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Res. 00083-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 23/01/2020

Agroforestry Exception Precludes Illegal Timber OffenseExcepción agroforestal excluye delito de aprovechamiento ilegal

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The prosecution’s appeal was denied and the acquittal was upheld because the cutting was covered by the agroforestry exception in Article 28 and the alleged removal of the timber had already been conclusively dismissed.Se rechazó la apelación del Ministerio Público y se mantuvo la absolutoria porque la corta estaba amparada por la excepción agroforestal del artículo 28 y la sustracción de la madera ya había sido resuelta mediante sobreseimiento definitivo.

SummaryResumen

The Appellate Criminal Sentencing Court denied the Public Prosecutor’s appeal and upheld the acquittal for illegal tree cutting and timber exploitation. The six cedar and laurel trees were cut within an agroforestry system, as established by the SINAC report and testimonial evidence. The conduct therefore fell under Article 28 of the Forestry Law, which dispenses with permits for cutting, transporting, processing, and exporting timber obtained from such systems. Although the trial court confused mistake of fact with mistake of law and incorrectly understood Article 61(a) as applying only when the private land belongs to someone other than the accused, those errors did not affect the outcome because the statutory exception rendered the conduct noncriminal. The appellate court clarified that the offense may be committed even by the owner of private land. It also held that the alleged removal and transportation of the timber could not be prosecuted again because that conduct had already been conclusively dismissed and was protected by res judicata.El Tribunal de Apelación rechazó el recurso del Ministerio Público y confirmó la absolutoria por tala y aprovechamiento ilegal de madera. La corta de seis árboles de cedro y laurel ocurrió dentro de un sistema agroforestal, según el informe del SINAC y la prueba testimonial, por lo que estaba amparada por el artículo 28 de la Ley Forestal, que exime de permiso la corta, el transporte, la industrialización y la exportación de madera procedente de esos sistemas. Aunque el tribunal de juicio confundió el error de tipo con el error de prohibición y entendió incorrectamente que el artículo 61 inciso a) solo se aplica cuando el terreno privado pertenece a un tercero, esos defectos no alteraron el resultado: la excepción legal hacía atípica la conducta. El Tribunal aclaró que el delito puede ser cometido por el propio dueño de una finca privada. Además, no podía juzgarse nuevamente la sustracción y el transporte de la madera porque ese hecho ya había sido objeto de sobreseimiento definitivo.

Key excerptExtracto clave

It is clear that application of the exception in Article 28 was appropriate: first, as the prosecutor acknowledges in his appeal, the specific case concerned the cutting of six cedar and laurel trees without the corresponding permits—that is, as stated at the end of the first alleged fact, “illegally for their exploitation.” Thus, Article 61(a) does indeed apply even to the owner of the private property where the act occurs; the term “private property” does not mean that the land belongs to a third party, but rather that it does not belong to the State. Nor does the conduct cease to satisfy the statutory elements merely because the owner of the property performs it, as the trial judge incorrectly concluded. There is evident confusion, but it is irrelevant to the correct resolution of the case because the aforementioned Article 28 exception, which was properly applied, prevails. All reasoning concerning a possible mistake of fact—incorrectly described as a direct mistake of law—may therefore be removed without eliminating the central point: no offense was committed because the conduct was covered by the Article 28 exception to the Forestry Law, and the reasoning on this issue remains fully effective.Es claro que la aplicación de la excepción del artículo 28 era procedente: en primer término, como lo reconoce el fiscal en su impugnación, en el caso concreto se acusó la corta de seis árboles de las especies cedro y laurel, realizada sin contar con los permisos correspondientes, es decir -se indica en el hecho primero parte final-, “de manera ilegal para su aprovechamiento”. De modo que, en efecto, el artículo 61 inciso a) es aplicable incluso al propietario del inmueble privado en el que se realiza la acción, sin que esa condición (“propiedad privada”) se refiera a que el terreno pertenece a un tercero, sino a que no es del Estado; y sin que desaparezca la tipicidad por el hecho de que sea el propio dueño del inmueble quien ejecuta la acción, como equivocadamente lo apreció la juzgadora. Hay una evidente confusión, pero esto resulta irrelevante a los efectos de la correcta solución del caso, pues prevalece la excepción del artículo 28 supra mencionado, que sí fue correctamente aplicado, de allí que todos los razonamientos en torno a un posible error de tipo (mal designado como error directo de prohibición) pueden ser suprimidos sin que desaparezca el punto medular, esto es, que no se cometió delito por estar la conducta amparada en la excepción del artículo 28 de la Ley Forestal, siendo que la fundamentación de este extremo mantiene plena eficacia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Tampoco es relevante que los encartados no tuvieran conocimiento de la existencia de la citada excepción, pues esta norma se aplica ya sea que el sujeto activo la conozca o no."

    "Nor is it relevant that the defendants were unaware of the cited exception, because the provision applies whether or not the perpetrator knows of it."

    Considerando II

  • "Tampoco es relevante que los encartados no tuvieran conocimiento de la existencia de la citada excepción, pues esta norma se aplica ya sea que el sujeto activo la conozca o no."

    Considerando II

  • "El artículo 34 citado, como ha sido ampliamente analizado por la jurisprudencia nacional, regula en su primera parte el error de tipo (aun cuando se le denomine “error de hecho”) y no el error directo de prohibición, mientras que su párrafo final prevé el llamado error indirecto de prohibición (la errónea creencia de que se cuenta con una autorización o permiso para actuar, o que concurre una causa de justificación) pero no estamos simplemente ante una utilización incorrecta de los términos o nombres de una figura penal."

    "As national case law has extensively explained, the first part of the cited Article 34 governs mistake of fact—even though it is called an “error of fact”—rather than a direct mistake of law, while its final paragraph addresses the so-called indirect mistake of law: the erroneous belief that one has authorization or permission to act, or that a justification applies. This is not merely an incorrect use of the terminology or name of a criminal-law doctrine."

    Considerando II

  • "El artículo 34 citado, como ha sido ampliamente analizado por la jurisprudencia nacional, regula en su primera parte el error de tipo (aun cuando se le denomine “error de hecho”) y no el error directo de prohibición, mientras que su párrafo final prevé el llamado error indirecto de prohibición (la errónea creencia de que se cuenta con una autorización o permiso para actuar, o que concurre una causa de justificación) pero no estamos simplemente ante una utilización incorrecta de los términos o nombres de una figura penal."

    Considerando II

  • "Habida cuenta de que lo que se acusan son hechos y no calificaciones jurídicas, no cabe duda de que la acción de sustraer y transportar los productos forestales desde una propiedad privada (presuntamente perteneciente al ofendido Nombre07) hasta la vivienda de los imputados es la conducta descrita en el hecho segundo de la acusación, por el cual se dictó un sobreseimiento definitivo a su favor “por atipicidad, por tratarse cuestiones donde está de por medio un conflicto de posesión de tierras y lindero”."

    "Given that prosecutions concern facts rather than legal classifications, there is no doubt that removing and transporting the forest products from private property—allegedly belonging to the injured party, Nombre07—to the defendants’ home is the conduct described in the second alleged fact, for which a final dismissal was entered in their favor “because the conduct was not criminal, as the matter involved a dispute over land possession and boundaries.”"

    Considerando II

  • "Habida cuenta de que lo que se acusan son hechos y no calificaciones jurídicas, no cabe duda de que la acción de sustraer y transportar los productos forestales desde una propiedad privada (presuntamente perteneciente al ofendido Nombre07) hasta la vivienda de los imputados es la conducta descrita en el hecho segundo de la acusación, por el cual se dictó un sobreseimiento definitivo a su favor “por atipicidad, por tratarse cuestiones donde está de por medio un conflicto de posesión de tierras y lindero”."

    Considerando II

  • "Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Gerardo Anchía Rodríguez, representante del Ministerio Público."

    "The appeal filed by Gerardo Anchía Rodríguez, representative of the Public Prosecutor’s Office, is denied."

    Por tanto

  • "Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Gerardo Anchía Rodríguez, representante del Ministerio Público."

