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Res. 00420-2019 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago · 06/09/2019
OutcomeResultado
The Court upheld the criminal acquittal for atypicality, finding that the discharged wastewater did not exceed regulatory limits and thus did not constitute the offense of polluting public waters, while correcting the legal rationale of the lower court's judgment.El Tribunal confirmó la absolución penal por atipicidad, al considerar que las aguas residuales vertidas no excedieron los límites reglamentarios y por tanto no configuraban el delito de contaminación de aguas de dominio público, aunque corrigió la fundamentación jurídica del fallo de primera instancia.
SummaryResumen
The Criminal Appeals Court of Cartago upheld the acquittal of the defendant for the offense of polluting public waters (Article 100 of the Wildlife Conservation Law). The prosecution argued that the offense is one of mere activity, committed by simply discharging wastewater into a river regardless of pollution. The court, in a majority vote, corrected the trial court's reasoning —which had erroneously treated the offense as one of result— and held that, although it is a mere activity offense, it requires that the substances discharged be polluting according to regulatory standards. Based on Executive Decrees No. 33601 and No. 34431, it interpreted that not all residual water constitutes a prohibited polluting substance; if its physicochemical and microbiological levels are within permissible limits, the discharge is atypical due to absence of comprehensive typicality or, alternatively, lack of formal unlawfulness. Expert and documentary evidence showed that the effluent from the aquaculture project did not exceed those limits, so the prosecution's appeal was dismissed. The civil liability ruling was partially annulled due to insufficient reasoning.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago confirmó la absolución del imputado por el delito de contaminación de aguas de dominio público (artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre). El Ministerio Público alegó que el tipo penal es de mera actividad y se configuraría con el mero vertido de aguas residuales al río, independientemente de si contaminaban. El Tribunal, en voto de mayoría, corrigió el razonamiento del tribunal de juicio —que erróneamente consideró el delito como de resultado— y determinó que, si bien es un delito de mera actividad, para su configuración es necesario que las sustancias arrojadas sean contaminantes según los parámetros reglamentarios. Con base en los Decretos Ejecutivos N.º 33601 y N.º 34431, interpretó que no toda agua residual constituye una sustancia contaminante prohibida; si sus niveles fisicoquímicos y microbiológicos están dentro de los límites permisibles, el vertido es atípico por carecer de tipicidad conglobante o, alternativamente, de antijuricidad formal. La prueba pericial y documental descartó que el efluente del proyecto acuícola sobrepasara dichos límites, por lo que se declaró sin lugar el recurso fiscal. Se anuló parcialmente la condena civil por falta de fundamentación adecuada.
Key excerptExtracto clave
It is thus clear that the State itself considered that not every act of discharging substances is prohibited, since, upon compliance with certain parameters, the introduction of residual waters into water bodies does not fit the criminal offense. Therefore, the Public Prosecutor's Office had, in this case, to demonstrate that the waters discharged by the accused into the river exceeded those permissible limits regarding physicochemical and microbiological parameters, which was ruled out by the statements received at trial and assessed by the trial judge. As to the criminal aspect, neither Article 100 of the Wildlife Conservation Law nor any other criminal provision punishes someone who carries out the described conduct of discharging substances without the respective permit, so if the levels are within those allowed by the cited Executive Decree, the conduct is atypical from the standpoint of comprehensive typicality, when analyzing the concepts of polluting substance and residual water according to that decree. From another perspective, using the same arguments, it could be said that the conduct lacks formal unlawfulness, because it is permitted in the legal system, which in any case results in the absence of any offense attributable.Es claro entonces que el propio Estado consideró que no toda conducta de arrojar sustancias se encuentra prohibida, pues, bajo el cumplimiento de ciertos parámetros, la incorporación de las aguas residuales a los cuerpos de agua no encaja en la figura penal. Por ello, el Ministerio Público debía, en este caso, demostrar que las aguas arrojadas por el imputado al río se encontraban fuera de esos niveles permisibles con respecto a los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, lo que se descartó con las declaraciones recibidas en juicio y valoradas por la jueza a quo. En cuanto al aspecto penal, ni el artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, ni algún otro tipo penal, sanciona a quien realice esa conducta de arrojar las sustancias descritas sin contar con el permiso respectivo, por lo que si estas se hallan en los niveles permitidos a partir del Decreto Ejecutivo referido, la conducta es atípica desde el punto de vista de la tipicidad conglobante, al analizar los conceptos de sustancia contaminante y agua residual conforme ese decreto. Desde otra óptica, con los mismos argumentos podría señalarse que la conducta carece de antijuricidad formal, por encontrarse permitida en el ordenamiento jurídico, lo que, de todos modos, deriva en la inexistencia de algún ilícito que atribuir.
Pull quotesCitas destacadas
"Ciertamente, como lo indica el fiscal y contrario a lo que se determinó en el fallo, el tipo penal descrito en el artículo 100 es de mera actividad y no de resultado, por lo que este se configuraría al arrojar las sustancias en él referidas al río, sin que sea necesario establecer que el cuerpo de agua fue contaminado; tampoco es relevante determinar si había o no contaminación aguas arriba."
"Certainly, as the prosecutor points out and contrary to what was determined in the judgment, the criminal offense described in Article 100 is one of mere activity and not of result, so it would be committed upon discharging the substances referred to therein into the river, without it being necessary to establish that the water body was contaminated; nor is it relevant to determine whether there was pollution upstream."
Considerando VI
"Ciertamente, como lo indica el fiscal y contrario a lo que se determinó en el fallo, el tipo penal descrito en el artículo 100 es de mera actividad y no de resultado, por lo que este se configuraría al arrojar las sustancias en él referidas al río, sin que sea necesario establecer que el cuerpo de agua fue contaminado; tampoco es relevante determinar si había o no contaminación aguas arriba."
Considerando VI
"Sin embargo, el hecho de que no se exija determinar que el cuerpo de agua efectivamente se contaminó, no implica que se deba omitir considerar si las sustancias arrojadas son aptas o no para contaminar."
"However, the fact that it is not required to determine that the water body was actually polluted does not imply that consideration should be omitted as to whether the substances discharged are capable of polluting or not."
Considerando VI
"Sin embargo, el hecho de que no se exija determinar que el cuerpo de agua efectivamente se contaminó, no implica que se deba omitir considerar si las sustancias arrojadas son aptas o no para contaminar."
Considerando VI
"la conducta es atípica desde el punto de vista de la tipicidad conglobante, al analizar los conceptos de sustancia contaminante y agua residual conforme ese decreto. Desde otra óptica, con los mismos argumentos podría señalarse que la conducta carece de antijuricidad formal, por encontrarse permitida en el ordenamiento jurídico"
"the conduct is atypical from the standpoint of comprehensive typicality, when analyzing the concepts of polluting substance and residual water according to that decree. From another perspective, using the same arguments, it could be said that the conduct lacks formal unlawfulness, because it is permitted in the legal system"
Considerando VI
"la conducta es atípica desde el punto de vista de la tipicidad conglobante, al analizar los conceptos de sustancia contaminante y agua residual conforme ese decreto. Desde otra óptica, con los mismos argumentos podría señalarse que la conducta carece de antijuricidad formal, por encontrarse permitida en el ordenamiento jurídico"
Considerando VI
"si los niveles de contaminación de las citadas aguas se encuentran por debajo de los límites fijados en esos reglamentos, el vertido no encuadra en la figura penal."
"if the pollution levels of the referred waters are below the limits set in those regulations, the discharge does not fit the criminal offense."
Considerando VI
"si los niveles de contaminación de las citadas aguas se encuentran por debajo de los límites fijados en esos reglamentos, el vertido no encuadra en la figura penal."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
**RESOLUTION Nº 00420 - 2019** **Date of Resolution:** September 6, 2019, at 14:28 **Case File:** 16-000019-0611-PE **Drafted by:** Xiomara Gutierrez Cruz **Type of matter:** Criminal appeal **Analyzed by:** CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL **Content of Interest:** **Type of content:** Majority vote **Branch of Law:** Criminal Law **Topic:** Violation of the wildlife conservation law **Subtopics:** Analysis of the crime of contamination of public waters, applicable regulations, and atypicality in the case of a trout farming project discharging wastewater into a river.
"VI. [...] Upon studying the formulated ground for appeal, this Chamber considers that the acquittal issued by the trial court (tribunal a quo) is in accordance with what our legal system establishes regarding the charged crime, although several clarifications are necessary, as some of the arguments given by the judge are incorrect. However, the conclusion she reached, regarding the atypicality (atipicidad) of the conduct attributed to the defendant (justiciable), is correct, so there is no grievance for the prosecutorial entity (ente fiscal), and therefore, its claim should not be upheld. The acquittal (fallo absolutorio) was based, basically, on the following arguments: 'Statements were received from four professionals, namely the judicial expert [Nombre1], who is a chemist by profession; Mr. [Nombre2], who serves as head of the Water Laboratory of Acueductos y Alcantarillados, being a chemist by profession; Mrs. [Nombre3], a microbiologist by profession and director of the water laboratory of the University of Costa Rica; and Mr. [Nombre4], a veterinary doctor from the company BIOMAR. All the aforementioned professionals, from each of their specialties, have indicated that there has been no polluting effect in the river after the water entered the defendant's trout farming project, which means that upon the discharge (vertido) of water into the river, no type of wastewater (agua residual) could be determined, which according to the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, should be understood as water that has received a use and whose quality has been modified by the incorporation of polluting agents. Article 100 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre) states that a penalty of one to three years in prison shall be imposed on whoever throws any polluting substance into rivers. In this specific case, it must be demonstrated that, in this process of discharging water into the river, the accused threw polluting waters, which according to Article 3 of the Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, polluting water must be understood as any substance whose incorporation into water leads to the deterioration of its physical, chemical, and biological quality. Article 3 of the Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos N. 34431 states that a polluting substance is any element whose incorporation into a body of water implies a deterioration of the physical, chemical, or biological quality of the water. It is evident, in the case at hand, that the defendant did not throw polluting waters into the Buenavista River, as has been accredited with the expert and documentary evidence received. For the Prosecutor's Office, the crime provided for in Article 100 of the Wildlife Conservation Law, contamination of public water, is one of mere activity (mera actividad) and not of result, therefore, merely discharging the water into the river, even if it does not contaminate, is sufficient for the criminal offense to be configured. The sanctioned conduct in the criminal offense of Article 100 of the Wildlife Conservation Law does not consist of discharging substances without a permit; it is not a crime of mere activity, but rather a crime of result because the substances deposited in the river must be polluting. As explained supra, the defendant did not have a permit to discharge waters into the river, but the waters that were deposited after the production process did not imply any contamination.' Certainly, as the prosecutor indicates and contrary to what was determined in the judgment, the criminal offense described in Article 100 is one of mere activity and not of result, so it would be configured upon throwing the substances referred to therein into the river, without it being necessary to establish that the body of water was contaminated; nor is it relevant to determine whether or not there was upstream contamination. Furthermore, when said article refers to 'any polluting substance,' this expression does not encompass the other substances described in the offense, since throwing any of them already implies the configuration of the criminal offense, which provides: 'Shall be sanctioned with a prison sentence of one (1) to three (3) years, provided a more serious crime is not configured, whoever throws wastewater (aguas servidas), sewage (aguas negras), sludge, waste, or any polluting substance into springs (manantiales), rivers, streams, permanent or non-permanent creeks, lakes, lagoons, marshes, and natural or artificial reservoirs, estuaries, peat bogs, swamps, wetlands, fresh, brackish, or salt waters, in their channels or in their respective protection areas. (As amended by Article 1 of Law N° 8689 of December 4, 2008).' However, the fact that it is not required to determine that the body of water was effectively contaminated does not imply that consideration should be omitted as to whether the substances thrown are suitable for polluting or not. Therefore, the interpretation of this criminal offense requires taking into account Decreto Ejecutivo Nº 33601 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales and Nº 34431 Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos to define what is considered wastewater (aguas servidas), sewage (aguas negras), or polluting substances that cannot be discharged into rivers. The prosecutor emphasizes that, according to what was said by witnesses [Nombre5] and [Nombre6], the waters discharged from the defendant's aquaculture project are wastewater (aguas residuales), an aspect on which there is no controversy, as, in effect, both witnesses indicated so. Also, according to the Dictionary of the Royal Spanish Academy, the concepts of sewage (aguas negras) and wastewater (aguas servidas) are synonyms for the concept of residual waters (aguas residuales) (RAE. (2019) Dictionary of the Royal Spanish Academy. Retrieved from https://dle.rae.es/?id=1BKpQj3). However, contrary to what the prosecutor intends, said waters do not in themselves constitute polluting substances according to our legal system, as analyzed in the appealed judgment, because the cited decrees make it possible to discharge wastewater (aguas residuales), in what is relevant to this case, into rivers, as long as they comply with the rules and parameters established therein, which is consistent with the principle of harmfulness (principio de lesividad) that requires that only conducts that cause relevant impact on the legal rights of interest to the Costa Rican State be criminalized. In accordance with the above, if the contamination levels of the cited waters are below the limits set in those regulations, the discharge (vertido) does not fit the criminal offense. The Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales in force contains the following provisions of interest: 'Article 1—Scope of application. This regulation shall be mandatory throughout the national territory in relation to the management of wastewater (aguas residuales), which, regardless of their origin, are discharged or reused. Article 2—Objectives. This Regulation aims to protect public health and the environment, through an environmentally adequate management of wastewater (aguas residuales)… Article 4—Obligation to treat wastewater (aguas residuales). Every generating entity (ente generador) must treat its wastewater (aguas residuales) so that they comply with the provisions of this Regulation and thus avoid damages to the environment, health, or human well-being…Article 13.—Scope of this chapter. This chapter establishes the physicochemical and microbiological parameters that must be mandatorily analyzed in the wastewater (aguas residuales) that is discharged into a receiving body (cuerpo receptor) or sanitary sewer…. Article 17.—General characteristics of the limits for the discharge (vertido) of wastewater (aguas residuales). The limits contained in this Chapter are permissible values and shall be mandatory for all generating entities (entes generadores). The Ministry of Health will accept a variation interval that shall be established by the 95% confidence limits of the respective parameter.' (highlighting is original) To understand these provisions, it is necessary to take into account the definitions that the regulation itself contains: 'Polluting agent (Agente contaminante): Any substance whose incorporation into water leads to the deterioration of its physical, chemical, or biological quality. Wastewater (Agua Residual): Water that has received a use and whose quality has been modified by the incorporation of polluting agents. For the purposes of this Regulation, two types are recognized: ordinary and special. Ordinary wastewater (Agua residual de tipo ordinario): Wastewater generated by domestic activities of man (use of toilets, showers, washbasins, sinks, laundry, etc.). Special wastewater (Agua residual de tipo especial): Wastewater of a type different from ordinary. Receiving body (Cuerpo receptor): Is any spring, recharge zones, river, stream, permanent or non-permanent creek, lake, lagoon, marsh, natural or artificial reservoir, artificial channel, estuary, mangrove, peat bog, swamp, fresh, brackish, or salt water, where wastewater (aguas residuales) is discharged. Effluent (Efluente): A liquid that flows out of the confined space containing it. In wastewater management, it refers to the flow that leaves the last treatment unit. Generating entity (Ente generador): Natural or legal person, public or private, responsible for the reuse of wastewater (aguas residuales) or for its discharge (vertido) into a receiving body (cuerpo receptor) or sanitary sewer.' (highlighting is original) It is clear then that the State itself considered that not every conduct of throwing substances is prohibited, because, under compliance with certain parameters, the incorporation of wastewater (aguas residuales) into bodies of water does not fit the criminal offense. Therefore, the Public Prosecutor's Office had to, in this case, demonstrate that the waters thrown by the defendant into the river were outside those permissible levels with respect to the physicochemical and microbiological parameters, which was ruled out with the statements received at trial and evaluated by the trial judge (jueza a quo). Now, the Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos establishes: 'Article 15.—On the discharge permit (permiso de vertidos). All natural or legal persons, public or private, who use bodies of water to introduce, transport, and eliminate discharges that may cause modifications in the physical, chemical, and biological quality of the water shall require a discharge permit (permiso de vertidos) issued by MINAE in accordance with what is established in this Regulation…All the aforementioned persons who discharge without the discharge permit, shall be subject to the administrative, civil, and criminal procedures and sanctions established in the current legislation, without this exempting them from the payment of the corresponding levy (canon).' In this process, it was demonstrated that the accused proceeded with the discharge (vertido) after subjecting the waters to a treatment process that meant they were within the permitted parameters, which could have given rise to a pronouncement regarding civil damages, but this aspect was not included in the lawsuit filed by the Procuraduría General de la República. Proceedings could also be initiated in the administrative venue (vía administrativa), as applicable, which, evidently, was not the responsibility of the Trial Court (Tribunal de Juicio). Regarding the criminal aspect, neither Article 100 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre), nor any other criminal offense, sanctions whoever carries out that conduct of throwing the described substances without having the respective permit; therefore, if these are within the permitted levels based on the referred Decreto Ejecutivo, the conduct is atypical (atípica) from the point of view of conglobant typicality (tipicidad conglobante), when analyzing the concepts of polluting substance and wastewater (agua residual) according to that decree. From another perspective, with the same arguments, it could be pointed out that the conduct lacks formal unlawfulness (antijuricidad) because it is permitted in the legal system, which, in any case, results in the nonexistence of any illicit act to attribute to [Nombre6]. For the reasons stated, the appeal is declared without merit." ... Ver más **Case File:** 16-000019-0611-PE **Against:** [Nombre1] **Crime:** Usurpation of public domain property and another **Victim:** The Environment **Res:** 2019-420 **Exp:** 16-000019-0611-PE **Criminal Sentence Appeals Court of Cartago, Second Section.** At fourteen twenty-eight hours on September sixth, two thousand nineteen.
