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Res. 00095-2018 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 30/01/2018

Restitution of property ordered despite penal acquittal and absence of civil action when better possessory right is provenRestitución de inmueble procede pese a absolutoria penal y ausencia de acción civil si se acredita mejor derecho de posesión

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OutcomeResultado

Partially upheldParcialmente confirmada

Three appeals are dismissed and the judgment is upheld; the acquittal of one defendant is confirmed, but the order to return the property to the victim is maintained due to a proven better possessory right.Se declaran sin lugar tres recursos de apelación y se confirma la sentencia que absolvió penalmente a un imputado pero ordenó la restitución del inmueble al ofendido por acreditarse un mejor derecho de posesión.

SummaryResumen

The Criminal Sentence Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José upheld a decision that acquitted a defendant of usurpation but ordered the restitution of the property to the victim. The defense argued that, since no civil action for damages had been filed and the defendant was acquitted, restitution could not be ordered ex officio. The court rejected the appeal, holding that Article 366 of the Criminal Procedure Code empowers the judge to order the restitution of objects involved in the proceeding even in acquittal judgments, without the need for the injured party to file a civil claim. It found that the victim proved a better right of possession over the lands, acquired since 1997, while the accused only presented a private document predating the victim's but failed to demonstrate effective possession. The restitution was deemed a logical consequence of the evidence, not a criminal or civil sanction. The ruling reaffirms the jurisprudence that allows the criminal judge to restore the situation prior to the crime when ownership or a better right is established in the trial, even ex officio.El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó una sentencia que absolvió penalmente a un imputado por usurpación pero ordenó la restitución del inmueble al ofendido. La defensa argumentó que, al no haberse ejercido acción civil resarcitoria y al existir una absolutoria, no procedía la restitución de oficio. El tribunal rechazó el recurso, sosteniendo que el artículo 366 del Código Procesal Penal faculta al juez a ordenar la restitución de objetos afectados al procedimiento incluso en sentencias absolutorias, sin necesidad de que la parte perjudicada haya presentado acción civil. Se determinó que el ofendido demostró un mejor derecho de posesión sobre los terrenos, adquiridos desde 1997, mientras que el imputado solo exhibía un documento privado con fecha anterior pero sin acreditar posesión efectiva. La restitución se consideró una consecuencia lógica de la prueba y no una sanción penal o civil. El fallo reafirma la jurisprudencia que permite al juez penal restablecer el estado anterior de las cosas cuando surge del debate la titularidad o mejor derecho, incluso de oficio.

Key excerptExtracto clave

The three appeals filed by the public defense of the defendants are dismissed. Based on the above, the appeals court held that ex officio restitution will be appropriate —in principle— even when a penal acquittal has been issued and despite the property holder not having exercised the civil reparation action; this is not entirely settled in the national legal forum, as the scholar Javier Llobet Rodríguez, while recognizing the aforementioned jurisprudential trend (based on the direct and express provision of Article 366 of the Criminal Procedure Code), advocates a contrary interpretation... Article 366, first paragraph, of the Criminal Procedure Code provides that the judgment, even if acquitting, shall order the restitution of objects involved in the proceeding that are not subject to confiscation, without specifying that such restitution must be made in favor of a particular person. This implies, therefore, that for such purposes the judge must determine who has a better right over the object, even if it is a third party.Se declaran sin lugar los tres recursos interpuestos por la defensa pública de los imputados. Con base en lo anterior, el tribunal de apelación estimó que la restitución oficiosa procederá ‒en principio‒ aún en el supuesto de que se haya dictado una absolutoria en lo penal y pese a que no se haya ejercido por el titular del inmueble la acción civil resarcitoria, no es del todo pacífica en el foro jurídico nacional, siendo que el tratadista Javier Llobet Rodríguez, aún reconociendo que existe la tendencia jurisprudencial supra referida (sustentada en la disposición directa y expresa que incorpora el artículo 366 del Código Procesal Penal), propugna una interpretación contraria... El artículo 366 párrafo 1º del Código Procesal Penal establece que la sentencia, aún siendo absolutoria, ordenará la restitución de los objetos que estén afectados al procedimiento y que no estén sujetos a comiso, sin que precise que esa restitución deba hacerse en favor de un sujeto determinado. Ello implica, entonces, que a dichos efectos el juzgador deberá determinar cuál es la persona que tiene mejor derecho sobre el objeto, aún y cuando se trate de un tercero.

Pull quotesCitas destacadas

  • "Así, con fundamento en lo que dispone de manera expresa el artículo 366 del Código Procesal Penal (que es una norma posterior al artículo 103 del Código Penal, que la impugnante cita en apoyo de su tesis), la jurisprudencia ha interpretado que aún en el supuesto de que se trate de un fallo absolutorio en cuanto a los extremos penales, el juzgador sí está facultado para ordenar ‒incluso de oficio‒ la restitución de los objetos afectados al procedimiento."

    "Thus, based on the express provision of Article 366 of the Criminal Procedure Code (a norm subsequent to Article 103 of the Penal Code, which the appellant cites in support of her thesis), jurisprudence has interpreted that even in the case of an acquittal regarding the criminal aspects, the judge is empowered to order —even ex officio— the restitution of the objects involved in the proceeding."

    Considerando I

  • "Así, con fundamento en lo que dispone de manera expresa el artículo 366 del Código Procesal Penal (que es una norma posterior al artículo 103 del Código Penal, que la impugnante cita en apoyo de su tesis), la jurisprudencia ha interpretado que aún en el supuesto de que se trate de un fallo absolutorio en cuanto a los extremos penales, el juzgador sí está facultado para ordenar ‒incluso de oficio‒ la restitución de los objetos afectados al procedimiento."

    Considerando I

  • "El artículo 366 párrafo 1º del Código Procesal Penal establece que la sentencia, aún siendo absolutoria, ordenará la restitución de los objetos que estén afectados al procedimiento y que no estén sujetos a comiso, sin que precise que esa restitución deba hacerse en favor de un sujeto determinado."

    "Article 366, first paragraph, of the Criminal Procedure Code provides that the judgment, even if acquitting, shall order the restitution of objects involved in the proceeding that are not subject to confiscation, without specifying that such restitution must be made in favor of a particular person."

    Considerando I citando normativa

  • "El artículo 366 párrafo 1º del Código Procesal Penal establece que la sentencia, aún siendo absolutoria, ordenará la restitución de los objetos que estén afectados al procedimiento y que no estén sujetos a comiso, sin que precise que esa restitución deba hacerse en favor de un sujeto determinado."

    Considerando I citando normativa

  • "De acuerdo con lo antes expuesto, se tiene que la orden de restitución del inmueble a favor de la señora... ni siquiera podría interpretarse como una sanción (ni penal ni civil), sino más bien como una consecuencia natural y lógica, derivada de la prueba evacuada en el juicio."

    "In accordance with the above, the order to return the property to Mrs. ... could not even be interpreted as a sanction (neither criminal nor civil), but rather as a natural and logical consequence, derived from the evidence produced at trial."

    Voto citado dentro de la resolución

  • "De acuerdo con lo antes expuesto, se tiene que la orden de restitución del inmueble a favor de la señora... ni siquiera podría interpretarse como una sanción (ni penal ni civil), sino más bien como una consecuencia natural y lógica, derivada de la prueba evacuada en el juicio."

    Voto citado dentro de la resolución

  • "No existe indicio alguno que sugiera la existencia de un mejor derecho sobre los inmuebles... el ofendido cuenta con un mejor derecho, por los antecedentes de la finca, en cuanto al traslado de la posesión que tanto formal como de hecho, se realizó desde mucho tiempo antes."

    "There is no indication whatsoever suggesting the existence of a better right over the properties... the victim has a better right, due to the farm's background, regarding the transfer of possession which, both formally and factually, took place much earlier."

    Considerando I

  • "No existe indicio alguno que sugiera la existencia de un mejor derecho sobre los inmuebles... el ofendido cuenta con un mejor derecho, por los antecedentes de la finca, en cuanto al traslado de la posesión que tanto formal como de hecho, se realizó desde mucho tiempo antes."

