo de instancia e interponen varios motivos de apelación, los cuales para una adecuada resolución se ordenan y enumeran de la siguiente manera. Primer motivo. En este reclamo, los apelantes exponen varios reproches que se sintetizan de la siguiente forma: (i) Se cuestiona la valoración de la prueba, ya que el Colegio de Jueces de instancia, les otorgó credibilidad a las víctimas. Indica que el Tribunal de Juicio no hizo un análisis riguroso de cada uno de los testigos, sino que repite lo que cada deponente declaró en la fase plenaria, vulnerando así las reglas de la sana crítica. Detallan que el colegio de jueces, al analizar las declaraciones de [Nombre19] , [Nombre57] y [Nombre20] , [Nombre45] , [Nombre27] , [Nombre28] , Leader [Nombre30] , [Nombre34] , [Nombre35] , [Nombre18] , [Nombre37] , [Nombre40] , [Nombre41] y [Nombre42] , utilizó el mismo estribillo para otorgarle validez a estos testigos al afirmar que declararon de forma, clara, sencilla y coherente, sin demostrar ánimo de mentir o dañar al acusado. Indican que este tipo de fundamentación no es suficiente ya que no se explica por qué se les dio credibilidad. Para fundamentar su postura, se cita el voto número 43-2018, de esta Cámara de apelación y afirman que los parámetros establecidos en dicho fallo para valorar la prueba testimonial no fueron aplicados por el Tribunal de Juicio. Refieren que el fallo se conforma con describir lo que a los jueces les parece de cada testigo, pero sin exponer los motivos por los que les otorgaron credibilidad. Indican que estos relatos se contraponen a los contratos que cada ofendido firmó y a las deposiciones de las abogadas, pero esas contradicciones no fueron valoradas por los jueces de juicio. (ii) Indican que uno de los aspectos que se atacó en el contradictorio, fue la supuesta promesa realizada por el imputado de ofrecer un proyecto urbanístico a las víctimas, hecho que acusó el Ministerio Público, y que tuvo por acreditado el Tribunal de Juicio. Dicen que un punto debatido fue lo referente a los servicios de agua, y electricidad. Afirman que el imputado le informó a las víctimas que debían abastecerse de la paja de agua de la finca madre, y en lo atinente el servicio de luz, cada uno de ellos debía gestionarlo ante el Instituto Costarricense de Electricidad. Fustigan que, si bien los ofendidos son personas con un rezago social, académico, y con escasa facultad de expresión, esas condiciones no pueden constituir una razón suficiente para otorgarles credibilidad, ya que este tipo de personas también pueden faltar a la verdad. Además, afirman que el imputo Evelio Murillo no les ofreció a las víctimas un proyecto urbanístico, sino que cada uno de ellos era responsable de realizar sus construcciones. Refieren que, otro tema esencial era lo relativo a los permisos de construcción. En este punto cada uno de los testigos refirió que el imputado les indicó que podían construir, y que otras personas lo hicieron sin tener los permisos respectivos. Critica que esta versión fue aceptada sin ninguna objeción por los jueces de instancia, lo cual violenta las reglas del entendimiento humano. Para sustentar este reclamo, los apelantes transcriben extractos de las deposiciones de cada uno de los ofendidos, y luego afirman que hay un factor común en el relato de los deponentes, consiste en que ellos indicaron que al comprar el lote no existían servicios básicos, como electricidad, agua y calles, así como los demás insumos de un proyecto urbanístico. Alegan que los ofendidos sabían que no había agua y luz, y que no se estaba ofreciendo un proyecto habitacional y en esas condiciones aceptaron la venta del lote. Fustigan que, a pesar de lo relatado por las víctimas, el Tribunal concluyó que el imputado les ofreció un proyecto urbanístico para la venta de los lotes. Indican que el error en la sentencia es tener por demostrado el hecho acusado por el Ministerio Público, y afirmar que el imputado les ofreció un proyecto urbanístico a las víctimas, sin que en esa finca existieran calles, aceras, servicios de agua y luz, que son parte de los insumos de este tipo de proyectos. Indica que el Tribunal de Juicio omitió valorar estos aspectos, y por el contario le creyó ciegamente a cada uno de ellos. Refieren que, si el imputado les ofreció un proyecto urbanístico, pero al llegar al sitio este no existía, entonces por qué compraron el lote. Indica que la respuesta es sencilla, por la facilidad de pagos, así como por la omisión de cumplir con los requisitos de permisos de construcción entre otros, pero no motivados por el supuesto ardid que tuvo por demostrado el cuerpo juzgador, consistente en el ofrecimiento de un proyecto urbanístico. (iii) Detallan que, uno de los temas discutidos en la fase plenaria, lo fue el precio de los lotes, ya que, según la acusación, parte del ardid desplegado por el imputado fue ofrecer lotes a precios por debajo del mercado y con cuotas mensuales bajas, y estas circunstancias las tuvo por demostradas la Cámara de instancia. Indican que para la defensa este fundamento carece de sustento probatorio, por cuanto no se demostró cuál era el precio de mercado. Explican que el propio tribunal admite que sobre ese extremo no existen elementos de prueba, tales como peritajes o actas notariales, pero para demostrar ese extremo el a quo hizo alusión a las facilidades de pago, lo cual no tiene relación con ese elemento que supuestamente integraba el ardid descrito en la acusación. (iv) Afirman que, en este caso no existe perjuicio económico, ya que cada uno de los ofendidos con la compra del lote, pasó a ser codueño y por ende no hay perjuicio patrimonial. Para sustentar este punto se cita el voto de la Sala Tercera número 580-1996, que establece el principio de compensación del lucro con el daño. Señalan que en este caso cada uno de los ofendidos pasó a ser dueño de un derecho sobre la [Dirección2] de la provincia de Alajuela. Explican que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, por lo que cada ofendido es propietario de un derecho, el cual puede ser localizado ante un juez civil, según el monto y extensión que pagó cada uno de ellos, así como por la ubicación que cada persona escogió para construir, por lo que estiman que no se dio un perjuicio económico antijurídico. Indican que, en este caso, se dio una compraventa perfecta, con independencia del nombre que se le pusiera al contrato, por lo que hubo traslado del dominio, al punto que los ofendidos hipotecaron sus lotes, a pesar de que esos contratos no se hicieran en escritura pública. Dicen que, en este caso, las hipotecas devienen en nulas por no haberse otorgado en escrituras públicas, por lo que, si las víctimas le debieran dinero al imputado, esa deuda deberá cobrarse en un juicio ordinario. De igual manera, si las víctimas requieren que el encartado les dé una escritura pública podrán acudir ante el juez civil, para que les otorgue la firma forzosa de ese documento. (v) Detallan que, en la sentencia, a partir del folio 4753, el Tribunal analiza lo relativo a los contratos firmados por cada ofendido, y concluye que entre las víctimas y la empresa Tecrem S.A, se da una compraventa perfecta, y no una opción de venta, por lo que a los agraviados les vendieron un derecho sobre la [Dirección3] . Sostienen los apelantes que la sentencia es contradictoria porque por un lado se afirma que cada ofendido adquirió un derecho sobre la referida finca, pero después se indica de forma categórica que las víctimas no llegarían a tener la propiedad sobre el lote que adquirieron. Estiman que estas dos premisas son excluyentes entre sí, y no pueden coexistir por lo que el fallo deviene en contradictorio. Refieren que esa afirmación del Tribunal no es cierta, porque en este caso, hay personas que tienen escritura pública de sus lotes, como es el caso de [Nombre58] , quien depuso sobre esa circunstancia en la fase plenaria. Indican que otro error en el fallo, se refiere a los ofendidos que nunca contrataron directamente con el imputado. Detallan, que hay varios ofendidos que no negociaron directamente con el imputado, sino con terceras personas, por lo que, al momento de suscribirse los contratos, estas personas ya traían en su psiquis adquirir el lote, por lo que no existe un engaño por parte de los imputados. Por ello, estiman que en los casos de las víctimas [Nombre44] , [Nombre3] , [Nombre25] , [Nombre32] , [Nombre33] , [Nombre36] y [Nombre39] , se tuvo que dictar una sentencia absolutoria. De seguido, los apelantes hacen un recuento de lo que declaró cada una de estas víctimas, en las que, según su tesis, admitieron que ellas negociaron el lote con una tercera persona, y que con el acusado solo firmaron el contrato respectivo para seguir pagando las mensualidades del lote. Indica que, en este caso, en relación con otras víctimas que también negociaron con terceras personas se dictó una sentencia absolutoria, por lo que, por estos otros hechos se debió dictar una sentencia absolutoria, por no mediar engaño por parte del imputado. Añaden que en la sentencia condenatoria se entremezclaron los casos referentes a las señoras [Nombre33] , y [Nombre39] , ya que se utiliza el testimonio de una de las testigos para sustentar la condenatoria referente al caso de la otra víctima, lo cual se confirma con revisar los folios 4821, 4822, 4851 y 4551. En el segundo motivo alegan, inobservancia al principio in dubio pro reo. Arguyen que el Tribunal de Juicio descartó la declaración del encartado, y por el contrario, le dio credibilidad a los ofendidos, quienes afirmaron que el imputado Evelio Murillo, les había prometido un proyecto urbanístico. Objetan que se hizo un análisis lacónico de la prueba de descargo, como lo fueron los testimonios de las abogadas, en relación con los contratos que estas refrendaron, así como de los testimonios de otras personas que son vecinas del lugar, y quienes son propietarias registrales de un derecho proveniente de la finca que genera este litigio. Detallan que, el Tribunal de Juicio no confrontó el relato de Evelio Murillo con algunos contratos en los que en la cláusula octava se indica que: “Octava: La empresa TECREM S.A, no se hace responsable de rastrear y asfaltar las calles públicas, de abastecer de servicio de agua ni de electricidad. “Únicamente TECREM S.A, se compromete a tractoriar las calles” (copia textual del alegato). Indican que, que a pesar de que el Tribunal de Juicio les restó credibilidad a las abogadas Hazel Víquez Alvarado, y Doris Céspedes Elizondo (folios 4709 y siguientes), lo cierto es que estas personas explicaron que a cada uno de los ofendidos que firmaron los contratos, ellas les leyeron el documento y se los explicaron, y si bien no les preguntaron si sabían leer o escribir, estas personas tampoco manifestaron que no supieran hacerlo. Dicen que las declaraciones de estas letradas liberan de responsabilidad al imputado Evelio Murillo, ya que estas profesionales les explicaron a los ofendidos la situación real del inmueble. Objetan que el Tribunal de Juicio le restara credibilidad a las versiones que dieron las testigos [Nombre59] , [Nombre60] , [Nombre61] , bajo el argumento de que los casos de estas personas eran diferentes a las de los otros ofendidos. Además, se afirmó que estas personas solo declararon acerca de sus contratos y negocios que pactaron con el imputado, sin que hicieran alusión a los casos de los otros ofendidos. Estiman que, si se hubiera ponderado de forma correcta la prueba de descargo, estos testimonios sí eran relevantes, ya que se contraponen a la versión de las personas denunciantes, además estas declaraciones apoyan la tesis defensiva, ya que los compradores fueron advertidos de la situación real de la finca. Para sustentar este reproche, los apelantes trascriben extractos de las declaraciones de los testigos de descargo. En el tercer motivo (titulado en el recurso como primer motivo por el fondo), los recurrentes reclaman indebida aplicación de la ley sustantiva. Critican que el Tribunal de Juicio tuviera por demostrada la acusación del Ministerio Público. Indican que, en cada uno de los casos, en los que se emitió una condena, el Tribunal de Juicio no ponderó lo relativo al “principio de compensación del lucro con el daño” (copia textual de folio 4944), ya que estiman que cada uno de los ofendidos al formalizar el contrato, fuese este verbal o escrito, perfeccionaron una compraventa, y pasaron a ser copropietarios del derecho 001, de la finca de folio real 096824-001 de la provincia de Alajuela. Refieren que para la configuración del delito de [Nombre2] se requiere de un perjuicio económico, pero en este caso no se da ninguna afectación patrimonial, ya que el convenio coloca a cada ofendido como codueño, por lo que no se acreditan los elementos objetivos del tipo penal de estafa, tales como, el ardid, error, disposición patrimonial y perjuicio. Afirma que, en este caso, cada uno de los lotes vendidos puede localizarse mediante las diligencias pertinentes ante el juez civil. De igual manera, afirman que las hipotecas otorgadas por los ofendidos en favor del imputado, devienen en nulas por no haberse otorgado en escritura pública, por lo que, si los ofendidos llegaran a adeudarle dinero al imputado, este deberá acudir a un juicio ordinario. Además, si los ofendidos requieren de una escritura pública, y el imputado no la otorga, pueden pedir la ejecución forzosa ante el juez civil competente. Indica que “la forma de corregir el entuerto de los contratos erróneamente calificados, pero con contenido verdadero, es tema de otra jurisdicción o del consentimiento de las partes.”(Copia textual de folio 4946). Refieren que, el Tribunal de instancia, en el considerando V, denominado consecuencias civiles, ordena la anulación de los contratos. Afirman que el daño a los ofendidos se concretará si dicha decisión queda en firme, ya que las víctimas quedarán sin derecho real alguno en su patrimonio y no tendrán prueba para demandar la copropiedad. Añaden que, en la fase de conclusiones, se alegó la ausencia del elemento referido al perjuicio económico, pero a pesar de dicho alegato, el Colegio de Jueces de instancia, se decantó por declarar un incumplimiento contractual. Indican que si bien, la defensa en conclusiones planteó la tesis del incumplimiento contractual, el fallo no se refirió a la petitoria defensiva que fue propuesta en esa ocasión. Explican que, en el caso del incumplimiento contractual, el acuerdo no se cumple, por causas o circunstancias que se dan después de la formalización del contrato. En cambio, en el caso de la estafa, lo característico es que, desde el inicio de las negociaciones, la persona acusada no ha tenido la intención de cumplir con lo pactado en el convenio. Indican que aún si se admitiera la postura del Tribunal de Juicio, de que el imputado les ofreció a los ofendidos un proyecto urbanístico, lo cierto es que, cada una de estas personas adquirió un lote y construyeron sus casas, por lo que no puede hablarse de perjuicio. Además, debido a lo ordenado en el fallo, para que la Municipalidad de Alajuela intervenga, esa circunstancia desvirtuaría la comisión de un delito de estafa. Señalan que de conformidad con el artículo 35 de la Ley de Planificación Urbana número 4240 del 1 de noviembre de 1968, le permite a las partes demandar en la vía civil la rescisión y la reparación civil, por lo que estima que era en aquella otra vía y no en la sede penal, en la que se tuvo que ventilar este proceso. En el cuarto motivo (titulado en el recurso como segundo motivo por el fondo). Sostienen que, en conclusiones, se alegó un error de prohibición por parte de su defendido, debido a que este actuó bajo el asesoramiento de varios profesionales en derecho, quienes redactaron y refrendaron los contratos. Indica que, en relación con esa tesis defensiva, el Tribunal de Juicio no emitió criterio alguno. Añaden que, en la sentencia, el Tribunal de Juicio reconoció la escasa escolaridad que tiene el imputado Evelio Murillo, pero aun así, le atribuyó responsabilidad penal, debido a su inteligencia y aptitud para el comercio. Explican que, en este caso, el imputado Evelio Murillo fue asesorado por una abogada, por lo que no se le podía exigir que conociera el trámite y requisitos para la segregación de lotes, tales como un plano catastrado, y los respectivos visados municipales. Indica que la idea del imputado era vender lotes en derechos, y que era obligación de los profesionales, asesorar a las partes que contratan sus servicios. Destacan que el imputado declaró que las negociaciones las hizo de buena fe y que para esa época él no tenía ningún conocimiento en cuanto a la temática de vender terrenos. Para apoyar este reclamo, los apelantes transcriben parte de la declaración del acusado, para concluir que su defendido actuó bajo la asesoría de abogados, y que el conocimiento del encausado en este tipo de negociones era nulo, y que era deber del profesional en derecho advertir de las situaciones propias de este tipo de negocios. Refieren que el imputado en el ejercicio de su defensa material declaró que él siempre tuvo en mente vender lotes en derechos, para que personas sin acceso a crédito bancario, o bonos de la vivienda, pudiesen construir una casa. Concluyen indicando que, en este caso, no se configura el delito de estafa, y se valore la aplicación de lo regulado en el artículo 35 del Código Penal