Appeal filed in the present case against [Nombre1], of legal age, born on February fourth, nineteen sixty-nine, with identity card number CED1 - -, for the crime of Usurpation of public domain property and others, to the detriment of The Environment. The judges Xiomara Gutiérrez Cruz and Karen Valverde Chaves, and the judge Marco Mairena Navarro, participate in the decision of the appeal. The attorneys Adrián Fernández Rodríguez, in his capacity as Special Judicial Proxy of the company Truchas Reales de Costa Rica S.A. and also authenticating the writing presented by the defendant [Nombre1], and Luis Diego Hernández Araya, representative of the Public Prosecutor's Office, as well as the attorney Beatriz Sarmiento Chávez, in her condition as Criminal State Attorney, appeared in the appeal.
**Whereas (Resultando):**
**1.** That by judgment 557-2018 at ten fifteen hours on September twenty-eighth, two thousand eighteen, the Trial Court (Tribunal de Juicio) of the First Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón seat, resolved: "POR TANTO: In accordance with the foregoing and Articles 39, 41, and 50 of the Political Constitution; 1, 11, 21, 30, 45, 59 to 63, 75, 226 subsection 1), 227 of the Penal Code; Article 100 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de la Vida Silvestre) and its Regulation, and numerals 1, 3, 6, 8, 9, 10, 37, 38, 75, 76, 111, 113, 116, 119, 142, 175, 178, 265 to 270, 303, 341 to 368 of the Criminal Procedure Code, Decreto Ejecutivo N. 39078 JP, the protest of defective procedural activity filed by the technical defense of the accused regarding the entry of public officials into the property located at [Dirección1] is declared WITHOUT MERIT. The accused [Nombre1] is ACQUITTED of all penalty and responsibility for a crime of VIOLATION OF THE WILDLIFE LAW IN ITS MODALITY OF CONTAMINATION OF PUBLIC DOMAIN WATERS. The accused [Nombre1] is declared the responsible perpetrator of the crime of USURPATION OF PUBLIC DOMAIN PROPERTY IN IDEAL CONCURRENCE WITH THE CRIME OF USURPATION OF WATERS, AND THE PENALTY OF ONE YEAR IN PRISON IS IMPOSED, which he must serve in the respective prison establishment, after crediting the time spent in pretrial detention. As the requirements are met, the Benefit of Conditional Execution of the Sentence is granted to the accused, with the probation period set at THREE YEARS, during which he must comply with the following condition: not to commit a new intentional crime punishable with a prison sentence greater than six months. If he commits a crime with the indicated penalty and within the probation period, the benefit of conditional execution of the sentence shall be revoked, and he must serve the imposed prison sentence in the corresponding prison establishment. The Civil Compensatory Action against [Nombre1] AND TRUCHAS REALES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA established by the State, represented by the Procuraduría General de la República, is declared WITH MERIT, regarding the claim for the crime of USURPATION OF WATERS WITHOUT HAVING THE CORRESPONDING CONCESSION. The civil defendants are ordered to jointly pay the State, for PATRIMONIAL DAMAGE, the sum of FIVE MILLION TWO HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY-FIVE COLONES WITH ZERO CENTS, and for SOCIAL DAMAGE, the sum of THREE MILLION COLONES, FOR A TOTAL OF EIGHT MILLION TWO HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY-FIVE COLONES WITH ZERO CENTS. The measure requested by the representation of the Public Prosecutor's Office for the defendant to stop discharging wastewater (aguas residuales) into the [Dirección2] River, to adjust to the concession, and to make flow adjustments, is rejected. The costs of the criminal process are borne by the State. The costs of the complaint are borne by the accused and defendant, with the attorney's fees in the complaint set at the sum of FOUR HUNDRED FORTY THOUSAND COLONES. The costs of the civil action are borne by the two civil defendants, jointly, being set at the sum of ONE MILLION SIX HUNDRED FIFTY THOUSAND THREE HUNDRED NINETY-SEVEN COLONES WITH ZERO CENTS. The precautionary measures that might have been imposed on the accused are lifted. Once this judgment is final, its registration in the Judicial Registry and the issuance of the respective certified copies of the judgment are ordered. For the full reading of the judgment, sixteen hours on October fifth, two thousand eighteen, is set. (Backup of audio and video recording incorporated into the digital file). Notify by reading. MAUREEN CASTILLO VARGAS, JUDGE OF THE PÉREZ ZELEDÓN TRIAL COURT. (sic)."
**2.** That against the previous pronouncement, attorneys Adrián Fernández Rodríguez and Luis Diego Hernández Araya, and the defendant José Miguel Víquez Mora filed appeals.
**3.** That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 466 of the Criminal Procedure Code, amended by Law 8837 published on December ninth, two thousand eleven (Creation of the Appeal of the Sentence), the Court considered the questions raised in the appeal.
**4.** That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.
**Drafted by Judge Gutiérrez Cruz, and;** **Considering (Considerando):** **I.- Appeals filed:** The Court of the I Judicial Circuit of the Southern Zone, Pérez Zeledón Seat, issued judgment number 557-2018 at ten fifteen hours on September twenty-eighth, two thousand eighteen. Against said judgment, the following filed an appeal: 1) The defendant [Nombre1]. 2) The prosecutor Luis Diego Hernández Araya. 3) Attorney Adrián Fernández Rodríguez, in his capacity as special judicial proxy of the defendant Truchas Reales de Costa Rica S.A. These appeals were admitted by this Chamber through an order at eleven fifty hours on February twenty-sixth, two thousand nineteen.
**II. Oral Hearing.** The oral hearing to hear the grounds for challenge was held on March 26, 2019, with the Criminal Sentence Appeals Court of Cartago composed of judges Jaime Robleto Gutiérrez and Marco Mairena Navarro, and judge Xiomara Gutiérrez Cruz. Attorney Adrián Fernández Rodríguez, defendant [Nombre1], and prosecutor Alejandro Alpízar Arrones participated. As no evidence or extensions of the appeal grounds were received, it does not violate due process that this resolution is adopted with a partially different composition than the one that attended the oral hearing.
**III.-** In the first ground of his appeal, the defendant alleges erroneous appreciation of the evidence and disagreement with the determination of the proven facts. He criticizes that proven fact number four, by stating that on May fourth, all the water flowing through the channel of the Buenavista River was captured without leaving a remaining flow, is erroneous because it was demonstrated through the judicial inspection and the statements of witnesses that the water enters through one channel and exits through another immediately, so the channel never dries up, which would also be impossible because the project does not have any structure that would allow retaining the water that constantly circulates in the place 24 hours a day. Additionally, no measurement of the remaining flow was carried out, as on other dates, to accredit that all the water was captured that day. He criticizes that the erroneous establishment of this proven fact caused him grievance because, based on it, the existence of damage to the ecosystem was concluded, on which basis he was civilly condemned, even though such damage is not accredited. He also claims that, in the sixth fact of the accusation, he is attributed with causing damage to the State for not paying the levy (canon) for the use of water, which cannot be held against him because the witness José Miguel Zeledón, the highest administrative authority on water matters, declared that the defendant offered to pay the levy (canon) and that no response was given to his request, he was not told how much he should pay, nor during the criminal process, because the Procuraduría General de la República, without any basis, rejected the payment of the alleged debt. Finally, the Dirección de Aguas granted his represented party a concession for 21 liters per second and processed a flow increase for him, without indicating that he should pay any amount for the water used prior to said granting. He argues that he was caused grievance by being civilly condemned for the non-payment of the levy (canon) despite the fact that it did not occur due to causes beyond his control, as indicated. He requests that the appeal be upheld and the civil compensatory action be declared without merit. In the second ground of his appeal, the defendant criticizes erroneous appraisal of the evidence consisting of the statements of the defendant, [Nombre2], [Nombre3], and the administrative litigation file number 17-000153-1027-CA. To support his claim, he transcribes several extracts from the statements received at trial. He argues that from these it can be inferred that several facts should be taken as proven: that the Dirección de Agua of MINAE is aware that producers operate without any concession, to whom talks have been given to initiate the respective procedures, while the defendant has a permit from SETENA and a formulated concession request; that there were contradictory resolutions regarding the possibility of him taking water from the Buenavista River, since he was told he could not do so, and at the same time, a concession was granted to him, and a flow increase was processed, and there was an approach by the company Truchas Reales de Costa Rica S.A. for the continuation of the concession granting procedure, which implied an agreement between parties for the dismissal of a lawsuit filed in "the administrative litigation court." Based on these facts, he alleges the existence of an error of prohibition (error de prohibición) that was not duly evaluated by the Trial Court (Tribunal a quo), in violation of the provisions of Article 35 of the Penal Code. He requests that the appeal be upheld and an acquittal be issued in his favor, and the civil compensatory action be declared without merit. In the third ground, the defendant claims error in the legal foundation used to convict him for the crime of public domain [sic]. He points out that the crime of public domain was not applicable because Article 20 of the Ley de Aguas allows the construction of works in the channel, which was admitted by witness [Nombre4]. Furthermore, the Dirección de Aguas did not warn him of the impossibility of building dams or walls to capture the water; on the contrary, witness [Nombre5] told him that it was not possible to capture the water without making a dam or similar structure due to the existence of different levels between the river water and the land where it is to be used. He also claims that said article applies to anyone who does not have the right to possess, an element that is absent in this case because the defendant has such a right according to the Ley de Aguas, despite which the Court did not justify why it failed to apply the cited Article 20. Consequently, he argues that the attributed conduct is atypical (atípica) and that the conviction issued constitutes a grievance. He requests that the appeal be upheld and an acquittal be issued in his favor, and the civil compensatory action be declared without merit. The claims are heard jointly and are declared without merit. The defendant's questions stem from a subjective interpretation of the evidence that also deviates from what is established by Costa Rican regulations. The appealed judgment, regarding the establishment of the criminal liability of the defendant for the crimes of Usurpation of waters and Usurpation of Public Domain Property, was duly reasoned. Through the analysis of documentary and testimonial evidence, which included the defense's evidence, and also the defendant's statement, it was determined, in summary, that between April 26, 2016, and May 30, 2017, he ordered the construction of a gabion dam that he used to divert water from the channel of the Bellavista River and use it for his trout farming project. After circulating through the aquaculture tanks, this water returned, treated, to said channel some distance downstream, all without the respective concession, which was granted to him subsequent to these events. Therefore, on those dates, he did not have any right to hold that public domain property. The testimony of witness [Nombre6], an official of the Dirección de Aguas, was essential, because he visited the defendant's project in March 2015, in response to the concession request he had made, and personally notified him of a document warning him that he could not use the water until the requested permit was granted. Moreover, the inspector of the same Dirección de Aguas, [Nombre7], observed the diversion of river water executed by the accused, on which the trial court (a quo) analyzed: "The witness [Nombre7], as inspector of the Dirección de Aguas of Minaet, was tasked with visiting the defendant's trout farming project, being able to appreciate the use of water by him, without having the corresponding concession, in addition to having built a work in the river channel for the diversion of water. Thus, on May 4, 2016, through official communication DA-UHTPSOZ-0030-2016, signed by [Nombre7] addressed to Engineer [Nombre6], it is indicated that an inspection was carried out at the place on April 26, 2016, in the sector of [Dirección3], with the presence of Mr. [Nombre8], an employee of the defendant herein-being at the Buenavista River at the water intake point, where the intake of the total flow of the river could be observed, without any remaining flow, with the exception of some leaks at the intake point, by means of a dam-type structure in the river channel, as shown in figure number 1, at the coordinate point CED2 described in figure 2. The gauging of the intake work was carried out to determine the captured flow, using a current meter, obtaining a flow of 676.7 liters per second." The official [Nombre4] also provided very relevant information, as he stated that, by the date the two previous officials reported the defendant's actions, the concession had not been granted. The testimony of these three witnesses was correctly weighed by the Judge in relation to the documentary evidence: "Thus, the statements of witnesses [Nombre4], [Nombre6], [Nombre7] are complemented by the documentary evidence indicated above: the certified copies of administrative file 16145-A of the Dirección de Aguas, official communication DA-1402-2016 of the Dirección de Aguas, official communication Da-UHTPSOZ-0275-2016 of the Dirección de Aguas, official communication DA-UI-ITPSOZ-0030-2016 of the Dirección de Agua, certification of the Dirección de Aguas No. C-0237-2016, to reach the conclusion that the defendant herein carried out the administrative procedures before the Dirección de Aguas of the Ministerio de Ambiente y Energía, however, without the corresponding concession having been granted, he proceeded to use the water of the Buenavista River located in [Dirección3], for which he built an intake work in the river channel, with the purpose of diverting the river water toward the project called Truchas Reales de Costa Rica, having the judicial and extrajudicial representation, according to the certification of legal status number of the company number CED3- from the National Registry." Even the defense's evidence confirmed the accusatory hypothesis, because Mrs. [Nombre2], the defendant's wife, confirmed that he knew he did not have a concession and that he read the content of the documents they sent him, in addition to the fact that it was he who ordered the construction of the gabion wall to divert the waters. Likewise, the defendant's statement was analyzed in the judgment, and the existence of any error that would exempt him from liability was ruled out: "It must be highlighted that, from the defendant's statement, it can be inferred he is an experienced trout farmer, having 25 years of experience. In fact, in the years 2015, 2016, and 2017, he began exporting trout to the United States, sending fish twice a week, and exporting to Europe once a week." The defendant has considerable experience in trout farming. The defense argues in its conclusions that Mr. [Nombre1], when using the water of the Bellavista River, acted under a mistake of fact, as he was unaware that he had to await the final decision of the Water Directorate; however, the foregoing is not true. The defendant was personally notified in 2015 that he could not use the water of the Buenavista River." Other witnesses provided general information about the concession procedure and what powers they grant, among them [Nombre5], [Nombre9], and [Nombre10]. Thus, contrary to what the appellant claims, the judgment did contain a correct analysis of the evidence through which his responsibility was undoubtedly established. In this regard, concerning the total abstraction of the water on the fourth of May, there is no deficiency, because official Gómez Céspedes observed it. This does not mean that the river ran dry, because, as was proven, the water flowed continuously, entered the defendant's project, and flowed back out, so what was demonstrated was that all of the water passing through the channel at a given moment was diverted, even though it later returned to it once it had been used in the trout project. Furthermore, the argument from which it is inferred that, because other individuals who, according to the defendant, committed similar acts were not tried, he should have been acquitted, cannot be entertained, since criminal liability is strictly personal and proceedings in accordance with the law must be brought against each individual, which is what occurred in this case; that is, the defendant was prosecuted in accordance with the regulations, and the conviction handed down is legitimate, regardless of whether or not other individuals were prosecuted for similar acts. In the same vein, what may have occurred in the administrative litigation proceeding neither exempts him from criminal liability nor influences this process in any way, and therefore the arguments regarding this aspect are moot. It was determined that the defendant was personally notified of the prohibition against beginning to use the water until the concession was granted to him and that, therefore, he had full knowledge of said impediment, which rules out any mistake on his part even though other legal avenues existed to litigate other aspects of the conflict. Both aspects were appropriately addressed in the judgment: "In reality, the fact that an administrative litigation proceeding was filed against the State, from which the defendant later withdrew because the officials negotiated to grant the concession, is of no importance to the case, because, with the concession application being processed in 2016 and 2017, the accused proceeded to draw water from the Buenavista River without the State's permission. It must be remembered that this is a public domain asset (bien demanial), which citizens cannot dispose of at their whim... If the foregoing is taken into consideration, it can be concluded that Mr. [Nombre1] knew perfectly well that he could not divert the river water to his trout project. The technical defense alleged a supposed custom among trout farmers regarding the use of water for their activity. This custom cannot create a right, much less induce the accused into error. It must be emphasized that Mr. [Nombre1] is not a small-scale producer; he is a trout exporter, according to what he stated in his investigative statement. In the same vein, he was personally notified by officials of the Water Directorate that he had the obligation to refrain from taking water from the river, and that he could incur the crime of Water Usurpation (Usurpación de Aguas). Consider that the defendant, during the trial, stated that the only way to take water from the river and channel it to the project was through a channeling structure (obra canalizadora) in the river, which witness [Nombre2] corroborates by indicating that the defendant built the structure in the Bellavista River for the purpose of diverting water to the trout project... As has been stated, the technical and material defense asserts that, in the case of Mr. [Nombre1], he was given unequal treatment by initiating a criminal case, while other people engaged in fish farming lack the corresponding permits. However, the foregoing is no obstacle to considering that any defense exists in the accused's case. Take into consideration that the accused did know that the procedures had to be completed before the Water Directorate, because on November 29, 2012, he filed with SETENA the environmental assessment form D1 and the sworn statement of environmental commitments for the water concession on the Buena Vista River and the aquaculture project, which is found in the administrative file offered as documentary evidence, in which resolution N145-2013-SETENA is recorded. Therefore, the defendant is not in the same conditions as other trout farmers, because from his statement during the trial and from the documentary evidence, it is evident that he did know that he had to complete the corresponding procedures to obtain the water and, consequently, for the structure in the riverbed..." Furthermore, what the appellant omits to consider in his arguments is that he was convicted for arranging the construction of a gabion wall (muro de gaviones) and using the waters of the River without a permit, before the administrative litigation process began and before the concession was granted; that is, he is exactly reproached for having resorted to extrajudicial means before having legal authorization to use the water. Therefore, the mention he makes of Article 20 of the Water Law (Ley de Aguas) is not relevant, because it is not questioned that, once the concession is obtained, one may proceed with the construction of the necessary works to use the water; the crime in this case occurred because he carried out both the gabion wall and the diversion of the vital liquid before the respective authorization was granted to him. For all of the above reasons, these grounds are dismissed. The claims regarding the civil action for damages will be analyzed in the seventh considerando.
