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Res. 01343-2019 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 06/08/2019

SINAC Entry onto Rural Land Without a WarrantIngreso del SINAC a fundos rústicos sin orden judicial

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The appeal was granted, the acquittal for illegal exploitation of forest resources was vacated, and a retrial was ordered because Article 54 of the Forestry Law authorized inspection of the rural property without a judicial warrant.Se acogió la apelación, se anuló la absolutoria por aprovechamiento ilegal del recurso forestal y se ordenó un juicio de reenvío porque el artículo 54 de la Ley Forestal permitía la inspección del fundo rústico sin orden judicial.

SummaryResumen

The Criminal Judgment Appeals Court granted the Public Prosecutor’s appeal from the acquittal for illegal exploitation of forest resources. It held that the trial court had misinterpreted Article 54 of the Forestry Law by requiring private land to have been previously classified under a special protection regime before SINAC officers could enter it. The provision authorizes duly identified State Forestry Administration officials, acting within their statutory duties, to travel across and inspect any rural property or forest-industry premises, even if privately owned and without a judicial warrant; dwellings located on the property are excluded. The testimony was sufficient to characterize the rural land as a fundo rústico, so the evidence gathered during the inspection should not have been excluded as unlawful. That error improperly suppressed essential evidence and led to an incorrect application of in dubio pro reo. The court partially invalidated the acquittal and ordered a retrial before a differently composed panel, expressly making no determination concerning guilt.El Tribunal de Apelación declaró con lugar el recurso del Ministerio Público contra la absolutoria por aprovechamiento ilegal del recurso forestal. Determinó que el tribunal de juicio interpretó erróneamente el artículo 54 de la Ley Forestal al exigir que la finca privada estuviera previamente catalogada bajo un régimen especial de protección para permitir el ingreso de funcionarios del SINAC. La norma autoriza a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, debidamente identificados y en ejercicio de sus atribuciones, a transitar e inspeccionar cualquier fundo rústico o industrial forestal, aunque sea propiedad privada y sin orden judicial; la excepción comprende las casas de habitación ubicadas en el inmueble. La prueba testimonial permitía considerar el terreno rural como fundo rústico, por lo que no correspondía excluir la evidencia obtenida durante la inspección. El error produjo la supresión ilegítima de prueba esencial y una aplicación equivocada del in dubio pro reo. Se anuló parcialmente la absolutoria y se ordenó un juicio de reenvío con distinta integración, sin prejuzgar la culpabilidad.

Key excerptExtracto clave

Consequently, when Article 54 of Law No. 7575 authorizes State Forestry Administration officials to enter rural properties to inspect them, it requires nothing beyond acting to fulfill the powers conferred on them by that law for the protection of forest resources; it never requires the area where the property is located to have been previously designated or classified as protected or as subject to specific land-use restrictions for forest conservation purposes, as the trial court mistakenly interpreted it. Accordingly, the trial court plainly misinterpreted substantive law, leading it to exclude unlawfully the body of evidence gathered by Officer Nombre04 and, as a result, to leave the facts charged by the Public Prosecutor undetermined through an incorrect application of the in dubio pro reo principle. This, in turn, violated due process through the failure to apply Articles 142, 178, 181, and 184 of the Code of Criminal Procedure, prejudicing the prosecutorial interests represented by the requesting authority and establishing an absolute defect that rendered the acquittal entered for the accused null. Consequently, the judgment must be declared partially ineffective solely insofar as it acquitted defendant Nombre01 of all punishment and liability for illegal exploitation of forest resources to the detriment of natural resources, and a retrial is therefore ordered before the same court with a different composition so that it may decide the matter according to law. It must be clarified that this appellate chamber does not prejudge how the evidence should be assessed, much less the proper outcome of the case, because it has verified only the existence of a formal defect rendering the decision unlawful. The judgment remains undisturbed in all other respects.Consecuentemente, cuando el artículo 54 de la Ley N˚ 7575 autoriza a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado a ingresar a los fundos rústicos para inspeccionarlos, no exige mayor requisito que el que se haga en procura de cumplir con las atribuciones que la misma ley les otorga en protección del recurso forestal; empero, nunca que se haya establecido o catalogado, previamente, la zona donde se ubica dicho fundo como una de protección o de limitación específica al uso de la propiedad con fines de conservación forestal, como equivocadamente lo interpretó el tribunal de instancia. Así las cosas, se evidencia que el tribunal de mérito incurrió en una errada interpretación de la ley sustantiva, que llevó a la preterición ilegítima del acervo probatorio recabado por el oficial Nombre04 y, con ello, a la indeterminación de los hechos acusados por el Ministerio Público en una aplicación equivocada del principio in dubio pro reo. Esto a su vez, redunda en un quebranto al debido proceso por inaplicación de los artículos 142, 178, 181 y 184 del Código Procesal Penal que generó un agravio en los intereses de persecución penal que representa el órgano requirente y así se verifica la producción de un vicio absoluto que ocasionó la nulidad de la decisión absolutoria que se tomó a favor del encartado. En consecuencia, se debe decretar la ineficacia parcial de la sentencia, únicamente en cuanto absolvió de toda pena y responsabilidad al imputado Nombre01 por un delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal en perjuicio de los recursos naturales y, por ende, se dispone el juicio de reenvío para que el mismo tribunal, pero con diferente integración, proceda a resolver conforme a Derecho. Se debe aclarar que esta cámara no prejuzga sobre la manera en que debe apreciarse la prueba y, mucho menos, sobre la solución que corresponde al caso, ya que lo que se ha verificado es la existencia de un defecto formal que implica la ilegalidad de la decisión tomada. En lo demás, permanece incólume el fallo.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Corolario, la autorización para transitar en propiedad privada por parte de los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, sólo está limitada a que estos se encuentren en el ejercicio de sus atribuciones y que las inspecciones que practiquen las realicen en un fundo rústico o en uno industrial forestal."

    "Accordingly, the authorization for State Forestry Administration officials to travel across private property is limited only by the requirements that they act within the exercise of their powers and conduct their inspections on rural property or forest-industry premises."

    Considerando III

  • "Corolario, la autorización para transitar en propiedad privada por parte de los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, sólo está limitada a que estos se encuentren en el ejercicio de sus atribuciones y que las inspecciones que practiquen las realicen en un fundo rústico o en uno industrial forestal."

    Considerando III

  • "Nombre05, la prueba testimonial era adecuada para calificar dicho fundo como uno rústico y, por ende, accesible para transitar e inspeccionar por Nombre04 por ser un funcionario del SINAC en el ejercicio de sus funciones, sin que se requiriera, como lo exigió en forma equivocada el colegio de jueces, de orden previa de juez competente."

    "Nombre05, the testimonial evidence was sufficient to classify the property as rural and, therefore, accessible for travel and inspection by Nombre04 as a SINAC official performing official duties, without the prior order of a competent judge mistakenly required by the trial panel."

    Considerando III

  • "Nombre05, la prueba testimonial era adecuada para calificar dicho fundo como uno rústico y, por ende, accesible para transitar e inspeccionar por Nombre04 por ser un funcionario del SINAC en el ejercicio de sus funciones, sin que se requiriera, como lo exigió en forma equivocada el colegio de jueces, de orden previa de juez competente."

    Considerando III

  • "En criterio de la Sala la finca del accionante es un espacio abierto que no puede considerarse un recinto privado en el sentido constitucional del término: consiguientemente, no puede hablarse de allanamiento ilegítimo por parte de la autoridad de policía accionada."

    "In the Chamber’s view, the claimant’s property is an open space that cannot be regarded as a private enclosure in the constitutional sense; consequently, the police authority’s entry cannot be characterized as an unlawful search."

