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Res. 00010-2018 Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · Tribunal Contencioso Administrativo Sección III · 22/01/2018
OutcomeResultado
The Court denied the requested precautionary measure because the appellants failed to prove the existence of a serious, current, or potential harm that would justify suspending the municipal collection.El Tribunal rechazó la medida cautelar solicitada porque los recurrentes no probaron la existencia de un daño grave, actual o potencial, que justificara suspender el cobro municipal.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court, Section III, rules on a precautionary measure requested by two appellants in an 'improper hierarchy' proceeding against the Municipality of Cartago. The measure sought to suspend the collection of a debt for sidewalk construction, determined by the municipality's Environmental Unit. The Court thoroughly analyzes the requirements for precautionary measures (fumus boni iuris, periculum in mora, and balancing of interests) under the General Public Administration Law and the Administrative Litigation Procedure Code. While it finds the appearance of a good right satisfied, it denies the measure because the appellants merely alleged harm to their assets without proving, through appropriate evidence, the existence of a serious, current, or potential injury that would justify suspending the administrative act. In balancing the interests, the public municipal interest prevails. The ruling stresses that the burden of proving periculum in mora lies solely with the party requesting the measure.El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, conoce de la medida cautelar solicitada por dos recurrentes dentro de un proceso de jerarquía impropia contra la Municipalidad de Cartago. La solicitud buscaba suspender el cobro de una deuda por construcción de acera, determinada por la Unidad Ambiental municipal. El Tribunal realiza un exhaustivo análisis de los presupuestos de las medidas cautelares (apariencia de buen derecho, peligro en la demora y ponderación de intereses) a la luz de la Ley General de la Administración Pública y el Código Procesal Contencioso Administrativo. Si bien considera cumplida la apariencia de buen derecho, rechaza la medida porque los recurrentes se limitaron a afirmar una afectación patrimonial sin probar, mediante los medios probatorios idóneos, la existencia de un daño grave, actual o potencial, que justificara suspender el acto administrativo. En la ponderación de intereses, prevalece el interés público municipal. La resolución enfatiza que la carga de la prueba del periculum in mora corresponde exclusivamente al solicitante de la cautelar.
Key excerptExtracto clave
Regarding the danger in delay, it should be noted that the appellant argues that the collection entails an impact on their assets; however, to grant the precautionary measure it must be determined whether the execution of the administrative conduct can cause serious harm or injury, current or potential, to the situation alleged, which consequently implies that not just any harm allows the adoption of a precautionary measure. Now, the only way to make that assessment is by the demonstration of the harm made by the appellant, since the harm is inherent to the person who suffers it, and that person must prove the claim with relevant and appropriate evidence. In this sense, the appellant merely states that the collection brings harm to their assets and is confiscatory; however, they neither state nor prove, through the corresponding evidentiary means, how and to what extent the collection causes serious, current, or potential harm or injury, nor do they indicate the reasons why they consider that, if the challenged act is not suspended, their legal situation could deteriorate. Therefore, the case file shows no proof from the appellant demonstrating the existence of serious harm or injury that would allow this Court to grant the requested precautionary measure, which was their obligation under the burden of proof that falls on them (articles 229.2 of the General Public Administration Law and 317 of the Civil Procedure Code). Under this understanding, it is not enough to allege the existence of a serious, current or potential harm or injury; it must be proven.En cuanto al peligro en la demora, debe observarse que la parte recurrente argumenta que el cobro realizado apareja una afectación a su patrimonio, no obstante, debe precisarse, para acoger la medida cautelar se debe determinar si la ejecución de la conducta administrativa puede causar graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, lo cual implica, consecuentemente, que no es cualquier daño el que permitiría la adopción de una medida cautelar. Ahora bien, la única forma de realizar dicha valoración, es a partir de la demostración del daño que realice la parte recurrente, por cuanto, el mismo es inherente a la persona que lo sufre y será ésta quien deberá probar su dicho con prueba pertinente y conducente a tal fin. En este sentido, la parte recurrente, únicamente afirma que el cobro le trae una afectación a su patrimonio y que, además, resulta confiscatorio, sin embargo, no manifiesta ni acredita, a través de los medios probatorios respectivos, cómo y en qué medida el cobro le causa un daño o perjuicio grave, actual o potencial, ni señala las razones por las cuales considera que, de no suspenderse el acto impugnado, su situación jurídica podría verse desmejorada. En virtud de esta situación, no consta en el expediente que la parte recurrente haya aportado prueba alguna que demostrara la existencia de daños o perjuicios graves, que permitieran a este Tribunal acoger la medida cautelar solicitada, lo cual era su obligación, en virtud de la carga probatoria que recae sobre ella (artículos 229.2 de la Ley General de la Administración Pública y 317 del Código Procesal Civil). Bajo este entendido, no basta con alegar la existencia de un daño o perjuicio grave, actual o potencial, sino que el mismo debe probarse.
