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Res. 01226-2019 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 15/07/2019
OutcomeResultado
The court rejected the requested blanket closure and concrete barriers but provisionally barred vehicle traffic from Playa Conchal’s protected areas and imposed environmental controls, interagency coordination, and quarterly reporting.El Tribunal rechazó el cierre general y las barreras de concreto solicitadas, pero ordenó cerrar provisionalmente el tránsito vehicular en las áreas protegidas de Playa Conchal y estableció controles ambientales, coordinación institucional e informes trimestrales.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court partially granted the interim-measures application filed by Desarrollos Hoteleros Guanacaste S.A. to protect Playa Conchal from the effects of vehicle traffic. It rejected the broadly framed request for every necessary administrative action and the proposed installation of concrete culverts because those measures lacked sufficient specificity and technical support. It also declined to close the entire public road, as doing so would prejudge the road’s validity and impair public access without an established risk from delay concerning an already consolidated environmental condition. Nevertheless, applying the precautionary and pro natura principles, the court reshaped the requested relief on its own initiative. It provisionally barred vehicle traffic from sectors technically classified as State Natural Heritage and a wildlife refuge. It also required inspections, maintenance, interagency coordination, and quarterly compliance reports. In the remaining areas, authorities must control parking, tree cutting, solid-waste accumulation, topographical alteration, temporary installations, unauthorized ecological disturbance, and irregular construction while preserving public access and recreational use.El Tribunal declaró parcialmente con lugar la medida cautelar promovida por Desarrollos Hoteleros Guanacaste S.A. para proteger Playa Conchal frente a los efectos del tránsito vehicular. Rechazó la solicitud genérica de ordenar todas las actuaciones administrativas necesarias y las propuestas de instalar alcantarillas de concreto, pues carecían de delimitación y respaldo técnico suficientes. También descartó cerrar íntegramente el camino público, porque ello anticiparía criterio sobre su validez y afectaría el acceso público sin acreditarse peligro en la demora respecto de una situación ambiental ya consolidada. No obstante, aplicando los principios precautorio y pro natura, adecuó de oficio la tutela: ordenó cerrar provisionalmente el tránsito vehicular en sectores calificados técnicamente como Patrimonio Natural del Estado y refugio de vida silvestre. Además, impuso inspecciones, mantenimiento, coordinación institucional e informes trimestrales, y exigió controlar en las demás áreas el estacionamiento, la corta de árboles, los residuos, las alteraciones topográficas, las instalaciones temporales y las construcciones irregulares.
Key excerptExtracto clave
In this regard, this judge considers it necessary to maintain the following interim measures until a decision on the merits is issued in this proceeding, in application of the precautionary and pro natura principles: (a) the provisional closure of vehicle traffic in the areas considered State Natural Heritage and a wildlife refuge pursuant to SINAC technical criterion SCT-OR-DR-0933-18 (shown at images 729 to 734 of the interim-measures record). The State and SINAC are therefore required to conduct regular inspections and maintain the closure; SINAC must coordinate the inspection work with the Municipality of Santa Cruz and submit quarterly reports to this Court (Article 17 of Law 6043). This is without prejudice to those authorities adopting different actions based on technical criteria, in which case they must inform this Court before making any change. (b) In the areas not affected by the closure described above, the Municipality shall control profit-making activities. Regarding proper use of the public-zone tract, the Municipality, in coordination with traffic authorities and other relevant authorities, must prevent vehicle parking, tree cutting, the accumulation of solid waste, alteration of the terrain’s topography, or any action that alters the site’s ecological balance without proper authorization. It must also control temporary or mobile installations, such as tents, trailers, or similar structures, which must be placed in areas designated for those purposes, if any, and above all regularize every kind of irregular construction, pursuant to Article 13 of Law 6043, in conjunction with Articles 9, 10, 11, and 22 of the Regulation to Law 6043 (Decree 7841-P).En este orden de ideas, a consideración de este juzgador sí existe la necesidad de mantener las siguientes medidas cautelares hasta el pronunciamiento de fondo de este proceso, en aplicación de los principios precautorio y pro natura: a) El cierre provisional de tránsito vehicular en las zonas consideradas como Patrimonio Natural del Estado y Refugio de vida silvestre conforme el criterio técnico SCT-OR-DR-0933-18 del SINAC (visible a imagen 729 a 734 del legajo de medidas cautelares), por lo que se impone la obligación de inspección regular y mantenimiento de cierre a cargo del Estado y del SINAC, la cual debe coordinar las tareas de inspección con la Municipalidad de Santa Cruz, remitiendo informes trimestrales a este Tribunal (artículo 17 de la Ley 6043); lo anterior sin perjuicio de que a través de criterio técnico, dichas autoridades tomen acciones diferentes para lo cual deberán informar a este Tribunal de forma previa a cualquier cambio. b) Sobre las áreas no afectadas por el cierre indicados en el acápite anterior, corresponderá el control de actividades lucrativas a la Municipalidad y, respecto al correcto uso del tracto de zona pública, deberá la Municipalidad en coordinación con las autoridades de tránsito y demás pertinentes, impedir el parqueo de los vehículos, corta de árboles, concentración de residuos sólidos, alteración de la topografía del terreno, o que se lleve a cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar sin la debida autorización; así como controlar las instalaciones temporales o móviles como tiendas de campaña, trailers o similares que deberán hacerlo en las zonas destinadas para tales fines (si existiesen) y sobre todo regularizar cualquier tipo de construcciones irregulares, conforme los numerales 13 de la ley 6043, en concordancia con los artículos 9, 10, 11 y 22 del Reglamento a la ley 6043 (Decreto 7841-P).
Pull quotesCitas destacadas
"Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada."
"Only when all three elements are present—an appearance of a valid claim, risk from delay, and a balancing of interests showing that the harm suffered by the applicant should be protected above the other interests at stake—may the court grant the requested interim measure."
Considerando IV
"Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada."
Considerando IV
"Si bien es cierto, la tutela cautelar tiene fuertes rasgos de informalismo, lo cierto es que ello en ninguna forma habilita o genera una prerrogativa al juzgador para realizar una interpretación o adecuación de la pretensión cautelar, sino que tal carga recae sobre la parte promovente al delimitar, definir clara y de forma concisa la acción de cautela que pretende sea otorgada."
"Although interim protection has strong features of informality, this does not authorize or grant the judge a prerogative to interpret or reshape the interim claim; rather, the applicant bears the burden of delimiting and defining clearly and concisely the protective action sought."
Considerando IX
"Si bien es cierto, la tutela cautelar tiene fuertes rasgos de informalismo, lo cierto es que ello en ninguna forma habilita o genera una prerrogativa al juzgador para realizar una interpretación o adecuación de la pretensión cautelar, sino que tal carga recae sobre la parte promovente al delimitar, definir clara y de forma concisa la acción de cautela que pretende sea otorgada."
Considerando IX
"Las pretensiones a.i, a.ii y a.iii del escrito presentado por la parte promovente en fecha 8 de febrero de 2019 por medio de las cuales pretende la construcción de alcantarillas de concreto, las mismas carecen del estudio técnico que respaldan la idoneidad de la medida peticionada por lo que deben ser descartadas."
"Claims a.i, a.ii, and a.iii in the applicant’s filing of February 8, 2019, seeking the construction of concrete culverts, lack a technical study supporting the suitability of the requested measure and must therefore be rejected."
Considerando IX
"Las pretensiones a.i, a.ii y a.iii del escrito presentado por la parte promovente en fecha 8 de febrero de 2019 por medio de las cuales pretende la construcción de alcantarillas de concreto, las mismas carecen del estudio técnico que respaldan la idoneidad de la medida peticionada por lo que deben ser descartadas."
Considerando IX
"Se mantiene la medida cautelar provisionalísima hasta la firmeza de la presente resolución."
"The emergency provisional measure shall remain in effect until this ruling becomes final."
Por tanto
"Se mantiene la medida cautelar provisionalísima hasta la firmeza de la presente resolución."
Por tanto
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Sign Document *170097081027CA* CASE FILE:
PROCEEDING:
PRECAUTIONARY MEASURE PLAINTIFF:
DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE S.A.
DEFENDANT:
EL ESTADO No. 1226-2019 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at eight hours and zero minutes on quince de julio de dos mil diecinueve.- Precautionary-measure proceeding (medida cautelar) brought by DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE S.A. against EL ESTADO, INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO., MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, and SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. The pendente lite precautionary measure is hereby adjudicated.
WHEREAS:
Given that this precautionary-measures file (legajo de medidas cautelares) contains multiple filings, the procedural events relevant to this decision are limited to the following: 1.- By Decision 413-2018-II, the Second Section of the Tribunal de Apelaciones vacated substantive precautionary Decision 1258-2018 issued by this Court and ordered the matter remanded, while maintaining the highly provisional precautionary measure (medida cautelar provisionalísima) issued [see the recording of the hearing for the oral delivery of the referenced ruling]. 2.- Once the record was returned, the Court summoned all parties for thirteen hours and thirty minutes on seis de febrero de dos mil diecinueve, and the case-management judge ordered that, for this case, only the initiating pleading and the pleading subsequently filed by the moving party on 8 de febrero de los corrientes would be considered. [See the minutes of the precautionary-measure hearing at Images 703 through 706 of the judicial precautionary-measure file and the moving party’s pleading appearing at Images 696 through 700 of the same file]. 3.- Following the foregoing filing, by a decision issued at sixteen hours and twenty-six minutes on dos de mayo de dos mil diecinueve, the Court directed all respondent parties to address those claims. [Image 709 of the judicial precautionary-measure file, respectively]; that order was served on all parties [Images 710 through 713 and 726 of the same file]. 4.- SINAC, through a pleading dated 14 de mayo [clarified by a pleading dated 5 de julio de los corrientes; see Images 724 through 734 and 737 through 738 of the precautionary-measure file], and the State, through a pleading dated 22 de mayo, responded within the period granted, while the remaining parties made no submission. 5.- The mandatory procedural requirements have been observed in these proceedings, and no grounds are found that could result in nullity and/or denial of the right to a defense (indefensión).
As stated in point 2 of the preceding Whereas clause, the claims for precautionary relief were limited to those contained in the initiating pleading and in the moving party’s pleading dated 8 de febrero de 2019; accordingly, in its initiating pleading, the moving party requests the following: “That the Municipalidad de Santa Cruz be ordered to take such administrative actions as may be necessary to prevent motor-vehicle traffic and parking within the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Playa Conchal.-” [Images 12 and 13 of the judicial precautionary-measure file]. Meanwhile, in its pleading dated 8 de febrero de 2019, the moving party seeks an order against the Municipalidad de Santa Cruz to: “i) Order the placement of concrete culverts and signage referring to the legislation prohibiting vehicle traffic through the public zone (zona pública), at the two vehicle-access points to Playa Conchal: Puerto Viejo and Brasilito, and on the access slope from Playa Brasilito to Playa Conchal.
In the case of Brasilito, before the Manglar, as well as concrete culverts at all other access points to Playa Conchal. In the Puerto Viejo sector, three concrete culverts filled with cement shall be installed in the entrance area to the public zone, across from Restaurante El Encanto. On the access slope [sic] between Playa Brasilito and Playa Conchal, three concrete culverts filled with cement shall be installed at the beginning of the slope toward Playa Conchal (where they were originally placed but destroyed). ii) Preserve and maintain the concrete culverts at the specified vehicle-access points so that the Municipalidad prevents vehicle access to the public zone and environmentally protected areas at all times. iii) Protect the concrete culverts from damage by third parties. iv) Maintain a Policía Municipal presence at the site to prevent circumvention of the measure barring vehicles from entering the public zone and to prevent damage to the culverts or signage. v) Submit monthly reports on compliance with the precautionary measures”; while, as against the State and SINAC, it seeks an order that they “continue submitting reports, given that, since the issuance of the currently effective highly provisional precautionary measure, they have performed important compliance-monitoring work” [Images 699 and 700 of the precautionary-measure file].
