← Environmental Law Center← Centro de Derecho Ambiental
Res. 00197-2020 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · 27/03/2020
OutcomeResultado
The criminal acquittal for atypical conduct is upheld, but the abstract civil judgment is annulled because no criminal wrong was established to support a causal link; remanded for a new determination of civil aspects.Se confirma la absolución penal por atipicidad de la conducta, pero se anula la condena civil en abstracto por falta de injusto penal que sustente el nexo causal; se ordena reenvío para nuevo análisis de los extremos civiles.
SummaryResumen
The Criminal Appeals Court of Cartago reviewed a ruling by the Flagrancy Court that acquitted two defendants of illegal logging under the Forestry Law but awarded civil damages in abstract for environmental harm. The prosecution appealed the acquittal, claiming no violation of the corollary principle, but the Appeals Court upheld the acquittal: the charge failed to adequately describe objective elements of the crime (origin of the tree, exception to permit requirement, benefit). Regarding the civil award, defense counsel argued that since the conduct was found atypical, no accessory civil liability could exist. The Court agreed: non-contractual civil liability in criminal proceedings requires at minimum an unjust act (act+illegality). Without reaching even the act requirement, there is no causal link to support civil liability. Therefore, the civil aspects of the judgment are annulled and remanded for a new determination.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago revisa un fallo del Tribunal de Flagrancia que absolvió penalmente a dos imputados por infracción a la Ley Forestal (aprovechamiento ilegal de un árbol de Guanacaste), pero los condenó en abstracto por daño ambiental en la acción civil resarcitoria. La Fiscalía apeló la absolución alegando que no hubo violación al principio de correlación, pero el Tribunal confirma la absolución penal por atipicidad de la conducta: la acusación no describió adecuadamente los elementos objetivos del tipo penal (origen del árbol, excepción de permiso, beneficio). Respecto a la condena civil, los defensores argumentaron que, al declararse atípica la conducta, no puede existir responsabilidad civil accesoria. El Tribunal acoge este argumento: la responsabilidad civil extracontractual en el proceso penal requiere como mínimo la existencia de un injusto penal (tipicidad + antijuridicidad). Al no alcanzarse siquiera la tipicidad, no hay nexo causal que justifique la condena civil, por lo que se anula parcialmente la sentencia en los extremos civiles y se ordena reenvío para nuevo análisis de esos puntos.
Key excerptExtracto clave
Non-contractual civil liability arising from a harmful act, when raised as a civil indemnification claim in criminal proceedings, minimally requires that the criminal wrong be established according to Beling’s tripartite theory (act+illegality), in order to link the harmful result to the subject to whom the legally relevant action is attributed, thereby establishing a causal nexus making non-contractual civil liability enforceable. (...) In the case under study, since the action did not even reach the stage of act requirement, it is not possible to connect that conduct (which might be harmful) to the subject to whom it is attributed, such that the causal nexus necessary for civil judgment cannot be established. Thus, the reasons given by the lower court in the judgment lack legal reasoning and are limited to a merely descriptive study, which is insufficient and at the same time contradictory to what was decided on the criminal side, given that it found the conduct of the defendants atypical, causing a significant conceptual confusion that must be examined in the remand trial.La responsabilidad civil extracontractual procedente de un hecho dañoso, requiere, cuando se plantea dentro de una acción civil resarcitoria en el proceso penal, como mínimo que nazca el injusto penal según el planteamiento de la teoría tripartita de Beling (Tipicidad +antijuridicidad), para poder relacionar así el resultado dañino al sujeto a quien se le atribuye la acción jurídicamente relevante, estableciendo de esa manera un nexo causal que permite establecer la responsabilidad civil extracontractual exigible. (...) En la causa bajo estudio, al no llegar la acción siquiera al estadio de la tipicidad, no resulta posible vincular ese proceder (que podría ser dañoso) con el sujeto que se le atribuye, por lo que es posible establece el nexo causal necesario para la condena civil, de tal manera que las razones brindadas por la a quo en la sentencia carecen de motivación jurídica y se limitan a un estudio meramente descriptivo, el cual resulta insuficiente y a la vez, viene a ser contradictorio con lo decidido en el extremo penal, dado que estableció que la conducta de los encartados era atípica, lo que causa una confusión conceptual significativa que debe ser sometida a estudio en el juicio de reenvío.
Pull quotesCitas destacadas
"La responsabilidad civil extracontractual procedente de un hecho dañoso, requiere, cuando se plantea dentro de una acción civil resarcitoria en el proceso penal, como mínimo que nazca el injusto penal según el planteamiento de la teoría tripartita de Beling (Tipicidad +antijuridicidad), para poder relacionar así el resultado dañino al sujeto a quien se le atribuye la acción jurídicamente relevante, estableciendo de esa manera un nexo causal que permite establecer la responsabilidad civil extracontractual exigible."
"Non-contractual civil liability arising from a harmful act, when raised as a civil indemnification claim in criminal proceedings, minimally requires that the criminal wrong be established according to Beling’s tripartite theory (act+illegality), in order to link the harmful result to the subject to whom the legally relevant action is attributed, thereby establishing a causal nexus making non-contractual civil liability enforceable."
Considerando III
"La responsabilidad civil extracontractual procedente de un hecho dañoso, requiere, cuando se plantea dentro de una acción civil resarcitoria en el proceso penal, como mínimo que nazca el injusto penal según el planteamiento de la teoría tripartita de Beling (Tipicidad +antijuridicidad), para poder relacionar así el resultado dañino al sujeto a quien se le atribuye la acción jurídicamente relevante, estableciendo de esa manera un nexo causal que permite establecer la responsabilidad civil extracontractual exigible."
Considerando III
"Al no llegar la acción siquiera al estadio de la tipicidad, no resulta posible vincular ese proceder (que podría ser dañoso) con el sujeto que se le atribuye, por lo que es posible establece el nexo causal necesario para la condena civil, de tal manera que las razones brindadas por la a quo en la sentencia carecen de motivación jurídica y se limitan a un estudio meramente descriptivo."
"Since the action did not even reach the stage of act requirement, it is not possible to connect that conduct (which might be harmful) to the subject to whom it is attributed, such that the causal nexus necessary for civil judgment cannot be established. Thus, the reasons given by the lower court in the judgment lack legal reasoning and are limited to a merely descriptive study."
Considerando III
"Al no llegar la acción siquiera al estadio de la tipicidad, no resulta posible vincular ese proceder (que podría ser dañoso) con el sujeto que se le atribuye, por lo que es posible establece el nexo causal necesario para la condena civil, de tal manera que las razones brindadas por la a quo en la sentencia carecen de motivación jurídica y se limitan a un estudio meramente descriptivo."
Considerando III
"La manera en que fue formulada la acusación fiscal no permite arribar a la descripción de una conducta típica por omisiones de los elementos de tipicidad objetiva que el Ministerio Público, mediante este recurso de apelación, trata de paliar."
"The manner in which the prosecutorial charge was formulated does not allow reaching a description of typical conduct due to omissions of elements of objective act requirement that the Public Prosecutor’s Office, through this appeal, seeks to remedy."
Considerando I
"La manera en que fue formulada la acusación fiscal no permite arribar a la descripción de una conducta típica por omisiones de los elementos de tipicidad objetiva que el Ministerio Público, mediante este recurso de apelación, trata de paliar."
Considerando I
Full documentDocumento completo
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José Normativa internacional Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal Tema: Acción civil resarcitoria Subtemas:
Responsabilidad civil extracontractual procedente de un hecho dañoso requires as a minimum that the criminal wrong be established.
Tema: Responsabilidad civil extracontractual Subtemas:
Procedente de un hecho dañoso, when brought as part of a civil action for damages (acción civil resarcitoria) in a criminal proceeding, requires as a minimum that the criminal wrong be established according to the tripartite theory of Beling (Typicity + Unlawfulness).
"III. [...] Extracontractual civil liability arising from a harmful act, when brought as part of a civil action for damages in a criminal proceeding, requires as a minimum that the criminal wrong be established according to the tripartite theory of Beling (Typicity + Unlawfulness), in order to be able to link the harmful result to the subject to whom the legally relevant action is attributed, thereby establishing a causal link that allows enforceable extracontractual civil liability to be established. It is relevant to recall the opinion of [Name1] in this regard, when he states that: 'the necessary factual connection that must exist between the human action and the harmful result produced is called the causal relationship. The causal relationship materially links, directly, the breach of obligation or the Aquilian illicit act with the damage and, in a subsidiary and indirect manner, the latter with the attribution factor...' (Pizarro, [Name2] and [Name1], [Name3], 1999). Instituciones de Derecho Privado- Obligaciones. Buenos Aires, Editorial Hammurabi, Tomo 3, página 94). Although the concept is broader than the criminal one, it encompasses the totality of what the causal link means. In the case under study, since the action did not even reach the stage of typicality, it is not possible to link that conduct (which could be harmful) with the subject to whom it is attributed, such that it is not possible to establish the causal link necessary for a civil judgment; in such a way that the reasons provided by the a quo in the judgment lack legal reasoning and are limited to a merely descriptive study, which is insufficient and, at the same time, contradictory to what was decided in the criminal aspect, given that it established that the conduct of the accused was atypical, which causes a significant conceptual confusion that must be examined in the remand trial. Therefore, the complaint is granted and the judgment is partially annulled, solely with respect to the civil aspects of the appealed judgment. A remand of the case is ordered to hear those parts of the ruling." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina *180002791295PE* Contra: [Name1] and another Delito: Infracción a la Ley Forestal Ofendido: Los Recursos Naturales Res: 2020-197 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda. At nine thirty-five hours on the twenty-seventh of March, two thousand twenty.
An appeal filed in the present case against [Name1], an adult, born on the seventeenth of December, nineteen eighty-one, with identification document number CED1 – – , and [Name2], an adult, born on the twenty-first of July, nineteen sixty-four, with identification document number CED2 – – , for the offense of Violation of the Forestry Law (Infracción a la Ley Forestal) in the modality of illegal forest use (aprovechamiento ilegal), to the detriment of Los Recursos Naturales. Judges Jaime Robleto Gutiérrez and Marco Mairena Navarro and Judge Xiomara Gutiérrez Cruz participate in the decision on the appeal. Appearing on appeal were Attorney Roberto Madrigal Zamora, in his capacity as public defender for the defendant [Name2]; Attorneys Tatiana Villegas Ceciliano, representative of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público); Natalia Tencio Montenegro, in her capacity as public defender for the accused [Name1]; and Attorney Zaray Chavarría Prado and Attorney Carlos Lizano Rodríguez, State Attorneys for Criminal Matters (Procuradores Penales).
