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Res. 00820-2019 Tribunal Agrario · Tribunal Agrario · 11/10/2019
OutcomeResultado
The Agrarian Tribunal annulled the lower court judgment for violating due process and the right of defense by failing to decide the merits of the possessory interdict and incorrectly dismissing the claim for damages in this summary proceeding.El Tribunal Agrario anuló la sentencia de primera instancia por violentar el debido proceso y el derecho de defensa, al no resolver el fondo del interdicto de amparo de posesión y rechazar indebidamente la pretensión de daños y perjuicios en esta vía sumaria.
SummaryResumen
The Agrarian Tribunal partially annuls the lower court's ruling that dismissed an agrarian possessory interdict over a forest area under payment for environmental services. The appellate court found that the original judgment violated due process and the right of defense by refusing to address the merits, wrongly asserting that the ordinary civil procedure was the appropriate avenue and that damages could not be claimed in an interdict proceeding. The Tribunal rehearses that the interdict is the proper procedure to decide on current and momentary possession, and that damages claims are admissible under the Civil Procedure Code. The court also faults the lower judge for failing to evaluate the evidence and the elements of the interdict claim. The annulment requires a new ruling on the merits, emphasizing the judicial duty to resolve all disputed issues and to respect the summary nature of remedial actions.El Tribunal Agrario anula parcialmente la sentencia del Juzgado Agrario de Cartago que rechazó un interdicto de amparo de posesión en un área de bosque sometida a pago por servicios ambientales. El tribunal superior considera que la sentencia de primera instancia violentó el debido proceso y el derecho de defensa, ya que el juez rehuyó resolver el fondo del conflicto posesorio argumentando incorrectamente que la vía adecuada era la ordinaria y que en la interdictal no procedía el cobro de daños y perjuicios. El Tribunal Agrario señala que la acción interdictal es la vía correcta para resolver sobre la posesión actual y momentánea, y que sí procede pronunciarse sobre daños y perjuicios conforme al Código Procesal Civil. Además, reprende al juez por no analizar los presupuestos de la acción interdictal con base en la prueba, y anula lo resuelto para que se dicte un nuevo fallo de fondo. La decisión subraya la obligación de los jueces de resolver todos los puntos del debate y de no desnaturalizar los procesos sumarios so pretexto de falta de urgencia.
Key excerptExtracto clave
V.- Pursuant to article 26 of the Agrarian Jurisdiction Law, the Courts in this specialized venue are empowered on their own motion to declare nullities and order the repetition of proceedings, in order to correct irregularities that may affect the validity of the process and, likewise, in the absence of a specific statutory provision, to apply by analogy, first, the norms of labor legislation. In this discipline, article 502 of the Labor Code provides: "Once the case reaches the Court of Appeal, the Superior Court shall first review the procedures; if it finds that any formality capable of causing actual defenselessness to any party has been omitted, it shall decree the nullity of proceedings or rulings as necessary to guide the normal course of the trial...". Given that an appeal in cassation in agrarian matters is not admissible on grounds of form, except for lack of congruence, the Superior Court must even more so be a controller of procedures and proceed to remedy any procedural defect or omission capable of causing defenselessness to any party or to guide the normal course of the procedures. In this case, the judgment contains aspects that violate due process and the right of defense, which makes nullity of the same should be declared in this venue. Judgments must be clear, precise and congruent. They must resolve all and each of the points under debate (Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law and articles 153 and 155 of the Civil Procedure Code). In the present process, this Chamber finds that the appellant is right given that the procedures and the right of defense are grossly violated, since the legal system allows any person to go to the Courts of Justice to resolve their conflicts according to the provisions of article 41 of the Political Constitution: "By means of the laws, every person shall find reparation for the injuries or damages received in his person, property or moral interests. Justice must be provided promptly, fully, and without denial, in strict conformity with the laws.". In the case under examination, the plaintiff resorts to the courts to resolve a conflict with his neighbor in defense of what the plaintiff considers his property. The content of the right of defense and due process, as well as the Administration's obligation to fully comply with these principles, derive from the relationship of articles 39 and 41 of the Political Constitution for the benefit of individuals against the Administration's provisions, when they refer to punitive matters or may lead to the suppression or restriction of subjective rights of persons. The appellant is right that the legal system allows him to file an interdict action as regulated by both the former and current Civil Procedure Code, so in the opinion of this Chamber, the judge avoids resolving the conflict according to the arguments given in the judgment.V.- Conforme al ordinal 26 de la ley de Jurisdicción Agraria, los Tribunales en esta sede especializada están facultados por iniciativa propia para declarar nulidades y disponer la reposición de trámites, a fin de corregir irregularidades que pudieren afectar la validez del proceso e igualmente ante el silencio de la ley para aplicar por analogía en primer lugar la normativa de la legislación laboral. En esta disciplina el numeral 502 del Código de Trabajo dispone que: "Una vez que los autos lleguen en apelación, ante el Tribunal Superior éste revisará, en primer término, los procedimientos; si encontrare se ha omitido alguna formalidad capaz de causar efectiva indefensión a alguna de las partes, decretará la nulidad de actuaciones o de resoluciones que proceda hasta donde sea necesario para orientar el curso normal del juicio...". En virtud de que el recurso de Casación en materia agraria no es admisible por razones de forma, con excepción de lo dicho por incongruencia, el Tribunal Superior con mayor razón debe ser un contralor de los procedimientos y proceder a subsanar cualquier defecto u omisión procedimental capaz de causar indefensión a alguna de las partes o para orientar el curso normal de los procedimientos. . En este caso el fallo contiene aspectos que hacen se violente el debido proceso y el derecho de defensa, lo cual hace la nulidad del mismo se deba declarar en esta sede. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes. Deben resolver todos y cada uno de los puntos objeto del debate (Artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria y artículos 153 y 155 del Código Procesal Civil). En el presente proceso considera esta cámara lleva razón el apelante dado se violenta de manera grosera los procedimientos y el derecho de defensa por cuanto el ordenamiento jurídico le permite a cualquier persona acudir a los Tribunales de Justicia a resolver sus conflictos según lo dispone el ordinal 41 de la Constitución Política " Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.". En el caso bajo examen el actor recurre a la vía jurisdiccional para que se le resuelva un conflicto que se ha generado para con su colindante en defensa de lo que el accionante considera de su propiedad. El contenido del derecho de defensa y el debido proceso, así como la obligación de la Administración de dar un cabal cumplimiento a tales principios, se derivan de la relación de los artículos 39 y 41 de la Constitución Política en beneficio de los administrados, frente a las disposiciones de la Administración, cuando éstas, se refieran a materia sancionadora o puedan desembocar en la supresión o restricción de derechos subjetivos de las personas. Lleva razón el recurrente en cuanto a que el ordenamiento jurídico le permite plantear una acción interdictal según lo regula el Código Procesal Civil anterior como el actual, por lo que a criterio de esta Cámara el juez rehuye resolver el conflicto según los argumentos que da en el fallo.
Pull quotesCitas destacadas
"Considera esta Cámara se violenta el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto no es atendible el argumento vertido en el fallo, de que se trata de un asunto de la vía ordinaria , y se omita pronunciamiento sobre los presupuestos de la acción interdictal, pues se está pidiendo se resuelva sobre la posesión actual y momentánea a través de la vía interdictaL."
"This Chamber considers that due process and the right of defense are violated, since the argument put forth in the judgment that this is a matter for the ordinary procedure cannot be sustained, and it omits any ruling on the elements of the interdict action, when the request is to decide on current and momentary possession through the interdict procedure."
Considerando V
"Considera esta Cámara se violenta el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto no es atendible el argumento vertido en el fallo, de que se trata de un asunto de la vía ordinaria , y se omita pronunciamiento sobre los presupuestos de la acción interdictal, pues se está pidiendo se resuelva sobre la posesión actual y momentánea a través de la vía interdictaL."
Considerando V
"Tampoco se comparte que en la vía interdictal no proceda pronunciarse sobre el cobro de daños y perjuicios, pues ello no es acorde a lo preceptuado en el ordinal 106.5 del Código Procesal Civil vigente a la fecha y el artículo 461 del anterior Código Procesal Civil vigente a la fecha de inicio de este proceso."
"Nor is it shared that a ruling on the claim for damages cannot be made in the interdict procedure, since this is not in accordance with the provisions of article 106.5 of the Civil Procedure Code in force at this date and article 461 of the previous Civil Procedure Code in force at the start of this process."
Considerando V
"Tampoco se comparte que en la vía interdictal no proceda pronunciarse sobre el cobro de daños y perjuicios, pues ello no es acorde a lo preceptuado en el ordinal 106.5 del Código Procesal Civil vigente a la fecha y el artículo 461 del anterior Código Procesal Civil vigente a la fecha de inicio de este proceso."
Considerando V
"Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes. Deben resolver todos y cada uno de los puntos objeto del debate (Artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria y artículos 153 y 155 del Código Procesal Civil)."
"Judgments must be clear, precise and congruent. They must resolve all and each of the points under debate (Article 54 of the Agrarian Jurisdiction Law and articles 153 and 155 of the Civil Procedure Code)."
Considerando V
"Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes. Deben resolver todos y cada uno de los puntos objeto del debate (Artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria y artículos 153 y 155 del Código Procesal Civil)."
Considerando V
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Tribunal Agrario Date of Resolution: October 11, 2019 at 3:21 p.m.
Case File: 16-000011-0699-AG Type of Matter: Interdictal Proceeding Analyzed by: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Ruling with protected data, in accordance with current regulations Content of Interest:
Type of content: Majority Vote Branch of Law: Agrarian Procedural Law Topic: Agrarian possessory interdict (interdicto agrario de amparo de posesión) Subtopics:
Venue for raising a dispute with a neighboring property and requesting payment of damages (daños y perjuicios).