    Considerando III, cita de la sentencia 3567-96

  • "En criterio de la Sala la finca del accionante es un espacio abierto que no puede considerarse un recinto privado en el sentido constitucional del término: consiguientemente, no puede hablarse de allanamiento ilegítimo por parte de la autoridad de policía accionada."

    Considerando III, cita de la sentencia 3567-96

  • "Se ordena el juicio de reenvío para que el mismo tribunal, pero con diferente integración, proceda a resolver conforme a Derecho."

    "A retrial is ordered so that the same court, but with a different composition, may decide the matter according to law."

    Por tanto

  • "Se ordena el juicio de reenvío para que el mismo tribunal, pero con diferente integración, proceda a resolver conforme a Derecho."

    Por tanto

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

Decision: 2019-1343 Case file: 12-000433-0573-PE(6) CRIMINAL JUDGMENT APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José. Goicoechea, at diez horas quince minutos, on seis de agosto de dos mil diecinueve.- APPEAL filed in the present proceedings brought against Nombre01, of legal age, Costa Rican, identity card number CED01, born in Heredia on 20 de noviembre de 1968, son of Nombre01 and Nombre02, married, an inspector by occupation, resident of Heredia, Sarapiquí; for the offense of AGGRAVATED RAPE AND OTHERS, to the detriment of A MINOR AND ANOTHER. Judges Rafael Mayid González González and Jorge Luis Arce Víquez and Judge Ana Isabel Solís Zamora participated in deciding the appeal. Attorney Luis Fernando Aguilar Salazar appeared before this Court on behalf of the Ministerio Público, and attorney Zaray Chavarría Prado appeared on behalf of the Procuraduría General de la República.

WHEREAS:

I.By judgment number 49-2019, issued at catorce horas treinta minutos on dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, the Criminal Court, Sarapiquí Seat, ruled: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and Articles 7, 35, 36, 39 and 41 of the Political Constitution; 1, 7 and 8 of the American Convention on Human Rights; Articles 2, 9 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights; 1, 4, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 45, 50, 71, 72, 73, 156 and 157, subsection 3 and subsection 7, of the Criminal Code; Article 58 of Ley Forestal 7575; and Articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 45, 62, 63, 81, 82, 142, 143, 144, 265, 360, 363, 364, 365, 366 and 367 of the Code of Criminal Procedure, Nombre01 IS HEREBY FOUND criminally responsible as the perpetrator of one offense of AGGRAVATED RAPE, to the detriment of MINOR Nombre03., and, in that capacity, the convicted person is sentenced to 14 YEARS' IMPRISONMENT.

Furthermore, applying the universal principle of in dubio pro reo, Nombre01 is acquitted of all punishment and liability for three offenses of rape and one offense under the Ley Forestal, which the Ministerio Público had charged him with committing to the detriment of the minor Nombre03. and the Environment, respectively. In view of the sentence imposed of FOURTEEN YEARS' IMPRISONMENT, neither the benefit of a suspended sentence (Beneficio de Ejecución Condicional de la Pena) nor any other sentence-substitution benefit is applicable. Given the nature of this judgment and the change in the circumstances of the person adjudicated, whose legal status is now that of a convicted person by virtue of the imposition of 14 YEARS' IMPRISONMENT, and because the procedural risks remain and in view of the magnitude of the sentence imposed, pursuant to 258, the PRETRIAL DETENTION (PRISIÓN PREVENTIVA) of Nombre01 IS EXTENDED FOR AN ADDITIONAL PERIOD OF SIX MONTHS, beginning today, 16-05-2019, and expiring on 16-11-2019, while the judgment becomes final.

This matter is decided without a specific award of costs, and the State shall bear the expenses of the proceedings. The chainsaw shall be returned to its lawful owner or to the third party having a superior right to the property, on the understanding that if no claim to the property is perfected within THREE MONTHS, its forfeiture and destruction shall be ordered without the need for any further ruling. Once the judgment becomes final, it shall be entered in the Registro Judicial, and the customary certified copies shall be forwarded to the Instituto Nacional de Criminología, Registro Judicial and Juzgado de Ejecución de la Pena. NOTICE SHALL BE GIVEN. (sic).

II.Attorney Luis Fernando Aguilar Salazar, acting on behalf of the Ministerio Público, filed an appeal against the foregoing ruling.

III.After the corresponding deliberation was conducted in accordance with Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.

IV. The pertinent statutory requirements have been observed throughout the proceedings

Criminal Judgment Appeals Judge González González delivers the opinion; and,

CONSIDERING:

I.Attorney Luis Fernando Aguilar Salazar, in his capacity as representative of the Fiscalía de Sarapiquí, filed an appeal by brief submitted on 05 de junio de 2019 (cf. folios 668 to 671) against judgment number 49–2019 of the Tribunal Penal de Juicio de Heredia, Sede Sarapiquí, issued at 14:30 horas on dieciséis de mayo de 2019. In summary, that judgment found Nombre01 criminally responsible as the perpetrator of one offense of aggravated rape to the detriment of Nombre03 and, in that capacity, sentenced him to fourteen years' imprisonment; it also acquitted that defendant of three offenses of rape with which he had been charged to the detriment of Nombre03. and one offense under the Ley Forestal with which he had been charged to the detriment of natural resources. Accordingly, after reviewing the challenge filed and the procedural history contained in the case record, it may be determined that the appeal must be admitted for consideration because it was filed within the statutory period and satisfies the formal requirements that, in accordance with the principles of flexibility, accessibility, breadth, and informality—which are inherent in and characterize this means of challenge—are necessary for its proper consideration with a view to a comprehensive review of the judgment and to guaranteeing the right of appeal in criminal matters established in Article 8.2(h) of the American Convention on Human Rights and in Articles 458 et seq. of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law No. 8837 of 9 de junio de 2010.

Furthermore, when filing the appeal against the judgment, attorney Luis Fernando Aguilar Salazar requested that the photographic sequence appearing at folios 459 to 460, the recording of the trial, and the challenged judgment be admitted as evidence. Regarding this request, it should be added that evidentiary proceedings at the criminal judgment appeal stage are directly linked to the comprehensive review of the judgment. This is because that means of challenge is intended to ensure broad oversight and comprehensive review of the challenged judicial decision, as well as of the trial that preceded it. Therefore, this does not constitute a new plenary trial or a stage at which evidence may or must be introduced indiscriminately, since our criminal procedure system follows an oral and public trial model. Thus, it is not legally permissible to conduct a new trial at the appellate stage; rather, the proper course is to broadly and comprehensively review and scrutinize the criminal judgment issued by the Trial Court based on the oral and public trial upon which it rested.

In view of the foregoing, Article 464 of the governing code provides, among other things, that at the appellate stage the records of the trial at which the evidence was produced—and, obviously, the judgment—are to be reviewed. In this specific case, the appellant prosecutor requested consideration of the photographic sequence that had already been admitted into evidence during the intermediate stage (cf. folio 579) and incorporated into the adversarial proceedings by being read into the record (cf. reverse of folio 654), as well as consideration of the plenary-trial records and the judgment rendered. Accordingly, these materials shall be made available for review, insofar as they do not constitute an offer of new evidence requiring a specific prior ruling.