Resultando:
1. That by judgment 209-TFPZ-2019 at eighteen hours twenty minutes on the first of March, two thousand nineteen, the Flagrante Delicto Court (Tribunal de Flagrancia) of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón venue, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing, Articles 39 and 41 of the Constitución Política, 8 and 9 of the Convención Americana sobre Derechos Humanos, Articles 1, 11, 18, 20, 30 of the Código Penal, 3, 58 subsection B) of the Ley Forestal, Articles 1 to 6, 9, 12, 13, 16, 38, 111, 113, 119, 142, 200, 236, 265 to 267, 303, 360 to 366 and 429, 432 of the Código Procesal Penal, 1045 of the Código Civil, [Name1] and [Name2] are declared acquitted of all penalty and responsibility for an offense of VIOLATION OF THE FORESTRY LAW IN THE MODALITY OF ILLEGAL FOREST USE, to the detriment of LOS RECURSOS NATURALES. The civil action for damages (acción civil resarcitoria) is granted and the civil defendants [Name1] and [Name2] are condemned in the abstract for the environmental damage caused and the interest generated until its effective payment, for which they must resort to the corresponding legal avenue. The return of the lumber to the State Forestry Administration (Administración Forestal de Estado) is ordered, and the return of the seized saw is ordered to [Name3]. The return of the Portable Sawmill is ordered to whoever proves to be its legitimate owner; a period of three months is granted for this purpose to appear before the court to request its return; once that period has elapsed, in accordance with the provisions of Article 1 of the Law on Forfeited Assets (Ley de Bienes Caídos en Comiso), it shall pass to the order of the State. The ruling is issued without condemnation for costs in the criminal part; the expenses of the proceeding shall be borne by the State. The civil defendants are condemned to pay the costs of the civil action for damages, which are set in the abstract; they must resort to the corresponding legal avenue for their enforcement. Once the judgment is final, the immediate archiving of the case is ordered. HAVING BEEN DELIVERED ORALLY, THE PARTIES ARE NOTIFIED IN THIS ACT, THE AUDIO AND VIDEO RECORDING OF THE JUDGMENT IS MADE AVAILABLE TO THEM. Marjorie Navarro Castro, Judge. (sic)."
2. That against the preceding ruling, Attorney Roberto Madrigal Zamora and Attorneys Tatiana Villegas Ceciliano and Tatiana Tencio Montenegro filed appeals.
3. That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 466 of the Código Procesal Penal, amended by Law 8837 published on the ninth of December, two thousand eleven (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), the Court considered the questions raised in the appeal.
4. That the pertinent legal requirements have been observed in the proceedings.
Judge Robleto Gutiérrez writes, and;
Considerando:
I.- Attorney Tatiana Villegas Ceciliano, Assistant Flagrancy Prosecutor of Pérez Zeledón, based on Articles 39 and 41 of the Constitución Política; 142 and 459 of the Código Procesal Penal; numerals 3 and 61 subsection a) of the Ley Forestal; 437, 438, 439, 458, 459, 485 and 460 of the Procedural Code, files an Appeal against judgment No. 209-TFPZ-2019, issued by the Flagrante Delicto Court of the First Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón venue, at 18:20 hours on March 1, 2019, a ruling by which [Name2] and [Name4] were acquitted of all penalty and criminal responsibility for the offense of Violation of the Forestry Law in the Modality of Illegal Forest Use to the detriment of Los Recursos Naturales. However, the civil action for damages was granted, and the civil defendants [Name2] and [Name4] were condemned in the abstract for the environmental damage caused plus interest until its effective payment. The return of the lumber to the State Forestry Administration is ordered, and the return of the seized saw is ordered to [Name3]. The return of the Portable Sawmill is ordered to whoever proves to be its legitimate owner; a period of three months is granted for this purpose to appear before the court to request its return; once that period has elapsed, in accordance with the provisions of Article 1 of the Law on Forfeited Assets, it shall pass to the order of the State. The ruling is issued without condemnation for costs in the criminal part; the expenses of the proceeding shall be borne by the State. The civil defendants are condemned to pay the costs of the civil action for damages, which are set in the abstract; they must resort to the corresponding legal avenue for their enforcement. Her claim is directed against the criminal acquittal in favor of [Name2] and [Name4] for the offense of Violation of the Forestry Law in the Modality of Illegal Forest Use to the detriment of Los Recursos Naturales. As the sole ground, she alleges erroneous application of the principle of correlation between accusation and judgment. The oral ruling contains serious errors, in that, mistakenly, it indicates that the Public Prosecutor's Office incurred significant omissions in constructing the accusation, supposedly lacking objective elements of the criminal type, which in the appellant's opinion is not true. What, according to the judge, permitted the acquittal is that the prosecutorial accusation does not describe that the Guanacaste tree was fallen at the time of being used by the defendants, nor does it indicate in the charging document that the site where the forest harvesting took place was on State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado) land. Furthermore, the appealed judgment points out that the accusation did not describe what the forest use consisted of, that is, it did not indicate what the benefit, advantage, utility, or gain obtained was. For that reason, the judge went to the extreme of saying that the facts are atypical. Despite this, what the judge indicated is contrary to the procedural reality, as well as to the audio records of the present criminal proceeding, because it is surprising that the judge states in her judgment that the accusation did not establish that the Guanacaste tree was fallen, since, from the Initial Hearing, as recorded in the audio record, when requesting jurisdiction, the Public Prosecutor's Office read the charging document clearly indicating that the tree subject to the defendants' illicit action was fallen. As if that were not enough, when the accusation was formulated, it was explained to the defendants and the Court that the conduct accused of the defendants was precisely to harvest a fallen Guanacaste tree, a situation that is recorded in the audio and video of the initial hearing held on January 15, 2019. Likewise, when the oral and public trial began, the Public Prosecutor's Office made its opening statement, once again presenting the accusation that had been previously admitted, in which that condition of the Guanacaste tree subject to this proceeding was once again stated. All of which can be corroborated by observing the audio records of the oral and public trial. For that reason, it is not true that the prosecutorial accusation contains serious omissions in the charges that would have prevented the issuance of a conviction, as the trial judge indicates; rather, it seems that she did not pay due attention, since in her judgment she erroneously stated that this situation was not included in the Prosecutorial Accusation and therefore, in applying the principle of correlation between accusation and judgment, the judicial authority erroneously justifies an acquittal. On another note, observe the weak judicial analysis in the ruling; one only has to listen to the accusation to realize that the Public Prosecutor's Office accused both defendants of the violation of the Forestry Law, provided for in Article 61 a), and not, as the judge erroneously indicated in her judgment, for the violation contemplated in Article 58 subsection b). Evidently, we know that what is accused are facts and not legal classifications, but it is important to highlight this inconsistency, given that, from the initial hearing, the criminal type attributed to the accused was established as Article 61 a) of the cited Law. While it is true that the legal classification is provisionally established during the proceeding, and it is the Trial Court that must, by judgment, establish the legal classification it deems appropriate, the fact of the matter is that said classification must obey a legal and juridical analysis pursuant to Article 142 of the Código Procesal Penal, wherein the judge extensively reasons the grounds she had for departing from the criteria of the prosecutorial representative and the judge of the initial hearing who also admitted the legal classification given by the Public Prosecutor's Office. But in the case at hand, it rather seems that the judge becomes confused regarding the criminal type being accused, which indeed takes on special relevance, since it is not entirely clear whether she determined the facts based on the criminal type accused by the Public Prosecutor's Office and deemed the charging elements insufficient, or whether she mistook the provision and missed elements of a criminal type that was not being accused. The lack of clarity in this aspect does not guarantee any of the parties the right to a just and duly grounded judgment. Moreover, according to the reasoning that the judge erroneously continues to give orally, she establishes that the accusation did not indicate that the tree was within the State Natural Heritage, "... in this case, what was initially established and what was indicated in the evidence, it concerned Article 58 of the Forestry Law subsection 8), that was the one the Court took into consideration because it was always said that this tree was located within State property. It was a place where long ago ... after the tropical storm [Name5] caused a washout, that Guanacaste tree remained at the site... At trial, it was indicated that this tree was cut and dragged to a private Teak estate bordering the State Natural Heritage, where precisely the sawing of the tree was carried out, or at least, in this Judge's opinion, it was not about testing the tree; the photographs were evident because the quantity of lumber pieces that had already been cut, 34 pieces, the sawing was already being done..." The judge herself indicates in her judgment that the forest use was NOT carried out on State Natural Heritage lands, precisely for this reason the Public Prosecutor's Office did not accuse the violation provided for in Article 58 subsection b) of the Forestry Law, and this is the reason why the accusation evidently did not state that the forest use carried out by the defendants took place on State lands. The prosecutorial accusation did establish that the illegal forest use of the fallen Guanacaste tree species took place in the locality of Buenos Aires de Puntarenas, specifically on the estate located at geographical coordinates CED3 and CED4. The judge herself considered that forest use as proven, since she even discredited the version of the defendant [Name2], who stated that he was only "testing" the lumber. Finally, another of the normative elements that the Court finds lacking in the prosecutorial accusation is that it does not state what the benefit, advantage, utility, or gain was for the defendants or those they represented. On this point, the Court establishes: "that must also be included in the charging document or at least that is how it was made to seem..., it was not even investigated by SINAC officials and in this case there indeed was a forest use; the charging document should have included, as it dealt with using a fallen tree, stating what the benefit of that cutting would be or, in this case, it was said it was for the benefit of the School of Ocochobi..." [sic]. At trial, it was demonstrated through the testimony of the defendants and the witness offered by the defense for what purposes that sawn lumber was going to be used; even the judge herself so acknowledged in the judgment, indicating that the lumber was to be used for the School of Ocochobi. It is not possible to require the Public Prosecutor's Office to establish specifically in the accusation what that benefit, advantage, or gain is. The Prosecutor's Office may not be able to determine it concretely in the accusation in all cases. In this case, the mere fact that the defendants sawed 34 pieces of lumber already represents the possibility of obtaining that benefit, advantage, utility, or gain established by Article 3 of the Forestry Law, since it is even clear in establishing "...that generates or may generate some benefit, advantage, utility, or gain for the person who carries it out or for whom they represent...". Now, in the specific case, for example, it was not until the Trial, with the declaration of the defendants and the witness offered by the Defense, that the benefit that would be obtained from the forest use was concretely established, that is, for the School of Ocochobi. However, it is contrary to the rules of logic and experience for a person to process lumber and obtain 34 pieces of Guanacaste, only to leave them on site without giving them any use. On this point, decision 21-2016 at 15:00 hours, from the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal of the II Judicial Circuit of Guanacaste, Santa Cruz, establishes: "...the a quo indicated that the forest use was demonstrated when the lumber from the mahogany tree was sawn, planed, and stored and that it was not proven that the defendant felled the tree while it was standing on the edge of the ravine, so the discussion about the defendant's spinal condition that made it impossible for him to fell a tree is sterile, because the forest use of the lumber was proven through the acts subsequent to the felling of the mahogany tree, carried out by the defendant. Nor is the claim admissible that the defendant was not the one 'squaring' the lumber from the mahogany tree. In that regard, the ruling stated that the two MINAET officers were clear in their account in identifying the defendant as the person sawing and planing the lumber logs…. Now, as a final grievance, the concept of 'forest use' was questioned, since it was indicated that what the defendant did was 'square', that is, cut, saw the logs, and plane them to obtain symmetrical boards and store them to decide what to do with them later. This conduct of the