The moving party, Desarrollos Hoteleros Guanacaste SA, bases its theory of the case, in summary, on what it considers to be environmental damage caused by the use of the maritime-terrestrial zone (zona marítimo terrestre) of Playa Conchal for vehicular traffic, which the applicant for the measure has reported to the Municipalidad de Santa Cruz, Procuraduría Ambiental, Contraloría General de la República, ICT, Tribunal Ambiental, MINAE, and MOPT (facts 1 through 7 of the complaint), relying as evidence on an environmental impact study (estudio de impacto ambiental) and SINAC study ACT-OR-DR-0666-17 (images 3 through 5, as well as evidence at images 22 through 59 regarding the complaint; images 60 through 66 regarding the environmental impact study conducted by Alexander Bonilla Duran from febrero a marzo de 2016; images 68 through 75 for official communication ACT-OR-DR-0666-17; and images 104 through 190 for the vehicular-traffic environmental impact study conducted by Nombre16251; all from the judicial case file (legajo judicial) concerning the interim measure (medida cautelar)).
As for the respondents, the Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC states in its 14 de mayo filing that the measure is no longer current because it has already closed the area, attaching official communications ACT-OR-DR-0933-18 and Placa2516 (images 719 through 724 of the interim-measure case file); however, on 5 de julio, after the deadline for the hearing granted to it, it requests that the closure measures ordered remain in effect. The Instituto Costarricense deTurismo ICT, in its initial appearance filing dated 16 de noviembre de 2017 (shown at images 219 through 224 of the interim-measure case file), considers the measure inadmissible because the severity of the damage has not been demonstrated and, moreover, the matter is no longer current, since the situation is longstanding and therefore there is no risk arising from delay (peligro en la demora). It requests that the measure be denied and that, if any measure is granted, no action be taken against it, although, contradictorily, in a filing dated 5 de febrero del 2019, it states that it agrees with the measure (image 690 of the interim-measure case file).
As for the STATE, its representative initially states that the claims are not directed against it. Nevertheless, the representative subsequently states that, under Article 1 of the Ley General de Caminos Públicos, administration of the cantonal road network falls to the coastal municipalities, which have a duty to safeguard the common use of the Public Zone (Zona Pública) and serve as administrators of the maritime-terrestrial zone pursuant to the Ley de Zona Marítimo Terrestre (número 6043). The representative maintains that, under those provisions, in coastal-city areas the Municipality is required to promote the canton’s comprehensive (sustainable) development and proper urban planning, functions that include ensuring the proper use of public-use areas not entrusted to the protection of other institutions, in order to guarantee their intended purpose, greater collective well-being, and a better quality of life for the population.
The representative further states that municipalities are responsible for taking appropriate measures to counter improper actions against the coastal public domain (demanio costero), as well as for preserving natural resources in their original condition, as held by the Sala Constitucional in decisions número 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-2001 and 12777-2001. The representative explains that responsible conduct with respect to beaches, which are nationally owned and intended for public use, requires the administering entities (Municipality and ICT), as well as the institutions empowered to authorize exceptional uses of the Public Zone, to issue and enforce the provisions necessary to ensure the free and safe passage of persons and the zone’s public use. Accordingly, responsible and transparent action that safeguards the national interest is action aimed at preserving the State’s public property in accordance with its intended purpose, through the adoption of the respective measures necessary to secure it and oversight of proper compliance with those measures.
On this same point, the representative cites the Sala Constitucional’s finding that the presence of law-enforcement officers on the beach to prevent disturbances of public order resulting from individuals unilaterally erecting tents is consistent with Constitutional Law, and that measures implemented to prevent the erection of tents or similar structures in the public beach zone..., and the entry and circulation of motor vehicles within that zone, do not violate freedom of movement. The representative also refers to the precautionary principle (principio precautorio) in environmental matters as one of the guiding principles of Environmental Law, embodied in the United Nations Conference on Environment and Development, or Rio Declaration, which states literally: Principle 15.—In order to protect the environment, States shall widely apply the precautionary approach according to their capabilities.
Where there is a threat of serious and irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. Furthermore, within the domestic legal system, Article 11 of the Ley de Biodiversidad establishes the following principles as interpretive parameters (parámetros hermenéuticos): 1.—Preventive approach (Criterio preventivo): It is recognized that anticipating, preventing, and addressing the causes of biodiversity loss or threats to it are of vital importance. 2.—Precautionary approach or in dubio pro natura (Criterios precautorio o indubio pro natura): Where there is a danger or threat of serious or imminent harm to the elements of biodiversity and the knowledge associated with them, the absence of scientific certainty shall not be used as a reason for postponing the adoption of effective protective measures.
The representative also cites the principles governing the State’s protection of environmental law, derived from Article 50 of the Constitución Política, from which arises the State’s obligation to exercise a protective and governing role in environmental matters and regarding which the Sala Constitucional has held that the State must safeguard and protect the right against any risk or need, and must defend it and prohibit and prevent any activity that infringes it. The principle of environmental quality (Principio de la calidad ambiental), which constitutes a fundamental measure of quality of life, is linked to the conditions in which each individual is able to live and to the use made of the environment for personal development; in this regard, the Sala Constitucional has found that the right to a healthy and ecologically balanced environment entails the corresponding duty to protect and preserve the environment through the rational exercise and beneficial enjoyment of that right itself (images 399, 412 through 419).
In support, the representative submits opinion DIG-TOT-247-2018 of 11 de junio de 2018, Instituto Geográfico Nacional, and ACT-OR-DR-0790-18 of 11 de junio de 2018 from the Dirección Regional, Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (images 420 through 429 of the interim-measure case file), and subsequently, through a filing dated 29 de octubre de 2018, includes the following items relevant to this decision: Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte OFICIO SPS-PEMIST-2018-229 of 22 de junio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-194 of 13 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-196 of 16 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-200 of 18 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-267 of 19 de setiembre de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-289 of 12 de octubre de 2018 and OFICIO SPS-PEMIST-2018-303 of 26 de octubre de 2018 (see images 629 through 664 of the interim-measure case file).
The MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ argues in its filing of 1 de diciembre de 2017 (images 230 through 232 of the interim-measure case file) that official communication DDUR-UNTGV-COOR-0188-2007 (image 249 of the interim-measure case file), issued by engineer Didier Monge Jiménez, coordinator of the Unidad Técnica de Gestión Vial of the Municipalidad de Santa Cruz, certifies that a public road duly recorded under code C-5-03-010 runs from the Escuela de Matapalo to Dirección2116 in the district of Cabo Velas, belongs to Santa Cruz’s cantonal road network, is seven point ninety kilometers long, and is administered by the Municipality. It maintains that, in view of what that official communication states, the Municipality cannot prevent traffic and parking on a road that constitutes a cantonal route, pursuant to the Ley de General de Caminos, número 5060. It considers that closing the road from Playa Brasilito through Playa Conchal to Puerto Viejo would violate the right to freedom of movement established in Article 22 of the Constitución Política and Article 32 of the Ley General de Caminos, which provides that no one shall have the right to close, partially or entirely, or to narrow public roads or streets by fencing or building upon them.
It further contends that the Municipality, in its capacity as usufructuary (usufructuaria) and administrator of the maritime-terrestrial zone, diligently addresses complaints and has conducted numerous enforcement operations, within its authority, to control itinerant and stationary vendors on the public roadway providing access to Playa Conchal and its public zone. It further notes that the Policía de Tránsito is responsible for issuing the appropriate citations for violations of the Ley de Tránsito on the public road; however, its officers have stated that they cannot restrict access to Playa Conchal and limit themselves to impounding vehicles found within the beach’s public zone. For the reasons stated, it requests that the interim measure be denied because it is contrary to the law and the Constitución Política.
As developed in the case law of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, precautionary relief (justicia cautelar) responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and effective justice by preserving the factual conditions indispensable for rendering and enforcing the judgment (Voto Nº 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre, Voto Nº 6224-2005, de las 15:16 horas del 25 de mayo del 2005). Briefly, it should be noted that the legal nature of precautionary measures (medidas cautelares) is justified as a secondary procedural instrument—or an instrument of the procedural instrument—intended to mitigate the adverse effects of the normal and sometimes pathological duration of judicial proceedings—vacatio or distancia temporis—thereby giving effect to the fundamental right to prompt and effective justice established in numeral 41 of the Constitución Política de la República de Costa Rica, since prompt justice cannot be delayed and effective justice must be carried out.
It has rightly been said that this does not constitute a prejudgment, but rather the protection of urgent situations that, without proper judicial support, would result in direct harm to the parties to the proceedings. In this same vein, article 19 of the Código Procesal Contencioso Administrativo establishes that the purpose of ordering a precautionary measure is to protect and provisionally safeguard the subject matter of the proceedings and the effectiveness of the judgment. Legal scholarship has stated that the purpose of precautionary relief is not to declare a fact or liability, establish a legal relationship, enforce an order and satisfy an undisputed right, or resolve a dispute, but rather to prevent harm that the dispute may cause or that may arise from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Nombre41. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006).
Pursuant to article 21 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, when determining whether an application for a precautionary measure should be granted, the judge must verify that the claim in the proceedings on the merits (proceso de conocimiento) is neither frivolous nor manifestly lacking in seriousness. This entails a preliminary assessment of the merits to determine whether the case presents what legal scholarship and case law have called a likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho), or fumus boni iuris. In addition, the same numeral 21 of the Código establishes that a precautionary measure is appropriate when the implementation or continuation of the conduct at issue in the proceedings causes serious actual or potential harm or loss, a situation defined in legal scholarship as danger in delay (peligro en la demora), or periculum in mora; that is, when the pathological delay of judicial proceedings creates a present, real, and objective risk that the moving party will suffer serious harm (Jinesta Lobo, Ernesto.
Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Lastly, article 22 CPCA establishes the judge’s obligation, in light of the principle of proportionality, to balance the interests at stake (ponderación de los intereses en juego), namely, the private party’s circumstances on the one hand and, on the other, the public interest and the interests of third parties who may be affected by the adoption of the precautionary measure. Only when all three elements are present—that is, a likelihood of success on the merits, danger in delay, and a determination from the balancing of interests that the harm suffered by the private party warrants protection over the other interests at stake—may the court grant the requested precautionary measure. In similar terms, the Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Sexta), in voto numero 301-2012-VI, de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre del dos mil doce, had occasion to address the issue and held as follows: “[...] The reparability of the protected interest is not satisfied in every case by monetary reimbursement.
Consequently, as a result of this approach, the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter CPCA) expressly abandons a system of precautionary relief centered on the administrative act (acto administrativo), which, although one of the formal manifestations of public will, is not the only one. On the contrary, in view of the broad scope of the subject matter of the proceedings, precautionary relief must extend beyond a mere stay order, as a subtype of negative preservative measures, to introduce affirmative innovative measures, whether prohibitory, mandatory, or substitutive, while always assessing, in each case, the scope of the judge’s authority regarding the review of administrative discretion (ordinales 20 y 128 del CPCA). From this perspective, these are measures ancillary to the principal proceedings on the merits, hence their provisional and instrumental nature. As to the former, any ruling concerning the precautionary measure will remain in force subject to the decision reached in the proceedings on the merits.
It should be emphasized that the measure may also be terminated or modified at any time if the circumstances that originally justified it change, or a measure previously denied may be adopted, as provided in numeral 29 of the governing Código. As to the latter characteristic (instrumentality), the precautionary measure has a distinctly ancillary relationship to the final judgment because, ultimately, it serves as an instrument for preserving the subject matter of the proceedings under the terms already stated. To this is added the characteristic of summary consideration (sumaria cognitio) inherent in these measures because, as provisional mechanisms directed toward the purposes stated, they must be decided expeditiously if they are to fulfill their function. It should be noted that these measures arise in every case at the request of a party; therefore, they are governed by the party-presentation principle (principio dispositivo).