    Por tanto

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Procedural marks

Decision: 2020-0083 Case File: 13-000699-0472-PE(2) CRIMINAL JUDGMENT APPEALS COURT (TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL). Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, at ten twenty hours, on veintitrés de enero de dos mil veinte.- APPEAL (RECURSO DE APELACIÓN) filed in the present proceedings against Nombre01, of legal age, Costa Rican, identity card number CED01, born in Limón on 19 de agosto de 1982, daughter of Nombre02 and Nombre03, married, a homemaker, resident of Limón, 28 Millas; and Nombre04, of legal age, Costa Rican, identity card number CED02, born in Limón on 08 de junio de 1980, son of Nombre05 and Nombre06, married, a CCSS pensioner, resident of Limón, 28 Millas; for the offense of ILLEGAL LOGGING AND TIMBER HARVESTING (TALA Y APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA), to the detriment of NATURAL RESOURCES AND Nombre07. Judges Iris Valverde Usaga and Alejandra Valenciano Chinchilla and Judge Gustavo Gillen Bermúdez participated in deciding the appeal. Attorney Gerardo Anchía Rodríguez, representative of the Ministerio Público, and attorney Selenia Arce Prendas, public defender for defendants Nombre04 and Nombre01, entered appearances before this Court.

RESULTS:

I.By judgment number 485-2019, issued at nine fifty-five hours on diez de junio de dos mil diecinueve, the Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica ruled: “POR TANTO: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Constitución Política; Articles 1, 6, 9, 10, 71, 313, and 366 of the Código Procesal Penal; Articles 1, 2, 23, 30, 34, and 45 of the Código Penal; and Article 61(a) and (d) of Ley Forestal, number 7575, Nombre04 AND Nombre01 are acquitted of all punishment and liability for ONE OFFENSE OF ILLEGAL LOGGING AND TIMBER HARVESTING, to the detriment of NATURAL RESOURCES AND Nombre07, with which they had been charged. They are acquitted without a specific award of costs in the criminal proceedings. Any precautionary measure (medida cautelar) ordered against the defendants shall be lifted. Let notice be given.” (sic).

II.Attorney Gerardo Anchía Rodríguez, representative of the Ministerio Público, filed an appeal against the foregoing decision.

III.Following the corresponding deliberation in accordance with Article 465 of the Código Procesal Penal, the Court considered the issues raised in the appeal.

IV. The relevant legal requirements have been observed throughout the proceedings

Criminal Judgment Appeals Judge Valverde Usaga writes the opinion; and,

CONSIDERING:

I.Attorney Gerardo Anchía Rodríguez, assistant prosecutor in Limón, challenges judgment number 485-2019, issued by the Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica at fourteen thirty hours on seis de junio de dos mil diecinueve (according to the trial record (acta de debate) corresponding to the hearing at which the judgment was delivered orally, since a different time and date were stated in its heading). The appeal was filed on time and in compliance with the requirements established in Articles 458, 459, and 460 of the Código Procesal Penal.

II.The first ground of appeal alleges erroneous legal reasoning in the judgment due to the misapplication of Articles 28 and 61 of the Ley Forestal. The representative of the Public Prosecutor’s Office states that there were errors in the assessment of the elements set forth in Articles 28 and 61(a) and (d) of the Ley Forestal, specifically the terms “use of forest products (aprovechamiento de productos forestales)” and the operative verb (verbo típico), which led the court to find that conduct falling within the cited provisions did not constitute an offense. He states that, during closing arguments, he pointed out that the statements of the complainant Nombre07, the witness Nombre08, and the investigator Alexander Solano Hidalgo fully demonstrated how the defendants committed the alleged acts, consisting of sawing and using the timber from six cedar and laurel trees located on property possessed by the injured party Nombre07.

He further stated that the testimony of the forestry engineer Nombre09 and the documentary evidence established that the conduct constituted an offense. The court reasoned that the exception to the forest-permit requirement established in Article 28 of the Ley Forestal applied; however, the prosecutor considers that the acts of sawing and using timber are not covered by that exception. The court’s position was that the conduct fell within the circumstances contemplated by the cited Article 28, a provision that exempts persons from the requirement of obtaining permits issued by the State to harvest, transport, process, and export forest products within agroforestry systems (sistemas agroforestales). The judgment found that the location of the events was an agroforestry system, according to report SINAC-ACLAC-OSSM-D-152 of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación, and that the concept of “use” includes harvesting.

The prosecutor acknowledges that the trees felled by the defendants were indeed located within an agroforestry system, but questions whether their actions can fall within the statutory exception because, as he stated at trial, the “use” of forest products includes the harvesting of timber but is not limited solely to that activity; it also includes other elements, such as the processing and use of the products, whether for personal benefit or commercialization. He notes that witnesses Nombre07 and Nombre08 stated that they saw timber from the trees felled by the defendants at the defendants’ residence. The appellant explains that the definition of the use of forest products cited by the trial judge was developed in decision number 2010-2015 of the Tribunal de Casación Penal de San José, which analyzes Article 3(a) of the Ley Forestal and defines use as: “The act of harvesting or removing standing timber trees, or using fallen trees, carried out on private land not included in Article 1 of this Law, which generates or may generate any advantage, benefit, gain, utility, or profit for the person performing it or for the person whom that individual represents.” Later in the same decision, it was determined that use may relate to trees regardless of whether they form part of a forest or plantation, and that the concept of “forestry” is not limited to matters relating to forests; that is, forest products may be used without the activity necessarily taking place in a forest or protected area.

He states that, in this case, the alleged acts—sawing the timber from six cedar and laurel trees for purposes of use and removing that timber from the injured party’s property so that the defendants could use it, transporting it to their residence—were proven and add to the act of use another form of conduct included in the legal classification of the acts charged, namely that provided for in Article 61(d) of the Ley Forestal, consisting of removing forest products from private property. He cites the position adopted by the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón (Alajuela) in decision number 385, issued at 14:45 on June 26, 2013, which found that the statutory concept of “forest products” in Article 61 of the Ley Forestal cannot be restricted to matters relating to forests. He reiterates that, at trial, he maintained that the conduct described in the first alleged act was not included in the exception under Article 28 of the Ley Forestal because that provision refers only to the harvesting, transportation, processing, and export of forest products within agroforestry systems, not to every form of use, and encompasses only one verb: to harvest.

He maintains that harvesting and sawing are not synonymous, because cutting down a tree is different from sawing its trunk while it is on the ground, and because sawing timber goes beyond harvesting, as it includes processing it into boards, logs, or wood chips. He explains that use, by its very semantic definition, goes beyond the mere act of harvesting, since it requires obtaining a benefit from the forest product. From the foregoing, he concludes that the assessment of the court below was incorrect in applying the exceptions under Article 28 of the Ley Forestal in this case and that, in his view, the alleged and proven conduct constituted an offense, such that an acquittal on the stated basis was improper. The second claim alleges erroneous legal reasoning in the judgment due to the misapplication of Article 35 of the Criminal Code. The appellant states that the court conducted an incorrect assessment in concluding that this case involved a direct mistake of law (error de prohibición directo), finding that the defendants might have acted under the assumption that they were entitled to perform the acts because they believed they were on their own land.

In the court’s view, there was insufficient evidence to establish that the complainant Nombre07 held title to or possessed the property where the events occurred. Because the injured party and the defendants disputed title to the property, the latter might have acted in the belief that they were on their own property and were therefore entitled to use the forest products. The prosecutor considers that reasoning incorrect because, although no documents demonstrated that the property in question was registered in the name of the complainant Nombre07, the testimonial and documentary evidence consistently established that he had possessed and resided at the location where the events occurred since long before the defendants. Although the defendants submitted a document corresponding to a deed of sale for a property, they likewise did not establish that they held title to it or that the property they allegedly possessed was the same property where the trees were sawn, since even the witness presented by the defense stated that Nombre07 had lived at that location for more than 20 years.

The prosecutor states that there was evidence supporting the conclusion that, even if the injured party was not the registered owner—which the defendants also failed to establish with the survey map and deed they submitted—he had possessed the property since long before the defendants. Moreover, he considers that there could be no mistake of law because such a mistake is unrelated to the alleged conduct, which consisted of using and removing forest products from private property without authorization from the State. Regarding the latter concept, he states that Article 61(d) of the Ley Forestal does not require the property to “belong to another,” but merely to be “private,” and that the witness Nombre09 explained that the scope of the Ley Forestal extends to property owners. On the one hand, the challenged decision states that there was a direct mistake of law because the defendants believed they were removing forest products from their own property rather than from private property belonging to another; on the other hand, it seeks to exclude their actions from a criminal offense that applies even to the property’s owners.

He cites judgment number 695 of the Sala Tercera, issued at 15:10 on June 29, 2007, regarding mistake of fact (error de tipo) and mistake of law, both direct and indirect, which stated that a direct mistake concerns knowledge of the prohibitory rule, whereas an indirect mistake concerns the false assumption that a legally unavailable permission or ground of justification exists. From this judicial precedent, the appellant concludes that the court below’s statement at minute 00:56:01:40 of the recording of the judgment, concerning the possible direct mistake of law allegedly committed by the defendants because they did not know that they were engaging in unlawful conduct, would not apply. First, the defendants knew that there was a dispute over the land and could therefore logically infer that engaging in conduct such as that charged could lead to a claim like the one ultimately filed. He adds that, if they believed they were protected by a right, the mistake that could purportedly apply would be indirect rather than direct.