accused, of sawing and planing the lumber, cutting it into uniform boards suitable for use in any construction and storing them for later use, is a clear indicator of the objective of forest use, because that purpose is achieved when the material can 'generate some benefit, advantage, utility, or gain...' It is not logical to take mahogany lumber logs, extract planks, align those planks until each has a standard measurement, resulting in well-designed boards, and think they are not for forest use, but simply to place them in the corridor. Even when analyzing the documentary evidence (...) all had the same length, the same width, and the same thickness, ready to be used in construction or sold." (Folio 83). The conclusion reached by the judgment is consistent with the rules of sound criticism, because finally the shape the defendant gave to the logs, into well-structured boards, fulfilled the objective of being used subsequently, according to the principles of logic and experience..." In the same vein, decisions 175-10 at 9:30 hours on July 30, 2010, and 57-12 at 10:15 hours on February 10, 2012. Moreover, on this aspect, the Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal of Cartago, through resolution 2015-443 at 16:39 hours on July 27, 2015, has been very clear in establishing: "...the defendants [Name6]... and [Name7]..., acting by common agreement, proceeded, without the permit of the State Forestry Administration, to harvest a tree of the Espavel species..." (the underlining and bold are not from the original). In reality, the defendants are charged with the forest use required by the criminal type, thus fulfilling the requirement of a complete accusation, since it includes the normative element that the judge seems to miss, especially since, as indicated in the cited resolution, Article 3 subsection a) of Law No. 7575 contains the legal definition of forest use, which in turn presupposes that the forest product entails a benefit, advantage, utility, or gain for the person carrying out the prohibited action. That is, due to the complex nature of the verb and it being a blank criminal norm, contrary to what the judge deemed in acquitting for atypicality, the normative element was indeed duly charged, and it being that, once the evidence was produced, it could be specifically established that the lumber extracted from the fallen tree was to be used to finish a corral; this was declared by [Name8], that is, that was the purpose of the resource and its utility. Consequently, given that the conduct is not atypical, the appeal filed by the Prosecutor must be upheld..." in the same vein, judgment 2615-153 of the Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal of Cartago, Second Section, at thirteen hours forty-five minutes on the thirteenth of March, two thousand fifteen, is cited: "For the Public Prosecutor's Office, the decision of the Cartago Court of Appeals is clear and applies to the specific case at hand, because although it does not concern Article 58 of the Forestry Law, but rather Article 61 of the same body of law, both criminal types establish that the prohibited conduct is carrying out the forest use of forest resources, varying only the place where it is carried out and, of course, the penalty. At trial, it was indeed proven how the lumber was to be used; even the Judge herself so established in her judgment, and therefore, the conduct carried out by both defendants, as set forth in the accusation, is not atypical." For the appellant Prosecutor, the formal defect that gave rise to the acquittal does not exist, and furthermore, the judge's reasoning is full of errors that justify the ineffectiveness of the judgment and the trial that preceded it. She therefore requests that a retrial (juicio de reenvío) be ordered for a new proceeding in its entirety. Due to the manner in which the appeals are decided, the challenge filed by the representative of the Public Prosecutor's Office is resolved first and is dismissed: The judge acquitted the accused [Name2] and [Name4] on criminal grounds for the offense of Violation of the Forestry Law in the Modality of Illegal Forest Use to the detriment of Los Recursos Naturales; to this end, she declared orally in the ruling that, because there was a breach between the charging document and the judgment she could render, the result was necessarily the atypicality of the conduct. The two bases on which the judge considers the principle of correlation between accusation and judgment to be violated are: a) that the Prosecutor's Office does not describe in the accusation that the Guanacaste tree was fallen at the time of being harvested; and b) the judge also acquitted because she considered that the Public Prosecutor's Office did not indicate when charging what the forest use of the forest product consisted of. At the procedural level, the main difference between a proceeding handled by flagrancy and one by ordinary process is that the former does not have a preparatory and intermediate stage, which makes it more expeditious in principle, but in no case should this be understood, much less permitted, to be a procedure that entails the violation of guarantees for the parties, especially for the weaker party, which is the defendant. In such a way that the prosecutorial accusation must meet the same requirements that are necessary in an ordinary process and that are indicated in Article 303 of the Código Procesal Penal, requiring a precise and detailed description of the punishable act attributed to the accused, which presupposes clarity in the factual narration, and that, although it must include a legal classification, this must be understood as provisional and approximate to the charged facts, and in any case, it is not binding on the deciding Court. In the specific case, the accusation of the Public Prosecutor's Office consisted basically of: "On 08/14/18, at approximately 12:00 hours, the defendants [Name1] and [Name2], acting jointly and with full control of the facts, proceeded, without the permit of the State Forestry Administration, to illegally harvest a Guanacaste tree species, in Ocochobi de Buenos Aires de Puntarenas, specifically at geographical coordinates CED5 and CED6. SINAC officials caught the defendant [Name2] in flagrante delicto when he was operating the sawmill and the defendant [Name1] when he was taking the sawn pieces and stockpiling them. In total, the defendants carried out the forest use of 3,062 cubic meters of Guanacaste, which were seized by SINAC officials, along with two logs equivalent to 1,763 cubic meters, lumber that in total has a value of two million seven hundred twenty-three thousand one hundred eighty-five colones." [sic], from the foregoing, a forest use of a guanacaste tree is extracted; that action described in the charging document took place on private property, which in itself does not violate any norm because the accusation does not indicate that the plant came from an area protected by the State, which cannot, nor should be presumed, and must be clearly and unmistakably stated in the formal imputation of facts, so the coordinates indicated supra do not in themselves explain which location they refer to. Thereby failing to detail the accusation, added to the above, it was not expressly charged that the Guanacaste tree species, which was found cut on private property by MINAE officials, was not within the exception provided in numeral Article 28 of the Forestry Law, which reads: "Forestry Law. ARTICLE 28.- Exception from cutting permit. Forest plantations, including agroforestry systems and individually planted trees and their products, shall not require a cutting, transport, industrialization, or export permit. However, in cases where prior to the effectiveness of this law there exists a forestry contract, signed with the State to receive Certificados de Abono Forestal or income tax deduction, the cutting must be carried out in accordance with the provisions of the management plan approved by the State Forestry Administration." In such a way that, in the prosecutorial document, it is only mentioned that there was no permit from the State Forestry Administration to harvest the tree in question. A single guanacaste tree, without describing whether it is exempted by any legal exception such as that contemplated by Decreto N° 38863-MINAE, in whose Article 26, it reads: "Article 26.- Of the procedure for cutting trees in forest plantations (CO-PF), agroforestry systems (CO-SAF), and individually planted trees. In accordance with Article 28 of Forestry Law 7575, and in concordance with Article 3°, subsection f) of that same law and its amendments, forest plantations established with own resources, that is; that do not have a forestry contract with the State to receive Certificados de Abono Forestal or income tax deduction; also agroforestry systems, including individually planted trees, and naturally regenerated trees, considering within this category windbreaks, individually planted trees, and blocks planted of less than one hectare, do not require a cutting permit, however; for the transport of their products, their origin must be demonstrated through certificates of origin. Likewise, for their harvesting, the provisions of Articles 33 and 34 of Forestry Law 7575 must be respected." That is, the charging document does not indicate where the Guanacaste tree came from, so it cannot legally be established that it was extracted from an area protected by the State or from demanial property; added to this, the accusation does not describe that the cut lumber from that tree that was seized was not within any of the exceptions provided by the legal system that made it unnecessary to have the respective cutting permit granted by the authorities.
Consequently, and independently of the intimate conviction that the sum of the circumstantial evidence in this case may generate, the manner in which the prosecutorial accusation was formulated does not allow for the description of a typical conduct, due to omissions of the elements of objective typicity (tipicidad objetiva) that the Public Prosecutor's Office, through this appeal, attempts to palliate with a respectable argument regarding the context and the regulatory application, but which fails to cure the grave defect contained in the accusatory pleading. Consequently, the lower court resolved in accordance with the law regarding the criminal acquittal, and the civil issues challenged by the defenders will be resolved in the respective considerandos. The appeal filed by the representation of the Public Prosecutor's Office is declared without merit.
II.- Mr. Roberto Madrigal Zamora, who filed the appeal on behalf of [Name2], and who, in his capacity as public defender, at the time, the Trial Court of Pérez Zeledón, through Voto 341-TFPZ-2019, at 18:00 hours on March 26, 2019, granted him a reinstatement of a term of fifteen business days for the filing of the appeal, because this defendant could no longer afford the fees of a private attorney, based on Articles 39 and 41 of the Constitución Política; 11 of the Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 14.5 of the Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2 h) of the Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 40, 142, 143, 363 subsection b), 368, of the Código Procesal Penal. He files an appeal against judgment No. 209-TFPZ-2019, issued by the Flagrancy Court of the First Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón venue, at 18:20 hours on March 1, 2019, a ruling through which [Name2] and [Name4] were acquitted of all penalty and criminal liability for the crime of Infracción a la Ley Forestal in the Modality of Illegal Harvesting (Aprovechamiento Ilegal) to the detriment of Natural Resources. However, the civil action for damages (acción civil resarcitoria) was declared with merit, and the civil defendants [Name2] and [Name4] were sentenced in the abstract for the environmental damage caused, plus interest until its effective payment. The delivery of the wood is ordered in favor of the State Forestry Administration (Administración Forestal de Estado), and the return of the seized saw to [Name3] is ordered. The return of the Portable Sawmill (Aserradero Portátil) is ordered to whoever proves to be its legitimate owner; for this purpose, a period of three months is granted for them to appear before the court to request its return; once that period has elapsed, in accordance with Article 1 of the Ley de Bienes Caídos en Comiso, it shall pass to the order of the State. The ruling is issued without a cost award in the criminal part; the costs of the proceeding shall be borne by the state. The civil defendants are sentenced to pay the costs of the civil action for damages, which is set in the abstract, and they must resort to the corresponding avenue for its execution. As a first ground, the Defense alleges a violation of the principle of accessoriness (accesoriedad) of the civil action for damages. The appellant states that his represented party [Name2] was acquitted due to criminal atypicality (atipicidad) of his conduct; in his opinion, the accessoriness of the criminal action, provided for in Article 40 of the Código Penal, presupposes at least the existence of the criminal wrong (injusto penal). The grounds on which the civil action is based are independent of the delimitation of the criminal thema probandum, so the civil plaintiff cannot go beyond the factual assumption of the Public Prosecutor's Office. And, the description of facts made in the civil action for damages cannot substitute the one made by the prosecutorial body. He requests the ineffectiveness of the judgment, and the debate on which it is based, also ordering the holding of a new trial. On this argument, the claimant is not correct: It should be clarified that a civil conviction in criminal proceedings is possible even in the case of acquittal, provided a causal link (nexo causal) is established to justify it; at least, that is the position of the majority doctrine. In accordance with Article 40 of the Código Procesal Penal, the accessory nature of the civil action for damages alludes to the opportunity for its exercise and not to the success itself of the claim asserted. Therefore, contrary to what is alleged in this ground, the failure of the criminal claim does not imply the dismissal of the civil action for damages, as the appellant would have it.
