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Res. 01226-2019 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 15/07/2019

Partial Vehicle Traffic Closure at Playa Conchal and Protection of the Conchal Mixed Wildlife RefugeCierre parcial de tránsito vehicular en Playa Conchal y protección del Refugio de Vida Silvestre Mixto Conchal

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

The main precautionary request (total road closure) is denied, but ex officio partial closure and municipal control measures are ordered applying precautionary and pro natura principles.Se rechaza la pretensión cautelar principal (cierre total del camino), pero se ordenan de oficio medidas de cierre parcial y control municipal aplicando principios precautorio y pro natura.

SummaryResumen

This is a precautionary measure (medida cautelar) requested by Desarrollos Hoteleros Guanacaste S.A. against the State, SINAC, ICT, and the Municipality of Santa Cruz, in a contentious-administrative proceeding. The plaintiff alleged environmental harm from vehicle traffic and parking in the maritime-terrestrial zone of Playa Conchal, which crosses the Conchal Mixed National Wildlife Refuge and affects State Natural Heritage. The court analyzes the three classic requirements for injunctive relief: fumus boni iuris, periculum in mora, and balancing of interests. It finds fumus boni iuris due to overlapping municipal and institutional competences for environmental protection, but no periculum in mora because the road has existed for over 40 years and the damage is consolidated. Nevertheless, applying the precautionary and pro natura principles, it orders ex officio measures: provisional vehicle closure in areas classified as State Natural Heritage and Wildlife Refuge, and municipal control in other areas to prevent parking, logging, solid waste, and irregular constructions. It denies the request to close the public road and to install concrete culverts for lack of technical support.Se trata de una medida cautelar innovativa solicitada por Desarrollos Hoteleros Guanacaste S.A. contra el Estado, el SINAC, el ICT y la Municipalidad de Santa Cruz, en el marco de un proceso contencioso administrativo. El actor alegaba daño ambiental por el tránsito y estacionamiento de vehículos en la zona marítimo terrestre de Playa Conchal, que atraviesa el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal y afecta el Patrimonio Natural del Estado. El tribunal analiza los tres presupuestos clásicos de las medidas cautelares: apariencia de buen derecho (fumus boni iuris), peligro en la demora (periculum in mora) y ponderación de intereses. Concluye que existe apariencia de buen derecho por la concurrencia de competencias municipales y de otras entidades en la tutela del ambiente, pero no peligro en la demora, porque la situación vial data de más de 40 años y el daño está consolidado. Sin embargo, aplica los principios precautorio y pro natura para mantener medidas de oficio: cierre provisional del tránsito vehicular en las áreas declaradas Patrimonio Natural y Refugio de Vida Silvestre, y control por la Municipalidad en las demás áreas para impedir parqueo, tala, residuos sólidos y construcciones irregulares. El tribunal rechaza la pretensión de cerrar el camino público y la construcción de alcantarillas por falta de fundamento técnico.

Key excerptExtracto clave

IX. ON THE CONCURRENCE OF REQUIREMENTS FOR ISSUING THE PRECAUTIONARY MEASURE: It is established that there is fumus boni iuris (recitals V and VI of this decision), although there is no urgency or current harm (periculum in mora), given the consolidated situation (recital VII), and that measures implemented by SINAC seek to reduce the current and imminent risk to State Natural Heritage. However, it is necessary to determine whether the actions taken could generate new danger or increase existing harm, and whether the claimant’s requests can be granted under a balancing of interests as set out above (see recital VIII). X. ADAPTATION AND DELIMITATION OF THE PRECAUTIONARY MEASURE: Given the reasons stated for denying the requested measures, pursuant to Articles 20 and 29 of the Contentious Administrative Procedure Code, the court must assess the need to adopt measures ex officio, adjusting the claims identified in the writ of 8 February 2019 as a.iv and a.v, based on the parties’ actions to date. In the court’s view, applying the precautionary and pro natura principles, the following measures should be maintained until a final ruling: a) Provisional closure to vehicular traffic in areas designated as State Natural Heritage and Wildlife Refuge according to technical criterion SCT-OR-DR-0933-18 of SINAC... b) For areas not affected by such closure, control of commercial activities falls to the Municipality, which, in coordination with traffic authorities, must prevent vehicle parking, tree felling, solid waste accumulation, alteration of land topography, or any action that alters the ecological balance without authorization...IX. SOBRE LA CONCURRENCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL DICTADO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROMOVIDA: Se tiene por acreditado que sí hay apariencia de buen derecho (considerandos V y VI de esta resolución), aunque no hay urgencia o daño actual (peligro en la demora), dado que se encuentra una situación consolidada (considerando VII), y que existen medidas aplicadas por el SINAC que buscan disminuir el riesgo actual e inminente en la afectación del Patrimonio Natural del Estado, lo cierto es que existe una necesidad de determinar si las acciones tomadas no pueden generar un nuevo peligro o incrementar el riesgo de daño existente, así como los requerimientos de la parte promovente pueden o no otorgarse en el marco de una ponderación de intereses como la ya expuesta (véase considerando VIII). X. ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR Y DELIMITACIÓN (CONCRETIZACIÓN) DE LA ACCIÓN CAUTELAR: Dadas las razones expuestas para el rechazo de las medidas solicitadas, conforme lo dispone el numeral 20 y 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ante el análisis realizado en el presente asunto, se debe entrar a conocer la necesidad de adopción de medidas de oficio, ajustando las pretensiones presentadas en la medida identificadas en el escrito del 8 de febrero de 2019 como a.iv y a.v, analizando las acciones realizadas por las partes hasta el momento. En este orden de ideas, a consideración de este juzgador sí existe la necesidad de mantener las siguientes medidas cautelares hasta el pronunciamiento de fondo de este proceso, en aplicación de los principios precautorio y pro natura: a) El cierre provisional de tránsito vehicular en las zonas consideradas como Patrimonio Natural del Estado y Refugio de vida silvestre conforme el criterio técnico SCT-OR-DR-0933-18 del SINAC... b) Sobre las áreas no afectadas por el cierre indicados en el acápite anterior, corresponderá el control de actividades lucrativas a la Municipalidad y, respecto al correcto uso del tracto de zona pública, deberá la Municipalidad en coordinación con las autoridades de tránsito y demás pertinentes, impedir el parqueo de los vehículos, corta de árboles, concentración de residuos sólidos, alteración de la topografía del terreno, o que se lleve a cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar sin la debida autorización...

Pull quotesCitas destacadas

  • "Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada."

    "Only when all three elements concur—fumus boni iuris, periculum in mora, and a balancing of interests showing the harm to the individual outweighs other interests at stake—may the court grant the requested precautionary measure."

    Considerando IV

  • "Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada."

    Considerando IV

  • "No hay urgencia o daño actual (peligro en la demora), dado que se encuentra una situación consolidada... no se trataría de una medida cautelar innovativa... sino se trataría de un análisis de una medida conservativa respecto de las acciones que se han tomado hasta el momento."

    "There is no urgency or current harm (periculum in mora), given the consolidated situation... this is not an innovative precautionary measure... but rather an analysis of a conservative measure regarding actions already taken."

    Considerando IX

  • "No hay urgencia o daño actual (peligro en la demora), dado que se encuentra una situación consolidada... no se trataría de una medida cautelar innovativa... sino se trataría de un análisis de una medida conservativa respecto de las acciones que se han tomado hasta el momento."

    Considerando IX

  • "A consideración de este juzgador sí existe la necesidad de mantener las siguientes medidas cautelares hasta el pronunciamiento de fondo de este proceso, en aplicación de los principios precautorio y pro natura."

    "In the court's view, the following precautionary measures must be maintained until a final ruling, applying the precautionary and pro natura principles."

    Considerando X

  • "A consideración de este juzgador sí existe la necesidad de mantener las siguientes medidas cautelares hasta el pronunciamiento de fondo de este proceso, en aplicación de los principios precautorio y pro natura."

    Considerando X

  • "Debe recordarse que la falta de prueba y de argumentación en este sentido son responsabilidad exclusiva de la parte promovente."

    "It must be recalled that lack of proof and argumentation in this regard are the sole responsibility of the claimant."

    Considerando IX

  • "Debe recordarse que la falta de prueba y de argumentación en este sentido son responsabilidad exclusiva de la parte promovente."

    Considerando IX

Full documentDocumento completo

Sections

Procedural marks

**II. OBJECT OF THE APPLICATION FOR THE PRECAUTIONARY MEASURE.** As indicated in point 2 of the preceding recital, the precautionary claims were reduced to those contained in the application brief, as well as in the brief from the provider dated February 8, 2019; thus, the moving party requests in its application brief the following: "That the Municipality of Santa Cruz be ordered to arrange the administrative actions necessary to prevent the transit and parking of motor vehicles through the maritime-terrestrial zone of Playa Conchal." [Images 12 and 13 of the judicial precautionary measure file]. Meanwhile, in the brief of February 8, 2019, the petitioner seeks the following against the Municipality of Santa Cruz: “i) Order the placement of concrete culverts, and signage referencing the legislation prohibiting vehicle circulation through the public zone, at the two vehicular accesses to Playa Conchal: Puerto Viejo and Brasilito, and at the entrance climb from Playa Brasilito to Playa Conchal. In the case of Brasilito, before the Mangrove, as well as concrete culverts at all other accesses to Playa Conchal. In the Puerto Viejo sector, three concrete culverts filled with cement must be installed in the entrance area to the public zone, in front of Restaurante El Encanto. At the entrance climb [sic] between Playa Brasilito and Playa Conchal, three concrete culverts filled with cement must be installed at the beginning of the climb toward Playa Conchal (where they were initially placed, but destroyed). ii) Preserve and maintain the concrete culverts at the indicated vehicular access points, so that the Municipality at all times prevents vehicle access to the public zone and the environmentally protected areas. iii) Protect the concrete culverts from damage by third parties. iv) Maintain a presence of the Municipal Police at the site, in order to avoid the evasion of the measure preventing vehicle entry into the public zone and to avoid damage to the culverts or signage. v) Submit monthly reports on the fulfillment of the precautionary measures”; while against the State and against SINAC, it seeks that “they continue submitting reports given that they have carried out, since the issuance of the current provisionalísima precautionary measure, an important supervisory role over compliance” [image 699 and 700 of the precautionary file].

**III. ARGUMENTS OF THE PARTIES:** On the part of the petitioner, Desarrollos Hoteleros Guanacaste SA, in summary, its theory of the case revolves around what in its view is environmental damage caused by the use of the maritime-terrestrial zone of Playa Conchal for vehicular use, and which has been denounced by the promotor of the measure before the Municipality of Santa Cruz, the Environmental Prosecutor's Office, the Office of the Comptroller General, ICT, the Environmental Tribunal, MINAE, MOPT (facts 1 to 7 of the lawsuit), supporting this with evidence from an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) and the report ACT-OR-DR-0666-17 from SINAC (Images 3 to 5, as well as evidence at images 22 to 59 regarding the complaint; images 60 to 66 regarding the environmental impact assessment carried out by Alexander Bonilla Duran February to March 2016; images 68 to 75 for official communication ACT-OR-DR-0666-17; images 104 to 190 environmental impact assessment vehicular transit carried out by Nombre16251 ; all from the judicial precautionary measure file). On the part of the defendants; the National System of Conservation Areas SINAC states in its brief of May 14 that there is no current relevance to the measure given that they have already closed access, attaching the official communications ACT-OR-DR-0933-18 and ACT-OR-DR-0352-19 (images 719 to 724 of the precautionary measure file), but on July 5, outside the period granted for the hearing, it requests that the closure measures ordered be maintained. On the part of the Costa Rican Tourism Institute ICT, in its initial appearance brief dated November 16, 2017 (visible at images 219 to 224 of the precautionary measure file), considering that the measure is inappropriate because the severity of the damage is not demonstrated and that, moreover, there is no current relevance, given that the situation is long-standing and therefore there is no danger in the delay (peligro en la demora), it requests that the measure be rejected and that if any measure is granted, no action be taken against it, although, contradictorily, in its brief of February 5, 2019, it indicates being in agreement with the measure (image 690 of the precautionary measure file). On the part of the STATE, its representative initially states that the claims are not directed against it. However, it later states that, in accordance with the provisions of article 1 of the General Public Roads Law (Ley General de Caminos Públicos), the administration of the cantonal road network corresponds to the coastal municipalities, which have the duty to ensure the common use of the Public Zone and as administrators of the maritime-terrestrial zone according to the Maritime-Terrestrial Zone Law (number 6043). It maintains that, according to these regulations in the areas of coastal cities, the Municipality has the obligation to promote the comprehensive (sustainable) development of the canton and adequate urban planning, functions which include ensuring the correct use of public-use areas not entrusted to the defense of other institutions, to guarantee their purpose, the greatest collective well-being, and a better quality of life for the population. It continues indicating that it is the responsibility of the municipalities to take the pertinent measures to counteract those improper actions against the coastal public domain (demanio costero), as well as to preserve natural resources in their original conditions, as has been indicated by the Constitutional Chamber (Sala Constitucional) in resolutions number 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-2001, and 12777-2001. It states that responsible action regarding beaches, which are national property and for public use, implies that the administering entity (Municipality and the ICT), as well as the institutions competent to authorize exceptional uses of the Public Zone, must issue and enforce the necessary provisions to guarantee the free and safe transit of people and the public use of the zone. Therefore, responsible, transparent action that guarantees the national interest is that which tends to preserve public State property according to its purpose, through the adoption of the respective measures that ensure it and through control for its proper fulfillment. On this same point, it cites that the Constitutional Chamber has considered that the presence of public force officers on the beach to prevent the alteration of order through unilateral erection of tents by private individuals is in accordance with Constitutional Law, and that measures executed to prevent the erection of tents or similar installations in the public zone of the beach..., and the entry and circulation of motor vehicles in that zone, do not injure free transit. On the other hand, it refers to the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters as one of the governing principles of Environmental Law, and which is included in the United Nations Conference on Environment and Development or Rio Declaration, which literally states Principle 15.- In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. Furthermore, in the domestic legal system, the Biodiversity Law (Ley de Biodiversidad), in article 11, includes the following principles as hermeneutical parameters: 1.- Preventive criterion: It is recognized that it is vitally important to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.- Precautionary criterion or in dubio pro natura: When there is danger or threat of serious or imminent damage to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protection measures. It also cites the principle of guardianship of environmental law by the State, which is extracted from article 50 of the Political Constitution, from which derives the obligation of the State to exercise a tutelary and guiding role in environmental matters, and from which the Constitutional Chamber has indicated that the State must ensure and protect the right against any risk or need, defend, prohibit, and impede any activity that threatens the right. Principle of environmental quality, which constitutes a fundamental parameter of quality of life, linked to the condition thereof that each individual can lead; and to the use made of the environment for one's own development, where the Constitutional Chamber has considered that the right to a healthy and ecologically balanced environment implies the correlative duty to protect and preserve the environment, through the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (images 399, 412 to 419), thereby contributing the opinion DIG-TOT-247-2018 of June 11, 2018, from the National Geographic Institute and ACT-OR-DR-0790-18 of June 11, 2018, from the Regional Directorate, Tempisque Conservation Area of the National System of Conservation Areas (SINAC) (images 420 to 429 of the precautionary measure file), and subsequently, through a brief dated October 29, 2018, it includes, of interest for this resolution, the Sectoral Planning Secretariat of the Ministry of Public Works and Transport OFFICIAL COMMUNICATION SPS-PEMIST-2018-229 of June 22, 2018, OFFICIAL COMMUNICATION SPS-PEMIST-2018-194 of July 13, 2018, OFFICIAL COMMUNICATION SPS-PEMIST-2018-196 of July 16, 2018, OFFICIAL COMMUNICATION SPS-PEMIST-2018-200 of July 18, 2018, OFFICIAL COMMUNICATION SPS-PEMIST-2018-267 of September 19, 2018, OFFICIAL COMMUNICATION SPS-PEMIST-2018-289 of October 12, 2018, and OFFICIAL COMMUNICATION SPS-PEMIST-2018-303 of October 26, 2018 (see images 629 to 664 of the precautionary measure file). On the part of the MUNICIPALITY OF SANTA CRUZ, it alleges through its brief of December 1, 2017 (images 230 to 232 of the precautionary measure file) that, according to official communication DDUR-UNTGV-COOR-0188-2007 (image 249 of the precautionary measure file), from engineer Didier Monge Jiménez, coordinator of the Technical Road Management Unit of the Municipality of Santa Cruz, it is certified that there is a public road duly inventoried with code C-5-03-010 from Escuela de Matapalo to Dirección2116 of the district of Cabo Velas, which belongs to the cantonal road network of Santa Cruz, with a length of seven point ninety kilometers, and which is under the administration of the Municipality. It maintains that, according to what that official communication indicates, it is impossible for the Municipality to impede transit and parking on a road that is a cantonal route, in accordance with the General Roads Law, number 5060. It considers that closing the road from Playa Brasilito passing through Playa Conchal to Puerto Viejo would entail violating the right to free transit stipulated in article 22 of the Political Constitution and article 32 of the General Roads Law, which establishes that no one shall have the right to close partially or totally, or to narrow, by fencing or building, public roads or streets. It argues, moreover, that the Municipality, in its capacity as usufructuary and administrator of the Maritime-Terrestrial Zone, is diligent in attending to complaints and has carried out multiple operations, within its competence, to exercise control over itinerant and stationary vendors on the public road that accesses Playa Conchal and its public zone. On the other hand, it points out that it is the competence of the Traffic Police to issue the respective infractions under the Traffic Law on the public road; however, they have stated that they cannot limit access to Playa Conchal, and they limit themselves to seizing vehicles found within the public zone of the Beach. It requests that, for the reasons indicated, the granting of the precautionary measure be rejected, as it is contrary to what is established by law and the Political Constitution.

