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Res. 00247-2018 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 15/05/2018

Evidence Required for Environmental Injunction at Loma SalitralPrueba necesaria para cautelar ambiental en Loma Salitral

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OutcomeResultado

Injunction deniedCautelar rechazada

The Court refused to suspend the construction permit because the applicants neither identified nor proved serious or irreparable environmental harm, danger in delay, likelihood of success, or facts permitting the interests at stake to be balanced.El Tribunal rechazó suspender el permiso de construcción porque las recurrentes no identificaron ni probaron daños ambientales graves o irreparables, peligro en la demora, apariencia de buen derecho ni elementos para ponderar los intereses en juego.

SummaryResumen

Acting as the improper hierarchical appellate authority in a municipal appeal, the Administrative Litigation Court denied an interim measure seeking to suspend a Desamparados municipal agreement approving the construction permit for the La Arboleda project, allegedly located within the Loma Salitral protection area and its buffer zone. The Court recognized that the precautionary principle forms part of Costa Rica’s constitutional legal order and requires the State to prevent serious or irreversible environmental harm even when absolute scientific certainty is lacking. It nevertheless held that invoking the principle in the abstract is insufficient to obtain interim protection. The applicants had to identify the serious or difficult-to-repair environmental damage, establish the danger caused by delay, provide at least preliminary evidence supporting a likelihood of success, and supply a basis for balancing the affected public and private interests. Because the application lacked concrete factual and legal grounds and evidence establishing those requirements, the Court denied the requested interim measure.El Tribunal Contencioso Administrativo, actuando como jerarca impropio en una apelación municipal, rechazó la medida cautelar dirigida a suspender el acuerdo de la Municipalidad de Desamparados que aprobó el permiso de construcción del proyecto La Arboleda, ubicado, según las recurrentes, dentro del área de protección de Loma Salitral y su zona de amortiguamiento. El Tribunal reconoció que el principio precautorio integra el ordenamiento constitucional costarricense y obliga al Estado a prevenir daños ambientales graves o irreversibles, aun cuando no exista certeza científica absoluta. Sin embargo, determinó que su invocación abstracta no basta para conceder una tutela cautelar. La solicitud debía identificar los daños ambientales graves o de difícil reparación, demostrar el peligro derivado de la demora, aportar un mínimo probatorio que sustentara la apariencia de buen derecho y permitir la ponderación de los intereses públicos y privados involucrados. Al faltar razones concretas de hecho y de derecho y elementos de prueba sobre esos presupuestos, la medida fue rechazada.

Key excerptExtracto clave

Although that principle forms part of Costa Rican law and the State has an obligation to protect the environment, for purposes of an interim measure a mere assertion of environmental harm is insufficient; adequate evidence must be provided to establish it, and the legal grounds making it necessary to apply the precautionary principle in the specific case must also be identified—requirements that the interim application at issue fails to meet. The application does not list the environmental damage that would be difficult or impossible to repair if the challenged agreement were implemented, nor does it identify the danger in delay if the requested interim measure is not granted. It also omits evidence supporting the likelihood of success of the application and makes no mention of balancing the interests at stake. Consequently, the interim application lacks factual and legal reasons and evidence capable of demonstrating that the legal requirements necessary for granting it have been met.Ahora bien, aun cuando dicho principio forma parte del derecho costarricense y es obligación del Estado proteger el medio ambiente, para efectos de la medida cautelar no basta con el solo dicho de un daño al medio ambiente, sino que se deben aportar los elementos de prueba suficientes para acreditarlo, y además indicar las causales jurídicas por las cuales resulta necesario aplicar el principio precautorio en el caso concreto, aspecto en que es ayuna la medida cautelar en mención. No se enlistan cuáles serían los daños de difícil o imposible reparación causados al medio ambiente con la ejecución del acuerdo impugnado, tampoco se señala cuál sería el peligro en la demora de no acatarse la medida cautelar impuesta. También es omisa en los elementos probatorios que respalden la apariencia de buen derecho de su petición, ni hace mención alguna de la ponderación de los intereses en juego. En consecuencia, la medida cautelar es omisa en razones de hecho, derecho y prueba que permitan demostrar la materialización de los supuestos jurídicos necesarios para acogerla.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Este principio faculta a los Estados para tomar acciones que procuren proteger el medio ambiente, cuando existan riesgos de causar un daño irreversible."