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"La justicia cautelar surge del contenido general de la garantía constitucional a una justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Carta Magna) y comprende el derecho de solicitar al órgano jurisdiccional todas aquellas medidas cautelares que resulten necesarias, idóneas y pertinentes, para garantizar la eficacia de la sentencia de mérito, así como la satisfacción anticipada y provisional de las situaciones jurídicas sustanciales de los justiciables."
"Precautionary justice arises from the general content of the constitutional guarantee of prompt and complete justice (article 41 of the Constitution) and includes the right to request from the court all those precautionary measures that are necessary, suitable, and pertinent to guarantee the effectiveness of the judgment on the merits, as well as the anticipatory and provisional satisfaction of the substantial legal situations of the parties."
Considerando III
"La justicia cautelar surge del contenido general de la garantía constitucional a una justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Carta Magna) y comprende el derecho de solicitar al órgano jurisdiccional todas aquellas medidas cautelares que resulten necesarias, idóneas y pertinentes, para garantizar la eficacia de la sentencia de mérito, así como la satisfacción anticipada y provisional de las situaciones jurídicas sustanciales de los justiciables."
Considerando III
"Los presupuestos esenciales e indispensables para la procedencia de una medida cautelar son (i) La apariencia de buen derecho, (ii) El peligro en la demora y (iii) la ponderación de los intereses en juego."
"The essential and indispensable prerequisites for the granting of a precautionary measure are (i) The appearance of a good right, (ii) Danger in delay, and (iii) Balancing of the competing interests."
Considerando IV
"Los presupuestos esenciales e indispensables para la procedencia de una medida cautelar son (i) La apariencia de buen derecho, (ii) El peligro en la demora y (iii) la ponderación de los intereses en juego."
Considerando IV
"La única forma de realizar dicha valoración, es a partir de la demostración del daño que realice la parte recurrente, por cuanto, el mismo es inherente a la persona que lo sufre y será ésta quien deberá probar su dicho con prueba pertinente y conducente a tal fin."
"The only way to make that assessment is by the demonstration of the harm made by the appellant, since the harm is inherent to the person who suffers it, and that person must prove the claim with relevant and appropriate evidence."
Considerando VI
"La única forma de realizar dicha valoración, es a partir de la demostración del daño que realice la parte recurrente, por cuanto, el mismo es inherente a la persona que lo sufre y será ésta quien deberá probar su dicho con prueba pertinente y conducente a tal fin."
Considerando VI
"No basta con alegar la existencia de un daño o perjuicio grave, actual o potencial, sino que el mismo debe probarse."
"It is not enough to allege the existence of a serious, current or potential harm or injury; it must be proven."
Considerando VI
"No basta con alegar la existencia de un daño o perjuicio grave, actual o potencial, sino que el mismo debe probarse."
Considerando VI
Full documentDocumento completo
CASE FILE: 18-000213-1027-CA CASE FILE: 18-000213-1027-CA IMPROPER HIERARCHICAL PROCEEDING (PROCESO DE JERARQUÍA IMPROPIA) APPELLANTS: Nombre105813 and Nombre105814 RESPONDENT: MUNICIPALIDAD DE CARTAGO No. 10-2018 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, at thirteen hours on veintidós de enero del dos mil dieciocho.
This Tribunal, acting as a non-hierarchical reviewer of legality (contralor no jerárquico de legalidad), considers the interim measure (medida cautelar) requested in connection with the appeal (recurso de apelación) filed by Ms. Nombre105813, identity card number CED82679, and Mr. Nombre105814, identity card number CED82680, against the decision issued at 13:00 hours on once de enero del 2018 by the Alcaldía Municipal.
Drafted by Judge Rojas Ortega.