However, this applies only to the analysis of whether they need to be adopted, since once they have been requested, the judge may order any measures deemed necessary and appropriate to protect and provisionally safeguard the subject matter of the proceedings and the effectiveness of the judgment (artículo 19.1 ejusdem). The adoption of these measures is nevertheless contingent upon the convergence of a series of requirements and conditions that must be satisfied in each case. This is indeed required by numeral 21 in relation to 22 of that Código. The following requirements arise from the foregoing provisions: danger in delay (periculum in mora), likelihood of success on the merits (fumus boni iuris), and the equilibrium or balancing of the interests at stake [...]. In summary, the judge must take into account the criteria governing the adoption of this type of measure, including suitability—that is, whether the measure is appropriate to achieve the purposes sought; necessity, which presupposes an assessment of the remedies best able to fulfill its purpose; and proportionality, by balancing the interests at stake.—
V.PRELIMINARY ASSESSMENT OF THE JURISDICTIONAL FRAMEWORK IN THE SPECIFIC CASE (ANALYSIS OF THE PRIMA FACIE MERITS OF THE ACTION [APARIENCIA DE BUEN DERECHO]): One of the core aspects to be considered in connection with this interim measure (medida cautelar) is passive standing (legitimación pasiva), which has led throughout these interim-relief proceedings (proceso cautelar) to the inclusion of multiple centralized and decentralized institutions. Thus, Ley 6043 identifies a number of responsible entities vested with authority over the Maritime-Terrestrial Zone (Zona Marítimo Terrestre). Accordingly, section 2 of that law assigns ICT “the overarching and general oversight of all matters relating to the maritime-terrestrial zone,” consistent with Articles 17, 18, 22, 23, 26 a 33, 35 a 38, 42, 43, 45, 51, 53, 57, 59 y Transitorios II y IV of that Law, as well as sections 8, 9, 11, 15, 17, 19, 27, 39, 46, 48, 53, 56 a 60, 72, 78 y 80 of the Regulations under that law (decreto 7841-P); meanwhile, Article 3 of ley 6043 establishes the Municipality’s duty to “directly ensure compliance with the provisions of this law concerning the ownership, development, utilization, and use of the maritime-terrestrial zone, particularly the coastal tourism areas.
The usufruct and administration of the maritime-terrestrial zone, including both the public zone and the restricted zone, shall correspond to the municipality having jurisdiction,” consistent with provisions 5, 13, 17, 18, 21 a 25, 27, 28, 32, 33, 34 a 38, 40, 43, 45, 46, 48 a 51, 53, 55, 56, 58, 59, 73bis, 74, 76, 78, Transitorios I a III y VII of that law and provisions 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27 a 48, 51 a 53, 56 a 62, 64 a 66, 73, 75 a 80, 84, 85, 95, 96 y 97 of the Regulations under the cited law; pursuant to Article 4 of ley 6043, the Procuraduría General de la República has direct authority over “legal oversight to ensure due compliance with the provisions of this law. Consequently, it shall undertake the appropriate measures regarding any actions that violate or tend to infringe these provisions or related laws, that seek to obtain rights or recognition thereof contrary to those provisions, or that seek to annul concessions, permits, contracts, acts, agreements, or provisions obtained in contravention thereof,” consistent with art.5 of the Regulations under the cited law and sections 2, 3, 20, 26 y 42 of the Organic Law governing that state body (ley 6815); meanwhile, under Ley de la Biodiversidad (art. 22), in conjunction with Article 4 of the Regulations under ley 6043 and decreto 22550-MIRENEM (anterior decreto Nº 7210-A), SINAC is responsible for conserving and protecting the Patrimonio Natural del Estado.
As may be observed, the maritime-terrestrial zone involves a genuine concurrence of authority (concurrencia de competencias) that cannot be disregarded when analyzing this case, particularly because it must be determined whether obligations are to be imposed on the parties to these proceedings by way of interim relief. Thus, regarding interinstitutional coordination (coordinación interinstitucional) involving the municipality, reference must be made to the holding of the Sala Constitucional in resolution 5445-99, which stated: “Several of the provisions challenged in this constitutional action—Articles 5, 10 y 186 of the Código Municipal, 2 of the Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, 2 of the Ley General de Caminos Públicos, 9 y 10 of the Ley de Planificación Nacional, 26 y 27 of the Ley General de la Administración Pública, and 4, 10, 16, 17 y 18 of the Ley de Planificación Urbana—refer to the duty of coordination that must exist among local governments, decentralized institutions, and the Executive Branch in carrying out the functions entrusted to them, which must be analyzed in light of the very nature of municipal autonomy…
Accordingly, no conflict may arise from antagonism or competition between matters encompassed within the general purpose of ‘local interests and services’ and ‘national’ or ‘state’ public interests and services, which are intrinsically distinct but are, in fact, intended to coexist; this is so because both types of interests may ultimately be intertwined and, indeed, it is common for the inherent limitations of local governments, depending on their economic and organizational capacity, to lead to an expansion of the range of matters regarded as national or state matters. This demonstrates that the distinction should not be immutable but rather gradual or variable; in any event, as stated in the case law cited above, it shall ultimately fall to the judge to decide whether the criteria for distinction conform to the constitutional framework. Once the municipality’s subject-matter jurisdiction (competencia material) within a particular territorial district has been defined, it is clear that some functions, by their nature, are exclusively municipal, alongside others that may be regarded as national or state functions; it is therefore essential to define the form of joint exercise of powers that is inevitably required, since municipalities’ public authority is local, while that of the State and other entities is national.
It follows that municipal territory is simultaneously state and institutional territory to the extent required by the circumstances. In other words, municipalities may share their powers with the Public Administration generally, and that relationship must operate under the terms established by law (Article 5 of the former Código Municipal, Article 7 of the new Código), which imposes a duty of ‘coordination’ between municipalities and the public institutions jointly exercising their respective powers, in order to avoid duplication of efforts and contradictions, particularly because only voluntary coordination is compatible with municipal autonomy, as an expression thereof. In other words, a municipality is called upon to enter into cooperative relationships with other public entities, and vice versa, given the concurrent or overlapping nature—in many cases—of interests relating to a specific matter.
In legal scholarship, coordination is defined on the basis of the existence of several independent centers of action, each having its own functions and decision-making powers, which may potentially conflict; despite this, there must be a shared set of purposes according to subject matter, arising from concurrence insofar as the object receiving the final results of each one’s activities and acts is common to them. Coordination is therefore the ordering of relationships among these various independent activities, taking account of their convergence upon the same object or entity so as to make that convergence useful to an overall public plan, without eliminating the reciprocal independence of the acting entities. Because neither the decentralized institutions nor the State itself stand in a hierarchical relationship to the municipalities, particular forms of conduct cannot be imposed upon the latter.
This gives rise to the indispensable interinstitutional ‘concerted action,’ in the strict sense, whereby autonomous and independent centers of action agree upon that preventive and overall framework, within which each performs a role in furtherance of a mission entrusted to the others. Thus, relations between municipalities and other public entities may be conducted only on an equal footing, resulting in agreed forms of coordination and excluding any mandatory arrangement detrimental to their autonomy that would subject corporate entities to a coordination framework without or against their consent; this does, however, allow for the necessary subordination of those entities to the State and in the State’s interest (through the State’s ‘administrative oversight’ [tutela administrativa] and, specifically, through the function of legality review vested in the State, with powers of general oversight over the entire sector)” [Considerando X del voto 5445-99 de las catorce horas con treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve de la Sala Constitucional].
In environmental matters, when conducting the multi-jurisdictional analysis (análisis multi competencial) of the case involving the río grande de Tárcoles watershed, the aforementioned Constitutional Court stated in voto 5894-2007: “much more remains to be done and, although the respondent institutions are aware of the problem and have begun to establish committees and working groups intended to reverse the situation, it is essential to adopt a more proactive approach in defense of the environment and the restoration of the río Grande de Tárcoles watershed. This amparo proceeding (amparo) must therefore be granted in order to direct the respondent institutions to act in a coordinated manner and adopt a more responsible approach, above all as a matter of urgency, by implementing specific and effective measures to protect the resources of the río Grande de Tárcoles watershed, thereby facilitating the reduction and elimination of sources of pollution in that watershed, as well as the restoration, to the extent possible, of the damage caused” (Considerando XIII del voto emitido a las once horas y cincuenta y ocho minutos del veintisiete de abril del dos mil siete).
In sum, in this judge’s view, given the general action for environmental protection (acción genérica de tutela del ambiente) expressly provided for in section 50 of the Constitution, it is clear that these proceedings have been instituted against the parties that have thus far participated in the case and that they have been notified of potential environmental damage, confirming that the filing of the action was reasonable and not reckless. Specifically in this case, it will be determined whether the action is pursued through ancillary claims for interim relief (pretensiones cautelares instrumentales) that satisfy the tests of reasonableness and proportionality.
VI.SPECIFIC ANALYSIS OF MUNICIPAL JURISDICTION AND OVERSIGHT OF ACTIVITIES IN AREAS UNDER ITS AUTHORITY (CONTINUATION OF THE ANALYSIS OF LIKELIHOOD OF SUCCESS ON THE MERITS (APARIENCIA DE BUEN DERECHO) OF THE ACTION): Specifically, it is extremely important to address the municipality’s general authority to oversee activities within the canton and, in particular, in the maritime-terrestrial zone (zona marítima terrestre). Article 88 of the Municipal Code provides: “To engage in any for-profit activity, interested parties must hold the corresponding municipal business license (licencia municipal), which shall be obtained through the payment of a tax. Said tax shall be paid throughout the entire period during which the for-profit activity was conducted or for the period during which the license was held, even if the activity was not conducted.” Conversely, there is no right to conduct an unauthorized commercial activity, as both judicial and constitutional case law have repeatedly stated, holding on numerous occasions that oversight of unauthorized activities falls within municipal jurisdiction, with seizure (decomiso) being the enforcement mechanism for movable property and closure (clausura) for immovable property.
By way of example, consider what our Constitutional Court states in its voto 5071-2004: “If, as is evident from the report submitted under oath by the Revenue Officer of the Municipalidad de Corredores, the Pin Ball and Saca Peluches machine operation referred to by the appellant was operating illegally because it lacked proof of payment for the corresponding business license (patente), as required, the municipal action ordering the closure of that operation cannot be deemed unlawful or arbitrary, since the municipal corporation acted in fulfillment of its obligations, and the owners of such machines cannot claim ignorance of their duty to carry the documentation necessary to demonstrate that the operation was functioning lawfully. For that reason, the Chamber finds that no constitutional provision or right of the appellant has been violated, particularly since, as stated under oath, operation of the machines resumed immediately after their owners brought the situation into compliance with the law; accordingly, the action is also inadmissible for this reason.” (To the same effect, 10231-2003, 622-2003, 11377-2002, 9840-2002, 7113-2002, among others).
But ad effectum videndi, consideration should be given to what the same Chamber stated in its voto 5563-2002: “This Chamber does not question, because it is a matter of ordinary legality, whether the Municipality is correct in requiring a water permit or concession. Nevertheless, given that the appellant did not have one and that, because this requirement had not been met, the corresponding business license had not been granted, this Court finds no arbitrariness in the closure of the business. If the protected party does not have a business license, she cannot conduct the activity she seeks to undertake, and therefore the Municipality does not violate her fundamental rights by ordering the closure. However, if the appellant has now fulfilled the requirement and, as the municipality’s own representatives state, it is the only outstanding requirement, the municipal corporation must grant the business license.
A refusal could give rise to a separate claim by the protected party, but this amparo action (recurso de amparo) must be dismissed as premature for the reasons stated above.” In practice, this function is performed by municipal personnel with the assistance of the public police force or through the municipality’s own Municipal Police officers, who, pursuant to the Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal of 23 de abril del 2018, have broad oversight powers, as currently defined in Article 62 of the Municipal Code. Specifically, with respect to the maritime-terrestrial zone, both the Ley de la Zona Marítimo Terrestre (N°6043) and its regulations assign very specific functions to the Local Governments that administer those strips of land. Accordingly, of all the institutions previously mentioned, Local Governments are considered among those subject prima facie to a particularly stringent duty to take action against irregular activities (see, for example, the oversight provisions governing the public zone (zona pública) established in Article 13 of Ley 6043 and Article 22 of its regulations), as well as to oversee activities and infrastructure to be implemented in that zone pursuant to Articles 21 and 22 of the aforementioned law, and to serve as one of the guarantors of free access to the public zone, for which purpose they must build public roads (Article 23, 58 of the law, read in conjunction with Article 72 of reglamento 7841-P).
From the foregoing analysis, we can confirm that the application for interim relief (tutela cautelar) submitted by the applicant (promovente) satisfies a comprehensive analysis of likelihood of success on the merits and confirms compliance with this requirement under Article 21 of the Code of Administrative Procedure, particularly because the requested relief is directed against the municipality.
