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Res. 02398-2019 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 09/10/2019

Legality Amparo Unavailable for Municipal Information RequestsAmparo de legalidad improcedente para solicitar información municipal

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OutcomeResultado

InadmissibleInadmisible

The Court summarily dismissed and closed the legality amparo because the unanswered submission was a simple request for information about construction permits, not an administrative proceeding whose delay could be reviewed through that remedy.El Tribunal rechazó de plano y archivó el amparo de legalidad porque la gestión omitida era una solicitud simple de información sobre permisos de construcción, no un procedimiento administrativo sujeto al control de dilaciones en esta vía.

SummaryResumen

The Administrative Litigation Court summarily dismissed a legality amparo filed against the Municipality of Santa Ana for failing to answer a request concerning construction permits granted in 2015. The request sought copies of files, certifications, calculation reports, identification of responsible officials, and the reasons supporting the authorizations. The Court explained that a legality amparo protects the right to prompt and proper administrative proceedings and therefore permits review only of unjustified delays in meeting statutory deadlines for processing and concluding an administrative procedure. The claimant’s submission, by contrast, was a straightforward request for access to information already held by the Municipality. It did not require the opening of a proceeding involving investigative, deliberative, or adversarial stages, nor did it seek a formal final administrative act. The dispute thus concerned the constitutional right to petition and receive a response, a matter the Constitutional Chamber had not transferred to the administrative litigation jurisdiction. The Court consequently ordered the case closed without a special award of legal costs.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó de plano un amparo de legalidad presentado contra la Municipalidad de Santa Ana por no responder una solicitud relacionada con permisos de construcción otorgados en 2015. La gestión pedía copias de expedientes, certificaciones, memorias de cálculo, identificación de funcionarios y motivación de las autorizaciones. El Tribunal explicó que el amparo de legalidad protege el derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, por lo que únicamente permite controlar dilaciones injustificadas respecto de los plazos establecidos para tramitar y concluir un procedimiento administrativo. La solicitud del actor, en cambio, era una petición pura y simple de acceso a información existente en poder de la Municipalidad: no exigía abrir un procedimiento con fases de instrucción, conocimiento o contradicción, ni culminar con un acto administrativo formal. Por ello, la controversia correspondía al derecho de petición y respuesta, materia que no había sido trasladada por la Sala Constitucional a la jurisdicción contencioso-administrativa. El expediente fue archivado sin condenatoria especial en costas.

Key excerptExtracto clave

II—CLAIMANT’S ARGUMENT: In view of the claim contained in the complaint, summarized in Result I of this ruling, the proceeding filed must be summarily dismissed because the submission made by the claimant to the respondent entity concerns a straightforward request for information; in other words, access to information held by that entity relating to a series of construction permits granted in 2015, including documents and the public officials involved at various stages. Plainly, according to both the complaint and the text of the request submitted with it, the unanswered submission does not concern a request by the claimant requiring processing, deliberation, or adversarial stages through which the elements necessary to issue an administrative act would be verified or established. The legality amparo proceeding is summarily dismissed, and the case file is ordered closed. This ruling is issued without a special award of costs. (signed) Nombre101 / JUDGE.II- PLANTEAMIENTO DE LA PARTE ACTORA: En virtud del planteamiento contenido en la demanda, reseñado en el Resultando I de este pronunciamiento, el proceso interpuesto debe ser rechazado de plano, por cuanto la instancia realizada por la parte accionante ante la entidad demandada, tiene por objeto una solicitud de información pura y simple, en otras palabras, acceso a información que consta en esa entidad en relación con una serie de permisos de construcción otorgados en el año 2015, referida a documentación y funcionarios o funcionarias públicas intervinientes en diversas fases. Ostensiblemente el objeto de la gestión que se aduce como no atendida no se enfoca, según lo referido en la demanda y lo que consta en el propio texto de la solicitud que se aporta con ella, a una gestión presentada por la persona actora ante la entidad accionada que requiera de una fase de trámite, conocimiento o contradictorio que permita constatar o constituir los elementos necesarios para la emisión de un acto administrativo. Se rechaza de plano el proceso de amparo de legalidad planteado y se ordena el archivo del expediente. Este pronunciamiento se realiza sin especial condenatoria en costas. (f) Nombre101 / JUEZ.-

Pull quotesCitas destacadas

  • "El derecho de petición no da origen a la apertura de un procedimiento administrativo constitutivo o de impugnación (recursos) donde existan partes interesadas y una concatenación de fases que observar hasta el dictado de un acto administrativo formal."