IV.A) Hechos acusados. De previo a conocer de los diversos reclamos planteados por la defensa contra la sentencia condenatoria, es necesario indicar que, según consta en los hechos que el Ministerio Público acusó, el ardid desplegado por el encausado, en síntesis, fue el siguiente. La empresa Tecrem Sociedad Anónima, está inscrita ante el Registro Nacional, cédula jurídica CED2, y su representante legal, es el encartado Evelio Murillo Murillo, quien ostenta el cargo de presidente con representación judicial y extrajudicial con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma. Esta sociedad es propietaria de un terreno que mide 19,705,08 metros cuadrados, inscrito el 23 de marzo del año dos mil diez a folio real matrícula CED3, sin número de plano, cuya naturaleza de terreno es de potrero y se encuentra situado en el cantón primero de la provincia de Alajuela, [Dirección4] , . Sin poder determinar fecha exacta pero sí en el período del 23 de marzo de 2010 y el 16 de julio de 2013 y una vez adquirida la propiedad citada, el acusado Evelio Murillo ideó un plan delictivo con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial antijurídico a su favor. Dicho plan consistiría en entrar en contacto con distintas personas y ofrecer la venta de lotes. En ese ofrecimiento, el imputado Murillo Murillo les haría creer falsamente que en el terreno de su propiedad se estaba construyendo un proyecto urbanístico que reunía todos los requisitos exigidos para la construcción de viviendas, los permisos municipales y la posibilidad de disfrute de los servicios básicos de agua y electricidad. Como parte del ardid, llevaría a algunos de los compradores al denominado proyecto o les mostraría un croquis para visualizar la división del terreno, los cuales oscilaban entre los 120 y 283,5 metros cuadrados y para hacer más atractivo el negocio, los ofrecería que el precio de la venta se cancelara en tractos mensuales dependiendo del precio y longitud de cada uno. También les haría creer que luego de finalizado el pago de los montos acordados, segregaría dichos lotes y les entregaría el título de propiedad a nombre de cada una de las personas compradoras. Parte del plan ideado por el acusado era ocultar a los compradores que en realidad la propiedad matrícula [Placa1] no podía contar con permisos para la realización de un proyecto urbanístico como el que estaba ofreciendo, que no había solicitado a la Municipalidad de Alajuela autorización alguna para movimiento de tierra o construcción, y que nunca podría ser otorgado tal permiso toda vez que el plan regulador vigente para la zona donde está ubicada la propiedad, permite un máximo 10 viviendas por hectárea en el primer nivel, permitiendo 20 viviendas por hectárea en soluciones de dos niveles y que la superficie mínima del lote a segregar es de 600 metros cuadrados, lo cual evidentemente no equivale a las porciones de terreno que el acusado prometió segregar a favor de cada uno de los ofendidos que oscilaban entre los 120 y los 283,5 metros cuadrados. Para perfeccionar el ardid, el acusado propondría la realización de un contrato que se confeccionaría en las oficinas de distintos abogados de la ciudad de Alajuela, con el cual demostraría falsamente la viabilidad y legalidad del ofrecimiento realizado. Aceptada la propuesta del acusado, que quedaría plasmado en la mayoría de las ocasiones mediante un contrato escrito en el cual se estipulaba la venta de un derecho sobre dicha propiedad, pero en otras situaciones se realizaría mediante un acuerdo o contrato verbal. A partir de dicho acuerdo, el acusado les autorizaría la disposición inmediata del terreno con el pago del primero de los “abonos”, pago que pediría realizar en efectivo o a la cuenta bancaria del acusado, perfeccionándose así la [Nombre2] a través de la disposición patrimonial de las víctimas y de la disposición del dinero por parte del justiciable. Siguiendo el plan defraudatorio descrito, el encartado concretó una gran cantidad de ventas, y para ello, en la acusación se especifica el nombre de cada ofendido, el número de lote, el tamaño, el precio y los montos económicos que cada víctima dispuso en virtud del ardid desplegado por el imputado. En este sentido, de una revisión del fallo, así como de las probanzas, se tiene que el Tribunal de Juicio tuvo por demostrado, un total de treinta estafas, en perjuicio de diversas personas, según el elenco de hechos descritos en la sentencia, visibles en el considerando primero, los cuales no se transcriben para evitar reiteraciones innecesarias. Ese elenco de hechos probados concuerda con el cuadro fáctico acusado. B) Hechos probados no controvertidos. De igual manera, se hace necesario enlistar una serie de hechos que no resultan controvertidos, y que la parte recurrente no impugna. En la estructura que se utiliza en el fallo de instancia, el Tribunal de Juicio aborda, primeramente, aquel elenco de sucesos que no son debatidos, que se circunscriben a los siguientes. La empresa Tecrem S.A, cuyo Presidente y representante legal es el imputado Evelio Murillo Murillo, es propietaria de un derecho sobre la finca inscrita en el Registro Nacional bajo el número de finca CED3, situada en la provincia de Alajuela, en el [Dirección5] . Como se explica por parte del Tribunal de Juicio, este hecho se acredita con las certificaciones emitidas por el Registro Nacional, que dan cuenta de la inscripción de la sociedad Tecrem S.A, así como de su personería jurídica, además de la certificación de la propiedad CED3, en la que se detalla que la empresa Tecrem S.A, es dueña del derecho 001 sobre dicha propiedad. Otro hecho no controvertido lo constituye que la Municipalidad de Alajuela no autorizó un desarrollo urbanístico en dicha finca, la cual no cuenta con los permisos respectivos de esa corporación municipal, ni con los que deben otorgar otras instituciones estales vinculadas con el trámite y autorización de urbanizaciones. De igual manera, otra circunstancia fáctica no controvertida, lo constituye que, según el plan regulador vigente en la Municipalidad de Alajuela, para la zona en la que está ubicada la finca objeto de la litis, solo se pueden segregar terrenos cuya área sea de 600 metros o más. Este hecho el Tribunal de Juicio lo tuvo debidamente acreditado a partir de la siguiente prueba: Informe de análisis criminalístico 1540-ING-2013, oficio de la Municipalidad de Alajuela número MA-PPCCI-817-2013, así como de la declaración del perito forense [Nombre62] , y de los relatos de los funcionarios de la Municipalidad de Alajuela Roy Delgado Alpízar, Luis Alfonso Villalobos Molina y Bertilia Vega Vega, todos estos testigos dieron información acerca del asentamiento existente en dicha propiedad, y la carencia de los permisos que exige la legislación para el desarrollo de proyectos urbanísticos. Los argumentos esbozados por los jueces de instancia en relación con este hecho, y la valoración de la prueba son visibles a partir de los folios 4712 al 4718 del tomo IV. Adicionalmente, es necesario indicar que estos hechos no son controvertidos por los defensores en la impugnación interpuesta.

  • V)Del recurso de la defensa contra la condena penal. Ahora corresponde resolver los diversos reclamos formulados por los defensores. Uno de los temas debatidos por los apelantes en el recurso y que es un tema angular para la resolución del caso bajo examen, fue expuesto en el alegato (ii) que conforma el primer motivo, el cual por su incidencia y su conexión con los restantes reproches interpuestos en el primer motivo del recurso, debe atenderse de primero. Sin lugar el alegato. En este reproche, los defensores aluden que el acusado no les ofreció a las víctimas la venta de un lote en un proyecto urbanístico. Al respecto se tiene que, examinado el fallo impugnado, se advierte que, el Tribunal de Juicio explicó de forma amplia con la indicación de los diversos elementos de prueba que lo acreditaban, cómo llegó a establecer que el encartado Evelio Murillo Murillo, le ofreció a las victimas la venta de lotes, en un proyecto urbanístico, que incluía los servicios de agua y luz. Esos razonamientos son visibles de folios 4712 hasta el 4726, los cuales no se transcriben para no ser reiterativos, pero sobre estos argumentos sí se deben hacer las siguientes consideraciones. El Tribunal de Juicio primeramente hace un examen de los elementos de prueba que dan cuenta de que el imputado le ofreció a los ofendidos venderles un lote, que tendría los servicios básicos de agua y electricidad. Además, que una vez que se pagara la totalidad del precio, el lote sería segregado e inscrito en favor de cada uno de los ofendidos. Para ello, el Colegio de Jueces inicia con la valoración de la información de un volante o panfleto publicitario, en el cual la empresa Tecrem S.A, promociona la venta de lotes. Como bien lo expone el Tribunal de Instancia, en este panfleto (visible a folio 177 del tomo I), se ofrece la venta de terrenos, con la indicación del plan de financiamiento. Al respecto el Tribunal de Juicio a partir de esta prueba, derivó que, en efecto, se ofrecía al público la venta de lotes. Incluso, advierte esta Cámara de Apelación que, si se observa con detalle dicho volante, se visualiza que este tiene dibujado un croquis, en el cual se detalla la existencia de calles internas dentro de la finca. La información de este anuncio fue ponderada por el Tribunal de Juicio, con los datos que se consignaban en los “contratos de opción reciproca de compra venta de lotes en derechos”, y ese examen le permitió derivar que la empresa Tecrem S.A, representada por el imputado Evelio Murillo Murillo, le ofreció a los ofendidos lotes para construir, con un plan de financiamiento, y que incluso, en dicho documento se alude a la existencia de los servicios de agua y luz, ya que en esos contratos se indica que en caso de que se incumplan con el pago de cinco cuotas, los medidores de agua y luz deberán ser traspasados a la empresa Tecrem S.A. De igual manera, se ponderó el contenido de las cláusulas que contiene dicho contrato, para arribar a la conclusión que ese documento más bien era parte del ardid desplegado por el imputado para darle carácter de legalidad, al acto ilícito que estaba realizando en ese momento. Al respecto, en el fallo se indica: “Otro de los elementos utilizados por el encartado para gestar su plan y darle ese revestimiento de legalidad al proyecto urbanístico, legalidad que no tenía y que conocía, por eso se vale de toda una serie de artilugios al efecto, entre ellos tenemos el famoso “contrato” o mal llamado “CONTRATO DE OPCION RECIRICA DE COMPRAVENTA DE LOTE EN DERECHOS” que no es ni más ni menos, que un contrato de compra venta puro y simple, sin embargo llamarlo de esta manera permite darle un tratamiento diferente a lo que realmente y jurídicamente debió dársele – como contrato de compraventa -. Establece el documento la existencia como propietaria de la finca del partido de Alajuela matrícula número CED4, a la sociedad TECREM S.A. representa por el imputado, indicando en el documento que se establece un contrato entre la dueña de la propiedad y el comprador. Describe en la cláusula tercera el derecho que la sociedad “promete” vender, ya con este denominativo, el documento permite hacer creer al comprador que no ha adquirido la propiedad sino que la vendedora le está haciendo una promesa de venderle, cuando en realidad con el acuerdo de la cosa “el derecho” y el precio, determinado para cada contrato, ya la compraventa se perfecciona (sistema del nudo consensu, seguido por nuestra legislación) y con ello el comprador adquiere en pleno los derechos y obligaciones que son inherentes al dominio; pero la misma cláusula indica que lo que se vende es un derecho para “construir” de una medida de 150 metros cuadrados, lo cual jurídicamente es imposible, por cuanto el plan regulador de la provincia de Alajuela no permite construcciones para la zona de la Guácima, donde se ubica el “derecho-lote”, sea en el proyecto urbanístico informal “Bella Vista” en un terreno menor a los seiscientos metros cuadrados, ello lo indicó el Ingeniero [Nombre63] así “Según el plan regulador vigente se encuentra en la subzona residencial de baja densidad, el máximo de viviendas de 10 viviendas por hectárea en de un solo nivel, y para viviendas de un nivel abajo y otro arriba es de 20 viviendas por hectárea manteniendo las 10 viviendas por hectárea en el primer nivel, es decir manteniendo la huella constructiva siempre. El tamaño mínimo del lote en el residencial de baja densidad es de 600 metros cuadrados con un frente mínimo de 20 metros y los retiros son de 6 metros frontal, posterior 5 metros y retiros laterales 2.5 metro.” , como igualmente lo indicó el Ingeniero [Nombre62] y el informe del O.I.J. 1540-ING-2013, lo cual imposibilita que esa “propiedad” pueda obtener plano catastrado con visado municipal –Ver declaración de la Licenciada Doris Céspedes, prueba de descargo-, dado que no cuenta con uso de suelo y se encuentra al margen del plan regulador de la provincia de Alajuela; la cláusula tercera del contrato establece la forma de pago, en tractos sucesivos mensuales que dependían del monto a “financiar” por parte de la dueña del inmueble, así como el pago de los intereses en caso de atraso; esta cláusula, vinculada con la quinta, establece una especie de “clausula penal” o indemnizatoria, sin embargo dicha cláusula es una cláusula abusiva o leonina, dado que establece una renuncia absoluta el derecho de propiedad, con pérdida no solo del “derecho-lote”, sin un debido proceso (régimen de incumplimiento del 692 del Código Civil), sino que una pérdida de la mejoras útiles y necesarias en el inmueble, así como una supuesta renuncia al derecho de acción y dispositivo en materia civil y acusatorio en materia penal. Establece además la cláusula cuarta, la imposición de un gravamen real de persecución, como sería la imposición de una hipoteca sobre el inmueble, sin embargo solo se hace mención, ello implica ante los ojos de los juzgadores, un elemento más utilizado por el imputado para de una forma coercitiva influenciar en la psiquis de los comprados, que son personas humildes, sencillas que casi en un noventa y cinco por ciento son de una escasa o casi nula escolaridad y que la gran mayoría, sino es que todos, son Nicaragüenses, muchos desconocedores incluso de la legislación nacional, dado que el hecho de mencionar una hipoteca los hace sentir que el bien queda respondiendo por la obligación económica a que se han comprometido, sin embargo la sola mención del denominativo “hipoteca” no grava el bien, por una sencilla razón, el “derecho-lote” no se encuentra inscrito y nunca podrá ser segregado por imposibilidad jurídica ya mencionada, aunque si se realizara el documento con los requisitos establecidos al efecto para la imposición del gravamen, según nuestra legislación Procesal Civil podría ejecutarse como título ejecutivo en la vía monitoria, pero no, no se hizo, por cuanto nunca hubo intención de ello, solo de influenciar en la psiquis de los ofendidos para mantenerlos atados al pago del “préstamo”, según el propio imputado, era lo que realmente importaba; trató la señora Hazel Víquez, abogada y notaria de amplia trayectoria profesional indicar que se elaboró o confeccionó el documento en esa forma, por cuanto se estaría esperando al vencimiento del plazo, clausula sexta, que cada contrato establece al efecto, para proceder con la hipoteca de manera formal, olvidando la abogada un pequeño detalle, si el plazo se cumple con los pagos mensuales, la obligación dineraria se extingue, por cuanto el pago se cumplió, entonces, se pregunta esta autoridad, qué obligación económica va a garantizar, si ésta ya se habría cumplido, ello, al igual que otras consideraciones que se verán luego, hacen que el testimonio de la profesional se tenga como complaciente y hasta inverosímil. Si bien es cierto, muchos de los ofendidos firmaron un contrato, éste tiene carácter representativo y su inexistencia no hace ver que la compraventa no existe, sino que por el contrario, según el sistema del Nudo Consensu, debe considerarse igualmente un contrato perfeccionado, que como se verá y analizara por parte, está viciado de nulidad absoluta. No hay duda para esta autoridad que como se acusó en las causas acumuladas.