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Res. 02454-2019 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 14/10/2019
OutcomeResultado
The Court ordered the mayor of La Unión to decide and give notice within fifteen business days on the complaint seeking inspection and demolition of structures in protected areas, and assessed costs and resulting damages against the Municipality.El Tribunal ordenó al alcalde de La Unión resolver y notificar en quince días hábiles el reclamo sobre inspección y demolición de estructuras en áreas protegidas, y condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court granted a legality amparo against the Municipality of La Unión for failing to timely decide a complaint filed on June 29, 2018, which sought the opening of proceedings to inspect and demolish structures in protected areas. The omission violated the fundamental right to prompt and complete administrative proceedings derived from Article 41 of the Constitution. The Court rejected the Municipality’s argument that it was awaiting a final decision from the Environmental Administrative Tribunal: concurrent jurisdiction does not extinguish the Municipality’s duty to issue a final administrative act but instead requires application of the principle of administrative coordination. The Court emphasized that deciding a proceeding concerning demolition in protected areas is a non-waivable public power governed by statutory deadlines. It ordered the mayor to issue a decision on the merits and notify the complainant within fifteen business days, assessed costs and resulting damages against the Municipality, and warned that noncompliance could entail financial and criminal liability.El Tribunal Contencioso Administrativo declaró con lugar un amparo de legalidad contra la Municipalidad de La Unión por no resolver oportunamente un reclamo presentado el 29 de junio de 2018, mediante el cual se solicitó iniciar un procedimiento de inspección y demolición de estructuras en áreas protegidas. La omisión vulneró el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, derivado del artículo 41 de la Constitución Política. El Tribunal rechazó como justificación que la Municipalidad estuviera esperando la resolución del Tribunal Ambiental Administrativo: la existencia de competencias concurrentes no elimina su obligación de dictar el acto final, sino que exige aplicar el principio de coordinación administrativa. Destacó que resolver el procedimiento de demolición constituye una potestad pública irrenunciable, sujeta a los plazos legales. Ordenó al alcalde resolver por el fondo y notificar el reclamo dentro de quince días hábiles, condenó a la Municipalidad al pago de costas, daños y perjuicios y advirtió sobre las consecuencias del incumplimiento.
Key excerptExtracto clave
Accordingly, the respondent authority merely states that it is awaiting the decision of the Environmental Administrative Tribunal, but no evidence was provided of the application of the Principle of Administrative Coordination discussed above. Moreover, issuing the final act in an administrative proceeding for the demolition of structures in protected areas is a non-waivable public power; that final act must be issued within the period established by law (Articles 66 and 261 of Law 6227, respectively), subject to material impossibilities arising, among other things, from fortuitous events or force majeure. It is not, however, an exception for the respondent authority, nor a valid justification, to claim that the final act in the proceeding initiated by the petitioner has not been issued because another proceeding exists before another public authority. Quite the contrary, this means that the formal omission exists and that the authority is failing to exercise its administrative jurisdiction and to fulfill its legal and constitutional duty to guarantee the fundamental right to prompt and complete administrative proceedings, as derived from Article 41 of the Constitution. The respondent authority’s duty to conclude administrative proceedings promptly and diligently, within the periods imposed by the body of law, is therefore reiterated. The amparo is GRANTED, and is understood to be denied insofar as relief is not expressly awarded. The MAYOR OF THE MUNICIPALITY OF LA UNIÓN is ordered to decide the merits of and give notice concerning, within FIFTEEN BUSINESS DAYS following communication of this judgment, the administrative complaint filed by the petitioner and identified in finding 1 (dated June 29, 2018, seeking the opening of administrative proceedings to inspect and demolish structures in protected areas). The MUNICIPALITY OF LA UNIÓN is ordered to pay the costs, damages, and losses caused by the facts underlying this declaration, which shall be determined during enforcement of the administrative litigation judgment.Conforme a lo indicado, la autoridad recurrida, apenas indica que se está a la espera de lo que resuelva el Tribunal Ambiental Administrativo, pero no se dio evidencia de la aplicación del Principio de Coordinación Administrativa arriba expuesto, en el contexto además, que el dictado del acto final de un procedimiento administrativo de demolición de estructuras en áreas protegidas, es una potestad pública irrenunciable; acto final que debe dictarse en el plazo que