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Res. 00111-2019 Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · Tribunal Contencioso Administrativo Sección VI · 06/09/2019

Inalienability of Land in the Southern Border ZoneInalienabilidad de terrenos en la Zona Fronteriza Sur

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OutcomeResultado

Lesividad upheldLesividad declarada

The Court annulled the land-award resolution, subdivision and transfer deed, and registry entry because the property forms part of the inalienable public domain of the Southern Border Zone.El Tribunal anuló el acuerdo de adjudicación, la escritura de segregación y traspaso y el asiento registral porque el inmueble pertenece al dominio público inalienable de la Zona Fronteriza Sur.

SummaryResumen

The Court upheld INDER’s lesividad action seeking recovery of land awarded to private parties within the two-kilometer Southern Border Zone. It determined that this strip is legally dedicated to the public domain and that its land is inalienable and not subject to acquisitive prescription, except where private rights rest on legitimate title. Registration in the defendants’ names did not validate the transfer of public-domain property or prevent its recovery. Although the beneficiaries accepted the claims, the Court independently reviewed their legality and concluded that the award lacked a valid factual and legal basis and had unlawful content. It therefore annulled the Institute of Agrarian Development’s resolution, the public deed formalizing the subdivision and transfer, and the corresponding land-registry entry. The annulment operated retroactively, without prejudice to rights acquired in good faith. The Court rejected the defendants’ request for priority in obtaining a concession or compensation for improvements because they had not asserted those claims through a timely counterclaim.El Tribunal declaró con lugar la demanda de lesividad promovida por el INDER para recuperar un inmueble adjudicado a particulares dentro de los dos mil metros de la Zona Fronteriza Sur. Determinó que esa franja está legalmente afectada al dominio público y que sus terrenos son inalienables e imprescriptibles, salvo derechos privados sustentados en título legítimo. La inscripción registral a nombre de los demandados no convalidó la adjudicación de un bien demanial ni impidió su recuperación. Aunque los beneficiarios se allanaron, el Tribunal verificó independientemente la legalidad de las pretensiones y concluyó que el acto de adjudicación carecía de motivo válido y tenía contenido ilegítimo. Por ello anuló el acuerdo del Instituto de Desarrollo Agrario, la escritura que formalizó la segregación y el traspaso, y el asiento registral correspondiente, con efectos retroactivos y sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Rechazó, por falta de reconvención, la solicitud de prioridad para una concesión o pago de mejoras.

Key excerptExtracto clave

In view of the foregoing, and because the record contains a certification from the Head of INDER’s Topography Department stating that the property awarded to the defendants and registered in the National Registry, Puntarenas Province, real-property folio No. 143720-001 and 002, lies entirely within the two kilometers of the Southern Border Strip (folios 121 to 124 of the administrative record), the Court concludes that it is publicly owned property legally dedicated to the public domain because of its inalienability and its public-use purpose or destination. The fact that the property is currently registered in the defendants’ names does not cure a potential nullity, because public-domain property located within the inalienable two kilometers of the Southern Border Zone was transferred. The lesividad action is specifically intended to reclaim that public ownership, insofar as the very basis of the claim is the recovery of a strip of land which, although subject to the public-domain regime, was allegedly transferred unlawfully into private ownership. Moreover, the real property is capable of forming part of the public domain, is legally subject to a special regime, and has a public purpose or destination, given the various activities conducted in this zone, as explained above. Because the case concerns recovery of public-domain property, we find that the temporal requirement for the lesividad proceeding is satisfied. Although the resolution whose annulment is sought was issued in 2005 and the declaration of lesividad was adopted in 2015, the action to recover this type of property is not subject to any time limit because of its inalienability and immunity from prescription, as may currently be inferred from Article 34 of the CPCA.En virtud de lo expuesto y dado que consta en autos una certificación del Jefe del Área de Topografía del INDER conforme a la cual que el inmueble que fue adjudicado a los aquí demandados y que está inscrito en el Registro Nacional, Partido de Puntarenas, matrícula de folio real No. 143720-001 y 002 está inmerso en su totalidad en los dos kilómetros de la Faja Fronteriza Sur (folios 121 a 124 del expediente administrativo), el Tribunal concluye que es un bien de titularidad pública afectado normativamente al dominio público dada su inalienabilidad y su vocación o destino de utilidad pública. El hecho que hoy ese inmueble se encuentre inscrito a nombre de los demandados no convalida una eventual nulidad porque se traspasó un bien de dominio público por estar comprendido en dentro de los dos kilómetros inalienables de la Zona Fronteriza Sur. Precisamente, la acción de lesividad ostenta una finalidad de reivindicación de ese dominio, en la medida en que la razón misma de la demanda es la recuperación de una franja de terreno que, siendo parte del régimen de demanialidad, se alega fue trasladado de manera ilegítima al régimen privado. Por otra parte, se trata de un bien inmueble que es susceptible de integrar el demanio público, que está afecto normativamente a un régimen especial y que tiene una vocación o destino público, dadas las distintas actividades que se efectúan en esta zona, según explicamos ut supra. Por tratarse de la recuperación de un bien de dominio público, estimamos que se cumple el elemento temporal del proceso de lesividad. Lo anterior porque aun y cuando el acuerdo cuya nulidad se gestiona fue emitido en el 2005 y la declaratoria de lesividad se dictó en el año 2015, lo cierto es que la acción para recuperar este tipo de bienes no está a ningún plazo, dada su inalienabilidad e imprescriptibilidad, tal cual se infiere, actualmente, del artículo 34 de CPCA.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La sola manifestación de aceptar las pretensiones del actor, no presupone de manera automática, la estimación del marco petitorio."

    "The mere expression of acceptance of the claimant’s demands does not automatically entail granting the relief requested."

    Considerando I

  • "La sola manifestación de aceptar las pretensiones del actor, no presupone de manera automática, la estimación del marco petitorio."

    Considerando I

  • "No podría ser de otra forma pues a tono con esta finalidad de control, el juzgador no podría prohijar allanamientos que en el fondo, conlleven o supongan infracciones sustanciales al ordenamiento jurídico o dislocaciones al interés público, dado que ello se traduciría en el abandono de ese control de legalidad y el aval de conductas públicas contrarias a derecho, en beneficio de un tercero."

    "It could not be otherwise, because consistent with this supervisory purpose, the judge may not endorse an acceptance of claims that substantively entails or presupposes serious violations of the legal system or disruption of the public interest, as that would amount to abandoning judicial review of legality and approving unlawful public conduct for a third party’s benefit."

    Considerando I

  • "No podría ser de otra forma pues a tono con esta finalidad de control, el juzgador no podría prohijar allanamientos que en el fondo, conlleven o supongan infracciones sustanciales al ordenamiento jurídico o dislocaciones al interés público, dado que ello se traduciría en el abandono de ese control de legalidad y el aval de conductas públicas contrarias a derecho, en beneficio de un tercero."

    Considerando I

  • "Aunado a lo anterior, estimamos que la causa muestra actualidad, toda vez que, insistimos, se pretende la recuperación de un inmueble ubicado dentro de la Zona Fronteriza Sur, el cual dada su condición demanial y su inalienabilidad, no podía ser adjudicado ni traspasado a los aquí demandados."

    "In addition, we find that the dispute remains current because it seeks recovery of property located within the Southern Border Zone which, given its public-domain status and inalienability, could not have been awarded or transferred to the defendants."

    Considerando IV

  • "Aunado a lo anterior, estimamos que la causa muestra actualidad, toda vez que, insistimos, se pretende la recuperación de un inmueble ubicado dentro de la Zona Fronteriza Sur, el cual dada su condición demanial y su inalienabilidad, no podía ser adjudicado ni traspasado a los aquí demandados."

    Considerando IV

  • "Esta declaración de nulidad absoluta tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de los actos anulados, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe."

    "This declaration of absolute nullity has declaratory and retroactive effect as of the effective date of the annulled acts, without prejudice to rights acquired in good faith."

