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Res. 00013-2020 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · Tribunal Contencioso Administrativo Sección V · 18/02/2020

Lack of standing due to unregistered sale of property hosting a private wildlife refugeFalta de legitimación activa por venta no inscrita de finca donde opera refugio privado de vida silvestre

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OutcomeResultado

InadmissibleInadmisible

The objection of lack of active standing is upheld and the claim for environmental damages is declared inadmissible.Se acoge la excepción de falta de legitimación activa y se declara inadmisible la demanda de indemnización por daños ambientales.

SummaryResumen

The Administrative Appeals Tribunal, Section V, declares inadmissible the claim filed by Avice Martha Friedman Cohen seeking compensation for environmental damages to the Gingold Family Private Wildlife Refuge. The court finds that the plaintiff lacks standing because, although the property is still registered in her name, she and the co‑owner sold it in 2007 to a corporation. Under Articles 480 and 1049 of the Civil Code, ownership transferred by consent alone, regardless of registration. Additionally, plaintiff failed to prove she was the refuge administrator or had submitted a management plan to SINAC; the Biodiversity Law regulations assign administration to the landowners. The tribunal also stresses that pure environmental‑damage compensation must go into a public fund, not to private individuals, and rejects the late change in legal theory (prohibition of mutatio libelli).El Tribunal Contencioso Administrativo Sección V declara inadmisible la demanda interpuesta por Avice Martha Friedman Cohen, quien reclamaba indemnización por daños ambientales al Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold. La sentencia determina que la actora carece de legitimación activa porque, aunque el inmueble aún figura a su nombre en el Registro, ella y el otro copropietario lo vendieron en 2007 a una sociedad anónima. Conforme a los artículos 480 y 1049 del Código Civil, la propiedad se transmitió por el mero consentimiento, independientemente de la inscripción registral. Además, la actora no probó ser administradora del refugio ni presentó plan de manejo ante el SINAC; el reglamento de la Ley de Biodiversidad asigna la administración a los propietarios. El tribunal también subraya que las indemnizaciones por daño ambiental puro deben ingresar a un fondo público, no a manos privadas, y rechaza el cambio de teoría del caso en conclusiones (prohibición de mutatio libelli).

Key excerptExtracto clave

VII.- On Active Standing in the Specific Case. […] In this matter, it must be clear that we are dealing with a claim filed by Ms. Avice Martha Friedman Cohen, as she herself states in her complaint, in her capacity as administrator and partial owner of the Gingold Wildlife Refuge, claiming damages allegedly caused by omissions of the defendants. […] Based on the above, it can be verified that since 2007 the plaintiff has not been the owner of the real property where the Gingold Family Wildlife Refuge is located, even though the property is still registered in her name, given that it was demonstrated in this proceeding that the property was indeed the subject of a sale‑purchase contract, but the corresponding change of owner could not be completed at the registry level. It can be established that the property registered under real folio number 236930 of the Province of San José is no longer owned by the plaintiff or by Mr. Andrew Stuart Gingold, as there was an agreement between the parties to transfer it, despite the fact that the respective registration with the National Registry was not carried out, in accordance with Article 480 of the Civil Code, which states “… Ownership of movable and immovable property is transferred between the contracting parties by the mere fact of the agreement aimed at transferring it, independently of its registration and delivery…” and Article 1049 of the Civil Code, which provides: “…A sale is perfected between the parties from the moment they agree on the thing and the price…” This reasoning proves that Ms. Friedman Cohen is not the owner of the property that has suffered the damages alleged in this proceeding and that is the subject thereof; therefore, the plaintiff would lack standing to bring this case. Likewise, it is relevant to note that when compensation for environmental damages is sought, such compensation cannot be awarded to private individuals, as is intended in the case at hand; rather, the amount granted as compensation for pure environmental harm or harm to the community constitutes a public fund that belongs to all (Articles 8 and 9 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic).VII.- De la Legitimación activa en el caso concreto. […] En el presente asunto, se debe tener claro que se trata de una demanda planteada por la señora Avice Martha Friedman Cohen, según ella misma indica en su escrito de demanda, en su condición de administradora y propietaria en parte del Refugio de Vida Silvestre Gingold, reclamando los daños y perjuicios ocasionados por presuntas omisiones de las demandadas. […] A tenor de lo indicado, se puede constatar que desde el año dos mil siete la actora no es la propietaria del bien inmueble donde se encuentra ubicado el Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold, esto a pesar de que la propiedad aún se encuentra inscrita a su nombre, al quedar demostrado en el presente proceso que la finca si fue objeto de un contrato de compraventa, pero que no se pudo realizar a nivel del registro, el respectivo cambio de propietario. Se puede establecer que la finca inscrita en la matrícula de folio real número 236930 de la Provincia de San José, ya no es propiedad de la actora ni del señor Andrew Stuart Gingold, al haber existido un acuerdo entre las partes de realizar el traspaso, a pesar de que no se realizará la respectiva inscripción en el Registro Nacional, de conformidad con lo estipulado en el artículo 480 del Código Civil, el cual señala “… La propiedad de muebles e inmuebles se trasmite con relación a las partes contratantes, por el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla, independientemente de su inscripción en el registro y la tradición…” y el artículo 1049 del Código Civil, que indica: “…La venta es perfecta entre las partes desde el que convienen en cosa y precio…” En este razonamiento queda comprobado que la señora Friedman Cohen no es la propietaria del bien que ha sufrido los daños alegados en el presente proceso y que es objeto del mismo, por lo que la actora no estaría legitimada para interponer este proceso. Asimismo, es relevante señalar que cuando se solicitan indemnizaciones por daños ambientales, éstos no pueden ser para personas privadas, como se pretende en el caso que nos ocupa, sino que el monto que se otorgue como compensación por daño ambiental puro o a la colectividad, se constituye en un fondo público, que pertenece a todos, (numerales 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República).

Pull quotesCitas destacadas

  • "La propiedad de muebles e inmuebles se trasmite con relación a las partes contratantes, por el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla, independientemente de su inscripción en el registro y la tradición."

    "Ownership of movable and immovable property is transferred between the contracting parties by the mere fact of the agreement aimed at transferring it, independently of its registration and delivery."

    Considerando VII (citando Art. 480 Código Civil)

  • "La propiedad de muebles e inmuebles se trasmite con relación a las partes contratantes, por el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla, independientemente de su inscripción en el registro y la tradición."

    Considerando VII (citando Art. 480 Código Civil)

  • "Cuando se solicitan indemnizaciones por daños ambientales, éstos no pueden ser para personas privadas, como se pretende en el caso que nos ocupa, sino que el monto que se otorgue como compensación por daño ambiental puro o a la colectividad, se constituye en un fondo público, que pertenece a todos."

    "When compensation for environmental damages is sought, such compensation cannot be awarded to private individuals, as intended in this case; rather, the amount granted as compensation for pure environmental harm or harm to the community constitutes a public fund that belongs to all."

    Considerando VII

  • "Cuando se solicitan indemnizaciones por daños ambientales, éstos no pueden ser para personas privadas, como se pretende en el caso que nos ocupa, sino que el monto que se otorgue como compensación por daño ambiental puro o a la colectividad, se constituye en un fondo público, que pertenece a todos."

    Considerando VII

  • "Los elementos [del proceso] […] no pueden ser alterados en esencia a lo largo del proceso (prohibición de la mutatio libelli)."

    "The elements [of a proceeding] […] cannot be altered in essence throughout the proceeding (prohibition of mutatio libelli)."

    Considerando VII (citando Sala Primera)

  • "Los elementos [del proceso] […] no pueden ser alterados en esencia a lo largo del proceso (prohibición de la mutatio libelli)."

    Considerando VII (citando Sala Primera)

  • "Se acoge la excepción de Falta de Legitimación Ad Causam Activa y se declara INADMISIBLE la demanda."

    "The objection of Lack of Active Standing is upheld and the complaint is DECLARED INADMISSIBLE."

    Por Tanto

  • "Se acoge la excepción de Falta de Legitimación Ad Causam Activa y se declara INADMISIBLE la demanda."

    Por Tanto

Full documentDocumento completo

Procedural marks

VI.- Preliminary issues: a) On active legal standing in general. The jurisdictional process is governed by formal or procedural prerequisites (jurisdiction, competence, and capacity of the parties) and material or substantive ones (active and passive legal standing, the right and current interest). These latter must be maintained during the course of the process, so that an eventual judgment on the merits may be rendered. In accordance with doctrine, the expression: “legitimatio ad causam” active or passive, or as it is also called: "legal standing in the cause or standing to act," refers to the condition of the holder of the right (the plaintiff) and of the person obligated to the performance (the defendant). That is, persons who are legally and directly going to be affected in their rights by the judgment have legal standing in the cause. Active legal standing, according to Jesús González Pérez, in the Commentaries on the Law of the Contentious-Administrative Jurisdiction, editorial Civitas, has been defined as: "... the aptitude to be a party in a specific process. Just as capacity -legitimatio ad processum- implies the generic aptitude to be a party in any process, legal standing -legitimatio ad causam- implies the aptitude to be a party in a specific process. And such aptitude is determined by the position in which they find themselves in a certain relationship with the procedural claim. Only persons who find themselves in a certain relationship with the claim can be parties in the process in which it is brought." For its part, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in its judgment number 976 of 7 hours 40 minutes on December 19, 2006, on the subject of legal standing in a general way indicated: “…a prerequisite of the claim formulated in the complaint and of the opposition raised by the defendant, to make possible the judgment on the merits that resolves them; consequently, legal standing in the cause does not constitute a procedural prerequisite, insofar as it does not refer to the procedure or to the valid exercise of the action, rather it refers to the substantial relationship that must exist between plaintiff and defendant and to the substantial interest that is discussed in the process. Legal standing in the cause refers to the substantial relationship that is claimed to exist between the parties to the process and the substantial interest in litigation. The defendant must be the person whom the law requires to oppose the plaintiff's claim or against whom the law allows the declaration of the substantial legal relationship that is the object of the complaint; and the plaintiff the person who according to the law can formulate the claims of the complaint, even if the substantial right claimed does not exist or belongs to another. (…) According to the subject who has standing or their position in the procedural relationship, a distinction can be made between active and passive legal standing, the former corresponds to the plaintiff and to persons who subsequently intervene to defend their cause, the latter belongs to the defendant and to those who intervene to discuss and oppose the plaintiff’s claim. The absence of legal standing in the cause constitutes a substantial impediment; if the adjudicator notices its lack, they must declare it ex officio and issue an inhibitory judgment, which is not an obstacle for it to be alleged opportunely as a preliminary exception. (…) Legal standing in the cause, in addition to determining who may act in the process with the right to obtain a judgment on the merits, indicates or determines who must be present to make a judgment on the merits possible. The foregoing means that in certain processes the concurrence of several persons (necessary co-litigants) as plaintiffs or defendants is indispensable so that the decision on the petitions is made possible, since the absence of these prevents a decision on the merits of the claims set forth in the complaint. Therefore, the legitimatio ad causam may be absent in two cases: a) when plaintiff and defendant absolutely lack legal standing in the cause, because they are different persons from those who should have formulated the claims or contradicted them, and b) when those who should have been parties in such positions in concurrence with other persons, have not appeared in the process.” No. 794 of 16 hours 5 minutes on October 16, 2002. Consequently, legal standing is the aptitude to be a party in a specific process; it may be active or passive, which will depend on the conditions that the law establishes for such effect regarding the procedural claim. Thus, active legitimatio ad causam, which is of interest in the case under study, is the capacity to sue, a character that arises from the position in which the subject finds themself, with respect to the procedural claim promoted. In sum, it is the necessary identity that must exist between the plaintiff and the right they claim in court…”. Furthermore, from the regulatory perspective, regarding active legal standing specifically in contentious-administrative matters, article ten of the Contentious-Administrative Procedural Code provides: "...The following shall have standing to sue: a) Those who invoke the affectation of legitimate interests or subjective rights...". In accordance with the foregoing rule, only one who has an enabling title by administrative act, norm, or contract to support what they allege against a third party, or one who possesses a reactionary or expectant right against a specific subjective situation, could sue. Mere interests not covered by these assumptions do not possess sufficient legal standing to be a party in this type of process.

VII.- On Active legal standing in the specific case. The determination of this material procedural suitability is intimately linked to the claim set forth in the action, so that only one who finds themselves in a specific relationship with it can be a party in the respective process. Active legal standing refers to that procedural sufficiency of the plaintiff subject, which represents their capacity to bring a claim and their ownership of a legal relationship or an interest protectable by the legal system. In this way, determining whether or not active legal standing exists in a specific case requires, first, clearly specifying what the claim or claims brought are, and second, establishing who is or are enabled to claim them. In the present matter, it must be clear that this is a complaint filed by Mrs. Avice Martha Friedman Cohen, as she herself indicates in her complaint, in her capacity as administrator and part-owner of the Refugio de Vida Silvestre Gingold, claiming the damages and losses caused by alleged omissions of the defendants. Specifically, for material damages caused by rainwater runoff from the road or street Las Margaritas that floods the property and damages the internal roads; for the placement of a manhole in front of the property; the lack of supervision of earthworks (movimientos de tierra) by adjoining neighbors, as well as neighborhood roads, by the administrative authorities, and finally the contamination of the Río Pacuaca. So it can be denoted that all the claims are supported and backed by damages that have been caused to the Private Refuge, which is located on the property that, according to the plaintiff, is her property. However, contrary to what was stated by the plaintiff, it can be verified that the Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold is located in the first district, Colón, seventh canton, Mora; of the Province of San José, property registration number 236930-000, registered in volume 2169, folio 325, entry 4 (see Decree number 27257-MINAE, creation of the Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold). That said property, as indicated in the decree creating the refuge and the certifications from the National Property Registry number RNPDIGITAL-3950459-2015 and RNPDIGITAL-3950469-2015, the property registered in the real folio registration number 236930 of the Province of San José, is held in two rights, right number 001, whose owner is Mr. Andrew Stuart Gingold, and right number 002, whose owner is Mrs. Avice Martha Freidman Cohen. That in both rights, an annotation of a sale carried out since the year two thousand seven is registered, through which Mrs. Friedman Cohen (right 002) and Mr. Andrew Stuart Gingold (right 001) sold the property to the company INMOBILIARIA D & J INFINITO DE LA MONTAÑA, S.A. (certification issued at 13 hours and 12 minutes on July 20, 2015, in relation to Volumes of the Real Property Registry No. 571, Entry No. 88840 and No. 2009, Entry 305124, where the deeds of transfer of the real property are recorded). According to what has been indicated, it can be verified that since the year two thousand seven the plaintiff has not been the owner of the real property where the Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold is located, this despite the fact that the property is still registered in her name, as it has been demonstrated in this process that the property was indeed the object of a purchase-sale contract, but that the respective change of owner could not be carried out at the registry level. It can be established that the property registered in real folio registration number 236930 of the Province of San José, is no longer property of the plaintiff nor of Mr. Andrew Stuart Gingold, as there was an agreement between the parties to carry out the transfer, despite the fact that the respective registration in the National Registry was not carried out, in accordance with the stipulations of article 480 of the Civil Code, which states “… The ownership of movable and immovable property is transferred with respect to the contracting parties, by the mere fact of the agreement that has the purpose of transferring it, independently of its registration in the registry and the tradition…” and article 1049 of the Civil Code, which indicates: “…The sale is perfect between the parties from the moment they agree on the thing and the price…” In this reasoning, it is proven that Mrs. Friedman Cohen is not the owner of the property that has suffered the damages alleged in this process and which is the object thereof, so the plaintiff would not have standing to bring this process. In this same line of reasoning, judgment of the Contentious-Administrative Court number 89-2012-V of eight hours on September twenty-fifth, two thousand twelve, stipulated: "...VI. - ON THE SPECIFIC CASE. The matter under analysis obliges this Chamber, to resolve the exception of lack of active legal standing alleged by the defendant parties, prior to any other analysis on the merits, because the legal standing that the plaintiff had is questioned, to request the tree felling permit on the property of Partido de Limón, under real folio registration 23369-000, given that before making said application, she had sold the property (..) Precisely, in this case, the claims are aimed at the nullity of the administrative conduct that denied the tree felling permit, as well as its granting, the compensation for damages and losses, arising from the administrative action. For this reason, the determination of the ownership of the property, at the time of the request, as well as the person who had the standing to make the request in administrative venue, are essential aspects that must be clarified, prior to any other consideration, as this determines the legal standing to be a party in this process. In the present case, it has been demonstrated that on February 27, 2009, at 12:00 hours, the plaintiff granted a purchase-sale contract to the Fideicomiso de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda S.A., over the property of Partido de Limón, under real folio registration 0023369-000. Said act was presented to the Daily of the Real Property Registry that same day, at 14:55:36, under the presentation citations 2009-00052259- 001. In accordance with the provisions of article 480 of the Civil Code, the ownership of movable and immovable property is transmitted with respect to the contracting parties, by the mere fact of the agreement that has the purpose of transmitting it, independently of its registration in the Registry and of the tradition. The First Chamber of the Supreme Court of Justice in Judgment No. 0 0000087-F-03, regarding the mentioned canon indicated: ''From the reading of the sale document it is inferred, without doubt, the intention of the alienor to transmit the ownership of his two properties. This type of contract is consensual and between the parties, according to the provisions of article 480 of the Civil Code, which enshrines the system of bare consent in our legislation; the ownership of movable and immovable property is transferred by the mere fact of the agreement that has as its object its transfer, independently of the registry registration or of the tradition, as also corresponds to the spirit of article 1049 ibid." Thus, by that date the plaintiff had ceased being the owner of said property. In that order, in accordance with the provisions of article 1049 of the Civil Code, the sale is perfect between the parties from the moment they agree on the thing and the price. Therefore, from the 27th day of February 2009, at the moment in which the plaintiff and the EARTH trust, agreed on the thing and price, the sale of property 23369-000 of Partido de Limón was perfected, in accordance with our legal system. (..) In the case at hand, the plaintiff was not owner of the land since February 2, 2009, for which reason she did not have standing to request the permit in administrative venue, nor in judicial venue. Precisely, it is at the moment of rendering judgment, where the Judge must verify that the subjects who initially have affirmed being holders of a right or legitimate interest, in relation to the object of the process, effectively are so; this is not achieved until the adequate evidentiary activity is carried out and the analysis of the debated question is done. If one of the parties lacks legal standing, the development of the process will not serve to solve the intersubjective conflict brought before judicial venue, because this lack will determine the inexistence of a legal relationship of the parties with the conflict that was intended to be solved. Legal standing implies unequivocally determining who are the owner subjects of the legal relationship of the process. If there is no legal standing in the procedural parties, a judicial pronouncement on the merits, resolving the contested issue, would be totally ineffective. It would be senseless in the case at hand, a possible acknowledgment of the payment of damages and losses, personal and procedural costs, if it has not been possible to demonstrate that the plaintiff…” Furthermore, to further elaborate that there is no certainty that the property where the Refuge is located is owned by Mrs. Friedman Cohen, or by the company to which it was transferred in 2007, namely, Inmobiliaria D & J Infinito de la Montaña, S.A., there is the immobilization annotation. This is demonstrated by what is stated in administrative file number 08-104-BI-in digital format- processed by the Public Property Registry, certification of eight hours on July twenty-second, two thousand fifteen, as the property is found immobilized due to a plan overlap (see image 429 of the digitized judicial file, folios 209 to 302 and 445 to 455 of the administrative file number 08-104-BI-in digital format- processed by the Real Property Registry and the certifications of the National Property Registry number RNPDIGITAL-3950459-2015 and RNPDIGITAL-3950469-2015). Regarding the fact that the party has filed the complaint as the administrator of the Refuge, there is no fact or evidence that Mrs. Avice Martha Freidman Cohen, has carried out any action before the Sistema de Áreas de Conservación as administrator of said refuge, such as the obligation to submit the management plan. This in accordance with what is established in article 20 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, which states: “… The private wildlife management sites that are dedicated to the conservation, education, research, exhibition, reproduction, restoration, and reintroduction of wildlife with or without commercial purposes, must be registered with Sinac and have an approved management plan...” Likewise, by part of SINAC, a series of actions have been carried out to repeal the existence of said property as a private wildlife management site. In this regard, official communication ACOPAC –DASP-066-2015 of July 15, 2015, signed by Lic. Gerardo Chavarría Amador, Director of Protected Wild Areas ACOPAC, who indicated: “…I inform you that through Executive Decree 27257-MINAE the Refugio Privado de Visa Silvestre Familia Gingold was created. However, since 2009 there has been an interest from the Sistema Nacional de Áreas de Conservación to repeal the existence of this area as a refuge, given the multiple situations that have arisen and are mostly described in the certified file that is attached. I also inform you that in the records kept in this Conservation Area there is no management plan or any document that guides the management actions that must be executed in that area. Finally, I inform you that the management category given to that management falls directly on the owners…” (see folio 172 of the administrative file of the Área de Conservación Pacifico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministry of Environment and Energy, certification of eight hours on December eighteenth, two thousand seventeen, MAP. Fernando Bermúdez Acuña, Regional Director). Given this, as the plaintiff is not the owner of the refuge, and considering the provisions of the Regulation to the Ley de Biodiversidad which in its article 70 subsection e. 2) indicates regarding the administration of privately-owned Refugios de Vida Silvestre, that "Their administration shall correspond to the owners of the properties," in the specific case, the owner is not the plaintiff, so she could not be considered the administrator of the refuge, as this function is granted, by law, to the owners of the lands created to be wildlife management sites. In the same vein, it has not been demonstrated that the plaintiff exercises administrative actions for said refuge, such as the submission of management plans, as indicated supra, among others, for which reason she lacks legal standing to file the present process. Likewise, it is relevant to point out that when compensations for environmental damages are claimed, these cannot be for private persons, as intended in the case at hand, but rather the amount granted as compensation for pure environmental damage or damage to the community, constitutes a public fund, that belongs to all, (numerals 8 and 9 of the Organic Law of the Comptroller General of the Republic). Therefore, said sum must be deposited in the single treasury of the State, in a client account created specifically for that purpose, and the account holder will be the Ministry of Environment, Energy, and the fixed amount must be used exclusively to execute the works of repair and restoration of the affected zone (see judgments number 4399-2010 of 10:40 hours on 12/14/2010, Contentious-Administrative Court Section IV and Voto number 675- 2007 of 10:00 hours on 09/21/2007, First Chamber of the Supreme Court of Justice). In consideration of the foregoing, Mrs. Avice Martha Friedman Cohen would not have standing to claim for herself the sum of $260,000.00 (two hundred sixty thousand exact dollars), as derived from the entire complaint and the claims set forth in the present process. In the same way, it must be pointed out that even though throughout the process it was established that the claims were for her person, when the respective closing arguments were given during the oral trial hearing, held on the twenty-ninth day of January, two thousand twenty, (see minute inserted in the electronic file and audio and video recording), the representation of Mrs. Friedman indicated that they were filing the process as an action for collective damage, and that the amounts that would be granted for the environmental damage would be used in the Refuge. However, it is an aspect that had never been previously alleged, therefore it cannot be considered in this process, as it is not appropriate to change the arguments on which the parties base their theory of the case throughout the process, because this would be causing defenselessness and legal uncertainty to the defendant parties. In this sense, resolution number 001151-A-S1-2019, of nine hours ten minutes on July eleventh, two thousand nineteen, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which states in that regard the following: "... This is one of the three defining elements of the object of a process. The other two are the subjects and the petitum (what is requested). These elements, which delimit and individualize a specific action, must be stated clearly and precisely in the suitable and preclusive procedural act of the complaint, and cannot be essentially altered throughout the process (prohibition of the mutatio libelli). The conclusion of the pleading period supposes the impossibility for the parties to, at a later time, effectively adduce new elements that configure the dispute. The superior principles of legal certainty, defense, loyalty, probity, good faith, and contradiction, among others, do not allow varying the terms of the litigation. In this case, the constitutive facts of the claim. The principle of immutability of the object of the process, seeks that the parties know from the initiation of the process what is being asked of them and under what legal coverage, in order to organize their evidentiary strategy precisely on the specific scope established by them. All this, with the ultimate and primary purpose of prohibiting defenselessness, surprise at a procedural moment in which it is not possible to allege or prove something different from that set in the pleading documents…". Finally, regarding the allegations made by the plaintiff in relation to filing the process for breaches by the defendants of the judgment of the Constitutional Chamber “of long standing”, it must be said that the breaches on the part of the institutions of the resolutions, are managed through the judgment execution procedure, which must be filed in the Contentious-Administrative Court, in accordance with article 56 of the Law of the Constitutional Jurisdiction (No. 7135), for which reason this is not the venue to make said petitions. Although, it must be clarified that in accordance with what was expressed in judgment of the Constitutional Chamber number 2011-011102 of eleven hours and twenty-one minutes on August nineteenth, two thousand eleven, the works by the Municipalidad de Mora had already been carried out and no breach is established on the part of the other institutions sued in this process (folios 40 to 46 front and back of the administrative file of the amparo number 11-008125-007-CO provided by the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, certification number 61-2015 of July twentieth, two thousand fifteen of the institutional notary Luis Fernando Chaverri Rivera). Therefore, it can be concluded, that in the species the plaintiff has not proven beyond doubt that she is the owner of the properties where the Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold is located, nor that she is its administrator, a situation that is necessary in accordance with the claims that occupy us in this process, a situation without which, the prior determination that in a case like this, requires with certainty the clarity of the owner to be able to access the contentious-administrative jurisdiction in order to request damages and losses caused to said property to the detriment of the environment, is made impossible, in accordance with article 10 of the Contentious-Administrative Procedural Code. And equally, she does not have standing to claim for herself the damages caused to the environment, as was alleged throughout the entire process, and which is demonstrated by the fact that she never requested that they be deposited in the single treasury of the State, in a client account created specifically for the Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold, but rather they were petitioned to indemnify her person. And in relation to the change alleged in the closing arguments, that it was for collective damage, making reference to some of the principles of environmental law, which are the precautionary principle and the preventive principle, it is not appropriate because what is alleged must be duly delimited and individualized from the moment the action is initiated, and cannot be essentially altered throughout the process (prohibition of the mutatio libelli), as would be in the closing arguments, because it would generate an impossibility for the parties to, at a later time, effectively adduce new elements that configure the dispute. The superior principles of legal certainty, defense, loyalty, probity, good faith, and contradiction, among others, do not allow varying the terms of the litigation. The principle of immutability of the object of the complaint, seeks that the parties know from the initiation of the process what is being asked of them and under what legal coverage, in order to organize their evidentiary strategy precisely on the specific scope established by them. All, with the ultimate and primary purpose of prohibiting defenselessness, surprise at a procedural moment in which it is not possible to allege or prove something different from that set in the pleading documents." ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments PJEDITOR Document FILE:

14-010322-107-CA PROCESS:

KNOWLEDGE PLAINTIFF:

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FAMILIA Nombre113861 DEFENDANTS:

THE STATE, COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, MUNICIPALIDAD DE MORA, SISTEMA NACIONAL ÁREAS DE CONSERVACIÓN No. 13-2020-V.

CONTENTIOUS-ADMINISTRATIVE AND CIVIL TREASURY COURT, FIFTH SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at eight hours on February eighteenth, two thousand twenty.

Declaratory process established by Nombre113860 in her capacity as administrator and part-owner of the REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FAMILIA GINGOLD; AGAINST the COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ (CNFL), represented by its special judicial attorney-in-fact Francisco Cabezas Murillo; MUNICIPALIDAD DE MORA, represented by its special judicial attorney-in-fact Cindy Monge Soto; THE STATE represented by the attorney appearing in the process Heilyn Sáenz Calderón; and the SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) represented by its special judicial attorney-in-fact Marianela Montero Leitón.

WHEREAS:

1.- On December 09, 2014, the complaint that has given rise to this process was formulated, according to the facts they set forth and the law on which they are based, so that in judgment it is ordered, claims that were determined in the preliminary hearing, in addition to being read and corrected in the trial hearing, after the right to defense of the parties, as follows: "Claims: 1.- That this action be granted in all its extremes, against the State and its Institutions. 2.- That in Judgments the State be condemned for the omissions and lack of action to the detriment of the Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold, which is in environmental danger, both to comply with its objectives, its functions, for which it was created. 3.- That the environmental regulations have been violated, producing serious damages and losses, to the Refuge, as well as the lack of protection for the environment. 4.- The Administration has not observed its administrative functions, of supervision, control, and execution. 5.- That the Executive Decree Number 27257-Minae, which creates the Refugio de Vida Silvestre, is current and forms part of our Legal System, therefore, the State Institutions are ordered, to respect the limits of the refuge, to include in the state regulations, the protection areas of the Refugio de Vida Silvestre, in the case of the Plan Regulador de Mora, it be included.

6. That Serious Damages and Losses have been caused against the Refuge, as well as Moral Damages to its administrator. These are specified separately. 7. That the State and its institutions be ordered to pay the Damages and Losses, which consist of the non-action and non-compliance by the defendant entities with an executive decree and the binding rulings of the Constitutional Chamber. That the amount of the damages is $260,000 (two hundred sixty thousand dollars) and for the losses the sum of $165,000 (one hundred sixty-five thousand dollars), claimed jointly and severally against all the defendants. 8. That the Municipality of Mora and the other institutions be ordered to carry out the repairs to Dirección13930, as well as the internal repairs of the Refuge, and the water runoff problems, in accordance with what was ordered by the Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, for which the situation of the Refuge must be taken into account. 9. That the defendant party be ordered to pay both costs. And it withdraws the claim for moral damages against all the defendants (images 44 to 51, 599 to 604 of the digitized court file, as well as the trial hearing held on January twenty-ninth, two thousand twenty).

2. Once the legal transfer was granted, the defendant Compañía Nacional de Fuerza y Luz responded negatively (images 729 to 745 of the digitized court file). It raised the following substantive defenses: lack of active and passive standing, and lack of right.

3. For its part, the defendant Municipality of Mora responded negatively (images 265 to 285 of the digitized court file). It raised the preliminary defenses of Failure to Exhaust Administrative Remedies, which was rejected by the Processing Judge in resolution number 558-2016 at three thirty p.m. on March tenth, two thousand sixteen (images 553 to 555 of the digitized court file). Additionally, it was alleged that the complaint has unaddressed defects that prevent a ruling on the merits, which was withdrawn at the preliminary hearing on May third, two thousand sixteen (images 599 to 604 of the digitized court file). On the merits, it asserted the substantive defenses of lack of active and passive standing, lack of right, lack of current interest, and alleges as exemptions from administrative liability the fault of the victim and the act of a third party.

4. The representation of the State responded negatively (images 341 to 371 of the digitized court file). It raised the substantive defenses of lack of active and passive standing ad causam and lack of right.

5. The first Preliminary Hearing established in article 90 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which is recorded in this Court's digital system, was held starting at nine hours five minutes on May third, two thousand sixteen, with the attendance of the parties (images 599 to 604 of the digitized court file).

6. The first oral and public trial hearing in this matter was held starting at eight hours fifty minutes on September sixth, two thousand seventeen. In said hearing, the Court proceeded to issue resolution number 88-2017-V at ten hours ten minutes on September sixth, two thousand seventeen, in which the joinder of the Sistema de Áreas de Conservación as a Necessary Passive Litisconsort was ordered, and for such purposes, the process was returned to the processing area (images 624 to 641 of the digitized court file).

7. Once the legal transfer was granted, the joined party, the Sistema de Áreas de Conservación, responded negatively (images 667 to 674 of the digitized court file). It raised the following substantive defenses: lack of active and passive standing and lack of right.

8. On July ninth, two thousand eighteen, Mr. Jesse Gingold Friedman, identity card number CED90049- , president and unlimited general agent of the corporation Inmobiliaria D & Infinito de la Montaña Sociedad Anónima, appeared in the process and stated: “…FIRST: That I acknowledge the proceedings being processed before the Contencioso Administrativo Court, File number 14-0010322-1027-CA, initiated by Mrs. AVICE MARTHA FRIEDMN (sic) COHEN representing the REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FAMILIA GINGOLD. SECOND: That in favor of said corporation INMOBILIARIA D & INFINITO DE LA MONTAÑA S.A., a deed of sale was executed for the property registered under real folio number Placa20944, a document that has been noted as defective due to defects in the deed and annotations burdening the property, which to date have been corrected and consequently the requested registration has not been completed…” (images 693 to 694 of the digitized court file) 9- Once the complaint was answered by the party joined to the process, the Preliminary Hearing established in article 90 of the Código Procesal Contencioso Administrativo was held, which is recorded in this Court's digital system. It was held starting at nine hours ten minutes on July eleventh, two thousand eighteen, with the attendance of the parties (image 698 to 700 of the digitized court file). At said hearing, it was established that Mr. Nombre113861 is the plaintiff's son, but the document is merely to acknowledge awareness of this matter and not as an intervener or interested third party.

10- The oral and public trial hearing in this matter was held starting at eight hours thirty-nine minutes on January twenty-ninth, two thousand twenty, with the attendance of the parties. (see minute inserted into the electronic file and the audio and video recording) 11.- In the proceedings, the prescriptions of the law have been observed, and this Court has not determined any defect or omission capable of producing nullities that must be corrected. This judgment is issued once the oral and public trial hearing has concluded, within the period of fifteen business days established for this purpose by article 111.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and article 82.1 of the Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, after rigorous deliberation and unanimously.

Drafted by Judge Nombre41070 with the affirmative vote of Judge Álvarez Molina and Judge Giusti Soto;

CONSIDERANDO.

I.- Proven Facts. The following are relevant for the purposes of this process: 1) That according to Decreto Ejecutivo number 27257-MINAE of May twentieth, nineteen hundred ninety-eight, the property belonging to Mr. Nombre113860 and Nombre113862, registered in the Registro Público de la Propiedad, at volume 2169, folio 325, entry 4, measuring forty-six thousand three hundred thirty-eight meters, seventy-three square decimeters, was declared a Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Nombre113861. Decreto Ejecutivo published in Alcance number 60 to La Gaceta number 178 of September eleventh, nineteen hundred ninety-eight (images 03 and 04 of the digitized court file); 2) That according to certifications from the Registro Nacional de la Propiedad numbers RNPDIGITAL-3950459-2015 and RNPDIGITAL-3950469-2015, and information from the digital system of the Registro Nacional de la Propiedad, the property registered under real folio number Placa20948 of the Province of San José is held in two rights, right number 001, whose owner is Mr. Nombre113862, and right number 002, whose owner is Mrs. Nombre113860. That in both rights, there are annotations burdening the property, one for a sale in favor of the corporation Inmobiliaria D&J Infinito de la Montaña S.A. and another for immobilization due to overlapping properties (images 410 to 413 of the digitized court file and verified in the national registry system reviewed on February eighteenth, two thousand twenty); 3) By public deed number two hundred four-one granted before notary public Francisco Javier Madrigal Acosta on April twelfth, two thousand seven, a sale executed by Mr. Nombre113862 and Avice Nombre113860 in favor of the corporation Inmobiliaria D&J Infinito de la Montaña S.A., whose unlimited general agent is Mr. Jesse Gingold, is recorded. That said document was amended by deed number one hundred ninety-three-seven before notary public Juan Federico Arias Chacón on June fourteenth, two thousand seven, as recorded in the certification issued by the Registro Público at thirteen hours twelve minutes on July twentieth, two thousand fifteen, in relation to volume 2009, Entry 305124 of the Registro de Bienes Inmuebles (images 416 to 427 of the digitized court file and the national registry system reviewed on February seventeenth, two thousand twenty); 4) That as recorded in file number 08-104-BI-in digital format- processed by the Registro Público de la Propiedad, certification of eight hours on July twenty-second, two thousand fifteen, the property where the Refugio de Vida Silvestre Familia Nombre113861 is located is immobilized, as resolved by the Registro Inmobiliario, División Registral, by resolution of nine hours forty-four minutes on July twenty-eighth, two thousand nine, ruling: "...Once this resolution is final, it is ORDERED: I.- IMMOBILIZE the properties of the Partido de SAN JOSÉ, folios Placa6060 (Placa20948), Placa20945 (Placa20949), and Placa20946 (Placa20950), in accordance with the provisions of article 88 of the Reglamento del Registro Público, an immobilization that shall be maintained until a competent judicial authority has heard the correction of the registry inaccuracy that gave rise to these proceedings and orders the lifting of said immobilizations, or the owners and interested parties of said properties appear to execute a public deed, whose certified copy is presented to this Registry, in accordance with article 450 of the Civil Code, by which the situation affecting the cited properties is corrected...". Resolution confirmed by vote number 324-2010 at nine hours ten minutes on April fifth, two thousand ten, of the Tribunal Registral Administrativo (see image 429 of the digitized court file, folios 209 to 302 and 445 to 455 of administrative file number 08-104-BI-in digital format- processed by the Registro de Bienes Inmuebles and the certifications from the Registro Nacional de la Propiedad numbers RNPDIGITAL-3950459-2015 and RNPDIGITAL-3950469-2015); 5) That the resolution of the Constitutional Chamber that the plaintiff identifies in the third fact of her complaint as of “LARGA DATA” is vote number 01218-99 at nine hours forty-eight minutes on February nineteenth, nineteen hundred ninety-nine, in which it was ordered: “…The appeal is GRANTED. Consequently, the Municipal Mayor of Mora must refrain from repairing the so-called 'Dirección13931' without prior authorization from the Ministerio de Obras Públicas y Transportes and the advice of the Ministerio del Ambiente y Energía, under warning of incurring the crime typified in article 71 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional. Furthermore, he must submit to the Tribunal Ambiental a plan regarding the repair of that road and the construction of a sewer system within fifteen days from the notification of this judgment. The Municipality of Mora is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the acts that serve as the basis for this ruling, which shall be liquidated in the execution of the judgment of the contencioso administrativo court…” (folios 07 to 09 of the administrative file of the Departamento de Gestión Ambiental of the Municipality of Mora, certification 49-2015 of July twenty-eighth, two thousand fifteen, by Mr. Andrés Sandí Solís, Municipal Secretary); 6) That the amparo appeal filed in 2011 by Mrs. Nombre113860 against the Municipality of Mora, the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, the Ministerio de Ambiente y Energía, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental, was resolved by Constitutional Chamber resolution number 2011-011102 at eleven hours twenty-one minutes on August nineteenth, two thousand eleven, in which it was ordered: “…The Chamber, in summary, considered that the plaintiff's rights were violated because the Tribunal Ambiental Administrativo had concluded, by a 1998 resolution, that it was necessary to technically place and demarcate the culverts, while the Contraloría Ambiental of the Ministerio de Ambiente deemed it imperative that the road repairs have the prior approval of an engineer, the development of a joint protection plan by the Municipality and the Ministerio del Ambiente, and the authorization of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, under the terms of article 2 of the Ley General de Caminos Públicos. As can be deduced from reading the transcribed judgment, at the time it was issued, the works had already been fully executed. It must be inferred, therefore, that although the works reported in this matter are on the same road, they are different from those analyzed in 1999. VI.- Having made the foregoing clarification, it is established that the intervention of the respondent Municipality occurred due to the irregular and impassable conditions of the road and consisted of mechanized cleaning, ditch scraping, road surface shaping, ballast placement, and mechanized pothole patching in critical stretches, along 2.5 kilometers, with an average width of 5 meters. In their report under oath and with supporting documentation, the Mayor and Municipal President assert that they respected the existing boundaries of the refuge, that there are sufficient hydraulic works for water management on a dirt road, that the geometric design of the road was not altered, and that the paving stone work dates back more than five years, without reaching the appellant's property. If to this is added that officials from the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, specifically from the Oficina Subregional de Puriscal, inspected the site without finding any environmental impact, the Chamber must conclude that the reported violation has not been incurred, and this part of the amparo must also be rejected. VII.- It is important to clarify, finally, that, upon better consideration, the Chamber deems that determining whether the authorization requirement of article 2 of the Ley General de Caminos Públicos is met is a matter of mere legality, as it consists of verifying a condition required by law and which does not entail, in itself, the direct protection of any fundamental right. Therefore: The appeal is declared without merit…” (folios 40 to 46 front and back of the administrative file for amparo number 11-008125-007-CO provided by the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, certification number 61-2015 of July twentieth, two thousand fifteen, by institutional notary Luis Fernando Chaverri Rivera) II- NON-PROVEN FACTS: 1) That Mrs. Avice Nombre113860 is the administrator of the Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Nombre113861 (there is no evidence in the record).- III.- Object of the process. Having analyzed the allegations and claims of the parties involved in this conflict, the main object of the process is determined to be the payment of damages and losses caused to the Refugio de Vida Silvestre Familia Nombre113861 by omissions of the State, the Municipality of Mora, the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, and the Sistema de Áreas de Conservación, alleging as main damages those produced by rainwater runoff from the road or Dirección13932, maintaining utility boxes at the property entrance, lack of supervision of earthworks (movimientos de tierra), and contamination of the Rio Pacuaca, for an amount of $260,000 (two hundred sixty thousand dollars) and for losses the sum of $165,000 (one hundred sixty-five thousand dollars).

