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Res. 00597-2018 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 13/12/2018

Municipal construction in Plaza del Carmen and the right to a healthy environmentConstrucción municipal en la Plaza del Carmen y el derecho a un ambiente sano

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The appeal is dismissed; the municipal agreement authorizing construction of the building in Plaza del Carmen is upheld, and the administrative avenue is exhausted.Se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma el acuerdo municipal que autoriza la construcción del edificio en la Plaza del Carmen, agotando la vía administrativa.

SummaryResumen

The Administrative Contentious Court, Third Section, resolves an appeal against the Municipal Council of Alajuela’s decision to authorize construction of a municipal building in Plaza Gregorio José Ramírez, known as Plaza del Carmen. The appellant, representing a pro-sports committee, claimed violation of the right to a healthy and ecologically balanced environment, elimination of recreational and sports spaces, and harm to traditions and historical memory. The Court dismisses all grievances. It holds that the municipal decision does not violate Article 50 of the Constitution because the plaza lacks forest suitability, is located in an already impacted urban zone, and the project includes reserving communal and recreational areas. Moreover, no environmental impact assessment has yet been conducted—a matter reserved for SETENA and the Environmental Administrative Tribunal. The Court confirms the Council acted legitimately within its autonomy, weighed technical options, and consulted community stakeholders. The plaza lacks declared heritage protection, so its use may be modified through the deaffectation procedure. The appeal is dismissed and the administrative avenue is exhausted.El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera, resuelve un recurso de apelación contra el acuerdo del Concejo Municipal de Alajuela que autorizó la construcción del edificio municipal en la Plaza Gregorio José Ramírez, conocida como Plaza del Carmen. La parte apelante, representante de la Comisión Pro Plaza de Deportes, alegó violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, supresión de espacios recreativos y deportivos, y afectación de tradiciones y memoria histórica. El Tribunal desestima todos los agravios. Determina que el acuerdo municipal no viola el artículo 50 constitucional porque la plaza carece de aptitud forestal, se ubica en una zona urbana ya impactada y el proyecto contempla reservar áreas comunales y recreativas. Además, señala que no existe aún evaluación de impacto ambiental, materia que corresponde a SETENA y al Tribunal Ambiental Administrativo. Confirma que el Concejo Municipal actuó legítimamente dentro de su autonomía, ponderó opciones técnicas y realizó consultas a actores comunitarios. La plaza no goza de protección patrimonial declarada, por lo que su uso puede modificarse mediante el procedimiento de desafectación. El tribunal declara sin lugar el recurso y agota la vía administrativa.

Key excerptExtracto clave

The appellant's thesis claiming that the agreement violates constitutional Article 50 is rejected, not only because the council chose to reserve those spaces, but also because Plaza El Carmen is located within the urban center of Alajuela, in an area already impacted by human and industrial development and heavy vehicular traffic. It is an indisputable fact that there is no current possibility of reversing the environmental alteration the place has suffered for decades; the plaza lacks forest suitability, and therefore the appellant's grievance that the soccer field is a lung of the city is incorrect. Certainly a building on the site could eliminate the little remaining 'green' space, but the harm will only be relevant if its magnitude or importance could necessarily affect the protected objects—life, health, and ecological balance. The authorities considered that Calián Vargas Park is nearby, so with another option available for the same sports and recreation purposes, the claimed suppression of rights of local residents and children is false.La tesis de la apelante que reclama que dicho acuerdo atenta contra el numeral 50 constitucional, no es de recibo, no solo por el hecho que el cuerpo edil optó por reservar esos espacios, sino también porque la Plaza El Carmen se encuentra dentro del casco urbano del cantón de Alajuela, en una zona que ya ha sido impactada por el desarrollo humano, industrial y alto tránsito vehicular. Es un hecho cierto e indiscutible, que no existe posibilidad de reversar en la actualidad la alteración del medio que desde hace décadas ha sufrido el lugar, la plaza carece de aptitud forestal y, por ello, el agravio de la parte apelante que sostiene que la plaza de fútbol es un pulmón de la ciudad, resulta incorrecto. Ciertamente un edificio en el lugar podría eliminar el poco espacio "verde" que queda, mas el daño solamente será relevante si su magnitud o importancia pueda llegar a afectar necesariamente su objeto de tutela, sea la vida, la salud y el equilibrio ecológico. Los jerarcas han considerado que en la cercanía se encuentra el Parque Calián Vargas, por lo que habiendo otra opción adonde acudir con idénticos fines de deporte y recreación, resulta falso el agravio que acusa la supresión de derechos de los habitantes y niños del lugar.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La dicotomía ambiente-desarrollo aspira a que el ser humano armonice su desarrollo con un ambiente sano, lo cual se refleja en la regulación nacional y es el eje de esta alzada."

    "The environment-development dichotomy aims for humans to harmonize their development with a healthy environment, which is reflected in national regulations and is the axis of this appeal."

    Considerando III

  • "La dicotomía ambiente-desarrollo aspira a que el ser humano armonice su desarrollo con un ambiente sano, lo cual se refleja en la regulación nacional y es el eje de esta alzada."

    Considerando III

  • "Ciertamente un edificio en el lugar podría eliminar el poco espacio 'verde' que queda, mas el daño solamente será relevante si su magnitud o importancia pueda llegar a afectar necesariamente su objeto de tutela, sea la vida, la salud y el equilibrio ecológico."

    "Certainly a building on the site could eliminate the little remaining 'green' space, but the harm will only be relevant if its magnitude or importance could necessarily affect the protected objects—life, health, and ecological balance."

    Considerando III

  • "Ciertamente un edificio en el lugar podría eliminar el poco espacio 'verde' que queda, mas el daño solamente será relevante si su magnitud o importancia pueda llegar a afectar necesariamente su objeto de tutela, sea la vida, la salud y el equilibrio ecológico."

    Considerando III

  • "No existe siquiera planos constructivos, menos aún de una evaluación técnica del impacto ambiental del proyecto, que ha de depender de las obras constructivas y las actividades a desarrollarse en el lugar, que permita entrar en una discusión seria y con grado de certeza respecto de la posible afectación a la salud y de los ecosistemas."

    "There are not even construction plans, much less a technical environmental impact assessment of the project, which would depend on the construction works and activities to be carried out on site, allowing a serious discussion with a degree of certainty regarding possible effects on health and ecosystems."

    Considerando III

  • "No existe siquiera planos constructivos, menos aún de una evaluación técnica del impacto ambiental del proyecto, que ha de depender de las obras constructivas y las actividades a desarrollarse en el lugar, que permita entrar en una discusión seria y con grado de certeza respecto de la posible afectación a la salud y de los ecosistemas."

    Considerando III

Full documentDocumento completo

Procedural marks

LARGE NORMAL SMALL Administrative Contentious Tribunal, Section III Type of case: Improper hierarchical appeal Analyzed by: JURISPRUDENTIAL INFORMATION CENTER Rulings from the same expediente Content of Interest:

Type of content: Majority vote Branch of Law: Administrative Law Topic: Administrative procedure Subtopics:

Construction of a municipal building in the Plaza del Carmen does not violate the fundamental rights of the community.