    Por tanto

  • "Esta declaración de nulidad absoluta tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de los actos anulados, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Sign Document Administrative Litigation Court Second Judicial Circuit of San José, Dirección04 Main Line 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Email ...01 _______________________________________________________________________ CASE FILE: 16-000627-1027-CA PROCEEDING ON A PURE QUESTION OF LAW (PURO DERECHO) (ACTION FOR DECLARATION OF HARMFULNESS (LESIVIDAD)) PLAINTIFF: EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL DEFENDANTS: Nombre138372, Nombre138373 INTERESTED THIRD PARTY: EL ESTADO No. 111-2019-VI ADMINISTRATIVE LITIGATION AND CIVIL TREASURY COURT. SIXTH SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Dirección144. Dirección01, at ten forty-five on seis de setiembre del dos mil diecinueve.

Action for declaration of harmfulness adjudicated as a proceeding on a pure question of law, filed by INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (hereinafter INDER), represented by its special judicial attorney-in-fact, Margarita Elizondo Jiménez, married, attorney, identity card CED100543, and resident of San Isidro de Pérez Zeledón, against Nombre138372, identity card CED109419, and Nombre138373, identity card CED109420, both residents of Sabalito, Coto Brus. ESTADO participates as an interested third party asserting no claims of its own, represented by government attorney Jorge Andrés Oviedo Álvarez, single, attorney, identity card CED1121, and resident of Heredia. Government attorney Gloria Solano Martínez, bar identification CED24631, who substituted for the representative of the State at the preliminary hearing, and Licenciado Melvin Araya Rojas, as counsel of record for the defendants, also participate.

BACKGROUND

  1. 1The plaintiff brings this action seeking, in essence, a judgment that:1) Declares absolutely null and void the resolution adopted by the Board of Directors of Instituto de Desarrollo Agrario in Article 66 of session 041-05, held on 24 de octubre de 2005, insofar as it concerns authorization of the segregation (segregación) and conveyance of land to defendants Nombre138374 and Nombre138373, as described in cadastral survey plan Placa26183.2) By reason of its connection to the foregoing, annuls public deed number fifteen, executed before notary Jimmy Meza Lazarus at 8 hours on 27 de octubre del 2005, which formalized the segregation and conveyance of parcel 29-3 of Asentamiento Amalia Hernández, solely insofar as it concerns the issuance of title to a property in favor of the defendants herein, which resulted in real-property folio registration number 143720-001 and 002 of the Puntarenas Registry District, with cadastral survey plan Placa26183.3) By reason of its connection to the foregoing, annuls the registration entry for the property recorded in the Registro Nacional under the real-property folio system as registration No. 143720-001 and 002 of the Puntarenas Registry District (claims shown in images 18 and 19 of the digital court case file scanned into a single PDF file, as amended and established during the preliminary hearing). As an interim measure (medida cautelar), it requested that the aforementioned property be made unavailable for registration transactions and that notice of the action be entered in the Registro Nacional (images 20 and 21 of the same digital court folder).
  2. 2By Order No. 1364-2016-T, issued at 10 hours 40 minutes on 21 de junio del 2016, the case-management judge partially granted the requested interim measure and ordered only that the Registro Nacional enter notice of this action in the margin of the registration entry for the property of the Puntarenas Registry District, registration No. 143720, interests 001 and 002. The record does not show that this decision was appealed to the Administrative Litigation and Civil Treasury Court of Appeals (images 40 through 46 of the digital court case file scanned into a single PDF-format file).
  3. 3In an order issued at 13 hours 51 minutes on 24 de junio del 2016, the case-management judge declared the defendants herein in default because they had not answered the complaint. Accordingly, pursuant to Article 65 of Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter CPCA), she deemed the allegations in the complaint admitted, without prejudice to the defendants’ ability to appear in the proceeding at any time and take it in its then-current posture (images 47 through 49 of the digital court case file scanned into a single PDF-format file).
  4. 4The preliminary hearing provided for in section 90 of the CPCA was held on 13 de julio del 2016, with only the plaintiff present. At that hearing, INDER’s representative requested that the State be joined as a party to the litigation (litis), and in Order No. 2219-2016-T, the case-management judge ordered the joinder of that public entity pursuant to Article 12 of the CPCA, after which the hearing was suspended.
  5. 5The representative of the State filed an appeal against the ruling in the aforementioned Order No. 2219-2016-T, but the appeal was summarily dismissed by majority vote of the Second Section of the Administrative Litigation and Civil Treasury Court of Appeals in Order No. 445-2016-II, issued at 11 hours 31 minutes on 9 de noviembre del 2016 (images 76 through 93 of the digital court case file scanned into a single PDF-format file).
  6. 6The representative of the State answered the complaint and raised the defenses (excepciones) of lack of standing as a defendant and improper joinder of parties, which he requested be sustained (images 61 through 70 of the digital court case file scanned into a single PDF-format file).
  7. 7The preliminary hearing continued on 24 de abril del 2018, with the plaintiff and the State present. At that hearing, the plaintiff stated its intention to voluntarily dismiss the action against that public entity, and in Order No. 709-2018-T, the case-management judge deemed the action against the State voluntarily dismissed, while retaining that entity as an interested third party in the proceeding and continuing the case against Nombre138372 and Nombre138373. The relief sought was also established in the form set forth in Background paragraph one of this judgment, the disputed facts were identified, and the relevant documentary evidence was admitted. Finally, pursuant to Article 98, subsection 2), of the aforementioned Code, this matter was declared to present a pure question of law, and the parties present delivered closing arguments.
  8. 8In a filing submitted on 23 de agosto de este año, defendants Nombre138372 and Nombre138373 entered an appearance in this litigation and stated that they consented to the claims asserted by INDER and had no objection whatsoever to the annulment of the deed for the property registered in their names in the Registro Nacional under the real-property folio system as registration No. 143720-001 and 002 of the Puntarenas Registry District. Additionally, they requested a determination that they are entitled to have INDER grant them a concession over the aforementioned property and that, otherwise, they be paid for the improvements (mejoras); they further requested that costs not be imposed on them because they had acted in good faith (images 117 through 121 of the digital court case file scanned into a single PDF file).
  9. 9The corresponding case file was referred to this Court for issuance of the appropriate judgment, according to the details in the Sistema Escritorio Virtual, which contains the entire court case file scanned into a single PDF file. The proceedings disclose no nullities requiring correction or resulting in a denial of the right to a defense. This matter also complies with the Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial, approved by Corte Plena in Article XXXI of session N° 22-13, held on 20 de mayo de 2013. Following deliberation, this judgment is issued, authored by reporting Judge Abarca Gómez and with the affirmative votes of Judge Fernández Brenes and Judge Garita Navarro.

LEGAL ANALYSIS

I.Consent to judgment (allanamiento) as a means of terminating proceedings. The procedural reform embodied in the CPCA advocates a more expeditious and efficient system of justice, with shorter time limits for processing and deciding matters. To that end, it rests on four ideological pillars, all constitutionally grounded: the distribution of functions that allows the Poder Judicial to review public conduct (Articles 9, 49, 153); the State’s subjection to the law in the performance of its functions or exercise of its powers (Article 11—the principle of legality in its dual conception); universal review of administrative functions, which eliminates any possibility of enclaves exempt from judicial review of public conduct (Article 49); and, as a corollary of those principles, effective judicial protection (Articles 41 and 49). All these fundamental principles converge to secure prompt and effective justice, while always bearing in mind that the purpose of this jurisdiction is to guarantee the lawfulness of the exercise of administrative functions and to protect legal interests that may be affected within the framework of legal-administrative relations.