II.The sole ground of challenge alleges disagreement with the legal reasoning based on an erroneous interpretation of Article 54 of law No. 7575. He asserts that the court below considered the entry by SINAC officials onto defendant Nombre01's property to have been unlawful and, on that basis, declared the entirety of the body of evidence offered in support of the prosecution invalid, resulting in an acquittal based on reasonable doubt that, in his view, never existed. He notes that the trial court stated that officer Nombre04 testified that he had been conducting a patrol in the area and that they headed toward private property because they heard the sound of a chainsaw. The officer added that he knew the owner of the property from other cases and that they had to enter on foot because the property's gate was padlocked. The witness emphasized that it was private property and that the location should have been forest; nevertheless, it was property situated in an area having no category or protection whatsoever, nor was it a conservation area.

Rather, in his view, he reiterated, it was a site that should have been forest. Based on this testimony, the appellant argues, the panel found that doubt arose as to whether the site where the logging occurred was one of those to which forestry law permits officials of the State Forestry Administration unrestricted access. This was based on an erroneous interpretation of the law, through the assertion that the law classifies and categorizes each area according to the circumstances warranting its protection and that this classification could not be determined through the SINAC officer's testimony. After quoting Article 54 of the Ley Forestal, he argues that the trial court committed an interpretive error by finding that the cited article requires a prior study and classification of the type of zone or area to be protected in order to determine whether entry onto the defendant's property was lawful.

He maintains that a plain reading of that provision reveals no reference whatsoever to the proposition stated by the court; on the contrary, it was the legislature that granted SINAC officers authority to travel through and carry out police actions on rural properties (fundos rústicos), except inside houses located thereon. He reiterates that the panel of judges needed only to determine whether the property entered by the public officials was a rural property, which, according to the provision's literal interpretation, is defined as property located in the countryside or a rural area. He considers the defendant's property to fall squarely within that definition, particularly because it was located in a forested area where excessive logging was taking place, which prompted SINAC officers to inspect the site. Citing in support decision No. 00326–2013 of the Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste, issued at 14:00 horas on 12 de diciembre de 2013, he maintains that if the trial court had correctly interpreted the scope of Article 54 of Law No. 7575, it would have recognized that the actions of the officers of the Sistema Nacional de Conservación were entirely lawful, because they were performing duties inherent to their positions in a rural area containing trees (cf. folio 460).

Consequently, the evidence essential to rendering a conviction would not have been invalidated. He requests that his claim be granted and that the judgment be vacated solely with respect to the acquittal for the offense of unlawful exploitation of forest resources (aprovechamiento ilegal del recurso forestal). Neither the defendant's counsel nor the representative of the Procuraduría General de la República filed any response to the appeal.

III.The claim is granted. A simple reading of the challenge filed by the representative of the prosecuting body leads to the conclusion that the only aspect of the judgment over which this appellate panel has jurisdiction is the acquittal entered in favor of the accused (encartado) Nombre01 for the offense of illegal harvesting of forest resources (aprovechamiento ilegal del recurso forestal). This is because, since no other claims were raised and neither the Procuraduría General de la República nor the defendant’s public defender appealed the conviction entered against Nombre01 for the offense of aggravated rape (violación calificada) against Nombre03—for which he was sentenced to 14 years in prison—or the acquittal also entered in his favor on three counts of rape of a minor, those matters fall outside the scope of this decision. Thus, having made the foregoing clarification and examined the appealed judgment, which appears in written form (cf. folios 648 to 676), together with the records of the trial that preceded it, this appellate panel may conclude that, in the case under review (sub examine), article 54 of the Ley Forestal –N˚ 7575– was indeed erroneously applied and, as a result, essential evidence was unlawfully excluded, indirectly affecting the failure to determine the facts charged as the offense of illegal harvesting of forest resources and thereby also harming the criminal-prosecution interests exercised by the Ministerio Público on behalf of the Costa Rican State.

In this regard, and in order to provide adequate grounds for the aforementioned conclusion, it must be noted that the trial court ruled: “With respect to the facts in case 14-000634-0573-PE, although it is true that the court is able to ascertain from the testimony of witness Nombre04, in his capacity as a SINAC forest police officer, his actions and his observation of the defendant harvesting and sawing a Corteza Amarilla tree, a protected species, it follows first of all that the documentary evidence states the following: it can be determined from the Seizure and Provisional Delivery Records appearing at folios 449-450; Official Letter No. BCTI-020-2014, appearing at folios 457 to 460; Certification dated 21 de julio del 2014, appearing at folio 201; and Official Letter D- BCT-1009-14, appearing at folios 462 to 463, that the defendant Nombre01 was using a chainsaw to harvest and saw a Corteza Amarrilla tree, a protected species.

However, the Court finds that the evidence obtained and the officer’s actions were unlawful and failed to comply with legal requirements, such that the officer’s actions produced tainted evidence (prueba espuria), resulting in what legal doctrine refers to as evidence from the poisoned tree; consequently, the officer’s actions, the seizure, and the related evidence are invalid. These facts give rise to reasonable doubt, which prevents the facts from being deemed proven with the requisite lawfulness under the rules of sound judicial reasoning (reglas de la sana crítica) governing the assessment of documentary and testimonial evidence. […] It can be gathered from the testimony of witness Nombre04, a SINAC officer, that he stated that they were conducting a patrol in the area, that they went to where a farm was located and heard the sound of a chainsaw on private property, that he knew the owner of the farm from other cases, and that they had to enter on foot because the farm was secured with a padlock.

This panel gathers that the officer already knew that the farm in question was private property and that it was even secured with a padlock, and that from outside he merely heard the sound of a chainsaw, without being able, before entering, to observe any circumstances concerning who was using the chainsaw or for what purpose. Furthermore, witness Nombre04 emphatically stated that it was private property, that he knew its owner, and that in his opinion the place should be a forest (emphasis added). In response to the court’s questions, the witness also stated that it was private property that did not fall within any designated category, was not a protected zone, and was not a conservation area. The court therefore finds that our constitutional law establishes the legal circumstances under which private property may be entered, with the requirement of permission being overcome by a judge’s order or by the consent of the rights holder (derecho habiente), neither of which occurred in this case.

In addition, the witness stated precisely that the land was private property and that, in his opinion, it should be a forest, which gives rise to reasonable doubt as to whether it was an area to which the Ley Forestal permits access, since the law clearly classifies and categorizes each area according to prior technical circumstances based on qualified studies of the zone or area to be protected, or according to whether it must receive the corresponding category among those defined by law. According to the witness’s testimony, this was not one of the zones described by law as permitting unrestricted transit for purposes of inspection and prevention in the performance of the witness’s duties. The witness acknowledged and knew beforehand that it was uncategorized private property; therefore, his entry was unlawful, as were the actions resulting from that entry, thereby invalidating the only evidence concerning the matter.

Accordingly, the court finds that the defendant must be acquitted of the acts already described in this section” (cf. folios 666 to 668. Verbatim copy). As follows from the foregoing excerpt, the panel concluded that the property described by officer Nombre04 as the location where a Corteza Amarilla tree was being unlawfully felled was a private farm that had not received any classification—without specifying which one—under the Ley Forestal following technical studies defining it as a protected zone. Therefore, because it did not fall within the circumstances in which article 54 of Ley N˚ 7575 authorized entry, the SINAC officers’ access to the property (fundo) was unlawful, rendering the evidence collected at that location illegal because they lacked a prior judicial order or the consent of the rights holder to perform those acts. Nevertheless, as the appellant points out, a proper and correct interpretation of the cited provision cannot lead to the conclusion stated by the court, because the legislature never made authorization for officials of the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado), in the exercise of their powers, to enter private farms contingent upon those properties being subject to a specific natural-resource protection regime.