Topic: Municipalidad de Alajuela Subtopics:

Construction of a municipal building in the Plaza del Carmen does not violate the fundamental rights of the community. Considerations regarding the environmental principle of integral legal regulation.

III.- On the merits. The present dispute concerns the intended use of the Gregorio José Ramírez plaza, known as plaza del Carmen, located in the neighborhood of the same name, in the canton of Alajuela. This land is currently used as a football field, which corresponds, according to registry information, to the real folio registration Placa18705, owned by the Municipalidad de Alajuela, an entity that holds full ownership (dominio pleno) without limitations or encumbrances, nature "Land called plazuela de El Salto," acquired by donation. The Municipality intends, through the challenged agreement, to construct the town hall buildings, because it currently lacks infrastructure for its administrative and government offices. The first challenge of the appeal filed rebukes that with the disappearance of the plaza, the right of the local inhabitants to enjoy a healthy environment, with access to sports and recreation, is suppressed, curtailing their traditions and historical memory. An adequate weighing is called into question where the institutional need of the town hall to resolve the absence of a municipal building converges with the invoked interest of the community defended by the appellant, aimed at preserving and dedicating the plaza to the use that has existed for over eighty years. The environment-development dichotomy aspires for humans to harmonize their development with a healthy environment, which is reflected in national regulations and is the axis of this appeal. Now, the scope of the agreement must be carefully analyzed, since the Municipalidad de Alajuela, as an autonomous local government, has the power-duty to promote the well-being of the citizens and pursue local growth through the establishment of a comprehensive urban development policy that must include, par excellence, the protection of the environment. Both in Article 6 of our Political Constitution and in various international instruments (for example, the Charter of the United Nations and the Rio Declaration on Environment and Development, approved in Rio de Janeiro in 1992) it is recognized that States have the sovereign right to exploit their resources according to their own environmental and development policies. This aligns with the environmental principle of "integral legal regulation" (regulación jurídica integral), which encompasses prevention, repression, defense, conservation, improvement, and restoration of the environment, as incorporated in Article 11 of the Rio Declaration. Sustainable development has social, cultural, economic, and ethical implications directly related to the ways of life of communities, seeking to ensure that the resources essential for carrying out productive activities guarantee the very existence of present and future generations, all of which derives from Articles 2 to 4 of the Rio Declaration. In the case under study, there could be an opportunity cost to constructing the new municipal building at Dirección12566, but that impact is intended to be mitigated insofar as the challenged agreement conditions the construction on reserving communal and recreational areas. All of this will depend on the project design, as currently modern architecture allows for better use of land surfaces in harmony with the environment, which could even include sports disciplines for the simultaneous enjoyment of more people. However, at this stage there are not even construction plans, much less a technical environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of the project, which must depend on the construction works and the activities to be carried out at the site, which would allow for a serious discussion with a degree of certainty regarding the possible impact on health and ecosystems in light of Decreto Ejecutivo N° 31849, following the administrative procedures and powers granted by law to the specialized bodies SETENA and TRIBUNAL AMBIENTAL, which will be the competent bodies by law to hear environmental impact studies and possible complaints for infraction and effective violation of the legislation protecting the environment and natural resources. Furthermore, the appellant's thesis claiming that said agreement violates constitutional numeral 50 is not acceptable, not only because the council chose to reserve those spaces, but also because Dirección12566 is located within the urban core of the canton of Alajuela, in an area that has already been impacted by human and industrial development and high vehicular traffic. It is a true and indisputable fact that there is currently no possibility of reversing the alteration of the environment that the place has suffered for decades; the plaza lacks forest cover (aptitud forestal) and, therefore, the grievance of the appellant who maintains that the football field is a green lung for the city is incorrect. Certainly, a building on the site could eliminate the little "green" space remaining, but the damage will only be relevant if its magnitude or importance could necessarily affect its protected object, i.e., life, health, and ecological balance. The authorities have considered that Parque Calián Vargas is nearby, so given that there is another option to go to for the same purposes of sports and recreation, the grievance accusing the suppression of the rights of the inhabitants and children of the place is false. It is evident from the voluminous administrative file that the local authorities undertook the task of meticulously studying the issue, as verified in official letter No. MA-ACEIM-03-2018 of February 15, 2018, from the Comisión Especial INVU-Municipalidad de Alajuela, which reviewed two available options for the construction of the building, whether at Dirección12567 or at Dirección12565. Additionally, in official letter MA-PPCI-0396-2017, the Infrastructure Planning and Construction Process (Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura) analyzed the construction options at Estadio Morera Soto, at Dirección12568, and at Dirección12569, but recommended construction at the latter, concluding the following:

"From a technical point of view, the alternative Dirección12570 (Plaza de El Carmen) seems to be the most suitable, since on municipal land a building of up to 5 levels can be developed, potentially reaching up to 26,147.5 m2 without including the two underground parking levels. It has the capacity to house municipal offices, as well as other governmental offices of institutions such as ICE, AyA, and state banks. It is located close to the city's main bus station and is within an area of great commercial dynamism, with visits from thousands of citizens daily. Additionally, due to its proximity to the Universidad Técnica Nacional, it can be integrated into an urban mobility project spanning from FECOSA to UTN, integrating all the spaces along its length for the enjoyment of its inhabitants." Even years earlier, several private properties whose purchase was also considered were studied. The technical arguments are contained in said report, which seeks "a walkable city, discouraging the use of public parking and vehicular traffic in urban centers, would force an increase in the number of levels due to volume, which would counteract what is indicated by the Current Plan Regulador for the City Center, the historical part, and the heights since the New Plan Regulador proposes an average height between four and six levels." As can be seen, it aims to create access mechanisms that mitigate the impact of the town hall offices, which also include rethinking the nearby bus stop, in order to facilitate pedestrian and vehicle access in the area. The appellant accuses that the building is intended to be inter-institutional with offices for rent, a grievance for which, although there are records suggesting such intentions, there is no element within the appealed agreement that so indicates and on which this Chamber is in a position to rule, since that refers to a later phase, related to the drafting of plans and contracting of works, so this claim is premature.

... See more Other References: Charter of the United Nations and the Rio Declaration on Environment and Development, approved in Rio de Janeiro in 1992. Articles 2 to 4, 11 of the Rio Declaration.

Legislation and Doctrine Citations Sign Document Municipal improper hierarchical appeal Name105868 Address4311/ No. 597-2018 ADMINISTRATIVE CONTENTIOUS TRIBUNAL. THIRD SECTION. SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at ten o'clock on December thirteenth, two thousand eighteen.

This Tribunal hears, as improper hierarchical superior (jerarca impropio), the appeal filed by Name105868, identity card No. CED82752, as part of the Comisión Pro Plaza de Deportes del Barrio El Carmen, against the agreement of the Concejo Municipal de Alajuela, Article 7, Chapter VI, adopted in ordinary session 09-2018, held on February 27, 2018.