    "The right to petition does not give rise to the opening of a constitutive or review administrative proceeding involving interested parties and a sequence of stages leading to the issuance of a formal administrative act."

    Considerando I, cita de la Resolución n.° 2014-019693 de la Sala Constitucional

  • "El derecho de petición no da origen a la apertura de un procedimiento administrativo constitutivo o de impugnación (recursos) donde existan partes interesadas y una concatenación de fases que observar hasta el dictado de un acto administrativo formal."

    Considerando I, cita de la Resolución n.° 2014-019693 de la Sala Constitucional

  • "En suma, existen diferencias esenciales entre el derecho de simple petición y el derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido."

    "In short, there are essential differences between the right to make a simple petition and the right to prompt and proper administrative proceedings."

    Considerando I, cita de la Resolución n.° 2014-019693 de la Sala Constitucional

  • "En suma, existen diferencias esenciales entre el derecho de simple petición y el derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido."

    Considerando I, cita de la Resolución n.° 2014-019693 de la Sala Constitucional

  • "En virtud de lo expuesto, el objeto del proceso de amparo de legalidad, y por ende el parámetro fundamental para la admisibilidad de un asunto de este tipo en sede contencioso administrativa, es que su contenido corresponda al conocimiento y resolución sobre el apego de los entes y órganos que conforman la Administración Pública a los plazos pautados en leyes generales o sectoriales para concluir un procedimiento administrativo, todo en aras de evitar dilaciones injustificadas o retardos indebidos que puedan transgredir el derecho a obtener justicia administrativa de manera pronta y cumplida."

    "Accordingly, a legality amparo—and thus the fundamental admissibility standard in the administrative litigation jurisdiction—concerns whether public administrative entities and bodies comply with the deadlines established by general or sector-specific laws for concluding an administrative procedure, in order to prevent unjustified delays that could infringe the right to prompt and proper administrative justice."

    Considerando I

  • "En virtud de lo expuesto, el objeto del proceso de amparo de legalidad, y por ende el parámetro fundamental para la admisibilidad de un asunto de este tipo en sede contencioso administrativa, es que su contenido corresponda al conocimiento y resolución sobre el apego de los entes y órganos que conforman la Administración Pública a los plazos pautados en leyes generales o sectoriales para concluir un procedimiento administrativo, todo en aras de evitar dilaciones injustificadas o retardos indebidos que puedan transgredir el derecho a obtener justicia administrativa de manera pronta y cumplida."

    Considerando I

Full documentDocumento completo

Procedural marks

Sign Document *190061931027CA* CASE FILE:

PROCEEDING:

LEGALITY PROTECTION PROCEEDING (AMPARO DE LEGALIDAD) CLAIMANT:

Nombre16985 RESPONDENT:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA N° 2398-2019 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A. Goicoechea, at nueve horas cuarenta y cinco minutos on nueve de octubre de dos mil diecinueve.

LEGALITY PROTECTION PROCEEDING (AMPARO DE LEGALIDAD) filed by Nombre16985, identity card number CED13456, against MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA. Nombre16986, bar membership card No. 15951, appears as special counsel of record for the claimant.

BACKGROUND 1) The claimant brings a legality protection proceeding against the respondent entity based on its alleged failure to respond to a request submitted on 14 de agosto de 2019 and addressed to the Concejo Municipal and the Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Santa Ana (images 12 to 15 of the digital case file). That document requests information concerning building permits issued in 2015; according to its contents, the requested information includes copies of case files, certifications, calculation reports, identification of the officials responsible for issuing authorization or verification acts, references to the grounds for the decisions adopted, etc.

  • 2)The statutory time limits and requirements have been observed in the proceedings, and there are no defects or omissions capable of causing nullity or depriving the parties of their right to a defense.

CONSIDERATIONS

I—SUBJECT MATTER OF THE LEGALITY PROTECTION PROCEEDING: With respect to the subject-matter jurisdiction of the Tribunal Contencioso Administrativo to hear proceedings known as legality protection proceedings, there is abundant and consistent case law concerning the subject matter of this type of case and the situations and matters that fall outside its scope, the terms of which are summarized in the following ruling of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:

"III.—The objection concerning jurisdiction raised by the Procuraduría General de la República is based on an entirely erroneous premise: it confuses the right of petition provided for in Article 27 of the Constitution with what this Constitutional Court has called the 'right to prompt and proper administrative proceedings,' which has been understood to form part of the essential content of Article 41 of the Constitution. The difference between these two rights, clearly delineated by this Court’s extensive and detailed case law, is clear. In the case of the right of petition under Article 27 of the fundamental law, which any person may exercise before a public body, entity, or official, or even, in certain exceptional cases, before a private-law person, a simple petition is submitted and must receive a response within the subsequent 10 business-day period established by Article 32 of the Ley de la Jurisdicción Constitucional.