determina la ley (66 y 261 de la Ley 6227 respectivamente) con la salvedad de imposibilidades materiales dadas entre otros por el caso fortuito o la fuerza mayor, no obstante, no es salvedad para la autoridad recurrida, ni justificación válida, pretextar que el acto final del procedimiento iniciado por la parte actora, no se ha dictado, por cuanto, existe otro procedimiento ante otra autoridad pública, todo lo contrario, eso implica que la omisión formal existe y que se está incumpliendo con su competencia administrativa y con el deber legal y constitucional de garantizar el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, como derivación del artículo 41 de la Constitución Política, razón por la cual se reitera, el deber de la autoridad recurrida de concluir los procedimientos administrativos de manera oportuna y diligente, según los plazos que le impone el bloque de legalidad. Se declara CON LUGAR el amparo, entendiéndose denegado en lo que no se concede en forma expresa. Se le ordena al ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, resolver y notificar por el fondo, dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de la comunicación de la sentencia, el reclamo administrativo presentado por la parte recurrente, indicado en el resultando 1 (de fecha 29 de junio del 2018, para la apertura de procedimiento administrativo de inspección y demolición de estructuras en áreas protegidas). Se condena a la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Pull quotesCitas destacadas
"Por consiguiente, considera este Tribunal que el amparo debe estimarse con lugar, con las consecuencias que se particularizan en la parte dispositiva de esta sentencia, pues es deber de la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN concluir los procedimientos administrativos de manera oportuna y diligente, según los plazos que le impone el bloque de legalidad."
"Consequently, this Court considers that the amparo must be granted, with the consequences specified in the operative part of this judgment, because it is the duty of the MUNICIPALITY OF LA UNIÓN to conclude administrative proceedings promptly and diligently, within the periods imposed by the body of law."
Considerando II
"Por consiguiente, considera este Tribunal que el amparo debe estimarse con lugar, con las consecuencias que se particularizan en la parte dispositiva de esta sentencia, pues es deber de la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN concluir los procedimientos administrativos de manera oportuna y diligente, según los plazos que le impone el bloque de legalidad."
Considerando II
"La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada."
"Administrative coordination is intended to prevent duplication and omissions in the exercise of each public entity’s administrative functions, that is, to ensure that they are performed rationally and systematically."
Considerando II
"La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada."
Considerando II
"En este sentido, aún cuando el planteamiento inicial de un reclamo fuese planteado por el amparado en una oficina sin competencia para resolverlo, esto no exonera a tal dependencia de su obligación de recibir tal gestión, trasladarla a la unidad responsable de su resolución e informarle lo ocurrido al petente."
"In this regard, even when a claimant initially files a complaint with an office lacking authority to decide it, that does not release the office from its obligation to receive the filing, forward it to the unit responsible for deciding it, and inform the petitioner of what occurred."
Considerando II, cita de la Sentencia 2559-2003
"En este sentido, aún cuando el planteamiento inicial de un reclamo fuese planteado por el amparado en una oficina sin competencia para resolverlo, esto no exonera a tal dependencia de su obligación de recibir tal gestión, trasladarla a la unidad responsable de su resolución e informarle lo ocurrido al petente."
Considerando II, cita de la Sentencia 2559-2003
"Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial."
"Municipalities likewise bear substantial responsibility for this task within their territorial jurisdiction."
Considerando II, cita de la Sentencia 16167-2013
"Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial."
Considerando II, cita de la Sentencia 16167-2013
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EV Template Generation: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL015.dpj *190014481027CA* CASE FILE:
PROCEEDING:
LEGALITY PROTECTION PROCEEDING (AMPARO DE LEGALIDAD) PLAINTIFF:
Nombre16408 DEFENDANT:
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN No. 2019-2454 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at nine hours and zero minutes on catorce de octubre de dos mil diecinueve.- Legality protection proceeding filed by Nombre16408, identity card CED13005, seeking a declaration that MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN is liable, with the consequences prescribed by law, for its failure to conclude, within the period established by the body of legality (bloque de legalidad), an administrative claim (reclamo administrativo) dated 29 de junio del 2018, requesting the initiation of an administrative proceeding (procedimiento administrativo) for the inspection and demolition of structures in protected areas.