- Ya con todos estos elementos y revistiendo de “legalidad” por todos lados un proyecto urbanístico que no lo es y que cae en la categoría de informal, los ofendidos sacaron dineros de su peculio, por un bien que no iban a poder segregar, que no iban a obtener servicios públicos y que si bien tenían un contrato escrito o verbal de compraventa, el mismo es nulo por cuanto la causa justa (627 y 1007 del Código Civil) como elemento esencial del contrato no existe, los ofendidos procedieron a realizar una serie de desembolsos, que fueron aprovechados por el imputado, obteniendo con ello un beneficio patrimonial antijurídico, que en cada caso se determinará de seguido” (ver folios 4724 al 4726). Como se observa, desde un primer momento, el Tribunal de Juicio establece que dichos contratos no tienen la validez a la que aluden los defensores, sino que, por el contrario, este documento, fue un acto más ejecutado por el encartado dentro de su ardid, para darle apariencia de legalidad a los actos fraudulentos que estaba ejecutando. Adicionalmente, y tomando en consideración que la sentencia es una unidad lógica jurídica, se tiene que el Tribunal de Juicio, también analizó los testimonios de los diversos ofendidos -tema que será ampliado más adelante-, y a partir de esas declaraciones, concluyó que el encartado Evelio Murillo Murillo, le ofreció a las personas, un proyecto urbanístico, ya que les indicó que en el sitio, en un futuro cercano, iban a existir calles, que tendrían los servicios de agua y luz, e incluso que ese proyecto habitacional sería mejor que la Urbanización La Pradera. Aquí es importante destacar, que a diferencia de lo que afirman los recurrentes, los ofendidos fueron contestes en indicar que el enjuiciado Evelio Murillo, les ofrecía lotes aptos para construir una vivienda, y cuando llevaba a las víctimas al sitio, les hacía un recorrido por el lugar, o les mostraba un croquis con la representación gráfica de los lotes, y les indicaba sobre la infraestructura que tendría dicho lugar. De igual manera, a partir de las declaraciones de las víctimas se comprende que, si bien al inicio en la finca no existían calles, ni servicios de agua y luz, los testigos fueron coherentes, en que el imputado les indicó que meses después se contaría con dichos servicios públicos. Es síntesis, un examen de la prueba testimonial permite concluir de forma certera que el encartado Murillo Murillo, les ofreció a las diversas personas, no solo la venta de un lote, sino que les indicó que ese sitio se convertiría en una urbanización. Ahora bien, establecido, este otro aspecto, en cuanto a los hechos probados, se tiene que la Cámara de Juicio, también tuvo por acreditado, que el ofrecimiento del encartado, era fraudulento, porque en la referida finca, no era factible segregar los lotes vendidos a los ofendidos, ya que las áreas que conforman cada unidad, tienen una cabida inferior a la que permitía el plan regulador de la Municipalidad de Alajuela, para la zona en la que está ubicada la finca CED3. Esto se acreditó con en el peritaje 1540-ING-2013, así como con el oficio MA-PPCCI-817-2013, emitido por la Municipalidad de Alajuela. En estos documentos se detalla que el plan regulador para ese sector solo permite lotes con una cabida superior a seiscientos metros cuadrados, así como diez casas por hectárea de terreno. Este punto también fue acreditado con la declaración del Ingeniero de la Municipalidad de Alajuela, Roy Delgado Alpízar, quien explicó lo relativo al plan regulador que opera en esa zona y las dimensiones que deben tener los lotes. A partir de estos elementos de prueba, el Tribunal de instancia establece el ardid empleado por el imputado consistente en ofrecer lotes para la construcción de viviendas, en los cuales, al finalizar el plan de pagos, los ofendidos contarían con un lote segregado y debidamente inscrito en el Registro Nacional. Como bien se expone en el fallo impugnado, este ardid fue utilizado por el imputado para captar a una gran cantidad de compradores, quienes influenciados por la facilidad de pago que se ofrecía en el plan de financiamiento, accedieron a comprar un lote en dicho proyecto. Otro de los alegatos de los defensores gira en torno a que el imputado no les ofreció a las víctimas servicios de agua y luz, y que por eso no podía tenerse por acreditado el delito de estafa. Sobre este punto, hay que indicar que los defensores, tratan de diseccionar el ardid desplegado por el imputado, el cual no se limitó a ofrecer lotes aptos para construir viviendas, sino que lo más importante, es que el engaño esencial, fue hacerles creer a las víctimas, que el lote que estaban adquiriendo, una vez finalizado el plan de pagos, sería segregado e inscrito en favor de cada una de ellas en el Registro Nacional. Como se indicó líneas atrás, este ardid se desprende, de lo que declararon los ofendidos, así como del propio contrato que el encartado firmó con las diversas víctimas, en el cual se detalla que se les está vendiendo un lote, y que al finalizar el plan de pagos, la empresa otorgará la respectiva escritura, situación que era ficticia, ya que dichos terrenos no podían ser segregados debido a las limitaciones que imponía el plan regulador emitido por la Municipalidad de Alajuela, en el cual solo se pueden segregar lotes con una cabida de seiscientos metros o más. Adicionalmente, el punto referido al ofrecimiento por parte del encartado, de los servicios públicos de luz y agua, es un aspecto, que en forma general hicieron referencia los ofendidos en la fase plenaria, Al respecto, los ofendidos que compraron los primeros lotes, relataron que el imputado les indicó que el agua sería suministrada a partir de una paja de agua existente en la finca madre y para ello, las personas que llegaron a habitar en esa propiedad se tuvieron que organizar, y el servicio de agua potable, era suministrado en un horario para cada una de las zonas que conformaban el proyecto habitacional. En este sentido ver las declaraciones de [Nombre64] , [Nombre59] y de [Nombre34] (ver sumario de prueba de folios 4644, 4678, 4616, respectivamente), entre otros. Incluso de la prueba testimonial se deriva que el encartado, con posterioridad hizo un pozo de agua, para suministrar dicho servicio a las personas que habitaban en ese lugar, lo que evidencia, la veracidad del relato de las víctimas, quienes afirmaron que el imputado les indicó que ese proyecto contaría con los servicios de agua y luz. Aquí hay que detallar que del repaso de la prueba testimonial que efectuó este Tribunal de Apelación, se contabilizó un total de catorce ofendidos que hicieron referencia a que el imputado les ofreció los servicios de agua y luz. Adicionalmente, otras tres víctimas hicieron referencia a que el justiciable les indicó que dicho lugar sería como una urbanización, es decir, que contaría con esos servicios públicos, en este sentido están las deposiciones de [Nombre3] , [Nombre27] y [Nombre32] . Asimismo, una constante en las declaraciones de las personas afectadas, lo fue que el imputado les indicó que, al finalizar el plan de pagos, tendrían una escritura en la que se les otorgaría la propiedad sobre dicho terreno. Adicionalmente, la existencia de un proyecto habitacional tuvo sustento, en las fotografías que constan en autos que demuestran la existencia de las viviendas, y las condiciones actuales de dicho asentamiento, sumado a la inspección en sitio que llevó a cabo el Tribunal de instancia. Este repaso del elenco de pruebas y de los razonamientos vertidos por el a quo, le permite concluir a esta Cámara de Apelación que, en el fallo de instancia, se encuentra debidamente sustentada la conclusión en la que se afirma que el imputado le ofreció a cada una de las víctimas no solo la venta de un lote, sino de un proyecto que contaría con servicios de agua y luz, ocultándoles a las personas la realidad jurídica del terreno, y la imposibilidad de segregar los lotes vendidos. Con base en lo anterior, para este Tribunal de Apelación de Sentencia, no existe duda que, de las pruebas recabadas en la fase plenaria, se desprende con claridad el ardid desplegado por el imputado y a diferencia de lo que indica la defensa, en este caso no se trata de un mero incumplimiento contractual, sino que se dio un engaño debidamente desplegado por el imputado, quien teniendo conocimiento de que no había gestionado ante los entes estatales y la corporación municipal de Alajuela, las autorizaciones y permisos urbanísticos correspondientes, procedió a ofrecer de manera pública la venta de lotes, para que las personas construyeran sus viviendas, teniendo conocimiento que el terreno que les estaba ofreciendo, al final no podría ser segregado ni inscrito ante el Registro Nacional, por no contar con los permisos y autorizaciones que requiere todo proyecto urbanístico. Asimismo, se debe destacar que otro hecho demostrado, lo constituyó que el imputado, a pesar de que les ofrecía a las víctimas ser propietarias de un lote, lo que se plasmó en los contratos fue una situación jurídica diversa y engañosa, ya que se indicó que lo que les vendía un derecho sobre la citada finca, pero este aspecto será ampliado con posterioridad. Desde ahora, es necesario indicar que en la especie confluyen todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de estafa, ya que se acreditó un ardid desplegado por el acusado, mediante el que indujo en error a los ofendidos, quienes tomaron una decisión patrimonial perjudicial, con el consecuente beneficio patrimonial antijurídico para el encartado. En consecuencia, por las razones expuestas lo procedente es desestimar este alegato. Alegato (i) del primer motivo. En este punto, los defensores indican que el Tribunal de Juicio, no realizó un examen de cada declaración, sino que de forma genérica les otorgó credibilidad a las víctimas, utilizando frases rutinarias tales como que las deposiciones eran claras y coherentes. Sin lugar el reclamo. Al respecto, y analizado el fallo, se advierte que no le asiste razón a la defensa. El Colegio de Jueces para sustentar la sentencia condenatoria, hizo un examen de las declaraciones de las víctimas que se encuentran detalladas a partir del folio 4725 al 4834, (con excepción de lo depuesto por [Nombre33] , el cual se examinará al atender el alegato número (v) del primero motivo), así como de varios testigos, y en cada caso no solo valoró la consistencia de esos relatos, sino que también los confrontó con la prueba documental y fue gracias a ese examen conjunto, que el Tribunal de Juicio arribó a la conclusión sobre la veracidad y confiabilidad de dichos testimonios. En este sentido, se tiene que, para el caso del ofendido [Nombre19] , el Tribunal de Juicio ponderó tanto su declaración en juicio, como lo que esta persona había relatado al momento de interponer la denuncia. De igual manera, ese relato encontró sustento en otra prueba documental, tal como el contrato que el ofendido firmó con el imputado Evelio Murillo, así como con los recibos de dinero que la víctima aportó al proceso y que dan cuenta de la disposición patrimonial que realizó. Para el caso de los ofendidos [Nombre57] y [Nombre20] , ambos de apellidos [Nombre20] , el Tribunal de Juicio, les otorgó credibilidad, tanto por la concordancia que existía entre las deposiciones de ambas personas, sino también al ponderar la prueba documental, a saber, el contrato suscrito por los agraviados con el acusado, así como los recibos que dan cuenta de la entrega del dinero por parte de las víctimas al imputado Murillo Murillo. Para el caso de los ofendida [Nombre44] , la credibilidad y confiabilidad que le otorgó la Cámara de Juicio a este testimonio, radicó también en la concordancia que existía entre lo que ella declaró en juicio, y lo que había relatado al momento de interponer la denuncia, así como que su testimonio encontró respaldo, en el contrato que suscribió con el imputado, y en los documentos de depósito bancario que dan cuenta de la entrega de dinero por parte de la ofendida en favor del encartado Evelio Murillo. Bajo esta misma técnica de valoración de la prueba, consistente en confrontar el testimonio de cada ofendido, con lo indicado en la denuncia, y con la documentación relativa al contrato y los documentos de pago, el Tribunal examinó las deposiciones de [Nombre45] , [Nombre21] , [Nombre22] , [Nombre65] , [Nombre24] , [Nombre3] , [Nombre26] , [Nombre54] , Leader [Nombre30] , [Nombre31] , [Nombre32] , [Nombre34] , [Nombre35] , [Nombre37] , [Nombre38] y [Nombre40] . En estos casos la confiabilidad del relato de los ofendidos no solo descanso en la versión que estos dieron, sino que sus relatos fueron corroborados por la prueba documental, consistente en los recibidos de dinero, en los comprobantes de depósitos bancarios, y en los contratos que cada uno de ellos firmó con el justiciable. Incluso, en el análisis intelectivo, se advierte, que para los ilícitos en perjuicio de [Nombre42] , [Nombre46] , [Nombre39] , [Nombre43] , [Nombre41] , [Nombre36] y [Nombre33] , el Tribunal tomó en consideración, que aunque estas víctimas no firmaron un contrato con el imputado para la venta del referido lote, su versión encontró respaldo, en la existencia de un acuerdo verbal, que era corroborado por los recibos de dinero y depósitos bancarios que cada ofendido aportó como prueba a los autos, y que fueron detallados en el análisis intelectivo de la prueba. De igual manera, en lo referente a la víctima [Nombre25] , el Tribunal le otorgó credibilidad, no solo por la consistencia de su relato, sino también, porque durante la fase plenaria declaró [Nombre66] , quien fue conteste en hacer referencia al ofrecimiento que había hecho el imputado y la disposición patrimonial que realizó la ofendida [Nombre25] . Además, dichos testimonios encontraron sustento en los recibos de dinero y depósitos bancarios que fueron aportados por las víctimas, con los que se acredita la disposición patrimonial. Una situación similar ocurrió con en el análisis intelectivo que se hizo para el caso de [Nombre28] , para el cual el Tribunal de Juicio también detalla que, aunque dicha persona no cuenta con un contrato escrito, la negociación verbal existió, y la misma se demuestra con los comprobantes de dinero que aportó la víctima al momento de interponer la denuncia. Además, encontró sustento con lo que denunció el ofendido [Nombre67] , quien, en esa oportunidad informó de los pormenores del ofrecimiento que efectuó el imputado para la venta de un lote. Adicionalmente, hay que tomar en consideración que existe un factor más que sirvió de criterio para asentar la confiabilidad de esos relatos, y es que al valorarse en forma conjunta esas declaraciones, los ofendidos son concordantes entre sí, al referir que el imputado les ofrecía para la venta lotes, que contarían con los servicios básicos de agua y luz, y que al final cada ofendido sería dueño de su terreno. En resumen, se concluye que no es correcta la afirmación del apelante, en la que indica que la Cámara de Juicio, no ponderó de forma detallada las declaraciones de las diversas víctimas. Por lo antes expuesto lo procedente es desestimar dicho reclamo. Alegato (iii) del primer motivo de apelación. En este reproche, los defensores hacen alusión a que no se demostró que los lotes vendidos tuvieran un valor inferior al del mercado. Sin lugar el motivo. Al respecto, los defensores nuevamente tratan de diseccionar el ardid desplegado por el imputado, al referir que no se demostró que el precio de venta de los lotes correspondía a un precio notablemente más bajo del costo del mercado. Sobre este punto, si bien, el Tribunal de Juicio, tuvo por acreditado este extremo a partir de los relatos que dio cada ofendido, en el tanto ellos detallaron el precio por el que se pactó la venta del lote, monto incluso que quedó consignado en cada uno de los contratos suscritos por las víctimas, o en los recibos de dinero, lo cierto es que, al amparo del principio de libertad probatoria, la Cámara de Juicio estaba facultada para ponderar esa información brindada por las víctimas, y a partir de esos datos, establecer que ese monto correspondía a un precio por debajo del mercado. Al respecto nótese que, según las referencias de las personas agraviadas, el precio del lote oscilaba entre los seis y hasta dieciocho millones de colones, según la extensión de cada terreno, sin que se advierta la existencia de un parámetro objetivo que permita determinar un monto fijo por metro cuadrado, sino que, en todos los casos, el precio era fijado por el acusado. Por ello, debido a la variabilidad de los precios, es que el Tribunal de Juicio concluye de forma correcta, a partir de las máximas de la experiencia, que el precio ofertado era inferior al del mercado urbanístico. Adicionalmente, aun si se suprimiera de la sentencia, lo relativo a que los lotes vendidos tenían un precio inferior al del mercado de bienes raíces, esa circunstancia en nada enerva el ardid desplegado por el imputado, el cual iba más allá de ofrecer lotes a un precio atractivo y con un plan de financiamiento accesible, circunstancias fácticas que también eran parte del engaño desplegado por el encausado, sino que, como se lleva dicho, el ardid esencial, consistió en ofrecer de forma pública, la venta de lotes en un proyecto urbanístico, con pleno conocimiento que no se contaba con los permisos estatales y municipales para una obra de esa magnitud, y que por ende, los lotes no podrían ser segregados en favor de cada uno de los ofendidos. Alegatos (iv) y (v) del primer motivo. En estos dos alegatos, los defensores indican que no existió perjuicio económico, debido a que los ofendidos son dueños de un derecho, y por tal condición no habrían sufrido un perjuicio económico. En lo atinente a este reprocho se declara sin lugar el reclamo. Aquí los defensores, tratan de aludir a tópicos ajenos al hecho juzgado, toda vez que como se explica ampliamente en el fallo de instancia, el lote que el imputado les vendió a cada ofendido, no puede ser segregado y por ende tampoco inscrito en el Registro Nacional, debido a que cada uno de los lotes tiene una medida inferior a seiscientos metros, lo que imposibilita su segregación e inscripción en el Registro Nacional, sumado al hecho de que ese proyecto de venta de lotes, se efectuó sin cumplir con todos los requisitos que requiere la legislación que regula lo relativo a la materia urbanística, lo que constituye otra limitante, para que las víctimas lleguen a tener un terreno propio inscrito a su nombre. La imposibilidad de segregar e inscribir esos terrenos, es lo que evidencia el daño económico que se le causó a cada ofendido, ello con independencia que, en este momento, las víctimas ostenten un derecho de posesión sobre ese inmueble. Aquí, los defensores hacen alusión al principio de compensación del lucro, el cual fue reseñado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 580-1996, según el cual en los delitos de [Nombre2] debe darse un perjuicio debido a una disposición patrimonial, por lo que debe verificarse una disminución en el patrimonio de la víctima, ya que si a consecuencia directa del acto dispositivo, el patrimonio queda