It should be noted that article 54 ibídem provides: “Officials of the Administración Forestal del Estado shall have the status of police authorities and, as such and in accordance with this law, shall report any violations committed to the competent authorities. The police authorities shall be required to cooperate with officials of the Administración Forestal del Estado whenever requested to do so in order to fully perform the functions and duties imposed on them by this law. For the performance of their duties, these officials, identified by their respective credentials, shall be entitled to travel through and conduct inspections on any rural property (fundo rústico) or forestry-industrial property (fundo industrial forestal), except for any dwelling located thereon; they may also seize timber and other forest products unlawfully harvested or processed and impound, as security for a potential penalty, the equipment and machinery used in the unlawful act.

They shall also seize any means of transportation used as an instrument or facilitator in the commission of the offense, after preparing the corresponding record. All of the foregoing shall be placed at the disposal of the competent judicial authority within a period not exceeding three days” (Emphasis added). It follows that authorization for officials of the Administración Forestal del Estado to travel through private property is limited only by the requirements that they be acting in the exercise of their powers and that the inspections they conduct take place on a rural property or a forestry-industrial property. Thus, upon reviewing Ley N˚ 7575, although a forestry-industrial property may be defined as one intended to optimize industry through the most efficient techniques for harvesting forest resources (article 52), this legislation provides no definition of a rural property. It is therefore necessary to begin, prima facie, with a grammatical interpretation encompassing the literal element—that is, the ordinary meaning of the words—of the concept “rural” (rústico).

In this regard, its first meaning is “Belonging or relating to the countryside” (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario, año 2018, online consultation: https://dle.rae.es/?id=WrPIidi), while a rural parcel (predio rústico) is defined as one that “…outside populated areas, is devoted to agricultural, livestock, or forestry use” (Ibídem. Online consultation: https://dle.rae.es/?id=TxshtOI). This provides an initial understanding of a rural property as one located outside areas declared to be urban and devoted to agricultural, livestock, or forestry use. Indeed, this definition would not conflict with a systemic interpretation (interpretación sistémica), under which positive-law provisions must be interpreted by considering their logical meaning and systematic place within the legal system understood as an organic whole. An examination of article 4 of Ley de Jurisdicción Agraria N˚ 6734—whose continued validity is established by article 342 of Código Procesal Agrario, N˚ 9609, del 27 de setiembre de 2018, until 28 de febrero del año 2020—shows that the legislature deemed rural parcels to include “…all lands devoted to agricultural or livestock production, except those that have been declared urban zones or are intended for the implementation of urban developments.” Consequently, when article 54 of Ley N˚ 7575 authorizes officials of the Administración Forestal del Estado to enter rural properties in order to inspect them, it imposes no requirement beyond doing so in furtherance of the powers granted to them by that same law for the protection of forest resources; it never requires that the area in which the property is located have been previously designated or classified as subject to protection or to specific restrictions on the use of property for forest-conservation purposes, as the trial court erroneously interpreted it.

In addition, the judicial panel overlooked the fact that officer Nombre04 testified: “…the property is large; we decided to enter on foot because it was secured with a padlock. As we approached, we could hear the sound of a chainsaw; we heard a person operating the chainsaw, then we saw him, and there were other individuals present. We ordered them to stop and identified ourselves as SINAC police officers; we seized the chainsaw, secured the site, seized a machete, and identified the person who was operating the chainsaw as Nombre01, [...] The area where this occurred is an area with a great deal of unlawful activity carried out without permits from an environmental standpoint. At first glance, the site looks like pastureland; it should be forest, but at some point logging took place. The activity I observed was the cutting and harvesting of a tree, which requires a permit that he did not have; I saw him while he was sawing it […] The property is Jarquines; it is privately owned.

I only heard it. By law, we do not need consent to enter properties. It is a forest, not a protected area. In the Sarapiquí area, permits are not required only in certain locations; because of the type of tree, a permit is required” (see folio 653). In other words, that officer established that the property was located in a rural, rather than urban, area and that it was also a property where trees had previously been felled, since the site should be forest but is now pastureland, and that, although it is not a protected area, only in certain locations within the Sarapiquí area is no permit required to fell trees, and this was not one of them. Nombre05, the testimonial evidence was sufficient to classify that property as a rural property (fundo rústico) and, therefore, as accessible for entry and inspection by Nombre04 in his capacity as a SINAC official performing his duties, without requiring, as the panel of judges erroneously held, a prior order from a competent judge.

It must also be considered that the Constitutional Chamber, in a precedent that, although longstanding, remains fully in force, ruled to the same effect when it stated: “II.- Article 24 of the Political Constitution protects the right to privacy by providing that public authorities may not enter the home or private premises of the inhabitants of the Republic without a court order. In the Chamber’s view, the petitioner’s property is an open space that cannot be considered private premises within the constitutional meaning of the term; consequently, the respondent police authority cannot be said to have carried out an unlawful search (allanamiento ilegítimo). Furthermore, the Chamber finds no excess in the police action that could be deemed an infringement of the right to property, especially because Article 54 of ley 7575 authorizes officials of the Forestry Administration and police authorities—when acting in this field—to move freely through and inspect properties, provided that they do not enter any dwellings located on the property; and because that did not occur here, the alleged unlawfulness of the police action is inadmissible” (judgment number 3567-96, issued at ten fifty-four a.m. on the eleventh of July, nineteen ninety-six.) It is therefore clear that, for the Chamber, the concept of rural forest property (fundo rústico forestal) included in the provision at issue refers to large, open spaces whose management and disposition are subject to clear restrictions arising from the need to protect the country’s forest heritage (and which have already been upheld by this Chamber in various rulings).

All of this excludes such spaces, in and of themselves, from the exercise of the ordinary manifestations of the right to privacy, at least as against the State’s interest in monitoring and protecting the country’s natural resources. It should even be noted that the law took into account the problems that the authority granted to forestry officials could cause in relation to the right to privacy and its manifestations, such as the dwelling, because the latter are understood to be, par excellence, the physical spaces to which the exercise of the right to the inviolability of the home applies” (see resolution N˚ 0284-97, issued at two fifty-one p.m. on the fifteenth of January, nineteen ninety-seven. Emphasis not in the original). Accordingly, it is evident that the trial court erroneously interpreted substantive law, resulting in the unlawful exclusion of the body of evidence gathered by officer Nombre04 and, consequently, in the failure to determine the facts charged by the Public Prosecutor’s Office through an erroneous application of the in dubio pro reo principle.

This, in turn, constitutes a violation of due process through the failure to apply Articles 142, 178, 181, and 184 of the Code of Criminal Procedure, thereby impairing the criminal-prosecution interests represented by the prosecuting authority and establishing an absolute defect that rendered the acquittal entered in favor of the accused null and void. Consequently, the judgment must be declared partially ineffective, solely insofar as it acquitted defendant Nombre01 of all punishment and liability for the offense of unlawful harvesting of forest resources (aprovechamiento ilegal del recurso forestal), to the detriment of natural resources; accordingly, the matter is remanded for a new trial before the same court, but with a differently constituted panel, so that it may rule in accordance with the law. It must be clarified that this chamber does not prejudge how the evidence should be assessed, much less the proper disposition of the case, since what has been established is the existence of a formal defect rendering the decision unlawful. In all other respects, the judgment remains undisturbed.