"V.- Pursuant to section 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the Courts in this specialized venue are empowered on their own initiative to declare nullities and order the reinstatement of proceedings, in order to correct irregularities that could affect the validity of the process, and likewise, in the absence of applicable law, to apply by analogy, in the first place, the rules of labor legislation. In this discipline, numeral 502 of the Labor Code (Código de Trabajo) provides that: 'Once the case file arrives on appeal before the Superior Court, it shall review, in the first place, the procedures; if it finds that any formality capable of causing effective defenselessness (indefensión) to any of the parties has been omitted, it shall decree the nullity of proceedings or resolutions as appropriate, to the extent necessary to guide the normal course of the trial...'. By virtue of the fact that the Appeal for Cassation (recurso de Casación) in agrarian matters is not admissible for reasons of form, with the exception of what is stated for incongruence, the Superior Court has all the more reason to be a comptroller of the procedures and to proceed to correct any procedural defect or omission capable of causing defenselessness to any of the parties or to guide the normal course of the proceedings. In this case, the ruling contains aspects that violate due process (debido proceso) and the right of defense (derecho de defensa), which makes it necessary to declare the nullity of the same in this venue. Judgments must be clear, precise, and consistent. They must resolve each and every one of the points subject to debate (Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria and articles 153 and 155 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil)). In the present proceeding, this Chamber considers that the appellant is correct given that the procedures and the right of defense are grossly violated, because the legal system allows any person to resort to the Courts of Justice to resolve their disputes, as provided by section 41 of the Political Constitution (Constitución Política): 'Resorting to the laws, everyone must find redress for the injuries or damages they have received to their person, property, or moral interests. They must be given prompt, complete justice, without denial, and in strict conformity with the laws.' In the case under examination, the plaintiff resorts to the jurisdictional route to resolve a dispute that has arisen with his neighbor (colindante) in defense of what the plaintiff considers his property. The content of the right of defense and due process, as well as the obligation of the Administration to fully comply with such principles, derives from the interrelation of articles 39 and 41 of the Political Constitution for the benefit of the administered parties, against the provisions of the Administration, when these refer to sanctioning matters or may lead to the suppression or restriction of subjective rights of persons. The appellant is correct in that the legal system allows him to bring an interdictal action (acción interdictal) as regulated by both the former and current Civil Procedure Code, so in the opinion of this Chamber, the judge avoids resolving the dispute according to the arguments given in the ruling. In the substantive recital (considerando) identified as VII, the judge resolves: '...VII.- ON THE MERITS OF THE MATTER AND OPPOSED DEFENSES: As indicated in the third recital, the plaintiff states in his complaint that he dedicates his farm to conservation, carrying out protection acts in order to receive payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales) from FONAFIFO. And that since he bought the farm four years ago, he has kept the same lanes (carriles) clean and well demarcated. For its part, the co-defendant company also claims to have its farm destined for conservation and subject to the payment for environmental services regime. At the time of the judicial inspection (reconocimiento judicial), a lane could be verified that is supposedly the real boundary (lindero) between the plaintiff's property and the property of the co-defendant company Dulce Miel Sociedad Anónima. From the simple observation of said boundary lane, it was impossible to determine its age, as it could well have been opened a few months ago, but it was impossible to venture that it had been in such a state for years. The witness [Name1], a witness for the plaintiff, states that this lane has been maintained there for many years, and that he cleaned it when he was young; however, when questioned by the opposing party, he states that the last time he was in that place was about thirty years ago; thus, the testimony of this witness does not deserve credence from the undersigned judge. It must be pointed out that the lane in question, the one built by the plaintiff, is not visible from the road, so only someone who knows the location of said lane very well can determine that a lane is found there. For his part, the other witness for the plaintiff, [Name2], makes a somewhat confusing statement, as he does not refer to this lane specifically, but only indicates that no new lanes have been made on that farm, but does not indicate the age of that lane. On the other hand, he acknowledges that in the last two years, there have been problems with the location of the lanes in this southern sector of the plaintiff's farm. For its part, the co-defendant company alleges that they have demarcated their lanes with GPS points with the help of professionals in the field and with MINAE officials. Determining the age of the lane made by the plaintiff is of utmost importance, as it is the only way to determine who has been in actual and temporary possession (posesión real y momentánea) of the area in litis, so that upon determining such a situation, it may be concluded whether the co-defendants committed the alleged acts of disturbance (actos perturbatorios) with the construction of said fence. In the same line of thought, demonstrating possession of land in a mountain area is only possible by demarcating said boundary, whether with lanes, fences, boundary markers (mojones), or some type of marks that allows its clear demarcation. For example, the construction of a lane would indicate to a person passing by the place that said lane could logically be demarcating the boundary of a piece of land; if that lane encloses a piece of land on four sides, it is easy to deduce that said lane was made to clearly demarcate said land and thus indicate that it is in possession or is owned by some person. In accordance with current environmental regulations in the country, very few acts of possession, besides the demarcation of a lane (by whatever means), could be carried out within a primary forest (bosque primario), where what is sought is the protection of the forest resource and its preservation. And this act of possession, the construction of a lane, does not have conservation of the forest as its aim, but only to demarcate the boundaries of a piece of land, to indicate to third parties that this land has a possessor or an owner. In the case at hand, the dispute presented to us, [Address1], of the plaintiff's property, the dispute occurs within a forest area that in appearance is primary forest and that is also subject to payment for environmental services, for we must not forget that both parties in conflict claim to be receiving payment for environmental services on their respective properties. So in this case, the lane constructed by the plaintiff as an act of possession was built for the purpose of demarcating the boundary of his farm, that is, to demarcate the boundary of his property, and not for the purpose of carrying out a possessory act aimed at the protection of the natural resource forest. So the problem of the lane's location, as to whether it is located where the plaintiff claims or where it is really located according to the defendant, seeks to resolve a matter of property. And the foregoing is emphasized for the following reason. We must not forget that the nature of interdicts (interdictos) is to be a summary proceeding (proceso sumario); and it is summary because it is assumed that summary processes seek to give a rapid response to a very urgent problem that arises, such is the case of interdictal actions. Interdictal actions, by their nature, are actions that denote urgency, and are brought because they require a rapid and urgent response from the judicial decision-making body. In agrarian matters, the urgency could come from the urgency of harvesting a coffee crop and the defendant preventing such harvesting (by closing access to the coffee plantation), or in the case of a person claiming to have a forest area as a forest reserve (reserva forestal) and a third party initiates tree felling (corta de árboles) in that forest area. In these cases, the interdictal action would be more than appropriate, because there are goods in danger that could disappear or be destroyed. In the case at hand, there is no danger of destruction of the forest resource, nor of any other good, so deciding where the location of the lane in dispute goes does not seek to protect the forest, it only seeks to define the limits of the plaintiff's property. It must be taken into account that both the plaintiff and the defendant claim that the area in dispute is subject to payment for environmental services with FONAFIFO, so the forest resource is in no danger whatsoever; on the other hand, the need to establish the lanes is due to the fact that FONAFIFO establishes as a requirement for the payment for environmental services that the lanes of the property that has such benefits be clearly demarcated. It is important to reiterate and emphasize that there is no type of urgency for the undersigned judge to consider it urgent to grant possession of the area in litis to the plaintiff; likewise, it would be irrelevant if the defendant were to remain in possession of the area in litis, because there is no pressing legal interest to be protected through the present interdictal action, as ultimately all that is sought with the interposed action is to define a matter of property by defining which lane is the supposedly true one, in the sense that it demarcates the true boundary between the property of the plaintiff and the property of the defendant. In accordance with all the foregoing, the undersigned judge considers that an interdictal action, in this case, is not the correct venue to resolve the dispute raised by the plaintiff against the co-defendant Dulce Miel Sociedad Anónima, and therefore the complaint filed against the co-defendant company must be declared without merit. In the same line of thought, the complaint filed against [Name3], in her personal capacity (pardon the redundancy), is not rejected for the reasons previously noted but because the plaintiff did not prove that [Name3] had ordered the placement of the fence in litis, so passive legal standing (legitimación pasiva) was not established against her person. Note that in her response, she acknowledges that acting on behalf of Dulce Miel she ordered said fence to be placed, but she never acknowledges having done so on her own initiative, but rather that she always did so as the representative of Dulce Miel, which is, furthermore, the owner of the farm where the boundary conflict arises. Consequently, and in relation to the complaint filed against Dulce Miel Sociedad Anónima, the defense of lack of right (falta de derecho) is upheld, with a ruling on the remaining defenses omitted due to the manner in which this conflict was resolved, and the complaint is declared without merit in all its petitionary elements. With regard to the damages (daños y perjuicios) claimed in the fourth petition, they are rejected because the interdictal venue is for hearing matters of actual and temporary possession, and the collection of damages is inappropriate in this venue, the ordinary venue (vía ordinaria) being the appropriate venue for that. The complaint against Dulce