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Res. 01343-2019 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 06/08/2019

SINAC officials' entry onto private farms for forestry inspectionIngreso de funcionarios del SINAC a fincas privadas para inspección forestal

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The appeal by the Public Prosecutor's Office is granted, overturning the acquittal on the forestry offense and remanding for a new trial, as the trial court misinterpreted Article 54 of the Forestry Law.Se declara con lugar el recurso de apelación del Ministerio Público y se anula la absolutoria por el delito forestal, ordenando el reenvío para nuevo juicio, al haberse interpretado erróneamente el artículo 54 de la Ley Forestal.

SummaryResumen

In Resolution No. 01343-2019, the Criminal Sentence Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José partially overturned the trial court's acquittal of a defendant charged with illegal logging. The trial court had deemed illegitimate the entry of SINAC officials onto a private farm where a protected yellow bark tree was being felled, reasoning that since the area lacked a special protection category or conservation status, the officials needed a judicial warrant or the landowner's consent. The Appeals Court corrected this interpretation, holding that Article 54 of Forestry Law No. 7575 empowers State Forestry Administration officials to enter and inspect any rural or industrial forest estate, limited only by the prohibition on entering dwellings. Relying on grammatical and systemic interpretation, it defined a rural estate as land outside urban zones used for agricultural, livestock, or forestry purposes. As the farm was shown to be rural and logging activity was heard by the officials, their entry was deemed legitimate. The acquittal on the forestry charge was nullified, and the case was remanded for a new trial on that count only.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José, mediante la Resolución Nº 01343-2019, revocó parcialmente la sentencia de primera instancia que había absuelto a un imputado por el delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal. El tribunal de juicio había considerado ilegítimo el ingreso de funcionarios del SINAC a una finca privada donde se talaba un árbol de corteza amarilla, especie protegida, al entender que, al no tratarse de un área de conservación o con una categoría especial de protección, el acceso requería orden judicial o consentimiento del propietario. La Cámara de Apelación corrigió este criterio, aclarando que el artículo 54 de la Ley Forestal (Nº 7575) faculta a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado a transitar e inspeccionar cualquier fundo rústico o industrial forestal, sin más limitación que la de no ingresar a las casas de habitación. Definió fundo rústico como aquel ubicado fuera de zonas urbanas y destinado a uso agrícola, pecuario o forestal, con base en la interpretación gramatical y sistémica de la ley. Al haberse acreditado que la finca era rural y presentaba actividad de tala, la actuación de los oficiales fue legítima. Se anuló la absolutoria y se ordenó el reenvío para nuevo juicio por ese delito.

Key excerptExtracto clave

Article 54 provides: "Officials of the State Forestry Administration shall have the character of police authority, and as such, in accordance with this law, they must report violations to the competent authorities. Police authorities shall be obligated to collaborate with officials of the State Forestry Administration whenever required by them to fully perform the functions and duties imposed by this law. In carrying out their duties, these officials, identified by their respective ID, shall have the right to enter and conduct inspections on any rural or industrial forest estate, except for the dwelling houses located therein; as well as to confiscate illegally harvested or processed timber and other forest products and to seize, as security for a possible penalty, the equipment and machinery used in the illegal act. … Consequently, when Article 54 of Law No. 7575 authorizes State Forestry Administration officials to enter rural estates for inspection, it requires no further condition than that the entry be made in pursuit of the powers granted by the same law for the protection of forest resources; never does it require that the zone where the estate is located has been previously established or catalogued as a protected area or as one with specific land-use limitations for forest conservation purposes, as the trial court mistakenly interpreted."el artículo 54 ibídem establece: “ Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas. Las autoridades de policía estarán obligadas a colaborar con los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, cada vez que ellos lo requieran para cumplir, cabalmente, con las funciones y los deberes que esta ley les impone. Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo CED1, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él ; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito. ... Consecuentemente, cuando el artículo 54 de la Ley N° 7575 autoriza a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado a ingresar a los fundos rústicos para inspeccionarlos, no exige mayor requisito que el que se haga en procura de cumplir con las atribuciones que la misma ley les otorga en protección del recurso forestal; empero, nunca que se haya establecido o catalogado, previamente, la zona donde se ubica dicho fundo como una de protección o de limitación específica al uso de la propiedad con fines de conservación forestal, como equivocadamente lo interpretó el tribunal de instancia."

Pull quotesCitas destacadas

  • "Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo CED1, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él"

    "In carrying out their duties, these officials, identified by their respective ID, shall have the right to enter and conduct inspections on any rural or industrial forest estate, except for the dwelling houses located therein"

    Artículo 54 Ley Forestal Nº 7575

  • "Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo CED1, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él"

    Artículo 54 Ley Forestal Nº 7575

  • "Consecuentemente, cuando el artículo 54 de la Ley N° 7575 autoriza a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado a ingresar a los fundos rústicos para inspeccionarlos, no exige mayor requisito que el que se haga en procura de cumplir con las atribuciones que la misma ley les otorga en protección del recurso forestal; empero, nunca que se haya establecido o catalogado, previamente, la zona donde se ubica dicho fundo como una de protección o de limitación específica al uso de la propiedad con fines de conservación forestal"

    "Consequently, when Article 54 of Law No. 7575 authorizes State Forestry Administration officials to enter rural estates for inspection, it requires no further condition than that the entry be made in pursuit of the powers granted by the same law for the protection of forest resources; never does it require that the zone where the estate is located has been previously established or catalogued as a protected area or as one with specific land-use limitations for forest conservation purposes"

    Considerando III

  • "Consecuentemente, cuando el artículo 54 de la Ley N° 7575 autoriza a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado a ingresar a los fundos rústicos para inspeccionarlos, no exige mayor requisito que el que se haga en procura de cumplir con las atribuciones que la misma ley les otorga en protección del recurso forestal; empero, nunca que se haya establecido o catalogado, previamente, la zona donde se ubica dicho fundo como una de protección o de limitación específica al uso de la propiedad con fines de conservación forestal"

    Considerando III

  • "Así las cosas, se evidencia que el tribunal de mérito incurrió en una errada interpretación de la ley sustantiva, que llevó a la preterición ilegítima del acervo probatorio recabado por el oficial ... y, con ello, a la indeterminación de los hechos acusados por el Ministerio Público en una aplicación equivocada del principio in dubio pro reo."

    "Thus, it is evident that the trial court engaged in an erroneous interpretation of substantive law, leading to the illegitimate exclusion of the evidence gathered by the official ... and consequently, to the indetermination of the facts charged by the Public Prosecutor's Office through a mistaken application of the in dubio pro reo principle."

    Considerando III

  • "Así las cosas, se evidencia que el tribunal de mérito incurrió en una errada interpretación de la ley sustantiva, que llevó a la preterición ilegítima del acervo probatorio recabado por el oficial ... y, con ello, a la indeterminación de los hechos acusados por el Ministerio Público en una aplicación equivocada del principio in dubio pro reo."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

**RESULTANDO:**

**I.-** That through judgment number 49-2019, issued at fourteen hundred thirty hours on the sixteenth of May of two thousand nineteen, the Criminal Trial Court, Sarapiquí Venue, resolved: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and Articles 7, 35, 36, 39 and 41 of the Political Constitution, 1, 7 and 8 of the American Convention on Human Rights, Articles 2, 9 and 10 of the Universal Declaration of Human Rights; 1, 4, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 45, 50, 71, 72, 73, 156 and 157 subsection 3 and subsection 7 of the Criminal Code, Article 58 of the Ley Forestal 7575, Articles 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 45, 62, 63, 81, 82, 142, 143, 144, 265, 360, 363, 364, 365, 366 and 367 of the Code of Criminal Procedure, [Nombre1] IS DECLARED the responsible perpetrator of one crime of AGGRAVATED RAPE, to the detriment of MINOR [Nombre3]. and in such capacity a penalty of 14 YEARS OF PRISON is imposed upon the convicted person. On the other hand, under the application of the universal principle of In dubio pro-reo, [Nombre1] is acquitted of all penalty and responsibility for three crimes of Rape and one crime of Violation of the Ley Forestal, which are being attributed to the accused by the Public Prosecutor's Office, to the detriment of the minor [Nombre3]. and of the Environment, respectively. Due to the imposed penalty of FOURTEEN YEARS OF PRISON, the Benefit of Conditional Execution of the Sentence is not applicable, nor is any sentence substitution benefit. Due to the form of this judgment and the change in the circumstances of the defendant, who now has the legal status of a convicted person, by virtue of the imposition of 14 YEARS OF PRISON and as the procedural dangers persist and due to the magnitude of the imposed penalty, in accordance with 258, the PREVENTIVE PRISON of [Nombre1] IS EXTENDED FOR A PERIOD OF SIX ADDITIONAL MONTHS, from today 05-16-2019, expiring on 11-16-2019, while the judgment becomes final. This matter is resolved without special condemnation in costs, with the costs of the proceedings remaining at the expense of the State. The return of the chainsaw is ordered to its legitimate owner or to the third party who has a better right to the property, on the understanding that, if after the period of THREE MONTHS has elapsed the claim for the property has not been made effective, without the need for any subsequent resolution, the confiscation and destruction of the indicated article will be ordered. Once the judgment is final, it shall be registered in the Judicial Registry and the corresponding certified copies shall be forwarded to the National Institute of Criminology, Judicial Registry, and Sentence Enforcement Court. NOTIFY. (sic).

**II.-** That against the preceding ruling, attorney Luis Fernando Aguilar Salazar, representing the Public Prosecutor's Office, filed an appeal.

**III.-** That having carried out the respective deliberation in accordance with the provisions of Article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.