IV.- Arguments of the plaintiff. She states that she is filing this process due to actions and omissions of the defendant parties, having violated environmental and conservation regulations through their administrative acts, causing environmental damage to the Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold. These acts range from failing to observe what was ordered by the Constitutional Chamber, up to the present day, affecting the erosion and falling of landslides on the Refuge's boundaries in the northwestern part or section, as well as the contamination of the Río Pacacua, which flows through the protected area. As recorded in the file, the Constitutional Chamber in its long-standing ruling, in protection of the rights of the Refugio de Vida Silvestre, clearly ordered that, in the case of the public road known as La Margarita, before carrying out any work, repairs, or improvements, they had to be approved by the MOPT, SETENA, and the Municipality, and taking the Refuge into account. That said ruling is final today and has not been reformed, and even so, it has not been respected by the State Institutions and Agencies. In the specific case of the Road, the repairs carried out by the Municipality and the MOPT have not had the criteria of SETENA, causing irreparable damage to the refuge due to water runoff, because of the failure to comply with what was established, the culverts and repairs made, causing flooding on the property. She points out that this situation can be remedied with a hydrological study by the Municipality, MOPT, SETENA, and other involved institutions. Regarding the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, she claims that they have installed transformers and main electric power transmission lines within the boundaries of the Refuge, and that they have not been relocated because it would be a higher cost, without considering the conservation of the species protected by the refugio de vida silvestre. Likewise, the Municipal Corporation of the Mora Canton, as well as the Institutions obligated by law to preserve and comply with the orders of the Constitución Política and the Ley del Ambiente, do not take the Refugio de Vida Silvestre into account as a protected area, by omitting it from the regulatory plans, as well as when granting permits for other types of activities, such as the establishment of farms and urban developments. In that sense, the report issued by the Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias, Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, number IAR-INF-0972-2013, prepared by Mr. M.Sc. Julio Edo. Madrigal Mora, Geologist, dated March fourth, two thousand fourteen, indicating that from 1995 to the present day, a permanent series of studies and recommendations have been made, which persist and have not been corrected by the Administration. Likewise, what was indicated has not been complied with, nor has the stormwater problem been solved, which causes runoff, affecting the Refuge. She claims that it is of vital importance that the State authorities provide technical support to the property owners in order to solve the problems they have had internally at the refuge, which has not been done. Regarding the contamination of the Río Pacacua, which flows through the Refuge area, it has been due to the lack of municipal controls, such as hydrocarbon spills from mechanical workshops, despite being public knowledge, as well as that caused by housing developments. Furthermore, she points out that the contamination has endangered and continues to endanger the protected species due to the lack of application of environmental regulations, as the refuge currently hosts a number of endangered species, all affected by the contaminated water. They indicate that when granting the different permits, the authorities have not taken into account the existence of the Refuge, nor its protection areas with their boundaries, thus violating the basic principles of environmental law, which are the precautionary principle and the preventive principle. Due to the foregoing, they request to be compensated for the different damages that have been caused to them. As a first damage, she points to those caused by rainwater runoff from the road or Dirección13932, caused by the lack of prevention in the placement of utility boxes and the malfunctioning of the current ones, by not reducing the water's velocity as it enters the property. Therefore, said waters "enter" the property when they overflow, flooding the property in different areas, damaging the internal entrance road; even though internal works have been carried out to change the appropriate piping, it is not possible to correct the problem, so each year new piping must be purchased and the necessary repairs made to mitigate the damage caused. Among the damages suffered, she can list ruining the stable, deterioration of the trees, inability to carry out and replace constructions for holding workshops with the community and third parties. They point out that there is an existing danger due to the size of the trees when they are knocked down because of runoff, "which form a flow with the force of a river, due to its speed," and upon falling they break other trees of lesser thickness, which has damaged the existing well, and every year the internal road must be repaired and maintenance performed on the affected areas. This damage is prudently estimated at the sum of seventy-five thousand dollars, legal tender of the United States of America, equivalent on the date of filing the complaint to the sum of forty million five hundred thousand colones. This has equally caused losses, consisting of the replacement of the internal road, as well as constructing a new well, with the required studies, which are prudently estimated at the sum of sixty thousand dollars, legal tender of the United States of North America, equivalent to the sum of thirty-two million four hundred thousand colones. The other damage caused is by the placement of a utility box in front of the property, which is at ground level, within the property boundaries, causing an overflow due to the lack of water containment, stemming from poor design. This not only affects water runoff, which floods the property, changing the entrance design, but also required changing the water pipes, and affects access to the property. This damage is estimated at the sum of ten thousand dollars, currency of the United States of North America, equivalent in national currency to the sum of five million four hundred thousand colones. Likewise, this damage has caused a loss due to the utility box having been maintained, even though its relocation has been requested for reasons of blocking part of the property entrance, therefore a sufficiently wide entrance must be built. For this purpose, the loss caused is permanent, since there is currently no space available, estimating this loss at the sum of five thousand dollars, currency of the United States of North America, equivalent to the sum of two million seven hundred thousand colones. She points to the lack of supervision of earthworks (movimientos de tierra) by neighboring property owners, as well as local roads, by the administrative authorities, as another damage. Due to this, a collapse has been caused in a part of the Refuge, as can be deduced from the Report of the Comisión de Riesgos y Atención de Emergencias: "Owners of the adjacent properties closed the discharge areas 'outlets' of Dirección13930, in addition to leveling work. It was verified that there are no good drainage systems and therefore, when it rains, the water flows freely, increasing its volume and the vast majority towards the property of Mr. and Mrs. Nombre113861." In addition, a series of cracks have been caused on the slope on the left bank of the río Pacacua, because the property captures water from the neighbors and from the streets or local roads, causing erosion and aggravating the stormwater problem. They estimate this damage at the sum of seventy-five thousand dollars, currency of the United States of North America, given that in these bordering areas, channels must be built and measures taken to prevent erosion, equivalent to the sum of forty million five hundred thousand colones. And as a loss resulting from the erosion caused and the constant maintenance, in addition to the damage to the boundaries, the sum of fifty thousand dollars is requested as a loss, currency of the United States of North America, equivalent to the sum of twenty-seven million colones. As a final damage, she points to the contamination of the Río Pacuaca and garbage dumps, which consists of the fact that, being a protected area, and the entire land dedicated to a private refuge for wild fauna and flora, the different species found there are affected by the contamination of the River, because part of its flow passes through the refuge in a considerable area, from the formation of the waterfall, which has a 25-meter drop, the formation of a small lagoon, and its course up to the boundary of the adjacent property. This river flow serves for use by the different species, both for feeding and other conservation-related activities, and being contaminated before entering the refuge, it pollutes that place with garbage. And in this case, the administrative authorities have not taken the necessary preventive measures to prevent further contamination of the refuge. Estimating this damage at the prudential sum of one hundred thousand dollars, currency of the United States of North America, equivalent to the sum of fifty-four million colones. The loss due to the river contamination involves having to implement programs and preventive measures to protect the Refuge, as the river becomes a permanent source of Contamination due to the garbage that is dumped into the River and reaches the Refuge. Establishing the loss at the sum of fifty thousand dollars, currency of the United States of North America, equivalent to twenty-seven million colones.

V.- Arguments of the defendant parties. For their part, the defendant parties made the following arguments: 1) The representation of the Compañía Nacional de Fuerza y Luz alleges a lack of active standing, as the plaintiff is not legitimated to file the complaint, according to official letter No. SINAC-SE-1304 of August 4, 2009, which was duly notified to Mrs. Nombre113860 on September 14, 2009, as recorded in the documentary evidence provided. In said official letter, it is clearly indicated that there are sufficient technical criteria to determine the appropriateness of declassifying the property from its category as a private refuge. Also, in the copy of the file certified by the Director of the Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, on folios 129 to 133, the technical criterion is recorded in official letters No. SINAC-DG-GASP-074 of February 19, 2009, and No. ACOPAC-D-503-08 of May 15, 2008, in which the technical reasons for proceeding with the declassification of the property are expressly stated. In addition to this, through official letter No. ACOPAC-DASP-066-2015 of July 17, 2015, Mr. Gerardo Chavarría Amador, in his capacity as Director of Áreas Silvestres Protegidas ACOPAC, reported on SINAC's interest since 2009 in repealing the existence of this area as a refuge, and also that currently there is no management plan submitted by the "Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold" to said institution. According to the foregoing, it is demonstrable that since 2009, the plaintiff was notified of the appropriateness of declassifying the property from the category of private refuge. Given the above, it is evident that the plaintiff lacks standing to initiate this process. 2) For her part, the special representative of the Municipality of Mora claims that the plaintiff's active standing is not proven, given that she is a co-owner of property number Placa20951 under right 002, and under right 001, the registered owner is Mr. Nombre113862. Besides the foregoing, in the body of evidence attached by the appellant, no authorization by Mr. Nombre113862 to file this contentious-administrative claim is reflected, nor is it seen that both are acting jointly, which is why this case must be declared inadmissible due to the absence of this procedural form aspect. Likewise, as recorded in official letter number ACOPAC-DASP-066-2015 of June 17, 2015, since 2009 there has been interest on the part of that Deconcentrated Body in repealing the existence of this Refuge, due to the constant unpleasant situations they have experienced with the plaintiff and her family, and which are reflected in the administrative file of this refuge.

  • 3)The State, represented by the government attorney appearing in the proceeding, argues that in this proceeding there is a lack of active legal standing (legitimación ad causam activa), because in this matter the plaintiff in this proceeding is the Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold; however, there is no "certification of legal status" (certificación de personería jurídica) in the record to prove its standing to bring this proceeding (lack of active legal standing). In that regard, it is important to note that the creation of a Private Wildlife Refuge implies only the protection of natural resources. In that context, and without prejudice to the fact that the plaintiff in this proceeding is the Refugio de Vida Silvestre Familia Nombre113861 (see the transfer order), it is considered necessary to refer to the potential lack of active legal standing that would apply in this case if it were considered that Ms. Nombre113860 files this lawsuit against the State in her personal capacity as "administrator and partial owner of the REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FAMILIA GINGOLD," especially considering that in the "first fact" she states she is a "registered co-owner (.. ) of the property registered in the Property Registry under real folio number 1-236930-000 (...). In this line, from the respective registry study, it is clear that Ms. Nombre113860 has not been the titleholder of the subject property since April 12, 2007, when she (right 002) and Mr. Nombre113862 (right 001) sold the property to the company INMOBILIARIA D & J INFINITO DE LA MONTAÑA, S.A. In that regard, note that the subject property bears an entry for that grant (copy of attached certification No. RNPDIGITAL-3950459-2015 of the 21st of the current month (rights 001 and 002) and of those issued at 13 hours and 12 minutes on July 20, 2015, in relation to Volumes of the Real Property Registry No. 571, Entry No. 88840 and No. 2009, Entry 305124). Therefore, pursuant to articles 480 and 1049 of the Civil Code, it is evident that Ms. Nombre113860 would lack the necessary standing to bring this matter because the ownership of movable or immovable property is transferred from the agreement or accord of the parties (execution of the purchase-sale contract), with registration or transfer of possession not being a requirement. In support, see Section Five of this Court in final judgment No. 89-2012 of 8:00 a.m. on September 25, 2012, and further, the First Chamber of the Supreme Court of Justice in resolution No. 431-F-00 issued at 15 hours and 55 minutes on June 7, 2000. Consequently, Ms. Nombre113860 would not have standing to bring this proceeding (she is not the titleholder of the subject property). Nor is it viable to argue the status of "administrator" of the Refuge, first, because the plaintiff does not prove said status (there is no evidence to this effect); and also because that alleged status does not allow bringing a proceeding in court. In that sense, the power of administration is given under the terms of the general power referred to in article 1255 of the Civil Code, and, therefore, filing a proceeding such as the one before us is prohibited. Furthermore, it is observed that the property bears a "lien or encumbrance" (gravamen o afectación) due to an administrative warning and immobilization due to inconsistency (attached certified administrative file in digital format No. 08-104-BI), as well as an entry of an ordinary lawsuit (judicial file No. 05-000108-0689-AG processed before the Agrarian Court of the Second Judicial Circuit of San José) in which "THE BETTER RIGHT TO THE PROPERTY OF THE PLAINTIFFS OVER THE STRIP OF LAND OF THEIR PROPERTY THAT THE DEFENDANTS CLAIM IS THEIRS" is being discussed (Copy of certification issued at 13 hours and 11 minutes on July 20, 2015, in relation to Volume of the Real Property Registry No. 571, Entry No. 24876). In any case, even following the line presented by the plaintiff, the lawsuit also has no basis since it would have been filed only by one of the "owners" of the property subject to the Refuge (Mr. Nombre113862 - owner of right 001 of property 1-236930- is not a party to this proceeding). Therefore, the plaintiff currently would not have a valid legal connection to the property subject to the Refuge (lack of active legal standing), such that the lawsuit filed would be inadmissible. 4) Finally, the SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, represented by its special judicial attorney, indicates that in this specific case, the category of Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Nombre113861 was established by Decreto Ejecutivo N° 27257-MINAE of May 20, 1998, over San José property number 236930000 (first considering clause and article one). It notes that there is a lack of active legal standing, because as stated in the response to the first fact of the lawsuit, Ms. Nombre113860 appears in the National Registry as the registered owner of right 002 of San José property number 236930, with right 001 belonging to Mr. Nombre113862, identity card number CED90050, who does not appear in this proceeding, and therefore the lawsuit is filed only by one of the property owners; however, the facts narrated and the claims refer to the entirety of the refuge, and furthermore, the declaration of a protected wild area refers to the entirety of the property (according to the first considering clause and article one of Decreto Ejecutivo N° 27257-MINAE of May 20, 1998) due to its natural conditions, it not being feasible to understand it in a segmented manner, especially since the submission to said regime (and the commitments assumed under it) is carried out voluntarily by the owners of the affected property, which in this specific case corresponds to two distinct natural persons. The foregoing must also be related to the fact that Decreto Ejecutivo N° 27257-MINAE does not indicate the existence of an administrator as the plaintiff seems to assert, and instead, the Reglamento a la Ley de Biodiversidad must be observed, which in its article 70, subsection e.2) states regarding the administration of privately owned Wildlife Refuges that "Their administration shall correspond to the owners of the properties" based on their ownership, which in this specific case is shared. Furthermore, in the registry entry for property 236930, rights 001 and 002, there is an entry of a property purchase-sale (citations 571-88840 and 2009-30512-4) in favor of INMOBILIARIA D&J INFINITO DE LA MONTAÑA, S.A. (as evidenced in the proof provided in the judicial file), in accordance with article 480 of the Civil Code. Therefore, ownership of the property in question is no longer held by Mr. Nombre113862 or Ms. Nombre113860, meaning that the latter, in addition to what was previously indicated regarding the issue of refuge administration and the existence of co-ownership, would lack standing to bring this proceeding due to the existence of a purchase-sale document in favor of the company INMOBILIARIA D&J INFINITO DE LA MONTAÑA. S.A VI.- Preliminary issues: a) On active legal standing in general. The jurisdictional process is governed by formal or procedural prerequisites (jurisdiction, competence, and capacity of the parties) and material or substantive ones (active and passive legal standing, the right and current interest). These latter must be maintained during the course of the proceeding, so that an eventual judgment on the merits may be issued. According to doctrine, the expression "legitimatio ad causam" active or passive, or as it is also called "legal standing in the cause or standing to act," refers to the condition of the right holder (the plaintiff) and of the person obligated to perform (the defendant). That is, persons who are legally and directly going to be affected in their rights by the judgment have legal standing in the cause. Active legal standing, according to Jesús González Pérez, in Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, editorial Civitas, has been defined as: "... the aptitude to be a party in a specific proceeding. Just as capacity -legitimatio ad processum- implies the generic aptitude to be a party in any proceeding, standing -legitimatio ad causam- implies the aptitude to be a party in a specific proceeding. And such aptitude is determined by the position in which they find themselves in a certain relationship with the procedural claim. Only persons who find themselves in a certain relationship with the claim can be parties in the proceeding in which it is brought." For its part, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, in its judgment number 976 at 7 hours 40 minutes on December 19, 2006, on the issue of standing in general stated: "...a prerequisite of the claim formulated in the lawsuit and of the opposition made by the defendant, to make possible a judgment on the merits that resolves them; consequently, legal standing in the cause does not constitute a procedural prerequisite, insofar as it does not refer to the procedure or the valid exercise of the action, but rather refers to the substantive relationship that must exist between plaintiff and defendant and to the substantive interest being disputed in the proceeding. Legal standing in the cause refers to the substantive relationship alleged to exist between the parties to the proceeding and the substantive interest in litigation. The defendant must be the person whom the law requires to oppose the plaintiff's claim or against whom the law permits the substantive legal relationship that is the object of the lawsuit to be declared; and the plaintiff the person who, according to the law, can formulate the claims of the lawsuit, even if the substantive right claimed does not exist or belongs to another. (...) According to the subject with standing or their position in the procedural relationship, a distinction can be made between active and passive standing; the former corresponds to the plaintiff and to persons who subsequently intervene to defend their cause, the latter belongs to the defendant and to those who intervene to dispute and oppose the plaintiff's claim. The absence of legal standing in the cause constitutes a substantive impediment; if the judge becomes aware of its lack, the judge must declare it ex officio and issue an inhibitory judgment, which is not an obstacle to it being raised in a timely manner as a preliminary objection. (...) Legal standing in the cause, in addition to determining who may act in the proceeding with the right to obtain a judgment on the merits, indicates or determines who must be present to make a judgment on the merits possible. The foregoing means that in certain proceedings, the concurrence of several persons (necessary co-litigants) as plaintiffs or defendants is indispensable for a decision on the petitions to be possible, since their absence prevents a decision on the merits of the claims brought in the lawsuit. Therefore, legitimatio ad causam may be absent in two cases: a) when plaintiff and defendant absolutely lack legal standing in the cause, because they are persons different from those who should have formulated the claims or contested them, and b) when those who should have been parties in such positions in concurrence with other persons have not appeared in the proceeding." See also judgment No. 794 at 16 hours 5 minutes on October 16, 2002. Consequently, standing is the aptitude to be a party in a specific proceeding; it may be active or passive, which will depend on the conditions that the law establishes for such purpose regarding the procedural claim. Thus, active legal standing, which is of interest in the case under study, is the capacity to sue, a character that arises from the position in which the subject finds themselves regarding the procedural claim promoted. In summary, it is the necessary identity that must exist between the plaintiff and the right they claim in court..." Furthermore, from the normative perspective, regarding active standing specifically in contentious-administrative matters, article ten of the Código Procesal Contencioso Administrativo provides: "...The following shall have standing to sue: a) Those who invoke the affectation of legitimate interests or subjective rights..." In accordance with the foregoing norm, only a person who has an enabling title by administrative act, norm, or contract to support what they allege against a third party, or one who possesses a reactive or expectant right in the face of a specific subjective situation, could sue. Mere interests not covered by these assumptions do not possess sufficient standing to be a party in this type of proceeding.