For those purposes, it establishes an ordinary proceeding composed of a series of sequential stages, each having a clearly defined purpose or rationale, intended to refine and narrow the proceeding. At the same time, however, the CPCA governs mechanisms that facilitate resolution of the dispute through early forms of termination of the proceeding, namely voluntary dismissal (113), total or partial consent to judgment (114), extrajudicial satisfaction (115), treatment as equivalent to an administrative decision (116), settlement (117), and performance of omitted conduct (118). In the specific case of consent to judgment, the Code establishes requirements governing its admissibility. First, when the party expressing consent is a Public Administration, submission of the decision or resolution adopted for that purpose by the competent body is an indispensable requirement. When representation of the Public Administration falls to the Procuraduría General de la República (in the cases provided for in section 16 thereof), that authorization must come from the Procurador or Procuradora General de la República.

Likewise, given the implications of this mechanism, the intent to consent must be express and unequivocal, so that the desire to accept the plaintiff’s claims can be established conclusively. That statement must even specify whether the consent is total or partial in order to determine whether the proceeding is terminated in full or in part. Moreover, subsection 4) of Article 114 of that same body of law provides that the mere statement accepting the plaintiff’s claims does not automatically entail granting the relief requested. Indeed, that provision states: “In the event of consent to judgment, the Court shall issue judgment without further proceedings, and such judgment shall conform to the plaintiff’s claims, unless doing so would violate the legal system.” This follows logically from the legality review that this Administrative Litigation Jurisdiction is constitutionally required to conduct.

It could not be otherwise because, consistent with this review function, the adjudicator cannot endorse consent to judgment that, in substance, entails or presupposes material violations of the legal system or disruptions of the public interest, since doing so would amount to abandoning that legality review and approving unlawful public conduct for the benefit of a third party. Thus, when consent to judgment is expressed, the adjudicator must determine whether what is substantively sought and constitutes the subject matter of the proceeding conforms to that standard of legality. If it does, the adjudicator shall terminate the proceeding; otherwise, the adjudicator shall issue the ruling required by law to fulfill the purpose of protecting the legal system. Furthermore, it is clear that when there are codefendants, the proceeding must continue against any who have not consented to judgment, when appropriate in light of the subject matter in dispute.

II.Regarding the specific case. After a careful analysis of the record, this Tribunal finds that, in this case, all the statutory requirements have been met to terminate the proceedings by virtue of the acquiescence (allanamiento) expressed by defendants Nombre138372 and Nombre138373 . As an initial matter, images 117 and 118 of the court case file scanned into a single PDF file contain the defendants’ unequivocal statement that they acquiesce to the claims asserted by INDER. Additionally, they request that this Tribunal establish that they are entitled either to have INDER grant them a concession (concesión) over the aforementioned property or to be compensated for the improvements (mejoras), and that they not be ordered to pay costs (costas) because they have acted in good faith; this issue will be addressed infra. Regarding the review of the legality of the acquiescence, it does not appear that the requested disposition would entail any violation of the legal system.

With respect to the requirements for an action for annulment of an administrative act deemed harmful to the public interest (proceso de lesividad), the complaint was filed by the representative of INDER pursuant to the legal standing (legitimación activa) framework established in numeral 10, subsections a) and e), of the CPCA, seeking a declaration of absolute nullity (nulidad absoluta) of the resolution adopted by the Board of Directors of the Instituto de Desarrollo Agrario in Article 66 of session 041-05, held on 24 de octubre de 2005, insofar as it concerns authorization for the segregation (segregación) and transfer of a parcel of land to defendants Nombre138374 and Nombre138373 , described in cadastral survey plan (plano catastrado) Placa26183 (visible in the administrative record, folios 11 through 31). On the basis of relatedness (conexidad), it also requests that the following be declared absolutely null and void: a) Public deed number fifteen, executed before notary Jimmy Meza Lazarus at 8 hours on 27 de octubre del 2005, which formalized the segregation and transfer of parcel 29-3 of Asentamiento Amalia Hernández, solely insofar as it concerns the conveyance of title to a property to the defendants herein, which created real-property folio registration number 143720-001 and 002 for the Partido de Puntarenas, with cadastral survey plan Placa26183 (visible in the administrative record, folios 41 through 89). b) The registration entry (asiento registral) for the property recorded in the Registro Nacional under the real-property folio system, registration No. Placa26182 for the Partido de Puntarenas.

On the respondent side, the action was brought, pursuant to Article 12, subsection 3), of the CPCA, against defendants Nombre138374 and Nombre138373 , to whom the land described in cadastral survey plan Placa26183 was awarded and who are its current registered owners. The objective requirement is also satisfied because the resolution whose nullity is sought is an act favorable to the defendants herein, since it awarded them the property in the Partido de Puntarenas that is currently registered in their names in the Registro Nacional under real-property folio registration number Placa26182 . Furthermore, the procedural requirement is likewise satisfied because INDER declared the resolution whose nullity is now sought harmful to the public interest (lesivo a los intereses públicos), as reflected in folios 148 through 159 of the administrative record. As to the temporal issue, it should be noted that the resolution whose nullity is sought concerns review of the validity of an administrative act (acto administrativo) issued in 2005, that is, before the CPCA entered into force.

Pursuant to Transitorio Tercero of the aforementioned body of law, the regime governing challenges to administrative acts that became final in administrative proceedings (firmes en la vía administrativa) before the aforementioned Code entered into force shall be governed by the legislation then in effect. Accordingly, the limitation periods (plazos de caducidad) established for actions for annulment of administrative acts deemed harmful to the public interest in the now-repealed Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (hereinafter, LRJCA) must be applied in this matter. In this regard, it should be noted that, as grounds for the requested declaration of nullity, INDER alleges the absence of grounds and substance (motivo y contenido), asserting that the property awarded to and registered in the names of the defendants lies within the two thousand meters of the Zona Fronteriza Sur and was therefore inalienable and, consequently, could not have been awarded because it was public-domain property (bien de dominio público), for which an action for recovery is not subject to any limitation period.

The Tribunal therefore finds it essential to determine whether the property is public-domain property before examining the temporal aspect of the action for annulment of an administrative act deemed harmful to the public interest.

III.In this regard, we must note that our legal system has favored public ownership—particularly State ownership—of border areas (of varying width), subjecting them to a special regime intended to facilitate the exercise of powers such as national defense and territorial security, public-health, customs, and immigration controls over the exit and entry of persons, goods, vehicles, and transport units, and border traffic. Thus, for example, as early as Decree No. 3 of October 29, 1914, it was established: “Sole Article.- A zone fifty kilometers wide along the definitive border with the Republic of Panama is hereby declared unavailable for claim (indenunciable).” This Decree was ratified by Law No. 2 of March 29, 1915. Subsequently, Article 1 of Law No. 11 of October 22, 1926 amended several provisions of the Fiscal Code, including section 510, so that, insofar as relevant, it read as follows: “Article 510.- The conveyances permitted by the preceding article may never concern the following lands, which are inalienable throughout their entire extent: (…) 4° Those located within the zone five kilometers wide along the border with Panama.” Thereafter, Article 10 of Law 11 of October 22, 1926 maintained the prohibition against claiming land established in the aforementioned Law No. 3.

The foregoing provisions were repealed by the Ley General de Terrenos Baldíos (No. 13 of January 10, 1939), Article 10 of which stated: “The lands located within a zone two kilometers wide along the borders with Nicaragua and Panama are likewise inalienable.” Furthermore, Article 73 established: “Previously enacted laws addressing the same matters as this Law are also repealed or amended, as applicable, wherever they conflict with or contradict it.” This provision was repealed by the Ley de Tierras y Colonización, to which we shall refer below. Subsequently, the first article of Law No. 1455 of June 6, 1952 amended section 9° of the Ley de Informaciones Posesorias (No. 139 of July 14, 1941), so that, insofar as relevant, it read: “Article 9°.- (…) Lands declared by the Ley General de Terrenos Baldíos or other special laws to be unavailable for claim or non-transferable may not be the subject of possessory-title proceedings (información posesoria) (…).” Finally, Article 7(f) of the Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 of October 14, 1961, established that designation by providing: “(...) Until the State, on its own initiative or at the direction of the Ministerio de Agricultura or the Instituto de Tierras y Colonización, determines, for reasons of national interest, which lands must remain under its ownership, the following shall be deemed inalienable and incapable of acquisition by claim or possession, except for those under private ownership pursuant to legitimate title: (...) (f) Those located within a zone 2.000 meters wide along the borders with Nicaragua and Panama” (...).