**IV.-** That in the proceedings, the pertinent legal prescriptions have been observed.

Judge of Criminal Sentence Appeal González González writes; and, **CONSIDERANDO:** **I.-** Attorney Luis Fernando Aguilar Salazar, in his capacity as representative of the Sarapiquí Prosecutor's Office, through a document filed on June 5, 2019 (cfr. folios 668 to 671), files an appeal against judgment number 49–2019 of the Criminal Trial Court of Heredia, Sarapiquí Venue, issued at 14:30 hours on the sixteenth of May of 2019, through which, in summary, [Nombre1] was declared the responsible perpetrator of one crime of aggravated rape to the detriment of [Nombre3] and in such capacity a penalty of fourteen years of prison was imposed upon him; likewise, said defendant was acquitted of three crimes of rape that were being attributed to him to the detriment of [Nombre4] and one crime of violation of the Ley Forestal that was being charged against him to the detriment of natural resources. Thus, after studying the challenge filed and the procedural background informing the summary proceedings, it can be determined that this challenge must be admitted for its consideration, since it was filed on time, in accordance with the legal term, and complies with the formal requirements which, according to the principles of flexibility, accessibility, breadth, and informality—which are proper to and characterize said challenge—are necessary for the adequate knowledge thereof in order to conduct a comprehensive examination of the judgment, and to guarantee the right to appeal in criminal matters provided for in Article 8.2h of the American Convention on Human Rights, as well as in Articles 458 and following of the Code of Criminal Procedure, as amended by Law No. 8837 of June 9, 2010. On the other hand, when filing the appeal of the judgment, attorney Luis Fernando Aguilar Salazar requested that the photographic sequence appearing on folios 459 to 460, the recording of the trial, and the appealed judgment be considered as evidence. Regarding this request, it must be added that evidentiary activity in the criminal sentence appeal phase is directly linked to the comprehensive examination of the judgment. The foregoing is because what is sought and guaranteed through said challenge is broad control and comprehensive examination of the appealed jurisdictional decision, as well as of the trial that preceded it. Hence, this does not constitute a new plenary session or a phase in which evidence can or should be produced indiscriminately, since our criminal procedural system is governed by an oral and public trial scheme, so that in the appeal venue it is not legally appropriate to hold a new trial, but rather what is appropriate is to broadly and comprehensively review and control the criminal judgment issued by the Trial Court based on the oral and public trial on which it was based. By virtue of the foregoing, as it is established in Article 464 of the procedural code, among other things, that what is appropriate in the appeals phase is the examination of the records of the trial where the evidence was produced and, obviously, of the judgment, and that in the specific case the appealing prosecutor requested to know the photographic sequence that had already been admitted as evidence during the intermediate stage (cfr. folio 579) and incorporated by reading into the proceedings (cfr. folios 654 verso); without omitting to know the records of the plenary session and the judgment issued, it is decided to make these records available for examination, insofar as they do not constitute an offer of new evidence that requires a special and prior ruling.

**II.-** As the sole argument of challenge, nonconformity is alleged with the legal reasoning due to an erroneous interpretation of Article 54 of Law No. 7575. It is affirmed that the trial court considered that the entry onto the property of the defendant [Nombre1] by SINAC officials was illegal and, based on this, declared the entire body of evidence offered to support the prosecutorial accusation invalid, resulting in the issuance of an acquittal based on a reasonable doubt which, in its view, never existed. Reference is made to the trial court's indication that officer Chaves Aguilar testified that he was conducting a patrol in the area and they headed towards a private property because they heard the sound of a chainsaw; adding that he knew the owner of the land from other cases and that they had to make entry on foot because the property gate had a padlock; the witness being emphatic that it was a private property and that said place should be a forest, however, it was a property located in an area without any category or protection, nor was it a conservation area, but rather, in his judgment, he reiterates, it was a site that should have been forest. Based on this testimony, the challenger argues, the collegial body considered that a doubt arose as to whether the site where the felling occurred was one of those in which the Ley Forestal permits free access to officials of the State Forestry Administration. This is based on an erroneous interpretation of the law, by asserting that the law qualifies and categorizes each area according to the circumstances prevailing for its protection, and that this qualification could not be determined through the testimony of the SINAC official. After transcribing Article 54 of the Ley Forestal, it is argued that the trial court erred in its interpretation by considering that the aforementioned article requires a prior study and qualification regarding the type of zone or area to be protected, in order to verify whether entry onto the defendant's property was legitimate or not. It is considered that from a simple reading of said norm, it is clear that there is no reference whatsoever to the assertion made by the jurisdictional body; on the contrary, it was the legislator who granted the authority to transit and conduct police proceedings to SINAC officers on rustic lands (fundos rústicos), with the exception of the houses located thereon. It reaffirms that the panel of judges only needed to verify whether the property entered by the public officials was a rustic land, which is defined, according to the literal interpretation of the norm, as a property located in the countryside or a rural area. It is considered that the defendant's property does not escape this meaning, especially because it was in a forest area that was being felled excessively, which motivated the SINAC officials to inspect the site. Citing in support Resolution No. 00326–2013 of the Criminal Sentence Appeals Court of the II Judicial Circuit of Guanacaste, issued at 14:00 hours on December 12, 2013, it maintains that if the trial court had correctly interpreted the scope of Article 54 of Law No. 7575, it would have noted that the actions of the officials of the National System of Conservation were fully in accordance with law, since they were performing duties proper to their position in a rural area where there were trees (cfr. folio 460) and, consequently, the evidence that was essential for issuing a conviction would not have been invalidated. It is requested that the claim be accepted and the nullity of the judgment be declared, solely regarding the acquittal for the crime of illegal exploitation of the forest resource. There is no response whatsoever to the appeal by the defendant's defense counsel, nor by the representative of the Attorney General's Office.