igual o aumenta, no se configura el delito de [Nombre2] porque no existía perjuicio, ello debido al principio de compensación del lucro. Esta tesis, de la defensa no es admisible, porque como bien se explica en el fallo impugnado, cada uno de los ofendidos hizo una disposición patrimonial, reflejada en el pago de las mensualidades que pactaron con el imputado por la compra de un lote, el cual, desde el punto de vista jurídico, no podrá inscribirse, como una propiedad independiente. Por lo que el citado principio de compensación del lucro no es aplicable a este caso. De igual manera, en el recurso de apelación, los defensores insisten en que las víctimas son dueñas de un derecho sobre la finca propiedad de la empresa Tecrem, y que por ende no existe perjuicio económico y por ello, no se configura el delito de estafa. Esta tesis no es admisible, porque parte de una visión sesgada de los hechos demostrados, ya que a las víctimas no se les ofreció un derecho indiviso no localizado sobre un inmueble, sino que, lo que el acusado les ofreció mediante un engaño, fue la venta de un lote, del cual después de pagar las diversas mensualidades adquirían la propiedad, y se les otorgaría la respectiva escritura. Tanto para el Tribunal de Juicio, como para esta Cámara de Apelación es claro que, la forma en la que se redactaron los contratos constituyó parte del engaño, ya que esos documentos fueron utilizados, únicamente para darle apariencia de legalidad a una situación que era ilícita, este aspecto será retomado y ampliado al resolver el segundo motivo de apelación. Retomando el alegato referente a que los ofendidos son dueños de un derecho y que por ende no existe perjuicio económico para las víctimas, es necesario destacar que este punto merece especial atención, por lo siguiente. Según los defensores, en este proceso no ha existido perjuicio económico alguno, porque los ofendidos son dueños de un derecho, según los contratos firmados por el enjuiciado y los agraviados. Este argumento resulta falaz por lo siguiente. Durante el proceso quedó acreditado que la empresa Tecrem S.A, es dueña de un derecho sobre la propiedad número CED5, derecho que está identificado con el número CED6. En otras palabras, la sociedad Tecrem es dueña de un derecho sobre el citado fundo, es decir no es dueña única de la totalidad de la finca. Este tipo de situación jurídica está regulado en el artículo 270 del Código Civil, en el que se establece que cuando una cosa pertenezca simultáneamente a dos o más personas, los dueños ejercen conjuntamente todos los derechos del propietario singular, en proporción a la parte que cada uno tenga en la propiedad común. El condueño no puede, sin embargo, disponer de una parte determinada de la cosa, sin que antes le haya sido adjudicada en la respectiva división. Esta regulación normativa cobra transcendencia en este proceso, ya que la Ley le impide al dueño de un derecho sobre un bien, vender o disponer de una parte determinada, sin que con anterioridad se haya realizado el respectivo proceso de división y localización de su derecho. Esto permite concluir que es falaz el alegato que hacen los defensores, de que el imputado de forma legítima y de buena fe le traspasó a las víctimas un derecho sobre dicha propiedad, ya que desde el punto de vista jurídico, el encausado no tenía la posibilidad para vender fracciones determinadas de ese inmueble. Adicionalmente, esta situación de plasmar en los contratos que lo que se vendía era un derecho sobre la referida finca, devela con mayor claridad el ardid desplegado por el encartado, ya que este en todo momento les afirmó a los diversos agraviados, que lo que les vendía era un terreno individualizado, y más bien, este documento fue utilizado para dar apariencia de que la negociación era legítima y acorde con el ordenamiento jurídico. De igual manera, cada uno de los ofendidos explicó que, al realizar la negociación con el acusado, lo que se les ofreció fue ser dueños de un lote independiente, y eso fue lo que ellos comprendieron que estaban adquiriendo, es decir, una propiedad, que después de que se efectuaran los diversos pagos, ellos serían dueños de ese terreno, y obtendrían la respectiva escritura pública. Además, es necesario indicar que es falaz, la afirmación de los defensores, de que no existe un perjuicio económico, porque las personas pueden acudir ante un juez civil a fin de efectuar el procedimiento de localización de un derecho indiviso. Este argumento no es válido, porque para que una persona pueda realizar el proceso descrito en la Ley sobre localización de derechos indivisos número 2755, se requiere que la parte actora, tenga inscrito en el Registro Nacional un derecho sobre una propiedad, situación que en este caso no se configura, porque ninguno de los ofendidos tiene inscrito en el Registro Nacional un derecho sobre la referida finca. Asimismo, el contrato privado firmado entre las partes no cumple con los requisitos establecidos en nuestra legislación, para ser inscrito en el Registro Nacional como una finca independiente, sumado a que dicho documento, es parte del fraude elaborado por el justiciable para darle apariencia de legalidad a dicho negocio fraudulento. En este mismo orden de ideas, tampoco los afectados podrían demandar en sede civil, el cumplimiento de las obligaciones pactadas en dicho contrato, toda vez que, en materia civil priva el principio de que todas las obligaciones deben tener una causa lícita, en este sentido el artículo 631 del Código Civil establece que es ineficaz la obligación que tenga por objeto una cosa o acto que fuere física o legalmente imposible. Además, este artículo establece que también son ineficaces aquellas obligaciones que surjan de actos contrarios a la ley. En este caso, ha quedado demostrado, que lo que el encausado pactó en dicho contrato en favor de los ofendidos, es contrario al ordenamiento jurídico, no solo por la imposibilidad legal que tenía de fraccionar un derecho indiviso que no estaba localizado (artículo 270 y 1101 del Código Civil), sino también, porque ha quedado demostrado que, el encartado ofreció para la venta una gran cantidad de lotes, sin haber obtenido los permisos estatales y municipales requeridos, además de que por las dimensiones que tenían los diversos terrenos, esos fundos no pueden ser segregados como una finca independiente. Por ello resulta equivocada la afirmación de los recurrentes de que las víctimas pueden acudir ante la jurisdicción civil para que se les otorgue la escritura respectiva. En razón de lo anterior se desestima este reproche. En este alegato (v) del primer motivo, los defensores invocan dos reclamos más, a saber, se indica que para el caso de los ofendidos [Nombre44] , [Nombre3] , [Nombre25] , [Nombre32] , [Nombre33] , [Nombre36] y [Nombre39] , lo que correspondía era dictar una sentencia absolutoria, porque dichas personas no negociaron directamente con el imputado Evelio Murillo, sino que la venta la pactaron con una tercera persona. También arguyen que hay un error en la fundamentación de los hechos relacionados con [Nombre39] y [Nombre33] , ya que se entremezclaron las declaraciones de esas personas. Este reclamo se acoge parcialmente, en los términos que se dirá. En lo que respecta para el caso de las ofendidas [Nombre44] , [Nombre3] , [Nombre25] , [Nombre32] , [Nombre33] y [Nombre36] , los apelantes, parten de un análisis sesgado de las pruebas, y de la fundamentación intelectiva. Del análisis de la sentencia se desprende que en esta se explica que si bien la ofendida [Nombre44] , en un primer momento negoció la adquisición de su lote, con la señora Leonora Hernández, lo cierto es que la agraviada fue remitida a dialogar con el imputado Evelio Murillo, ante quien debía formalizar la venta de ese lote, y es así como la agraviada entró en negociaciones con el acusado Murillo Murillo, en las cuales este le ofrece para la venta dicho terreno, ocultándole la situación real de la finca, y por el contrario, le indicó que una vez que finalizara con el plan de pagos, ella obtendría el título de propiedad sobre ese lote. Es decir, al igual que en los restantes casos, el encartado indujo en error a la agraviada, para que esta tomara una decisión patrimonial perjudicial para sí misma. En el caso de las ofendidas [Nombre3] , [Nombre25] , [Nombre32] , según se desprende de la fundamentación intelectiva y del sumario de prueba, estas agraviadas negociaron directamente con el imputado la venta del referido lote, por lo que el alegato de la defensa pierde solidez. En lo atinente a la ofendida [Nombre36] , tampoco le asiste razón a los recurrentes, ya que si bien ella adquirió un lote, del cual otra persona había pagado una primera mensualidad, según se explica de forma clara en su relato (ver sumario de prueba a partir del folio 4599 vuelto), ella después negoció directamente con el imputado la compra de ese lote, y fue a esta persona a la que le pagó las mensualidades por la venta de ese terreno. Esta breve referencia de lo que narraron cada una de estas víctimas, pone de manifiesto lo infundado del alegato planteado por los recurrentes. En lo que sí le asiste razón a los recurrentes es la fundamentación intelectiva que se utilizó para el caso de la ofendida [Nombre33] . Al respecto se tiene que, en la fase plenaria, el día 4 de setiembre de 2018, declaró la señora Lidia María Jurado Mendoza, según se desprende del registro audiovisual CED7. Posteriormente, el día 05 de setiembre de 2018, depuso la ofendida [Nombre33] , según consta en el registro audiovisual número CED8. Revisando las actas de debate de folios 4249 y 4250, se tiene que se consignó erróneamente que el 4 de setiembre declaró la ofendida [Nombre33] , y que el día 05 de setiembre lo hizo la ofendida [Nombre39] . Si bien, se cuenta con los registros audiovisuales que contienen las declaraciones de ambas ofendidas, se tiene que, en el sumario de prueba, se omitió hacer el resumen de lo que declaró la señora [Nombre33] . Esto es así porque, al folio 4538, aparece el sumario de prueba de [Nombre39] , y este se repite nuevamente a folio 4544. Adicionalmente, esta Cámara reprodujo los dos registros audiovisuales, y advierte que, el resumen que se hizo en el sumario de prueba de folios 4538 y 4544, no corresponde a lo que depuso [Nombre33] , sino que corresponde a lo que declaró la ofendida [Nombre39] . Este error, en el sumario de prueba, conllevó a que, el Colegio de Jueces, utilizara lo declarado por [Nombre39] , para fundamentar la condenatoria emitida para el caso de la víctima [Nombre33] , según consta a partir del folio 4787. Aquí hay que aclarar que la fundamentación intelectiva que corresponde al caso de la ofendida [Nombre39] visible a folios 4815 al 4819, es correcta, por cuanto se ponderó lo declarado por esta en juicio, así como lo documentación que se examinó corresponde a los recibos de los pagos que hizo esta persona. De lo anterior se concluye que lo procedente es anular la condenatoria emitida contra el imputado Evelio Murillo Murillo para el caso de la ofendida [Nombre33] , y ordenar el juicio de reenvío para una nueva sustanciación. Del segundo motivo. Examinados los reclamos que plantean los apelantes, se concluye que no les asiste razón, por las siguientes consideraciones. Los defensores, en este apartado retoman lo relativo a que el imputado no les ofreció a las víctimas un proyecto urbanístico, tema que ya fue abordado por esta Cámara, al atender el segundo alegato expresado en el primer motivo, por lo que se remite a las partes a lo allí indicado. Por otra parte, también se alega que no se valoró la tesis defensiva ni la prueba de descargo, pero examinado el fallo se tiene que en este sí se ponderó tanto la declaración del imputado, así como las narraciones de las abogadas Hazel Víquez Alvarado y Doris Céspedes, sin que se observe en dicho análisis errores que invaliden la ponderación efectuada por el Tribunal de instancia. Al respecto basta con examinar el considerando IV del fallo impugnado, titulado “análisis en cuanto a la prueba de descargo” (ver a partir del folio 4834), para concluir que sí se analizó tanto la tesis defensiva, así como la prueba ofrecida por la defensa, sin que se advierta la existencia de errores que invaliden la ponderación de esa prueba, o las conclusiones a las que allegó la Cámara de instancia. Como bien lo indica el Tribunal de Juicio, la declaración del imputado se circunscribió hacer relato de lo que él pactó con cada ofendido, y las vicisitudes que enfrentó con cada uno de ellos, pero sin que esa manifestación tuviera la fuerza suficiente, para derribar la conclusión referente a que en este caso operó un ardid por parte del imputado al momento de vender los referidos lotes a las personas ofendidas. En lo atinente, a las declaraciones de las referidas letradas, se tiene que el Tribunal les restó credibilidad, en el tanto estas se desmarcaron de su eventual responsabilidad profesional, ya que indicaron que solamente autenticaron las firmas de dichos contratos, cuyos términos los había establecido el acusado, siendo su única función dotarlos de un vocabulario jurídico. No obstante, como bien se explica en el fallo, dichas abogadas tenían amplia experiencia en materia notarial y registral, por lo que debían conocer que el contenido de dicho documento era contrario al ordenamiento jurídico. Adicionalmente, ambas profesionales indicaron desconocer los trámites que se requieren para segregar un lote, aspecto que riñe con las reglas de la experiencia, ya que las declarantes son licenciadas en Derecho, y además notorias, y por ende, esa expresión de desconocer esos trámites, lo que evidenciaba era una actitud complaciente en favor del encartado y su tesis defensiva. Este Tribunal de Apelación de Sentencia, estima que los razonamientos utilizados por el a quo, para restarle validez a esa prueba de descargo son válidos. En efecto, de un repaso de lo que declararon ambas abogadas se advierte que estas evadieron cualquier tipo de responsabilidad profesional que les pudiera asistir por su participación en dichas negociaciones. Adicionalmente, se denota que las testigos trataron de eludir sus deberes como notarias, en especial el de asesorar a las partes intervinientes en un negocio jurídico de forma objetiva, lo cual no ocurrió en este caso, ya que conforme lo expresaron los ofendidos, ellos no comprendieron el contenido de dicho documento y por el contrario, las víctimas estimaron que al intervenir un profesional en derecho, lo pactado estaba conforme con el ordenamiento jurídico. También hay que indicar que, en el fallo, el Tribunal de Juicio, desde el inicio de la fundamentación intelectiva explicó porque dicho contrato era inválido, y estableció que ese documento, más bien fue utilizado para encubrir el engaño ejecutado por el justiciable. Sobre este punto, hay que destacar que en el fallo de instancia se acreditó que las personas ofendidas eran de escasos recursos económicos, con poco nivel académico, y que esas condiciones fueron aprovechadas por el imputado para desplegar su ardid. Por ello, la decisión del Tribunal de Juicio de restarle validez a la prueba de descargo resulta conforme con las reglas de la sana crítica. En relación con la otra prueba de la defensa, se tiene que la Cámara de Juicio también ponderó lo que declaró [Nombre59] , [Nombre60] e [Nombre68] , y como bien se señala en el fallo de instancia, las negociaciones que de forma particular realizaron estas personas con el acusado, no demeritan la ilicitud de los actos que el imputado ejecutó contra las personas ofendidas, los cuales quedaron ampliamente acreditados con la prueba recabada en el contradictorio. De igual manera, revisadas esas declaraciones por parte de este Tribunal de Apelación, se tiene que lo relatado por estas personas tampoco desacredita la existencia de los hechos, por el contrario, ellas también dieron cuenta de la existencia del proyecto habitacional y de la venta de lotes que efectuó el imputado en esa finca. Finalmente, en cuanto a la deposición de [Nombre61] , el Tribunal de instancia ponderó de forma correcta, que más bien de este relato, se derivaba la injerencia que tenía el imputado, quien era la persona que daba las órdenes para mejorar los caminos existentes, y para construir el pozo de agua, como una forma de mitigar la falta de suministro de agua potable que sufrían las personas que vivían en esa comunidad. En consecuencia, al haber sido debidamente valorada la prueba de descargo, lo que procede es desestimar este motivo. Del tercer motivo. En este apartado el apelante, reitera lo relativo a la falta de tipicidad de la conducta por la aplicación del principio de compensación del lucro con el daño. Asimismo, reitera que los ofendidos pueden acudir a la sede civil para exigir la entrega de la escritura en virtud de los contratos pactados por las partes, o a demandar la reparación de los daños y perjuicios, según lo dispone la Ley de Planificación Urbana. También reitera lo relativo a la atipicidad de la conducta, al estimar que, en este caso, lo que operó fue un incumplimiento contractual, por lo que los hechos debieron ser juzgados en aquella otra jurisdicción. Estos alegatos, ya fueron atendidos por esta Cámara, al resolver el primer motivo de apelación, por lo que se remite al apelante a las consideraciones que ahí se dieron. En este tercer motivo los apelantes, invocan otros reproches, los cuales se resolverán según el tópico que se trata. De la nulidad de los contratos. Otro tópico que ataca el recurrente, en este tercer motivo, es el relativo a que el Tribunal de Juicio, en el considerando V, dispuso la nulidad de los contratos. Argumenta que, por esta decisión los ofendidos se quedarán sin derecho real alguno dentro de su patrimonio y no tendrán prueba para demandar la copropiedad. Sin lugar el reclamo. Lo primero que hay que indicar es que los apelantes parten de una premisa equivocada, ya que consideran válido el contrato suscrito entre los ofendidos y la empresa Tecrem S.A, y esta postura es errónea, porque como se ha desarrolló de forma amplia en el fallo impugnado, el acuerdo tanto escrito como verbal que pactaron las víctimas con el acusado es fraudulento, ya que conformó parte del engaño desplegado por el imputado para lograr la obtención de un beneficio patrimonial antijurídico, por lo que no puede hablarse que dicho contrato es válido entre las partes. Adicionalmente, en el fallo se expone tanto el sustento fáctico como jurídico en el que se basa el pronunciamiento por parte del Tribunal de Juicio, para declarar la nulidad de dichas contrataciones. En este sentido, como bien lo desarrolla la Cámara de Jueces de instancia, en este caso la declaratoria de nulidad de esos convenios, se sustenta en los preceptos establecidos en los artículos 37 y 41 de la Constitución Política, así como en lo establecido en el artículo 103 del Código Penal, que regula las consecuencias civiles del hecho punible. Sobre el alcance de este último precepto legal, la Sala de Casación Penal ha indicado lo siguiente: “Con base en un análisis sistemático de la normativa anteriormente descrita, resulta claro por qué la restitución del objeto del hecho punible debe efectuarse siempre que sea posible, aunque no lo haya solicitado algún sujeto legitimado mediante una acción civil. Al respecto esta Sala ha dicho anteriormente: “Así lo dispone de manera explícita los artículos 103 del Código Penal y 361 del Código Procesal Penal, en un supuesto diferente de las partidas que se pueden conceder a causa de la gestión resarcitoria. Por ende, la restitución de las cosas a su status ex ante (o sea, anterior al delito), es una consecuencia de ley que procura retrotraer los efectos de la declaratoria judicial y deshacer las consecuencias de la ilicitud. Siendo esos propósitos de interés público, la norma legal no condiciona su cumplimiento al ejercicio de la acción civil resarcitoria.” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 133 -2013 de las 17:00 horas del 14 de febrero de 2013). Adicionalmente, y para mayor abundamiento y sustento jurídico, se tiene que el artículo 837 del Código Civil, que constituye normativa de aplicación supletoria en esta materia, establece: ARTÍCULO 837.- La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen: y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo menor que el que se exige para la prescripción ordinaria”. Con relación al alcance de esta norma, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado: VIII.-En lo concerniente a los quebrantos de las normas de fondo invocadas, esta Sala, en atención a los agravios formulados por el recurrente y en aplicación del artículo 837 del Código Civil, cuyo quebranto se acusa, realiza las siguientes consideraciones. Ocurre la nulidad de un acto jurídico, cuando se logra detectar que sus elementos se han separado de los supuestos establecidos por el Ordenamiento Jurídico, que con carácter esencial, devienen imprescindibles para su configuración jurídica. Así, la diferencia entre la manera en que se llevó a cabo el acto jurídico y la dispuesta en dicho Ordenamiento, lleva a la necesidad de negarle sus consecuencias de modo definitivo, para lo cual se suprimen todos sus efectos y se retrotraen de tal manera que, con su eliminación, es como si nunca se hubiere realizado. Tal invalidez se puede calificar como estructural y radical. Estructural porque proviene de una irregularidad en la formación del acto. Radical debido a que se produce ipso iure, es decir, con independencia de que alguna acción sea ejercitada por los interesados en su declaratoria. Por ello, el acto viciado de nulidad absoluta puede ser abolido a petición de cualquier interesado o aún de de oficio, cuando el juez lo detecte. El fundamento de esto último, se halla en que, siendo nulo, el acto está impedido, de pleno derecho y erga omnes, para generar algún tipo de consecuencia jurídica, conformándose como una patología de extinción necesaria, que interesa a la totalidad del sistema jurídico; por ende, el juez estará obligado a decretarla, ya sea que lo pidan o no las partes del litigio o un tercero. En la legislación costarricense, el canon 837 del Código Civil establece:“La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de la partes, ni por un lapso de tiempo menor que el que se exige para la prescripción ordinaria”(el resaltado no es del original). En este numeral es palmaria la intención del legislador en determinar que, dada la necesaria eliminación de los actos completamente nulos, debe declararse la invalidez, en tanto sea incuestionable, partiendo claro está, del imprescindible presupuesto de la debida participación de las partes afectadas y de la comprobación en los autos. Esta coherente tesitura de raigambre doctrinal, reflejada con nitidez en el Ordenamiento Jurídico positivo costarricense, engarza de manera precisa con el antiguo precedente de esta Sala de Casación, cuando refiriéndose a los antecedentes y a la recta interpretación del artículo 837 del Código Civil, señaló en la sentencia de las 10 horas 40 minutos del 24 de diciembre de 1947 lo siguiente:“II.— Tal mandato tiene por origen los siguientes conceptos de Aubry et Rou ([Nombre69]), cuya obra Derecho Civil francés, constituyó la principal fuente de información de la Comisión redactora de nuestro Código: «El acto que no reúne los elementos de hecho que supone su naturaleza o su objeto, en ausencia de los cuales es lógicamente imposible concebir su existencia, debe ser considerado no solamente como nulo, sino como no efectuado. Lo mismo cabe decir del acto que no ha sido acompañado de las condiciones y solemnidades indispensables a su existencia, según la letra y el espíritu del Derecho positivo. La ineficacia de tales actos es independiente de toda declaración judicial. No se cubre ni por la confirmación ni por la prescripción. Corresponde a todo juez reconocerla, aun de oficio», (obra citada, tomo I, página 180, quinta edición, 1897). Según el propio Aubry et Rou ([Nombre69]), no se encuentra en el Código Civil francés artículo alguno que declare, como medida general, la nulidad de actos efectuados contrariamente a estos preceptos— página 181— ni concretó el mencionado autor en qué circunstancias del juicio era aconsejable la indicada intervención oficiosa de los tribunales. La citada Comisión redactora, además de otras modificaciones que introdujo a los preceptos dichos —como la de comprenderlos todos en la denominación de nulidad— suplió la omisión exigiendo dos condiciones fundamentales para la declaratoria de oficio: que la nulidad absoluta conste de autos, es decir, que aparezca con caracteres de manifiesta certeza— lo que implica que las nulidades que ofrecen duda deben siempre ser objeto de controversia—, y que como partes en el litigio, estén presentes las mismas que hayan intervenido en el acto o contrato nulo, o quien demuestre tener interés en la nulidad, pues el término «partes» lo emplea la ley, en relación con la nulidad absoluta, en el doble concepto de partes del juicio— cuando dice «aunque las partes no la aleguen»— y de partes en el acto o contrato nulo, en la frase «y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes»; del mismo modo sin la posibilidad de que dichas partes, o el interesado en la nulidad, ejerzan los recursos legales contra lo resuelto— lo que impide que esta cuestión sea promovida directamente o surja espontáneamente en esta Corte [es decir, debe surgir en un proceso donde estén, necesariamente, las partes afectadas]—, no se explica que la ley hable de nulidad declarada por sentencia firme; y por último, sin la concurrencia de las partes en el acto o contrato nulo, no se comprende que la ley les acuerde la garantía de ser restituidas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, artículos 837 y 844 del Código Civil.”(La aclaración no es del original). De la cita realizada se colige como, a partir de un análisis de los motivos de la Comisión Redactora del Código Civil patrio, se ordena al juez, cualquiera sea su instancia, a decretar la nulidad de un acto, cuando ésta se extraiga del examen de los autos y sea absoluta. Al mismo tiempo, dicha orden también obvia el principio dispositivo, en cuanto la invalidez puede ser declarada sin haber sido objeto de petición expresa, bastando que estén presentes las partes que llevaron a cabo el acto y se ven afectadas por este, o bien, se encuentre la parte interesada en que resuelva en tal sentido. A manera de síntesis, la doctrina, legislación y jurisprudencia coinciden en que, tratándose de una nulidad absoluta y evidente, esta podrá ser declarada, aún de oficio, cuando falte la solicitud de parte, haciendo prevalecer la necesidad de eliminar las consecuencias jurídicas de un acto contrario al Ordenamiento por sobre el principio dispositivo, siempre que los afectados por el acto viciado que será declarado nulo, sean parte de la lite y tengan la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.” (Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 549-2007 de las 8:45 horas del 03 de agosto de 2007. En igual sentido, sentencias de dicha Cámara de Casación número 331-2019). Retomando el caso bajo examen, y aplicando estos precedentes jurisprudenciales, queda claro que el Tribunal de Juicio estaba facultado para declarar de oficio la nulidad de un contrato que sirvió de instrumento para la comisión de un hecho delictivo. De ahí que no le asiste razón al recurrente en este reclamo y por ende este debe desestimarse. De la orden girada por el Tribunal de Juicio a la Municipalidad de Alajuela. En este tercer motivo, el apelante reclama que al disponerse en el fallo de instancia que la Municipalidad de Alajuela debe intervenir para resolver la situación habitacional de los ofendidos desvirtuaría la comisión del delito de Estafa. Se acoge el reclamo, con efectos diversos a los solicitados por los defensores. Para atender este reclamo es necesario transcribir lo que al respecto resolvió el Tribunal de Juicio al indicar: “INTERVENCION DEL GOBIERNO LOCAL.- reza nuestro derecho sustantivo que la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este, siendo que todo acto o contrato que por intención de su autor, por su objeto sobrepase manifiestamente los limites normales del ejercicio de un derecho con daños para terceros, dará lugar a la correspondiente indemnización y la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia de este. Como han manifestado los personeros de la Municipalidad de Alajuela, mucho de lo que hoy es “Bella Vista” ha sido por inercia del propio gobierno local, por lo que, lo que hoy sucede en el proyecto mencionado debe ser solucionado, es en virtud de ello y ante el deber jurídico de todo ente estatal, de hacer cumplir el ordenamiento jurídico como tal o ajustar las políticas que son su norte, a las soluciones que la propia legislación otorga es que esta autoridad ordena a la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, en la persona del [Nombre48] , proceder a realizar los procedimientos administrativos necesarios para que las cosas alcancen los efectos requeridos en nuestro ordenamiento jurídico sobre el “Proyecto Bella Vista”, para ello se le otorga el plazo de TRES MESES, contados a partir de la firmeza de este proceso, apercibido de que sino lo hace se procederá a testimoniar piezas por el delito de desobediencia a la autoridad; para los efectos pertinentes en lo que se está resolviendo se ordena la notificación personalmente a quien ostente la representación de gobierno local, una vez firme esta sentencia.” (copia textual de folio 4841 vuelto). Analizada esa decisión, lo primero que debe indicarse es que la misma resulta confusa e inexacta, porque se le gira una orden a la Municipalidad de Alajuela, sin que se precise que acciones debe ejecutar dicho gobierno local en el plazo de tres meses, simplemente se hace la alusión que esa corporación municipal debe “proceder a realizar los procedimientos administrativos necesarios para que las cosas alcancen los efectos requeridos en nuestro ordenamiento jurídico sobre el “Proyecto Bella Vista”. Adicionalmente, en autos ha quedado demostrado que el fraccionamiento de la finca número 096824-001 de la provincia de Alajuela, se realizó al margen de lo que regula la materia urbanística, y en especial la regulación contenida en la Ley de Planificación Urbana número 4240 y sus reformas, además se violentaron las disposiciones que contiene el plan regulador que rige para dicho cantón, en cuanto a la dimensión mínima que debe tener cada terreno que se vaya a segregar. Por ello, no se comprende cuál es la pretensión del Tribunal de Juicio al girar esta orden a la corporación municipal, órgano que incluso ni siquiera figuró como parte en este proceso. Finalmente, hay que indicar que, aunque la orden del Tribunal de Juicio es equivocada, dicha decisión no incide en nada en la tipicidad y antijuridicidad de la conducta desplegada por el encartado Evelio Murillo, aspectos que ya han sido ampliamente desarrollados en este fallo. En consecuencia, se revoca parcialmente el falló, y se deja sin efecto, la orden que se giró a la Municipalidad de Alajuela. Del cuarto motivo. En este reclamo los apelantes arguyen la existencia de un error de prohibición, al indicar que el encartado desconocía de la ilicitud de su conducta, máxime que fue asesorado por abogados. Además, refieren que no se le puede exigir al imputado, quien es una persona con escasa escolaridad que conociera de los trámites y requisitos para la segregación de lotes. Sin lugar el reclamo. Como se explicó en el fallo de instancia, así como en esta sentencia, en este caso, se tuvo por demostrado que la intervención de profesionales en derecho, y la confección de los contratos, fue parte del ardid desplegado por el imputado para revestir de legalidad la actuación que el acusado realizó a fin de obtener un beneficio patrimonial antijurídico. Adicionalmente, el análisis del error de prohibición se hace en el estadio de la culpabilidad y según lo establece el artículo 35 del Código Penal, no es culpable, el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena. Si el error no fuere invencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79. En este sentido, la norma establece que el error excluye la punibilidad cuando este haya sido invencible, es decir, cuando el autor no haya podido evitarlo. En este caso, el imputado alega que, al ser asesorado por abogados, dicho error era invencible, lo cual no es correcto, por lo siguiente. La invencibilidad del error debe analizarse en el contexto que se da, y en este caso, el imputado ha aceptado abiertamente que él puso a la venta lotes en la finca sobre la que él tenía un derecho, y que su deseo era otorgarles a las personas un derecho sobre dicha propiedad, sin que tuviera la obligación de conocer los trámites respectivos que rigen la segregación de terrenos. Si bien, a las personas no se les exige conocer todo el ámbito normativo existente, lo que si debe quedar acreditado con las pruebas es que el desconocimiento que se alega era invencible. En este caso, el Tribunal de Juicio, en la sentencia sobre este tópico indicó: “No existen causas de justificación, ni exculpantes a analizar. Si bien la defensa técnica del encartado lanzó al aire la tesis de que existía como elemento de antijurídica una causa de justificación, como sería el error, lo cierto del caso es que simplemente lo indica como una tesis de principio, sin que se haya detenido a establecer los elementos teóricos-facticos que sustente la misma, quedando imposibilitado esta autoridad de realizar un análisis en ese sentido. En virtud de lo anterior que se le apareja al encartado, al ser encontrado culpable, la pena que se dirá en considerando que de seguido se desarrolla” (copia textual de folio 4854 vuelto). Aunque en el fallo, el Tribunal no ahondó en si se configuraba o no un error de prohibición, en este caso ese examen no era necesario por lo siguiente. En la sentencia se estableció de forma válida que la intervención de los abogados se hizo para que las personas creyeran que el proyecto que se estaba desarrollando era conforme con el ordenamiento jurídico, en otras palabras, la intervención de dichas personas era parte del ardid desplegado por el encartado, por ello, el justiciable no puede ampararse a la excusa de que los abogados que él contrató no lo asesoraron de forma correcta. Aquí hay que recordar que al justiciable se le juzga por realizar un proyecto habitacional que se ejecutó al margen de todo el ordenamiento urbanístico y municipal, es decir, no se trata de la simple omisión de un trámite o requisito, sino del incumplimiento de una serie de requisitos y autorizaciones estatales que deben de dar instituciones tales como, la Dirección de Catastro del Registro Nacional, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, la Secretaría Técnica Ambiental y la Municipalidad de Alajuela. Además, esa información que el imputado indica desconocer, era accesible por medio del Departamento de Ingeniería de la Municipalidad de Alajuela, sitio al cual puede acudir cualquier persona a pedir dicha información, por lo que el argumento de los defensores resulta infundado. En consecuencia, se declara sin lugar el reclamo.