Miel Sociedad Anónima is decided without special award of costs (sin especial condenatoria en costas). With regard to the complaint filed against [Name3], the defense of lack of passive legal standing is upheld, and therefore the complaint filed against her is declared without merit in all its petitionary elements. The plaintiff is ordered, in the case of [Name3], to pay both sets of costs of this action. Likewise, a ruling on the other defenses raised by [Name3] is omitted as unnecessary.' This Chamber considers that due process and the right of defense are violated, since the argument put forth in the ruling, that it is a matter for the ordinary venue, and that a ruling on the elements of the interdictal action is omitted, is unacceptable, because what is being requested is a resolution on actual and temporary possession through the interdictal venue. Neither is it shared that in the interdictal venue it is not appropriate to rule on the collection of damages, because this is not in accordance with the provisions of section 106.5 of the current Civil Procedure Code and article 461 of the former Civil Procedure Code in force at the start of this proceeding. In the opinion of this Chamber, this requires that what was resolved by the judge be annulled, because the merits of this matter must be resolved in this venue as petitioned, and substantial omissions are evident which, if corrected in this venue, would imply a ruling in a single instance. The mission of administering justice must not be to the detriment of the forms -and also the substance- of judgments, which guarantee due process and the possibility of a technical defense. By reason of the foregoing, this Chamber considers that it must proceed to resolve what was petitioned, indicating whether or not the complaint is upheld, analyzing the elements of the action at hand based on the evidence. Based on what has been stated, we proceed to annul the judgment rendered." ... See more Legislative and Doctrinal Citations Sign Document *160000110699AG* PROCEEDING:
INTERDICTO PLAINTIFF:
[Name1] DEFENDANT:
MARIA GABRIELA DE LOS ANGELES SOLIS CALDERON VOTE No. 820-F-2019 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- At fifteen hours and twenty-one minutes on October eleventh, two thousand nineteen.- INTERDICTAL PROCEEDING (PROCESO INTERDICTAL) established by [Name1], of legal age, married, farmer, resident of Santa María de Dota, identity card number CED1 - - ; against DULCE MIEL SOCIEDAD ANÓNIMA, legal entity identification number CED2 - - , represented by its general agent without sum limit (apoderada generalísima sin límite de suma) and in her personal capacity, Mrs. [Name2], of legal age, divorced, mechanical engineer, resident of Santo Domingo de Heredia, identity card number CED3 - - . The attorney Berenice Retana Ureña, bar number five thousand eight hundred ninety-nine, acts as the directing counsel for the plaintiff; and the attorney Álvaro José Meza Lazarus, bar number two thousand five hundred two, acts as the special judicial attorney for the defendant. Processed before the Juzgado Agrario de Cartago.-
WHEREAS:
1.- The plaintiff filed an Interdictal Proceeding, valued at the sum of two million colones, requesting that the judgment declare: "1- To the defendant in her personal capacity and as the legal judicial representative of the company Dulce Miel S.A., that she cease the disturbance (perturbación) of my rights to enjoy my farm. 2- That the defendant Mrs. [Name2] and the company Dulce Miel S.A., be jointly and severally ordered to remove the fence built within my farm. 3- That they be ordered not to enter my farm and not to continue damaging my forest, nor opening lanes (carriles), nor putting up fences of any type. 4- That both Mrs. [Name2] and her represented company Dulce Miel S.A. be ordered to pay both procedural and personal costs of this proceeding and the damages (daños y perjuicios) caused by their actions on my farm," (See Virtual Desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, in Document Tray, file of 1/27/16 at 2:33:07 p.m., images 1 to 6).- 2.- The defendants, having been duly notified, respond negatively to this action, opposing the defenses of lack of right (falta de derecho), lack of active legal standing (falta de legitimación activa), lack of passive legal standing (falta de legitimación pasiva), and the defense of expiration (caducidad), (See Virtual Desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, in Document Tray, file of 3/28/16 at 9:40:06 a.m., images 1 to 11).- 3.- Judge Edgar Eduber Calvo Solano, of the Juzgado Agrario de Cartago, through judgment number 2019000077 at ten hours and thirty minutes on May sixth, two thousand nineteen, resolved: "THEREFORE: The defense of expiration raised by both co-defendant parties is rejected. In relation to the complaint filed against Dulce Miel Sociedad Anónima, the defense of lack of right is upheld, a ruling on the remaining defenses being omitted (sic) due to the manner in which this conflict was resolved, and the complaint is declared without merit in all its petitionary elements. In relation to the damages claimed in the fourth petition against both co-defendant parties, the same are rejected because the interdictal venue is for hearing matters of actual and temporary possession (posesión actual y momentánea), and the collection of damages is inappropriate (sic) in this venue, the ordinary venue (vía ordinaria) being the appropriate venue for that. The complaint against Dulce Miel Sociedad Anónima is decided without special award of costs (sin especial condenatoria en costas). In relation to the complaint filed against [Name2], the defense of lack of passive legal standing is upheld, and therefore the complaint filed against her is declared without merit in all its petitionary elements. The plaintiff is ordered, in the case of [Name2], to pay both sets of costs of this action. Likewise, a ruling on the other defenses raised by [Name2] is omitted as unnecessary," (See Virtual Desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, in Associated Documents, file of 5/6/19 at 10:30:49 a.m.).- 4.- The plaintiff and the defendant filed an appeal (recurso de apelación) with an express indication of the reasons on which they relied to refute the thesis of the lower court, (See Virtual Desktop of the Juzgado Agrario de Cartago, in Document Tray, files of 5/11/19 at 3:35:36 p.m. and 5/13/19 at 3:23:49 p.m.).- 5.- In the substantiation of the proceeding, the legal prescriptions have not been observed, and the existence of errors or omissions capable of producing the nullity of the ruling is observed.
DRAFTED BY JUDGE [Name3]; and,
CONSIDERING:
III.- The plaintiff files an appeal against the resolution issued by the Juzgado Agrario de Cartago, setting forth the following reasons for disagreement: 1) He alleges that article 461 of the former Civil Procedure Code (Código Procesal Civil) in conjunction with article 106.2 of the current Civil Procedure Code regulate the possessory interdict (interdicto de amparo de posesión) to protect the natural or legal person who is disturbed in their possession with the intent of dispossession (despojo). The reason this proceeding was filed is the fact that the defendant [Name2] and Dulce Miel S.A. ordered the construction of a fence within the plaintiff's property. Said interdict was filed within the permitted timeframe and seeks the protection of the right of the plaintiff possessor of the land where the fence is built, and that his possession not be further disturbed. The act of building the fence within his property is a clear intent of dispossession, which is why it was requested that the arbitrarily erected fence be ordered removed. 2) He indicates that in Recital (Considerando) VII, the judge states: "at the time of the judicial inspection (reconocimiento judicial), a lane (carril) could be verified that is supposedly the real boundary (lindero) between the plaintiff's property and the defendant company's property, Dulce Miel S.A.; from the simple observation of said boundary lane it was impossible to determine the age of said lane." The judge did not take into account the existence of precautionary measures (medidas cautelares) ordered since January 2016, which did not allow any type of work in the disputed area, which is why he did not clean the lane in the last year and a half, this being the reason for the poor condition of said lane, since weeds grow very quickly. The judge also points out in said recital: "So in this case the lane constructed by the plaintiff as an act of possession was built for the purpose of demarcating the boundary of his farm, that is, to demarcate the boundary of his property, and not for the purpose of carrying out a possessory act aimed at the protection of the natural resource forest." The foregoing is a subjective assessment by the judge, since lanes are made for both purposes, both to demarcate the land and to determine possession over the property. He even indicates that said lane was not built by him but by the previous possessor who transferred the right to him, and what he has done is maintain the lane in the same place where it was before. 3) Regarding the assessment of the evidence, it must be re-evaluated since witness [Name4], who not only refers to having cleaned the lane thirty years ago, but also states that he passes by the place several days a week, as he has cattle farming on his farm and to get to it he must pass in front of the land in question, and he knows of the existence of the lane, which is four hundred meters long, and of course knows about the possession exercised by the plaintiff, which means that what was said by this witness is being erroneously analyzed. Moreover, he points out that witness [Name5] is consistent in that he has been the person who has helped him clean the boundary lane with the defendant, that is, effective possession was demonstrated. He likewise points out that the contracts with FONAFIFO are proof of the possession exercised. 4) In the substantive recital, the judge states that this is not a case of urgency. He indicates: "It is important to reiterate and emphasize that there is no type of urgency for the undersigned judge to consider it urgent to grant possession of the area in litis to the plaintiff..." He says that regardless of whether or not there is urgency, the legislation provides that he has the right to bring an interdict, if three months have not elapsed since the start of the events. Contrary to what the judge indicates as not urgent, the judge who carried out the inspection to resolve the precautionary measure found, in addition to the constructed fence, tree felling along the path of the fence, considering the appearance of sound right and the tenure of the fund with payment for environmental services to be true, and considering the damage to the forest resource and the vegetation of the place to be certain, evidence that appears in the file through the record of the judicial inspection, in addition to the photographs thereof. 5) Regarding the argument for acquittal, the judge indicates that it was not demonstrated that Mrs. Solís Calderón had ordered the construction of the fence. He points out that the judge omitted to analyze and acknowledge the acquittal judgment rendered in his favor for a complaint filed against him by Mrs. [Name2], provided as evidence on September 22, 2017. In Whereas (Resultando) I, it reads: "on December 18, 2015, by order and commission of the offended party [Name2], through third parties, the construction of a fence 210 meters long, with three strands of wire, was carried out on the west side of her property, ... and which borders on the west side with the accused [Name1]" (see document filed 09/22/2017 on digital page 5). Given the foregoing, the acquittal in favor of the co-defendant does not proceed. If the appeal is not upheld, he requests that the award of costs be maintained as he is a litigant in good faith in defense of his property right (see appeal on virtual desktop filed 05/11/2019 03:35:36).