CONSIDERING:
The following facts relevant to the resolution of this matter are deemed duly established:
The interim measure sought before this Tribunal is requested pursuant to the appeal filed against the decision issued at 13:00 hours on once de enero del 2018 by the Alcaldía Municipal, through which that territorial entity, in turn, denied the motion for reconsideration filed by the appellants against the decision issued at 08:15 hours on 1° de diciembre del 2017 by the same Alcaldía Municipal. In their notice of appearance (escrito de apersonamiento) before this Tribunal, specifically as it relates to their request for an interim measure, the appellants merely set forth a series of arguments on the merits concerning their position regarding the itemized costs reported by the Municipality in connection with the sidewalk constructed by that Municipality in front of the appellants’ property. In this regard, the appellants allege that the stated decision is defective because it lacks a statement of reasons (motivación) and was not made public, and on that basis they request suspension of collection of the charge imposed by the respondent Municipality.
Interim judicial protection arises from the general scope of the constitutional guarantee of prompt and effective justice (article 41 of the Carta Magna) and encompasses the right to request from the court all interim measures that are necessary, suitable, and appropriate to ensure the effectiveness of the judgment on the merits (sentencia de mérito), as well as the anticipated and provisional satisfaction of the litigants’ substantive legal situations (situaciones jurídicas sustanciales). Interim judicial protection seeks to moderate or mitigate the effects of the ordinary duration of judicial proceedings, so that individuals’ legal situations are not damaged, diminished, or prejudiced as a result of the duration of the proceedings themselves. Thus, the principle Nombre10740 is fully applicable when it states: “The need to resort to proceedings in order to obtain vindication must not cause harm to the person who is probably in the right.” Correspondingly, the Judge is required to order or adopt interim measures that are appropriate and necessary for those purposes.
Accordingly, interim relief (tutela cautelar) may be demanded when there is a risk that the substantive legal situations asserted by the applicant may, with actual or potentially certain effect, disappear or be seriously, or even irreparably, damaged or prejudiced. In those terms, it is clear that interim judicial protection facilitates the proper exercise of the prompt and effective judicial function and, at the same time, preserves intact both the subject matter of the proceedings—that is, the claim—and the respective substantive legal situation for which protection is sought, for the time necessary to allow the proceedings on the merits to be properly conducted.
The essential and indispensable requirements for an interim measure to be granted are (i) likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho), (ii) danger in delay (peligro en la demora), and (iii) balancing of the interests at stake (ponderación de los intereses en juego); specifically: a) Likelihood of success on the merits, or fumus boni iuris: This consists of a hypothetical assessment of probability or plausibility derived not only from the seriousness of the claim, but also from the likelihood that the principal issue will be upheld; in this regard, that initial appearance of seriousness is deemed sufficient to satisfy this requirement. The fumus boni iuris seeks to verify that the claim is not frivolous and that it presents at least an initial and reasonable indication of seriousness. The Tribunal de Casación de lo contencioso administrativo, in its voto No. 96-F-TC-2009, also referred to this requirement as fumus non mali iuris, that is, the appearance that no improper right is being exercised. b) Danger in delay, or periculum in mora: This consists of the objectively ascertainable fear or danger that delay in conducting the principal proceedings will result in the loss, impairment, or frustration of the substantive legal situation asserted, which in such circumstances would render the judgment on the merits ineffective.
In this regard, section 148 of the Ley General de la Administración Pública provides that an interim measure may be granted when administrative conduct could cause serious harm or harm that is impossible or difficult to remedy. In turn, article 21 of the CPCA (applicable to administrative proceedings by virtue of the cross-reference in section 229.2 of the Ley General de la Administración Pública) states: “An interim measure shall be warranted when the execution or continuation of the conduct subject to the proceedings causes serious actual or potential damage or harm to the situation asserted (...).” Therefore, whenever there is a danger of actual or potential damage or harm to the litigants’ substantive legal situations, interim relief must serve as a mechanism of protection and assurance in order to preserve those legal situations intact; this is further supported by the fact that litigants do not in every case seek merely compensatory relief, but primarily and fundamentally seek preservation of their claim and of the legal situation supporting it. c) Balancing of the interests at stake, or bilateral application of periculum in mora (bilateralidad del periculum in mora): Finally, for an interim measure to be granted, article 22 of the CPCA provides that “(...) the respective tribunal or judge shall give special consideration to the principle of proportionality, weighing the potential harm to the public interest, the damage and harm caused by the measure to third parties, and the characteristics of instrumentality and provisionality, so that the entity’s substantive operations are not affected and the legal situation of third parties is not seriously impaired.