The Sala Constitucional has also ruled on the public-domain status (demanialidad) of border areas generally, including in judgment No. 8098-2007 of June 12, 2007, where it stated, insofar as relevant: “(...) With regard to the border strip, the Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 of January 10, 1939, provided in Article 10: ‘The lands located within a zone two kilometers wide along the borders with Nicaragua and Panama are likewise inalienable.’ This protection arose because our border areas continue to be considered indispensable to the country, not only for reasons of defending the country’s sovereignty, given the importance of preserving them as strategic areas for national security, but also because of their importance to protecting the State’s natural heritage. By virtue of their location and coverage, border areas constitute an extremely important area for environmental protection as territory, an indispensable buffer zone for the movement of flora and fauna and for water resources and the ecosystem prevailing in certain regions of the country; hence the Costa Rican State’s interest in and need to regulate and protect the natural resources existing today, which, without control by the competent authorities and limits on their disposition, would place the right to a healthy environment in grave danger.

For this reason, both domestic and foreign legal instruments seek to protect these areas, as in the case of the Central American commission at the regional level, which, in addition to the constitutive agreement and protocol, signed the Central American biodiversity agreement with Nicaragua in 1992 for the purpose of gradually establishing a Central American biological corridor, and the Consejo Centroamericano de Bosques created in Guatemala, which seeks to undertake joint actions establishing coordination measures regarding the resources available in our country’s northern border area and the other borders of Central American countries. (...).” For its part, the Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia has stated, among other rulings, in judgment No. 233-F-2005 of April 14, 2005: “(...) XIII.- Finally, concerning the special treatment that border areas must receive, it states that land in such a condition cannot be recovered through an ownership action (reivindicar), because such property is part of the public domain (bienes demaniales), is not subject to acquisitive prescription, and is inalienable.

It has been demonstrated that the property at issue is located in the northern border strip, within a protected area. This Chamber agrees with the Tribunal’s analysis on this matter, specifically where it states: ‘...In such circumstances, the applicable legal regime is, first and foremost, that established by Article 7 of the Ley de Tierras y Colonización, under which the following lands are inalienable and incapable of acquisition by claim or possession, except for those under private ownership pursuant to legitimate title: “...those located within a zone 2000 meters wide along the borders with Nicaragua and Panama....” Such designation is not limited to the period in which the Ley de Tierras y Colonización has been in force; rather, as the Procurador Agrario correctly notes, a series of special laws dating back to the century before last, since the era of the Spanish Crown, placed these properties within the public domain, initially to safeguard national security and, more recently, to protect the natural resources existing in that area.

Nevertheless, land within that area may currently be registered in the names of private individuals. The protected-area regime is likewise applicable to this case because the disputed property is located within one such area. On this subject, it should be noted that, although lease agreements granted by the Instituto de Desarrollo Agrario exist, because it was the entity legally responsible for administering those areas, those agreements ceased to be valid in sectors that, in addition to the public-domain designation inherent to the border strip, lie within protected areas; the Ministerio de Ambiente y Energía became their administrator (See, in this regard, Voto No. 1763 of the Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, issued at 16:45 on April 13, 1994). (...).” In view of the foregoing, and because the record contains a certification from the Head of INDER’s Área de Topografía stating that the real property awarded to the defendants herein and registered with the Registro Nacional, Partido de Puntarenas, under real-property folio registration No. 143720-001 and 002 lies entirely within the two kilometers of the Faja Fronteriza Sur (folios 121 to 124 of the administrative case file), the Tribunal concludes that it is publicly owned property assigned by law to the public domain because of its inalienability and its public-purpose function or intended use.

The fact that this real property is now registered in the defendants’ names does not cure any possible nullity, because property in the public domain was transferred despite being located within the inalienable two-kilometer zone of the Zona Fronteriza Sur. Specifically, the action for declaration of injury to the public interest (acción de lesividad) seeks recovery of that public domain, insofar as the very basis of the claim is the recovery of a strip of land that, although subject to the public-domain regime, was allegedly transferred unlawfully to the private-property regime. Moreover, this is real property capable of forming part of the public domain, legally subject to a special regime, and having a public-purpose function or intended use in view of the various activities conducted in this area, as explained above. Because this proceeding concerns the recovery of public-domain property, we find that the temporal requirement for an action for declaration of injury to the public interest has been satisfied.

This is because, even though the resolution whose nullity is sought was issued in 2005 and the declaration of injury to the public interest was issued in 2015, the fact remains that an action to recover property of this type is not subject to any limitation period, given its inalienability and immunity from prescription, as may currently be inferred from Article 34 of the CPCA. Accordingly, the action satisfies the requirements for instituting a proceeding for declaration of injury to the public interest.

IV.In addition to the foregoing, we find that the cause of action remains current because, as we have emphasized, recovery is sought of real property located within the Zona Fronteriza Sur which, given its public-domain status and inalienability, could not be awarded or transferred to the defendants herein. It is therefore evident that defects exist that entail the absolute nullity of the resolution challenged herein due to the absence of legal grounds (motivo) and unlawful content. Thus, the claims for annulment asserted are not contrary to the legal system. In view of the foregoing, given the defendants’ complete and unconditional acquiescence (allanamiento puro y simple) to the relief sought by the plaintiff entity and the examination of the various requirements permitting such relief in the case at bar, the claim must be granted as requested by INDER, and the resolution adopted by the Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario in Article 66 of session 041-05, held on October 24, 2005, must be declared absolutely null insofar as it concerns authorization for the partition (segregación) and transfer of land to defendants Nombre138374 and Nombre138373, as described in cadastral plan P-0994304-2005.

By connection, public deed number fifteen, executed before notary Jimmy Meza Lazarus at 8 hours on October 27, 2005, which formalized the partition and transfer of parcel 29-3 of the Asentamiento Amalia Hernández, solely insofar as it concerns title to a property granted to the defendants herein, must also be annulled, as must the registration entry for the property registered with the Registro Nacional, Partido de Puntarenas, under the real-property folio system, registration No. 143720, interests 001 and 002. Pursuant to Article 131 of the CPCA, this declaration of absolute nullity has declaratory and retroactive effect as of the effective date of the annulled acts, without prejudice to rights acquired in good faith. For all appropriate purposes, this judgment shall be communicated to the Archivo Nacional so that the corresponding annotations may be entered in the indicated notarial protocol.

V.In the brief in which defendants Nombre138374 and Nombre138373 admitted the claims (allanamiento) of the plaintiff entity, they additionally request a determination that they have priority for INDER to grant them the concession (concesión) for the property referred to above or, alternatively, that INDER pay them the value of the improvements (mejoras). However, this request must be denied. This is because the only way in which the defendants could pursue claims of this kind would be by filing a counterclaim (contrademanda or reconvención), which must be submitted in the same pleading responding to the action. In the present case, because the defendants were declared in default (rebeldes) for failing to answer the complaint, it is evident that no counterclaim was filed; consequently, the request is inadmissible and must be so declared. It should be noted, however, that these requests may properly be brought by the defendants before the competent body so that it may examine and decide them accordingly.

VI.Finally, the Court finds that the State’s participation as an interested third party does not in any way preclude acceptance of this admission of the claims. This is because that entity asserted no claim of its own; instead, it justified its participation as supporting INDER in these proceedings, given the public-domain status (condición demanial) of the property whose recovery is sought.