Second, based on the alleged acts and the evidence, it is not logical to believe that the defendants had prior knowledge of the highly specific exception under Article 28 of the Ley Forestal and acted in the belief that it protected them. Rather, the testimonial and documentary evidence concerning the longstanding dispute between the complainant and the defendants clearly shows that they did not hesitate to use and remove forest products from property that they knew the complainant possessed and claimed as his own. Accordingly, any such mistake would not have been unavoidable (invencible), because the defendants knew that the complainant’s house was located there, had been involved in disputes with him over title to the land, and, as any possessor of property containing timber trees would know, were required to consult the environmental authorities regarding the harvesting and processing of those trees, at least to determine whether they had legal authorization to do so.

The defendants did not make such an inquiry, and it is not credible that they knew of the exception under Article 28 of the Ley Forestal. The prosecutor states that prejudice was caused by the failure to impose the appropriate penalty for an offense that was clearly proven and therefore requests that the judgment be vacated and the case remanded for a new trial. Position of the defense: Selenia Arce Prendas, public defender for the defendants, requested that the appeal be denied, stating that, as the trial judge ruled, this case falls within the exceptions under Article 28 of the Ley Forestal, which exempts individually planted trees and their products, as well as agroforestry systems, from the harvesting-permit requirement. This circumstance was established through both the testimonial and documentary evidence admitted, specifically report MINAE SINAC-ACLOC-OSSM-152, which stated: “No environmental damage occurred because the trees were felled outside forest areas, nor were any protection areas affected.

The felled trees were located within an agroforestry system, consisting of isolated trees combined with an agricultural crop,” with the same report adding that Article 28 of the Ley Forestal applies. The acquittal was based on the report’s clear findings, as well as on the testimony of the MINAE official Nombre09, who confirmed this circumstance. She notes that Article 28 refers to individually planted trees and their products, and that the manner in which those trees were planted was established during the adversarial proceedings (contradictorio). Regarding the second ground, defense counsel states that only the defendants presented evidence to establish their ownership of the property, submitting a deed and survey map, whereas the injured party did not do so; accordingly, the court’s conclusion was correct.

It further argues that the Prosecutor’s Office’s sole witness, Nombre10, made serious contradictory statements in her testimony, such as when she stated that she encountered Mr. Nombre07 on the very day of the events and informed him of the persons she had just seen on the property, whereas Nombre07 himself contradicted her by stating that he was not there, that he was running errands in Bataán, and that he spoke with Nombre11 three days later. Furthermore, Nombre11 first states that they have always had problems, but later says that she does not know whether there were problems between Nombre07 and the accused. It requests that the appeal be denied. IT IS HEREBY DECIDED: because both claims concern the legal grounds of the judgment, they are decided jointly and denied. This Chamber of Appeals of Judgments reviewed the content of the ruling, which was delivered orally and is contained in file 130006990472PE-06062019022848-2_Multi--0.wmv, and verified that it meets the essential requirements for its validity and effectiveness.

After providing the general information concerning the judgment, the accused, and the parties, the Court set forth the alleged facts (minute 04:33). Then, at minute 00:06:22, it stated that the sole proven fact was that the accused had no prior convictions and that the facts contained in the first count of the indictment were deemed unproven. From minute 00:08:34 onward, the summary of the evidence was presented, beginning with a summary of the statement by the injured party, Nombre07, followed by accounts of the testimony of Nombre11 (minute 00:19:40), Nombre09, a MINAE official (minute 00:24:38), judicial investigator Alexander José Solano Hidalgo (minute 00:31:17), and defense witness Nombre12 (minute 00:35:36). Beginning at timestamp 00:39:02, the documentary evidence was introduced, with the trial judge briefly describing its contents: the complaint filed by the injured party; the interview with witness Nombre11; Report CI-140 of the Organismo de Investigación Judicial, recording the police measures undertaken; the ex officio complaint by the OIJ de Limón that initiated the investigation; the record of the inspection conducted by the OIJ at the site and the accompanying photographic sequence; and a copy of deed number 115, executed before notary Nombre13, concerning the sale of a parcel of land to Nombre05 on 1 de julio de 1998 (described as an unregistered lot of approximately four hectares, bounded to the south by the railroad line and to the east by Nombre07, located in Veintiocho Millas de Bataán, Limón, which the seller had possessed for more than twelve years).

Criminal records of the accused. An official communication from SINAC stating that no chainsaws or portable sawmill were registered in their names. An official timber valuation. A cadastral plan registered in the year 2000 for a lot in the name of Nombre05. Beginning at minute 00:43:16 of the recording, the trial judge set forth the analytical assessment of the evidence underlying the judgment. She began by stating that the facts, as described in the charging instrument, fall under article 61 of the Ley Forestal (which she read aloud), subsection a) of which penalizes anyone who harvests one or more forest products on private property without a permit from the State Forestry Administration, or anyone who, despite having a permit, fails to comply with its terms. The trial judge noted that the same law defines in article 3 what is meant by timber harvesting (aprovechamiento maderable), stating that, under the definition contained in the provision, felling (corta) forms part of harvesting.

She then discussed the exception contained in article 28 of the Ley Forestal, under which no permit is required for the felling, transportation, industrial processing (industrialización), or export of timber when it is obtained from forest plantations, agroforestry systems (sistemas agroforestales), or individually planted trees. It is clear that the exception under article 28 was applicable: first, as the prosecutor acknowledges in his challenge, this specific case charged the felling of six cedar and laurel trees without the corresponding permits, that is—as stated at the end of the first alleged fact—“illegally, for purposes of harvesting them.” Second, article 61 subsection a of the Ley Forestal, which defines the offense of illegal timber harvesting on private property (that is, harvesting undertaken without a permit from the State Forestry Administration), could not apply because, in this case, the felling involved six planted trees that formed part of an agroforestry system, as the Court correctly found and as was demonstrated by the report issued by SINAC, which established that the felling had occurred within an agroforestry system.

Indeed, no assessment of environmental damage was made for that very reason. This was also confirmed by the testimony of MINAE official Nombre09, who issued the report and explained that the site was not a forest area and that there were no rivers or streams nearby; in other words, it was not a protected area but rather a farm qualifying as an agroforestry system. He even referred to the permit exception established for such cases in article 28 of the Ley Forestal. Through a highly particular interpretation of the cited provision, the appellant argues that it does not apply because it does not exempt all forms of harvesting from the permit requirement (felling being only one part of the process). He adds that sawing timber is not synonymous with felling a tree because, although felling is required, sawing goes further and entails obtaining boards, logs, and wood chips; therefore, harvesting extends beyond the mere act of felling, and only the latter is mentioned in article 28.

This approach is mistaken because the central point of the provision in question does not concern the verb used and its possible synonyms, but rather the circumstances of the trees for whose felling and harvesting no permit is required: trees that were individually planted, as well as trees originating from forest plantations or agroforestry systems (the classification applicable to the farm where the act occurred). If “individually planted trees and their products” are exempted from the permit requirement for felling, transportation, industrial processing, and export (emphasis added), it is clear that the exemption includes not only the act of cutting down or felling the tree but also harvesting it to obtain “its products” (that is, the boards, logs, and wood chips mentioned by the appellant). It must therefore be understood that trees originating from forest plantations and agroforestry systems likewise include “their products” when they are exempted from the State Forestry Administration’s permit requirement.

It would be absurd to conclude that the exception covers only felling and not harvesting because referring to trees and their products encompasses everything obtained from the tree. The definition of product is “a thing produced” (del.rae.es/producto?m=form), and, in the case of a tree, the thing produced is precisely the entire collection of items (boards, logs, and wood chips, among others, to use the appellant’s words) obtained from the tree once it has been felled. It should be noted that article 28 exempts not only felling from the permit requirement but also transportation, industrial processing, and export. Industrial processing is itself a form of harvesting. Turning again to the dictionary, industry is defined as the set of physical operations carried out to obtain, transform, or transport one or more natural products (del.rae.es/industria?m=form). In other words, harvesting a tree is the same as making it the object of industry or processing (or industrial processing), since article 3, subsection a, of the Ley Forestal defines timber harvesting as the “Act of felling, removing standing timber trees, or using fallen trees, carried out on private lands not included in article 1 of this law, which generates or may generate some gain, benefit, advantage, utility, or profit for the person carrying it out or for the person whom that individual represents.” And if the industrial processing of trees requires no permit when they are planted trees, whether individually or as part of forest plantations or agroforestry systems, pursuant to the repeatedly cited article 28, it is clear that harvesting—and not merely felling—is included within the permit exception established therein.