    "This principle empowers States to take action aimed at protecting the environment when there is a risk of causing irreversible harm."

    Considerando IV

  • "Este principio faculta a los Estados para tomar acciones que procuren proteger el medio ambiente, cuando existan riesgos de causar un daño irreversible."

    Considerando IV

  • "De modo que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de plantear el principio "in dubio pro natura” que puede extraerse, analógicamente, de otras ramas del Derecho y que es, en un todo, acorde con la naturaleza."

    "Thus, the protection of our natural resources requires a preventive approach: if degradation and deterioration are to be minimized, precaution and prevention must be the dominant principles, leading to recognition of the principle of in dubio pro natura, which may be derived by analogy from other branches of law and is wholly consistent with nature."

    Considerando IV, cita de jurisprudencia constitucional

  • "De modo que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de plantear el principio "in dubio pro natura” que puede extraerse, analógicamente, de otras ramas del Derecho y que es, en un todo, acorde con la naturaleza."

    Considerando IV, cita de jurisprudencia constitucional

  • "En otras palabras, el ordenamiento jurídico vigente en sede administrativa le permite al superior suspender la aplicación de un acto cuando conoce el recurso de apelación cuando su ejecución pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación, sea para el recurrente o para un tercero, considerando para ello la apariencia de buen derecho de la solicitud, peligro en la demora ante la omisión de tomar dicha decisión y ponderación de intereses en juego en el caso sometido a análisis."

    "In other words, the legal framework governing administrative proceedings permits the superior authority hearing an appeal to suspend an act when its implementation may cause serious harm or harm that is impossible or difficult to repair, whether to the appellant or a third party, taking into account the application’s likelihood of success, the danger in delay, and the balancing of the interests at stake."

    Considerando III

  • "En otras palabras, el ordenamiento jurídico vigente en sede administrativa le permite al superior suspender la aplicación de un acto cuando conoce el recurso de apelación cuando su ejecución pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación, sea para el recurrente o para un tercero, considerando para ello la apariencia de buen derecho de la solicitud, peligro en la demora ante la omisión de tomar dicha decisión y ponderación de intereses en juego en el caso sometido a análisis."

    Considerando III

  • "Se RECHAZA la medida cautelar solicitada por las recurrentes."

    "The interim measure requested by the appellants is DENIED."

    Por tanto

  • "Se RECHAZA la medida cautelar solicitada por las recurrentes."

    Por tanto

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Sections

Procedural marks

EV Template Generation: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj *180108111027CA* CASE FILE:

PROCEEDING:

NONHIERARCHICAL APPEAL (Municipal) PLAINTIFF:

Nombre105976 DEFENDANT:

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Nº247-2019 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, THIRD SECTION, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fifteen hours and fifteen minutes on quince de mayo de dos mil diecinueve.- This Court, acting as the nonhierarchical appellate authority (jerarca impropio), hears the application for an interim measure (medida cautelar) filed within the municipal appeal proceeding brought by Nombre105976, Nombre105977 against Resolution Agreement N° 7 from session N° 59-2018 of martes 09 de octubre del 2018, whereby construction permits were granted within the protected area (área de protección) of Loma Salitral and its buffer zone (zona de amortiguamiento) (see official letter SRC-OSJ-197-08 of 28 de abril del 2019). MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS.

WHEREAS

I. RELEVANT BACKGROUND

1. On 03 de setiembre del 2018, the Tribunal Contencioso Administrativo issued ruling N° 2897-2018, ordering the Municipalidad to address the application submitted by Urbanización Laguna in the following terms: “The claim is granted, and whoever holds the offices of MAYOR and PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS is ordered to decide upon and provide notice of the application filed by the plaintiff on 05 de octubre del año 2015, through which it requested a construction permit for the project named ‘Condominio Residencial Horizontal de Fincas Filiales Primarias La Arboleda,’ within a period of FIFTEEN BUSINESS DAYS from service of this judgment. Whoever holds the offices of MAYOR and PRESIDENT OF THE MUNICIPAL COUNCIL OF THE MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS is hereby advised that, pursuant to Article 159 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, failure to comply with the conduct ordered by this Court shall give rise to financial liability, as well as criminal liability for the offense of disobedience of authority, as provided in numeral 307 of the Código Penal.” 2.