IV.In the first ground of his appeal, the prosecutor alleges disagreement with the determination of the proven facts. He bases his claim on Articles 142, 363(c), and 459 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal). He claims that the court omitted to determine the fifth fact of the accusation, in that the defendant has been in possession, since March 18, 2015, of a public domain asset by maintaining a gabion and stone dam (presa con gaviones y piedras) in the riverbed of [Dirección4], and that, on that date, he was not yet diverting water from the same river, which is linked to proven fact number three, which was proven through witness [Nombre6] and the reports contained in the evidentiary file. He indicates that said witness, in his statement, clearly referred to the presence of the gabion dam within the riverbed and the nonexistence of water abstraction since March 18, 2015, so the fifth proven fact was inaccurate by indicating the date on which the defendant began to possess the public domain asset as April 26, 2016. This modification caused the judge to consider that the defendant's action constitutes an ideal concurrence (concurso ideal); however, it is evident that a material concurrence (concurso material) exists because the actions were carried out at different moments in time, since the water abstraction began in 2016, while the usurpation occurred from 2015, which affected the imposition of a penalty lower than that sought by the Public Ministry (Ministerio Público) due to the application of the rules of ideal concurrence. He requests that the judgment be annulled and a remand ordered for a new proceeding. The claim is dismissed. The principle of correlation between accusation and judgment is one of the pillars of due process and the right to defense. In this case, what the prosecutor claims—that the judge omitted to include in the proven factual basis that the defendant was in possession of a public domain asset since March 18, 2015—has no basis whatsoever, given that that hypothesis was not included either in the prosecutorial charges or in the private criminal complaint (querella), and therefore the Public Ministry could not expect that such a fact be added to the judgment, even if it had derived from the evidence. By means of decision number 2017-265 of fourteen hours and two minutes of May twenty-six, two thousand seventeen, the First Section of this Court of Appeals resolved: "Article 303 of the Code of Criminal Procedure establishes in subsection b) that the accusation must contain the precise and detailed relation of the punishable act attributed. This is an obligation that is not only of a legal nature but also supra-legal, as it is a human right also enshrined in Articles 8.1 of the American Convention on Human Rights and 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which guarantee every person accused of a crime the right to be informed 'in detail of the nature and causes of the accusation brought against them' and to 'have adequate time and means for the preparation of their defense...' In other words, the human rights protection system establishes the right to notice (derecho de intimación), which dictates that the attribution of facts must be detailed, precise, and detailed, and not generic, abstract, and lacking detail, because that would prevent any effective defense by the accused persons. From the foregoing perspective, it is fundamental to determine compliance with said fundamental right, which is a prerequisite for the general right to defense, whether the charges made allow the accused person to know what the illicit act attributed to them is, in order to adequately prepare their defense. Evidently, within the precision stipulated by said norms, one must speak of a concrete fact and not generic facts that do not allow one to know which specific fact is being referred to, and the requirements of detail must be those necessary to have the tools to combat the attribution, such as the spatial circumstances (location where a fact occurs), modal circumstances (in what manner it was carried out: with violence, with deceit, clandestinely, taking advantage of some circumstance, etc.), and temporal circumstances." It is evident, then, that facts not included in the accusation could not be taken as proven. With respect to that date—March 18, 2015—the accusation merely described that official Vargas Salazar appeared at the defendant's property due to the existence of a water concession application and warned him that he could not take or use any amount of water because he could incur a crime. Neither in that section nor in any other was it described or attributed that on that day the defendant had built the gabion dam without diverting water from the river—the phrasing "before April 26, 2016" is not sufficient for that. Therefore, the prosecutor is incorrect in claiming that a defect occurred because such a premise was not included in the proven facts, given that, rather, had she proceeded in such a way, the judge would have surprised the accused and gravely violated his right to defense. On the other hand, the prosecution's argument is based on the claim that it be considered that the defendant first acted by building the aforementioned dam and subsequently diverted the waters, but the accusation was not formulated in that manner either, because the fifth fact indicates that before April 26, 2016, "for the purpose of profiting from the trout farming activity," the accused created eleven aquaculture tanks and that "for the purpose of obtaining water for the development of his commercial activity" he ordered the construction of the dam, with which he managed to capture the water and channel it for his aquaculture project. That is, the prosecution's proposition on which the trial was conducted was not based on the idea that the defendant had first built the dam on March 18, 2015, without using it, and that some time later he devised and executed the diversion of the waters, as is proposed in the appellate brief, nor did the private criminal complaint include such a factual premise. On the contrary, the wording used by the accusing party, as is evident from the phrases in quotation marks just transcribed, determined the existence of a single purpose that gave meaning to the defendant's action, which was to use the waters for his aquaculture project, for which he arranged the construction of the dam, the creation of the tanks, and the diversion of water from the river. This is exactly what was taken as proven, and, when analyzed in light of the criminal provisions applied by the judge, it allows for the conclusion that both the proven factual basis and the consideration that this constitutes an ideal concurrence are in accordance with the provisions governing criminal procedure, so the judgment lacks the defect being alleged. Lastly, it must be added that the seventh fact of the accusation, which corresponds to the fifth proven fact, specified the defendant's possession of an area of public domain by means of the constructed dam and specifically determined the occurrence of that fact as of April 26, 2016, which is consistent with the other proven facts and confirms the impossibility of granting what the prosecutor seeks with this ground of his appeal.
V.In the second ground, the prosecutor claims disagreement with the determination of the penalty to be imposed. He bases his challenge on Articles 367 and 459 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) and 71 of the Penal Code (Código Penal). He claims that, despite significant damage to the environment having occurred, the judge opted for the imposition of the minimum penalty. To support his disagreement, he transcribes an excerpt from the judgment related to the reasoning for the penalty and indicates that the judge's arguments are insufficient, considering the proven facts. Specifically, when studying the fourth fact, according to which the defendant captured all the water from the river without leaving any liquid for third parties or for wildlife in the area, the contradiction existing in reasoning the imposition of the minimum penalty is evident. He adds that only the defendant's personal conditions were assessed, but not the gravity of the act, which warranted the imposition of a greater penalty. He requests that the appealed judgment be partially annulled, regarding the penalty, and a remand ordered for a new proceeding. The claim is dismissed. Upon studying the arguments of the appeal, this Chamber finds that the prosecutor is incorrect because he starts from a mistaken premise, which is that the defendant was given the minimum penalty provided for the proven crimes. The penalty prescribed, in the abstract, for the crime of Water Usurpation in the Penal Code (Article 226) is one month to two years of imprisonment or ten to one hundred days' fine, while that for the crime of Usurpation of Public Domain Assets (Article 227) is six months to four years of imprisonment or fifteen to one hundred days' fine. The judge established that, due to the ideal concurrence, it was appropriate to consider the penalty for the second of those illicit acts, which is the most serious, and decided to impose one year of imprisonment. That is, she dismissed imposing the less severe penalty, which would be a fine, and opted for an extreme greater than the minimum of six months of imprisonment set forth in Article 227 of the Penal Code. The amount of this penalty is duly justified and is proportional to the conduct demonstrated and adjusted to the defendant's culpability, taking into account not only the aspects favorable to him but also those that increase the reproach of his conduct. Therefore, the prosecutor's argument that the damage caused was not adequately assessed is also not acceptable, because the Court did take it into account, and the weighing of those favorable and unfavorable aspects for the defendant, together with the resocialization purpose, were what determined the setting of a prison sentence greater than the minimum with the granting of a conditional execution of the sentence, without the prosecutor pointing to other elements that were left unassessed and that would warrant being weighed for the imposition of a greater penalty. In this regard, the judgment argued: "...there is certainly significant damage to the environment, which to some extent is diminished as no impact on the contamination of the water of the Buenavista River occurred through the action of the accused. Mr. [Nombre1] is a hardworking person, a businessman, as is evident from his statement during the trial he has advanced in the fish farming activity, he is an entrepreneur; however, he has affected the environment by deciding to take water from the riverbed without having the corresponding permits to build the structure in the riverbed and at the same time use the water in the trout farming project. The court considers that said penalty fulfills the purposes of general and special positive prevention that guide the penalty, insofar as it is required, on one hand, that the accused receive rehabilitative treatment that allows him to adapt his conduct to the norms of peaceful coexistence, and to avoid committing new criminal acts against his fellow citizens in the future..." For the foregoing reasons, this ground is dismissed.
VI.In the third ground of his appeal, the prosecutor challenges the assessment of the evidence. He bases his claim on Articles 459 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) and 100 of the Wildlife Conservation Law (Ley de Conservación de Vida Silvestre). He claims that it was not taken as proven that the defendant dumped contaminating substances into [Dirección4] because there was no substantial difference between the quality of the water that entered the trout farming project and the water that exited through the discharge channel. However, this conclusion departs from what the evidence showed, because the expert witness [Nombre11] explained what science considers contamination and residual water, and that, in the production process carried out by the defendant, he did add agents foreign to the water, thereby changing its physical, chemical, and biological characteristics, such that the liquid he discharged through his final production channel was not river water but residual water. This makes it unnecessary to analyze the characteristics of the river itself prior to the defendant's water abstraction, because by adding fish excreta and food remains, he modified the water's natural condition and turned it into residual water, which, according to the expert, is a contaminating agent capable of modifying the physical, chemical, and biological conditions of the river into which it was discharged. Witness [Nombre1] also classified the waters discharged by the defendant's aquaculture project as residual water because they correspond to the product of a trout production process. Therefore, the defendant's duly demonstrated conduct of dumping those waters into the river, which constitute a contaminating agent, constitutes the crime charged by the prosecution, and the reasoning used by the judge to reach a different conclusion is contrary to science. Furthermore, the quality of the water in the receiving body upstream of the trout project is not relevant, because the criminal statute does not require it. What matters is to establish that what was dumped corresponds to a contaminating substance, without it being required to establish numerical values for the concentration of the contaminant to achieve the conduct's criminality. He claims that harm was caused to the Public Ministry (Ministerio Público) and that there was an incorrect assessment of the evidence and a failure to apply the rules of science. He requests that the judgment be annulled with respect to the ruling on this crime and a remand ordered for a new proceeding. The challenge is dismissed. Upon studying the formulated ground, this Chamber considers that the acquittal issued by the trial court (tribunal a quo) is in accordance with what our legal system establishes with respect to the crime charged, although several clarifications are necessary, as some of the arguments given by the judge are incorrect. However, the conclusion she reached, regarding the atypicality of the conduct attributed to the defendant, is correct, so there is no harm to the prosecutorial entity, and therefore his claim cannot be upheld. The acquittal was essentially based on the following arguments: "Statements were received from four professionals, namely judicial expert Francisco Calvo González, who is a chemist by profession; Mr. José Miguel Ramírez Corrales, who serves as head of the Water Laboratory of the Institute of Aqueducts and Sewers (AyA), being a chemist by profession; Mrs. [Nombre12], a microbiologist by profession and director of the water laboratory of the University of Costa Rica; and Mr. [Nombre13], a veterinary doctor for the company BIOMAR. All of the above professionals, from each of their specialties, have indicated that there has been no contaminating effect in the river after the water entered the defendant's trout farming project, which means that upon the discharge of the water into the river, no type of residual water could be determined, which, according to the Regulation on the Discharge and Reuse of Residual Water (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales), must be understood as water that has received a use and whose quality has been modified by the incorporation of contaminating agents. Article 100 of the Wildlife Conservation Law states that a penalty of one to three years in prison shall be imposed on anyone who dumps any contaminating substance into rivers. In the specific case, it must be demonstrated that, in that process of discharging water into the river, the accused dumped contaminating waters, which, according to Article 3 of the Regulation on the Discharge and Reuse of Residual Water, must be understood as any substance whose incorporation into water leads to the deterioration of its physical, chemical, and biological quality. Article 3 of the Regulation on the Environmental Tax for Discharges (Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos) No. 34431 states that a contaminating substance is any element whose incorporation into a body of water implies a deterioration of the physical, chemical, or biological quality of the water. It is evident, in the case at hand, that the defendant did not dump contaminating waters into the [Dirección5] river, as has been proven by the expert and documentary evidence received. For the Prosecution, the crime provided for in Article 100 of the Wildlife Conservation Law, contamination of public water, is one of mere activity and not of result; therefore, it is sufficient to discharge the water into the river, even if it does not contaminate, for the criminal statute to be fulfilled. The conduct penalized in the criminal statute of Article 100 of the Wildlife Conservation Law does not consist of discharging substances without a permit; it is not a crime of mere activity, but rather a crime of result, because the substances deposited in the river must be contaminating. As has been explained supra, the defendant did not have a permit to discharge waters into the river, but the waters that were deposited after the production process did not imply any contamination." Certainly, as the prosecutor indicates, and contrary to what was determined in the judgment, the criminal statute described in Article 100 is one of mere activity and not of result, and therefore it would be fulfilled by dumping the substances referred to therein into the river, without it being necessary to establish that the body of water was contaminated; nor is it relevant to determine whether or not there was contamination upstream. Furthermore, when said Article refers to "any contaminating substance," that expression does not encompass the other substances described in the statute, since dumping any of them already implies the fulfillment of the criminal statute, which provides: "Shall be punished with a prison sentence of one (1) to three (3) years, provided that a more serious crime is not committed, anyone who dumps sewage waters (aguas servidas), black waters (aguas negras), sludge (lodos), waste (desechos), or any contaminating substance in springs (manantiales), rivers, streams (quebradas), permanent or non-permanent creeks (arroyos), lakes, lagoons, marshes, and natural or artificial reservoirs, estuaries, peat bogs, swamps, wetlands, fresh, brackish, or salt waters, in their channels or in their respective protection areas. (Thus reformed by Article 1 of law No. 8689 of December 4, 2008)." However, the fact that it is not required to determine that the body of water was effectively contaminated does not imply that one must omit considering whether the substances dumped are suitable for contaminating or not. Therefore, the interpretation of this criminal statute requires taking into account Executive Decrees Nos. 33601, Regulation on the Discharge and Reuse of Residual Water (Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales), and 34431, Regulation on the Environmental Tax for Discharges (Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos), to define what are considered sewage waters (aguas servidas), black waters (aguas negras), or contaminating substances that cannot be discharged into rivers. The prosecutor emphasizes that, according to what was said by witnesses [Nombre11] and [Nombre1], the waters discharged from the defendant's aquaculture project are residual waters, an aspect on which there is no controversy, since, in effect, both witnesses so indicated. Furthermore, according to the Dictionary of the Royal Spanish Academy of Language, the concepts of black waters and sewage waters are synonyms of the concept of residual waters (RAE. (2019) Diccionario de la Real Academia Española. Recovered from https://dle.rae.es/?id=1BKpQj3). However, contrary to what the prosecutor claims, said waters do not constitute in themselves contaminating substances according to our legal system, as was analyzed in the appealed judgment, because the cited decrees make it possible to dump residual waters, in what is relevant in this case, into rivers, as long as they conform to the norms and parameters established therein, which is in accordance with the principle of harmfulness (principio de lesividad) that requires that only conducts that cause significant harm to the legal interests of concern to the Costa Rican State be criminalized. According to the foregoing, if the contamination levels of said waters are below the limits established in those regulations, the discharge does not fit the criminal statute. The current Regulation on the Discharge and Reuse of Residual Water contains the following provisions of interest: "Article 1—Scope of Application. This regulation shall be mandatory throughout the national territory in relation to the management of residual waters, which, regardless of their origin, are discharged or reused. Article 2—Objectives. This Regulation aims to protect public health and the environment, through an environmentally adequate management of residual waters... Article 4—Obligation to Treat Residual Waters. Every generating entity (ente generador) must treat its residual waters so that they comply with the provisions of this Regulation and thus avoid damages to the environment, health, or human welfare... Article 13.—Scope of this chapter. This chapter establishes the physicochemical and microbiological parameters that must be mandatorily analyzed in the residual waters that are discharged into a receiving body or sanitary sewer system.... Article 17.—General characteristics of the limits for the discharge of residual waters. The limits contained in this Chapter are permissible values and shall be mandatory for all generating entities. The Ministry of Health shall accept a variation interval that will be established by the 95% confidence limits of the respective parameter." (highlighting is original) To understand these provisions, it is necessary to take into account the definitions that the regulation itself contains: "Contaminating Agent (Agente contaminante): Any substance whose incorporation into water leads to the deterioration of its physical, chemical, or biological quality. Residual Water (Agua Residual): Water that has received a use and whose quality has been modified by the incorporation of contaminating agents. For the purposes of this Regulation, two types are recognized: ordinary and special. Ordinary Residual Water (Agua residual de tipo ordinario): Residual water generated by the domestic activities of humans (use of toilets, showers, sinks, laundry, etc.) Special Residual Water (Agua residual de tipo especial): Residual water of a type different from ordinary. Receiving Body (Cuerpo receptor): It is any spring (manantial), recharge zones, river, stream (quebrada), permanent or non-permanent creek (arroyo), lake, lagoon, marsh, natural or artificial reservoir, artificial channel, estuary, mangrove swamp, peat bog, swamp, fresh, brackish, or salt water, where residual waters are discharged. Effluent (Efluente): A liquid that flows outward from the confined space containing it. In residual water management, it refers to the flow leaving the last treatment unit. Generating Entity (Ente generador): Natural or legal person, public or private, responsible for the Reuse of residual waters or their discharge into a receiving body or sanitary sewer system." (highlighting is original) It is clear, then, that the State itself considered that not every conduct of dumping substances is prohibited, since, subject to compliance with certain parameters, the incorporation of residual waters into bodies of water does not fit the criminal statute. Therefore, the Public Ministry (Ministerio Público) had to, in this case, demonstrate that the waters dumped into the river by the defendant were outside those permissible levels with respect to the physicochemical and microbiological parameters, which was ruled out by the statements received at trial and assessed by the trial judge (jueza a quo). Now, the Regulation on the Environmental Tax for Discharges establishes: "Article 15.—Of the discharge permit.