**III.-** The claim is granted. From a simple reading of the challenge raised by the representative of the accusing body, it can be concluded that the only aspect of the judgment over which this appellate chamber has jurisdiction is the acquittal issued in favor of the accused [[Nombre1]] for the crime of illegal exploitation of the forest resource, insofar as, since there are no other claims, and neither the Attorney General's Office nor the public defender for the defendant appealed the conviction issued against the accused [[Nombre1]] for the crime of aggravated rape to the detriment of [[Nombre2]] –for which a penalty of 14 years of prison was imposed– and the acquittal also issued in his favor for three crimes of rape to the detriment of a minor, these topics remain outside the scope of this resolution. Thus, having made the foregoing clarification and examined the appealed judgment, which is set forth in written format (cfr. folios 648 to 676) and the records of the trial that preceded it, this appellate chamber can conclude that in the sub examine an erroneous application of Article 54 of the Ley Forestal –No. 7575– did occur and, with it, the illegitimate suppression of essential evidence occurred, which, indirectly, affected the determination of the facts that were charged for the crime of illegal exploitation of the forest resource, thereby also harming the criminal prosecution interests that the Public Prosecutor's Office exercises on behalf of the Costa Rican State. In this regard, and in order to adequately justify the above conclusion, one must start from the fact that the trial court resolved: "Regarding the facts of case 14-000634-0573-PE, although it is true the court manages to extract from the statement of the witness [[Nombre3]], in his capacity as forest police officer of SINAC, his actions and observation of the defendant exploiting and sawing a Corteza Amarilla tree, a protected species, it is evident primarily that the documented evidence states the following: it is determined through the Confiscation and Provisional Release Records filed at folios 449-450; Official Note No. BCTI-020-2014 found at folios 457 to 460; Certification dated July 21, 2014 at folio 201 and Official Note D-BCT-1009-14 found at folios 462 to 463; that the defendant [Nombre4] was using a chainsaw for the exploitation and sawing of a Corteza Amarilla tree, a protected species, however the Court considers that the evidence obtained and the official's action was illegitimate and in breach of legal precepts, thus obtaining spurious evidence from the official's actions, producing what in doctrine is known as fruit of the poisonous tree and consequently, the official's action, the confiscation and the evidence in this regard becomes invalid; from these facts, a reasonable doubt arises that does not allow having the facts proven with the due legitimacy, applying the rules of sound criticism for the assessment of both documented and testimonial evidence. […] It can be deduced from the testimony of the witness [Name [Nombre5]], a SINAC official, who stated he was conducting a patrol in the area, that they went to where a property was and heard the sound of a chainsaw on a private property, that he knew the property owner from other cases and that they had to enter on foot because the property had a padlock. This chamber deduces that the official already knew the property in question was privately owned and that it was even closed with a padlock, given that from the outside he only heard the sound of a chainsaw without being able to observe, before entering, any situation regarding who was using the chainsaw or for what purpose; furthermore, the witness [Name [Nombre5]] was emphatic in indicating that it was a private property, that he knew its owner, and that said place should be a forest according to his criteria, (the highlighting is our own), the witness also, in response to questions from the court, determined it was a private property that was not an area with any category, nor a protected zone, nor was it a conservation area. Therefore, the court considers that our constitutional law provided for the legal circumstances under which entry onto a private property could occur, overriding this permission with a judge's order or with the consent of the right holder, a circumstance that did not occur in the case, furthermore the witness was precise that the land is a private property and that in his opinion it should be a forest, which leaves reasonable doubt that it is an area that the forestry law permits access to, since it is clear for the law that it qualifies and categorizes each area according to prior technical circumstances of qualified studies on the zone or area to be protected or that must receive the category corresponding to those defined in the law, a situation that from the witness's statement is not one of the areas described in the law as authorized for free transit for inspection and prevention by the officer, who acknowledged and knew beforehand it was a private property without any category, therefore his entry was illegitimate and therefore the action that derived from said entry annuls the only evidence in this regard, for this reason, consequently, the court considers that the defendant must be acquitted of the facts already indicated in this section" (cfr. folio 666 to 668. Literal copy). As is evident from the foregoing excerpt, the collegial body concludes that the property described by officer [[Nombre3]], as the one where the illegal felling of a Corteza Amarilla tree was taking place, was a private property that did not have any qualification –without indicating which– given by the forestry law, nor prior technical studies that defined it as a protection zone, and therefore, as it did not fall within the cases authorized by Article 54 of Law No. 7575, the access that SINAC officers made to the land proved illegitimate and, with it, the illegality of the evidence gathered at said site occurred, as there was neither a prior court order nor the consent of the right holder to carry out such acts. However, as the appellant warns, from a proper and correct interpretation of the norm cited, one cannot reach the conclusion set forth by the jurisdictional body, since the legislator never established, as conditions to authorize entry onto private properties by officials of the State Forestry Administration in the exercise of their powers, that these be subject to any specific regime for the protection of natural resources. Note that Article 54 ibidem establishes: "Officials of the State Forestry Administration shall have the status of police authority; as such and in accordance with this law, they must report the infractions committed to the competent authorities. Police authorities shall be obligated to collaborate with the officials of the State Forestry Administration, whenever they require it to fully comply with the functions and duties that this law imposes upon them. For the fulfillment of their duties, these officials, identified with their respective CED1, shall have the right to transit and carry out inspections on any rustic land or industrial forest land (fundo rústico o industrial forestal), except in the dwelling houses located therein; as well as to confiscate the wood and other forest products exploited or processed illicitly and to seize, as guarantee of a possible sanction, the equipment and machinery used in the illicit act. They shall also confiscate the means of transport that serves as an instrument or facilitator for the commission of the crime, after drawing up the respective record. All of the foregoing shall be placed at the disposal of the competent judicial authority, within a period of no more than three days" (The highlighting is our own). Corollary, the authorization to transit on private property by officials of the State Forestry Administration is only limited to them being in the exercise of their duties and that the inspections they carry out be performed on a rustic land (fundo rústico) or on an industrial forest land (fundo industrial forestal). Thus, from a review of Law No. 7575, while it can be defined that an industrial forest land (fundo industrial forestal) is one that is intended to achieve the optimization of the industry, through the most efficient techniques of exploiting forest resources (Article 52); regarding the meaning of rustic land (fundo rústico) this regulation is silent, so one must proceed, prima facie, from the grammatical interpretation that combines the literal element (according to the meaning of its own words) of the concept of rústico. In this regard, the first definition reveals it means "Belonging or relating to the countryside" (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Tricentennial Edition, year 2018, online query: https://dle.rae.es/?id=WrPIidi); while rustic estate (predio rústico) is defined as one that "...outside of towns, is dedicated to agricultural, livestock, or forestry use" (Ibidem. Online query: https://dle.rae.es/?id=TxshtOI). Thus, an approach to the meaning of rustic land (fundo rústico) can already be given as one that is outside the areas declared as urban and that has been dedicated to agricultural, livestock, or forestry use. Precisely, this definition would not be contrary to systemic interpretation, which is based on the idea that the interpretation of positive precepts must be obtained taking into account their logical meaning and their systematic weighting within the legal system understood as an organic whole, since upon examining Article 4 of the Ley de Jurisdicción Agraria No. 6734 –whose validity is defined by Article 342 of the Agrarian Procedural Code, No. 9609, of September 27, 2018, until February 28, 2020–, it is confirmed that the legislator considered as rustic estates (predios rústicos) "...all lands that are destined for agricultural and livestock exploitation, except those that have been declared as urban zones or that are destined for the execution of urban developments." Consequently, when Article 54 of Law No. 7575 authorizes officials of the State Forestry Administration to enter rustic lands (fundos rústicos) to inspect them, it does not require any greater requirement than doing so in the pursuit of fulfilling the duties that the same law grants them for the protection of the forest resource; however, it never requires that the zone where said land is located has been previously established or cataloged as a protection zone or as one with a specific limitation on the use of the property for forest conservation purposes, as the trial court erroneously interpreted it. In addition to this, the collegial body overlooked that officer [Name [Nombre5]] stated: "...the property is large, we decided to enter on foot because it was secured with a padlock, upon getting closer we heard the sound of the chainsaw, we heard an individual with the chainsaw, then we observed him and there were other individuals, we ordered them to stop, we identified ourselves as SINAC police, we confiscated the chainsaw, we secured the site, we confiscated a machete, we identified the person using the chainsaw who was [Name [Nombre6]], [...] The area where this was found is an area of many criminal acts, without permits from the environmental standpoint, the site looks like a pasture (potrero) at first glance, it should be a forest, at some point clearing was done; the action I observed was the cutting and exploitation of a tree which requires a permit that he did not have, I observed him when he was sawing it [...] The property is Jarquines, it is a private property, I only heard it, by law we do not need consent to enter properties, it is a forest it is not a protected protection area, the Sarapiquí Zone only some zones do not require permits, a permit is required for the type of tree" (cfr. folio 653). That is, said official established that the land (fundo) was located in a rural, non-urban zone, that it was also a property where tree fellings had previously occurred, since the site should be a forest but is now a pasture (potrero), and that, although it is not a protected area, in the Sarapiquí zone only in some sites is no permit required to fell trees, this not being one of them. Corollary, the testimonial evidence was adequate to qualify said land as a rustic one (fundo rústico) and, therefore, accessible to transit and inspect by [Name [Nombre5]] for being a SINAC official in the exercise of his duties, without requiring, as the panel of judges erroneously demanded, a prior order from a competent judge. It must also be considered that the Constitutional Chamber, in a precedent that, although of long standing, is still fully in force, resolved in this same sense by indicating: "II.- Article 24 of the Political Constitution protects the right to privacy in terms that entry by public authority into the domicile or private enclosure of the inhabitants of the Republic is not possible without a judicial order. In the Chamber's opinion, the plaintiff's property is an open space that cannot be considered a private enclosure in the constitutional sense of the term: consequently, one cannot speak of an illegitimate raid by the respondent police authority. On the other hand, the Chamber finds no excess in the police action that could be considered harmful to the right of property; especially, because Article 54 of law 7575 authorizes the free transit and inspection of properties by officials of the Forestry Administration and Police authorities –when acting in this matter–; on the condition that they do not enter the dwelling houses located on the land (fundo); and as this is not the case, the alleged illegitimacy of the police action is inadmissible" (judgment number 3567-96, of ten hours fifty-four minutes of the eleventh of July of nineteen ninety-six.) It is clear then that for the Chamber, the concept of rustic forest land (fundo rústico forestal) included in the discussed provision refers to wide and open spaces, over which there are clear limitations regarding their management and disposition, originating from the need to protect the country's forest heritage (and which have already been endorsed by this Chamber in various pronouncements), all of which excludes them, from being subject –by themselves– to the exercise of the normal manifestations of the right to privacy, at least against the State's claim of surveillance and protection of the country's natural resources. It should even be noted that in the law, attention was paid to the problems that the power granted to forestry authorities could cause in relation to the right to privacy and its expressions such as dwelling, understanding that the latter are –par excellence– the physical spaces over which the exercise of the right to domicile falls" (cfr. resolution No. 0284-97 of fourteen hours fifty-one minutes of the fifteenth of January of nineteen ninety-seven. The highlighting is not from the original). This being the case, it is evident that the trial court incurred an erroneous interpretation of the substantive law, which led to the illegitimate pretermission of the body of evidence gathered by officer [[Nombre3]] and, with it, the indetermination of the facts accused by the Public Prosecutor's Office in an erroneous application of the principle in dubio pro reo. This in turn, results in a breach of due process due to the non-application of Articles 142, 178, 181 and 184 of the Code of Criminal Procedure which generated a grievance in the criminal prosecution interests represented by the requesting body, and thus the production of a fundamental defect (vicio absoluto) is verified, which caused the nullity of the acquittal decision taken in favor of the accused. Consequently, the partial ineffectiveness of the judgment must be decreed, solely insofar as it acquitted the defendant [[Nombre1]] of all penalty and responsibility for a crime of illegal exploitation of the forest resource to the detriment of natural resources and, therefore, a retrial is ordered so that the same court, but with a different integration, proceeds to resolve in accordance with Law. It must be clarified that this chamber does not prejudge the manner in which the evidence should be assessed and, much less, the solution that corresponds to the case, since what has been verified is the existence of a formal defect that implies the illegality of the decision taken. In all other respects, the judgment remains unchanged." From a simple reading of the challenge raised by the representative of the prosecuting body, it can be concluded that the sole aspect of the judgment over which this appellate chamber has jurisdiction is the acquittal rendered in favor of the accused [Nombre1] for a crime of illegal exploitation of forest resources (aprovechamiento ilegal del recurso forestal), inasmuch as, absent other complaints, and since neither the Procuraduría General de la República nor the public defender for the defendant appealed the conviction entered against the accused [Nombre1] for a crime of aggravated rape (violación calificada) to the detriment of [Nombre3] –for which a penalty of 14 years of imprisonment was imposed– and the acquittal also rendered in his favor for three crimes of rape (violación) to the detriment of a minor, these matters fall outside the scope of this resolution. Thus, once the foregoing clarification has been made and having examined the appealed judgment, which is set forth in written form (cf. folios 648 to 676) and the records of the trial that preceded it, this appellate chamber can conclude that in the case at hand (sub examine) there indeed occurred an erroneous application of Article 54 of the Forestry Law (Ley Forestal) –No. 7575– and, with it, the illegitimate suppression of essential evidence that, indirectly, affected the indeterminacy of the facts that were charged for the crime of illegal exploitation of forest resources, thereby also aggrieving the criminal prosecution interests that the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) exercises on behalf of the Costa Rican State. In this sense, and for the purpose of properly motivating the aforementioned conclusion, one must begin from the fact that the trial court resolved: "Regarding the facts of case 14-000634-0573-PE, while it is true the court manages to draw from the testimony of witness [Nombre5], in his capacity as forest police officer of SINAC, his actions and observation of the defendant exploiting and sawing a Corteza Amarilla tree, a protected species, it emerges in the first instance that the documentary evidence states the following: it is possible to determine through the Seizure and Provisional Delivery Reports (Actas de decomiso y entrega provisional) filed at folios 449-450; Official Communication No. BCTI-020-2014 found visible at folios 457 to 460; Certification dated July 21, 2014 visible at folio 201 and Official Communication D-BCT-1009-14 visible at folios 462 to 463; that the defendant [Nombre1] was using a chainsaw for the exploitation and sawing of a Corteza Amarilla tree, a protected species, however the Court estimates that the evidence obtained and the actions of the officer were illegitimate and made in disregard of legal precepts, thus obtaining from the actions of the official spurious evidence, yielding what in doctrine is known as fruit of the poisonous tree (prueba del árbol envenenado) and consequently, the acts of the officer, the seizure, and the evidence in this regard are invalid; from these facts a reasonable doubt emerges that does not allow the facts to be considered proven with the due legitimacy applying the rules of sound criticism (sana crítica) for the assessment of documentary and testimonial evidence. [...] It can be deduced from the testimony of witness [Nombre5], official of SINAC, that he stated he was conducting a patrol in the area, that they went to where a farm was and heard the sound of a chainsaw on a private farm, that he knew the owner of the farm from other cases and that they had to enter on foot because the farm had a padlock. This chamber deduces that the official already knew that the farm in question is private property and that it was even closed with a padlock, being that from outside he only heard a chainsaw sound without being able to observe, before entering, any situation regarding who was using the chainsaw or for what purpose; furthermore, witness [Nombre5] was emphatic in indicating that it was private property, that he knew its owner and that said place should be a forest according to his judgment, (emphasis added), the witness also, before the court’s questions, clarified that it was private property that was not an area with any category, nor a protected zone nor was it a conservation area. The court thus estimates that our constitutional regulations set forth the legal circumstances under which entry to private property could occur, breaching this permission without a judge's order or the consent of the right-holder, a circumstance that did not occur in this case; moreover, the witness specified that the land is private property and that in his judgment it should be a forest, which leaves reasonable doubt that it is a zone that the forestry law permits access to, since it is clear for the law which qualifies and categorizes each area according to prior technical circumstances of qualified studies on the zone or area to be protected or that must receive the corresponding category as defined by law, a situation that from the witness's statement is not a zone described in the law as authorized for free transit during inspection and prevention regarding the actions of the witness himself, who recognized and knew previously that it was private property without any category, therefore his entry was illegitimate and therefore the act deriving from said entry is annulled, thereby nullifying the sole evidence in this regard, which is why consequently the court estimates that the defendant must be acquitted for the facts already indicated in this section" (cf. folio 666 to 668. Verbatim copy). As emerges from the preceding extract, the collegiate body concludes that the property described by Officer Chaves Aguilar, as that where the illegal felling of a Corteza Amarilla tree was taking place, was a private farm that did not have any classification –without indicating which– provided by the Forestry Law, and prior technical studies defining it as a protection zone, so that since it was not within the scenarios authorized by Article 54 of Law No. 7575, the access made by the SINAC officials to the property (fundo) was illegitimate and, with it, the illegality of the evidence collected at said site was produced, inasmuch as there was no prior order from a judge or consent from the right-holder to carry out such acts. However, as the appellant warns, from an adequate and correct interpretation of the cited norm, the conclusion set forth by the jurisdictional body cannot be reached, because the legislator never established, as scenarios to authorize entry into private farms by officials of the State Forestry Administration (Administración Forestal del Estado) in the exercise of their powers, that said farms must be subject to some specific regime for the protection of natural resources. Note that Article 54 ibidem establishes: "The officials of the State Forestry Administration shall have the character of police authority; as such and in accordance with this law, they must report infractions committed to the competent authorities. Police authorities shall be obligated to collaborate with the officials of the State Forestry Administration, whenever they require it to fully comply with the functions and duties that this law imposes on them. For the fulfillment of their powers, these officials, identified with their respective badge (carné), shall have the right to transit and conduct inspections on any rustic or industrial forestry property (fundo rústico o industrial forestal), except for the dwelling houses located on it; as well as to seize wood and other forest products illegally exploited or industrialized and to sequester, as security for a potential sanction, the equipment and machinery used in the illicit act. Also, they shall seize the means of transport used as an instrument or facilitator for the commission of the crime, following the drawing up of the respective report (acta). All of the foregoing must be placed at the order of the competent judicial authority, within a period not greater than three days" (Emphasis added). Corollary, the authorization for officials of the State Forestry Administration to transit on private property is only limited to them being in the exercise of their powers and to the inspections they conduct being carried out on a rustic property (fundo rústico) or an industrial forestry one (industrial forestal). Thus, from a review of Law No. 7575, while it can be defined that an industrial forestry property (fundo industrial forestal) is one destined to achieve the optimization of the industry, through the most efficient exploitation techniques of forest resources (Article 52); as for the meaning of rustic property (fundo rústico), this regulation is silent, so one must begin, prima facie, from the grammatical interpretation that amalgamates the literal element (according to the meaning of its own words) of the concept of rustic. In this order, the first meaning indicates that it means "Belonging or relating to the countryside" (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Tricentennial Edition, year 2018, online query: https://dle.rae.es/?id=WrPIidi); while rustic estate (predio rústico) is defined as one that "...outside of populated areas, is dedicated to agricultural, livestock, or forestry use" (Ibidem. Online query: https://dle.rae.es/?id=TxshtOI). Thus, an approach to the meaning of rustic property (fundo rústico) can already be made as one that is outside areas declared as urban and that has been dedicated to agricultural, livestock, or forestry use. Precisely, this definition would not be contrary to the systemic interpretation, which starts from the premise that the interpretation of positive precepts must be obtained taking into account their logical meaning and their systematic weighting within the legal system understood as an organic whole, since upon examining Article 4 of the Agrarian Jurisdiction Law No. 6734 –whose validity was defined by Article 342 of the Agrarian Procedure Code, No. 9609, of September 27, 2018, until February 28, 2020–, it is verified that the legislator considered as rustic estates (predios rústicos) "...all lands that are destined for agricultural or livestock exploitation, except those that had been declared as urban zones or that are destined for the execution of urban developments." Consequently, when Article 54 of Law No. 7575 authorizes officials of the State Forestry Administration to enter rustic properties to inspect them, it does not require any greater requirement than that it be done in pursuit of fulfilling the powers that the same law grants them for the protection of forest resources; however, never that the zone where said property is located must have been previously established or cataloged as one of protection or specific limitation on the use of the property for forest conservation purposes, as the trial court erroneously interpreted. Added to this, the collegiate body overlooked that Officer Juan Manuel Chaves Aguilar declared: "...the farm is big, we decided to enter on foot because it was secured with a padlock, upon getting close we heard the sound of the chainsaw, we heard an individual with the chainsaw, then we observed him and there were other individuals, we called out, identified ourselves as SINAC police, seized the chainsaw, secured the site, seized a machete, identified the person using the chainsaw, who was [Nombre1], [...] The zone where this was found is a zone of many criminal acts, without permits from the environmental point of view, at first glance the site looks like a pastureland (potrero), it should be a forest, at some point a felling took place; the action I observed was the cutting and exploitation of a tree which requires a permit that he did not have, I observed him when he was sawing it [...] The farm is Jarquines, it is a private farm, I only heard it, by law we do not need consent to enter properties, it is a forest, it is not a protected area, the Sarapiquí Zone only some zones do not require permits, a permit is required for this type of tree" (cf. folio 653). That is to say, said officer established that the property was located in a rural zone, not urban, that moreover it was a farm where tree fellings had previously occurred, since the site should be a forest but is now a pastureland and that, although it is not a protected area, in the Sarapiquí zone only in some places is a permit not required to fell trees, this not being one of them. Corollary, the testimonial evidence was adequate to qualify said property as a rustic one (fundo rústico) and, therefore, accessible for transit and inspection by [Nombre5] for being an official of SINAC in the exercise of his functions, without requiring, as the panel of judges erroneously demanded, a prior order from a competent judge. It must also be considered that the Constitutional Chamber (Sala Constitucional), in a precedent that, although of long standing, still has full force, resolved in this same vein by indicating: "II.- Article 24 of the Political Constitution (Constitución Política) protects the right to privacy in terms that the entry of public authority, without a judicial order, into the domicile or private enclosure of the inhabitants of the Republic is not possible. In the Chamber’s opinion, the claimant's farm is an open space that cannot be considered a private enclosure in the constitutional sense of the term: consequently, one cannot speak of an illegitimate trespass by the appealed police authority. Moreover, the Chamber finds no excess in the police action that could be considered injurious to the right of property; especially, because Article 54 of Law 7575 authorizes free transit and inspection of farms, by officials of the Forestry Administration and Police authorities –when acting in this matter–; provided they do not enter the dwelling houses located on the property (fundo); and as this is not the case, the alleged illegitimacy of the police action is inadmissible" (ruling number 3567-96, at ten hours and fifty-four minutes on July eleventh, nineteen ninety-six.) It is clear then that for the Chamber, the concept of rustic forestry property (fundo rústico forestal) included in the disputed provision refers to large and open spaces, over which there are clear limitations regarding their management and disposal, originating from the need to protect the country's forest heritage (and which have already been endorsed by this Chamber in various pronouncements), all of which excludes them, from being the object –by themselves– of the exercise of the normal manifestations of the right to privacy, at least in the face of the state's claim to monitor and protect the country's natural resources. It should even be noted that the law paid attention to the problems that the power granted to forestry authorities could cause in relation to the right to privacy and its expressions such as habitation, understanding that the latter are –par excellence– the physical spaces upon which the exercise of the right to domicile falls" (cf. resolution No. 0284-97 at fourteen hours and fifty-one minutes on January fifteenth, nineteen ninety-seven. The emphasis is not from the original). This being the case, it is evident that the trial court incurred an erroneous interpretation of the substantive law, which led to the illegitimate pretermission of the evidentiary material collected by Officer Chaves Aguilar and, with it, to the indeterminacy of the facts charged by the Public Prosecutor's Office in a mistaken application of the principle in dubio pro reo. This in turn, results in a breach of due process due to the non-application of Articles 142, 178, 181, and 184 of the Criminal Procedure Code (Código Procesal Penal) that generated an aggrievement of the criminal prosecution interests represented by the requesting body, and thus the production of an absolute defect that caused the nullity of the acquittal decision taken in favor of the defendant is verified. Consequently, the partial ineffectiveness of the judgment must be decreed, solely insofar as it acquitted the defendant [Nombre1] of all penalty and responsibility for a crime of illegal exploitation of forest resources to the detriment of natural resources, and, therefore, a retrial (juicio de reenvío) is ordered so that the same court, but with a different composition, may proceed to resolve in accordance with the Law. It should be clarified that this chamber does not prejudge the manner in which the evidence should be assessed, much less the solution applicable to the case, since what has been verified is the existence of a formal defect that implies the illegality of the decision taken. In all other respects, the judgment remains unaltered.