    Considerando I

Full documentDocumento completo

I.—The challenge raised by the defense attorney, arguing that restitution cannot be ordered when the defendant is acquitted on criminal charges and when the civil action for damages (acción civil resarcitoria) has not been brought, is not novel, as this appellate court has already had the opportunity to rule on the matter and does not share that position. Thus, based on the express provisions of Article 366 of the Code of Criminal Procedure (Código Procesal Penal) (which is a later norm than Article 103 of the Penal Code, cited by the appellant in support of her thesis), the case law has interpreted that even in the event of an acquittal on the criminal charges, the judge is empowered to order—even sua sponte—the restitution of the objects seized in the proceeding: "There is an error in the judgment regarding the legal basis for ordering the eviction, since the norm authorizing that measure is not Article 142 of the Code of Criminal Procedure, but Article 366 thereof. This provision expressly regulates: 'The judgment of acquittal shall order... the restitution of the objects seized in the proceeding that are not subject to confiscation (comiso)...'. In the specific case, the Trial Court found it proven that the land occupied by the defendants belongs to the State and is used by the Ministry of Environment and Energy (Ministerio del Ambiente y Energía), as part of the Land-Use Planning Project, Core Zone, Barra del Colorado Wildlife Refuge. Simple possession or a right of possession cannot be claimed over these lands, as they are outside of commerce and are imprescriptible (Art. 262 of the Civil Code and Judgment 733-F-00, of 3:12 p.m. on October 4, 2000, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Once the ownership of the property and its purpose for nature preservation were established, the legal consequence was the expulsion of the occupants, as ordered in the judgment" (cf. Trial Court of Cassation of the Second Judicial Circuit of San José, vote No. 2004-00933 of 11:00 a.m. on September 9, 2004). In the same vein, always based on the provisions of Article 366 of the Code of Criminal Procedure, the appropriateness of restitution of things to their prior state has been upheld even in the event of an acquittal, when there is a violation of the maritime-terrestrial zone (cf. Trial Court of Cassation of the Second Judicial Circuit of San José, votes [Telf1] and [Telf2]). This solution has even been adopted in the case of an acquittal judgment for the crime of usurpation (usurpación): "If, according to the proven facts, the accused here is occupying a property that was possessed by another person, the logical consequence is to order restitution in the same judgment, so as not to unnecessarily delay the return of the victim to the property. In this regard, in a 1992 judgment, our Cassation Chamber stated, for a case in which the act of usurpation was proven, the following: 'It must be admitted that the optimal course is that, in cases like the present one, the restitution of possession is ordered in the same judgment that convicts for the crime of usurpation, so as not to unnecessarily delay the return of the victim to the de facto power through which he controlled and exercised his will over the usurped property; however, if such an order is omitted from the judgment, nothing prevents a subsequent decision—in execution of that conviction—from ordering the eviction of the property by the usurper so that the victim may enter into possession, as occurred in the case under review. It is not superfluous to say that such a solution is not only that which derives from the correct application and understanding of the law, but also that which is imposed by the most elementary norms of common sense: it would be absurd for the defendant, under the protection of the judgment convicting him of the crime of Usurpation, to legitimize and maintain possession of the very property to which he gained access in a typical, unlawful, and culpable manner.' Third Chamber of the Supreme Court of Justice, V-107-F, of eight fifty-five a.m. on April three, nineteen ninety-two.— This judgment is applicable to the subjúdice, not only because it warns of the need not to maintain a legal absurdity, which would arise by acquitting someone of usurpation, because he held a false belief about his better right to possess the property and to obtain its legal award, and then maintaining him in possession until the better right of possession of the victim is proven, the latter having acquired—with whatever evidentiary and transactional difficulties might exist—the right to possess that property. The evidence produced, as well as the technical and legal considerations made by the defense attorney, lead the criterion of the trial judge and this Court to prevail, meaning that in this case, the abandonment of the property must be ordered, and that if Ms. [Name2] considers that her right should prevail, she must raise it in another forum, civil or agrarian, depending on the nature of the land and its use. According to the foregoing, the order for restitution of the property in favor of Ms. [Name [Name3]] cannot even be interpreted as a sanction (neither criminal nor civil), but rather as a natural and logical consequence, derived from the evidence adduced at trial. Thus, despite the acquittal on the criminal charge, the trial judge was obligated to order that the rightful owner of the property in dispute be placed in possession thereof, for having a better right of possession. In this regard, it is generally the case that the property in dispute is in the possession of the acquitted defendant, so if it is established that the ownership thereof corresponds to a third party (as occurred in this case), it must be restored to that party. (Emphasis is not from the original). Article 366, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure establishes that the judgment, even if acquitting, shall order the restitution of the objects that are seized in the proceeding and that are not subject to confiscation, without specifying that such restitution must be made in favor of a specific person. This implies, then, that for such purposes, the judge must determine which is the person with the better right to the object, even if that person is a third party. Although it could be interpreted that this rule does not refer to real property but rather to mere 'objects' (personal property), such a thesis must be rejected, not only because confiscation is also applicable to properties (Article 465 of the Code of Criminal Procedure), but also because Article 140 ibidem establishes that at any stage of the proceeding and at the request of the victim, the judge may order, as a provisional measure, the restoration of things to the state they were in before the act. If the judge holds this power as a provisional measure, there is even more reason for it to be decreed as a definitive restitution when issuing the judgment on the merits, once the ownership of the property held by a specific person has been determined. Furthermore, it must be reiterated that the order for restitution of the property in favor of Ms. [Name [Name3]] cannot even be interpreted as a sanction (neither criminal nor civil), but rather as a natural and logical consequence, derived from the evidence adduced at trial, from which it was proven that she acquired it in 1999 and has since been exercising possession over it. In this regard, it is understood that Article 366, paragraph 1, already discussed, which requires the judge to issue the respective pronouncement on this point, determines that this decision is sua sponte, since to order restitution it is not required that, as a precondition, the victim has brought the civil action for damages, nor that they have made a direct and express claim regarding this. The fact that, even when it is not necessary to do so, the victim files such a claim (with which a 'judgment' to restore could be obtained via that route, as provided for in Article 464 of the Code of Criminal Procedure), in no way implies that the civil action was necessary. For the foregoing reasons, the appeal is dismissed" (cf. vote of the Trial Court of Criminal Cassation of the Second Judicial Circuit of San José No. [Telf3] of 9:18 a.m. on October 20, 2016, which in turn cites and relies on the vote of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice No. 107-F-92 of 8:55 a.m. on April 3, 1992). In this same vein, that is, that restitution is appropriate even if no civil action for damages has been brought, the votes of the Third Chamber No. 1462-2004 and No. 604-F-91 may also be consulted. Bearing in mind the foregoing, it must be specified that, obviously, the restitution order may be ordered provided that said measure is materially possible, which will occur, for example, when, in the case of personal property, the item is in the possession of the judicial office (cf. hypothesis regulated by Article 367 of the Code of Criminal Procedure). Similarly, in the case of real property, restitution (if applicable) will always be feasible, insofar as the jurisdictional authority may appear at the respective land and, through a formal act, place it in the possession of the person entitled to it. It is clear that such an option would not be possible in cases involving personal property that, not being seized or placed in provisional deposit, are not known to be located or whether they still exist, it being in such a case that, as a subsidiary measure, what will be appropriate is economic reparation through a judgment for the payment of damages. This appellate body is not unaware that the position outlined above, in the sense that sua sponte restitution will be appropriate—in principle—even in the event that an acquittal has been ordered on the criminal charge and despite the fact that the owner of the property has not brought the civil action for damages, is not entirely undisputed in the national legal forum, since the commentator Javier Llobet Rodríguez, while acknowledging that the aforementioned jurisprudential trend exists (supported by the direct and express provision incorporated in Article 366 of the Code of Criminal Procedure), advocates a contrary interpretation, in the sense that the 1996 Code of Criminal Procedure follows a classic system according to which (the author maintains) the bringing of the civil action for damages is required in order to order restitution: "It has been interpreted by the courts that it is possible to order restitution even if the civil action for damages has not been filed, without prejudice to the fact that restitution may be the claim formulated when such action is brought (Thus: Third Chamber, vote 1462-2004 of 12-22-2004). Based on this, the case law has established that when a conviction for usurpation is handed down, it is proper to order the restitution of the property. Even in cases of acquittal, this has been admitted when the judgment was based on the admission of an error by the occupant that does not eliminate unlawfulness. Article 140 of the C.P.P. establishes that as a precautionary measure, the provisional restitution of things to their prior state may be ordered. It is not clear what Article 361, subsection d) refers to when it mentions restitution. It would seem that the reference is related to the delivery of seized objects to whoever has the better right, according to Articles 366 and 367 of the C.P.P. Note that Article 366 of the C.P.P. itself mentions the term 'restitution' of the objects seized in the proceeding. It must be considered that under the C.P.P. of 1996, the classic system of civil action applies, meaning that it must be brought by the person claiming to have suffered harm, and it does not proceed sua sponte. In this regard, it should be noted that Article 37 of the C.P.P. establishes as the purpose of the civil action the restitution of the object that is the subject of the criminal act, as well as the reparation of the damages caused. A fundamental aspect of the civil action is the restoration of things to their prior state, so that the reparation of damages is merely subsidiary. However, the courts (see: Third Chamber, vote 1272-2008 of 10-29-2008), have increasingly been ordering the restitution of things to their prior state sua sponte, which is not in accordance with the system followed by the Code. Article 102 of the 1970 Penal Code is usually invoked for this, but it is based on a positivist system of civil action, such that restitution to the prior state and the payment of damages must be ordered sua sponte. It has not been noticed that this system was repealed by the C.P.P. of 1973 and this was ratified by the C.P.P. of 1996, which, far from being based on a positivist concept of civil action, established the need for the civil party to be constituted, claiming restitution to the prior state and the eventual payment of damages" [cf. Llobet Rodríguez Javier, PROCESO PENAL COMENTADO (CÓDIGO PROCESAL PENAL COMENTADO), Editora Dominza and Editorial Jurídica Continental, San José, 6th edition, 2017; pages 545 and 546]. Following the above position, the Trial Court of Cassation of the Second Judicial Circuit of San José held (in a case where the trial court convicted for the crime of unlawful retention (retención indebida) of a sewing machine, and ordered the restitution of said piece of personal property even though it had not been seized or confiscated) that if no civil action was brought and the property has not been confiscated, restitution cannot be ordered sua sponte: "The defense of the accused filed an appeal on the merits. It indicates that the defendant was convicted as the perpetrator of the crime of misappropriation, but the court overstepped its role and ordered her to return the [Name5] machine, under warning of committing the crime of disobedience to authority if she fails to do so. It indicates that the victim never brought the civil action. The appeal is granted. The judgment stated that 'pursuant to the provisions of Article 103 of the Penal Code, this Court considers it necessary to nullify the effects produced by the criminal act committed by the accused. In that regard, Ms. [Name [Name6]] is ordered to return a brand [Name5] sewing machine, white, motorized, with its respective table, in usable condition, just as it was lent to her, to Ms. [Name [Name7]], under the legal warning that criminal proceedings for the crime of disobedience will be brought against her if she does not comply with what is ordered. For this purpose, the accused is granted a period of fifteen days after the judgment becomes final. Certainly, if in the case under study it has been demonstrated that the possession exercised by the accused over the property owned by the victim is the result of a criminal act, it is evident that the legal system could not consent to the projection and perpetuation of the effects of that unlawful act over time. Ultimately, to determine the existence of the criminal act and to maintain the accused in possession of the property that is the object of the crime would be to favor unjust enrichment. For this reason, this Court opts to nullify the effectiveness deployed by the criminal act (not its validity, which can only be the consequence of a lawful act) by ordering the return hereby ordered. In any event, the victim, when beginning her statement, indicated that her interest was to recover the sewing machine lent to the accused. Now then, pursuant to Article 140 of the Code of Criminal Procedure, the judge, even as a precautionary measure, may order that things be restored to the state they were in before the act. Therefore, if this may be ordered even as a provisional measure, that restitution of things to their prior state has even greater solidity when the existence of the charged crime has been proven.' The court followed in this regard the positivist conception of the civil action, and it must be acknowledged that this conception is indeed behind Article 103 of the Penal Code, since it is based on the premise that every criminal act has civil reparation as a consequence, which must be determined when the conviction judgment is rendered, and such reparation must even be ordered sua sponte. However, this position differs from that which inspires the Code of Criminal Procedure, which is later law, since it originally followed the classic conception of the civil action, requiring that the injured party or their heirs present their civil claim in the criminal proceeding (Arts. 37, 111 and 368 of the Code of Criminal Procedure) (Cf. Llobet Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. San José, Editorial Jurídica Continental, 2003, p. 351). Article 367 of said Code contains an exception in this regard, since the delivery of seized objects must be ordered to whoever has the better right to possess them, even when no civil claim has been filed. This scenario, however, does not apply to the specific case, since the sewing machine in question has not been seized. The judgment mentions Article 140 of the Code of Criminal Procedure, in that it indicates that at any stage of the case and at the request of the victim, the court may order, as a provisional measure, the restoration of things to the state they had before the act, provided there are sufficient elements to decide. This provision has been particularly relevant with respect to the crimes of usurpation (Cf. Llobet Rodríguez, Javier, op. cit. p. 194), in which restoration to the prior state implies the expulsion, using public force, of the person who would be usurping the property. Similarly, this norm can justify the provisional restitution of a seized object. However, those scenarios are different from those corresponding to the present matter, in which it is not even known where the property misappropriated by the accused is located. If the position taken in the judgment were followed, then in all criminal cases, civil reparation would have to be ordered sua sponte, ordering the restitution of the thing, the reparation of the damage, and the indemnification of the losses (Art. 122 of the 1941 Penal Code). That, as stated, was not the conception on which the criminal procedural legislation is based. On the other hand, if it were considered that the accused commits the crime of disobedience to authority if she fails to return the sewing machine, the principle of ne bis in idem would be violated, since she would be punished twice for the same act (Art. 11 of the Code of Criminal Procedure and Article 8(4) of the American Convention on Human Rights). The cassation appeal is granted. The judgment is reversed insofar as it orders Ms. [Name [Name6]] to return a brand [Name5] sewing machine, white, motorized, with its respective table, in usable condition, just as it was lent to her, to Ms. [Name [Name7]], under the legal warning that criminal proceedings for the crime of disobedience will be brought against her if she does not comply with what is ordered" (cf. Trial Court of Cassation of the Second Judicial Circuit of San José, vote No. [Telf4] of 9:12 a.m. on June 3, 2004). While this pronouncement is correct in stating that the restitution of a piece of personal property that has not been seized or confiscated is not appropriate (in which case the only remaining option would be to order, as a subsidiary solution, a judgment for the payment of damages), it is incorrect in rejecting the possibility of restitution in cases where the civil action for damages was not brought. The above doctrinal position that is being commented on suffers from weak support, as it is based on a very loose interpretation of Article 366 of the Code of Criminal Procedure, according to which (the author refers) 'it would seem' that the allusion made by Article 366 of the Code of Criminal Procedure to the restitution of objects seized in the proceeding that are not subject to confiscation refers to the delivery of seized objects to whoever has the better right. It is notorious that such interpretation is structured on the word 'it would seem,' a concept that is not only doubtful, imprecise, and lacking in assertiveness, but also subjective, which completely delegitimizes it. In this sense, it must be emphasized that, based on the general principle of Law according to which it is not permissible to distinguish where the law does not do so, the Article 366 being commented on does not state that the objects seized in the proceeding that are not subject to confiscation consist of 'seized objects' (that is, personal property, as the above-cited commentator interprets and understands it), since if said norm is analyzed comprehensively, it is noted that reference is also made to objects that are not subject to confiscation, which would also include real property (cf. Article 489 of the Code of Criminal Procedure). Having clearly established all of the foregoing, it is necessary to detail the reasons on the basis of which the co-defendant [Name8] was acquitted of the crime of usurpation, as well as why, despite this, the trial judge deemed it appropriate to order the restitution of the property in favor of the victim [[Name9]], it being the case that this appellate body does not detect any error in the grounds for said jurisdictional decision. In this regard, the following is noted: A) ACQUITTAL. Although certain conduct carried out by this person that clearly disturbs the victim's right of possession was proven at trial, the three specific, punctual, and concrete acts that, according to the factual description set forth in the prosecutorial accusation, were attributed to him by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público) were not proven with certainty. Because of this, in respect for the principles of imputation and correlation between accusation and judgment, the judge considered that what corresponded was the issuance of an acquittal. Indeed, and as argued in the judgment, the prosecutorial accusation alleges that [Name8] "[...] together with [Name10] and [Name11], disturbed the legitimate possession of his properties by the victim [[Name9]], with the intent to usurp and take over his properties, by planting banana plants, bringing in cattle, and threatening the victim with machetes (fact No. 2); usurped the property of [[Name9]], with the aim of preventing the victim from entering it (fact No. 5); and finally, together with the other two defendants and with the aim of usurping the injured party's property, planted banana plants on the other side of the river from [[Name9]]'s properties, and brought in twenty head of cattle [...]" (cf. judgment, folio 508 front, line 3 ff). It was proven, from the testimonial evidence adduced at trial (statements of [Name [Name12]], [Name [Name13]], [Name [Name14]], and [Name [Name15]]), that in an eviction (desahucio) proceeding carried out in the month of December 2011, the defendant [Name8] was expelled from one of the farms whose possession is attributed to the victim [[Name9]]. This circumstance partially coincides with what is recounted in the fifth point of the accusation, since it was never proven that (as stated in that charging document) he tried to prevent the victim from entering. Thus, the typical acts of the crime of usurpation (namely, planting bananas, bringing cattle onto the property, threatening the victim with machetes when the latter attempts to enter the property, and blocking his passage) are situations not revealed by the testimonial or documentary evidence. The accused [Name16] claims to have a right of possession over the farm subject to the litis, but does not acknowledge having invaded it within the period covered by the accusation; even according to the testimony of the complainant himself, the sighting of the defendant [Name17] on the farm occurred on one occasion when he is expelled and detained by the administrative police, but there is no statement whatsoever suggesting that [Name18] entered the property again and carried out acts disturbing the victim's possession. It is not possible to attribute to the defendant conduct of invading the injured party's property if he was only once observed at the site, and if he was never seen bringing in cattle and planting crops; furthermore, the only time the victim saw him removing bananas from the farm does not imply with certainty that it was a plantation made by the defendant himself, because the evidence for the prosecution ([Name [Name12]] and [[Name19]]) indicates that his father, the victim here, also had plantings on the farm, so one could even speak of a possible theft, which was never charged. RESTITUTION (cf. folio 516, line 20 ff). Regarding the order for restitution of the land in favor of the injured party, the judgment explains that such decision is based on Articles 140 and 367 of the Code of Criminal Procedure, due to the fact that his legitimate possession of the farms in conflict was proven. Regarding this topic (the legitimate possession held by the victim, against which the document and possession alleged by the acquitted defendant [Name20] are not opposable, and on occasion of the conviction judgment rendered against co-defendants [Name10] and [Name21] [Name22]), the judgment sets forth a broad and coherent analysis of the evidence (cf. folio 510 front, line 29 ff), explaining the following: (i) Version of co-defendant [Name23]. When testifying at trial, defendant [Name21] does not make any statement regarding the right of possession claimed by the injured party; rather, he seems to acknowledge that he had told him he had bought one of those properties (from Mr. [Name24]), without claiming to have a better right over them. Likewise, there is no justification in his statements when he indicates that the witnesses want to harm him, because he does not explain, at any point, the reason or motive for that malicious intent. Thus, he does not express any conflict with [[Name9]] over the possession of the property subject to this litis, and he stated that he has some farms in the same place (Los Laureles), but that they do not border in any way on those of the complainant here, a situation that is also reflected in the expert report DCF: 2016-01530-ING from folios 467 to 470, making it clear that there is no overlap in the survey plans (planos) of the farms belonging to the victim and [Name21]. (ii) The victim explained when, how, and from whom he acquired each of the four parcels subject to this litigation. In this regard, the judge reasons as follows: "The victim [Name [Name13]] stated at the adversarial hearing that his property is made up of four farms, which together total 25 or 30 hectares; two have title deeds (títulos de propiedad) and two do not; of the four, he indicated, three were purchased from [Name25], but only one was in the name of [Name26], another in the name of [Name27], and the last in the name of a brother of [Name26], named [Name28]. The fourth property belonged to [Name29]. He stated that they were purchased in 1997, but the documentation was legalized only in 2006." He clarified that of the three properties he bought from [Nombre26] (one from [Nombre26], one from [Nombre27] and the other from [Nombre28]), the one from [Nombre28] does have a deed, which is in the I.D.A. [Nombre1] that the one that is in the name of [Nombre27] [Nombre1] even though he passed away, the children committed to making the transfer once ‘the probate’ (la mortual) is completed [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 511 front, line 16 onwards). [Nombre1]iii[Nombre1] The witness [Nombre30] [Nombre1] seller of three of the four parcels, ratified the version of the victim, with the trial court’s assessment being that the statements are credible: “ [[Nombre1] Don [Nombre30] [Nombre1] also testified and verified with his account the information that the victim provided at trial. [Nombre26] acknowledged having negotiated three parcels with the victim, those located at the mouth of the Río Reventazón, one of them registered in his name, another that he had bought from a black man who died, and the other that a brother of his gave him in payment of a debt. He states that this sale ‘by word of mouth’ (de boca), that is, verbally, occurred about fifteen years ago, but that approximately seven years ago the transfer was formalized. In describing the properties, he indicated that the three are adjacent to each other, they are divided by a train line, and almost all of them have the Río Peje as a boundary [Nombre1] As for [Nombre26], he is a person who has no relationship at all with the accused; his role in the proceeding is that of seller of the property of the parcels (fundos)[Nombre1] whose possession is at issue here. His standing to transfer ownership or possession of the mentioned properties has not been challenged in any way, nor is there any element that would suggest the information provided is false or manipulated; rather, he is an impartial person in the proceeding, who is not even a relative of the complainant and who merely recounted what he had personal knowledge of [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 511 front, line 26 onwards). [Nombre1]iv[Nombre1] Documentary evidence. The judge also analyzes the documentary evidence, consisting of the certified copies of deeds that appear added to the case file at folios 32, which verify the history of owners who have held title to the referenced parcels, and from whom the victim acquired them, with such information fully coinciding with the explanation provided in that regard by him and the witness [Nombre30] (cfr[Nombre1] folio 511 back, line 27 onwards). Based on this, the following history of the 4 parcels is corroborated: [Nombre1]iv.a[Nombre1] on September 12, 1986, the IDA transferred a first piece of land to [Nombre31], person from whom Mr. [Nombre30] (according to what he so declared) acquired it, to—subsequently—sell it verbally and informally ("by word of mouth" (de boca) or "by word" (de palabra)) to the victim [[Nombre9] ], with said property still appearing registered in the name of said deponent; [Nombre1]iv.b[Nombre1] on June 25, 1988, the Institute of Agrarian Development segregated lot twenty-nine of the Neguev project to [Nombre32], which was sold to [[Nombre9] ], formally, on June 9, 2008, as recorded in the deed at folio 150 and in the land registry certification at folio 142 of the principal file; [Nombre1]iv.c[Nombre1] Regarding the parcel (fundo) that, as indicated by [Nombre26], was bought from his brother [Nombre33], it is evident from the statements of [Nombre34] and [Nombre26] that years after the sale was made verbally, [Nombre26] himself suggests to the victim that he seek out his brother [Nombre28], better known as [Nombre33], to execute the transfer deed, an act carried out on July twenty, 2007, a property that he had in turn acquired by purchase and sale from Mr. [Nombre35] on July 26, 1983; [Nombre1]iv.d[Nombre1] Finally, the farm known as lot number 32, which appears registered in the name of [Nombre36] (see folios 169 to 180), was sold verbally by said registered owner to [Nombre26], according to his testimony; at that time only a kind of invoice was provided as proof of the transaction, and years later [Nombre26] carried out a sale of the same kind (verbal) with [[Nombre9] ]. In relation to this fourth piece of land, the judgment explains that the aggrieved party [Nombre1][Nombre1] has acknowledged that he is in discussions with the heirs of [Nombre37] [Nombre1] in order to proceed with the transfer in the Public Registry of the mentioned property [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 512 front). From the foregoing, the trial judge not only succeeded in reconstructing the history of owners who have held title to the four parcels (fundos) until they were acquired by the complainant, with such transactions [Nombre1] by word of mouth (de boca)[Nombre1] or [Nombre1] by word (de palabra)[Nombre1] (verbal and informal) not being documented until years later, but it was also—furthermore—determined that [Nombre1] [Nombre1] the described properties, although some are in the name of the victim and others not, form part of a single parcel (fundo) (since they are adjacent) over which the victim [Nombre [Nombre13]] has exercised possession peacefully and publicly, from the very moment he acquired them from their owners or possessors [Nombre1]” (cfr[Nombre1] 512 back, lines 1 to 4). (v) That exercise of possession by the victim, legitimately, peacefully, continuously, and publicly, was also accredited by the statements of the prosecution witnesses [Nombre [Nombre12]] and [Nombre [Nombre38]], both of whom are his daughters. [Nombre1]vi[Nombre1] The defense witnesses [Nombre [Nombre39]] and [Nombre [Nombre15]] stated that the aggrieved party has a property that borders the río Peje. [Nombre1]vii[Nombre1] The co-accused [Nombre10] did not make any statement. [Nombre1]viii[Nombre1] The documents admitted as defense evidence found at folios 331 to 356 of the record do not in any way discredit the possession that the victim [[Nombre9] ] has over the farms; rather, they are items of evidence that form part of those admitted as prosecution evidence, that is, land registry certifications and maps proving the registered ownership that the victim has over two of the farms, the cadastral maps illustrating the location of each parcel (fundo) and corroborating the statement of the victim and the witnesses that such farms are adjacent to each other and can be viewed as a single one, since possession over them has been exercised in that manner. It is from this entire context that the trial judge not only established the legitimate possession that the victim has been exercising over the lands, since the year 1997, but also, based on that factual and legal basis, correctly and soundly concluded that the copy of a private purchase and sale provided by the co-accused [Nombre8] (upon which he bases his claim that he is the one occupying the property) is not enforceable against the aggrieved party, who holds a better right to possess it since he has held the lands since long before, even long before the document at folio 36 was drawn up, such that the appellant's argument that the private bill of sale presented by the co-accused [Nombre20] appears dated a few months earlier is not tenable. The subjective and biased nature of the public defender's claim is evident, according to which she asserts that from the analysis of the evidence, both documentary and testimonial, there can be no certainty as to which of the parties has a better right over a farm that remains unregistered. Contrary to this and as explained supra[Nombre1] in the judgment there is an assessment of the elements presented at trial, both documentary and testimonial, that allows for understanding not only when and how the victim acquired the property claimed by the accused, but also—furthermore—that he has been possessing it as owner, legitimately, peacefully, and publicly, since the year 1997. Indeed, as explained above, it concerns one of the four parcels, specifically the one that belonged to Mr. [Nombre35], who by purchase and sale of July 26, 1983, transferred it to Mr. [Nombre40]; verbally, the latter transferred it to his brother [Nombre26] in payment of a pre-existing debt; similarly, in 1997 [Nombre26] sold it to Mr. [[Nombre9] ], although it was not until July 20, 2007, that, at the suggestion of Mr. [Nombre30] himself [Nombre1] the private document at folio 36 was drawn up, where [Nombre41] [Nombre1][Nombre42] ) sells it to the victim [[Nombre9] ]. This determines the impropriety of the appellant's objection, since—contrary to what she maintains—there was evidence, which was duly analyzed, that allowed for the certain establishment of the legitimate and better right of possession that Mr. [[Nombre9] ] holds over this land, with it being—furthermore—that the accused’s entry occurred long after the former had been exercising ownership over the parcel (fundo): [Nombre1][Nombre1] There is no indication whatsoever suggesting the existence of a better right over the properties, not even on the part of [Nombre16], who stated he was occupying the property and provided a copy of a private purchase and sale [Nombre1] folio 07), which upon analysis makes it clear that the victim has a better right, due to the background of the farm, regarding the transfer of possession which, both formally and de facto, occurred long before the accused [Nombre17] was placed on one of the lots belonging to the victim. Even the victim, who is found credible for the reasons noted at the beginning of this section of the judgment, stated that even though authorization had been given for [Nombre43] to work on the property, when trying to evict him from it, two days after an administrative eviction that took place on the farms, [Nombre16] was found, having entered the parcel (fundo) with his family unlawfully, this because possession already belonged to the aggrieved party [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 513 front). It does draw the attention of this appellate court that, despite indicating at trial that he had bought the right of possession to the land from his brother [Nombre44], the accused [Nombre8] could not even explain how the latter acquired it [Nombre1]cfr[Nombre1] folio 499 back), which speaks to the weakness and insufficiency of the title he exhibits and upon which he bases his claim of having a right to occupy the parcel.”\n\n \n\n... See more\nCitations of Legislation and Doctrine Related Judgments\nText of the ruling\n\nRuling: 20 18-0095\n\nCase File: 11-201523-0486 -PE( 13 )\n\n \n\nCRIMINAL SENTENCE APPEALS COURT. Second Judicial Circuit of San José[Nombre1] Goicoechea, at nine forty-four hours, on the thirtieth of January, two thousand eighteen [Nombre1]\n\nAPPEALS filed in the present case against [Nombre2], Costa Rican, identity card number CED1 [Nombre1] born in Guanacaste, on February 25, 1946, son of [Nombre3] [Nombre1] single, occupation pensioner [Nombre1] resident of Limón, Siquirres[Nombre1] Los Laureles de la Pulpería Evangélica one kilometer north after the ICE bridge, a hut [Nombre1] [Nombre4], Costa Rican, identity card number CED2 [Nombre1] born in Guanacaste, on August 20, 1971, son of [Nombre5] and [Nombre6] [Nombre1] single, occupation banana plantation worker [Nombre1] resident of Limón, Siquirres[Nombre1] settlement [Dirección1], Parcel [Dirección2] [Nombre1] [Nombre7], Costa Rican, identity card number CED3 [Nombre1] born in Guanacaste, on September 30, 1980, son of [Nombre8] and [Nombre9] [Nombre1] single, occupation farmer [Nombre1] resident of Limón, Siquirres[Nombre1] el Peje, los Laureles, from the Foursquare Church of [Dirección1], 600 meters west, natural-colored house [Nombre1] for the crime of USURPATION (USURPACIÓN) to the detriment of [[Nombre10] ]. The judge Mario Alberto Porras Villalta and the co-judges Patricia Vargas González and [Nombre11] participate in the decision of the appeal. Appearing in this venue were attorney [Nombre12], public defender of the accused [Nombre13]; attorney [Nombre14] public defender of the accused [Nombre15]; attorney [Nombre16] public defender of the accused [Nombre17] and attorney [Nombre18], representative of the Prosecutor's Office of Siquirres [Nombre1]\n\nWHEREAS:\n\n I.- That by judgment number 109 -20 17 [Nombre1] at seven fifteen hours on the eighteenth of July, two thousand seventeen [Nombre1] the Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Siquirres Venue [Nombre1] ruled: "THEREFORE: In accordance with the foregoing and with articles 39 and 41 of the Political Constitution, 8 of the American Convention on Human Rights; 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights; 26 of the American Declaration of the Rights and Duties of Man; 10 and 11 of the Universal Declaration of Human Rights; 1, 30, 31, 71, 73, 225 subsection 03 of the Criminal Code; numerals 1 to 6, 9, 12, 13, 140, 141 and 142, 175 to 179, 184, 265, 303, 328, 330, 333, 335, 351, 352, 363 to 367 of the Code of Criminal Procedure, it is unanimously resolved: A. The defective procedural activity raised by the defense counsel is rejected. B. [Nombre15] is acquitted of all punishment and responsibility for a crime of Usurpation charged as committed to the detriment of [Nombre [Nombre19]]. C. [Nombre13] is acquitted of all punishment and responsibility for a crime of Assault with a Weapon charged as committed to the detriment of [Nombre [Nombre19]]. D. [Nombre13] AND [Nombre20] are declared to be responsible as perpetrators of ONE CRIME OF USURPATION to the detriment of [[Nombre10] ], and in that capacity a sentence of SIX MONTHS OF IMPRISONMENT is imposed upon them, a penalty that they shall serve in the place and manner indicated by the respective penitentiary regulations, after crediting the pretrial detention served. For meeting the legal requirements, the benefit of conditional execution of the sentence is granted for a period of three years, under the warning not to commit an intentional crime punishable by more than six months of imprisonment. E. The restitution of things to their previous state is ordered, for which purpose execution is authorized through the corresponding police authorities, of the acts necessary for the destruction of the buildings and crops located on the farms whose possession corresponds to the victim [[Nombre10] ] and which are located in: [Nombre1] farms represented by cadastral maps No. [Value [Nombre19]], [Value 002], [Value 003] and [Value 004]; likewise, with the collaboration of the Public Force, SENASA is ordered to carry out an inspection of the indicated parcels (fundos) to examine the permanence of livestock on the site, and in the event that their return is not appropriate (to whoever proves to be their owner), proceed to the seizure and disposal of the animals, as provided by law and their respective competencies. It is resolved without special award of costs, with the expenses of the proceeding borne by the State. Once this judgment is final, the respective communication shall be made to the Judicial Registry. For the integral reading of the judgment, it is set for sixteen hours on the twenty-sixth of July, two. " (sic).\n\n II.- That against the preceding pronouncement, attorney [Nombre12], public defender of the accused [Nombre13], attorney [Nombre14] public defender of the accused [Nombre15] and attorney [Nombre16] public defender of the accused [Nombre17] [Nombre1] filed an appeal.\n\n III.- That having verified the respective deliberation in accordance with the provisions of article 465 of the Code of Criminal Procedure, the Court considered the issues raised in the appeal.\n\n IV.- That the pertinent legal prescriptions have been observed in the proceedings.\n\nDrafted by the Criminal Sentence Appeals judge [Nombre21]; and,\n\n Appeal by attorney [Nombre14], public defender of the co-accused [Nombre15] (cfr[Nombre1] folios 524 to 529).\n\n I.- SOLE GROUND FOR CHALLENGE (form): Error in ordering the restitution of farm [Value [Nombre19]] to the victim. In the sole ground of her appeal, the public defender denounces [Nombre1][…] an erroneous rational basis in the application of substantive and procedural law regarding the civil consequences of the punishable act [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 524), specifically in having ordered the restitution of the property of the accused [Nombre22] (farm [Value [Nombre19]]) to the victim. The appellant disagrees with the judgment having ordered said measure (which—she asserts—is a civil consequence of the punishable act) despite the fact that an acquittal was issued in favor of the accused [Nombre22] and that the victim did not bring the civil action for damages (acción civil resarcitoria)[Nombre1] In support of her complaint, she argues as follows: A) During the adversarial proceedings, it was debated that, regarding said farm, there were two documents in which possession of it was granted to two different persons. According to the document at folio 07 of the case file, dated February 02, 2007, possession corresponds to the co-accused [Nombre15] [Nombre1] while the one provided by the victim is dated July 20, 2007 [Nombre1]cfr[Nombre1] folio 36), evidencing a problem of possession that cannot be resolved in this venue, and the parties would have to file the corresponding proceeding to determine who is the legitimate possessor of said farm. From the analysis of the evidence, both documentary and testimonial, there can be no certainty as to which of the parties has a better right over a farm that remains unregistered, where both parties indicate they have the right of possession. B) The judge relies on the provisions of articles 140 and 367 of the procedural code, in which there is confusion regarding what is established as a provisional measure (provided for in numeral 140 of the Procedural Code) and what is a civil consequence (provided for as such in article 103 of the Criminal Code). In the case of [Nombre23], it would not even be possible to impose a measure such as the one described in the former article, since an acquittal judgment is being handed down. C) The challenged ruling incurs in ultra petitas[Nombre1] (sic), since, despite the fact that the victim was duly notified of his right to become a civil party, in order to be able to claim the damages he deemed pertinent, he stated that he did not wish to become a complainant. For this reason, the judge could not proceed to resolve purely civil matters that had not been claimed by him. D) What was decided is nothing more than proof of the judge's erroneous interpretation regarding the provisions of numeral 140 of the Code of Criminal Procedure, by applying as a definitive measure or as part of the imposed sanction, a provisional measure that was also not requested by the aggrieved party. ORAL HEARING (appeal hearing). During the oral hearing held before this appellate court at 10:00 hours on October 11, 2017, the appellant clarified her claims a little further, stating (in essence) the following: my client [Nombre15] was acquitted [Nombre1] it was not demonstrated that there is any (criminal) action on his part; the judgment ordered, regarding civil consequences, restitution; the only accused who had property on the right bank of the Río Peje was [Nombre23], which was adjacent to the victim's property; the victim said that all the properties on the right bank of the river were in his possession; but in the adversarial proceedings there is a private document [Nombre1]cfr[Nombre1] folio 7) where possession is given to [Nombre15] [Nombre1] the judge indicates that restitution should take place, and that the transfer of possession to the victim (July 20, 2007) is prior to that of Mr. [Nombre24] (February 02, 2007); there is a problem: who had the better right?; both have a document; this problem of possession was not discussed at the hearing; the possession of the accused [Nombre24] was not discredited; thus, despite the acquittal (already final), the judge orders the restitution of the properties on the right bank of the river, even that of Mr. [Nombre24]; this is an ultra petita[Nombre1] the judge relies on article 140 of the CPP; this situation (precautionary measure provided for by article 140 CPP) must be at the request of the victim, but neither he nor the Public Prosecutor's Office requested it; as a civil consequence, restitution cannot be ordered either, since (pursuant to article 103 of the Criminal Code) a conviction judgment must exist, which does not; thus, harm is caused to the accused, because even though it was proven that he is not carrying out a disruptive act (acto perturbatorio)[Nombre1] he is forced to remove constructions on the property; requests that this extreme of the judgment be annulled and that the better right of possession be discussed in another forum (the transcription is not literal). PROSECUTOR. Regarding the appeal in favor of the co-accused [Nombre15][Nombre1] the impugnation prosecutor, attorney [Nombre25], stated (in summary) that this accused's participation could not be demonstrated, that is, that he took part in the disruptive acts (actos perturbatorios)[Nombre1] but at folio 513 the better right of possession was indeed analyzed; the judge made an analysis of the evidence on the transfer of possession and the acts of usurpation (pursuant to subsection 3 of article 225 of the Criminal Code); in the appeal in favor of this accused, a disagreement with the restitution is raised, but what was resolved does not constitute an ultra petita[Nombre1] since the judge had to resolve. The objection is without merit. The question raised by the defense attorney, in arguing that restitution cannot be ordered when the accused is acquitted criminally and when the civil action for damages (acción civil resarcitoria) has not been brought, is not novel, as this appellate court has already had the opportunity to rule on this matter and does not share such a position. Thus, based on the express provisions of article 366 of the Code of Criminal Procedure (which is a later norm to article 103 of the Criminal Code, which the appellant cites in support of her thesis), case law has interpreted that even in the event of an acquittal judgment regarding criminal aspects, the judge is authorized to order—even ex officio—the restitution of objects involved in the proceeding: “ [Nombre1] There is an error in the judgment regarding the legal basis for ordering the eviction, since the norm that authorizes this measure is not article 142 of the Code of Criminal Procedure, but article 366 ibidem[Nombre1] This article expressly regulates: ‘The acquittal judgment shall order.... the restitution of objects involved in the proceeding that are not subject to confiscation...’. In the specific case, the Court found it proven that the land occupied by the accused belongs to the State and is used by the Ministry of Environment and Energy, as part of the Territorial Planning Project, Core Zone of the Barra del Colorado Wildlife Refuge. Over these, one cannot claim simple possession or the right of possession, as they are outside commerce and are imprescriptible [Nombre1]art. 262 of the Civil Code and Judgment 733-F-00, at 15:12 hours on October 4, 2000, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). Having accredited the ownership of the property and its destination for nature preservation, the legal consequence was the expulsion of the occupants, as decreed in the judgment [Nombre1]” (cfr[Nombre1] Court of Cassation of the Second Judicial Circuit of San José, vote No. 2004-00933 at 11:00 hours on September 09, 2004). In the same vein, always based on the provisions of article 366 of the Code of Criminal Procedure, the propriety of the restitution of things to their previous state even in the case of an acquittal has been considered, when faced with an infraction regarding the maritime terrestrial zone [Nombre1]cfr[Nombre1] Court of Cassation of the Second Judicial Circuit of San José, votes [Telf1] and [Telf2]). Even this solution has been chosen when dealing with an acquittal judgment for the crime of usurpation: [Nombre1][Nombre1] if according to the proven facts, the accused here is occupying a property that was possessed by another person, the natural consequence is to order restitution in the same judgment, in order not to unnecessarily delay the return of the victim to the property. In this regard, in a 1992 ruling, our Court of Cassation indicated, for a case in which the act of usurpation was proven, the following: ‘It must be admitted that the optimal outcome is that, in cases such as the present one, restitution of possession is ordered in the same judgment that convicts for the crime of usurpation, so as not to unnecessarily delay the return of the victim to the de facto power through which they subjected the usurped property to their control and will; however, if such a provision is omitted in the judgment, nothing prevents a resolution from subsequently being issued that—in enforcement of that conviction—orders the eviction of the property by the usurper so that the victim may enter into possession, as happened in the case under review. It is not superfluous to say that such a solution is not only that which derives from the correct application and understanding of the law, but also that which the most elementary norms of common sense impose: it would be absurd for the accused, under the protection of the judgment that convicts them for the crime of Usurpation, to legitimize and maintain possession of the same property they accessed in a typical, unlawful, and culpable manner.’ Third Chamber of the Supreme Court of Justice, V-107-F, at eight fifty-five hours on the third of April, nineteen ninety-two.- This ruling is applicable to the case at hand (subjúdice) not only because it warns of the need not to maintain a legal absurdity, which would occur by acquitting someone for usurpation, because they held a false belief about their better right to possess the property and to obtain their legal adjudication, and then maintaining them in possession until the better right of possession of the victim is demonstrated, who acquired, with whatever evidentiary and transactional difficulties might exist, the right to possess that property. The evidence provided, as well as the technical and legal considerations made by the defense counsel, cause the criterion of the trial judge and of this Court to prevail, that in this case the abandonment of the property must be ordered, and that if Ms. [Nombre26] considers that her right must prevail, she must raise it in another forum, civil or agrarian, depending on the nature of the parcel (fundo) and its use. In accordance with the foregoing, it is held that the order of restitution of the property in favor of Ms. [Nombre [Nombre27]] could not even be interpreted as a sanction (neither criminal nor civil), but rather as a natural and logical consequence, derived from the evidence admitted at trial [Nombre1] Thus, notwithstanding the acquittal regarding the criminal charge, the trial judge was obligated to order that the titleholder of the property in dispute be placed in possession thereof, for having a better right of possession. In this regard, it is held that generally the property in dispute is in the possession of the acquitted accused, and therefore if it were accredited that ownership thereof corresponds to a third party (as happened in this case), it must be restored to that party. (The highlighting is not from the original). Article 366, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure establishes that the judgment, even if it is an acquittal, shall order the restitution of the objects involved in the proceeding and not subject to confiscation, without specifying that such restitution must be made in favor of a specific subject. This implies, then, that for these purposes the judge must determine which person has the better right to the object, even if it is a third party. Although it could be interpreted that this norm does not refer to real property but rather to simple ‘objects’ (personal property), such a thesis must be rejected, not only because confiscation is also applicable to properties (article 465 of the Code of Criminal Procedure), but also because numeral 140 ibidem establishes that at any stage of the proceeding and at the request of the victim, the judge may order, as a provisional measure, the restoration of things to the state they were in before the act. If the judge holds this power as a provisional measure, with much more reason can they decree it as definitive restitution when issuing the judgment on the merits, where the ownership of the property held by a specific person has been determined. On the other hand, it must be reiterated that the order of restitution of the property in favor of Ms. [Nombre [Nombre27]] could not even be interpreted as a sanction (neither criminal nor civil), but rather as a natural and logical consequence, derived from the evidence admitted at trial, from which it was possible to establish that she acquired it in 1999 and since then has been exercising possession over it.