IV.- The defendant filed a partial appeal against judgment number 2019000017, handed down at ten hours thirty minutes on May sixth, two thousand nineteen, only insofar as it exempts the plaintiff from costs with respect to the defendant company Dulce Miel S.A. In this regard, it should be noted that the plaintiff abused a summary proceeding designed to protect factual situations, after having been the one who should have been reported, even criminally and to MINAE, as was demonstrated since the response to the complaint. The plaintiff has lied, has said false things, without respect for the image of the defendants or interest in neighborly good faith. What the plaintiff has done with this complaint is to seek to place himself in the situation of a victim when it is he himself who has disrespected regulations protecting property rights and natural resources. The exemption from costs has specific causes and none of them are present here, given that there is no proven good faith; on the contrary, what the plaintiff says is so lacking in proof that he brings to the process a witness who has not gone to the farms in litis for more than thirty years. In contrast, it was proven that the defendant fulfills the social and ecological function of property by subjecting her fund neighboring the plaintiff's to Environmental Services programs. This interdict was filed as an intimidation technique, and as part of a calculated strategy by the plaintiff to feign a better right where he knows he has none, as well as to evade responsibility for other acts that should have been reported by the defendant's representative before this process, all of which was proven with the documentary evidence of the case since the complaint was answered. In accordance with the above, I request that the appealed resolution be revoked only with respect to the exemption from costs chargeable to the plaintiff and in favor of the defendant company, and that it be confirmed with respect to the award of costs chargeable to the plaintiff and in favor of Mrs. [Name2] in her personal capacity and in all other aspects, this process being clearly improper from its inception, and it should not be forgotten that the exercise of the right of action entails responsibility, as occurs with every right, and the law does not protect abuse of rights nor their antisocial exercise (see appeal in Document Tray filed 05/13/2019 at 10:30).
V.- Pursuant to section 26 of the Ley de Jurisdicción Agraria, the Courts in this specialized venue are empowered on their own initiative to declare nullities and order the reinstatement of proceedings, in order to correct irregularities that could affect the validity of the process, and likewise, in the absence of applicable law, to apply by analogy, in the first place, the rules of labor legislation. In this discipline, numeral 502 of the Labor Code (Código de Trabajo) provides that: "Once the case file arrives on appeal before the Superior Court, it shall review, in the first place, the procedures; if it finds that any formality capable of causing effective defenselessness (indefensión) to any of the parties has been omitted, it shall decree the nullity of proceedings or resolutions as appropriate, to the extent necessary to guide the normal course of the trial...". By virtue of the fact that the Appeal for Cassation (recurso de Casación) in agrarian matters is not admissible for reasons of form, with the exception of what is stated for incongruence, the Superior Court has all the more reason to be a comptroller of the procedures and to proceed to correct any procedural defect or omission capable of causing defenselessness to any of the parties or to guide the normal course of the proceedings. In this case, the ruling contains aspects that violate due process (debido proceso) and the right of defense (derecho de defensa), which makes it necessary to declare the nullity of the same in this venue. Judgments must be clear, precise, and consistent. They must resolve each and every one of the points subject to debate (Article 54 of the Ley de Jurisdicción Agraria and articles 153 and 155 of the Civil Procedure Code (Código Procesal Civil)). In the present proceeding, this Chamber considers that the appellant is correct given that the procedures and the right of defense are grossly violated, because the legal system allows any person to resort to the Courts of Justice to resolve their disputes, as provided by section 41 of the Political Constitution (Constitución Política): "Resorting to the laws, everyone must find redress for the injuries or damages they have received to their person, property, or moral interests. They must be given prompt, complete justice, without denial, and in strict conformity with the laws." In the case under examination, the plaintiff resorts to the jurisdictional route to resolve a dispute that has arisen with his neighbor (colindante) in defense of what the plaintiff considers his property.
The content of the right of defense and due process, as well as the obligation of the Administration to fully comply with these principles, derive from the relationship between Articles 39 and 41 of the Political Constitution for the benefit of the governed, in the face of the Administration's provisions, when these refer to sanctioning matters or may lead to the suppression or restriction of individuals’ subjective rights. The appellant is correct in that the legal system allows him to bring an possessory action (acción interdictal) as regulated by both the former and the current Civil Procedure Code (Código Procesal Civil), and therefore, in the opinion of this Chamber, the judge avoids resolving the conflict according to the arguments given in the ruling. In the substantive recital identified as VII, the judge resolves: "...VII.- ON THE MERITS OF THE MATTER AND OPPOSED EXCEPTIONS: As indicated in the third recital, the plaintiff in his claim states that he dedicates his farm to conservation, carrying out protection acts in order to receive payments for environmental services incentives from Fonafifo. And that since he bought the farm four years ago, he has maintained the same clean and well-demarcated lanes. For its part, the co-defendant company also claims to have its farm destined for conservation and subject to the payment regime for environmental services (pago por servicios ambientales). At the time of the judicial inspection, a lane that is supposed to be the real boundary (lindero) between the plaintiff's property and the property of the co-defendant company Dulce Miel Sociedad Anónima could be observed. From the simple observation of said boundary, it was impossible to determine the age of said lane, which could well have been opened a few months ago, but it was impossible to venture that it had been in that state for years. The witness [Nombre4], a witness for the plaintiff, states that this lane has been maintained there for many years, and that he cleaned it when he was young; however, when asked by the opposing party, he states that the last time he was in that place was about thirty years ago; therefore, the declaration of this witness does not deserve faith from the undersigned judge. It must be noted that the lane in question, the one built by the plaintiff, is not visible from the road, such that only someone who knows the location of said lane very well can determine that a lane is located there. For his part, the plaintiff's other witness, [Nombre6], makes a somewhat confusing declaration, as he does not refer to this lane specifically, but only indicates that no new lanes have been made on that farm, but does not indicate the age of that lane. On the other hand, he acknowledges that in the last two years, there have been problems with the location of the lanes in this southern sector of the plaintiff's farm. For its part, the co-defendant company claims that they have demarcated their lanes with GPS points with the help of professionals in the field and with officials from MINAE. Determining the age of the lane made by the plaintiff is of utmost importance, as it is the only way to determine who has been in actual and momentary possession of the area in dispute, so that once such a situation is determined, it can be concluded whether the co-defendants committed the alleged acts of disturbance with the construction of said fence. In the same vein, demonstrating possession of land in a mountain area is only possible by demarcating said boundary, either with lanes, fences, boundary markers (mojones), or some type of marks that allow its clear demarcation. For example, the construction of a lane would indicate to a person passing by the place that said lane could logically be demarcating the boundary of a piece of land; if that lane encloses a piece of land on four sides, it is easy to deduce that said lane was made to clearly demarcate said land and thus indicate that it is in possession of or is the property of some person. In accordance with the environmental regulations in force in the country, very few acts of possession, besides the demarcation of a lane (by whatever means), could be carried out within a primary forest (bosque primario), where the goal is the protection of the forest resource and its preservation. And this act of possession, the construction of a lane, does not have as its purpose the conservation of the forest, but only to demarcate the boundaries of a piece of land, to indicate to third parties that this land has a possessor or an owner. In the case before us, the conflict presented, [Dirección1], of the plaintiff's property, the conflict occurs within a forest area that is apparently primary and that is also subject to the payment for environmental services (Pago de Servicios Ambientales), as we must not forget that both parties in conflict claim to be receiving the payment for environmental services on their respective properties. So that in this case, the lane built by the plaintiff as an act of possession was built for the purpose of demarcating the boundary of his farm, that is, to demarcate the boundary of his property, and not for the purpose of performing a possessory act aimed at the protection of the natural forest resource. So that the problem of the lane's location, in terms of whether it is located where the plaintiff claims, or whether it is really located where the defendant indicates, seeks to resolve a property matter. And the above is emphasized for the following reason. We must not forget that the nature of possessory actions is to be a summary proceeding (proceso sumario); and it is summary because summary proceedings are supposed to seek to provide a rapid response to a very urgent problem that arises, as is the case with possessory actions. Possessory actions, by their nature, are actions that denote urgency, and are filed because they require a rapid and urgent response from the deciding judicial body. In agrarian matters, urgency could stem from the urgency of harvesting a coffee crop and the defendant prevents such harvesting (closing access to the coffee plantation), also in the case where a person claims to have a forest area as a forest reserve and a third party initiates tree felling in that forest area. In these cases, the possessory action would be more than appropriate, as there are assets in danger that could disappear or be destroyed. In the case before us, there is no danger of destruction of the forest resource, nor of any other asset, so that deciding where the location of the lane in conflict goes does not seek the protection of the forest, but only seeks to define the property limits of the plaintiff. It must be taken into account that both the plaintiff and the defendant claim that the area in conflict is subject to the payment for environmental services with Fonafifo, so the forest resource is in no danger whatsoever; on the other hand, the need to establish the lanes is due to the fact that Fonafifo establishes as a requirement for the payment for environmental services that the lanes of the property that have said benefits be clearly demarcated. It is important to emphasize and stress that there is no type of urgency for the undersigned judge to consider it urgent to give possession of the area in dispute to the plaintiff; likewise, it would be unimportant if the defendant were to remain in possession of the area in dispute, as there is no legal right that is urgent to protect through this possessory action, since fundamentally the only thing pursued with the action filed is to define a property matter by defining which lane is the supposedly true one, in the sense that it demarcates the true boundary between the plaintiff's property and the defendant's property. In accordance with all the above, the undersigned judge considers that a possessory action, in this case, is not the correct avenue to resolve the conflict raised by the plaintiff against the co-defendant Dulce Miel Sociedad Anónima, and therefore the claim filed against the co-defendant company must be declared without merit. In the same vein, the claim filed against [Nombre2], in her personal capacity (if the redundancy may be excused), is not rejected for the reasons previously noted but because the plaintiff did not prove that [Nombre2] had ordered the placement of the fence in dispute, such that passive legal standing (legitimación pasiva) against her person was not established. Note that in her response she acknowledges that acting in representation of Dulce Miel she ordered said fence to be placed, but she never acknowledges having done so on her own initiative, but rather always did so as the representative of Dulce Miel, which furthermore is the owner of the farm where the boundary conflict arises. Consequently, and in relation to the claim filed against Dulce Miel Sociedad Anónima, the lack of right exception (excepción de falta de derecho) is upheld, omitting a ruling on the remaining exceptions due to the manner in which this conflict was resolved, and the claim is declared without merit in all its petitionary extremes. In relation to the damages sought in the fourth prayer for relief, they are rejected because the possessory action avenue is for hearing matters of current and momentary possession, and the collection of damages is improper in this avenue, the ordinary proceeding (vía ordinaria) being the appropriate avenue for that. The claim against Dulce Miel Sociedad Anónima is decided without a special award of costs. In relation to the claim filed against [Nombre2], the lack of passive legal standing exception is upheld, and therefore the claim filed against her is declared without merit in all its petitionary extremes. The plaintiff, in the case of [Nombre2], is ordered to pay both sets of costs of this action. Similarly, a ruling on the other exceptions raised by [Nombre2] is omitted, as it is unnecessary." This Chamber considers that due process and the right of defense are violated, because the argument put forth in the ruling, that this is a matter for the ordinary proceeding, is not acceptable, and a ruling on the elements of the possessory action is omitted, since what is being requested is a resolution on current and momentary possession through the possessory action avenue. Nor is it shared that in the possessory action avenue a ruling on the collection of damages is improper, since this is not in accordance with the provisions of ordinal 106.5 of the Civil Procedure Code in effect to date and Article 461 of the former Civil Procedure Code in effect at the date this proceeding began. In the opinion of this Chamber, this requires the annulment of what was resolved by the judge, because this matter must be resolved on the merits in this avenue as petitioned, and substantial omissions are evident which, if corrected at this level, would imply a ruling in a single instance. The mission of administering justice must not be to the detriment of the forms—and also the substance—of the judgments, which guarantee due process and the possibility of a technical defense. In view of the foregoing, this Chamber considers that it must proceed to resolve what has been petitioned, indicating whether the claim is upheld or not, analyzing the elements of the action before us based on the evidence. On the basis of what has been stated, we proceed to annul the judgment issued
THEREFORE:
The judgment under appeal is annulled.