IV.- On pretrial detention (prisión preventiva): The defendant [Nombre1] is detained in compliance with the pretrial detention ordered against him by resolution at thirteen hours and thirty minutes on March eleventh, two thousand nineteen (cf. folio 60 to 607). In this resolution, the persistence of the danger of flight risk of the defendant was recognized, based on the fact that he showed a reluctant behavior to being tried that led him to unjustifiably abscond from the process, and required that his default (rebeldía) be ordered so he could be captured and processed, as ultimately occurred. Precisely, this was the same argument that prevailed in the appealed judgment –coupled with the limited employment and family ties (arraigo) that he presents– to order the extension of the imprisonment of the accused until November 19, 2019. Consequently, and despite the fact that the partial nullity of the judgment was declared –solely regarding the acquittal ordered for the crime of illegal exploitation of forest resources–, it must be noted that the procedural danger of flight that has justified the pretrial imprisonment of the defendant remains unaltered, since there is a lack of any other probative element to reverse it, nor has a change in the personal conditions of the accused been demonstrated at this level, but also, since the trial court ordered the joint trial of the cases and this appellate chamber ordered the retrial in which the concurrence of events that may constitute a material concurrence of offenses (concurso material) must be resolved in accordance with the Law –clearly, in the event the defendant's guilt is proven–, in adherence to the power granted by numeral 258, fourth paragraph, of the Criminal Procedure Code, and given that, it is reiterated, the procedural danger that has substantiated the pretrial detention of the defendant persists, it is ordered to maintain the pretrial detention of the latter for six more months, running from November 16, 2019, to May 16, 2020, sufficient and reasonable time for, during that period, the new retrial to be held and the legal situation of the accused to be defined.

THEREFORE (POR TANTO):

The appeal of the judgment filed by attorney Luis Fernando Salazar Aguilar, in his capacity as representative of the Public Prosecutor's Office, is granted. Consequently, the partial ineffectiveness of the judgment is decreed, solely insofar as it acquitted the defendant [Nombre1] of all penalty and responsibility for a crime of illegal exploitation of forest resources to the detriment of natural resources. A retrial is ordered so that the same court, but with a different composition, may proceed to resolve in accordance with the Law. The extension of the pretrial detention of the accused [Nombre1] is ordered for a period of six months, running from November 16, 2019, to May 16, 2020, for the purpose of holding the retrial during said period. In all other respects, the judgment remains unaltered. LET IT BE NOTIFIED.

Rafael Mayid González González Ana Isabel Solís Zamora Jorge Luis Arce Víquez Judges of the Criminal Judgment Appeal (Jueces y Jueza de Apelación de Sentencia Penal) Case File (Expediente): 12-000433-0573-PE (6) Defendant: [Nombre1] Victim: Minor Crime: Rape (Violación) and others [Nombre6] Classification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER of the Judiciary. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Clase de asunto: Recurso de apelación penal Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José Sentencias del mismo expediente Normativa internacional Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Aprovechamiento ilegal de recursos forestales Subtemas:

Ingreso a las fincas privadas por parte de los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, no depende de que estén sometidas a algún régimen específico de protección. Definición de fundo rústico y fundo industrial forestal.