The relevant aspect of this right is that the person must receive a response within the stated period or, upon prior justification provided to the petitioner, within a period that is reasonable in light of the complexity of the petition. This Sala Constitucional has never delegated jurisdiction to hear and decide matters relating to the right to a response under Article 27 of the Constitution. The right of petition does not initiate constitutive or review administrative proceedings (appeals) involving interested parties and a sequence of phases that must be followed before a formal administrative act is issued. The right to prompt and proper administrative proceedings (Article 41 of the Constitution) is the application, within administrative or governmental proceedings, of the right of interested parties to have such proceedings conducted without unjustified delays or undue postponements with respect to the time limits established by law for processing administrative proceedings from their commencement, whether ex officio or at a party’s request, or while admissible administrative remedies are being processed.

Ultimately, the right to prompt and proper proceedings reflects the fact that the legislature established time limits governing administrative proceedings, which public administrations must observe in order to issue a final and definitive administrative act. In short, there are essential differences between the right of simple petition and the right to prompt and proper administrative proceedings, which may be summarized as follows: a) The right of petition may be exercised by any person or citizen generally, 'uti universi,' unlike the right to prompt and proper proceedings, which may be exercised by interested parties who have specific standing in relation to the subject matter of the administrative proceedings, 'uti singuli'; b) the right of petition does not cause administrative proceedings to be commenced and conducted, unlike the right to prompt and proper proceedings; and c) the outcome obtained through the right of simple petition is a response, not a formal, final, and definitive administrative act. / IV.—It is reiterated that this Constitutional Court has never delegated matters concerning the simple right of petition to the administrative-litigation jurisdiction.

What this Constitutional Court has referred to the Jurisdicción Contencioso-Administrativa since Voto No. 2545-2008 of 8:55 hrs. on 22 de febrero de 2008—reiterated on countless occasions—is the matter of ensuring that administrative proceedings do not suffer undue postponements or unjustified delays resulting from failure to comply with the time limits established by general and sector-specific laws for their completion. It should be noted, however, that this Constitutional Court has not referred every situation involving the right to prompt and proper proceedings to the administrative-litigation jurisdiction, since it has gradually defined exceptions over which it retains jurisdiction to hear and decide, including the following:

  • 1)Environmental complaints or proceedings;
  • 2)corruption complaints;
  • 3)payment of wages;
  • 4)retirement benefits (only when payment of benefits is claimed);
  • 5)pensions (only in cases involving severe cerebral palsy and the Non-Contributory Scheme of the Caja Costarricense de Seguro Social);
  • 6)persons deprived of liberty;
  • 7)delay in processing a request for a conjugal visit by a person deprived of liberty;
  • 8)persons with disabilities;
  • 9)minors;
  • 10)older adults (when the matter does not concern pension issues and is directly related to their status as older adults);
  • 11)foreign nationals and Costa Ricans located outside the national territory;
  • 12)drinking water and electricity;
  • 13)Indigenous persons;
  • 14)maternity leave;
  • 15)applications for insurance coverage submitted to the Caja Costarricense de Seguro Social;
  • 16)requests for curricular accommodations." (Decision No. 2014-019693, issued at catorce horas treinta minutos on dos de diciembre de dos mil catorce).

In light of the foregoing, the subject matter of a legality protection proceeding—and therefore the fundamental criterion for the admissibility of this type of matter before the administrative-litigation courts—is that its content concern the review and determination of whether the entities and bodies comprising the Public Administration have complied with the time limits established by general or sector-specific laws for completing administrative proceedings, all for the purpose of preventing unjustified delays or undue postponements that could infringe the right to obtain prompt and proper administrative justice.

II—THE CLAIMANT’S ARGUMENT: In view of the allegations contained in the complaint, summarized in Background I of this decision, the proceeding filed must be summarily dismissed because the request submitted by the claimant to the respondent entity concerns a straightforward request for information; in other words, access to information held by that entity concerning a series of building permits issued in 2015, including documentation and the public officials involved at various stages. The subject matter of the request alleged to have gone unanswered is plainly not directed—according to the complaint and the text of the request itself, which was submitted with it—at a matter brought by the claimant before the respondent entity that requires a processing, review, or adversarial phase through which the elements necessary for issuing an administrative act may be established or verified.