In this regard, it is understood that the oft-cited Article 366, paragraph 1, which requires the judge to issue a ruling on this point, determines that this decision is sua sponte, since in order to order the restitution it is not required that, as a precondition, the aggrieved party has filed the civil action for damages [Nombre1] or that a direct and express claim has been made in that regard. The fact that, even when it is not necessary, the aggrieved party files such a claim (thereby potentially obtaining a “judgment” for restitution through that avenue, as provided in Article 464 of the Code of Criminal Procedure), in no way implies that the civil action was necessary. Therefore, the appeal [Nombre1] is dismissed" (cf. vote of the Criminal Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José No. [Telf3] of 09:18 hours on October 20, 2016, which in turn cites and relies on the vote of the Third Chamber of the Supreme Court of Justice No. 107-F-92 of 08:55 hours on April 3, 1992). In this same sense, that is, that restitution proceeds even if a civil action for damages has not been filed, the votes of the Third Chamber No. 1462-2004 and No. 604-F-91 can also be consulted. Considering the above, it must be clarified that, obviously, the restitution order may be issued provided that such a measure is materially possible, which will be the case, for example, when, in the case of a movable asset (bien mueble), it is in the possession of the court office [Nombre1] cf. the scenario regulated by Article 367 of the Code of Criminal Procedure). Likewise, in the case of immovable property (bienes inmuebles), restitution (if applicable) will always be feasible, insofar as the jurisdictional authority may appear at the respective property and, through a formal act, place it in the possession of the person entitled to it. It is clear that such an option would not be possible in cases involving movable assets (bienes muebles) that, not having been seized or placed in provisional deposit, their whereabouts or continuing existence are unknown; in such a case, the subsidiary measure would be financial reparation through a judgment for the payment of damages (daños y perjuicios). This appellate body is not unaware that the position outlined above, to the effect that sua sponte restitution will proceed—in principle—even in the event that a criminal acquittal has been issued and despite the fact that the owner of the property has not filed the civil action for damages, is not entirely unanimous in the national legal forum, as the jurist Javier Llobet Rodríguez, while acknowledging the existence of the aforementioned jurisprudential trend (based on the direct and express provision incorporated in Article 366 of the Code of Criminal Procedure), advocates a contrary interpretation, in the sense that the 1996 Code of Criminal Procedure follows a classical system according to which (the author [Nombre28] maintains) the exercise of the civil action for damages is required to order restitution: " [Nombre1] The courts have interpreted that it is possible to order restitution even if the civil action for damages has not been filed, without prejudice to the fact that restitution may be the claim formulated when the action is filed (Thus: Sala Tercera, vote 1462-2004 of 12-22-2004). Based on this, case law has established that when a conviction for land usurpation (usurpación) is handed down, ordering the restitution of the property is proper. This has even been admitted in acquittal cases when the judgment was based on the admission of an error by the occupant that does not eliminate the unlawfulness. Article 140 of the C.P.P. establishes that, as a precautionary measure, the provisional restitution of things to their prior state may be ordered. It is not clear what Article 361(d) refers to when mentioning restitution. It would seem that the reference is related to the delivery of seized objects to the person with a superior right, in accordance with Articles 366 and 367 of the C.P.P. Note that Article 366 of the C.P.P. itself mentions the term 'restitution' of objects subject to the proceeding. It must be considered that according to the 1996 C.P.P., the classical system of the civil action applies, meaning it must be exercised by the person claiming to have suffered harm; it does not proceed sua sponte. In this regard, it should be noted that Article 37 of the C.P.P. establishes as the purpose of the civil action the restitution of the object that is the subject matter of the criminal act, as well as the repair of the damages and losses caused. A fundamental aspect of the civil action is the restoration of things to their prior state, so the repair of damages and losses is only subsidiary. However, the courts (see: Sala Tercera, vote 1272-2008 of 10-29-2008), have increasingly been ordering the restoration of things to their prior state sua sponte, which is not in accordance with the system followed by the Code. Article 102 of the 1970 Penal Code is usually invoked for this, but it is based on a positivist system of the civil action, meaning that restoration to the prior state and payment of damages must be ordered sua sponte. It has not been noticed that this system was repealed starting with the 1973 C.P.P., and this was ratified by the 1996 C.P.P., which, far from being based on a positivist concept of the civil action, established the need for a civil plaintiff (actor civil) to be constituted, claiming restoration to the prior state and the eventual payment of damages [Nombre1]" [cf. Llobet Rodríguez Javier, PROCESO PENAL COMENTADO (CÓDIGO PROCESAL PENAL COMENTADO), Editora Dominza and Editorial Jurídica Continental, San José, 6th edition, 2017; pages 545 and 546]. Following this position, the Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José held (in a case where the trial court convicted for the crime of unlawful retention (retención indebida) of a sewing machine and ordered the restitution of said movable asset (bien mueble) even though it had not been seized or confiscated) that if no civil action was filed and the property was not confiscated, restitution could not be ordered sua sponte: "An appeal on the merits was filed by the defense of the accused. It states that the defendant was convicted as the perpetrator of the crime of misappropriation (apropiación indebida), but the court exceeded its authority and ordered her to return the [Nombre29] machine, under the warning of committing the crime of disobedience to authority (desobediencia a la autoridad) if she failed to do so. It indicates that the aggrieved party never filed the civil action. The appeal is granted. The judgment stated that 'pursuant to the provisions of Article 103 of the Penal Code, this Court deems it necessary to nullify the effects produced by the criminal act committed by the accused. Accordingly, Ms. [Name [Nombre30]] is ordered to return a white, motorized [Nombre29] brand sewing machine, with its respective table, in usable condition, just as it was lent, to Ms. [Name [Nombre31]], under legal warning that criminal proceedings for the crime of disobedience will be brought against her if she fails to comply with what has been ordered. For this purpose, the accused is granted a period of fifteen days after the judgment becomes final. Certainly, if in the case under study it has been demonstrated that the possession exercised by the accused over the property belonging to the victim is the product of a criminal act, it is evident that the legal system could not consent to the projection and perpetuation of the effects of that unlawful act over time. Ultimately, determining the existence of the criminal act and maintaining the accused in possession of the object of the crime would favor unjust enrichment (enriquecimiento sin causa). Therefore, this Court chooses to nullify the effectiveness deployed by the criminal act (not the validity, which can only be the consequence of a lawful act) by ordering the return stipulated here. In any case, the victim, at the start of her statement, indicated that her interest was to recover the sewing machine lent to the accused. Now, in accordance with Article 140 of the Code of Criminal Procedure, the judge, even as a precautionary measure, may order that things be restored to their prior state before the act. Therefore, if this can be ordered even as a provisional measure, the restoration of things to their prior state has more solidity when the existence of the charged crime has been proven.' The trial court followed the positivist conception of the civil action in this regard, and it must be recognized that this conception is indeed behind Article 103 of the Penal Code, since it assumes that every criminal act has civil reparation as a consequence, which must be determined when the conviction is issued, and that reparation must even be ordered sua sponte. However, this position differs from the one that inspires the Code of Criminal Procedure, which is a later law, as it principally followed the classical conception of the civil action, requiring the injured party or their heirs to file their civil claim in the criminal process (Arts. 37, 111 and 368 of the Code of Criminal Procedure) (Cf. Llobet Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. San José, Editorial Jurídica Continental, 2003, p. 351). Article 367 of the said Code contains an exception in this regard, as the delivery of seized objects must be ordered to whoever has a superior right to possess them, even if no civil claim has been filed. This scenario, however, does not apply to the specific case, since the sewing machine in question was not seized. The judgment mentions Article 140 of the Code of Criminal Procedure, in that it indicates that at any stage of the proceeding and at the request of the victim, the court may order, as a provisional measure, the restoration of things to the state they had before the act, provided there are sufficient elements to decide. This provision has been particularly relevant with respect to land usurpation crimes (Cf. Llobet Rodríguez, Javier, op. cit., p. 194), where restoration to the prior state implies the expulsion, using public force, of the person allegedly usurping the property. This rule may also justify the provisional restitution of a seized object. However, those scenarios are different from those pertaining to the present matter, in which the whereabouts of the property misappropriated by the accused are not even known. If the position held in the judgment were followed, then in all criminal cases, civil reparation would have to be ordered sua sponte, mandating the restitution of the thing, the repair of the damage, and the indemnification for losses (Art. 122 of the 1941 Penal Code). As stated, that was not the conception upon which the criminal procedural legislation is based. On the other hand, if the accused were considered to commit the crime of disobedience to authority should she fail to return the sewing machine, the principle of ne bis in idem would be violated, since she would be punished twice for the same act (Art. 11 of the Code of Criminal Procedure and Article 8(4) of the American Convention on Human Rights). The cassation appeal is granted. The judgment is reversed insofar as it orders Ms. [Name [Nombre30]] to return a white, motorized [Nombre29] brand sewing machine, with its respective table, in usable condition, just as it was lent, to Ms. [Name [Nombre31]], under legal warning that criminal proceedings for the crime of disobedience will be brought against her if she fails to comply with what has been ordered" (cf. Cassation Court of the Second Judicial Circuit of San José, vote No. [Telf4] of 09:12 hours on June 3, 2004). While this ruling is correct in affirming that restitution of a movable asset (bien mueble) that has not been seized or confiscated is not proper (in which case the only remaining option would be to order, as a subsidiary solution, a judgment for the payment of damages (daños y perjuicios)), it is not correct in rejecting the possibility of restitution in cases where the civil action for damages was not filed. The doctrinal position under discussion suffers from weak support, as it starts from a very lax interpretation of Article 366 of the Code of Criminal Procedure, according to which (the author [Nombre28] states) it "would seem" that the reference made in Article 366 of the Code of Criminal Procedure to the restitution of objects subject to the proceeding that are not subject to confiscation (comiso) refers to the delivery of seized objects to whoever has a superior right. It is notorious that such an interpretation is structured around the word "would seem," a concept that is not only dubitative, imprecise, and not at all assertive, but also subjective, which completely delegitimizes it. In this sense, it must be emphasized that, based on the general principle of Law that distinctions should not be made where the law does not make them, the commented Article 366 does not indicate that objects subject to the proceeding that are not subject to confiscation consist of "seized objects" (that is, movable assets (bienes muebles), as interpreted and understood by the aforementioned jurist), because if this norm is analyzed comprehensively, it is seen that it also refers to objects not subject to confiscation, which would also include immovable property (bienes inmuebles) (cf. Article 489 of the Code of Criminal Procedure). Keeping all of the above clear, it is necessary to outline the reasons for which the co-defendant [Nombre15] was acquitted of the crime of land usurpation (usurpación), as well as why, in spite of this, the trial judge deemed it proper to order the restitution of the property in favor of the victim [[Nombre10]], and this appellate body finds no error in the foundations of that jurisdictional decision. In this regard, the following is noted: A) ACQUITTAL. Although some conduct carried out by this person that clearly disturbed the victim's right of possession was proven at trial, the three specific, punctual, and concrete acts that, according to the factual description set forth in the prosecution's formal accusation (requisitoria fiscal), were attributed to him by the Public Prosecutor's Office were not proven with certainty. Due to this, respecting the principles of imputation and correlation between accusation and judgment, the judge considered that an acquittal was proper. Indeed, and as argued in the judgment, the prosecution's accusation states that [Nombre15] "[…] together with [Nombre13] and [Nombre32], disturbed the legitimate possession of his properties belonging to the victim [[Nombre10]], with the intention of usurping and taking over his properties, by planting banana plants, bringing in livestock, and threatening the victim with machetes (act No. 02); usurping the property of [[Nombre10]], in order to prevent the victim from entering it (act No. 05); and finally, together with the other two defendants and with the aim of usurping the victim's property, planting banana plants on the other side of the river from [[Nombre10]]'s properties, and bringing in twenty head of livestock […]" (cf. judgment, page 508 front, line 3 onwards). It was demonstrated, from the witness testimony presented at trial (statements of [Name [Nombre33]], [[Nombre10]], [[Nombre34]] and [Name [Nombre35]]), that in an eviction action (acción de desahucio) carried out in December 2011, the defendant [Nombre15] was expelled from one of the farms whose possession is attributed to the victim [[Nombre10]]. This circumstance partially coincides with what is narrated in the fifth point of the accusation, however, it was never proven that (as indicated in that document) he tried to prevent the victim's entry. Thus, the typical acts of the crime of land usurpation (namely, planting bananas, bringing livestock onto the property, threatening the victim with machetes when he attempts to enter the estate, and blocking his passage) are situations not borne out by the testimonial or documentary evidence. The accused [Nombre23] claims to have a right of possession over the farm that is the subject of the dispute, but he does not acknowledge having invaded it within the period covered by the accusation; indeed, according to the testimony of the complainant himself, the sighting of the accused [Nombre36] on the farm occurred on one occasion when he was expelled and detained by the administrative police, but there is no statement whatsoever suggesting that [Nombre24] re-entered the property and carried out acts disturbing the victim's possession. It is not possible to attribute conduct of invading the victim's estate to the defendant if he was only observed there once, and if he was never seen bringing in livestock or planting crops; moreover, the only time the victim saw him taking bananas out of the farm does not conclusively imply that it was a plantation made by the accused himself, because the prosecution's evidence ([Name [Nombre33]] and [[Nombre37]]) indicates that his father, the victim here, also had crops on the farm, so it could even be considered a possible theft, which was never charged. RESTITUTION (cf. page 516, line 20 onwards). Regarding the order for the restitution of the land in favor of the victim, the ruling explains that this decision is based on Articles 140 and 367 of the Code of Criminal Procedure, because his legitimate possession of the properties in conflict was proven. Regarding this issue (the legitimate possession held by the victim, against which neither the document nor the possession claimed by the acquitted accused [Nombre22] are opposable) and on the occasion of the conviction handed down against co-defendants [Nombre13] and [Nombre17], the ruling sets forth a broad and coherent analysis of the evidence (cf. page 510 front, line 29 onwards), explaining the following: (i) Statement of co-defendant [Nombre17]. When testifying at trial, the defendant [Nombre38] makes no statement regarding the right of possession that the victim claims to have; rather, he would seem to acknowledge that the latter had told him he had bought one of those properties (from Mr. [Nombre39]), without claiming a superior right to them. Likewise, there is no justification in his statements when he indicates that the witnesses want to harm him, because he does not explain, at any time, the reason or motive for that malicious intention. Thus, he does not reveal any conflict with [[Nombre10]] over the possession of the property subject to this dispute, and stated that he has some farms in the same location (Los Laureles), but that they do not border in any way on those of the complainant here, a situation also reflected in the expert report DCF: 2016-01530-ING on pages 467 to 470, making it clear that there is no overlap in the cadastral maps of the farms belonging to the victim and [Nombre38]. (ii) The victim explained when, how, and from whom he acquired each of the four parcels subject to this litigation. In this regard, the judge reasons as follows: "the victim [Name [Nombre19]], stated in the adversarial proceeding that his property consists of four farms, which together total 25 or 30 hectares; two have property titles and the other two do not; of the four, he said, three were bought from [Nombre40] [Nombre41], but only one was in [Nombre40]'s name, another in the name of [Nombre42], and the last in the name of a brother of [Nombre40] named [Nombre43]. The fourth property belonged to [Nombre44]. He stated that they were bought in 1997, but were not formalized with documents until the year two thousand six. He clarified that of the three properties he bought from [Nombre40] (one from [Nombre40], one from [Nombre42], and the other from [Nombre43]), [Nombre43]'s does have a deed, which is with the I.D.A., and that the one in the name of [Nombre42], even though he passed away, the children committed to making the transfer once the probate ('la mortual') is completed" (cf. page 511 front, line 16 onwards). (iii) Witness [Nombre45], seller of three of the four parcels, ratified the victim's version, and—in the opinion of the trial court—the statements are credible: "Mr. [Nombre45] also testified and verified with his statement the information provided at trial by the victim. [Nombre40] acknowledges having negotiated three parcels with the victim, which are located near the mouth of the Río Reventazón, one of them registered in his name, another that he had bought from a deceased black man, and the other that a brother of his gave him in payment of a debt. He states that this 'oral' (de boca) sale, that is, by word of mouth, occurred about fifteen years ago, but that about seven years ago the transfer was made. When describing the properties, he indicated that the three border each other, are divided by a train line, and almost all have the Río Peje as a boundary. Regarding [Nombre40], he is a person who does not even have a relationship with the defendants; his role in the process is that of seller of the property of the farms whose possession is disputed here. His standing to transfer the ownership or possession of the mentioned properties has not been refuted in any way, nor is there any element that would suggest that the information provided is false or manipulated; rather, he is an impartial person in the process, who is not even a relative of the complainant and who only narrated what he knew" (cf. page 511 front, line 26 onwards). (iv) Documentary evidence. The judge also analyzes the documentary evidence, consisting of the certified copies of deeds appearing added to the case file at page 32, verifying the history of owners who have held title to the referred parcels and from whom the victim acquired them, and this information fully coincides with the explanation provided by him and witness [Nombre45] (cf. page 511 back, line 27 onwards). From this, the following history of the 4 parcels is corroborated: (iv.a) on September 12, 1986, the IDA transferred a first property to [Nombre46], from whom Mr. [Nombre45] (as he declared) acquired it, in order to subsequently sell it verbally and informally ("de boca" or "de palabra") to the victim [[Nombre10]], and this property still appears registered in the name of said deponent; (iv.b) on June 25, 1988, the Institute of Agrarian Development segregated lot twenty-nine of the Neguev project to [Nombre47], who formally sold it to [[Nombre10]] on June 9, 2008, as recorded in the deed on page 150 and the registration certification on page 142 of the main file; (iv.c) With respect to the estate that, according to [Nombre40], was bought from his brother [Nombre48], it is evident from the testimony of [Nombre49] and [Nombre40] that, years after the sale was made verbally, [Nombre40] suggested that the victim find his brother [Nombre43], also known as [Nombre48], to execute the transfer deed, an act carried out on July 20, 2007, which property he had in turn acquired through a purchase and sale from Mr. [Nombre50] on July 26, 1983; (iv.d) Finally, the farm known as lot number 32, which appears registered in the name of [Nombre51] (see pages 169 to 180), was sold verbally by said registered owner to [Nombre40], according to his testimony; at that time, only a kind of invoice was provided as proof of the transaction, and years later [Nombre40] made a sale of the same kind (verbal) with [[Nombre10]]. Regarding this fourth property, the ruling explains that the victim "has acknowledged being in talks with the heirs of [Nombre52] in order to proceed with the transfer of the mentioned property in the Public Registry" (cf. page 512 front). Based on the foregoing, the trial judge not only managed to reconstruct the history of owners who held title to the four estates until they were acquired by the complainant, and these 'oral' (de boca) or 'word-of-mouth' (de palabra) transactions (verbal and informal) were not documented until years later, but it was also—furthermore—determined that "the described properties, although some are in the victim's name and others are not, form part of a single estate (given that they are adjoining) over which the victim [Name [Nombre19]] has exercised peaceful and public possession, from the very moment he acquired them from their owners or possessors" (cf. 512 back, lines 1 to 4). (v) That exercise of possession by the victim, in a legitimate, peaceful, continuous, and public manner, was also proven through the statements of prosecution witnesses [Name [Nombre33]] and [Name [Nombre53]], both his daughters. (vi) Defense witnesses [Name [Nombre54]] and [Name [Nombre35]] indicated that the victim has a property that borders the Río Peje. (vii) Co-defendant [Nombre13] did not give any statement. (viii) The documents admitted as defense evidence and appearing on pages 331 to 356 of the court records do not in any way discredit the possession that the victim [[Nombre10]] has over the farms; rather, they are pieces of evidence that form part of those admitted as prosecution evidence, that is, registry certifications and cadastral maps that prove the registered property ownership that the victim has over two of the farms, and the cadastral maps illustrating the location of each estate, corroborating the statements of the victim and witnesses that these farms border each other and can be seen as one, since possession has been exercised over them in that manner. It is from this entire context that the trial judge not only establishes the legitimate ownership that the victim has been exercising over the lands since 1997, but also, based on that factual and legal foundation, concludes correctly and with sound reasoning that the copy of a private purchase and sale agreement provided by co-defendant [Nombre15] (on the basis of which he claims to be the one occupying the property) is not opposable to the victim, who holds a superior right to possess it, since he has held the lands since long before, even long before the document on page 36 was drawn up, such that the appellant's argument that the private bill of sale presented by co-defendant [Nombre22] is dated a few months earlier is not persuasive. The subjective and biased nature of the public defender's claim is notorious, as she asserts that from the analysis of the evidence, both documentary and testimonial, there can be no certainty as to which of the parties has a superior right over a farm that is unregistered. Contrary to this and as explained above, there exists in the judgment an assessment of the evidentiary elements presented at trial, both documentary and testimonial, that allows understanding not only when and how the victim acquired the property claimed by the defendant, but also—furthermore—that he has been possessing it as owner, in a legitimate, peaceful, and public manner, since 1997. Indeed, as explained earlier, it is one of the four parcels, specifically the one that belonged to Mr. [Nombre50], who through a purchase and sale on July 26, 1983, transferred it to Mr. [Nombre55]; verbally, he transferred it to his brother [Nombre40] in payment of a pre-existing debt; similarly, in 1997, [Nombre40] sold it to Mr. [[Nombre10]], although it was not until July 20, 2007, that, at the suggestion of Mr. [Nombre45], the private document on page 36 was drawn up, in which [Nombre56] [Nombre57]) sells it to the victim [[Nombre10]]. This determines the inadmissibility of the appellant's objection, since—contrary to what she asserts—there was evidence, which was duly analyzed, that allowed for a conclusive establishment of the legitimate and superior right of possession held by Mr. [[Nombre10]] over this property, and furthermore, the defendant's entry occurred long after the former had been exercising ownership over the estate: "There is no indication whatsoever that suggests the existence of a superior right over the properties, not even from [Nombre23], who stated he was occupying the property and provided a copy of a private purchase and sale agreement (page 07), which, when analyzed, makes it clear that the victim has a superior right, due to the history of the farm, in terms of the transfer of possession that, both formally and in fact, was carried out long before the defendant [Nombre36] was located on one of the lots belonging to the victim." Even the victim (ofendido), who is deemed credible for the reasons noted at the beginning of this section of the judgment, stated that even though authorization had been given for [Name58] to work on the property (inmueble), when an attempt was made to evict him from it, two days after an administrative eviction (desalojo administrativo) that took place on the farms (fincas), [Name23] was located, who had unlawfully entered the estate (fundo) with his family, because possession (posesión) already belonged to the aggrieved party (agraviado) [Name1]” (cfr[Name1] folio 513 frente). It does call this appellate court's attention that, despite having indicated at trial that he had purchased the possessory right (derecho de posesión) to the land from his brother [Name59], the accused [Name15] could not even explain how he had acquired it (cfr[Name1] folio 499 vuelto), which speaks to the weakness and insufficiency of the title he exhibits and on which he bases his claim of having a right to occupy the plot (parcela). Based on the foregoing, the claim is dismissed.