“III.- Con lugar el reclamo. De una simple lectura de la impugnación planteada por el representante del órgano acusador, se puede concluir que el único aspecto del fallo sobre el cual tiene competencia esta cámara de apelación, lo es la absolutoria que se dictó a favor del encartado [[Nombre1] ] por un delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal, por cuanto, al no existir otros reclamos, ni haber recurrido la Procuraduría General de la República o la defensora pública del justiciable la condenatoria que se dictó en contra del endilgado [[Nombre1] ] por un delito de violación calificada en perjuicio de [[Nombre2] ]. –por el que se le impuso una pena de 14 años de prisión– y la absolutoria que también se dictó en su favor por tres delitos de violación en perjuicio de persona menor de edad, estos tópicos quedan fuera de la presente resolucion. Así, una vez realizada la anterior aclaración y examinada la sentencia recurrida, la cual consta en formato escrito (cfr. folios 648 a 676) y los registros del debate que la precedieron, puede esta cámara de apelación concluir que en el sub examine sí se presentó la errónea aplicación del artículo 54 de la Ley Forestal –N° 7575– y, con ello, se dio la supresión ilegítima de prueba esencial que, en forma indirecta, afectó la indeterminación de los hechos que fueron acusados por el delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal, con lo que se agravió también los intereses de persecución penal que el Ministerio Público ejerce en representación del Estado costarricense. En este sentido, y a efectos de motivar adecuadamente la conclusión supra mencionada, se debe partir de que el tribunal de mérito resolvió: “En cuando a los hechos de la causa 14-000634-0573-PE, si bien es cierto el tribunal logra extraer de la declaración del testigo [[Nombre3] ] , en su condición de policía forestal del SINAC, su actuación y observancia del imputado de aprovechar y aserrar una árbol de Corteza Amarilla, especie protegida, se desprende en primera termino que la prueba documental refiere lo siguiente: se logra determinar mediante las Actas de decomiso y entrega provisional que rola a folios 449-450; el Oficio No. BCTI-020-2014 que se encuentran visibles a folios del 457 al 460; Certificación de fecha 21 de julio del 2014 visible a folio 201 y Oficio D- BCT-1009-14 visible a folios del 462 al 463; que el imputado [Nombre4] se encontraba utilizando una motosierra para el aprovechamiento y el aserrado de un árbol de Corteza Amarrilla, especie protegida, sin embargo el Tribunal estima que la prueba obtenida y la actuación del oficial fue ilegítima y con inobservancia de los preceptos legales, obteniendo así de lo actuado por el funcionario prueba espuria arrojando lo que en doctrina se conoce como prueba del árbol envenado y por lo consiguiente, el actuar del oficial, el decomiso y la prueba al respecto queda inválida; de estos hechos se desprende una duda razonable que no permite tener los hechos probados con la legitimidad debida aplicando las regla de la sana crítica para la valoración de la prueba documental y testimonial. […] Se puede desprender del testimonio del testigo [Nombre [Nombre5]] , oficial del SINAC, que refirió realizaba un recorrido en la zona, que fueron hasta donde estaba una finca y escucharon un sonido de una motosierra en una finca privada, que conocía el propietario de la finca por otros casos y que tuvieron que ingresar caminando porque la finca tenía un candado. Desprende esta cámara que el oficial ya conocía que la finca en cuestión es una propiedad privada y que inclusive la misma estaba cerrada con un candado, siendo que desde afuera sólo escucha un sonido de una motosierra sin poder observa antes del ingreso situación alguna de quien utilizaba la motosierra o para que fin; además el testigo [Nombre [Nombre5]] fue enfático en indicar que se trataba de una propiedad privada, que conocía a su propietario y que dicho lugar debería ser un bosque según su criterio, (lo resaltado es propio), el testigo también ante las preguntas del tribunal decantó que era una propiedad privada que no era una zona con alguna categoría, ni zona protegida ni se trataba de un área de conservación. Estima así entonces para el tribunal que nuestra normativa constitucional dejó previsto las circunstancias legales que se podría dar para el ingreso a una propiedad privada, rompiendo este permiso con la orden de un juez o bien con el consentimiento del derecho habiente, circunstancia que en el caso no ocurrió, además el testigo fue preciso que el terreno es una propiedad privada y que para su criterio debería ser un bosque, lo que deja la duda razonable que se trate de una zona que la ley forestal permite su acceso, toda vez que es claro para la ley que califica y categoría cada área de acuerdo a circunstancia previas técnicas de estudios calificados sobre la zona o área a proteger o bien que debe recibir la categoría correspondiente a las definida de la ley, situación que de la declaración del testigo no es una zona de las descritas en la ley como autorizadas para su libre tránsito en la inspección y prevención del accionar del propio testigo que reconoció y supo desde previo que era una propiedad privada sin categoría alguna, por lo que su ingreso fue ilegítimo y por ende el actuar que derivo de dicho ingreso anulando con ello la única prueba al respecto, es por ello que en lo consecuente el tribunal estima que el imputado debe ser absuelvo por lo hechos ya señalados en este acápite” (cfr. folio 666 a 668. Copia literal). Como se desprende del extracto anterior, el cuerpo colegiado concluye que la propiedad que describió el oficial [[Nombre3] ], como aquella en donde se estaba dando la tala ilegal de un árbol de Corteza Amarilla, se trataba de una finca privada que no contaba con ninguna calificación –sin indicar cuál– dada por la ley forestal, y previo estudios técnicos que la definieran como una zona de protección, por lo que al no estar dentro de los supuestos que autorizaba el artículo 54 de la Ley N° 7575, el acceso que hicieron los oficiales del SINAC al fundo resultó ilegítimo y, con ello, se produjo la ilegalidad de la prueba que se recabó en dicho sitio, en tanto no se contaba con la orden previa de un juez o con el consentimiento del derecho habiente para realizar tales actos. No obstante, tal y como lo advierte el recurrente, de una adecuada y correcta interpretación de la norma de cita, no puede llegarse a la conclusión que expone el órgano jurisdiccional, por cuanto el legislador nunca estableció como supuestos para autorizar el ingreso a las fincas privadas por parte de los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, el que éstas estuvieran sometidas a algún régimen específico de protección de los recursos naturales. Nótese que el artículo 54 ibídem establece: “ Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas. Las autoridades de policía estarán obligadas a colaborar con los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, cada vez que ellos lo requieran para cumplir, cabalmente, con las funciones y los deberes que esta ley les impone. Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo CED1, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él ; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito. También, decomisarán el medio de transporte que sirva como instrumento o facilitador para la comisión del delito, previo levantamiento del acta respectiva. Todo lo anterior deberá ponerse a la orden de la autoridad judicial competente, en un plazo no mayor de tres días” (El resaltado es propio). Corolario, la autorización para transitar en propiedad privada por parte de los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, sólo está limitada a que estos se encuentren en el ejercicio de sus atribuciones y que las inspecciones que practiquen las realicen en un fundo rústico o en uno industrial forestal. Así, de una revisión de la Ley N° 7575, si bien se puede definir que un fundo industrial forestal es aquel que está destinado a lograr la optimización de la industria, mediante las más eficientes técnicas de aprovechamiento de los recursos forestales (artículo 52); en cuanto al significado de fundo rústico esta normativa resulta omisa, por lo que debe partirse, prima facie , de la interpretación gramatical que aglutina el elemento literal (según el sentido de sus propias palabras) del concepto de rústico. En este orden, la primera acepción da cuenta de que significa “Perteneciente o relativo al campo” (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario, año 2018, consulta en línea: https://dle.rae.es/?id=WrPIidi); mientras que predio rústico está definido como aquel que “…fuera de las poblaciones, está dedicado a uso agrícola, pecuario o forestal ” (Ibídem. Consulta en línea: https://dle.rae.es/?id=TxshtOI ). Así, ya puede darse un acercamiento al significado de fundo rústico como aquel que está fuera de las zonas declaradas como urbanas y que ha sido dedicado al uso agrícola, pecuario o forestal. Precisamente, esta definición no sería contraria a la interpretación sistémica, que parte de que la interpretación de los preceptos positivos debe ser obtenida teniendo en cuenta su sentido lógico y su ponderación sistemática dentro del ordenamiento jurídico entendido como un todo orgánico, ya que al examinar el artículo 4 de la Ley de Jurisdicción Agraria N° 6734 –cuya vigencia está definida por el artículo 342 del Código Procesal Agrario, N° 9609, del 27 de setiembre de 2018, hasta el 28 de febrero del año 2020–, se constata que el legislador consideró como predios rústicos “…todas las tierras que se encuentren destinadas a la explotación agropecuaria, excepto aquellas que hubieren sido declaradas como zonas urbanas o que estén destinadas a la ejecución de desarrollos urbanos”. Consecuentemente, cuando el artículo 54 de la Ley N° 7575 autoriza a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado a ingresar a los fundos rústicos para inspeccionarlos, no exige mayor requisito que el que se haga en procura de cumplir con las atribuciones que la misma ley les otorga en protección del recurso forestal; empero, nunca que se haya establecido o catalogado, previamente, la zona donde se ubica dicho fundo como una de protección o de limitación específica al uso de la propiedad con fines de conservación forestal, como equivocadamente lo interpretó el tribunal de instancia. Aunado a ello, soslayó el cuerpo colegiado que el oficial [Nombre [Nombre5]] declaró: “…la finca es grande decidimos entrar caminando porque estaba asegurada con un candado, al llegar cerca escuchábamos el sonido de la motosierra, escuchamos un sujeto con la motosierra, luego lo observamos y estaban otros sujetos, se dio la voz de alto nos identificamos como policía del SINAC, decomisamos la motosierra, aseguramos el sitio, decomisamos un machete, identificamos la persona que usaba la motosierra la cual era [Nombre [Nombre6]], [...] La zona donde se encontró esto es una zona de muchos actos delictivos, sin permisos desde el punto de vista ambiental, en el sitio parece un potrero a simple vista, debería ser un bosque, en algún momento se hizo una tala; la acción que observé fue la corta y el aprovechamiento de un árbol el cual requiere un permiso que no tenía, lo observé cuando lo estaba aserrando […] La finca es Jarquines, es una finca privada, solo lo escuché, por ley no necesitamos consentimiento a ingresar a propiedades, es un bosque no es un área de protección protegida, la Zona de Sarapiquí solo algunas zonas no ocupan permisos, se requiere por el tipo de árbol un permiso” (cfr. folio 653). Es decir, que dicho oficial estableció que el fundo estaba ubicado en una zona rural, no urbana, que además era una finca donde antes se había dado talas de árboles, ya que el sitio debería ser un bosque pero ahora es un potrero y que, aunque no es un área protegida, en la zona de Sarapiquí sólo en algunos sitios no se ocupa permiso para talar árboles, no siendo ésta uno de ellos. Corolario, la prueba testimonial era adecuada para calificar dicho fundo como uno rústico y, por ende, accesible para transitar e inspeccionar por [Nombre [Nombre5]] por ser un funcionario del SINAC en el ejercicio de sus funciones, sin que se requiriera, como lo exigió en forma equivocada el colegio de jueces, de orden previa de juez competente. Debe considerarse también, que la Sala Constitucional en un precedente que, aunque de larga data, todavía tiene plena vigencia, resolvió en este mismo sentido al indicar: “II.- El artículo 24 de la Constitución Política tutela el derecho a la intimidad en términos de que no es posible el ingreso de autoridad pública, sin orden judicial, al domicilio o recinto privado de los habitantes de la República. En criterio de la Sala la finca del accionante es un espacio abierto que no puede considerarse un recinto privado en el sentido constitucional del término: consiguientemente, no puede hablarse de allanamiento ilegítimo por parte de la autoridad de policía accionada. Por otra parte, la Sala no encuentra en la actuación policial ningún exceso que pueda considerarse lesivo al derecho de propiedad; especialmente, porque el artículo 54 de la ley 7575 autoriza el libre tránsito e inspección de las fincas, por parte de los funcionarios de la Administración Forestal y de las autoridades de Policía –cuando actúen en esta materia-; a condición de que no ingresen a las casas de habitación ubicadas en el fundo; y como este no es el supuesto, la pretendida ilegitimidad de la actuación policial resulta inadmisible” (sentencia número 3567-96, de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del once de julio de mil novecientos noventa y seis.) Está claro entonces que para la Sala, el concepto de fundo rústico forestal incluido en la disposición discutida, hace referencia a espacios amplios y abiertos, sobre los cuales existen claras limitaciones en cuanto a su manejo y disposición, originadas en la necesidad de protección del patrimonio forestal del país ( y que han sido ya avaladas por parte de esta Sala en diversos pronunciamientos), todo lo cual, los excluye, para ser objeto – por si mismos- del ejercicio de las manifestaciones normales del derecho de intimidad, al menos en frente de la pretensión estatal de vigilancia y protección de los recursos naturales del país. Debe notarse incluso que en la ley se prestó atención a los problemas que la potestad concedida a las autoridades forestales podría ocasionar en relación con el derecho a la intimidad y sus expresiones tales como de habitación, por entender que éstas últimas son – por excelencia- los espacios físicos sobre los que recae el ejercicio del derecho al domicilio” (cfr. resolución N° 0284-97 de las catorce horas cincuenta y un minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y siete. El resaltado no es de su original). Así las cosas, se evidencia que el tribunal de mérito incurrió en una errada interpretación de la ley sustantiva, que llevó a la preterición ilegítima del acervo probatorio recabado por el oficial [[Nombre3] ] y, con ello, a la indeterminación de los hechos acusados por el Ministerio Público en una aplicación equivocada del principio in dubio pro reo. Esto a su vez, redunda en un quebranto al debido proceso por inaplicación de los artículos 142, 178, 181 y 184 del Código Procesal Penal que generó un agravio en los intereses de persecución penal que representa el órgano requirente y así se verifica la producción de un vicio absoluto que ocasionó la nulidad de la decisión absolutoria que se tomó a favor del encartado. En consecuencia, se debe decretar la ineficacia parcial de la sentencia, únicamente en cuanto absolvió de toda pena y responsabilidad al imputado [[Nombre1] ] por un delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal en perjuicio de los recursos naturales y, por ende, se dispone el juicio de reenvío para que el mismo tribunal, pero con diferente integración, proceda a resolver conforme a Derecho. Se debe aclarar que esta cámara no prejuzga sobre la manera en que debe apreciarse la prueba y, mucho menos, sobre la solución que corresponde al caso, ya que lo que se ha verificado es la existencia de un defecto formal que implica la ilegalidad de la decisión tomada. En lo demás, permanece incólume el fallo.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Resolución: [Telf1] - TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, al ser las diez horas quince minutos, del seis de agosto de dos mil diecinueve.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, costarricense, cédula de identidad número CED1, nacido en Heredia, el 20 de noviembre de 1968, hijo de [Nombre1] y [Nombre2] , casado, de oficio inspector, vecino de Heredia, Sarapiquí; por el delito de VIOLACIÓN CALIFICADA Y OTROS, en perjuicio de PERSONA MENOR DE EDAD Y OTRO. Intervienen en la decisión del recurso los jueces Rafael Mayid González González, Jorge Luis Arce Víquez y la jueza Ana Isabel Solís Zamora. Se apersonaron en esta sede el licenciado Luis Fernando Aguilar Salazar en representación del Ministerio Público y la licenciada Zaray Chavarría Prado en representación de la Procuraduría General de la República.