VI.Del recurso del Ministerio Público. La licenciada Edith Morera Rodríguez, en el único motivo de apelación objeta la fundamentación de la pena. Indica que en este caso el Ministerio Público solicito la sanción de un año de cárcel por cada delito de [Nombre2] menor, así como la pena de tres años de prisión por cada delito de [Nombre2] mayor. Sostiene que a pesar de que realizó conclusiones motivadas y sustentando así la pretensión punitiva del órgano acusador, el Tribunal de juicio, sin mayor sustentación impuso penas muy leves a pesar de la gravedad de los hechos. Detalla que la Fiscalía explicó que, en cada uno de los treinta delitos de estafa, el imputado se aprovechó de los ofendidos específicamente de sus condiciones personales sociales y económicas ya que eran personas con escasos recursos económicos con baja escolaridad, así como personas que carecían de acceso al sistema financiero nacional, tanto por su posición económica como por su estatus migratorio, y que el 90% de los ofendidos son personas de nacionalidad nicaragüense. Indica que no se tomó en consideración esas condiciones personales de las víctimas ni la gravedad de las consecuencias que los hechos ejecutados por el imputado tuvieron en la vida de los ofendidos. Alude a que el imputado utilizando la astucia que tiene para sus negocios se aprovechó de la vulnerabilidad de las víctimas y de la confianza que se depositó en él y entró en negociaciones con las víctimas, para la adquisición de un terreno, en el cual estas personas podrían construir una casa y tener una vivienda propia. Reitera que, en este asunto, se debe de dimensionar la magnitud del daño causado que va más allá del patrimonial, sino también, el psicológico, ya que las víctimas viven en la incertidumbre de no saber si llegarán a tener tan siquiera un terreno propio. En cuanto a la conducta posterior del agente, fustiga que el Tribunal de juicio no analizo qué aún 5 años después de cometido el hecho, el imputado no has realizado ningún acto tendiente a reparar el perjuicio ocasionado a las víctimas. En este sentido indica que el justiciable no se ha dignado en garantizar a los ocupantes de esas viviendas los servicios básicos de luz y agua, ya que en la actualidad el agua es suministrada a través de un pozo del cual se desconoce si dicho líquido es potable. Refiere que el Tribunal de juicio optó por un argumento de conmiseración, para motivar la sanción, al referir que el imputado es una persona de 59 años y que tenía escasa escolaridad. Detalla que este argumentó se convierte en contradictorio, porque la Cámara de Juicio también tuvo por demostrado que el acusado era una persona con conocimientos amplios en materia comercial y que tenía una agilidad para los negocios, en virtud de la empresa que él manejaba. Considera que la pena impuesta no es proporcional con el daño que se le causó a las víctimas, tanto en lo económico como social, psicológico que sufrió cada persona afectada. Explica que el Tribunal de juicio impuso una pena de un año de prisión por las estafas mayores lo que conllevó a que por las reglas del concurso material, la penalidad final se fijará en 3 años de prisión, esto permitió que al justiciable se le otorgará el beneficio ejecución condicional de la pena. Indica que la sentencia no permite comprender cuáles fueron los parámetros que se utilizaron para imponer las sanciones en cada uno de los casos. Solicita se anule únicamente la pena impuesta al imputado manteniéndose los demás extremos del fallo de instancia y que se disponga el juicio debe envío en cuanto a este extremo únicamente. Con lugar el recurso. Examinado el fallo, se desprende que le asiste razón a la parte recurrente, debido a que la pena impuesta no contiene una adecuada fundamentación. Al respecto, la Cámara de Juicio, para establecer la sanción indicó lo siguiente: “VIII. Sanción aplicable: Precisamente en consideración a los elementos objetivos, subjetivos, de modo, tiempo y lugar, tal y como lo prevé el numeral 71 del Código Penal para fijar el monto de la pena a imponer se toma en consideración las siguientes circunstancias. El imputado es una persona de cincuenta y nueve años, de muy escasa escolaridad, dado que desde la indagatoria y en el propio contradictorio se supo que llegó hasta tercer grado de la Escuela, pero pese a ello, es una persona inteligente y zagas, con buen ojo para los negocios, de sus propias palabras sabemos que transportaba hierro hacia panamá con sus camiones, es dueña de la empresa TECREM, según lo dijo también tenía a su haber muchísimos camiones, que transporta materiales para ser fundidos hacia Guatemala, sus negocios y bienes no se quedan ahí, dado que con la información obtenida en el debate, tiene varios complejos de apartamentos, dice ser comerciante, con un salario promedio de dos millones de colones al mes y que le “entra” a cualquier negocio, la venta de un carro, de una moto e incluso la compra de una propiedad de más de diecinueve mil metros cuadrados, indicó que compró una casa, la cual usufructuó su hija por varios años y que luego nada más la pierde; pero es que aquí no se queda la situación de carácter económico, tenemos que para la compra de la finca donde él desarrolló el proyecto habitacional informal llamado “Bella Vista”, invirtió comprando el derecho cero cero seis; luego, sobre la misma finca, invirtió en ella al menos noventa millones de colones en un pozo y doscientos millones de colones en una carretera, además que como lo dijo [Nombre70] , Murillo Murillo tiene otro proyecto parecido a Bella Vista en San Rafael de Alajuela. Por otro lado, en este asunto se han visto involucrados al menos cuarenta y seis personas como posibles ofendidas, cada uno con una afectación emocional y económica. El imputado no ha detenido su actividad ilícita en el proyecto Bella Vista, sino que perforó y explotó un pozo de más de cien metros de profundidad, con los más rudimentarios métodos, sin que se determine en autos la viabilidad, pureza y calidad del agua que distribuye en el proyecto urbanístico “Bella Vista” , agua que abastece a más de ciento cincuenta casas del lugar, y que explota, dado que cobra por la misma, sin que medie para ello una concesión o permiso, ello se observó de los documentos que la fiscalía trajo como prueba para mejor resolver. Los ofendidos confiaban y pagaron sumas importantes con la idea de obtener o cumplir un sueño, construir su casa, se valió el imputado de que los ofendidos son de escasos recursos económicos y escasa escolaridad, que no han logrado, introspectar que fue lo que adquirieron; Murillo Murillo abusó de la confianza de estas personas y los perjudicó patrimonialmente, abuso del derecho pues utilizó un instrumento jurídico como es el contratos, pues fue un medio en su plan, los contratos se celebraban en la ciudad de Alajuela, en oficinas de varios abogados, mostrando con ello una supuesta viabilidad y legalidad del ofrecimiento realizado. El señor Murillo Murillo pudo en un momento determinado se encontraba en condiciones de adecuar su conducta al ordenamiento jurídico, sin embargo, decide apartarse de las leyes y estafar a las víctimas. Todos estos hechos acreditados concurren materialmente entre sí, son acciones independientes y de acuerdo con el artículo 76 del código penal lo procedente es aplicar la pena correspondiente a cada delito siempre que la sumatoria no exceda el triple de la mayor” (copia textual de folios 4855 y 4856). A partir de esta fundamentación, el Tribunal le impone la pena de ocho meses de prisión por cada delito de [Nombre2] menor, cometido en perjuicio de veintisiete personas. Esta argumentación para la fijación de la pena resulta insuficiente, porque no se ponderó las condiciones objetivas que mediaron en la ejecución del delito, como por ejemplo la forma de ejecución del ardid. Tampoco se analizó la magnitud del daño causado, ni las condiciones personales de las víctimas, en el tanto estas incidieron en la ejecución de la actividad delictiva. En este sentido, se tiene que en el apartado de la fundamentación intelectiva, así como el en acápite de la calificación jurídica, el Tribunal de Juicio, hace alusión a los diversos actos que ejecutó el encartado, tales como ofrecer los lotes públicamente, mostrar el terreno a las víctimas, elaborar un plan de financiamiento económico que no requería de la acreditación de requisitos relativos a la capacidad financiera, para hacerlo atractivo a los interesados, así como confeccionar un documento denominado “contrato recíproco de opción de compra venta”, para darle a las víctimas una falsa seguridad de que la venta del lote era conforme a derecho, además de crear en cada una de ellas, la falsa expectativa de que una vez finalizado el plan de pagos, serían dueñas de un terreno. Estas condiciones que quedaron demostradas en el fallo, no se apreciaron para efectos de la ponderación de la pena, ya que ni siquiera se hace alusión a ellas, por lo que se desconoce en qué medida estas condiciones fácticas fueron valoradas para la fundamentación de la sanción. Adicionalmente, advierte este Tribunal de Apelación que, conforme con el cuadro de hechos probados, se tiene que son diversos los montos patrimoniales que cada una de las víctimas dispuso en favor del imputado, siendo que de la fundamentación que se hace para la imposición de la pena, no se comprende cuáles parámetros se consideraron para imponer una sanción de ocho meses de prisión de forma generalizada, si hay ofendidos cuyo perjuicio económico fue mayor al de otros. Por ejemplo, en el caso de la agraviada [Nombre3] , se demostró un perjuicio de 770.000 colones, y para el caso del ofendido [Nombre21] , la defraudación económica ascendió a la suma de 2.430.000. En este sentido, la imposición generalizada de ocho meses de prisión por cada uno de los delitos de [Nombre2] menor que se tuvo por acreditado, lo que evidencia es que no se hizo un examen en el que se analizara de forma particular cada uno de los casos, así como el perjuicio individual que se causó a cada ofendido. Asimismo, se advierte, que tampoco se ponderó para efectos de la imposición de la pena, que, en algunos casos, los ofendidos no construyeron edificación alguna en el terreno, pero en el caso de otras víctimas, quienes debido al ardid desplegado por el encartado de indicarles que se podía construir, hicieron inversiones para edificar una vivienda. No obstante, estas otras circunstancias tampoco se reflejan en la fundamentación de la sanción. Una situación similar ocurre, para el caso de las condenas emitidas por los delitos de [Nombre2] mayor, en los cuales de forma generalizada se impuso una pena de un año de prisión, sin que se analizara de forma individual cada caso, a fin de ponderar el daño económico que, de forma individual, el imputado le causó a cada una de esas personas. Por las falencias que contiene el fallo, se impone anular parcialmente la sentencia, en lo que respecta a la fundamentación de la pena. En consecuencia, se anula la totalidad de pena impuesta al encartado Evelio Murillo Murillo, y se ordena el juicio de reenvío para la sustanciación de ese extremo.

VII.Esta Cámara de Apelación, con ocasión de la revisión de los reclamos planteados por la defensa contra la condena penal, advierte de la existencia de un error particular, el cual, si bien no fue alegado en concreto por la parte, por el vicio que contiene, este Tribunal de Apelación procede a pronunciarse de oficio sobre este. Según consta en la parte dispositiva de la sentencia, al imputado Evelio Murillo Murillo, se le condenó por un total de 27 delitos de [Nombre2] menor, entre los que se incluyó el caso del ofendido [Nombre29] , y por estos hechos se impuso una condena de ocho meses de prisión. Ahora bien, en el sumario de prueba a folio 4560, se observa el resumen de lo que dicha persona declaró en el contradictorio. No obstante, al revisarse la fundamentación intelectiva del fallo, se tiene que la Cámara de Juicio omitió efectuar un análisis intelectivo en relación con los hechos acusados y relacionados con esta víctima. En efecto, la fundamentación intelectiva se desarrolló caso por caso, y abarcó al resto de los ofendidos, no así lo que corresponde con el ofendido [Nombre29] , por lo que no existe un análisis de la prueba relativa a esta víctima, por lo que la pena impuesta de ocho meses de prisión por estos hechos, deviene en infundada. En consecuencia, se anula parcialmente la sentencia, únicamente en lo que respecta a los hechos acusados y relacionados con el caso del ofendido [Nombre29] , por lo que se ordena el juicio de reenvío para la sustanciación de esos hechos.

SECCIÓN II DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

VIII.Antecedentes. De previo a conocer de los reclamos civiles planteados por los defensores del encartado contra la condena civil emitida para el imputado Evelio Murillo Murillo y la empresa Tecrem S.A, así como los alegatos formulados por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, es necesario repasar los antecedentes de este proceso, toda vez que la sentencia que ahora se impugna proviene de un juicio de reenvío. En este orden de ideas se tiene que, mediante sentencia número 154-2016 de las 15:00 horas del 16 de marzo de 2016, el Tribunal de Juicio de Alajuela, en lo que respecta a la parte civil dispuso: “SOBRE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA: Se declara con lugar la Acción Civil Resarcitoria interpuesta por los actores civiles [Nombre20] , [Nombre44] , [Nombre45] , [Nombre21] , [Nombre22] , [Nombre23] , [Nombre46] , [Nombre24] , [Nombre3] , [Nombre26] , [Nombre27] , [Nombre67] , [Nombre28] , [Nombre32] , [Nombre34] , [Nombre15] , [Nombre17] , [Nombre47] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre71] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre13] , contra el demandado civil EVELIO MURILLO MURILLO y el tercero civil demandado TECREM S.A., a quienes se condena a pagar los siguientes rubros en forma solidaria: 1) [Nombre20] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado la suma de noventa mil colones (90,000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón con dieciocho colones ([...]) en su condición de abogada de la Acción Civil. 2) [Nombre44] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado la suma de cinco millones ochocientos setenta mil colones (5,870.000.00). Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón con dieciocho colones (2,174.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 3) [Nombre45] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de dos millones quinientos veintinueve mil colones (2,529.000.00); por la construcción de la vivienda, la suma de un millón ciento cuarenta y dos mil colones (1,142.000.00), para un total de daño material de tres millones seiscientos setenta y un mil colones (3,671.000.00) Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor del Lic. Segismundo Araya Zúñiga la suma de un millón setecientos treinta y cuatro mil doscientos colones (1,734.200.00) en representación de la Querella y Acción Civil. 4) [Nombre21] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote la suma de novecientos mil colones (900.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón ciento ochenta mil colones (1,180.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 5) [Nombre22] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote la suma de tres millones de colones (3,000.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón seiscientos mil colones (1,600.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 6) [Nombre23] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote la suma de dos millones doscientos diez mil colones (2,210.000.00). Por concepto de daño moral la suma de dos millones de colones (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de ochocientos cuarenta y dos mil colones (842,000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil, quedando a salvo las costas que correspondan por la suma concedida en abstracto. 7) [Nombre46] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de novecientos cuarenta y cinco mil colones (945.000.00); por la construcción de la vivienda la suma de tres millones de colones (3,000.000.00), para un total de daño material de tres millones novecientos cuarenta y cinco mil colones (3,945.000.00). Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón setecientos ochenta y nueve mil colones (1,789.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 8) [Nombre24] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de tres millones ciento cincuenta mil colones (3,150.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón seiscientos colones (1,600.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil. 9) [Nombre3] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de setecientos ochenta mil colones (780,000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de quinientos mil colones (500.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de doscientos cincuenta y seis mil colones (256,000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. [Nombre26]) , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de tres millones novecientos setenta y cinco mil colones (3,975.000.00); en relativo a la construcción de la vivienda se fija en la suma setecientos mil colones (700,000.00). Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón novecientos treinta y cinco mil colones (1,935.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. 11) [Nombre27] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de dos millones ochocientos cincuenta mil colones (2,850.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón quinientos setenta mil colones (1,570.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. 12) [Nombre67] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un millón seiscientos veinticinco mil colones (1,625.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor del Lic. Segismundo Araya Zúñiga la suma de un millón trescientos veinticinco mil colones (1,325.000.00), en representación de la Querella y Acción Civil. 13) [Nombre32] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un millón ochocientos setenta y cinco mil colones (1,875.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón trescientos setenta y cinco mil colones (1,375.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. 14) [Nombre34] , por concepto de daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón de colones (1,000.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. 15) [Nombre15] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un millón seiscientos veinticinco mil colones (1,625.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón trescientos veinticinco mil colones (1,325.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. 16) [Nombre17] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un millón de colones (1,000.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un millón doscientos mil colones (1,200.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. 17) [Nombre47] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un millón ochocientos noventa mil colones (1,890.000.00); en relativo a la construcción de la vivienda se fija en la suma de tres millones de colones (3,000.000.00). Por concepto de daño moral la suma de seis millones de colones (6,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor del Lic. Segismundo Araya Zúñiga, la suma de dos millones ciento setenta y ocho mil colones (2.178.000), en representación de la Querella y Acción Civil. 18) [Nombre5] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un dos millones ciento setenta y cuatro mil colones (2,174.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de siete millones de colones (7,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor del Lic. Segismundo Araya Zúñiga la suma de un millón ochocientos treinta y cuatro mil con ochocientos colones (1,834.800.00), en representación de la Querella y Acción Civil. 19) [Nombre6] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un millón quinientos setenta y ocho mil colones (1,578.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor del LIc. Segismundo Araya Zúñiga la suma de un millón trescientos quince mil seiscientos colones (1,315.600.00) en representación de la Querella y Acción Civil. 