VII.ANALYSIS OF THE FACTUAL FRAMEWORK FOR THE RESOLUTION OF THIS PROVISIONAL MEASURE (MEDIDA CAUTELAR) (SPATIOTEMPORAL SCOPE OF THE PROVISIONAL-MEASURE ANALYSIS AND DANGER IN DELAY (PELIGRO EN LA DEMORA)): Another element requiring clarification in this decision concerns the status of the application for provisional relief (acción cautelar), which was one of the elements identified by the Tribunal de Apelaciones in its oral decision 413-2018-II (minute 13:00 a 13:40 of the audio recording of that decision, specifically the note submitted by Judge Palacios García). Upon review of the case file and assessment of the evidence submitted, specifically by relying on official letter SPS-2018-229 (identified by the State’s counsel as SPS-PEMIST-2018-229), issued by the Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, the action would be located on the roadway segment inventoried as the municipal road under Código N°503010, which begins at the Escuela de Matapalo, at the junction with national route N° 933, and ends at Dirección1116, at the junction with national route N° 180 (see image 630 of the provisional-measure file), specifically situating the application for provisional relief on the section of that roadway that runs through Playa Conchal, according to official letter SPS-PEMIST-2018-289 prepared by the Proceso de Planificación Estratégica Multimodal de Infraestructura y Servicios de Transporte de la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (images 645 a 664 of the provisional-measure file), which is consistent with the description provided in technical report DIG-TOT-0247-2018 of the Instituto Geográfico Nacional (IGN, see images 420 a 424 of the file).
This confirms that it is a roadway segment running through the public area of the maritime-terrestrial zone (zona pública marítimo terrestre) and through a section of the Refugio de Vida Silvestre Mixto Conchal (visible in image 422), parallel to the coast and corresponding to the segment identified in the claims of the applicant when referring to “two vehicle access points to Playa Conchal: Puerto Viejo and Brasilito, and on the access slope from Playa Brasilito to Playa Conchal. In the case of Brasilito, before the Manglar... In the Puerto Viejo sector… in the entrance area to the public zone, in front of Restaurante El Encanto” (recital II of this decision), thus providing the exact location of the disputed site that would be subject to the effects of this decision. Nevertheless, as regards the temporal factor, which must be addressed in assessing danger in delay, the evidence just cited provides us, without question, with knowledge of three relevant events in time: a) According to IGN data, the cartographic sheet “Matapalo Placa2515 edición 2 IGNCR” references the existence of the roadway segment in question since at least the year 1973 (image 423 of the provisional-measure file); that segment was inventoried between the years 2001 a 2003, as reported by the aforementioned MOPT office in official letter SPS-PEMIST-2018-194 (page 3 of the report, second paragraph, image 633 of the provisional-measure file), and it has remained inventoried to the present day (the aforementioned report SPS-PEMIST-2018-289).
In other words, the status of the segment examined in this provisional measure as a roadway dates back at least forty-six years, and it has had an official roadway record and assigned road code at MOPT for at least sixteen years. This makes it evident that the polluting activity at issue in the substantive claims (pretensiones de fondo) in the main file does not meet the danger-in-delay requirement, thereby plainly showing that the environmental studies submitted by the applicant, as well as those conducted by MINAE (see the environmental impact study (estudio de impacto ambiental) conducted by Alexander Bonilla Duran febrero a marzo de 2016, visible in images 60 a 66, for official letter ACT-OR-DR-0666-17, images ; images 104 a 190, environmental impact study concerning vehicular traffic conducted by Nombre16251), consequently demonstrate the existence of an environmental impact consolidated over time; b) Upon reviewing decreto 35426-MINAE, which creates the “Refugio Nacional de Vida Silvestre Conchal, categoría mixto y crea Comité de Manejo Compartido del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal,” we find that the area has formally been subject to this legal regime since 18 de setiembre del 2009, when that decree was published in la Gaceta 182 on that date.
When this is compared with the preceding information, it becomes apparent that the road already existed when the protected area was established, even though, when the provision was issued, a strip of inalienable zone (zona inalienable)—through which the road at issue (camino en lite) runs—was included within the reserve, specifically where Article 1, subsection a), in fine, of that decree states: “From boundary marker number 386, the boundary continues along the coordinates: 338008 E / 264947 N, 337913 E / 264927 N NIE04 / 264927 N until reaching the starting point at coordinates 337790 E / 264937 N.” After consulting the map viewer of the Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT, visible at http://geos0.snitcr.go.cr/visor/) and comparing it with the contents of the aforementioned report DIG-TOT-0247-2018 of the Instituto Geográfico Nacional (IGN) (images 420 a 423 of the file), it is apparent that the specific dune area (through which the road passes) forms part of that Refugio, and thus an evident overlap has existed from the outset; c) Of all the documentary evidence in the record, it was not until 16 de julio del año 2018 that the codefendant Sistema Nacional de Áreas de Conservación intervened in that area, both in the mangrove area (State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado)) and in the Refugio (see reports ACT-OR-DR-0933-18 and ACT-OR-DR-0352-19, at images 729 a 734 of the provisional-measures file).
The foregoing three facts clearly establish the absence of “danger in delay,” insofar as the reported events have been occurring for decades and, with respect to the protection of the protected areas (Patrimonio Natural del Estado and Refugio de Vida Silvestre), the competent State body, SINAC, has already intervened in an effort to protect those inalienable and non-prescriptible public assets (bienes públicos inalienables e imprescriptibles), which are subject to a special protection regime under the regulations applicable to this case. Accordingly, the immediacy and urgency required for the measure are absent. In other words, according to the foregoing analysis, this would not be an affirmative provisional measure (medida cautelar innovativa)—that is, the creation of an obligation from the provisional, proportionate, and instrumental perspective of interim relief in relation to the underlying dispute—but rather an analysis of a preservative measure (medida conservativa) concerning the actions taken to date, bearing in mind that most were taken as a result of the issuance of the ultra-provisional measure (medida provisionalísima) ordered by this Court, and it must be determined whether they are consistent with the protective purpose inherent in this stage of the procedural analysis.
ANCILLARY AND INSTRUMENTAL NATURE OF THE PROVISIONAL MEASURE IN RELATION TO THE MAIN PROCEEDINGS (BALANCING OF INTERESTS): As may be seen from the preceding recital (considerando), both the issue to be decided (thema decidendum) and the evidentiary elements are highly technical. We must therefore state the limits applicable to the analysis of this provisional measure, given the summary review that this procedural action is intended to entail and, above all, the instrumental nature that the matters decided here must have in relation to the main proceedings. Accordingly, it must be declared that the permanence, existence, extinguishment, registration, and/or modification of public road C-5-03-010 are matters pertaining to the merits and are therefore excluded from the effects of the present application for provisional relief. In this regard, as the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo stated in the aforementioned decision 413-2018-II, the main proceedings are—in principle—an administrative judicial action (acción contencioso administrativa) challenging an omission (conducta omisiva), which, by its nature, is intended to impose affirmative obligations (obligaciones activas) to give or to act if the irregularity or unlawfulness of the challenged omission is confirmed.
In this respect, it must be borne in mind that the claim for provisional relief (pretensión cautelar) cannot be viewed—even remotely—as an advance ruling on the merits of the principal issue in dispute, since this would completely distort the nature of these proceedings by turning them into an advance disposition of the judgment in the case, which is manifestly improper. Nevertheless, it is clear that this judge must balance the interests involved. Although, as stated in the preceding section, there is no danger in delay because the activity has been occurring for decades, this is nevertheless an action brought under Article 50 of the Constitution, involving the protection of public-domain assets governed by environmental protections. This requires a balancing of interests in which the preventive pursuit of measures to avert pollution and further harm to current conditions compels application of the pro natura and precautionary principles (principios pro natura y precautorio), weighed against the provisions governing free access to, use, and enjoyment of the maritime-terrestrial zone established in sections 23 of ley 6043 and 9° of the regulations to that law (decreto 7841-P), as well as the provisions of the Ley de Caminos Públicos, specifically sections 19 and 23.
Thus, within the two competing sets of interests being balanced, the instrumental nature of this action will be limited by the substantive claims in these proceedings, namely: the circulation of vehicles in the maritime-terrestrial zone of Playa Conchal and the effective closure of vehicular passage, and the adoption of actions to restore and protect the affected Patrimonio Natural del Estado (claims a, b and c of the complaint, visible in images 15 and 16 of the provisional-measure file).
It is deemed established that there is an appearance of a valid legal claim (apariencia de buen derecho) (recitals V and VI of this ruling), although there is no urgency or current harm (danger in delay (peligro en la demora)), given that there is a consolidated situation (situación consolidada) (recital VII), and although measures have been implemented by SINAC that seek to reduce the current and imminent risk of harm to the State Natural Heritage (Patrimonio Natural del Estado), the fact remains that it is necessary to determine whether the actions taken could create a new danger or increase the existing risk of harm, as well as whether the applicant’s requests may or may not be granted within the framework of a balancing of interests (ponderación de intereses), as already discussed (see recital VIII). Now, regarding the original relief sought in the complaint, it must be denied for the reasons already stated by the Court of Appeals in its ruling 413-2018-II, given the indeterminate and generalized nature of the request for precautionary relief (pretensión cautelar).
Although precautionary protection (tutela cautelar) does indeed have strong characteristics of informality, this in no way authorizes or grants the adjudicator the prerogative to interpret or adapt the request for precautionary relief; rather, that burden rests on the applicant, who must delimit and clearly and concisely define the protective action (acción de cautela) sought. Therefore, the formula used, ordering “such administrative actions as may be necessary,” is generalized beyond the limits of the proper specificity and reasonableness required of a precautionary measure. A contrario sensu, requests a.i, a.ii, and a.iii in the filing submitted by the applicant on 8 de febrero de 2019, through which it seeks the construction of concrete culverts, lack a technical study supporting the suitability of the requested measure and must therefore be dismissed. It must be recalled that the lack of evidence and argument in this regard is the exclusive responsibility of the applicant, a standard repeatedly upheld by this Court and supported by the rulings of the Court of Cassation (including numbers 5-F-TC-2008 and 18-F-TC-2008, del 6 de febrero y del 28 de marzo), and reiterated by the Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, in Voto 30-2012 de las catorce horas con veinte minutos del veintidós de octubre de dos mil doce.
It should further be added that the request to close the public road must also be denied because it lacks the requirement of instrumentality (instrumentalidad), insofar as it would prejudge the validity, effectiveness, and continued legal force of the municipal public road. Moreover, upon balancing the interests at stake, the public interest in providing road access to the area, as permitted and required by Ley 6043 (artículo 23), and the fact that the environmental harm described in the cited technical reports relates to a consolidated situation, preclude a finding of danger in delay that would jeopardize the free use and enjoyment of the area, without prejudice to the matters set forth in the following recital.
Given the reasons stated for denying the requested measures, pursuant to sections 20 and 29 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, and in light of the analysis conducted in this matter, it is necessary to examine the need to adopt measures sua sponte (de oficio), adapting the requests identified as a.iv and a.v in the filing of 8 de febrero de 2019 and analyzing the actions taken by the parties to date. Accordingly, in this adjudicator’s view, it is necessary to maintain the following precautionary measures until a ruling on the merits is issued in these proceedings, pursuant to the precautionary principle (principio precautorio) and the pro natura principle (principio pro natura): a) The provisional closure to vehicular traffic of the areas classified as State Natural Heritage and wildlife refuge (Refugio de vida silvestre), in accordance with SINAC technical opinion SCT-OR-DR-0933-18 (appearing at images 729 to 734 of the precautionary-measures file), thereby imposing on the State and SINAC the obligation to conduct regular inspections and maintain the closure.
SINAC must coordinate inspection activities with the Municipalidad de Santa Cruz and submit quarterly reports to this Court (artículo 17 de la Ley 6043); the foregoing is without prejudice to those authorities taking different action on the basis of a technical opinion, in which case they must notify this Court before making any change. b) In the areas not affected by the closure identified in the preceding subsection, the Municipalidad shall be responsible for regulating commercial activities and, with respect to the proper use of the public-zone tract (tracto de zona pública), the Municipalidad, in coordination with the traffic authorities and any other relevant authorities, shall prevent vehicle parking, tree cutting, the accumulation of solid waste, alteration of the land’s topography, or any action that alters the ecological balance of the area without proper authorization. It shall also regulate temporary or mobile facilities such as tents, trailers, or similar structures, which must be placed in areas designated for those purposes (if any), and, above all, regularize any type of unlawful construction, pursuant to section 13 of Ley 6043, in conjunction with articles 9, 10, 11, and 22 of the Reglamento a la ley 6043 (Decreto 7841-P).