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 49-2019, de las catorce horas treinta minutos del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal Penal, Sede Sarapiquí, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo anteriormente expuesto y artículos 7, 35, 36, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 7 y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículos 2, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 4, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 45, 50, 71, 72, 73, 156 y 157 inciso 3 y inciso 7 del Código Penal, Artículo 58 de la Ley Forestal 7575, artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 45, 62, 63, 81, 82, 142, 143, 144, 265, 360, 363, 364, 365, 366 y 367 del Código Procesal Penal, SE DECLARA A [Nombre1] autor responsable de un delito de VIOLACIÓN CALIFICADA, en perjuicio de MENOR DE EDAD [Nombre3]. y en tal carácter se le impone al condenado una pena de 14 AÑOS DE PRISIÓN. Por otra parte, se absuelve de toda pena y responsabilidad bajo la aplicación del principio universal de In dubio pro-reo a [Nombre1] por tres delitos de Violación y un delito de Infracción a la Ley Forestal, que se le viene atribuyendo al encartado por parte del Ministerio Público, en perjuicio de la menor [Nombre3]. y del Medio Ambiente, respectivamente. Por la pena impuesta de CATORCE AÑOS DE PRISIÓN no es procedente el Beneficio de Ejecución Condicional de la Pena ni beneficio alguno de sustitución de pena. Por la forma del presente fallo y cambiar las circunstancias del ajusticiado que pasa a tener una situación jurídica de condenado, en virtud de la imponerle 14 AÑOS DE PRISIÓN y al permanecer los peligros procesales y por la magnitud de la pena impuesta, de conformidad 258 se le PRORROGA LA PRISIÓN PREVENTIVA de [Nombre1] POR UN PERÍODO DE SEIS MESES MÁS, a partir de hoy 16-05-2019 con vencimiento al 16-11-2019 mientras adquiere firmeza la sentencia. Se resuelve este asunto sin especial condena­toria en costas, quedando a cargo del estado los gastos del proce­so. Se ordena la devolución de la motosierra a su legítimo dueño o al tercero que tenga mejor derecho sobre el bien, en el entendido que, si transcurrido el plazo de TRES MESES no se hace efectivo el reclamo del bien, sin necesidad de resolución posterior alguna se ordenará el comiso y destrucción del artículo indicado. Firme la sentencia inscríbase en el Registro Judi­cial y remítanse los testimonios de estilo para ante el Instituto Nacional de Criminolo­gía, Registro Judicial y Juzgado de Ejecución de la Pena. NOTIFÍQUESE. (sic).

II.- Que contra el anterior pronunciamiento, interpuso recurso de apelación el licenciado Luis Fernando Aguilar Salazar en representación del Ministerio Público.

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal González González; y,

CONSIDERANDO:

I.- El licenciado Luis Fernando Aguilar Salazar, en su condición de representante de la Fiscalía de Sarapiquí, mediante escrito presentado el 05 de junio de 2019 (cfr. folios 668 a 671) interpone recurso de apelación en contra de la sentencia número 49–2019 del Tribunal Penal de Juicio de Heredia, Sede Sarapiquí, de las 14:30 horas del dieciséis de mayo de 2019, con la cual, en síntesis, se declaró a [Nombre1] autor responsable de un delito de violación calificada en perjuicio de [Nombre3] y en tal carácter se le impuso una pena de catorce años de prisión; al igual que se absolvió a dicho imputado por tres delitos de violación que se le venían atribuyendo en perjuicio de [Nombre4] . y un delito de infracción a la Ley Forestal que se le endilgaba en perjuicio de los recursos naturales. Así, luego del estudio de la impugnación planteada y los antecedentes procesales que informan el sumario, se puede determinar que ésta debe ser admitida para su conocimiento, por cuanto fue presentada en tiempo conforme al plazo de ley, y cumple con los requisitos de forma que, de acuerdo a los principios de flexibilidad, accesibilidad, amplitud e informalidad -que son propios y caracterizan dicho medio impugnativo-, resultan necesarios para el adecuado conocimiento de estos en orden al examen integral del fallo, y para garantizar el derecho al recurso en materia penal previsto en el artículo 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en los artículos 458 y siguientes del Código Procesal Penal, reformados mediante la Ley N. 8837 del 9 de junio de 2010. Por otro lado, al interponerse el recurso de apelación de sentencia el licenciado Luis Fernando Aguilar Salazar pidió que se tuviera como prueba la secuencia fotográfica que consta de folios 459 a 460, la grabación del debate y el fallo recurrido. En torno a este requerimiento, debe agregarse que la actividad probatoria en fase de apelación de sentencia penal está directamente vinculada al examen integral del fallo. Lo anterior por cuanto lo que se procura y garantiza con dicho medio impugnativo es el amplio control y el examen integral de la decisión jurisdiccional recurrida, así como del juicio que la precedió. De ahí que ésta no constituye un nuevo plenario o una fase en que se pueda o deba producir prueba indiscriminadamente, ya que en nuestro sistema procesal penal rige un esquema de juicio oral y público, de manera que en sede de apelación no es legalmente procedente realizar un nuevo debate, sino que lo que corresponde es revisar y controlar de manera amplia e integral la sentencia penal dictada por el Tribunal de Juicio con base en el debate oral y público en el que la misma se sustentó. En virtud de lo anterior, al establecerse en el artículo 464 del código de rito, entre otras cosas, que lo que procede en fase de alzada es el examen de los registros del debate donde se produjeron las pruebas y, obviamente, de la sentencia, y que en el caso concreto el fiscal recurrente lo que gestionó fue que se conociera la secuencia fotográfica que ya había sido admitida como prueba durante la etapa intermedia (cfr. folio 579) e incorporada por lectura al contradictorio (cfr. folios 654 vuelto); sin omitir conocer los registros del plenario y el fallo dictado, es que se resuelve tener estos antecedentes a disposición para su examen, en tanto no constituyen un ofrecimiento de prueba nueva que requiera de un especial y previo pronunciamiento.