All natural or juridical persons, public or private, that use bodies of water to introduce, transport, and eliminate discharges that may cause modifications in the physical, chemical, and biological quality of the water shall require a discharge permit (permiso de vertidos) issued by MINAE in accordance with the provisions of this Regulation…All of the foregoing persons who discharge without the discharge permit (permiso de vertidos) shall be subject to the administrative, civil, and criminal procedures and sanctions established in the legislation in force, without this exempting them from payment of the corresponding fee.” In this proceeding, it was demonstrated that the accused proceeded with the discharge after subjecting the waters to a treatment process that resulted in them being within the permitted parameters, which could have given rise to a ruling regarding the civil aspects, but this aspect was not included in the claim filed by the Procuraduría General de la República. It would also be possible to proceed through administrative channels, as applicable, which, evidently, was not within the purview of the Trial Court. As for the criminal aspect, neither Article 100 of the Ley de Conservación de la Vida Silvestre, nor any other criminal statute, sanctions a person who performs the conduct of casting the described substances without the respective permit, so that if these are found at the permitted levels pursuant to the referenced Decreto Ejecutivo, the conduct is atypical from the standpoint of conglobant typicity (tipicidad conglobante), when analyzing the concepts of polluting substance (sustancia contaminante) and wastewater (agua residual) according to that decree. From another perspective, with the same arguments it could be noted that the conduct lacks formal unlawfulness (antijuricidad formal), as it is permitted in the legal system, which, in any case, leads to the nonexistence of any illicit act to attribute to [Nombre1]. For the reasons set forth, the argument is declared without merit.
VII.In the sole ground of his appeal, Licenciado Pacheco Salazar alleges a violation of due process in the determination of joint and several liability (responsabilidad solidaria). He bases his claim on Articles 122 to 126 of the Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil of the 1941 Código Penal, 103 of the Código Penal, and 1045 of the Código Civil. He claims that his represented party, Truchas Reales de Costa Rica S.A., was sentenced without providing grounds as to why it must assume joint and several civil liability (responsabilidad civil solidaria) for the acts carried out by the accused [Nombre1]. He notes that the company made the application for a water concession (concesión de aguas) to MINAE and had environmental viability (viabilidad ambiental) from SETENA; furthermore, the warnings made regarding water use were addressed to the accused in a personal capacity and not to his represented party as a juridical person, so the joint and several civil judgment affects the assets of the other shareholders who have not participated in the proceeding. He adds that, for a civil judgment to exist, there must be damage attributable to the party he represents, and although the judgment details two damages, neither of them is attributable to Truchas Reales de Costa Rica S.A. The first is the alleged non-payment of the fee for water use, prior to the concession; however, the Dirección de Agua of MINAE has never requested such payment from the company, although the accused inquired about it, nor has the company refused to make it. If said Directorate has not wished to collect the payment, it is a violation of due process to demand payment from his represented party, since it has not been possible to make the payment due to the lack of a specific amount and instructions on where or how to pay it. The second is environmental damage (daño ambiental) or damage to the ecosystem, regarding which there is no evidence whatsoever, and a generic reference is made to Article 50 of the Constitución Política in order to avoid applying the due process protected in Articles 39 and 41 of that normative body. He argues that a judgment for extracontractual civil liability necessarily requires proof of damage, and in this case, there is no evidence of any social or environmental damage, nor damage to third parties, since the mere use of water by his represented party is not capable of generating it, because the same amount that was taken was returned in equal or better conditions than received, so there was no impact on the environment or on those who were downstream of the water intake. He claims that the violation of due process to the detriment of his represented party is evident, because if there is no evidence to demonstrate the existence of damage, it is not possible for it to oppose the quantification made. He adds that the accused offered, at the preliminary hearing and at trial, to pay the amount assessed by the Procuraduría in order to conclude the proceeding, which was not accepted, so it is contrary to logic, justice, and due process to compel his represented party to make a payment in favor of a party that has refused to quantify it, collect it, and receive it, such that it was sentenced for having failed to do something impossible. He considers that there is a grievance in sentencing Truchas Reales de Costa Rica S.A. to pay nonexistent damages, without evidence and without grounds, which affects the assets of the company and of the shareholders who are persons independent of the accused. He requests that the civil judgment be vacated and that the State be ordered to pay personal and procedural costs. In the fourth ground, the accused alleges erroneous application of the rules on civil liability (responsabilidad civil). He bases his claim on Articles 122 to 126 of the Reglas Vigentes de Responsabilidad of the 1941 Código Penal, 103 of the Código Penal, and 1045 of the Código Civil. He claims that in this case there is no damage that can be charged to the accused, so the civil judgment is improper. The lower court sentenced for two alleged damages: the non-payment of the fee, which is illogical because the accused was never told how much he had to pay, and an alleged ecological or social damage for which there is no proof, there is no expert report or biological report proving the occurrence of any harm to the ecosystem. The judgment did not provide grounds as to which evidentiary elements allowed the conclusion of the existence of damage. In addition, he was sentenced for the crime of water usurpation (usurpación de aguas) without taking into account that all the water taken from the river is immediately discharged back into it, so the intent (dolo) to appropriate the water, which the criminal statute in question requires, does not exist, since the project does not consume the liquid but uses it to increase the amount of dissolved oxygen in the ponds as well as to keep the temperature low in them, which derives from the testimonies of [Nombre13], [Nombre5] and [Nombre1], the statement of the accused, and the judicial inspection carried out by the judge. The criminal judgment does not necessarily imply the civil one, which cannot exist without damage. He requests that the appeal be granted and that the civil action for damages (acción civil resarcitoria) be declared without merit. The claims are examined jointly and are declared with merit. As this Tribunal, in different compositions, has recalled in multiple judgments, the reasoning (motivación) of judicial decisions is a fundamental axis for considering their legitimacy. Article 142 of the Código Procesal Penal establishes the obligation of the judging persons to explain their decisions broadly and adequately and to resolve all the issues submitted to their knowledge, such that this reasoning is controllable by the parties and can be known by any person, which includes the civil action for damages (acción civil resarcitoria) as an aspect subject to decision. Having studied the arguments presented by the accused, in his capacity as civil defendant, and by the representative of the jointly and severally sentenced company, this Chamber considers that they must be declared with merit, since the judgment did not duly substantiate the civil judgment, because the section in which this aspect is addressed only makes a generic mention of some aspects, in thirty lines distributed over two paragraphs, in which the judge omitted to address all the necessary preconditions to conclude the existence of civil liability (responsabilidad civil) and rather limited herself to stating the content of some evidence, without evaluating it, and to repeating that damage occurred, without sufficient justification. The arguments included in the judgment were the following: “REGARDING THE CIVIL ACTION FOR DAMAGES (ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA) The Civil Action for Damages against [Nombre1] AND TRUCHAS REALES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, filed by the State, represented by the Procuraduría General de la República, is declared WITH MERIT, regarding the claim for the crime of WATER USURPATION WITHOUT HAVING THE CORRESPONDING CONCESSION (USURPACIÓN DE AGUAS SIN TENER LA CONCESIÓN CORRESPONDIENTE). The civil defendants are jointly and severally sentenced to pay the State, for PATRIMONIAL DAMAGE (DAÑO PATRIMONIAL), the sum of FIVE MILLION TWO HUNDRED FIFTY-ONE THOUSAND NINE HUNDRED EIGHTY-FIVE COLONES WITH ZERO CENTS, according to the amount not received by the Dirección de Agua in terms of the water use fee (canon de aprovechamiento de agua), according to report DA-UHTPSOZ-0560-2017, in accordance with the methodology used, it was taken into consideration that the water was used illegally for a period of 250 days in 2016 and 285 days in 2017, since it was not until October 13, 2017, that the concession permit was granted for a flow rate of 21 liters per second. The civil defendants are jointly and severally sentenced to pay the State FOR SOCIAL DAMAGE (DAÑO SOCIAL) THE SUM OF THREE MILLION COLONES, it must be taken into consideration that, as a result of the accused’s actions, damage to the environment was caused, consisting of taking most of the river’s flow and diverting it for profit, for use in his trout farming project, and subsequently discharging it into the river. Water is a public domain asset, its conservation and sustainable use are of public interest, as provided in Article 50 of the Ley Orgánica del Ambiente. Article 51 of the Ley Orgánica del Ambiente establishes that for the conservation and sustainable use of water, the ecosystems that allow the regulation of the water regime must be protected. The civil defendant and the company Truchas Reales de Costa Rica have civil liability for the social damage caused to the environment, since without having a water use concession, they seized the water from the Buenavista River channel and proceeded to use it for personal profit-making purposes, with contempt for the environment and the balance of the ecosystem. The thesis of the civil defendants’ lawyer, that there is no social damage because the river water was returned again to the same river, is not acceptable; it is evident that by diverting water from the river channel, damage to the ecosystem is produced, which must be kept balanced; recall that precisely for this reason there are technical studies from the Departamento de Agua, which allow determining the amount of water that can be concessioned, so as not to affect the ecosystem.” (The highlighting is original) The study of what are called the material preconditions of the civil action for damages (acción civil resarcitoria) is fundamental, which includes the existence of the right, standing (legitimación) — both active and passive — and interest. There is no analysis in this regard in the judgment, even though a controversial point regarding the defendant corporation is precisely its passive standing. The judge decided that joint and several liability (responsabilidad solidaria) exists, but she did not explain why. She also affirmed, on various occasions, that patrimonial and social damage exist, but she did not even make a sufficient distinction between the two, nor did she include reasoning that allows one to elucidate the reasons why it was determined that these existed and must be jointly and severally compensated by the defendants. It was not indicated why the failure to pay a fee constitutes patrimonial damage and why there is independent damage therefrom, nor were the amounts granted justified. Furthermore, the intellectual reasoning regarding the civil action for damages must include the analysis of the evidentiary elements, in which the value given to each piece of evidence must be incorporated and how the proven civil facts and all the aspects related to the claim for damages arise from them. However, the judge limited herself to mentioning official communication DA-UHTPSOZ-0560-2017 without indicating the value given to it, without establishing why it allows supporting the civil judgment, without establishing why the calculations made therein are pertinent and why the ruling can be based on them, nor how it related to the other evidence. It must be recalled that the mere mention of evidence does not supplant reasoning. Neither in this section nor in other sectors of the ruling are the substantiated reasons for the civil judgment found, for which reason the judgment and the respective debate must be partially annulled, only with regard to everything pertaining to the declaration with merit of the civil action for damages against [Nombre1] and Truchas Reales de Costa Rica S.A. and the amounts established, as a consequence thereof, for patrimonial damage and social damage, as well as the judgment for costs for said action; a remand (reenvío) is ordered so that the same court, with a different composition, resolves this aspect. The annulment covers the fifth fact that was deemed accredited in the complaint, as well as the fifth and sixth facts of the civil action for damages that were considered proven, which must be discussed again in the ordered remand trial (juicio de reenvío).
POR TANTO
The sole ground of the appeal filed by Licenciado Adrián Fernández Rodríguez, in his capacity as special judicial representative of the defendant Truchas Reales de Costa Rica S.A., and the fourth ground of the appeal of the accused [Nombre1] are declared with merit; consequently, the appealed ruling and the preceding trial are partially annulled, only with respect to the civil judgment against the defendants [Nombre1] and Truchas Reales de Costa Rica S.A. The remaining grounds of the accused’s appeal, as well as the challenge presented by prosecutor Luis Diego Hernández Araya, are declared without merit. A remand (reenvío) is ordered for a new proceeding on the indicated aspects. In all other respects, the ruling remains unchanged. NOTIFÍQUESE.
schaves *BNY9TNS1YYS61* XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A *ODY1KTVXQMS61* KAREN VALVERDE CHAVES - JUEZ/A DECISOR/A *CMIPPSFOYLK61* [Nombre16] MARCO MAIRENA NAVARRO - JUEZ/A DECISOR/A Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [...]