FINDINGS:
1-) The petitioner seeks a declaration that MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN is liable, with the consequences prescribed by law, for its failure to conclude, within the period established by the body of legality, an administrative claim dated 29 de junio del 2018, requesting the initiation of an administrative proceeding for the inspection and demolition of structures in protected areas.
2-) The representative of MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, insofar as relevant to this specific case, acknowledged that the claim remains unaddressed. (See report).
3-) The body of legality has been observed in the proceeding conducted.
CONSIDERATIONS:
I-) Sole proven fact: The respondent did not address, within the period prescribed by law, the administrative claim identified in Finding 1 of this decision. (See report).
II-) Analysis of the case: Based on the preceding consideration and the report submitted by the respondent authority, which had been duly advised of the legal consequences set forth in the order serving notice of the proceeding (auto de traslado), the violation of the right to a prompt and duly completed administrative proceeding, protected by Article 41 of the Constitución Política, has been established. In this regard, the claim identified in Finding 1 of this decision was not addressed by MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN within the period prescribed by the body of legality; there is no evidence to the contrary. Consequently, this Court considers that the petition for protection (amparo) must be granted, with the consequences specified in the operative part (parte dispositiva) of this judgment, because MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN has a duty to conclude administrative proceedings promptly and diligently, within the periods imposed by the body of legality.
The Court is aware that the respondent party’s representative argued that it is awaiting the final decision of the Tribunal Ambiental Administrativo; nevertheless, that authority must be reminded that this circumstance does not exempt it from issuing a final administrative act (acto final) on every administrative claim submitted to it, within the general or specific periods imposed by the body of legality, including circumstances in which concurrent jurisdiction (competencias concurrentes) with another entity may exist. Indeed, this also requires it to apply the Principle of Administrative Coordination (Principio de Coordinación Administrativa), which has been extensively addressed by the Sala Constitucional: “Regarding the principle of administrative coordination. This Court has recognized that one of the guiding principles of administrative organization is the coordination that must exist among all public entities and bodies when exercising their powers and providing the services assigned to them by the legal system.
Coordination, insofar as it ensures administrative efficiency and effectiveness, is a virtual or implicit constitutional principle that permeates the entire administrative legal system and binds all public entities. Coordination may be inter-organizational—among the various bodies comprising a public entity that are not subject to a hierarchical relationship—or intersubjective—that is, among public entities, each of which has legal personality, its own budget, autonomy, and specific powers. The purpose of administrative coordination is to prevent duplication and omissions in the exercise of the administrative functions of each public entity; that is, to ensure that such functions are performed rationally and systematically.” Judgments 15218-2007 and 151-2012.
In a related vein, it has been stated: “This Chamber previously—and quite clearly—addressed the principle of coordination between public agencies and municipalities in pursuing common objectives—which must obviously be extended to the relationships established in this important function between institutions of the Central Administration and decentralized institutions…” Thus, coordination is the ordering of the relationships among these various independent activities, accounting for their concurrence with respect to the same object or entity so as to make it useful to an overall public plan, without eliminating the mutual independence of the participating actors.” Judgments 19896-2010 and 1344-2012.
Closely related to the foregoing, and as was duly stated in many other precedents, the Sala Constitucional held: “Indeed, the principle of coordination requires the State to ensure that its agencies adopt and implement all measures necessary to organize and harmonize their actions so that administrative management is as expeditious and effective as possible for the benefit of the person subject to the administration (administrado). In this regard, even if the initial submission of a claim by the protected party was made to an office lacking jurisdiction to decide it, this does not release that agency from its obligation to receive the filing, forward it to the unit responsible for deciding it, and inform the petitioner of what occurred. Conduct to the contrary would leave the person subject to the administration in a state of legal uncertainty and defenselessness, because that person would have no knowledge of how the filing was processed or which department to contact to ascertain the status of the matter and thereby demand the response owed.” Judgment 2559-2003.