20) [Nombre7] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un millón seiscientos cincuenta mil colones (1,650.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor del Lic. Segismundo Araya Zúñiga la suma de un millón trescientos treinta mil colones (1,330.000.00), en representación de la Querella y Acción Civil. 21) [Nombre8] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un dos millones ochenta y siete mil colones (2,087.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor del Lic. Segismundo Araya Zúñiga la suma de un millón cuatrocientos diecisiete mil con cuatrocientos colones (1,417.400.00) en representación de la Querella y Acción Civil. 22) [Nombre9] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un millón doscientos quince mil colones (1,215.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor del Lic. Segismundo Araya Zúñiga la suma de un millón doscientos cuarenta y tres mil colones (1,243.000.00), en representación de la Querella y Acción Civil. 23) [Nombre10] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de dos millones ciento nueve mil colones ([...]). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de cinco millones de colones (5,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor del Lic. Segismundo Araya Zúñiga la suma de un millón cuatrocientos veintiún mil con ochocientos colones (1,421.800.00) en representación de la Querella y Acción Civil. 24) [Nombre11] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un millón novecientos setenta mil colones (1,970.000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de dos millones de colones (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor del LIc. Segismundo Araya Zúñiga la suma de setecientos noventa y cuatro mil colones (794,000.00), en representación de la Querella y Acción Civil. 25) [Nombre12] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un millón seiscientos dieciséis mil trescientos seis colones con cuarenta centavos (1,616.306.40). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de seis millones de colones (6,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor del Lic. Segismundo Araya Zúñiga la suma de un millón quinientos veintitrés mil doscientos sesenta y un colones con treinta centavos (1,523.261.30) en representación de la Querella y Acción Civil. 26) [Nombre13] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote, la suma de un ciento veinticinco mil colones (125,000.00). El monto relativo a la construcción de la vivienda y que pretende la parte actora civil como daño material se reconoce en abstracto por no contar el Tribunal con la prueba requerida para cuantificarlos concretamente. Por concepto de daño moral la suma de dos millones de colones (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de un cuatrocientos veinticinco mil colones (425.000.00), en su condición de abogada de la Acción Civil. Quedando a salvo todos los intereses correspondientes a las sumas concedidas en abstracto. Tales sumas deberán cancelarlas los demandadas civiles por simple orden del Tribunal y a la firmeza de este fallo, caso contrario deberán acudir las partes interesadas al proceso de Ejecución de Sentencia según lo dispone el ordinal 488 del Código Procesal Penal. Los intereses sobre dichos pagos se fijan a partir de la firmeza de esta sentencia y hasta su efectiva cancelación, calculados los mismos de conformidad con la tasa de intereses fijada por el Banco Central de Costa Rica, para los certificados a plazo de seis meses. Se declara la nulidad de todos los contratos que fueron firmados entre todas las partes aquí involucradas y el imputado Murillo Murillo en representación de Tecrem S.A. SOBRE LA PRISIÓN PREVENTIVA: Al tener que EVELIO MURILLO MURILLO, ha pasado de indiciado a sentenciado imponiéndose una pena alta de nueve años de prisión y siendo la obligación de los tribunales de justicia la ejecución de sus fallos, de conformidad con el artículo 364 párrafo 3° del Código Procesal Penal, se ORDENA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE EVELIO MURILLO MURILLO a partir del día de hoy y hasta el 16 de setiembre del año 2016. Firme el fallo comuníquese lo resuelto al Juzgado de Ejecución de la Pena, al Instituto Nacional de Criminología y al Registro Judicial para lo de sus cargos. Son los gastos del proceso a cargo del imputado. Se ordena mantener la anotación de la finca Matrícula de Folio Real 096824-001, hasta la firmeza del fallo. Notifíquese mediante lectura.” (ver folios 2627 al 2633 del tomo VI). Contra el anterior pronunciamiento los defensores del encartado Evelio Murillo Murillo y de la empresa Tecrem S.A, interpusieron recurso de apelación de sentencia, el cual fue resuelto por este Tribunal de Apelación -con diversa integración-, mediante la sentencia número 2017-142 de las 10:40 horas del 27 de febrero de 2017, en la que se resolvió lo siguiente: “POR TANTO: Se declara con lugar el segundo motivo del recurso que interpone el imputado Evelio Murillo Murillo. En virtud de ello, se decreta la nulidad de la sentencia condenatoria tanto penal como civil que, en lo personal, se dictó en contra de este impugnante en su carácter de imputado y codemandado civil. Se ordena el reenvío de la causa para una nueva sustanciación conforme a Derecho en cuanto a ambos extremos. Por innecesario, se omite pronunciamiento en cuanto a los otros motivos del recurso del encartado, lo mismo que a la totalidad de las impugnaciones formuladas por los licenciados Alexandro Vargas Vásquez y Fernando Arguedas Rojas. Se declara con lugar el recurso de la licenciada Aleidy Mejías Sequeira, en su condición de abogada de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima. Como consecuencia de este último: (i) se anula parcialmente la sentencia, en cuanto declara sin lugar la acción civil resarcitoria interpuesta por la ofendida [Nombre33] , ordenándose el juicio de reenvío para que se conozca de la acción civil que ésta interpuso en contra del codemandado civil Evelio Murillo Murillo y de la empresa TECREM S.A.; (ii) en anula parcialmente la sentencia codenatoria en lo civil en cuanto a los montos otorgados por daño material al ofendido [Nombre21] , lo mismo que en relación con las costas procesales otorgadas en este caso, ambos rubros en contra de la empresa codemandada civil TECREM S.A.. Se ordena el juicio de reenvío sobre estos dos extremos, a fin de que el nuevo Tribunal de Juicio fundamente si el monto otorgado contra dicha empresa era el que se definió en la sentencia impugnada, o bien, el que propone la recurrente; y (iii) se revoca parcialmente el fallo en cuanto al monto de las costas otorgadas a favor de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima en el caso de la demandada civil [Nombre24] y en contra de la empresa codemandada civil TECREM S.A., fijándose las mismas en la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA MIL COLONES (¢1.630.000.oo. En los demás extremos de la condenatoria civil en contra de TECREM S.A. se mantiene incólume.” (copia textual de folio 3010 del tomo VI). De lo dispuesto en ambos fallos se concluye que, el Tribunal de Apelación de Sentencia, anuló la condena civil que en primera instancia se dictó contra el demandado Evelio Murillo Murillo en su carácter personal. En consecuencia, en el juicio de reenvío se debía discutir nuevamente la responsabilidad civil que se le demanda por parte de todos los actores civiles en esta causa. Por otra parte, la condena civil dictada contra la empresa Tecrem S. A, quedó incólume, salvo en los siguientes aspectos, que debían ser conocidos en un nuevo juicio de reenvío que eran, (i) conocer la acción civil interpuesta por la demandada [Nombre33] , contra la empresa Tecrem S.A, (ii) fijar los montos otorgados por daño material al ofendido [Nombre21] , lo mismo que en relación con las costas procesales otorgadas en este caso, ambos rubros en contra de la empresa codemandada civil TECREM S.A. Aclarados estos aspectos que fijaban la competencia para el juicio de reenvío en lo civil, se procede a conocer de los reclamos presentados por las partes.

IX.Del recurso interpuesto por los defensores contra la condena civil. En el recurso, los defensores, titulan uno de los motivos como “acción civil resarcitoria”, el cual para efectos de este fallo se numera como quinto motivo. En este apartado los defensores objetan la condenatoria civil que recayó contra su representado Evelio Murillo, así como contra la empresa Tecrem S.A, para lo cual arguyen los siguientes alegatos. Indica que la condena contra su representado y contra la sociedad anónima, se sustentó en que el Tribunal tuvo por establecido el delito de estafa, ilicitud que en su criterio no se configuró, según los reclamos que se expusieron en los anteriores motivos. Indica que, en las acciones civiles incoadas por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, el criterio de responsabilidad que fundó esas demandas lo fue por la comisión de un hecho delictivo, y que no se reclamó el incumplimiento contractual, u otro ilícito de carácter civil. Indica que en virtud de que la pretensión formulada en el recurso es que se absuelva a su defendido de toda pena y responsabilidad, se tendrá que declarar en alzada, sin lugar las demandas, toda vez que las acciones civiles, son subsidiarias a la acción penal, y al no existir delito, no puede sostenerse la condenatoria civil de sus representados. De seguido expresan su oposición y rechazo a cada una de las partidas que se otorgó en la condena civil. Fustigan que se condenara en abstracto al pago del monto correspondiente a las construcciones realizadas por estos. Indica que esta condena es arbitraria, ya que una persona no puede construir sin los permisos respectivos expedidos por la Municipalidad de Alajuela, pero aun así los actores civiles construyeron sin ese requisito fundamental, y sin que los demandados civiles, se hayan comprometido de forma directa o en el contrato a obtener esos permisos. De igual manera, objetan la exoneración del pago de costas a los actores civiles que desistieron de sus demandas. Al respecto, indican que el fallo dice que no se da la condena en costas por cuanto existió buena fe en el litigio. Indica que ese es el único razonamiento utilizado para fundamentar la exoneración en costas, sin explicarse en qué consistió esa buena fe. Indica que el artículo 384 del Código Procesal Penal es claro, que el desistimiento expreso trae como consecuencia la condena en costas. Refieren que durante el juicio, ninguno de los actores civiles que desistió de su demanda convino con el imputado que se les eximiera del pago de ese rubro, por lo que solicita se condene el alzada, a los actores civiles que desistieron de sus demandas al pago de las costas, a saber, [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre50] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre72] , Stanley Méndez González, Maritza Silva Catín, Jorge Luis Cerdas Campos, Donald Vargas y Shirley Mora Solano. Añaden que en sentencia se declaró la nulidad de los contratos, por lo que solicita que si en alzada, se resuelven con lugar los motivos de fondo o forma, se debería anular la ineficacia decretada de dichos contratos, ya que el sustento de esa nulidad fue la condena penal. Explican que, al declararse la nulidad de dichos contratos, los perjudicados serán los ofendidos, quienes verán disminuido su patrimonio. Solicitan se anule la sentencia y se ordene un nuevo juicio, o se resuelva por el fondo los reclamos y se absuelva a su defendido de toda pena y responsabilidad al ser la conducta atípica. En este motivo los apelantes, invocas reclamos diversos, los cuales se atenderán según el tema del que se trate. De la condena civil. Sobre este punto. Lo primero que hay que indicar es que, en el recurso, los defensores hacen alegatos aludiendo tanto a la responsabilidad civil del encartado Evelio Murillo Murillo, como para la empresa Tecrem S.A. No obstante, como se explicó en el considerando VIII de este fallo, la responsabilidad civil para la empresa Tecrem S.A, quedó fijada desde la emisión del voto 2017-142, con las salvedades antes explicadas, por lo que ahora, no se puede venir a discutir esos aspectos nuevamente. Además, en el juicio de reenvío que da origen a la sentencia que ahora se impugna, el Tribunal de Alajuela, se pronunció en lo que respecta a la responsabilidad civil de la empresa Tecrem S.A, en aquellos aspectos que habían sido dispuestos por este Tribunal de Apelación en el voto 2017-142, por lo que el reclamo de los defensores se atenderá dentro de ese marco de competencia. Se declara parcialmente con lugar el motivo en los términos que se dirán. Los defensores al formular su planteamiento parten de una premisa equivocada al estimar que a su representado no le asiste responsabilidad penal, lo cual es equivocado, porque conforme se analizó en los considerados precedentes la responsabilidad penal del encausado Evelio Murillo Murillo, quedó debidamente acredita, con la salvedad de los casos de los ofendidos [Nombre33] y [Nombre29] . Ese cuadro fáctico, es el que da sustento a la condena civil que recayó contra el demandado Evelio Murillo Murillo por las diversas demandas incoadas por los actores civiles, con excepción del caso de la actora [Nombre33] , el cual será analizado más adelante. Adicionalmente, la condena civil que se emitió contra Evelio Murillo Murillo, conforme se expresa en el fallo de instancia, tiene sustento en los numerales 41 de la Constitución Política, 103 del Código Penal y 1045 del Código Civil, por lo que el criterio de imputación subjetiva para el demandado Evelio Murillo Murillo, no solo se encuentra debidamente demostrado, sino que esa responsabilidad tiene un adecuado sustento tanto intelectivo como jurídico, sin que se adviertan errores que invaliden la determinación de dicha responsabilidad civil. En lo que respecta a la responsabilidad civil de la empresa Tecrem S.A, únicamente les asiste razón en lo relativo a la condena civil para la demanda incoada por [Nombre33] . Como ya se analizó por parte de esta Cámara de Apelación al resolver en quinto alegato invocado en el primer motivo de apelación (considerando V), es erróneo el análisis intelectivo en relación con los hechos acontecidos en perjuicio de [Nombre33] , por lo que los razonamientos vertidos en ese acápite son aplicables también al sustento de la condena civil que por ese evento recayó contra el demandado Evelio Murillo Murillo. En este orden de ideas, y como se detalló en el considerando VIII de este fallo, en el juicio de reenvío que originó la sentencia que ahora se analiza, se debía conocer también la responsabilidad civil de la empresa Tecrem S.A, para el caso de la actora civil [Nombre33] , y por lo antes explicado, lo procedente es anular también la condena civil que recayó contra la empresa Tecrem S.A, por la acción civil incoada por [Nombre33] , por carecer de una adecuada fundamentación intelectiva el cuadro fáctico que se tuvo por demostrado en relación con esta víctima. En consecuencia, se ordena un juicio de reenvío para que se conozca nuevamente de la demanda civil incoada por la actora [Nombre33] contra el imputado Evelio Murillo Murillo y contra la empresa Tecrem S.A. De las partidas otorgadas en sentencia en favor de los actores civiles. En cuanto a la condena civil que se emitió en la sentencia, por las diversas partidas otorgadas a las víctimas, los apelantes simplemente manifiestan su inconformidad con dicha fijación, pero no ofrecen criterios objetivos que invaliden los argumentos dados por la Cámara de Juicio, para la estimación de dichos rubros. En este sentido, en cuanto al daño material, el Tribunal ponderó los diversos documentos que fueron aportados por las víctimas, en los que se acreditaba la entrega del dinero por la compra del lote. Adicionalmente, para la fijación del daño moral, se tomó en consideración el sufrimiento y angustia que vivió cada ofendido, debido a la expectativa que tenían de que serían dueños de un terreno, sin embargo, y conforme se desarrolla ampliamente en el fallo de instancia, existe una imposibilidad jurídica para que esas personas lleguen a ser dueñas registrales de esos fundos. Finalmente, en cuanto a las partidas otorgadas en abstracto, dicha decisión es válida, porque en esos casos, si bien se acreditó que algunas víctimas habían construido viviendas en dichos terrenos, lo que no se pudo establecer a partir de parámetros objetivos, fue el monto de dicho perjuicio económico, ya que no fue posible contar con elementos de prueba que permitieran cuantificar de forma concreta el monto de dicho perjuicio, por lo que lo actuado por el Tribunal de Juicio, es válido, y por ello esos rubros deben ser fijados en la fase de ejecución de sentencia. De igual manera, hay que mencionar que en lo atinente a la empresa Tecrem S.A, el juicio de reenvío que originó el fallo que ahora se impugna (sentencia número 980-2018), abarcaba lo relativo a los montos otorgados por daño material al ofendido [Nombre21] , y los apelantes, formulan alegatos genéricos contra las diversas partidas, sin que se concrete un agravio específico que amerite anular lo dispuesto en sentencia de instancia para esta condena civil. Al respecto, nótese que el Tribunal de Juicio otorgó por daño material la suma de dos millones quinientos veinte mil colones, correspondientes al monto del dinero pagado por el ofendido. En lo relativo al valor de las construcciones, este rubro se concedió en abstracto, y por daño moral se le otorgó la suma de dos millones de colones. Esta Cámara estima que los montos fijados de forma concreta, por daño material y moral, encuentran sustento en las pruebas, por lo que no existe motivo para invalidarlos. De la exoneración en costas. En este apartado, los apelantes objetan que se liberó del pago de las costas a los actores civiles [Nombre4] , [Nombre5] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre50] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre72] , [Nombre47] , [Nombre52] , [Nombre15] , [Nombre73] y [Nombre18] , a pesar de que estas personas desistieron de sus demandas. Sin lugar el alegato. Los recurrentes parten de una premisa equivocada al indicar que un grupo de personas desistió de sus demandas. Por el contrario, revisado el fallo, se tiene que el Tribunal de Juicio en relación con este tópico indicó: “ En cuanto a las querellas, ha considerado esta autoridad que han actuado en este asunto a través del tiempo con lealtad procesal y en este caso particular con evidente buena fe procesal, tanto es así que han manifestado que si interés primordial fue satisfecho mediante la sentencia que en su parte civil se encuentra firme, sentencia que condenó a la sociedad tercera civilmente responsable TECREM S.A. misma que quien ostenta es el imputado, siendo que no desean ir mas haya dado que un proceso tan largo en el cual se han anulado varias sentencias, ya les resulta hasta perjudicial a su salud mental, con ellos cree este tribunal en pleno que no deben ser condenados en costas, igual las costas del proceso en este sentido corren a cargo del Estado.” (copia textual de folio 4851). De lo anterior se desprende que, en el caso de estos actores civiles, con excepción de lo que más adelante se resolverá para [Nombre73] y [Nombre18] -en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima-, lo que aconteció es que se dieron por satisfechos en sus pretensiones civiles, en virtud de la condena civil que recayó en el anterior juicio contra la empresa Tecrem S.A. Como bien lo indicó el Tribunal de Juicio, ello demuestra buena fe procesal, y de ahí que era válido eximirlos del pago de costas, con ocasión de la demanda interpuesta contra Evelio Murillo Murillo, por lo que dicho alegato debe ser desestimado. De la nulidad de los contratos. Este alegato también había sido expresado por los apelantes, con ocasión de los motivos interpuestos contra la condena penal que recayó contra el imputado Evelio Murillo Murillo, y este fue resuelto por esta Cámara de Apelación en el considerando V de este fallo, por lo que se remite a los apelantes a lo allí expresado.