Consequently, if the accused felled cedar and laurel trees within an agroforestry system and sawed them (subjected them to industrial processing), they did not require the permits whose absence forms the core of the charge. It should be noted that the conduct described in the first alleged fact consisted of the following: “...the accused Nombre04 sawed at least six cedar and laurel trees, while Nombre01 and Nombre14 stacked the cut timber, an activity that the defendants carried out without any permit from the rights holder or the corresponding authorities, that is, illegally, for purposes of harvesting it.” Consequently, the acquittal entered is supported not only by an evidentiary basis that has not been challenged but also by a clear legal basis. The Court provided a second ground concerning the absence of authorization from the alleged owner or possessor of the property. In this regard, it found that the accused may have acted under a mistake of fact (error), believing that they were entitled to perform the acts in question—the removal of the timber—because they believed they were on property belonging to them.

The trial judge found that there was no evidence establishing that the complainant, Nombre07, was the owner or possessor of the property where the events occurred, because there was a dispute over its ownership and because the defense had submitted evidence that the accused Nombre04 may have had superior title, namely, the deed documenting his father Nombre05’s purchase before a notary public of an unregistered parcel of land, dated 1 de julio de 1998, as well as a cadastral plan prepared in the name of Nombre05 in the year 2000. The appellant argues that evidence was indeed submitted showing that the injured party was the possessor of the property, because Nombre07 so testified and even the testimony of defense witness Nombre12 acknowledged this by stating that the injured party had resided there for more than twenty years and had arrived at the site before the accused and the witness himself did.

The appellant offers his own assessment of the evidence in an attempt to substitute it for the reasoning of the trial court. The fact remains that witness Nombre12 stated, as recorded in the judgment, that Mr. Nombre07 and Mr. Nombre04 are disputing that property; that it is the property purchased by Nombre05, Mr. Nombre04’s father; that it passed to Nombre04 when Nombre05 died; that Mr. Nombre04 has a plantation there; that Mr. Nombre07 lives there, adjoining Mr. Nombre04’s property; and that Mr. Nombre07 has always lived there, for more than twenty years. In other words, that account does not support the inference that Mr. Nombre07 is the possessor or has superior title; indeed, even the injured party’s own statement supports the inference that there has been a longstanding dispute over possession. Taking those facts into account, as well as the deed and plan submitted by the accused, the Court found that the accused may have acted in the belief that they were entitled to take the timber because it was located within their property.

The fact that the defendants (imputados) knew that Mr. Nombre07 lived at that location or that there was a dispute over those lands does not mean that mistake (error) must be ruled out, as the appellant contends, because, regardless of Mr. Nombre07’s claims, they could have acted in the belief that they were the possessors and therefore entitled to dispose of the timber. It is true that the trial judge erred in finding that a direct mistake of law (error directo de prohibición) occurred in this case, as she stated at minute 00:50:24, while also reading, in support of her position, Article 34 of the Criminal Code (Código Penal), insofar as it provides: “A person who, when committing the act, is mistaken as to any of the requirements necessary for the offense to exist, according to its definition, is not culpable.” As has been extensively analyzed in national case law, the cited Article 34 governs, in its first part, mistake of fact as to an element of the offense (error de tipo) (even though it is called an “error de hecho”) and not direct mistake of law, while its final paragraph provides for what is known as indirect mistake of law (error indirecto de prohibición) (the erroneous belief that one has authorization or permission to act, or that a justification applies); however, this is not simply an incorrect use of the terms or names of a criminal-law doctrine.

The Court’s reasoning gives the impression that, although it called it a “direct mistake of law,” it was actually referring to mistake of fact as to an element of the offense, because the judgment states that, after weighing the evidence, it was concluded that the events could have occurred without knowledge of an aspect of the statutory definition of the offense, an element forming part of the crime, namely the status of the property as “private property,” mentioned in Article 61(a) of the Ley Forestal. For the statutory offense to be committed, this provision requires that the harvesting of forest products (aprovechamiento de productos forestales) take place on “private property”; but in this specific case, the trial judge stated, there was a witness, Mr. Nombre12, who attested that Mr. Nombre05 (the father of defendant Nombre04) had purchased that property and that Mr. Nombre04 had inherited it, as was also reflected in the submitted document or deed, and therefore it would not be “private property”; specifically, it would not be the property of Mr.

Nombre07. This interpretation is entirely erroneous for two reasons: 1) It is stated that the Court was unclear as to who the possessor was and who held title to that property, because Mr. Nombre04 submitted a deed and, from the time he was questioned as a defendant, stated that the land belonged to him. Indeed, it is clear that there is a dispute over title to the property, as the victim himself stated. This could have resulted in an acquittal if it was found that the defendants were acting in the lawful exercise of a right; or, if there was doubt regarding the factual issues, in the entry of an acquittal pursuant to the in dubio pro reo principle, but the doctrine of mistake was inapplicable. 2) Second, the trial judge’s reading—under which the offense is committed only when forest harvesting occurs on property belonging to another person and not on one’s own property (thus giving an erroneous meaning to the concept of “private property”)—led to an incorrect interpretation of the provision.

When Article 61(a) of the Ley Forestal refers to the harvesting of forest products on private property, it does so to distinguish such harvesting from that carried out on public-domain or State-owned properties, given that there is an express provision governing the harvesting of forest resources on lands forming part of the State’s natural heritage, namely Article 58(b). Thus, Article 61(a) does in fact apply even to the owner of the private property on which the act is carried out, because that status (“private property”) does not mean that the land belongs to a third party, but rather that it does not belong to the State; nor does the conduct cease to satisfy the statutory elements of the offense merely because the owner of the property personally carries out the act, as the trial judge mistakenly found. There is evident confusion, but this is irrelevant to the proper disposition of the case, because the exception in the aforementioned Article 28 prevails and was correctly applied.

Accordingly, all the reasoning concerning a possible mistake of fact as to an element of the offense (incorrectly designated as a direct mistake of law) may be omitted without eliminating the central point: no offense was committed because the conduct was covered by the exception in Article 28 of the Ley Forestal, and the reasoning on this issue remains fully effective. Nor is it relevant that the accused persons (encartados) were unaware of that exception, because the provision applies whether or not the perpetrator knows of it. The other issue that the Court did address correctly is discussed beginning at minute 58:27. In its closing arguments, the Public Prosecution Service (Ministerio Público) stated that the acts had been classified under Article 61(a) and (d), because the defendants were also charged with the removal of forest products from private property. The trial judge noted that Article 313 (she did not specify the body of law, but she was clearly referring to the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal)) establishes the effects of a final dismissal (sobreseimiento definitivo), which irrevocably closes the investigation and bars any new criminal prosecution for the same act.

She stated that the indictment, which contained two factual allegations, was considered at the preliminary hearing; the first was the one that had already been resolved, while the second alleged the unlawful removal and transportation of the timber from the victim’s property, thereby placing it in the possession of the accused persons. She pointed out that a final dismissal had been entered regarding this second allegation; that is, the defendants were dismissed from the case with respect to the act of removing and transporting the forest products off the property, and that ruling became final. Indeed, the indictment filed by the Public Prosecution Service contains a second factual allegation, which stated: “At that same time and place, after the aforementioned trees had been cut, the accused persons Nombre04, Nombre01, and Nombre14, fully aware of the unlawfulness of their conduct and with the sole purpose of appropriating property belonging to another, proceeded to transport the timber off the aggrieved party’s property and concealed it on Nombre04’s property, at which time they took unlawful possession of it.” As part of his grounds for appeal, the prosecutor stated that “...the alleged acts of sawing the timber from the six cedar and laurel trees for purposes of harvesting it, and of removing that timber from the victim’s property so that the accused could use it, and transporting it to their residence, as established by witnesses Nombre07 and Nombre08, add a further act of harvesting, which was included in the legal classification of the acts in the indictment under Article 61(d) of the Ley Forestal, namely the removal of forest products from private property.” He argues that the accused persons had no qualms about harvesting and removing forest products from the property that they knew was possessed by the complainant, and therefore seeks the application of Article 61(d) of the Ley Forestal to the conduct he considers proven; that provision penalizes anyone who removes forest products from private or State property, or transports forest products obtained in that manner.