Finally, the Sala Constitucional has held: “There is an obligation upon the State—as a whole—to take the measures necessary to protect the environment, in order to prevent levels of pollution, deforestation, extinction of flora and fauna, and excessive or improper use of natural resources that endanger the health of persons subject to the administration. For purposes of this task, a public institution includes both the Central Administration—ministries such as the Ministerio del Ambiente y Energía and the Ministerio de Salud—which, by reason of their subject matter, have extensive participation and responsibility concerning environmental conservation and preservation and which act, in most cases, through their specialized agencies in the field, such as the Dirección General de Vida Silvestre, the Dirección Forestal, and the Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)—as well as decentralized institutions such as the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, SENARA, the Instituto Costarricense de Turismo, and the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Municipalities likewise bear significant responsibility for this task within their territorial jurisdiction. Given the variety of actors that may intervene, it might be thought that this shared responsibility would cause chaos in administrative management. Therefore, to prevent the simultaneous coexistence of spheres of authority of differing origins and natures, the duplication of national and local efforts, and confusion concerning the rights and obligations of the various parties involved, it is necessary to establish a series of coordination relationships among the various agencies of the Executive Branch and decentralized institutions, and between those bodies and municipalities, so that they may carry out the functions entrusted to them. This Chamber has already addressed the principle of coordination between public agencies and municipalities in pursuing common objectives, stating in judgment number 5445-99, issued at fourteen hours and thirty minutes on 14 de julio de 1999, that: ‘Coordination is the ordering of the relationships among these various independent activities, accounting for their concurrence with respect to the same object or entity so as to make it useful to an overall public plan, without eliminating the mutual independence of the participating actors.
Because no hierarchical relationship exists among decentralized institutions, or between the State itself and municipalities, particular forms of conduct cannot be imposed upon them. This gives rise to the indispensable interinstitutional “concert,” in the strict sense, whereby autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and overall framework, within which each performs a role in view of a mission entrusted to the others. Thus, relations between municipalities and other public entities may be conducted only on a basis of equality, resulting in agreed forms of coordination and excluding any mandatory arrangement detrimental to their autonomy that would subject corporate entities to a coordination framework without or against their consent; this nevertheless permits the necessary subordination of those entities to the State and in its interest (through the State’s “administrative oversight” (tutela administrativa), and specifically through its function of reviewing legality, for which it possesses general supervisory powers over the entire sector)…’” Judgment 16167-2013.
In accordance with the foregoing, the respondent authority merely states that it is awaiting the decision of the Tribunal Ambiental Administrativo, but no evidence was provided that the Principle of Administrative Coordination described above had been applied. This must also be considered in the context that issuing the final administrative act in an administrative proceeding for the demolition of structures in protected areas is a non-waivable public power (potestad pública irrenunciable); that final administrative act must be issued within the period prescribed by law (66 and 261 of Ley 6227, respectively), subject to material impossibility arising, among other causes, from unforeseeable events (caso fortuito) or force majeure (fuerza mayor). Nevertheless, it is neither an exception available to the respondent authority nor a valid justification for it to claim that the final administrative act in the proceeding initiated by the plaintiff has not been issued because another proceeding is pending before another public authority.
Quite the opposite: this demonstrates that the formal omission exists and that the respondent authority is failing to exercise its administrative jurisdiction and to fulfill its statutory and constitutional duty to guarantee the fundamental right to a prompt and duly completed administrative proceeding, as derived from Article 41 of the Constitución Política. Accordingly, the respondent authority’s duty to conclude administrative proceedings promptly and diligently, within the periods imposed by the body of legality, is reiterated.
POR TANTO:
The amparo petition is GRANTED, except as to any relief not expressly granted, which shall be deemed denied. The MAYOR OF THE MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN is ordered to issue a decision on the merits and provide notice thereof, within FIFTEEN BUSINESS DAYS from service of the judgment, regarding the administrative claim filed by the petitioner, identified in Finding 1 (dated 29 de junio del 2018, requesting the initiation of administrative inspection proceedings and the demolition of structures in protected areas). The MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN is ordered to pay the legal costs and the damages arising from the facts underlying this ruling, which shall be assessed during enforcement proceedings before the administrative litigation court. The aforementioned official is advised that, pursuant to artículo 159 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, failure to comply with the required conduct gives rise to both monetary and criminal liability, and that failure to obey the provisions of this decision may result in prosecution for disobedience of authority (artículo 314 of the Código Penal).