**IV. THE REQUIREMENTS FOR THE GRANTING OF A PRECAUTIONARY MEASURE.** As has been developed by the jurisprudence of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, by preserving the indispensable real conditions for the issuance and execution of the judgment (Ruling No. 7190-1994, of 3:24 p.m. on December 6, Ruling No. 6224-2005, of 3:16 p.m. on May 25, 2005). Briefly, it is appropriate to indicate that the legal nature of precautionary measures is justified as a second-degree procedural instrument - or an instrument of the procedural instrument - that seeks to mitigate the negative effects of the normal and sometimes pathological duration of jurisdictional processes – vacatio or distance temporis -, making valid the fundamental right to prompt and fulfilled justice set forth in numeral 41 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, because something prompt cannot be delayed and something fulfilled must be carried out; it has rightly been said that it is not a matter of an advance opinion but rather of protection for urgent situations that, without the proper jurisdictional backing, would become direct harm for the intervening procedural parties. In this same sense, Article 19 of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is to protect and guarantee, provisionally, the object of the process and the effectiveness of the judgment. The doctrine has indicated that the purpose of precautionary justice is not to declare a fact or a liability, nor to constitute a legal relationship, nor to execute a mandate and satisfy an unquestioned right, nor to resolve a dispute, but rather to prevent the damages that the litigation may cause or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Nombre41. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2nd ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). In accordance with Article 21 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the judge, when determining the appropriateness of an application for a precautionary measure, must verify that the claim in the main proceedings is not reckless or, in a manifest way, lacking seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine whether, in the case in question, there exists what the doctrine and jurisprudence have called the appearance of good right (apariencia de buen derecho or fumus boni iuris). On the other hand, the same numeral 21 of the Code establishes the appropriateness of the precautionary measure when the execution or permanence of the conduct subject to the process produces serious damages or harm, actual or potential, a situation that has been defined in the doctrine as the danger in the delay (periculum in mora), meaning that, by virtue of the pathological delay of the judicial process, a current, real, and objective danger exists that serious harm will be caused to the moving party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1st ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Finally, Article 22 CPCA establishes the obligation of the judge to carry out, in light of the principle of proportionality, a balancing of the interests at stake, that is, between the individual's circumstance, on the one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Only with the concurrence of the three elements, that is, the appearance of a good right, the danger in the delay, and that from the analysis of the balancing of interests it is considered that the harm suffered by the individual must be protected above the other interests at stake, may the court proceed to grant the requested precautionary measure. In similar terms, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal (Sixth Section), in Ruling number 301-2012-VI, of ten hours forty-five minutes on December twenty-first, two thousand twelve, had the opportunity to refer to the subject, and in that sense established: "[...] The reparability of the asset is not satisfied, in all cases, by monetary reimbursement. Hence, as a derivative of this current, the Contentious-Administrative Procedure Code (hereinafter CPCA) expressly abandons a precautionary system that has the administrative act as its epicenter, which, while being one of the formal manifestations of public will, is not the only one. On the contrary, by considering the broad framework of the object of the process, precautionary justice must transcend the mere suspensory order as a sub-species of the conservative ones of negative content, to introduce innovative measures, of positive content, whether inhibitory, ordering, or substitutive, but always assessing, in each case, the scope of the judge's powers regarding the control of administrative discretion (ordinals 20 and 128 of the CPCA). From that plane, these are actions that are at the service of the principal merits process, hence their characteristics of provisionality and instrumentality. In the first case, insofar as what is agreed regarding the precautionary measure will remain in force conditioned upon what is decided in the merits process. It is worth highlighting that it can also be ceased or modified at any time, due to the variability of the conditions that originally gave rise to it, or the one that was previously rejected may be adopted, as stated in numeral 29 of the procedural Code. In the second aspect (instrumentality), the precautionary measure maintains a marked relationship of accessoriality with the final judgment, since ultimately, it serves as an instrument to maintain the validity of the object of the process in the terms already indicated. To the foregoing is added the character of sumaria cognitio, which is proper to these measures, since being provisional forms that tend toward the stated purposes, they must be resolved briefly in order to fulfill their function. It is appropriate to indicate that these measures arise, in all cases, at the instance of a party; therefore, they are imbued with the dispositive principle. However, this is so only regarding the analysis of the need to adopt them, for indeed the judge, once they are requested, may order those deemed necessary and adequate to provisionally protect and guarantee the object of the process and the effectiveness of the judgment (article 19.1 ejusdem). Now then, the adoption of these measures is conditioned upon the convergence of a series of requirements and conditions that must be satisfied in each case. Thus, indeed, numeral 21 in relation to 22 of that Code imposes this. From the foregoing norms arise the following requirements: danger in the delay (periculum in mora), appearance of a good right (fumus boni iuris), and the balance or weighing of the interests at stake [...]. In summary, the judge must take into account the criteria governing the adoption of this type of measures, among them, adequacy, that is, the suitability of the measure to satisfy the purposes sought; necessity, which presupposes the assessment of the remedies that best allow fulfilling its purpose; and proportionality, weighing the interests at stake.- **V. PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE COMPETENCE REGIME IN THE SPECIFIC CASE (ANALYSIS OF THE APPEARANCE OF GOOD RIGHT OF THE ACTION):** One of the core aspects to consider within the present measure is the passive standing (legitimación pasiva) that has caused, throughout this precautionary process, the inclusion of multiple institutions, both centralized and decentralized. Thus, Law 6043 provides us with a series of responsible parties that possess competence over the Maritime-Terrestrial Zone; we have thus that numeral 2 of said regulation establishes as the competence of the ICT "the superior and general surveillance over everything related to the maritime-terrestrial zone," which is consistent with the provisions of articles 17, 18, 22, 23, 26 to 33, 35 to 38, 42, 43, 45, 51, 53, 57, 59, and Transitory Provisions II and IV of this Law, as well as numerals 8, 9, 11, 15, 17, 19, 27, 39, 46, 48, 53, 56 to 60, 72, 78 and 80 of the Regulations to said law (Decree 7841-P); while article 3 of Law 6043 determines for the Municipality the duty to "directly ensure compliance with the rules of this law concerning the domain, development, exploitation, and use of the maritime-terrestrial zone and especially of the tourist areas of the coastlines. The usufruct and administration of the maritime-terrestrial zone, both the public zone and the restricted zone, correspond to the municipality of the respective jurisdiction," consistent with precepts 5, 13, 17, 18, 21 to 25, 27, 28, 32, 33, 34 to 38, 40, 43, 45, 46, 48 to 51, 53, 55, 56, 58, 59, 73bis, 74, 76, 78, Transitory Provisions I to III and VII of this law, and Regulations to the cited norm 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27 to 48, 51 to 53, 56 to 62, 64 to 66, 73, 75 to 80, 84, 85, 95, 96 and 97; being the direct competence of the General Prosecutor's Office of the Republic, in accordance with article 4 of Law 6043, "the legal control for the proper fulfillment of the provisions of this law. Consequently, it shall carry out the pertinent steps regarding any actions that violate or tend to infringe these provisions or related laws, or that seek to obtain rights or recognition thereof against said rules, or to annul concessions, permits, contracts, acts, agreements, or provisions obtained in contravention of the same," being in accordance with the provisions of Article 5 of the regulations to the cited law and numerals 2, 3, 20, 26 and 42 of the Organic Law of said state body (Law 6815); whereas by the Biodiversity Law (Art. 22), in accordance with Article 4 of the regulations to Law 6043 and Decree 22550-MIRENEM (formerly Decree No. 7210-A), SINAC is responsible for the conservation and protection of the Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado). As can be observed, in the maritime-terrestrial zone we have an effective concurrence of competences that cannot be ignored in the exercise of the analysis of this case, especially due to the fact that the imposition or not of obligations – via precautionary means – on the parties to the present process will be verified. Thus, regarding the issue of inter-institutional coordination vis-à-vis the municipality, we must bring to light what was stated by the Constitutional Chamber in its resolution 5445-99, which expressed: "Several of the provisions challenged in this unconstitutionality action - articles 5, 10 and 186 of the Municipal Code, 2 of the Law on Transit on Public Land Roads, 2 of the General Public Roads Law, 9 and 10 of the National Planning Law, 26 and 27 of the General Law of Public Administration, and 4, 10, 16, 17 and 18 of the Urban Planning Law -, refer to the obligation of coordination that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Executive Branch, to carry out the functions that have been entrusted to them, which must be analyzed based on the very nature of municipal autonomy… A conflict cannot, therefore, be created by antagonism or protagonism between the matter that integrates the general purpose of \"local interests and services\" and the \"national\" or \"state\" public interests and services, intrinsically distinct from one another, but which in reality are called upon to coexist; and this is so, because both types of interest can be, eventually, intermingled, and indeed, it is common that, depending on the economic and organizational capacity of local governments, their own limitations lead to expanding the circle of those that appear as national or state interests, which makes it evident that the distinction should not be immutable, but rather gradual or variable; but in any case, as the jurisprudence cited above has expressed, it will ultimately be up to the judge to decide whether the distinction criteria conform or not to the constitutional framework. Once the material competence of the municipality in a specific territorial circumscription is defined, it is clear that there will be tasks that by their nature are exclusively municipal, alongside others that can be considered national or state; for this reason, it is essential to define the manner of co-participation of attributions that is inevitable, since the public capacity of the municipalities is local, and that of the State and other entities, national; from which it follows that the municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent that circumstances require. That is, municipalities can share their competences with the Public Administration in general, a relationship that must develop in the terms defined by law (article 5 of the former Municipal Code, article 7 of the new Code), which establishes the obligation of \"coordination\" between municipalities and the public institutions that concur in the performance of their competences, to avoid duplication of efforts and contradictions, above all, because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy, as it is its expression. In other terms, the municipality is called upon to enter into cooperative relations with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coincident nature - in many cases - of interests around a concrete matter. In the doctrine, coordination is defined based on the existence of several independent centers of action, each with its own tasks and decision-making powers, which may eventually be discrepant; despite this, there must exist a community of purposes by subject matter, but by concurrence, insofar as the object receiving the final results of the activity and the acts of each one is common. Therefore, coordination is the ordering of the relationships between these diverse independent activities, which takes charge of that concurrence on the same object or entity, to make it useful for an overall public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor the State itself, in relation to the municipalities, the imposition of specific conduct on them is not possible, leading to the indispensable inter-institutional \"compact\" (concierto), in a strict sense, insofar as the autonomous and independent centers of action agree on that preventive and global scheme, in which each one fulfills a role in view of a mission entrusted to the others.

Thus, the relationships of the municipalities with other public entities can only take place on a plane of equality, resulting in agreed forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy that would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the "administrative supervision" of the State, and specifically, in the function of legality control vested in the State, with powers of general oversight over the entire sector)” [Considerando X of Voto 5445-99 of fourteen hours thirty minutes of fourteen July nineteen ninety-nine of the Sala Constitucional]. In environmental matters, and on the occasion of the multi-competence analysis of the case of the Río Grande de Tárcoles basin, the aforementioned Constitutional Tribunal in Voto 5894-2007 indicated: “much more remains to be done and although the respondent institutions are aware of the problem, and have begun to create commissions and working groups that seek to reverse the situation, it is indispensable to adopt a more proactive attitude in defense of the environment and the recovery of the Río Grande de Tárcoles basin, therefore this amparo must be granted in order to order the respondent institutions to, in a coordinated manner, assume a more responsible but above all urgent attitude, in the adoption of concrete and effective measures to protect the resources of the Río Grande de Tárcoles basin in order to promote the reduction and elimination of the sources of contamination of that basin as well as the restoration, to the extent possible, of the damage caused” (Considerando XIII of the vote issued at eleven hours fifty-eight minutes of twenty-seven April two thousand seven). In sum, in this judge's consideration, in light of the generic action for environmental protection contemplated directly in Article 50 of the Carta Magna, it is clear that the object of the proceeding has been initiated with the parties that have participated in the record thus far and that have been made aware of a potential environmental damage, which confirms the reasonableness and absence of recklessness in the filing of the action, which, specifically for this case, will be analyzed as to whether it is channeled through instrumental precautionary claims that pass the test of reasonableness and proportionality.

VI.SPECIFIC ANALYSIS OF MUNICIPAL COMPETENCE AND OVERSIGHT OF ACTIVITIES IN AREAS UNDER ITS PROTECTION (CONTINUES ANALYSIS OF FUMUS BONI IURIS OF THE ACTION): Specifically, it is extremely relevant to bring up the scope of general control of activities that the municipality possesses over the canton and particularly, in the maritime terrestrial zone (zona marítima terrestre). Article 88 of the Código Municipal states: "To engage in any for-profit activity, the interested parties must possess the respective municipal license, which shall be obtained through the payment of a tax. Said tax shall be paid during the entire time in which the for-profit activity has been carried out or for the time the license has been possessed, even if the activity has not been carried out," a contrario sensu, there is no right to carry out unauthorized commercial activity, as both judicial and constitutional jurisprudence have amply stated, indicating repeatedly that the control of unauthorized activities is a matter of municipal competence, with the instrument of seizure (decomiso) in the case of movable goods and closure (clausura) in the case of real estate. See, for example, what our Tribunal Constitucional indicates in its Voto 5071-2004: "If, as can be inferred from the report rendered under oath by the Revenue Officer of the Municipalidad de Corredores, the Pin Ball and Saca Peluches machine activity to which the appellant refers was operating illegally because it did not have the receipt for payment of the corresponding patent as is its obligation, it cannot be considered that the municipal action by which the exercise of that activity was closed can be considered illegitimate or arbitrary, because the municipal corporation acted in fulfillment of its obligations and the owners of that type of machines cannot claim ignorance of their duty to carry the necessary documentation to accredit the correct operation of that activity. For this reason, the Chamber considers that no injury has been caused to any constitutional norm or right to the detriment of the appellant, given that, in any case, as affirmed under oath, the activity of the machines was resumed immediately after the owners thereof adjusted the situation to law, therefore, the remedy is also inadmissible for this reason." (In the same sense 10231-2003, 622-2003, 11377-2002, 9840-2002, 7113-2002, among others). But ad effectum videndi, consider what the same Chamber stated in its Voto 5563-2002: "This Chamber does not question, because it is a matter of legality, whether the Municipality is correct or not in requesting the water permit or concession. However, given that the appellant did not have it and that, based on the lack of that requirement, the respective patent had not been granted, this Tribunal does not see arbitrariness in the closure of the business. If the amparo petitioner does not have a patent, they cannot exercise the activity they intend, and therefore the Municipality does not violate fundamental rights with the closure (clausura). Now, if the appellant has already complied with the requirement, and as the municipality representatives themselves affirm, it is the only missing requirement, the municipal corporation must grant the patent. The refusal could give rise to a different claim from the amparo petitioner, but as far as this remedy is concerned, it must be rejected as premature, according to the reasons given above." This function is exercised in practice by municipal personnel with the assistance of the public force or through the use of the Municipal Police's own officials, which, as a result of the Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal of 23 April 2018, has broad control powers as currently defined in Article 62 of the Código Municipal. Specifically, in matters of the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre), both the Ley de la Zona Marítimo Terrestre (No. 6043) and its regulations grant very specific functions to the Local Governments that administer said strips, considering thereby that – of all the institutions previously mentioned – it is among those with a high intensity in the duty to act prima facie against irregular activities (see, for example, the control provisions established over the public zone in Article 13 of Law 6043 and 22 of its regulation), as well as the control of activities and infrastructure to be implemented in that zone according to Articles 21 and 22 of the aforementioned law, as well as being one of the guarantors of free access to the public zone, being required to build public roads (Article 23, 58 of the law in concordance with 72 of regulation 7841-P). From the foregoing analysis, we can confirm that the precautionary protection action filed by the petitioner meets an exhaustive fumus boni iuris analysis and confirms compliance with this requirement under Article 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, especially by directing its request for protection against the municipality.

VII.ANALYSIS OF THE FACTUAL FRAMEWORK FOR THE RESOLUTION OF THIS PRECAUTIONARY MEASURE (SPATIAL - TEMPORAL LOCATION OF PRECAUTIONARY ANALYSIS AND PERICULUM IN MORA): Another element to clarify in this resolution refers to the situation of the precautionary action, which was one of the elements pointed out by the Tribunal de Apelaciones in its oral resolution 413-2018-II (minute 13:00 to 13:40 of the audio of said resolution, specifically the note presented by Judge Palacios García). Once the record has been reviewed, through the assessment of the evidence provided, specifically using the official communication SPS-2018-229 (identified by the state representation as SPS-PEMIST-2018-229) issued by the Secretaría de Planificación Sectorial of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, the location of the action would be on the road segment inventoried as the municipal road under Code No. 503010 that begins at the Escuela de Matapalo junction with national route No. 933 and ends at Dirección1116 junctioning with national route No. 180 (see image 630 of the precautionary measure file), concretizing the precautionary action on the stretch of said road that runs through Playa Conchal, pursuant to official communication SPS-PEMIST-2018-289 prepared by the Proceso de Planificación Estratégica Multimodal de Infraestructura y Servicios de Transporte of the Secretaría de Planificación Sectorial of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes (images 645 to 664 of the precautionary measure file) and that coincide with the description given in the technical report DIG-TOT-0247-2018 of the Instituto Geográfico Nacional (IGN, see images 420 to 424 of the file), confirming that it is a road segment that runs through the maritime terrestrial public zone (zona pública marítimo terrestre) and a section of the Refugio de Vida Silvestre Mixto Conchal (visible in image 422), a road segment parallel to the coast that coincides with that indicated in the claims of the petitioner of the action when referring to "two vehicular accesses to Playa Conchal: Puerto Viejo and Brasilito and at the entrance ascent from Playa Brasilito to Playa Conchal. In the case of Brasilito before the Mangrove... In the sector of Puerto Viejo… in the access area to the public zone, in front of Restaurante El Encanto" (considerando II of this resolution), thus providing an exact location of the place in dispute and that would be the object of the effects of this resolution. However, regarding the temporal factor and which must be mentioned for purposes of assessing the periculum in mora, the evidence just cited provides us, without a doubt, knowledge of three relevant temporal events: a) According to the IGN data, there is reference on the cartographic sheet "Matapalo Placa2515 edición 2 IGNCR" of the existence of the road segment in question at least since the year 1973 (image 423 of the precautionary measure file), which was inventoried in the year 2001 to 2003 as reported by the cited instance of the MOPT in official communication SPS-PEMIST-2018-194 (page 3 of the report, second paragraph, image 633 of the precautionary measure file) and has remained inventoried to the present day (report SPS-PEMIST-2018-289 already cited); that is, the road condition of the segment under study in this precautionary measure dates back at least forty-six years of existence and at least sixteen years of being recorded as an official road registry and having a road code assigned by the MOPT, which makes it evident that the polluting action that is the object of the substantive claims of the main file does not meet the requirement of periculum in mora, thereby making it patently clear that the environmental studies offered by the petitioner, as well as the studies carried out by MINAE (see environmental impact assessment conducted by Alexander Bonilla Duran February to March 2016 visible at images 60 to 66, for official communication ACT-OR-DR-0666-17 images ; images 104 to 190 vehicular traffic environmental impact assessment conducted by Nombre16251) consequently demonstrate the existence of an environmental impact consolidated over time; b) Upon review of decree 35426-MINAE, which creates the "Refugio Nacional de Vida Silvestre Conchal, mixed category and creates the Comité de Manejo Compartido of the Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal," we realize that the affectation to this regime formally exists as of 18 September 2009, when said decree was published in La Gaceta No. 182 of that day, whereby, compared to the previous fact, we realize that at the time of the creation of the protected area, the road already existed, despite the fact that when issuing the regulation, a strip of inalienable zone (through which the road in lite runs) was included within the reserve, specifically when Article 1, subsection a) in fine of said decree expresses "Starting from boundary marker number 386, follow the coordinates: 338008 E / 264947 N, 337913 E / 264927 N NIE04 / 264927 N until reaching the starting point with coordinates 337790 E / 264937 N," which, after consulting the cartographic viewer of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT, visible at http://geos0.snitcr.go.cr/visor/) and cross-referencing it with what was stated in the already indicated report of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) DIG-TOT-0247-2018 (image 420 to 423 of the file), the specific dune area (where the road passes) forms part of said Refuge, thus there being an evident overlap from the outset; c) That from all the documentary evidence visible in the record, it is not until 16 July 2018 that the co-respondent Sistema Nacional de Áreas de Conservación carried out an intervention in said zone, both in the mangrove zone (Patrimonio Natural del Estado), and in the Refuge (see report ACT-OR-DR-0933-18 and ACT-OR-DR-0352-19 at images 729 to 734 of the precautionary measures file). The three previous facts allow us to clearly see the non-existence of a "periculum in mora" given that the reported facts have been occurring for decades, and regarding the protection of the protected zones (Patrimonio Natural del Estado and Refugio de Vida Silvestre), there is already intervention by the competent state body SINAC in pursuit of the protection of said inalienable and imprescriptible public assets subject to a special protection regime in accordance with the regulation applicable to the case, thus we would not have the element of immediacy and urgency that the measure requires; in other words, according to the aforementioned analysis, it would not be an innovative precautionary measure (creating an obligation from a provisional, proportional, and instrumental precautionary perspective in relation to the substantive lite), but rather an analysis of a conservative measure regarding the actions that have been taken up to this moment – bearing in mind that the majority were carried out as a result of the issuance of the provisionalísima measure ordered by this court – and which will be determined whether they are in accordance with the precautionary purpose proper to this moment of procedural analysis.

VIII.LIMITATION OF SUMMA COGNITIO KNOWLEDGE. ACCESSORINESS AND INSTRUMENTALITY OF THE PRECAUTIONARY MEASURE WITH RESPECT TO THE SUBSTANTIVE PROCEEDING (BALANCING OF INTERESTS): As can be observed from the previous considerando, both the thema decidendum and the evidentiary elements are highly technical, so we must state the limit that the analysis of this precautionary measure must have, given the summary knowledge that this procedural action is supposed to consider and above all, regarding the instrumental nature that what is decided here must have with respect to the main proceeding. Thus, it must be declared that the issue of permanence, existence, extinction, registration, and/or modification of the public road C-5-03-010 are substantive issues proper, and excluded, therefore, from the effects of this precautionary action. In this vein, as indicated by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo in the already mentioned resolution 413-2018-II, the main proceeding concerns – in principle – a contentious-administrative action to challenge an omission, which, by its nature, has the purpose of imposing active obligations (to give or to do) if the irregularity or unlawfulness of the challenged omission is confirmed. In this sense, it must be kept in mind that the precautionary claim cannot be seen – even remotely – as an advancement of the substantive ruling on the main issue in dispute, as this would completely denature the proceeding, turning it into an advancement of the judgment of the proceeding, which is clearly improper. However, it is clear that this judge must perform a balancing of interests, since although as indicated in the previous section there is no periculum in mora because the action has been carried out for decades, the fact is that we are dealing with an action protected under Article 50 of the Constitution, regarding the protection of public domain assets governed by environmental protection, which compel a balancing of interests where the preventive search for measures to avoid contamination and the worsening of current conditions forces the application of the pro natura and precautionary principles that confront the provisions of free access, enjoyment, and use of the maritime terrestrial zone (zona marítima terrestre) set forth in Articles 23 of Law 6043 and 9° of the regulation to that law (Decree 7841-P), as well as the regulations of the Ley de Caminos Públicos, specifically Articles 19 and 23. Thus, the instrumentality of this action will have as its limit within both axes of interests under consideration, the substantive claims of this proceeding, these being: circulation of vehicles in the maritime terrestrial zone (zona marítima terrestre) of Playa Conchal and the effective closure of vehicular passage, the adoption of actions to repair and protect the affected Patrimonio Natural del Estado (claims a, b, and c of the complaint, visible at images 15 and 16 of the precautionary measure file).

IX. ON THE CONCURRENCE OF THE REQUIREMENTS FOR THE ISSUANCE OF THE PRECAUTIONARY MEASURE SOUGHT

It is accredited that there is fumus boni iuris (considerandos V and VI of this resolution), although there is no urgency or current damage (periculum in mora), given that a consolidated situation exists (considerando VII), and that there are measures applied by SINAC seeking to reduce the current and imminent risk to the affectation of the Patrimonio Natural del Estado. However, there is a need to determine whether the actions taken could generate a new danger or increase the risk of existing damage, as well as whether the petitioner's requests can or cannot be granted within the framework of a balancing of interests as already set forth (see considerando VIII). Now, regarding the original claim presented in the complaint brief, it must be rejected for the arguments already indicated by the Tribunal de Apelaciones in its resolution 413-2018-II, given the indeterminacy and generalization of the precautionary claim. While it is true that precautionary protection has strong features of informality, the fact is that this in no way enables or generates a prerogative for the judge to perform an interpretation or adaptation of the precautionary claim, but rather this burden rests on the petitioner to delimit, define clearly and concisely the specific protective action they seek to have granted. Therefore, the formula used of ordering "the administrative actions that may be necessary" generalizes beyond the limits of correct determination and reasonableness of a precautionary measure. A contrario sensu, the claims a.i, a.ii, and a.iii of the brief filed by the petitioner on 8 February 2019, through which they seek the construction of concrete culverts, lack the technical study that supports the suitability of the requested measure, so they must be dismissed. It must be remembered that the lack of evidence and argumentation in this regard are the exclusive responsibility of the petitioner, a criterion widely reiterated by this Tribunal, supported by the resolutions of the Tribunal de Casación (among others, numbers 5-F-TC-2008 and 18-F-TC-2008, of 6 February and 28 March), and reiterated by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Second Section, in Voto 30-2012 of fourteen hours twenty minutes of twenty-two October two thousand twelve; add to the foregoing that regarding the request to close the public road, this must also be rejected, given that such claim lacks the requirement of instrumentality as it would generate an advancement of judgment regarding the validity, effectiveness, and current status of the municipal public road, and further, conducting an analysis of the balancing of the interests at stake, the public interest in providing road access to the zone as permitted and ordered by Law 6043 itself (Article 23) and considering that the environmental damage cited in the technical reports refers to a consolidated situation, do not allow for an assessment of periculum in mora that endangers the free use, enjoyment, and use of the zone, without prejudice to what is set forth in the following considerando.