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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:
Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Infracción a la ley de conservación de la vida silvestre Subtemas:
Análisis sobre el delito de contaminación de aguas de dominio público, normativa aplicable y atipicidad en caso de proyecto de cultivo de truchas en el que se vierte aguas residuales a un río.
"VI. [...] Al estudiar el motivo formulado, esta Cámara considera que la absolutoria dictada por el tribunal a quo se encuentra ajustada a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico con respecto al delito acusado, aunque es necesario hacer varias precisiones, pues algunos de los argumentos dados por la juzgadora son incorrectos, sin embargo, la conclusión a la que arribó, en cuanto a la atipicidad de la conducta que se atribuyó al justiciable, es acertada, de forma que no existe agravio alguno para el ente fiscal, por lo que no corresponde acoger su reclamo. El fallo absolutorio se fundó, básicamente, en los siguientes argumentos “Se recibieron las declaraciones de cuatro profesionales a saber el perito judicial [Nombre1] , quien es químico de profesión, el señor [Nombre2] , se desempeña como jefe del Laboratorio de Aguas de Acueductos y Alcantarillados, siendo químico de profesión, la señora [Nombre3] , microbióloga de profesión y directora del laboratorio de aguas de la Universidad de Costa Rica y el señor [Nombre4] , médico veterinario de la empresa BIOMAR. Todos los profesionales anteriores, desde cada una de sus especialidades, han señalado que no ha existido un efecto contaminante en el río luego del ingreso del agua, al proyecto de cultivo de trucha del imputado, lo que significa que al darse el vertido del agua al río no se ha podido determinar ningún tipo de agua residual, que según el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, debe entenderse como el agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes. El artículo 100 de la ley de Conservación de Vida Silvestre señala que se impondrá la pena de uno a tres años de prisión, a quien arroje cualquier sustancia contaminante en ríos. En el caso concreto, debe demostrarse que, en ese proceso de vertido del agua al río, el encartado arrojo aguas contaminantes, que según el artículo 3 del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, debe entenderse por agua contaminante, toda aquella sustancia cuya incorporación al agua conlleve al deterioro de su calidad física, química y biológica. El artículo 3 del Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos N. 34431, se expone que es sustancia contaminante todo aquel elemento cuya incorporación a un cuerpo de agua implique un deterioro de la calidad física, química o biológica del agua. Es evidente, en el caso de marras, que el imputado no arrojó aguas contaminantes al rio Buenavista, según ha quedado acreditado con la prueba pericial y documental recibida. Para la Fiscalía, el delito previsto en el artículo 100 de la ley de Conservación de Vida Silvestre, contaminación de agua pública, es de mera actividad y no de resultado, por ello es suficiente con verter el agua al río, aunque no contamine, para que se configure el tipo penal. La conducta sancionaba en el tipo penal del artículo 100 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, no consiste en verter sustancias sin permiso, no es un delito de mera actividad, sino que es un delito de resultado pues las sustancias que se depositan en el río deben ser contaminantes, tal como se ha explicado supra, el imputado no tenía permiso para verter aguas al rio, pero las aguas que se depositaron luego del procedo de producción no implicaron contaminación alguna.” Ciertamente, como lo indica el fiscal y contrario a lo que se determinó en el fallo, el tipo penal descrito en el artículo 100 es de mera actividad y no de resultado, por lo que este se configuraría al arrojar las sustancias en él referidas al río, sin que sea necesario establecer que el cuerpo de agua fue contaminado; tampoco es relevante determinar si había o no contaminación aguas arriba. Además, cuando dicho artículo se refiere a “cualquier sustancia contaminante”, no engloba esa expresión las otras sustancias descritas en el tipo, pues arrojar cualquiera de ellas ya implica la configuración del tipo penal, que dispone “Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que no se configure un delito de mayor gravedad, quien arroje aguas servidas, aguas negras, lodos, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, lagunas, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus cauces o en sus respectivas áreas de protección. (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8689 de 4 de diciembre de 2008)”. Sin embargo, el hecho de que no se exija determinar que el cuerpo de agua efectivamente se contaminó, no implica que se deba omitir considerar si las sustancias arrojadas son aptas o no para contaminar. Por eso, la interpretación de este tipo penal requiere tomar en cuenta los Decretos Ejecutivos Nº 33601 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales y Nº 34431 Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos para definir qué se consideran aguas servidas, aguas negras o sustancias contaminantes que no pueden verterse en los ríos. El fiscal enfatiza que, conforme lo dicho por los testigos [Nombre5] y [Nombre6] , las aguas vertidas proyecto acuícola del imputado son aguas residuales, aspecto sobre el que no existe controversia, pues, en efecto, ambos testigos así lo indicaron. Además, conforme el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, los conceptos de aguas negras y de aguas servidas son sinónimos del concepto de aguas residuales (RAE. (2019) Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de https://dle.rae.es/?id=1BKpQj3). Sin embargo, contrario a lo que pretende el fiscal, dichas aguas no constituyen en sí mismas sustancias contaminantes según nuestro ordenamiento jurídico, conforme se analizó en el fallo recurrido, pues los decretos citados posibilitan que se arrojen aguas residuales, en lo que interesa en este caso, en los ríos, en tanto se conformen con las normas y parámetros en ellos establecidos, lo que es acorde con el principio de lesividad que exige que solo se tipifiquen las conductas que causen afectación relevante a los bienes jurídicos que interesan al Estado costarricense. Conforme lo anterior, si los niveles de contaminación de las citadas aguas se encuentran por debajo de los límites fijados en esos reglamentos, el vertido no encuadra en la figura penal. El Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales vigente contiene las siguientes disposiciones de interés “Artículo 1º-Ámbito de aplicación. El presente reglamento será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional en relación con el manejo de las aguas residuales, que independientemente de su origen sean vertidas o reusadas. Artículo 2º-Objetivos. El presente Reglamento tiene por objetivo la protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales… Artículo 4º-Obligación de tratar las aguas residuales. Todo ente generador deberá dar tratamiento a sus aguas residuales para que cumplan con las disposiciones del presente Reglamento y se eviten así perjuicios al ambiente, a la salud, o al bienestar humano…Artículo 13.-Alcance del presente capítulo. El presente capítulo establece los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que deberán ser analizados obligatoriamente en las aguas residuales que se viertan en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario…. Artículo 17.-Características generales de los límites para el vertido de aguas residuales. Los límites contenidos en el presente Capítulo son valores permisibles y serán de acatamiento obligatorio para todos los entes generadores. El Ministerio de Salud aceptará un intervalo de variación que será establecido por los límites de confianza al 95% del respectivo parámetro.” (el resaltado es original) Para comprender estas disposiciones es necesario tomar en cuenta las definiciones que el propio reglamento contiene “Agente contaminante: Toda aquella sustancia cuya incorporación al agua conlleve al deterioro de su calidad física, química o biológica. Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes. Para los efectos de este Reglamento, se reconocen dos tipos: ordinario y especial. Agua residual de tipo ordinario: Agua residual generada por las actividades domésticas del hombre (uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, etc.) Agua residual de tipo especial: Agua residual de tipo diferente al ordinario. Cuerpo receptor: es todo aquel manantial, zonas de recarga, río, quebrada, arroyo permanente o no, lago, laguna, marisma, embalse natural o artificial, canal artificial, estuario, manglar, turbera, pantano, agua dulce, salobre o salada, donde se vierten aguas residuales. Efluente: Un líquido que fluye hacia afuera del espacio confinado que lo contiene. En el manejo de aguas residuales se refiere al caudal que sale de la última unidad de tratamiento. Ente generador: Persona física o jurídica, pública o privada, responsable del Reúso de aguas residuales o de su vertido en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario.” (el resaltado es original) Es claro entonces que el propio Estado consideró que no toda conducta de arrojar sustancias se encuentra prohibida, pues, bajo el cumplimiento de ciertos parámetros, la incorporación de las aguas residuales a los cuerpos de agua no encaja en la figura penal. Por ello, el Ministerio Público debía, en este caso, demostrar que las aguas arrojadas por el imputado al río se encontraban fuera de esos niveles permisibles con respecto a los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, lo que se descartó con las declaraciones recibidas en juicio y valoradas por la jueza a quo. Ahora bien, el Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos establece “Artículo 15.-Del permiso de vertidos. Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen los cuerpos de agua para introducir, transportar y eliminar vertidos que puedan provocar modificaciones en la calidad física, química y biológica del agua requerirán de un permiso de vertidos emitido por el MINAE de conformidad con lo establecido en este Reglamento…Todas las personas anteriores que viertan sin el permiso de vertidos, serán sujetas de los procedimientos y sanciones administrativas, civiles y penales establecidas en la legislación vigente, sin que eso las exima del pago del canon correspondiente.” En este proceso se demostró que el acusado procedió con el vertido luego de someter las aguas a un proceso de tratamiento que implicó que se hallaran dentro de los parámetros permitidos, por lo que podría haber dado lugar a un pronunciamiento con respecto a los extremos civiles, pero este aspecto no fue incluido en la demanda presentada por la Procuraduría General de la República. También se podría proceder en la vía administrativa, conforme correspondiese, lo que, evidentemente, no era resorte del Tribunal de Juicio. En cuanto al aspecto penal, ni el artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, ni algún otro tipo penal, sanciona a quien realice esa conducta de arrojar las sustancias descritas sin contar con el permiso respectivo, por lo que si estas se hallan en los niveles permitidos a partir del Decreto Ejecutivo referido, la conducta es atípica desde el punto de vista de la tipicidad conglobante, al analizar los conceptos de sustancia contaminante y agua residual conforme ese decreto. Desde otra óptica, con los mismos argumentos podría señalarse que la conducta carece de antijuricidad formal, por encontrarse permitida en el ordenamiento jurídico, lo que, de todos modos, deriva en la inexistencia de algún ilícito que atribuir a [Nombre6] . Por las razones expuestas, se declara sin lugar el alegato." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina *160000190611PE* Contra: [Nombre1] Delito: Usurpación de bienes de dominio público y otro Ofendido: El Ambiente Res: 2019-420 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda. A las catorce horas veintiocho minutos del seis de setiembre de dos mil diecinueve.
Recurso de apelación interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, nacido el cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, con cédula de identidad número CED1 - - , por el delito de Usurpación de bienes de dominio público y otros, en perjuicio de El Ambiente. Intervienen en la decisión del recurso las juezas Xiomara Gutiérrez Cruz y Karen Valverde Chaves y el juez Marco Mairena Navarro. Se apersonaron en apelación los licenciados Adrián Fernández Rodríguez, en calidad de Apoderado Especial Judicial de la empresa Truchas Reales de Costa Rica S.A. y además autenticando el escrito presentado por el imputado [Nombre1] , y Luis Diego Hernández Araya, representante del Ministerio Público, así como la licenciada Beatriz Sarmiento Chávez, en su condición de Procuradora Penal.
Resultando:
1. Que mediante sentencia 557-2018 de las diez horas quince minutos del veintiocho de setiembre de dos mil dieciocho, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo antes expuesto y artículos 39, 41 y 50 de la Constitución Política; 1, 11, 21, 30, 45, 59 a 63, 75, 226 inciso 1), 227 del Código Penal; artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y su Reglamento y numerales 1, 3, 6, 8, 9,10, 37,38, 75,76, 111,113,116, 119,142, 175,178, 265 a 270, 303, 341 a 368 del Código Procesal Penal, Decreto Ejecutivo N. 39078 JP, se declara SIN LUGAR la protesta de actividad procesal defectuosa interpuesta por la defensa técnica del acusado referente al ingreso de los funcionarios públicos a la propiedad ubicada en la [Dirección1] . SE ABSUELVE de toda pena y responsabilidad al acusado [Nombre1] por un delito de INFRACCIÓN A LA LEY DE VIDA SILVESTRE EN SU MODALIDAD DE CONTAMINACIÓN DE AGUAS DE DOMINIO PUBLICO. Se declara al acusado [Nombre1] , autor responsable del delito de USURPACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EN CONCURSO IDEAL CON EL DELITO USURPACIÓN DE AGUAS, Y SE LE IMPONE LA PENA DE UN AÑO DE PRISIÓN, que deberá cumplir en el establecimiento carcelario respectivo, previo abono de la preventiva sufrida. Por reunir los requisitos para ello se otorga al acusado el Beneficio de Ejecución Condicional de la Pena, fijándose el período de prueba en el lapso de TRES AÑOS durante el cual deberá cumplir la siguiente condición no cometer un nuevo delito doloso sancionado con pena superior a los seis meses de prisión, en caso de que cometiera un delito con la pena indicada y dentro del período de prueba se le revocará el beneficio de ejecución condicional de la pena y deberá descontar la pena de prisión impuesta en el establecimiento carcelario correspondiente. Se declara CON LUGAR la Acción Civil Resarcitoria contra [Nombre1] Y TRUCHAS REALES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA establecida por el Estado, representado por la Procuraduría General de la República, en cuanto al reclamo por el delito de USURPACIÓN DE AGUAS SIN TENER LA CONCESIÓN CORRESPONDIENTE. Se condena a los demandados civiles a pagar en forma solidaria al Estado, por DAÑO PATRIMONIAL la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO COLONES CON CERO CENTIMOS, POR DAÑO SOCIAL LA SUMA DE TRES MILLONES DE COLONES, PARA UN TOTAL DE OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO COLONES CON CERO CENTIMOS. Se rechaza la medida solicitada por la representación del Ministerio Público para que el imputado deje de verter aguas residuales al rio [Dirección2], que se ajuste a la concesión y se hagan ajustes del caudal. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado. Las costas de la querella son a cargo del acusado y querellado, fijándose los honorarios de abogado en la querella en la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL COLONES. Son las costas de la acción civil a cargo de los dos demandados civiles, en forma solidaria, siendo fijadas en la suma de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE COLONES CON CERO CENTIMOS. Se dejan sin efecto las medidas cautelares que se hubieren impuesto al acusado. Una vez firme esta sentencia se ordena su inscripción en el Registro Judicial, y expedir los respectivos testimonios de sentencia. Para la lectura integral de la sentencia se fijan las dieciséis horas del día cinco de octubre del año dos mil dieciocho. (Respaldo de grabación en audio y video incorporada al expediente digital). Notifíquese mediante lectura. MAUREEN CASTILLO VARGAS, JUEZA DEL TRIBUNAL DE JUICIO DE PÉREZ ZELEDÓNxx. (sic)."
2. Que contra el anterior pronunciamiento, los licenciados Adrián Fernández Rodríguez y Luis Diego Hernández Araya, y el encartado José Miguel Víquez Mora interpusieron los recursos de apelación.
3. Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 466 del Código Procesal Penal, reformado por Ley 8837 publicada el nueve de diciembre de dos mil once (Creación de Recurso de Apelación de la Sentencia), el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.
4. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
Redacta la Jueza Gutiérrez Cruz, y;
Considerando:
I.- Recursos presentados: El Tribunal del I Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, dictó la sentencia número 557-2018 a las diez horas quince minutos del veintiocho de setiembre del dos mil dieciocho. Contra dicho fallo presentaron recurso de apelación: 1) El imputado [Nombre1] . 2) El fiscal Luis Diego Hernández Araya. 3) El Licenciado Adrián Fernández Rodríguez, en su condición de apoderado especial judicial de la demandada Truchas Reales de Costa Rica S.A. Dichos recursos fueron admitidos por esta Cámara mediante auto de las once horas cincuenta minutos del veintiséis de febrero del dos mil diecinueve.
II.Audiencia oral. La audiencia oral para conocer los motivos de impugnación se celebró el 26 de marzo del 2019, integrándose el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago con los jueces Jaime Robleto Gutiérrez y Marco Mairena Navarro y la jueza Xiomara Gutiérrez Cruz. Participaron el Licenciado Adrián Fernández Rodríguez, el imputado [Nombre1] y el fiscal Alejandro Alpízar Arrones. Al no haberse recibido elementos de prueba ni ampliaciones de los motivos de apelación, no infringe el debido proceso que esta resolución se adopte con una integración parcialmente diferente a la que asistió a la audiencia oral.