The tribunal or judge shall also consider the financial possibilities and provisions that the Public Administration must make in order to implement the interim measure.” Accordingly, when the harm that may be caused to the public interest or to the interests of third parties is greater than the harm that the applicant for the interim measure might suffer if the measure were denied, the measure must be denied.
Interim measures have a series of structural characteristics that distinguish them; specifically:
In light of the foregoing considerations, the relevant analysis of this matter will now be conducted, taking into account that it is limited solely to the requested precautionary measure (medida cautelar) and the arguments presented by the appellant; accordingly, no analysis is made of the merits of the appeal filed. As noted above, in order to address a request for a precautionary measure, the existence of the essential requirements for granting it must be verified, as set forth below. With regard to the likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho), this Judge considers that verification of the admissibility stage of the appeal entails a certain degree of compliance with this requirement; however, it also includes an analysis of the degree of probability that the appeal will be decided in favor of the appellant. On the one hand, it should be noted that the appellant has come before this Tribunal by virtue of the appeal filed, which arises from a municipal administrative act (acto administrativo municipal) adverse to it; accordingly, the appellant seeks review of the appeal by this Tribunal in order to assess the variables—the arguments presented in the appeal filed—that could tip the balance in its favor, at least with respect to some of the relief requested.
On the other hand, it is apparent that the objection raised by the appellant is duly supported by several arguments that must be assessed by this Tribunal, at which time it will be determined whether the charge, on the terms sought by the Municipality, complies with the regulations applicable to this case. As the appellant states in its appearance before this Tribunal, this case concerns the validity of the charge imposed by the Municipality with respect to the cost breakdown that the Municipality itself communicated to the appellants. This requirement is therefore deemed satisfied. With regard to the risk posed by delay (peligro en la demora), it should be noted that the appellant argues that the charge adversely affects its assets. Nevertheless, it must be clarified that, to grant the precautionary measure, it must be determined whether execution of the administrative conduct (conducta administrativa) could cause serious actual or potential harm or injury to the asserted situation; consequently, not just any harm would permit the adoption of a precautionary measure.
The only way to make that assessment is through proof of the harm submitted by the appellant, since such harm is inherent to the person suffering it, and that person must substantiate the assertion with relevant and material evidence for that purpose. In this regard, the appellant merely asserts that the charge adversely affects its assets and is also confiscatory; however, it neither states nor demonstrates, through the corresponding means of evidence, how and to what extent the charge causes it serious actual or potential harm or injury, nor does it state the reasons why it considers that its legal position could be impaired if the challenged act is not suspended. In view of this situation, the record contains no evidence submitted by the appellant demonstrating the existence of serious harm or injury that would permit this Tribunal to grant the requested precautionary measure, although it was required to do so under the burden of proof (carga probatoria) resting upon it (artículos 229.2 de la Ley General de la Administración Pública y 317 del Código Procesal Civil).
Accordingly, merely alleging the existence of serious actual or potential harm or injury is insufficient; it must be proven. Lastly, the balancing of the interests at stake (bilateral nature of periculum in mora (bilateralidad del periculum in mora)) favors the public interest because the municipal corporation carries out the challenged conduct pursuant to its statutory authority to regulate the obligations of municipal residents. It must be clarified, however, that this Judge does not address the merits of the appeal filed. Moreover, because the appellant has failed to demonstrate the existence of serious harm, the only possible conclusion is that the private interest must yield to the public interest represented by local governments. Thus, because the substantive requirements necessary for granting a precautionary measure have not been met, it is unnecessary to analyze whether the structural characteristics of the respective measure are present. Consequently, in accordance with the foregoing considerations, the precautionary measure requested by the appellant is denied.
In accordance with Considerando I, in a filing submitted to this Tribunal on 18 de enero del 2018, the appellant entered an appearance pursuant to the opportunity granted by the Office of the Municipal Mayor in connection with the appeal filed against the decision issued at 13:00 hours on once de enero del 2018. In view of the foregoing, pursuant to artículo 257 de la Ley General de la Administración Pública, the statement-of-errors stage (fase de agravios) granted to the appellant is deemed concluded by procedural preclusion (precluida), because the appellant has already presented its grounds before this Tribunal. Accordingly, since the precautionary measure requested by the appellant is resolved herein and the record is complete, the matter is referred for consideration on the merits.