Given that indictments charge acts rather than legal classifications, there can be no doubt that removing and transporting the forest products from private property (allegedly belonging to the victim, Nombre07) to the defendants’ residence is the conduct described in the second factual allegation of the indictment, for which a final dismissal was entered in their favor “because the conduct did not constitute an offense, as the matters at issue involve a dispute over land possession and boundaries,” as reflected in the record of the hearing held on January twenty-nine, two thousand fifteen, incorporated into the electronic case file, as well as in the recording of that hearing, at which the dismissal was issued orally at 15:00 hours on January 29, 2015 (cf. the multimedia file identified as “PRELIMINARY HEARING/ORDER COMMITTING THE CASE FOR TRIAL,” minute 32:22; specifically, the issue was resolved from minute 35:50 onward).

The second factual allegation in the charging document was thus dismissed, making it inadmissible to now seek the defendants’ conviction for conduct as to which res judicata (cosa juzgada) has attached. Consequently, the claim must be denied.

POR TANTO:

The appeal filed by attorney Gerardo Anchía Rodríguez, representative of the Public Prosecutor’s Office, is denied. LET NOTICE BE SERVED.- Iris Valverde Usaga Alejandra Valenciano Chinchilla Gustavo Gillen Bermúdez Judges of the Criminal Sentence Appeals Court Case file: 13-000699-0472-PE(2) Defendant: Nombre04 and another Injured party: Nombre07 and another Offense: Illegal Logging and Timber Harvesting (Tala y Aprovechamiento Ilegal de Madera) Nombre15 Case file: 13-000699-0472-PE(2) - VOTE 2020-0083 - p.: 1

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Resolución: 2020-0083 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las diez horas veinte minutos, del veintitrés de enero de dos mil veinte.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra Nombre01, mayor, costarricense, cédula de identidad número CED01, nacida en Limón, el 19 de agosto de 1982, hija de Nombre02 y Nombre03, casada, de oficio ama de casa, vecina de Limón, 28 Millas y Nombre04, mayor, costarricense, cédula de identidad número CED02, nacido en Limón, el 08 de junio de 1980, hijo de Nombre05 y Nombre06, casado, pensionado de la CCSS, vecino de Limón, 28 Millas; por el delito de TALA Y APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES Y Nombre07. Intervienen en la decisión del recurso las juezas Iris Valverde Usaga, Alejandra Valenciano Chinchilla y el juez Gustavo Gillen Bermúdez. Se apersonaron en esta sede el licenciado Gerardo Anchía Rodríguez, representante del Ministerio Público y la licenciada Selenia Arce Prendas, defensora pública de los encartados Nombre04 y Nombre01.

RESULTANDO:

I.Que mediante sentencia número 485-2019, de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del diez de junio de dos mil diecinueve, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, artículos 1, 6, 9, 10, 71, 313, 366 del Código Procesal Penal, 1, 2, 23, 30, 34 45 del Código Penal, y 61 incisos a y d de la Ley Forestal, número 7575, se absuelve de toda pena yresponsabilidad a Nombre04 Y Nombre01 por UN DELITO DE TALA Y APROVECHAMIENTO ILEGAL DE MADERA en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES Y Nombre07 que se les venía atribuyendo. Se absuelve sin especial condena en costas en lo penal.Levántese cualquier medida cautelar que se hubiese ordenado en contra deo ls imputados. Notifíquese. " (sic).

II.Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Gerardo Anchía Rodríguez, representante del Ministerio Público, interpuso recurso de apelación.

III.Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes

Redacta la jueza de apelación de sentencia penal Valverde Usaga; y,

CONSIDERANDO:

I.El licenciado Gerardo Anchía Rodríguez, fiscal auxiliar de Limón, impugna la sentencia número 485-2019, dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica a las catorce horas treinta minutos del seis de junio de dos mil diecinueve (según el acta de debate que corresponde a la audiencia en que se emitió oralmente la sentencia, pues en su encabezado se brindó otra hora y fecha). La apelación fue presentada en tiempo y con apego a los requisitos establecidos en los artículos 458, 459 y 460 del Código Procesal Penal.

II.El primer motivo del recurso se deduce por errónea fundamentación jurídica de la sentencia por errónea aplicación de los artículos 28 y 61 de la Ley Forestal. Indica el representante del Ministerio Público que existen vicios en la valoración de los presupuestos de los artículos 28 y 61 incisos a y d de la Ley Forestal, propiamente de los términos "aprovechamiento de productos forestales" y del verbo típico, lo cual llevó a que se consideraran atípicos hechos que sí encuadran en las normas mencionadas. Señala que durante la fase de conclusiones hizo ver que no solo se logró demostrar plenamente, con base en las declaraciones del denunciante Nombre07, de la testigo Nombre08 y del investigador Alexander Solano Hidalgo, cómo los encartados realizaron los hechos acusados, consistentes en aserrar y aprovechar la madera de seis arboles de las especies cedro y laurel que se encontraban en un inmueble poseído por el ofendido Nombre07; sino que, además, con base en lo declarado por el ingeniero forestal Nombre09 y la prueba documental se logró establecer que los hechos son típicos.

Argumentó el tribunal que era aplicable la excepción al requerimiento de permisos forestales contemplada en el artículo 28 de la Ley Forestal, no obstante, estima que las acciones de aserrar madera y su aprovechamiento no están contempladas en dicha excepción. La posición del tribunal fue que los hechos caen dentro de los presupuestos del artículo 28 citado, norma que exime a las personas de la necesidad de contar con permisos otorgados por el Estado para realizar la corta, transporte, industrialización y exportación de productos forestales dentro de los sistemas agroforestales. Se ponderó en el fallo que el lugar de los hechos es un sistema agro forestal, conforme al informe SINAC-ACLAC-OSSM-D-152 del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y que el concepto de "aprovechamiento" incluye la corta. Admite el fiscal que en efecto los árboles talados por los acusados se encontraban dentro de un sistema agro forestal, pero cuestiona que sus acciones puedan enmarcarse dentro de la excepción legal, toda vez que, como lo indicó durante el juicio, el “aprovechamiento” de productos forestales incluye la acción de corta de madera, mas no se circunscribe únicamente a esta, sino que contiene otros elementos como son el procesamiento y uso de los productos, sea para provecho propio o para su comercialización.

Refiere que los testigos Nombre07 y Nombre08 indicaron que pudieron ver la madera de los árboles talados por los imputados en la vivienda de estos. Expone el recurrente que la definición del aprovechamiento de productos forestales a la que hace referencia la juzgadora, se desarrolló en la resolución del Tribunal de Casación Penal de San José, número 2010-2015, en la que se analiza el artículo 3 inciso a) de la Ley, que define el aprovechamiento como: "Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa". Más adelante, en la misma resolución se determina que el aprovechamiento puede ser asociado a árboles, independientemente de que formen parte de un bosque o plantación, y que el concepto “forestal” no se limita a lo relativo a los bosques, es decir, el aprovechamiento de productos forestales se puede dar sin necesidad de que estemos en un bosque o área protegida.

Indica que en el presente caso las acciones acusadas, -aserrar la madera de seis árboles de las especies de cedro y laurel con fines de aprovechamiento, y sacar dicha madera de la finca del ofendido para usarla los acusados, trasladándola a su vivienda-, se acreditaron y adicionan a la acción del aprovechamiento otra conducta, que fue contemplada en la calificación legal de los hechos de la acusación, a saber, la prevista en el inciso d) del artículo 61 de la Ley Forestal, que consiste en sustraer productos forestales de una finca privada. Cita el criterio del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón (Alajuela) en la resolución número 385, de las 14:45 horas del 26 de junio de 2013, en la que se estimó que la noción normativa de "productos forestales” del artículo 61 de la Ley Forestal, no puede restringirse a lo relativo a bosques. Reitera que en el debate sostuvo que las conductas descritas en el hecho primero de la acusación no están incluidas en la excepción del artículo 28 de la Ley Forestal, por cuanto esta se refiere solo a la corta, transporte, industrialización y exportación de productos forestales dentro de los sistemas agro forestales, mas no al aprovechamiento en todas sus formas, abarcando solo un verbo (cortar).