On martes 09 de octubre del 2018, the challenged agreement (acuerdo impugnado) was adopted in the following terms: “In compliance with Resolution n° 2897-2018, issued at eleven hours and forty-five minutes on tres de setiembre del dos mil dieciocho by the Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, the Concejo de Desamparados agrees to approve the construction-permit application submitted by Urbanización la Laguna s.a. for development of the La Arboleda project, filed on 05 de octubre del 2015 through the APC system, in accordance with official letter CR-498-16 of 23 de agosto del 2016, issued by the Dirección de Urbanismo de la Municipalidad de Desamparados.” 3. On 10 de enero del 2019, an urgent interim measure was requested to stay enforcement of Agreement N° 7 from session N° 59-2018 until the Court issues the ruling required by law. 4. On 25 de marzo del 2019, the Municipalidad de Desamparados opposed the requested interim measure and requested that it be denied. 5. On 02 de mayo del 2019, the trustee company URBANIZACIÓN LA LAGUNA S.A. entered an appearance as an interested third party (tercero interesado) and opposed the application for an interim measure.

II. ARGUMENTS REGARDING THE INTERIM MEASURE

a. Arguments in support of the interim measure: The interim measure is based on Principle 15 (Precautionary Principle) of the Rio Declaration on Environment and Development and seeks a stay of enforcement of Agreement N° 7 from session N° 59-2018 in order to prevent activities affecting the environment from being carried out in the protected area and its buffer zone, as such activities could cause harm that would be difficult or impossible to remedy to the natural flora and fauna resources protected at the site. b. Opposition by the Municipalidad: The Municipalidad argues that the challenged agreement arose from an order issued by the Tribunal Contencioso Administrativo itself in judgment N° 2897-2018 and that, consequently, granting the requested measure would contradict an order of the Court itself. It asserts that such action would impair the developer’s right under the principle of promptness (principio de celeridad).

Lastly, it states that the appellants have pursued multiple judicial and administrative proceedings against the development project at issue and that their claims have been rejected in every forum. c. Opposition by the interested third party: Urbanización La Laguna S.A. states that the application for an interim measure lacks a likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho), because three rulings—rulings N° 16634-2017, 17707-2018 and 15435-2018—were decided in favor of the development project and against the applications filed by the appellants. It states that the application for an interim measure lacks evidence demonstrating harm and danger in delay (peligro en la demora). It requests that the interim measure be denied.

III. REQUIREMENTS FOR AN INTERIM MEASURE IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS (SEDE ADMINISTRATIVA)

Article 171 of the Código Municipal (Ley N° 7794) provides that filing an appeal against an administrative act (acto administrativo) issued by the Mayor does not stay its effects; however, the superior authority may order implementation of an interim measure upon receiving the appeal. Article 148 of the Ley General de la Administración Pública (Ley N° 6227), in turn, establishes the requirements for implementing an interim measure in administrative proceedings when it states: “when it may cause serious harm or harm that is impossible or difficult to remedy.” The case law of this Court has repeatedly affirmed the ancillary nature (carácter instrumental) of an interim measure and the need to determine the degree to which the following requirements are met: likelihood of success on the merits, danger in delay, and balancing of the interests at stake (ponderación de intereses en juego). In this regard, it states: “In light of the foregoing, for purposes of analyzing the requested interim measure, it must be borne in mind that the measure is ancillary—because it is tied to the appeal before this Court—and provisional—because its effects may extend, at most, until the filed appeal is decided—such that its consideration is subject to the admissibility of the appeal before this nonhierarchical appellate authority and to the circumstances that may govern the application for an interim measure.