VII.- On active legal standing in the specific case. The determination of this material procedural suitability is intimately linked to the claim brought in the action, such that only those who find themselves in a certain relationship with it can be a party in the respective proceeding. Active legal standing refers to that procedural sufficiency of the plaintiff subject, which represents their capacity to bring a claim and their holding of a legal relationship or an interest protectable by the legal system. In this way, determining whether or not active legal standing exists in a specific case requires, first, clearly specifying what the claim or claims brought are, and second, establishing who is entitled to seek them. In this matter, it must be clear that this is a lawsuit filed by Ms. Nombre113860, as she herself indicates in her complaint, in her capacity as administrator and partial owner of the Refugio de Vida Silvestre Gingold, claiming damages caused by alleged omissions of the defendants. Specifically, for material damages caused by rainwater runoff from the road or Dirección13932 that flood the property and damage internal roads; for the placement of a manhole in front of the property; the lack of supervision of earthworks (movimientos de tierra) by neighboring owners, as well as local roads, by the administrative authorities; and finally the contamination of the Río Pacuaca. It can thus be seen that all claims are supported and backed by damages that have allegedly been caused to the Private Refuge, which is located on the property that, according to the plaintiff, she owns. However, contrary to what the plaintiff stated, it can be verified that the Refugio de Vida Silvestre Familia Nombre113861 is located at Dirección13933, , of the Province of San José, property registration number Placa20952, registered in volume 2169, folio 325, entry 4 (see decree number 27257-MINAE, creation of the Refugio de Nombre113861). That said property, as indicated in the decree creating the refuge and the certifications from the National Property Registry number RNPDIGITAL-3950459-2015 and RNPDIGITAL-3950469-2015, the property registered under real folio number Placa20948 of the Province of San José, consists of two rights: right number 001, whose owner is Mr. Nombre113862, and right number 002, whose owner is Ms. Nombre113860. That in both rights an entry is registered for a purchase-sale carried out in two thousand seven, through which Ms. Nombre113860 (right 002) and Mr. Nombre113862 (right 001) sold the property to the company INMOBILIARIA D & J INFINITO DE LA MONTAÑA, S.A (certification issued at 13 hours and 12 minutes on July 20, 2015, in relation to Volumes of the Real Property Registry No. 571, Entry No. 88840 and Placa20947, Entry Placa20953, where the transfer deeds of the real property are recorded). In light of the foregoing, it can be verified that since two thousand seven, the plaintiff has not been the owner of the real property where the Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold is located, despite the property still being registered in her name, as it has been demonstrated in this proceeding that the property was indeed the subject of a purchase-sale contract, but the corresponding change of owner could not be completed at the registry level. It can be established that the property registered under real folio number Placa20948 of the Province of San José is no longer owned by the plaintiff or Mr. Nombre113862, as an agreement existed between the parties to carry out the transfer, even though the respective registration in the National Registry was not completed, in accordance with the provisions of article 480 of the Civil Code, which states "... The ownership of movable and immovable property is transferred in relation to the contracting parties, by the sole act of the agreement whose object is to transfer it, regardless of its registration and transfer of possession..." and article 1049 of the Civil Code, which states: "...A sale is perfected between the parties from the moment they agree on the thing and the price..." In this reasoning, it is proven that Ms. Nombre113860 is not the owner of the property that has suffered the alleged damages in this proceeding and that is the subject thereof, meaning the plaintiff would not have standing to bring this proceeding. In this same line of reasoning, judgment No. 89-2012-V of the Contencioso Administrativo Court of Appeals at eight o'clock on September twenty-five, two thousand twelve, which stipulated: "...VI. - ON THE SPECIFIC CASE. The matter under analysis obliges this Chamber to resolve the objection of lack of active legal standing alleged by the defendant parties, prior to any other analysis on the merits, given that the standing of the plaintiff to request the tree cutting permit on the property in Partido de Limón, under real folio number Placa20954, is questioned, given that before making said filing, she had sold the property (..) Precisely, in this case, the claims are aimed at the nullity of the administrative conduct that denied the tree cutting permit, as well as its granting, and compensation for damages resulting from the administrative action. For this reason, the determination of the ownership of the property at the time of the request, as well as the person who had standing to make the filing in administrative proceedings, are essential aspects that must be clarified prior to any other consideration, as this determines the standing to be a party in this proceeding. In this case, it has been proven that on February 27, 2009, at 12:00 hours, the plaintiff executed a purchase-sale contract with Fideicomiso de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda S.A., for the property in Partido de Limón, under real folio number Placa20955. Said act was submitted to the Immovable Property Registry's Log that same day at 14:55:36, under presentation citations 2009-00052259-001. In accordance with the provisions of article 480 of the Civil Code, the ownership of movable and immovable property is transferred in relation to the contracting parties, by the sole act of the agreement whose object is to transfer it, regardless of its registration and transfer of possession. The First Chamber of the Supreme Court of Justice, in Judgment No. 0000087-F-03, regarding the aforementioned canon, stated: 'From the reading of the sale document, it is clear, without a doubt, the intention of the transferor to convey ownership of their two properties. That type of contract is consensual, and between the parties, according to the provisions of article 480 of the Civil Code, which enshrines the system of bare consent in our legislation, the ownership of movable and immovable property is transferred by the sole act of the agreement whose object is its transfer, regardless of registration or transfer of possession, as also corresponds to the spirit of article 1049 ibidem.' Thus, as of that date, the plaintiff ceased to be the owner of said property. In that order, in accordance with the provisions of article 1049 of the Civil Code, the sale is perfected between the parties from the moment they agree on the thing and the price. Thus, as of February 27, 2009, at the moment when the plaintiff and the EARTH trust agreed on the thing and the price, the sale of property 23369-000 in Partido de Limón was perfected, in accordance with our legal system. (..) In the case at hand, the plaintiff was not the owner of the land since February 2, 2009, which is why she had no standing to request the permit in administrative proceedings, nor in judicial proceedings. Precisely, it is at the moment of issuing judgment that the Judge must ascertain that the subjects who initially claimed to be holders of a right or legitimate interest, in relation to the object of the proceeding, indeed are, and this cannot be achieved until the appropriate evidentiary activity has been carried out and the disputed question has been analyzed. If one of the parties lacks standing, the development of the proceeding will not serve to resolve the intersubjective conflict submitted for judicial determination, as this lack will determine the non-existence of a legal relationship of the parties with the conflict that was intended to be resolved. Standing implies unequivocally determining who are the subjects holding the legal relationship of the proceeding. If the procedural parties lack standing, a judicial ruling on the merits resolving the controversial issue would be completely ineffective. In this case, a potential recognition for the payment of damages, personal and procedural costs would be meaningless if it has not been proven that the plaintiff..." Furthermore, for greater support that there is no certainty that the property where the Refuge is located belongs to Ms. Nombre113860, or to the company to which it was transferred in 2007, namely Inmobiliaria D & J Infinito de la Montaña, S.A., there is the entry of immobilization. This is evidenced by what is established in administrative file number 08-104-BI-in digital format- processed by the Public Property Registry, certification of eight o'clock on July twenty-two, two thousand fifteen, as the property is found immobilized due to an overlap of plans (see image 429 of the digitized judicial file, folios 209 to 302 and 445 to 455 of administrative file number 08-104-BI-in digital format- processed by the Real Property Registry and certifications from the National Property Registry number RNPDIGITAL-3950459-2015 and RNPDIGITAL-3950469-2015). Regarding the fact that the party filed the lawsuit as administrator of the Refuge, there is no fact or evidence that Ms. Nombre113860 has taken any action before the Sistema de Áreas de Conservación as administrator of said refuge, such as the obligation to submit the management plan. This is in accordance with the provisions of article 20 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, which establishes: "... Private wildlife management sites dedicated to conservation, education, research, exhibition, reproduction, restoration, and reintroduction of wildlife, with or without commercial purposes, must be registered with SINAC and have an approved management plan..." Likewise, SINAC has taken a series of actions to repeal the existence of said property as a private wildlife management site. In this regard, official letter ACOPAC –DASP-066-2015 of July 15, 2015, signed by Lic. Gerardo Chavarría Amador, Director of Protected Wild Areas ACOPAC, who stated: "...I inform you that by Decreto Ejecutivo 27257-MINAE the Refugio Privado de Visa Silvestre Familia Gingold was created. However, since 2009 there has been an interest on the part of the Sistema Nacional de Áreas de Conservación to repeal the existence of this area as a refuge, given the multiple situations that have occurred and are described mostly in the attached certified file. I also inform you that in the records kept by this Conservation Area, there is no management plan or any document guiding the management actions to be executed in that area. Finally, I inform you that regarding the management category given to that area, the administration falls directly upon the owners..." (see folio 172 of the administrative file of the Área de Conservación Pacifico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y Energía, certification of eight o'clock on December eighteen, two thousand seventeen, MAP. Fernando Bermúdez Acuña, Regional Director). Therefore, since the plaintiff is not the owner of the refuge, and in light of the provisions of the Reglamento a la Ley de Biodiversidad, which in its article 70, subsection e. 2) states regarding the administration of privately owned Wildlife Refuges that "Their administration shall correspond to the owners of the properties," in this specific case the owner is not the plaintiff, so she could not be considered the administrator of the refuge, as this function is granted by law to the owners of the lands created to be wildlife management sites. In the same sense, it is not shown that the plaintiff carries out administrative actions of said refuge, such as the submission of management plans, as indicated supra, among others, for which reason she lacks standing to bring this proceeding. Likewise, it is relevant to note that when compensation for environmental damages is sought, these cannot be for private persons, as is intended in the case before us, but rather the amount awarded as compensation for pure or collective environmental damage constitutes a public fund belonging to all (articles 8 and 9 of the Ley Orgánica de la Contraloría General de la República). Therefore, said sum must be deposited into the single treasury account of the State, in a client account created specifically for this purpose, and the account holder shall be the Ministerio de Ambiente, Energía, and the fixed amount must be used exclusively to execute the repair and restoration works for the affected area (see judgments number 4399-2010 at 10:40 a.m. on 12/14/2010, Contencioso Administrativo Court of Appeals, Section IV, and Ruling number 675-2007 at 10:00 a.m. on 09/21/2007, First Chamber of the Supreme Court of Justice). In light of the foregoing, Ms. Nombre113860 would not have standing to claim for herself the sum of $260,000.00 (two hundred sixty thousand exact dollars), as derived from the entire complaint and the claims set forth in this proceeding. Likewise, it must be noted that despite it being established throughout the proceeding that the claims were for herself, when the respective closing arguments were delivered at the oral trial hearing held on January twenty-nine, two thousand twenty (see minute inserted into the electronic file and audio and video recording), Ms. Nombre113860's representative stated that they were bringing the proceeding as an action for collective damage, and that the amounts awarded for environmental damage would be used in the Refuge. However, this is an aspect that had never been previously alleged, so it cannot be considered in this proceeding, as it is not permissible to change the arguments on which the parties base their theory of the case throughout the proceeding, as this would cause defenselessness and legal uncertainty for the defendant parties; in this regard, see resolution number 001151-A-S1-2019, of nine hours ten minutes on July eleven, two thousand nineteen, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, which states the following in that sense: "... This is one of the three defining elements of the object of a proceeding. The other two are the subjects and the petitum (what is requested). These elements, which delimit and individualize a specific action, must be stated with clarity and precision in the appropriate and preclusive procedural act of the complaint, and cannot be altered in essence throughout the proceeding (prohibition of mutatio libelli). The conclusion of the pleading period implies the impossibility that the parties may, at a later time, effectively adduce new elements configuring the litis. The superior principles of legal certainty, defense, loyalty, probity, good faith, and contradiction, among others, do not permit varying the terms of the litigation. In this case, the constitutive facts of the claim. The principle of immutability of the object of the proceeding seeks to ensure that the parties know from the initiation of the proceeding what is being requested and under what legal coverage, in order to organize their evidentiary strategy precisely within the specific scope established by them. All of this, with the ultimate and primary purpose of prohibiting defenselessness and surprise at a procedural moment when it is not possible to allege or prove something different from what was established in the pleading briefs..." Finally, regarding the allegations made by the plaintiff concerning the fact that it is bringing the proceeding due to the defendants' breaches of a Constitutional Chamber judgment "of long standing," it must be stated that breaches by the institutions of rulings are to be pursued through the procedure for execution of judgment, which must be filed before the Administrative Litigation Court, in accordance with Article 56 of the Constitutional Jurisdiction Law (No. 7135); therefore, this is not the proper avenue for raising such petitions. However, it must be clarified that, in accordance with what is set forth in Constitutional Chamber judgment number 2011-011102 of eleven hours and twenty-one minutes of August nineteenth, two thousand eleven, the work had already been carried out by the Municipality of Mora, and no breach is established on the part of the other institutions sued in this proceeding (folios 40 through 46 front and back of the administrative record of amparo number 11-008125-007-CO provided by the Compañía Nacional de Fuerza y Luz, certification number 61-2015 of July twentieth, two thousand fifteen, by institutional notary Luis Fernando Chaverri Rivera). Therefore, it can be concluded that, in the instant case, the plaintiff has not proved beyond doubt that it is the owner of the properties where the Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold is located, nor that it is its administrator, a circumstance that is necessary in accordance with the claims at issue in this proceeding, a situation without which it becomes impossible to make the prior determination that, in a case such as this, requires with certainty the clarity of the owner in order to access the administrative litigation jurisdiction for the purpose of seeking damages caused to said property to the detriment of the environment, in accordance with Article 10 of the Administrative Litigation Procedure Code. And likewise, it also lacks standing to claim for itself the damages caused to the environment, as was alleged throughout the entire proceeding, and which is demonstrated by the fact that it never requested that they be deposited into the State's single fund, in a client account created specifically for the Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold, but rather petitioned that they be paid as compensation to its person. And in relation to the change alleged in the closing arguments, namely that it was for a collective harm, making reference to some of the principles of environmental law, which are the precautionary principle and the preventive principle, this is not admissible because what is alleged must be duly delimited and individualized from the initiation of the action, and may not be altered in essence throughout the proceeding (prohibition of mutatio libelli), as would be the case in the closing arguments, because it would create an impossibility for the parties to, at a later stage, effectively adduce new elements configuring the dispute. The superior principles of legal certainty, defense, loyalty, probity, good faith, and adversarial process, among others, do not permit varying the terms of the litigation. The principle of immutability of the object of the complaint seeks to ensure that the parties know from the commencement of the proceeding what is being asked of them and under what legal framework, in order to organize their evidentiary strategy precisely on the specific scope established by them. All of this, with the ultimate and primary purpose of prohibiting defenselessness and surprise at a procedural stage where it is not possible to allege or prove something different from what was set forth in the pleadings.

VIII.- Corollary. Thus, this Court considers that it cannot proceed to examine the merits of the matter raised, given the failure to duly prove ownership of the property or the administration of the Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold, for which the plaintiff seeks to be compensated for the damages claimed, and given that it is also not pertinent for it to allege this as a collective harm, because the complaint always petitioned for compensation personally, the appropriate course is to declare this complaint inadmissible, due to lack of active standing to sue (legitimación ad causam activa).

IX.- Analysis of the defenses raised. The representatives of the defendants expressly raised the defense of Lack of Active and Passive Standing, and with respect to active standing, this Court also adopts it as part of the analytical work that any adjudicator must perform when resolving any case brought before its jurisdiction, based on everything stated in Considerando VII of this decision. Since there is a lack of sufficient ownership of a legal relationship or an interest protectable by the legal system in relation to the claims asserted, it is appropriate to grant the defense of lack of active standing to sue (falta de legitimación ad causam activa) in that regard and declare the complaint inadmissible. Due to the manner in which this is resolved, as indicated, it is not appropriate to analyze the remaining defenses raised, nor to address the merits of the matter.

X.- Costs. In accordance with Section 193 of the Administrative Litigation Procedure Code, procedural and personal costs constitute a burden imposed on the losing party by virtue of being so. Dispensation from this imposition is only possible when, in the Court's judgment, there is sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered by virtue of evidence whose existence the opposing party was unaware of. In the instant case, this Court considers that, as there are no grounds for exemption in this sense, and the complaint being declared inadmissible, costs must be borne by the plaintiff.

XI.- In accordance with the final paragraph of Article 28.2, first paragraph, of the Civil Procedure Code, applicable as provided in Article 220 of the Administrative Litigation Procedure Code, it is recorded that Judge Juan Luis Giusti Soto participated in the deliberation of the matter and in the review of the draft judgment, concurring unanimously with what was decided. However, on the date this ruling was endorsed, he was performing his duties through the TeleTrabajo modality approved by agreement of the Superior Council of the Judiciary taken in session No. 72-19 held on August 16, 2019, in its Article XVII, which is why his digital signature does not appear, as he did not have the possibility of "remote signature" at this time.

POR TANTO.

The exception of Lack of Active Standing to Sue (Falta de Legitimación Ad Causam Activa) is granted, and the complaint filed by Nombre113860 is declared INADMISSIBLE against the COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, the MUNICIPALIDAD DE MORA, the STATE, and the SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. The plaintiff is ordered to pay both costs of the proceeding. Let this be notified.

Nombre41070 Marianella Álvarez Molina Juan Luis Giusti Soto

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección V Clase de asunto: Proceso de conocimiento contencioso administrativo Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias Relacionadas Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo Tema: Legitimación en el proceso contencioso administrativo Subtemas:

Concepto y presupuestos de la legitimación activa. Inexistencia en caso de solicitud de indemnización por daño ambiental, al existir duda sobre la titularidad del dueño de la finca.

Tema: Proceso contencioso administrativo Subtemas:

Concepto y presupuestos de la legitimación activa. Inexistencia en caso de solicitud de indemnización por daño ambiental, al existir duda sobre la titularidad del dueño de la finca.

"VI.- Cuestiones preliminares: a) Sobre la Legitimación activa en general. El proceso jurisdiccional se rige por presupuestos formales o procesales (jurisdicción, competencia y capacidad de las partes) y materiales o sustantivos (legitimación activa y pasiva, el derecho e interés actual). Estos últimos deben mantenerse durante el curso del proceso, a efecto de que se proceda a una eventual sentencia por el fondo. De conformidad con la doctrina, la expresión: “legitimatio ad causam” activa o pasiva o, como también se le denomina: "legitimación en la causa o legitimación para actuar", se refiere a la condición del titular del derecho (el actor) y del obligado a la prestación (el demandado). Es decir, están legitimados en la causa las personas que jurídica y directamente van a ser afectadas en sus derechos por la sentencia. La legitimación activa, según Jesús González Pérez, en los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, editorial Civitas, lo ha definido como: "... la aptitud de ser parte en un proceso concreto. Así como la capacidad -legitimatio ad processum- implica la aptitud genérica de ser parte en cualquier proceso, la legitimación legitimatio ad causam- implica la aptitud de ser parte en un proceso concreto. Y tal aptitud viene determinada por la posición en que se encuentren en determinada relación con la pretensión procesal. Sólo las personas que se encuentran en determinada relación con la pretensión pueden ser partes en el proceso en que la misma se deduce”. Por su parte, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia número 976 de las 7 horas 40 minutos del 19 de diciembre de 2006, en el tema de la legitimación de forma general indicó: “…un presupuesto de la pretensión formulada en la demanda y de la oposición hecha por el demandado, para hacer posible la sentencia de fondo que las resuelve; consecuentemente la legitimación en la causa no constituye un presupuesto procesal, en tanto no se refiere al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, antes bien se refiere a la relación sustancial que debe existir entre actor y demandado y al interés sustancial que se discute en el proceso. La legitimación en la causa se refiere a la relación sustancial que se pretende existente entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio. El demandado debe ser la persona a quien le corresponde por la ley oponerse a la pretensión del actor o frente a la cual la ley permite que se declare la relación jurídica sustancial objeto de la demanda; y el actor la persona que a tenor de la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido no exista o le corresponda a otro. (…) De acuerdo al sujeto legitimado o a su posición en la relación procesal se puede distinguir entre legitimación activa y pasiva, la primera le corresponde al actor y a las personas que con posterioridad intervengan para defender su causa, la segunda le pertenece al demandado y a quienes intervengan para discutir y oponerse a la pretensión del actor. La ausencia de legitimación en la causa constituye un impedimento sustancial, si el juzgador se percata de la falta de la misma, así debe declararlo de oficio y dictar una sentencia inhibitoria, lo que no es óbice para que sea alegada oportunamente como excepción previa. (…) La legitimación en la causa además de determinar quiénes pueden actuar en el proceso con derecho a obtener sentencia de fondo, señala o determina a quiénes deben estar presentes para hacer posible la sentencia de fondo. Lo anterior significa que en determinados procesos es indispensable la concurrencia de varias personas (litisconsortes necesarios) en calidad de actores o demandados para que la decisión sobre las peticiones se haga posible, pues la ausencia de éstas impide la decisión de fondo, de las pretensiones deducidas en la demanda. Por ello la legitimatio ad causam puede estar ausente en dos casos: a) cuando actor y demandado carecen absolutamente de legitimación en la causa, por tratarse de personas diferentes a quienes correspondía formular las pretensiones o contradecirlas, y b) cuando los que debían ser parte en tales posiciones en concurrencia con otras personas, no han comparecido al proceso”. no. 794 de las 16 horas 5 minutos del 16 de octubre de 2002. En consecuencia, la legitimación es la aptitud para ser parte en un proceso concreto, puede ser activa o pasiva, lo cual dependerá de las condiciones que para tal efecto establezca la ley en cuanto la pretensión procesal. Así, la legitimación ad causam activa, que interesa en el caso en estudio, es la capacidad para demandar, carácter que nace de la posición en que se halle el sujeto, respecto a la pretensión procesal promovida. En suma, es la identidad necesaria que debe darse entre el actor y el derecho que pretenda en juicio…”. Además, desde la arista normativa, en torno a la legitimación activa propiamente en la materia contenciosa, el artículo diez del Código Procesal Contencioso Administrativo, dispone: "...Estarán legitimados para demandar: a) Quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o derechos subjetivos...". De conformidad con la anterior norma, sólo podría demandar quien tenga un título habilitante por acto administrativo, norma o contrato para sustentar lo que alega frente a un tercero o aquel que posea un derecho reaccional o expectante frente a una determinada situación subjetiva. Los meros intereses no amparados a estos supuestos no poseen una legitimación suficiente para ser parte en este tipo de procesos.