[Nombre3] - ADJUDICATOR JUDGE *XH43ORY7HG9G61* [Nombre7] - ADJUDICATOR JUDGE *HGDOGQZUAAY61* [Nombre8] - ADJUDICATOR JUDGE Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
Tribunal Agrario Clase de asunto: Proceso interdictal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Agrario Tema: Interdicto agrario de amparo de posesión Subtemas:
Vía para interponer conflicto con finca colindante y solicitud de pago de daños y perjuicios.
"V.- Conforme al ordinal 26 de la ley de Jurisdicción Agraria, los Tribunales en esta sede especializada están facultados por iniciativa propia para declarar nulidades y disponer la reposición de trámites, a fin de corregir irregularidades que pudieren afectar la validez del proceso e igualmente ante el silencio de la ley para aplicar por analogía en primer lugar la normativa de la legislación laboral. En esta disciplina el numeral 502 del Código de Trabajo dispone que: "Una vez que los autos lleguen en apelación, ante el Tribunal Superior éste revisará, en primer término, los procedimientos; si encontrare se ha omitido alguna formalidad capaz de causar efectiva indefensión a alguna de las partes, decretará la nulidad de actuaciones o de resoluciones que proceda hasta donde sea necesario para orientar el curso normal del juicio...". En virtud de que el recurso de Casación en materia agraria no es admisible por razones de forma, con excepción de lo dicho por incongruencia, el Tribunal Superior con mayor razón debe ser un contralor de los procedimientos y proceder a subsanar cualquier defecto u omisión procedimental capaz de causar indefensión a alguna de las partes o para orientar el curso normal de los procedimientos. . En este caso el fallo contiene aspectos que hacen se violente el debido proceso y el derecho de defensa, lo cual hace la nulidad del mismo se deba declarar en esta sede. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes. Deben resolver todos y cada uno de los puntos objeto del debate (Artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria y artículos 153 y 155 del Código Procesal Civil). En el presente proceso considera esta cámara lleva razón el apelante dado se violenta de manera grosera los procedimientos y el derecho de defensa por cuanto el ordenamiento jurídico le permite a cualquier persona acudir a los Tribunales de Justicia a resolver sus conflictos según lo dispone el ordinal 41 de la Constitución Política " Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.". En el caso bajo examen el actor recurre a la vía jurisdiccional para que se le resuelva un conflicto que se ha generado para con su colindante en defensa de lo que el accionante considera de su propiedad. El contenido del derecho de defensa y el debido proceso, así como la obligación de la Administración de dar un cabal cumplimiento a tales principios, se derivan de la relación de los artículos 39 y 41 de la Constitución Política en beneficio de los administrados, frente a las disposiciones de la Administración, cuando éstas, se refieran a materia sancionadora o puedan desembocar en la supresión o restricción de derechos subjetivos de las personas. Lleva razón el recurrente en cuanto a que el ordenamiento jurídico le permite plantear una acción interdictal según lo regula el Código Procesal Civil anterior como el actual, por lo que a criterio de esta Cámara el juez rehuye resolver el conflicto según los argumentos que da en el fallo. En el considerando de fondo identificado VII, el juez resuelve: "...VII.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y EXCEPCIONES OPUESTAS: Tal y como se indicó en el considerando tercero, el actor en su demanda señala que su finca la dedica a la conservación, realizando actos de protección con el fin de que se le paguen incentivos por servicios ambientales por parte de Fonafifo. Y que desde que compró la finca, hace cuatro años, ha mantenido los mismos carriles limpios y bien demarcados. Por su parte la sociedad co - demandadas también alega tener la finca destinada a la conservación y sometida al régimen de pago por servicios ambientales. Al momento del reconocimiento judicial, se pudo constatar un carril que se supone es el lindero real entre el inmueble del actor y el inmueble de la sociedad codemandada Dulce Miel Sociedad Anónima. De la simple observación de dicho lindero, era imposible determinar la antiguedad de dicho carril, que bien podía tener unos meses de abierto pero imposible aventurar que tuviera años en tal estado. El testigo [Nombre1] , testigo del actor, señala que ese carril se ha mantenido allí por muchos años, y que el lo limpió cuando era joven, sin embargo ante pregunta de la contraparte manifiesta que la última vez que estuvo en ese lugar fue hace unas treinta años; de manera que la declaración de este testigo no le merece fe al suscrito juzgador. Hay que indicar que el carril de marras, el construido por el actor, no es visible desde el camino, de manera que solo alguien que conoce muy bien la ubicación de dicho carril puede determinar que allí se encuentra un carril. Por su parte el otro testigo del actor, [Nombre2] , hace una declaración un poco confusa, pues no se refiere a este carril concretamente, sino que indica solamente, que en esa finca no se han hecho carriles nuevos, pero no indica la antigüedad de ese carril. Por otra parte reconoce que en los últimos dos años, han habido problemas por ubicación de los carriles en este sector sur de la finca del actor. Por su parte, la sociedad codemandada alega que ellos han demarcado sus carriles con puntos GPS con la ayuda de profesionales en la materia y con funcionarios del Minae. La determinación de la antigüedad del carril hecho por el actor, es de suma importancia, pues es la única manera de poder determinar quién ha estado en posesión real y momentánea del área en litis, de manera que al determinarse tal situación podrá concluirse si las co demandadas cometieron los actos perturbatorios alegados con la construcción de la cerca dicha. En el mismo orden de ideas, demostrar la posesión de un terreno en un área de montaña, solo es posible demostrarlo demarcando dicho lindero, ya sea con carriles, cercas, mojones o algún tipo de marcas que permita su demarcación claramente. Por ejemplo, la construcción de un carril indicaría a una persona que pase por el lugar, que dicho carril podría estar demarcando, lógicamente, el lindero de un terreno, si ese carril encierra por cuatro lados un terreno es fácil deducir que dicho carril se realizó para demarcar claramente dicho terreno e indicar así que esta en posesión o es propiedad de alguna persona. De conformidad con la normativa ambiental vigente en el país, muy pocos actos de posesión, además de la demarcación de un carril (por los medios que sea) se podrían hacer dentro de un bosque primario, donde lo que se busca es la protección del recurso forestal y su preservación. Y este acto de posesión, la construcción de un carril, no lleva como fin la conservación del bosque, sino únicamente demarcar los linderos de un terreno, para indicar a terceros que ese terreno tiene un poseedor o un propietario. En el caso que nos ocupa, el conflicto que se nos presenta, [Dirección1] , del inmueble del actor, el conflicto se presenta dentro de un área de bosque que en apariencia es primario y que además se encuentra sometido al pago por servicios ambientales, pues no debemos olvidar que ambas partes en conflicto alegan estar recibiendo el pago por servicios ambientales en sus respectivos inmuebles. De manera que en este caso el carril construido, por el actor, como acto de posesión se construyó con el fin de demarcar el lindero de su finca, o sea para demarcar el lindero de su propiedad y no con el fin de realizar un acto posesorio tendiente a la protección del recurso natural bosque. De manera que el problema de la ubicación del carril, en cuanto a si se ubica donde alega el actor, o si realmente se ubica donde indica la parte demandada, lo que busca es resolver un asunto de propiedad. Y se recalca lo anterior por la siguiente razón. No debemos olvidar que la naturaleza de los interdictos, es ser un proceso sumario; y es sumario debido a que se supone que los procesos sumarios buscan dar respuesta rápida a un problema muy urgente que se suscite, tal es el caso de las acciones interdictales. Las acciones interdictales, en razón de su naturaleza, son acciones que denotan urgencia, y que son interpuestas porque requieren de una respuesta rápida y urgente del órgano judicial decisor. En materia agraria la urgencia podría provenir de la urgencia de recolectar una cosecha de café y la parte demandada impide tal recolección, (cerrando los accesos a la plantación de café) también en el caso de que una persona alegue tener un área de bosque como reserva forestal y un tercero inicie una corta de árboles en esa área de bosque. En estos casos la acción interdictal sería más que procedente, púes hay bienes en peligro que podrían desaparecer o ser destruidos. En el caso que nos ocupa, no hay peligro de destrucción del recurso forestal, ni de ningún otro bien, de manera que decidir donde va la ubicación del carril en conflicto no procura la protección del bosque, únicamente procura que se defina