Judge Name12928 drafts, and:

WHEREAS:

I.- Challenged act. In the definitively approved agreement of the Concejo Municipal de Alajuela, Article 7, Chapter VI, adopted in ordinary session 09-2018, held on February 27, 2018, the panel reviewed opinion No. MA-SCEM-09-208 of the Comisión Especial del Edificio del Concejo Municipal, which recommended to the municipal council "1- Build the Municipal Building at Dirección12565, taking into account the communal area that the community and Escuela Holanda requested. 2- Request the Municipal Administration to have the Master Plan for the Municipal Building prepared within a period of no more than two months, which includes: communal areas, recreational areas, the creation of a citizen government complex, the construction of two basements providing 200 parking spaces, and that the building be carbon neutral, using both solar energy and rainwater for its sustainability. This to subsequently proceed with the preparation of the bidding specifications (cartel licitatorio) with the technical specifications for the design and construction of the building..." II.- Grounds for grievance. In summary, the appellant accuses that the construction of the municipal building would cause serious harm to the community, as it affects the fundamental rights to health, to live in a healthy and ecologically balanced environment as postulated by constitutional numeral 50, curtailing the traditions and historical memories in a plaza with over eighty years of existence, which she considers heritage protected by Article 89 of the Political Constitution. She adds that the Plaza del Carmen is a green lung for a community located in a polluted urban area due to high vehicular traffic, with industries and nearby bus stops, which would disappear with the construction of a municipal and state office complex. She further estimates that the rights of the inhabitants of Barrio El Carmen to sports and recreation would be nullified, deeming it insufficient that the administration leaves space for a children's playground and recreational courts, in addition to the impact it would cause as the football field, the children's play area, and basketball courts would disappear, and the building is even planned to rent out spaces, which threatens increased vehicular traffic, pollution, and noise. Additionally, she invokes that other options were not considered, nor was prior consultation made with ICODER, which is the institution in charge of places dedicated to sports, and the opinion of the Comité Cantonal de Deportes was not considered, which received negative signatures against this project. She adds that the plaza was donated by Mr. Name105869 for that purpose, a place that saw the birth of Deportivo Carmelita and has been a place for generations who have practiced sports there, including children from Escuela Holanda and Colegio El Carmen, all of which reflects a lack of legal basis as it does not recognize the best interests of the child, according to the Código de la Niñez y la Adolescencia. She claims that a popular consultation was not held and that she, personally, was received and given an unfavorable response, but was not afforded due process nor granted the right to defense.

III.- On the merits. The present dispute concerns the intended use of the Gregorio José Ramírez plaza, known as plaza del Carmen, located in the neighborhood of the same name, in the canton of Alajuela. This land is currently used as a football field, which corresponds, according to registry information, to the real folio registration Placa18705, owned by the Municipalidad de Alajuela, an entity that holds full ownership (dominio pleno) without limitations or encumbrances, nature "Land called plazuela de El Salto," acquired by donation. The Municipality intends, through the challenged agreement, to construct the town hall buildings, because it currently lacks infrastructure for its administrative and government offices. The first challenge of the appeal filed rebukes that with the disappearance of the plaza, the right of the local inhabitants to enjoy a healthy environment, with access to sports and recreation, is suppressed, curtailing their traditions and historical memory. An adequate weighing is called into question where the institutional need of the town hall to resolve the absence of a municipal building converges with the invoked interest of the community defended by the appellant, aimed at preserving and dedicating the plaza to the use that has existed for over eighty years. The environment-development dichotomy aspires for humans to harmonize their development with a healthy environment, which is reflected in national regulations and is the axis of this appeal. Now, the scope of the agreement must be carefully analyzed, since the Municipalidad de Alajuela, as an autonomous local government, has the power-duty to promote the well-being of the citizens and pursue local growth through the establishment of a comprehensive urban development policy that must include, par excellence, the protection of the environment. Both in Article 6 of our Political Constitution and in various international instruments (for example, the Charter of the United Nations and the Rio Declaration on Environment and Development, approved in Rio de Janeiro in 1992) it is recognized that States have the sovereign right to exploit their resources according to their own environmental and development policies. This aligns with the environmental principle of "integral legal regulation" (regulación jurídica integral), which encompasses prevention, repression, defense, conservation, improvement, and restoration of the environment, as incorporated in Article 11 of the Rio Declaration. Sustainable development has social, cultural, economic, and ethical implications directly related to the ways of life of communities, seeking to ensure that the resources essential for carrying out productive activities guarantee the very existence of present and future generations, all of which derives from Articles 2 to 4 of the Rio Declaration. In the case under study, there could be an opportunity cost to constructing the new municipal building at Dirección12566, but that impact is intended to be mitigated insofar as the challenged agreement conditions the construction on reserving communal and recreational areas. All of this will depend on the project design, as currently modern architecture allows for better use of land surfaces in harmony with the environment, which could even include sports disciplines for the simultaneous enjoyment of more people. However, at this stage there are not even construction plans, much less a technical environmental impact assessment (evaluación de impacto ambiental, EIA) of the project, which must depend on the construction works and the activities to be carried out at the site, which would allow for a serious discussion with a degree of certainty regarding the possible impact on health and ecosystems in light of Decreto Ejecutivo N° 31849, following the administrative procedures and powers granted by law to the specialized bodies SETENA and TRIBUNAL AMBIENTAL, which will be the competent bodies by law to hear environmental impact studies and possible complaints for infraction and effective violation of the legislation protecting the environment and natural resources. Furthermore, the appellant's thesis claiming that said agreement violates constitutional numeral 50 is not acceptable, not only because the council chose to reserve those spaces, but also because Dirección12566 is located within the urban core of the canton of Alajuela, in an area that has already been impacted by human and industrial development and high vehicular traffic. It is a true and indisputable fact that there is currently no possibility of reversing the alteration of the environment that the place has suffered for decades; the plaza lacks forest cover (aptitud forestal) and, therefore, the grievance of the appellant who maintains that the football field is a green lung for the city is incorrect. Certainly, a building on the site could eliminate the little "green" space remaining, but the damage will only be relevant if its magnitude or importance could necessarily affect its protected object, i.e., life, health, and ecological balance. The authorities have considered that Parque Calián Vargas is nearby, so given that there is another option to go to for the same purposes of sports and recreation, the grievance accusing the suppression of the rights of the inhabitants and children of the place is false. It is evident from the voluminous administrative file that the local authorities undertook the task of meticulously studying the issue, as verified in official letter No. MA-ACEIM-03-2018 of February 15, 2018, from the Comisión Especial INVU-Municipalidad de Alajuela, which reviewed two available options for the construction of the building, whether at Dirección12567 or at Dirección12565. Additionally, in official letter MA-PPCI-0396-2017, the Infrastructure Planning and Construction Process (Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura) analyzed the construction options at Estadio Morera Soto, at Dirección12568, and at Dirección12569, but recommended construction at the latter, concluding the following:

"From a technical point of view, the alternative Dirección12570 (Plaza de El Carmen) seems to be the most suitable, since on municipal land a building of up to 5 levels can be developed, potentially reaching up to 26,147.5 m2 without including the two underground parking levels. It has the capacity to house municipal offices, as well as other governmental offices of institutions such as ICE, AyA, and state banks. It is located close to the city's main bus station and is within an area of great commercial dynamism, with visits from thousands of citizens daily. Additionally, due to its proximity to the Universidad Técnica Nacional, it can be integrated into an urban mobility project spanning from FECOSA to UTN, integrating all the spaces along its length for the enjoyment of its inhabitants." Even years earlier, several private properties whose purchase was also considered were studied. The technical arguments are contained in said report, which seeks "a walkable city, discouraging the use of public parking and vehicular traffic in urban centers, would force an increase in the number of levels due to volume, which would counteract what is indicated by the Current Plan Regulador for the City Center, the historical part, and the heights since the New Plan Regulador proposes an average height between four and six levels." As can be seen, it aims to create access mechanisms that mitigate the impact of the town hall offices, which also include rethinking the nearby bus stop, in order to facilitate pedestrian and vehicle access in the area. The appellant accuses that the building is intended to be inter-institutional with offices for rent, a grievance for which, although there are records suggesting such intentions, there is no element within the appealed agreement that so indicates and on which this Chamber is in a position to rule, since that refers to a later phase, related to the drafting of plans and contracting of works, so this claim is premature.