III—COSTS: Given that service of the complaint was not effected in this matter, the case is decided without a specific award of costs.

THEREFORE

The legality protection proceeding filed is summarily dismissed, and the case file is ordered closed. This decision is issued without a specific award of costs. (signed) Nombre101 / JUDGE.— Nombre101, DECIDING JUDGE CASE FILE: 19-006193-1027-CA Goicoechea, Dirección01, 50 metros west of BNCR, across from Dirección02. Telephone numbers: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email: ...01

Marcadores

Firmar Documento *190061931027CA* AMPARO DE LEGALIDAD ACTOR/A:

Nombre16985 DEMANDADO/A:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA N° 2398-2019 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, ANEXO A. Goicoechea, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del nueve de octubre de dos mil diecinueve.

PROCESO DE DE AMPARO DE LEGALIDAD interpuesto por Nombre16985 , cédula de identidad número CED13456, contra la MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA. Interviene como apoderado especial judicial de la parte actora Nombre16986 , carné de agremiado No. 15951.

RESULTANDO

  • 1)La parte accionante plantea proceso de amparo de legalidad contra la entidad accionada, en virtud de una presunta omisión por falta de respuesta de una gestión planteada el 14 de agosto de 2019, dirigida a la Concejo Municipal y la Contraloría de Servicios de la Municipalidad de Santa Ana (imágenes 12 a 15 del expediente digital). En ese documento se pide dar información en relación con permisos de construcción otorgados en el año 2015, según lo indicado, dentro de la información que se pide se incluye solicitud de copias de expedientes, certificaciones, memorias de cálculo, indicación de personas funcionarias encargadas de emisión de actos de autorización o verificación, referencias a la motivación de las decisiones adoptadas, etc..
  • 2)En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley y no existen vicios u omisiones susceptibles de producir nulidad o indefensión a las partes.

CONSIDERANDO

I- SOBRE EL OBJETO DEL PROCESO DE AMPARO DE LEGALIDAD: En relación con la atribución competencial del Tribunal Contencioso Administrativo para conocer los procesos denominados como amparos de legalidad, existe una abundante y jurisprudencia reiterada en relación con el objeto de este tipo de asuntos y las situaciones y materias que no se encuentras comprendidas dentro de este, cuyos términos se resumen en el siguiente pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:

"III.- La inconformidad en cuanto a la competencia planteada por la Procuraduría General de la República, parte de una premisa absolutamente errada, que consiste en confundir el derecho de petición contemplado en el numeral 27 de la Constitución, con el denominado, por este Tribunal Constitucional, 'derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido' que se ha entendido incardinado en el contenido esencial del artículo 41 constitucional. La diferencia entre sendos derechos, perfectamente delimitados por la abundante y prolija jurisprudencia de este Tribunal, es clara. En el caso del derecho de petición del artículo 27 de la norma fundamental, que puede formular cualquier persona a un órgano, ente o funcionario público o, incluso, en ciertos casos calificados, a un sujeto de Derecho privado, se presenta una petición simple que debe ser objeto de respuesta dentro del plazo de los 10 días hábiles posteriores que establece el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Lo relevante de este derecho es que se le brinde respuesta a la persona dentro del plazo indicado o, bien, previa justificación ofrecida al petente, dentro de uno que sea razonable de acuerdo con la complejidad de la petición. Esta Sala Constitucional nunca ha delegado la competencia para conocer y resolver los asuntos atinentes al derecho de respuesta del artículo 27 constitucional. El derecho de petición no da origen a la apertura de un procedimiento administrativo constitutivo o de impugnación (recursos) donde existan partes interesadas y una concatenación de fases que observar hasta el dictado de un acto administrativo formal. El derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido (artículo 41 constitucional) es la proyección al terreno de la vía administrativa o gubernativa del derecho de las partes interesadas en un procedimiento administrativo a que durante su sustanciación no existan dilaciones injustificadas o retardos indebidos, respecto de los plazos que pautan las leyes para sustanciar un procedimiento administrativo desde su inicio, sea de oficio o a instancia de parte, o durante la tramitación de los medios administrativos de impugnación admisibles.