III.- En el primer motivo de su recurso, el imputado alega errónea apreciación de la prueba e inconformidad con la determinación de los hechos probados. Reprocha que el hecho probado número cuatro, al señalar que el día cuatro de mayo se captó la totalidad del agua que discurría por el cauce del Río Buenavista sin dejar líquido remanente, es erróneo porque se demostró mediante el reconocimiento judicial y las declaraciones de los testigos que el agua ingresa por un canal y sale por otro de forma inmediata, por lo que nunca se seca dicho cauce, lo que además sería imposible porque en el proyecto no se cuenta con estructura alguna que permitiera retener el agua que circula constantemente en el lugar las 24 horas del día. Adicionalmente, no se realizó, como en otras fechas, ninguna medición del caudal remanente que permita acreditar que ese día se captó la totalidad del agua. Reprocha que el establecimiento erróneo de ese hecho probado le causó agravio porque, a partir de este, se concluyó la existencia de un daño al ecosistema con base en el que se le condenó civilmente, a pesar de que dicho daño no está acreditado. Reclama también que, en el hecho sexto de la acusación, se le atribuye la producción de un daño al Estado por no pagar el canon por concepto de utilización del agua, lo que no puede serle reprochado porque el propio testigo José Miguel Zeledón, máxima autoridad administrativa en materia de aguas, declaró que el imputado se ofreció a pagar el canon y que no se le dio respuesta a su gestión, no se le indicó cuánto debía pagar, tampoco durante el proceso penal, pues la Procuraduría General de la República, sin fundamento alguno, rechazó el pago del supuesto adeudo. Por último, a su representada la Dirección de Aguas le otorgó concesión por 21 litros y le tramitó aumento de caudal, sin indicarle que debía pagar algún rubro por el agua utilizada con anterioridad a dicho otorgamiento. Aduce que se le produjo agravio a condenarlo civilmente por la falta de pago del canon a pesar de que no se produjo por causas ajenas a su voluntad, según todo lo indicado. Solicita se acoja el recurso y se declare sin lugar la acción civil resarcitoria. En el segundo motivo de su recurso, el imputado reprocha errónea valoración de la prueba consistente en las declaraciones del imputado, de [Nombre2] , de [Nombre3] y el expediente contencioso administrativo número 17-000153-1027-CA. Para fundamentar su reclamo, transcribe varios extractos de las declaraciones recibidas en juicio. Aduce que de estas se desprende que deberían tenerse como probados varios hechos: que la Dirección de Agua del MINAE conoce que operan productores sin concesión alguna a quienes se les han dado charlas para que inicien los trámites respectivos, mientras el imputado cuenta con permiso del SETENA y solicitud de concesión formulada, que hubo resoluciones contradictorias con respecto a la posibilidad de que él tomara el agua del Río Buenavista, pues se le dijo que no podía hacerlo y al mismo tiempo se le otorgó una concesión y se le tramitó un aumento de caudal y hubo un acercamiento de la empresa Truchas Reales de Costa Rica S.A. para la continuación del trámite de otorgamiento de la concesión, que implicó un acuerdo entre partes para el desistimiento de una demanda entablada en "el contencioso". Con base en estos hechos alega la existencia de un error de prohibición que no fue debidamente valorado por el Tribunal a quo, con violación de lo establecido en el artículo 35 del Código Penal. Solicita se acoja el recurso y se dicte sentencia absolutoria en su favor y se declare sin lugar la acción civil resarcitoria. En el tercer motivo, el imputado reclama error en la fundamentación jurídica utilizada para condenarlo por el delito de dominio público [sic]. Señala que el delito de dominio público no procedía porque el artículo 20 de la Ley de Aguas permite la construcción de obras en el cauce, lo que fue admitido por el testigo [Nombre4] . Además, la Dirección de Aguas no le previno la imposibilidad de construir represas o muros para captar el agua, por el contrario, el testigo [Nombre5] le dijo que no era posible captar el agua sin hacer una represa o estructura similar debido a la existencia de diferentes niveles entre el agua del río y el terreno en el que va a ser utilizada. También reclama que dicho artículo se aplica a quien no tenga derecho de poseer, elemento que está ausente en este caso porque el imputado cuenta con tal derecho según la Ley de Aguas, a pesar de lo cual el Tribunal no fundamentó por qué dejó de aplicar el citado artículo 20. En consecuencia, aduce que la conducta atribuida es atípica y que la condenatoria dictada constituye un agravio. Solicita se acoja el recurso y se dicte sentencia absolutoria en su favor y se declare sin lugar la acción civil resarcitoria. Los reclamos se conocen de manera conjunta y se declaran sin lugar. Los cuestionamientos del imputado obedecen a una interpretación subjetiva de la prueba que además se aleja de lo establecido por la normativa costarricense. La sentencia apelada, en lo atinente al establecimiento de la responsabilidad penal del imputado por los delitos de Usurpación de aguas y Usurpación de Bienes de Dominio Público, fue debidamente razonada. Con el análisis de la prueba documental y testimonial, que incluyó la prueba de descargo, y también la declaración del acusado, se determinó en resumen, que entre el 26 de abril del 2016 y el 30 de mayo del 2017 este ordenó construir una presa de gaviones que utilizó para desviar el agua del cauce del Río Bellavista y utilizarla para su proyecto de cría de truchas, agua que luego de circular por los tanques de acuicultura, regresaba tratada a dicho cauce metros abajo, todo ello sin contar con la concesión respectiva, la cual le fue otorgada con posterioridad a estos hechos, por lo que para esas fechas, no contaba con derecho alguno de detentar ese bien de dominio público. Lo dicho por el testigo [Nombre6] , funcionario de la Dirección de Aguas, fue esencial, pues este visitó el proyecto del imputado en marzo del año 2015, ante la solicitud de concesión que este hiciera y le notificó personalmente un documento en el que se le advertía que no podía utilizar el agua hasta tanto se le otorgara el permiso solicitado. Además, el inspector de la misma Dirección de Aguas, [Nombre7] , observó la desviación del agua del río ejecutada por el encartado, sobre lo que el a quo analizó “El testigo [Nombre7] , como inspector de la Dirección de Aguas del Minaet, le correspondió visitar el proyecto de cultivo de trucha del endilgado, pudiendo apreciar el aprovechamiento de agua por parte del mismo, sin contar con la concesión correspondiente, además de haber realizado una obra en el cauce del río para la desviación del agua. Así en fecha 04 de mayo del año 2016, mediante oficio DA-UHTPSOZ-0030-2016, suscrito por [Nombre7] dirigido al Ingeniero [Nombre6] , se indica que se realizó una inspección en el lugar en fecha 26 de abril del año 2016, en el sector de la [Dirección3] , contándose con la presencia del señor [Nombre8] es empleado del aquí imputado-estando en el río Buenavista en el lugar de la toma de agua, en que se pudo observar la captación del total del caudal del río, sin que quede caudal remanente, con excepción de algunas fugaz en la captación, ello mediante una obra tipo presa en el cauce del río, según se contempla en la figura número 1, en el punto de coordenadas CED2 descrito en la figura 2. Se procedió al aforo en la obra de captación para determinar el caudal captado, utilizándose un correntómetro obteniendo un caudal de 676,7 litros por segundo.” También el funcionario [Nombre4] aportó información muy relevante, pues refirió que, para la fecha en que los dos funcionarios anteriores reportaron las acciones del imputado, la concesión no había sido otorgada. Lo dicho por estos tres testigos fue correctamente ponderado por la Juzgadora en relación con la prueba documental “Así pues, las declaraciones de los testigos [Nombre4] , [Nombre6] , [Nombre7] , se complementan con la prueba documental indicada líneas arriba, las copias certificadas del expediente administrativo 16145-A de la Dirección de Aguas, oficio DA-1402-2016 de la Dirección de Aguas, oficio Da-UHTPSOZ-0275-2016 de la Dirección de Aguas, oficio DA-UI-ITPSOZ-0030-2016 de la Dirección de Agua, certificación de la Dirección de Aguas N. C-0237-2016, para arribar a la conclusión de que el aquí imputado realizó los trámites administrativos ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, sin embargo, sin haberse otorgado la concesión correspondiente, procedió a utilizar el agua del río Buenavista ubicado en la [Dirección3] , para lo cual construyó una obra captación en el cauce del río, con la finalidad de desviar el agua del río, hacia el proyecto llamado Truchas Reales de Costa Rica, teniendo la representación judicial y extrajudicial, según certificación de la personería jurídica número de la sociedad número CED3- del Registro Nacional.” Incluso con la prueba de descargo se confirmó la hipótesis acusatoria, pues la señora [Nombre2] , esposa del imputado, confirmó que este conocía que no contaba con concesión y que leía el contenido de los documentos que le enviaban, además de que fue él quien dispuso la construcción del muro de gaviones para desviar las aguas. De igual forma, la declaración del imputado fue analizada en la sentencia y se descartó la existencia de cualquier error que le eximiese de responsabilidad “Cabe remarcar que, de la declaración del imputado, se puede desprender es un criador de trucha experimentado, teniendo 25 años de experiencia, incluso en los años 2015, 2016 y 2017, inició la exportación de trucha a los Estados Unidos, enviando el pescado dos veces por semana, y exportando a Europa una vez por semana. El encartado tiene bastante experiencia en el cultivo de trucha, expone la defensa en sus conclusiones, que el señor [Nombre1] , al utilizar el agua del río Bellavista se encontraba bajo un error de tipo, pues desconocía que debía esperar la resolución final de la Dirección de Aguas, sin embargo, lo anterior no es cierto, al imputado se le notificó personalmente en el año 2015, que no podía utilizar el agua del río Buenavista.” Otros testigos aportaron información general sobre el trámite de las concesiones y qué facultades otorgan, entre ellos [Nombre5] , [Nombre9] y [Nombre10] . Entonces, contrario a lo que aduce el recurrente, en la sentencia sí hubo un correcto análisis de la prueba mediante el que se estableció sin duda alguna su responsabilidad. Así, en cuanto a la captación de la totalidad del agua el día cuatro de mayo, no existe ninguna falencia, pues el funcionario Gómez Céspedes lo observó. Ello no significa que el río quedó seco, pues, conforme se acreditó, el agua discurría de forma continua, entraba al proyecto del imputado y volvía a salir, de modo que lo que se demostró fue que la totalidad del agua que pasaba en determinado momento por el cauce, fue desviada, aunque luego regresó a este, una vez que fue aprovechada en el proyecto de truchas. Por otra parte, el alegato del que se infiere que por el hecho de que no fueran juzgadas otras personas que, según el imputado, cometieron hechos parecidos, él que debió ser absuelto, no puede ser atendido, pues la responsabilidad penal es personalísima y contra cada quien debe efectuarse un proceso ajustado a derecho, lo que en este caso ocurrió, es decir, al imputado se le siguió un proceso conforme la normativa y la condenatoria dictada es legítima, con independencia de si otras personas fueron o no procesadas por hechos similares. En el mismo sentido, no le exime de responsabilidad penal ni influye en modo alguno en este proceso, lo que haya ocurrido en la vía contencioso administrativa, por lo que los alegatos sobre este aspecto carecen de interés. Se determinó que el imputado fue notificado de forma personal de la prohibición de iniciar el uso del agua hasta que le fuera concedida la concesión y que, por ello, tenía pleno conocimiento de dicho impedimento, lo que descarta cualquier error de su parte aunque existieran otras vías legales para discutir otras aristas del conflicto. Ambos aspectos fueron abordados en forma atinada en la sentencia “En realidad, el que se haya presentado un contencioso administrativo contra el Estado, que luego desistió el imputado, porque negociaron los funcionarios para otorgar la concesión, no es de importancia para el caso, debido a que estando la solicitud de concesión en trámite en el año 2016 y 2017, el encartado procedió a abastecerse del agua del rio Buenavista sin permiso del Estado, debe recordarse que este es un bien demanial, del cual no pueden disponer al antojo los ciudadanos… Si se toma en consideración lo expuesto, se puede concluir que el señor [Nombre1] , conocía perfectamente que no podía desviar el agua del río hacia su proyecto de trucha. La defensa técnica alegó una supuesta costumbre entre los trucheros, referente a la utilización del agua para su actividad, esta costumbre no puede crear derecho, ni mucho menos inducir a error al acusado, debe remarcarse que el señor [Nombre1] no es un pequeño productor, es un exportador de trucha, según lo refiere en su declaración indagatoria, en igual sentido, le fue notificado personalmente por medio de funcionarios de la Dirección de Aguas, que tenía la obligación de abstenerse de tomar el agua del río, pudiendo incurrir en el delito de Usurpación de Aguas. Considérese que el imputado en el juicio, refirió que la única forma de tomar el agua del río y canalizarla hacia el proyecto, era a través de una obra canalizadora en el río, lo que la testigo [Nombre2] corrobora al indicar que el imputado realizó la estructura en el rio Bellavista con la finalidad de desviar el agua hacia el proyecto de truchas… Según ha expuesto, la defensa técnica y material, en el caso de don [Nombre1] , se le ha otorgado en trato desigual, al iniciarse una causa penal, estando otras personas dedicadas a la actividad de piscicultura sin contar con los permisos correspondientes, sin embargo, lo anterior no es óbice para considerar que exista alguna eximente en el caso del encartado, tómese en consideración que el acusado si conocía que había que realizar los trámites ante la Dirección de Aguas, pues el día 29 de noviembre del año 2012, presentó en SETENA, el formulario de evaluación ambiental D1 y la declaración jurada de compromisos ambientales de la concesión de agua sobre el río Buena Vista y el proyecto acuícola, lo cual se encuentra en el expediente administrativo ofrecido como prueba documental, en que consta la resolución N145-2013-SETENA. Por ello, el endilgado no se encuentra en las mismas condiciones de otros trucheros, pues de su declaración en el debate y con la prueba documental, es evidente que si conocía que debía realizar los trámites correspondientes para la obtención del agua y en consecuencia de la obra en cauce…” Además, lo que el recurrente omite considerar en sus alegatos es que se le ha condenado por disponer la construcción de un muro de gaviones y utilizar las aguas del Río sin contar con permiso, antes de que se iniciara el proceso contencioso-administrativo y antes de que se le otorgara la concesión, es decir, justamente se le reprocha haber acudido a las vías de hecho antes de que contar con autorización legal para hacer uso del agua. Por ello, la mención que hace del artículo 20 de la Ley de Aguas no es relevante, pues no se cuestiona que, una vez que se cuenta con la concesión, se puede proceder con la construcción de las obras necesarias para aprovechar el agua, el delito en este caso se produjo porque tanto el muro de gaviones como el desvío del líquido vital los realizó antes de que se le otorgara la autorización respectiva. Por todo lo indicado, no se acogen estos motivos. Los reclamos referentes a la acción civil resarcitoria se analizarán en el considerando sétimo.