VII.- De la Legitimación activa en el caso concreto. La determinación de esta idoneidad material procesal está íntimamente ligada con la pretensión deducida en la acción, de modo que sólo quien se encuentre en determinada relación con ésta puede ser parte en el respectivo proceso. La legitimación activa, se refiere a esa suficiencia procesal del sujeto demandante, la cual representa su capacidad para deducir una pretensión y la titularidad de una relación jurídica o un interés tutelable por el ordenamiento. De esta suerte, la determinación de si existe o no la legitimación activa en un caso concreto exige, primero precisar con toda claridad cuál es la pretensión o pretensiones deducidas y, segundo, establecer quién o quiénes están habilitados para reclamarlas. En el presente asunto, se debe tener claro que se trata de una demanda planteada por la señora Avice Martha Friedman Cohen, según ella misma indica en su escrito de demanda, en su condición de administradora y propietaria en parte del Refugio de Vida Silvestre Gingold, reclamando los daños y perjuicios ocasionados por presuntas omisiones de las demandadas. Específicamente por daños materiales ocasionados por escorrentías de agua pluvial por la carretera o calle Las Margaritas que inundan el inmueble y dañan los caminos internos; por la colocación de una caja de registro en frente de la propiedad; la falta de supervisión en movimientos de tierra de los vecinos colindantes, así como caminos vecinales, por parte de las autoridades administrativas, y por último la contaminación del Río Pacuaca. Por lo que se puede denotar que todas las pretensiones son sustentadas y respaldadas en daños que se le han ocasionado al Refugio Privado, que se encuentra en la finca, que, según la actora, es de su propiedad. No obstante, a lo manifestado por la accionante, se puede constatar que el Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold se encuentra ubicado en el distrito primero, Colón, cantón séptimo, Mora; de la Provincia de San José, inmueble matrícula número 236930-000, inscrito en el tomo 2169, folio 325, asiento 4 (ver decreto número 27257-MINAE, creación del Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold). Que dicha propiedad, según lo indicado en el decreto de creación del refugio y las certificaciones del Registro Nacional de la Propiedad número RNPDIGITAL-3950459-2015 y RNPDIGITAL-3950469-2015, la finca inscrita en la matrícula de folio real número 236930 de la Provincia de San José, se encuentra en dos derechos, el derecho número 001, cuyo propietario es el señor Andrew Stuart Gingold y el derecho número 002, cuya propietaria es la señora Avice Martha Freidman Cohen. Que en ambos derechos se encuentra inscrita una anotación de una compraventa realizada desde el año dos mil siete, mediante la cual la señora Friedman Cohen (derecho 002) y el señor Andrew Stuart Gingold (derecho 001) vendieron el inmueble a la sociedad INMOBILIARIA D & J INFINITO DE LA MONTAÑA, S.A (certificación expedida a las 13 horas y 12 minutos del 20 de julio del 2015 en relación a los Tomos del Registro de Bienes Inmuebles N° 571, Asiento N° 88840 y N° 2009, Asiento 305124, donde constan las escrituras de traspaso del bien inmueble). A tenor de lo indicado, se puede constatar que desde el año dos mil siete la actora no es la propietaria del bien inmueble donde se encuentra ubicado el Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold, esto a pesar de que la propiedad aún se encuentra inscrita a su nombre, al quedar demostrado en el presente proceso que la finca si fue objeto de un contrato de compraventa, pero que no se pudo realizar a nivel del registro, el respectivo cambio de propietario. Se puede establecer que la finca inscrita en la matrícula de folio real número 236930 de la Provincia de San José, ya no es propiedad de la actora ni del señor Andrew Stuart Gingold, al haber existido un acuerdo entre las partes de realizar el traspaso, a pesar de que no se realizará la respectiva inscripción en el Registro Nacional, de conformidad con lo estipulado en el artículo 480 del Código Civil, el cual señala “… La propiedad de muebles e inmuebles se trasmite con relación a las partes contratantes, por el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla, independientemente de su inscripción en el registro y la tradición…” y el artículo 1049 del Código Civil, que indica: “…La venta es perfecta entre las partes desde el que convienen en cosa y precio…” En este razonamiento queda comprobado que la señora Friedman Cohen no es la propietaria del bien que ha sufrido los daños alegados en el presente proceso y que es objeto del mismo, por lo que la actora no estaría legitimada para interponer este proceso. En esta misma línea de razonamiento la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo número 89-2012-V de las ocho horas del veinticinco de setiembre del dos mil doce, que estipuló: "...VI. - SOBRE EL CASO CONCRETO. El asunto bajo análisis obliga a esta Cámara, a resolver la excepción de falta de legitimación activa alegada por las partes accionadas, de previo a cualquier otro análisis de fondo, en razón de que se cuestiona la legitimación que tenía la demandante, para solicitar el permiso de corta de árboles en la finca del Partido de Limón, bajo la matrícula de folio real 23369-000, dado que antes de hacer dicha gestión, había vendido la propiedad (..)Justamente, en este caso, las pretensiones van encaminadas a la nulidad de la conducta administrativa que denegó el permiso de corta de árboles, así como su otorgamiento, el resarcimiento de los daños y perjuicios, producto de la actuación administrativa. Por esta razón, la determinación de la titularidad de la propiedad, al momento de la solicitud, así como la persona que tenía la legitimación para hacer la gestión en sede administrativa, son aspectos esenciales que deben ser aclarados, de previo a cualquier otra consideración, pues ello determina la legitimación para ser parte en este proceso. En la presente causa, se tiene por demostrado que el día 27 de febrero del 2009, al ser las 12:00 horas, la actora otorgó un contrato de compra venta al Fideicomiso de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda S.A., sobre el inmueble del Partido de Limón, bajo el folio real matrícula 0023369-000. Dicho acto fue presentado al Diario del Registro de la Propiedad Inmueble ese mismo día, a las 14:55:36, bajo las citas de presentación 2009-00052259- 001. De conformidad con lo que dispone el artículo 480 del Código Civil, la propiedad de bienes muebles e inmuebles se transmite en relación con las partes contratantes, por el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla, independientemente de su inscripción en el Registro y de la tradición. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia n. 0 0000087-F-03, en relación con el canon mencionado indicó: ''De la lectura del documento de venta se desprende, sin lugar a duda, la intención del enajenante de transmitir el dominio de sus dos fincas. Ese tipo de contrato es consensual y entre las partes, según lo preceptuado en el artículo 480 del Código Civil, que consagra el sistema del nudo consenso en nuestra legislación, la propiedad de bienes muebles e inmuebles se transmite por el sólo hecho del convenio que tenga como objeto su traspaso, independientemente de la inscripción registral o de la tradición, como también corresponde al espíritu del ordinal 1049 ibídem." Así planteadas las cosas, para esa fecha la actora dejó de ser la propietaria del inmueble dicho. En ese orden, de conformidad con lo que dispone el artículo 1049 del Código Civil, la venta es perfecta entre las partes desde que convienen en cosa y precio. Así las cosas, desde el día 27 de febrero del 2009, en el momento en el que la actora y el fideicomiso de la EARTH, acordaron cosa y precio, la venta del inmueble 23369-000 del Partido de Limón se perfeccionó, conforme con nuestro ordenamiento jurídico. (..)En el caso de marras, la actora no era dueña del terreno desde el 2 de febrero del año 2009, razón por la cual no se encontraba legitimada para solicitar el permiso en sede administrativa, tampoco en sede judicial. Precisamente, es al momento de dictar sentencia, donde el Juez debe cerciorarse que los sujetos que inicialmente han afirmado ser titulares de un derecho o interés legítimo, en relación con el objeto del proceso, efectivamente lo son, esto no se consigue hasta la realización de la actividad probatoria adecuada y el análisis de la cuestión debatida. Si una de las partes carece de legitimación, el desarrollo del proceso no servirá para solucionar el conflicto intersubjetivo sometido a conocimiento en sede judicial, pues esta carencia determinará la inexistencia de una relación jurídica de las partes con el conflicto que se pretendía solucionar. La legitimación implica determinar de manera inequívoca quiénes son los sujetos titulares de la relación jurídica del proceso. Si no existe legitimación en las partes procesales, un pronunciamiento judicial de fondo, resolutorio de la cuestión controvertida, resultaría totalmente ineficaz. Carecería de sentido en el caso de marras, un eventual reconocimiento del pago de los daños y pe/juicios, las costas personales y procesales, si no se ha logrado demostrar que la actora…” Además, para un mayor abundamiento en que no existe certeza que la finca donde se encuentra el Refugio sea propiedad de la señora Friedman Cohen, o de la sociedad a la que fue traspasada en el año 2007, a saber, Inmobiliaria D & J Infinito de la Montaña, S.A., se encuentra la anotación de inmovilización. Ello queda demostrado en lo establecido en el expediente administrativo número 08-104-BI-en formato digital- tramitado por el Registro Público de la Propiedad, certificación de las ocho horas del veintidós de julio del dos mil quince, al encontrarse inmovilizada la finca por un traslape de planos (ver imagen 429 del expediente judicial digitalizado, folios 209 al 302 y 445 al 455 del expediente administrativo número 08-104-BI-en formato digital- tramitado por el Registro de Bienes Inmuebles y las certificaciones del Registro Nacional de la Propiedad número RNPDIGITAL-3950459-2015 y RNPDIGITAL-3950469-2015). En cuanto al hecho que la parte haya planteado la demanda como administradora del Refugio, no existe ningún hecho o prueba que la señora Avice Martha Freidman Cohen, haya realizado alguna gestión ante el Sistema de Áreas de Conservación como administradora de dicho refugio, como sería la obligación de la presentación del plan de manejo Esto de conformidad con lo instaurado en el artículo 20 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que establece: “… Los sitios de manejo de vida silvestre privados que se dediquen a la conservación, educación, investigación, exhibición, reproducción, restauración y reintroducción de vida silvestre con o sin fines comerciales, deberán estar inscritos ante el Sinac y contar con un plan de manejo aprobado...” Igualmente, por parte del SINAC se han realizado una serie de gestiones para derogar la existencia de dicha propiedad como sitio de manejo de vida silvestre privado. En este sentido el oficio ACOPAC –DASP-066-2015 del 15 de julio del 2015, suscrito por el Lic. Gerardo Chavarría Amador, Director de Áreas Silvestres Protegidas ACOPAC, quien señaló: “…le informo que en (sic) mediante Decreto Ejecutivo 27257-MINAE se creó el Refugio Privado de Visa Silvestre Familia Gingold. Sin embargo, desde el 2009 ha existido interés del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de derogar la existencia de esta área como refugio, dado a las múltiples situaciones que se han dado y descritas en su mayoría en el expediente certificado que se adjunta. También le informo que en los registros que se llevan en esta Área de Conservación no existe plan de manejo o documento alguno que oriente las acciones de manejo que deban ejecutarse en esa área. Por último le informo que la categoría de manejo dada a esa la administración cae directamente sobre los propietarios…” (ver folio 172 del expediente administrativo del Área de Conservación Pacifico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y Energía, certificación de las ocho horas del dieciocho de diciembre del dos mil diecisiete, MAP. Fernando Bermúdez Acuña, Director Regional). Así las cosas, al no ser la parte actora la propietaria del refugio, y en atención a lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Biodiversidad que en su artículo 70 inciso e. 2) que señala con respeto a la administración de los Refugios de Vida Silvestre de propiedad privada, que "Su administración corresponderá a los propietarios de los inmuebles", en el caso concreto la propietaria no es la parte demandante, por lo que no podría ser considerada como la administradora del refugio, al otorgarse dicha función, por ley, a los propietarios de los fundos que se crean para ser sitios de manejo de vida silvestre. En el mismo sentido, no se logra demostrar que la accionante ejerza acciones de administración de dicho refugio, como es el caso de presentación de los planes de manejo, tal y como se indicó supra, entre otros, por lo que carece de legitimación para interponer el presente proceso. Asimismo, es relevante señalar que cuando se solicitan indemnizaciones por daños ambientales, éstos no pueden ser para personas privadas, como se pretende en el caso que nos ocupa, sino que el monto que se otorgue como compensación por daño ambiental puro o a la colectividad, se constituye en un fondo público, que pertenece a todos, (numerales 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República). Por lo que dicha suma deberá ser depositada en la caja única del Estado, en una cuenta cliente creada específicamente para tal fin y el titular de la cuenta será Ministerio de Ambiente, Energía, y el monto fijado deberá utilizarse exclusivamente para ejecutar las obras de reparación y restauración de la zona afectada (ver sentencias número 4399-2010 de las 10:40 horas del 14/12/2010, Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV y Voto número 675- 2007 de las 10:00 horas del 21/09/2007, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). En atención a lo anterior, la señora Avice Martha Friedman Cohen no estaría legitimada para pedir para sí la suma de $260.000,00 (doscientos sesenta mil dólares exactos), como se deriva de todo el escrito de la demanda y de las pretensiones fijadas en el presente proceso. De la misma forma, se debe señalar que a pesar que en todo el proceso se estableció que las pretensiones eran para su persona, cuando se rindieron las respectivas conclusiones en la audiencia de juicio oral, llevada a cabo el día veintinueve de enero del dos mil veinte, (ver minuta insertada al expediente electrónico y grabación en audio y video), la representación de la señora Friedman señaló que presentaban el proceso como una acción por daño al colectivo, y que los montos que se otorgarán por el daño ambiental iban a ser utilizados en el Refugio. No obstante, es un aspecto que nunca había sido alegado con anterioridad, por lo cual no puede ser considerado en este proceso, al no ser procedente mutarse los alegatos en que las partes sustentan en su teoría del caso a lo largo del proceso, pues ello estaría provocando indefensión e inseguridad jurídica a las partes demandadas, en este sentido la resolución número 001151-A-S1-2019, de las nueve horas diez minutos del once de julio de dos mil diecinueve de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que expone en ese sentido lo siguiente: “... Se trata de uno de los tres elementos definidores del objeto de un proceso. Los otros dos son los sujetos y el petitum (lo que se pide). Estos elementos, los cuales delimitan e individualizan una concreta acción, deben constar con claridad y precisión en el acto procesal idóneo y preclusivo de la demanda, y no pueden ser alterados en esencia a lo largo del proceso (prohibición de la mutatio libelli). La conclusión del período de alegaciones supone la imposibilidad de que las partes puedan, en un momento posterior, aducir eficazmente nuevos elementos configuradores de la litis. Los superiores principios de seguridad jurídica, defensa, lealtad, probidad, buena fe y contradicción, entre otros, no permiten variar los términos del litigio. En este caso, los hechos constitutivos de la pretensión. El principio de inmutabilidad del objeto del proceso, busca que las partes sepan desde la iniciación del proceso qué se les pide y con qué cobertura jurídica, para poder organizar su estrategia probatoria precisamente sobre el concreto ámbito establecido por ellas. Todo ello, con el fin último y primordial de prohibir la indefensión, la sorpresa en un momento procesal en el que no es posible alegar o probar cosa distinta a la fijada en los escritos de alegaciones…”. Por último, en las alegaciones dadas por la parte actora con relación a que presenta el proceso por incumplimientos de las demandadas de la sentencia de la Sala Constitucional “de larga data”, se debe decir que los incumplimientos por parte de las instituciones de las resoluciones, se gestionaran por la vía del procedimiento de ejecución de sentencia, el cual se deberá presentarse en el Juzgado Contencioso Administrativo, de conformidad el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (N° 7135), por lo cual ésta no es la vía para realizar dichas peticiones. Aunque, se debe aclarar que de conformidad con lo expuesto en la sentencia de la Sala Constitucional número 2011-011102 de las once horas y veintiún minutos del diecinueve de agosto del dos mil once, ya se habían realizado los trabajos por la Municipalidad de Mora y no se establece ningún incumplimiento por parte de las otras instituciones demandadas en el presente proceso (folios 40 al 46 frente y vueltos del expediente administrativo del amparo número 11-008125-007-CO aportado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, certificación número 61-2015 del veinte de julio del mil quince del notario institucional Luis Fernando Chaverri Rivera). Por lo cual se puede concluir, que en la especie la parte actora no ha probado indubitablemente ser la titular de las propiedades donde se encuentra ubicado el Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold, ni que sea su administradora, situación que es necesaria de conformidad con las pretensiones que nos ocupan en el presente proceso, situación sin la cual, se imposibilita la determinación previa que en un caso como éste, requiere a ciencia cierta la claridad del titular para poder acceder a la jurisdicción contenciosa en aras de solicitar daños y perjuicios ocasionados a dicha propiedad en perjuicio del medio ambiente, de conformidad con el artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo. E igualmente, tampoco tiene legitimación para pedir para sí los daños ocasionados al ambiente, como se alegó a través de todo el proceso, y que se demuestra en que nunca solicitó que se depositaran en la caja única del Estado, en una cuenta cliente creada específicamente para el Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold, sino que se peticionaban para que se indemnizaran a su persona. Y en relación al cambio alegado en las conclusiones, de que era por un daño al colectivo, haciendo referencia a algunos de los principios del derecho ambiental, los cuales son el principio precautorio y el principio preventivo, no es procedente por cuanto lo que se alega debe estar debidamente delimitado e individualizado desde que se inicia la acción, y no pueden ser alterados en esencia a lo largo del proceso (prohibición de la mutatio libelli), como sería en las conclusiones, porque generaría una imposibilidad de que las partes puedan, en un momento posterior, aducir eficazmente nuevos elementos configuradores de la litis. Los principios superiores de seguridad jurídica, defensa, lealtad, probidad, buena fe y contradicción, entre otros, no permiten variar los términos del litigio. El principio de inmutabilidad del objeto de la demanda, busca que las partes sepan desde la iniciación del proceso qué se les pide y con qué cobertura jurídica, para poder organizar su estrategia probatoria precisamente sobre el concreto ámbito establecido por ellas. Todo, con el fin último y primordial de prohibir la indefensión, la sorpresa en un momento procesal en el que no es posible alegar o probar cosa distinta a la fijada en los escritos de alegaciones." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Documento PJEDITOR 14-010322-107-CA CONOCIMIENTO ACTOR:

REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FAMILIA Nombre113861 EL ESTADO, COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, MUNICIPALIDAD DE MORA, SISTEMA NACIONAL ÁREAS DE CONSERVACIÓN No. 13-2020-V.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN QUINTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las ocho horas del dieciocho de febrero de dos mil veinte.