Sostiene que corta y aserrío no son sinónimos, por cuanto la corta de un árbol para su derribo es distinta de la que se hace cuando el tronco está en el suelo, y porque la acción de aserrar madera va más allá de la corta, pues abarca el procesamiento en tablas, tucas o astillas. Expone que el aprovechamiento desde su misma definición semántica sobrepasa la sola acción de cortar, en tanto que requiere sacar un provecho del producto forestal. De lo indicado colige que no es correcta la apreciación de la a quo, al aplicar las excepciones del artículo 28 de la Ley Forestal en este caso, por lo que, en su opinión, los hechos acusados y demostrados son típicos y no era procedente la absolutoria bajo el presupuesto indicado. El segundo reclamo se formula por errónea fundamentación jurídica de la sentencia por errónea aplicación del artículo 35 del Código Penal. Señala el recurrente que el tribunal realizó una incorrecta valoración para concluir que estamos ante un error de prohibición directo, estimando que los imputados podrían haber actuado bajo la suposición de que estaban legitimados para realizar los actos, por creer que estaban dentro de su propio terreno.

A criterio del tribunal, no se contó con prueba para establecer que el denunciante Nombre07 sea titular o poseedor del inmueble en el cual se dieron los hechos. Por existir un conflicto por la titularidad del inmueble entre el ofendido y los imputados, estos podrían haber actuado bajo la creencia de que estaban dentro de su propiedad y por ende legitimados para realizar el aprovechamiento de los productos forestales. Estima el fiscal que dicho argumento no es acertado, por cuanto, pese a que no se demostró con documentos que el inmueble en cuestión esté inscrito a nombre del denunciante Nombre07, es conteste la prueba testimonial y documental en establecer que él ha poseído y ha habitado en el lugar donde se dan los hechos, desde mucho antes que los imputados. Si bien estos presentan un documento correspondiente a una escritura de venta de un inmueble, tampoco se ha acreditado que sean titulares del mismo, o que ese inmueble que presuntamente poseen sea el mismo donde se dio el aserrío de los árboles, pues hasta el testigo ofrecido por la defensa señaló que el señor Nombre07 vive en ese lugar desde hace más de 20 años.

Refiere el fiscal que había elementos para considerar que el ofendido, si no es titular registral (lo cual tampoco demostraron los imputados con el plano y escritura que aportaron) sí era poseedor desde mucho antes que los encartados. Por otro lado, considera que no cabría un error de prohibición, por cuanto ese no se vincula a la conducta atribuida, que es aprovechar y sustraer productos forestales, sin autorización del estado, de una finca privada. Sobre este último concepto, indica que el artículo 61 inciso d) de la Ley Forestal no ha previsto que la finca sea "ajena" sino “privada” y que el testigo Nombre09 explicó que los alcances de la ley se extienden a los propietarios de las fincas. La resolución impugnada, por una parte dice que hay un error de prohibición directo en virtud de que los imputados creen que sustraen productos forestales de su finca y no de una finca privada, ajena, pero a la vez busca excluir sus acciones de un tipo penal que es aplicable aún a los propietarios de la finca.

Cita la sentencia de la Sala Tercera número 695 de las 15:10 horas del 29 de junio de 2007, respecto al error de tipo y el error prohibición, tanto directo como indirecto, en la que se señaló que el error directo recae sobre el conocimiento de la norma prohibitiva, mientras que el indirecto se refiere a la falsa suposición de la existencia de un permiso que la ley no otorga, o una causa de justificación. De la cita jurisprudencial deduce el recurrente que lo indicado por la a quo al minuto 00:56:01:40 de la grabación de la sentencia, sobre el posible error de prohibición directo en que habrían incurrido los imputados al desconocer que se estaba realizando una acción ilícita, no sería aplicable, por cuanto en primer lugar, los imputados saben que hay una disputa por esos terrenos, así que podían derivar lógicamente que realizar conductas como las acusadas podía llevar a un reclamo como el que se dio.

Agrega que si ellos creían estar amparados por un derecho, el error que presuntamente cabe es indirecto y no directo. Y en segundo lugar, conforme a los hechos imputados y a la prueba, no es lógico pensar que los acusados conocieran previamente la excepción tan específica del artículo 28 de la Ley Forestal y actuaran pensando que estaban amparados por la misma, sino que claramente, según se desprende de la prueba testimonial y documental sobre la antigüedad del conflicto entre el denunciante y los acusados, estos no tuvieron reparo en aprovechar y sustraer productos forestales de la finca que sabían el denunciante poseía y reclamaba como suya, por lo que tampoco ese error sería invencible, por cuanto los imputados tenían conocimiento de que la casa del denunciante estaba en ese lugar, han tenido conflictos con este por la titularidad de las tierras, y cualquier poseedor de una finca con árboles maderables sabe que debe consultar a las autoridades ambientales sobre la corta y procesamiento de estos, al menos para saber si tiene o no autorización legal para ello, lo cual no hicieron los encartados, sin que resulte creíble que conocían la excepción del artículo 28 de la Ley Forestal.

Indica el fiscal que se causó agravio al dejarse de imponer la sanción que correspondía por un delito que quedó claramente demostrado, por lo que solicita se anule la sentencia y se ordene el reenvío a un nuevo juicio. Posición de la defensa: la licenciada Selenia Arce Prendas, defensora pública de los imputados, solicitó rechazar el recurso, indicando que, tal como fue resuelto por la juzgadora, estamos ante las excepciones del artículo 28 de la Ley Forestal, el cual exime del permiso de corta a los árboles plantados individualmente y sus productos y a los sistemas agroforestales. Quedó acreditada esta situación, tanto por medio de la prueba testimonial como documental recibida, específicamente el informe del MINAE SINAC-ACLOC-OSSM-152, donde se especificó: “No se realiza daño ambiental debido a que los árboles fueron talados fuera de áreas de bosque y tampoco hubo afectación de áreas de protección.

Los árboles talados se encontraban dentro de un sistema agroforestal, árboles aislados en combinación de un cultivo agrícola”, agregando el mismo informe que se aplica el artículo 28 de la Ley Forestal. La absolutoria dictada se basó en lo que indica claramente este informe, así como en la declaración del funcionario del MINAE Nombre09, quien confirmó esta circunstancia. Refiere que el artículo 28 habla de árboles plantados individualmente y sus productos, habiéndose demostrado en el contradictorio la forma que fueron plantados esos árboles. En cuanto al segundo motivo, indica la defensora que solo la parte imputada ofreció prueba para acreditar que esta propiedad le pertenecía, aportando escritura y plano, cosa que no hizo la parte ofendida, por lo que la conclusión del Tribunal es acertada. Agrega que la única testigo de la Fiscalía, Nombre10, tuvo serias contradicciones en su declaración, como al indicar que se topa el mismo día de los hechos a don Nombre07 y le informa de las personas que acaba de ver en la propiedad, cuando el mismo Nombre07 la contradice, al informar que él no se encontraba, que andaba haciendo mandados en Bataán y que habló con Nombre11 tres días después.

Además Nombre11 primero dice que ellos siempre han tenido problemas, pero luego dice desconocer si existían problemas entre Nombre07 y los imputados. Solicita se declare sin lugar la apelación. SE RESUELVE: por referirse ambos a la fundamentación jurídica de la sentencia, se resuelven conjuntamente los reclamos, declarándolos sin lugar. Esta Cámara de Apelación de Sentencia se impuso del contenido del fallo, dictado en forma oral, que consta en el archivo 130006990472PE-06062019022848-2_Multi--0.wmv, constatando que cumple con los requisitos esenciales para su validez y eficacia. Luego de brindar los datos generales de la sentencia, los imputados y las partes, expuso el Tribunal los hechos acusados (minuto 04:33). Luego, al minuto 00:06:22, indicó que como único hecho demostrado se tenía que los imputados no acusan juzgamientos y como hechos no probados, los contenidos en el punto primero de la acusación.

Del minuto 00:08:34 en adelante se desarrolló el sumario de prueba, iniciando con el resumen de la declaración del ofendido Nombre07, de seguido se reseñó el testimonio de Nombre11 (minuto 00:19:40) de Nombre09, funcionario del MINAE (minuto 00:24:38) del investigador judicial Alexander José Solano Hidalgo (minuto 00:31:17) y del testigo de la defensa Nombre12 (minuto 00:35:36). A partir del contador horario 00:39:02 se aprecia la incorporación de la prueba documental, haciendo la juzgadora una breve descripción de su contenido: se trata de la denuncia del ofendido, la entrevista a la testigo Nombre11, el Informe CI-140 del Organismo de Investigación Judicial en el que constan las diligencias policiales realizadas, la denuncia de oficio del OIJ de Limón con la que se dio inicio a la investigación, el acta de inspección realizada por el OIJ en el sitio y la secuencia fotográfica que la acompaña, la copia de la escritura número 115 realizada ante el notario Nombre13 de la venta de una finca celebrada el 1 de julio de 1998, a Nombre05 (se describe como un lote sin inscribir de cuatro hectáreas aproximadamente, colindante al sur con línea férrea, al este con Nombre07, situado en Veintiocho Millas de Bataán, Limón, que el vendedor ha poseído por más de doce años).