X. ADAPTATION OF THE PRECAUTIONARY MEASURE AND DELIMITATION (CONCRETIZATION) OF THE PRECAUTIONARY ACTION

Given the reasons set forth for the rejection of the requested measures, pursuant to the provisions of Articles 20 and 29 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, in view of the analysis carried out in this matter, it is necessary to examine the need for the adoption of ex officio measures, adjusting the claims presented as identified in the brief of 8 February 2019 as a.iv and a.v, analyzing the actions carried out by the parties to date. In this vein, in this judge's consideration, there is a need to maintain the following precautionary measures until the substantive judgment in this proceeding, in application of the precautionary and pro natura principles: a) The provisional closure of vehicular traffic in the zones considered as Patrimonio Natural del Estado and Refugio de vida silvestre pursuant to the technical criterion SCT-OR-DR-0933-18 of SINAC (visible at images 729 to 734 of the precautionary measures file), therefore the obligation of regular inspection and maintenance of the closure is imposed on the State and SINAC, which must coordinate inspection tasks with the Municipalidad de Santa Cruz, submitting quarterly reports to this Tribunal (Article 17 of Law 6043); the foregoing without prejudice to these authorities taking different actions based on technical criteria, for which they must inform this Tribunal prior to any change. b) Over areas not affected by the closure indicated in the previous paragraph, the Municipality shall be responsible for the control of for-profit activities and, regarding the correct use of the public zone segment, the Municipality, in coordination with traffic authorities and other pertinent entities, must prevent the parking of vehicles, cutting of trees, accumulation of solid waste, alteration of the topography of the terrain, or the carrying out of any action that alters the ecological balance of the place without due authorization; as well as control temporary or mobile installations such as tents, trailers or similar, which must be located in areas designated for such purposes (if they exist) and above all regularize any type of irregular constructions, pursuant to Article 13 of Law 6043, in concordance with Articles 9, 10, 11, and 22 of the Regulation to Law 6043 (Decree 7841-P). Likewise, for purposes of organizing the human use of said strip of land, the municipality must coordinate actions with the ICT to guarantee at all times access to the zone and free transit therein of any person, the practice of sports, and activities for healthy physical and cultural recreation (Article 9° of Decree 7841-P), with the respondents submitting quarterly reports to this Tribunal on compliance with the ordered measures." ... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments Sign Document

**EXPEDIENTE:**17-009708-1027-CA - 1
**PROCESO:**MEDIDA CAUTELAR
**ACTOR/A:**DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE S.A.
**DEMANDADO/A:**EL ESTADO

No. 1226-2019 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight hours and zero minutes of fifteen July two thousand nineteen.- Proceeding MEDIDA CAUTELAR established by DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE S.A. against EL ESTADO, INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO., MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. The Medida cautelar lite pendente is resolved.

CONSIDERANDO:

I. RELEVANT PROCEDURAL ASPECTS

Given that this precautionary measures file contains multiple proceedings, the relevant procedural events for this resolution are limited to the following: 1.- That by means of resolution 413-2018-II, the second section of the Tribunal de Apelaciones annulled the substantive precautionary resolution 1258-2018 issued by this Court, ordering its remittance, while maintaining the provisionalísima precautionary measure issued [see recording of the hearing, the oral issuance of the indicated ruling]. 2.- Once the record was returned, the court summoned all parties at thirteen hours thirty minutes of six February two thousand nineteen, with the procedural judge ordering that for this case only the initial brief and the brief subsequently filed by the petitioner on 8 February of the current year shall be considered. [see minute of the precautionary hearing at Images 703 to 706 of the judicial precautionary measure file and petitioner's brief visible at images 696 to 700 of the same file]. 3.- From the foregoing proceeding, the court summoned all respondent parties to address said claims by means of a resolution of sixteen hours twenty-six minutes of two May two thousand nineteen. [Image 709 of the judicial precautionary measure file respectively], such order having been notified to all parties [images 710 to 713 and 726 of the same file]. 4.- SINAC, through a brief dated 14 May [clarified by brief dated 5 July of the current year, see images 724 to 734, and 737 to 738 of the precautionary measure file] and the State by brief of 22 May, responded to the granted hearing, with the other parties remaining silent. 5.- The prescribed formalities have been observed in the proceedings, and no grounds that could cause nullity and/or defenselessness are observed.

II.- OBJECT OF THE REQUEST FOR THE PRECAUTIONARY MEASURE. As indicated in point 2 of the previous considerando, the precautionary claims were reduced to those contained in the initial brief, as well as in the petitioner's brief of 8 February 2019; thus, the petitioner requests in their initial brief the following: "Order the Municipalidad de Santa Cruz to take the administrative actions necessary to prevent the transit and parking of automotive vehicles through the maritime terrestrial zone (zona marítimo terrestre) Playa Conchal.-" [Images 12 and 13 of the judicial precautionary measure file]. Meanwhile, in the brief of 8 February 2019, the petitioner seeks that the following be ordered against the Municipalidad de Santa Cruz: “i) Order the placement of concrete culverts (alcantarillas de concreto), and signage referring to the legislation that prohibits the circulation of vehicles through the public zone, at the two vehicular accesses to Playa Conchal: Puerto Viejo and Brasilito and at the entrance ascent from Playa Brasilito to Playa Conchal. In the case of Brasilito before the Mangrove, as well as concrete culverts (alcantarillas de concreto) at all other accesses to Playa Conchal. In the sector of Puerto Viejo, three concrete culverts filled with cement must be installed in the access area to the public zone, in front of Restaurante El Encanto. At the ascent entrance [sic] between Playa Brasilito and Playa Conchal, three concrete culverts filled with cement must be installed at the beginning of the ascent to Playa Conchal (where they were initially placed, but destroyed). ii) Conserve and maintain the concrete culverts at the indicated vehicular access points, so that the Municipality at all times prevents the access of vehicles to the public zone and to the environmentally protected areas. iii) Protect the concrete culverts against damage by third parties. iv) Maintain presence of the Municipal Police at the location, in order to prevent the measure of preventing vehicle entry to the public zone from being circumvented and to avoid damage to the culverts or signage. v) Render monthly reports on compliance with the precautionary measures”; while against the State and against SINAC it seeks that “they continue to present reports, given that they have carried out, since the issuance of the currently effective provisionalísima precautionary measure, an important task of supervising compliance” [image 699 and 700 of the precautionary file].

III.- ARGUMENTS OF THE PARTIES: The petitioner Desarrollos Hoteleros Guanacaste SA, in synthesis, bases its theory of the case on what it believes is environmental damage caused by the use of the maritime terrestrial zone (zona marítima terrestre) of Playa Conchal for vehicular use, which has been reported by the petitioner of the measure to the Municipalidad de Santa Cruz, Procuraduría Ambiental, Contraloría General de la República, ICT, Tribunal Ambiental, MINAE, MOPT (facts 1 to 7 of the complaint), relying as evidence on an environmental impact assessment and the study ACT-OR-DR-0666-17 of SINAC (Images 3 to 5, as well as evidence at images 22 to 59 regarding the report; images 60 to 66 regarding the environmental impact assessment conducted by Alexander Bonilla Duran February to March 2016; images 68 to 75 for official communication ACT-OR-DR-0666-17; images 104 to 190 vehicular traffic environmental impact assessment conducted by Nombre16251; all from the judicial precautionary measure file).

From the respondents: the National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC) states in its brief of 14 May that the measure lacks current relevance given that they have already closed, attaching official letters ACT-OR-DR-0933-18 and Placa2516 (images 719 to 724 of the precautionary measure file), but on 5 July, outside the time limit granted for the hearing, it requests that the closure measures ordered be maintained. From the Costa Rican Tourism Institute (ICT), in the initial appearance brief dated 16 November 2017 (visible at images 219 to 224 of the precautionary measure file), considering that the measure is improper because the severity of the harm has not been demonstrated and that it also lacks current relevance, given that the situation is of long standing such that there is no danger in delay, it requests that the measure be rejected and that, should any be granted, no action be taken against it, although, contradictorily, by brief of 5 February 2019 it indicates that it agrees with the measure (image 690 of the precautionary measure file). From the STATE, its representative initially submits that the claims are not directed against it. However, it subsequently states that, in accordance with the provisions of Article 1 of the General Public Roads Law (Ley General de Caminos Públicos), the administration of the cantonal road network falls to the coastal municipalities, which have the duty to ensure the common use of the Public Zone and, as administrators of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) under the Maritime-Terrestrial Zone Law (Law No. 6043). It maintains that, under that legislation, in coastal city areas, the Municipality has the obligation to promote the integral (sustainable) development of the canton and adequate urban planning, functions among which would be that of ensuring the correct use of public-use areas not entrusted to the defense of other institutions, in order to guarantee their purpose, the greatest collective well-being, and a better quality of life for the population. It goes on to indicate that it falls to the municipalities to take the pertinent measures to counteract improper actions against the coastal public domain, as well as to preserve natural resources in their original conditions, as the Constitutional Chamber has noted in resolutions No. 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-2001, and 12777-2001. It explains that responsible conduct regarding beaches, which are national property and for public use, implies that the administering entity (Municipality and the ICT), as well as the institutions competent to authorize exceptional uses of the Public Zone, must issue and enforce the provisions necessary to guarantee the free and safe transit of persons and the public use of the zone. Thus, responsible conduct that is transparent and guarantees the national interest is that which tends to preserve the State's public property in accordance with its purpose, through the adoption of the respective measures that ensure it and through control for their due compliance. On this same point, it cites that the Constitutional Chamber has considered that the presence of public force personnel on the beach to prevent the disruption of order through the unilateral erection of tents by private individuals is in accordance with Constitutional Law, and that measures executed to prevent the erection of tents or similar installations in the public beach zone, and the entry and circulation of motor vehicles in that zone, do not harm free transit. Furthermore, it refers to the precautionary principle in environmental matters as one of the guiding principles of Environmental Law, and which is set forth in the United Nations Conference on Environment and Development, or Rio Declaration, which literally states: Principle 15.—In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. In addition, in the domestic legal system, the Biodiversity Law, in Article 11, sets forth the following principles as hermeneutical parameters: 1.—Preventive criterion: It is recognized that it is of vital importance to anticipate, prevent, and attack the causes of biodiversity loss or its threats. 2.—Precautionary or in dubio pro natura criterion: When there is a danger or threat of serious or imminent harm to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason to postpone the adoption of effective protection measures. It also cites the principles of guardianship of environmental rights by the State, drawn from Article 50 of the Political Constitution, from which derives the State's obligation to exercise a tutelary and guiding function in environmental matters, and regarding which the Constitutional Chamber has indicated that the State must ensure and protect the right against any risk or necessity, defend, prohibit, and prevent any activity that threatens the right. Principle of environmental quality, which constitutes a fundamental parameter of quality of life, linked to the condition thereof that each individual may lead; and to the use made of the environment for one's own development, where the Constitutional Chamber has considered that the right to a healthy and ecologically balanced environment implies the correlative duty to protect and preserve the environment, through the rational exercise and useful enjoyment of the right itself (images 399, 412 to 419), contributing thereby criterion DIG-TOT-247-2018 of 11 June 2018, National Geographic Institute (Instituto Geográfico Nacional) and ACT-OR-DR-0790-18 of 11 June 2018 from the Regional Directorate, Tempisque Conservation Area (Área de Conservación Tempisque) of the National System of Conservation Areas (SINAC) (images 420 to 429 of the precautionary measure file), and subsequently, by brief dated 29 October 2018, it includes, of interest for this resolution, Sectoral Planning Secretariat of the Ministry of Public Works and Transport, official letter SPS-PEMIST-2018-229 of 22 June 2018, official letter SPS-PEMIST-2018-194 of 13 July 2018, official letter SPS-PEMIST-2018-196 of 16 July 2018, official letter SPS-PEMIST-2018-200 of 18 July 2018, official letter SPS-PEMIST-2018-267 of 19 September 2018, official letter SPS-PEMIST-2018-289 of 12 October 2018, and official letter SPS-PEMIST-2018-303 of 26 October 2018 (see images 629 to 664 of the precautionary measure file). From the MUNICIPALITY OF SANTA CRUZ, it alleges through its brief of 1 December 2017 (images 230 to 232 of the precautionary measure file) that, according to official letter DDUR-UNTGV-COOR-0188-2007 (image 249 of the precautionary measure file), from engineer Didier Monge Jiménez, coordinator of the Technical Road Management Unit (Unidad Técnica de Gestión Vial) of the Municipality of Santa Cruz, it certifies that a public road exists, duly inventoried with code C-5-03-010 from the Escuela de Matapalo to Dirección2116 of the Cabo Velas district, which belongs to the cantonal road network of Santa Cruz, with a length of seven point ninety kilometers, and which is under the administration of the Municipality. It maintains that, due to what that official letter indicates, it is impossible for the Municipality to prevent transit and parking on a road that is a cantonal route, in accordance with the General Roads Law, No. 5060. It considers that closing the road from Playa Brasilito passing through Playa Conchal and to Puerto Viejo would entail violating the right to free transit stipulated in Article 22 of the Political Constitution and Article 32 of the General Roads Law, which establishes that no one shall have the right to close, partially or totally, or to narrow, by fencing or building, public streets or roads. It further argues that the Municipality, in its capacity as usufructuary and administrator of the Maritime-Terrestrial Zone, is diligent in addressing complaints and has conducted multiple operations within its competence to exercise control over itinerant and stationary vending on the public road accessing Playa Conchal and its public zone. On the other hand, it points out that it is the competence of the Traffic Police to issue the respective infractions under the Traffic Law on the public road; however, they have stated that they cannot limit access to Playa Conchal, and they limit themselves to seizing vehicles found within the public zone of the Beach. It requests that, for the reasons stated, the granting of the precautionary measure be rejected, as it is contrary to what the law and the Political Constitution establish.

IV.THE PREREQUISITES FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE. As developed by the jurisprudence of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, precautionary justice responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and complete justice, by preserving the real conditions indispensable for the issuance and execution of the judgment (Voto Nº 7190-1994, of 3:24 p.m. on 6 December, Voto Nº 6224-2005, of 3:16 p.m. on 25 May 2005). Briefly, it is worth noting that the legal nature of precautionary measures is justified as a second-degree procedural instrument—or an instrument of the procedural instrument—that seeks to mitigate the negative effects of the normal and sometimes pathological duration of jurisdictional proceedings—vacatio or distance temporis—upholding the fundamental right to prompt and complete justice set forth in numeral 41 of the Political Constitution of the Republic of Costa Rica, since prompt cannot mean delayed and complete must mean executed; it has rightly been said that it is not an advance of opinion but rather a protection of pressing situations that, without due jurisdictional backing, would become direct harm to the intervening procedural parties. In this same vein, Article 19 of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes that the purpose of imposing a precautionary measure is to provisionally protect and guarantee the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Legal doctrine has indicated that precautionary justice does not have the purpose of declaring a fact or liability, nor of constituting a legal relationship, nor of executing a mandate and satisfying a right held without dispute, nor of settling a litigation, but rather of preventing the harm that the litigation may cause or that may derive from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Nombre41. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). In accordance with Article 21 of the Contentious-Administrative Procedure Code, the judge, when determining the admissibility of a request for a precautionary measure, must verify that the claim in the merits proceeding is not reckless or, patently, lacking in seriousness, which constitutes a preliminary assessment of the merits to determine whether there exists in the case at hand what doctrine and jurisprudence have called the appearance of good right or fumus boni iuris. On the other hand, the same numeral 21 of the Code establishes the admissibility of the precautionary measure when the execution or continuation of the conduct subject to proceeding produces serious harm or harm, current or potential, a situation that has been defined in doctrine as danger in delay or periculum in mora, that is, that by virtue of the pathological delay of the judicial proceeding, there exists a current, real, and objective danger that serious harm will be caused to the moving party (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Finally, Article 22 CPCA establishes the judge's obligation to carry out, in light of the principle of proportionality, a weighing of the interests at stake, that is, between the individual's circumstance, on the one hand, and the public interest and the interests of third parties that may be affected by the adoption of the precautionary measure, on the other. Only upon the concurrence of the three elements, that is, the appearance of good right, the danger in delay, and that from the analysis of the weighing of interests it is considered that the harm suffered by the individual must be protected over and above the other interests at stake, may the court proceed to grant the requested precautionary measure. In similar terms, the Contentious-Administrative and Civil Treasury Tribunal (Sixth Section), in vote number 301-2012-VI, of ten forty-five a.m. on twenty-one December two thousand twelve, had the opportunity to address the issue, and in that regard established: "[...] The reparability of the good is not satisfied, in all cases, by monetary restitution. Hence, as a derivative of this current, the Contentious-Administrative Procedure Code (hereinafter CPCA) expressly abandons a precautionary system centered on the administrative act, which, while one of the formal manifestations of public will, is not the only one. On the contrary, when considering the broad framework of the object of the proceeding, precautionary justice must transcend the mere suspensive order as a sub-species of conservatory measures of negative content, to introduce innovative measures, of positive content, whether inhibitory, ordering, or substitutive, but always assessing, in each case, the scope of the judge's powers regarding control of administrative discretion (numerals 20 and 128 of the CPCA). From that standpoint, these are actions that serve the principal merits proceeding, hence their characteristics of provisionality and instrumentality. In the first case, insofar as what is agreed upon regarding the precautionary measure will maintain conditional validity subject to what is resolved in the merits proceeding. It is worth highlighting that it may also be lifted or modified at any time, given the variability of the conditions that originally gave rise to it, or else, a measure previously rejected may be adopted, as stipulated by numeral 29 of the Procedural Code. In the second aspect (instrumentality), the precautionary measure bears a marked accessory relationship to the final judgment, for, ultimately, it serves as an instrument to maintain the validity of the object of the proceeding in the terms already indicated. To the above is added the character of summary cognition (sumaria cognitio), which is inherent to these measures, for, being provisional forms aimed at the purposes indicated, they must be resolved briefly to be able to fulfill their function. It should be noted that these measures arise, in all cases, at the request of a party; therefore, they are imbued with the party disposition principle. However, this is so only with respect to the analysis of the need to adopt them, for the judge, once they are requested, may order those deemed necessary and adequate to provisionally protect and guarantee the object of the proceeding and the effectiveness of the judgment (Article 19.1 ejusdem). Now, the adoption of these measures is conditioned upon the convergence of a series of requirements and conditions that must be satisfied in each case. This is indeed imposed by numeral 21 in relation to 22 of that Code. From the foregoing norms arise the following prerequisites: danger in delay (periculum in mora), appearance of good right (fumus boni iuris), and the balance or weighing of the interests at stake [...]. In summary, the judge must take into account the criteria that govern the adoption of this type of measures, among them, suitability, i.e., the appropriateness of the measure to satisfy the purposes sought; necessity, which presupposes the assessment of the remedies that best allow fulfillment of its purpose; and proportionality, weighing the interests at stake.—