Likewise, for the purpose of organizing human use of that strip of land, the municipality shall coordinate actions with ICT to guarantee access to the area at all times, the free passage of any person through it, and the practice of sports and activities for wholesome physical and cultural recreation (artículo 9° del decreto 7841-P), with the defendants submitting quarterly reports to this Court regarding compliance with the orders issued.
POR TANTO
The precautionary measure sought by Desarrollos Hoteleros Guanacaste SA against the ESTADO, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ is GRANTED IN PART. The request for precautionary relief contained in the filing instituting the precautionary-measure proceedings, as well as requests a.i, a.ii, and a.iii identified by the applicant in its filing of 8 de febrero de 2019, are DENIED because they do not meet the requirements established in the Código Procesal Contencioso Administrativo or the principles of instrumentality and reasonableness. Furthermore, requests a.iv and a.v of the requested precautionary measure are ADAPTED so that, in their place, the provisional closure to vehicular traffic of the areas classified as State Natural Heritage and wildlife refuge is ordered in accordance with SINAC technical opinion SCT-OR-DR-0933-18.
This imposes on the State and SINAC the obligation to conduct regular inspections and maintain the closure, and SINAC must coordinate inspection activities with the Municipalidad de Santa Cruz and submit quarterly reports to this Court. In the areas not affected by the indicated closure, the Municipalidad is ordered to exercise effective control over commercial activities, ensuring proper use of the public-zone tract in coordination with the traffic authorities and any other relevant authorities, preventing vehicle parking, tree cutting, the accumulation of solid waste, alteration of the land’s topography, or any action that alters the ecological balance of the area without proper authorization. It shall also regulate temporary or mobile facilities such as tents, trailers, or similar structures outside the areas designated for those purposes (if any), and, above all, regularize any type of unlawful construction.
Likewise, for the purpose of organizing human use of that strip of land, the municipality shall coordinate actions with ICT to guarantee access to the area at all times, the free passage of any person through it, and the practice of sports and activities for wholesome physical and cultural recreation, with the defendants submitting quarterly reports to this Court regarding compliance with the orders issued. The extremely provisional precautionary measure (medida cautelar provisionalísima) shall remain in effect until this ruling becomes final. Notice shall be given.
Carlos José Mejías Rodríguez Judge Goicoechea, Dirección01, 50 metros west of BNCR, across from Dirección02. Telephone numbers: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email: ...01
Firmar Documento *170097081027CA* MEDIDA CAUTELAR ACTOR/A:
DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE S.A.
DEMANDADO/A:
EL ESTADO Nº1226-2019 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las ocho horas y cero minutos del quince de julio de dos mil diecinueve.- Proceso MEDIDA CAUTELAR establecido por DESARROLLOS HOTELEROS GUANACASTE S.A. contra EL ESTADO, INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO., MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. Se resuelve Medida cautelar lite pendente.
CONSIDERANDO:
Dado que el presente legajo de medidas cautelares cuenta con múltiples gestiones, se circunscriben los eventos procesales relevantes para esta resolución las siguientes: 1.- Que por medio de la resolución 413-2018-II la sección segunda del Tribunal de Apelaciones anuló la resolución de fondo cautelar 1258-2018 emitida por este Despacho ordenando su reenvío, manteniendo la medida cautelar provisionalísima emitida [véase grabación de la audiencia la emisión oral del fallo indicado]. 2.- Una vez devuelto los autos, el despacho convoca a las trece horas con treinta minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve a todas las partes siendo ordenado por el juez de trámite que para la presente causa solamente se considerarán el escrito de interposición, así como el escrito que posteriormente presentó la parte promovente en fecha 8 de febrero de los corrientes. [véase minuta de la audiencia cautelar a Imágenes 703 a 706 del legajo judicial de medida cautelar y escrito del promovente visible a imágenes 696 a 700 del mismo legajo]. 3.- De la anterior gestión, el despacho emplazó a todas las partes accionadas a que se refirieran sobre dichas pretensiones por medio de resolución de las dieciséis horas y veintiséis minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve. [Imagen 709 del legajo judicial de medida cautelar respectivamente], siendo tal auto notificado a todas las partes [imágenes 710 a 713 y 726 del mismo legajo]. 4.- El SINAC a través de escrito de fecha 14 de mayo [aclarado por escrito de fecha 5 de julio de los corrientes, véase imágenes 724 a 734, y 737 a 738 del legajo de medida cautelar] y el Estado por escrito de 22 de mayo atendieron la audiencia otorgada, guardando silencio las demás partes. 5.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de rigor, y no se observan causales que puedan producir nulidad y/o indefensión.
Conforme se indicó en el punto 2 del considerando anterior, las pretensiones cautelares fueron reducidas a las contenidas en el escrito de interposición, así como en el escrito de la provente de fecha 8 de febrero de 2019; así, la parte promovente solicita en su escrito de interposición lo siguiente: "Se Ordene a la Municipalidad de Santa Cruz a disponer las actuaciones administrativas que resulten necesarias para impedir el tránsito y estacionamiento de vehículos automotores por la zona marítimo terrestre Playa Conchal.-" [Imágenes 12 y 13 del legajo judicial de medida cautelar]. Mientras en escrito de 8 de febrero de 2019, el promovente procura que se disponga contra la Municipalidad de Santa Cruz “i) Ordenar la colocación de alcantarillas de concreto, y rotulación que haga referencia a la legislación que prohíbe la circulación de vehículos por la zona pública, en los dos accesos vehiculares de la Playa Conchal: Puerto Viejo y Brasilito y en la subida de ingreso de Playa Brasilito a Playa Conchal.
En el caso de Brasilito antes del Manglar, así como alcantarillas de concreto en todos los demás accesos a Playa Conchal. En el sector de Puerto Viejo se deberán instalar tres alcantarillas de concreto rellenas de cemento en el área de ingreso a la zona pública, frente al Restaurante El Encanto. En la subida ingreso [sic] entre Playa Brasilito y Playa Conchal, se deberán instalar tres alcantarillas de concreto rellenas de cemento al inicio de la subida hacia Playa Conchal (donde fueron colocadas inicialmente, pero destruidas). ii) Conservar y dar mantenimiento a las alcantarillas de concreto en los puntos de acceso vehicular indicados, de manera que la Municipalidad impida en todo momento el acceso de vehículos a la zona pública y a las áreas ambientalmente protegidas. iii) Proteger las alcantarillas de concreto frente a daños de terceros. iv) Mantener presencia de la Policía Municipal en el lugar, con el objeto de que no se burle la medida de impedir el ingreso de vehículos a la zona pública y evitar daños a las alcantarillas o rotulación. v) Rendir informes mensuales sobre el cumplimiento de las medidas cautelares”; mientras que contra el Estado y contra SINAC busca que “continúen presentando informes dado que han ejercido a partir del dictado de la medida cautelar provisionalísima vigente una labor importante de supervisión de cumplimiento” [imagen 699 y 700 del legajo cautelar].
Por parte del promovente Desarrollos Hoteleros Guanacaste SA en síntesis, gira su teoría del caso en lo que a su parecer es un daño ambiental provocado por la utilización de la zona marítima terrestre de Playa Conchal para uso vehicular y que ha sido denunciado por el promotor de la medida ante la Municipalidad de Santa Cruz, Procuraduría Ambiental, Contraloría General de la República, ICT, Tribunal Ambiental, MINAE, MOPT (hechos 1 a 7 de la demanda), sustentando como prueba en un estudio de impacto ambiental y el estudio ACT-OR-DR-0666-17 del SINAC (Imágenes 3 a 5, así como pruebas a imagen 22 a 59 en cuanto a la denuncia; imágenes 60 a 66 en cuanto al estudio de impacto ambiental realizado por Alexander Bonilla Duran febrero a marzo de 2016; imágenes 68 a 75 para oficio ACT-OR-DR-0666-17; imágenes 104 a 190 estudio de impacto ambiental tránsito vehicular realizado por Nombre16251 ; todos del legajo judicial de medida cautelar).
Por parte de los accionados; el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC manifiesta en su escrito 14 de mayo que no existe actualidad en la medida dado que ellos ya han cerrado, adjuntando los oficios ACT-OR-DR-0933-18 y Placa2516 (imágenes 719 a 724 del legajo de medida cautelar), pero en fecha 5 de julio de forma extemporánea a la audiencia otorgada, solicita se mantenga las medidas dictadas de cierre. Por parte del Instituto Costarricense deTurismo ICT, en el escrito de apersonamiento inicial de fecha 16 de noviembre de 2017 (visible a imágenes 219 a 224 del legajo de medida cautelar) considerando que la medida es improcedente por cuanto no se demuestra lo severo del daño y que además no existe actualidad, dado que la situación es de vieja data por lo que no existe un peligro en la demora, solicita que se rechace la medida y que en caso de otorgarse alguna, no se tome acción en su contra, aunque, de forma contradictoria, por escrito del 5 de febrero del 2019 indica estar de acuerdo con la medida (imagen 690 del legajo de la medida cautelar).
Por parte del ESTADO, su representante en un primer momento refiere que las pretensiones no se encuentran dirigidas en su contra. No obstante, posteriormente manifiesta, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley General de Caminos Públicos, la administración de la red vial cantonal corresponde a las municipalidades costeras, las cuales tienen el deber de velar por el uso común de la Zona Pública y como administradoras de la zona marítimo terrestre según la Ley de Zona Marítimo Terrestre (número 6043). Sostiene, que según esa normativa en las áreas de las ciudades litorales, la Municipalidad tiene la obligación de promover el desarrollo integral (sostenible) del cantón y el adecuado ordenamiento urbano, funciones en las que se hallaría la de velar por la correcta utilización de las áreas de uso público no confiadas a la defensa de otras instituciones, para garantizar su destino, el mayor bienestar colectivo, así como una mejor calidad de vida de la población.
Continúa indicando, que corresponde a las municipalidades tomar las medidas pertinentes para contrarrestar aquellas acciones indebidas contra el demanio costero, así como preservar los recursos naturales en sus condiciones originales según lo ha señalado la Sala Constitucional en las resoluciones número 2233-93, 846-95, 5559-96, 8429-2001 y 12777-2001. Expone, que la actuación responsable respecto a las playas, las cuales son propiedad nacional y de uso público supone que la entidad administradora (Municipalidad y el ICT), así como las instituciones competentes para autorizar usos excepcionales de la Zona Pública deben dictar y hacer cumplir las disposiciones necesarias para garantizar el libre y seguro tránsito de las personas y el uso público de la zona. De manera que, una actuación responsable, transparente y garante del interés nacional, es la que tienda a preservar la propiedad pública del Estado conforme a su destino, a través de la adopción de las respectivas medidas que lo aseguren y del control para su debido cumplimiento.
Sobre este mismo punto, cita que la Sala Constitucional, ha estimado que se encuentra ajustado al Derecho de la Constitución la presencia en la playa de efectivos de la fuerza pública para impedir la alteración del orden con levantamientos unilaterales de tiendas de campaña por los particulares y que no lesiona el libre tránsito las medidas ejecutadas para evitar el levantamiento de tiendas de campaña o instalaciones similares en la zona pública de playa..., y el ingreso y circulación de vehículos automotores en esa zona. Por otra parte, se refiere al principio precautorio en materia ambiental como uno de los principios rectores del Derecho Ambiental, y que se encuentra recogido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o Declaración de Río, que literalmente indica Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.
Cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Además, en el ordenamiento jurídico interno la Ley de Biodiversidad, en el artículo 11 recoge como parámetros hermenéuticos los siguientes principios: 1.-Criterio preventivo: Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de biodiversidad o sus amenazas. 2.-Criterios precautorio o indubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. Cita además, los principios de tutela del derecho ambiental a cargo del Estado que se extrae del artículo 50 de la Constitución Política, del que deriva la obligación del Estado de ejercer una función tutelar y rectora en materia ambiental y del cual, la Sala Constitucional ha señalado que el Estado debe asegurar y proteger el derecho contra algún riesgo o necesidad, defender, prohibir e impedir toda actividad que atente contra el derecho.