Appeal of Licenciado [Name12], public defender (defensor público) of co-accused [Name13] (cfr[Name1] folios 519 to 523).

II.- FIRST GROUND (form): Disagreement with the assessment of the evidence. In the first ground of his appeal, the public defender disagrees with the finding that the victim (ofendido) is the legitimate possessor (legítimo poseedor) of the farms (fincas) (an essential element of the criminal offense), given that such a situation does not derive from a comprehensive and joint analysis of the entirety of the evidence produced, and therefore that conclusion lacks any basis. The objection is dismissed. The aspect questioned by the defender, that is, the reasoning of the trial court's ruling regarding the status held by the victim (ofendido) [[Name10]] as the legitimate possessor of the four plots (parcelas) at issue, was extensively and sufficiently analyzed in the preceding recital (considerando), where it is explained why no error (yerro) or deficiency is observed in the appealed judgment in this regard. For that reason, the appellant here must refer to what is set forth there. The complaint is dismissed.

III.- SECOND GROUND (form): Violation of the principles of imputation and congruence. In this second section, the public defender claims the following: A) The principles of imputation and congruence were violated. Charged fact 2 serves as a preamble to the concrete, precise, and detailed facts that the prosecutorial requisition (requisitoria fiscal) describes immediately after (in point 4), around which the defense defined and "steered" its strategy. However, proven fact 2 does not contain any imputation, as it is a simple description of the criminal offense of usurpation (usurpación), it being evident that the judge suppressed the phrase "It is thus how" contained between the second and third facts of the accusation, which is not only an element that gives coherence and links the charged facts, but also clarifies the defense's argument; it also fails to temporally delimit the imputed actions, nor does it specify any of their other circumstances, for example, in which sector of the properties planting was done, or the quantity and type of livestock introduced. B) The principle of congruence is violated, as the co-accused who was acquitted was so due to the lack of precision in the accusatory instrument (pieza acusatoria). The complaint is dismissed. No defect is observed in the situation denounced by the appellant, since the fact that the phrase "It is thus how" that begins section 3 of the accusation was suppressed in the statement of proven facts in no way modifies the factual framework (cuadro fáctico) deemed proven nor does it violate the principles of imputation and congruence. From the content of the ruling, it is observed that the prosecutorial accusation states the following: " 1.- The victim (ofendido) herein [Name [Name19]], has been the owner (dueño) and legitimate possessor (legítimo poseedor) since approximately two thousand seven and to date, of several properties that border each other and have an approximate extension of forty-one hectares, located in [Name1] and bordering other owners of neighboring properties. 2.- That the victim (ofendido) [[Name10]] since December thirteenth, two thousand eleven, has been disturbed in his legitimate, current, peaceful, and public possession (posesión) of his properties, by the accused [Name15], [Name13] and [Name32], who, with the intention of usurping and illegally taking over the victim's properties, enter the property to plant banana plants, introduce livestock onto the property, and when the victim (ofendido) tries to enter his properties, the defendants (encartados) for the aforesaid purpose, threaten him with machetes telling him that if he enters the property they will attack him with a machete, they tell him that those properties are not his. 3.- It is thus how on December twelfth, two thousand twelve, the victim (ofendido) [[Name10]], after filing an administrative eviction request (solicitud de desalojo administrativo) before the Ministry of Public Security (Ministerio de Seguridad Pública), which was granted to him by resolution 2506-11-DM, is placed in possession (posesión) of his property at 1:30 p.m. and Mr. [Name60] is expelled on that occasion, who was on the property on orders of the defendant (encartado) [Name13] to exercise illegal acts of possession. 4.- On January 23, 2012, at 10:55 a.m., the victim (ofendido) [[Name10]] arrived at his property located at the place already indicated in point 1 above, in the company of other persons, and observed the defendant (encartado) [Name13] inside his property, so the victim told him to stop taking over his property, to which the defendant replied that he entered as many times as he pleased, that he was going to take the property from him and threatened to kill him, he also lunged at him with a machete in hand and swung two machete blows at him from a distance of a meter and a half, so the victim (ofendido) backed up and dodged the machete blows and then the defendant (encartado) left the place. 6.- On February 11, 2012, at 10:00 a.m., the victim (ofendido) [[Name10]] was in the company of several people heading towards his property, located at the address already indicated in point 1 above, and the defendants (encartados) [Name32] and [Name13] were on it, who, with the intention of disturbing the legitimate possessory right (derecho de posesión) that the victim (ofendido) has over his property, told him that if he entered the property they were going to beat him and attack him with a machete, so the victim called the Public Force (Fuerza Pública), who appeared at the scene and prepared a police report (parte policial) for the defendants (encartados). 7.- On October twenty-eighth, two thousand thirteen, the victim went to his property, located at the address already indicated in point 1 above, and verified that the defendants, with the aim of usurping his entire property, planted banana plants on his property, specifically on the other side of the river, and also had introduced approximately 20 head of cattle, which was corroborated by the Judicial Investigation Agency (Organismo de Investigación Judicial) in an inspection conducted on November 16, 2013, where the planting of bananas and the cattle are clearly visible" (cfr[Name1] folios 496 and 497; the transcription is literal). Of this entire factual framework (cuadro fáctico) charged, only the following facts were deemed fully proven: "[…] PROVEN FACTS: The following are deemed proven facts: 1.- The victim (ofendido) herein [Name [Name19]], has been the legitimate possessor (legítimo poseedor) since approximately two thousand seven and to date, of several properties that border each other and have an approximate extension of forty-one hectares, located in [Name1] and bordering other owners of neighboring properties. 2.- That the victim (ofendido) [[Name10]] since December thirteenth, two thousand eleven, has been disturbed in his legitimate, current, peaceful, and public possession (posesión) of his properties, by the accused [Name13] and [Name32], who, with the intention of usurping and illegally taking over the victim's properties, enter the victim's property and when the latter tries to enter his properties, the defendants (encartados) for the aforesaid purpose, threaten him with machetes telling him that if he enters the property they will attack him with a machete, they tell him that those properties are not his. 3.- On December twelfth, two thousand twelve, the victim (ofendido) [[Name10]], after filing an administrative eviction request (solicitud de desalojo administrativo) before the Ministry of Public Security (Ministerio de Seguridad Pública), which was granted to him by resolution 2506-11-DM, is placed in possession (posesión) of his property at 1:30 p.m. and Mr. [Name60] is expelled on that occasion. 4.- On February 11, 2012, at 10:00 a.m., the victim (ofendido) [[Name10]] was in the company of several people heading towards his property, located at the address already indicated in point 1 above, and the defendants (encartados) [Name32] and [Name13] were on it, who, with the intention of disturbing the legitimate possessory right (derecho de posesión) that the victim has over his property, told him that if he entered the property they were going to beat him and attack him with a machete, so the victim called the Public Force (Fuerza Pública), who appeared at the scene and prepared a police report (parte policial) for the defendants (encartados)" (cfr[Name1] folio 497 vuelto, line 25 onwards; the transcription is literal). As can be seen, with respect to the proven facts that support the criminal responsibility of the co-accused [Name61], what is described in point 2) of the prosecutorial requisition (requisitoria fiscal) (except regarding the co-defendant [encartado] [Name22]) as well as what is indicated in point 6) of said instrument was deemed proven, which is not only sufficient to support the conviction rendered against him, but in no way does this alter (to the detriment of defense guarantees) the essence of the accusation. In this regard, it is observed how, in structuring his challenge argument, the defense attorney overlooks that not only was what was narrated in point 2) of the requisition deemed proven (with the previously mentioned caveat), but also the specific, concrete, and well-detailed fact (temporally and spatially) described in point 6) of said prosecutorial accusation, so said professional does not demonstrate in what way the possibility of defense at trial was affected. Thus, although it is true that the charged fact identified as number 2 is included simply as a "preamble", coherence is in no way lost by not having included the phrase he misses. Based on the foregoing, this second ground of the appeal is also rejected.

Appeal of Licenciada [Name16], public defender (defensora pública) of co-accused [Name17] (cfr[Name1] folios 530 to 535).

IV.- FIRST GROUND (form): Disagreement with the assessment of evidence. In the first ground of her appeal, the public defender of co-accused [Name62] disagrees with the evidence assessment, for the following reasons: A) Taking "part" of the arguments of the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), the trial judge discredits the defense's arguments and gives full credibility to the evidence for the prosecution (prueba de cargo), even though during the adversarial proceedings "many aspects came to light that generated reasonable doubts that, in my client's case, he did not participate in the acts he was accused of" (cfr[Name1] folio 532; the transcription is literal). B) How can the judge (say) that it is thanks to the technical defense that she arrives at the conviction against the accused, when the latter focused on demonstrating that "things" were neither in the accusation nor at trial, actually proven, as the Public Prosecutor's Office intended; for example, that it was not proven that the properties belonged to the victim (ofendido), as he so claimed; and that, on the contrary, there was reasonable doubt as to "who held" possession (posesión) of those lands. C) The judge indicates that, practically, the accused [Name62] is on the victim's property, which is false, since "the only one who proved, even with deeds (escrituras), ownership of lands near those of the victim was [Name63], but the judge indicates rather the opposite, stating that what my client said is false" (cfr[Name1] folio 532, the transcription is literal). D) When assessing the evidence, the judge takes "departure" (sic) from the testimonial evidence for the prosecution, ignoring that, when comparing it with "the documentary evidence", important doubts arise. E) The accusation includes [Name17] in all the facts described, but there is not a single complaint that describes him carrying out criminal actions corresponding to a usurpation (usurpación). With respect to the only (complaint) that describes any action (by this accused), "there is evidence such as police reports (informes policiales) that show a situation different from the one proven and that therefore generate effective doubt" (cfr[Name1] folio 533; the transcription is literal). The objection is dismissed. She does not demonstrate (nor even indicate) what those "many aspects" are that, according to the appellant's personal criteria, would have generated reasonable doubts regarding the participation of co-accused [Name62] in the acts he was charged with; what the supposed doubts are that arise when comparing the testimonial evidence with the documentary evidence; or how or why the police reports (informes policiales) show a situation different from the one proven. On the other hand, and as was indicated in the second recital (considerando) of this decision when the first ground of the appeal by the public defender of co-accused [Name61] was dismissed, the challenger here must refer to what was analyzed in the first recital, where the extensive and coherent reasoning developed by the trial judge to conclude that the victim (ofendido) is the legitimate titleholder and effective possessor (poseedor) of the estates (fundos) in dispute was outlined. Furthermore, after analyzing the judgment in its entirety, this appellate body finds no indication that the judge holds the technical defense responsible for the conviction rendered against the defendant herein, as the appellant asserts. The fact that the defendant [Name62] provided documents from which his title over other properties can be derived has no relevance in the substantive resolution of this case, because what he is accused of and what was deemed proven is that, jointly and in agreement with co-accused [Name61], he proceeded to disturb the possession (posesión) of the victim (ofendido) over his plots (parcelas). On the other hand, no error (yerro) or arbitrariness is detected in the analysis presented by the judge to deny all credibility to the defense account given at trial by Mr. [Name62], because even though he indicated that the prosecution witnesses wanted to harm him (the only basis for rejecting the charges arising against him from their account given at trial), he could not even specify nor give any reason that makes this alleged ill-will comprehensible or explainable: "the statement given at trial by [Name38] in his capacity as accused (imputado) is analyzed, who denied the facts and stated that he has no property bordering those of [Name [Name19]], that the victim (ofendido) had even told him that he negotiated a property with Mr. [Name39], that it is the victim (ofendido) who bothers him, opening the gates so that the cattle from his property get out, and that the conflict occurs because the victim [[Name10]] is bothered by his friendship with [Name58]; likewise, he states that the prosecution witnesses just want to harm him. Upon analyzing his statement, no assertion whatsoever emerges regarding the possessory right (derecho de posesión) the aggrieved party (agraviado) claims, rather, he seems to recognize that the victim himself had told him he had bought one of those properties, without the accused claiming to have a better right over them. He states that the witnesses want to harm him, but does not indicate the reason, nor justifies in any way the enmity with the aggrieved party. There is no justification in the statements of the defendant (encausado) [Name62] when he points out that the witnesses want to harm him, because he does not explain at any time the reason or motive for that malicious intention […]" (cfr[Name1] folio 511 frente y vuelto; the transcription is literal). Added to this, the judge also set forth the reasons that, based on the immediacy provided by the trial, led her to give full credibility to the prosecution versions provided by the testimonial evidence offered by the Public Prosecutor's Office (Ministerio Público), because not even a motive was detected for which they would want to give a false version or unjustifiably harm the defendants (encartados), a version which even fully coincides with the content of the documentary evidence (cfr[Name1] deeds [escrituras] and certifications added to folios 32, 142, 150, 161, 169 to 180 and 331 to 356): "Both testimonies are credible in the opinion of the undersigned. Mr. [Name [Name19]], although he has a special interest in the outcome here, being the direct victim (ofendido), this does not mean his interest is illegitimate and that it led him to file a complaint for false acts or to manipulate the information provided at trial; on the contrary, the facts he stated at trial are consistent in the core aspects with the documentary and expert evidence incorporated into the case file, because as will be indicated, the possessory right (derecho de posesión) he claims is his, is backed by the documentary and expert evidence incorporated; furthermore, he narrated in a coherent, clear, and detailed manner, without any flaw of contradiction or intention to exaggerate the acts suffered, but rather confined himself to pointing out what, in his opinion, was done by each of the defendants, at times acknowledging that at least one of them had not participated in preventing entry to his farm (finca) ([Name24] [Name36]), which makes his testimony worthy of credibility. There is no news of prior events generating a conflict between the parties (family, romantic, labor, or otherwise), other than the one that occupies us regarding the possessory right (derecho de posesión) and the disturbing acts attributed to the accused. As for [Name40], he is a person who does not even have a relationship with the accused; his role in the process is that of the seller of the property of the estates (fundos) whose possession (posesión) is discussed here. His legitimacy to transfer ownership or possession of the mentioned properties has not been disproven in any way, nor is there any element that would lead one to consider that the information provided is false or manipulated; rather, he is an impartial person in the process, who is not even a relative of the complainant and who only narrated what he knew. [[Name37]] and [[Name64]], despite being the victim's daughters, are not considered by the undersigned to be biased witnesses; on the contrary, their statements are deemed worthy of credibility, because although their interest relates directly to their father's well-being, this does not in itself imply that what was stated at trial is the result of a plan involving lying, exaggerating, or manipulating the information provided. There is not a single element that objectively suggests that both made false statements; rather, they narrated only what they could remember; no coached or rehearsed account was noticed in them; rather, their verbal and non-verbal language was absolutely spontaneous, and especially in the case of [[Name64]], this judge was able to notice traces of an impact that goes beyond a simple land conflict, as with her tears and gestures, she clearly described what happened on one of the occasions that involved an almost physical confrontation between the two accused [Name58] and [Name63], against the victim and themselves. So it is that [Name [Name53]], [Name [Name33]] and the victim [Name49] coincide in the primordial aspects of the sixth fact of the accusation, which describes an act disturbing the legitimate possessory right (derecho de posesión) that the victim (ofendido) has over his properties" (cfr[Name1] folio 512 vuelto, line 3 onwards; the transcription is literal). Thus, all the objections included in this first ground of appeal are dismissed.

V.- SECOND GROUND (form): Violation of the principle of continuity when pronouncing the dispositive part (parte dispositiva). The public defender claims that, for the purpose of pronouncing the dispositive part, the judge scheduled 07:15 hours on July 18, 2017. Given this, the appellant indicated to the judge that she (the defender) is entitled to breastfeeding time, so she starts work at 08:00 hours; despite this, the judge indicated that she was maintaining the time of the proceeding, and indeed started it at that time. Starting at 08:00 hours that day, the challenger herein appeared at the court to learn of the decision, and the court clerk informed her that all the parties who had appeared had already left (including the accused [Name62]). He indicated to the attorney herein that he appeared at approximately 07:30 hours and that (by then) the judge had already notified the dispositive part and had retired; that the clerk told him he had been sentenced to 6 months; that the full judgment was ready for July 26; that in the continuation of the trial, he understood that the (reading of the) dispositive part was at 07:30 hours; that at "that" time only the co-accused [Name23] was present. Based on the foregoing, Licenciada [Name65] asserts that the violation of due process is more than evident; that the pronouncement of the dispositive part is an essential part of the adversarial proceedings; that "the mandatory nature of presence is no secret to anyone" (cfr[Name1] folio 534); that (the judge) could have given a reasonable time to the accused "who were missing," and if within a reasonable period they had not appeared, what followed was to order their capture (which would not have been necessary, because both appeared at 07:30 hours); that the judge decided to pronounce the dispositive part despite the absence of the technical defense, even though there was just cause (for it); there is also a violation of due process by pronouncing the dispositive part in the complete absence of the accused, and that overlooking the part where the judge resolves the conflict and why she made the determination to convict him, created a real sense of injustice in the defendant (encartado). The claims are dismissed. The defense attorney does not manage to demonstrate what grievance was caused to the defendant (encartado) by the fact that said legal professional was not present at the time the dispositive part was pronounced, or that the accused (by an error attributable only to him) arrived late to said proceeding, it being clear that by that procedural phase, the adversarial proceedings were closed and during it the defense (technical and material) could only fulfill the passive role of hearing the jurisdictional decision adopted, as well as a brief outline of the reasons supporting it. Such decision, as well as its complete and definitive reasoning, is set forth in writing in the judgment, a document that was subsequently prepared, to which the defendant and his defender had full access, to the point that both were able to learn its content and challenge it, as they in fact did. Moreover, what occurred on that occasion was even recorded on video (cfr[Name1] record at folio 495 vuelto), from which—had it been of their interest—the parties could have obtained and reproduced it, with the same results as if they had been present. Based on the foregoing, the objection is dismissed.