POR TANTO
The requested precautionary measure is denied. The statement-of-errors stage granted to the appellant is deemed concluded by procedural preclusion because the appellant has already presented its grounds before this Tribunal. Accordingly, since the precautionary measure requested by the appellant is resolved herein and the record is complete, the matter is referred for consideration on the merits.
Alex Rojas Ortega Judge ALEX ROJAS ORTEGA, PROCESSING JUDGE Administrative Litigation Tribunal, II Judicial Circuit of San José, Dirección04. Telephone: 2545-00-03, Fax: 2545-00-33.
Email: ...01
PROCESO DE JERARQUÍA IMPROPIA RECURRENTE: Nombre105813 y Nombre105814 RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE CARTAGO No. 10-2018 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las trece horas del veintidós de enero del dos mil dieciocho.
Conoce este Tribunal, como contralor no jerárquico de legalidad, de la medida cautelar solicitada en atención al recurso de apelación interpuesto por la señora Nombre105813 , cédula de identidad número CED82679 y el señor Nombre105814 , cédula de identidad número CED82680, contra la resolución de las 13:00 horas del once de enero del 2018, dictada por la Alcaldía Municipal.
Redacta el Juez Rojas Ortega.
CONSIDERANDO:
De importancia para la resolución de este asunto, se tienen como debidamente acreditados los siguientes hechos:
La medida cautelar interpuesta ante este Tribunal, se gestiona en virtud del recurso de apelación formulado contra la resolución de las 13:00 horas del once de enero del 2018, emitida por la Alcaldía Municipal, mediante la cual, a su vez, dicho ente territorial declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por los recurrentes, en contra de la resolución de las 08:15 horas del 1° de diciembre del 2017, emitida por la misma Alcaldía Municipal. En su escrito de apersonamiento ante este Tribunal y, en lo que puntualmente se refiere a su solicitud de medida cautelar, la parte recurrente únicamente efectúa una serie de consideraciones de fondo, a través de las cuales, expone su posición respecto del desglose de costos comunicado por la Municipalidad, en relación con la acera construida por dicha Municipalidad frente a la propiedad de los recurrentes. Sobre el particular, los recurrentes alegan como vicios de la indicada resolución, la falta de motivación de la misma, así como su falta de publicidad, a partir de lo cual, solicitan la suspensión del cobro efectuado por la Municipalidad recurrida.
III- SOBRE EL DERECHO A LA JUSTICIA CAUTELAR. La justicia cautelar surge del contenido general de la garantía constitucional a una justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la Carta Magna) y comprende el derecho de solicitar al órgano jurisdiccional todas aquellas medidas cautelares que resulten necesarias, idóneas y pertinentes, para garantizar la eficacia de la sentencia de mérito, así como la satisfacción anticipada y provisional de las situaciones jurídicas sustanciales de los justiciables. La justicia cautelar busca mesurar o atemperar los efectos de la duración normal del proceso judicial, de modo que las situaciones jurídicas de las personas no se vean dañadas, desmerecidas o perjudicadas por efecto de la duración misma del proceso. De ahí que, sea plenamente aplicable el principio Nombre10740 cuando señala que “La necesidad de servirse del proceso para obtener la razón, no debe ser un daño para quien probablemente tiene la razón.” De forma correlativa, el Juez está en la obligación de ordenar o adoptar las medidas cautelares que sean adecuadas y necesarias para tales efectos.
Así, la tutela cautelar es exigible cuando existe riesgo de que, en forma efectiva o potencialmente cierta, puedan desaparecer, dañarse o perjudicarse, en forma grave e incluso, irremediable, las situaciones jurídicas sustanciales aducidas por el promovente. En esos términos, es claro que la justicia cautelar facilita el adecuado ejercicio de la pronta y cumplida función jurisdiccional y de forma paralela, mantiene incólume tanto el objeto del proceso, esto es, la pretensión, así como la respectiva situación jurídica sustancial que se solicita proteger, durante el tiempo necesario para que se desarrolle en forma adecuada el proceso de fondo.