Proceso de conocimiento establecido por Nombre113860 en su condición de administradora y propietaria en parte del REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FAMILIA GINGOLD; CONTRA la COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ (CNFL), representada por su apoderado especial judicial Francisco Cabezas Murillo; MUNICIPALIDAD DE MORA, representada por su apoderado especial judicial Cindy Monge Soto; EL ESTADO representado por la procuradora apersonada al proceso Heilyn Sáenz Calderón; y el SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC) representado por su apoderada especial judicial Marianela Montero Leitón.

RESULTANDO:

1.- En fecha 09 de diciembre del 2014, se formuló la demanda que ha dado origen al presente proceso, según los hechos que exponen y el derecho en el que se fundamentan, para que en sentencia se disponga, pretensiones que fueron determinadas en audiencia preliminar, además de leídas y corregidas en la audiencia de juicio, previo derecho de defensa a las partes, así: "Pretensiones: 1.- Se acoja en todos sus extremos la presente acción, contra el Estado y sus Instituciones. 2.- Que en Sentencias se condene al Estado por las omisiones y falta de acción en perjuicio del Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold, el cual está en peligro ambiental, tanto para cumplir con sus objetivos, sus funciones, para los cuales fue creado. 3.- Que se han violentado las normativas ambientales, produciendo graves daños y perjuicios, al Refugio, así como la falta de protección al ambiente. 4.- La Administración no ha observado sus funciones administrativas, de supervisión, control y ejecución. 5.- Que el Decreto Ejecutivo Número 27257-Minae, que crea el Refugio de Vida Silvestre, es actual y forma parte de nuestro Ordenamiento Jurídico por lo que se ordene a las Instituciones del Estado, respetar los límites del refugio, incluir en las regulaciones estatales, las áreas de protección del Refugio de Vida Silvestre, en el caso de el Plan Regulador de Mora, se incluya. 6.- Que se han producido Daños y Perjuicios Graves, en contra del Refugio, así como un Daño Moral, a su administradora. Los cuales se especifican por separado 7.- Que se condene el pago por parte del El Estado y sus instituciones a los Daños y Perjuicios, que consisten en la no actuación ni cumplimiento de las entidades demandadas de un decreto ejecutivo y de las sentencias de la sala constitucional vigentes. Que el monto de los daños y perjuicios es de $260 000 (doscientos sesenta mil dólares) por daño y por perjuicios la suma de $165 000 (ciento sesenta y cinco mil dólares) solicitados en forma solidaria contra todos los demandados. 8.- Que se ordene a la Municipalidad de Mora y las otras instituciones, se sirvan realizar las reparaciones a la Dirección13930 , así como las reparaciones internas del Refugio, los problemas de escorrentías de agua, de conformidad con lo ordenado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para lo cual se deberá de tomar en cuenta la situación del Refugio. 9.- Se condene a la parte demandada al pago de ambas costas. Y desiste del daño moral contra todos los demandados (imágenes 44 a 51, 599 a 604 del expediente judicial digitalizado, así como audiencia de juicio efectuada el día veintinueve de enero del dos mil veinte).

2.- Otorgado el traslado de ley, la parte demandada Compañía Nacional de Fuerza y Luz contestó de manera negativa (imágenes 729 a 745 del expediente judicial digitalizado). Opuso las siguientes defensas de fondo falta de legitimación activa y pasiva y la falta de derecho.

3.- Por su parte, la demandada Municipalidad de Mora contestó de manera negativa (imágenes 265 a 285 del expediente judicial digitalizado). Opuso las defensas previas de Falta de Agotamiento de la Vía, que fue rechazada por la jueza de Trámite en resolución número 558-2016 de las quince horas y treinta minutos del diez de marzo de dos mil dieciséis (imágenes 553 a 555 del expediente judicial digitalizado). Además, se alegó que la demanda tiene defectos no subsanados que impiden verter pronunciamiento por el fondo, la cual fue desistida en la audiencia preliminar del tres de mayo del año dos mil dieciséis (imágenes 599 a 604 del expediente judicial digitalizado). Por el fondo adujo las defensas de fondo falta de legitimación activa y pasiva, falta de derecho, falta de interés actual y alega como eximentes de responsabilidad administrativa la culpa de la víctima y hecho de un tercero.

4.- La representación del Estado contestó de manera negativa (imágenes 341 a 371 del expediente judicial digitalizado). Opuso las defensas de fondo de falta de legitimación ad causam activa y pasiva y la falta de derecho.

5.- La primera Audiencia Preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se encuentra grabada en el sistema digital de este Despacho, fue celebrada a partir de las nueve horas cinco minutos del tres de mayo del año dos mil dieciséis, con la asistencia de las partes (imágenes 599 a 604 del expediente judicial digitalizado).

6.- La primera audiencia de juicio oral y público en este asunto fue celebrada partir de las ocho horas cincuenta minutos del seis de septiembre del año dos mil diecisiete, en dicha audiencia el Tribunal procedió con el dictado de la resolución número 88-2017-V de las diez horas diez minutos del seis de setiembre del dos mil diecisiete, en la que se ordenó la Integración como Litis Consorcio Pasiva Necesario al Sistema de Áreas de Conservación, y para tales efectos se devolvió el proceso al área de trámite (imágenes 624 a 641 del expediente judicial digitalizado) 7.- Otorgado el traslado de ley, la parte integrada, el Sistema de Áreas de Conservación, contestó de manera negativa (imágenes 667 a 674 del expediente judicial digitalizado). Opuso las siguientes defensas de fondo falta de legitimación activa y pasiva y la falta de derecho.

8.- En fecha nueve de julio del dos mil dieciocho el señor Jesse Gingold Friedman, cédula de identidad número CED90049- , presidente y apoderado generalísimo sin límite de suma de sociedad Inmobiliaria D & Infinito de la Montaña Sociedad Anónima se apersono al proceso y manifestó: “…PRIMERO: Que me doy por enterado del proceso de conocimiento que se tramita ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Expediente número 14-0010322-1027-CA, incoado por la señora AVICE MARTHA FRIEDMN (sic) COHEN en representación del REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FAMILIA GINGOLD. SEGUNDO: Que a favor de dicha sociedad INMOBILIARIA D & INFINITO DE LA MONTAÑA S.A. se realizó escritura de compraventa de la propiedad folio real matrícula Placa20944 , documento que se encuentra anotado defectuoso esto por defectos en la escritura y anotaciones que soporta la finca, los cuales a la fecha o se han subsanado y por consiguiente no se ha realizado la inscripción solicitada…” (imágenes 693 a 694 del expediente judicial digitalizado) 9- Una vez contestada la demanda por la parte integrada al proceso se procedió a realizar la Audiencia Preliminar establecida en el ordinal 90 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que se encuentra grabada en el sistema digital de este Despacho, fue celebrada a partir de las nueve horas diez minutos del día once de julio del dos mil dieciocho, con la asistencia de las partes (imagen 698 a 700 del expediente judicial digitalizado). En dicha audiencia se estableció que el señor Nombre113861 es hijo de la actora pero el escrito es solamente de que tiene conocimiento del presente asunto y no como un coadyuvante o tercero interesado.

10- La audiencia de juicio oral y público en este asunto fue celebrada a partir de las ocho horas treinta y nueve minutos del día veintinueve de enero del dos mil veinte, con la asistencia de las partes. (ver minuta insertada al expediente electrónico y grabación en audio y video) 11.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley y este Tribunal no ha determinado vicio u omisión susceptibles de producir nulidades que deban ser subsanadas. Se dicta esta sentencia una vez concluida la audiencia de juicio oral y pública, dentro del plazo de quince días hábiles establecido al efecto por el artículo 111.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el artículo 82.1 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, previa deliberación de rigor y por unanimidad.

Redacta la jueza Nombre41070 con el voto afirmativo de la juzgadora Álvarez Molina y del juzgador Giusti Soto;

CONSIDERANDO.

I.- Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen los siguientes: 1) Que según Decreto Ejecutivo número 27257-MINAE del veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se declaró Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Nombre113861, el inmueble perteneciente a los señores Nombre113860 y Nombre113862 , inscrita en el Registro Público de la Propiedad, al tomo 2169, folio 325, asiento 4, que mide cuarenta y seis mil trescientos treinta y ocho metros, setenta y tres decímetros cuadrados. Decreto Ejecutivo publicado en el Alcance numero 60 a La Gaceta número 178 del once de setiembre de mil novecientos noventa y ocho (imágenes 03 y 04 del expediente judicial digitalizado); 2) Que según certificaciones del Registro Nacional de la Propiedad número RNPDIGITAL-3950459-2015 y RNPDIGITAL-3950469-2015, e información del sistema digital del Registro Nacional de la propiedad, la finca inscrita en la matrícula de folio real número Placa20948 de la Provincia de San José se encuentra en dos derechos, el derecho número 001, cuyo propietario es el señor Nombre113862 y el derecho número 002, cuya propietaria es la señora Nombre113860 . Que en ambos derechos se encuentran como anotaciones que soporta la propiedad, una por compraventa a favor de la sociedad Inmobiliaria D&J Infinito de la Montaña S.A. y otra por inmovilización por traslape de fincas (imágenes 410 a 413 del expediente judicial digitalizado y verificado en el sistema del registro nacional revisado el día dieciocho de febrero del dos mil veinte); 3) Mediante escritura pública número doscientos cuatro-uno otorgada ante el notario público Francisco Javier Madrigal Acosta el doce de abril del dos mil siete, consta compraventa realizada por los señores Nombre113862 y Avice Nombre113860 a favor de la sociedad Inmobiliaria D&J Infinito de la Montaña S.A., cuyo apoderado generalísimo sin límite de suma es el señor Jesse Gingold. Que dicho documento fue adicionada mediante escritura número ciento noventa y tres-siete ante el notario público Juan Federico Arias Chacón del catorce de junio del dos mil siete, según consta en certificación expedida por el Registro Público a las trece horas y doce minutos del veinte de julio del dos mil quince en relación al tomo 2009, Asiento 305124 del Registro de Bienes Inmuebles (imágenes 416 a 427 del expediente judicial digitalizado y sistema del registro nacional revisado el día diecisiete de febrero del dos mil veinte); 4) Que según consta en expediente número 08-104-BI-en formato digital- tramitado por el Registro Público de la Propiedad, certificación de las ocho horas del veintidós de julio del dos mil quince, la finca donde se encuentra ubicado el Refugio de Vida Silvestre Familia Nombre113861 se encuentra inmovilizada, según lo resuelto por el Registro Inmobiliario, División Registral, mediante resolución de las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de julio del dos mil nueve, al dictaminar: "...Una vez firme la presente resolución se ORDENA: I.- INMOVILIZAR las fincas del Partido de SAN JOSÉ matrículas Placa6060 (Placa20948), Placa20945 (Placa20949), y Placa20946 (Placa20950), de conformidad con lo que al efecto indica el artículo 88 del Reglamento del Registro Público, inmovilización que se mantendrá hasta tanto una autoridad judicial competente haya conocido de la subsanación de la inexactitud registral que dio origen a estas diligencias y ordene el levantamiento de las referidas inmovilizaciones o que los propietarios y partes interesadas de dichos inmuebles, comparezcan a otorgar escritura pública, cuyo testimonio sea presentado ante este Registro, de conformidad con el artículo 450 del Código Civil mediante el cual se corrija la situación que afecta las citadas fincas...". Resolución confirmada mediante voto número 324-2010 de las nueve horas diez minutos del cinco de abril del dos mil diez, del Tribunal Registral Administrativo (ver imagen 429 del expediente judicial digitalizado, folios 209 al 302 y 445 al 455 del expediente administrativo número 08-104-BI-en formato digital- tramitado por el Registro de Bienes Inmuebles y las certificaciones del Registro Nacional de la Propiedad número RNPDIGITAL-3950459-2015 y RNPDIGITAL-3950469-2015); 5) Que la resolución de la Sala Constitucional que identifica la parte actora en el hecho tercero de su demanda como de “LARGA DATA” es el voto número 01218-99 de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del diecinueve de febrero del mil novecientos noventa y nueve, en la cual se dispuso: “…Se declara CON LUGAR el recurso. En consecuencia, debe el Alcalde Municipal de Mora abstenerse de reparar la denominada "Dirección13931 " sin contar de previo con la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y con la asesoría del Ministerio del Ambiente y Energía, bajo apercibimiento de incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Además, deberá presentar al Tribunal Ambiental un plan relativo a la reparación de esa vía y a la construcción de un sistema de alcantarillado en el plazo de quince días a partir de la notificación de esta sentencia. Se condena a la Municipalidad de Mora al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo…” (folios 07 al 09 del expediente administrativo del Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Mora, certificación 49-2015 del veintiocho de julio del mil quince del señor Andrés Sandí Solís, Secretario Municipal); 6) Que el amparo interpuesto en el año 2011 por la señora Nombre113860 contra la Municipalidad de Mora, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, fue resuelto mediante resolución de la Sala Constitucional número 2011-011102 de las once horas y veintiún minutos del diecinueve de agosto del dos mil once, en la cual se dispuso: “…La Sala, en resumen, consideró que se violaba los derechos de la actora porque el Tribunal Ambiental Administrativo había concluido en la necesidad de colocar y demarcar técnicamente las alcantarillas, mediante una resolución de 1998, mientras que la Contraloría Ambiental del Ministerio de Ambiente estimaba imperativo que las reparaciones de la calle contaran con la aprobación previa de un ingeniero, el desarrollo de un plan de protección conjunto de la Municipalidad y el Ministerio del Ambiente, y la autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en los términos del artículo 2 de la Ley General de Caminos Públicos. Como se desprende de la lectura de la sentencia transcrita, en el momento en que ella se dictó, las obras ya se habían ejecutado en su totalidad. Debe derivarse, entonces, que, aunque los trabajos que se denuncian en este asunto son sobre la misma vía, son distintos de los analizados en 1999. VI.- Formulada la anterior aclaración, se tiene que la intervención de la Municipalidad recurrida ocurrió debido a las condiciones irregulares e intransitables del camino y consistió en trabajos de limpieza mecanizada, rayado de cunetas, conformación de la superficie de ruedo, colocación de lastre y bacheos mecanizados en tramos críticos, a lo largo de 2.5 kilómetros, con un ancho promedio de 5 metros. En su informe bajo juramento y con documentación de respaldo, el Alcalde y Presidente Municipal aseveran que respetaron los linderos existentes del refugio, que se cuenta con obras hidráulicas suficientes para el manejo de las aguas en un camino de lastre, que no se alteró el diseño geométrico del camino y que la obra de adoquines data de hace más de cinco años, sin llegar hasta la propiedad de la recurrente. Si a esto se suma que funcionarios del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, concretamente de la Oficina Subregional de Puriscal, inspeccionaron el sitio, sin encontrar afectación alguna al ambiente, debe concluir la Sala que no se ha incurrido en la infracción denunciada, debiendo rechazar también este extremo del amparo. VII.- Importa aclarar, por último, que, bajo una mejor ponderación, estima la Sala que definir si se cumple el requisito de la autorización del artículo 2 de la Ley General de Caminos Públicos, es una cuestión de mera legalidad, al consistir en la verificación de una condición pedida por la ley y que no entraña, en sí misma, la tutela directa de ningún derecho fundamental. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso…” (folios 40 al 46 frente y vueltos del expediente administrativo del amparo número 11-008125-007-CO aportado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, certificación número 61-2015 del veinte de julio del mil quince del notario institucional Luis Fernando Chaverri Rivera) II- HECHOS NO PROBADOS: 1) Que la señora Avice Nombre113860 sea la administradora del Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Nombre113861 (no hay prueba en los autos).- III.- Objeto del proceso. Analizadas las alegaciones y peticiones de las partes involucradas en este conflicto, se determina como objeto del proceso de forma principal el pago de los daños y perjuicios ocasionados al Refugio de Vida Silvestre Familia Nombre113861 por omisiones del Estado, la Municipalidad de Mora, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Sistema de Áreas de Conservación, alegando como daños principales los producidos por las escorrentías de agua pluvial por la carretera o Dirección13932 , mantener cajas de registro en la entrada a la propiedad, falta de supervisión en movimientos de tierra y contaminación del Rio Pacuaca, por un monto $260 000 (doscientos sesenta mil dólares) y por perjuicios la suma de $165 000 (ciento sesenta y cinco mil dólares).