VII.Costs (costas). Pursuant to section 193 of the CPCA Administrativo, procedural costs and attorneys’ fees (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the losing party by virtue of having lost. Relief from such an award is available only when, in the Court’s judgment, there was sufficient cause to litigate or when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. Costs likewise must not be imposed when there is an excessive claim (plus petitio), that is, when the difference between the amount claimed and the amount ultimately awarded exceeds fifteen percent, unless the bases of the complaint are deemed provisional. However, pursuant to section 197(1) ejusdem, when a withdrawal (desistimiento), admission of the claims, or out-of-court satisfaction (satisfacción extraprocesal) occurs before or during the preliminary hearing, there shall be no award of costs unless the parties agree otherwise. When those remedies occur after that preliminary stage, costs may be awarded by way of supplementation, provided that the prevailing party claims them within three days. Accordingly, pursuant to the cited provision, no ruling is made on this issue.

POR TANTO

In view of the admission of the claims made by defendants Nombre138374 and Nombre138373, the complaint filed by Instituto de Desarrollo Rural is granted, and consequently:

  • 1)The resolution adopted by the Board of Directors of Instituto de Desarrollo Agrario in Article 66 of session 041-05, held on 24 de octubre de 2005, is declared absolutely null and void (nulidad absoluta), insofar as it concerns authorization for the segregation (segregación) and transfer of land to defendants Nombre138374 and Nombre138373, as described in cadastral plan (plano catastrado) Placa26183.
  • 2)By reason of their connection (conexidad), public deed number fifteen, executed before notary Jimmy Meza Lazarus at 8 hours on 27 de octubre del 2005, which formalized the segregation and transfer of parcel 29-3 of Asentamiento Amalia Hernández, solely insofar as it concerns the issuance of title to a property in favor of the defendants herein, and the registration entry for the property recorded in Registro Nacional, Partido de Puntarenas, under the real-property folio system, registration No. Placa26184, interests 001 and 002, must also be annulled.
  • 3)This declaration of absolute nullity has declaratory and retroactive effect as of the effective date of the annulled acts, without prejudice to rights acquired in good faith. For all appropriate purposes, this judgment shall be transmitted to Archivo Nacional so that the corresponding annotations may be entered in the indicated notarial protocol, and to Registro Nacional for action within its purview.

Cynthia Abarca Gómez Silvia Consuelo Fernández Brenes José Roberto Garita Navarro CASE FILE: 16-000627-1027-CA PROCEEDING INVOLVING PURE QUESTIONS OF LAW (PROCESO DE PURO DERECHO) PLAINTIFF: EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL DEFENDANTS: Nombre138372, Nombre138373 INTERESTED THIRD PARTY: THE STATE CYNTHIA ABARCA GOMEZ, DECIDING JUDGE ROBERTO GARITA NAVARRO, DECIDING JUDGE SILVIA FERNÁNDEZ BRENES, DECIDING JUDGE

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Firmar Documento Tribunal Contencioso Administrativo Central 2545-00-03 Fax 2545-00-33 Correo Electrónico ...01 _______________________________________________________________________ PROCESO DE PURO DERECHO (LESIVIDAD) ACTOR: EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL DEMANDADOS: Nombre138372 , Nombre138373 TERCERO INTERESADO: EL ESTADO No. 111-2019-VI TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. SECCIÓN SEXTA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Dirección144 . Dirección01 , a las diez horas cuarenta y cinco minutos del seis de setiembre del dos mil diecinueve.

Proceso de lesividad declarado de puro derecho interpuesto por el INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (en adelante INDER) representado por su apoderada especial judicial Margarita Elizondo Jiménez, casada, abogada, cédula de identidad CED100543 y vecina de San Isidro de Pérez Zeledón en contra de Nombre138372 , cédula de identidad CED109419 y Nombre138373 , cédula de identidad CED109420, ambos vecinos de Sabalito, Coto Brus. Interviene como tercero interesado sin pretensiones propias el ESTADO, representado por el procurador Jorge Andrés Oviedo Álvarez, soltero, abogado, cédula de identidad CED1121 y vecino de Heredia. Participa la procuradora Gloria Solano Martínez, carné CED24631, quien sustituyó al representante del Estado en la audiencia preliminar y el Licenciado Melvin Araya Rojas, en condición de abogado director de los demandados.

RESULTANDO

  1. 1La parte actora formula esta demanda para que, en lo medular, en sentencia:1) Se declare absolutamente nulo el acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005, en lo que se refiere a autorización segregación y traspaso de un terreno a favor de los demandados Nombre138374 y Nombre138373 , descrito en plano catastrado Placa26183.2) Por conexidad, se anule la escritura pública número quince, otorgada ante notario Jimmy Meza Lazarus, a las 8 horas del 27 de octubre del 2005, que formalizó la segregación y traspaso de la parcela 29-3 del Asentamiento Amalia Hernández, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de los aquí accionados, que generó la matrícula folio real número 143720-001 y 002 del Partido de Puntarenas, con plano catastrado Placa26183.3) Por conexidad, se anule el asiento registral de inscripción de la finca inscrita en el Registro Nacional bajo sistema de folio real matrícula No. 143720-001 y 002 del Partido de Puntarenas (pretensiones visibles en las imágenes 18 y 19 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF, así ajustadas y fijadas durante la audiencia preliminar). Como medida cautelar, solicitó la inmovilización registral del inmueble referido y anotación de la demanda en el Registro Nacional (imágenes 20 y 21 de la misma carpeta judicial digital).
  2. 2Mediante resolución No. 1364-2016-T dictada a las 10 horas 40 minutos del 21 de junio del 2016, la jueza tramitadora declaró parcialmente con lugar la medida cautelar solicitada y únicamente ordenó al Registro Nacional anotar la presente demanda al margen del asiento de inscripción de la finca del Partido de Puntarenas, matricula No. 143720 derechos 001 y 002. No consta en autos que en contra de esa decisión se hubiere formulado recurso ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (imágenes 40 a 46 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).
  3. 3En auto dictado a las 13 horas 51 minutos del 24 de junio del 2016, la jueza tramitadora declaró en rebeldía a los aquí demandados, por no haber contestado la demanda. Por ello, de conformidad con el artículo 65 de Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) tuvo los hechos de la demanda por contestados afirmativamente, sin perjuicio de que los accionados pudieran comparecer en cualquier momento al proceso, tomándolo en el estado que se encontrara (imágenes 47 a 49 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).
  4. 4La audiencia preliminar prevista en el numeral 90 del CPCA, se celebró el 13 de julio del 2016 con la presencia de la parte actora, únicamente. Ahí, la representante del INDER solicitó que se integrara la litis con el Estado y en resolución No. 2219-2016-T, la jueza tramitadora dispuso integrar a ese ente público, de conformidad con el artículo 12 del CPCA y de seguido, la audiencia fue suspendida.
  5. 5El representante del Estado formuló recurso de apelación en contra de lo dispuesto en la resolución No. 2219-2016-T citada, pero éste, por mayoría, fue rechazado de plano por la Sección Segunda del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en la resolución No. 445-2016-II dictada a las 11 horas 31 minutos del 9 de noviembre del 2016 (imágenes 76 a 93 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).
  6. 6El representante del Estado contestó la demanda y opuso las excepciones de falta de legitimación pasiva e indebida integración de la litis, las cuales pidió, se acogieran (imágenes 61 a 70 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo en formato PDF).
  7. 7La audiencia preliminar continuó el 24 de abril del 2018 con la presencia de la parte actora y del Estado. Ahí, la parte actora manifestó su intención de desistir de la demanda en contra de ese ente público y en resolución No. 709-2018-T, la jueza tramitadora tuvo por desistida la demanda en contra del Estado, ente al cual mantuvo como tercero interesado en el proceso, continuando la causa en contra de los señores Nombre138372 y Nombre138373 . También, se fijó la pretensión de la forma establecida en el Resultando primero de este fallo, se determinaron los hechos controvertidos y se admitió la prueba documental pertinente. Finalmente, de conformidad con el artículo 98 inciso 2) del citado Código, se declaró este asunto como de puro derecho y las partes presentes rindieron conclusiones.
  8. 8En escrito presentado el 23 de agosto de este año, los demandados Nombre138372 y Nombre138373 se apersonaron a esta litis y manifestaron que se allanaban a las pretensiones formuladas por el INDER y que no tienen inconveniente ni oposición alguna en que se anule la escritura de la finca inscrita a su nombre en el Registro Nacional bajo sistema de folio real matrícula No. 143720-001 y 002 del Partido de Puntarenas. Adicionalmente, pidieron que se estableciera que tienen derecho para que el INDER les otorgue la concesión sobre el referido inmueble y que, en caso contrario, se les paguen las mejores; así como que no se les condenara en costas pues han actuado de buena fe (imágenes 117 a 121 del expediente judicial digital escaneado en un único archivo PDF).
  9. 9El expediente respectivo fue remitido a este Tribunal para el dictado del fallo pertinente, según el detalle del Sistema Escritorio Virtual, en el que consta la totalidad del expediente judicial escaneado en un único archivo PDF. En los procedimientos no se observan nulidades que subsanar o que generen indefensión. Este asunto se ajusta, además, a lo dispuesto en el Reglamento sobre Expediente Judicial Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por Corte Plena, en el artículo XXXI de la sesión N° 22-13, celebrada el 20 de mayo de 2013. Previa deliberación, se dicta esta sentencia, con redacción de la jueza ponente Abarca Gómez y el voto afirmativo de la jueza Fernández Brenes y el juez Garita Navarro.