Principio de la calidad ambiental, que constituye un parámetro fundamental de la calidad de vida, vinculado con la condición de esta que cada individuo pueda llevar; y al uso que se haga del ambiente para el propio desarrollo, donde la Sala Constitucional ha estimado que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, implica el correlativo deber de proteger y preservar el medio, mediante el ejercicio racional y el disfrute útil del derecho mismo (imágenes 399, 412 a 419), aportando con ello el criterio DIG-TOT-247-2018 del 11 de junio de 2018. Instituto Geográfico Nacional y ACT-OR-DR-0790-18 del 11 de junio de 2018 de la Dirección Regional. Área de Conservación Tempisque del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (imágenes 420 a 429 del legajo de la medida cautelar), y posteriormente por medio de escrito de fecha 29 de octubre de 2018 incluye de interés para esta resolución Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transporte OFICIO SPS-PEMIST-2018-229 del 22 de junio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-194 del 13 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-196 del 16 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-200 del 18 de julio de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-267 del 19 de setiembre de 2018, OFICIO SPS-PEMIST-2018-289 del 12 de octubre de 2018 y OFICIO SPS-PEMIST-2018-303 del 26 de octubre de 2018 (véase imágenes 629 a 664 del legajo de medida cautelar).
Por parte de la MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ alega a través de su escrito de 1 de diciembre de 2017 (imágenes 230 a 232 del legajo de medida cautelar) que, según el oficio DDUR-UNTGV-COOR-0188-2007 (imagen 249 del legajo de medida cautelar), del ingeniero Didier Monge Jiménez, coordinador de la Unidad Técnica de Gestión Vial, de la Municipalidad de Santa Cruz, hace constar que existe un camino público debidamente inventariado con el código C-5-03-010 de la Escuela de Matapalo a Dirección2116 del distrito de Cabo Velas, que pertenece a la red vial cantonal de Santa Cruz, con una longitud de siete punto noventa kilómetros y que se encuentra bajo la administración de la Municipalidad. Sostiene, que por lo que indica ese oficio es imposible para la Municipalidad, impedir el tránsito y estacionamiento por un camino que es una ruta cantonal, de conformidad con la Ley de General de Caminos, número 5060.
Considera, que el cierre del camino de Playa Brasilito pasando por Playa Conchal y hasta Puerto Viejo, conllevaría violentar el derecho al libre transito estipulado en el artículo 22 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley General de Caminos, que establece que nadie tendrá derecho a cerrar parcial o totalmente o a estrechar, cercando o edificando, caminos o calles públicas. Aduce, además, que la Municipalidad en su condición usufructuaria y administradora de la Zona Marítimo Terrestre, es diligente en la atención de denuncias y ha realizado múltiples operativos, dentro de su competencia para ejercer control sobre las ventas ambulantes y estacionarías en la vía pública, que accede a Playa Conchal y la zona publica de esta. Por otro lado, señala, que es competencia de la Policía de Tránsito, realizar las respectivas infracciones a la Ley de Tránsito en el camino público, sin embargo, han manifestado, que no pueden limitar el acceso a Playa Conchal, y se limitan a decomisar vehículos que se encuentren dentro de la zona pública de la Playa. Solicita que, por lo indicado, se rechace el otorgamiento de la medida cautelar, al ser contraria a lo que establece la ley y la Constitución Política.
Tal y como ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia (Voto Nº 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre, Voto Nº 6224-2005, de las 15:16 horas del 25 de mayo del 2005). Brevemente, conviene indicar que la naturaleza jurídica de las medidas cautelares está justificada como un instrumento procesal de segundo grado -u instrumento del instrumento procesal- que busca paliar los efectos negativos de la normal y a veces patológica duración de los procesos jurisdiccionales –vacatio u distancia temporis-, haciendo valedero el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida dispuesta en el numeral 41 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, pues por pronta no puede ser tardada y por cumplida debe ser realizada; con acierto se ha dicho que no se trata de un adelanto de criterio sino de una tutela de situaciones apremiantes que sin el debido respaldo jurisdiccional se convertirían en daños directos para las partes procesales intervinientes.
En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Nombre41. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). De conformidad con el artículo 21 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el juez, a la hora de determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, debe verificar que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris.
Por otro lado, el mismo numeral 21 del Código establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el peligro en la demora o periculum en mora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Ernesto. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Por último, el artículo 22 CPCA establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro.
Sólo en la concurrencia de los tres elementos, es decir, de la apariencia de buen derecho, del peligro en la demora y que del análisis de la ponderación de intereses se considere que el daño sufrido por el particular debe tutelarse por encima de los demás intereses en juego, puede proceder el despacho a conceder la medida cautelar solicitada. En términos similares, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (Sección Sexta), en voto numero 301-2012-VI, de las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de diciembre del dos mil doce, tuvo la oportunidad de referirse al tema, y en tal sentido estableció: "[...] La reparabilidad del bien no se satisface, en todos los casos, por un reintegro monetario. De ahí que como derivado de esta corriente, el Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA) abandona de modo expreso un sistema cautelar que tiene como epicentro el acto administrativo, que si bien es una de las manifestaciones formales de la voluntad pública, no es la única.
Por el contrario, al considerar el marco amplio del objeto del proceso, la justicia cautelar debe trascender la mera orden suspensiva como sub-especie de las conservativas de contenido negativo, para introducir medidas innovativas, de contenido positivo, sean estas inhibitorias, ordenatorias o sustitutivas, pero siempre valorando, en cada caso, los alcances de los poderes del juez en torno al control de la discrecionalidad administrativa (ordinales 20 y 128 del CPCA). Desde ese plano, se trata de acciones que se encuentran al servicio del proceso principal de fondo, de ahí sus características de provisionalidad e instrumentalidad. En el primer caso, en tanto lo acordado respecto de la cautelar mantendrá una vigencia condicionada a lo que se resuelva en el proceso de fondo. Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo estatuye el numeral 29 del Código de rito.
En el segundo aspecto (instrumentalidad), la medida cautelar guarda una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirve de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos ya señalados. A lo anterior se añade el carácter de sumaria cognitio, que es propio de estas medidas, pues siendo formas provisionales que propenden a las finalidades señaladas, deben ser resueltas de forma breve para poder cumplir su función. Cabe indicar que estas medidas surgen, en todos los casos a instancia de parte; por tanto, están impregnadas por el principio dispositivo. Sin embargo, esto es así solo respecto del análisis de la necesidad de adoptarlas, pues bien el juzgador, una vez pedidas, puede ordenar las que considere necesarias y adecuadas para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (artículo 19.1 ejusdem).
Ahora bien, la adopción de estas medidas se encuentra condicionada a la convergencia de una serie de requisitos y condiciones que han de ser satisfechos en cada caso. Así en efecto lo impone el numeral 21 en relación al 22 de ese Código. De las anteriores normas surgen los siguientes presupuestos: peligro en la demora (periculum in mora), apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) y el equilibrio o ponderación de los intereses en juego[...]. En síntesis , el juzgador debe tomar en cuenta los criterios que rigen la adopción de este tipo de medidas, entre ellos, la adecuación, sea, la idoneidad de la medida para satisfacer los fines buscados; necesidad, lo que presupone la valoración de los remedios que permitan de mejor manera cumplir con su finalidad y proporcionalidad, ponderando los intereses en juego.-
V.APRECIACIÓN PRELIMINAR DEL RÉGIMEN COMPETENCIAL EN EL CASO EN CONCRETO (ANÁLISIS DE APARIENCIA DE BUEN DERECHO DE LA ACCIÓN): Uno de los aspectos medulares a considerar dentro de la presente medida es la legitimación pasiva que ha provocado a lo largo de este proceso cautelar, la inclusión de múltiples instituciones tanto centralizadas como descentralizadas. Así, la Ley 6043 nos brinda una serie de responsables y que poseen competencia en Zona Marítimo Terrestre, tenemos así, el numeral 2° de dicha normativa dispone como competencia del ICT “la superior y general vigilancia de todo lo referente a la zona marítimo terrestre”, concordándose este con lo dispuesto en los artículos 17, 18, 22, 23, 26 a 33, 35 a 38, 42, 43, 45, 51, 53, 57, 59 y Transitorios II y IV de esta Ley, así como numerales 8, 9, 11, 15, 17, 19, 27, 39, 46, 48, 53, 56 a 60, 72, 78 y 80 del Reglamento a dicha ley (decreto 7841-P); mientras que el artículo 3° de la ley 6043 determina para la Municipalidad el deber de “velar directamente por el cumplimiento de las normas de esta ley referentes al dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso de la zona marítimo terrestre y en especial de las áreas turísticas de los litorales.
El usufructo y administración de la zona marítimo terrestre, tanto de la zona pública como de la restringida, corresponden a la municipalidad de la jurisdicción respectiva”, concordando con los preceptos 5, 13, 17, 18, 21 a 25, 27, 28, 32, 33, 34 a 38, 40, 43, 45, 46, 48 a 51, 53, 55, 56, 58, 59, 73bis, 74, 76, 78, Transitorios I a III y VII de esta ley y del Reglamento a la citada norma 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 27 a 48, 51 a 53, 56 a 62, 64 a 66, 73, 75 a 80, 84, 85, 95, 96 y 97; siendo competencia directa de la Procuraduría General de la República conforme al artículo 4 de la ley 6043 “el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley. En consecuencia, hará las gestiones pertinentes respecto a cualesquiera acciones que violaren o tendieren a infringir estas disposiciones o de leyes conexas, o que pretendan obtener derechos o reconocimiento de estos contra aquellas normas, o para anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos o disposiciones obtenidos en contravención a las mismas”, siendo acorde con lo que dispone el art.5 del reglamento a la citada ley y los numerales 2, 3, 20, 26 y 42 de la Ley Orgánica de dicho órgano estatal (ley 6815); mientras que por Ley de la Biodiversidad (art. 22) en concordancia con el artículo 4° del reglamento a la ley 6043 y el decreto 22550-MIRENEM (anterior decreto Nº 7210-A), le corresponde al SINAC la conservación y protección del Patrimonio Natural del Estado.
Como puede observarse, en zona marítimo terrestre tenemos una efectiva concurrencia de competencias que no pueden ser ignoradas en el ejercicio del análisis de esta causa, sobre todo por el hecho de que se va a verificar la imposición o no de obligaciones - vía cautelar – a las partes del presente proceso. Así, en cuanto al tema de la coordinación interinstitucional frente al municipio, debemos traer a colación lo dicho por la Sala Constitucional en su resolución 5445-99, la cual expresó: “Varias de las disposiciones que se cuestionan en esta inconstitucionalidad -artículos 5, 10 y 186 del Código Municipal, 2 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, 2 de la Ley General de Caminos Públicos, 9 y 10 de la Ley de Planificación Nacional, 26 y 27 de la Ley General de la Administración Pública y 4, 10, 16, 17 y 18 de la Ley de Planificación Urbana-, se refieren a la obligación de coordinación que debe existir entre los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas y el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo las funciones que le han sido encomendadas, lo que debe ser analizado a partir de la naturaleza misma de la autonomía municipal…
No puede, entonces, crearse un conflicto por antagonismo o protagonismo entre la materia que integra el fin general de "los intereses y servicios locales" de los intereses y servicios públicos "nacionales" o "estatales", intrínsecamente distintos unos de otros, pero que en realidad están llamados a coexistir; y ello es así, porque ambos tipos de interés pueden estar, eventualmente, entremezclados y más bien, es frecuente que, dependiendo de la capacidad económica y organizativa de los gobiernos locales, sus limitaciones propias conduzcan a ampliar el círculo de los que aparecen como nacionales o estatales, lo que hace ver que la distinción no debe ser inmutable, sino gradual o variable; pero en todo caso, como lo ha expresado la jurisprudencia antes citada, corresponderá en última instancia al juez decidir si los criterios de distinción se conforman o no con el dimensionamiento constitucional.
Definida la competencia material de la municipalidad en una circunscripción territorial determinada, queda claro que habrá cometidos que por su naturaleza son exclusivamente municipales, a la par de otros que pueden ser reputados nacionales o estatales; por ello es esencial definir la forma de cooparticipación de atribuciones que resulta inevitable, puesto que la capacidad pública de las municipalidades es local, y la del Estado y los demás entes, nacional; de donde resulta que el territorio municipal es simultáneamente estatal e institucional, en la medida en que lo exijan las circunstancias. Es decir, las municipalidades pueden compartir sus competencias con la Administración Pública en general, relación que debe desenvolverse en los términos como está definida en la ley (artículo 5 del Código Municipal anterior, artículo 7 del nuevo Código), que establece la obligación de "coordinación" entre la municipalidades y las instituciones públicas que concurran en el desempeño de sus competencias, para evitar duplicaciones de esfuerzos y contradicciones, sobre todo, porque sólo la coordinación voluntaria es compatible con la autonomía municipal por ser su expresión.