III.- Absence of analytical reasoning (fundamentación analítica) and illegitimate analytical motivation. The claimant states that there is no disagreement with the criminal acquittal regarding [Name2], but regarding the conviction on the civil action for damages, the judge provided descriptive reasoning and attempted to string together some ideas, without analyzing the incriminating evidence against him, nor the statement given by the accused himself. The judge endeavored to indicate that the atypicality arose from the lack of correlation between the accusation and the judgment, but rather called into question the statement of the deponent [Name9], in such a way that it is not sustained why the damage must be repaired. The omission of the analysis of what the accused [Name2] declared leaves him defenseless, given that he stated that he thought everything related to the wood was in order and that he was hired to go and cut wood; this omission from the ruling causes an absolute defect because it alludes to the nature of the criminal and civil liability of his conduct. He requests the ineffectiveness of the judgment, and the debate on which it is based, also ordering the holding of a new trial. The defect alleged is declared with merit for the following reasons: Tort-based civil liability (responsabilidad civil extracontractual) arising from a harmful act, when raised within a civil action for damages in criminal proceedings, requires, at a minimum, that the criminal wrong arises according to the approach of Beling's tripartite theory (Typicity + Antijuridicity (antijuridicidad)), in order to thus link the harmful result to the subject to whom the legally relevant action is attributed, thereby establishing a causal link that allows the enforceable tort-based civil liability to be established. It is relevant to recall the opinion of Daniel [Name10] Vallespinos in this regard, when he points out that: “the necessary factual connection that must exist between human action and the harmful result produced is called the relationship of causality. The relationship of causality materially links, directly, the failure to fulfill an obligation or the Aquilian illicit act with the damage and, in a subsidiary and indirect manner, the latter with the factor of attribution…” ([Name10], Ramón Daniel and Vallespinos, Carlos Gustavo, 1999). Instituciones de Derecho Privado- Obligaciones. Buenos Aires, Editorial Hammurabi, Volume 3, page 94). Although the concept is broader than the criminal one, it encompasses the entirety of what the causal link means. In the case under study, since the action did not even reach the stage of typicity, it is not possible to link that conduct (which could be harmful) with the subject to whom it is attributed, so it is not possible to establish the causal link necessary for the civil conviction, in such a way that the reasons provided by the lower court in the judgment lack legal motivation and are limited to a merely descriptive study, which is insufficient and, at the same time, turns out to be contradictory to what was decided in the criminal aspect, given that it established that the conduct of the defendants was atypical, which causes significant conceptual confusion that must be submitted to study in the remand trial. Therefore, the complaint is declared with merit and the judgment is partially annulled, solely regarding the civil aspects of the challenged judgment. The remand of the case is ordered to hear those points of the ruling.
IV.- Ms. Nathalia Tencio Montenegro, Public Defender of [Name1], based on articles 1, 2, 6, 142, 143, 363, 458, 459, 460, 461, of the Código Procesal Penal, files an Appeal against judgment No. 209-TFPZ-2019, issued by the Flagrancy Court of the First Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón venue, at 18:20 hours on March 1, 2019, a ruling through which [Name2] and [Name4] were acquitted of all penalty and criminal liability for the crime of Infracción a la Ley Forestal in the Modality of Illegal Harvesting to the detriment of Natural Resources. However, the civil action for damages was declared with merit, and the civil defendants [Name2] and [Name4] were sentenced in the abstract for the environmental damage caused, plus interest until its effective payment. The delivery of the wood is ordered in favor of the State Forestry Administration, and the return of the seized saw to [Name3] is ordered. The return of the Portable Sawmill is ordered to whoever proves to be its legitimate owner; for this purpose, a period of three months is granted for them to appear before the court to request its return; once that period has elapsed, in accordance with Article 1 of the Ley de Bienes Caídos en Comiso, it shall pass to the order of the State. The ruling is issued without a cost award in the criminal part; the costs of the proceeding shall be borne by the state. The civil defendants are sentenced to pay the costs of the civil action for damages, which is set in the abstract, and they must resort to the corresponding avenue for its execution. Lack of reasoning and evaluation of the evidence: Although it is true that the judge criminally acquitted her represented party, she did not weigh, nor take into account, that her represented party [Name1] indicated the existence of a mistake of type (error de tipo) regarding the false belief that the accused had that they had the legal permits for the harvesting (aprovechamiento) of the tree in question, and that due to the particular conditions of the facts and the accused, said mistake was invincible, so that the cognitive and volitional elements of the commission of the crime are not configured. However, the judge did not even remotely consider what was stated by the technical and material defense and left these circumstances unassessed, which in the end would have resulted in an equally acquittal judgment, but in completely different terms from those set forth. In the opinion of the appellant, the grievance from the judge's actions is summarized as follows: “It is for the foregoing that this representation considers that the unjustified rejection of the statement of my represented party and of the theory of the case of the technical defense implies a violation of the duty to provide reasoning for the ruling, the right to material defense, and due process, which resulted in a civil conviction, with an unjustified rejection of our theory of the case, against an innocent person, of scarce economic resources, who would eventually have to pay amounts in the millions with their limited assets.” She requests that the appeal be declared with merit; and that it be ordered as established in Articles 466 and 467 of the Código Procesal Penal. What is alleged must be heard in the remand of the case if deemed necessary: On this occasion, the appellant points to the civil implications that a direct mistake of prohibition (error de prohibición) could have on the civil consequences of the punishable act, but likewise, it is not possible to hear her claim because, given what was resolved in Considerando III of this resolution, the effects are extended to her represented party, such that in a new trial all the civil aspects of this case will be heard, including that relating to the disposition of the goods seized that the Trial Court has in custody.
V.- Erroneous legal reasoning regarding declaring the civil action for damages with merit. The claim consists of alleging that no assessment of the environmental damage was carried out. In that it is solely limited to indicating that said environmental damage is valued at the same sum established by MINAE in the report incorporated into the debate, dated August 17, 2018, where a value is assigned to the sawn wood of TWO MILLION SEVEN HUNDRED TWENTY-THREE THOUSAND ONE HUNDRED EIGHTY-FIVE COLONES. The claimant alleges textually: “The judge categorically errs by declaring the civil action for damages with merit under those terms, since, upon performing an analysis in relation to what was resolved in the judgment, it makes no sense that a person can be acquitted of the commission of a crime due to errors in the formulation or imputation within the accusatory pleading and that under the same assumptions, it is not possible to determine the damage that is intended to be charged to them. Although it is true that the accusation formulated by the Public Prosecutor's Office and the Civil Action for Damages, which is delegated in this case to the Procuraduría General de la República, pursue different ends from each other, they have one aspect in common, and that is that each one of them, once formulated, defines the aspects that will be heard and reproached in the adversarial proceedings to the accused party in this case, as well as the evidence that supports their claims, and in this case, the State did not provide evidence establishing an environmental damage for which the accused is convicted. This being so, the judge transgresses several principles, which we proceed to list and analyze below: First, by issuing that type of statement, she violates the principle of impartiality by trying to correct the civil action for damages, declaring it with merit and convicting them for the environmental damage in the abstract and ordering new expert reports to determine the environmental damage for which the State must be compensated. This situation should have been handled by the representative of the Procuraduría General de la República, since it is the interested party that can determine this alleged impact caused to the environment in order to quantify it and eventually, after this, be able to demand compensation from the accused; however, faced with this situation, the judge takes the position of the representative of the civil action, trying to establish the causal link between the action committed by the accused and the damage produced by them. Second, the judge infringes the principle of objectivity that, by legal imperative, she must apply, by admitting and declaring the civil action for damages with merit, knowing that it does not meet the requirements to be able to determine in a reliable manner and through technical criteria the impact for which my represented party is intended to be made to pay and reimburse the State. It is surprising to the technical defense that the accused person is convicted on the civil aspects, given that it has not been precisely accredited what the illicit conduct generating the damage was. The foregoing is especially so given that in matters of civil liability, establishing the conduct generating the damage and the causal link between them is essential. In that sense, it is not clear what the conduct generating the damage is, and therefore the causal link is not determinable. Finally, the damage cannot be established with certainty, much less can it be quantified, since there are no elements of conviction that allow the environmental damage to be accredited.” The defender requests that the appeal be declared with merit, that the ineffectiveness of the appealed ruling be declared, and that a remand trial be ordered for a new substantiation before another panel of the same Court. The claim of this ground prospers for reasons different from those alleged: As has been repeatedly stated, the civil aspects will be the subject of a new weighing in the remand trial. Despite this, it must be noted that the environmental damage was not attributed in the accusatory pleading, but only in the second fact of the civil action for damages, which in its relevant part states: “Second: It is clear that the illicit act perpetrated by the accused [Name1] and [Name2] produced environmental damage, which is estimated at the sum of two million seven hundred twenty-three thousand one hundred eighty-five colones (2,723,185), as the economic value of the forest product, since with the illegal harvesting of the tree without the respective State permits, they deteriorated the natural resources and their recovery, such as the loss of growth opportunity for species that lived in that tree even if it was fallen, since it immediately becomes an ecosystem, until it disappears from the world for having fed or housed countless species, and of course, after having fertilized the land where it decomposed, which they prevented by harvesting, generating destructive exploitation, and made its biological wealth, flora, fauna, and ecosystems disappear.” It is notorious that this alleged civil damage does not appear imputed in the criminal accusation, so it will be the Remand Court that must decide whether this aspect proceeds or not against the civil defendants. This aspect of the appeal of Ms. Nathalia Tencio Montenegro, Public Defender of [Name1], is with merit.
POR TANTO
The appeal filed by Ms. Tatiana Villegas Ceciliano, Assistant Flagrancy Prosecutor of Pérez Zeledón, is declared without merit; the criminal acquittal in favor of the defendants remains unaltered. The first ground is declared without merit and the second ground is declared with merit of the appeal of Mr. Roberto Madrigal Zamora, who filed the appeal on behalf of [Name2]. The two grounds of appeal filed by Ms. Nathalia Tencio Montenegro, Public Defender of [Name1], are declared with merit. Consequently, the challenged judgment is partially annulled, solely regarding the civil aspects thereof; the rest of the ruling remains unaltered, including the criminal acquittal in favor of both defendants. The Remand Court shall decide regarding the return of the seized goods. Notify.
schaves *IP5TPVPC6Y861* JAIME ROBLETO GUTIERREZ - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) *CXZ3LBLV3YW61* MARCO MAIRENA NAVARRO - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) *HSRHE68WV1M61* XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - DECISION-MAKING JUDGE (JUEZ/A DECISOR/A) Judicial Circuit of Cartago Telephones: 2551-2713 or 2553-0340. Fax: 2551-2355. Email: [...]
Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Its reproduction and/or distribution in an onerous form is prohibited.
It is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 09-05-2026 00:25:46.
Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José Normativa internacional Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal Tema: Acción civil resarcitoria Subtemas:
Responsabilidad civil extracontractual procedente de un hecho dañoso requiere como mínimo que nazca el injusto penal.
Tema: Responsabilidad civil extracontractual Subtemas:
Procedente de un hecho dañoso cuando se plantea dentro de una acción civil resarcitoria en el proceso penal requiere como mínimo que nazca el injusto penal.
"III. [...] La responsabilidad civil extracontractual procedente de un hecho dañoso, requiere, cuando se plantea dentro de una acción civil resarcitoria en el proceso penal, como mínimo que nazca el injusto penal según el planteamiento de la teoría tripartita de Beling (Tipicidad +antijuridicidad), para poder relacionar así el resultado dañino al sujeto a quien se le atribuye la acción jurídicamente relevante, estableciendo de esa manera un nexo causal que permite establecer la responsabilidad civil extracontractual exigible. Es relevante recordar la opinión de [Nombre1] al respecto, cuando señala que: “ la necesaria conexión fáctica que debe existir entre la acción humana y el resultado dañoso producido se denomina relación de causalidad. La relación de causalidad vincula materialmente, de manera directa, al incumplimiento obligacional o al acto ilícito aquiliano con el daño y, en forma sucedánea e indirecta, a éste con el factor de atribución…”. (Pizarro, [Nombre2] y [Nombre1], [Nombre3] , 1999). Instituciones de Derecho Privado- Obligaciones. Buenos Aires, Editorial Hammurabi, Tomo 3, página 94). Si bien el concepto es más amplio que el penal, abarca la totalidad de lo que significa el nexo causal. En la causa bajo estudio, al no llegar la acción siquiera al estadio de la tipicidad, no resulta posible vincular ese proceder (que podría ser dañoso) con el sujeto que se le atribuye, por lo que es posible establece el nexo causal necesario para la condena civil, de tal manera que las razones brindadas por la a quo en la sentencia carecen de motivación jurídica y se limitan a un estudio meramente descriptivo, el cual resulta insuficiente y a la vez, viene a ser contradictorio con lo decidido en el extremo penal, dado que estableció que la conducta de los encartados era atípica, lo que causa una confusión conceptual significativa que debe ser sometida a estudio en el juicio de reenvío. Por ello, se declara con lugar la queja y se anula parcialmente la sentencia, únicamente en cuanto a los extremos civiles de la sentencia impugnada. Se ordena el reenvío de la causa para conocer esos puntos del fallo." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina *180002791295PE* Contra: [Nombre1] y otro Delito: Infracción a la Ley Forestal Ofendido: Los Recursos Naturales Res: 2020-197 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda. A las nueve horas treinta y cinco minutos del veintisiete de marzo de dos mil veinte.
Recurso de apelación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, nacido el diecisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, con cédula de identidad número CED1 – – , y [Nombre2] , mayor, nacido el veintiuno de julio de mil novecientos sesenta y cuatro, con cédula de identidad número CED2 – – , por el delito de Infracción a la Ley Forestal en la modalidad de aprovechamiento ilegal, en perjuicio de Los Recursos Naturales. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Jaime Robleto Gutiérrez y Marco Mairena Navarro y la jueza Xiomara Gutiérrez Cruz. Se apersonaron en apelación el licenciado Roberto Madrigal Zamora, en su condición de defensor público del imputado [Nombre2] , las licenciadas Tatiana Villegas Ceciliano, representante del Ministerio Público, Natalia Tencio Montenegro, en calidad de defensora pública del encartado [Nombre1] y la licenciada Zaray Chavarría Prado y el licenciado Carlos Lizano Rodríguez, Procuradores Penales.
Resultando:
1. Que mediante sentencia 209-TFPZ-2019 de las dieciocho horas veinte minutos del primero de marzo de dos mil diecinueve, el Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1, 11, 18, 20, 30 del Código Penal, 3, 58 inciso B) de la Ley Forestal, artículos 1 a 6, 9, 12, 13, 16, 38, 111, 113, 119, 142, 200, 236, 265 al 267, 303, 360 a 366 y 429, 432 del Código Procesal Penal, 1045 del Código Civil, se declara a [Nombre1] y a [Nombre2] , absueltos de toda pena y responsabilidad en de un delito de INFRACCIÓN A LA LEY FORESTAL EN LA MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO ILEGAL, en perjuicio de LOS RECURSOS NATURALES. Se declara con lugar la acción civil resarcitoria y se condena por el daño ambiental causado y los intereses que genere hasta su efectivo paso en abstracto a los demandados civiles [Nombre1] y [Nombre2] , por lo que deberán recurrir a la vía correspondiente. Se ordena la entrega de la madera a favor de la Administración Forestal de Estado, se ordena la devolución de la sierra decomisada a [Nombre3] . Se ordena la devolución del Aserradero Portátil a quién demuestre ser su legitimo dueño, para ello se le concede el plazo de tres meses para que se presente ante el tribunal a solicitar la devolución, una vez transcurrido ese plazo de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Ley de Bienes Caídos en Comiso pasará a la orden del estado. Se dicta el fallo sin condenatoria en costas en la parte penal, los gastos del proceso correrán a cargo de estado. Se condena a los demandados civiles a pago de las costas de la acción civil resarcitoria la cual se fija en abstracto, deberán recurrir a la vía correspondiente para su ejecución. Una vez firme la sentencia se ordena el archivo inmediato de la causa. POR HABERSE DICTADO EN FORMA ORAL, QUEDAN EN LAS PARTES NOTIFICADAS EN ESTE ACTO, SE DEJA A DISPOSICIÓN DE LAS MISMAS LA GRABACIÓN EN AUDIO Y VIDEO DE LA SENTENCIA. Marjorie Navarro Castro, Jueza. (sic)."
2. Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Roberto Madrigal Zamora y las licenciadas Tatiana Villegas Ceciliano y Tatiana Tencio Montenegro interpusieron los recursos de apelación.
3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.
4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta el Juez Robleto Gutiérrez, y;
Considerando:
I.- La licenciada Tatiana Villegas Ceciliano, Fiscal Auxiliar de Flagrancia de Pérez Zeledón, con fundamento en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 142 y 459 del Código Procesal Penal; numerales 3 y 61 inciso a) de la Ley Forestal; 437,438, 439, 458, 459,485 y 460 del Código Procesal interpone recurso de Apelación contra la sentencia N° 209-TFPZ-2019, dictada por el Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, a las 18:20 horas del 1° de marzo de 2019, fallo mediante el cual se absolvió de toda pena y responsabilidad penal a [Nombre2] y a [Nombre4] , del delito de Infracción a la Ley Forestal en la Modalidad de Aprovechamiento Ilegal en perjuicio de Los Recursos Naturales. Pero, se declaró con lugar la acción civil resarcitoria, y se les condenó en abstracto a los demandados civiles [Nombre2] y a [Nombre4] , por el daño ambiental causado más los intereses hasta su efectivo pago. Se ordena la entrega de la madera a favor de la Administración Forestal de Estado, se ordena la devolución de la sierra decomisada a [Nombre3] . Se ordena la devolución del Aserradero Portátil a quién demuestre ser su legítimo dueño, para ello se le concede el plazo de tres meses para que se presente ante el tribunal a solicitar la devolución, una vez transcurrido ese plazo de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Ley de Bienes Caídos en Comiso pasará a la orden del Estado. Se dicta el fallo sin condenatoria en costas en la parte penal, los gastos del proceso correrán a cargo de estado. Se condena a los demandados civiles a pago de las costas de la acción civil resarcitoria la cual se fija en abstracto, deberán recurrir a la vía correspondiente para su ejecución. Su reclamo se dirige contra la absolutoria penal en favor de [Nombre2] y a [Nombre4] por el delito de Infracción a la Ley Forestal en la Modalidad de Aprovechamiento Ilegal en perjuicio de Los Recursos Naturales. Como único motivo aduce errónea aplicación del principio de correlación entre acusación y sentencia. El fallo oral presenta errores graves, por cuanto, de manera equivocada, se indica en el mismo, que el Ministerio Público incurrió en omisiones importantes al construir la acusación, supuestamente se echan de menos elementos objetivos del tipo penal, lo que en criterio de la recurrente no es cierto. Lo que, según la jueza permitió el dictado absolutorio, es que la acusación fiscal no describe que el árbol de Guanacaste estuviese caído al momento de ser aprovechado por los imputados, así como que no se indica en la requisitoria fiscal, que el sitio en el que se realizó el aprovechamiento forestal, fuese en terreno Patrimonio Natural del Estado. Además, señala la sentencia impugnada que no se describió en qué consistió el aprovechamiento, es decir, no se indicó, cuál fue el beneficio, la ventaja, la utilidad o la ganancia obtenida. Por eso, la persona juzgadora, llegó al extremo de decir que los hechos son atípicos. Pese a ello, lo indicado por la juzgadora, resulta contrario a la realidad procesal, así como a los registros de audio del presente proceso penal, pues que es sorprendente que la jueza indique en su sentencia que la acusación no establecía que el árbol de Guanacaste estuviera caído, pues desde la Audiencia Inicial, tal y como consta en el registro de audio, al momento de solicitar la competencia, el Ministerio Público hizo lectura de la pieza acusatoria indicando claramente que el árbol objeto de la acción ilícita de los acusados estaba caído. Por si fuese poco, cuando se formuló la acusación se le explicó a los imputados y al Tribunal que la conducta acusada a los imputados era precisamente aprovechar un árbol caído de Guanacaste, situación que consta en el audio y video de la audiencia inicial celebrada en fecha 15 de enero del año 2019. Asimismo, cuando inició la celebración del debate oral y público, el Ministerio Público realizó su alegato de apertura, expuso una vez más la acusación que había sido admitida previamente, en donde se expuso nuevamente dicha condición del árbol de Guanacaste objeto del presente proceso. Todo lo cual puede ser corroborado mediante la observación de los registros de audio del debate oral y público. Por esa razón, no es cierto que la acusación fiscal cuente con omisiones graves en la imputación que hubieran impedido el dictado de una sentencia condenatoria, como lo señala la juez del Tribunal, más bien parece que la misma no prestó la atención debida, pues en su sentencia de manera errónea afirmó que esta situación no constaba en la Acusación Fiscal y por ende en aplicación del principio de correlación entre acusación y sentencia se justifica erradamente por la autoridad judicial un fallo absolutorio. En otro orden de ideas, véase el débil análisis judicial en el fallo, que basta con escuchar la acusación para darse cuenta que el Ministerio Público acusó a ambos imputados de la infracción a la Ley Forestal, prevista por el artículo 61 a), y no como erróneamente lo indicó la jueza en su sentencia por la infracción contemplada en el artículo 58 inciso b). Evidentemente, conocemos que lo que se acusan son hechos y no son calificaciones jurídicas, pero es importante hacer ver esta inconsistencia, toda vez que, desde la audiencia inicial se estableció el tipo penal que se les imputaba a los acusados era el artículo 61 a) de la citada Ley. Si bien es cierto la calificación legal se establece de manera provisional durante el proceso, y es el Tribunal de juicio quien debe mediante una sentencia establecer la calificación legal que estime adecuada, lo cierto del caso es que dicha calificación