IV- SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Los presupuestos esenciales e indispensables para la procedencia de una medida cautelar son (i) La apariencia de buen derecho, (ii) El peligro en la demora y (iii) la ponderación de los intereses en juego; veamos: a) La apariencia de buen derecho o fumus boni iuris: Consiste en un juicio hipotético de probabilidad o verosimilitud derivada no solo de la seriedad de la demanda, sino de la probabilidad del acogimiento de la cuestión principal; en tal sentido, se considera que bastará con esa apariencia inicial de seriedad, para que se tenga por cumplido con este requisito. El fumus boni iuris, busca la verificación de falta de temeridad de la pretensión y un viso, al menos inicial y razonable, de seriedad de la demanda. El Tribunal de Casación de lo contencioso administrativo en su voto No. 96-F-TC-2009, se refirió a este presupuesto también como el fumus non mali iuris, es decir, como la apariencia de que no hay un mal derecho en ejercicio. b) Peligro en la demora o periculum in mora: Consiste en el temor o peligro, objetivamente constatable, de que la tardanza en desarrollar el proceso principal, apareje la pérdida, desmejoramiento o la frustración de la situación jurídica sustancial aducida, lo cual iría unido a la inutilidad de la sentencia de mérito en tales supuestos.
Sobre el particular, el numeral 148 de la Ley General de la Administración Pública, señala procedente el otorgamiento de una medida cautelar, cuando la conducta administrativa pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación. A su vez, el artículo 21 del CPCA (aplicable a la sede administrativa en virtud de la remisión que efectúa el ordinal 229.2 de la Ley General de la Administración Pública), indica que: "La medida cautelar será procedente cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso, produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales de la situación aducida(...)”. Por ello, siempre que exista peligro de daño o perjuicio, actual o potencial, de las situaciones jurídicas sustanciales de los justiciables, la tutela cautelar debe fungir como mecanismo de protección y de garantía, con el fin de conservar íntegramente tales situaciones jurídicas; lo anterior, aunado a que no en todos los casos el justiciable pretende la mera reparación indemnizatoria, sino primaria y fundamentalmente, la integridad de su pretensión y de la situación jurídica que la sustenta. c) Ponderación de los intereses en juego o bilateralidad del periculum in mora: Finalmente, para que sea procedente otorgar una medida cautelar, el artículo 22 del CPCA señala que “(…) el tribunal o el juez respectivo deberá considerar, especialmente, el principio de proporcionalidad, ponderando la eventual lesión al interés público, los daños y los perjuicios provocados con la medida a terceros, así como los caracteres de instrumentalidad y provisionalidad, de modo que no se afecte la gestión sustantiva de la entidad, ni se afecte en forma grave la situación jurídica de terceros.
También deberá tomar en cuenta las posibilidades y previsiones financieras que la Administración Pública deberá efectuar para la ejecución de la medida cautelar". De ese modo, cuando el daño que pueda provocarse al interés público o a los intereses de terceros, sea de mayor envergadura que el que podría sufrir el promovente de la medida cautelar en caso de ser declarada sin lugar, ésta debe ser rechazada.
Ahora bien, las medidas cautelares tienen una serie de características estructurales que las particularizan; veamos:
Bajo las consideraciones expuestas, a continuación se realizará el análisis correspondiente al presente asunto, tomando en consideración que el mismo se circunscribe únicamente a la medida cautelar interpuesta y a los argumentos expuestos por la parte recurrente, de allí que no se realiza ningún análisis en cuanto al fondo del recurso interpuesto. Ahora bien, tal y como se precisó líneas atrás, a efectos de atender una solicitud de medida cautelar, se debe verificar la existencia de los presupuestos esenciales para su otorgamiento, lo cual se realiza a continuación. En cuanto a la apariencia de buen derecho, este Juzgador es del criterio que la verificación de la fase de admisibilidad del recurso de apelación conlleva cierto grado de cumplimiento del presupuesto, no obstante, dentro del mismo, se incluye, además, el análisis del grado de probabilidad de que el recurso sea acogido en favor de la parte recurrente.