X.Del recurso interpuesto por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima. En su primer motivo, el abogado Adrián Rojas Rodríguez objeta que se declaró sin lugar las acciones civiles interpuestas por los actores [Nombre73] y [Nombre18] . Combate la fundamentación del fallo, al estimar que no se valoró de forma correcta los testimonios de estas personas, quienes si bien relataron que en un principio negociaron el lote con una tercera persona, al final la negociación se concretó con el imputado, quien fue la persona que firmó los contratos para la venta del lote, y es a quien se le giraron los dineros correspondientes a dicho negocio. También alude que el Tribunal de Juicio, sin mayor explicación le dio credibilidad al dicho del encausado, a pesar de que la prueba documental y testimonial apoyaban la tesis de los actores civiles. Para ambos casos, solicita se anule el fallo, y se ordene el juicio de reenvío. Con lugar el reclamo. Revisada la fundamentación del fallo en relación con el caso de [Nombre73] , la cual rola de folio 4847 al 4849 frente, se tiene que, la Cámara de Juicio sustentó su análisis principalmente en la declaración del imputado, sin entrar a analizar de forma conjunta ese relato, con el resto de las probanzas. En este punto hay que indicar que la sentencia de mérito contiene un error en la fundamentación descriptiva de la prueba, por cuanto se omitió el resumen de lo que el ofendido [Nombre73] declaró durante la fase plenaria. En este sentido consta a folio 4258 vuelto, que [Nombre73] compareció el 12 de setiembre de 2018, en la audiencia de la tarde, ante el Tribunal de Juicio y rindió su deposición, pero el Tribunal de Juicio omitió incluir dicha deposición en el sumario de prueba del fallo. Además, la breve referencia que se hace en el análisis intelectivo de lo depuesto por el ofendido [Nombre73] , es insuficiente, ya que no se evidencia un examen de la información que esta persona relató en la fase plenaria. En este sentido, este Tribunal de Apelación de Sentencia, reprodujo el archivo audiovisual que contiene la deposición que esta persona (registro CED9), y advierte que [Nombre73] , dio una amplia explicación de cómo se llevó a cabo la venta de dicho lote y la intervención del encartado Evelio Murillo, además hizo referencia a los documentos que sustentaban su caso, material probatorio que no fue analizado por el Tribunal de Juicio en el fallo impugnado. En relación con el caso de la ofendida [Nombre18] , la sentencia carece de una fundamentación en lo atinente a la responsabilidad civil del encausado Evelio Murillo Murillo. En el fallo de instancia, el Tribunal de Juicio dedicó el considerando VI del fallo (cfr. folio 4842 en adelante), para fundamentar la absolutoria por el delito de [Nombre2] que se le venía atribuyendo a dicha persona, decisión que no fue impugnada por el Ministerio Público, situación que impide su revisión en alzada por parte de esta Cámara de Apelación. En esa argumentación se expresan razones para fundamentar la existencia de una duda en lo referente a la comisión de aquella delincuencia. No obstante, en el fallo no se expresan razones atinentes para sustentar la declaratoria sin lugar de la acción civil que dicha víctima interpuso contra el acusado Evelio Murillo. Aquí hay que recordar que es amplia la jurisprudencia de los Tribunales de Apelación de Sentencia y de la Sala Tercera, en la que se ha establecido que, aunque se dicte una absolutoria en lo atinente a la responsabilidad penal del enjuiciado, el Tribunal de mérito debe resolver lo atinente a la eventual responsabilidad civil. En este caso, en el considerando IX del fallo impuganado, únicamente se indica lo siguiente: “Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria incoada por los ofendidos-actores civiles [Nombre4] , [Nombre49] , [Nombre6] , [Nombre7] , [Nombre50] , [Nombre9] , [Nombre10] , [Nombre11] , [Nombre12] , [Nombre13] , [Nombre67] y [Nombre47] , [Nombre52] , [Nombre15] , [Nombre17] , [Nombre18] en contra del imputado demandado civil EVELIO MURILLO MURILLO, en ese sentido y por considerar que se ha litigado con buena fe procesal se le exime del pago de las costas de la acción civil” (cfr. folio 4857). De la revisión de este extracto, se desprende que no se explicó por qué se declaró sin lugar esas acciones civiles. En este caso, la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, solo impugnó lo relativo a los actores civiles [Nombre73] -caso que ya fue analizado- y [Nombre18] , por lo que al tener de lo dispuesto por el principio dispositivo que rige la materia civil, esta Cámara de Apelación, se encuentra facultada, únicamente para resolver lo relativo a los casos sobre los que se presentó impugnación. Aclarado este aspecto, y retomando el análisis del caso de la señora [Nombre18] , es menester indicar que, en materia civil, los criterios de imputación son diversos a los utilizados en materia penal. En este caso, aunque el Tribunal descartó la comisión de un delito de estafa, delincuencia que es dolosa, el error de los jueces de instancia consistió en omitir valorar los otros criterios de imputación que establece el artículo 1045 del Código Civil, así como lo establecido en los artículos 182, 187 y 189 del Código de Comercio, que establecen la responsabilidad solidaria de los representantes de la persona jurídica cuando, con sus actuaciones o decisiones, causan un daño. Sobre este punto, se advierte que, para el caso de la ofendida [Nombre18] , consta que esta firmó un contrato con la empresa Tecrem S.A, para la venta de un lote, y dicho documento fue suscrito por el imputado, en calidad de representante legal de dicha compañía (ver folio 3460 a 3468). Además, en virtud de dicho contrato, la ofendida le entregó dinero al acusado, como parte del plan de financiamiento de dicho lote. De igual manera, la actora civil relata, los gastos en los que incurrió para construir una casa en dicho lote. Sin embargo, esta información no fue analizada por la Cámara de instancia, lo que conlleva a que el fallo carezca de una adecuada fundamentación intelectiva y jurídica. En consecuencia, se declara con lugar el primer motivo de impugnación. Se anula parcialmente el fallo, en lo concerniente a la declaratoria sin lugar de la acción civil incoada por los actores civiles [Nombre73] y [Nombre18] . En consecuencia, se ordena el juicio de reenvío para que se conozca nuevamente sobre dichos extremos. En el segundo motivo de impugnación, el apelante reclama, una indebida aplicación de la ley sustantiva. Refiere que es errónea la fijación de los honorarios que le corresponden a la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, en virtud de las acciones civiles ejercidas por [Nombre46] y [Nombre23] . En síntesis, indica que la fijación de las costas personales es equivocada, por cuanto no se utilizó el decreto de honorarios número 36562-JP, que era el que estaba vigente para el momento de la interposición de la acción civil, la cual se presentó el 23 de marzo de 2015. Solicita se revoque el fallo, y se condene al pago del monto de honorarios que fue peticionado por dicha oficina. Con lugar el reclamo. En el fallo de instancia y para lo que interesa par la resolución del reclamo planteado se indicó lo siguiente: “…9) [Nombre46] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 62, la suma de UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL COLONES (1,215.000.00). Se condena asimismo al pago del daño material relativo a la construcción de la vivienda, daño que se reconoce en abstracto. Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MIL COLONES (640.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil.” Además se estableció: “12) [Nombre23] , por concepto de daño material consistente en las sumas pagadas al imputado por el lote 21, la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL COLONES (2,610.000.00). Por concepto de daño moral la suma de DOS MILLONES DE COLONES (2,000.000.00). Por concepto de costas personales deberá el demandado civil cancelar a favor de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, la suma de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL COLONES (522.000.00) en su condición de abogada de la Acción Civil.” (cfr. parte dispositiva del fallo 980-2018). De la revisión del fallo, se tiene que los actores civiles [Nombre18] y [Nombre23] , por medio de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima interpusieron sus respectivas demandas civiles. Para ese momento, estaba vigente el decreto de horarios número 36562-JP, publicado en el diario oficial La Gaceta el 18 de mayo de 2011, y el cual estuvo vigente hasta el 13 de agosto de 2015, por la publicación en el periódico oficial La Gaceta del decreto ejecutivo número 39078, normativa que derogó el decreto ejecutivo número 36562. De este recuento, se tiene que para el 23 de marzo de 2015, ocasión en la que se interpuso la acción civil resarcitoria de los actores [Nombre23] y [Nombre46] , el decreto ejecutivo que estaba vigente era el número 36562-JP y es esta normativa la que debe ser utilizada para hacer el cálculo de los honorarios. Ahora bien, el artículo 42 del decreto 36562-JP, indica lo siguiente: “Acción Civil: Los honorarios por la acción civil resarcitoria son independientes de los que correspondan al trámite de la causa penal. El Abogado (a) del actor civil cobrará honorarios por esta acción de acuerdo con la tarifa general, salvo pacto escrito en contrario”. Por su parte, en el artículo 16 de dicho decreto se regula la tarifa general, la cual en lo que interesa indica: Artículo 16.-Tarifa general: Los procesos ordinarios, abreviados, arbitrales, interdictales o sumarios, en materia civil, civil de hacienda, comercial, agraria, contencioso administrativa o tributaria, cuyo contenido económico sea determinable, devengará los siguientes porcentajes mínimos: a.Hasta quince millones de colones, veinte por ciento (20%). Retomando el caso de cada actor civil, se tiene que para [Nombre46] , el total de la condena fue por el monto de tres millones doscientos quince mil colones (3.215.000), por lo que según las normas referidas del citado decreto, por concepto de honorarios profesionales de abogado, se debe conceder el veinte por ciento de ese monto, cálculo que una vez realizada la operación aritmética correspondiente da un monto de seiscientos cuarenta y tres mil colones (643.000). Como bien lo indica en apelante, en sentencia, para el caso de la señora [Nombre18] , el monto otorgado fue de seiscientos cuarenta mil colones (640.000). Por lo que al existir un error en dicho cálculo, lo procedente es revocar el fallo en ese extremo y aplicar de forma directa la norma sustantiva. Una situación simular, ocurre para el caso del ofendido [Nombre74] , ya que el monto total de la condenatoria civil ascendió a la suma de cuatro millones seiscientos diez mil colones (4.610.000), por lo que, según las normas referidas del citado decreto, por concepto de honorarios profesionales de abogado, se debe conceder el veinte por ciento de la condenatoria, cálculo que una vez realizada la operación aritmética correspondiente da un monto de novecientos veintidós mil colones (922.000). Sin embargo, en sentencia se concedió el monto de quinientos veintidós mil colones. Por lo que, al existir un error en dicho cálculo, lo procedente es revocar el fallo en ese extremo y aplicar de forma directa la norma sustantiva. En consecuencia, se revoca parcialmente el fallo, en lo concerniente a la fijación por concepto de honorarios para la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, en el siguiente orden. Por honorarios de abogados por la condena civil recaída contra Evelio Murillo Murillo, por la acción civil resarcitoria interpuesta por [Nombre18] , se fija la suma de seiscientos cuarenta y tres mil colones (643.000). Por honorarios de abogado por la condena civil recaída contra Evelio Murillo Murillo, por la acción civil interpuesta por [Nombre23] se fija la suma de novecientos veintidós mil colones (922.000).

XI.Del testimonio de piezas ordenado por el Tribunal de instancia ante el Ministerio Público y otro. De un examen del fallo impugnado, se desprende que, en el considerando X visible a folio 4894, el Tribunal de instancia, dispuso ordenar un testimonio de piezas ante el Ministerio Público, pero sin indicar sobre que evento presuntamente se debería realizar la investigación. Por ello, y con ocasión del juicio de reenvío que se ordena en este fallo, deberá el Tribunal de Juicio de Alajuela, en caso de estimarlo necesario, fundamentar ese extremo. En otro orden de ideas, en los aspectos no anulados en este fallo, o revocados en alzada, la sentencia de instancia permanece incólume.

POR TANTO:

  • 1)Del recurso interpuesto por la defensa. Se declaran sin lugar los motivos segundo y cuarto del recurso de apelación de la defensa. Se declaran parcialmente con lugar, los motivos, primero, tercero y quinto (este último referido a los extremos civiles) del recurso de la defensa, en los términos y el alcance que a continuación se detallará. (i). Se declara parcialmente con lugar el quinto alegato contenido en el primer motivo de apelación del recurso de la defensa. Se anula únicamente la condenatoria emitida contra el imputado Evelio Murillo Murillo para el caso de la ofendida [Nombre33] . En consecuencia, se ordena el juicio de reenvío para una nueva sustanciación de esos hechos. (ii) Se declara parcialmente con lugar el tercer motivo de apelación interpuesto por la defensa. En consecuencia, se revoca parcialmente el falló y se deja sin efecto, la orden que se giró a la Municipalidad de Alajuela. (iii) Se declara parcialmente con lugar el quinto motivo de apelación del recurso de la defensa (titulado de la acción civil). Se anula parcialmente la sentencia, en cuanto a la condena civil que recayó contra el imputado Evelio Murillo Murillo y la empresa Tecrem S.A, con ocasión de la demanda incoada por [Nombre33] . En consecuencia, se ordena un juicio de reenvío para que se conozca nuevamente de la demanda civil incoada por la actora [Nombre33] . 2) Del recurso interpuesto por el Ministerio Público. Se declara con lugar el único motivo de impugnación interpuesto por la Fiscalía. En consecuencia, se anula la totalidad de pena impuesta al encartado Evelio Murillo Murillo, y se ordena el juicio de reenvío para la sustanciación de ese extremo. 3) Del recurso interpuesto por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima. Se declaran con lugar los motivos primero y segundo del recurso interpuesto por la Oficina de Defensa Civil de la Víctima. (i) Se anula parcialmente el fallo, en lo concerniente a la declaratoria sin lugar de la acción civil incoada por los actores civiles [Nombre73] y [Nombre18] . En consecuencia, se ordena el juicio de reenvío para que se conozca nuevamente sobre dichas demandas civiles incoadas contra el imputado Evelio Murillo Murillo. (ii) Se revoca parcialmente el fallo número 980-2018 del Tribunal de Juicio de Alajuela. Se fija en alzada por concepto de honorarios para la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, en el siguiente orden. Por honorarios de abogados por la condena civil recaída contra Evelio Murillo Murillo, por la acción civil resarcitoria interpuesta por [Nombre46] , se fija la suma de seiscientos cuarenta y tres mil colones (643.000). Por honorarios de abogado por la condena civil recaída contra Evelio Murillo Murillo, por la acción civil interpuesta por [Nombre23] se fija la suma de novecientos veintidós mil colones (922.000). 4) De oficio. Este Tribunal de Apelación de Sentencia, de oficio anula la condena recaída contra el imputado Evelio Murillo Murillo, con ocasión de los hechos acusados en perjuicio de [Nombre29] . Se ordena remitir los autos ante el Tribunal de origen para una nueva sustanciación de los hechos acaecidos en perjuicio de [Nombre29] . En los aspectos no anulados en este fallo, o revocados en alzada, el fallo de instancia permanece incólume. Tome nota el Tribunal de Juicio de Alajuela de lo dispuesto en el considerando XI de este fallo. Notifíquese.

Adriana Escalante Moncada Ana Lucrecia Hernández Chavarría José Alberto Rojas Chacón Jueces de Apelación de Sentencia Contra: Evelio Murillo Murillo Delito: [Nombre2] En perjuicio de: [Nombre9] y otros [Nombre75] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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