debe obedecer a un análisis legal y jurídico al tenor del artículo 142 del Código Procesal Penal, en donde el juzgador razone ampliamente los motivos que tuvo para separarse del criterio de la representación fiscal y del juez de la audiencia inicial quien también admitió la calificación legal dada por el Ministerio Público. Pero en el caso que nos ocupa más bien pareciera que la juzgadora entra en una confusión en cuanto al tipo penal que se está acusando, lo cual si cobra especial relevancia, puesto que no está tan claro si la determinación de los hechos la realizó con base en el tipo penal acusado por el Ministerio Público y estimó insuficientes los elementos de imputación, o bien si se equivocó de figura y echó de menos elementos de un tipo penal que no estaba siendo acusado. La falta de claridad en este aspecto, no le garantiza a ninguna de las partes el derecho a una sentencia justa y debidamente fundada. Por otra parte, de acuerdo con la fundamentación que erróneamente continúa realizando la juzgadora de forma oral, establece que la acusación no indicó que el árbol estuviera dentro del Patrimonio Natural del Estado, "... en este caso en lo que inicialmente estableció y de lo que se indicó en los elementos de prueba, se trataba del artículo 58 de la Ley Forestal inciso 8), que ese fue el que tomó en consideración el Tribunal porque siempre se habló que este árbol se encontraba dentro de la propiedad del Estado. Era un lugar donde hace tiempo ... luego de la tormenta tropical [Nombre5] hizo un arrastre quedándose ese árbol de Guanacaste en el sitio... En el debate se indicó que ese árbol se cortó y se arrastró hasta una finca privada de Teca que colinda con el Patrimonio Natural del Estado que ahí fue donde precisamente se procedió a realizar el aserrío del árbol, o por lo menos, a criterio de esta Juzgadora, no se trataba de probar el árbol, las fotografías era evidentes porque la cantidad de piezas de madera que ya se habían cortado, 34 piezas, ya se estaba haciendo el aserrío..." La propia juzgadora en su sentencia indica que el aprovechamiento NO se realizó en terrenos del Patrimonio Natural del Estado, precisamente por esta razón el Ministerio Público no acusó la infracción prevista por el artículo 58 inciso b) de la Ley Forestal, y es ésta la razón por la cual evidentemente en la acusación no se estableció que el aprovechamiento realizado por los imputados se realizara en terrenos del Estado. La acusación fiscal sí estableció que el aprovechamiento ilegal del árbol caído de la especie de Guanacaste se realizó en la localidad de Buenos Aires de Puntarenas, propiamente en la finca ubicada en las coordenadas geográficas CED3 y CED4 . La misma juzgadora tuvo por acreditado ese aprovechamiento, pues incluso desvirtuó la versión del imputado [Nombre2] , quien afirmó que únicamente estaba "probando" la madera. Finalmente, otro de los elementos normativos que echa de menos el Tribunal en la acusación fiscal, es que en ésta no se establece cuál fue el provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para los imputados o quienes éstos representaban. En este punto, establece el Tribunal: "eso también se debe de incluir en la pieza acusatoria o por lo menos lo hizo ver de esa manera..., ni siquiera se investigó por funcionarios del SINAC y en este caso sí había un aprovechamiento debió incluirse dentro de la pieza acusatoria al tratarse de utilizar un árbol caído, exponerse cuál iba a ser el beneficio de esa corta o en este caso que se decía que era en beneficio de la Escuela de Ocochobi...". [sic]. En el debate, quedó demostrado con las declaraciones de los imputados y del testigo que ofreció la defensa, para qué fines se iba a utilizar esa madera aserrada, incluso así lo reconoce la propia juzgadora en la sentencia, al indicar que esa madera se iba a utilizar por la Escuela de Ocochobi. No es posible que exija al Ministerio Público establecer de manera puntual en la acusación, cuál es ese provecho, beneficio o ventaja. No en todos los casos, podrá la Fiscalía determinar de manera concreta en la acusación. En este caso el sólo hecho de que los imputados hayan aserrado 34 piezas de madera, ya de por sí representa la posibilidad que se obtenga ese provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia, establecida por el artículo 3 de la Ley Forestal, pues incluso éste es claro al establecer ..."que genere o pueda generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia para la persona que la realiza o para quien esta representa...". Ahora bien, en el caso concreto, por ejemplo, fue hasta en el Debate, con la declaración de los imputados y del testigo que ofreció la Defensa, que se estableció, de manera concreta, el beneficio que se obtendría con el aprovechamiento, sea para la Escuela de Ocochobi. Sin embargo, resulta contrario a las reglas de la lógica, de la experiencia, que una persona procese madera, obtenga 34 piezas de Guanacaste, pero las deje en el sitio sin darles ningún uso. Sobre éste punto, el voto 21-2016 de las 15:00 horas, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito judicial de Guanacaste, Santa Cruz, establece: "...el a quo indicó que se demostró el aprovechamiento cuando se aserró, cepilló y almacenó la madera del árbol de caoba y que no se probó que el endilgado talara el árbol cuando este estaba en pie a la orilla de la quebrada, por lo que la discusión sobre el padecimiento en la columna del imputado que lo imposibilitaba para talar un árbol es estéril, pues el aprovechamiento de la madera se probó mediante los actos posteriores a la tala del árbol de caoba, realizados por el imputado. Tampoco es procedente el reclamo de que el encartado no era quien "cobaliaba" la madera proveniente del árbol de caoba. En ese sentido, el fallo expresó que los dos oficiales del MINAET fueron claros en su relato al identificar al encartado como la persona que aserraba y cepillaba las trozas de madera…. Ahora bien, como último agravio, se cuestionó el concepto de "aprovechamiento", pues se indicó que lo que realizó el imputado fue "cobaliar", es decir, cortar, aserrar las trozas y cepillarlas para lograr tablas simétricas y almacenarlas para decidir qué hacer con ellas con posterioridad. Esta conducta del acusado, de aserrar y cepillar la madera, cortarla en tablas uniformes aptas para ser utilizadas en cualquier construcción y almacenarlas para ser usadas con posterioridad, es un indicador claro del objetivo de aprovechamiento, pues se logra ese propósito cuando e/ material puede "generar algún provecho, beneficio, ventaja, utilidad o ganancia... No es lógico tomar trozas de madera de caoba, sacar tablones, alinear esos tablones hasta darle una medida estándar a cada uno y que queden tablas bien diseñadas y pensar que no son para el aprovechamiento, sino simplemente para acomodarlas en el corredor. Incluso al analizar la prueba documental (...) todas tenían el mismo largo, e/ mismo ancho y el mismo grueso, listas para ser utilizadas en construcción o vendidas." (Folio 83). La conclusión a la que llega la sentencia, es congruente con las reglas de la sana critica, pues finalmente la forma que el encartado dio a las trosas, en tablas bien estructuradas, cumplían con el objetivo de ser utilizadas posteriormente, de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia..." En igual sentido votos 175-10 de las 9:30 horas del 30 de julio del 2010, y 57-12 de las 10:15 horas del 10 de febrero del 2012. Además, sobre este aspecto ya el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago, mediante resolución 2015-443 de las 16:39 horas del 27 de julio del 2015, ha sido muy claro al establecer: "...los imputados [Nombre6]. . . y [Nombre7]. . ., actuando de común acuerdo procedieron sin contar con el permiso de la Administración Forestal del Estado a aprovechar un árbol de la especie Espavel..." (el sublineado y negrilla no es del original). En realidad, se imputa a los encartados el aprovechamiento requerido por el tipo penal por lo que se cumple con el requisito de una acusación completa. ya que incluye el elemento normativo que la jueza parece echar de menos, máxime que como se indicó en la resolución citada el artículo 3 inciso a) de la Ley N° 7575 contiene la definición legal de aprovechamiento, que a su vez presupone que el producto forestal conlleva un provecho, beneficio. ventaja. utilidad o ganancia para la persona que realiza la acción prohibida. Es decir, por la naturaleza compleja del verbo y siendo una norma penal en blanco contrario a lo que estimó la juzgadora por absolver por atipicidad, el elemento normativo sí fue debidamente acusado, siendo que, una vez evacuada la prueba pudo establecerse de manera específica que Ia madera extraída del árbol caído se iba a utilizar para terminar un corral, ello lo declaró [Nombre8] . es decir, esa era la finalidad del recurso y su utilidad. En consecuencia, dado que la conducta no es atípica, debe acogerse el recurso interpuesto por el Fiscal..." en igual sentido, se cita la sentencia 2615-153 del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Cartago. sección segunda, de las trece horas cuarenta y cinco minutos del trece de marzo de dos mil quince:” Para el Ministerio Público lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Cartago es claro y se aplica para el caso concreto que nos ocupa. porque si bien no se trata del artículo 58 de la Ley Forestal, sino más bien del 61 del mismo cuerpo legal, ambos tipos penales establecen que la conducta prohibida es realizar el aprovechamiento de recursos forestales, variando únicamente el lugar donde se realiza y por supuesto la pena. En el debate si se logró acreditar cómo iba a utilizarse la madera, incluso la misma Juzgadora así lo estableció en su sentencia, por lo que en consecuencia la conducta realizada por ambos imputados. plasmada en la acusación, no es atípica.” Para la Fiscal impugnante no existe el vicio formal que dio lugar a la absolutoria y, además, el razonamiento de la juzgadora está lleno de errores que justifican la ineficacia de la sentencia y el debate que la precedió. Solicita se ordene por ello, un juicio de reenvío para una nueva sustanciación en su totalidad. Por la forma en que se dirimen los recursos, se resuelve primero la impugnación interpuesta por la representante del Ministerio Público y se declara sin lugar: La persona juzgadora absolvió en lo penal a los encartados [Nombre2] y a [Nombre4] por el delito de Infracción a la Ley Forestal en la Modalidad de Aprovechamiento Ilegal en perjuicio de Los Recursos Naturales, para ello declaró oralmente en el fallo que, en razón de que existía un quebranto entre la pieza acusatoria y la sentencia que podía dictar, necesariamente, el resultado era la atipicidad de la conducta. Los dos basamentos en que la juzgadora estima que se violenta el principio de correlación entre acusación y sentencia son: a) que no se describe por parte de la Fiscalía en la acusación, que el árbol de Guanacaste estaba caído al momento de ser aprovechado; y b) la jueza absolvió también porque estimó que el Ministerio Público no indicó al acusar, en qué consistía el aprovechamiento del producto forestal. A nivel procesal, la diferencia principal entre un proceso tramitado por flagrancia y uno por el proceso ordinario, es que el primero no tiene una etapa preparatoria e intermedia, lo que lo hace más expedito en principio, pero en ningún caso ello debe entenderse, y mucho menos permitirse, que sea un procedimiento que conlleve la vulneración de garantías para las partes, especialmente para la más débil, que es el imputado. De tal manera que la acusación fiscal debe reunir los mismos requisitos que son necesarios en un proceso ordinario y que se indican en el artículo 303 del Código Procesal Penal, debiendo contener una descripción precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya al acusado, lo que presupone claridad en la narración fáctica, y que, si bien, debe incluir una calificación jurídica, esta debe entenderse como provisional y aproximada a los hechos acusados, y en todo