Juzgamientos de los imputados. Oficio del SINAC donde se indica que no hay inscripción de motosierras o aserradero portátil a su nombre. Oficio de valoración de la madera. Plano catastrado inscrito en el año 2000 de lote a nombre de Nombre05. A partir del minuto 00:43:16 de la grabación, expuso la juzgadora la fundamentación probatoria intelectiva de la sentencia. Inicia indicando que los hechos según su descripción en la pieza acusatoria corresponden al artículo 61 de la Ley Forestal (al cual dio lectura) que sanciona en su inciso a) a quien aproveche uno o varios productos forestales en propiedad privada, sin contar con el permiso de la Administración Forestal del Estado, o a quien, contando con el permiso, no se ajuste a lo autorizado. Señaló la a quo que la misma ley define en su artículo 3 qué se debe entender por aprovechamiento maderable, refiriendo que según el concepto contenido en la norma la corta forma parte del aprovechamiento.

Pasó a exponer la excepción contenida en el artículo 28 de la Ley Forestal, según la cual no se requerirá permiso para la corta, transporte, industrialización ni exportación de la madera, cuando esta se obtenga en plantaciones forestales, sistemas agroforestales, o provenga de árboles plantados individualmente. Es claro que la aplicación de la excepción del artículo 28 era procedente: en primer término, como lo reconoce el fiscal en su impugnación, en el caso concreto se acusó la corta de seis árboles de las especies cedro y laurel, realizada sin contar con los permisos correspondientes, es decir -se indica en el hecho primero parte final-, “de manera ilegal para su aprovechamiento”. En segundo término, no podía aplicarse el artículo 61 inciso a de la Ley Forestal, que tipifica el aprovechamiento ilegal de madera en propiedad privada (esto es, el realizado sin contar con el permiso de la Administración Forestal del Estado) porque, en el caso concreto, la corta fue de seis árboles plantados que formaban parte de un sistema agroforestal, como fue correctamente apreciado por el Tribunal y se demostró mediante el Informe extendido por el SINAC, en el que se constató que la corta había sido realizada dentro de un sistema agroforestal e incluso se omitió la valoración del daño ambiental por ese motivo, lo que además fue confirmado con la declaración del funcionario del MINAE Nombre09, quien emitió el informe y explicó que no se trataba de un área de bosque, tampoco había ríos o quebradas cerca, es decir, no era un área de protección sino una finca que califica como sistema agroforestal, e incluso se refirió a la excepción de permiso que en tales casos dispone el artículo 28 de la Ley Forestal.

El recurrente sostiene, mediante una interpretación muy particular de la norma citada, que esta no es aplicable porque no exime del permiso en los casos de aprovechamiento en todas sus formas (siendo la corta solo una parte del proceso). Agrega que aserrar madera no es sinónimo de cortar un árbol, porque si bien se requiere la corta, el aserrío va más allá, implica la obtención de tablas, tucas y astillas, por ende, el aprovechamiento sobrepasa la mera acción de cortar y es esta última la que se menciona en el artículo 28. El enfoque resulta equivocado, pues el punto medular de la norma en cuestión no se refiere al verbo utilizado y sus posibles sinónimos, sino a las condiciones de los árboles que no requieren permiso para su corta y aprovechamiento: aquellos que han sido plantados individualmente, así como los procedentes de plantaciones forestales o sistemas agro forestales (como se califica la finca donde se ejecutó la acción).

Si se exime del permiso para la corta, transporte, industrialización y exportación de los “árboles plantados individualmente y sus productos” (el subrayado es suplido) es claro que se incluye no solo la acción de talar o cortar el árbol, sino la de aprovecharlo, obteniendo “sus productos” (esto es, las tablas, tucas y astillas de que habla el recurrente) debiendo entenderse que los árboles que proceden de plantaciones forestales y sistemas agroforestales también incluyen “sus productos” cuando se les exime del permiso de la Administración Forestal del Estado. Sería absurdo concluir que la excepción solo cubre la corta pero no el aprovechamiento, pues al hablar de los árboles y sus productos, involucra todo aquello que se obtiene a partir del árbol. La definición de producto es “cosa producida” (del.rae.es/producto?m=form) y, en el caso de un árbol, la cosa producida es precisamente todo el conjunto de objetos (tablas, tucas y astillas, entre otros, para utilizar las palabras del recurrente) que se obtienen a partir del árbol, una vez cortado.

Véase que el artículo 28 no solo exime de la obtención de permiso para la corta, sino también para el transporte, industrialización y exportación. La industrialización es precisamente aprovechamiento. Recurriendo de nuevo al diccionario, se define como industria el conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales (del.rae.es/industria?m=form). Es decir, el aprovechamiento del árbol es lo mismo que hacerlo objeto de industria o elaboración (o industrialización) desde que el artículo 3 de la Ley Forestal, en su inciso a, define el aprovechamiento maderable como “Acción de corta, eliminación de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados, no incluida en el artículo 1 de esta ley, que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa”.

Y si la industrialización de árboles no requiere permiso cuando se trate de árboles plantados, sea individualmente o como parte de plantaciones forestales o sistemas agro forestales, según el artículo 28 tantas veces citado, es claro que el aprovechamiento sí está incluido (y no solo la corta) dentro de la excepción de permiso allí prevista. En consecuencia, si los imputados cortaron árboles de cedro y de laurel dentro de un sistema agroforestal, los cuales aserraron (sometieron a industrialización) no requerían para ello de los permisos cuya ausencia es el núcleo de la imputación. Véase que la acción descrita en el hecho primero consistió en que “...el acriminado Nombre04 aserró al menos seis árboles del tipo cedro y laurel, mientras Nombre01 y Nombre14 apilaban la madera cortada, actividad que los encartados realizaron sin contar con permiso alguno por parte del derecho habiente ni de las autoridades correspondientes, es decir de manera ilegal para su aprovechamiento”.

En consecuencia, la absolutoria dictada no solo tiene un sustento probatorio que no ha sido cuestionado, sino que cuenta con un fundamento jurídico claro. Hubo un segundo argumento brindado por el Tribunal, respecto a la ausencia de autorización por parte del presunto propietario o poseedor del inmueble. Al efecto, se estimó que los imputados habrían actuado bajo error, al considerar que estaban legitimados para realizar los actos (la extracción de la madera) por creer que estaban en un inmueble de su propiedad. La juzgadora ponderó que no se había contado con prueba para establecer que el denunciante Nombre07 fuese el titular o poseedor del inmueble en el cual se dieron los hechos, por existir un conflicto sobre la titularidad del mismo y por haber aportado la defensa prueba de que el imputado Nombre04 tendría mejor derecho, a saber, la escritura de compra, ante notario público, de un terreno sin inscribir por parte de su padre Nombre05, fechada 1 de julio de 1998, así como un plano catastrado confeccionado a nombre de Nombre05 en el año 2000.

Alega el recurrente que sí se aportó prueba de que el ofendido es el poseedor del inmueble, pues así lo declaró Nombre07 e incluso el testimonio aportado por la defensa de Nombre12 así lo reconoció, al indicar que el ofendido reside en ese lugar desde hace más de veinte años, que llegó al sitio antes de que lo hicieran los imputados y el mismo testigo. El recurrente hace su propia valoración de la prueba, intentando sustituir los razonamientos del a quo. Lo cierto es que el testigo Nombre12 manifestó, y así fue consignado en la sentencia, que don Nombre07 y don Nombre04 están peleando esa propiedad, que es la propiedad que compró Nombre05, el papá de don Nombre04 y que le quedó a Nombre04 cuando murió Nombre05, que allí don Nombre04 tiene plantación, que don Nombre07 vive ahí, colindando con la propiedad de don Nombre04 y que don Nombre07 siempre ha vivido ahí, desde hace más de veinte años.