IV.On pretrial detention (prisión preventiva): The defendant (imputado), Nombre01, is being held pursuant to the pretrial detention ordered against him by the ruling issued at thirteen hours and thirty minutes on once de marzo del año dos mil diecinueve (cf. folio 60 a 607). That ruling found that the defendant’s flight risk (peligro de fuga) persisted, based on his reluctance to stand trial, which led him to absent himself from the proceedings without justification and required that he be declared a fugitive (rebeldía) so that he could be apprehended and prosecuted, as ultimately occurred. This was precisely the same argument relied upon in the judgment under appeal—together with his limited employment and family ties (arraigo)—to order the extension of the accused’s detention until 19 de noviembre de 2019. Consequently, although the judgment was declared partially null and void—solely insofar as it ordered an acquittal for the offense of illegal exploitation of forest resources (aprovechamiento ilegal del recurso forestal)—it must be noted that the procedural flight risk that justified the accused’s pretrial detention remains unchanged, since there is no other evidence rebutting it, nor has any change in the defendant’s personal circumstances been demonstrated before this court.

Furthermore, because the a quo ordered the cases to be tried jointly and this appellate panel ordered a remand trial (juicio de reenvío) in which a determination must be made, in accordance with law, regarding the concurrence of events that may constitute a material concurrence of offenses (concurso material)—provided, of course, that the accused’s guilt is established—pursuant to the authority conferred by numeral 258, fourth paragraph, of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal), and because, it bears repeating, the procedural risk underlying the defendant’s pretrial detention persists, his pretrial detention is hereby maintained for an additional six months, from 16 de noviembre de 2019 to 16 de mayo de 2020, a sufficient and reasonable period within which to conduct the new remand trial and determine the accused’s legal status.

POR TANTO:

The appeal against the judgment (recurso de apelación de sentencia) filed by attorney Luis Fernando Salazar Aguilar, in his capacity as representative of the Public Prosecutor’s Office (Ministerio Público), is granted. Consequently, the judgment is declared partially ineffective, solely insofar as it acquitted the defendant Nombre01 of all punishment and liability for the offense of illegal exploitation of forest resources, to the detriment of natural resources. A remand trial is ordered so that the same court, sitting with different judges, may decide the matter in accordance with law. The pretrial detention of the accused Nombre01 is extended for a period of six months, from 16 de noviembre de 2019 to 16 de mayo de 2020, so that the remand trial may be conducted during that period. In all other respects, the judgment remains unchanged. NOTICE SHALL BE GIVEN.

Rafael Mayid González González Ana Isabel Solís Zamora Jorge Luis Arce Víquez Judges of the Criminal Judgment Appeals Court (Jueces y Jueza de Apelación de Sentencia Penal) Case file: 12-000433-0573-PE (6) Defendant: Nombre01 Victim: Minor Offense: Rape and others AVARGASQ

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Resolución: 2019-1343 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las diez horas quince minutos, del seis de agosto de dos mil diecinueve.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra Nombre01, mayor, costarricense, cédula de identidad número CED01, nacido en Heredia, el 20 de noviembre de 1968, hijo de Nombre01 y Nombre02, casado, de oficio inspector, vecino de Heredia, Sarapiquí; por el delito de VIOLACIÓN CALIFICADA Y OTROS, en perjuicio de PERSONA MENOR DE EDAD Y OTRO. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Rafael Mayid González González, Jorge Luis Arce Víquez y la jueza Ana Isabel Solís Zamora. Se apersonaron en esta sede el licenciado Luis Fernando Aguilar Salazar en representación del Ministerio Público y la licenciada Zaray Chavarría Prado en representación de la Procuraduría General de la República.

RESULTANDO:

I.Que mediante sentencia número 49-2019, de las catorce horas treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal Penal, Sede Sarapiquí, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo anteriormente expuesto y artículos 7, 35, 36, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 7 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículos 2, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 4, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 45, 50, 71, 72, 73, 156 y 157 inciso 3 y inciso 7 del Código Penal, Artículo 58 de la Ley Forestal 7575, artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 45, 62, 63, 81, 82, 142, 143, 144, 265, 360, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código Procesal Penal, SE DECLARA A Nombre01 autor responsable de un delito de VIOLACIÓN CALIFICADA, en perjuicio de MENOR DE EDAD Nombre03. y en tal carácter se le impone al condenado una pena de 14 AÑOS DE PRISIÓN. Por otra parte, se absuelve de toda pena y responsabilidad bajo la aplicación del principio universal de In dubio pro-reo a Nombre01 por tres delitos de Violación y un delito de Infracción a la Ley Forestal, que se le viene atribuyendo al encartado por parte del Ministerio Público, en perjuicio de la menor Nombre03. y del Medio Ambiente, respectivamente.

Por la pena impuesta de CATORCE AÑOS DE PRISIÓN no es procedente el Beneficio de Ejecución Condicional de la Pena ni beneficio alguno de sustitución de pena. Por la forma del presente fallo y cambiar las circunstancias del ajusticiado que pasa a tener una situación jurídica de condenado, en virtud de la imponerle 14 AÑOS DE PRISIÓN y al permanecer los peligros procesales y por la magnitud de la pena impuesta, de conformidad 258 se le PRORROGA LA PRISIÓN PREVENTIVA de Nombre01 POR UN PERÍODO DE SEIS MESES MÁS, a partir de hoy 16-05-2019 con vencimiento al 16-11-2019 mientras adquiere firmeza la sentencia. Se resuelve este asunto sin especial condena­toria en costas, quedando a cargo del estado los gastos del proce­so. Se ordena la devolución de la motosierra a su legítimo dueño o al tercero que tenga mejor derecho sobre el bien, en el entendido que, si transcurrido el plazo de TRES MESES no se hace efectivo el reclamo del bien, sin necesidad de resolución posterior alguna se ordenará el comiso y destrucción del artículo indicado.

Firme la sentencia inscríbase en el Registro Judi­cial y remítanse los testimonios de estilo para ante el Instituto Nacional de Criminolo­gía, Registro Judicial y Juzgado de Ejecución de la Pena. NOTIFÍQUESE. (sic).

II.Que contra el anterior pronunciamiento, interpuso recurso de apelación el licenciado Luis Fernando Aguilar Salazar en representación del Ministerio Público.

III.Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV. Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes

Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal González González; y,

CONSIDERANDO:

I.El licenciado Luis Fernando Aguilar Salazar, en su condición de representante de la Fiscalía de Sarapiquí, mediante escrito presentado el 05 de junio de 2019 (cfr. folios 668 a 671) interpone recurso de apelación en contra de la sentencia número 49–2019 del Tribunal Penal de Juicio de Heredia, Sede Sarapiquí, de las 14:30 horas del dieciséis de mayo de 2019, con la cual, en síntesis, se declaró a Nombre01 autor responsable de un delito de violación calificada en perjuicio de Nombre03 y en tal carácter se le impuso una pena de catorce años de prisión; al igual que se absolvió a dicho imputado por tres delitos de violación que se le venían atribuyendo en perjuicio de Nombre03. y un delito de infracción a la Ley Forestal que se le endilgaba en perjuicio de los recursos naturales. Así, luego del estudio de la impugnación planteada y los antecedentes procesales que informan el sumario, se puede determinar que ésta debe ser admitida para su conocimiento, por cuanto fue presentada en tiempo conforme al plazo de ley, y cumple con los requisitos de forma que, de acuerdo a los principios de flexibilidad, accesibilidad, amplitud e informalidad -que son propios y caracterizan dicho medio impugnativo-, resultan necesarios para el adecuado conocimiento de estos en orden al examen integral del fallo, y para garantizar el derecho al recurso en materia penal previsto en el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los artículos 458 y siguientes del Código Procesal Penal, reformados mediante la Ley N. 8837 del 9 de junio de 2010.