II.- Como único alegato de impugnación se aduce la inconformidad con la fundamentación jurídica por errónea interpretación del artículo 54 de la ley N˚ 7575. Afirma que, el a quo consideró que el ingreso a la finca del imputado [Nombre1] , por parte de los funcionarios del SINAC, fue ilegal y, con base en ello, declaró la invalidez de la totalidad del acervo probatorio ofrecido para sustentar la acusación fiscal, por lo que se produjo el dictado de un fallo absolutorio con base en una duda razonable que, en su criterio, nunca existió. Hace referencia a que el tribunal de mérito señaló que el oficial Chaves Aguilar declaró que realizaba un recorrido en la zona y se dirigieron hacia una finca privada debido a que escucharon el sonido de una motosierra; agregando que conocía al propietario del fundo por otros casos y que para el ingreso lo tuvieron que hacer caminando debido a que el portón de la finca tenía un candado; siendo enfático el testigo en que se trataba de una propiedad privada y que dicho lugar debería ser un bosque, empero, era una propiedad que se ubicaba en una zona sin ninguna categoría o protección, ni tampoco se trataba de un área de conservación, sino que en su criterio, reitera, era un sitio que debería haber sido bosque. Con base en esta deposición, aduce el impugnante, el cuerpo colegiado estimó que se generó una duda sobre si el sitio donde se dio la tala era uno de aquellos en los que la ley forestal permite un libre acceso a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado. Esto por cuanto se parte de una errónea interpretación de la ley, al aseverar que ésta califica y categoriza cada área de acuerdo con las circunstancias que priman para su protección, y que esta calificación no se pudo determinar a través de la deposición del oficial del SINAC. Luego de transcribir el artículo 54 de la Ley Forestal, arguye que el tribunal de instancia incurrió en un yerro de interpretación, al considerar que el artículo mencionado exige un estudio previo y calificación sobre el tipo de zona o área a proteger, para verificar si el ingreso a la finca del imputado era legítimo o no. Estima que de una simple lectura de dicha norma se desprende que no existe referencia alguna a la afirmación que realizó el órgano jurisdiccional; siendo que por el contrario fue el legislador que le otorgó la atribución de transitar y practicar diligencias policiales a los oficiales del SINAC en los fundos rústicos, a excepción de las casas ubicadas en éste. Reafirma que el colegio de jueces únicamente debió verificar si la finca a la que ingresaron los funcionarios públicos era un fundo rústico, el cual se define, según la interpretación literal de la norma, como una finca ubicada en el campo o zona rural. Estima que de dicha acepción no se escapa la finca del encartado, sobre todo porque se encontraba en un área de bosque que estaba siendo talada de forma desmedida, lo que motivó a los oficiales del SINAC a inspeccionar el sitio. Citando en apoyo la resolución N˚ 00326–2013 del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste, de las 14:00 horas del 12 de diciembre de 2013, sostiene que si el tribunal de instancia hubiera interpretado correctamente los alcances del artículo 54 de la Ley N˚ 7575, denotaría que la actuación de los oficiales del Sistema Nacional de Conservación fue totalmente apegada a derecho, pues estaban realizando labores propias de su cargo en un área rural donde había árboles (cfr. folio 460) y, en consecuencia, no se hubiese invalidado la prueba que resultaba esencial para el dictado de una sentencia condenatoria. Solicita se acoja su reclamo y se declare la nulidad del fallo, únicamente en cuanto a la absolutoria por el delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal. No existe contestación alguna al recurso de apelación por parte de la defensa técnica del encartado, ni por el representante de la Procuraduría General de la República.

III.- Con lugar el reclamo. De una simple lectura de la impugnación planteada por el representante del órgano acusador, se puede concluir que el único aspecto del fallo sobre el cual tiene competencia esta cámara de apelación, lo es la absolutoria que se dictó a favor del encartado [Nombre1] por un delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal, por cuanto, al no existir otros reclamos, ni haber recurrido la Procuraduría General de la República o la defensora pública del justiciable la condenatoria que se dictó en contra del endilgado [Nombre1] por un delito de violación calificada en perjuicio de [Nombre3]. –por el que se le impuso una pena de 14 años de prisión– y la absolutoria que también se dictó en su favor por tres delitos de violación en perjuicio de persona menor de edad, estos tópicos quedan fuera de la presente resolucion. Así, una vez realizada la anterior aclaración y examinada la sentencia recurrida, la cual consta en formato escrito (cfr. folios 648 a 676) y los registros del debate que la precedieron, puede esta cámara de apelación concluir que en el sub examine sí se presentó la errónea aplicación del artículo 54 de la Ley Forestal –N˚ 7575– y, con ello, se dio la supresión ilegítima de prueba esencial que, en forma indirecta, afectó la indeterminación de los hechos que fueron acusados por el delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal, con lo que se agravió también los intereses de persecución penal que el Ministerio Público ejerce en representación del Estado costarricense. En este sentido, y a efectos de motivar adecuadamente la conclusión supra mencionada, se debe partir de que el tribunal de mérito resolvió: “En cuando a los hechos de la causa 14-000634-0573-PE, si bien es cierto el tribunal logra extraer de la declaración del testigo [Nombre5] , en su condición de policía forestal del SINAC, su actuación y observancia del imputado de aprovechar y aserrar una árbol de Corteza Amarilla, especie protegida, se desprende en primera termino que la prueba documental refiere lo siguiente: se logra determinar mediante las Actas de decomiso y entrega provisional que rola a folios 449-450; el Oficio No. BCTI-020-2014 que se encuentran visibles a folios del 457 al 460; Certificación de fecha 21 de julio del 2014 visible a folio 201 y Oficio D- BCT-1009-14 visible a folios del 462 al 463; que el imputado [Nombre1] se encontraba utilizando una motosierra para el aprovechamiento y el aserrado de un árbol de Corteza Amarrilla, especie protegida, sin embargo el Tribunal estima que la prueba obtenida y la actuación del oficial fue ilegítima y con inobservancia de los preceptos legales, obteniendo así de lo actuado por el funcionario prueba espuria arrojando lo que en doctrina se conoce como prueba del árbol envenado y por lo consiguiente, el actuar del oficial, el decomiso y la prueba al respecto queda inválida; de estos hechos se desprende una duda razonable que no permite tener los hechos probados con la legitimidad debida aplicando las regla de la sana crítica para la valoración de la prueba documental y testimonial. […] Se puede desprender del testimonio del testigo [Nombre5] , oficial del SINAC, que refirió realizaba un recorrido en la zona, que fueron hasta donde estaba una finca y escucharon un sonido de una motosierra en una finca privada, que conocía el propietario de la finca por otros casos y que tuvieron que ingresar caminando porque la finca tenía un candado. Desprende esta cámara que el oficial ya conocía que la finca en cuestión es una propiedad privada y que inclusive la misma estaba cerrada con un candado, siendo que desde afuera sólo escucha un sonido de una motosierra sin poder observa antes del ingreso situación alguna de quien utilizaba la motosierra o para que fin; además el testigo [Nombre5] fue enfático en indicar que se trataba de una propiedad privada, que conocía a su propietario y que dicho lugar debería ser un bosque según su criterio, (lo resaltado es propio), el testigo también ante las preguntas del tribunal decantó que era una propiedad privada que no era una zona con alguna categoría, ni zona protegida ni se trataba de un área de conservación. Estima así entonces para el tribunal que nuestra normativa constitucional dejó previsto las circunstancias legales que se podría dar para el ingreso a una propiedad privada, rompiendo este permiso con la orden de un juez o bien con el consentimiento del derecho habiente, circunstancia que en el caso no ocurrió, además el testigo fue preciso que el terreno es una propiedad privada y que para su criterio debería ser un bosque, lo que deja la duda razonable que se trate de una zona que la ley forestal permite su acceso, toda vez que es claro para la ley que califica y categoría cada área de acuerdo a circunstancia previas técnicas de estudios calificados sobre la zona o área a proteger o bien que debe recibir la categoría correspondiente a las definida de la ley, situación que de la declaración del testigo no es una zona de las descritas en la ley como autorizadas para su libre tránsito en la inspección y prevención del accionar del propio testigo que reconoció y supo desde previo que era una propiedad privada sin categoría alguna, por lo que su ingreso fue ilegítimo y por ende el actuar que derivo de dicho ingreso anulando con ello la única prueba al respecto, es por ello que en lo consecuente el tribunal estima que el imputado debe ser absuelvo por lo hechos ya señalados en este acápite” (cfr. folio 666 a 668. Copia literal). Como se desprende del extracto anterior, el cuerpo colegiado concluye que la propiedad que describió el oficial Chaves Aguilar, como aquella en donde se estaba dando la tala ilegal de un árbol de Corteza Amarilla, se trataba de una finca privada que no contaba con ninguna calificación –sin indicar cuál– dada por la ley forestal, y previo estudios técnicos que la definieran como una zona de protección, por lo que al no estar dentro de los supuestos que autorizaba el artículo 54 de la Ley N˚ 7575, el acceso que hicieron los oficiales del SINAC al fundo resultó ilegítimo y, con ello, se produjo la ilegalidad de la prueba que se recabó en dicho sitio, en tanto no se contaba con la orden previa de un juez o con el consentimiento del derecho habiente para realizar tales actos. No obstante, tal y como lo advierte el recurrente, de una adecuada y correcta interpretación de la norma de cita, no puede llegarse a la conclusión que expone el órgano jurisdiccional, por cuanto el legislador nunca estableció como supuestos para autorizar el ingreso a las fincas privadas por parte de los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, el que éstas estuvieran sometidas a algún régimen específico de protección de los recursos naturales. Nótese que el artículo 54 ibídem establece: “Los funcionarios de la Administración Forestal del Estado tendrán carácter de autoridad de policía, como tales y de acuerdo con la presente ley, deberán denunciar ante las autoridades competentes las infracciones cometidas. Las autoridades de policía estarán obligadas a colaborar con los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, cada vez que ellos lo requieran para cumplir, cabalmente, con las funciones y los deberes que esta ley les impone. Para el cumplimiento de sus atribuciones, estos funcionarios, identificados con su respectivo carné, tendrán derecho a transitar y a practicar inspecciones en cualquier fundo rústico o industrial forestal, excepto en las casas de habitación ubicadas en él; así como decomisar la madera y los demás productos forestales aprovechados o industrializados ilícitamente y secuestrar, en garantía de una eventual sanción, el equipo y la maquinaria usados en el acto ilícito. También, decomisarán el medio de transporte que sirva como instrumento o facilitador para la comisión del delito, previo levantamiento del acta respectiva. Todo lo anterior deberá ponerse a la orden de la autoridad judicial competente, en un plazo no mayor de tres días” (El resaltado es propio). Corolario, la autorización para transitar en propiedad privada por parte de los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, sólo está limitada a que estos se encuentren en el ejercicio de sus atribuciones y que las inspecciones que practiquen las realicen en un fundo rústico o en uno industrial forestal. Así, de una revisión de la Ley N˚ 7575, si bien se puede definir que un fundo industrial forestal es aquel que está destinado a lograr la optimización de la industria, mediante las más eficientes técnicas de aprovechamiento de los recursos forestales (artículo 52); en cuanto al significado de fundo rústico esta normativa resulta omisa, por lo que debe partirse, prima facie, de la interpretación gramatical que aglutina el elemento literal (según el sentido de sus propias palabras) del concepto de rústico. En este orden, la primera acepción da cuenta de que significa “Perteneciente o relativo al campo” (Real Academia Española, Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario, año 2018, consulta en línea: https://dle.rae.es/?id=WrPIidi); mientras que predio rústico está definido como aquel que “…fuera de las poblaciones, está dedicado a uso agrícola, pecuario o forestal” (Ibídem. Consulta en línea: https://dle.rae.es/?id=TxshtOI). Así, ya puede darse un acercamiento al significado de fundo rústico como aquel que está fuera de las zonas declaradas como urbanas y que ha sido dedicado al uso agrícola, pecuario o forestal. Precisamente, esta definición no sería contraria a la interpretación sistémica, que parte de que la interpretación de los preceptos positivos debe ser obtenida teniendo en cuenta su sentido lógico y su ponderación sistemática dentro del ordenamiento jurídico entendido como un todo orgánico, ya que al examinar el artículo 4 de la Ley de Jurisdicción Agraria N˚ 6734 –cuya vigencia está definida por el artículo 342 del Código Procesal Agrario, N˚ 9609, del 27 de setiembre de 2018, hasta el 28 de febrero del año 2020–, se constata que el legislador consideró como predios rústicos “…todas las tierras que se encuentren destinadas a la explotación agropecuaria, excepto aquellas que hubieren sido declaradas como zonas urbanas o que estén destinadas a la ejecución de desarrollos urbanos”. Consecuentemente, cuando el artículo 54 de la Ley N˚ 7575 autoriza a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado a ingresar a los fundos rústicos para inspeccionarlos, no exige mayor requisito que el que se haga en procura de cumplir con las atribuciones que la misma ley les otorga en protección del recurso forestal; empero, nunca que se haya establecido o catalogado, previamente, la zona donde se ubica dicho fundo como una de protección o de limitación específica al uso de la propiedad con fines de conservación forestal, como equivocadamente lo interpretó el tribunal de instancia. Aunado a ello, soslayó el cuerpo colegiado que el oficial Juan Manuel Chaves Aguilar declaró: “…la finca es grande decidimos entrar caminando porque estaba asegurada con un candado, al llegar cerca escuchábamos el sonido de la motosierra, escuchamos un sujeto con la motosierra, luego lo observamos y estaban otros sujetos, se dio la voz de alto nos identificamos como policía del SINAC, decomisamos la motosierra, aseguramos el sitio, decomisamos un machete, identificamos la persona que usaba la motosierra la cual era [Nombre1] , [...] La zona donde se encontró esto es una zona de muchos actos delictivos, sin permisos desde el punto de vista ambiental, en el sitio parece un potrero a simple vista, debería ser un bosque, en algún momento se hizo una tala; la acción que observé fue la corta y el aprovechamiento de un árbol el cual requiere un permiso que no tenía, lo observé cuando lo estaba aserrando […] La finca es Jarquines, es una finca privada, solo lo escuché, por ley no necesitamos consentimiento a ingresar a propiedades, es un bosque no es un área de protección protegida, la Zona de Sarapiquí solo algunas zonas no ocupan permisos, se requiere por el tipo de árbol un permiso” (cfr. folio 653). Es decir, que dicho oficial estableció que el fundo estaba ubicado en una zona rural, no urbana, que además era una finca donde antes se había dado talas de árboles, ya que el sitio debería ser un bosque pero ahora es un potrero y que, aunque no es un área protegida, en la zona de Sarapiquí sólo en algunos sitios no se ocupa permiso para talar árboles, no siendo ésta uno de ellos. Corolario, la prueba testimonial era adecuada para calificar dicho fundo como uno rústico y, por ende, accesible para transitar e inspeccionar por [Nombre5] por ser un funcionario del SINAC en el ejercicio de sus funciones, sin que se requiriera, como lo exigió en forma equivocada el colegio de jueces, de orden previa de juez competente. Debe considerarse también, que la Sala Constitucional en un precedente que, aunque de larga data, todavía tiene plena vigencia, resolvió en este mismo sentido al indicar: “II.- El artículo 24 de la Constitución Política tutela el derecho a la intimidad en términos de que no es posible el ingreso de autoridad pública, sin orden judicial, al domicilio o recinto privado de los habitantes de la República. En criterio de la Sala la finca del accionante es un espacio abierto que no puede considerarse un recinto privado en el sentido constitucional del término: consiguientemente, no puede hablarse de allanamiento ilegítimo por parte de la autoridad de policía accionada. Por otra parte, la Sala no encuentra en la actuación policial ningún exceso que pueda considerarse lesivo al derecho de propiedad; especialmente, porque el artículo 54 de la ley 7575 autoriza el libre tránsito e inspección de las fincas, por parte de los funcionarios de la Administración Forestal y de las autoridades de Policía –cuando actúen en esta materia-; a condición de que no ingresen a las casas de habitación ubicadas en el fundo; y como este no es el supuesto, la pretendida ilegitimidad de la actuación policial resulta inadmisible” (sentencia número 3567-96, de las diez horas cincuenta y cuatro minutos del once de julio de mil novecientos noventa y seis.) Está claro entonces que para la Sala, el concepto de fundo rústico forestal incluido en la disposición discutida, hace referencia a espacios amplios y abiertos, sobre los cuales existen claras limitaciones en cuanto a su manejo y disposición, originadas en la necesidad de protección del patrimonio forestal del país ( y que han sido ya avaladas por parte de esta Sala en diversos pronunciamientos), todo lo cual, los excluye, para ser objeto – por si mismos- del ejercicio de las manifestaciones normales del derecho de intimidad, al menos en frente de la pretensión estatal de vigilancia y protección de los recursos naturales del país. Debe notarse incluso que en la ley se prestó atención a los problemas que la potestad concedida a las autoridades forestales podría ocasionar en relación con el derecho a la intimidad y sus expresiones tales como de habitación, por entender que éstas últimas son – por excelencia- los espacios físicos sobre los que recae el ejercicio del derecho al domicilio” (cfr. resolución N˚ 0284-97 de las catorce horas cincuenta y un minutos del quince de enero de mil novecientos noventa y siete. El resaltado no es de su original). Así las cosas, se evidencia que el tribunal de mérito incurrió en una errada interpretación de la ley sustantiva, que llevó a la preterición ilegítima del acervo probatorio recabado por el oficial Chaves Aguilar y, con ello, a la indeterminación de los hechos acusados por el Ministerio Público en una aplicación equivocada del principio in dubio pro reo. Esto a su vez, redunda en un quebranto al debido proceso por inaplicación de los artículos 142, 178, 181 y 184 del Código Procesal Penal que generó un agravio en los intereses de persecución penal que representa el órgano requirente y así se verifica la producción de un vicio absoluto que ocasionó la nulidad de la decisión absolutoria que se tomó a favor del encartado. En consecuencia, se debe decretar la ineficacia parcial de la sentencia, únicamente en cuanto absolvió de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre1] por un delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal en perjuicio de los recursos naturales y, por ende, se dispone el juicio de reenvío para que el mismo tribunal, pero con diferente integración, proceda a resolver conforme a Derecho. Se debe aclarar que esta cámara no prejuzga sobre la manera en que debe apreciarse la prueba y, mucho menos, sobre la solución que corresponde al caso, ya que lo que se ha verificado es la existencia de un defecto formal que implica la ilegalidad de la decisión tomada. En lo demás, permanece incólume el fallo.