POR TANTO:

Se declaran sin lugar los tres recursos interpuestos por la defensa pública de los imputados. NOTIFÍQUESE.- Mario Alberto Porras Villalta Patricia Vargas González [Name11] Juez y juezas de Apelación de Sentencia Penal Imputado: [Name13] y Otros Ofendido: [[Name10] ] Delito: Usurpación AALFAROS Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL del Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Clase de asunto: Recurso de apelación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Normativa Internacional: Convención americana sobre derechos humanos, Pacto de San José, Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, Declaración universal de derechos humanos, Pacto internacional de derechos civiles y políticos Sentencias en igual sentido Normativa internacional Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Penal Tema: Usurpación Subtemas:

Procedencia de la restitución de las cosas objeto del hecho punible pese a dictado de absolutoria y ausencia de acción civil.

Tema: Restitución de las cosas objeto del hecho punible Subtemas:

Procedencia a pesar del dictado de absolutoria y ausencia de acción civil.

Tema: Absolutoria penal Subtemas:

Procedencia de la restitución de las cosas objeto del hecho punible.

Tema: Acción civil resarcitoria Subtemas:

Ausencia de formulación no impide la restitución de las cosas objeto del hecho punible.

“I.- [Nombre1] El cuestionamiento que plantea la abogada defensora, al argumentar que la restitución no puede disponerse cuando se absuelve penalmente al imputado y cuando no se ha ejercido la acción civil resarcitoria[Nombre1] no resulta novedoso, siendo que este tribunal de apelación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto y no comparte tal posición. Así, con fundamento en lo que dispone de manera expresa el artículo 366 del Código Procesal Penal (que es una norma posterior al artículo 103 del Código Penal, que la impugnante cita en apoyo de su tesis), la jurisprudencia ha interpretado que aún en el supuesto de que se trate de un fallo absolutorio en cuanto a los extremos penales, el juzgador sí está facultado para ordenar ‒incluso de oficio‒ la restitución de los objetos afectados al procedimiento: “ [Nombre1] Existe un error en el fallo en cuanto al fundamento jurídico para ordenar el desalojo, pues la norma que autoriza esa medida no es el artículo 142 del Código Procesal Penal, sino el 366 ibídem[Nombre1] En esta se regula en forma expresa “La sentencia absolutoria ordenará....la restitución de los objetos afectados al procedimiento que no estén sujeto al comiso...”. En el caso en concreto el Tribunal tuvo por demostrado que el terreno ocupado por los imputados pertenece al Estado y es utilizado por el Ministerio del Ambiente y Energía, como parte del Proyecto de Ordenamiento Territorial Zona Núcleo del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. Sobre estos no puede alegarse la simple posesión o bien el derecho de posesión, en el tanto están fuera del comercio y resultan imprescriptibles [Nombre1]art. 262 del Código Civil y Sentencia 733-F-00, de las 15:12 horas del 4 de octubre del 2000, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Acreditada la pertenencia del predio y su destino a la preservación de la naturaleza, la consecuencia jurídica era la expulsión de los ocupantes, conforme se decretó en el fallo [Nombre1]” (cfr[Nombre1] Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, voto N° 2004-00933 de las 11:00 horas del 09 de setiembre de 2004). En el mismo sentido, siempre con base en lo dispuesto por el artículo 366 del Código Procesal Penal, se estimado la procedencia de la restitución de cosas al estado anterior aún en caso del dictado de una absolutoria, cuando se esté ante una infracción a la zona marítimo terrestre [Nombre1]cfr[Nombre1] Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, votos [Telf1] y [Telf2]). Incluso, se ha optado por esta solución aún en el supuesto de una sentencia absolutoria por el delito de usurpación: [Nombre1][Nombre1] si según los hechos probados, la aquí acusada se encuentra ocupando un predio que era poseído por otra persona, lo consecuente es ordenar la restitución en la misma sentencia, con el fin de no retardar innecesariamente el regreso de la ofendida al inmueble. Al respecto, en un fallo de 1992, nuestra Sala de Casación indicó, para un caso en que se comprobó el hecho de usurpación, lo siguiente: “Debe admitirse que lo óptimo es que, en casos como el presente, la restitución de la posesión se ordene en la misma sentencia que condena por el delito de usurpación, a efecto de no retardar innecesariamente el regreso del ofendido al poder de hecho por el cual sometía a su control y voluntad el inmueble usurpado, sin embargo, si tal disposición se omite en la sentencia, nada impide que con posterioridad a ella se dicte una resolución que -en ejecución de aquella condena- venga a ordenar el desalojo del inmueble por parte del usurpador para que el ofendido entre en su posesión, como sucedió en el caso en examen. No sobra decir que tal solución es no solo la que deriva de la correcta aplicación y entendimiento de la ley, sino que además es la que imponen las normas más elementales del sentido común: resultaría absurdo que el imputado, amparándose a la sentencia que le condena por el delito de Usurpación, legitimara y mantuviese la posesión del mismo inmueble a que accedió en forma típica, antijurídica y culpable”. Sala Tercera de la Corte Suprema De Justicia, V-107-F, de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del tres de abril de mil novecientos noventa y dos.- Este fallo es aplicable al subjúdice[Nombre1] no sólo porque advierte la necesidad de no mantener un sinsentido jurídico, el cual se daría al absolver a alguien por la usurpación, porque ostentaba una falsa creencia sobre su mejor derecho de poseer el bien y de obtener su adjudicación legal, y luego mantenerlo en la posesión hasta tanto se demuestre el mejor derecho de posesión de la ofendida, quien adquirió, con las dificultades probatorias y negociales que pudieran existir, el derecho a poseer ese bien. La prueba habida, así como las consideraciones técnicas y jurídicas que hace el defensor, hacen prevalecer el criterio de la juzgadora de mérito y de este Tribunal, que en este caso debe ordenarse el abandono del predio, y que si la señora [Nombre2] considera que su derecho debe prevalecer, así habrá de plantearlo en otra sede, civil o agraria, según sea la naturaleza del fundo y de su dedicación. De acuerdo con lo antes expuesto, se tiene que la orden de restitución del inmueble a favor de la señora [Nombre [Nombre3]]. ni siquiera podría interpretarse como una sanción (ni penal ni civil), sino más bien como una consecuencia natural y lógica, derivada de la prueba evacuada en el juicio [Nombre1] Así las cosas, no obstante la absolutoria dictada en cuanto a la imputación penal, el juez de mérito estaba obligado a ordenar que la titular del bien en litigio fuese puesta en posesión del mismo, por tener un mejor derecho de posesión. Al respecto se tiene que en la generalidad de los casos el bien en discusión se encuentra en poder del acusado absuelto, por lo cual si se llegara a acreditar que la titularidad sobre el mismo corresponde a un tercero (como sucedió en la especie), debe restituírsele a éste. (El resaltado no es del original). El artículo 366 párrafo 1º del Código Procesal Penal establece que la sentencia, aún siendo absolutoria, ordenará la restitución de los objetos que estén afectados al procedimiento y que no estén sujetos a comiso, sin que precise que esa restitución deba hacerse en favor de un sujeto determinado. Ello implica, entonces, que a dichos efectos el juzgador deberá determinar cuál es la persona que tiene mejor derecho sobre el objeto, aún y cuando se trate de un tercero. Si bien podría interpretarse que esta norma no se refiere a bienes inmuebles sino más bien a simples "objetos" (muebles), tal tesis debe rechazarse, no sólo porque el comiso también es aplicable a propiedades (artículo 465 del Código Procesal Penal), sino además porque el numeral 140 ibidem establece que en cualquier estado del proceso y a solicitud del ofendido, el juez podrá ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho. Si el juzgador ostenta esta potestad como medida provisional, con mucha más razón puede decretarla como restitución definitiva al dictar la sentencia de fondo, donde que se haya determinado la titularidad del bien que ostenta determinada persona. Por otra parte, debe reiterarse que la orden de restitución del inmueble a favor de la señora [Nombre [Nombre3]]. ni siquiera podría interpretarse como una sanción (ni penal ni civil), sino más bien como una consecuencia natural y lógica, derivada de la prueba evacuada en el juicio, a partir de la cual se logró acreditar que ella lo adquirió en 1999 y desde entonces ha venido ejerciendo la posesión sobre el mismo. Al respecto se comprende que el artículo 366 párrafo 1º ya comentado, donde se le exige al juez que emita el respecto pronunciamiento en cuanto a este extremo, determina que esa decisión es oficiosa, pues a efectos de ordenar la restitución no se requiere que, como condición previa, la parte ofendida haya ejercido la acción civil resarcitoria[Nombre1] ni tampoco que en cuanto a ello haya formulado una pretensión directa y expresa. El hecho de que aún y cuando no haga falta hacerlo, la parte ofendida plantee dicha demanda (con lo cual podría obtenerse por dicha vía una "condena" a restituir, según lo dispone el artículo 464 del Código Procesal Penal), de ningún modo implica que la acción civil era necesaria. Por lo expuesto, sin lugar el recurso [Nombre1]” (cfr[Nombre1] voto del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José N° [Telf3] de las 09:18 horas del 20 de octubre de 2016, que a su vez cita y se apoya en el voto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia N° 107-F-92 de las 08:55 horas del 03 de abril de 1992). En este mismo sentido, es decir, que la restitución procede aunque no se haya ejercido acción civil resarcitoria[Nombre1] también pueden consultarse los votos de la Sala Tercera N° 1462-2004 y N° 604-F-91. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe precisar que, obviamente, la orden de restitución podrá disponerse siempre que dicha medida sea materialmente posible, lo cual por ejemplo sucederá cuando, tratándose de un bien mueble, el mismo esté en poder del despacho judicial [Nombre1]cfr[Nombre1] hipótesis regulada por el artículo 367 del Código Procesal Penal). De igual modo, tratándose de bienes inmuebles la restitución (de proceder) siempre será factible, en la medida en que la autoridad jurisdiccional podrá apersonarse al terreno respectivo y mediante un acto formal lo dejará en posesión de la persona legitimada para ello. Es claro que tal opción no sería posible en casos en los cuales se trate de bienes muebles que, al no estar secuestrados o entrados en depósito provisional, no se sepa dónde se hallan o si todavía existen, siendo en tal supuesto que, como medida subsidiaria, lo que corresponderá será una reparación económica mediante la condena al pago de daños y perjuicios. No desconoce este órgano de apelación que la posición antes reseñada, en el sentido de que la restitución oficiosa procederá ‒en principio‒ aún en el supuesto de que se haya dictado una absolutoria en lo penal y pese a que no se haya ejercido por el titular del inmueble la acción civil resarcitoria[Nombre1] no es del todo pacífica en el foro jurídico nacional, siendo que el tratadista Javier Llobet Rodríguez, aún reconociendo que existe la tendencia jurisprudencial supra referida (sustentada en la disposición directa y expresa que incorpora el artículo 366 del Código Procesal Penal), propugna una interpretación contraria, en el sentido de que el Código Procesal Penal de 1996 responde a un sistema clásico según el cual (sostiene el autor [Nombre4] ) se requiere, a efectos de disponer la restitución, del ejercicio de la acción civil resarcitoria: “ [Nombre1] Se ha interpretado por los tribunales que es posible ordenar la restitución aunque no se haya presentado la acción civil resarcitoria[Nombre1] ello sin perjuicio de que la restitución pueda ser el reclamo que se formule cuando se interpone la misma (Así: Sala Tercera, voto 1462-2004 del 22-12-2004). Con base en ello la jurisprudencia ha establecido que cuando se dicte una sentencia condenatoria por usurpación procede ordenar la restitución del bien. Incluso en casos de absolutoria se ha admitido ello cuando la sentencia se ha basado en la admisión de un error del ocupante que no elimina la antijuricidad[Nombre1] El artículo 140 del C.P.P[Nombre1] establece que como medida cautelar puede disponerse la restitución provisional de las cosas al estado anterior. No es claro a qué se refiere el artículo 361 inciso d) al referirse a la restitución. Pareciera que la referencia tiene relación con la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho, de acuerdo a los artículos 366 y 367 del C.P.P[Nombre1] Téngase en cuenta que el mismo artículo 366 del C.P.P[Nombre1] hace mención al término ‘restitución’ de los objetos afectados al procedimiento. Debe considerarse que conforme al C.P.P[Nombre1] de 1996 rige el sistema clásico de la acción civil, de modo que se requiere que la misma sea ejercida por quien reclama que ha sufrido un daño, no procediendo de oficio. Al respecto debe anotarse que el artículo 37 del C.P.P[Nombre1] establece como fin de la acción civil la restitución del objeto materia del hecho punible, así como la reparación de los daños y perjuicios causados. Aspecto fundamental de la acción civil es el restablecimiento de las acosas al estado anterior, de modo que la reparación de los daños y perjuicios es solamente subsidiaria. Sin embargo, los tribunales (véase: Sala Tercera, voto 1272-2008 del 29-10-2008), cada vez más han venido disponiendo la restitución de las cosas al estado anterior de oficio, lo que no es conforme al sistema seguido por el Código. Usualmente se invoca el artículo 102 del Código Penal de 1970 para ello, pero el mismo parte de un sistema positivista de la acción civil, de modo que la restitución al estado anterior y el pago de daños y perjuicios deben ordenarse de oficio. No se ha percatado que ese sistema fue derogado a partir del C.P.P[Nombre1] de 1973 y ello se ratificó con el C.P.P[Nombre1] de 1996 que lejos de partir de un concepto positivista de la acción civil, establecieron la necesidad de que se constituyera el actor civil reclamando la restitución al estado anterior y el eventual pago de daños y perjuicios [Nombre1]” [cfr. Llobet Rodríguez Javier, [Nombre1]PROCESO PENAL COMENTADO (CÓDIGO PROCESAL PENAL COMENTADO)[Nombre1] Editora Dominza y Editorial Jurídica Continental, San José, 6ª edición, 2017; páginas 545 y 546]. Siguiendo la anterior posición, el Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José estimó (en un caso donde el tribunal de juicio dictó condenatoria por el delito de retención indebida de una máquina de coser, y ordenó la restitución de dicho bien mueble pese a que el mismo no había sido secuestrado o decomisado) que si no se planteó acción civil y no se ha decomisado el bien, no puede ordenarse de oficio la restitución: “ [Nombre1] Se planteó por la defensa de la imputada recurso por el fondo. Indica que se condenó al imputado como autor del delito de apropiación indebida, pero el tribunal extralimitó su labor y le ordenó que devolviera la máquina [Nombre5][Nombre1] bajo el apercibimiento de cometer el delito de desobediencia a la autoridad en caso contrario. Indica que la parte ofendida nunca planteó la acción civil. El recurso se declara con lugar. En la sentencia se indicó que “de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 del Código Penal este Tribunal considera necesario enervar los efectos producidos por el hecho delictivo cometido por la imputada. En esa inteligencia, se le ordena a la señora [Nombre [Nombre6]]. la devolución de una máquina de coser marca [Nombre5][Nombre1] color blanco, de motor, con su respectiva mesa, en estado de ser utilizada, tal y como le fuera prestada, a la señora [Nombre [Nombre7]]., bajo apercibimiento legal de seguirle causa penal por el delito de desobediencia, si no cumple con lo ordenado. Para tal efecto, se le concede a la imputada un plazo de quince días luego de la firmeza del plazo. Ciertamente, si en el caso de estudio se ha demostrado que la posesión ejercida por la imputada sobre el bien propiedad de la ofendida es producto de un hecho delictivo es evidente que el ordenamiento jurídico no podría consentir la proyección y perpetuación de los efectos de ese hecho antijurídico en el tiempo. En definitiva, determinar la existencia del hecho delictivo y mantener a la imputada en posesión del bien objeto del delito sería favorecer un enriquecimiento sin causa. Por ello, este Tribunal opta por enervar la efectividad desplegada por el hecho delictivo (que no eficacia la cual solo puede ser consecuencia de un hecho debido) ordenando la devolución aquí dispuesta. En todo caso, la ofendida al iniciar su declaración indicó que su interés era recuperar la máquina de coser prestada a la imputada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 140 del Código Procesal Penal, el juez aun como una medida, cautelar puede ordenar que las cosas sean restablecidas al estado en que se encontraban antes del hecho. Por lo tanto, si ello puede ser ordenado aún como medida provisional más solidez tiene esa restitución de las cosas al estado anterior cuando se ha comprobado la existencia del delito acusado” [Nombre1] El juzgado siguió al respecto la concepción positivista de la acción civil, debiendo reconocerse que dicha concepción efectivamente se encuentra detrás del artículo 103 del Código Penal, puesto que parte de que todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, la que debe ser determinada al dictarse la sentencia condenatoria, debiendo dictarse incluso de oficio dicha reparación. Sin embargo, dicha posición es diversa a la que inspira el Código Procesal Penal, que es ley posterior, ya que en principio siguió la concepción clásica sobre la acción civil, requiriéndose que la parte damnificada a sus herederos presenten su reclamo civil en el proceso penal [Nombre1]Arts[Nombre1] 37, 111 y 368 del Código Procesal Penal) (Cf. Llobet Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. San José, Editorial Jurídica Continental, 2003, p.351). El artículo 367 del citado Código contiene una excepción al respecto, puesto que debe disponerse la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos, ello aun cuando no se haya presentado el reclamo civil. Este supuesto, sin embargo, no se aplica al caso concreto, ya que la máquina de coser en cuestión no ha sido secuestrada. En la sentencia se hace mención al artículo 140 del Código Procesal Penal, en cuanto indica que en cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el tribunal puede ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. Esta disposición ha tenido relevancia en particular con respecto a los delitos de usurpación (Cf. Llobet Rodríguez, Javier, op. Cit[Nombre1] p. 194), en los que el restablecimiento al estado anterior implica la expulsión utilizando la fuerza pública de la persona que estaría usurpando el inmueble. Igualmente puede justificar dicha norma la restitución provisional del objeto secuestrado. Sin embargo, esos supuestos son diversos a los correspondientes al presente asunto, en el que ni siquiera se sabe dónde se encuentra el bien apropiado por la imputada. Si se siguiera la posición sostenida en la sentencia entonces en todas las causas penales habría que disponer de oficio la reparación civil, ordenándose la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios (Art. 122 del Código Penal de 1941). Esa no fue la concepción, como se dijo, de la que se parte en la legislación procesal penal. Por otro lado, si se considerara que la imputada comete el delito de desobediencia a la autoridad en caso de no devolver la máquina de coser se estaría violentando el principio del ne bis in idem[Nombre1] puesto que se le estaría penando dos veces por el mismo hecho (Art. 11 del Código Procesal Penal y 8 inciso 4) de la Convención Americana de Derechos Humanos). Se declara con lugar el recurso de casación. Se revoca la sentencia en cuanto indica que se le ordena a la señora [Nombre [Nombre6]]. la devolución de una máquina de coser marca [Nombre5][Nombre1] color blanco, de motor, con su respectiva mesa, en estado de ser utilizada, tal y como le fuera prestada, a la señora [Nombre [Nombre7]]., bajo apercibimiento legal de seguirle causa penal por el delito de desobediencia, si no cumple con lo ordenado [Nombre1]” (cfr[Nombre1] Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, voto N° [Telf4] de las 09:12 horas del 03 de junio de 2004). Si bien este pronunciamiento resulta acertado al afirmar que no procede la restitución de un bien mueble que no ha sido secuestrado o decomisado (en cuyo caso sólo quedaría la opción de disponer, como solución subsidiaria, la condena al pago de daños y perjuicios), no lleva razón al rechazar la posibilidad de la restitución en los casos en donde no se ejerció la acción civil resarcitoria. La anterior posición doctrinal que se comenta adolece de un débil sustento, pues parte de una interpretación muy laxa del artículo 366 del Código Procesal Penal, según la cual (refiere el autor [Nombre4] ) [Nombre1]pareciera[Nombre1] que la alusión que hace el artículo 366 del Código Procesal Penal a la restitución de los objetos afectados al procedimiento que no estén sujetos al comiso[Nombre1] se refiere a la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho. Es notorio que tal interpretación se estructura a partir de la palabra “pareciera”, concepto no sólo dubitativo, impreciso y nada asertivo, sino además subjetivo, lo cual la deslegitima por completo. En este sentido debe hacerse hincapié en que, a partir del principio general de Derecho según el cual no es dable distinguir donde la ley no lo hace [Nombre1] el artículo 366 que se comenta no señala que los objetos afectados al procedimiento que no estén sujetos al comiso consisten en “objetos secuestrados” (es decir, bienes muebles, como lo interpreta y entiende el tratadista supra citado), pues si se analiza dicha norma de modo integral se aprecia que también se alude a objetos que no estén sujetos al comiso[Nombre1] dentro de los cuales también entrarían los bienes inmuebles [Nombre1]cfr[Nombre1] artículo 489 del Código Procesal Penal). Teniendo claro todo lo anterior, es necesario reseñar las razones a partir de las cuales fue absuelto el coimputado [Nombre8] del delito de usurpación, así como por qué, pese a ello, la jueza de mérito estimó procedente disponer la restitución del inmueble a favor del ofendido [[Nombre9] ], siendo que este órgano de apelación no advierte yerro alguno en los fundamentos de tal decisión jurisdiccional. Al respecto se tiene lo siguiente: A) ABSOLUTORIA. Si bien en juicio se acreditaron algunas conductas desplegadas por esta persona que claramente perturban el derecho de posesión del ofendido, no se probaron con certeza los tres hechos específicos, puntuales y concretos que, según la descripción fáctica que se plasma en la requisitoria fiscal, le fueron atribuidos al mismo por parte del Ministerio Público. Debido a ello, en respeto de los principios de imputación y de correlación entre acusación y sentencia, la juzgadora estimó que lo que correspondía era el dictado de una absolutoria. En efecto, y según se argumenta en la sentencia, en la acusación fiscal se alude a que [Nombre8] “[…] junto a [Nombre10] y [Nombre11] , perturbó en la posesión legítima de sus propiedades al ofendido [[Nombre9] ], con la intención de usurpar y adueñarse de sus propiedades, al sembrar plantas de plátano, ingresar ganado y amenazar con machetes al ofendido (hecho N.02); usurpar la propiedad de [[Nombre9] ], con el fin de impedir que el ofendido ingresara a la misma (hecho N.05) y por último, junto a los otros dos imputados y con el fin de usurpar la propiedad del agraviado, sembrar matas de plátano al otro lado del río de las propiedades de [[Nombre9] ], e ingresar veinte cabezas de ganado […]” (cfr[Nombre1] sentencia, folio 508 frente, línea 3 en adelante). Se demostró, a partir de la prueba testimonial evacuada en juicio (declaraciones de [Nombre [Nombre12]], [Nombre [Nombre13]], [Nombre [Nombre14]] y [Nombre [Nombre15]]), que en una acción de desahucio cumplida en el mes de diciembre de 2011 se procedió a la expulsión del imputado [Nombre8] de una de las fincas cuya posesión se atribuye al ofendido [[Nombre9] ]. Esta circunstancia coincide parcialmente con lo narrado en el punto quinto de la acusación, pues nunca se acreditó que (conforme se indica en dicha pieza) tratara de impedir el ingreso del ofendido. Así, los actos típicos del delito de usurpación (a saber, sembrar plátanos, ingresar ganado a la propiedad, amenazar al ofendido con machetes cuando éste intenta ingresar al fundo, e impedirle el paso) son situaciones que no arroja la prueba testimonial ni documental. El encartado [Nombre16] dice tener un derecho de posesión sobre la finca objeto de la litis, pero no reconoce haberla invadido dentro del período que comprende la acusación; incluso, según el testimonio del propio denunciante, el avistamiento del encausado [Nombre17] en la finca se dio en una ocasión en la que es expulsado y [Nombre1]detenido[Nombre1] por parte de la policía administrativa, pero no existe manifestación alguna que sugiera que [Nombre18] ingresara nuevamente al predio y ejecutara actos perturbatorios de la posesión del ofendido. No es posible achacar al imputado un conducta de invasión al fundo del agraviado si solo una vez se le observó en el sitio, y si nunca se le vio ingresar ganado y realizar siembras; además, el único momento en que el ofendido lo vio sacar plátanos de la finca, no implica de forma certera que se tratara de una plantación hecha por el propio encartado, porque la prueba de cargo ([Nombre [Nombre12]] y [[Nombre19] ]) señala que su padre, el aquí ofendido, también tenía siembras en la finca, por lo que podría hablarse inclusive de un posible hurto, que nunca fue acusado. RESTITUCIÓN [Nombre1]cfr[Nombre1] folio 516, línea 20 en adelante). En lo relativo a la orden de restitución del terreno a favor del agraviado, en el fallo se explica que tal decisión se sustenta en los artículos 140 y 367 del Código Procesal Penal, ello debido a que se acreditó su legítima posesión sobre los fundos en conflicto. En torno a este tema (la legítima posesión a cargo del ofendido, con respecto a la cual no resultan oponibles el documento ni la posesión que alegó el encartado absuelto [Nombre20] [Nombre1] y con ocasión del fallo condenatorio que se dictó en contra de los coencartados [Nombre10] y [Nombre21] [Nombre22], en el fallo se expone un amplio y coherente análisis de la prueba [Nombre1]cfr[Nombre1] folio 510 frente, línea 29 en adelante), explicándose lo siguiente: (i) Versión del coimputado [Nombre23] . Al declarar en juicio, el imputado [Nombre21] no externa manifestación alguna en cuanto al derecho de posesión que alega tener el agraviado; más bien pareciera reconocer que éste le había contado haber comprado una de esas propiedades (a don [Nombre24][Nombre1] sin que alegue tener un mejor derecho sobre las mismas. Asimismo, no hay justificación en sus manifestaciones cuando señala que los testigos quieren hacerle daño, porque no explica, en ningún momento, la razón o motivo de esa maligna intención. Así, no expone algún conflicto con [[Nombre9] ] por la posesión del inmueble objeto de esta litis, siendo que refirió que tiene unas fincas en el mismo sitio (Los Laureles), pero que no colindan de forma alguna con las del aquí denunciante, situación que también se ve reflejada con el dictamen pericial DCF: 2016-01530-ING de folios 467 al 470, quedando claro que no existe ningún traslape en los planos de las fincas del ofendido y de [Nombre21] . (ii[Nombre1] El ofendido explicó cuándo, cómo y de quién adquirió cada una de las cuatro parcelas objeto de este litigio. Al respecto, la jueza razona lo siguiente: [Nombre1][Nombre1] el ofendido [Nombre [Nombre13]], refirió en el contradictorio que su propiedad se compone de cuatro fincas, las que juntas suman 25 o 30 hectáreas, hay dos que cuentan con títulos de propiedad y otras dos que no; de las cuatro, según indicó, tres fueron compradas a [Nombre25] , pero solo una estaba a nombre de [Nombre26], la otra a nombre de [Nombre27] y la última a nombre de un hermano de [Nombre26], llamado [Nombre28]. La cuarta propiedad era de [Nombre29] . Refirió que se compraron en el año 1997, pero con documentos se legalizó hasta el año dos mil seis. Aclaró que de las tres propiedades que le compró a [Nombre26] (una de [Nombre26], una de [Nombre27] y la otra de [Nombre28]), la de [Nombre28] sí tiene escritura, que está en el I.D.A[Nombre1] que la que está a nombre de [Nombre27] [Nombre1] a pesar de que éste falleció, los hijos se comprometieron a hacer el traspaso una vez se efectúe ‘la mortual’ [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 511 frente, línea 16 en adelante). [Nombre1]iii[Nombre1] El testigo [Nombre30] [Nombre1] vendedor de tres de las cuatro parcelas, ratificó la versión del ofendido, siendo que ‒en criterio del tribunal de mérito‒ las deposiciones resultan creíbles: “ [[Nombre1] Don [Nombre30] [Nombre1] también declaró y verificó con su dicho la información que brindó en juicio el ofendido. [Nombre26] reconoce haber negociado tres parcelas con el ofendido, las que están ubicadas por la boca del Río Reventazón, un de ellas inscrita a su nombre, otra que él le había comprado a un sujeto de raza negra que falleció, y la otra que un hermano suyo le dio en pago de una deuda. Refiere que esa venta ‘de boca’, o sea, de palabra, se dio hace unos quince años, pero que hace aproximadamente siete años se hizo el traspaso. Al describir las propiedades, indicó que las tres colindan entre sí, las divide una línea de tren, y casi todas tienen como lindero el Río Peje [Nombre1] En cuanto a [Nombre26], es una persona que tan siquiera tiene relación con los imputados, su papel en el proceso es el de vendedor de la propiedad de los fundos[Nombre1] cuya posesión aquí se discute, no se ha desvirtuado de forma alguna, su legitimación para trasladar el dominio o la posesión de las mencionadas propiedades, tampoco existe elemento alguno que haga considerar que la información brindada es falsa o manipulada, sino que se trata de una persona imparcial en el proceso, que no es tan siquiera familiar del denunciante y que únicamente narró lo que le constaba [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 511 frente, línea 26 en adelante). [Nombre1]iv[Nombre1] Prueba documental. La juzgadora también analiza la prueba documental, consistente en los testimonios de escrituras que aparecen agregados al expediente a folios 32, donde se constata el historial de propietarios que han venido ostentado la titularidad de las referidas parcelas, y de los cuales el ofendido las adquirió, siendo que tal información coincide plenamente con la explicación que al respecto brindaron éste y el testigo [Nombre30] (cfr[Nombre1] folio 511 vuelto, línea 27 en adelante). A partir de ello se corrobora el siguiente historial de las 4 parcelas: [Nombre1]iv.a[Nombre1] el 12 de setiembre de 1986, el IDA traspasa un primer terreno a [Nombre31] , persona de quien el señor [Nombre30] (según éste así lo declaró) lo adquirió, para ‒posteriormente‒ vendérselo verbal e informalmente (“de boca” o de “palabra”) al ofendido [[Nombre9] ], siendo que dicho inmueble aún aparece inscrito a nombre de dicho deponente; [Nombre1]iv.b[Nombre1] el 25 de junio de 1988, el Instituto de Desarrollo Agrario segrega el lote veintinueve del proyecto Neguev a [Nombre32] , mismo que vende a [[Nombre9] ], formalmente, en fecha 09 de junio de 2008, tal y como consta en escritura que rola a folio 150 y en certificación registral de folio 142 del legajo principal; [Nombre1]iv.c[Nombre1] Con respecto al fundo que, según se indica por parte de [Nombre26], le fue comprado a su hermano [Nombre33] , se desprende de los testimonios de [Nombre34] y de [Nombre26] que años más tarde de que la venta se hiciera de forma verbal, el mismo [Nombre26] sugiere al ofendido que busque a su hermano [Nombre28], más conocido como [Nombre33] , para que le haga la escritura de traspaso, acto que se lleva a cabo el veinte de julio de 2007, propiedad que a su vez había adquirido mediante compra venta al señor [Nombre35] el 26 de julio de 1983; [Nombre1]iv.d[Nombre1] Por último, la finca conocida como lote número 32, que aparece inscrita a nombre de [Nombre36] (ver del folio 169 al 180), fue vendida en forma verbal por dicho propietario registral a [Nombre26], conforme al testimonio de éste; en aquel momento únicamente se brindó una especie de factura como comprobante del negocio, y años más tarde [Nombre26] realizó una venta de la misma especie (verbal) con [[Nombre9] ]. Con relación a este cuarto terreno, en el fallo se explica que el agraviado [Nombre1][Nombre1] ha reconocido que se encuentra en conversaciones con los herederos de [Nombre37] [Nombre1] a fin de proceder al traspaso en el Registro Público de la propiedad mencionada [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 512 frente). A partir de lo anterior, la jueza de instancia no sólo logra reconstruir el historial de propietarios que han ostentado la titularidad de los cuatro fundos hasta ser adquiridos por el denunciante, siendo que tales transacciones [Nombre1]de boca[Nombre1] o [Nombre1] de palabra[Nombre1] (verbales e informales) no se documentaron hasta años después, siendo que ‒además‒ se logró determinar que [Nombre1] [Nombre1] las propiedades descritas, si bien unas a nombre del ofendido y otras no, forman parte de un solo fundo (dado que son colindantes) sobre el cual el ofendido [Nombre [Nombre13]] ha ejercido la posesión de forma pacífica y pública, desde el momento mismo en que las adquiere de sus propietarios o poseedores [Nombre1]” (cfr[Nombre1] 512 vuelto, líneas 1 a 4). (v) Ese ejercicio de la posesión por parte del ofendido, de forma legítima, pacífica, continua y pública, también se acreditó a partir de las declaraciones de las testigos de cargo [Nombre [Nombre12]] y [Nombre [Nombre38]], ambas hijas suyas. [Nombre1]vi[Nombre1] Los testigos de descargo [Nombre [Nombre39]] y [Nombre [Nombre15]] señalaron que el agraviado tiene una propiedad que colinde con el río Peje. [Nombre1]vii[Nombre1] El coimputado [Nombre10] no emitió declaración alguna. [Nombre1]viii[Nombre1] Los documentos admitidos como prueba de descargo y que rolan de a folios 331 a 356 de los autos, no desacreditan de forma alguna la posesión que sobre las fincas tiene el ofendido [[Nombre9] ], sino que se trata de probanzas que forman parte de las admitidas como prueba de cargo, sea, certificaciones registrales y planos que comprueban la propiedad registral que tiene el ofendido sobre dos de las fincas, los planos catastrados que ilustran la ubicación de cada fundo y que acreditan el dicho del ofendido y los testigos de que tales fincas colindan entre sí y que pueden verse como una sola, pues así se ha ejercido la posesión sobre las mismas. Es a partir de todo este contexto que la juzgadora de mérito no sólo establece el legítimo dominio que ha venido ejerciendo el ofendido sobre los terrenos, ello desde el año 1997, sino que partiendo de esa base fáctica y jurídica concluye de modo acertado y fundado que la copia de una compra venta privada aportada por el coencartado [Nombre8] (con fundamento en la cual alega que es él quien está ocupando el inmueble) no es oponible al agraviado, quien ostenta un mejor derecho a poseerlo pues ha detentado los terrenos desde mucho tiempo antes, incluso mucho tiempo antes de que se confeccionara el documento de folio 36, de modo que no resulta atendible el argumento de la recurrente en el sentido de que la carta venta privada que presentó el coencartado [Nombre20] aparece fechada unos meses antes. Resulta notorio el carácter subjetivo y parcializado del reclamo de la defensora pública, según el cual ella asegura que del análisis de la prueba, tanto documental como testimonial, no puede tenerse certeza de cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre una finca que se encuentra sin inscribir. Contrario a ello y conforme se explicó supra[Nombre1] en la sentencia existe una valoración de los elementos evacuados en juicio, tanto documentales como testimoniales, que permite comprender no sólo cuándo y cómo adquirió el ofendido la propiedad que reclama el encartado, sino ‒además‒ que la ha venido poseyendo a título de dueño, de forma legítima, pacífica y pública, desde el año 1997. En efecto, tal y como se explicó atrás, se trata de una de las cuatro parcelas, en concreto la que perteneció al señor [Nombre35] , quien mediante compra venta del 26 de julio de 1983 se la traspasó al señor [Nombre40] , ; de manera verbal, éste se la traspasó a su hermano [Nombre26] en pago de una deuda preexistente; de igual modo, en 1997 [Nombre26] se la vendió al señor [[Nombre9] ], aunque no fue hasta el 20 de julio de 2007 que, por sugerencia del propio señor [Nombre30] [Nombre1] se confeccionó el documento privado de folio 36 donde [Nombre41] [Nombre1][Nombre42] ) se la vende al ofendido [[Nombre9] ]. Ello determina la improcedencia del reparo de la recurrente, pues ‒contrario a lo que ella sostiene‒ sí existió prueba, que fue debidamente analizada, que permitió establecer de modo certero el legítimo y mejor derecho de posesión que ostenta el señor [[Nombre9] ] sobre este terreno, siendo que [Nombre1]además‒ el ingreso del encartado se dio mucho tiempo después de que aquel estuviera ejerciendo el dominio sobre el fundo: [Nombre1][Nombre1] No existe indicio alguno que sugiera la existencia de un mejor derecho sobre los inmuebles, tan siquiera por parte de [Nombre16] , quien señaló estar ocupando el inmueble y aportó una copia de compra venta privada [Nombre1] folio 07), que al ser analizada, es claro, que el ofendido cuenta con un mejor derecho, por los antecedentes de la finca, en cuanto al traslado de la posesión que tanto formal como de hecho, se realizó desde mucho tiempo antes de que el encausado [Nombre17], fuera ubicado en uno de los lotes pertenecientes al ofendido. Inclusive, el ofendido, a quien se le da credibilidad por las razones que se apuntaron al inicio de éste apartado de la sentencia, refirió que aún y cuando se había brindado autorización para que [Nombre43] trabajara en el inmueble, al tratar de desalojarlo de éste, dos días después de un desalojo administrativo que operó en las fincas, se ubicó a [Nombre16] , que había ingresado con su familia al fundo de forma ilícita, esto porque la posesión ya le pertenecía al agraviado [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 513 frente). Sí llama la atención de este tribunal de apelación que, pese a que en juicio indicó que él le había comprado el derecho de posesión del terreno a su hermano [Nombre44] , el computado [Nombre8] ni siquiera pudo explicar cómo fue que aquel lo adquirió [Nombre1]cfr[Nombre1] folio 499 vuelto), lo que da cuenta de la debilidad e insuficiencia del título que exhibe y sobre el cual sustenta su alegato de tener derecho a ocupar la parcela.” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas Resolución: 20 18-0095 TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL . Segundo Circuito Judicial de San José[Nombre1] Goicoechea, a l ser las nueve horas cuarenta y cuatro minutos, del treinta de enero de dos mil dieci ocho [Nombre1] RECURSO S DE APELACIÓN interpuesto s en la presente causa seguida contra [Nombre2] , , costarricense, cédula de identidad número CED1 [Nombre1] nacido en Guanacaste, el 25 de febrero de 1946, hijo de [Nombre3] [Nombre1] soltero, de oficio pensionado [Nombre1] vecino de Limón, Siquirres[Nombre1] Los Laureles de la Pulpería Evangélica un kilometro al norte después del puente del ICE, un rancho [Nombre1] [Nombre4] , , costarricense, cédula de identidad número CED2 [Nombre1] nacido en Guanacaste, el 20 de agosto de 1971, hijo de [Nombre5] y [Nombre6] [Nombre1] soltero, de oficio operario de bananera [Nombre1] vecino de Limón, Siquirres[Nombre1] asentamiento [Dirección1] , Parcela [Dirección2] [Nombre1] [Nombre7] , , costarricense, cédula de identidad número CED3 [Nombre1] nacido en Guanacaste, el 30 de setiembre de 1980, hijo de [Nombre8] y [Nombre9] [Nombre1] soltero, de oficio agricultor [Nombre1] vecino de Limón, Siquirres[Nombre1] el Peje, los Laureles, de la Iglesia cuadrangular de [Dirección1] , 600 metros al oeste, casa color natural [Nombre1] por el delito de USURPACIÓN en perjuicio de [[Nombre10] ] . Intervienen en la decisión del recurso, el juez Mario Alberto Porras Villalta y las co-juezas Patricia Vargas González y [Nombre11] [Nombre1] Se apersonaron en esta sede el licenciado [Nombre12] , defensor público del encartado [Nombre13] ; la licenciada [Nombre14] defensora pública del imputado [Nombre15] [Nombre1] la licenciada [Nombre16] defensora pública del encartado [Nombre17] y el licenciado [Nombre18] , representante de la Fiscalía de Siquirres [Nombre1]