CONSIDERANDO

I.Sobre el allanamiento como modo de terminación de los procesos. La reforma procesal plasmada a través del CPCA propugna por una justicia más ágil y eficiente, con plazos más cortos en el trámite y resolución de asuntos, sustentándose para ello en cuatro pilares ideológicos, todos ellos, de base constitucional, a saber: distribución de funciones que permite al Poder Judicial controlar las conductas públicas (artículos 9, 49, 153), sometimiento del Estado al Derecho en el cumplimiento de sus funciones o el ejercicio de sus competencias (artículo 11 -principio de legalidad en su doble visión-), control universal de la función administrativa, que elimina cualquier posibilidad de reductos exentos del control jurisdiccional del proceder público (artículo 49) y como corolario de esos enunciados, la tutela judicial efectiva (artículos 41 y 49). Todas esas máximas convergen para concretar una justicia pronta y cumplida, siempre teniendo en cuenta que el objeto de esta jurisdicción es garantizar la legalidad del ejercicio de la función administrativa y la tutela de las situaciones jurídicas que puedan verse afectadas en el marco de las relaciones jurídico-administrativas.

Para tales efectos establece un proceso común compuesto por una serie de etapas que de manera concatenada, y cada una con una intencionalidad o ratio claramente establecida, buscan la depuración del proceso. Pero, a su vez, el CPCA regula institutos que facilitan la solución de la controversia por formas anticipadas de terminación del proceso, a saber, el desistimiento (113), el. allanamiento total o parcial (114), la satisfacción extraprocesal (115), la equiparación de resolución administrativa (116), la transacción (117) y el cumplimiento de conducta omitida (118). En el caso concreto del allanamiento, el Código de referencia establece requisitos que determinan su procedencia. Como primer aspecto, cuando la parte que expresa el allanamiento sea una Administración Pública, se impone como requisito sine qua non la presentación del acuerdo o resolución adoptada, para tales efectos, por el órgano competente.

Cuando la representación de la Administración Pública corresponda a la Procuraduría General de la República (en los casos previstos en el canon 16 ibídem), tal exigencia debe proceder del (a) Procurador (a) General de la República. De igual manera, en virtud de las implicaciones de esta figura, la intencionalidad de allanamiento debe ser expresa e inequívoca, de modo que pueda desprenderse de manera contundente el deseo de aceptar las pretensiones de la parte actora. Incluso, esa manifestación debe detallar si el allanamiento es total o parcial a fin de establecer la terminación íntegra o fragmentada del proceso. Por otro lado, el inciso 4) del artículo 114 de ese mismo cuerpo legal estatuye que la sola manifestación de aceptar las pretensiones del actor, no presupone de manera automática, la estimación del marco petitorio. En efecto, según lo dispone esa norma: "En caso de allanamiento, el Tribunal, sin más trámite, dictará sentencia, la cual será emitida de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si se infringe el ordenamiento jurídico." Lo anterior es derivación lógica del control de legalidad que por imperativo constitucional debe realizar esta Jurisdicción Contencioso Administrativa.

No podría ser de otra forma pues a tono con esta finalidad de control, el juzgador no podría prohijar allanamientos que en el fondo, conlleven o supongan infracciones sustanciales al ordenamiento jurídico o dislocaciones al interés público, dado que ello se traduciría en el abandono de ese control de legalidad y el aval de conductas públicas contrarias a derecho, en beneficio de un tercero. De ese modo, ante la manifestación de allanamiento, el juzgador debe ponderar si lo que en el fondo se pretende y constituye el objeto del proceso, se ajusta a ese parámetro de juridicidad, caso en el cual, dará por terminado el proceso, o por el contrario, resolverá lo que en derecho corresponda para concretar esa finalidad de tutela del ordenamiento jurídico. Por demás, es claro que cuando existan codemandados, el proceso debe continuar respecto de aquellos no se hayan allanado, cuando así corresponda en atención al objeto debatido.

II.Sobre el caso concreto. Luego de un análisis mesurado de los autos, este Tribunal es del criterio que, en este caso, concurren todos los presupuestos normativos para tener por terminado el proceso en virtud del allanamiento manifestado por los demandados Nombre138372 y Nombre138373 . Como aspecto inicial, tenemos que en las imágenes 117 y 118 del expediente judicial escaneado en un único archivo PDF se observa la manifestación contundente accionados de allanarse a las pretensiones que formula el INDER. Adicionalmente, efectúan una petición a este Tribunal para que se establezca que tienen derecho para que el INDER les otorgue la concesión sobre el referido inmueble o se les paguen las mejoras y que no se les condenara en costas pues han actuado de buena fe, tema que será abordado infra. En cuanto al cotejo de legalidad del allanamiento, no se observa que lo dispuesto genere algún tipo de infracción al ordenamiento jurídico.

En atención a los presupuestos del proceso de lesividad, tenemos que la demanda la presenta el representante del INDER amparado a un marco de legitimación activa que deriva del numeral 10 incisos a) y e) del CPCA, siendo que pretende que se declare la nulidad absoluta del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005, en lo que se refiere a autorización segregación y traspaso de un terreno a favor de los demandados Nombre138374 y Nombre138373 , descrito en plano catastrado Placa26183 (visible en el expediente administrativo, folio 11 al 31). Por conexidad, pide que también se declaren absolutamente nulos: a) La escritura pública número quince, otorgada ante notario Jimmy Meza Lazarus, a las 8 horas del 27 de octubre del 2005, que formalizó la segregación y traspaso de la parcela 29-3 del Asentamiento Amalia Hernández, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de los aquí accionados, que género la matrícula folio real número 143720-001 y 002 del Partido de Puntarenas, con plano catastrado Placa26183 (visible en el expediente administrativo, folio 41 a 89). b) El asiento registral de inscripción de la finca inscrita en el Registro Nacional bajo sistema de folio real matrícula No. Placa26182 del Partido de Puntarenas.

Desde el plano pasivo, la acción se emprende, de conformidad con el artículo 12 inciso 3) del CPCA, contra los accionados Nombre138374 y Nombre138373 , a quienes se adjudicó el terreno descrito en plano catastrado Placa26183 y son sus actuales propietarios registrales. También se cumple con el presupuesto objetivo en tanto el acuerdo cuya nulidad se pretende es un acto favorable a los aquí accionados, en tanto les adjudicó el inmueble del Partido de Puntarenas que hoy está inscrito a su nombre en el Registro Nacional bajo la matrícula de folio real número Placa26182 . Por otra parte, se satisface también el presupuesto procedimental ya que el INDER declaró lesivo a los intereses públicos el acuerdo cuya nulidad ahora se pretende, tal y cual consta en los folios 148 a 159 del expediente administrativo. Ahora bien, en relación con el aspecto temporal cabe señalar que el acuerdo cuya nulidad se pretende versa sobre el examen de validez de un acto administrativo dictado en el año 2005 esto es, con anterioridad a la entrada en vigencia del CPCA.