V.PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE COMPETENCE REGIME IN THE SPECIFIC CASE (ANALYSIS OF THE APPEARANCE OF GOOD RIGHT OF THE ACTION): One of the core aspects to consider within this measure is the passive standing that has led, throughout this precautionary proceeding, to the inclusion of multiple institutions, both centralized and decentralized. Thus, Law 6043 provides us with a series of responsible parties possessing competence over the Maritime-Terrestrial Zone; we have, therefore, that numeral 2 of said legislation establishes as the competence of the ICT "the superior and general oversight of everything relating to the maritime-terrestrial zone," this being consistent with the provisions of Articles 17, 18, 22, 23, 26 to 33, 35 to 38, 42, 43, 45, 51, 53, 57, 59, and Transitory Provisions II and IV of this Law, as well as numerals 8, 9, 11, 15, 17, 19, 27, 39, 46, 48, 53, 56 to 60, 72, 78, and 80 of the Regulations to said law (Decree 7841-P); while Article 3 of Law 6043 assigns to the Municipality the duty to "directly ensure compliance with the rules of this law concerning the domain, development, exploitation, and use of the maritime-terrestrial zone and especially of the tourist areas of the coastlines. The usufruct and administration of the maritime-terrestrial zone, both of the public zone and the restricted zone, correspond to the municipality of the respective jurisdiction," consistent with precepts 5, 13, 17, 18, 21 to 25, 27, 28, 32, 33, 34 to 38, 40, 43, 45, 46, 48 to 51, 53, 55, 56, 58, 59, 73 bis, 74, 76, 78, Transitory Provisions I to III and VII of this law, and of the Regulations to the cited norm 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27 to 48, 51 to 53, 56 to 62, 64 to 66, 73, 75 to 80, 84, 85, 95, 96, and 97; with direct competence of the Office of the Attorney General of the Republic (Procuraduría General de la República) in accordance with Article 4 of Law 6043 being "legal control for the due compliance with the provisions of this law. Consequently, it shall undertake the pertinent actions regarding any actions that violate or tend to infringe these provisions or related laws, or that seek to obtain rights or recognition thereof contrary to those norms, or to annul concessions, permits, contracts, acts, agreements, or provisions obtained in contravention thereof," consistent with the provisions of Article 5 of the regulations to the cited law and numerals 2, 3, 20, 26, and 42 of the Organic Law of said state body (Law 6815); while under the Biodiversity Law (Art. 22), in concordance with Article 4 of the regulations to Law 6043 and Decree 22550-MIRENEM (former Decree No. 7210-A), SINAC is responsible for the conservation and protection of the State's Natural Heritage. As can be observed, in the maritime-terrestrial zone, we have an effective concurrence of competences that cannot be ignored in the exercise of the analysis of this case, especially given that the imposition or not of obligations—by precautionary means—on the parties to this proceeding will be verified. Thus, regarding the issue of inter-institutional coordination vis-à-vis the municipality, we must bring up what the Constitutional Chamber stated in its resolution 5445-99, which expressed: "Several of the provisions challenged in this unconstitutionality action—Articles 5, 10, and 186 of the Municipal Code, 2 of the Law on Transit on Terrestrial Public Roads, 2 of the General Public Roads Law, 9 and 10 of the National Planning Law, 26 and 27 of the General Public Administration Law, and 4, 10, 16, 17, and 18 of the Urban Planning Law—refer to the obligation of coordination that must exist between local governments, decentralized institutions, and the Executive Branch to carry out the functions entrusted to them, which must be analyzed based on the very nature of municipal autonomy... No conflict can, then, be created by antagonism or protagonism between the subject matter that constitutes the general purpose of 'local interests and services' and 'national' or 'state' public interests and services, intrinsically distinct from one another, but which in reality are called to coexist; and this is so because both types of interest may be, eventually, intermingled and, rather, it is frequent that, depending on the economic and organizational capacity of local governments, their own limitations lead to expanding the circle of those that appear as national or state, which shows that the distinction must not be immutable but gradual or variable; but in any case, as the aforementioned jurisprudence has expressed, it will ultimately fall to the judge to decide whether the criteria for distinction conform or not to the constitutional framework. Once the material competence of the municipality in a given territorial circumscription is defined, it becomes clear that there will be tasks that by their nature are exclusively municipal, alongside others that can be considered national or state; for this reason, it is essential to define the form of co-participation of attributions that is inevitable, since the public capacity of municipalities is local, and that of the State and other entities, national; whence it follows that municipal territory is simultaneously state and institutional, to the extent required by the circumstances. That is, municipalities may share their competences with the Public Administration in general, a relationship that must unfold under the terms as defined in the law (Article 5 of the former Municipal Code, Article 7 of the new Code), which establishes the obligation of 'coordination' between municipalities and public institutions that concur in the performance of their competences, to avoid duplication of efforts and contradictions, above all, because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy as its expression. In other terms, the municipality is called to enter into cooperative relationships with other public entities, and vice versa, given the concurrent or coincident nature—in many cases—of interests concerning a specific matter. In doctrine, coordination is defined based on the existence of several independent centers of action, each with its own tasks and decision-making powers, which may eventually be discrepant; despite this, there must be a community of ends by subject matter, but by concurrence, insofar as the object receiving the final results of the activity and acts of each is common. Thus, coordination is the ordering of relations among these diverse independent activities, which addresses this concurrence in the same object or entity, to make it useful for a global public plan, without suppressing the reciprocal independence of the acting subjects. Since there is no hierarchical relationship between decentralized institutions, nor between the State itself and municipalities, the imposition of specific conduct on the latter is not possible, hence the indispensable inter-institutional 'concert,' in the strict sense, arises, insofar as autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and global scheme, in which each plays a role with a view to a mission entrusted to the others. Thus, the relations of municipalities with other public entities can only be carried out on a plane of equality, resulting in agreed-upon forms of coordination, excluding any imperative form to the detriment of their autonomy, which would allow subjecting corporate entities to a coordination scheme without their will or against it; but which does admit the necessary subordination of these entities to the State and in the interest of the State (through the 'administrative supervision' of the State, and specifically, in the function of control of legality that falls to it, with powers of general oversight over the entire sector)" [Considering X of vote 5445-99 of two thirty p.m. on fourteen July nineteen ninety-nine of the Constitutional Chamber]. In environmental matters, and on the occasion of the multi-competence analysis of the case of the Río Grande de Tárcoles basin, the cited Constitutional Tribunal, in vote 5894-2007, indicated: "much more remains to be done and that although the respondent institutions are aware of the problem, and have begun to create commissions and working groups aimed at reversing the situation, it is essential to adopt a more proactive attitude in defense of the environment and the recovery of the Río Grande de Tárcoles basin, and therefore this amparo must be granted in order to order the respondent institutions to, in a coordinated manner, assume a more responsible attitude but, above all, one of urgency, in the adoption of concrete and effective measures to protect the resources of the Río Grande de Tárcoles basin in order to promote the reduction and elimination of the sources of contamination of that basin as well as the restoration, to the extent possible, of the damage caused." (Considering XIII of the vote issued at eleven fifty-eight a.m. on twenty-seven April two thousand seven). In sum, in this judge's consideration, given the generic action for the protection of the environment contemplated directly in numeral 50 of the Magna Carta, it is clear that the object of the proceeding has been brought with the parties that have thus far formed part of the record and that have been informed of a potential environmental harm that confirms the reasonableness and lack of recklessness in the filing of the action, which, specifically for this case, will be analyzed to determine whether it is channeled through instrumental precautionary claims that surpass the analysis of reasonableness and proportionality.

VI.SPECIFIC ANALYSIS OF MUNICIPAL COMPETENCE AND OVERSIGHT OF ACTIVITIES IN AREAS UNDER ITS GUARDIANSHIP (CONTINUED ANALYSIS OF THE APPEARANCE OF GOOD RIGHT OF THE ACTION): Specifically, it is of extreme relevance to bring up the scope of general control over activities that the municipality possesses over the canton and, particularly, in the maritime-terrestrial zone. Article 88 of the Municipal Code reads: "To engage in any for-profit activity, interested parties must have the respective municipal license, which shall be obtained through the payment of a tax. Said tax shall be paid during the entire time the for-profit activity is carried out or for the time the license has been held, even if the activity has not been conducted." A contrario sensu, there is no right to conduct unauthorized commercial activity, as both judicial and constitutional jurisprudence have amply stated, indicating on multiple occasions that the control of unauthorized activities is a matter of municipal competence, the instrument being seizure in the case of movable property and closure in the case of immovable property. See, for example, what our Constitutional Tribunal indicates in its vote 5071-2004: "If, as is evident from the report rendered under oath by the Revenue Officer of the Municipality of Corredores, the Pin Ball and Saca Peluches machine activity referred to by the appellant was operating illegally because it did not have the corresponding tax payment receipt as is its obligation, the municipal action by which the exercise of that activity was closed cannot be considered illegitimate or arbitrary, for the municipal corporation acted in fulfillment of its obligations, and the owners of that type of machine cannot claim ignorance of their duty to carry the necessary documentation to accredit the correct operation of that activity. For this reason, the Chamber considers that no injury to any constitutional norm or right has been caused to the detriment of the appellant, given that, in any event, as affirmed under oath, the machine activity was resumed immediately after the owners thereof adjusted their situation to comply with the law, for which reason the appeal is also improper on this ground." (In the same sense, 10231-2003, 622-2003, 11377-2002, 9840-2002, 7113-2002, among others). But ad effectum videndi, consider what the same Chamber stated in its vote 5563-2002: "This Chamber does not question, as it is a matter of legality, whether the Municipality is right or not in requesting the water permit or concession. However, given that the appellant did not have one and that, based on the lack of that requirement, the respective license had not been granted to him, this Tribunal sees no arbitrariness in the closure of the business. If the protected party does not have a license, he cannot exercise the activity he intends, and therefore the Municipality does not violate fundamental rights with the closure. Now, if the appellant has already met the requirement, and according to the municipality's own representatives, it is the only outstanding requirement, the municipal corporation must grant the license. A refusal could give rise to a different claim by the protected party, but as far as this appeal is concerned, it must be rejected as premature, for the reasons given above."

This function is exercised in practice by municipal personnel with the assistance of the public force or by using the officials of the Municipal Police, who, following the Law for the Strengthening of the Municipal Police of April 23, 2018, have broad control powers as currently defined in Article 62 of the Municipal Code. Specifically, in matters of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre), both the Maritime-Terrestrial Zone Law (No. 6043) and its regulations grant very specific functions to the Local Governments that administer those strips, such that they are considered—of all the aforementioned institutions—to be among those with a high intensity of duty to act prima facie against irregular activities (see, for example, the control provisions established for the public zone (zona pública) in Article 13 of Law 6043 and Article 22 of its regulations), as well as the control of activities and infrastructure to be implemented in said zone according to Articles 21 and 22 of the aforementioned law, and to constitute one of the guarantors of free access to the public zone, being obliged to build public roads (Article 23, 58 of the law in conjunction with Article 72 of Regulation 7841-P). From the foregoing analysis, we can confirm that the action for precautionary protection filed by the petitioner complies with an exhaustive analysis of the appearance of a good right (apariencia de buen derecho) and confirms compliance with this requirement under Article 21 of the Administrative Contentious Procedure Code, especially by directing its request for protection against the municipality.

VII.ANALYSIS OF THE FACTUAL FRAMEWORK FOR THE RESOLUTION OF THIS PRECAUTIONARY MEASURE (SPATIAL-TEMPORAL LOCATION OF THE PRECAUTIONARY ANALYSIS AND DANGER IN THE DELAY): Another element to clarify in this resolution refers to the situation of the precautionary action, which was one of the elements pointed out by the Court of Appeals in its oral resolution 413-2018-II (minute 13:00 to 13:40 of the audio of said resolution, specifically the note presented by Judge Palacios García). Once the case file has been reviewed, through the assessment of the evidence provided, specifically making use of official communication SPS-2018-229 (identified by the State representation as SPS-PEMIST-2018-229) issued by the Sectoral Planning Secretariat (Secretaría de Planificación Sectorial) of the Ministry of Public Works and Transport, the location of the action would be in the road segment inventoried as the municipal road under Code No. 503010, which begins at the Escuela de Matapalo junction with national route No. 933 and ends at Dirección1116 junction with national route No. 180 (see image 630 of the precautionary measure file), concretizing the precautionary action in the section of said road that runs through Playa Conchal, according to official communication SPS-PEMIST-2018-289 prepared by the Multimodal Strategic Infrastructure and Transport Services Planning Process of the Sectoral Planning Secretariat of the Ministry of Public Works and Transport (images 645 to 664 of the precautionary measure file) and which coincide with the description given in technical report DIG-TOT-0247-2018 of the National Geographic Institute (IGN, see images 420 to 424 of the file), confirming that it is a road segment that runs through the maritime-terrestrial public zone (zona pública marítimo terrestre) and a section of the Conchal Mixed Wildlife Refuge (Refugio de Vida Silvestre Mixto Conchal) (visible in image 422), a road segment parallel to the coast that matches the one indicated in the petitioner's claims when referring to “two vehicular accesses of Playa Conchal: Puerto Viejo and Brasilito and on the access road from Playa Brasilito to Playa Conchal. In the case of Brasilito before the Mangrove... In the Puerto Viejo sector… in the entrance area to the public zone, in front of Restaurante El Encanto” (Considering II of this resolution), thus giving an exact location of the place in dispute and which would be the object of the effects of this resolution. However, regarding the temporal factor, which must be mentioned for the purpose of assessing the danger in the delay (peligro en la demora), the evidence just cited provides us, without a doubt, with knowledge of three relevant temporal events: a) According to IGN data, there is reference in the cartographic sheet “Matapalo Placa2515 edition 2 IGNCR” of the existence of the referenced road segment at least since the year 1973 (image 423 of the precautionary measure file), which was inventoried in the year 2001 to 2003 as reported by the cited MOPT instance in official communication SPS-PEMIST-2018-194 (page 3 of the report, second paragraph, image 633 of the precautionary measure file) and has remained inventoried to this day (aforementioned report SPS-PEMIST-2018-289); that is, the road condition of the segment under study in this precautionary measure dates back at least forty-six years of existence and at least sixteen years of having an official road record and road code assigned in the MOPT, which makes it evident that the polluting action under study in the substantive claims of the main file does not meet the requirement of danger in the delay, thus making it manifestly clear that the environmental studies offered by the petitioner, as well as the studies carried out by MINAE (see environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) carried out by Alexander Bonilla Duran February to March 2016 visible in images 60 to 66, for official communication ACT-OR-DR-0666-17 images ; images 104 to 190 environmental impact assessment of vehicular traffic carried out by Nombre16251 ) consequently demonstrate the existence of an environmental impact consolidated over time; b) Upon review of decree 35426-MINAE, which creates the “Conchal National Wildlife Refuge, mixed category and creates the Shared Management Committee of the Conchal Mixed National Wildlife Refuge,” we realize that the affectation to this regime formally exists as of September 18, 2009, when said decree was published in La Gaceta 182 of that day, whereby contrasting it with the previous data, we realize that at the time of the creation of the protected area, the road already existed, despite the fact that when issuing the regulation, a strip of inalienable zone (zona inalienable) (through which the road in dispute runs) was included within the reserve, specifically by expressing Article 1, subsection a) in fine of said decree “From boundary marker number 386, it follows the coordinates: 338008 E / 264947 N, 337913 E / 264927 N NIE04 / 264927 N until reaching the starting point with coordinates 337790 E / 264937 N” which, after consulting the cartographic viewer of the National Territorial Information System (SNIT, visible at http://geos0.snitcr.go.cr/visor/) and comparing it with what is expressed in the already indicated report of the National Geographic Institute (IGN) DIG-TOT-0247-2018 (image 420 to 423 of the file), the specific dune area (through which the road passes) forms part of said Refuge, thus showing an evident overlap from the outset; c) That of all the documentary evidence visible in the case file, it is not until July 16, 2018, that the co-defendant National System of Conservation Areas (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) carried out an intervention in said zone, both in the mangrove zone (Natural Heritage of the State (Patrimonio Natural del Estado)), and the Refuge (see report ACT-OR-DR-0933-18 and ACT-OR-DR-0352-19 in images 729 to 734 of the precautionary measures file). The three foregoing pieces of information allow us to clearly see the non-existence of a “danger in the delay” insofar as the denounced acts have been occurring for decades, and regarding the protection of the protected zones (Natural Heritage of the State and Wildlife Refuge), there is already an intervention by the competent state body SINAC seeking the protection of said inalienable and imprescriptible public assets subjected to a special protection regime according to the regulation applicable to the case, whereby we would not have the element of immediacy and urgency that the measure requires, in other words, according to the aforementioned analysis, it would not be an innovative precautionary measure (medida cautelar innovativa) (creating an obligation from a provisional, proportional, and instrumental precautionary perspective vis-à-vis the substantive litigation), but rather it would be an analysis of a conservative measure regarding the actions that have been taken up to this point – bearing in mind that the majority were carried out as a result of the issuance of the provisional measure ordered by this court – and which will be determined if they are in accordance with the precautionary purpose proper to this moment of procedural analysis.

VIII.LIMITATION OF SUMMA COGNITIO KNOWLEDGE. ACCESSORINESS AND INSTRUMENTALITY OF THE PRECAUTIONARY MEASURE WITH RESPECT TO THE SUBSTANTIVE PROCESS (BALANCING OF INTERESTS): As can be observed from the previous considering, both the thema decidendum and the elements of evidence are highly technical, so we must state the limit that the analysis of this precautionary measure must have, given the summary knowledge (conocimiento sumario) that this procedural action is supposed to consider and, above all, regarding the instrumental nature that what is decided here must have with respect to the main process. Thus, it must be declared that the issue of the permanence, existence, extinction, registration, and/or modification of public road C-5-03-010 are matters pertaining to the merits of the case, and therefore excluded from the effects of this precautionary action. In this vein, as indicated by the Administrative Contentious Court of Appeals in the aforementioned resolution 413-2018-II, the main process is—in principle—an administrative contentious action to challenge an omissive conduct, which, by its nature, has the purpose of imposing active obligations (to give or to do) in the event the irregularity or unlawfulness of the challenged omissive conduct is confirmed. In this sense, it must be borne in mind that the precautionary claim cannot be seen—not even remotely—as an advancement of the substantive ruling on the main topic of discussion, since this would completely denature the instance, which would become an advancement of the judgment of the process, which is clearly improper. However, it is clear that this judge must carry out a balancing of interests, since although as indicated in the previous section there is no danger in the delay given that the action has been taking place for decades, the fact is that we are faced with an action protected under Article 50 of the Constitution, before the protection of public domain assets governed by environmental protection and which compel a balancing of interests where the preventive search for measures to avoid contamination and worsening of current conditions forces the application of the pro natura and precautionary principles, which confront the provisions of free access, enjoyment, and use of the maritime-terrestrial zone set forth in Articles 23 of Law 6043 and 9 of the regulation to said law (Decree 7841-P), as well as the regulations of the Public Roads Law (Ley de Caminos Públicos), specifically Articles 19 and 23. Thus, the instrumentality of this action will have as a limit, within both axes of interests under consideration, the substantive claims of this process, these being: circulation of vehicles in the maritime-terrestrial zone of Playa Conchal and the effective closure of vehicular passage, the adoption of actions to repair and protect the affected Natural Heritage of the State (claims a, b, and c of the complaint, visible in images 15 and 16 of the precautionary measure file).

IX. ON THE CONCURRENCE OF THE PREREQUISITES FOR THE ISSUANCE OF THE PRECAUTIONARY MEASURE FILED

It is considered accredited that there is an appearance of a good right (Considering V and VI of this resolution), although there is no urgency or current damage (danger in the delay), given that a consolidated situation exists (Considering VII), and that there are measures applied by SINAC seeking to reduce the current and imminent risk to the affectation of the Natural Heritage of the State. However, the fact is that there is a need to determine if the actions taken cannot generate a new danger or increase the risk of existing damage, and whether the petitioner's requirements can or cannot be granted within the framework of a balancing of interests as already set forth (see Considering VIII). Now, regarding the original claim presented in the complaint brief, it must be rejected for the reasons already indicated by the Court of Appeals in its resolution 413-2018-II, given the indeterminacy and generalization of the precautionary claim. While it is true that precautionary protection has strong features of informality, the fact is that this in no way enables or generates a prerogative for the judge to interpret or adapt the precautionary claim; rather, such a burden falls on the petitioner to delimit, define clearly, and concisely the precautionary action they seek to be granted. Therefore, the formula used of ordering “the administrative actions that may be necessary” generalizes beyond the limits of a correct determination and reasonableness of a precautionary measure. A contrario sensu, claims a.i, a.ii, and a.iii of the brief filed by the petitioner on February 8, 2019, by means of which they seek the construction of concrete culverts, lack the technical study supporting the suitability of the measure requested and must therefore be dismissed. It must be remembered that the lack of evidence and argumentation in this regard is the sole responsibility of the petitioner, a criterion widely reiterated by this Court, supported by the resolutions of the Court of Cassation (among others, numbers 5-F-TC-2008 and 18-F-TC-2008, of February 6 and March 28), and reiterated by the Administrative Contentious Court of Appeals, Second Section, in Ruling 30-2012 of fourteen hours and twenty minutes of October twenty-second, two thousand twelve. Add to the foregoing that the request for the closure of the public road must also be rejected, given that such claim lacks the requirement of instrumentality as it would generate an advancement of opinion regarding the validity, efficacy, and enforceability of the municipal public road. Moreover, carrying out an analysis of the balancing of the interests at stake, the public interest in providing road access to the zone as permitted and ordered by Law 6043 itself (Article 23), and considering that the environmental damage cited in the technical reports refers to a consolidated situation, do not allow for a valuation of danger in the delay that puts at risk the free use, enjoyment, and enjoyment of the zone, without prejudice to what is set forth in the following Considering.

X. ADAPTATION OF THE PRECAUTIONARY MEASURE AND DELIMITATION (CONCRETIZATION) OF THE PRECAUTIONARY ACTION

Given the reasons set forth for the rejection of the requested measures, pursuant to Articles 20 and 29 of the Administrative Contentious Procedure Code, and in view of the analysis conducted in this matter, the need to adopt ex officio measures must be addressed, adjusting the claims presented in the measure identified in the brief of February 8, 2019, as a.iv and a.v, analyzing the actions carried out by the parties to date. In this vein, in the opinion of this judge, there is indeed a need to maintain the following precautionary measures until the substantive ruling of this process, in application of the precautionary and pro natura principles: a) The provisional closure of vehicular traffic in the zones considered as Natural Heritage of the State and Wildlife Refuge according to technical criterion SCT-OR-DR-0933-18 of SINAC (visible in image 729 to 734 of the precautionary measures file), whereby the obligation for regular inspection and maintenance of the closure is imposed on the State and SINAC, which must coordinate inspection tasks with the Municipality of Santa Cruz, submitting quarterly reports to this Court (Article 17 of Law 6043); the foregoing without prejudice to said authorities taking different actions based on technical criteria, for which they must inform this Court prior to any change. b) Regarding the areas not affected by the closure indicated in the preceding subsection, the Municipality will be responsible for the control of lucrative activities and, regarding the correct use of the public zone segment, the Municipality must, in coordination with traffic authorities and other relevant bodies, prevent the parking of vehicles, the felling of trees, the concentration of solid waste, the alteration of the land topography, or any action that alters the ecological balance of the place without due authorization; as well as control temporary or mobile installations such as tents, trailers, or similar items, which must be set up in areas designated for such purposes (if they exist) and, above all, regularize any type of irregular constructions, in accordance with Article 13 of Law 6043, in conjunction with Articles 9, 10, 11, and 22 of the Regulation to Law 6043 (Decree 7841-P). Likewise, for the purpose of organizing human use of said strip of land, the municipality must coordinate actions with the ICT to guarantee at all times access to the zone and the free transit of any person therein, the practice of sports, and activities for healthy physical and cultural recreation (Article 9 of Decree 7841-P), with the defendants submitting quarterly reports on compliance with what has been ordered to this Court.