Por otro lado, al interponerse el recurso de apelación de sentencia el licenciado Luis Fernando Aguilar Salazar pidió que se tuviera como prueba la secuencia fotográfica que consta de folios 459 a 460, la grabación del debate y el fallo recurrido. En torno a este requerimiento, debe agregarse que la actividad probatoria en fase de apelación de sentencia penal está directamente vinculada al examen integral del fallo. Lo anterior por cuanto lo que se procura y garantiza con dicho medio impugnativo es el amplio control y el examen integral de la decisión jurisdiccional recurrida, así como del juicio que la precedió. De ahí que ésta no constituye un nuevo plenario o una fase en que se pueda o deba producir prueba indiscriminadamente, ya que en nuestro sistema procesal penal rige un esquema de juicio oral y público, de manera que en sede de apelación no es legalmente procedente realizar un nuevo debate, sino que lo que corresponde es revisar y controlar de manera amplia e integral la sentencia penal dictada por el Tribunal de Juicio con base en el debate oral y público en el que la misma se sustentó.

En virtud de lo anterior, al establecerse en el artículo 464 del código de rito, entre otras cosas, que lo que procede en fase de alzada es el examen de los registros del debate donde se produjeron las pruebas y, obviamente, de la sentencia, y que en el caso concreto el fiscal recurrente lo que gestionó fue que se conociera la secuencia fotográfica que ya había sido admitida como prueba durante la etapa intermedia (cfr. folio 579) e incorporada por lectura al contradictorio (cfr. folios 654 vuelto); sin omitir conocer los registros del plenario y el fallo dictado, es que se resuelve tener estos antecedentes a disposición para su examen, en tanto no constituyen un ofrecimiento de prueba nueva que requiera de un especial y previo pronunciamiento.

II.Como único alegato de impugnación se aduce la inconformidad con la fundamentación jurídica por errónea interpretación del artículo 54 de la ley N˚ 7575. Afirma que, el a quo consideró que el ingreso a la finca del imputado Nombre01, por parte de los funcionarios del SINAC, fue ilegal y, con base en ello, declaró la invalidez de la totalidad del acervo probatorio ofrecido para sustentar la acusación fiscal, por lo que se produjo el dictado de un fallo absolutorio con base en una duda razonable que, en su criterio, nunca existió. Hace referencia a que el tribunal de mérito señaló que el oficial Nombre04 declaró que realizaba un recorrido en la zona y se dirigieron hacia una finca privada debido a que escucharon el sonido de una motosierra; agregando que conocía al propietario del fundo por otros casos y que para el ingreso lo tuvieron que hacer caminando debido a que el portón de la finca tenía un candado; siendo enfático el testigo en que se trataba de una propiedad privada y que dicho lugar debería ser un bosque, empero, era una propiedad que se ubicaba en una zona sin ninguna categoría o protección, ni tampoco se trataba de un área de conservación, sino que en su criterio, reitera, era un sitio que debería haber sido bosque.

Con base en esta deposición, aduce el impugnante, el cuerpo colegiado estimó que se generó una duda sobre si el sitio donde se dio la tala era uno de aquellos en los que la ley forestal permite un libre acceso a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado. Esto por cuanto se parte de una errónea interpretación de la ley, al aseverar que ésta califica y categoriza cada área de acuerdo con las circunstancias que priman para su protección, y que esta calificación no se pudo determinar a través de la deposición del oficial del SINAC. Luego de transcribir el artículo 54 de la Ley Forestal, arguye que el tribunal de instancia incurrió en un yerro de interpretación, al considerar que el artículo mencionado exige un estudio previo y calificación sobre el tipo de zona o área a proteger, para verificar si el ingreso a la finca del imputado era legítimo o no. Estima que de una simple lectura de dicha norma se desprende que no existe referencia alguna a la afirmación que realizó el órgano jurisdiccional; siendo que por el contrario fue el legislador que le otorgó la atribución de transitar y practicar diligencias policiales a los oficiales del SINAC en los fundos rústicos, a excepción de las casas ubicadas en éste.

Reafirma que el colegio de jueces únicamente debió verificar si la finca a la que ingresaron los funcionarios públicos era un fundo rústico, el cual se define, según la interpretación literal de la norma, como una finca ubicada en el campo o zona rural. Estima que de dicha acepción no se escapa la finca del encartado, sobre todo porque se encontraba en un área de bosque que estaba siendo talada de forma desmedida, lo que motivó a los oficiales del SINAC a inspeccionar el sitio. Citando en apoyo la resolución N˚ 00326–2013 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste, de las 14:00 horas del 12 de diciembre de 2013, sostiene que si el tribunal de instancia hubiera interpretado correctamente los alcances del artículo 54 de la Ley N˚ 7575, denotaría que la actuación de los oficiales del Sistema Nacional de Conservación fue totalmente apegada a derecho, pues estaban realizando labores propias de su cargo en un área rural donde había árboles (cfr. folio 460) y, en consecuencia, no se hubiese invalidado la prueba que resultaba esencial para el dictado de una sentencia condenatoria.

Solicita se acoja su reclamo y se declare la nulidad del fallo, únicamente en cuanto a la absolutoria por el delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal. No existe contestación alguna al recurso de apelación por parte de la defensa técnica del encartado, ni por el representante de la Procuraduría General de la República.

III.Con lugar el reclamo. De una simple lectura de la impugnación planteada por el representante del órgano acusador, se puede concluir que el único aspecto del fallo sobre el cual tiene competencia esta cámara de apelación, lo es la absolutoria que se dictó a favor del encartado Nombre01 por un delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal, por cuanto, al no existir otros reclamos, ni haber recurrido la Procuraduría General de la República o la defensora pública del justiciable la condenatoria que se dictó en contra del endilgado Nombre01 por un delito de violación calificada en perjuicio de Nombre03. –por el que se le impuso una pena de 14 años de prisión– y la absolutoria que también se dictó en su favor por tres delitos de violación en perjuicio de persona menor de edad, estos tópicos quedan fuera de la presente resolucion. Así, una vez realizada la anterior aclaración y examinada la sentencia recurrida, la cual consta en formato escrito (cfr. folios 648 a 676) y los registros del debate que la precedieron, puede esta cámara de apelación concluir que en el sub examine sí se presentó la errónea aplicación del artículo 54 de la Ley Forestal –N˚ 7575– y, con ello, se dio la supresión ilegítima de prueba esencial que, en forma indirecta, afectó la indeterminación de los hechos que fueron acusados por el delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal, con lo que se agravió también los intereses de persecución penal que el Ministerio Público ejerce en representación del Estado costarricense.

En este sentido, y a efectos de motivar adecuadamente la conclusión supra mencionada, se debe partir de que el tribunal de mérito resolvió: “En cuando a los hechos de la causa 14-000634-0573-PE, si bien es cierto el tribunal logra extraer de la declaración del testigo Nombre04, en su condición de policía forestal del SINAC, su actuación y observancia del imputado de aprovechar y aserrar una árbol de Corteza Amarilla, especie protegida, se desprende en primera termino que la prueba documental refiere lo siguiente: se logra determinar mediante las Actas de decomiso y entrega provisional que rola a folios 449-450; el Oficio No. BCTI-020-2014 que se encuentran visibles a folios del 457 al 460; Certificación de fecha 21 de julio del 2014 visible a folio 201 y Oficio D- BCT-1009-14 visible a folios del 462 al 463; que el imputado Nombre01 se encontraba utilizando una motosierra para el aprovechamiento y el aserrado de un árbol de Corteza Amarrilla, especie protegida, sin embargo el Tribunal estima que la prueba obtenida y la actuación del oficial fue ilegítima y con inobservancia de los preceptos legales, obteniendo así de lo actuado por el funcionario prueba espuria arrojando lo que en doctrina se conoce como prueba del árbol envenado y por lo consiguiente, el actuar del oficial, el decomiso y la prueba al respecto queda inválida; de estos hechos se desprende una duda razonable que no permite tener los hechos probados con la legitimidad debida aplicando las regla de la sana crítica para la valoración de la prueba documental y testimonial. […] Se puede desprender del testimonio del testigo Nombre04, oficial del SINAC, que refirió realizaba un recorrido en la zona, que fueron hasta donde estaba una finca y escucharon un sonido de una motosierra en una finca privada, que conocía el propietario de la finca por otros casos y que tuvieron que ingresar caminando porque la finca tenía un candado.