los límites de la propiedad de la parte actora. Hay que tomar en cuenta que tanto la parte actora, como la parte demanda, alegan que el área en conflicto esta sometida al pago de servicios ambientales con Fonafifo, de manera que el recurso forestal no corre peligro alguno; por otra parte la necesidad de establecer los carriles obedece a que el Fonafifo establece como requisito para el pago de servicios ambientales, que los carriles del inmueble que tienen dicho beneficios estén claramente demarcados. Es importante recalcar y enfatizar que no hay ningún tipo de urgencia para que él suscrito juzgador considere urgente dar en posesión el área en litis a la parte actora, de igual manera carecería de importancia si la parte demandada quedará en posesión del área en litis, pues no hay un bien jurídico urgente de tutelar mediante la presente acción interdictal, pues en el fondo lo único que se persigue con la acción interpuesta es que se defina un asunto de propiedad al definir cual carril es el supuestamente verdadero, en el sentido de que demarca el verdadero lindero entre el inmueble de la parte actora y el inmueble de la parte demandada. De conformidad con todo lo expuesto, considera el suscrito juzgador que una acción interdictal, en este caso, no es la vía correcta para resolver el conflicto que plantea la parte actora contra la codemandada Dulce Miel Sociedad Anónima, y por ello deberá declararse sin lugar la demanda planteada contra la sociedad codemandada. En el mismo orden de ideas, la demanda planteada contra [Nombre3] , en su carácter personal (valga la redundancia) no se rechaza por la razones anteriormente apuntadas sino porque la parte actora no acreditó que [Nombre3] hubiera ordenado la colocación de la cerca en litis, de manera que no se configuró la legitimación pasiva en contra de su persona. Nótese que en la contestación ella reconoce que actuando en representación de Dulce Miel ordenó colocar dicha cerca, pero nunca reconoce haberlo hecho por iniciativa propia, sino que siempre lo hizo como representante de Dulce Miel, que por demás es la propietaria de la finca donde se suscita el conflicto de linderos. En consecuencia y con relación con la demanda planteada contra Dulce Miel Sociedad Anónima se acoge la excepción de falta de derecho, omitiéndose pronunciamiento con respecto a las restantes excepciones por la forma en que se resolvió este conflicto, y se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos petitorios. Con relación a los daños y perjuicios cobrados en la petitoria cuarta, los mismos se rechazan pues la vía interdictal es para conocer asuntos de posesión actual y momentánea, y el cobro de daños y perjuicios es improcedente en esta vía, siendo la vía ordinaria la vía idónea para ello. La demanda en contra de Dulce Miel Sociedad Anónima se falla sin especial condenatoria en costas. Con relación a la demanda planteada contra [Nombre3] se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva, y por ende se declara sin lugar en todos sus extremos petitorios la demanda contra ella planteada. Se condena al actor, en el caso de [Nombre3] , a pagarle ambas costas de esta acción. De igual manera se omite pronunciamiento con respecto a las demás excepciones planteadas, por [Nombre3] , por ser innecesario.". Considera esta Cámara se violenta el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto no es atendible el argumento vertido en el fallo, de que se trata de un asunto de la vía ordinaria , y se omita pronunciamiento sobre los presupuestos de la acción interdictal, pues se está pidiendo se resuelva sobre la posesión actual y momentánea a través de la vía interdictaL. Tampoco se comparte que en la vía interdictal no proceda pronunciarse sobre el cobro de daños y perjuicios, pues ello no es acorde a lo preceptuado en el ordinal 106.5 del Código Procesal Civil vigente a la fecha y el artículo 461 del anterior Código Procesal Civil vigente a la fecha de inicio de este proceso. Ello a criterio de esta Cámara hace se deba anular lo resuelto por el juzgador por cuanto debe de resolverse por el fondo este asunto en esta vía tal y como se ha peticionado, y se evidencian omisiones sustanciales que de subsanarsen en esta sede, implicaría un pronunciamiento en única instancia. La misión de administrar justicia no debe ir en detrimento de las formas -y también la sustancia- de las sentencias, que garantizan el debido proceso y la posibilidad de defensa técnica. En razón de lo anterior considera esta Cámara, debe procederse a resolver lo peticionado, indicando si se acoge o no la demanda, analizando los presupuestos de la acción que nos ocupa con base en las probanzas. Partiendo de lo señalado se procede a anular la sentencia dictada." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Firmar Documento *160000110699AG* INTERDICTO ACTOR/A:
[Nombre1] DEMANDADO/A:
MARIA GABRIELA DE LOS ANGELES SOLIS CALDERON VOTO N° 820-F-2019 TRIBUNAL AGRARIO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ.- A las quince horas y veintiuno minutos del once de octubre de dos mil diecinueve.- PROCESO INTERDICTAL establecido por [Nombre1] , mayor, casado, agricultor, vecino de Santa María de Dota, cédula de identidad número CED1 - - ; contra DULCE MIEL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica CED2 - - , representada por su apoderada generalísima sin límite de suma y a título personal la señora [Nombre2] , mayor, divorciada, ingeniera mecánica, vecina de Santo Domingo de Heredia, cédula de identidad número CED3 - - . Actúa como abogada directora de la parte actora la licenciada Berenice Retana Ureña, colegiada cinco mil ochocientos noventa y nueve; y como apoderado especial judicial de la parte demandada el letrado Álvaro José Meza Lazarus, carné dos mil quinientos dos. Tramitado ante el Juzgado Agrario de Cartago.-
RESULTANDO:
1.- La parte actora planteo proceso Interdictal, estimado en la suma de dos millones de colones, para que en sentencia se declare: " 1- A la demandada en su calidad personal y como representante legal judicial de la sociedad Dulce Miel S.A., que cese en la perturbación de mis derechos de disfrutar mi finca. 2- Que se le ordene a la demandada señora [Nombre2] y a la sociedad Dulce Miel S.A, en forma solidaria, que quite la cerca construida dentro de mi finca. 3- Que se le ordene no ingresar a mi finca y que no continúe dañándome la montaña, ni abriendo carriles, ni poniendo cercas de ningún tipo. 4- Que se les condene, tanto a la señora [Nombre2] como a su representada la sociedad Dulce Miel S.A. al pago de ambas costas procesales y personales de este proceso y a los daños y perjuicios ocasionados con sus acciones en mi finca," (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Bandeja de Escritos, archivo del 27/1/16 de las 2:33:07 p.m., imágenes 1 a 6).- 2.- Debidamente notificados los demandados, contestan en forma negativa la presente acción, oponiendo las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y la excepción de caducidad, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Bandeja de Escritos, archivo del 28/3/16 de las 9:40:06 a.m., imágenes 1 a 11).- 3.- El juez Edgar Eduber Calvo Solano, del Juzgado Agrario de Cartago, mediante sentencia número 2019000077 de las diez horas y treinta minutos del seis de mayo de dos mil diecinueve, resolvió: "POR TANTO: Se rechaza la excepción de caducidad planteada por ambas partes co demandadas. Con relación con la demanda planteada contra Dulce Miel Sociedad Anónima se acoge la excepción de falta de derecho, omitiéndose (sic) pronunciamiento con respecto a las restantes excepciones por la forma en que se resolvió este conflicto, y se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos petitorios. Con relación a los daños y perjuicios cobrados en la petitoria cuarta, contra ambas partes co demandadas, los mismos se rechazan pues la vía interdictal es para conocer asuntos de posesión actual y momentánea, y el cobro de daños y perjuicios es improcedente (sic) en esta vía, siendo la vía ordinaria la vía idónea para ello. La demanda en contra de Dulce Miel Sociedad Anónima se falla sin especial condenatoria en costas. Con relación a la demanda planteada contra [Nombre2] se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva, y por ende se declara sin lugar en todos sus extremos petitorios la demanda contra ella planteada. Se condena al actor, en el caso de [Nombre2] , a pagarle ambas costas de esta acción. De igual manera se omite pronunciamiento con respecto a las demás excepciones planteadas, por [Nombre2] , por ser innecesario,” (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Documentos Asociados, archivo del 6/5/19 de las 10:30:49 a.m.).- 4.- La parte actora y la parte demandada, interpusieron recurso de apelación con indicación expresa de las razones en que se apoyaron para refutar la tesis del juzgado de instancia, (Ver Escritorio Virtual del Juzgado Agrario de Cartago, en Bandeja de Escritos, archivos del 11/5/19 de las 3:35:36 p.m. y 13/5/19 de las 3:23:49 p.m.).- 5.- En la substanciación del proceso no se han observado las prescripciones legales, y se observa la existencia de errores u omisiones capaces de producir la nulidad del fallo.