Furthermore, for purposes of analyzing the interim measure, this adjudicator applies the essential requirements established by case law—and by statute in the administrative litigation jurisdiction—to its consideration, namely: 1. Likelihood of success on the merits: this refers to demonstrating that the requested relief is not manifestly frivolous or reckless; 2. Danger in delay: This means that maintaining or enforcing the challenged administrative conduct (conducta administrativa) would cause serious harm to the legal position (situación jurídica) of the party seeking judicial relief, such that the interested party must establish in its application, through a minimum evidentiary showing, whether by indicia or preliminary evidence, the probability or existence of the harm, the magnitude of that harm—that is, its seriousness—and the necessary causal link between the conduct and the alleged current or potential serious harm, as provided in Article 148 of the Ley General de la Administración Pública; 3.

Balancing of the interests at stake: This entails assessing, in accordance with the principle of proportionality, the public and private interests that would be affected by granting or denying the interim measure, so that the adjudicator must decide which of them should prevail.” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, resolution 490-2017, 28 de noviembre del 2017, case file 17-011361-1027-CA). In other words, the legal system governing administrative proceedings permits the superior authority, when hearing an appeal, to stay enforcement of an act where its enforcement could cause serious harm or harm that is impossible or difficult to remedy, whether to the appellant or to a third party, taking into account the application’s likelihood of success on the merits, the danger in delay if such a decision is not made, and the balancing of the interests at stake in the case under review.

IV. REGARDING THE SPECIFIC CASE

The provisional measure (medida cautelar) at issue is based on Article 15 of the Rio de Janeiro Declaration of the Conference on Environment and Development and seeks to prevent the enforcement of the challenged decision from causing damage that would be difficult or impossible to remedy to the natural flora and fauna resources protected in Loma Salitral and its buffer zone (zona de amortiguamiento). The cited provision corresponds to the so-called “PRECAUTIONARY PRINCIPLE” (PRINCIPIO PRECAUTORIO) of environmental law, which states, insofar as relevant: “Principle 15: In order to protect the environment, States shall widely apply the precautionary approach according to their capabilities. Where there is a threat of serious or irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.” This principle empowers States to take actions aimed at protecting the environment when there is a risk of causing irreversible damage.

This principle forms part of Costa Rican constitutional law, by virtue of the body of case law developed in this regard by the Sala Constitucional: “The Rio Declaration on Environment and Development established, among other things, the sovereign right of States to define their development policies. It also sets forth the precautionary principle (Principle 15 of the Rio Declaration), under which ‘in order to protect the environment, States shall widely apply the precautionary approach according to their capabilities. Where there is a threat of serious or irreversible damage, the lack of absolute scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.’ Thus, the protection of our natural resources must be guided by a preventive approach; that is, if degradation and deterioration are to be minimized, precaution and prevention must be the prevailing principles, which leads us to the need to invoke the ‘in dubio pro natura’ principle, which may be derived by analogy from other branches of law and is wholly consistent with nature.

(...) It must not be overlooked that we are dealing with an area of law in which the most important rules are those capable of preventing every type of environmental harm, because no rule can subsequently repair damage that has already occurred; this need for prevention is even more urgent in the case of developing countries.” (Decisions numbers 5893 at 9:48 a.m. on October 27, 1995, 5048 at 3:05 p.m. on June 12, 2001, and 2515 at 11:23 a.m. on March 8, 2002). The Sala has recognized that it forms part of the right to a healthy and ecologically balanced environment protected by our Constitution: “The Sala considers that the precautionary principle (…) forms an integral part of the right to a healthy and ecologically balanced environment, insofar as it establishes the obligation to take and implement all precautionary measures necessary to prevent or contain possible harm to the environment or human health (…)” “Interpreting both provisions [Article 50 of the Constitution and Article 11 of the Protocol of San Salvador] harmoniously, the precautionary principle may be derived, under which the State must provide for everything necessary—within the scope permitted by law—to prevent irreversible environmental damage” (Decision No. 2219 at 3:18 p.m. on March 24, 1999).

However, although this principle forms part of Costa Rican law and the State is obligated to protect the environment, for purposes of the provisional measure, a mere allegation of environmental harm is insufficient; adequate evidence must be submitted to establish such harm, and the legal grounds requiring application of the precautionary principle in the specific case must also be stated, an aspect entirely lacking in the provisional measure at issue. It does not list the environmental damage that would be difficult or impossible to remedy and that would be caused by enforcement of the challenged decision, nor does it state what danger in delay (peligro en la demora) would arise if the imposed provisional measure were not observed. It also fails to provide evidence supporting the likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho) of its petition and makes no mention whatsoever of the balancing of the interests at stake (ponderación de los intereses en juego). Consequently, the provisional measure fails to provide the factual grounds, legal grounds, and evidence needed to demonstrate that the legal requirements for granting it have been met.