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 109 -20 17 [Nombre1] de las siete horas quince minutos del dieciocho de julio de dos mil diecisiete [Nombre1] el Tribunal Penal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Sede Siquirres [Nombre1] resolvió: " POR TANTO: De conformidad con lo expuesto y con los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 26 de la declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 30, 31, 71, 73, 225 inciso 03 del Código Penal; numerales 1 a 6, 9, 12, 13, 140, 141 y 142, 175 al 179, 184, 265, 303, 328, 330, 333, 335, 351, 352, 363 a 367 del Código Procesal Penal, por unanimidad se resuelve: A. Se rechaza la actividad procesal defectuosa incoada por la defensa técnica. B. Se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre15] de un delito de Usurpación acusado como cometido en daño de [Nombre [Nombre19]]. C. Se absuelve de toda pena y responsabilidad a [Nombre13] por un delito de Agresión con Arma acusado como cometido en daño de [Nombre [Nombre19]]. D . Se declara a [Nombre13] Y [Nombre20] , autores responsables de UN DELITO DE USURPACIÓN en daño de [[Nombre10] ] , y en ese carácter se les impone una pena de SEIS MESES DE PRISIÓN pena que deberán descontar en el lugar y forma que indiquen los respectivos reglamentos penitenciarios, previo abono de la preventiva sufrida. Por cumplir con los presupuestos legales se les otorga el beneficio de ejecución condicional de la pena por el plazo de tres años, bajo el apercibimiento de no cometer delito doloso sancionado con pena de prisión mayor a seis meses. E. Se ordena la restitución de las cosas a su estado anterior, para lo cual se autoriza la ejecución por medio de las autoridades policiales que correspondan, de los actos necesarios para la destrucción de las edificaciones y sembradíos que se encuentren ubicados en las fincas cuya posesión corresponde al ofendido [[Nombre10] ] y que están ubicadas en: [Nombre1] fincas representadas por los planos catastrados N. [Valor [Nombre19]], [Valor 002], [Valor 003] y [Valor 004]; asimismo, con la colaboración de la Fuerza Pública, se ordena a SENASA proceda a realizar una inspección en los fundos indicados para examinar la permanencia de semovientes en el lugar, y en caso de que no corresponda su devolución (a quien demuestre ser su dueño) proceda al decomiso y disposición de los animales, conforme la ley y sus competencias lo dispongan. Se resuelve sin especial condenatoria en costas, son los gastos del proceso a cargo del Estado. Una vez firme esta sentencia hágase la respectiva comunicación al Registro Judicial. Para la lectura integral de la sentencia, se señalan las dieciséis horas del veintiséis de julio del dos. " (sic).

II.- Que contra el anterior pronunciamiento, el licenciado [Nombre12] , defensor público del encartado [Nombre13] , la licenciada [Nombre14] defensora pública del imputado [Nombre15] y la licenciada [Nombre16] defensora pública del encartado [Nombre17] [Nombre1] interpusieron recurso de apelación.

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el juez de Apelación de Sentencia Penal [Nombre21] ; y, Recurso de apelación de la licenciada [Nombre14] , defensora pública del coimputado [Nombre15] (cfr[Nombre1] folios 524 a 529) .