Es decir, de ese relato no se puede colegir que don Nombre07 es el poseedor o quien tiene mejor derecho, e incluso del dicho del propio ofendido se infiere que ha existido un conflicto de larga data por la posesión. Tomando en cuenta esos datos, así como la escritura y el plano aportados por el encartado, el Tribunal estimó que los acusados pudieron actuar bajo el convencimiento de que estaban legitimados para tomar la madera, por encontrarse esta dentro de su inmueble. El hecho de que los imputados tengan conocimiento de que don Nombre07 vive en ese sitio o que existe una disputa por esos terrenos no significa que se deba descartar el error, como pretende quien impugna, pues independientemente de los reclamos de don Nombre07, podrían haber actuado en la creencia de ser los poseedores y por ende con derecho a disponer de la madera. Es cierto que la juzgadora incurrió en un yerro, al estimar que en la especie concurría un error directo de prohibición, como lo manifiesta al minuto 00:50:24, a la vez que hizo lectura, para sustentar su criterio, del artículo 34 del Código Penal, en cuanto dispone: “No es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, según su descripción”.

El artículo 34 citado, como ha sido ampliamente analizado por la jurisprudencia nacional, regula en su primera parte el error de tipo (aun cuando se le denomine “error de hecho”) y no el error directo de prohibición, mientras que su párrafo final prevé el llamado error indirecto de prohibición (la errónea creencia de que se cuenta con una autorización o permiso para actuar, o que concurre una causa de justificación) pero no estamos simplemente ante una utilización incorrecta de los términos o nombres de una figura penal. De los razonamientos expuestos por el Tribunal da la impresión de que, aunque se le llame “error de prohibición directo”, se refería más bien al error de tipo, pues se afirma en el fallo que, una vez apreciada la prueba, se concluye que los hechos pudieron haberse dado con desconociendo de un aspecto del tipo, un elemento que forma parte del delito, como lo es la condición de “propiedad privada” del inmueble, mencionada en el artículo 61 inciso a) de la Ley Forestal.

Esta norma requiere, para la realización del tipo penal, que el aprovechamiento de productos forestales se realice en “propiedad privada”; pero en el caso concreto, indicó la juzgadora, se contó con un testigo, don Nombre12, que dio fe de que don Nombre05 (el padre del imputado Nombre04) compró esa propiedad y que don Nombre04 la heredó, además así consta en el documento o escritura aportada, por lo que no sería una “propiedad privada”, concretamente, no sería propiedad de don Nombre07. La interpretación es completamente errónea, por dos razones: 1) Se afirma que al Tribunal no le quedó claro quién es el poseedor, quién es el titular del derecho sobre ese inmueble, pues que don Nombre04 aportó una escritura y desde que fue indagado manifestó que ese terreno le pertenece. En efecto, es claro que hay una discusión sobre la titularidad del inmueble, el propio ofendido así lo manifestó. Esto podía dar lugar a una absolutoria, si se estimó que los imputados estaban actuando en ejercicio legítimo de un derecho; o bien, en caso de existir duda respecto a las cuestiones de hecho, a dictar una absolutoria en aplicación del principio in dubio pro reo, pero no cabía aplicar la figura del error. 2) En segundo lugar, la lectura realizada por la juzgadora, según la cual el delito solo se comete cuando se da el aprovechamiento forestal en propiedad ajena y no propia (dando un contenido erróneo al concepto de “propiedad privada”) condujo a una incorrecta interpretación de la norma.

Cuando el numeral 61 inciso a) de la Ley Forestal se refiere al aprovechamiento de productos forestales en propiedad privada, lo hace para distinguirlo del efectuado en las propiedades demaniales o estatales, dado que existe norma expresa que regula el aprovechamiento de recursos forestales en terrenos patrimonio natural del Estado, a saber, el artículo 58 inciso b). De modo que, en efecto, el artículo 61 inciso a) es aplicable incluso al propietario del inmueble privado en el que se realiza la acción, sin que esa condición (“propiedad privada”) se refiera a que el terreno pertenece a un tercero, sino a que no es del Estado; y sin que desaparezca la tipicidad por el hecho de que sea el propio dueño del inmueble quien ejecuta la acción, como equivocadamente lo apreció la juzgadora. Hay una evidente confusión, pero esto resulta irrelevante a los efectos de la correcta solución del caso, pues prevalece la excepción del artículo 28 supra mencionado, que sí fue correctamente aplicado, de allí que todos los razonamientos en torno a un posible error de tipo (mal designado como error directo de prohibición) pueden ser suprimidos sin que desaparezca el punto medular, esto es, que no se cometió delito por estar la conducta amparada en la excepción del artículo 28 de la Ley Forestal, siendo que la fundamentación de este extremo mantiene plena eficacia.

Tampoco es relevante que los encartados no tuvieran conocimiento de la existencia de la citada excepción, pues esta norma se aplica ya sea que el sujeto activo la conozca o no. El otro tema que sí fue tratado de forma correcta por el Tribunal, se expone a partir del minuto 58:27. El Ministerio Público en sus conclusiones refirió que los hechos habían sido calificados con base en el artículo 61 en sus incisos a y d, pues también se acusó la sustracción de productos forestales de una propiedad privada. La juzgadora mencionó que el artículo 313 (no indicó de qué cuerpo legal, pero es claro que se refería al Código Procesal Penal) establece los efectos del sobreseimiento definitivo, el cual cierra de manera irrevocable la investigación e impide una nueva persecución penal por el mismo hecho. Refirió que en la audiencia preliminar se conoció la acusación, que contenía dos hechos, el primero es el que ya fue resuelto, y en el segundo hecho se acusó la sustracción ilegítima y traslado de la madera fuera de la propiedad del ofendido, de la cual habrían entrado en posesión los encartados.

Hizo ver que por este segundo hecho se dictó una sentencia de sobreseimiento definitivo, es decir, por la acción de sustraer y transportar los productos forestales fuera del inmueble los imputados fueron sobreseídos y esa resolución adquirió firmeza. En efecto, la acusación planteada por el Ministerio Público contiene un hecho segundo, en el que se indicó: “En ese mismo momento y lugar, una vez cortados los supra citados árboles, los encartados Nombre04, Nombre01 y Nombre14, con pleno conocimiento de su actuar ilícito y con el único fin de apoderarse de bienes ajenos, procedieron a trasladar dicha madera fuera de la propiedad del agraviado y la ocultaron en la propiedad de Nombre04, entrando en ese momento en ilegítima posesión de la misma”. Como parte de sus agravios, el señor fiscal mencionó que “...las acciones acusadas, de aserrar la madera de los seis árboles de las especies de cedro y laurel, con fines de aprovechamiento, y el sacar dicha madera de la finca del ofendido para usarla los acusados, y trasladarla a su vivienda como lo acreditaron los testigo Nombre07 y Nombre08, adiciona una acción más del aprovechamiento, que fue contemplada en la calificación legal de los hechos durante la acusación, en el inciso d) del artículo 61 de la Ley Forestal, como lo es sustraer productos forestales de una propiedad privada”.

Reclama que los encartados no tuvieron reparo en aprovechar y sustraer productos forestales de la finca que sabían poseía el denunciante, pretendiendo así la aplicación del artículo 61 inciso d) de la Ley Forestal a la conducta que estima se demostró, norma que sanciona a quien sustraiga productos forestales de una propiedad privada o del Estado, o transporte productos forestales obtenidos en la misma forma. Habida cuenta de que lo que se acusan son hechos y no calificaciones jurídicas, no cabe duda de que la acción de sustraer y transportar los productos forestales desde una propiedad privada (presuntamente perteneciente al ofendido Nombre07) hasta la vivienda de los imputados es la conducta descrita en el hecho segundo de la acusación, por el cual se dictó un sobreseimiento definitivo a su favor “por atipicidad, por tratarse cuestiones donde está de por medio un conflicto de posesión de tierras y lindero”, como consta en el acta de la audiencia celebrada el veintinueve de enero de dos mil quince, incorporada al expediente virtual, así como en la grabación de dicha audiencia, en la cual oralmente se emitió el sobreseimiento a las 15:00 horas del 29 de enero de 2015 (cfr. archivo multimedia identificado como “AUDIENCIA PRELIMINAR/AUTO DE APERTURA A JUICIO”, minuto 32:22, específicamente el punto fue resuelto del minuto 35:50 en adelante) descartándose así el hecho segundo de la pieza acusatoria, por lo que resulta inadmisible que se pretenda ahora la condena de los justiciables por una acción respecto de la cual se produjo cosa juzgada. En consecuencia, el reclamo debe ser desestimado.

POR TANTO:

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Gerardo Anchía Rodríguez, representante del Ministerio Público. NOTIFÍQUESE.- Iris Valverde Usaga Alejandra Valenciano Chinchilla Gustavo Gillen Bermúdez Juezas y juez de Apelación de Sentencia Penal Imputado: Nombre04 y otro Ofendido: Nombre07 y otro Delito: Tala y Aprovechamiento Ilegal de Madera Nombre15

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    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal
    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental

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