THEREFORE

The precautionary measure filed by Desarrollos Hoteleros Guanacaste SA against the STATE, NATIONAL SYSTEM OF CONSERVATION AREAS (SINAC), COSTA RICAN TOURISM INSTITUTE (ICT), AND THE MUNICIPALITY OF SANTA CRUZ is declared PARTIALLY GRANTED. The precautionary claim contained in the initial brief for the precautionary measure is REJECTED, as well as the claims identified by the petitioner in their brief of February 8, 2019, as a.i, a.ii, and a.iii of the request for a precautionary measure, the foregoing for failing to meet the requirements established in the Administrative Contentious Procedure Code as well as the principles of instrumentality and reasonableness. Likewise, claims a.iv and a.v of the requested precautionary measure are ADAPTED so that, in their place, the provisional closure of vehicular traffic is ordered in the zones considered as Natural Heritage of the State and Wildlife Refuge according to technical criterion SCT-OR-DR-0933-18 of SINAC, thereby imposing the obligation for regular inspection and maintenance of the closure on the State and SINAC, which must coordinate inspection tasks with the Municipality of Santa Cruz, submitting quarterly reports to this Court. Regarding the areas not affected by the indicated closure, effective control of lucrative activities is ordered to the Municipality, ensuring respect for the correct use of the public zone segment, in coordination with traffic authorities and other relevant bodies, preventing the parking of vehicles, the felling of trees, the concentration of solid waste, the alteration of the land topography, or any action that alters the ecological balance of the place without due authorization; as well as controlling temporary or mobile installations such as tents, trailers, or similar items outside the areas designated for such purposes (if they exist) and, above all, regularizing any type of irregular constructions. Likewise, for the purpose of organizing human use of said strip of land, the municipality must coordinate actions with the ICT to guarantee at all times access to the zone and the free transit of any person therein, the practice of sports, and activities for healthy physical and cultural recreation, with the defendants submitting quarterly reports on compliance with what has been ordered to this Court. The provisional precautionary measure is maintained until this resolution becomes final. Notify.

Carlos José Mejías Rodríguez Judge CARLOS JOSE MEJIAS RODRIGUEZ, PROCESSING JUDGE Goicoechea, Dirección01 , 50 meters west of BNCR, in front of Dirección02 . Telephones: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email: ...01 Classification prepared by the JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

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Tribunal Contencioso Administrativo Clase de asunto: Medida cautelar Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:

Temas Estrategicos: Ambiental Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Procesal Contencioso Administrativo Tema: Medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo Subtemas:

Cierre provisional de tránsito vehicular en zona marítimo terrestre Playa Conchal.y control sobre áreas no afectadas por el mismo. Aplicación de principios precautorios y pro natura respecto al patrimonio natural del Estado y refugio de vida silvestre. Presupuestos para su otorgamiento y análisis sobre el régimen competencia en relación a la apariencia de buen derecho de la acción.

Tema: Zona marítimo terrestre Subtemas:

Cierre provisional de tránsito vehicular en zona marítimo terrestre Playa Conchal.y control sobre áreas no afectadas por el mismo como medida cautelar. Aplicación de los principios precautorios y pro natura.

Tema: Patrimonio natural Subtemas:

Cierre provisional de tránsito vehicular en zona marítimo terrestre Playa Conchal.y control sobre áreas no afectadas por el mismo como medida cautelar. Aplicación de los principios precautorios y pro natura.

Tema: Área silvestre protegida Subtemas:

Cierre provisional de tránsito vehicular en zona marítimo terrestre Playa Conchal.y control sobre áreas no afectadas por el mismo como medida cautelar. Aplicación de los principios precautorios y pro natura.

Tema: Principio precautorio en materia ambiental Subtemas:

Cierre provisional de tránsito vehicular en zona marítimo terrestre Playa Conchal.y control sobre áreas no afectadas por el mismo como medida cautelar.

"II.-OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. Conforme se indicó en el punto 2 del considerando anterior, las pretensiones cautelares fueron reducidas a las contenidas en el escrito de interposición, así como en el escrito de la provente de fecha 8 de febrero de 2019; así, la parte promovente solicita en su escrito de interposición lo siguiente: "Se Ordene a la Municipalidad de Santa Cruz a disponer las actuaciones administrativas que resulten necesarias para impedir el tránsito y estacionamiento de vehículos automotores por la zona marítimo terrestre Playa Conchal.-" [Imágenes 12 y 13 del legajo judicial de medida cautelar]. Mientras en escrito de 8 de febrero de 2019, el promovente procura que se disponga contra la Municipalidad de Santa Cruz “i) Ordenar la colocación de alcantarillas de concreto, y rotulación que haga referencia a la legislación que prohíbe la circulación de vehículos por la zona pública, en los dos accesos vehiculares de la Playa Conchal: Puerto Viejo y Brasilito y en la subida de ingreso de Playa Brasilito a Playa Conchal. En el caso de Brasilito antes del Manglar, así como alcantarillas de concreto en todos los demás accesos a Playa Conchal. En el sector de Puerto Viejo se deberán instalar tres alcantarillas de concreto rellenas de cemento en el área de ingreso a la zona pública, frente al Restaurante El Encanto. En la subida ingreso [sic] entre Playa Brasilito y Playa Conchal, se deberán instalar tres alcantarillas de concreto rellenas de cemento al inicio de la subida hacia Playa Conchal (donde fueron colocadas inicialmente, pero destruidas). ii) Conservar y dar mantenimiento a las alcantarillas de concreto en los puntos de acceso vehicular indicados, de manera que la Municipalidad impida en todo momento el acceso de vehículos a la zona pública y a las áreas ambientalmente protegidas. iii) Proteger las alcantarillas de concreto frente a daños de terceros. iv) Mantener presencia de la Policía Municipal en el lugar, con el objeto de que no se burle la medida de impedir el ingreso de vehículos a la zona pública y evitar daños a las alcantarillas o rotulación. v) Rendir informes mensuales sobre el cumplimiento de las medidas cautelares”; mientras que contra el Estado y contra SINAC busca que “continúen presentando informes dado que han ejercido a partir del dictado de la medida cautelar provisionalísima vigente una labor importante de supervisión de cumplimiento” [imagen 699 y 700 del legajo cautelar].

III.-ARGUMENTOS DE LAS PARTES: Por parte del promovente Desarrollos Hoteleros Guanacaste SA en síntesis, gira su teoría del caso en lo que a su parecer es un daño ambiental provocado por la utilización de la zona marítima terrestre de Playa Conchal para uso vehicular y que ha sido denunciado por el promotor de la medida ante la Municipalidad de Santa Cruz, Procuraduría Ambiental, Contraloría General de la República, ICT, Tribunal Ambiental, MINAE, MOPT (hechos 1 a 7 de la demanda), sustentando como prueba en un estudio de impacto ambiental y el estudio ACT-OR-DR-0666-17 del SINAC (Imágenes 3 a 5, así como pruebas a imagen 22 a 59 en cuanto a la denuncia; imágenes 60 a 66 en cuanto al estudio de impacto ambiental realizado por Alexander Bonilla Duran febrero a marzo de 2016; imágenes 68 a 75 para oficio ACT-OR-DR-0666-17; imágenes 104 a 190 estudio de impacto ambiental tránsito vehicular realizado por Nombre16251 ; todos del legajo judicial de medida cautelar). Por parte de los accionados; el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC manifiesta en su escrito 14 de mayo que no existe actualidad en la medida dado que ellos ya han cerrado, adjuntando los oficios ACT-OR-DR-0933-18 y ACT-OR-DR-0352-19 (imágenes 719 a 724 del legajo de medida cautelar), pero en fecha 5 de julio de forma extemporánea a la audiencia otorgada, solicita se mantenga las medidas dictadas de cierre. Por parte del Instituto Costarricense deTurismo ICT, en el escrito de apersonamiento inicial de fecha 16 de noviembre de 2017 (visible a imágenes 219 a 224 del legajo de medida cautelar) considerando que la medida es improcedente por cuanto no se demuestra lo severo del daño y que además no existe actualidad, dado que la situación es de vieja data por lo que no existe un peligro en la demora, solicita que se rechace la medida y que en caso de otorgarse alguna, no se tome acción en su contra, aunque, de forma contradictoria, por escrito del 5 de febrero del 2019 indica estar de acuerdo con la medida (imagen 690 del legajo de la medida cautelar). Por parte del ESTADO, su representante en un primer momento refiere que las pretensiones no se encuentran dirigidas en su contra. No obstante, posteriormente manifiesta, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley General de Caminos Públicos, la administración de la red vial cantonal corresponde a las municipalidades costeras, las cuales tienen el deber de velar por el uso común de la Zona Pública y como administradoras de la zona marítimo terrestre según la Ley de Zona Marítimo Terrestre (número 6043). Sostiene, que según esa normativa en las áreas de las ciudades litorales, la Municipalidad tiene la obligación de promover el desarrollo integral (sostenible) del cantón y el adecuado ordenamiento urbano, funciones en las que se hallaría la de velar por la correcta utilización de las áreas de uso público no confiadas a la defensa de otras instituciones, para garantizar su destino, el mayor bienestar colectivo, así como una mejor calidad de vida de la población. Continúa indicando, que corresponde a las municipalidades tomar las medidas pertinentes para contrarrestar aquellas acciones indebidas contra el demanio costero, así como preservar los recursos naturales en sus condiciones originales según lo ha señalado la Sala Constitucional en las resoluciones número 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-2001 y 12777-2001. Expone, que la actuación responsable respecto a las playas, las cuales son propiedad nacional y de uso público supone que la entidad administradora (Municipalidad y el ICT), así como las instituciones competentes para autorizar usos excepcionales de la Zona Pública deben dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el uso público de la zona. De manera que, una actuación responsable, transparente y garante del interés nacional, es la que tienda a preservar la propiedad pública del Estado conforme a su destino, a través de la adopción de las respectivas medidas que lo aseguren y del control para su debido cumplimiento. Sobre este mismo punto, cita que la Sala Constitucional, ha estimado que se encuentra ajustado al Derecho de la Constitución la presencia en la playa de efectivos de la fuerza pública para impedir la alteración del orden con levantamientos unilaterales de tiendas de campaña por los particulares y que no lesiona el libre tránsito las medidas ejecutadas para evitar el levantamiento de tiendas de campaña o instalaciones similares en la zona pública de playa..., y el ingreso y circulación de vehículos automotores en esa zona. Por otra parte, se refiere al principio precautorio en materia ambiental como uno de los principios rectores del Derecho Ambiental, y que se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, que literalmente indica Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Además, en el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad, en el artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: 1.-Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.-Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. Cita además, los principios de tutela del derecho ambiental a cargo del Estado que se extrae del artículo 50 de la Constitución Política, del que deriva la obligación del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en materia ambiental y del cual, la Sala Constitucional ha señalado que el Estado debe asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho. Principio de la calidad ambiental, que constituye un parámetro fundamental de la calidad de vida, vinculado con la condición de esta que cada individuo pueda llevar; y al uso que se haga del ambiente para el propio desarrollo, donde la Sala Constitucional ha estimado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, implica el correlativo deber de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (imágenes 399, 412 a 419), aportando con ello el criterio DIG-TOT-247-2018 del 11 de junio de 2018. Instituto Geográfico Nacional y ACT-OR-DR-0790-18 del 11 de junio de 2018 de la Dirección Regional. Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (imágenes 420 a 429 del legajo de la medida cautelar), y posteriormente por medio de escrito de fecha 29 de octubre de 2018 incluye de interés para esta resolución Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte OFICIO SPS-PEMIST-2018-229 del 22 de junio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-194 del 13 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-196 del 16 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-200 del 18 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-267 del 19 de setiembre de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-289 del 12 de octubre de 2018 y OFICIO SPS-PEMIST-2018-303 del 26 de octubre de 2018 (véase imágenes 629 a 664 del legajo de medida cautelar). Por parte de la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ alega a través de su escrito de 1 de diciembre de 2017 (imágenes 230 a 232 del legajo de medida cautelar) que, según el oficio DDUR-UNTGV-COOR-0188-2007 (imagen 249 del legajo de medida cautelar), del ingeniero Didier Monge Jiménez, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, de la Municipalidad de Santa Cruz, hace constar que existe un camino público debidamente inventariado con el código C-5-03-010 de la Escuela de Matapalo a Dirección2116 del distrito de Cabo Velas, que pertenece a la red vial cantonal de Santa Cruz, con una longitud de siete punto noventa kilómetros y que se encuentra bajo la administración de la Municipalidad. Sostiene, que por lo que indica ese oficio es imposible para la Municipalidad, impedir el tránsito y estacionamiento por un camino que es una ruta cantonal, de conformidad con la Ley de General de Caminos, número 5060. Considera, que el cierre del camino de Playa Brasilito pasando por Playa Conchal y hasta Puerto Viejo, conllevaría violentar el derecho al libre transito estipulado en el artículo 22 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley General de Caminos, que establece que nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, caminos o calles públicas. Aduce, además, que la Municipalidad en su condición usufructuaria y administradora de la Zona Marítimo Terrestre, es diligente en la atención de denuncias y ha realizado múltiples operativos, dentro de su competencia para ejercer control sobre las ventas ambulantes y estacionarías en la vía pública, que accede a Playa Conchal y la zona publica de esta. Por otro lado, señala, que es competencia de la Policía de Tránsito, realizar las respectivas infracciones a la Ley de Tránsito en el camino público, sin embargo, han manifestado, que no pueden limitar el acceso a Playa Conchal, y se limitan a decomisar vehículos que se encuentren dentro de la zona pública de la Playa. Solicita que, por lo indicado, se rechace el otorgamiento de la medida cautelar, al ser contraria a lo que establece la ley y la Constitución Política.

IV.LOS PRESUPUESTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. Tal y como ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (Voto Nº 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre, Voto Nº 6224-2005, de las 15:16 horas del 25 de mayo del 2005). Brevemente, conviene indicar que la naturaleza jurídica de las medidas cautelares está justificada como un instrumento procesal de segundo grado -u instrumento del instrumento procesal- que busca paliar los efectos negativos de la normal y a veces patológica duración de los procesos jurisdiccionales –vacatio u distancia temporis-, haciendo valedero el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida dispuesta en el numeral 41 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, pues por pronta no puede ser tardada y por cumplida debe ser realizada; con acierto se ha dicho que no se trata de un adelanto de criterio sino de una tutela de situaciones apremiantes que sin el debido respaldo jurisdiccional se convertirían en daños directos para las partes procesales intervinientes. En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Nombre41. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). De conformidad con el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el juez, a la hora de determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, debe verificar que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. Por otro lado, el mismo numeral 21 del Código establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el peligro en la demora o periculum en mora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Por último, el artículo 22 CPCA establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada. En términos similares, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Sexta), en voto numero 301-2012-VI, de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre del dos mil doce, tuvo la oportunidad de referirse al tema, y en tal sentido estableció: "[...] La reparabilidad del bien no se satisface, en todos los casos, por un reintegro monetario. De ahí que como derivado de esta corriente, el Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) abandona de modo expreso un sistema cautelar que tiene como epicentro el acto administrativo, que si bien es una de las manifestaciones formales de la voluntad pública, no es la única. Por el contrario, al considerar el marco amplio del objeto del proceso, la justicia cautelar debe trascender la mera orden suspensiva como sub-especie de las conservativas de contenido negativo, para introducir medidas innovativas, de contenido positivo, sean estas inhibitorias, ordenatorias o sustitutivas, pero siempre valorando, en cada caso, los alcances de los poderes del juez en torno al control de la discrecionalidad administrativa (ordinales 20 y 128 del CPCA). Desde ese plano, se trata de acciones que se encuentran al servicio del proceso principal de fondo, de ahí sus características de provisionalidad e instrumentalidad. En el primer caso, en tanto lo acordado respecto de la cautelar mantendrá una vigencia condicionada a lo que se resuelva en el proceso de fondo. Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo estatuye el numeral 29 del Código de rito. En el segundo aspecto (instrumentalidad), la medida cautelar guarda una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirve de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos ya señalados. A lo anterior se añade el carácter de sumaria cognitio, que es propio de estas medidas, pues siendo formas provisionales que propenden a las finalidades señaladas, deben ser resueltas de forma breve para poder cumplir su función. Cabe indicar que estas medidas surgen, en todos los casos a instancia de parte; por tanto, están impregnadas por el principio dispositivo. Sin embargo, esto es así solo respecto del análisis de la necesidad de adoptarlas, pues bien el juzgador, una vez pedidas, puede ordenar las que considere necesarias y adecuadas para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (artículo 19.1 ejusdem). Ahora bien, la adopción de estas medidas se encuentra condicionada a la convergencia de una serie de requisitos y condiciones que han de ser satisfechos en cada caso. Así en efecto lo impone el numeral 21 en relación al 22 de ese Código. De las anteriores normas surgen los siguientes presupuestos: peligro en la demora (periculum in mora), apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el equilibrio o ponderación de los intereses en juego[...]. En síntesis , el juzgador debe tomar en cuenta los criterios que rigen la adopción de este tipo de medidas, entre ellos, la adecuación, sea, la idoneidad de la medida para satisfacer los fines buscados; necesidad, lo que presupone la valoración de los remedios que permitan de mejor manera cumplir con su finalidad y proporcionalidad, ponderando los intereses en juego.-

V.APRECIACIÓN PRELIMINAR DEL RÉGIMEN COMPETENCIAL EN EL CASO EN CONCRETO (ANÁLISIS DE APARIENCIA DE BUEN DERECHO DE LA ACCIÓN): Uno de los aspectos medulares a considerar dentro de la presente medida es la legitimación pasiva que ha provocado a lo largo de este proceso cautelar, la inclusión de múltiples instituciones tanto centralizadas como descentralizadas. Así, la Ley 6043 nos brinda una serie de responsables y que poseen competencia en Zona Marítimo Terrestre, tenemos así, el numeral 2° de dicha normativa dispone como competencia del ICT “la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre”, concordándose este con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22, 23, 26 a 33, 35 a 38, 42, 43, 45, 51, 53, 57, 59 y Transitorios II y IV de esta Ley, así como numerales 8, 9, 11, 15, 17, 19, 27, 39, 46, 48, 53, 56 a 60, 72, 78 y 80 del Reglamento a dicha ley (decreto 7841-P); mientras que el artículo 3° de la ley 6043 determina para la Municipalidad el deber de “velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva”, concordando con los preceptos 5, 13, 17, 18, 21 a 25, 27, 28, 32, 33, 34 a 38, 40, 43, 45, 46, 48 a 51, 53, 55, 56, 58, 59, 73bis, 74, 76, 78, Transitorios I a III y VII de esta ley y del Reglamento a la citada norma 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27 a 48, 51 a 53, 56 a 62, 64 a 66, 73, 75 a 80, 84, 85, 95, 96 y 97; siendo competencia directa de la Procuraduría General de la República conforme al artículo 4 de la ley 6043 “el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley. En consecuencia, hará las gestiones pertinentes respecto a cualesquiera acciones que violaren o tendieren a infringir estas disposiciones o de leyes conexas, o que pretendan obtener derechos o reconocimiento de estos contra aquellas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención a las mismas”, siendo acorde con lo que dispone el art.5 del reglamento a la citada ley y los numerales 2, 3, 20, 26 y 42 de la Ley Orgánica de dicho órgano estatal (ley 6815); mientras que por Ley de la Biodiversidad (art. 22) en concordancia con el artículo 4° del reglamento a la ley 6043 y el decreto 22550-MIRENEM (anterior decreto Nº 7210-A), le corresponde al SINAC la conservación y protección del Patrimonio Natural del Estado. Como puede observarse, en zona marítimo terrestre tenemos una efectiva concurrencia de competencias que no pueden ser ignoradas en el ejercicio del análisis de esta causa, sobre todo por el hecho de que se va a verificar la imposición o no de obligaciones - vía cautelar – a las partes del presente proceso. Así, en cuanto al tema de la coordinación interinstitucional frente al municipio, debemos traer a colación lo dicho por la Sala Constitucional en su resolución 5445-99, la cual expresó: “Varias de las disposiciones que se cuestionan en esta inconstitucionalidad -artículos 5, 10 y 186 del Código Municipal, 2 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, 2 de la Ley General de Caminos Públicos, 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional, 26 y 27 de la Ley General de la Administración Pública y 4, 10, 16, 17 y 18 de la Ley de Planificación Urbana-, se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal… No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir; y ello es así, porque ambos tipos de interés pueden estar, eventualmente, entremezclados y más bien, es frecuente que, dependiendo de la capacidad económica y organizativa de los gobiernos locales, sus limitaciones propias conduzcan a ampliar el círculo de los que aparecen como nacionales o estatales, lo que hace ver que la distinción no debe ser inmutable, sino gradual o variable; pero en todo caso, como lo ha expresado la jurisprudencia antes citada, corresponderá en última instancia al juez decidir si los criterios de distinción se conforman o no con el dimensionamiento constitucional. Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno. De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector)” [considerando X del voto 5445-99 de las catorce horas con treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve de la Sala Constitucional]. En materia ambiental, y en ocasión del análisis multi competencial del caso de la cuenca del río grande de Tárcoles, el citado Tribunal de lo Constitucional en el voto 5894-2007 indicó: “aún falta mucho más por hacer y que a pesar de que las instituciones recurridas son conscientes de la problemática, y que han empezado a crear comisiones y grupos de trabajo que pretenden revertir la situación, se hace indispensable adoptar una actitud más proactiva en defensa del ambiente y del rescate de la cuenca del río Grande de Tárcoles por lo que se debe estimar este amparo a fin de ordenar a las instituciones recurridas que, de manera coordinada, asuman una actitud más responsable pero sobre todo con carácter de urgencia, en la adopción de medidas concretas y efectivas que permitan proteger los recursos de la cuenca del río Grande de Tárcoles a fin de propiciar la disminución y eliminación de los focos de contaminación de esa cuenca así como la restauración, en la medida de lo posible, del daño provocado” (Considerando XIII del voto emitido a las once horas y cincuenta y ocho minutos del veintisiete de abril del dos mil siete). En suma, a consideración de este juzgador, ante la acción genérica de tutela del ambiente contemplada directamente en el numeral 50 de la Carta Magna, es claro que el objeto del proceso ha sido incoado con las partes que hasta aquí han formado parte de los autos y que han sido puestas en conocimiento de un eventual daño ambiental que confirma la razonabilidad y ausencia de temeridad en la interposición de la acción, la cual, concretamente para este caso, se analizará si es canalizada a través de pretensiones cautelares instrumentales que superen el análisis de razonabilidad y proporcionalidad.