IV.- The appellant advocates for the defense of the interests of the Barrio El Carmen community. However, it is observed from the file that from within the Comisión Especial del Edificio itself, via official letter No. MA-SCEM-03-2017, an invitation was extended to the Comité Cantonal de Deportes, the parish priest of the Church, and the Director of Escuela Holanda, so that they could comment on the proposal. Precisely, the director of that educational center, which is located next to the Plaza, also expressed his consent. The aggrieved party seeks to disregard the representation of the school authority, but there are no elements of judgment to doubt the legitimacy of his participation. Similarly, the favorable opinion of merchants and neighbors is found within the file, as well as that of the Director of Colegio El Carmen—who asserts having conducted a public consultation—and the Director of Escuela Ascención Esquivel Ibarra, as well as the Parish Priest of Iglesia del Carmen. If the educational centers, which are the ones that receive and attend to the needs of the children's community, have pronounced favorably, this Chamber finds no duly substantiated reason to uphold the grievance accusing a violation of children's rights according to the Código de la Niñez y la Adolescencia. There is also conformity from the President of the Asociación Deportiva de Fútbol Carmelita (official letter of August 24, 2017), which allows it to be seen that even if this sports institution had its origins in said Plaza, the truth is that, nowadays, the plaza already lacks the historical value attributed to the birth of said organization, since its requirements for sports facilities are no longer met in that same place. Conversely, the appellant herself presented her opposition along with over one hundred unfavorable signatures to the project, who also acknowledges having been received by the Concejo Municipal in the session of November 27 of last year, as well as having obtained a response to her request. The grievance seems to understand that the Concejo Municipal was compelled to back down from the idea of construction at Dirección12571 due to the refusal of the group led by Mrs. Name105868, an argument that is mistaken. Nor is it correct to conclude that the municipal council did not take into account the unfavorable position expressed by them, as the appellant claims. In this regard, it must be clarified that the validly raised opposition, in itself, was not binding, but constituted one of many elements that had to be taken into consideration to arrive at the decision. The important thing is that the agreement has been the result of a thorough study preceded by consultation with the majority of the interested and involved parties in the matter, in order to ensure representativeness and transparency as essential elements of the democratic principle for making a decision of communal interest; the favorable opinion of the majority of the interested social actors, as expressed by their leaders, has been considered. Therefore, the grievance claiming malicious and fraudulent secrecy on the part of the Commission is also not acceptable; it seems that the appellant hoped that a democratic exercise of person-by-person consultation would be conducted, an ambitious but also unnecessary claim for the purposes of the case, since for these decisions the consultation with the main actors of the community was satisfied, and it cannot be forgotten that our local government system relies on the figure of the Concejo Municipal as the representative body of the community, responsible for making this type of decision impacting the local level. Thus, no transgression of due process or the right to defense is observed in any way, as invoked by Mrs. Name105868, since we are not in the presence of an administrative procedure against her.

V.- The appellant advocates for the condition expressed by the donor of the land that it be used exclusively for sports, but there is no evidence within the file to support her statement, since the registry report shows the acquisition cause but no limitation to that effect is evident. The indicated grievance, lacking evidence, must be rejected, which prevents this Chamber from ruling on the supposed predetermined purpose of the property. In any case, it is unquestionable that the plaza in question is a property that has been used for decades for the practice of sports, usable by Deportivo Carmelita in the past and the children of the community and Escuela Holanda. Due to the exclusive use to which it has been dedicated, this Chamber considers that the plaza is vested with the attributes of the public domain (dominio público), but the possibility of modifying that use is feasible if the legislative procedure for declassification (desafectación) is continued if it is intended to convert it into a fiscal asset (bien fiscal) of the municipal corporation. In any case, as an asset dedicated exclusively to sports use, it is subject to a special regime regulated in the Código Municipal, Articles 173 and following, whose administration falls to the Comité Cantonal de Deportes. It is also necessary to clarify that this Committee is a body incorporated within the municipal structure, so it is not necessary to make any consultation regarding the decision adopted, insofar as it is not a user of the services, but merely the administrator of municipal sports assets. From this it additionally follows that ICODER is excluded from decision-making regarding cantonal sports assets as it lacks jurisdiction to that effect, its scope of action being limited to assets whose administration falls on the Central Government, thus making it unnecessary for it to pronounce on their change of destination.

VI.- Finally, the thesis outlined by the appellant, invoking the application of Article 89 of the Constitution, in order to preserve the Plaza as she considers it historical heritage, is also not acceptable. This is because in our country, Historical-Architectural Heritage (Patrimonio Histórico-Arquitectónico) is declared by means of a Decreto Ejecutivo, following the processing of a file opened before the Ministerio de Cultura y Juventud, as regulated by Ley 7555, which would be the only way to prohibit the change of the property due to the immediate application of the protection regime provided for that purpose. Given that Dirección12571 does not enjoy this protection regime, the possibility of varying its use is real and allows for its alteration as the development of the locality warrants it.

VII.- Corollary. The grievances outlined by the appellant are not acceptable, and it is valid and legitimate for the Concejo Municipal to have decided to build its future facilities at the Plaza de El Carmen. The appealed agreement lacks defects of illegality, therefore it shall be confirmed, and the filed appeal is declared without merit. As there is no further appeal, the administrative remedy is deemed exhausted.

VIII.- As this venue has been processed electronically, the parties have at their disposal the ability to obtain a complete copy containing both the administrative file sent by the Municipal Corporation and the totality of the documents that make up this appeal, for which they must provide the electronic storage device (USB drive or compact disc).

Likewise, in the event that physical or electronic documentation (plans, photographs, reports, etc.) that remains in the custody of the Office has been submitted, the person who provided it may withdraw it within a period of 30 business days, in accordance with the provisions of Article 12 of the Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, approved by the Corte Plena in session no. 27-11 of August 22, 2011, Article XXVI and published in the Boletín Judicial no. 19 of January 26, 2012, as well as in the agreement approved by the Consejo Superior del Poder Judicial, in session no. 43-12 held on May 3, 2012, Article LXXXI.

Por tanto:

The appeal filed is declared without merit, the appealed agreement is confirmed, and the administrative channel is deemed exhausted.