Por tanto

The provisional measure requested by the appellants is DENIED. Msc. JENNIFER ISABEL ARROYO CHACÓN JUDGE Name12427 *0KDRMQGVYHO61* JENNIFER ARROYO CHACÓN - PROCESSING JUDGE CASE: 18-010811-1027-CA Goicoechea, Dirección01, 50 meters west of BNCR, across from Dirección02. Telephone numbers: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 and 2545-0006. Email: ...01

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EV Generación de Machote: F:\Gestion-Judicial\Servidor de Archivos\Modelos\Contencioso\TCRESOL016.dpj *180108111027CA* JERARQUIA IMPROPIA (Municipal) ACTOR/A:

Nombre105976 DEMANDADO/A:

MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS Nº247-2019 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECCIÓN TERCERA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las quince horas y quince minutos del quince de mayo de dos mil diecinueve.- Conoce este Tribunal, como jerarca impropio, de la MEDIDA CAUTELAR solicitada dentro del procedimiento de apelación municipal interpuesto por Nombre105976 , Nombre105977 contra la resolución Acuerdo N° 7 de la sesión N° 59-2018 del martes 09 de octubre del 2018 en el cual se otorga permisos de construcción dentro del área de protección de la Loma Salitral y en su zona de amortiguamiento (ver oficio SRC-OSJ-197-08 del 28 de abril del 2019). MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS.

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES RELEVANTES

1. El 03 de setiembre del 2018 el Tribunal Contencioso Administrativo emite el voto N° 2897-2018 en el cual le ordena a la Municipalidad atender solicitud de Urbanización Laguna en los siguientes términos: “Se declara con lugar la demanda y se ordena a quien ocupe el cargo de ALCALDE y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, a que resuelva y notifique la gestión que presentó la parte actora en fecha 05 de octubre del año 2015, a través de la cual, solicitó permiso de construcción del proyecto denominado "Condominio Residencial Horizontal de Fincas Filiales Primarias La Arboleda", dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES contados a partir de la notificación de esta sentencia. Se advierte a quien ocupe el cargo de ALCALDE y PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS, que de conformidad con el artículo 159 del Código Procesal Contencioso Administrativo, el incumplimiento de la conducta impuesta por este Tribunal acarrea responsabilidad patrimonial, así como responsabilidad penal por el delito de desobediencia a la autoridad, según lo dispuesto en el numeral 307 del Código Penal.” 2.

El martes 09 de octubre del 2018 se toma el acuerdo impugnado en los siguientes términos: “El Concejo de Desamparados, en atención a la Resolución n° 2897-2018, de las once horas con cuarenta y cinco minutos del tres de setiembre del dos mil dieciocho, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, acuerda aprobar la solicitud de permiso de construcción realizada por Urbanización la Laguna s.a. para el desarrollo del proyecto La Arboleda, presentado en fecha 05 de octubre del 2015, por medio del sistema APC, de conformidad con el oficio CR-498-16 del 23 de agosto del 2016, emitido por la Dirección de Urbanismo de la Municipalidad de Desamparados” 3. El 10 de enero del 2019 se solicita como medida cautelar urgente suspender la ejecución del acuerdo N° 7 de la sesión N° 59-2018 hasta que el Tribunal resuelva lo que en derecho corresponde. 4. El 25 de marzo del 2019 la Municipalidad de Desamparados se manifiesta en contra de la medida cautelar solicitada y sea rechazada. 5. El 02 de mayo del 2019 la empresa fiduciaria URBANIZACIÓN LA LAGUNA S.A. se apersona como tercero interesado y se opone a la solicitud de medida cautelar.