The parties shall be notified through the designated means. LUIS ARTURO POLINARIS VIVES. JUDGE *VVXJ9KYIHU061* LUIS ARTURO POLINARIS VIVES - DECIDING JUDGE Goicoechea, Dirección01, 50 meters west of BNCR, across from Dirección02. Telephone numbers: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email: ...01
EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL015.dpj *190014481027CA* AMPARO DE LEGALIDAD ACTOR/A:
Nombre16408 DEMANDADO/A:
MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN Nº 2019-2454 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las nueve horas con cero minutos del catorce de octubre de dos mil diecinueve.- Procedimiento de Amparo de Legalidad interpuesto por Nombre16408 cédula de identidad CED13005, pretende se declare la responsabilidad de la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN con las consecuencias de ley, por la conducta omisiva de finalizar, dentro del plazo que determina el bloque de legalidad, un reclamo administrativo de fecha 29 de junio del 2018, para la apertura de procedimiento administrativo de inspección y demolición de estructuras en áreas protegidas.
RESULTANDO:
1-) El recurrente pretende que se declare la responsabilidad del MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN con las consecuencias de ley, por la conducta omisiva de finalizar, dentro del plazo que determina el bloque de legalidad, un reclamo administrativo de fecha 29 de junio del 2018, para la apertura de un procedimiento administrativo de inspección y demolición de estructuras en áreas protegidas.
2-) La representación de la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN en lo relevante para el caso concreto, reconoció que el reclamo sigue sin atender. (Ver informe).
3-) En el procedimiento seguido se ha observado el bloque de legalidad.
CONSIDERANDO:
I-) Hecho probado único: El recurrido no atendió, dentro del plazo de ley, el reclamo administrativo indicado en el resultado 1 de esta resolución. (Ver informe).
II-) Análisis del caso: A partir del considerando anterior y del informe rendido por la autoridad recurrida, con oportuno apercibimiento de la posibilidades jurídicas que constan en el auto de traslado; se acredita la vulneración del derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, tutelado por el artículo 41 de la Constitución Política. Al respecto, se tiene que el reclamo indicado en el resultado 1 de esta resolución no fue atendido por la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN dentro del plazo dispuesto por el bloque de legalidad, no hay pruebas al respecto. Por consiguiente, considera este Tribunal que el amparo debe estimarse con lugar, con las consecuencias que se particularizan en la parte dispositiva de esta sentencia, pues es deber de la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN concluir los procedimientos administrativos de manera oportuna y diligente, según los plazos que le impone el bloque de legalidad.
Ahora bien, se tiene noción que la representación de la parte recurrida alegó que se está a la espera de la resolución final del Tribunal Ambiental Administrativo, no obstante debe recordar dicha autoridad, que esa situación no la exime de dictar el acto final a todo reclamo administrativo que le presenten las personas, dentro de los plazos generales o particulares que le impone el bloque de legalidad, incluida la circunstancia en donde pueden existir competencias concurrentes con otro ente, que incluso le impone también hacer uso del Principio de Coordinación Administrativa, ampliamente difundido por la Sala Constitucional: “Sobre el principio de coordinación administrativa. Este Tribunal ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado.
La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. La coordinación puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva -esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas-. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada.” Sentencias 15218-2007 y 151-2012.
En otro sentido se ha indicado: “Esta Sala con anterioridad -y en forma bastante clara- se refirió al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes -lo cual, obviamente se debe hacer extensivo a la relación que en esta importante función realizan las instituciones de la Administración Central y las descentralizadas…”De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes.” Sentencias 19896-2010 y 1344-2012.
En estrecha relación con lo citado, y como bien se indicó, entre muchos otros antecedentes, la Sala Constitucional determinó: “En efecto, el principio de coordinación obliga al Estado a que sus dependencias adopten e implementen todas aquellas medidas requeridas para organizar y armonizar sus actuaciones con el propósito que la gestión administrativa sea lo más célere y efectiva posible en beneficio del administrado. En este sentido, aún cuando el planteamiento inicial de un reclamo fuese planteado por el amparado en una oficina sin competencia para resolverlo, esto no exonera a tal dependencia de su obligación de recibir tal gestión, trasladarla a la unidad responsable de su resolución e informarle lo ocurrido al petente. Una actuación contraria dejaría al administrado en una situación de incerteza jurídica e indefensión, pues no tendría conocimiento alguno sobre la tramitación dada a su gestión ni sabría a cuál departamento dirigirse para tener razón sobre el estado de su asunto y así poder demandar la respuesta debida". Sentencia 2559-2003.