I.- ÚNICO MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN (forma): Error al disponerse la restitución de la finca [Valor [Nombre19]] al ofendido. En el único motivo de su recurso, la defensora pública denuncia [Nombre1][…] una errónea fundamentación intelectiva en cuanto a la aplicación de la ley sustantiva y procesal respecto a las consecuencia civiles del hecho punible [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 524), concretamente al haberse ordenado la restitución de la propiedad del encartado [Nombre22] (la finca [Valor [Nombre19]]) al ofendido. La recurrente se muestra inconforme con que en sentencia se haya dispuesto dicha medida (la cual [Nombre1]asegura‒ es una consecuencia civil del hecho punible) pese a que se dictó una absolutoria a favor del encartado [Nombre22] y a que el ofendido no ejerció la acción civil resarcitoria[Nombre1] En sustento de su queja, argumenta lo siguiente: A) Durante el contradictorio se debatió que, con respecto a dicha finca, existían dos documentos en los cuales se otorgaba la posesión de la misma a dos personas distintas. Según el documento de folio 07 del expediente, fechado 02 de febrero de 2007, la posesión corresponde al coimputado [Nombre15] [Nombre1] mientras que el aportado por el ofendido está fechado 20 de julio de 2007 [Nombre1]cfr[Nombre1] folio 36), lo que evidencia un problema de posesión que no puede ser resuelto en esta sede, y que tendrían las partes que interponer el proceso correspondiente para determinar quién es el legítimo poseedor de dicha finca. Del análisis de la prueba, tanto documental como testimonial, no puede tenerse certeza de cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre una finca que se encuentra sin inscribir, donde ambas partes indican tener el derecho de posesión. B) La jueza se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 140 y 367 del código de rito, en lo cual existe una confusión respecto de lo que se establece como una medida provisional (prevista en el numeral 140 del Código Procesal) y lo que es una consecuencia civil (prevista así en el artículo 103 del Código Penal). En el caso de [Nombre23] , incluso, no cabría la posibilidad de imponer una medida como la descrita en el artículo anterior, pues se está dictando una sentencia absolutoria. C) La resolución que se impugna incurre en [Nombre1]ultra petitas[Nombre1] (sic), pues, pese a que el ofendido fue debidamente notificado de su derecho a constituirse como actor civil, para así poder reclamar los daños que considerara pertinentes, indicó que no deseaba contituirse en querellante. Por ello, no podía entrar la juzgadora a resolver aspectos meramente civiles que no habían sido reclamados por aquel. D) Lo decidido no es más que una prueba de la errónea interpretación de la juzgadora en cuanto a lo dispuesto en el numeral 140 del Código Procesal Penal, al aplicar como medida definitiva o como parte de la sanción impuesta, una medida provisional que tampoco fue solicitada por la parte ofendida. AUDIENCIA ORAL (vista de apelación). Durante la audiencia oral celebrada ante este tribunal de apelación a las 10:00 horas del 11 de octubre de 2017, la impugnante precisó un poco más sus reclamos, pues señaló (en esencia) lo siguiente: se absolvió a mi representado [Nombre15] [Nombre1] no se demostró que exista alguna acción (delictiva) suya; el fallo se dispuso, en cuanto a consecuencias civiles, la restitución; el único imputado que tenía propiedad al margen derecho del Río Peje era [Nombre23] , la cual colindaba con la propiedad del ofendido; el ofendido decía que todas las propiedades al margen derecho del río estaban en posesión suya; pero en el contradictorio hay un documento privado [Nombre1]cfr[Nombre1] folio 7) donde se le da la posesión a [Nombre15] [Nombre1] la jueza indica que debía darse la restitución, y que el traslado de la posesión del ofendido (20 de julio de 2007) es anterior al del señor [Nombre24] (02 de febrero de 2007); existe un problema: ¿cuál tenía el mejor derecho?; ambos tienen un documento; este problema de posesión no fue discutido en el debate; no se desacreditó la posesión del imputado [Nombre24]; así, pese a la absolutoria (ya firme), la jueza establece la restitución de las propiedades al margen derecho del río, incluso la del señor [Nombre24]; esto es una ultra petita[Nombre1] la jueza se funda en el artículo 140 del CPP; esta situación (medida cautelar prevista por el artículo 140 CPP) debe ser a solicitud del ofendido, pero ni éste ni el Ministerio Público la solicitaron; como consecuencia civil, tampoco puede ordenarse la restitución, pues (conforme el artículo 103 del Código Penal) debe existir sentencia condenatoria, la cual no existe; se le causa así un agravio al imputado, pues pese a que se acreditó que no está realizando un acto perturbatorio[Nombre1] se le obliga que quite construcciones sobre la propiedad; solicita que se anule ese extremo de la sentencia y el mejor derecho de posesión se discuta en otra vía (la transcripción no es literal). FISCAL. Respecto del recurso a favor del coimputado [Nombre15] [Nombre1] la fiscal de impugnaciones, licenciada [Nombre25] , indicó (en resumen) que a este encartado no se le pudo demostrar su participación, esto es, que actuara en los actos perturbatorios[Nombre1] pero a folio 513 sí se analizó el mejor derecho de posesión; la jueza hizo un análisis de las pruebas sobre traslado de posesión y los actos de usurpación (conforme al inciso 3° del artículo 225 del Código Penal); en el recurso a favor de este imputado se plantea una inconformidad con la restitución, pero lo resuelto no constituye una ultra petita[Nombre1] ya que la jueza debía resolver. Sin lugar el reparo[Nombre1] El cuestionamiento que plantea la abogada defensora, al argumentar que la restitución no puede disponerse cuando se absuelve penalmente al imputado y cuando no se ha ejercido la acción civil resarcitoria[Nombre1] no resulta novedoso, siendo que este tribunal de apelación ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto y no comparte tal posición. Así, con fundamento en lo que dispone de manera expresa el artículo 366 del Código Procesal Penal (que es una norma posterior al artículo 103 del Código Penal, que la impugnante cita en apoyo de su tesis), la jurisprudencia ha interpretado que aún en el supuesto de que se trate de un fallo absolutorio en cuanto a los extremos penales, el juzgador sí está facultado para ordenar ‒incluso de oficio‒ la restitución de los objetos afectados al procedimiento: “ [Nombre1] Existe un error en el fallo en cuanto al fundamento jurídico para ordenar el desalojo, pues la norma que autoriza esa medida no es el artículo 142 del Código Procesal Penal, sino el 366 ibídem[Nombre1] En esta se regula en forma expresa “La sentencia absolutoria ordenará....la restitución de los objetos afectados al procedimiento que no estén sujeto al comiso...”. En el caso en concreto el Tribunal tuvo por demostrado que el terreno ocupado por los imputados pertenece al Estado y es utilizado por el Ministerio del Ambiente y Energía, como parte del Proyecto de Ordenamiento Territorial Zona Núcleo del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado. Sobre estos no puede alegarse la simple posesión o bien el derecho de posesión, en el tanto están fuera del comercio y resultan imprescriptibles [Nombre1]art. 262 del Código Civil y Sentencia 733-F-00, de las 15:12 horas del 4 de octubre del 2000, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Acreditada la pertenencia del predio y su destino a la preservación de la naturaleza, la consecuencia jurídica era la expulsión de los ocupantes, conforme se decretó en el fallo [Nombre1]” (cfr[Nombre1] Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, voto N° 2004-00933 de las 11:00 horas del 09 de setiembre de 2004). En el mismo sentido, siempre con base en lo dispuesto por el artículo 366 del Código Procesal Penal, se estimado la procedencia de la restitución de cosas al estado anterior aún en caso del dictado de una absolutoria, cuando se esté ante una infracción a la zona marítimo terrestre [Nombre1]cfr[Nombre1] Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, votos [Telf1] y [Telf2]). Incluso, se ha optado por esta solución aún en el supuesto de una sentencia absolutoria por el delito de usurpación: [Nombre1][Nombre1] si según los hechos probados, la aquí acusada se encuentra ocupando un predio que era poseído por otra persona, lo consecuente es ordenar la restitución en la misma sentencia, con el fin de no retardar innecesariamente el regreso de la ofendida al inmueble. Al respecto, en un fallo de 1992, nuestra Sala de Casación indicó, para un caso en que se comprobó el hecho de usurpación, lo siguiente: “Debe admitirse que lo óptimo es que, en casos como el presente, la restitución de la posesión se ordene en la misma sentencia que condena por el delito de usurpación, a efecto de no retardar innecesariamente el regreso del ofendido al poder de hecho por el cual sometía a su control y voluntad el inmueble usurpado, sin embargo, si tal disposición se omite en la sentencia, nada impide que con posterioridad a ella se dicte una resolución que -en ejecución de aquella condena- venga a ordenar el desalojo del inmueble por parte del usurpador para que el ofendido entre en su posesión, como sucedió en el caso en examen. No sobra decir que tal solución es no solo la que deriva de la correcta aplicación y entendimiento de la ley, sino que además es la que imponen las normas más elementales del sentido común: resultaría absurdo que el imputado, amparándose a la sentencia que le condena por el delito de Usurpación, legitimara y mantuviese la posesión del mismo inmueble a que accedió en forma típica, antijurídica y culpable”. Sala Tercera de la Corte Suprema De Justicia, V-107-F, de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del tres de abril de mil novecientos noventa y dos.- Este fallo es aplicable al subjúdice[Nombre1] no sólo porque advierte la necesidad de no mantener un sinsentido jurídico, el cual se daría al absolver a alguien por la usurpación, porque ostentaba una falsa creencia sobre su mejor derecho de poseer el bien y de obtener su adjudicación legal, y luego mantenerlo en la posesión hasta tanto se demuestre el mejor derecho de posesión de la ofendida, quien adquirió, con las dificultades probatorias y negociales que pudieran existir, el derecho a poseer ese bien. La prueba habida, así como las consideraciones técnicas y jurídicas que hace el defensor, hacen prevalecer el criterio de la juzgadora de mérito y de este Tribunal, que en este caso debe ordenarse el abandono del predio, y que si la señora [Nombre26] considera que su derecho debe prevalecer, así habrá de plantearlo en otra sede, civil o agraria, según sea la naturaleza del fundo y de su dedicación. De acuerdo con lo antes expuesto, se tiene que la orden de restitución del inmueble a favor de la señora [Nombre [Nombre27]]. ni siquiera podría interpretarse como una sanción (ni penal ni civil), sino más bien como una consecuencia natural y lógica, derivada de la prueba evacuada en el juicio [Nombre1] Así las cosas, no obstante la absolutoria dictada en cuanto a la imputación penal, el juez de mérito estaba obligado a ordenar que la titular del bien en litigio fuese puesta en posesión del mismo, por tener un mejor derecho de posesión. Al respecto se tiene que en la generalidad de los casos el bien en discusión se encuentra en poder del acusado absuelto, por lo cual si se llegara a acreditar que la titularidad sobre el mismo corresponde a un tercero (como sucedió en la especie), debe restituírsele a éste. (El resaltado no es del original). El artículo 366 párrafo 1º del Código Procesal Penal establece que la sentencia, aún siendo absolutoria, ordenará la restitución de los objetos que estén afectados al procedimiento y que no estén sujetos a comiso, sin que precise que esa restitución deba hacerse en favor de un sujeto determinado. Ello implica, entonces, que a dichos efectos el juzgador deberá determinar cuál es la persona que tiene mejor derecho sobre el objeto, aún y cuando se trate de un tercero. Si bien podría interpretarse que esta norma no se refiere a bienes inmuebles sino más bien a simples "objetos" (muebles), tal tesis debe rechazarse, no sólo porque el comiso también es aplicable a propiedades (artículo 465 del Código Procesal Penal), sino además porque el numeral 140 ibidem establece que en cualquier estado del proceso y a solicitud del ofendido, el juez podrá ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho. Si el juzgador ostenta esta potestad como medida provisional, con mucha más razón puede decretarla como restitución definitiva al dictar la sentencia de fondo, donde que se haya determinado la titularidad del bien que ostenta determinada persona. Por otra parte, debe reiterarse que la orden de restitución del inmueble a favor de la señora [Nombre [Nombre27]]. ni siquiera podría interpretarse como una sanción (ni penal ni civil), sino más bien como una consecuencia natural y lógica, derivada de la prueba evacuada en el juicio, a partir de la cual se logró acreditar que ella lo adquirió en 1999 y desde entonces ha venido ejerciendo la posesión sobre el mismo. Al respecto se comprende que el artículo 366 párrafo 1º ya comentado, donde se le exige al juez que emita el respecto pronunciamiento en cuanto a este extremo, determina que esa decisión es oficiosa, pues a efectos de ordenar la restitución no se requiere que, como condición previa, la parte ofendida haya ejercido la acción civil resarcitoria[Nombre1] ni tampoco que en cuanto a ello haya formulado una pretensión directa y expresa. El hecho de que aún y cuando no haga falta hacerlo, la parte ofendida plantee dicha demanda (con lo cual podría obtenerse por dicha vía una "condena" a restituir, según lo dispone el artículo 464 del Código Procesal Penal), de ningún modo implica que la acción civil era necesaria. Por lo expuesto, sin lugar el recurso [Nombre1]” (cfr[Nombre1] voto del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José N° [Telf3] de las 09:18 horas del 20 de octubre de 2016, que a su vez cita y se apoya en el voto de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia N° 107-F-92 de las 08:55 horas del 03 de abril de 1992). En este mismo sentido, es decir, que la restitución procede aunque no se haya ejercido acción civil resarcitoria[Nombre1] también pueden consultarse los votos de la Sala Tercera N° 1462-2004 y N° 604-F-91. Teniendo en cuenta lo anterior, se debe precisar que, obviamente, la orden de restitución podrá disponerse siempre que dicha medida sea materialmente posible, lo cual por ejemplo sucederá cuando, tratándose de un bien mueble, el mismo esté en poder del despacho judicial [Nombre1]cfr[Nombre1] hipótesis regulada por el artículo 367 del Código Procesal Penal). De igual modo, tratándose de bienes inmuebles la restitución (de proceder) siempre será factible, en la medida en que la autoridad jurisdiccional podrá apersonarse al terreno respectivo y mediante un acto formal lo dejará en posesión de la persona legitimada para ello. Es claro que tal opción no sería posible en casos en los cuales se trate de bienes muebles que, al no estar secuestrados o entrados en depósito provisional, no se sepa dónde se hallan o si todavía existen, siendo en tal supuesto que, como medida subsidiaria, lo que corresponderá será una reparación económica mediante la condena al pago de daños y perjuicios. No desconoce este órgano de apelación que la posición antes reseñada, en el sentido de que la restitución oficiosa procederá ‒en principio‒ aún en el supuesto de que se haya dictado una absolutoria en lo penal y pese a que no se haya ejercido por el titular del inmueble la acción civil resarcitoria[Nombre1] no es del todo pacífica en el foro jurídico nacional, siendo que el tratadista Javier Llobet Rodríguez, aún reconociendo que existe la tendencia jurisprudencial supra referida (sustentada en la disposición directa y expresa que incorpora el artículo 366 del Código Procesal Penal), propugna una interpretación contraria, en el sentido de que el Código Procesal Penal de 1996 responde a un sistema clásico según el cual (sostiene el autor [Nombre28] ) se requiere, a efectos de disponer la restitución, del ejercicio de la acción civil resarcitoria: “ [Nombre1] Se ha interpretado por los tribunales que es posible ordenar la restitución aunque no se haya presentado la acción civil resarcitoria[Nombre1] ello sin perjuicio de que la restitución pueda ser el reclamo que se formule cuando se interpone la misma (Así: Sala Tercera, voto 1462-2004 del 22-12-2004). Con base en ello la jurisprudencia ha establecido que cuando se dicte una sentencia condenatoria por usurpación procede ordenar la restitución del bien. Incluso en casos de absolutoria se ha admitido ello cuando la sentencia se ha basado en la admisión de un error del ocupante que no elimina la antijuricidad[Nombre1] El artículo 140 del C.P.P[Nombre1] establece que como medida cautelar puede disponerse la restitución provisional de las cosas al estado anterior. No es claro a qué se refiere el artículo 361 inciso d) al referirse a la restitución. Pareciera que la referencia tiene relación con la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho, de acuerdo a los artículos 366 y 367 del C.P.P[Nombre1] Téngase en cuenta que el mismo artículo 366 del C.P.P[Nombre1] hace mención al término ‘restitución’ de los objetos afectados al procedimiento. Debe considerarse que conforme al C.P.P[Nombre1] de 1996 rige el sistema clásico de la acción civil, de modo que se requiere que la misma sea ejercida por quien reclama que ha sufrido un daño, no procediendo de oficio. Al respecto debe anotarse que el artículo 37 del C.P.P[Nombre1] establece como fin de la acción civil la restitución del objeto materia del hecho punible, así como la reparación de los daños y perjuicios causados. Aspecto fundamental de la acción civil es el restablecimiento de las acosas al estado anterior, de modo que la reparación de los daños y perjuicios es solamente subsidiaria. Sin embargo, los tribunales (véase: Sala Tercera, voto 1272-2008 del 29-10-2008), cada vez más han venido disponiendo la restitución de las cosas al estado anterior de oficio, lo que no es conforme al sistema seguido por el Código. Usualmente se invoca el artículo 102 del Código Penal de 1970 para ello, pero el mismo parte de un sistema positivista de la acción civil, de modo que la restitución al estado anterior y el pago de daños y perjuicios deben ordenarse de oficio. No se ha percatado que ese sistema fue derogado a partir del C.P.P[Nombre1] de 1973 y ello se ratificó con el C.P.P[Nombre1] de 1996 que lejos de partir de un concepto positivista de la acción civil, establecieron la necesidad de que se constituyera el actor civil reclamando la restitución al estado anterior y el eventual pago de daños y perjuicios [Nombre1]” [cfr. Llobet Rodríguez Javier, [Nombre1]PROCESO PENAL COMENTADO (CÓDIGO PROCESAL PENAL COMENTADO)[Nombre1] Editora Dominza y Editorial Jurídica Continental, San José, 6ª edición, 2017; páginas 545 y 546]. Siguiendo la anterior posición, el Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José estimó (en un caso donde el tribunal de juicio dictó condenatoria por el delito de retención indebida de una máquina de coser, y ordenó la restitución de dicho bien mueble pese a que el mismo no había sido secuestrado o decomisado) que si no se planteó acción civil y no se ha decomisado el bien, no puede ordenarse de oficio la restitución: “ [Nombre1] Se planteó por la defensa de la imputada recurso por el fondo. Indica que se condenó al imputado como autor del delito de apropiación indebida, pero el tribunal extralimitó su labor y le ordenó que devolviera la máquina [Nombre29][Nombre1] bajo el apercibimiento de cometer el delito de desobediencia a la autoridad en caso contrario. Indica que la parte ofendida nunca planteó la acción civil. El recurso se declara con lugar. En la sentencia se indicó que “de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 del Código Penal este Tribunal considera necesario enervar los efectos producidos por el hecho delictivo cometido por la imputada. En esa inteligencia, se le ordena a la señora [Nombre [Nombre30]]. la devolución de una máquina de coser marca [Nombre29][Nombre1] color blanco, de motor, con su respectiva mesa, en estado de ser utilizada, tal y como le fuera prestada, a la señora [Nombre [Nombre31]]., bajo apercibimiento legal de seguirle causa penal por el delito de desobediencia, si no cumple con lo ordenado. Para tal efecto, se le concede a la imputada un plazo de quince días luego de la firmeza del plazo. Ciertamente, si en el caso de estudio se ha demostrado que la posesión ejercida por la imputada sobre el bien propiedad de la ofendida es producto de un hecho delictivo es evidente que el ordenamiento jurídico no podría consentir la proyección y perpetuación de los efectos de ese hecho antijurídico en el tiempo. En definitiva, determinar la existencia del hecho delictivo y mantener a la imputada en posesión del bien objeto del delito sería favorecer un enriquecimiento sin causa. Por ello, este Tribunal opta por enervar la efectividad desplegada por el hecho delictivo (que no eficacia la cual solo puede ser consecuencia de un hecho debido) ordenando la devolución aquí dispuesta. En todo caso, la ofendida al iniciar su declaración indicó que su interés era recuperar la máquina de coser prestada a la imputada. Ahora bien, de conformidad con el artículo 140 del Código Procesal Penal, el juez aun como una medida, cautelar puede ordenar que las cosas sean restablecidas al estado en que se encontraban antes del hecho. Por lo tanto, si ello puede ser ordenado aún como medida provisional más solidez tiene esa restitución de las cosas al estado anterior cuando se ha comprobado la existencia del delito acusado” [Nombre1] El juzgado siguió al respecto la concepción positivista de la acción civil, debiendo reconocerse que dicha concepción efectivamente se encuentra detrás del artículo 103 del Código Penal, puesto que parte de que todo hecho punible tiene como consecuencia la reparación civil, la que debe ser determinada al dictarse la sentencia condenatoria, debiendo dictarse incluso de oficio dicha reparación. Sin embargo, dicha posición es diversa a la que inspira el Código Procesal Penal, que es ley posterior, ya que en principio siguió la concepción clásica sobre la acción civil, requiriéndose que la parte damnificada a sus herederos presenten su reclamo civil en el proceso penal [Nombre1]Arts[Nombre1] 37, 111 y 368 del Código Procesal Penal) (Cf. Llobet Rodríguez, Javier. Proceso penal comentado. San José, Editorial Jurídica Continental, 2003, p.351). El artículo 367 del citado Código contiene una excepción al respecto, puesto que debe disponerse la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho para poseerlos, ello aun cuando no se haya presentado el reclamo civil. Este supuesto, sin embargo, no se aplica al caso concreto, ya que la máquina de coser en cuestión no ha sido secuestrada. En la sentencia se hace mención al artículo 140 del Código Procesal Penal, en cuanto indica que en cualquier estado de la causa y a solicitud del ofendido, el tribunal puede ordenar, como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes del hecho, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. Esta disposición ha tenido relevancia en particular con respecto a los delitos de usurpación (Cf. Llobet Rodríguez, Javier, op. Cit[Nombre1] p. 194), en los que el restablecimiento al estado anterior implica la expulsión utilizando la fuerza pública de la persona que estaría usurpando el inmueble. Igualmente puede justificar dicha norma la restitución provisional del objeto secuestrado. Sin embargo, esos supuestos son diversos a los correspondientes al presente asunto, en el que ni siquiera se sabe dónde se encuentra el bien apropiado por la imputada. Si se siguiera la posición sostenida en la sentencia entonces en todas las causas penales habría que disponer de oficio la reparación civil, ordenándose la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios (Art. 122 del Código Penal de 1941). Esa no fue la concepción, como se dijo, de la que se parte en la legislación procesal penal. Por otro lado, si se considerara que la imputada comete el delito de desobediencia a la autoridad en caso de no devolver la máquina de coser se estaría violentando el principio del ne bis in idem[Nombre1] puesto que se le estaría penando dos veces por el mismo hecho (Art. 11 del Código Procesal Penal y 8 inciso 4) de la Convención Americana de Derechos Humanos). Se declara con lugar el recurso de casación. Se revoca la sentencia en cuanto indica que se le ordena a la señora [Nombre [Nombre30]]. la devolución de una máquina de coser marca [Nombre29][Nombre1] color blanco, de motor, con su respectiva mesa, en estado de ser utilizada, tal y como le fuera prestada, a la señora [Nombre [Nombre31]]., bajo apercibimiento legal de seguirle causa penal por el delito de desobediencia, si no cumple con lo ordenado [Nombre1]” (cfr[Nombre1] Tribunal de Casación del Segundo Circuito Judicial de San José, voto N° [Telf4] de las 09:12 horas del 03 de junio de 2004). Si bien este pronunciamiento resulta acertado al afirmar que no procede la restitución de un bien mueble que no ha sido secuestrado o decomisado (en cuyo caso sólo quedaría la opción de disponer, como solución subsidiaria, la condena al pago de daños y perjuicios), no lleva razón al rechazar la posibilidad de la restitución en los casos en donde no se ejerció la acción civil resarcitoria. La anterior posición doctrinal que se comenta adolece de un débil sustento, pues parte de una interpretación muy laxa del artículo 366 del Código Procesal Penal, según la cual (refiere el autor [Nombre28] ) [Nombre1]pareciera[Nombre1] que la alusión que hace el artículo 366 del Código Procesal Penal a la restitución de los objetos afectados al procedimiento que no estén sujetos al comiso[Nombre1] se refiere a la entrega de los objetos secuestrados a quien tenga mejor derecho. Es notorio que tal interpretación se estructura a partir de la palabra “pareciera”, concepto no sólo dubitativo, impreciso y nada asertivo, sino además subjetivo, lo cual la deslegitima por completo. En este sentido debe hacerse hincapié en que, a partir del principio general de Derecho según el cual no es dable distinguir donde la ley no lo hace [Nombre1] el artículo 366 que se comenta no señala que los objetos afectados al procedimiento que no estén sujetos al comiso consisten en “objetos secuestrados” (es decir, bienes muebles, como lo interpreta y entiende el tratadista supra citado), pues si se analiza dicha norma de modo integral se aprecia que también se alude a objetos que no estén sujetos al comiso[Nombre1] dentro de los cuales también entrarían los bienes inmuebles [Nombre1]cfr[Nombre1] artículo 489 del Código Procesal Penal). Teniendo claro todo lo anterior, es necesario reseñar las razones a partir de las cuales fue absuelto el coimputado [Nombre15] del delito de usurpación, así como por qué, pese a ello, la jueza de mérito estimó procedente disponer la restitución del inmueble a favor del ofendido [[Nombre10] ], siendo que este órgano de apelación no advierte yerro alguno en los fundamentos de tal decisión jurisdiccional. Al respecto se tiene lo siguiente: A) ABSOLUTORIA. Si bien en juicio se acreditaron algunas conductas desplegadas por esta persona que claramente perturban el derecho de posesión del ofendido, no se probaron con certeza los tres hechos específicos, puntuales y concretos que, según la descripción fáctica que se plasma en la requisitoria fiscal, le fueron atribuidos al mismo por parte del Ministerio Público. Debido a ello, en respeto de los principios de imputación y de correlación entre acusación y sentencia, la juzgadora estimó que lo que correspondía era el dictado de una absolutoria. En efecto, y según se argumenta en la sentencia, en la acusación fiscal se alude a que [Nombre15] “[…] junto a [Nombre13] y [Nombre32] , perturbó en la posesión legítima de sus propiedades al ofendido [[Nombre10] ], con la intención de usurpar y adueñarse de sus propiedades, al sembrar plantas de plátano, ingresar ganado y amenazar con machetes al ofendido (hecho N.02); usurpar la propiedad de [[Nombre10] ], con el fin de impedir que el ofendido ingresara a la misma (hecho N.05) y por último, junto a los otros dos imputados y con el fin de usurpar la propiedad del agraviado, sembrar matas de plátano al otro lado del río de las propiedades de [[Nombre10] ], e ingresar veinte cabezas de ganado […]” (cfr[Nombre1] sentencia, folio 508 frente, línea 3 en adelante). Se demostró, a partir de la prueba testimonial evacuada en juicio (declaraciones de [Nombre [Nombre33]], [[Nombre10] ], [[Nombre34] ] y [Nombre [Nombre35]]), que en una acción de desahucio cumplida en el mes de diciembre de 2011 se procedió a la expulsión del imputado [Nombre15] de una de las fincas cuya posesión se atribuye al ofendido [[Nombre10] ]. Esta circunstancia coincide parcialmente con lo narrado en el punto quinto de la acusación, pues nunca se acreditó que (conforme se indica en dicha pieza) tratara de impedir el ingreso del ofendido. Así, los actos típicos del delito de usurpación (a saber, sembrar plátanos, ingresar ganado a la propiedad, amenazar al ofendido con machetes cuando éste intenta ingresar al fundo, e impedirle el paso) son situaciones que no arroja la prueba testimonial ni documental. El encartado [Nombre23] dice tener un derecho de posesión sobre la finca objeto de la litis, pero no reconoce haberla invadido dentro del período que comprende la acusación; incluso, según el testimonio del propio denunciante, el avistamiento del encausado [Nombre36] en la finca se dio en una ocasión en la que es expulsado y [Nombre1]detenido[Nombre1] por parte de la policía administrativa, pero no existe manifestación alguna que sugiera que [Nombre24] ingresara nuevamente al predio y ejecutara actos perturbatorios de la posesión del ofendido. No es posible achacar al imputado un conducta de invasión al fundo del agraviado si solo una vez se le observó en el sitio, y si nunca se le vio ingresar ganado y realizar siembras; además, el único momento en que el ofendido lo vio sacar plátanos de la finca, no implica de forma certera que se tratara de una plantación hecha por el propio encartado, porque la prueba de cargo ([Nombre [Nombre33]] y [[Nombre37] ]) señala que su padre, el aquí ofendido, también tenía siembras en la finca, por lo que podría hablarse inclusive de un posible hurto, que nunca fue acusado. RESTITUCIÓN [Nombre1]cfr[Nombre1] folio 516, línea 20 en adelante). En lo relativo a la orden de restitución del terreno a favor del agraviado, en el fallo se explica que tal decisión se sustenta en los artículos 140 y 367 del Código Procesal Penal, ello debido a que se acreditó su legítima posesión sobre los fundos en conflicto. En torno a este tema (la legítima posesión a cargo del ofendido, con respecto a la cual no resultan oponibles el documento ni la posesión que alegó el encartado absuelto [Nombre22] [Nombre1] y con ocasión del fallo condenatorio que se dictó en contra de los coencartados [Nombre13] y [Nombre17] , en el fallo se expone un amplio y coherente análisis de la prueba [Nombre1]cfr[Nombre1] folio 510 frente, línea 29 en adelante), explicándose lo siguiente: (i) Versión del coimputado [Nombre17] . Al declarar en juicio, el imputado [Nombre38] no externa manifestación alguna en cuanto al derecho de posesión que alega tener el agraviado; más bien pareciera reconocer que éste le había contado haber comprado una de esas propiedades (a don [Nombre39][Nombre1] sin que alegue tener un mejor derecho sobre las mismas. Asimismo, no hay justificación en sus manifestaciones cuando señala que los testigos quieren hacerle daño, porque no explica, en ningún momento, la razón o motivo de esa maligna intención. Así, no expone algún conflicto con [[Nombre10] ] por la posesión del inmueble objeto de esta litis, siendo que refirió que tiene unas fincas en el mismo sitio (Los Laureles), pero que no colindan de forma alguna con las del aquí denunciante, situación que también se ve reflejada con el dictamen pericial DCF: 2016-01530-ING de folios 467 al 470, quedando claro que no existe ningún traslape en los planos de las fincas del ofendido y de [Nombre38] . (ii[Nombre1] El ofendido explicó cuándo, cómo y de quién adquirió cada una de las cuatro parcelas objeto de este litigio. Al respecto, la jueza razona lo siguiente: [Nombre1][Nombre1] el ofendido [Nombre [Nombre19]], refirió en el contradictorio que su propiedad se compone de cuatro fincas, las que juntas suman 25 o 30 hectáreas, hay dos que cuentan con títulos de propiedad y otras dos que no; de las cuatro, según indicó, tres fueron compradas a [Nombre40] [Nombre41], pero solo una estaba a nombre de [Nombre40], la otra a nombre de [Nombre42] y la última a nombre de un hermano de [Nombre40], llamado [Nombre43]. La cuarta propiedad era de [Nombre44] . Refirió que se compraron en el año 1997, pero con documentos se legalizó hasta el año dos mil seis. Aclaró que de las tres propiedades que le compró a [Nombre40] (una de [Nombre40], una de [Nombre42] y la otra de [Nombre43]), la de [Nombre43] sí tiene escritura, que está en el I.D.A[Nombre1] que la que está a nombre de [Nombre42] [Nombre1] a pesar de que éste falleció, los hijos se comprometieron a hacer el traspaso una vez se efectúe ‘la mortual’ [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 511 frente, línea 16 en adelante). [Nombre1]iii[Nombre1] El testigo [Nombre45] [Nombre1] vendedor de tres de las cuatro parcelas, ratificó la versión del ofendido, siendo que ‒en criterio del tribunal de mérito‒ las deposiciones resultan creíbles: “ [[Nombre1] Don [Nombre45] [Nombre1] también declaró y verificó con su dicho la información que brindó en juicio el ofendido. [Nombre40] reconoce haber negociado tres parcelas con el ofendido, las que están ubicadas por la boca del Río Reventazón, un de ellas inscrita a su nombre, otra que él le había comprado a un sujeto de raza negra que falleció, y la otra que un hermano suyo le dio en pago de una deuda. Refiere que esa venta ‘de boca’, o sea, de palabra, se dio hace unos quince años, pero que hace aproximadamente siete años se hizo el traspaso. Al describir las propiedades, indicó que las tres colindan entre sí, las divide una línea de tren, y casi todas tienen como lindero el Río Peje [Nombre1] En cuanto a [Nombre40], es una persona que tan siquiera tiene relación con los imputados, su papel en el proceso es el de vendedor de la propiedad de los fundos[Nombre1] cuya posesión aquí se discute, no se ha desvirtuado de forma alguna, su legitimación para trasladar el dominio o la posesión de las mencionadas propiedades, tampoco existe elemento alguno que haga considerar que la información brindada es falsa o manipulada, sino que se trata de una persona imparcial en el proceso, que no es tan siquiera familiar del denunciante y que únicamente narró lo que le constaba [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 511 frente, línea 26 en adelante). [Nombre1]iv[Nombre1] Prueba documental. La juzgadora también analiza la prueba documental, consistente en los testimonios de escrituras que aparecen agregados al expediente a folios 32, donde se constata el historial de propietarios que han venido ostentado la titularidad de las referidas parcelas, y de los cuales el ofendido las adquirió, siendo que tal información coincide plenamente con la explicación que al respecto brindaron éste y el testigo [Nombre45] (cfr[Nombre1] folio 511 vuelto, línea 27 en adelante). A partir de ello se corrobora el siguiente historial de las 4 parcelas: [Nombre1]iv.a[Nombre1] el 12 de setiembre de 1986, el IDA traspasa un primer terreno a [Nombre46] , persona de quien el señor [Nombre45] (según éste así lo declaró) lo adquirió, para ‒posteriormente‒ vendérselo verbal e informalmente (“de boca” o de “palabra”) al ofendido [[Nombre10] ], siendo que dicho inmueble aún aparece inscrito a nombre de dicho deponente; [Nombre1]iv.b[Nombre1] el 25 de junio de 1988, el Instituto de Desarrollo Agrario segrega el lote veintinueve del proyecto Neguev a [Nombre47] , mismo que vende a [[Nombre10] ], formalmente, en fecha 09 de junio de 2008, tal y como consta en escritura que rola a folio 150 y en certificación registral de folio 142 del legajo principal; [Nombre1]iv.c[Nombre1] Con respecto al fundo que, según se indica por parte de [Nombre40], le fue comprado a su hermano [Nombre48] , se desprende de los testimonios de [Nombre49] y de [Nombre40] que años más tarde de que la venta se hiciera de forma verbal, el mismo [Nombre40] sugiere al ofendido que busque a su hermano [Nombre43], más conocido como [Nombre48] , para que le haga la escritura de traspaso, acto que se lleva a cabo el veinte de julio de 2007, propiedad que a su vez había adquirido mediante compra venta al señor [Nombre50] el 26 de julio de 1983; [Nombre1]iv.d[Nombre1] Por último, la finca conocida como lote número 32, que aparece inscrita a nombre de [Nombre51] (ver del folio 169 al 180), fue vendida en forma verbal por dicho propietario registral a [Nombre40], conforme al testimonio de éste; en aquel momento únicamente se brindó una especie de factura como comprobante del negocio, y años más tarde [Nombre40] realizó una venta de la misma especie (verbal) con [[Nombre10] ]. Con relación a este cuarto terreno, en el fallo se explica que el agraviado [Nombre1][Nombre1] ha reconocido que se encuentra en conversaciones con los herederos de [Nombre52] [Nombre1] a fin de proceder al traspaso en el Registro Público de la propiedad mencionada [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 512 frente). A partir de lo anterior, la jueza de instancia no sólo logra reconstruir el historial de propietarios que han ostentado la titularidad de los cuatro fundos hasta ser adquiridos por el denunciante, siendo que tales transacciones [Nombre1]de boca[Nombre1] o [Nombre1] de palabra[Nombre1] (verbales e informales) no se documentaron hasta años después, siendo que ‒además‒ se logró determinar que [Nombre1] [Nombre1] las propiedades descritas, si bien unas a nombre del ofendido y otras no, forman parte de un solo fundo (dado que son colindantes) sobre el cual el ofendido [Nombre [Nombre19]] ha ejercido la posesión de forma pacífica y pública, desde el momento mismo en que las adquiere de sus propietarios o poseedores [Nombre1]” (cfr[Nombre1] 512 vuelto, líneas 1 a 4). (v) Ese ejercicio de la posesión por parte del ofendido, de forma legítima, pacífica, continua y pública, también se acreditó a partir de las declaraciones de las testigos de cargo [Nombre [Nombre33]] y [Nombre [Nombre53]], ambas hijas suyas. [Nombre1]vi[Nombre1] Los testigos de descargo [Nombre [Nombre54]] y [Nombre [Nombre35]] señalaron que el agraviado tiene una propiedad que colinde con el río Peje. [Nombre1]vii[Nombre1] El coimputado [Nombre13] no emitió declaración alguna. [Nombre1]viii[Nombre1] Los documentos admitidos como prueba de descargo y que rolan de a folios 331 a 356 de los autos, no desacreditan de forma alguna la posesión que sobre las fincas tiene el ofendido [[Nombre10] ], sino que se trata de probanzas que forman parte de las admitidas como prueba de cargo, sea, certificaciones registrales y planos que comprueban la propiedad registral que tiene el ofendido sobre dos de las fincas, los planos catastrados que ilustran la ubicación de cada fundo y que acreditan el dicho del ofendido y los testigos de que tales fincas colindan entre sí y que pueden verse como una sola, pues así se ha ejercido la posesión sobre las mismas. Es a partir de todo este contexto que la juzgadora de mérito no sólo establece el legítimo dominio que ha venido ejerciendo el ofendido sobre los terrenos, ello desde el año 1997, sino que partiendo de esa base fáctica y jurídica concluye de modo acertado y fundado que la copia de una compra venta privada aportada por el coencartado [Nombre15] (con fundamento en la cual alega que es él quien está ocupando el inmueble) no es oponible al agraviado, quien ostenta un mejor derecho a poseerlo pues ha detentado los terrenos desde mucho tiempo antes, incluso mucho tiempo antes de que se confeccionara el documento de folio 36, de modo que no resulta atendible el argumento de la recurrente en el sentido de que la carta venta privada que presentó el coencartado [Nombre22] aparece fechada unos meses antes. Resulta notorio el carácter subjetivo y parcializado del reclamo de la defensora pública, según el cual ella asegura que del análisis de la prueba, tanto documental como testimonial, no puede tenerse certeza de cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre una finca que se encuentra sin inscribir. Contrario a ello y conforme se explicó supra[Nombre1] en la sentencia existe una valoración de los elementos evacuados en juicio, tanto documentales como testimoniales, que permite comprender no sólo cuándo y cómo adquirió el ofendido la propiedad que reclama el encartado, sino ‒además‒ que la ha venido poseyendo a título de dueño, de forma legítima, pacífica y pública, desde el año 1997. En efecto, tal y como se explicó atrás, se trata de una de las cuatro parcelas, en concreto la que perteneció al señor [Nombre50] , quien mediante compra venta del 26 de julio de 1983 se la traspasó al señor [Nombre55] , ; de manera verbal, éste se la traspasó a su hermano [Nombre40] en pago de una deuda preexistente; de igual modo, en 1997 [Nombre40] se la vendió al señor [[Nombre10] ], aunque no fue hasta el 20 de julio de 2007 que, por sugerencia del propio señor [Nombre45] [Nombre1] se confeccionó el documento privado de folio 36 donde [Nombre56] [Nombre57] ) se la vende al ofendido [[Nombre10] ]. Ello determina la improcedencia del reparo de la recurrente, pues ‒contrario a lo que ella sostiene‒ sí existió prueba, que fue debidamente analizada, que permitió establecer de modo certero el legítimo y mejor derecho de posesión que ostenta el señor [[Nombre10] ] sobre este terreno, siendo que [Nombre1]además‒ el ingreso del encartado se dio mucho tiempo después de que aquel estuviera ejerciendo el dominio sobre el fundo: [Nombre1][Nombre1] No existe indicio alguno que sugiera la existencia de un mejor derecho sobre los inmuebles, tan siquiera por parte de [Nombre23] , quien señaló estar ocupando el inmueble y aportó una copia de compra venta privada [Nombre1] folio 07), que al ser analizada, es claro, que el ofendido cuenta con un mejor derecho, por los antecedentes de la finca, en cuanto al traslado de la posesión que tanto formal como de hecho, se realizó desde mucho tiempo antes de que el encausado [Nombre36], fuera ubicado en uno de los lotes pertenecientes al ofendido. Inclusive, el ofendido, a quien se le da credibilidad por las razones que se apuntaron al inicio de éste apartado de la sentencia, refirió que aún y cuando se había brindado autorización para que [Nombre58] trabajara en el inmueble, al tratar de desalojarlo de éste, dos días después de un desalojo administrativo que operó en las fincas, se ubicó a [Nombre23] , que había ingresado con su familia al fundo de forma ilícita, esto porque la posesión ya le pertenecía al agraviado [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 513 frente). Sí llama la atención de este tribunal de apelación que, pese a que en juicio indicó que él le había comprado el derecho de posesión del terreno a su hermano [Nombre59] [Nombre1] el computado [Nombre15] ni siquiera pudo explicar cómo fue que aquel lo adquirió [Nombre1]cfr[Nombre1] folio 499 vuelto), lo que da cuenta de la debilidad e insuficiencia del título que exhibe y sobre el cual sustenta su alegato de tener derecho a ocupar la parcela. Con base en lo anterior, se declara sin lugar el reclamo.