REDACTA EL JUEZ [Nombre3] ; y,
CONSIDERANDO:
III.- La parte actora interpone recurso de apelación contra la resolución dictada por el Juzgado Agrario de Cartago exponiendo los siguientes motivos de inconformidad: 1) Alega, el artículo 461 del Código Procesal Civil anterior en concordancia con el artículo 106.2 del Código Procesal Civil actual regulan el interdicto de amparo de posesión para proteger a la persona física o jurídica que es perturbada en su posesión con la intención de despojo. El motivo por el cual se interpuso este proceso, es por el hecho de que la parte demandada [Nombre2] y Dulce Miel S.A. ordenó construir una cerca dentro de la propiedad del actor. Dicho interdicto fue interpuesto dentro del plazo tenido para hacerlo y se solicita la tutela del derecho del accionante poseedor del terreno donde se construye la cerca y que no se le perturbe más su posesión. El hecho de hacerse la cerca dentro de su propiedad es una clara intención de despojo, por lo que se pidió se ordenara quitar la cerca puesta en forma arbitraria. 2) Indica que en el Considerando VII, el juez indica: " al momento del reconocimiento judicial, se pudo constatar un carril que se supone es el lindero real entre el inmueble del actor y el inmueble de la sociedad demandada, Dulce Miel S.A., de la simple observación de dicho lindero era imposible determinar la antigüedad de dicho carril." No tomó en cuenta el juzgador la existencia de medidas cautelares dictadas desde enero de 2016, las cuales no permitían ningún tipo de labor en el área en disputa, por eso no limpió el carril en el último año y medio, siendo esa la razón del mal estado de dicho carril, pues la maleza crece muy rápido. SEñala también el juzgador en dicho considerando "De manera que en este caso el carril construido, por el actor, como acto de posesión se construyó con el fin de demarcar el lindero de su finca, o sea para demarcar el lindero de su propiedad y no con el fin de realizar un acto posesorio tendiente a la protección del recurso natural bosque". Lo anterior es una apreciación subjetiva del juzgador, por cuanto los carriles se hacen con ambos fines, tanto para demarcar el terreno como para determinar su posesión sobre el inmueble. Incluso dicho carril indica no lo construyó él sino el anterior poseedor quien le transmitió el derecho, y lo que él ha hechos es mantener el carril en el mismo lugar donde estaba desde antes. 3) En cuanto a la apreciación de la prueba debe revalorarse por cuanto el testigo [Nombre4] , quien no solo hace referencia a que hace treinta años limpiaba el carril, sino, que él pasa por el lugar varios días a la semana, dado tiene ganadería en su finca y para llegar a ella, debe pasar frente al terreno en discusión y conoce la existencia del carril que es de cuatrocientos metros de largo y desde luego conoce sobre la posesión ejercida por el accionante, lo cual hace se este analizando erróneamente lo dicho por este testigo. Por otra parte señala, el testigo [Nombre5] , es conteste en cuanto a que ha sido la persona que le ha ayudado a limpiar el carril limítrofe con la demandada, es decir, la posesión efectiva fue demostrada. Igualmente señala los contratos con FONAFIFO, son prueba de la posesión ejercida. 4) En el considerando de fondo el juez señala que no se trata de un caso de urgencia. Indica: "Es importante recalcar y enfatizar que no hay ningún tipo de urgencia para que el suscrito juzgador considere urgente dar en posesión el área en litis a la parte actora...". Dice, independientemente de si existe urgencia o no, la legislación contempla que tiene el derecho a interdictar, sino han transcurrido los tres meses desde el inicio de los hechos. Contrario a lo que el juez señala como no urgente la jueza que realizó la inspección para resolver la medida cautelar, encontró además de la cerca construida, la corta de árboles en el trayecto de la cerca, teniendo por cierta la apariencia de buen derecho y la tenencia del fundo con pago por servicios ambientales, teniéndose por cierto el daño al recurso forestal y a la vegetación del lugar, prueba que consta en el expediente a través del acta de reconocimiento judicial, además de las fotografías al respecto. 5) En cuanto al argumento para absolver indica el juzgador que no se demostró que la señora Solís Calderón hubiera ordenado la construcción de la cerca. Señala, se omitió por parte del juez, analizar y conocer la sentencia absolutoria dictada en su favor, por denuncia que le impuso la señora [Nombre2] , aportada como prueba el 22 de setiembre de 2017. En el resultando I, se lee: "el día 18 de diciembre del año 2015, por orden y encargo de la ofendida [Nombre2] , mediante terceras personas, se realizó la construcción de una cerca de 210 metros de largo, con tres hilos de alambre, en el lado oeste de su propiedad, ... y que colinda el lado oeste con el denunciado [Nombre1] " (ver documento presentado el 22/09/2017 en página 5 digital). Dado lo anterior no procede la absolutoria en favor de la codemandada. En caso de no acogerse el recurso solicita se mantenga la absolutoria en costas al ser litigante de buena fe en defensa de su derecho de propiedad (ver apelación escritorio virtual agregada el 11/05/2019 03:35:36).
IV.- La parte demandada interpuso recurso de apelación parcial en contra de la sentencia numero 2019000017, dictada a las diez horas treinta minutos del seis de mayo de dos mil diecinueve, únicamente en el tanto esta exime de costas a la parte actora respecto de la sociedad demandada Dulce Miel S.A. Al respecto debe notarse que el actor abusó de un proceso sumario diseñado para tutelar situaciones de hecho. luego de haber sido el mismo quien debió ser denunciado incluso penalmente y ante el MINAE. como se demostró desde la contestación de demanda. EI actor ha mentido, ha dicho cosas falsas, sin respeto a la imagen de las demandadas ni de interés para la buena fe vecinal. Lo que el actor ha hecho con esta demanda es buscar colocarse en una situación de víctima cuando es el mismo quien ha irrespetado normativa que protege el derecho de propiedad y los recursos naturales. La exención en costas tiene causas especificas y no se esta ante ninguna de ellas, dado que no hay buena fe acreditada, por el contrario, tanta falta tiene de prueba de 10 que dice el actor que trae al proceso un testigo que no va a las fincas en Litis desde hace mas de treinta anos. Por el contrario, se acreditó que la demandada cumple con la función social y ecológica de la propiedad al someter su fundo colindante con el del actor a programas de Servicios Ambientales.Este interdicto se presentó como una técnica de intimidación, y como parte de una estrategia calculada de la parte actora para aparentar mejor derecho donde sabe que no tiene, así como para evadir responsabilidad por otros actos que debieron ser denunciados por la representante de la demandada antes de este proceso, todo lo que se acreditó con la documental del caso desde que se contestó la demanda. Conforme a lo anterior solicito se revoque la resolución recurrida únicamente en lo que respecta a la exención de costas a cargo del actor y a favor de la sociedad demandada, debiendo confirmarse en lo que respecta a la condenatoria en costas a cargo del actor y a favor de la señora [Nombre2] a titulo personal y en todos los demás extremos, siendo este proceso claramente improcedente desde un inicio, no debiendo olvidarse que el ejercicio del derecho de acción conlleva una responsabilidad, tal como ocurre con todo derecho, siendo que la ley no ampara el abuso del derecho ni el ejercicio antisocial de este (ver recurso de apelación Bandeja de Escritos agregado el 13/05/2019 a las 10:30).