VI.ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL Y DE FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN ÁREAS BAJO SU TUTELA (CONTINÚA ANÁLISIS DE APARIENCIA DE BUEN DERECHO DE LA ACCIÓN): De forma específica, es de extrema relevancia traer a colación el ámbito de control general de las actividades que el municipio posee sobre el cantón y de forma particular, en zona marítima terrestre. El artículo 88 del Código Municipal reza: “Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado”, a contrario sensu, no existe un derecho de realizar actividad comercial no autorizada, tal y como la jurisprudencia tanto judicial como constitucional hartamente han expuesto, indicando múltiples veces, que el control de las actividades no autorizadas es un tema de competencia municipal, siendo el instrumento del decomiso en el caso de bienes muebles y de la clausura en el caso de bienes inmuebles. Véase al ejemplo lo que indica nuestro Tribunal Constitucional en su voto 5071-2004: “Si tal y como se desprende del informe rendido bajo juramento por el encargado de Rentas de la Municipalidad de Corredores, la actividad de máquinas de Pin Ball y Saca Peluches a la que se refiere la recurrente estaba operando ilegalmente pues no contaba con recibo de pago de la patente correspondiente como es su obligación, no puede estimarse que la actuación municipal mediante la cual se le clausuró el ejercicio de esa actividad, pueda considerarse ilegítimo o arbitrario pues la corporación municipal actuó en cumplimiento de sus obligaciones y los propietarios de ese tipo de máquinas no pueden alegar desconocimiento de su deber de portar la documentación necesaria para acreditar el correcto funcionamiento de esa actividad. Por tal razón, estima la Sala que no se ha ocasionado ninguna lesión a norma o derecho constitucional alguno en perjuicio de la recurrente, siendo que, en todo caso, como se afirma bajo juramento, la actividad de las máquinas fue reanudada inmediatamente después de que los propietarios de las mismas, ajustaron la situación a derecho, con lo cual, el recurso también resulta improcedente por esta razón.” (En igual sentido 10231-2003, 622-2003, 11377-2002, 9840-2002, 7113-2002, entre otros). Pero ad effectum videndi, téngase lo dicho por la misma Sala en su voto 5563-2002: “Esta Sala no cuestiona, porque es un asunto de legalidad, si la Municipalidad tiene razón o no en solicitar el permiso o concesión de agua. Sin embargo, dado que el recurrente no lo tenía y que, con base la falta de ese requisito, no se le había otorgado la patente respectiva, no ve este Tribunal arbitrariedad en el cierre del negocio. Si la amparada no tiene patente no puede ejercer la actividad que pretende y por eso la Municipalidad no lesiona los derechos fundamentales con la clausura. Ahora bien, si ya el recurrente cumplió con el requisito, y según afirman los mismos representantes de la municipalidad, es el único requisito que hace falta, deben la corporación municipal conceder la patente. La negativa podría dar lugar a un reclamo distinto de la amparada, pero en lo que concierne a este recurso debe rechazarse por prematuro, según las razones dadas más arriba”. Esta función es ejercida en la materialidad por el personal municipal con auxilio de la fuerza pública o con la utilización de los funcionarios propios de la Policía Municipal, la cual a raíz de la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal del 23 de abril del 2018 cuentan con amplias potestades de control tal y como lo define en la actualidad el artículo 62 del Código Municipal. Concretamente, en materia de zona marítimo terrestre, tanto la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (N°6043) como su reglamento, otorgan funciones muy específicas a los Gobiernos Locales administradores de dichas franjas, siendo con ello que se considera – de todas las instituciones anteriormente mencionadas – dentro de las que se presenta una alta intensidad en el deber de accionar prima facie ante actividades irregulares (véase por ejemplo las disposiciones de control que establecen sobre zona pública el artículo 13 de la Ley 6043 y 22 de su reglamento), así como el control de actividades e infraestructura a implementarse en tal zona según los numerales 21 y 22 de la mencionada ley, así como constituirse en una de las garantes del libre acceso a la zona pública, debiendo construir caminos públicos (artículo 23, 58 de la ley en concordancia con el 72 del reglamento 7841-P). Del análisis anterior, podemos confirmar que la acción de tutela cautelar presentada por el promovente cumple con un análisis exhaustivo de apariencia de buen derecho y que confirma el cumplimiento de este requisito conforme el 21 de Código Procesal Contencioso Administrativo, en especial al dirigir su requerimiento de tutela frente al municipio.

VII.ANÁLISIS DEL CUADRO FÁCTICO PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR (UBICACIÓN ESPACIO - TEMPORAL DE ANÁLISIS CAUTELAR Y PELIGRO EN LA DEMORA): Otro de los elementos a clarificar en esta resolución refiere a la situación de la acción cautelar, el cual fue uno de los elementos señalados por el Tribunal de Apelaciones en su resolución oral 413-2018-II (minuto 13:00 a 13:40 del audio de dicha resolución, concreto a la nota presentada por el Juez Palacios García). Una vez revisado los autos, a través de la apreciación de la prueba aportada, concretamente echando mano al oficio SPS-2018-229 (identificado por la representación estatal como SPS-PEMIST-2018-229) emitido por la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la ubicación de la acción sería en el tracto vial inventariado como el camino municipal bajo el Código N°503010 que inicia en la Escuela de Matapalo entronque con la ruta nacional N° 933 y finaliza en la Dirección1116 entroncando con la ruta nacional N° 180 (véase imagen 630 del legajo de la medida cautelar), concretizando la acción cautelar en el tramo de dicha vía que discurre a través de la Playa Conchal, conforme el oficio SPS-PEMIST-2018-289 elaborado por el Proceso de Planificación Estratégica Multimodal de Infraestructura y Servicios de Transporte de la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (imágenes 645 a 664 del legajo de medida cautelar) y que coinciden con la descripción dada en el informe técnico DIG-TOT-0247-2018 del Instituto Geográfico Nacional (IGN, véase imágenes 420 a 424 del legajo), confirmándose que se trata de un tracto vial que discurre por zona pública marítimo terrestre y una sección del Refugio de Vida Silvestre Mixto Conchal (visible a imagen 422), tracto vial paralelo a la costa que concuerda con el indicado en las pretensiones del promotor de la acción al referirse a “dos accesos vehiculares de la Playa Conchal: Puerto Viejo y Brasilito y en la subida de ingreso de Playa Brasilito a Playa Conchal. En el caso de Brasilito antes del Manglar... En el sector de Puerto Viejo… en el área de ingreso a la zona pública, frente al Restaurante El Encanto” (considerando II de esta resolución), dando así una ubicación exacta del lugar en litigio y que sería el objeto de los efectos de esta resolución. No obstante, en cuanto al factor temporal y que debe mencionarse a efectos de apreciar el peligro en la demora, la prueba recién citada nos otorga, sin lugar a duda, el conocimiento de tres eventos temporales relevantes: a) Conforme los datos del IGN, existe referencia en la hoja cartográfica “Matapalo Placa2515 edición 2 IGNCR” de la existencia del tracto vial en referencia al menos desde el año 1973 (imagen 423 del legajo de la medida cautelar), mismo que fue inventariado en el año 2001 a 2003 según informa la citada instancia del MOPT en oficio SPS-PEMIST-2018-194 (página 3 del informe, párrafo segundo, imagen 633 del legajo de la medida cautelar) y que se ha mantenido inventariado hasta el día de hoy (informe SPS-PEMIST-2018-289 ya citado); es decir, la condición vial del tramo objeto de estudio de esta medida cautelar data de al menos cuarenta y seis años de existencia y de al menos dieciséis años de constar registro oficial vial y código vial asignado en el MOPT, lo cual hace que sea evidente que la actuación contaminante objeto de estudio de las pretensiones de fondo del legajo principal no cumplan con el requisito de peligro en la demora, haciendo con ello de forma palmaria que los estudios ambientales ofrecidos por la parte promovente, así como los estudios realizados por el MINAE (véase estudio de impacto ambiental realizado por Alexander Bonilla Duran febrero a marzo de 2016 visibles a imágenes 60 a 66, para oficio ACT-OR-DR-0666-17 imágenes ; imágenes 104 a 190 estudio de impacto ambiental tránsito vehicular realizado por Nombre16251 ) manifiesten en consecuencia la existencia de un impacto ambiental consolidado en el tiempo; b) Ante la revisión del decreto 35426-MINAE, el cual crea el “Refugio Nacional de Vida Silvestre Conchal, categoría mixto y crea Comité de Manejo Compartido del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal”, nos damos cuenta de que la afectación a este régimen existe formalmente a partir del 18 de setiembre del 2009, cuando dicho decreto fue publicado en la Gaceta 182 de ese día, con lo cual enfrentándolo al dato anterior, nos damos cuenta que al momento del nacimiento del área protegida, el camino ya existía, ello pese a que al momento de emitir la norma, se incluyó una franja de zona inalienable (por la cual discurre el camino en lite) dentro de la reserva, específicamente al expresar el artículo 1 inciso a) in fine de dicho decreto “A partir del mojón número 386 se sigue por las coordenadas: 338008 E / 264947 N, 337913 E / 264927 N NIE04 / 264927 N hasta llegar al punto de inicio con las coordenadas 337790 E / 264937 N” el cual después de realizar consulta en el visor cartográfico del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT, visible en http://geos0.snitcr.go.cr/visor/) y cotejarlo con lo expresado en el ya indicado informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) DIG-TOT-0247-2018 (imagen 420 a 423 del legajo) el área específica de duna (por donde pasa el camino) forma parte de dicho Refugio, existiendo así un evidente traslape desde un inicio; c) Que de toda la prueba documental visible en autos, no es sino hasta el 16 de julio del año 2018 que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación codemandada realiza una intervención en dicha zona, tanto en la zona de manglar (Patrimonio Natural del Estado), como del Refugio (véase informe ACT-OR-DR-0933-18 y ACT-OR-DR-0352-19 a imágenes 729 a 734 del legajo de medidas cautelares). Los tres datos anteriores, nos permiten tener clara la inexistencia de un “peligro en la demora” en tanto los hechos denunciados ocurren desde hace décadas, y en cuanto a la tutela de las zonas protegidas (Patrimonio Natural del Estado y Refugio de Vida Silvestre) ya existe intervención del órgano competente estatal SINAC en procura de la protección de dichos bienes públicos inalienables e imprescriptibles sometidos a un régimen especial de tutela conforme la regulación aplicable al caso, con lo que no tendríamos el elemento de actualidad y urgencia que requiere la medida, en otras palabras, conforme el análisis supra mencionado, no se trataría de una medida cautelar innovativa (crear una obligación desde la perspectiva cautelar provisional, proporcional e instrumental frente a la lite de fondo), sino se trataría de un análisis de una medida conservativa respecto de las acciones que se han tomado hasta el momento – teniendo presente que la mayoría se realizaron a raíz de la emisión de la medida provisionalísima ordenada por este despacho – y que se determinará si son acordes con la finalidad cautelar propia de este momento de análisis procesal.

VIII.LIMITANTE DE CONOCIMIENTO SUMMA COGNITIO. ACCESORIEDAD E INSTRUMENTALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DEL PROCESO DE FONDO (PONDERACIÓN DE INTERESES): Como puede observarse del considerando anterior, tanto el thema decidendum como los elementos de prueba son sumamente técnicos, por lo que debemos manifestar el límite que el análisis de esta medida cautelar debe tener, dado el conocimiento sumario que se supone esta acción procesal debe considerar y sobre todo, respecto a la naturaleza instrumental que lo que aquí se decide debe tener respecto del proceso principal. Así, debe declararse que el tema de la permanencia, existencia, extinción, registro y/o modificación de la vía pública C-5-03-010, son temas propios de fondo, y excluidos, por tanto, de los efectos de la presente acción cautelar. En este orden de ideas, tal y como lo indicaba el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la ya mencionada resolución 413-2018-II, el proceso principal se trata – en principio –de una acción contencioso administrativa para atacar una conducta omisiva, la cual, por su naturaleza, tiene la finalidad de la imposición de obligaciones activas (dar o hacer) en caso de confirmarse la irregularidad o antijuridicidad de la conducta omisiva atacada. En este sentido, debe tenerse presente que la pretensión cautelar no puede verse – ni de asomo – como un adelantamiento del pronunciamiento de fondo del tema de discusión principal, ya que esto desnaturalizaría completamente la instancia que se convertiría en un adelantamiento de la sentencia del proceso, lo cual resulta a todas luces improcedente. Empero, es claro que este juzgador debe realizar una ponderación de intereses, en tanto si bien como se indicó en acápite anterior no existe el peligro en la demora dado que la acción lleva décadas realizándose, lo cierto es que estamos ante una acción amparada en el artículo 50 constitucional, ante la tutela de bienes de dominio público regidos por la protección ambiental y que obligan a una ponderación de intereses donde la búsqueda preventiva de medidas para evitar la contaminación y agravio de las condiciones actuales, fuerzan a la aplicación de los principios pro natura y precautorio que se enfrentan a las disposiciones de libre acceso, goce y disfrute de la zona marítima terrestre que dispone los numerales 23 de la ley 6043 y 9° del reglamento a dicha ley (decreto 7841-P), así como las regulaciones propias de la Ley de Caminos Públicos concretamente los numerales 19 y 23. Así, la instrumentalidad de esta acción tendrá como límite dentro de ambos ejes de intereses en ponderación, las pretensiones de fondo de este proceso siendo éstas: circulación de vehículos en zona marítima terrestre de playa Conchal y el cierre efectivo del paso vehicular, la adopción de acciones para reparar y proteger el Patrimonio Natural del Estado afectado (pretensiones a, b y c de la demanda, visible a imágenes 15 y 16 del legajo de medida cautelar).

IX. SOBRE LA CONCURRENCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL DICTADO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROMOVIDA

Se tiene por acreditado que sí hay apariencia de buen derecho (considerandos V y VI de esta resolución), aunque no hay urgencia o daño actual (peligro en la demora), dado que se encuentra una situación consolidada (considerando VII), y que existen medidas aplicadas por el SINAC que buscan disminuir el riesgo actual e inminente en la afectación del Patrimonio Natural del Estado, lo cierto es que existe una necesidad de determinar si las acciones tomadas no pueden generar un nuevo peligro o incrementar el riesgo de daño existente, así como los requerimientos de la parte promovente pueden o no otorgarse en el marco de una ponderación de intereses como la ya expuesta (véase considerando VIII). Ahora bien, respecto de la pretensión originaria presentada en el escrito de demanda, la misma debe ser rechazada por los argumentos ya indicados por el Tribunal de Apelaciones en su resolución 413-2018-II, dada la indeterminación y generalización de la pretensión cautelar. Si bien es cierto, la tutela cautelar tiene fuertes rasgos de informalismo, lo cierto es que ello en ninguna forma habilita o genera una prerrogativa al juzgador para realizar una interpretación o adecuación de la pretensión cautelar, sino que tal carga recae sobre la parte promovente al delimitar, definir clara y de forma concisa la acción de cautela que pretende sea otorgada, por ello la fórmula usada de ordenar a “las actuaciones administrativas que resulten necesarias” generaliza fuera de los límites de una correcta determinación y razonabilidad de una medida cautelar. A contrario sensu, las pretensiones a.i, a.ii y a.iii del escrito presentado por la parte promovente en fecha 8 de febrero de 2019 por medio de las cuales pretende la construcción de alcantarillas de concreto, las mismas carecen del estudio técnico que respaldan la idoneidad de la medida peticionada por lo que deben ser descartadas, debe recordarse que la falta de prueba y de argumentación en este sentido son responsabilidad exclusiva de la parte promovente, criterio ampliamente reiterado por este Tribunal, respaldado por las resoluciones del Tribunal de Casación (entre otras, las números 5-F-TC-2008 y 18-F-TC-2008, del 6 de febrero y del 28 de marzo), y reiterado por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en el Voto 30-2012 de las catorce horas con veinte minutos del veintidós de octubre de dos mil doce; adiciónese a lo anterior que respecto de la petición de que se cierre el camino público también debe darse un rechazo, dado que, tal pretensión carece del requisito de instrumentalidad en tanto generarían un adelanto de criterio respecto de la validez, eficacia y vigencia del camino público municipal y además, realizando un análisis de la ponderación de los intereses en juego, el interés público de dar acceso vial a la zona conforme lo permite y ordena la propia Ley 6043 (artículo 23) y considerando que el daño ambiental que los informes técnicos citados refieren a una situación consolidada, no permiten realizar una valoración de peligro en la demora que ponga en riesgo el libro uso, goce y disfrute de la zona, sin perjuicio de lo expuesto en el considerando siguiente.

X. ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR Y DELIMITACIÓN (CONCRETIZACIÓN) DE LA ACCIÓN CAUTELAR

Dadas las razones expuestas para el rechazo de las medidas solicitadas, conforme lo dispone el numeral 20 y 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ante el análisis realizado en el presente asunto, se debe entrar a conocer la necesidad de adopción de medidas de oficio, ajustando las pretensiones presentadas en la medida identificadas en el escrito del 8 de febrero de 2019 como a.iv y a.v, analizando las acciones realizadas por las partes hasta el momento. En este orden de ideas, a consideración de este juzgador sí existe la necesidad de mantener las siguientes medidas cautelares hasta el pronunciamiento de fondo de este proceso, en aplicación de los principios precautorio y pro natura: a) El cierre provisional de tránsito vehicular en las zonas consideradas como Patrimonio Natural del Estado y Refugio de vida silvestre conforme el criterio técnico SCT-OR-DR-0933-18 del SINAC (visible a imagen 729 a 734 del legajo de medidas cautelares), por lo que se impone la obligación de inspección regular y mantenimiento de cierre a cargo del Estado y del SINAC, la cual debe coordinar las tareas de inspección con la Municipalidad de Santa Cruz, remitiendo informes trimestrales a este Tribunal (artículo 17 de la Ley 6043); lo anterior sin perjuicio de que a través de criterio técnico, dichas autoridades tomen acciones diferentes para lo cual deberán informar a este Tribunal de forma previa a cualquier cambio. b) Sobre las áreas no afectadas por el cierre indicados en el acápite anterior, corresponderá el control de actividades lucrativas a la Municipalidad y, respecto al correcto uso del tracto de zona pública, deberá la Municipalidad en coordinación con las autoridades de tránsito y demás pertinentes, impedir el parqueo de los vehículos, corta de árboles, concentración de residuos sólidos, alteración de la topografía del terreno, o que se lleve a cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar sin la debida autorización; así como controlar las instalaciones temporales o móviles como tiendas de campaña, trailers o similares que deberán hacerlo en las zonas destinadas para tales fines (si existiesen) y sobre todo regularizar cualquier tipo de construcciones irregulares, conforme los numerales 13 de la ley 6043, en concordancia con los artículos 9, 10, 11 y 22 del Reglamento a la ley 6043 (Decreto 7841-P). De igual forma, a efectos de organizar el aprovechamiento humano de dicha franja de terreno, deberá el municipio coordinar acciones con el ICT a efectos de garantizar en todo momento el acceso a la zona y el libre tránsito en ella de cualquier persona, la práctica de deportes y de actividades para el sano esparcimiento físico y cultural (artículo 9° del decreto 7841-P), remitiendo los demandados informes trimestrales a este Tribunal del cumplimiento de lo ordenado." ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Firmar Documento *170097081027CA* MEDIDA CAUTELAR ACTOR/A:

DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE S.A.