IV.En el primer motivo de su recurso, el fiscal alega inconformidad con la determinación de los hechos probados. Basa su reclamo en los artículos 142, 363 inciso c) y 459 del Código Procesal Penal. Alega que el tribunal omitió la determinación del hecho quinto de la acusación en cuanto a que el imputado detenta, desde el 18 de marzo del 2015, un bien de dominio público al mantener una presa con gaviones y piedras en el cauce del [Dirección4] y que, para esa fecha, él aún no estaba desviando agua del mismo río, lo cual se vincula al hecho probado número tres, que se acreditó por medio del testigo [Nombre6] y de los informes que consta en el legajo de prueba. Indica que dicho testigo en su declaración refirió con claridad la presencia de la presa de gaviones dentro del cauce y la inexistencia de captación de agua desde el 18 de marzo del 2015, por lo que el quinto hecho probado resultó inexacto al señalar como fecha en que el imputado empezó a detentar el bien de dominio público el 26 de abril del 2016. Esta modificación produjo que la juzgadora considerara que la acción del imputado constituye un concurso ideal, sin embargo, es evidente que existe un concurso material porque las conductas se realizaron en distintos momentos temporales, ya que la captación de agua inició en el año 2016 mientras la usurpación se produjo desde el año 2015, lo que incidió en la imposición de una pena inferior a la pretendida por el Ministerio Público por la aplicación de las reglas del concurso ideal. Solicita se anule la sentencia y se ordene el reenvío para nueva sustanciación. El reclamo se declara sin lugar. El principio de correlación entre acusación y sentencia es uno de los pilares del debido proceso y del derecho de defensa. En este caso, lo que el fiscal reclama, en el sentido de que la juzgadora omitió incluir en la plataforma fáctica demostrada que el justiciable detentaba un bien de dominio público desde el 18 de marzo del 2015 no tiene asidero alguno, dado que esa hipótesis no se incluyó ni en la imputación fiscal ni en la querella, por lo cual el Ministerio Público no podía pretender que en la sentencia se agregara tal hecho, aunque hubiere derivado de la prueba. Mediante voto número 2017-265 de las catorce horas dos minutos del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, la Sección Primera de este Tribunal de Apelación resolvió "El artículo 303 del Código Procesal Penal establece en el inciso b) que la acusación debe contener la relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuya. Se trata de una obligación que no solo es de tipo legal, sino supra legal, pues se trata de un derecho humano consagrado también por los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el artículo 14 del Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan a toda persona acusada de un delito el derecho a ser informada"...en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella" y a "disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa..." . En otras palabras, desde el sistema de protección de los derechos humanos, se establece el derecho de intimación que establece que la atribución de los hechos debe ser detallada, precisa y circunstanciada ;y no genérica, abstracta e incircunstanciada, pues eso impediría cualquier tipo de defensa efectiva de las personas acusadas. Desde la anterior perspectiva, resulta fundamental para determinar el cumplimiento de dicho derecho fundamental, que es presupuesto del derecho general de defensa, si la imputación realizada le permite a la persona acusada conocer cuál es el hecho ilícito que se le atribuye, para así poder preparar adecuadamente su defensa. Evidentemente, dentro de la precisión que estipulan dichas normas, se debe hablar de un hecho concreto y no hechos genéricos que no permitan saber de cuál de ellos se habla y los requisitos de circunstanciación deben ser los necesarios para poder tener armas para combatir la atribución, como lo son las circunstancias espaciales (localidad donde ocurre un hecho), modales (de qué forma fue llevado a cabo: con violencia, con engaño, clandestinamente, aprovechándose de alguna circunstancia, etc) y temporales." Es evidente entonces que no se podían tener por acreditados hechos no incluidos en la acusación. Con respecto a esa fecha -18 de marzo del 2015-, la imputación se limitó a describir que el funcionario Vargas Salazar se presentó al fundo del endilgado debido a la existencia de una solicitud de concesión de aguas y que le previno que no podía tomar ni usar cualquier cantidad de agua porque podría incurrir en delito. Ni en ese apartado ni en algún otro se describió o se atribuyó que para ese día el imputado hubiere construido alguna la presa de gaviones sin desviar agua del río -la fórmula que señala “antes del 26 de abril del 2016” no es suficiente para ello-, por lo que no lleva razón el fiscal cuando alega que se produjo un vicio por no incluirse tal supuesto en los hechos demostrados, dado que más bien, de haber procedido de tal forma, la juzgadora hubiese sorprendido al acusado y violentado gravemente su derecho de defensa. Por otra parte, el alegato de la fiscalía se funda en la pretensión de que se considere que el imputado actuó primero construyendo la citada presa y después desvió las aguas, pero tampoco la atribución se formuló de esa forma, pues el hecho quinto indica que antes del 26 de abril del 2016 “con el propósito de lucrar con la actividad de cultivo de truchas” el acusado creó once tanques para acuicultura y que “con la finalidad de obtener agua para el desarrollo de su actividad comercial” ordenó la construcción de la presa, con la que logró captar el agua y canalizarla para su proyecto acuícola. Es decir, la proposición fiscal sobre la que se desarrolló el debate no se basó en que el imputado hubiese construido primero, para el 18 de marzo del 2015, la presa sin usarla y que tiempo después se idease y ejecutase el desvío de las aguas, como se plantea en el libelo impugnatorio y tampoco la querella incluía tal supuesto fáctico. Por el contrario, la redacción utilizada por quien acusó, como se evidencia a partir de las frases entrecomilladas recién transcritas, determinó la existencia de una sola finalidad que dio sentido a la acción del imputado, que fue la de utilizar las aguas para su proyecto acuícola, para lo que dispuso la construcción de la presa, la elaboración de los tanques y el desvío del agua del río, que fue justamente lo que se tuvo como probado, lo que, analizado a la luz de los tipos penales aplicados la juzgadora, permite concluir que tanto la plataforma fáctica demostrada como la consideración de que se trata de un concurso ideal, se encuentran ajustadas a las disposiciones que regulan el proceso penal, por lo que la sentencia carece del vicio que se reprocha. Por último, debe añadirse que el hecho sétimo de la acusación que corresponde al hecho quinto probado, precisó la detentación por parte del imputado de un espacio de dominio público por medio de la presa construida, específicamente determinó la ocurrencia de ese hecho a partir del 26 de abril del 2016, lo que es consistente con los otros hechos demostrados y confirma la imposibilidad de acceder a lo que el fiscal pretende con este motivo de su recurso.
V.En el segundo motivo, el fiscal reclama inconformidad con la determinación de la pena a imponer. Basa su reproche en los artículos 367 y 459 del Código Procesal Penal y 71 del Código Penal. Alega que, a pesar de que se produjo un daño importante al ambiente, la juzgadora optó por la imposición de la pena mínima. Para fundamentar su inconformidad, transcribe un extracto de la sentencia relacionado con la fundamentación de la pena e indica que los argumentos de la juzgadora son insuficientes, tomando en cuenta los hechos probados. Específicamente al estudiar el hecho cuarto, según el cual en imputado captó la totalidad del agua del río sin dejar líquido para terceras personas o para la vida silvestre en la zona, se evidencia la contradicción existente al motivar la imposición de la pena mínima. Agrega que solamente se valoraron las condiciones personales del imputado, mas no la gravedad del hecho que ameritaba la imposición de una pena mayor. Solicita se anule parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto a la pena, y se ordene el reenvío para nueva sustanciación. El reclamo se declara sin lugar. Al estudiar los argumentos del recurso, esta Cámara considera que no lleva razón el fiscal pues parte de un presupuesto equivocado, cual es que al imputado se le impuso la pena mínima prevista para los delitos acreditados. La pena dispuesta, en abstracto, para el delito de Usurpación de aguas en el Código Penal (artículo 226) es de un mes a dos años de prisión o de diez a cien días multa, mientras la del delito de Usurpación de bienes de dominio público (artículo 227) es de seis meses a cuatro años de prisión o de quince a cien días multa. La juzgadora estableció que, por el concurso ideal, correspondía considerar la pena del segundo de esos ilícitos que es la más grave y decidió imponer un año de prisión. Es decir, descartó imponer la pena menos gravosa, que sería la de multa y se decantó por un extremo superior al mínimo de seis meses de prisión fijado en el artículo 227 del Código Penal. El monto de esta pena se encuentra debidamente justificado y resulta proporcional a la conducta demostrada y ajustada a la culpabilidad del endilgado, tomando cuenta no solo los aspectos beneficiosos para este, sino también aquellos que aumentan el reproche de su conducta. Por ello, tampoco es atendible el alegato del fiscal en cuanto a que no se valoró adecuadamente el daño producido, pues el Tribunal sí lo tomó en cuenta y la ponderación de esos aspectos favorables y no favorables para el endilgado, unidos al fin resocializador, fueron los que determinaron la fijación de una pena de prisión superior a la mínima con el otorgamiento de la condena de ejecución condicional, sin que el fiscal apunte otros elementos que se hayan dejado de valorar y que ameritaran ser aquilatados para la imposición de una pena mayor. En tal sentido, en la sentencia se argumentó “…ciertamente existe un importante daño al ambiente, que en alguna medida se ve diezmado al no producirse por acción del encartado, un impacto en la contaminación del agua del río Buenavista. El señor [Nombre1] , es una persona trabajadora, empresario, según se desprende de su declaración en el debate ha ido en ascenso en la actividad de piscicultura, es emprendedor, sin embargo, ha afectado el ambiente al decidir tomar agua del cauce del río sin contar con los permisos correspondientes para realizar la obra en el cauce y a la vez utilizar el agua en el proyecto de cultivo de trucha. Considera el tribunal que, dicha pena cumple con los cometidos de prevención general y especial positiva que orientan la pena, en el tanto se requiere por un lado que el encartado reciba un tratamiento rehabilitador que le permita adecuar su conducta a las normas de convivencia pacífica, y evitar que en el futuro cometa nuevos hechos delictivos contra sus congéneres…” Por lo expuesto, se declara sin lugar este motivo.
VI.En el tercer motivo de su recurso, el fiscal reprocha inconformidad con la valoración de la prueba. Basa su reclamo en los artículos 459 del Código Procesal Penal y 100 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Alega que no se tuvo por acreditado que el justiciable arrojó sustancias contaminantes al [Dirección4] porque no hubo diferencia sustancial entre la calidad del agua que ingresó al proyecto de cultivo de trucha y la que salió por el canal de desfogue. Sin embargo, esta conclusión se aleja de lo que arrojó la prueba, pues el perito [Nombre11] explicó lo que para la ciencia se considera contaminación y aguas residuales y que, en el proceso productivo realizado por el imputado, sí adicionó agentes ajenos al agua con lo que cambió sus características físicas, químicas y biológicas, por lo que el líquido que lanzó a través de su último canal productivo no era agua de río sino aguas residuales. Ello hace innecesario analizar las características propias del río de previo a que el imputado captara el agua, pues al adicionarle excretas de pez y restos de alimento modificación la condición natural del agua y la convirtió en agua residual, que, según el perito, es un agente capaz de contaminar que posee la capacidad de modificar las condiciones físicas, químicas y biológicas del río en el cual fueron vertidas. El testigo [Nombre1] también clasificó las aguas vertidas por el proyecto acuícola del imputado como aguas residuales por corresponder al producto de un proceso productivo de truchas. Por ello, la conducta del imputado, que fue debidamente demostrada, de arrojar esas aguas al río, las cuales constituyen un agente contaminante configura el delito acusado por la fiscalía y el razonamiento empleado por la juzgadora para llegar a una conclusión distinta es contrario a la ciencia. Además, no es relevante la calidad que tuviera el agua del cuerpo receptor aguas arriba del proyecto de truchas, pues el tipo penal no la exige. Lo que interesa es establecer que lo arrojado corresponde a una sustancia contaminante, sin que tampoco se requiera el establecimiento de valores numéricos de concentración del contaminante para alcanzar la tipicidad de la conducta. Alega que se causó agravio al Ministerio Público hubo una incorrecta valoración de la prueba e inaplicación de las reglas de la ciencia. Solicita se anule la sentencia en cuanto a lo resuelto por este delito y se ordene el reenvío para nueva sustanciación. El reproche se declara sin lugar. Al estudiar el motivo formulado, esta Cámara considera que la absolutoria dictada por el tribunal a quo se encuentra ajustada a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico con respecto al delito acusado, aunque es necesario hacer varias precisiones, pues algunos de los argumentos dados por la juzgadora son incorrectos, sin embargo, la conclusión a la que arribó, en cuanto a la atipicidad de la conducta que se atribuyó al justiciable, es acertada, de forma que no existe agravio alguno para el ente fiscal, por lo que no corresponde acoger su reclamo. El fallo absolutorio se fundó, básicamente, en los siguientes argumentos “Se recibieron las declaraciones de cuatro profesionales a saber el perito judicial Francisco Calvo González, quien es químico de profesión, el señor José Miguel Ramírez Corrales, se desempeña como jefe del Laboratorio de Aguas de Acueductos y Alcantarillados, siendo químico de profesión, la señora [Nombre12] , microbióloga de profesión y directora del laboratorio de aguas de la Universidad de Costa Rica y el señor [Nombre13] , médico veterinario de la empresa BIOMAR. Todos los profesionales anteriores, desde cada una de sus especialidades, han señalado que no ha existido un efecto contaminante en el río luego del ingreso del agua, al proyecto de cultivo de trucha del imputado, lo que significa que al darse el vertido del agua al río no se ha podido determinar ningún tipo de agua residual, que según el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, debe entenderse como el agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes. El artículo 100 de la ley de Conservación de Vida Silvestre señala que se impondrá la pena de uno a tres años de prisión, a quien arroje cualquier sustancia contaminante en ríos. En el caso concreto, debe demostrarse que, en ese proceso de vertido del agua al río, el encartado arrojo aguas contaminantes, que según el artículo 3 del Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, debe entenderse por agua contaminante, toda aquella sustancia cuya incorporación al agua conlleve al deterioro de su calidad física, química y biológica. El artículo 3 del Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos N. 34431, se expone que es sustancia contaminante todo aquel elemento cuya incorporación a un cuerpo de agua implique un deterioro de la calidad física, química o biológica del agua. Es evidente, en el caso de marras, que el imputado no arrojó aguas contaminantes al rio [Dirección5], según ha quedado acreditado con la prueba pericial y documental recibida. Para la Fiscalía, el delito previsto en el artículo 100 de la ley de Conservación de Vida Silvestre, contaminación de agua pública, es de mera actividad y no de resultado, por ello es suficiente con verter el agua al río, aunque no contamine, para que se configure el tipo penal. La conducta sancionaba en el tipo penal del artículo 100 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, no consiste en verter sustancias sin permiso, no es un delito de mera actividad, sino que es un delito de resultado pues las sustancias que se depositan en el río deben ser contaminantes, tal como se ha explicado supra, el imputado no tenía permiso para verter aguas al rio, pero las aguas que se depositaron luego del procedo de producción no implicaron contaminación alguna.” Ciertamente, como lo indica el fiscal y contrario a lo que se determinó en el fallo, el tipo penal descrito en el artículo 100 es de mera actividad y no de resultado, por lo que este se configuraría al arrojar las sustancias en él referidas al río, sin que sea necesario establecer que el cuerpo de agua fue contaminado; tampoco es relevante determinar si había o no contaminación aguas arriba. Además, cuando dicho artículo se refiere a “cualquier sustancia contaminante”, no engloba esa expresión las otras sustancias descritas en el tipo, pues arrojar cualquiera de ellas ya implica la configuración del tipo penal, que dispone “Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que no se configure un delito de mayor gravedad, quien arroje aguas servidas, aguas negras, lodos, desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, lagunas, marismas y embalses naturales o artificiales, esteros, turberas, pantanos, humedales, aguas dulces, salobres o saladas, en sus cauces o en sus respectivas áreas de protección. (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8689 de 4 de diciembre de 2008)”. Sin embargo, el hecho de que no se exija determinar que el cuerpo de agua efectivamente se contaminó, no implica que se deba omitir considerar si las sustancias arrojadas son aptas o no para contaminar. Por eso, la interpretación de este tipo penal requiere tomar en cuenta los Decretos Ejecutivos Nº 33601 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales y Nº 34431 Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos para definir qué se consideran aguas servidas, aguas negras o sustancias contaminantes que no pueden verterse en los ríos. El fiscal enfatiza que, conforme lo dicho por los testigos [Nombre11] y [Nombre1] , las aguas vertidas proyecto acuícola del imputado son aguas residuales, aspecto sobre el que no existe controversia, pues, en efecto, ambos testigos así lo indicaron. Además, conforme el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, los conceptos de aguas negras y de aguas servidas son sinónimos del concepto de aguas residuales (RAE. (2019) Diccionario de la Real Academia Española. Recuperado de https://dle.rae.es/?id=1BKpQj3). Sin embargo, contrario a lo que pretende el fiscal, dichas aguas no constituyen en sí mismas sustancias contaminantes según nuestro ordenamiento jurídico, conforme se analizó en el fallo recurrido, pues los decretos citados posibilitan que se arrojen aguas residuales, en lo que interesa en este caso, en los ríos, en tanto se conformen con las normas y parámetros en ellos establecidos, lo que es acorde con el principio de lesividad que exige que solo se tipifiquen las conductas que causen afectación relevante a los bienes jurídicos que interesan al Estado costarricense. Conforme lo anterior, si los niveles de contaminación de las citadas aguas se encuentran por debajo de los límites fijados en esos reglamentos, el vertido no encuadra en la figura penal. El Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales vigente contiene las siguientes disposiciones de interés “Artículo 1º-Ámbito de aplicación. El presente reglamento será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional en relación con el manejo de las aguas residuales, que independientemente de su origen sean vertidas o reusadas. Artículo 2º-Objetivos. El presente Reglamento tiene por objetivo la protección de la salud pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente adecuada de las aguas residuales… Artículo 4º-Obligación de tratar las aguas residuales. Todo ente generador deberá dar tratamiento a sus aguas residuales para que cumplan con las disposiciones del presente Reglamento y se eviten así perjuicios al ambiente, a la salud, o al bienestar humano…Artículo 13.-Alcance del presente capítulo. El presente capítulo establece los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que deberán ser analizados obligatoriamente en las aguas residuales que se viertan en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario…. Artículo 17.-Características generales de los límites para el vertido de aguas residuales. Los límites contenidos en el presente Capítulo son valores permisibles y serán de acatamiento obligatorio para todos los entes generadores. El Ministerio de Salud aceptará un intervalo de variación que será establecido por los límites de confianza al 95% del respectivo parámetro.” (el resaltado es original) Para comprender estas disposiciones es necesario tomar en cuenta las definiciones que el propio reglamento contiene “Agente contaminante: Toda aquella sustancia cuya incorporación al agua conlleve al deterioro de su calidad física, química o biológica. Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes. Para los efectos de este Reglamento, se reconocen dos tipos: ordinario y especial. Agua residual de tipo ordinario: Agua residual generada por las actividades domésticas del hombre (uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, etc.) Agua residual de tipo especial: Agua residual de tipo diferente al ordinario. Cuerpo receptor: es todo aquel manantial, zonas de recarga, río, quebrada, arroyo permanente o no, lago, laguna, marisma, embalse natural o artificial, canal artificial, estuario, manglar, turbera, pantano, agua dulce, salobre o salada, donde se vierten aguas residuales. Efluente: Un líquido que fluye hacia afuera del espacio confinado que lo contiene. En el manejo de aguas residuales se refiere al caudal que sale de la última unidad de tratamiento. Ente generador: Persona física o jurídica, pública o privada, responsable del Reúso de aguas residuales o de su vertido en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario.” (el resaltado es original) Es claro entonces que el propio Estado consideró que no toda conducta de arrojar sustancias se encuentra prohibida, pues, bajo el cumplimiento de ciertos parámetros, la incorporación de las aguas residuales a los cuerpos de agua no encaja en la figura penal. Por ello, el Ministerio Público debía, en este caso, demostrar que las aguas arrojadas por el imputado al río se encontraban fuera de esos niveles permisibles con respecto a los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, lo que se descartó con las declaraciones recibidas en juicio y valoradas por la jueza a quo. Ahora bien, el Reglamento del Canon Ambiental por Vertidos establece “Artículo 15.-Del permiso de vertidos. Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que utilicen los cuerpos de agua para introducir, transportar y eliminar vertidos que puedan provocar modificaciones en la calidad física, química y biológica del agua requerirán de un permiso de vertidos emitido por el MINAE de conformidad con lo establecido en este Reglamento…Todas las personas anteriores que viertan sin el permiso de vertidos, serán sujetas de los procedimientos y sanciones administrativas, civiles y penales establecidas en la legislación vigente, sin que eso las exima del pago del canon correspondiente.” En este proceso se demostró que el acusado procedió con el vertido luego de someter las aguas a un proceso de tratamiento que implicó que se hallaran dentro de los parámetros permitidos, por lo que podría haber dado lugar a un pronunciamiento con respecto a los extremos civiles, pero este aspecto no fue incluido en la demanda presentada por la Procuraduría General de la República. También se podría proceder en la vía administrativa, conforme correspondiese, lo que, evidentemente, no era resorte del Tribunal de Juicio. En cuanto al aspecto penal, ni el artículo 100 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, ni algún otro tipo penal, sanciona a quien realice esa conducta de arrojar las sustancias descritas sin contar con el permiso respectivo, por lo que si estas se hallan en los niveles permitidos a partir del Decreto Ejecutivo referido, la conducta es atípica desde el punto de vista de la tipicidad conglobante, al analizar los conceptos de sustancia contaminante y agua residual conforme ese decreto. Desde otra óptica, con los mismos argumentos podría señalarse que la conducta carece de antijuricidad formal, por encontrarse permitida en el ordenamiento jurídico, lo que, de todos modos, deriva en la inexistencia de algún ilícito que atribuir a [Nombre1] . Por las razones expuestas, se declara sin lugar el alegato.