Nombre12928 Nombre13954 Nombre12928 , JUEZ/A DECISOR/A Nombre13954 , JUEZ/A DECISOR/A Nombre13954 , JUEZ/A DECISOR/A 1 de 11 Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección III Clase de asunto: Recurso jerárquico impropio Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencias del mismo expediente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Administrativo Tema: Procedimiento administrativo Subtemas:

Construcción de edificio municipal en la Plaza del Carmen no violenta los derechos fundamentales de la comunidad.

Tema: Municipalidad de Alajuela Subtemas:

Construcción de edificio municipal en la Plaza del Carmen no violenta los derechos fundamentales de la comunidad. Consideraciones con respecto al principio ambiental de regulación jurídica.

III.- Sobre el fondo. El presente conflicto versa sobre el uso al que se pretende destinar la plaza Gregorio José Ramírez, conocida como plaza del Carmen, ubicada en el barrio del mismo nombre, en el cantón de Alajuela. Este terreno en la actualidad está destinado a plaza de fútbol, al cual le corresponde, según la información registral, la matrícula de folio real 2-134111-000, propiedad de la Municipalidad de Alajuela, entidad que ostenta el dominio pleno sin limitaciones ni gravámenes, naturaleza "Terreno denominado plazuela de El Salto", causa adquisitiva donación. La Municipalidad pretende mediante el acuerdo impugnado, construir las edificaciones del ayuntamiento, debido a que en la actualidad carece de una infraestructura para sus oficinas administrativas y de gobierno. El primer cuestionamiento del recurso de apelación interpuesto reprocha que ante la desaparición de la plaza, se suprime el derecho de los habitantes de la localidad a disfrutar de un ambiente sano, con acceso al deporte y la recreación, cercernándose sus tradiciones y memoria histórica. Se pone en tela de discusión una adecuada ponderación en donde converge la necesidad institucional del ayuntamiento de solventar la ausencia de edificio municipal contra el invocado interés de la colectividad defendido por parte de la apelante, tendiente a preservar y destinar la plaza al uso que por más de ochenta años ha existido. La dicotomía ambiente-desarrollo aspira a que el ser humano armonice su desarrollo con un ambiente sano, lo cual se refleja en la regulación nacional y es el eje de esta alzada. Ahora bien, los alcances del acuerdo deben ser cuidadosamente analizados, puesto que la Municipalidad de Alajuela, en el tanto gobierno local con autonomía, está en el poder-deber de promover el bienestar de los munícipes y procurar el crecimiento local mediante el establecimiento de una política integral de desarrollo urbano que debe incluir, por excelencia, la protección del medio. Tanto en el artículo 6 de nuestra Constitución Política como en los distintos instrumentos internacionales (por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, aprobada en Río de Janeiro en 1992) se reconoce que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos conforme a sus propias políticas ambientales y de desarrollo. Lo anterior empata con el principio ambiental de "regulación jurídica integral", el cual abarca la prevención, represión, defensa, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente, lo cual está incorporado en el artículo 11 de la Declaración de Río. El desarrollo sustentable tiene implicaciones de tipo social, cultural, económica y ética relacionadas directamente con las formas de vida de las comunidades, procurando que los recursos indispensables para llevar adelante las actividades productivas garantice la existencia misma de las generaciones presentes y futuras, todo lo cual deriva de los artículos 2 a 4 de la Declaración de Río. En el caso sometido a estudio, podría existir un costo de oportunidad de construir el nuevo edificio municipal en la Plaza El Carmen, mas ese impacto se pretende aminorar en el tanto el acuerdo impugnado condiciona la construcción a que se reserven áreas comunales y recreativas. Todo ello dependerá del diseño del proyecto, pues en la actualidad la arquitectura moderna permite un mejor aprovechamiento de las superficies terrestres en armonía con el entorno, lo cual podría llegar a incluir disciplinas deportivas para el disfrute inclusive simultáneo de mas personas. Sin embargo, a estas alturas no existe siquiera planos constructivos, menos aún de una evaluación técnica del impacto ambiental del proyecto, que ha de depender de las obras constructivas y las actividades a desarrollarse en el lugar, que permita entrar en una discusión seria y con grado de certeza respecto de la posible afectación a la salud y de los ecosistemas a la luz del Decreto Ejecutivo N° 31849, siguiendo los procedimientos administrativos y competencias otorgadas por ley a los órganos especializados SETENA y TRIBUNAL AMBIENTAL, que serán los competentes por ley de conocer los estudios de impacto ambiental y las posibles denuncias por infracción y violación efectiva de la legislación que tutela el ambiente y los recursos naturales. Además, la tesis de la apelante que reclama que dicho acuerdo atenta contra el numeral 50 constitucional, no es de recibo, no solo por el hecho que el cuerpo edil optó por reservar esos espacios, sino también porque la Plaza El Carmen se encuentra dentro del casco urbano del cantón de Alajuela, en una zona que ya ha sido impactada por el desarrollo humano, industrial y alto tránsito vehicular. Es un hecho cierto e indiscutible, que no existe posibilidad de reversar en la actualidad la alteración del medio que desde hace décadas ha sufrido el lugar, la plaza carece de aptitud forestal y, por ello, el agravio de la parte apelante que sostiene que la plaza de fútbol es un pulmón de la ciudad, resulta incorrecto. Ciertamente un edificio en el lugar podría eliminar el poco espacio "verde" que queda, mas el daño solamente será relevante si su magnitud o importancia pueda llegar a afectar necesariamente su objeto de tutela, sea la vida, la salud y el equilibrio ecológico. Los jerarcas han considerado que en la cercanía se encuentra el Parque Calián Vargas, por lo que habiendo otra opción adonde acudir con idénticos fines de deporte y recreación, resulta falso el agravio que acusa la supresión de derechos de los habitantes y niños del lugar. Se desprende del voluminoso expediente administrativo que las autoridades locales se dieron a la tarea de estudiar minuciosamente el tema, como se verifica en el oficio No. MA-ACEIM-03-2018 del 15 de febrero del 2018, de la Comisión Especial INVU-Municipalidad de Alajuela, la cual revisó dos opciones disponibles para la construcción del edificio, ya fuere en la Plaza Tomás Guardia en la Plaza Gregorio José Ramírez. Además, en el oficio MA-PPCI-0396-2017, el Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura analizó las opciones de construcción en el Estadio Morera Soto, en la Plaza Acosta y en la Plaza del Carmen, mas recomendó la construcción en esta última, concluyendo lo siguiente:

"Desde el punto de vista técnico, la alternativa Plaza Gregorio J. Ramírez (plaza de El Carmen) parece ser la más adecuada, ya que en un terreno municipal se puede desarrollar un edificio de hasta 5 niveles, pudiendo llegar a crecer hasta 26.147,5 m2 sin tomar los dos niveles de parqueos en sótanos. Tiene capacidad para alojar las oficinas municipales, así como otras oficinas gubernamentales de instituciones como ICE, AyA y bancos estatales. Se encuentra cercano a la estación de autobuses principal de la ciudad y está dentro de una zona de gran dinamismo comercial, con visitación de miles de ciudadanos diariamente. Además, por la cercanía con la Universidad Técnica Nacional, se puede integrar a un proyecto de movilidad urbana que abarca desde FECOSA hasta la UTN, integrando todos los espacios a lo largo de su longitud para el disfrute de sus habitantes." Inclusive, años atrás se estudiaron varias propiedades privadas cuya compra también se consideró. Los argumentos técnicos se encuentran contenidos en dicho informe, que procura "una ciudad caminable, desincentivar el uso de los parqueos públicos y el tránsito vehicular en los centros urbanos, obligaría a aumentar la cantidad de niveles por el volumen, lo que contrarrestaría lo indicado por el Plan Regulador Actual del Centro de la Ciudad, la parte histórica y las alturas ya que el Nuevo Plan Regulador propone la altura media entre cuatro y seis niveles". Como se desprende, se aspira a crear mecanismos de acceso que aminoren el impacto de las oficinas del ayuntamiento, que incluyen por demás replantear la parada de buses cercana, a efecto de facilitar el acceso de peatones y vehículos en la zona. Acusa la apelante que el edificio pretende ser interinstitucional con oficinas para alquilar, agravio del cual si bien existen antecedentes de los que se desprende que hay intenciones en tal sentido, no existe dentro del acuerdo apelado ningún elemento que así lo indique y del cual esta Cámara esté en condiciones de pronunciarse, pues ello se refiere a una fase posterior, relacionada con la elaboración de planos y contratación de obras, por lo que este alegato resulta prematuro.

... Ver más Otras Referencias: Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, aprobada en Río de Janeiro en 1992.Artículo 2 a 4, 11 de la Declaración de Río.

Citas de Legislación y Doctrina Firmar Documento Apelación en jerarquía impropia municipal Nombre105868 Dirección4311/ N° 597-2018 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las diez horas del trece de diciembre del dos mil dieciocho.

Conoce este Tribunal, como jerarca impropio, del recurso de apelación interpuesto por Nombre105868 , cédula de identidad No. CED82752, como parte de la Comisión Pro Plaza de Deportes del Barrio El Carmen, contra el acuerdo del Concejo Municipal de Alajuela, artículo 7, Capítulo VI, tomado en la sesión ordinaria 09-2018, celebrada el 27 de febrero del 2018.

Redacta la Juez Nombre12928 , y:

CONSIDERANDO:

I.- Acto impugnado. En el acuerdo definitivamente aprobado del Concejo Municipal de Alajuela, artículo 7, Capítulo VI, tomado en la sesión ordinaria 09-2018, celebrada el 27 de febrero del 2018, se conoció el dictamen No. MA-SCEM-09-208 de la Comisión Especial del Edificio del Concejo Municipal, que recomendó al cuerpo edil "1- Construir el Edificio Municipal en la Dirección12565 , teniendo en cuenta el área comunal que solicitó la comunidad y la Escuela Holanda. 2- Solicitarle a la Administración Municipal que en un plazo no mayor a dos meses tenga elaborado el Plan Maestro del Edificio Municipal que contemple: las áreas comunales, las áreas recreativas, la creación de un complejo ciudad gobierno, la construcción de dos sótanos que contemple 200 espacios de estacionamiento y que el edificio sea carbono neutral, que utilice tanto la energía solar como el agua de lluvia para la sostenibilidad del mismo. Esto para posteriormente proceder con la realización del cartel licitatorio con las especificaciones técnicas para el diseño y construcción del edificio..." II.- Motivos de agravio. A manera de resumen, acusa la apelante, que con la construcción del edificio municipal se causaría un grave perjuicio a la comunidad, pues se afectan los derechos fundamentales a la salud, a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado conforme lo postula el numeral 50 constitucional, cercenando las tradiciones y memorias históricas en una plaza con más de ochenta años de existencia, lo cual considera es patrimonio protegido por el artículo 89 de la Constitución Política. Agrega que la Plaza del Carmen es un pulmón de una comunidad ubicada en una zona urbana contaminada debido al alto tránsito vehicular, con industrias y la parada de buses cercanas, que desaparecería ante la construcción de un complejo de oficinas municipales y estatales. Estima además que se harían nugatorios los derechos de los habitantes del Barrio El Carmen al deporte y la recreación, estimando insuficiente que la administración deje un espacio para parque infantil y canchas recreativas, además del impacto que produciría pues desaparecería la cancha de fútbol, el área de juegos infantiles y canchas de basquetbol, siendo que el edificio se prevé inclusive para alquilar espacios, lo cual amenaza con mayor tráfico vehicular, contaminación y ruido. Además, invoca que no se tomaron en cuenta otras opciones y tampoco se hizo consulta previa aI ICODER, que es la institución que tiene a cargo los lugares dedicados al deporte y no se contempló la opinión del Comité Cantonal de Deportes, el cual recibió firmas negativas a este proyecto. Agrega que la plaza fue donada por el señor Nombre105869 para ese destino, lugar que vio nacer al Deportivo Carmelita y ha sido lugar de generaciones que allí han practicado deporte, incluidos los niños de la Escuela Holanda y el Colegio El Carmen, todo ello refleja ausencia de sustento legal pues no reconoce el interés superior del niño, conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia. Reclama que no se hizo una consulta popular y que a ella, en lo personal, se le recibió y dio respuesta desfavorable, mas no se le dio debido proceso ni se le confirió derecho de defensa.