caso, no es vinculante para el Tribunal decisor. En el caso concreto, la acusación del Ministerio Público consistió básicamente en que: “El día 14/08/18, aproximadamente a las 12:00 horas, los imputados [Nombre1] y [Nombre2] actuando de manera conjunta y con pleno dominio del hecho, procedieron sin contar con el permiso de la Administración Forestal del Estado, a aprovechar ilegalmente un árbol de la especie Guanacaste, en Ocochobi de Buenos Aires de Puntarenas, propiamente en las coordenadas geográficas CED5 y CED6 . Funcionarios del SINAC sorprendieron en flagrante delito al imputado [Nombre2] , cuando éste operaba el aserradero y al imputado [Nombre1] cuando tomaba las piezas aserradas y las acopiaba. En total los imputados realizaron el aprovechamiento de 3 062 metros cúbicos de Guanacaste, los cuales fueron decomisados por los funcionarios del SINAC, al igual que dos trozas equivalentes a 1 763 metros cúbicos, madera que en total tiene un valor de dos millones setecientos veintitrés mil ciento ochenta y cinco colones.” [sic], de lo anterior se extrae un aprovechamiento de un árbol de guanacaste, esa acción descrita en la pieza acusatoria se dio en una propiedad privada, lo que en sí misma no es violatoria de ninguna norma porque no se indica en la acusación el vegetal procediera de un área protegida por el Estado, lo que no puede, ni debe presumirse, y debe constar en la imputación formal de hechos de manera clara e indubitable, por lo que las coordenadas que se indican supra no explican en sí mismas a cual locación se refieren. Incumpliendo con ello circunstanciar la acusación, sumado a lo anterior, tampoco se acusó expresamente que la especie del árbol de guanacaste que se encontró cortado en propiedad privada por los funcionarios del MINAE no estuviera dentro de la excepción prevista en el numeral de artículo 28 de la Ley Forestal, que reza: “Ley Forestal. ARTICULO 28.- Excepción de permiso de corta Las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requerirá permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación. Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta ley exista un contrato forestal, firmado con el Estado para recibir Certificados de Abono Forestal o deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá realizarse conforme a lo establecido en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado.” De tal forma, que, en la pieza fiscal, solo se menciona que no se contaba con el permiso de la Administración Forestal del Estado para aprovechar el árbol de marras. Un solo árbol de guanacaste, sin describir si está excepcionado por alguna excepción legal como la contemplada por el Decreto N° 38863-MINAE, en cuyo artículo 26, se lee: “Artículo 26.-Del trámite de corta de árboles en plantaciones forestales (CO-PF), sistemas agroforestales (CO-SAF) y árboles plantados individualmente. Conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Forestal 7575, y en concordancia con el artículo 3°, inciso f) de esa misma ley y sus reformas, las plantaciones forestales efectuadas con recursos propios, o sea; que no poseen un contrato forestal con el Estado para recibir Certificados de Abono Forestal o deducción de impuesto sobre la renta; también los sistemas agroforestales, incluidos los árboles plantados individualmente, y los árboles regenerados naturalmente, considerando dentro de esta categoría los rompevientos, los árboles plantados individualmente y en bloques plantados inferiores a una hectárea, no requieren permiso de corta, sin embargo; para el transporte de sus productos deberá demostrarse su procedencia a través de certificados de origen. Así mismo, para su aprovechamiento se deberá respetar lo establecido en los artículos 33 y 34 de la Ley Forestal 7575.” Es decir, la pieza acusatoria, no indica de dónde procede el árbol de Guanacaste, por lo que no pude establecer legalmente que fue extraído de una zona protegida por el Estado o de una propiedad demanial; sumado a ello, tampoco se describe en la acusación que la madera cortada proveniente de ese árbol que fue incautada no estaba dentro de algunas de las excepciones previstas por el ordenamiento que hacían que no fuese necesario contar con el permiso de corta respectivo otorgado por las autoridades. En consecuencia, e independientemente de la íntima convicción que puedan generar la suma de los indicios de esta causa, la manera en que fue formulada la acusación fiscal no permite arribar a la descripción de una conducta típica por omisiones de los elementos de tipicidad objetiva que el Ministerio Público, mediante este recurso de apelación, trata de paliar, con una argumentación respetable del contexto y de la aplicación normativa, pero que no consigue sanear el grave vicio contenido en la pieza acusatoria. En consecuencia, la a quo resolvió conforme a derecho en cuanto a la absolutoria penal y los extremos civiles cuestionados por los defensores se resolverán en los respectivos considerandos. Se declara sin lugar el recurso interpuesto por la representación del Ministerio Público.
II.- El licenciado Roberto Madrigal Zamora, quien interpuso el recurso de apelación en favor de [Nombre2] , y que, en su carácter de defensor público, en su momento, el Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón, mediante el Voto 341-TFPZ-2019, de las 18:00 horas del 26 de marzo de 2019, le otorgó una reposición de plazo de quince días hábiles para la interposición del recurso de apelación, en razón de que este encartado no pudo seguir pagando los honorarios de un abogado particular, cona base en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 14. 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2 h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 40, 142, 143, 363 inciso b), 368, del Código Procesal Penal. Interpone recurso de apelación contra la sentencia N° 209-TFPZ-2019, dictada por el Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, a las 18:20 horas del 1° de marzo de 2019, fallo mediante el cual se absolvió de toda pena y responsabilidad penal a [Nombre2] y a [Nombre4] , del delito de Infracción a la Ley Forestal en la Modalidad de Aprovechamiento Ilegal en perjuicio de Los Recursos Naturales. Pero, se declaró con lugar la acción civil resarcitoria, y se les condenó en abstracto a los demandados civiles [Nombre2] y a [Nombre4] , por el daño ambiental causado más los intereses hasta su efectivo pago. Se ordena la entrega de la madera a favor de la Administración Forestal de Estado, se ordena la devolución de la sierra decomisada a [Nombre3] . Se ordena la devolución del Aserradero Portátil a quién demuestre ser su legítimo dueño, para ello se le concede el plazo de tres meses para que se presente ante el tribunal a solicitar la devolución, una vez transcurrido ese plazo de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Ley de Bienes Caídos en Comiso pasará a la orden del Estado. Se dicta el fallo sin condenatoria en costas en la parte penal, los gastos del proceso correrán a cargo de estado. Se condena a los demandados civiles a pago de las costas de la acción civil resarcitoria la cual se fija en abstracto, deberán recurrir a la vía correspondiente para su ejecución. Como primer motivo, la Defensa alega violación al principio de accesoriedad de la acción civil resarcitoria. El recurrente afirma que su representado [Nombre2] fue absuelto por atipicidad penal de su conducta, en su criterio, la accesoriedad de la acción penal, prevista en el numeral 40 del Código Penal, presupone al menos la existencia del injusto penal. Los motivos en que se basa la acción civil son independientes a la delimitación del thema probandum penal, por lo que el actor civil no puede ir más allá del supuesto fáctico de la Fiscalía. Y, la descripción de hechos que se haga en la acción civil resarcitoria, no puede sustituir la que haga el órgano fiscal. Solicita la ineficacia de la sentencia, y el debate en que se fundamenta, ordenando, además, la realización de un nuevo juicio. Por este argumento, no lleva razón el reclamante: Cabe aclarar que es posible la condenatoria civil en un proceso penal aún en caso de absolutoria siempre y cuando se establezca un nexo causal que lo justifique, al menos esa es la posición de la doctrina mayoritaria. De conformidad con el numeral 40 del Código Procesal Penal, el carácter accesorio de la acción civil resarcitoria alude a la oportunidad del ejercicio de esta y no al éxito en sí de la pretensión esgrimida. Por lo que, contrario a lo que se alega en este motivo, el fracaso de la pretensión penal, no implica la declaratoria sin lugar de la acción civil resarcitoria como lo hacer ver el impugnante.
III.- Ausencia de fundamentación analítica y motivación analítica ilegítima. El reclamante expresa que no existe disconformidad por la absolutoria penal con relación a [Nombre2] , pero en cuanto a la condenatoria por la acción civil resarcitoria, la jueza hizo una fundamentación descriptiva, e intentó hilvanar algunas ideas, sin analizar la prueba de cargo en su contra, ni la declaración que rindió el propio imputado. La persona juzgadora se esforzó en indicar que la atipicidad provenía de la falta de correlación entre acusatoria y sentencia, pero, más bien puso en entredicho la declaración de la deponente [Nombre9] , de tal manera, que no queda sustentado el por qué el daño debe ser reparado. La omisión del análisis de lo que declaró el imputado [Nombre2] lo deja en indefensión, dado que, éste manifestó que él pensó que todo lo relacionado con la madera estaba bien y que él fue contratado para ir a cortar una madera, esa omisión del fallo causa un vicio absoluto porque alude a la naturaleza de la responsabilidad penal y civil de su conducta. Solicita la ineficacia de la sentencia, y el debate en que se fundamenta, ordenando, además, la realización de un nuevo juicio. El vicio alegado se declara con lugar por lo que se expone: La responsabilidad civil extracontractual procedente de un hecho dañoso, requiere, cuando se plantea dentro de una acción civil resarcitoria en el proceso penal, como mínimo que nazca el injusto penal según el planteamiento de la teoría tripartita de Beling (Tipicidad +antijuridicidad), para poder relacionar así el resultado dañino al sujeto a quien se le atribuye la acción jurídicamente relevante, estableciendo de esa manera un nexo causal que permite establecer la responsabilidad civil extracontractual exigible. Es relevante recordar la opinión de Daniel [Nombre10] Vallespinos al respecto, cuando señala que: “la necesaria conexión fáctica que debe existir entre la acción humana y el resultado dañoso producido se denomina relación de causalidad. La relación de causalidad vincula materialmente, de manera directa, al incumplimiento obligacional o al acto ilícito aquiliano con el daño y, en forma sucedánea e indirecta, a éste con el factor de atribución…”. ([Nombre10], Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo, 1999). Instituciones de Derecho Privado- Obligaciones. Buenos Aires, Editorial Hammurabi, Tomo 3, página 94). Si bien el concepto es más amplio que el penal, abarca la totalidad de lo que significa el nexo causal. En la causa bajo estudio, al no llegar la acción siquiera al estadio de la tipicidad, no resulta posible vincular ese proceder (que podría ser dañoso) con el sujeto que se le atribuye, por lo que es posible establece el nexo causal necesario para la condena civil, de tal manera que las razones brindadas por la a quo en la sentencia carecen de motivación jurídica y se limitan a un estudio meramente descriptivo, el cual resulta insuficiente y a la vez, viene a ser contradictorio con lo decidido en el extremo penal, dado que estableció que la conducta de los encartados era atípica, lo que causa una confusión conceptual significativa que debe ser sometida a estudio en el juicio de reenvío. Por ello, se declara con lugar la queja y se anula parcialmente la sentencia, únicamente en cuanto a los extremos civiles de la sentencia impugnada. Se ordena el reenvío de la causa para conocer esos puntos del fallo.