DEMANDADO/A:

EL ESTADO Nº1226-2019 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas y cero minutos del quince de julio de dos mil diecinueve.- Proceso MEDIDA CAUTELAR establecido por DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE S.A. contra EL ESTADO, INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO., MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. Se resuelve Medida cautelar lite pendente.

CONSIDERANDO:

I. ASPECTOS DE TRÁMITE RELEVANTES

Dado que el presente legajo de medidas cautelares cuenta con múltiples gestiones, se circunscriben los eventos procesales relevantes para esta resolución las siguientes: 1.- Que por medio de la resolución 413-2018-II la sección segunda del Tribunal de Apelaciones anuló la resolución de fondo cautelar 1258-2018 emitida por este Despacho ordenando su reenvío, manteniendo la medida cautelar provisionalísima emitida [véase grabación de la audiencia la emisión oral del fallo indicado]. 2.- Una vez devuelto los autos, el despacho convoca a las trece horas con treinta minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve a todas las partes siendo ordenado por el juez de trámite que para la presente causa solamente se considerarán el escrito de interposición, así como el escrito que posteriormente presentó la parte promovente en fecha 8 de febrero de los corrientes. [véase minuta de la audiencia cautelar a Imágenes 703 a 706 del legajo judicial de medida cautelar y escrito del promovente visible a imágenes 696 a 700 del mismo legajo]. 3.- De la anterior gestión, el despacho emplazó a todas las partes accionadas a que se refirieran sobre dichas pretensiones por medio de resolución de las dieciséis horas y veintiséis minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve. [Imagen 709 del legajo judicial de medida cautelar respectivamente], siendo tal auto notificado a todas las partes [imágenes 710 a 713 y 726 del mismo legajo]. 4.- El SINAC a través de escrito de fecha 14 de mayo [aclarado por escrito de fecha 5 de julio de los corrientes, véase imágenes 724 a 734, y 737 a 738 del legajo de medida cautelar] y el Estado por escrito de 22 de mayo atendieron la audiencia otorgada, guardando silencio las demás partes. 5.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor, y no se observan causales que puedan producir nulidad y/o indefensión.

II.-OBJETO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR. Conforme se indicó en el punto 2 del considerando anterior, las pretensiones cautelares fueron reducidas a las contenidas en el escrito de interposición, así como en el escrito de la provente de fecha 8 de febrero de 2019; así, la parte promovente solicita en su escrito de interposición lo siguiente: "Se Ordene a la Municipalidad de Santa Cruz a disponer las actuaciones administrativas que resulten necesarias para impedir el tránsito y estacionamiento de vehículos automotores por la zona marítimo terrestre Playa Conchal.-" [Imágenes 12 y 13 del legajo judicial de medida cautelar]. Mientras en escrito de 8 de febrero de 2019, el promovente procura que se disponga contra la Municipalidad de Santa Cruz “i) Ordenar la colocación de alcantarillas de concreto, y rotulación que haga referencia a la legislación que prohíbe la circulación de vehículos por la zona pública, en los dos accesos vehiculares de la Playa Conchal: Puerto Viejo y Brasilito y en la subida de ingreso de Playa Brasilito a Playa Conchal. En el caso de Brasilito antes del Manglar, así como alcantarillas de concreto en todos los demás accesos a Playa Conchal. En el sector de Puerto Viejo se deberán instalar tres alcantarillas de concreto rellenas de cemento en el área de ingreso a la zona pública, frente al Restaurante El Encanto. En la subida ingreso [sic] entre Playa Brasilito y Playa Conchal, se deberán instalar tres alcantarillas de concreto rellenas de cemento al inicio de la subida hacia Playa Conchal (donde fueron colocadas inicialmente, pero destruidas). ii) Conservar y dar mantenimiento a las alcantarillas de concreto en los puntos de acceso vehicular indicados, de manera que la Municipalidad impida en todo momento el acceso de vehículos a la zona pública y a las áreas ambientalmente protegidas. iii) Proteger las alcantarillas de concreto frente a daños de terceros. iv) Mantener presencia de la Policía Municipal en el lugar, con el objeto de que no se burle la medida de impedir el ingreso de vehículos a la zona pública y evitar daños a las alcantarillas o rotulación. v) Rendir informes mensuales sobre el cumplimiento de las medidas cautelares”; mientras que contra el Estado y contra SINAC busca que “continúen presentando informes dado que han ejercido a partir del dictado de la medida cautelar provisionalísima vigente una labor importante de supervisión de cumplimiento” [imagen 699 y 700 del legajo cautelar].

III.-ARGUMENTOS DE LAS PARTES: Por parte del promovente Desarrollos Hoteleros Guanacaste SA en síntesis, gira su teoría del caso en lo que a su parecer es un daño ambiental provocado por la utilización de la zona marítima terrestre de Playa Conchal para uso vehicular y que ha sido denunciado por el promotor de la medida ante la Municipalidad de Santa Cruz, Procuraduría Ambiental, Contraloría General de la República, ICT, Tribunal Ambiental, MINAE, MOPT (hechos 1 a 7 de la demanda), sustentando como prueba en un estudio de impacto ambiental y el estudio ACT-OR-DR-0666-17 del SINAC (Imágenes 3 a 5, así como pruebas a imagen 22 a 59 en cuanto a la denuncia; imágenes 60 a 66 en cuanto al estudio de impacto ambiental realizado por Alexander Bonilla Duran febrero a marzo de 2016; imágenes 68 a 75 para oficio ACT-OR-DR-0666-17; imágenes 104 a 190 estudio de impacto ambiental tránsito vehicular realizado por Nombre16251 ; todos del legajo judicial de medida cautelar). Por parte de los accionados; el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC manifiesta en su escrito 14 de mayo que no existe actualidad en la medida dado que ellos ya han cerrado, adjuntando los oficios ACT-OR-DR-0933-18 y Placa2516 (imágenes 719 a 724 del legajo de medida cautelar), pero en fecha 5 de julio de forma extemporánea a la audiencia otorgada, solicita se mantenga las medidas dictadas de cierre. Por parte del Instituto Costarricense deTurismo ICT, en el escrito de apersonamiento inicial de fecha 16 de noviembre de 2017 (visible a imágenes 219 a 224 del legajo de medida cautelar) considerando que la medida es improcedente por cuanto no se demuestra lo severo del daño y que además no existe actualidad, dado que la situación es de vieja data por lo que no existe un peligro en la demora, solicita que se rechace la medida y que en caso de otorgarse alguna, no se tome acción en su contra, aunque, de forma contradictoria, por escrito del 5 de febrero del 2019 indica estar de acuerdo con la medida (imagen 690 del legajo de la medida cautelar). Por parte del ESTADO, su representante en un primer momento refiere que las pretensiones no se encuentran dirigidas en su contra. No obstante, posteriormente manifiesta, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley General de Caminos Públicos, la administración de la red vial cantonal corresponde a las municipalidades costeras, las cuales tienen el deber de velar por el uso común de la Zona Pública y como administradoras de la zona marítimo terrestre según la Ley de Zona Marítimo Terrestre (número 6043). Sostiene, que según esa normativa en las áreas de las ciudades litorales, la Municipalidad tiene la obligación de promover el desarrollo integral (sostenible) del cantón y el adecuado ordenamiento urbano, funciones en las que se hallaría la de velar por la correcta utilización de las áreas de uso público no confiadas a la defensa de otras instituciones, para garantizar su destino, el mayor bienestar colectivo, así como una mejor calidad de vida de la población. Continúa indicando, que corresponde a las municipalidades tomar las medidas pertinentes para contrarrestar aquellas acciones indebidas contra el demanio costero, así como preservar los recursos naturales en sus condiciones originales según lo ha señalado la Sala Constitucional en las resoluciones número 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-2001 y 12777-2001. Expone, que la actuación responsable respecto a las playas, las cuales son propiedad nacional y de uso público supone que la entidad administradora (Municipalidad y el ICT), así como las instituciones competentes para autorizar usos excepcionales de la Zona Pública deben dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el uso público de la zona. De manera que, una actuación responsable, transparente y garante del interés nacional, es la que tienda a preservar la propiedad pública del Estado conforme a su destino, a través de la adopción de las respectivas medidas que lo aseguren y del control para su debido cumplimiento. Sobre este mismo punto, cita que la Sala Constitucional, ha estimado que se encuentra ajustado al Derecho de la Constitución la presencia en la playa de efectivos de la fuerza pública para impedir la alteración del orden con levantamientos unilaterales de tiendas de campaña por los particulares y que no lesiona el libre tránsito las medidas ejecutadas para evitar el levantamiento de tiendas de campaña o instalaciones similares en la zona pública de playa..., y el ingreso y circulación de vehículos automotores en esa zona. Por otra parte, se refiere al principio precautorio en materia ambiental como uno de los principios rectores del Derecho Ambiental, y que se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, que literalmente indica Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Además, en el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad, en el artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: 1.-Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.-Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. Cita además, los principios de tutela del derecho ambiental a cargo del Estado que se extrae del artículo 50 de la Constitución Política, del que deriva la obligación del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en materia ambiental y del cual, la Sala Constitucional ha señalado que el Estado debe asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho. Principio de la calidad ambiental, que constituye un parámetro fundamental de la calidad de vida, vinculado con la condición de esta que cada individuo pueda llevar; y al uso que se haga del ambiente para el propio desarrollo, donde la Sala Constitucional ha estimado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, implica el correlativo deber de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (imágenes 399, 412 a 419), aportando con ello el criterio DIG-TOT-247-2018 del 11 de junio de 2018. Instituto Geográfico Nacional y ACT-OR-DR-0790-18 del 11 de junio de 2018 de la Dirección Regional. Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (imágenes 420 a 429 del legajo de la medida cautelar), y posteriormente por medio de escrito de fecha 29 de octubre de 2018 incluye de interés para esta resolución Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte OFICIO SPS-PEMIST-2018-229 del 22 de junio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-194 del 13 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-196 del 16 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-200 del 18 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-267 del 19 de setiembre de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-289 del 12 de octubre de 2018 y OFICIO SPS-PEMIST-2018-303 del 26 de octubre de 2018 (véase imágenes 629 a 664 del legajo de medida cautelar). Por parte de la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ alega a través de su escrito de 1 de diciembre de 2017 (imágenes 230 a 232 del legajo de medida cautelar) que, según el oficio DDUR-UNTGV-COOR-0188-2007 (imagen 249 del legajo de medida cautelar), del ingeniero Didier Monge Jiménez, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, de la Municipalidad de Santa Cruz, hace constar que existe un camino público debidamente inventariado con el código C-5-03-010 de la Escuela de Matapalo a Dirección2116 del distrito de Cabo Velas, que pertenece a la red vial cantonal de Santa Cruz, con una longitud de siete punto noventa kilómetros y que se encuentra bajo la administración de la Municipalidad. Sostiene, que por lo que indica ese oficio es imposible para la Municipalidad, impedir el tránsito y estacionamiento por un camino que es una ruta cantonal, de conformidad con la Ley de General de Caminos, número 5060. Considera, que el cierre del camino de Playa Brasilito pasando por Playa Conchal y hasta Puerto Viejo, conllevaría violentar el derecho al libre transito estipulado en el artículo 22 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley General de Caminos, que establece que nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, caminos o calles públicas. Aduce, además, que la Municipalidad en su condición usufructuaria y administradora de la Zona Marítimo Terrestre, es diligente en la atención de denuncias y ha realizado múltiples operativos, dentro de su competencia para ejercer control sobre las ventas ambulantes y estacionarías en la vía pública, que accede a Playa Conchal y la zona publica de esta. Por otro lado, señala, que es competencia de la Policía de Tránsito, realizar las respectivas infracciones a la Ley de Tránsito en el camino público, sin embargo, han manifestado, que no pueden limitar el acceso a Playa Conchal, y se limitan a decomisar vehículos que se encuentren dentro de la zona pública de la Playa. Solicita que, por lo indicado, se rechace el otorgamiento de la medida cautelar, al ser contraria a lo que establece la ley y la Constitución Política.

IV.LOS PRESUPUESTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. Tal y como ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (Voto Nº 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre, Voto Nº 6224-2005, de las 15:16 horas del 25 de mayo del 2005). Brevemente, conviene indicar que la naturaleza jurídica de las medidas cautelares está justificada como un instrumento procesal de segundo grado -u instrumento del instrumento procesal- que busca paliar los efectos negativos de la normal y a veces patológica duración de los procesos jurisdiccionales –vacatio u distancia temporis-, haciendo valedero el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida dispuesta en el numeral 41 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, pues por pronta no puede ser tardada y por cumplida debe ser realizada; con acierto se ha dicho que no se trata de un adelanto de criterio sino de una tutela de situaciones apremiantes que sin el debido respaldo jurisdiccional se convertirían en daños directos para las partes procesales intervinientes. En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Nombre41. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). De conformidad con el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el juez, a la hora de determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, debe verificar que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. Por otro lado, el mismo numeral 21 del Código establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el peligro en la demora o periculum en mora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Por último, el artículo 22 CPCA establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada. En términos similares, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Sexta), en voto numero 301-2012-VI, de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre del dos mil doce, tuvo la oportunidad de referirse al tema, y en tal sentido estableció: "[...] La reparabilidad del bien no se satisface, en todos los casos, por un reintegro monetario. De ahí que como derivado de esta corriente, el Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) abandona de modo expreso un sistema cautelar que tiene como epicentro el acto administrativo, que si bien es una de las manifestaciones formales de la voluntad pública, no es la única. Por el contrario, al considerar el marco amplio del objeto del proceso, la justicia cautelar debe trascender la mera orden suspensiva como sub-especie de las conservativas de contenido negativo, para introducir medidas innovativas, de contenido positivo, sean estas inhibitorias, ordenatorias o sustitutivas, pero siempre valorando, en cada caso, los alcances de los poderes del juez en torno al control de la discrecionalidad administrativa (ordinales 20 y 128 del CPCA). Desde ese plano, se trata de acciones que se encuentran al servicio del proceso principal de fondo, de ahí sus características de provisionalidad e instrumentalidad. En el primer caso, en tanto lo acordado respecto de la cautelar mantendrá una vigencia condicionada a lo que se resuelva en el proceso de fondo. Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo estatuye el numeral 29 del Código de rito. En el segundo aspecto (instrumentalidad), la medida cautelar guarda una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirve de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos ya señalados. A lo anterior se añade el carácter de sumaria cognitio, que es propio de estas medidas, pues siendo formas provisionales que propenden a las finalidades señaladas, deben ser resueltas de forma breve para poder cumplir su función. Cabe indicar que estas medidas surgen, en todos los casos a instancia de parte; por tanto, están impregnadas por el principio dispositivo. Sin embargo, esto es así solo respecto del análisis de la necesidad de adoptarlas, pues bien el juzgador, una vez pedidas, puede ordenar las que considere necesarias y adecuadas para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (artículo 19.1 ejusdem). Ahora bien, la adopción de estas medidas se encuentra condicionada a la convergencia de una serie de requisitos y condiciones que han de ser satisfechos en cada caso. Así en efecto lo impone el numeral 21 en relación al 22 de ese Código. De las anteriores normas surgen los siguientes presupuestos: peligro en la demora (periculum in mora), apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el equilibrio o ponderación de los intereses en juego[...]. En síntesis , el juzgador debe tomar en cuenta los criterios que rigen la adopción de este tipo de medidas, entre ellos, la adecuación, sea, la idoneidad de la medida para satisfacer los fines buscados; necesidad, lo que presupone la valoración de los remedios que permitan de mejor manera cumplir con su finalidad y proporcionalidad, ponderando los intereses en juego.-

V.APRECIACIÓN PRELIMINAR DEL RÉGIMEN COMPETENCIAL EN EL CASO EN CONCRETO (ANÁLISIS DE APARIENCIA DE BUEN DERECHO DE LA ACCIÓN): Uno de los aspectos medulares a considerar dentro de la presente medida es la legitimación pasiva que ha provocado a lo largo de este proceso cautelar, la inclusión de múltiples instituciones tanto centralizadas como descentralizadas. Así, la Ley 6043 nos brinda una serie de responsables y que poseen competencia en Zona Marítimo Terrestre, tenemos así, el numeral 2° de dicha normativa dispone como competencia del ICT “la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre”, concordándose este con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22, 23, 26 a 33, 35 a 38, 42, 43, 45, 51, 53, 57, 59 y Transitorios II y IV de esta Ley, así como numerales 8, 9, 11, 15, 17, 19, 27, 39, 46, 48, 53, 56 a 60, 72, 78 y 80 del Reglamento a dicha ley (decreto 7841-P); mientras que el artículo 3° de la ley 6043 determina para la Municipalidad el deber de “velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales. El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva”, concordando con los preceptos 5, 13, 17, 18, 21 a 25, 27, 28, 32, 33, 34 a 38, 40, 43, 45, 46, 48 a 51, 53, 55, 56, 58, 59, 73bis, 74, 76, 78, Transitorios I a III y VII de esta ley y del Reglamento a la citada norma 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27 a 48, 51 a 53, 56 a 62, 64 a 66, 73, 75 a 80, 84, 85, 95, 96 y 97; siendo competencia directa de la Procuraduría General de la República conforme al artículo 4 de la ley 6043 “el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley. En consecuencia, hará las gestiones pertinentes respecto a cualesquiera acciones que violaren o tendieren a infringir estas disposiciones o de leyes conexas, o que pretendan obtener derechos o reconocimiento de estos contra aquellas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención a las mismas”, siendo acorde con lo que dispone el art.5 del reglamento a la citada ley y los numerales 2, 3, 20, 26 y 42 de la Ley Orgánica de dicho órgano estatal (ley 6815); mientras que por Ley de la Biodiversidad (art. 22) en concordancia con el artículo 4° del reglamento a la ley 6043 y el decreto 22550-MIRENEM (anterior decreto Nº 7210-A), le corresponde al SINAC la conservación y protección del Patrimonio Natural del Estado. Como puede observarse, en zona marítimo terrestre tenemos una efectiva concurrencia de competencias que no pueden ser ignoradas en el ejercicio del análisis de esta causa, sobre todo por el hecho de que se va a verificar la imposición o no de obligaciones - vía cautelar – a las partes del presente proceso. Así, en cuanto al tema de la coordinación interinstitucional frente al municipio, debemos traer a colación lo dicho por la Sala Constitucional en su resolución 5445-99, la cual expresó: “Varias de las disposiciones que se cuestionan en esta inconstitucionalidad -artículos 5, 10 y 186 del Código Municipal, 2 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, 2 de la Ley General de Caminos Públicos, 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional, 26 y 27 de la Ley General de la Administración Pública y 4, 10, 16, 17 y 18 de la Ley de Planificación Urbana-, se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal… No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir; y ello es así, porque ambos tipos de interés pueden estar, eventualmente, entremezclados y más bien, es frecuente que, dependiendo de la capacidad económica y organizativa de los gobiernos locales, sus limitaciones propias conduzcan a ampliar el círculo de los que aparecen como nacionales o estatales, lo que hace ver que la distinción no debe ser inmutable, sino gradual o variable; pero en todo caso, como lo ha expresado la jurisprudencia antes citada, corresponderá en última instancia al juez decidir si los criterios de distinción se conforman o no con el dimensionamiento constitucional. Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión. En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno. De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes. Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector)” [considerando X del voto 5445-99 de las catorce horas con treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve de la Sala Constitucional]. En materia ambiental, y en ocasión del análisis multi competencial del caso de la cuenca del río grande de Tárcoles, el citado Tribunal de lo Constitucional en el voto 5894-2007 indicó: “aún falta mucho más por hacer y que a pesar de que las instituciones recurridas son conscientes de la problemática, y que han empezado a crear comisiones y grupos de trabajo que pretenden revertir la situación, se hace indispensable adoptar una actitud más proactiva en defensa del ambiente y del rescate de la cuenca del río Grande de Tárcoles por lo que se debe estimar este amparo a fin de ordenar a las instituciones recurridas que, de manera coordinada, asuman una actitud más responsable pero sobre todo con carácter de urgencia, en la adopción de medidas concretas y efectivas que permitan proteger los recursos de la cuenca del río Grande de Tárcoles a fin de propiciar la disminución y eliminación de los focos de contaminación de esa cuenca así como la restauración, en la medida de lo posible, del daño provocado” (Considerando XIII del voto emitido a las once horas y cincuenta y ocho minutos del veintisiete de abril del dos mil siete). En suma, a consideración de este juzgador, ante la acción genérica de tutela del ambiente contemplada directamente en el numeral 50 de la Carta Magna, es claro que el objeto del proceso ha sido incoado con las partes que hasta aquí han formado parte de los autos y que han sido puestas en conocimiento de un eventual daño ambiental que confirma la razonabilidad y ausencia de temeridad en la interposición de la acción, la cual, concretamente para este caso, se analizará si es canalizada a través de pretensiones cautelares instrumentales que superen el análisis de razonabilidad y proporcionalidad.