Desprende esta cámara que el oficial ya conocía que la finca en cuestión es una propiedad privada y que inclusive la misma estaba cerrada con un candado, siendo que desde afuera sólo escucha un sonido de una motosierra sin poder observa antes del ingreso situación alguna de quien utilizaba la motosierra o para que fin; además el testigo Nombre04 fue enfático en indicar que se trataba de una propiedad privada, que conocía a su propietario y que dicho lugar debería ser un bosque según su criterio, (lo resaltado es propio), el testigo también ante las preguntas del tribunal decantó que era una propiedad privada que no era una zona con alguna categoría, ni zona protegida ni se trataba de un área de conservación. Estima así entonces para el tribunal que nuestra normativa constitucional dejó previsto las circunstancias legales que se podría dar para el ingreso a una propiedad privada, rompiendo este permiso con la orden de un juez o bien con el consentimiento del derecho habiente, circunstancia que en el caso no ocurrió, además el testigo fue preciso que el terreno es una propiedad privada y que para su criterio debería ser un bosque, lo que deja la duda razonable que se trate de una zona que la ley forestal permite su acceso, toda vez que es claro para la ley que califica y categoría cada área de acuerdo a circunstancia previas técnicas de estudios calificados sobre la zona o área a proteger o bien que debe recibir la categoría correspondiente a las definida de la ley, situación que de la declaración del testigo no es una zona de las descritas en la ley como autorizadas para su libre tránsito en la inspección y prevención del accionar del propio testigo que reconoció y supo desde previo que era una propiedad privada sin categoría alguna, por lo que su ingreso fue ilegítimo y por ende el actuar que derivo de dicho ingreso anulando con ello la única prueba al respecto, es por ello que en lo consecuente el tribunal estima que el imputado debe ser absuelvo por lo hechos ya señalados en este acápite” (cfr. folio 666 a 668.

Copia literal). Como se desprende del extracto anterior, el cuerpo colegiado concluye que la propiedad que describió el oficial Nombre04, como aquella en donde se estaba dando la tala ilegal de un árbol de Corteza Amarilla, se trataba de una finca privada que no contaba con ninguna calificación –sin indicar cuál– dada por la ley forestal, y previo estudios técnicos que la definieran como una zona de protección, por lo que al no estar dentro de los supuestos que autorizaba el artículo 54 de la Ley N˚ 7575, el acceso que hicieron los oficiales del SINAC al fundo resultó ilegítimo y, con ello, se produjo la ilegalidad de la prueba que se recabó en dicho sitio, en tanto no se contaba con la orden previa de un juez o con el consentimiento del derecho habiente para realizar tales actos. No obstante, tal y como lo advierte el recurrente, de una adecuada y correcta interpretación de la norma de cita, no puede llegarse a la conclusión que expone el órgano jurisdiccional, por cuanto el legislador nunca estableció como supuestos para autorizar el ingreso a las fincas privadas por parte de los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, el que éstas estuvieran sometidas a algún régimen específico de protección de los recursos naturales.

Nótese que el artículo 54 ibídem establece: “Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas. Las autoridades de policía estarán obligadas a colaborar con los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, cada vez que ellos lo requieran para cumplir, cabalmente, con las funciones y los deberes que esta ley les impone. Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito.

También, decomisarán el medio de transporte que sirva como instrumento o facilitador para la comisión del delito, previo levantamiento del acta respectiva. Todo lo anterior deberá ponerse a la orden de la autoridad judicial competente, en un plazo no mayor de tres días” (El resaltado es propio). Corolario, la autorización para transitar en propiedad privada por parte de los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, sólo está limitada a que estos se encuentren en el ejercicio de sus atribuciones y que las inspecciones que practiquen las realicen en un fundo rústico o en uno industrial forestal. Así, de una revisión de la Ley N˚ 7575, si bien se puede definir que un fundo industrial forestal es aquel que está destinado a lograr la optimización de la industria, mediante las más eficientes técnicas de aprovechamiento de los recursos forestales (artículo 52); en cuanto al significado de fundo rústico esta normativa resulta omisa, por lo que debe partirse, prima facie, de la interpretación gramatical que aglutina el elemento literal (según el sentido de sus propias palabras) del concepto de rústico.

En este orden, la primera acepción da cuenta de que significa “Perteneciente o relativo al campo” (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario, año 2018, consulta en línea: https://dle.rae.es/?id=WrPIidi); mientras que predio rústico está definido como aquel que “…fuera de las poblaciones, está dedicado a uso agrícola, pecuario o forestal” (Ibídem. Consulta en línea: https://dle.rae.es/?id=TxshtOI). Así, ya puede darse un acercamiento al significado de fundo rústico como aquel que está fuera de las zonas declaradas como urbanas y que ha sido dedicado al uso agrícola, pecuario o forestal. Precisamente, esta definición no sería contraria a la interpretación sistémica, que parte de que la interpretación de los preceptos positivos debe ser obtenida teniendo en cuenta su sentido lógico y su ponderación sistemática dentro del ordenamiento jurídico entendido como un todo orgánico, ya que al examinar el artículo 4 de la Ley de Jurisdicción Agraria N˚ 6734 –cuya vigencia está definida por el artículo 342 del Código Procesal Agrario, N˚ 9609, del 27 de setiembre de 2018, hasta el 28 de febrero del año 2020–, se constata que el legislador consideró como predios rústicos “…todas las tierras que se encuentren destinadas a la explotación agropecuaria, excepto aquellas que hubieren sido declaradas como zonas urbanas o que estén destinadas a la ejecución de desarrollos urbanos”.

Consecuentemente, cuando el artículo 54 de la Ley N˚ 7575 autoriza a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado a ingresar a los fundos rústicos para inspeccionarlos, no exige mayor requisito que el que se haga en procura de cumplir con las atribuciones que la misma ley les otorga en protección del recurso forestal; empero, nunca que se haya establecido o catalogado, previamente, la zona donde se ubica dicho fundo como una de protección o de limitación específica al uso de la propiedad con fines de conservación forestal, como equivocadamente lo interpretó el tribunal de instancia. Aunado a ello, soslayó el cuerpo colegiado que el oficial Nombre04 declaró: “…la finca es grande decidimos entrar caminando porque estaba asegurada con un candado, al llegar cerca escuchábamos el sonido de la motosierra, escuchamos un sujeto con la motosierra, luego lo observamos y estaban otros sujetos, se dio la voz de alto nos identificamos como policía del SINAC, decomisamos la motosierra, aseguramos el sitio, decomisamos un machete, identificamos la persona que usaba la motosierra la cual era Nombre01, [...] La zona donde se encontró esto es una zona de muchos actos delictivos, sin permisos desde el punto de vista ambiental, en el sitio parece un potrero a simple vista, debería ser un bosque, en algún momento se hizo una tala; la acción que observé fue la corta y el aprovechamiento de un árbol el cual requiere un permiso que no tenía, lo observé cuando lo estaba aserrando […] La finca es Jarquines, es una finca privada, solo lo escuché, por ley no necesitamos consentimiento a ingresar a propiedades, es un bosque no es un área de protección protegida, la Zona de Sarapiquí solo algunas zonas no ocupan permisos, se requiere por el tipo de árbol un permiso” (cfr. folio 653).