De conformidad con el Transitorio Tercero del citado cuerpo normativo, el régimen de impugnación de los actos administrativos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del citado Código, se regirá por la legislación vigente en ese momento. Así las cosas, en el presente asunto deberán aplicarse los plazos de caducidad regulados en la ya derogada Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante LRJCA) para los procesos de lesividad. Al respecto, cabe indicar que como fundamento de la declaratoria de nulidad que se pretende, el INDER alega la ausencia de motivo y contenido, toda vez que, afirma, el inmueble adjudicado e inscrito a nombre de los accionados se encuentra dentro de los dos mil metros de la Zona Fronteriza Sur, razón por la cual era inalienable y, por ende, no podía haber sido adjudicado ya que se trataba de un bien de dominio público, cuya acción para recuperarlo no está sujeta a plazo. Por ello, estima el Tribunal que resulta indispensable determinar si se está o no frente a a un bien de dominio público para luego examinar lo relativo al aspecto temporal del proceso de lesividad.

III.En ese sentido, debemos señalar que nuestro ordenamiento jurídico se ha inclinado por la titularidad pública (en particular, del Estado) de las zonas fronterizas (en extensión variable) sometiéndolas a un régimen especial con la finalidad de para favorecer el ejercicio de competencias como la defensa del territorio y seguridad nacionales, controles en materia de salubridad, aduaneros y migratorios sobre la salida e ingreso de personas, mercancías, vehículos y unidades de transporte, tráfico fronterizo. Así por ejemplo, ya desde la Decreto N° 3 del 29 de octubre de 1914, se estableció “Artículo único.- Declárase indenunciable una zona de cincuenta kilómetros de ancho a lo largo de la frontera definitiva con la República de Panamá.”. Este Decreto fue ratificado mediante la Ley N° 2 del 29 de marzo de 1915. Luego, el artículo 1 de la Ley No. 11 del 22 de octubre de 1926 modificó varias normas del Código Fiscal, entre ellas, el numeral 510, para que, en lo que interesa, se leyera como sigue: “Artículo 510.- Las enajenaciones que permite el artículo anterior no podrán recaer nunca sobre los siguientes terrenos, los cuales son en toda su extensión, inalienables: (…) 4° Los comprendidos en la zona de cinco kilómetros de ancho a lo largo de la frontera con Panamá”.

Posteriormente, el artículo 10 de la Ley 11 del 22 de octubre de 1926 mantuvo la indenunciabilidad de terrenos establecida en la Ley N° 3 citada. Las anteriores normas fueron derogadas por la Ley General de Terrenos Baldíos (No. 13 de 10 de enero de 1939), la cual en su artículo 10 señaló que "Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá.". Además, en su artículo 73 estableció que “Quedan también derogadas o reformadas en la parte correspondiente, las leyes dictadas anteriormente que traten de las mismas materias que la presente, en todo aquello que ésta se le oponga o las contradiga". Esta norma fue derogada por la Ley de Tierras y Colonización, a la que haremos referencia infra. Luego, la Ley N° 1455 del 6 de junio del 1952, en su artículo primero reformó el numeral 9° de la Ley de Informaciones Posesorias (N° 139 del 14 de julio de 1941), para que se leyera, en lo que interesa, “Artículo 9°.- (…) No podrán ser objetos de información posesoria los terrenos declarados indenunciables o no enajenables por la ley general de terrenos baldíos u otras especiales (…)”.Finalmente, el artículo 7 inciso f) de la Ley de Tierras y Colonización, No. 2825 del 14 de octubre de 1961, estableció dicha afectación en tanto señala que “(...) Mientras el Estado, por voluntad propia o por indicación del Ministerio de Agricultura o del Instituto de Tierras y Colonización, atendiendo razones de conveniencia nacional, no determine los terrenos que deben mantenerse bajo su dominio, se considerarán inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el domino privado, con título legítimo, los siguientes: (...) f) Los comprendidos en una zona de 2.000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y con Panamá" (...).

Sobre la demanialidad de las zonas fronterizas, en general, se ha pronunciado también la Sala Constitucional, entre otras, en la sentencia No. 8098-2007 de 12 de junio del 2007, donde indicó en lo que interesa "(...) Respecto a la franja fronteriza, tenemos que la Ley de Terrenos Baldíos, No. 13 de 10 de enero de 1939, en el artículo 10 dispuso: "Son asimismo inalienables los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de ancho, a lo largo de la frontera con Nicaragua y con Panamá". Dicha protección nace a raíz de que nuestras zonas fronterizas siguen siendo consideradas indispensables para el país, no sólo por razones de defensa de la soberanía del país, ante la importancia que tiene reservarlas como zonas estratégicas para la seguridad de la Nación, sino también por su relevancia desde el punto de vista de la protección del patrimonio natural del Estado. Las zonas fronterizas por su posición y cobertura se convierten en un área sumamente importante para la protección del medio ambiente como territorio, una zona de amortiguamiento indispensable para la comunicación de la flora y fauna, recursos hídricos y del ecosistema imperante en determinadas regiones del país, y por ende, el interés y la necesidad del Estado costarricense de regular y proteger los recursos naturales existentes hoy en día, y que sin el control y la limitación en cuanto a su disposición por parte de las autoridades competentes, pondrían en grave peligro el derecho a un ambiente sano.

Es por ello que a través de instrumentos legales tanto nacionales como extranjeros se pretende proteger estas zonas, como en el caso de la comisión centroamericana a nivel regional, que aparte del convenio constitutivo y el protocolo, firmó con Nicaragua en el año 1992 el convenio centroamericano de biodiversidad, con el fin de ir conformando un corredor biológico centroamericano, y el Consejo Centroamericano de Bosques creado en Guatemala, el cual pretende tomar acciones conjuntas que establezcan medidas de coordinación en relación con los recursos disponibles en la zona fronteriza norte de nuestro país y las otras fronteras de los países centroamericanos. (...)". Por su parte, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado, entre otras, en la sentencia No. 233-F-2005 del 14 de abril del 2005: "(...) XIII.- Finalmente, en lo que concierne al tratamiento especial que deben recibir las zonas fronterizas, señala es imposible reivindicar un terreno que se encuentra en tal condición, pues son bienes demaniales, imprescriptibles e inalienables.

Ha quedado demostrado que el predio objeto de litis se encuentra ubicado en la franja fronteriza norte, dentro de una zona protegida. Sobre el particular la exposición que hace el Tribunal es compartida por esta Sala, concretamente cuando señala, “...Ante tal situación, en primer orden, el régimen legal aplicable es el establecido por el artículo 7 de la Ley de Tierras y Colonización, según el cual, son inalienables y no susceptibles de adquirirse por denuncio o posesión, salvo los que estuvieren bajo el dominio privado, con título legítimo, los terrenos: “...comprendidos en una zona de 2000 metros de ancho a lo largo de las fronteras con Nicaragua y Panamá ...”. Tal afectación no se limita a la vigencia de la Ley de Tierras y Colonización, sino que, como bien lo señala el Procurador Agrario, existen una serie de leyes especiales que desde el siglo trasanterior, desde la época de la Corona Española, afectaron al dominio público esos bienes con miras a salvaguardar la seguridad nacional en un inicio y más recientemente a proteger los recursos naturales existentes en esa zona.