VII.En el único motivo de su recurso, el Licenciado Pacheco Salazar reprocha violación al debido proceso en la determinación de la responsabilidad solidaria. Basa su reclamo en los artículos 122 a 126 de las Reglas Vigentes sobre Responsabilidad Civil del Código Penal de 1941, 103 del Código Penal y 1045 del Código Civil. Alega que, a su representada, Truchas Reales de Costa Rica S.A. se le condenó sin fundamentar por qué debe asumir responsabilidad civil solidaria por los actos realizados por el imputado [Nombre1] . Señala que la empresa hizo la solicitud de concesión de aguas al MINAE y contaba con viabilidad ambiental de SETENA, además, las prevenciones realizadas sobre el aprovechamiento de aguas se hicieron al imputado a título personal y no a su representada como persona jurídica, por lo que la condenatoria civil solidaria afecta el patrimonio de los demás accionistas que no han participado en el proceso. Agrega que, para que exista condenatoria civil, debe de haber un daño atribuible a la parte que representa y aunque en la sentencia se detallan dos daños, ninguno de ellos es reprochable a Truchas Reales de Costa Rica S.A. El primero es el supuesto no pago del canon para la utilización del agua, antes de la concesión, sin embargo, la Dirección de Agua del MINAE nunca le ha solicitado a la empresa tal pago, aunque el imputado consultó al respecto, ni esta se ha negado a efectuarlo. Si dicha Dirección no ha querido hacer el cobro, es violatorio del debido proceso exigir a su representada el pago, pues este no se ha podido realizar a falta de fijación de un monto específico y de las indicaciones sobre dónde o cómo cancelarlo. El segundo es el daño ambiental o daño al ecosistema, sobre el que no existe prueba alguna y se hace una remisión genérica al artículo 50 de la Constitución Política para no aplicar el debido proceso tutelado en los artículos 39 y 41 de dicho cuerpo normativo. Aduce que la condenatoria por responsabilidad civil extracontractual requiere necesariamente la acreditación del daño y, en este caso, no hay prueba de algún daño social o ambiental, ni a terceras personas, pues la sola utilización del agua por parte de su representada no es susceptible de generarlo, pues la misma cantidad que se tomaba, se devolvía en iguales o mejores condiciones que las recibidas, por lo que no existió afectación al ambiente ni a quienes estaban río abajo de la toma de agua. Reclama que la violación al debido proceso en perjuicio de su representada es evidente pues si no se cuenta con prueba para demostrar la existencia del daño, no es posible que se oponga a la cuantificación realizada. Agrega que el imputado ofreció en audiencia preliminar y en juicio cancelar el monto valorado por la Procuraduría para lograr la finalización del proceso, lo cual no se aceptó, por lo que es contrario a la lógica, justicia y debido proceso obligar a su representada a hacer un pago a favor de una parte que se ha negado a cuantificarlo, cobrarlo y recibirlo, de forma que se le condenó por no haber hecho algo imposible. Considera que existe agravio al condenar a Truchas Reales de Costa Rica S.A. a pagar daños inexistentes, sin prueba y sin fundamentación, lo que afecta el patrimonio de la empresa y de los accionistas que son personas independientes del imputado. Solicita se deje sin efecto la condenatoria civil y se condene al Estado al pago de las costas personales y procesales. En el cuarto motivo, el imputado reprocha errónea aplicación de las reglas sobre responsabilidad civil. Basa su reclamo en los artículos 122 a 126 de las Reglas Vigentes de Responsabilidad del Código Penal de 1941, 103 del Código Penal y 1045 del Código Civil. Alega que en este caso no existe daño que se pueda cobrar al imputado, por lo que no procede la condenatoria civil. El a quo condenó por dos supuestos daños: el no pago del canon, que es ilógico porque nunca se dijo al imputado cuánto debía pagar y un supuesto daño ecológico o social del que no hay prueba, no existe ningún peritaje ni informe biológico que acredite la producción de algún perjuicio al ecosistema. En la sentencia no se fundamentó cuáles elementos probatorios permitieron concluir la existencia del daño. Además, se le condenó por el delito de usurpación de aguas sin tomar en cuenta que toda el agua que se toma del río se vierte de inmediato en este, por lo que no existe el dolo de apropiarse del agua que exige el tipo penal en cuestión, ya que el proyecto no consume el líquido sino que lo utiliza para aumentar la cantidad de oxígeno disuelto en los estanques así como para mantener baja la temperatura en estos, lo que deriva de los testimonios de [Nombre13] , [Nombre5] y [Nombre1] , la declaración del imputado y el reconocimiento judicial realizado por la juzgadora. La condenatoria penal no implica necesariamente la civil, que no puede existir sin un daño. Solicita se acoja el recurso y se declare sin lugar la acción civil resarcitoria. Los reclamos se conocen conjuntamente y se declaran con lugar. Como este Tribunal, con integraciones distintas, ha recordado en múltiples sentencias, la motivación de las resoluciones judiciales es un eje fundamental para considerar su legitimidad. El artículo 142 del Código Procesal Penal dispone la obligación de las personas juzgadoras de explicar amplia y adecuadamente sus decisiones y de resolver todos los temas sometidos a su conocimiento, de forma que esa motivación sea controlable por las partes y pueda ser conocida por cualquier persona, lo que incluye la acción civil resarcitoria como extremo objeto de decisión. Estudiados los alegatos que presentaron el imputado, en su condición de demandado civil, y el representante de la empresa condenada en forma solidaria, esta Cámara considera que deben declararse con lugar, pues en el fallo no se fundamentó debidamente la condenatoria civil, ya que el apartado en el que se aborda este extremo se hace solo una mención genérica de algunos aspectos, en treinta renglones distribuidos en dos párrafos, en los cuales la juzgadora omitió abordar todos los presupuestos necesarios para concluir la existencia de responsabilidad civil y más bien se limitó a enunciar el contenido de algunas pruebas, sin valorarlo, y a repetir que se produjo un daño, sin suficiente justificación. Los argumentos incluidos en la sentencia fueron los siguientes “ACERCA DE LA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA Se declara CON LUGAR la Acción Civil Resarcitoria contra [Nombre1] Y TRUCHAS REALES DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA establecida por el Estado, representado por la Procuraduría General de la República, en cuanto al reclamo por el delito de USURPACIÓN DE AGUAS SIN TENER LA CONCESIÓN CORRESPONDIENTE. Se condena a los demandados civiles a pagar en forma solidaria al Estado, por DAÑO PATRIMONIAL la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO COLONES CON CERO CENTIMOS, según el monto dejado de percibir por la Dirección de Agua en materia de canon de aprovechamiento de agua, según informe DA-UHTPSOZ-0560-2017, de acuerdo con la metodología empleada se tomó en consideración que se utilizó el agua de manera ilegal por un período de 250 días en el año 2016 y 285 días en al año 2017, pues fue hasta el día 13 de octubre del año 2017, que se otorgó el permiso de concesión por un caudal de 21 litros por segundo. Se condena a los demandados civiles a pagar en forma solidaria al Estado POR DAÑO SOCIAL LA SUMA DE TRES MILLONES DE COLONES, debe tomarse en consideración, que producto de la actuación del encartado, se causó un daño al ambiente, consistente en tomar la mayor parte del cauce del río y desviarlo con ánimo de lucro, para ser utilizado en su proyecto de cultivo de truchas, para posteriormente verterlo en el río. El agua es un bien de dominio público, su conservación y uso sostenible son de interés público, según lo previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ambiente. El artículo 51 de la Ley Orgánica del Ambiente, establece para la conservación y uso sostenible del agua, deberá protegerse los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico. El demandado civil y la empresa Truchas Reales de Costa Rica, tienen responsabilidad civil por el daño social causado al medio ambiente, pues sin tener concesión de uso del agua, se apoderó del agua del cauce del río Buenavista y la procedió a utilizar para fines personales de lucro, con menosprecio para el medio ambiente y el equilibrio del ecosistema. La tesis del abogado de los demandados civiles, de que no existe daño social, porque el agua del río se retornó nuevamente al mismo, no es de recibo, es evidente que al desviarse el agua del cauce del río, se produce un daño al ecosistema, que debe mantenerse equilibrado, recuérdese precisamente para eso existen los estudios técnicos del Departamento de Agua, que permiten determinar la cantidad de agua que se puede concesionar, para no afectar el ecosistema.” (El resaltado es original) El estudio de lo que se denominan presupuestos materiales de la acción civil resarcitoria es fundamental, lo que incluye la existencia del derecho, la legitimación -tanto activa como pasiva- y el interés. No existe, en la sentencia, ningún análisis al respecto, aunque un punto controvertido con respecto a la sociedad anónima demandada es justamente su legitimación pasiva. La jueza decidió que existe responsabilidad solidaria, pero no explicó por qué. También afirmó, en diversas ocasiones, que existe daño patrimonial y social, pero ni siquiera hizo distinción suficiente entre ambos, ni incluyó razonamientos que permitan dilucidar los motivos por los que se determinó que estos existieron y que deben ser resarcidos solidariamente por los demandados. No se indicó por qué la falta de pago de un canon constituye daño patrimonial y por qué hay un daño independiente de este, tampoco se justificaron los montos otorgados. Además, la fundamentación intelectiva referente a la acción civil resarcitoria debe de incluir el análisis de los elementos de prueba, en el que se debe incorporar el valor dado a cada prueba y cómo surgen de estos los hechos civiles probados y todos los aspectos relacionados con la pretensión resarcitoria. Sin embargo, la juzgadora se limitó a mencionar el oficio DA-UHTPSOZ-0560-2017 sin indicar el valor que se le dio, sin establecer por qué este permite fundar la condenatoria civil, sin establecer por qué los cálculos realizados en él son pertinentes y por qué el fallo puede fundarse en ellos, ni cómo se relacionaba con las demás pruebas. Debe recordarse que la simple mención de las pruebas no suple la fundamentación. Ni en este apartado ni en otros sectores del fallo se hallan las razones fundadas de la condenatoria civil, por lo cual corresponde anular parcialmente la sentencia y el debate respectivo, solo en cuanto a todo lo atinente a la declaratoria con lugar de la acción civil resarcitoria contra [Nombre1] y Truchas Reales de Costa Rica S.A. y los montos fijados, como consecuencia de ello, por daño patrimonial y daño social, así como la condenatoria en costas por dicha acción; se ordena el reenvío para que el mismo tribunal, con distinta integración, resuelva sobre este extremo. La anulación comprende el hecho quinto que se tuvo por acreditado en la querella, así como los hechos quinto y sexto de la acción civil resarcitoria que se consideraron demostrados, los que deberán ser nuevamente discutidos en el juicio de reenvío ordenado.
POR TANTO
Se declara con lugar el único motivo del recurso interpuesto por el Licenciado Adrián Fernández Rodríguez, en su condición de apoderado especial judicial de la demandada Truchas Reales de Costa Rica S.A. y el cuarto motivo del recurso del imputado [Nombre1] ; en consecuencia, se anulan parcialmente el fallo apelado y el juicio precedente, solo con respecto a la condenatoria civil de los demandados [Nombre1] y Truchas Reales de Costa Rica S.A. Se declaran sin lugar los demás motivos del recurso del imputado, así como la impugnación presentada por el fiscal Luis Diego Hernández Araya. Se ordena el reenvío para nueva sustanciación sobre los extremos señalados. En lo demás, el fallo permanece incólume. NOTIFÍQUESE.
schaves *BNY9TNS1YYS61* XIOMARA GUTIERREZ CRUZ - JUEZ/A DECISOR/A *ODY1KTVXQMS61* KAREN VALVERDE CHAVES - JUEZ/A DECISOR/A *CMIPPSFOYLK61* [Nombre16] MARCO MAIRENA NAVARRO - JUEZ/A DECISOR/A Circuito Judicial de Cartago Teléfonos: 2551-2713 ó 2553-0340. Fax: 2551-2355. Correo electrónico: [...]
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