V.- Conforme al ordinal 26 de la ley de Jurisdicción Agraria, los Tribunales en esta sede especializada están facultados por iniciativa propia para declarar nulidades y disponer la reposición de trámites, a fin de corregir irregularidades que pudieren afectar la validez del proceso e igualmente ante el silencio de la ley para aplicar por analogía en primer lugar la normativa de la legislación laboral. En esta disciplina el numeral 502 del Código de Trabajo dispone que: "Una vez que los autos lleguen en apelación, ante el Tribunal Superior éste revisará, en primer término, los procedimientos; si encontrare se ha omitido alguna formalidad capaz de causar efectiva indefensión a alguna de las partes, decretará la nulidad de actuaciones o de resoluciones que proceda hasta donde sea necesario para orientar el curso normal del juicio...". En virtud de que el recurso de Casación en materia agraria no es admisible por razones de forma, con excepción de lo dicho por incongruencia, el Tribunal Superior con mayor razón debe ser un contralor de los procedimientos y proceder a subsanar cualquier defecto u omisión procedimental capaz de causar indefensión a alguna de las partes o para orientar el curso normal de los procedimientos. . En este caso el fallo contiene aspectos que hacen se violente el debido proceso y el derecho de defensa, lo cual hace la nulidad del mismo se deba declarar en esta sede. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes. Deben resolver todos y cada uno de los puntos objeto del debate (Artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria y artículos 153 y 155 del Código Procesal Civil). En el presente proceso considera esta cámara lleva razón el apelante dado se violenta de manera grosera los procedimientos y el derecho de defensa por cuanto el ordenamiento jurídico le permite a cualquier persona acudir a los Tribunales de Justicia a resolver sus conflictos según lo dispone el ordinal 41 de la Constitución Política " Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.". En el caso bajo examen el actor recurre a la vía jurisdiccional para que se le resuelva un conflicto que se ha generado para con su colindante en defensa de lo que el accionante considera de su propiedad. El contenido del derecho de defensa y el debido proceso, así como la obligación de la Administración de dar un cabal cumplimiento a tales principios, se derivan de la relación de los artículos 39 y 41 de la Constitución Política en beneficio de los administrados, frente a las disposiciones de la Administración, cuando éstas, se refieran a materia sancionadora o puedan desembocar en la supresión o restricción de derechos subjetivos de las personas. Lleva razón el recurrente en cuanto a que el ordenamiento jurídico le permite plantear una acción interdictal según lo regula el Código Procesal Civil anterior como el actual, por lo que a criterio de esta Cámara el juez rehuye resolver el conflicto según los argumentos que da en el fallo. En el considerando de fondo identificado VII, el juez resuelve: "...VII.- SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y EXCEPCIONES OPUESTAS: Tal y como se indicó en el considerando tercero, el actor en su demanda señala que su finca la dedica a la conservación, realizando actos de protección con el fin de que se le paguen incentivos por servicios ambientales por parte de Fonafifo. Y que desde que compró la finca, hace cuatro años, ha mantenido los mismos carriles limpios y bien demarcados. Por su parte la sociedad co - demandadas también alega tener la finca destinada a la conservación y sometida al régimen de pago por servicios ambientales. Al momento del reconocimiento judicial, se pudo constatar un carril que se supone es el lindero real entre el inmueble del actor y el inmueble de la sociedad codemandada Dulce Miel Sociedad Anónima. De la simple observación de dicho lindero, era imposible determinar la antiguedad de dicho carril, que bien podía tener unos meses de abierto pero imposible aventurar que tuviera años en tal estado. El testigo [Nombre4] , testigo del actor, señala que ese carril se ha mantenido allí por muchos años, y que el lo limpió cuando era joven, sin embargo ante pregunta de la contraparte manifiesta que la última vez que estuvo en ese lugar fue hace unas treinta años; de manera que la declaración de este testigo no le merece fe al suscrito juzgador. Hay que indicar que el carril de marras, el construido por el actor, no es visible desde el camino, de manera que solo alguien que conoce muy bien la ubicación de dicho carril puede determinar que allí se encuentra un carril. Por su parte el otro testigo del actor, [Nombre6] , hace una declaración un poco confusa, pues no se refiere a este carril concretamente, sino que indica solamente, que en esa finca no se han hecho carriles nuevos, pero no indica la antigüedad de ese carril. Por otra parte reconoce que en los últimos dos años, han habido problemas por ubicación de los carriles en este sector sur de la finca del actor. Por su parte, la sociedad codemandada alega que ellos han demarcado sus carriles con puntos GPS con la ayuda de profesionales en la materia y con funcionarios del Minae. La determinación de la antigüedad del carril hecho por el actor, es de suma importancia, pues es la única manera de poder determinar quién ha estado en posesión real y momentánea del área en litis, de manera que al determinarse tal situación podrá concluirse si las co demandadas cometieron los actos perturbatorios alegados con la construcción de la cerca dicha. En el mismo orden de ideas, demostrar la posesión de un terreno en un área de montaña, solo es posible demostrarlo demarcando dicho lindero, ya sea con carriles, cercas, mojones o algún tipo de marcas que permita su demarcación claramente. Por ejemplo, la construcción de un carril indicaría a una persona que pase por el lugar, que dicho carril podría estar demarcando, lógicamente, el lindero de un terreno, si ese carril encierra por cuatro lados un terreno es fácil deducir que dicho carril se realizó para demarcar claramente dicho terreno e indicar así que esta en posesión o es propiedad de alguna persona. De conformidad con la normativa ambiental vigente en el país, muy pocos actos de posesión, además de la demarcación de un carril (por los medios que sea) se podrían hacer dentro de un bosque primario, donde lo que se busca es la protección del recurso forestal y su preservación. Y este acto de posesión, la construcción de un carril, no lleva como fin la conservación del bosque, sino únicamente demarcar los linderos de un terreno, para indicar a terceros que ese terreno tiene un poseedor o un propietario. En el caso que nos ocupa, el conflicto que se nos presenta, [Dirección1] , del inmueble del actor, el conflicto se presenta dentro de un área de bosque que en apariencia es primario y que además se encuentra sometido al pago por servicios ambientales, pues no debemos olvidar que ambas partes en conflicto alegan estar recibiendo el pago por servicios ambientales en sus respectivos inmuebles. De manera que en este caso el carril construido, por el actor, como acto de posesión se construyó con el fin de demarcar el lindero de su finca, o sea para demarcar el lindero de su propiedad y no con el fin de realizar un acto posesorio tendiente a la protección del recurso natural bosque. De manera que el problema de la ubicación del carril, en cuanto a si se ubica donde alega el actor, o si realmente se ubica donde indica la parte demandada, lo que busca es resolver un asunto de propiedad. Y se recalca lo anterior por la siguiente razón. No debemos olvidar que la naturaleza de los interdictos, es ser un proceso sumario; y es sumario debido a que se supone que los procesos sumarios buscan dar respuesta rápida a un problema muy urgente que se suscite, tal es el caso de las acciones interdictales. Las acciones interdictales, en razón de su naturaleza, son acciones que denotan urgencia, y que son interpuestas porque requieren de una respuesta rápida y urgente del órgano judicial decisor. En materia agraria la urgencia podría provenir de la urgencia de recolectar una cosecha de café y la parte demandada impide tal recolección, (cerrando los accesos a la plantación de café) también en el caso de que una persona alegue tener un área de bosque como reserva forestal y un tercero inicie una corta de árboles en esa área de bosque. En estos casos la acción interdictal sería más que procedente, púes hay bienes en peligro que podrían desaparecer o ser destruidos. En el caso que nos ocupa, no hay peligro de destrucción del recurso forestal, ni de ningún otro bien, de manera que decidir donde va la ubicación del carril en conflicto no procura la protección del bosque, únicamente procura que se defina los límites de la propiedad de la parte actora. Hay que tomar en cuenta que tanto la parte actora, como la parte demanda, alegan que el área en conflicto esta sometida al pago de servicios ambientales con Fonafifo, de manera que el recurso forestal no corre peligro alguno; por otra parte la necesidad de establecer los carriles obedece a que el Fonafifo establece como requisito para el pago de servicios ambientales, que los carriles del inmueble que tienen dicho beneficios estén claramente demarcados. Es importante recalcar y enfatizar que no hay ningún tipo de urgencia para que él suscrito juzgador considere urgente dar en posesión el área en litis a la parte actora, de igual manera carecería de importancia si la parte demandada quedará en posesión del área en litis, pues no hay un bien jurídico urgente de tutelar mediante la presente acción interdictal, pues en el fondo lo único que se persigue con la acción interpuesta es que se defina un asunto de propiedad al definir cual carril es el supuestamente verdadero, en el sentido de que demarca el verdadero lindero entre el inmueble de la parte actora y el inmueble de la parte demandada. De conformidad con todo lo expuesto, considera el suscrito juzgador que una acción interdictal, en este caso, no es la vía correcta para resolver el conflicto que plantea la parte actora contra la codemandada Dulce Miel Sociedad Anónima, y por ello deberá declararse sin lugar la demanda planteada contra la sociedad codemandada. En el mismo orden de ideas, la demanda planteada contra [Nombre2] , en su carácter personal (valga la redundancia) no se rechaza por la razones anteriormente apuntadas sino porque la parte actora no acreditó que [Nombre2] hubiera ordenado la colocación de la cerca en litis, de manera que no se configuró la legitimación pasiva en contra de su persona. Nótese que en la contestación ella reconoce que actuando en representación de Dulce Miel ordenó colocar dicha cerca, pero nunca reconoce haberlo hecho por iniciativa propia, sino que siempre lo hizo como representante de Dulce Miel, que por demás es la propietaria de la finca donde se suscita el conflicto de linderos. En consecuencia y con relación con la demanda planteada contra Dulce Miel Sociedad Anónima se acoge la excepción de falta de derecho, omitiéndose pronunciamiento con respecto a las restantes excepciones por la forma en que se resolvió este conflicto, y se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos petitorios. Con relación a los daños y perjuicios cobrados en la petitoria cuarta, los mismos se rechazan pues la vía interdictal es para conocer asuntos de posesión actual y momentánea, y el cobro de daños y perjuicios es improcedente en esta vía, siendo la vía ordinaria la vía idónea para ello. La demanda en contra de Dulce Miel Sociedad Anónima se falla sin especial condenatoria en costas. Con relación a la demanda planteada contra [Nombre2] se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva, y por ende se declara sin lugar en todos sus extremos petitorios la demanda contra ella planteada. Se condena al actor, en el caso de [Nombre2] , a pagarle ambas costas de esta acción. De igual manera se omite pronunciamiento con respecto a las demás excepciones planteadas, por [Nombre2] , por ser innecesario.". Considera esta Cámara se violenta el debido proceso y el derecho de defensa, por cuanto no es atendible el argumento vertido en el fallo, de que se trata de un asunto de la vía ordinaria , y se omita pronunciamiento sobre los presupuestos de la acción interdictal, pues se está pidiendo se resuelva sobre la posesión actual y momentánea a través de la vía interdictaL. Tampoco se comparte que en la vía interdictal no proceda pronunciarse sobre el cobro de daños y perjuicios, pues ello no es acorde a lo preceptuado en el ordinal 106.5 del Código Procesal Civil vigente a la fecha y el artículo 461 del anterior Código Procesal Civil vigente a la fecha de inicio de este proceso. Ello a criterio de esta Cámara hace se deba anular lo resuelto por el juzgador por cuanto debe de resolverse por el fondo este asunto en esta vía tal y como se ha peticionado, y se evidencian omisiones sustanciales que de subsanarsen en esta sede, implicaría un pronunciamiento en única instancia. La misión de administrar justicia no debe ir en detrimento de las formas -y también la sustancia- de las sentencias, que garantizan el debido proceso y la posibilidad de defensa técnica. En razón de lo anterior considera esta Cámara, debe procederse a resolver lo peticionado, indicando si se acoge o no la demanda, analizando los presupuestos de la acción que nos ocupa con base en las probanzas. Partiendo de lo señalado se procede a anular la sentencia dictada
POR TANTO:
Se anula la sentencia venida en alzada.
*47CEFYTDNN47061* [Nombre3] - JUEZ/A DECISOR/A *XH43ORY7HG9G61* [Nombre7] - JUEZ/A DECISOR/A *HGDOGQZUAAY61* [Nombre8] - JUEZ/A DECISOR/A Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.
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