Pese a ello, pueden existir en la actualidad terrenos inscritos en esa área a nombre de particulares. Así mismo, resulta también aplicable a este caso el régimen de zonas protegidas al encontrarse el bien en litis dentro de una de (sic) ella. Sobre el tema cabe mencionar, si bien existen contratos de arrendamiento otorgados por el Instituto de Desarrollo Agrario, al ser el ente que por ley administraba esas áreas, éstos perdieron su vigencia en aquellos sectores, que además de la afectación demanial propia de la franja fronteriza, están comprendidos en zonas protegidas, quedando como administrador de éstos el Ministerio de Ambiente y Energía (Ver al respecto, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Voto N° 1763 de las 16:45 horas del 13 de abril de 1994). (...)". En virtud de lo expuesto y dado que consta en autos una certificación del Jefe del Área de Topografía del INDER conforme a la cual que el inmueble que fue adjudicado a los aquí demandados y que está inscrito en el Registro Nacional, Partido de Puntarenas, matrícula de folio real No. 143720-001 y 002 está inmerso en su totalidad en los dos kilómetros de la Faja Fronteriza Sur (folios 121 a 124 del expediente administrativo), el Tribunal concluye que es un bien de titularidad pública afectado normativamente al dominio público dada su inalienabilidad y su vocación o destino de utilidad pública.

El hecho que hoy ese inmueble se encuentre inscrito a nombre de los demandados no convalida una eventual nulidad porque se traspasó un bien de dominio público por estar comprendido en dentro de los dos kilómetros inalienables de la Zona Fronteriza Sur. Precisamente, la acción de lesividad ostenta una finalidad de reivindicación de ese dominio, en la medida en que la razón misma de la demanda es la recuperación de una franja de terreno que, siendo parte del régimen de demanialidad, se alega fue trasladado de manera ilegítima al régimen privado. Por otra parte, se trata de un bien inmueble que es susceptible de integrar el demanio público, que está afecto normativamente a un régimen especial y que tiene una vocación o destino público, dadas las distintas actividades que se efectúan en esta zona, según explicamos ut supra. Por tratarse de la recuperación de un bien de dominio público, estimamos que se cumple el elemento temporal del proceso de lesividad.

Lo anterior porque aun y cuando el acuerdo cuya nulidad se gestiona fue emitido en el 2005 y la declaratoria de lesividad se dictó en el año 2015, lo cierto es que la acción para recuperar este tipo de bienes no está a ningún plazo, dada su inalienabilidad e imprescriptibilidad, tal cual se infiere, actualmente, del artículo 34 de CPCA. Así las cosas, la acción satisface los presupuestos requeridos para establecer un proceso de lesividad.

IV.Aunado a lo anterior, estimamos que la causa muestra actualidad, toda vez que, insistimos, se pretende la recuperación de un inmueble ubicado dentro de la Zona Fronteriza Sur, el cual dada su condición demanial y su inalienabilidad, no podía ser adjudicado ni traspasado a los aquí demandados. Por ello, es evidente que existen vicios que conllevan la nulidad absoluta del acuerdo aquí impugnado por ausencia de motivo y contenido ilegítimo. Así, las pretensiones anulatorias que se formulan no resultan contrarias con el ordenamiento jurídico. En virtud de lo expuesto, dado el allanamiento puro y simple de los accionado con los pedimentos que formula el ente actor y el examen de los diversos presupuestos que le dan cabida en el subjúdice, debe declararse con lugar la demanda de conformidad con lo pedido por el INDER, disponiendo la nulidad absoluta del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005, en lo que se refiere a autorización segregación y traspaso de un terreno a favor de los demandados Nombre138374 y Nombre138373 , descrito en plano catastrado P-0994304-2005.

Por conexidad, deberán anularse también la escritura pública número quince, otorgada ante notario Jimmy Meza Lazarus, a las 8 horas del 27 de octubre del 2005, que formalizó la segregación y traspaso de la parcela 29-3 del Asentamiento Amalia Hernández, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de los aquí accionados y el asiento registral de inscripción de la finca inscrita en el Registro Nacional, Partido de Puntarenas bajo sistema de folio real matrícula No. 143720 derechos 001 y 002. De conformidad con el artículo 131 del CPCA, esta declaración de nulidad absoluta tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de los actos anulados, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Para lo que corresponda, deberá comunicarse esta sentencia al Archivo Nacional para que se proceda a las anotaciones respectivas en el protocolo indicado.

V.En el escrito en el cual los demandados Nombre138374 y Nombre138373 se allanaron a las pretensiones del ente actor, adicionalmente solicitan que se establezca que tienen prioridad para que el INDER les otorgue la concesión del inmueble al que hemos hecho referencia o que les cancele el monto de las mejoras. Sin embargo, este pedimento debe ser rechazado. Lo anterior toda vez que la única manera en que los accionados podrían gestionar este tipo de pretensiones es formulando una contrademanda o reconvención, misma que debe presentarse en el mismo escrito de contestación de la acción. En el caso que nos ocupa, como los demandados fueron declarados rebeldes por no contestar la demanda, resulta evidente que no se planteó ninguna reconvención, razón por lo cual lo pedido resulta improcedente y así debe declararse. Debe advertirse, eso sí, que se trata de pedimentos que bien pueden ser planteados por los demandados ante el órgano competentea efectos de que éste los analice y resuelva de conformidad.

VI.Finalmente, el Tribunal estima que la participación del Estado como tercero interesado en nada impide que se acoja este allanamiento. Lo anterior porque ese ente no formuló ninguna pretensión propia, siendo que más bien justifica su participación para coadyuvar al INDER en este proceso, dada la condición demanial del inmueble cuya recuperación se pretende.

VII.Sobre las costas. De conformidad con el numeral 193 del CPCA Administrativo las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. Tampoco se deben imponer cuando se incurra en plus petitio, sea, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo concedido en definitiva sea de más de un quince por ciento, salvo que las bases de la demanda sean consideradas provisionales. Sin embargo, conforme al canon 197 inciso 1) ejusdem, cuando se produzca desistimiento, allanamiento o satisfacción extraprocesal antes de la audiencia preliminar o en el curso de ésta, no habrá condenatoria en costas, salvo acuerdo en contrario de las partes. Cuando esos remedios se dieran luego de esa etapa preliminar, podrán otorgarse por adición siempre que la parte vencedora las reclame dentro de tercer día. Así las cosas, de conformidad con la norma citada, se omite pronunciamiento sobre este extremo.

POR TANTO

Ante el allanamiento externado por los demandados Nombre138374 y Nombre138373 , se declara con lugar la demanda interpuesta por Instituto de Desarrollo Rural y en consecuencia:

  • 1)Se declara la nulidad absoluta del acuerdo tomado por la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Agrario, en el artículo 66 de la sesión 041-05, efectuada el 24 de octubre de 2005, en lo que se refiere a autorización segregación y traspaso de un terreno a favor de los demandados Nombre138374 y Nombre138373 , descrito en plano catastrado Placa26183.
  • 2)Por conexidad, deberán anularse también la escritura pública número quince, otorgada ante notario Jimmy Meza Lazarus, a las 8 horas del 27 de octubre del 2005, que formalizó la segregación y traspaso de la parcela 29-3 del Asentamiento Amalia Hernández, únicamente en lo que se refiere a la titulación de una finca a favor de los aquí accionados y el asiento registral de inscripción de la finca inscrita en el Registro Nacional, Partido de Puntarenas bajo sistema de folio real matrícula No. Placa26184 derechos 001 y 002.
  • 3)Esta declaración de nulidad absoluta tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de los actos anulados, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Para lo que corresponda, deberá comunicarse esta sentencia al Archivo Nacional para que se proceda a las anotaciones respectivas en el protocolo indicado y al Registro Nacional para lo de su cargo.

Cynthia Abarca Gómez Silvia Consuelo Fernández Brenes José Roberto Garita Navarro PROCESO DE PURO DERECHO ACTOR: EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL DEMANDADOS: Nombre138372 , Nombre138373 TERCERO INTERESADO: EL ESTADO

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