Por un lado, véase que la parte recurrente acude ante esta instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto, el cual se origina en virtud del acto administrativo municipal que le es adverso, de allí que la parte recurrente requiere la valoración del recurso por parte este Tribunal, a efectos de valorar las variables -argumentos expuestos en el recurso de apelación formulado- que podrían inclinar la balanza en su favor, al menos en alguna de sus petitorias; por otro lado, se denota que la objeción formulada por la parte recurrente se encuentra debidamente fundamentada en varios argumentos que deberán ser valorados por este Tribunal, siendo que en ese momento, se determinará si el cobro en los términos en que pretende la Municipalidad, se adecua o no a la normativa que debe de aplicarse en este caso, por cuanto, tal y como lo señala la recurrente en el apersonamiento realizado ante este Tribunal, la presente causa recae sobre la validez del cobro realizado por la Municipalidad, respecto del desglose de costos comunicado por ella misma a los recurrentes; de forma que se tiene por cumplido este presupuesto.
En cuanto al peligro en la demora, debe observarse que la parte recurrente argumenta que el cobro realizado apareja una afectación a su patrimonio, no obstante, debe precisarse, para acoger la medida cautelar se debe determinar si la ejecución de la conducta administrativa puede causar graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, de la situación aducida, lo cual implica, consecuentemente, que no es cualquier daño el que permitiría la adopción de una medida cautelar. Ahora bien, la única forma de realizar dicha valoración, es a partir de la demostración del daño que realice la parte recurrente, por cuanto, el mismo es inherente a la persona que lo sufre y será ésta quien deberá probar su dicho con prueba pertinente y conducente a tal fin. En este sentido, la parte recurrente, únicamente afirma que el cobro le trae una afectación a su patrimonio y que, además, resulta confiscatorio, sin embargo, no manifiesta ni acredita, a través de los medios probatorios respectivos, cómo y en qué medida el cobro le causa un daño o perjuicio grave, actual o potencial, ni señala las razones por las cuales considera que, de no suspenderse el acto impugnado, su situación jurídica podría verse desmejorada.
En virtud de esta situación, no consta en el expediente que la parte recurrente haya aportado prueba alguna que demostrara la existencia de daños o perjuicios graves, que permitieran a este Tribunal acoger la medida cautelar solicitada, lo cual era su obligación, en virtud de la carga probatoria que recae sobre ella (artículos 229.2 de la Ley General de la Administración Pública y 317 del Código Procesal Civil). Bajo este entendido, no basta con alegar la existencia de un daño o perjuicio grave, actual o potencial, sino que el mismo debe probarse. Por último, en la ponderación de intereses en juego (bilateralidad del periculum in mora), la misma se inclina en favor del interés público, por cuanto, la corporación municipal realiza la conducta impugnada al amparo de las potestades legales para regular las obligaciones a cargo de los munícipes. Sin embargo, debe aclararse, este Juzgador no entra a conocer sobre el fondo en cuanto al recurso de apelación interpuesto; además, siendo que la parte no logra demostrar la existencia de un daño grave, no puede más que concluirse que el interés particular debe ceder ante el interés público que representan las corporaciones locales.
De esa manera, al no concurrir los presupuestos materiales necesarios para el otorgamiento de una medida cautelar, se hace innecesario el análisis de la presencia de los caracteres estructurales de la respectiva medida. En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones antes expuestas, se rechaza la medida cautelar solicitada por la parte recurrente.
De conformidad con lo dispuesto en el Considerando I, en escrito presentado ante este Tribunal en fecha 18 de enero del 2018, la parte recurrente se apersona, en virtud del traslado otorgado por la Alcaldía Municipal, en virtud del recurso interpuesto en contra de la resolución de las 13:00 horas del once de enero del 2018. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 de la Ley General de la Administración Pública, se tiene por precluida la fase de agravios concedida en favor de la parte recurrente, por cuanto, ésta ya expuso los mismos ante este Tribunal. De tal modo, siendo que en este acto se resuelve la medida cautelar solicitada por la recurrente y dado que el expediente se encuentra completo, el mismo se traslada para su conocimiento por el fondo.
POR TANTO
Se rechaza la medida cautelar solicitada. Se tiene por precluida la fase de agravios concedida en favor de la parte recurrente, por cuanto, ésta ya expuso los mismos ante este Tribunal. De tal modo, siendo que en este acto se resuelve la medida cautelar solicitada por la recurrente y dado que el expediente se encuentra completo, el mismo se traslada para su conocimiento por el fondo.
Alex Rojas Ortega Tribunal Contencioso Administrativo, II Circuito Judicial de San José, Dirección04 . Teléfono: 2545-00-03, Fax: 2545-00-33.
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