IV.- La licenciada Nathalia Tencio Montenegro, Defensora Pública de [Nombre1] , con base en los artículos, 1, 2, 6, 142, 143, 363, 458, 459, 460, 461, del Código Procesal Penal, interpone recurso de Apelación contra la sentencia N° 209-TFPZ-2019, dictada por el Tribunal de Flagrancia del Primer Circuito de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, a las 18:20 horas del 1° de marzo de 2019, fallo mediante el cual se absolvió de toda pena y responsabilidad penal a [Nombre2] y a [Nombre4] , del delito de Infracción a la Ley Forestal en la Modalidad de Aprovechamiento Ilegal en perjuicio de Los Recursos Naturales. Pero, se declaró con lugar la acción civil resarcitoria, y se les condenó en abstracto a los demandados civiles [Nombre2] y a [Nombre4] , por el daño ambiental causado más los intereses hasta su efectivo pago. Se ordena la entrega de la madera a favor de la Administración Forestal de Estado, se ordena la devolución de la sierra decomisada a [Nombre3] . Se ordena la devolución del Aserradero Portátil a quién demuestre ser su legítimo dueño, para ello se le concede el plazo de tres meses para que se presente ante el tribunal a solicitar la devolución, una vez transcurrido ese plazo de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Ley de Bienes Caídos en Comiso pasará a la orden del Estado. Se dicta el fallo sin condenatoria en costas en la parte penal, los gastos del proceso correrán a cargo de estado. Se condena a los demandados civiles a pago de las costas de la acción civil resarcitoria la cual se fija en abstracto, deberán recurrir a la vía correspondiente para su ejecución. Falta de fundamentación y valoración de la prueba: Si bien es cierto, la persona juzgadora absolvió penalmente a su representado, no ponderó, ni tomó en cuenta que su representado [Nombre1] indicó la existencia de un error de tipo en cuanto a la falsa creencia que tenían los imputados de que se contaba con los permisos legales para el aprovechamiento del árbol en cuestión y que por las condiciones particulares de los hechos y del imputado, dicho error era invencible, de modo que no se configuran los elementos cognitivos ni volitivos de la comisión del delito. Sin embargo, la juzgadora no consideró ni por asomo lo manifestado por la defensa técnica y material y dejó sin valorar estas circunstancias que a la postre hubieran resultado en una sentencia de igual forma absolutoria, pero en unos términos completamente diferentes a los expuestos. En criterio de quien impugna, el agravio de este procede de la jueza, se resume así: “Es por lo anterior que esta representación considera que el descarte injustificado de la declaración de mi representado y de la teoría del caso de la defensa técnica implica una violación al deber de fundamentar el fallo, al derecho de defensa material, y el debido proceso, que dio como resultado una condena en vía civil, en descarte injustificado de nuestra teoría del caso, contra una persona inocente, de escasos recursos económicos, que eventualmente tendría que cancelar montos millonarios con su poco patrimonio.” Solicita que, se proceda a declarar con lugar el recurso; y que se disponga conforme lo establecido en los artículos 466 y 467 del Código Procesal Penal. Lo alegado debe ser conocido en el reenvío de la causa si se estima necesario: En esta ocasión, la recurrente apunta a las implicaciones civiles que podría tener un error de prohibición directo en las consecuencias civiles del hecho punible, pero de igual manera, no es posible conocer su reclamo, porque, dado lo resuelto en el Considerando III de esta resolución, se extienden los efectos su representado, de tal forma que en un nuevo juicio se conocerán todos los extremos civiles de esta causa. Inclusive lo relativo a la procedencia de los bienes incautados que tiene el Tribunal de juicio en custodia.
V.- Errónea fundamentación jurídica en cuanto a declarar con lugar la acción civil resarcitoria. El reclamo consiste en que se alega que no se realizó ninguna valoración del daño ambiental. Siendo que únicamente se limita a indicar que dicho daño ambiental se valora en la misma suma que se estableció por parte del MINAE en el informe incorporado a debate, de fecha 17 de agosto del 2018, donde se le asigna un valor a la madera aserrada de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO COLONES. La reclamante alega textualmente: “Yerra la juzgadora de manera categórica al declarar con lugar la acción civil resarcitoria bajo esos términos, ya que realizando un análisis en relación a lo que se resolvió en sentencia, carece de sentido que una persona pueda ser absuelta de la comisión de un delito por existir errores en la formulación o imputación dentro de la pieza acusatoria y que bajo los mismos supuestos de no lograr determinar el daño que se les pretenda cobrar el mismo. Si bien es cierto, la acusación que formula el Ministerio Público y la Acción Civil Resarcitoria que es delegada en este caso a la Procuraduría General de la República, persiguen fines distintos entre sí tienen un aspecto en común, y es que cada una de ellas, una vez formulada, definen los aspectos que en el contradictorio se conocerán y se reprocharan en este caso a la parte imputada, así como la prueba que sustente sus pretensiones y en este caso El Estado no aportó prueba que establezca un daño ambiental por el que se condena al imputado. Siendo esto así, la juzgadora transgrede varios principios lo cuales se proceden a enumerar y a analizar a continuación: En primer lugar, al emitir ese tipo de manifestaciones quebranta el principio de imparcialidad al tratar de corregir la acción civil resarcitoria, declarándola con lugar y condenarlos por el daño ambiental en abstracto y enviando a que se rindan nuevos peritajes para poder determinar el daño ambiental por el cual debe ser resarcido el Estado. Esta situación le correspondía diligenciada a la representante de la Procuraduría General de la República, ya que ésta es la parte interesada en poder determinar esta supuesta afectación que se le causó al medio ambiente para poder cuantificarla y eventualmente luego de esto poder exigir el resarcimiento por parte de los imputados, sin embargo, ante esta situación la juzgadora toma la posición de la representante de la acción civil tratando de establecer el nexo causal entre la acción cometida por los imputados y el daño producidos por éstos. En segundo lugar, la jueza infringe el principio de objetividad que, por imperativo legal le corresponde aplicar, al admitir y declarar con lugar la acción civil resarcitoria, teniendo conocimiento que la misma no reúne los requisitos para poder determinar de una manera fehaciente y mediante criterios técnicos la afectación por la cual se le pretende hacer pagar y retribuir al Estado por parte de mi representado. Resulta sorpresivo para la defensa técnica, que se condene a la persona imputada en los extremos civiles por cuanto no se ha tenido por acreditado de forma precisa, cual fue la conducta ilícita generadora del daño. Lo anterior, máxime que en materia de responsabilidad civil lo esencial es el establecimiento de la conducta generadora del daño y el nexo causal entre ellos. En ese sentido, no queda clara cuál es la conducta generadora del daño, y por ende el nexo causal no es determinable. Por último, el daño no se puede establecer con certeza, ni mucho menos se puede cuantificar puesto que no existen elementos de convicción que permitan acreditar el daño ambiental.” La defensora solicita se declare con lugar el recurso de apelación, se declare la ineficacia del fallo recurrido y se ordene la realización de un juicio de reenvío para una nueva sustanciación ante otra integración del mismo Tribunal. La pretensión del motivo, prospera por razones distintas a las alegadas: Por lo que ya se ha expuesto reiteradamente, los extremos civiles serán objeto de una nueva ponderación en el juicio de reenvío. Pese a ello, debe asentarse que el daño ambiental no se endilgó en la pieza acusatoria, sino solamente en el hecho segundo de la acción civil resarcitoria, que en lo conducente indica: “Segundo: Es claro que el actuar ilícito perpetrado por los acusados [Nombre1] y [Nombre2] produjo un daño ambiental, el cual se estima en la suma de dos millones setecientos veintitrés mil ciento ochenta y cinco colones (2.723.185), como el valor económico del producto forestal, ya que con el aprovechamiento ilegal del árbol sin contar con los respectivos permisos del Estado, deterioraron los recursos naturales y su recuperación, tales como el cesto de oportunidad de crecimiento de especie que hablaban en ese árbol aunque estuviese caído, ya que se convierte Inmediatamente en un ecosistema, hasta que desaparece del mundo por haber alimentado o dado casa a un sinnúmero de especies, y por supuesto, después de haber fertilizado la tierra donde se deshiciera, lo cual Impidieron al aprovechando generando una explotación destructiva e hicieron desaparecer su riqueza biológica, flora, fauna y ecosistemas.” Es notorio que este daño civil acusado, no aparece imputado en la acusación penal, así que será el Tribunal de reenvío quien habrá de decidir si este extremo procede o no en contra de los demandados civiles. Con lugar este extremo del recurso de apelación de la licenciada Nathalia Tencio Montenegro, Defensora Pública de [Nombre1] .
POR TANTO
Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Tatiana Villegas Ceciliano, Fiscal Auxiliar de Flagrancia de Pérez Zeledón, la absolutoria penal en favor de los encartados se mantiene incólume. Se declara sin lugar el primer motivo y con lugar el segundo motivo del recurso de apelación del licenciado Roberto Madrigal Zamora, quien interpuso el recurso de apelación en favor de [Nombre2] . Se declaran con lugar los dos motivos de apelación interpuestos por la licenciada Nathalia Tencio Montenegro, Defensora Pública de [Nombre1] . En consecuencia, se anula parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en cuanto a los extremos civiles de la misma, el resto del fallo permanece incólume, incluida la absolutoria penal en favor de ambos encartados. El Tribunal de reenvío decidirá acerca de la devolución de los bienes incautados. Notifíquese.
schaves *IP5TPVPC6Y861* JAIME ROBLETO GUTIERREZ - JUEZ/A DECISOR/A *CXZ3LBLV3YW61* MARCO MAIRENA NAVARRO - JUEZ/A DECISOR/A *HSRHE68WV1M61* XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [...]
Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Document not found. Documento no encontrado.