IV.- Sobre la prisión preventiva: El imputado [Nombre1] está detenido en cumplimiento de la prisión preventiva que se ordenó en su contra por resolución de las trece horas con treinta minutos del once de marzo del año dos mil diecinueve (cfr. folio 60 a 607). En esta resolución se reconoció la persistencia del peligro de fuga del justiciable, amparado en que este mostró un comportamiento reticente a ser juzgado que llevó a asuntarse injustificadamente del proceso, y requirió que se ordenara su rebeldía para ser capturado y procesado como finalmente ocurrió. Precisamente, este fue el mismo argumento que imperó en la sentencia recurrida –aunado al poco arraigo laboral y familiar que aquel presenta– para ordenar la prorroga de prisión del endilgado hasta el 19 de noviembre de 2019. Consecuentemente, y pese a que se declaró la nulidad parcial del fallo –únicamente en cuanto a la absolutoria ordenara por el delito aprovechamiento ilegal del recurso forestal–, debe acotarse que el peligro procesal de fuga que a justificado la prisionalización preventiva del sindicado se mantiene incólume, ya que se carece de algún otro elemento probatorio que lo revierta, ni se ha demostrado, en esta sede, un cambio en las condiciones personales del procesado, sino que también, al haberse dispuesto por el a quo el juzgamiento conjunto de las causas y ordenado por esta cámara de apelación el juicio de reenvío en el cual deberá resolverse, conforme a Derecho, la concurrencia de eventos que pueden integrar un concurso material –claro está, en caso de demostrarse la culpabilidad del encartado–, en apego a la faculta que concede el numeral 258, párrafo cuarto, del Código Procesal Penal, y siendo que, se insiste, el peligro procesal que ha sustanciado la prisión preventiva del justiciable subsiste, se dispone mantener la prisión preventiva de este por seis meses más, que rigen del 16 de noviembre de 2019 al 16 de mayo de 2020, tiempo suficiente y razonable para que, durante ese período, se realice el nuevo juicio de reenvío y se defina la situación jurídica del acusado.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el licenciado Luis Fernando Salazar Aguilar, en su condición de representante del Ministerio Público. Consecuentemente, se decreta la ineficacia parcial de la sentencia, únicamente en cuanto absolvió de toda pena y responsabilidad al imputado [Nombre1] por un delito de aprovechamiento ilegal del recurso forestal en perjuicio de los recursos naturales. Se ordena el juicio de reenvío para que el mismo tribunal, pero con diferente integración, proceda a resolver conforme a Derecho. Se dispone la prórroga de la prisión preventiva del encartado [Nombre1] por el plazo de seis meses, que rigen del 16 de noviembre de 2019 al 16 de mayo de 2020, a efecto de que en dicho período se realice el juicio de reenvío. En lo demás, permanece incólume el fallo. NOTIFÍQUESE.

Rafael Mayid González González Ana Isabel Solís Zamora Jorge Luis Arce Víquez Jueces y Jueza de Apelación de Sentencia Penal Imputado: [Nombre1] Ofendido: Persona menor de edad Delito: Violación y otros [Nombre6] Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Environmental Criminal LiabilityResponsabilidad Penal Ambiental
    • Forestry Law 7575 — Land Use and Forest ProtectionLey Forestal 7575 — Uso del Suelo y Protección Forestal

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Ley Forestal N° 7575 Art. 54
    • Ley de Jurisdicción Agraria N° 6734 Art. 4
    • Código Procesal Penal Arts. 142, 178, 181, 184
    • Constitución Política Art. 24

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