IV.- Alegatos de la parte actora. Señala que presenta este proceso por acciones y omisiones de las partes demandadas, al haber violentado las normas ambientales y de conservación, con sus actos administrativos, causando un daño ambiental al Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold. Dichos actos son, desde no observar lo ordenado por la Sala Constitucional, hasta al día de hoy, afectando en la erosión y caída de los aludes de tierra, en los límites del Refugio en la parte o sección Norte oeste, así como la contaminación del Río Pacacua, el cual pasa por la zona protegida. Que tal y como consta en autos, la Sala Constitucional en su sentencia de larga data, en protección de los derechos del Refugio de Vida Silvestre, ordenó claramente que, en el caso de la calle pública, conocida como La Margarita, previo a realizar cualquier trabajo, hacer arreglos y mejoras, debían de ser aprobadas por el MOPT, SETENA y la Municipalidad, y tomando en cuenta al Refugio. Que dicha sentencia se encuentra hoy firme y no ha sido reformada, y aun así no se ha respetado por las Instituciones y Dependencias Estatales. En el caso específico de la Calle, los arreglos realizados por la Municipalidad, el MOPT, no han contado con el criterio de SETENA, causando un daño irreparable al refugio, por motivo de las escorrentías del agua, por la falta de cumplimiento de lo establecido, las alcantarillas y reparaciones realizadas, causando inundaciones en la propiedad. Señala que dicha situación, se puede remediar con un estudio hidrológico de la Municipalidad, el MOPT, SETENA y demás instituciones involucradas. En cuanto a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, alega que han instalado dentro de los límites del Refugio transformadores y líneas principales de transmisión de energía eléctrica, y que no se han pasado de lugar por ser un costo mayor, sin tomar en cuenta la conservación de las especies protegidas por el refugio de vida silvestre. Asimismo, la Corporación Municipal del Cantón de Mora, así como las Instituciones obligadas por ley, a preservar y cumplir con lo ordenado en la Constitución Política, la Ley del Ambiente, no toman en cuenta el Refugio de Vida Silvestre, como área de protección, al omitirla en los planes reguladores, así como al momento de otorgar permisos para otro tipo de actividades, como son el establecimiento de granjas y desarrollos urbanísticos. En ese sentido, el informe emanado, por la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias, Unidad de Investigación y Análisis del Riesgo, número IAR-INF-0972-2013, realizado por el señor M.Sc. Julio Edo. Madrigal Mora, Geólogo, de fecha cuatro de marzo del dos mil catorce, al indicar que, desde el año de 1995 al día de hoy, se han realizado una serie permanente de estudios, recomendaciones, las cuales, subsisten y no se ha logrado subsanar por parte de la Administración. Igualmente, no se ha acatado lo indicado ni se ha logrado solucionar la problemática pluvial, que causa las escorrentías, afectando al Refugio. Alega que es de vital importancia que las autoridades del Estado, les brinden el apoyo técnico a los propietarios del inmueble, con la finalidad de solventar los problemas que han tenido internamente en el refugio, lo cual no se ha cumplido. En cuanto a la contaminación del Río Pacacua, el cual pasa por el área del Refugio, ha sido por la falta de los controles municipales, como son el derrame de hidrocarburos por parte de los talleres mecánicos, a pesar de ser de conocimiento público, así como lo provocado por los desarrollos habitacionales. Asimismo, señala que la contaminación ha puesto y pone en peligro las especies protegidas, por la falta de aplicación de la normativa ambiental, al contar el refugio, en la actualidad, con una serie de especies en extinción, todas afectadas por el agua contaminada. Indican que las autoridades al otorgar los diferentes permisos, no han tomado en cuenta la existencia del Refugio, así como sus áreas de protección con sus colindancias, violentando de esta manera los principios básicos del derecho ambiental, los cuales son el principio precautorio y el principio preventivo. Debido a lo anterior solicitan que se les indemnicen por los diferentes daños que se les han ocasionado. Como primer daño señala los que se le produjeron por las escorrentías de agua pluvial por la carretera o Dirección13932 , ocasionadas por la falta de prevención en la colocación de las cajas de registro y el mal funcionamiento de las actuales, al no reducir la velocidad del agua, introduciéndose en el inmueble. Por ello, dichas aguas, "ingresan" a la propiedad, cuando se encuentran rebalsadas, inundando el inmueble, en diferentes extensiones, dañando el camino interno de ingreso, aún y cuando se han realizado obras internas en el cambio de tubería adecuada, no es posible corregir el problema, por lo que cada año se debe de comprar nueva tubería y hacer los arreglos necesarios, para mitigar el daño causado. Entre los daños sufridos se pueden indicar arruinar el establo, deterioro de los árboles, no poder realizar y reponer construcciones, para realizar talleres de trabajo con la comunidad y terceras personas. Señalan que hay un peligro existente, por el tamaño de los árboles, cuando se derriban por motivo de las escorrentías, "las cuales formal un caudal con la fuerza de un río, por su velocidad ", al caer quiebran otros árboles de menor grosor, lo que ha dañado el pozo existente, y cada año se debe de arreglar el camino interno y realizar el mantenimiento de las áreas afectadas. El presente daño lo estima en forma prudencial en la suma de setenta y cinco mil dólares moneda de curso legal norteamericana, equivalente al día de la presentación de la demanda en la suma de cuarenta millones quinientos mil colones. Esto igualmente, le ha provocado perjuicios, que consisten en la reposición del camino interno, así como realizar un nuevo pozo, con los estudios requeridos, los cuales estima en forma prudencial en la suma de sesenta mil dólares, moneda legal de los Estados Unidos de Norte América, equivalente en la suma de treinta y dos millones cuatrocientos mil colones. El otro daño ocasionado es por la colocación de una caja de registro, en frente de la propiedad, la cual se encuentra al nivel del suelo, dentro de los linderos, realizando un rebalse, por la no contención del agua, debido al mal diseño. Ello no sólo afecta la escorrentía de agua, la cual inunda el inmueble, cambiando el diseño de la entrada, sino que también se debieron de cambiar los tubos de agua, y afectando el ingreso al inmueble. Dicho daño se estima en la suma de diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalente en moneda nacional en la suma de cinco millones cuatrocientos mil colones. Asimismo, este daño le ha causado un perjuicio al haberse mantenido la caja registro, aún y cuando se ha solicitado su reubicación, por razones de impedir parte de la entrada en el inmueble, por lo que se debe de realizarse una entrada suficientemente amplia, para este efecto el perjuicio ocasionado es permanente, puesto que no existe espacio en la actualidad, estimando dicho perjuicio en la suma de cinco mil dólares moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, equivalentes a la suma de dos millones setecientos mil colones. Señala como otro daño la falta de supervisión en movimientos de tierra de los vecinos colindantes, así como caminos vecinales, por parte de las autoridades administrativas. Debido a ello se ha ocasionado el derrumbe en una parte del Refugio, tal y como se desprende del Informe de la Comisión de Riesgos y Atención de Emergencias: "Dueños de las fincas cerraron las áreas de descarga "desfogues "de la Dirección13930 , además de trabajos de nivelación. Se verificó que no existen buenos desagües y por lo tanto, cuando llueve el agua discurre libremente aumentando sus caudales y la gran mayoría hacia la propiedad de los señores Nombre113861." Además, que se han causado una serie de agrietamientos en la ladera al margen izquierdo del río Pacacua, por cuanto la finca capta el agua de los vecinos y las de las calles o caminos vecinales, ocasionando la erosión y agravando el problema de aguas pluviales. Este daño lo estiman en la suma de setenta y cinco mil dólares moneda de los Estados Unidos de Norte América, toda vez que, en estas áreas colindantes, se deben de realizar canales, y tomar medidas para evitar la erosión, equivalentes a la suma de cuarenta millones quinientos mil colones. Y como perjuicio de lo indicado por la erosión ocasionada y el mantenimiento constante, además de los daños a los linderos, se solicita como perjuicio la suma de cincuenta mil dólares moneda de los Estados Unidos de Norte América, equivalentes a la suma de veintisiete millones de colones. Como último daño, señala la contaminación del Rio Pacuaca y vertederos de basura, el cual consiste en que al tratarse de una zona protectora, el terreno en su totalidad es dedicado para un refugio privado de fauna y flora silvestre, las diferentes especies, que se encuentran se ven afectadas por la contaminación del Río, por cuanto parte de su caudal pasa por el refugio en un área apreciable, desde la formación de la catarata, que es de una caída de 25 metros, la formación de una pequeña Laguna, que recorre hasta el lindero de la propiedad colindante. Este caudal del río sirve para ser utilizado por las diferentes especies, tanto para su alimentación como otras actividades propias de conservación, al estar contaminado previo al ingreso del refugio, contamina con basura dicho lugar. Y en este caso, las autoridades administrativas no se han tomado las medidas preventivas necesarias, para evitar el seguir contaminando el refugio. Estimando este daño en la suma prudencial de cien mil dólares moneda de los Estados Unidos de Norte América, equivalentes a la suma de cincuenta y cuatro millones de colones. El perjuicio por la contaminación del río, al tener que realizar programas y medidas de prevención para proteger el Refugio, al convertirse el río en una fuente permanente de Contaminación, por la basura que se vierte en el Río y llega hasta el Refugio. Estableciendo el perjuicio en la suma de cincuenta mil dólares moneda de los Estados Unidos de Norte América, equivalentes a veintisiete millones de colones.

V.- Alegatos de las partes demandadas. Por su parte las partes demandadas realizaron las siguientes argumentaciones: 1) La representación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, alega una falta de legitimación activa, por cuanto la parte actora no se encuentra legitimada para incoar la demanda, según consta en el oficio N° SINAC-SE-1304 del 4 de agosto de 2009, el cual fue debidamente notificado a la señora Nombre113860 , el día 14 de setiembre de 2009, según consta en la prueba documental aportada, en dicho oficio se indica claramente que existen criterios técnicos suficientes para determinar la procedencia de la desafectación del inmueble de la categoría de refugio privado. Asimismo, en la copia del expediente certificado por el Director del Área de Conservación Pacífico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en los folios 129 al 133, consta el criterio técnico mediante los oficios No. SINAC-DG-GASP-074 del 19 de febrero de 2009 y el No. ACOPAC-D-503-08 del 15 de mayo de 2008, en los cuales expresamente se indican las razones técnicas para proceder con la desafectación del bien inmueble. Aunado a ello, mediante el oficio N° ACOPAC-DASP-066-2015 del 17 de julio de 2015, el Lic. Gerardo Chavarría Amador en su calidad de Director Áreas Silvestres Protegidas ACOPAC, informó sobre el interés del SINAC desde el 2009 de derogar la existencia de esa área como refugio, además que en la actualidad no existe plan de manejo presentado por el "Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold" ante dicha institución. Según lo expuesto, se logra demostrar que desde el año 2009, se le notificó a la parte actora la procedencia de la desafectación del inmueble de la categoría de refugio privado, dado lo anterior se logra evidenciar que la parte actora carece de legitimación para iniciar este proceso. 2) Por su parte, la apoderada especial de la Municipalidad de Mora, alega que no le consta la legitimación activa por parte de la actora siendo que ella es copropietaria de la finca número Placa20951, con el derecho 002, y con el derecho 001, como propietario registral figura el señor Nombre113862 , amén de lo anterior, en la comunidad de la prueba que adjunta la parte recurrente no se plasma autorización alguna por parte del señor Nombre113862 de interponer esta demanda contenciosa, o bien tampoco se vislumbra que ambos actúen en conjunto, razón por la cual esta demanda debe declararse inadmisible por la ausencia de este aspecto procedimental de forma. Igualmente, que como consta en el oficio número ACOPAC-DASP-066-2015, del 17 de junio del 2015, desde el 2009 existe interés por parte de ese Órgano Desconcentrado en derogar la existencia de este Refugio, ello por las constantes situaciones desagradables que han vivido con la actora y su familia, y que decantan en el expediente administrativo de este refugio. 3) El Estado, representado por la procuradora apersonada al proceso, expone que en el presente proceso existe una falta de legitimación ad causam activa, por cuanto en este asunto la parte actora de este proceso es el Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold, no obstante, lo anterior, no consta en autos ''certificación de personería jurídica" que acredite su legitimación a fin de incoar el presente proceso (falta de legitimación ad causam activa). En ese sentido, interesa destacar que la creación de un Refugio de Vida Silvestre Privado implica únicamente la protección de los recursos naturales. Bajo ese contexto, y sin perjuicio de que la parte actora de este proceso es el Refugio de Vida Silvestre Familia Nombre113861 (véase el auto de traslado); se estima necesario aludir a la eventual falta de legitimación ad causam activa que operaría en la especie si se estimara que la señora Nombre113860 interpone esta demanda contra el Estado en su condición personal de "administradora y propietaria en parte del REFUGIO DE VIDA SILVESTRE FAMILIA GINGOLD', máxime si se toma en cuenta que en el "hecho primero' señala ser "copropietaria registra/( .. ) de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad al folio real número 1-236930-000 (...). En esa línea, del estudio registral, respectivo es claro que la señora Nombre113860 no es titular del inmueble de marras desde el pasado 12 de abril del 2007 cuando ella (derecho 002) y el señor Nombre113862 (derecho 001) vendieron el inmueble a la sociedad INMOBILIARIA D & J INFINITO DE LA MONTAÑA, S.A. En ese sentido, nótese que el inmueble en cuestión soporta anotación de ese otorgamiento (copia de certificación -adjunta- N° RNPDIGITAL-3950459-2015 del 21 de los corrientes (derechos 001 y 002) y de las expedidas a las 13 horas y 12 minutos del 20 de julio del 2015 en relación a los Tomos del Registro de Bienes Inmuebles N° 571, Asiento N° 88840 y N° 2009, Asiento 305124). Así las cosas, a tenor de los numerales 480 y 1049 del Código Civil es evidente que la señora Nombre113860 adolecería de la legitimación necesaria para incoar este asunto por cuanto la titularidad de los bienes muebles o inmuebles se transmite desde el convenio o acuerdo de las partes (suscripción del contrato de compraventa) no siendo requisito su inscripción registral o la tradición. Al efecto, la Sección Quinta de ese Tribunal en la sentencia -firme- N° 89-2012 de las 8 horas del 25 de setiembre del 2012 y a mayor abundamiento, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la resolución N° 431-F-00 dictada a las 15 horas y 55 minutos del 7 de junio del año 2000. Por consiguiente, la señora Nombre113860 no estaría legitimada para interponer este proceso (no es titular del inmueble en cuestión). Tampoco resulta viable argumentar la condición de "administradora" del Refugio, en primer término, porque la actora no acredita dicha condición (no hay prueba al efecto); y además por cuanto esa supuesta condición no permite incoar un proceso en vía judicial. En ese sentido, la facultad de administración está dada en los términos del poder general a que refiere el numeral 1255 del Código Civil, y, por ende, entablar un proceso como el que nos ocupa está vedado. De otro lado, no se deja de advertir que el inmueble soporta ''gravamen o afectación" por advertencia administrativa e inmovilización por inconsistencia (expediente certificado adjunto en formato digital N° 08-104-BI), además de anotación de demanda ordinaria (expediente judicial N° 05-000108-0689-AG tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José) en la que se discute ''EL MEJOR DERECHO SOBRE LA PROPIEDAD DE LOS ACTORES SOBRE LA FRANJA DE LA FINCA DE SU PROPIEDAD QUE LOS DEMANDADOS ADUCEN ES DE ELLOS" (Copia de certificación expedida a las 13 horas y 11 minutos del 20 de julio del 2015 con relación al Tomo del Registro de Bienes Inmuebles N° 571, Asiento N° 24876). En todo caso, aun siguiendo la línea expuesta por la parte actora, la demanda tampoco encuentra cabida ya que estaría interpuesta únicamente por uno de los "propietarios' del inmueble sometido a Refugio (el señor Nombre113862 -propietario del derecho 001 del inmueble 1-236930- no es parte en este proceso). Así las cosas, la accionante -actualmente- no ostentaría vínculo jurídico válido con el inmueble sometido a Refugio (falta de legitimación ad causam activa) de suerte tal que la demanda planteada resultaría inadmisible. 4) Por último, el SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN, representado por su apoderada especial judicial, señala para el caso concreto, la categoría de Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Nombre113861 fue establecida mediante Decreto Ejecutivo N° 27257-MINAE del 20 de mayo de 1998 sobre el inmueble de San José número 236930000 (considerando primero y artículo primero). Señala que existe una falta de legitimación ad causam activa, por cuanto como se indicó en la contestación del hecho primero de la demanda la señora Nombre113860 aparece en el Registro Nacional como propietaria registral del derecho 002 de la finca de San José número 236930, siendo que el derecho 001 corresponde al señor Nombre113862 , cédula de identidad número CED90050, quien no figura en el presente proceso y por ende la demanda se encuentra planteada únicamente por uno de los propietarios del inmueble, sin embargo los hechos narrados y las pretensiones refieren a la totalidad del refugio, y además la declaratoria de área silvestre protegida refiere sobre la totalidad del inmueble (según considerando primero y artículo primero del Decreto Ejecutivo N° 27257-MINAE del 20 de mayo de 1998) en atención a sus condiciones naturales, no siendo factible entenderlo de manera segmentada aún más que el sometimiento a dicho régimen (y los compromisos asumidos en virtud de la misma) se realiza de forma voluntaria por parte de los propietarios de la finca afectada, que en el caso concreto corresponde a dos personas físicas distintas. Lo anterior debe relacionarse además al hecho de que el Decreto Ejecutivo N° 27257-MINAE no señala la existencia de un administrador como lo parece hacer ver la actora y en cambio se debe atender el Reglamento a la Ley de Biodiversidad que en su artículo 70 inciso e.2) señala con respeto a la administración de los Refugios de Vida Silvestre de propiedad privada que "Su administración corresponderá a los propietarios de los inmuebles" en atención a su titularidad que en el caso concreto se encuentra compartida. Siendo, además, que en el asiento registral de la finca 236930 derechos 001 y 002 se encuentra anotación de compraventa de finca (citas 571-88840 y 2009-30512-4) a favor de INMOBILIARIA D&J INFINITO DE LA MONTAÑA, S.A. (según consta en prueba aportada en el expediente judicial), al respecto el numeral 480 del Código Civil. Por lo que la titularidad del inmueble en cuestión ya no es ejercida por los señores Nombre113862 ni Nombre113860 , por lo que la segunda además de lo previamente indicado con respecto al tema de la administración del refugio y la existencia de copropiedad carecería de legitimación para interponer el presente proceso por existir documento de compraventa a favor de la sociedad INMOBILIARIA D&J INFINITO DE LA MONTAÑA. S.A VI.- Cuestiones preliminares: a) Sobre la Legitimación activa en general. El proceso jurisdiccional se rige por presupuestos formales o procesales (jurisdicción, competencia y capacidad de las partes) y materiales o sustantivos (legitimación activa y pasiva, el derecho e interés actual). Estos últimos deben mantenerse durante el curso del proceso, a efecto de que se proceda a una eventual sentencia por el fondo. De conformidad con la doctrina, la expresión: “legitimatio ad causam” activa o pasiva o, como también se le denomina: "legitimación en la causa o legitimación para actuar", se refiere a la condición del titular del derecho (el actor) y del obligado a la prestación (el demandado). Es decir, están legitimados en la causa las personas que jurídica y directamente van a ser afectadas en sus derechos por la sentencia. La legitimación activa, según Jesús González Pérez, en los Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, editorial Civitas, lo ha definido como: "... la aptitud de ser parte en un proceso concreto. Así como la capacidad -legitimatio ad processum- implica la aptitud genérica de ser parte en cualquier proceso, la legitimación legitimatio ad causam- implica la aptitud de ser parte en un proceso concreto. Y tal aptitud viene determinada por la posición en que se encuentren en determinada relación con la pretensión procesal. Sólo las personas que se encuentran en determinada relación con la pretensión pueden ser partes en el proceso en que la misma se deduce”. Por su parte, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia número 976 de las 7 horas 40 minutos del 19 de diciembre de 2006, en el tema de la legitimación de forma general indicó: “…un presupuesto de la pretensión formulada en la demanda y de la oposición hecha por el demandado, para hacer posible la sentencia de fondo que las resuelve; consecuentemente la legitimación en la causa no constituye un presupuesto procesal, en tanto no se refiere al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, antes bien se refiere a la relación sustancial que debe existir entre actor y demandado y al interés sustancial que se discute en el proceso. La legitimación en la causa se refiere a la relación sustancial que se pretende existente entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio. El demandado debe ser la persona a quien le corresponde por la ley oponerse a la pretensión del actor o frente a la cual la ley permite que se declare la relación jurídica sustancial objeto de la demanda; y el actor la persona que a tenor de la ley puede formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial pretendido no exista o le corresponda a otro. (…) De acuerdo al sujeto legitimado o a su posición en la relación procesal se puede distinguir entre legitimación activa y pasiva, la primera le corresponde al actor y a las personas que con posterioridad intervengan para defender su causa, la segunda le pertenece al demandado y a quienes intervengan para discutir y oponerse a la pretensión del actor. La ausencia de legitimación en la causa constituye un impedimento sustancial, si el juzgador se percata de la falta de la misma, así debe declararlo de oficio y dictar una sentencia inhibitoria, lo que no es óbice para que sea alegada oportunamente como excepción previa. (…) La legitimación en la causa además de determinar quiénes pueden actuar en el proceso con derecho a obtener sentencia de fondo, señala o determina a quiénes deben estar presentes para hacer posible la sentencia de fondo. Lo anterior significa que en determinados procesos es indispensable la concurrencia de varias personas (litisconsortes necesarios) en calidad de actores o demandados para que la decisión sobre las peticiones se haga posible, pues la ausencia de éstas impide la decisión de fondo, de las pretensiones deducidas en la demanda. Por ello la legitimatio ad causam puede estar ausente en dos casos: a) cuando actor y demandado carecen absolutamente de legitimación en la causa, por tratarse de personas diferentes a quienes correspondía formular las pretensiones o contradecirlas, y b) cuando los que debían ser parte en tales posiciones en concurrencia con otras personas, no han comparecido al proceso”. no. 794 de las 16 horas 5 minutos del 16 de octubre de 2002. En consecuencia, la legitimación es la aptitud para ser parte en un proceso concreto, puede ser activa o pasiva, lo cual dependerá de las condiciones que para tal efecto establezca la ley en cuanto la pretensión procesal. Así, la legitimación ad causam activa, que interesa en el caso en estudio, es la capacidad para demandar, carácter que nace de la posición en que se halle el sujeto, respecto a la pretensión procesal promovida. En suma, es la identidad necesaria que debe darse entre el actor y el derecho que pretenda en juicio…”. Además, desde la arista normativa, en torno a la legitimación activa propiamente en la materia contenciosa, el artículo diez del Código Procesal Contencioso Administrativo, dispone: "...Estarán legitimados para demandar: a) Quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o derechos subjetivos...". De conformidad con la anterior norma, sólo podría demandar quien tenga un título habilitante por acto administrativo, norma o contrato para sustentar lo que alega frente a un tercero o aquel que posea un derecho reaccional o expectante frente a una determinada situación subjetiva. Los meros intereses no amparados a estos supuestos no poseen una legitimación suficiente para ser parte en este tipo de procesos.