Es decir, que dicho oficial estableció que el fundo estaba ubicado en una zona rural, no urbana, que además era una finca donde antes se había dado talas de árboles, ya que el sitio debería ser un bosque pero ahora es un potrero y que, aunque no es un área protegida, en la zona de Sarapiquí sólo en algunos sitios no se ocupa permiso para talar árboles, no siendo ésta uno de ellos. Nombre05, la prueba testimonial era adecuada para calificar dicho fundo como uno rústico y, por ende, accesible para transitar e inspeccionar por Nombre04 por ser un funcionario del SINAC en el ejercicio de sus funciones, sin que se requiriera, como lo exigió en forma equivocada el colegio de jueces, de orden previa de juez competente. Debe considerarse también, que la Sala Constitucional en un precedente que, aunque de larga data, todavía tiene plena vigencia, resolvió en este mismo sentido al indicar: “II.- El artículo 24 de la Constitución Política tutela el derecho a la intimidad en términos de que no es posible el ingreso de autoridad pública, sin orden judicial, al domicilio o recinto privado de los habitantes de la República.

En criterio de la Sala la finca del accionante es un espacio abierto que no puede considerarse un recinto privado en el sentido constitucional del término: consiguientemente, no puede hablarse de allanamiento ilegítimo por parte de la autoridad de policía accionada. Por otra parte, la Sala no encuentra en la actuación policial ningún exceso que pueda considerarse lesivo al derecho de propiedad; especialmente, porque el artículo 54 de la ley 7575 autoriza el libre tránsito e inspección de las fincas, por parte de los funcionarios de la Administración Forestal y de las autoridades de Policía –cuando actúen en esta materia-; a condición de que no ingresen a las casas de habitación ubicadas en el fundo; y como este no es el supuesto, la pretendida ilegitimidad de la actuación policial resulta inadmisible” (sentencia número 3567-96, de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del once de julio de mil novecientos noventa y seis.) Está claro entonces que para la Sala, el concepto de fundo rústico forestal incluido en la disposición discutida, hace referencia a espacios amplios y abiertos, sobre los cuales existen claras limitaciones en cuanto a su manejo y disposición, originadas en la necesidad de protección del patrimonio forestal del país ( y que han sido ya avaladas por parte de esta Sala en diversos pronunciamientos), todo lo cual, los excluye, para ser objeto – por si mismos- del ejercicio de las manifestaciones normales del derecho de intimidad, al menos en frente de la pretensión estatal de vigilancia y protección de los recursos naturales del país.

Debe notarse incluso que en la ley se prestó atención a los problemas que la potestad concedida a las autoridades forestales podría ocasionar en relación con el derecho a la intimidad y sus expresiones tales como de habitación, por entender que éstas últimas son – por excelencia- los espacios físicos sobre los que recae el ejercicio del derecho al domicilio” (cfr. resolución N˚ 0284-97 de las catorce horas cincuenta y un minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y siete. El resaltado no es de su original). Así las cosas, se evidencia que el tribunal de mérito incurrió en una errada interpretación de la ley sustantiva, que llevó a la preterición ilegítima del acervo probatorio recabado por el oficial Nombre04 y, con ello, a la indeterminación de los hechos acusados por el Ministerio Público en una aplicación equivocada del principio in dubio pro reo. Esto a su vez, redunda en un quebranto al debido proceso por inaplicación de los artículos 142, 178, 181 y 184 del Código Procesal Penal que generó un agravio en los intereses de persecución penal que representa el órgano requirente y así se verifica la producción de un vicio absoluto que ocasionó la nulidad de la decisión absolutoria que se tomó a favor del encartado.

En consecuencia, se debe decretar la ineficacia parcial de la sentencia, únicamente en cuanto absolvió de toda pena y responsabilidad al imputado Nombre01 por un delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal en perjuicio de los recursos naturales y, por ende, se dispone el juicio de reenvío para que el mismo tribunal, pero con diferente integración, proceda a resolver conforme a Derecho. Se debe aclarar que esta cámara no prejuzga sobre la manera en que debe apreciarse la prueba y, mucho menos, sobre la solución que corresponde al caso, ya que lo que se ha verificado es la existencia de un defecto formal que implica la ilegalidad de la decisión tomada. En lo demás, permanece incólume el fallo.

IV.Sobre la prisión preventiva: El imputado Nombre01 está detenido en cumplimiento de la prisión preventiva que se ordenó en su contra por resolución de las trece horas con treinta minutos del once de marzo del año dos mil diecinueve (cfr. folio 60 a 607). En esta resolución se reconoció la persistencia del peligro de fuga del justiciable, amparado en que este mostró un comportamiento reticente a ser juzgado que llevó a asuntarse injustificadamente del proceso, y requirió que se ordenara su rebeldía para ser capturado y procesado como finalmente ocurrió. Precisamente, este fue el mismo argumento que imperó en la sentencia recurrida –aunado al poco arraigo laboral y familiar que aquel presenta– para ordenar la prorroga de prisión del endilgado hasta el 19 de noviembre de 2019. Consecuentemente, y pese a que se declaró la nulidad parcial del fallo –únicamente en cuanto a la absolutoria ordenara por el delito aprovechamiento ilegal del recurso forestal–, debe acotarse que el peligro procesal de fuga que a justificado la prisionalización preventiva del sindicado se mantiene incólume, ya que se carece de algún otro elemento probatorio que lo revierta, ni se ha demostrado, en esta sede, un cambio en las condiciones personales del procesado, sino que también, al haberse dispuesto por el a quo el juzgamiento conjunto de las causas y ordenado por esta cámara de apelación el juicio de reenvío en el cual deberá resolverse, conforme a Derecho, la concurrencia de eventos que pueden integrar un concurso material –claro está, en caso de demostrarse la culpabilidad del encartado–, en apego a la faculta que concede el numeral 258, párrafo cuarto, del Código Procesal Penal, y siendo que, se insiste, el peligro procesal que ha sustanciado la prisión preventiva del justiciable subsiste, se dispone mantener la prisión preventiva de este por seis meses más, que rigen del 16 de noviembre de 2019 al 16 de mayo de 2020, tiempo suficiente y razonable para que, durante ese período, se realice el nuevo juicio de reenvío y se defina la situación jurídica del acusado.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el licenciado Luis Fernando Salazar Aguilar, en su condición de representante del Ministerio Público. Consecuentemente, se decreta la ineficacia parcial de la sentencia, únicamente en cuanto absolvió de toda pena y responsabilidad al imputado Nombre01 por un delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal en perjuicio de los recursos naturales. Se ordena el juicio de reenvío para que el mismo tribunal, pero con diferente integración, proceda a resolver conforme a Derecho. Se dispone la prórroga de la prisión preventiva del encartado Nombre01 por el plazo de seis meses, que rigen del 16 de noviembre de 2019 al 16 de mayo de 2020, a efecto de que en dicho período se realice el juicio de reenvío. En lo demás, permanece incólume el fallo. NOTIFÍQUESE.

Rafael Mayid González González Ana Isabel Solís Zamora Jorge Luis Arce Víquez Jueces y Jueza de Apelación de Sentencia Penal Imputado: Nombre01 Ofendido: Persona menor de edad Delito: Violación y otros AVARGASQ

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    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

      Spanish key termsTérminos clave en español

      This document cites

      • Ley 7575 Forestry Law
      • Ley 9609 Agrarian Procedural Code

      Este documento cita

      • Ley 7575 Ley Forestal
      • Ley 9609 Código Procesal Agrario

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