En otros términos, la municipalidad está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un asunto concreto. En la doctrina, la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y eventualmente discrepantes; pese a ello, debe existir una comunidad de fines por materia, pero por concurrencia, en cuanto sea común el objeto receptor de los resultados finales de la actividad y de los actos de cada uno. De manera que la coordinación es la ordenación de las relaciones entre estas diversas actividades independientes, que se hace cargo de esa concurrencia en un mismo objeto o entidad, para hacerla útil a un plan público global, sin suprimir la independencia recíproca de los sujetos agentes.
Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros. Así, las relaciones de las municipalidades con los otros entes públicos, sólo pueden llevarse a cabo en un plano de igualdad, que den como resultado formas pactadas de coordinación, con exclusión de cualquier forma imperativa en detrimento de su autonomía, que permita sujetar a los entes corporativos a un esquema de coordinación sin su voluntad o contra ella; pero que sí admite la necesaria subordinación de estos entes al Estado y en interés de éste (a través de la "tutela administrativa" del Estado, y específicamente, en la función de control la legalidad que a éste compete, con potestades de vigilancia general sobre todo el sector)” [considerando X del voto 5445-99 de las catorce horas con treinta minutos del catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve de la Sala Constitucional].
En materia ambiental, y en ocasión del análisis multi competencial del caso de la cuenca del río grande de Tárcoles, el citado Tribunal de lo Constitucional en el voto 5894-2007 indicó: “aún falta mucho más por hacer y que a pesar de que las instituciones recurridas son conscientes de la problemática, y que han empezado a crear comisiones y grupos de trabajo que pretenden revertir la situación, se hace indispensable adoptar una actitud más proactiva en defensa del ambiente y del rescate de la cuenca del río Grande de Tárcoles por lo que se debe estimar este amparo a fin de ordenar a las instituciones recurridas que, de manera coordinada, asuman una actitud más responsable pero sobre todo con carácter de urgencia, en la adopción de medidas concretas y efectivas que permitan proteger los recursos de la cuenca del río Grande de Tárcoles a fin de propiciar la disminución y eliminación de los focos de contaminación de esa cuenca así como la restauración, en la medida de lo posible, del daño provocado” (Considerando XIII del voto emitido a las once horas y cincuenta y ocho minutos del veintisiete de abril del dos mil siete).
En suma, a consideración de este juzgador, ante la acción genérica de tutela del ambiente contemplada directamente en el numeral 50 de la Carta Magna, es claro que el objeto del proceso ha sido incoado con las partes que hasta aquí han formado parte de los autos y que han sido puestas en conocimiento de un eventual daño ambiental que confirma la razonabilidad y ausencia de temeridad en la interposición de la acción, la cual, concretamente para este caso, se analizará si es canalizada a través de pretensiones cautelares instrumentales que superen el análisis de razonabilidad y proporcionalidad.
VI.ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL Y DE FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN ÁREAS BAJO SU TUTELA (CONTINÚA ANÁLISIS DE APARIENCIA DE BUEN DERECHO DE LA ACCIÓN): De forma específica, es de extrema relevancia traer a colación el ámbito de control general de las actividades que el municipio posee sobre el cantón y de forma particular, en zona marítima terrestre. El artículo 88 del Código Municipal reza: “Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado”, a contrario sensu, no existe un derecho de realizar actividad comercial no autorizada, tal y como la jurisprudencia tanto judicial como constitucional hartamente han expuesto, indicando múltiples veces, que el control de las actividades no autorizadas es un tema de competencia municipal, siendo el instrumento del decomiso en el caso de bienes muebles y de la clausura en el caso de bienes inmuebles.
Véase al ejemplo lo que indica nuestro Tribunal Constitucional en su voto 5071-2004: “Si tal y como se desprende del informe rendido bajo juramento por el encargado de Rentas de la Municipalidad de Corredores, la actividad de máquinas de Pin Ball y Saca Peluches a la que se refiere la recurrente estaba operando ilegalmente pues no contaba con recibo de pago de la patente correspondiente como es su obligación, no puede estimarse que la actuación municipal mediante la cual se le clausuró el ejercicio de esa actividad, pueda considerarse ilegítimo o arbitrario pues la corporación municipal actuó en cumplimiento de sus obligaciones y los propietarios de ese tipo de máquinas no pueden alegar desconocimiento de su deber de portar la documentación necesaria para acreditar el correcto funcionamiento de esa actividad. Por tal razón, estima la Sala que no se ha ocasionado ninguna lesión a norma o derecho constitucional alguno en perjuicio de la recurrente, siendo que, en todo caso, como se afirma bajo juramento, la actividad de las máquinas fue reanudada inmediatamente después de que los propietarios de las mismas, ajustaron la situación a derecho, con lo cual, el recurso también resulta improcedente por esta razón.” (En igual sentido 10231-2003, 622-2003, 11377-2002, 9840-2002, 7113-2002, entre otros).
Pero ad effectum videndi, téngase lo dicho por la misma Sala en su voto 5563-2002: “Esta Sala no cuestiona, porque es un asunto de legalidad, si la Municipalidad tiene razón o no en solicitar el permiso o concesión de agua. Sin embargo, dado que el recurrente no lo tenía y que, con base la falta de ese requisito, no se le había otorgado la patente respectiva, no ve este Tribunal arbitrariedad en el cierre del negocio. Si la amparada no tiene patente no puede ejercer la actividad que pretende y por eso la Municipalidad no lesiona los derechos fundamentales con la clausura. Ahora bien, si ya el recurrente cumplió con el requisito, y según afirman los mismos representantes de la municipalidad, es el único requisito que hace falta, deben la corporación municipal conceder la patente. La negativa podría dar lugar a un reclamo distinto de la amparada, pero en lo que concierne a este recurso debe rechazarse por prematuro, según las razones dadas más arriba”.
Esta función es ejercida en la materialidad por el personal municipal con auxilio de la fuerza pública o con la utilización de los funcionarios propios de la Policía Municipal, la cual a raíz de la Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal del 23 de abril del 2018 cuentan con amplias potestades de control tal y como lo define en la actualidad el artículo 62 del Código Municipal. Concretamente, en materia de zona marítimo terrestre, tanto la Ley de la Zona Marítimo Terrestre (N°6043) como su reglamento, otorgan funciones muy específicas a los Gobiernos Locales administradores de dichas franjas, siendo con ello que se considera – de todas las instituciones anteriormente mencionadas – dentro de las que se presenta una alta intensidad en el deber de accionar prima facie ante actividades irregulares (véase por ejemplo las disposiciones de control que establecen sobre zona pública el artículo 13 de la Ley 6043 y 22 de su reglamento), así como el control de actividades e infraestructura a implementarse en tal zona según los numerales 21 y 22 de la mencionada ley, así como constituirse en una de las garantes del libre acceso a la zona pública, debiendo construir caminos públicos (artículo 23, 58 de la ley en concordancia con el 72 del reglamento 7841-P).
Del análisis anterior, podemos confirmar que la acción de tutela cautelar presentada por el promovente cumple con un análisis exhaustivo de apariencia de buen derecho y que confirma el cumplimiento de este requisito conforme el 21 de Código Procesal Contencioso Administrativo, en especial al dirigir su requerimiento de tutela frente al municipio.
VII.ANÁLISIS DEL CUADRO FÁCTICO PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR (UBICACIÓN ESPACIO - TEMPORAL DE ANÁLISIS CAUTELAR Y PELIGRO EN LA DEMORA): Otro de los elementos a clarificar en esta resolución refiere a la situación de la acción cautelar, el cual fue uno de los elementos señalados por el Tribunal de Apelaciones en su resolución oral 413-2018-II (minuto 13:00 a 13:40 del audio de dicha resolución, concreto a la nota presentada por el Juez Palacios García). Una vez revisado los autos, a través de la apreciación de la prueba aportada, concretamente echando mano al oficio SPS-2018-229 (identificado por la representación estatal como SPS-PEMIST-2018-229) emitido por la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la ubicación de la acción sería en el tracto vial inventariado como el camino municipal bajo el Código N°503010 que inicia en la Escuela de Matapalo entronque con la ruta nacional N° 933 y finaliza en la Dirección1116 entroncando con la ruta nacional N° 180 (véase imagen 630 del legajo de la medida cautelar), concretizando la acción cautelar en el tramo de dicha vía que discurre a través de la Playa Conchal, conforme el oficio SPS-PEMIST-2018-289 elaborado por el Proceso de Planificación Estratégica Multimodal de Infraestructura y Servicios de Transporte de la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (imágenes 645 a 664 del legajo de medida cautelar) y que coinciden con la descripción dada en el informe técnico DIG-TOT-0247-2018 del Instituto Geográfico Nacional (IGN, véase imágenes 420 a 424 del legajo), confirmándose que se trata de un tracto vial que discurre por zona pública marítimo terrestre y una sección del Refugio de Vida Silvestre Mixto Conchal (visible a imagen 422), tracto vial paralelo a la costa que concuerda con el indicado en las pretensiones del promotor de la acción al referirse a “dos accesos vehiculares de la Playa Conchal: Puerto Viejo y Brasilito y en la subida de ingreso de Playa Brasilito a Playa Conchal.
En el caso de Brasilito antes del Manglar... En el sector de Puerto Viejo… en el área de ingreso a la zona pública, frente al Restaurante El Encanto” (considerando II de esta resolución), dando así una ubicación exacta del lugar en litigio y que sería el objeto de los efectos de esta resolución. No obstante, en cuanto al factor temporal y que debe mencionarse a efectos de apreciar el peligro en la demora, la prueba recién citada nos otorga, sin lugar a duda, el conocimiento de tres eventos temporales relevantes: a) Conforme los datos del IGN, existe referencia en la hoja cartográfica “Matapalo Placa2515 edición 2 IGNCR” de la existencia del tracto vial en referencia al menos desde el año 1973 (imagen 423 del legajo de la medida cautelar), mismo que fue inventariado en el año 2001 a 2003 según informa la citada instancia del MOPT en oficio SPS-PEMIST-2018-194 (página 3 del informe, párrafo segundo, imagen 633 del legajo de la medida cautelar) y que se ha mantenido inventariado hasta el día de hoy (informe SPS-PEMIST-2018-289 ya citado); es decir, la condición vial del tramo objeto de estudio de esta medida cautelar data de al menos cuarenta y seis años de existencia y de al menos dieciséis años de constar registro oficial vial y código vial asignado en el MOPT, lo cual hace que sea evidente que la actuación contaminante objeto de estudio de las pretensiones de fondo del legajo principal no cumplan con el requisito de peligro en la demora, haciendo con ello de forma palmaria que los estudios ambientales ofrecidos por la parte promovente, así como los estudios realizados por el MINAE (véase estudio de impacto ambiental realizado por Alexander Bonilla Duran febrero a marzo de 2016 visibles a imágenes 60 a 66, para oficio ACT-OR-DR-0666-17 imágenes ; imágenes 104 a 190 estudio de impacto ambiental tránsito vehicular realizado por Nombre16251 ) manifiesten en consecuencia la existencia de un impacto ambiental consolidado en el tiempo; b) Ante la revisión del decreto 35426-MINAE, el cual crea el “Refugio Nacional de Vida Silvestre Conchal, categoría mixto y crea Comité de Manejo Compartido del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Conchal”, nos damos cuenta de que la afectación a este régimen existe formalmente a partir del 18 de setiembre del 2009, cuando dicho decreto fue publicado en la Gaceta 182 de ese día, con lo cual enfrentándolo al dato anterior, nos damos cuenta que al momento del nacimiento del área protegida, el camino ya existía, ello pese a que al momento de emitir la norma, se incluyó una franja de zona inalienable (por la cual discurre el camino en lite) dentro de la reserva, específicamente al expresar el artículo 1 inciso a) in fine de dicho decreto “A partir del mojón número 386 se sigue por las coordenadas: 338008 E / 264947 N, 337913 E / 264927 N NIE04 / 264927 N hasta llegar al punto de inicio con las coordenadas 337790 E / 264937 N” el cual después de realizar consulta en el visor cartográfico del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT, visible en http://geos0.snitcr.go.cr/visor/) y cotejarlo con lo expresado en el ya indicado informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) DIG-TOT-0247-2018 (imagen 420 a 423 del legajo) el área específica de duna (por donde pasa el camino) forma parte de dicho Refugio, existiendo así un evidente traslape desde un inicio; c) Que de toda la prueba documental visible en autos, no es sino hasta el 16 de julio del año 2018 que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación codemandada realiza una intervención en dicha zona, tanto en la zona de manglar (Patrimonio Natural del Estado), como del Refugio (véase informe ACT-OR-DR-0933-18 y ACT-OR-DR-0352-19 a imágenes 729 a 734 del legajo de medidas cautelares).