VII.- De la Legitimación activa en el caso concreto. La determinación de esta idoneidad material procesal está íntimamente ligada con la pretensión deducida en la acción, de modo que sólo quien se encuentre en determinada relación con ésta puede ser parte en el respectivo proceso. La legitimación activa, se refiere a esa suficiencia procesal del sujeto demandante, la cual representa su capacidad para deducir una pretensión y la titularidad de una relación jurídica o un interés tutelable por el ordenamiento. De esta suerte, la determinación de si existe o no la legitimación activa en un caso concreto exige, primero precisar con toda claridad cuál es la pretensión o pretensiones deducidas y, segundo, establecer quién o quiénes están habilitados para reclamarlas. En el presente asunto, se debe tener claro que se trata de una demanda planteada por la señora Nombre113860 , según ella misma indica en su escrito de demanda, en su condición de administradora y propietaria en parte del Refugio de Vida Silvestre Gingold, reclamando los daños y perjuicios ocasionados por presuntas omisiones de las demandadas. Específicamente por daños materiales ocasionados por escorrentías de agua pluvial por la carretera o Dirección13932 que inundan el inmueble y dañan los caminos internos; por la colocación de una caja de registro en frente de la propiedad; la falta de supervisión en movimientos de tierra de los vecinos colindantes, así como caminos vecinales, por parte de las autoridades administrativas, y por último la contaminación del Río Pacuaca. Por lo que se puede denotar que todas las pretensiones son sustentadas y respaldadas en daños que se le han ocasionado al Refugio Privado, que se encuentra en la finca, que, según la actora, es de su propiedad. No obstante, a lo manifestado por la accionante, se puede constatar que el Refugio de Vida Silvestre Familia Nombre113861 se encuentra ubicado en el Dirección13933 , , , ; de la Provincia de San José, inmueble matrícula número Placa20952, inscrito en el tomo 2169, folio 325, asiento 4 (ver decreto número 27257-MINAE, creación del Refugio de Nombre113861 ). Que dicha propiedad, según lo indicado en el decreto de creación del refugio y las certificaciones del Registro Nacional de la Propiedad número RNPDIGITAL-3950459-2015 y RNPDIGITAL-3950469-2015, la finca inscrita en la matrícula de folio real número Placa20948 de la Provincia de San José, se encuentra en dos derechos, el derecho número 001, cuyo propietario es el señor Nombre113862 y el derecho número 002, cuya propietaria es la señora Nombre113860 . Que en ambos derechos se encuentra inscrita una anotación de una compraventa realizada desde el año dos mil siete, mediante la cual la señora Nombre113860 (derecho 002) y el señor Nombre113862 (derecho 001) vendieron el inmueble a la sociedad INMOBILIARIA D & J INFINITO DE LA MONTAÑA, S.A (certificación expedida a las 13 horas y 12 minutos del 20 de julio del 2015 en relación a los Tomos del Registro de Bienes Inmuebles N° 571, Asiento N° 88840 y Placa20947° , Asiento Placa20953, donde constan las escrituras de traspaso del bien inmueble). A tenor de lo indicado, se puede constatar que desde el año dos mil siete la actora no es la propietaria del bien inmueble donde se encuentra ubicado el Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold, esto a pesar de que la propiedad aún se encuentra inscrita a su nombre, al quedar demostrado en el presente proceso que la finca si fue objeto de un contrato de compraventa, pero que no se pudo realizar a nivel del registro, el respectivo cambio de propietario. Se puede establecer que la finca inscrita en la matrícula de folio real número Placa20948 de la Provincia de San José, ya no es propiedad de la actora ni del señor Nombre113862 , al haber existido un acuerdo entre las partes de realizar el traspaso, a pesar de que no se realizará la respectiva inscripción en el Registro Nacional, de conformidad con lo estipulado en el artículo 480 del Código Civil, el cual señala “… La propiedad de muebles e inmuebles se trasmite con relación a las partes contratantes, por el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla, independientemente de su inscripción en el registro y la tradición…” y el artículo 1049 del Código Civil, que indica: “…La venta es perfecta entre las partes desde el que convienen en cosa y precio…” En este razonamiento queda comprobado que la señora Nombre113860 no es la propietaria del bien que ha sufrido los daños alegados en el presente proceso y que es objeto del mismo, por lo que la actora no estaría legitimada para interponer este proceso. En esta misma línea de razonamiento la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo número 89-2012-V de las ocho horas del veinticinco de setiembre del dos mil doce, que estipuló: "...VI. - SOBRE EL CASO CONCRETO. El asunto bajo análisis obliga a esta Cámara, a resolver la excepción de falta de legitimación activa alegada por las partes accionadas, de previo a cualquier otro análisis de fondo, en razón de que se cuestiona la legitimación que tenía la demandante, para solicitar el permiso de corta de árboles en la finca del Partido de Limón, bajo la matrícula de folio real Placa20954, dado que antes de hacer dicha gestión, había vendido la propiedad (..)Justamente, en este caso, las pretensiones van encaminadas a la nulidad de la conducta administrativa que denegó el permiso de corta de árboles, así como su otorgamiento, el resarcimiento de los daños y perjuicios, producto de la actuación administrativa. Por esta razón, la determinación de la titularidad de la propiedad, al momento de la solicitud, así como la persona que tenía la legitimación para hacer la gestión en sede administrativa, son aspectos esenciales que deben ser aclarados, de previo a cualquier otra consideración, pues ello determina la legitimación para ser parte en este proceso. En la presente causa, se tiene por demostrado que el día 27 de febrero del 2009, al ser las 12:00 horas, la actora otorgó un contrato de compra venta al Fideicomiso de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda S.A., sobre el inmueble del Partido de Limón, bajo el folio real matrícula Placa20955. Dicho acto fue presentado al Diario del Registro de la Propiedad Inmueble ese mismo día, a las 14:55:36, bajo las citas de presentación 2009-00052259- 001. De conformidad con lo que dispone el artículo 480 del Código Civil, la propiedad de bienes muebles e inmuebles se transmite en relación con las partes contratantes, por el solo hecho del convenio que tenga por objeto transmitirla, independientemente de su inscripción en el Registro y de la tradición. La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia n. 0 0000087-F-03, en relación con el canon mencionado indicó: ''De la lectura del documento de venta se desprende, sin lugar a duda, la intención del enajenante de transmitir el dominio de sus dos fincas. Ese tipo de contrato es consensual y entre las partes, según lo preceptuado en el artículo 480 del Código Civil, que consagra el sistema del nudo consenso en nuestra legislación, la propiedad de bienes muebles e inmuebles se transmite por el sólo hecho del convenio que tenga como objeto su traspaso, independientemente de la inscripción registral o de la tradición, como también corresponde al espíritu del ordinal 1049 ibídem." Así planteadas las cosas, para esa fecha la actora dejó de ser la propietaria del inmueble dicho. En ese orden, de conformidad con lo que dispone el artículo 1049 del Código Civil, la venta es perfecta entre las partes desde que convienen en cosa y precio. Así las cosas, desde el día 27 de febrero del 2009, en el momento en el que la actora y el fideicomiso de la EARTH, acordaron cosa y precio, la venta del inmueble 23369-000 del Partido de Limón se perfeccionó, conforme con nuestro ordenamiento jurídico. (..)En el caso de marras, la actora no era dueña del terreno desde el 2 de febrero del año 2009, razón por la cual no se encontraba legitimada para solicitar el permiso en sede administrativa, tampoco en sede judicial. Precisamente, es al momento de dictar sentencia, donde el Juez debe cerciorarse que los sujetos que inicialmente han afirmado ser titulares de un derecho o interés legítimo, en relación con el objeto del proceso, efectivamente lo son, esto no se consigue hasta la realización de la actividad probatoria adecuada y el análisis de la cuestión debatida. Si una de las partes carece de legitimación, el desarrollo del proceso no servirá para solucionar el conflicto intersubjetivo sometido a conocimiento en sede judicial, pues esta carencia determinará la inexistencia de una relación jurídica de las partes con el conflicto que se pretendía solucionar. La legitimación implica determinar de manera inequívoca quiénes son los sujetos titulares de la relación jurídica del proceso. Si no existe legitimación en las partes procesales, un pronunciamiento judicial de fondo, resolutorio de la cuestión controvertida, resultaría totalmente ineficaz. Carecería de sentido en el caso de marras, un eventual reconocimiento del pago de los daños y pe/juicios, las costas personales y procesales, si no se ha logrado demostrar que la actora…” Además, para un mayor abundamiento en que no existe certeza que la finca donde se encuentra el Refugio sea propiedad de la señora Nombre113860 , o de la sociedad a la que fue traspasada en el año 2007, a saber, Inmobiliaria D & J Infinito de la Montaña, S.A., se encuentra la anotación de inmovilización. Ello queda demostrado en lo establecido en el expediente administrativo número 08-104-BI-en formato digital- tramitado por el Registro Público de la Propiedad, certificación de las ocho horas del veintidós de julio del dos mil quince, al encontrarse inmovilizada la finca por un traslape de planos (ver imagen 429 del expediente judicial digitalizado, folios 209 al 302 y 445 al 455 del expediente administrativo número 08-104-BI-en formato digital- tramitado por el Registro de Bienes Inmuebles y las certificaciones del Registro Nacional de la Propiedad número RNPDIGITAL-3950459-2015 y RNPDIGITAL-3950469-2015). En cuanto al hecho que la parte haya planteado la demanda como administradora del Refugio, no existe ningún hecho o prueba que la señora Nombre113860 , haya realizado alguna gestión ante el Sistema de Áreas de Conservación como administradora de dicho refugio, como sería la obligación de la presentación del plan de manejo Esto de conformidad con lo instaurado en el artículo 20 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, que establece: “… Los sitios de manejo de vida silvestre privados que se dediquen a la conservación, educación, investigación, exhibición, reproducción, restauración y reintroducción de vida silvestre con o sin fines comerciales, deberán estar inscritos ante el Sinac y contar con un plan de manejo aprobado...” Igualmente, por parte del SINAC se han realizado una serie de gestiones para derogar la existencia de dicha propiedad como sitio de manejo de vida silvestre privado. En este sentido el oficio ACOPAC –DASP-066-2015 del 15 de julio del 2015, suscrito por el Lic. Gerardo Chavarría Amador, Director de Áreas Silvestres Protegidas ACOPAC, quien señaló: “…le informo que en (sic) mediante Decreto Ejecutivo 27257-MINAE se creó el Refugio Privado de Visa Silvestre Familia Gingold. Sin embargo, desde el 2009 ha existido interés del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de derogar la existencia de esta área como refugio, dado a las múltiples situaciones que se han dado y descritas en su mayoría en el expediente certificado que se adjunta. También le informo que en los registros que se llevan en esta Área de Conservación no existe plan de manejo o documento alguno que oriente las acciones de manejo que deban ejecutarse en esa área. Por último le informo que la categoría de manejo dada a esa la administración cae directamente sobre los propietarios…” (ver folio 172 del expediente administrativo del Área de Conservación Pacifico Central, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Ministerio de Ambiente y Energía, certificación de las ocho horas del dieciocho de diciembre del dos mil diecisiete, MAP. Fernando Bermúdez Acuña, Director Regional). Así las cosas, al no ser la parte actora la propietaria del refugio, y en atención a lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Biodiversidad que en su artículo 70 inciso e. 2) que señala con respeto a la administración de los Refugios de Vida Silvestre de propiedad privada, que "Su administración corresponderá a los propietarios de los inmuebles", en el caso concreto la propietaria no es la parte demandante, por lo que no podría ser considerada como la administradora del refugio, al otorgarse dicha función, por ley, a los propietarios de los fundos que se crean para ser sitios de manejo de vida silvestre. En el mismo sentido, no se logra demostrar que la accionante ejerza acciones de administración de dicho refugio, como es el caso de presentación de los planes de manejo, tal y como se indicó supra, entre otros, por lo que carece de legitimación para interponer el presente proceso. Asimismo, es relevante señalar que cuando se solicitan indemnizaciones por daños ambientales, éstos no pueden ser para personas privadas, como se pretende en el caso que nos ocupa, sino que el monto que se otorgue como compensación por daño ambiental puro o a la colectividad, se constituye en un fondo público, que pertenece a todos, (numerales 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República). Por lo que dicha suma deberá ser depositada en la caja única del Estado, en una cuenta cliente creada específicamente para tal fin y el titular de la cuenta será Ministerio de Ambiente, Energía, y el monto fijado deberá utilizarse exclusivamente para ejecutar las obras de reparación y restauración de la zona afectada (ver sentencias número 4399-2010 de las 10:40 horas del 14/12/2010, Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV y Voto número 675- 2007 de las 10:00 horas del 21/09/2007, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). En atención a lo anterior, la señora Nombre113860 no estaría legitimada para pedir para sí la suma de $260.000,00 (doscientos sesenta mil dólares exactos), como se deriva de todo el escrito de la demanda y de las pretensiones fijadas en el presente proceso. De la misma forma, se debe señalar que a pesar que en todo el proceso se estableció que las pretensiones eran para su persona, cuando se rindieron las respectivas conclusiones en la audiencia de juicio oral, llevada a cabo el día veintinueve de enero del dos mil veinte, (ver minuta insertada al expediente electrónico y grabación en audio y video), la representación de la señora Nombre113860 señaló que presentaban el proceso como una acción por daño al colectivo, y que los montos que se otorgarán por el daño ambiental iban a ser utilizados en el Refugio. No obstante, es un aspecto que nunca había sido alegado con anterioridad, por lo cual no puede ser considerado en este proceso, al no ser procedente mutarse los alegatos en que las partes sustentan en su teoría del caso a lo largo del proceso, pues ello estaría provocando indefensión e inseguridad jurídica a las partes demandadas, en este sentido la resolución número 001151-A-S1-2019, de las nueve horas diez minutos del once de julio de dos mil diecinueve de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que expone en ese sentido lo siguiente: “... Se trata de uno de los tres elementos definidores del objeto de un proceso. Los otros dos son los sujetos y el petitum (lo que se pide). Estos elementos, los cuales delimitan e individualizan una concreta acción, deben constar con claridad y precisión en el acto procesal idóneo y preclusivo de la demanda, y no pueden ser alterados en esencia a lo largo del proceso (prohibición de la mutatio libelli). La conclusión del período de alegaciones supone la imposibilidad de que las partes puedan, en un momento posterior, aducir eficazmente nuevos elementos configuradores de la litis. Los superiores principios de seguridad jurídica, defensa, lealtad, probidad, buena fe y contradicción, entre otros, no permiten variar los términos del litigio. En este caso, los hechos constitutivos de la pretensión. El principio de inmutabilidad del objeto del proceso, busca que las partes sepan desde la iniciación del proceso qué se les pide y con qué cobertura jurídica, para poder organizar su estrategia probatoria precisamente sobre el concreto ámbito establecido por ellas. Todo ello, con el fin último y primordial de prohibir la indefensión, la sorpresa en un momento procesal en el que no es posible alegar o probar cosa distinta a la fijada en los escritos de alegaciones…”. Por último, en las alegaciones dadas por la parte actora con relación a que presenta el proceso por incumplimientos de las demandadas de la sentencia de la Sala Constitucional “de larga data”, se debe decir que los incumplimientos por parte de las instituciones de las resoluciones, se gestionaran por la vía del procedimiento de ejecución de sentencia, el cual se deberá presentarse en el Juzgado Contencioso Administrativo, de conformidad el artículo 56 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (N° 7135), por lo cual ésta no es la vía para realizar dichas peticiones. Aunque, se debe aclarar que de conformidad con lo expuesto en la sentencia de la Sala Constitucional número 2011-011102 de las once horas y veintiún minutos del diecinueve de agosto del dos mil once, ya se habían realizado los trabajos por la Municipalidad de Mora y no se establece ningún incumplimiento por parte de las otras instituciones demandadas en el presente proceso (folios 40 al 46 frente y vueltos del expediente administrativo del amparo número 11-008125-007-CO aportado por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, certificación número 61-2015 del veinte de julio del mil quince del notario institucional Luis Fernando Chaverri Rivera). Por lo cual se puede concluir, que en la especie la parte actora no ha probado indubitablemente ser la titular de las propiedades donde se encuentra ubicado el Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold, ni que sea su administradora, situación que es necesaria de conformidad con las pretensiones que nos ocupan en el presente proceso, situación sin la cual, se imposibilita la determinación previa que en un caso como éste, requiere a ciencia cierta la claridad del titular para poder acceder a la jurisdicción contenciosa en aras de solicitar daños y perjuicios ocasionados a dicha propiedad en perjuicio del medio ambiente, de conformidad con el artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo. E igualmente, tampoco tiene legitimación para pedir para sí los daños ocasionados al ambiente, como se alegó a través de todo el proceso, y que se demuestra en que nunca solicitó que se depositaran en la caja única del Estado, en una cuenta cliente creada específicamente para el Refugio de Vida Silvestre Familia Gingold, sino que se peticionaban para que se indemnizaran a su persona. Y en relación al cambio alegado en las conclusiones, de que era por un daño al colectivo, haciendo referencia a algunos de los principios del derecho ambiental, los cuales son el principio precautorio y el principio preventivo, no es procedente por cuanto lo que se alega debe estar debidamente delimitado e individualizado desde que se inicia la acción, y no pueden ser alterados en esencia a lo largo del proceso (prohibición de la mutatio libelli), como sería en las conclusiones, porque generaría una imposibilidad de que las partes puedan, en un momento posterior, aducir eficazmente nuevos elementos configuradores de la litis. Los principios superiores de seguridad jurídica, defensa, lealtad, probidad, buena fe y contradicción, entre otros, no permiten variar los términos del litigio. El principio de inmutabilidad del objeto de la demanda, busca que las partes sepan desde la iniciación del proceso qué se les pide y con qué cobertura jurídica, para poder organizar su estrategia probatoria precisamente sobre el concreto ámbito establecido por ellas. Todo, con el fin último y primordial de prohibir la indefensión, la sorpresa en un momento procesal en el que no es posible alegar o probar cosa distinta a la fijada en los escritos de alegaciones.

VIII.- Corolario. Así las cosas, considera este Tribunal, que no se puede ingresar a conocer sobre el fondo del asunto planteado, ante la omisión de probar debidamente la titularidad sobre la propiedad o la administración del Refugio Privado de Vida Silvestre Familia Gingold, por lo que pretende la parte actora que se le indemnicen los daños y perjuicios solicitados, y al tampoco ser pertinente que se alegue como un daño al colectivo, por cuanto de la demanda siempre se peticionó la indemnización de forma personal, lo procedente es declarar la inadmisibilidad del mismo, ante la falta de legitimación ad causam activa.

IX.- Análisis de las defensas opuestas. La representación de las demandadas, expresamente formularon la defensa de Falta de Legitimación activa y pasiva, siendo que respecto de la activa la asume además este Tribunal como propia de la labor de análisis que debe realizar un juzgador al resolver cualquier caso que se presente a su jurisdicción, con todo lo expresado en el considerando VII de esta demanda, al existir una carencia de la titularidad suficiente de una relación jurídica o un interés tutelable por el ordenamiento frente a las pretensiones esgrimidas, procede acoger la defensa de falta de legitimación ad causam activa con respecto a la misma y declarar la inadmisibilidad de la demanda. Por la forma en que se resuelve, según se indicó, no procede analizar el resto de las defensas alegadas, ni entrar al fondo del asunto.

X.- Costas. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, estima este Tribunal, que, al no darse eximente alguna en ese sentido, y siendo declarada inadmisible la demanda, las costas deben corren por cuenta de la parte actora.

XI.- De conformidad con el párrafo final del artículo 28.2 párrafo primero del Código Procesal Civil, aplicable según lo dispuesto en el artículo 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se hace constar que el Juez Juan Luis Giusti Soto participó en la deliberación del asunto, y en la revisión del proyecto de sentencia, concurriendo con lo resuelto por unanimidad. No obstante, a la fecha en que se rubricó esta resolución se encontraba en funciones mediante la modalidad de TeleTrabajo que le fue aprobada mediante acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial tomado en la sesión N° 72-19 celebrada el día 16 de agosto de 2019, en su Artículo XVII, razón por la cual no aparece su firma digital, al no encontrarse para esta fecha con la posibilidad de "firma remota".

POR TANTO.

Se acoge la excepción de Falta de Legitimación Ad Causam Activa y se declara INADMISIBLE la demanda incoada por Nombre113860 ; contra la COMPAÑÍA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ, MUNICIPALIDAD DE MORA, EL ESTADO y el SISTEMA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. Se condena al pago de ambas costas del proceso a la parte actora. Notifíquese.

Nombre41070 Marianella Álvarez Molina Juan Luis Giusti Soto *YDUTOBPJ15061* Nombre41070 , JUEZ/A TRAMITADOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

    TopicsTemas

    • Wildlife Conservation Law 7317Ley de Conservación de Vida Silvestre 7317

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Código Civil Art. 480
    • Código Civil Art. 1049
    • Código Procesal Contencioso Administrativo Art. 10
    • Ley de Conservación de la Vida Silvestre Art. 20
    • Reglamento a la Ley de Biodiversidad Art. 70 inciso e.2)
    • Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Art. 8 y 9

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