III.- Sobre el fondo. El presente conflicto versa sobre el uso al que se pretende destinar la plaza Gregorio José Ramírez, conocida como plaza del Carmen, ubicada en el barrio del mismo nombre, en el cantón de Alajuela. Este terreno en la actualidad está destinado a plaza de fútbol, al cual le corresponde, según la información registral, la matrícula de folio real Placa18705, propiedad de la Municipalidad de Alajuela, entidad que ostenta el dominio pleno sin limitaciones ni gravámenes, naturaleza "Terreno denominado plazuela de El Salto", causa adquisitiva donación. La Municipalidad pretende mediante el acuerdo impugnado, construir las edificaciones del ayuntamiento, debido a que en la actualidad carece de una infraestructura para sus oficinas administrativas y de gobierno. El primer cuestionamiento del recurso de apelación interpuesto reprocha que ante la desaparición de la plaza, se suprime el derecho de los habitantes de la localidad a disfrutar de un ambiente sano, con acceso al deporte y la recreación, cercernándose sus tradiciones y memoria histórica. Se pone en tela de discusión una adecuada ponderación en donde converge la necesidad institucional del ayuntamiento de solventar la ausencia de edificio municipal contra el invocado interés de la colectividad defendido por parte de la apelante, tendiente a preservar y destinar la plaza al uso que por más de ochenta años ha existido. La dicotomía ambiente-desarrollo aspira a que el ser humano armonice su desarrollo con un ambiente sano, lo cual se refleja en la regulación nacional y es el eje de esta alzada. Ahora bien, los alcances del acuerdo deben ser cuidadosamente analizados, puesto que la Municipalidad de Alajuela, en el tanto gobierno local con autonomía, está en el poder-deber de promover el bienestar de los munícipes y procurar el crecimiento local mediante el establecimiento de una política integral de desarrollo urbano que debe incluir, por excelencia, la protección del medio. Tanto en el artículo 6 de nuestra Constitución Política como en los distintos instrumentos internacionales (por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, aprobada en Río de Janeiro en 1992) se reconoce que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos conforme a sus propias políticas ambientales y de desarrollo. Lo anterior empata con el principio ambiental de "regulación jurídica integral", el cual abarca la prevención, represión, defensa, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente, lo cual está incorporado en el artículo 11 de la Declaración de Río. El desarrollo sustentable tiene implicaciones de tipo social, cultural, económica y ética relacionadas directamente con las formas de vida de las comunidades, procurando que los recursos indispensables para llevar adelante las actividades productivas garantice la existencia misma de las generaciones presentes y futuras, todo lo cual deriva de los artículos 2 a 4 de la Declaración de Río. En el caso sometido a estudio, podría existir un costo de oportunidad de construir el nuevo edificio municipal en la Dirección12566 , mas ese impacto se pretende aminorar en el tanto el acuerdo impugnado condiciona la construcción a que se reserven áreas comunales y recreativas. Todo ello dependerá del diseño del proyecto, pues en la actualidad la arquitectura moderna permite un mejor aprovechamiento de las superficies terrestres en armonía con el entorno, lo cual podría llegar a incluir disciplinas deportivas para el disfrute inclusive simultáneo de mas personas. Sin embargo, a estas alturas no existe siquiera planos constructivos, menos aún de una evaluación técnica del impacto ambiental del proyecto, que ha de depender de las obras constructivas y las actividades a desarrollarse en el lugar, que permita entrar en una discusión seria y con grado de certeza respecto de la posible afectación a la salud y de los ecosistemas a la luz del Decreto Ejecutivo N° 31849, siguiendo los procedimientos administrativos y competencias otorgadas por ley a los órganos especializados SETENA y TRIBUNAL AMBIENTAL, que serán los competentes por ley de conocer los estudios de impacto ambiental y las posibles denuncias por infracción y violación efectiva de la legislación que tutela el ambiente y los recursos naturales. Además, la tesis de la apelante que reclama que dicho acuerdo atenta contra el numeral 50 constitucional, no es de recibo, no solo por el hecho que el cuerpo edil optó por reservar esos espacios, sino también porque la Dirección12566 se encuentra dentro del casco urbano del cantón de Alajuela, en una zona que ya ha sido impactada por el desarrollo humano, industrial y alto tránsito vehicular. Es un hecho cierto e indiscutible, que no existe posibilidad de reversar en la actualidad la alteración del medio que desde hace décadas ha sufrido el lugar, la plaza carece de aptitud forestal y, por ello, el agravio de la parte apelante que sostiene que la plaza de fútbol es un pulmón de la ciudad, resulta incorrecto. Ciertamente un edificio en el lugar podría eliminar el poco espacio "verde" que queda, mas el daño solamente será relevante si su magnitud o importancia pueda llegar a afectar necesariamente su objeto de tutela, sea la vida, la salud y el equilibrio ecológico. Los jerarcas han considerado que en la cercanía se encuentra el Parque Calián Vargas, por lo que habiendo otra opción adonde acudir con idénticos fines de deporte y recreación, resulta falso el agravio que acusa la supresión de derechos de los habitantes y niños del lugar. Se desprende del voluminoso expediente administrativo que las autoridades locales se dieron a la tarea de estudiar minuciosamente el tema, como se verifica en el oficio No. MA-ACEIM-03-2018 del 15 de febrero del 2018, de la Comisión Especial INVU-Municipalidad de Alajuela, la cual revisó dos opciones disponibles para la construcción del edificio, ya fuere en la Dirección12567 en la Dirección12565 . Además, en el oficio MA-PPCI-0396-2017, el Proceso de Planeamiento y Construcción de Infraestructura analizó las opciones de construcción en el Estadio Morera Soto, en la Dirección12568 y en la Dirección12569 , mas recomendó la construcción en esta última, concluyendo lo siguiente:

"Desde el punto de vista técnico, la alternativa Dirección12570 . (plaza de El Carmen) parece ser la más adecuada, ya que en un terreno municipal se puede desarrollar un edificio de hasta 5 niveles, pudiendo llegar a crecer hasta 26.147,5 m2 sin tomar los dos niveles de parqueos en sótanos. Tiene capacidad para alojar las oficinas municipales, así como otras oficinas gubernamentales de instituciones como ICE, AyA y bancos estatales. Se encuentra cercano a la estación de autobuses principal de la ciudad y está dentro de una zona de gran dinamismo comercial, con visitación de miles de ciudadanos diariamente. Además, por la cercanía con la Universidad Técnica Nacional, se puede integrar a un proyecto de movilidad urbana que abarca desde FECOSA hasta la UTN, integrando todos los espacios a lo largo de su longitud para el disfrute de sus habitantes." Inclusive, años atrás se estudiaron varias propiedades privadas cuya compra también se consideró. Los argumentos técnicos se encuentran contenidos en dicho informe, que procura "una ciudad caminable, desincentivar el uso de los parqueos públicos y el tránsito vehicular en los centros urbanos, obligaría a aumentar la cantidad de niveles por el volumen, lo que contrarrestaría lo indicado por el Plan Regulador Actual del Centro de la Ciudad, la parte histórica y las alturas ya que el Nuevo Plan Regulador propone la altura media entre cuatro y seis niveles". Como se desprende, se aspira a crear mecanismos de acceso que aminoren el impacto de las oficinas del ayuntamiento, que incluyen por demás replantear la parada de buses cercana, a efecto de facilitar el acceso de peatones y vehículos en la zona. Acusa la apelante que el edificio pretende ser interinstitucional con oficinas para alquilar, agravio del cual si bien existen antecedentes de los que se desprende que hay intenciones en tal sentido, no existe dentro del acuerdo apelado ningún elemento que así lo indique y del cual esta Cámara esté en condiciones de pronunciarse, pues ello se refiere a una fase posterior, relacionada con la elaboración de planos y contratación de obras, por lo que este alegato resulta prematuro.