Los tres datos anteriores, nos permiten tener clara la inexistencia de un “peligro en la demora” en tanto los hechos denunciados ocurren desde hace décadas, y en cuanto a la tutela de las zonas protegidas (Patrimonio Natural del Estado y Refugio de Vida Silvestre) ya existe intervención del órgano competente estatal SINAC en procura de la protección de dichos bienes públicos inalienables e imprescriptibles sometidos a un régimen especial de tutela conforme la regulación aplicable al caso, con lo que no tendríamos el elemento de actualidad y urgencia que requiere la medida, en otras palabras, conforme el análisis supra mencionado, no se trataría de una medida cautelar innovativa (crear una obligación desde la perspectiva cautelar provisional, proporcional e instrumental frente a la lite de fondo), sino se trataría de un análisis de una medida conservativa respecto de las acciones que se han tomado hasta el momento – teniendo presente que la mayoría se realizaron a raíz de la emisión de la medida provisionalísima ordenada por este despacho – y que se determinará si son acordes con la finalidad cautelar propia de este momento de análisis procesal.
ACCESORIEDAD E INSTRUMENTALIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DEL PROCESO DE FONDO (PONDERACIÓN DE INTERESES): Como puede observarse del considerando anterior, tanto el thema decidendum como los elementos de prueba son sumamente técnicos, por lo que debemos manifestar el límite que el análisis de esta medida cautelar debe tener, dado el conocimiento sumario que se supone esta acción procesal debe considerar y sobre todo, respecto a la naturaleza instrumental que lo que aquí se decide debe tener respecto del proceso principal. Así, debe declararse que el tema de la permanencia, existencia, extinción, registro y/o modificación de la vía pública C-5-03-010, son temas propios de fondo, y excluidos, por tanto, de los efectos de la presente acción cautelar. En este orden de ideas, tal y como lo indicaba el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la ya mencionada resolución 413-2018-II, el proceso principal se trata – en principio –de una acción contencioso administrativa para atacar una conducta omisiva, la cual, por su naturaleza, tiene la finalidad de la imposición de obligaciones activas (dar o hacer) en caso de confirmarse la irregularidad o antijuridicidad de la conducta omisiva atacada.
En este sentido, debe tenerse presente que la pretensión cautelar no puede verse – ni de asomo – como un adelantamiento del pronunciamiento de fondo del tema de discusión principal, ya que esto desnaturalizaría completamente la instancia que se convertiría en un adelantamiento de la sentencia del proceso, lo cual resulta a todas luces improcedente. Empero, es claro que este juzgador debe realizar una ponderación de intereses, en tanto si bien como se indicó en acápite anterior no existe el peligro en la demora dado que la acción lleva décadas realizándose, lo cierto es que estamos ante una acción amparada en el artículo 50 constitucional, ante la tutela de bienes de dominio público regidos por la protección ambiental y que obligan a una ponderación de intereses donde la búsqueda preventiva de medidas para evitar la contaminación y agravio de las condiciones actuales, fuerzan a la aplicación de los principios pro natura y precautorio que se enfrentan a las disposiciones de libre acceso, goce y disfrute de la zona marítima terrestre que dispone los numerales 23 de la ley 6043 y 9° del reglamento a dicha ley (decreto 7841-P), así como las regulaciones propias de la Ley de Caminos Públicos concretamente los numerales 19 y 23.
Así, la instrumentalidad de esta acción tendrá como límite dentro de ambos ejes de intereses en ponderación, las pretensiones de fondo de este proceso siendo éstas: circulación de vehículos en zona marítima terrestre de playa Conchal y el cierre efectivo del paso vehicular, la adopción de acciones para reparar y proteger el Patrimonio Natural del Estado afectado (pretensiones a, b y c de la demanda, visible a imágenes 15 y 16 del legajo de medida cautelar).
Se tiene por acreditado que sí hay apariencia de buen derecho (considerandos V y VI de esta resolución), aunque no hay urgencia o daño actual (peligro en la demora), dado que se encuentra una situación consolidada (considerando VII), y que existen medidas aplicadas por el SINAC que buscan disminuir el riesgo actual e inminente en la afectación del Patrimonio Natural del Estado, lo cierto es que existe una necesidad de determinar si las acciones tomadas no pueden generar un nuevo peligro o incrementar el riesgo de daño existente, así como los requerimientos de la parte promovente pueden o no otorgarse en el marco de una ponderación de intereses como la ya expuesta (véase considerando VIII). Ahora bien, respecto de la pretensión originaria presentada en el escrito de demanda, la misma debe ser rechazada por los argumentos ya indicados por el Tribunal de Apelaciones en su resolución 413-2018-II, dada la indeterminación y generalización de la pretensión cautelar.
Si bien es cierto, la tutela cautelar tiene fuertes rasgos de informalismo, lo cierto es que ello en ninguna forma habilita o genera una prerrogativa al juzgador para realizar una interpretación o adecuación de la pretensión cautelar, sino que tal carga recae sobre la parte promovente al delimitar, definir clara y de forma concisa la acción de cautela que pretende sea otorgada, por ello la fórmula usada de ordenar a “las actuaciones administrativas que resulten necesarias” generaliza fuera de los límites de una correcta determinación y razonabilidad de una medida cautelar. A contrario sensu, las pretensiones a.i, a.ii y a.iii del escrito presentado por la parte promovente en fecha 8 de febrero de 2019 por medio de las cuales pretende la construcción de alcantarillas de concreto, las mismas carecen del estudio técnico que respaldan la idoneidad de la medida peticionada por lo que deben ser descartadas, debe recordarse que la falta de prueba y de argumentación en este sentido son responsabilidad exclusiva de la parte promovente, criterio ampliamente reiterado por este Tribunal, respaldado por las resoluciones del Tribunal de Casación (entre otras, las números 5-F-TC-2008 y 18-F-TC-2008, del 6 de febrero y del 28 de marzo), y reiterado por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, en el Voto 30-2012 de las catorce horas con veinte minutos del veintidós de octubre de dos mil doce; adiciónese a lo anterior que respecto de la petición de que se cierre el camino público también debe darse un rechazo, dado que, tal pretensión carece del requisito de instrumentalidad en tanto generarían un adelanto de criterio respecto de la validez, eficacia y vigencia del camino público municipal y además, realizando un análisis de la ponderación de los intereses en juego, el interés público de dar acceso vial a la zona conforme lo permite y ordena la propia Ley 6043 (artículo 23) y considerando que el daño ambiental que los informes técnicos citados refieren a una situación consolidada, no permiten realizar una valoración de peligro en la demora que ponga en riesgo el libro uso, goce y disfrute de la zona, sin perjuicio de lo expuesto en el considerando siguiente.
Dadas las razones expuestas para el rechazo de las medidas solicitadas, conforme lo dispone el numeral 20 y 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ante el análisis realizado en el presente asunto, se debe entrar a conocer la necesidad de adopción de medidas de oficio, ajustando las pretensiones presentadas en la medida identificadas en el escrito del 8 de febrero de 2019 como a.iv y a.v, analizando las acciones realizadas por las partes hasta el momento. En este orden de ideas, a consideración de este juzgador sí existe la necesidad de mantener las siguientes medidas cautelares hasta el pronunciamiento de fondo de este proceso, en aplicación de los principios precautorio y pro natura: a) El cierre provisional de tránsito vehicular en las zonas consideradas como Patrimonio Natural del Estado y Refugio de vida silvestre conforme el criterio técnico SCT-OR-DR-0933-18 del SINAC (visible a imagen 729 a 734 del legajo de medidas cautelares), por lo que se impone la obligación de inspección regular y mantenimiento de cierre a cargo del Estado y del SINAC, la cual debe coordinar las tareas de inspección con la Municipalidad de Santa Cruz, remitiendo informes trimestrales a este Tribunal (artículo 17 de la Ley 6043); lo anterior sin perjuicio de que a través de criterio técnico, dichas autoridades tomen acciones diferentes para lo cual deberán informar a este Tribunal de forma previa a cualquier cambio. b) Sobre las áreas no afectadas por el cierre indicados en el acápite anterior, corresponderá el control de actividades lucrativas a la Municipalidad y, respecto al correcto uso del tracto de zona pública, deberá la Municipalidad en coordinación con las autoridades de tránsito y demás pertinentes, impedir el parqueo de los vehículos, corta de árboles, concentración de residuos sólidos, alteración de la topografía del terreno, o que se lleve a cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar sin la debida autorización; así como controlar las instalaciones temporales o móviles como tiendas de campaña, trailers o similares que deberán hacerlo en las zonas destinadas para tales fines (si existiesen) y sobre todo regularizar cualquier tipo de construcciones irregulares, conforme los numerales 13 de la ley 6043, en concordancia con los artículos 9, 10, 11 y 22 del Reglamento a la ley 6043 (Decreto 7841-P).
De igual forma, a efectos de organizar el aprovechamiento humano de dicha franja de terreno, deberá el municipio coordinar acciones con el ICT a efectos de garantizar en todo momento el acceso a la zona y el libre tránsito en ella de cualquier persona, la práctica de deportes y de actividades para el sano esparcimiento físico y cultural (artículo 9° del decreto 7841-P), remitiendo los demandados informes trimestrales a este Tribunal del cumplimiento de lo ordenado.
POR TANTO
Se declara CON LUGAR PARCIALMENTE la medida cautelar interpuesta gestionada por Desarrollos Hoteleros Guanacaste SA contra el ESTADO, SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), INSTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO (ICT) Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, Se RECHAZAN la pretensión cautelar contenida en el escrito de interposición de la medida cautelar, así como las pretensiones identificadas por la promovente en su escrito del 8 de febrero de 2019 como a.i, a.ii y a.iii de la solicitud de medida cautelar, lo anterior por no cumplir con los requisitos establecidos en el Código Procesal Contencioso Administrativo así como con los principios de instrumentalidad y razonabilidad. Asimismo, se ADECÚAN las pretensiones a.iv y a.v de la medida cautelar solicitada para que en su lugar se ordene el cierre provisional de tránsito vehicular en las zonas consideradas como Patrimonio Natural del Estado y Refugio de vida silvestre conforme el criterio técnico SCT-OR-DR-0933-18 del SINAC, imponiéndose con ello la obligación de inspección regular y mantenimiento de cierre a cargo del Estado y del SINAC, la cual debe coordinar las tareas de inspección con la Municipalidad de Santa Cruz, remitiendo informes trimestrales a este Tribunal.
Sobre las áreas no afectadas por el cierre indicado, se ordena el efectivo control de actividades lucrativas a la Municipalidad velando por el respeto al correcto uso del tracto de zona pública, en coordinación con las autoridades de tránsito y demás pertinentes, impidiendo el parqueo de los vehículos, corta de árboles, concentración de residuos sólidos, alteración de la topografía del terreno, o que se lleve a cabo cualquier acción que altere el equilibrio ecológico del lugar sin la debida autorización; así como controlar las instalaciones temporales o móviles como tiendas de campaña, trailers o similares fuera de las zonas destinadas para tales fines (si existiesen) y sobre todo regularizar cualquier tipo de construcciones irregulares. De igual forma, a efectos de organizar el aprovechamiento humano de dicha franja de terreno, deberá el municipio coordinar acciones con el ICT a efectos de garantizar en todo momento el acceso a la zona y el libre tránsito en ella de cualquier persona, la práctica de deportes y de actividades para el sano esparcimiento físico y cultural, remitiendo los demandados informes trimestrales a este Tribunal del cumplimiento de lo ordenado. Se mantiene la medida cautelar provisionalísima hasta la firmeza de la presente resolución. Notifíquese.
Carlos José Mejías Rodríguez Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01
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