II- ALEGATOS DE LA MEDIDA CAUTELAR: a. Alegatos de la medida cautelar: La medida cautelar se fundamenta en el Principio 15 (Principio Precautorio) de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, solicita se suspenda la ejecución del acuerdo N° 7 de la sesión N° 59-2018, en aras de evitar que se realicen actividades que impacten en el ambiente en la zona de protección y su zona de amortiguamiento, que puedan generar daños de difícil o imposible reparación a los recursos naturales de flora y fauna que se protegen en el lugar. b. Oposición de la Municipalidad: Alega la Municipalidad que el acuerdo impugnado se origina en una orden del propio Tribunal Contencioso Administrativo, girada en la sentencia N° 2897-2018, en consecuencia, acoger la medida solicitada sería contradecir una orden del propio tribunal. Manifiesta que dicha actuación generaría un menoscabo al derecho de la empresa desarrolladora del principio de celeridad.

Finalmente, indica que los recurrentes han acudido a múltiples instancias jurisdiccionales y administrativas contra el desarrollo urbanístico en cuestión, y en todas las instancias se les ha negado la razón. c. Oposición del tercero interesado: Manifiesta la Urbanización La Laguna S.A. señala que la solicitud de medida cautelar carece de apariencia de buen derecho, pues existen tres fallos: voto N° 16634-2017, 17707-2018 y 15435-2018 se resuelve a favor del proyecto de urbanización y en contra de las gestiones presentadas por las recurrente. Señalan que la solicitud de medida cautelar carece de prueba que demuestre el daño y el peligro en la demora. Solicita se rechace la medida cautelar.

III. DE LOS PRESUPUESTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR EN SEDE ADMINISTRATIVA

El artículo 171 del Código Municipal (Ley N° 7794) establece que la interposición del recurso de apelación contra el acto administrativo emanado por el Alcalde no suspende sus efectos, sin embargo, el superior podrá disponer la implementación de alguna medida cautelar al recibir el recurso. Por su parte, el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública (Ley N° 6227) establece los requisitos para implementar una medida cautelar en sede administrativa cuando dice: “cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación”. Por su parte la jurisprudencia de este Tribunal ha reiterado el carácter instrumental de la medida cautelar y la necesidad de determinar el grado de cumplimiento de los presupuestos de: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y ponderación de intereses en juego. Al respecto indica: “Entendidos de lo anterior, a efectos de realizar el análisis de la medida cautelar solicitada, se debe tener presente que la misma, tiene el carácter de instrumentalidad -por encontrarse amparada al recurso de apelación ante este Tribunal- y provisionalidad -por cuanto sus efectos se disponen, como máximo, hasta la resolución del recurso de apelación interpuesto-, de forma que el conocimiento de ésta se encuentra sujeta a la admisibilidad del recurso ante esta jerarquía impropia y a las condiciones que podrían imperar en la solicitud de la medida cautelar.

Por otro lado, este Juzgador, a efectos de realizar el análisis de la medida cautelar, hace extensivos los presupuestos esenciales dispuestos jurisprudencialmente -y legalmente en la jurisdicción contencioso administrativa- para la atención de la misma, a saber: 1. La apariencia de buen derecho: se refiere a la acreditación de que lo pretendido no sea en forma palmaria carente de seriedad o temerario; 2. El peligro en la demora: Implica que de mantenerse o ejecutarse la conducta administrativa impugnada se causen daños graves, a la situación jurídica del justiciable, de forma que, la parte interesada deberá acreditar en su solicitud, mediante un mínimo probatorio ya sea por indicios o aproximaciones probatorias, la probabilidad o la existencia del daño, la magnitud de ese daño, es decir, su gravedad, y el necesario nexo de causalidad entre la conducta y el daño grave actual o potencial que se aduce, tal y como lo dispone el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública 3.

Ponderación de los intereses en juego: Conlleva la valoración, conforme al principio de proporcionalidad, de los intereses públicos y privados que se afectarían de tomarse o no la medida cautelar, de manera tal que el Juzgador ha de decidir cuál de estos ha de prevalecer”. (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, resolución 490-2017, 28 de noviembre del 2017, expediente 17-011361-1027-CA). En otras palabras, el ordenamiento jurídico vigente en sede administrativa le permite al superior suspender la aplicación de un acto cuando conoce el recurso de apelación cuando su ejecución pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación, sea para el recurrente o para un tercero, considerando para ello la apariencia de buen derecho de la solicitud, peligro en la demora ante la omisión de tomar dicha decisión y ponderación de intereses en juego en el caso sometido a análisis.