IV.- La parte recurrente aboga por la defensa de los intereses de la comunidad de barrio El Carmen. Sin embargo, se aprecia del expediente que del mismo seno de la Comisión Especial del Edificio, mediante oficio No. MA-SCEM-03-2017 se invitó al Comité Cantonal de Deportes, al párroco de la Iglesia y a Director de la Escuela Holanda, a efecto que se pronunciaran sobre la propuesta. Precisamente el director de ese centro educativo, que se ubica a un costado de la Plaza, manifestó su anuencia también. La agraviada pretende desconocer la representación del jerarca escolar, mas que no existen elementos de juicio para dudar de la legitimidad de su participación. De igual forma, se encuentra dentro del expediente el pronunciamiento favorable de comerciantes y vecinos, así como del Director de Colegio El Carmen -quien asevera haber realizado una consulta pública- y de la Directora de la Escuela Ascención Esquivel Ibarra, así como también del Párroco de la Iglesia del Carmen. Si los centros educativos, que son los que reciben y atienden las necesidades de la comunidad infantil, se han pronunciado favorablemente, no encuentra esta Cámara motivo alguno debidamente sustentado para acoger el agravio que acusa infracción de los derechos de los niños conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia. También existe conformidad por parte del Presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Carmelita (oficio del 24 de agosto del 2017), lo que permite apreciar que aún y cuando esta institución deportiva haya tenido sus orígenes en dicha Plaza, lo cierto es que, hoy por hoy, la plaza ya carece del valor histórico atribuido al nacimiento de dicha organización, puesto que ya sus requerimientos de instalaciones deportivas no son satisfechos en ese mismo lugar. En sentido contrario, la misma recurrente presentó su oposición junto con más de cien firmas desfavorables al proyecto, quien además reconoce haber sido recibida por el Concejo Municipal en la sesión del 27 de noviembre del año pasado, así como de haber obtenido respuesta a su gestión. El agravio parece entender que el Concejo Municipal estaba compelido a echar para atrás la idea de construcción en la Dirección12571 debido a la negativa del grupo encabezado por la señora Nombre105868, argumento que resulta equivocado. Tampoco es correcto concluir que el cuerpo edil no haya tomado en cuenta la posición desfavorable por ellos externada, como alega la recurrente. Al respecto, debe aclararse que la oposición válidamente planteada, por sí misma no era vinculante, sino se constituía como uno dentro de muchos elementos que se han tenido que tomar en consideración para arribar a la decisión. Lo importante al efecto, es que el acuerdo ha sido el resultado de un estudio concienzudo precedido por la consulta a la mayoría de los sujetos interesados e involucrados en el tema, a efecto de asegurar representatividad y transparencia como elementos esenciales del principio democrático para la toma de una decisión de interés comunal, se ha considerado la opinión favorable de la mayoría de los actores sociales interesados, según ha sido manifestado por sus líderes. Por ende, tampoco el agravio que reclama secretismo malicioso y doloso por parte de la Comisión es de recibo; pareciera que la recurrente aspiraba a que se practicara un ejercicio democrático de consulta persona por persona, pretensión ambiciosa pero también innecesaria para los efectos del caso, pues para estas decisiones la consulta a los principales actores de la comunidad fue satisfecha, no pudiéndose olvidar que nuestro sistema de gobierno local cuenta con la figura del Concejo Municipal como órgano representativo de la comunidad, encargado de la toma de esta clase de decisiones de impacto a nivel local. Por ello, tampoco se aprecia, de modo alguno, transgresión al debido proceso ni al derecho de defensa como lo invoca la señora Nombre105868, pues no estamos en presencia de un procedimiento administrativo en su contra.

V.- La parte apelante aboga por el condicionamiento expresado por el donante del terreno a efecto que se use exclusivamente para el deporte, mas no existe prueba alguna dentro del expediente que acredite su dicho, pues del informe registral se obtiene la causa adquisitiva mas no se desprende ninguna limitación al efecto. El agravio indicado, al ser carente de prueba, debe ser rechazado, lo cual inhibe a esta Cámara a pronunciarse sobre el supuesto destino predeterminado del bien. En todo caso, es incuestionable que la plaza en mención es un inmueble que se ha aprovechado por décadas a la práctica del deporte, aprovechable por el Deportivo Carmelita en el pasado y los niños de la comunidad y de la Escuela Holanda. Por el uso exclusivo al que se ha destinado, esta Cámara considera que la plaza está revestida de los atributos del dominio público, mas la posibilidad de que sea modificado ese uso es factible si se continúa con el procedimiento legislativo de desafectación si se le pretende convertir en un bien fiscal de la corporación municipal. En todo caso, como un bien destinado exclusivamente al uso deportivo, está sometido a un régimen especial regulado en el Código Municipal, artículos 173 y siguientes, cuya administración recae en el Comité Cantonal de Deportes. Por demás es necesario aclarar que este Comité es un órgano incorporado dentro de la estructura municipal, por lo que no es necesario realizarle consulta alguna respecto de la decisión adoptada, en el tanto no es usuario de los servicios, sino mero administrador de los bienes deportivos municipales. De ello se deriva, adicionalmente, que el ICODER queda excluido en la toma de decisiones respecto de los bienes deportivos cantonales pues carece de competencias al efecto, siendo su ámbito de actuación limitado a los bienes cuya administración recae sobre el Gobierno Central, resultando por ello innecesario que se pronuncie en cuanto a su cambio de destino.

VI.- Finalmente, la tesis esbozada por la parte apelante, que invoca la aplicación del artículo 89 constitucional, a efecto de preservar la Plaza pues la considera patrimonio histórico, tampoco es de recibo. Ello obedece a que en nuestro país el Patrimonio Histórico-Arquitectónico se declara mediante un Decreto Ejecutivo, previa tramitación de un expediente que abre ante el Ministerio de Cultura y Juventud, conforme lo regula la Ley 7555, lo cual sería la única manera de prohibir el cambio del inmueble debido a la aplicación, inmediata, del régimen de protección previsto al efecto. Dado que la Dirección12571 no goza de este régimen de protección, la posibilidad de variar su uso es real y permite su alteración conforme el desarrollo de la localidad lo amerite.

VII.- Corolario. Los agravios esbozados por la parte apelante no son de recibo, siendo válido y legítimo que el Concejo Municipal haya decidido construir sus futuras instalaciones en la Plaza de El Carmen. El acuerdo apelado carece de vicios de ilegalidad, por lo que deberá ser confirmado, declarándose sin lugar el recurso interpuesto. Al no haber ulterior recurso, se da por agotada la vía administrativa.

VIII.- Al haberse sustanciado esta sede en forma electrónica, queda a disposición de las partes obtener una copia integral que contiene tanto el expediente administrativo remitido por la Corporación Municipal así como la totalidad de las piezas que conforman la presente alzada, para lo cual deberá aportar el dispositivo electrónico de almacenamiento (llave maya o disco compacto). Asimismo, en caso que hubiere ingresado documentación física o electrónica (planos, fotografías, informes, etc) que permanezca aún en custodia el Despacho, podrá retirarla quien la aportó en un plazo de 30 días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial, aprobado por la Corte Plena en sesión n.° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial n.° 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión n.° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI.

Por tanto:

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, se confirma el acuerdo apelado y se da por agotada la vía administrativa.

Nombre12928 Nombre13954 Nombre12928 , JUEZ/A DECISOR/A Nombre13954 , JUEZ/A DECISOR/A Nombre13954 , JUEZ/A DECISOR/A 1 de 11 Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Implementing decreesDecretos que afectan

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    • Article 50 — Right to a Healthy EnvironmentArtículo 50 — Derecho a un Ambiente Sano
    • Environmental Law 7554 — EIA, SETENA, and Public ParticipationLey Orgánica del Ambiente 7554 — EIA, SETENA y Participación Pública
    • Environmental Procedure — Amparo, TAA, Administrative RemediesProcedimiento Ambiental — Amparo, TAA, Remedios Administrativos

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    • Constitución Política Art. 50
    • Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo Arts. 2-4, 11
    • Ley 7555 Patrimonio Histórico-Arquitectónico
    • Decreto Ejecutivo N° 31849 Reglamento EIA

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