En definitiva, el derecho a un procedimiento pronto y cumplido responde a que el legislador pautó unos plazos para observar los procedimientos administrativos, los que, en aras de obtener un acto administrativo final y definitivo, deben ser observados por las administraciones públicas. En suma, existen diferencias esenciales entre el derecho de simple petición y el derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido que podemos resumir de la siguiente manera: a) El derecho de petición lo ejerce cualquier persona o ciudadano de modo general “uti universi”, a diferencia del derecho a un procedimiento pronto y cumplido que puede ser ejercido por las partes interesadas que tienen alguna legitimación con relación al objeto del procedimiento administrativo de manera específica “uti singuli”; b) el derecho de petición no genera la incoación y sustanciación de un procedimiento administrativo a diferencia del derecho a un procedimiento pronto y cumplido; y c) en el derecho de simple petición el resultado que se obtiene es una respuesta y no un acto administrativo de carácter formal, final y definitivo. / IV.- Se reitera que este Tribunal Constitucional nunca le delegó a la jurisdicción contencioso-administrativa las cuestiones que atañen al derecho simple de petición.

Lo que este Tribunal Constitucional remitió desde el Voto No. 2545-2008 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008 –reiterado en infinidad de ocasiones- a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es que los procedimientos administrativos no sufran retardos indebidos o dilaciones injustificadas por apartarse de los plazos pautados en las leyes generales y sectoriales para su conclusión. Empero, cabe advertir que, incluso, no todos los supuestos del derecho a un procedimiento pronto y cumplido los ha remitido este Tribunal Constitucional a la jurisdicción contencioso-administrativa, por cuanto, paulatinamente, ha ido definiendo casos de excepción en la materia cuyo conocimiento y resolución se reserva, tales como los siguientes:

  • 1)Denuncia o procedimiento ambiental;
  • 2)denuncia de corrupción;
  • 3)pago de salarios;
  • 4)jubilaciones (únicamente, cuando se reclama el pago de las prestaciones);
  • 5)pensiones (únicamente, en aquellos supuestos relacionados con parálisis cerebral profunda y Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social);
  • 6)privados de libertad;
  • 7)retardo en la solicitud de visita conyugal por privado de libertad;
  • 8)discapacitados;
  • 9)personas menores de edad;
  • 10)adultos mayores (cuando no se refieran a cuestiones de pensión y tenga relación directa con su condición de adulto mayor);
  • 11)extranjeros y costarricenses que se encuentran fuera del territorio nacional;
  • 12)agua potable y electricidad;
  • 13)indígenas;
  • 14)licencia de maternidad;
  • 15)solicitudes de aseguramiento a la Caja Costarricense de Seguro Social;
  • 16)solicitudes de adecuación curricular." (Resolución No. 2014-019693 de las catorce horas treinta minutos del dos de diciembre de dos mil catorce).

En virtud de lo expuesto, el objeto del proceso de amparo de legalidad, y por ende el parámetro fundamental para la admisibilidad de un asunto de este tipo en sede contencioso administrativa, es que su contenido corresponda al conocimiento y resolución sobre el apego de los entes y órganos que conforman la Administración Pública a los plazos pautados en leyes generales o sectoriales para concluir un procedimiento administrativo, todo en aras de evitar dilaciones injustificadas o retardos indebidos que puedan transgredir el derecho a obtener justicia administrativa de manera pronta y cumplida.

II- PLANTEAMIENTO DE LA PARTE ACTORA: En virtud del planteamiento contenido en la demanda, reseñado en el Resultando I de este pronunciamiento, el proceso interpuesto debe ser rechazado de plano, por cuanto la instancia realizada por la parte accionante ante la entidad demandada, tiene por objeto una solicitud de información pura y simple, en otras palabras, acceso a información que consta en esa entidad en relación con una serie de permisos de construcción otorgados en el año 2015, referida a documentación y funcionarios o funcionarias públicas intervinientes en diversas fases. Ostensiblemente el objeto de la gestión que se aduce como no atendida no se enfoca, según lo referido en la demanda y lo que consta en el propio texto de la solicitud que se aporta con ella, a una gestión presentada por la persona actora ante la entidad accionada que requiera de una fase de trámite, conocimiento o contradictorio que permita constatar o constituir los elementos necesarios para la emisión de un acto administrativo.

III- COSTAS: Habida cuenta que en este asunto no se llevó a cabo el traslado de la demanda, se resuelve sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO

Se rechaza de plano el proceso de amparo de legalidad planteado y se ordena el archivo del expediente. Este pronunciamiento se realiza sin especial condenatoria en costas. (f) Nombre101 / JUEZ.- Nombre101 , JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01

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