Finalmente, la Sala Constitucional ha determinado: “..Existe una obligación para el Estado -como un todo- de tomar las medidas necesarias para proteger el ambiente, a fin de evitar grados de contaminación, deforestación, extinción de flora y fauna, uso desmedido o inadecuado de los recursos naturales, que pongan en peligro la salud de los administrados. En esta tarea, por institución pública se entiende tanto a la Administración Central -Ministerios, como el Ministerio del Ambiente y Energía y el Ministerio de Salud-, que en razón de la materia, tienen una amplia participación y responsabilidad en lo que respecta a la conservación y preservación del ambiente; los cuales actúan, la mayoría de las veces, a través de sus dependencias especializadas en la materia, como por ejemplo, la Dirección General de Vida Silvestre, la Dirección Forestal, y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)-, así como también las instituciones descentralizadas como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el SENARA, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Del mismo modo, en esta tarea tienen gran responsabilidad las municipalidades en lo que respecta a su jurisdicción territorial. Debido a la diversidad de actores que pueden intervenir, podría pensarse que esta múltiple responsabilidad provocaría un caos en la gestión administrativa. Por ello, a fin de evitar la coexistencia simultánea de esferas de poder de diferente origen y esencia, la duplicación de los esfuerzos nacionales y locales, así como la confusión de derechos y obligaciones entre las diversas partes involucradas, se hace necesario establecer una serie de relaciones de coordinación entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo y las instituciones descentralizadas, y entre éstas con las municipalidades, a fin de poder llevar a cabo las funciones que les han sido encomendadas. Esta Sala se ha referido ya al principio de coordinación de las dependencias públicas con las municipalidades en la realización de fines comunes, al señalar mediante sentencia número 5445-99, de las catorce horas treinta minutos del 14 de julio de 1999, que: “La coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes.
Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible «concierto» interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la «tutela administrativa» del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector)…” Sentencia 16167-2013.
Conforme a lo indicado, la autoridad recurrida, apenas indica que se está a la espera de lo que resuelva el Tribunal Ambiental Administrativo, pero no se dio evidencia de la aplicación del Principio de Coordinación Administrativa arriba expuesto, en el contexto además, que el dictado del acto final de un procedimiento administrativo de demolición de estructuras en áreas protegidas, es una potestad pública irrenunciable; acto final que debe dictarse en el plazo que determina la ley (66 y 261 de la Ley 6227 respectivamente) con la salvedad de imposibilidades materiales dadas entre otros por el caso fortuito o la fuerza mayor, no obstante, no es salvedad para la autoridad recurrida, ni justificación válida, pretextar que el acto final del procedimiento iniciado por la parte actora, no se ha dictado, por cuanto, existe otro procedimiento ante otra autoridad pública, todo lo contrario, eso implica que la omisión formal existe y que se está incumpliendo con su competencia administrativa y con el deber legal y constitucional de garantizar el derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido, como derivación del artículo 41 de la Constitución Política, razón por la cual se reitera, el deber de la autoridad recurrida de concluir los procedimientos administrativos de manera oportuna y diligente, según los plazos que le impone el bloque de legalidad.
POR TANTO:
Se declara CON LUGAR el amparo, entendiéndose denegado en lo que no se concede en forma expresa. Se le ordena al ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, resolver y notificar por el fondo, dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de la comunicación de la sentencia, el reclamo administrativo presentado por la parte recurrente, indicado en el resultando 1 (de fecha 29 de junio del 2018, para la apertura de procedimiento administrativo de inspección y demolición de estructuras en áreas protegidas). Se condena a la MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Se le advierte al funcionario supra citado, que de conformidad con el artículo 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el incumplimiento de la conducta impuesta acarrea responsabilidad tanto pecuniaria como penal, y que de no obedecer lo dispuesto en esta resolución, se le podrá seguir causa por desobediencia a la autoridad (artículo 314 del Código Penal).
Notifíquese a las partes al medio señalado. LUIS ARTURO POLINARIS VIVES. JUEZ *VVXJ9KYIHU061* LUIS ARTURO POLINARIS VIVES - JUEZ/A DECISOR/A Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0099, 2545-0107, 2545-0158. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01
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