IV. SOBRE EL CASO EN CONCRETO

La medida cautelar que nos ocupa se fundamenta en el artículo 15 de la Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y pretende evitar que con la ejecución del acuerdo impugnado se causen daños de difícil o imposible reparación a los recursos naturales de flora y fauna que se protegen en Loma Salitral y en su zona de amortiguamiento. El citado numeral corresponde al denominado “PRINCIPIO PRECAUTORIO” del derecho ambiental, que en lo que interesa dice: “Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Este principio faculta a los Estados para tomar acciones que procuren proteger el medio ambiente, cuando existan riesgos de causar un daño irreversible.

Dicho principio forma parte de la normativa constitucional costarricense, por la senda jurisprudencia que la Sala Constitucional ha desarrollado al respecto: “en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, entre otras cosas, quedó establecido el derecho soberano de los estados a definir sus políticas de desarrollo. Se enuncia también, el principio precautorio (principio 15 de la Declaración de Río), según el cual, "con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” De modo que, en la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de plantear el principio "in dubio pro natura” que puede extraerse, analógicamente, de otras ramas del Derecho y que es, en un todo, acorde con la naturaleza.

(...) No se debe perder de vista el hecho de que estamos en un terreno del derecho, en el que las normas más importantes son las que puedan prevenir todo tipo de daño al medio ambiente, porque no hay norma alguna que repare, a posteriori, el daño ya hecho; necesidad de prevención que resulta más urgente cuando de países en vías de desarrollo se trata.” (Votos números 5893 de las 9:48 horas del 27 de octubre de 1995, 5048 de las 15:05 horas del 12 de junio del 2001 y 2515 de las 11:23 horas del 8 de marzo del 2002). La Sala ha reconocido que forma parte del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado tutelado en nuestra constitución: “Considera la Sala que el principio precautorio (…) integra el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en tanto establece la obligación de tomar y asumir todas las medidas precautorias para evitar o contener la posible afectación del ambiente o la salud de las personas (…)” “Interpretando armónicamente ambas normas [artículo 50 constitucional y numeral 11 del Protocolo de San Salvador], se puede derivar el principio precautorio, según el cual, el Estado tiene que disponer todo lo que sea necesario - dentro del ámbito permitido por la ley - a efecto de impedir que se produzcan daños irreversibles en el medio ambiente”(Voto No. 2219 de las 15:18 horas del 24 de marzo de 1999).

Ahora bien, aun cuando dicho principio forma parte del derecho costarricense y es obligación del Estado proteger el medio ambiente, para efectos de la medida cautelar no basta con el solo dicho de un daño al medio ambiente, sino que se deben aportar los elementos de prueba suficientes para acreditarlo, y además indicar las causales jurídicas por las cuales resulta necesario aplicar el principio precautorio en el caso concreto, aspecto en que es ayuna la medida cautelar en mención. No se enlistan cuáles serían los daños de difícil o imposible reparación causados al medio ambiente con la ejecución del acuerdo impugnado, tampoco se señala cuál sería el peligro en la demora de no acatarse la medida cautelar impuesta. También es omisa en los elementos probatorios que respalden la apariencia de buen derecho de su petición, ni hace mención alguna de la ponderación de los intereses en juego. En consecuencia, la medida cautelar es omisa en razones de hecho, derecho y prueba que permitan demostrar la materialización de los supuestos jurídicos necesarios para acogerla.

POR TANTO

Se RECHAZA la medida cautelar solicitada por las recurrentes. Msc. JENNIFER ISABEL ARROYO CHACÓN JUEZ(A) Nombre12427 *0KDRMQGVYHO61* JENNIFER ARROYO CHACÓN - JUEZ/A TRAMITADOR/A Goicoechea, Dirección01 , 50 metros oeste del BNCR, frente a Dirección02 . Teléfonos: 2545-0003 - 2545-0004. Fax: 2241-5664 y 2545-0006. Correo electrónico: ...01

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