VI.ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL Y DE FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN ÁREAS BAJO SU TUTELA (CONTINÚA ANÁLISIS DE APARIENCIA DE BUEN DERECHO DE LA ACCIÓN): De forma específica, es de extrema relevancia traer a colación el ámbito de control general de las actividades que el municipio posee sobre el cantón y de forma particular, en zona marítima terrestre. El artículo 88 del Código Municipal reza: “Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado”, a contrario sensu, no existe un derecho de realizar actividad comercial no autorizada, tal y como la jurisprudencia tanto judicial como constitucional hartamente han expuesto, indicando múltiples veces, que el control de las actividades no autorizadas es un tema de competencia municipal, siendo el instrumento del decomiso en el caso de bienes muebles y de la clausura en el caso de bienes inmuebles. Véase al ejemplo lo que indica nuestro Tribunal Constitucional en su voto 5071-2004: “Si tal y como se desprende del informe rendido bajo juramento por el encargado de Rentas de la Municipalidad de Corredores, la actividad de máquinas de Pin Ball y Saca Peluches a la que se refiere la recurrente estaba operando ilegalmente pues no contaba con recibo de pago de la patente correspondiente como es su obligación, no puede estimarse que la actuación municipal mediante la cual se le clausuró el ejercicio de esa actividad, pueda considerarse ilegítimo o arbitrario pues la corporación municipal actuó en cumplimiento de sus obligaciones y los propietarios de ese tipo de máquinas no pueden alegar desconocimiento de su deber de portar la documentación necesaria para acreditar el correcto funcionamiento de esa actividad. Por tal razón, estima la Sala que no se ha ocasionado ninguna lesión a norma o derecho constitucional alguno en perjuicio de la recurrente, siendo que, en todo caso, como se afirma bajo juramento, la actividad de las máquinas fue reanudada inmediatamente después de que los propietarios de las mismas, ajustaron la situación a derecho, con lo cual, el recurso también resulta improcedente por esta razón.” (En igual sentido 10231-2003, 622-2003, 11377-2002, 9840-2002, 7113-2002, entre otros). Pero ad effectum videndi, téngase lo dicho por la misma Sala en su voto 5563-2002: “Esta Sala no cuestiona, porque es un asunto de legalidad, si la Municipalidad tiene razón o no en solicitar el permiso o concesión de agua. Sin embargo, dado que el recurrente no lo tenía y que, con base la falta de ese requisito, no se le había otorgado la patente respectiva, no ve este Tribunal arbitrariedad en el cierre del negocio. Si la amparada no tiene patente no puede ejercer la actividad que pretende y por eso la Municipalidad no lesiona los derechos fundamentales con la clausura. Ahora bien, si ya el recurrente cumplió con el requisito, y según afirman los mismos representantes de la municipalidad, es el único requisito que hace falta, deben la corporación municipal conceder la patente. La negativa podría dar lugar a un reclamo distinto de la amparada, pero en lo que concierne a este recurso debe rechazarse por prematuro, según las razones dadas más arriba”. Esta función es ejercida en la materialidad por el personal municipal con auxilio de la fuerza pública o con la utilización de los funcionarios propios de la Policía Municipal, la cual a raíz de la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal del 23 de abril del 2018 cuentan con amplias potestades de control tal y como lo define en la actualidad el artículo 62 del Código Municipal. Concretamente, en materia de zona marítimo terrestre, tanto la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (N°6043) como su reglamento, otorgan funciones muy específicas a los Gobiernos Locales administradores de dichas franjas, siendo con ello que se considera – de todas las instituciones anteriormente mencionadas – dentro de las que se presenta una alta intensidad en el deber de accionar prima facie ante actividades irregulares (véase por ejemplo las disposiciones de control que establecen sobre zona pública el artículo 13 de la Ley 6043 y 22 de su reglamento), así como el control de actividades e infraestructura a implementarse en tal zona según los numerales 21 y 22 de la mencionada ley, así como constituirse en una de las garantes del libre acceso a la zona pública, debiendo construir caminos públicos (artículo 23, 58 de la ley en concordancia con el 72 del reglamento 7841-P). Del análisis anterior, podemos confirmar que la acción de tutela cautelar presentada por el promovente cumple con un análisis exhaustivo de apariencia de buen derecho y que confirma el cumplimiento de este requisito conforme el 21 de Código Procesal Contencioso Administrativo, en especial al dirigir su requerimiento de tutela frente al municipio.

VII.ANÁLISIS DEL CUADRO FÁCTICO PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR (UBICACIÓN ESPACIO - TEMPORAL DE ANÁLISIS CAUTELAR Y PELIGRO EN LA DEMORA): Otro de los elementos a clarificar en esta resolución refiere a la situación de la acción cautelar, el cual fue uno de los elementos señalados por el Tribunal de Apelaciones en su resolución oral 413-2018-II (minuto 13:00 a 13:40 del audio de dicha resolución, concreto a la nota presentada por el Juez Palacios García). Una vez revisado los autos, a través de la apreciación de la prueba aportada, concretamente echando mano al oficio SPS-2018-229 (identificado por la representación estatal como SPS-PEMIST-2018-229) emitido por la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la ubicación de la acción sería en el tracto vial inventariado como el camino municipal bajo el Código N°503010 que inicia en la Escuela de Matapalo entronque con la ruta nacional N° 933 y finaliza en la Dirección1116 entroncando con la ruta nacional N° 180 (véase imagen 630 del legajo de la medida cautelar), concretizando la acción cautelar en el tramo de dicha vía que discurre a través de la Playa Conchal, conforme el oficio SPS-PEMIST-2018-289 elaborado por el Proceso de Planificación Estratégica Multimodal de Infraestructura y Servicios de Transporte de la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (imágenes 645 a 664 del legajo de medida cautelar) y que coinciden con la descripción dada en el informe técnico DIG-TOT-0247-2018 del Instituto Geográfico Nacional (IGN, véase imágenes 420 a 424 del legajo), confirmándose que se trata de un tracto vial que discurre por zona pública marítimo terrestre y una sección del Refugio de Vida Silvestre Mixto Conchal (visible a imagen 422), tracto vial paralelo a la costa que concuerda con el indicado en las pretensiones del promotor de la acción al referirse a “dos accesos vehiculares de la Playa Conchal: Puerto Viejo y Brasilito y en la subida de ingreso de Playa Brasilito a Playa Conchal. En el caso de Brasilito antes del Manglar... En el sector de Puerto Viejo… en el área de ingreso a la zona pública, frente al Restaurante El Encanto” (considerando II de esta resolución), dando así una ubicación exacta del lugar en litigio y que sería el objeto de los efectos de esta resolución. No obstante, en cuanto al factor temporal y que debe mencionarse a efectos de apreciar el peligro en la demora, la prueba recién citada nos otorga, sin lugar a duda, el conocimiento de tres eventos temporales relevantes: a) Conforme los datos del IGN, existe referencia en la hoja cartográfica “Matapalo Placa2515 edición 2 IGNCR” de la existencia del tracto vial en referencia al menos desde el año 1973 (imagen 423 del legajo de la medida cautelar), mismo que fue inventariado en el año 2001 a 2003 según informa la citada instancia del MOPT en oficio SPS-PEMIST-2018-194 (página 3 del informe, párrafo segundo, imagen 633 del legajo de la medida cautelar) y que se ha mantenido inventariado hasta el día de hoy (informe SPS-PEMIST-2018-289 ya citado); es decir, la condición vial del tramo objeto de estudio de esta medida cautelar data de al menos cuarenta y seis años de existencia y de al menos dieciséis años de constar registro oficial vial y código vial asignado en el MOPT, lo cual hace que sea evidente que la actuación contaminante objeto de estudio de las pretensiones de fondo del legajo principal no cumplan con el requisito de peligro en la demora, haciendo con ello de forma palmaria que los estudios ambientales ofrecidos por la parte promovente, así como los estudios realizados por el MINAE (véase estudio de impacto ambiental realizado por Alexander Bonilla Duran febrero a marzo de 2016 visibles a imágenes 60 a 66, para oficio ACT-OR-DR-0666-17 imágenes ; imágenes 104 a 190 estudio de impacto ambiental tránsito vehicular realizado por Nombre16251 ) manifiesten en consecuencia la existencia de un impacto ambiental consolidado en el tiempo; b) Ante la revisión del decreto 35426-MINAE, el cual crea el “Refugio Nacional de Vida Silvestre Conchal, categoría mixto y crea Comité de Manejo Compartido del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal”, nos damos cuenta de que la afectación a este régimen existe formalmente a partir del 18 de setiembre del 2009, cuando dicho decreto fue publicado en la Gaceta 182 de ese día, con lo cual enfrentándolo al dato anterior, nos damos cuenta que al momento del nacimiento del área protegida, el camino ya existía, ello pese a que al momento de emitir la norma, se incluyó una franja de zona inalienable (por la cual discurre el camino en lite) dentro de la reserva, específicamente al expresar el artículo 1 inciso a) in fine de dicho decreto “A partir del mojón número 386 se sigue por las coordenadas: 338008 E / 264947 N, 337913 E / 264927 N NIE04 / 264927 N hasta llegar al punto de inicio con las coordenadas 337790 E / 264937 N” el cual después de realizar consulta en el visor cartográfico del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT, visible en http://geos0.snitcr.go.cr/visor/) y cotejarlo con lo expresado en el ya indicado informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) DIG-TOT-0247-2018 (imagen 420 a 423 del legajo) el área específica de duna (por donde pasa el camino) forma parte de dicho Refugio, existiendo así un evidente traslape desde un inicio; c) Que de toda la prueba documental visible en autos, no es sino hasta el 16 de julio del año 2018 que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación codemandada realiza una intervención en dicha zona, tanto en la zona de manglar (Patrimonio Natural del Estado), como del Refugio (véase informe ACT-OR-DR-0933-18 y ACT-OR-DR-0352-19 a imágenes 729 a 734 del legajo de medidas cautelares). Los tres datos anteriores, nos permiten tener clara la inexistencia de un “peligro en la demora” en tanto los hechos denunciados ocurren desde hace décadas, y en cuanto a la tutela de las zonas protegidas (Patrimonio Natural del Estado y Refugio de Vida Silvestre) ya existe intervención del órgano competente estatal SINAC en procura de la protección de dichos bienes públicos inalienables e imprescriptibles sometidos a un régimen especial de tutela conforme la regulación aplicable al caso, con lo que no tendríamos el elemento de actualidad y urgencia que requiere la medida, en otras palabras, conforme el análisis supra mencionado, no se trataría de una medida cautelar innovativa (crear una obligación desde la perspectiva cautelar provisional, proporcional e instrumental frente a la lite de fondo), sino se trataría de un análisis de una medida conservativa respecto de las acciones que se han tomado hasta el momento – teniendo presente que la mayoría se realizaron a raíz de la emisión de la medida provisionalísima ordenada por este despacho – y que se determinará si son acordes con la finalidad cautelar propia de este momento de análisis procesal.

VIII.LIMITANTE DE CONOCIMIENTO SUMMA COGNITIO. ACCESORIEDAD E INSTRUMENTALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DEL PROCESO DE FONDO (PONDERACIÓN DE INTERESES): Como puede observarse del considerando anterior, tanto el thema decidendum como los elementos de prueba son sumamente técnicos, por lo que debemos manifestar el límite que el análisis de esta medida cautelar debe tener, dado el conocimiento sumario que se supone esta acción procesal debe considerar y sobre todo, respecto a la naturaleza instrumental que lo que aquí se decide debe tener respecto del proceso principal. Así, debe declararse que el tema de la permanencia, existencia, extinción, registro y/o modificación de la vía pública C-5-03-010, son temas propios de fondo, y excluidos, por tanto, de los efectos de la presente acción cautelar. En este orden de ideas, tal y como lo indicaba el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la ya mencionada resolución 413-2018-II, el proceso principal se trata – en principio –de una acción contencioso administrativa para atacar una conducta omisiva, la cual, por su naturaleza, tiene la finalidad de la imposición de obligaciones activas (dar o hacer) en caso de confirmarse la irregularidad o antijuridicidad de la conducta omisiva atacada. En este sentido, debe tenerse presente que la pretensión cautelar no puede verse – ni de asomo – como un adelantamiento del pronunciamiento de fondo del tema de discusión principal, ya que esto desnaturalizaría completamente la instancia que se convertiría en un adelantamiento de la sentencia del proceso, lo cual resulta a todas luces improcedente. Empero, es claro que este juzgador debe realizar una ponderación de intereses, en tanto si bien como se indicó en acápite anterior no existe el peligro en la demora dado que la acción lleva décadas realizándose, lo cierto es que estamos ante una acción amparada en el artículo 50 constitucional, ante la tutela de bienes de dominio público regidos por la protección ambiental y que obligan a una ponderación de intereses donde la búsqueda preventiva de medidas para evitar la contaminación y agravio de las condiciones actuales, fuerzan a la aplicación de los principios pro natura y precautorio que se enfrentan a las disposiciones de libre acceso, goce y disfrute de la zona marítima terrestre que dispone los numerales 23 de la ley 6043 y 9° del reglamento a dicha ley (decreto 7841-P), así como las regulaciones propias de la Ley de Caminos Públicos concretamente los numerales 19 y 23. Así, la instrumentalidad de esta acción tendrá como límite dentro de ambos ejes de intereses en ponderación, las pretensiones de fondo de este proceso siendo éstas: circulación de vehículos en zona marítima terrestre de playa Conchal y el cierre efectivo del paso vehicular, la adopción de acciones para reparar y proteger el Patrimonio Natural del Estado afectado (pretensiones a, b y c de la demanda, visible a imágenes 15 y 16 del legajo de medida cautelar).

IX. SOBRE LA CONCURRENCIA DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL DICTADO DE LA MEDIDA CAUTELAR PROMOVIDA

Se tiene por acreditado que sí hay apariencia de buen derecho (considerandos V y VI de esta resolución), aunque no hay urgencia o daño actual (peligro en la demora), dado que se encuentra una situación consolidada (considerando VII), y que existen medidas aplicadas por el SINAC que buscan disminuir el riesgo actual e inminente en la afectación del Patrimonio Natural del Estado, lo cierto es que existe una necesidad de determinar si las acciones tomadas no pueden generar un nuevo peligro o incrementar el riesgo de daño existente, así como los requerimientos de la parte promovente pueden o no otorgarse en el marco de una ponderación de intereses como la ya expuesta (véase considerando VIII). Ahora bien, respecto de la pretensión originaria presentada en el escrito de demanda, la misma debe ser rechazada por los argumentos ya indicados por el Tribunal de Apelaciones en su resolución 413-2018-II, dada la indeterminación y generalización de la pretensión cautelar. Si bien es cierto, la tutela cautelar tiene fuertes rasgos de informalismo, lo cierto es que ello en ninguna forma habilita o genera una prerrogativa al juzgador para realizar una interpretación o adecuación de la pretensión cautelar, sino que tal carga recae sobre la parte promovente al delimitar, definir clara y de forma concisa la acción de cautela que pretende sea otorgada, por ello la fórmula usada de ordenar a “las actuaciones administrativas que resulten necesarias” generaliza fuera de los límites de una correcta determinación y razonabilidad de una medida cautelar. A contrario sensu, las pretensiones a.i, a.ii y a.iii del escrito presentado por la parte promovente en fecha 8 de febrero de 2019 por medio de las cuales pretende la construcción de alcantarillas de concreto, las mismas carecen del estudio técnico que respaldan la idoneidad de la medida peticionada por lo que deben ser descartadas, debe recordarse que la falta de prueba y de argumentación en este sentido son responsabilidad exclusiva de la parte promovente, criterio ampliamente reiterado por este Tribunal, respaldado por las resoluciones del Tribunal de Casación (entre otras, las números 5-F-TC-2008 y 18-F-TC-2008, del 6 de febrero y del 28 de marzo), y reiterado por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en el Voto 30-2012 de las catorce horas con veinte minutos del veintidós de octubre de dos mil doce; adiciónese a lo anterior que respecto de la petición de que se cierre el camino público también debe darse un rechazo, dado que, tal pretensión carece del requisito de instrumentalidad en tanto generarían un adelanto de criterio respecto de la validez, eficacia y vigencia del camino público municipal y además, realizando un análisis de la ponderación de los intereses en juego, el interés público de dar acceso vial a la zona conforme lo permite y ordena la propia Ley 6043 (artículo 23) y considerando que el daño ambiental que los informes técnicos citados refieren a una situación consolidada, no permiten realizar una valoración de peligro en la demora que ponga en riesgo el libro uso, goce y disfrute de la zona, sin perjuicio de lo expuesto en el considerando siguiente.

X. ADAPTACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR Y DELIMITACIÓN (CONCRETIZACIÓN) DE LA ACCIÓN CAUTELAR

Dadas las razones expuestas para el rechazo de las medidas solicitadas, conforme lo dispone el numeral 20 y 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ante el análisis realizado en el presente asunto, se debe entrar a conocer la necesidad de adopción de medidas de oficio, ajustando las pretensiones presentadas en la medida identificadas en el escrito del 8 de febrero de 2019 como a.iv y a.v, analizando las acciones realizadas por las partes hasta el momento. En este orden de ideas, a consideración de este juzgador sí existe la necesidad de mantener las siguientes medidas cautelares hasta el pronunciamiento de fondo de este proceso, en aplicación de los principios precautorio y pro natura: a) El cierre provisional de tránsito vehicular en las zonas consideradas como Patrimonio Natural del Estado y Refugio de vida silvestre conforme el criterio técnico SCT-OR-DR-0933-18 del SINAC (visible a imagen 729 a 734 del legajo de medidas cautelares), por lo que se impone la obligación de inspección regular y mantenimiento de cierre a cargo del Estado y del SINAC, la cual debe coordinar las tareas de inspección con la Municipalidad de Santa Cruz, remitiendo informes trimestrales a este Tribunal (artículo 17 de la Ley 6043); lo anterior sin perjuicio de que a través de criterio técnico, dichas autoridades tomen acciones diferentes para lo cual deberán informar a este Tribunal de forma previa a cualquier cambio. b) Sobre las áreas no afectadas por el cierre indicados en el acápite anterior, corresponderá el control de actividades lucrativas a la Municipalidad y, respecto al correcto uso del tracto de zona pública, deberá la Municipalidad en coordinación con las autoridades de tránsito y demás pertinentes, impedir el parqueo de los vehículos, corta de árboles, concentración de residuos sólidos, alteración de la topografía del terreno, o que se lleve a cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar sin la debida autorización; así como controlar las instalaciones temporales o móviles como tiendas de campaña, trailers o similares que deberán hacerlo en las zonas destinadas para tales fines (si existiesen) y sobre todo regularizar cualquier tipo de construcciones irregulares, conforme los numerales 13 de la ley 6043, en concordancia con los artículos 9, 10, 11 y 22 del Reglamento a la ley 6043 (Decreto 7841-P). De igual forma, a efectos de organizar el aprovechamiento humano de dicha franja de terreno, deberá el municipio coordinar acciones con el ICT a efectos de garantizar en todo momento el acceso a la zona y el libre tránsito en ella de cualquier persona, la práctica de deportes y de actividades para el sano esparcimiento físico y cultural (artículo 9° del decreto 7841-P), remitiendo los demandados informes trimestrales a este Tribunal del cumplimiento de lo ordenado.

POR TANTO

Se declara CON LUGAR PARCIALMENTE la medida cautelar interpuesta gestionada por Desarrollos Hoteleros Guanacaste SA contra el ESTADO, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, Se RECHAZAN la pretensión cautelar contenida en el escrito de interposición de la medida cautelar, así como las pretensiones identificadas por la promovente en su escrito del 8 de febrero de 2019 como a.i, a.ii y a.iii de la solicitud de medida cautelar, lo anterior por no cumplir con los requisitos establecidos en el Código Procesal Contencioso Administrativo así como con los principios de instrumentalidad y razonabilidad. Asimismo, se ADECÚAN las pretensiones a.iv y a.v de la medida cautelar solicitada para que en su lugar se ordene el cierre provisional de tránsito vehicular en las zonas consideradas como Patrimonio Natural del Estado y Refugio de vida silvestre conforme el criterio técnico SCT-OR-DR-0933-18 del SINAC, imponiéndose con ello la obligación de inspección regular y mantenimiento de cierre a cargo del Estado y del SINAC, la cual debe coordinar las tareas de inspección con la Municipalidad de Santa Cruz, remitiendo informes trimestrales a este Tribunal. Sobre las áreas no afectadas por el cierre indicado, se ordena el efectivo control de actividades lucrativas a la Municipalidad velando por el respeto al correcto uso del tracto de zona pública, en coordinación con las autoridades de tránsito y demás pertinentes, impidiendo el parqueo de los vehículos, corta de árboles, concentración de residuos sólidos, alteración de la topografía del terreno, o que se lleve a cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar sin la debida autorización; así como controlar las instalaciones temporales o móviles como tiendas de campaña, trailers o similares fuera de las zonas destinadas para tales fines (si existiesen) y sobre todo regularizar cualquier tipo de construcciones irregulares. De igual forma, a efectos de organizar el aprovechamiento humano de dicha franja de terreno, deberá el municipio coordinar acciones con el ICT a efectos de garantizar en todo momento el acceso a la zona y el libre tránsito en ella de cualquier persona, la práctica de deportes y de actividades para el sano esparcimiento físico y cultural, remitiendo los demandados informes trimestrales a este Tribunal del cumplimiento de lo ordenado. Se mantiene la medida cautelar provisionalísima hasta la firmeza de la presente resolución. Notifíquese.

Carlos José Mejías Rodríguez Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01 Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

    Concept anchorsAnclajes conceptuales

    • Código Procesal Contencioso Administrativo Art. 19, 20, 21, 22, 29
    • Ley 6043 — Ley de Zona Marítimo Terrestre Arts. 2, 3, 4, 13, 17, 23
    • Decreto 7841-P — Reglamento a la Ley 6043 Arts. 9, 10, 11, 22
    • Constitución Política Art. 50
    • Ley de Biodiversidad 7788 Art. 11, 22

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