Recurso de apelación del licenciado [Nombre12] , defensor público del coimputado [Nombre13] (cfr[Nombre1] folios 519 a 523).

II.- PRIMER MOTIVO (forma): Inconformidad con la valoración de la prueba[Nombre1] En el primer motivo de su recurso, el defensor público se muestra inconforme con que se estableciera que el ofendido es el legítimo poseedor de las fincas (elemento esencial del tipo penal), siendo que tal situación no se deriva del análisis integral y conjunto de la totalidad de la prueba evacuada, por lo que tal conclusión carece de todo fundamento. Sin lugar el reproche[Nombre1] El aspecto que cuestiona el defensor, esto es, la fundamentación del fallo de instancia en torno a la condición que ostenta el ofendido [[Nombre10] ] como legítimo poseedor de las cuatro parcelas objeto del litigio, fue amplia y suficientemente analizado en el anterior considerando, donde se explica por qué al respecto no se advierte yerro o deficiencia algunos en la sentencia impugnada. En razón de ello, el aquí recurrente deberá remitirse a lo que ahí se expone. Sin lugar la queja.

III.- SEGUNDO MOTIVO (forma): Violación de los principios de imputación y congruencia[Nombre1] En este segundo apartado, el defensor público reclama lo siguiente: A) Se quebrantaron los principios de imputación y congruencia. El hecho acusado 2 sirve de preámbulo a los hechos concretos, precisos y circunstanciados que la requisitoria fiscal describe inmediatamente después (en el punto 4), sobre los cuales la defensa definió y “giró” su estrategia. No obstante, el hecho probado 2 no contiene ninguna imputación, pues es la simple descripción del tipo penal de usurpación, siendo evidente que la jueza suprimió la frase [Nombre1]Es así como [Nombre1] contenida entre los hechos segundo y tercero de la acusación, lo cual no sólo es un elemento que da coherencia e hilvana los hechos acusados, sino que clarifica el alegato de la defensa; tampoco delimita temporalmente las acciones imputadas, ni precisa ninguna de sus otras circunstancias, por ejemplo, en qué sector de las propiedades se sembraba, o la cantidad y tipo de ganado introducido. B) Se viola el principio de congruencia, pues el coimputado absuelto lo fue por falta de precisión de la pieza acusatoria. Sin lugar la queja[Nombre1] Ningún defecto se advierte de la situación que denuncia el recurrente, pues el hecho de que en la relación de hechos probados se haya suprimido la frase “Es así como” que da inicio al apartado 3 de la acusación, en nada modifica el cuadro fáctico tenido por demostrado ni tampoco quebranta los principios de imputación y de congruencia. Del contenido del fallo se aprecia que la acusación fiscal refiere lo siguiente: [Nombre1][Nombre1] 1.- El aquí ofendido [Nombre [Nombre19]], es dueño y legítimo poseedor desde año dos mil siete aproximadamente y hasta la fecha, de varias propiedades que colindan entre sí y que tienen un extensión aproximada de cuarenta y un hectáreas, mismas que se ubican en [Nombre1] y tiene como colindantes a otros propietarios de propiedades vecinas. 2.- Que el ofendido [[Nombre10] ] desde la fecha trece de diciembre de dos mil once, ha sido perturbado en la posesión legítima, actual, pacífica y publica de sus propiedades, por parte de los imputados [Nombre15] [Nombre1] [Nombre13] y [Nombre32] , quienes con la intención de usurpar y adueñarse ilegítimamente de las propiedades del ofendido, ingresan a la propiedad a sembrar plantas de plátano, ingresan al propiedad ganado, y cuando el ofendido intenta ingresar a sus propiedades, los encartados con el fin antes dicho, lo amenazan con machetes diciéndole que si ingresa a la propiedad lo van a machetear, le dicen que esas propiedades no son de él. 3.- Es así como en fecha doce de diciembre de dos mil doce, el ofendido [[Nombre10] ], luego de interponer una solicitud de desalojo administrativo ante el Ministerio de Seguridad Pública, la cual le fue concedida mediante resolución 2506-11-DM, es puesto en posesión de su propiedad al ser las 13:30 horas y es expulsado en esa ocasión el señor [Nombre60] , quien se encontraba en la propiedad por órdenes del encartado [Nombre13] para que ejerciera actos de posesión ilegales. 4.- En fecha 23 de enero de 2012, al ser las 10:55 horas, el ofendido [[Nombre10] ] llegó a su propiedad sita en el lugar ya indicado en el punto 1 anterior, en compañía de otras personas, siendo que observó al encartado [Nombre13] dentro de su propiedad, por lo que el ofendido le dijo que dejara de estar adueñándose de su propiedad, a lo que el encartado le contestó que él entraba las veces que le diera la gana, que le iba a quitar la propiedad y lo amenazó con matarlo, además se le abalanzó con un machete en mano y le tiró dos machetazos a una distancia de un medio y medio, por lo que el ofendido se hizo para atrás y esquivó los machetazos y luego el encartado se retiró del lugar [Nombre1] 6.- En fecha 11 de febrero de 2012, a las 10:00 horas, el ofendido [[Nombre10] ] iba en compañía de varias personas y se dirigía hacia su propiedad, sita en la dirección ya indicada en el punto 1 anterior, siendo que en la misma se encontraban los encartados [Nombre32] y [Nombre13] , quienes con la intención de perturbar el legítimo derecho de posesión que tiene el ofendido sobre su propiedad, le dijeron que sí entraba a la propiedad o iban a golpear y le iban a volar machete, por lo que el ofendido llamó a la Fuerza Pública, quienes se presentaron al lugar y le confeccionaron un parte policial a los encartados. 7.- En fecha 28 de octubre de dos mil trece, el ofendido se presentó a su propiedad, sita en la dirección ya indicada en el punto 1 anterior, y constató que los encartados con el fin de usurpar toda su propiedad sembraron matas de plátano en su propiedad, específicamente al otro lado del río y además, habían metido como 20 cabezas de ganados, lo cual fue corroborado por el Organismo de Investigación Judicial en inspección hecha el 16 de noviembre de 2013, donde se ve claramente la siembra de plátano y el ganado [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folios 496 y 497; la transcripción es literal). De todo este cuadro fáctico acusado, sólo se tuvieron por plenamente demostrados los siguientes hechos: [Nombre1][…] HECHOS PROBADOS : Se tienen como hechos probados los siguientes: 1.- El aquí ofendido [Nombre [Nombre19]], es legítimo poseedor desde el año dos mil siete aproximadamente y hasta la fecha, de varias propiedades que colindan entre sí y que tienen una extensión aproximada de cuarenta y un hectáreas, mismas que se ubican en [Nombre1] y tiene como colindantes a otros propietarios de propiedades vecinas. 2.- Que el ofendido [[Nombre10] ] desde la fecha trece de diciembre de dos mil once, ha sido perturbado en la posesión legítima, actual, pacífica y publica de sus propiedades, por parte de los imputados [Nombre13] y [Nombre32] , quienes con la intención de usurpar y adueñarse ilegítimamente de las propiedades del ofendido, quienes ingresan a la propiedad del ofendido y cuando éste intenta ingresar a sus propiedades, los encartados con el fin antes dicho, lo amenazan con machetes diciéndole que si ingresa a la propiedad lo van a machetear, le dicen que esas propiedades no son de él. 3.- En fecha doce de diciembre de dos mil doce, el ofendido [[Nombre10] ], luego de interponer una solicitud de desalojo administrativo ante el Ministerio de Seguridad Pública, la cual le fue concedida mediante resolución 2506-11-DM, es puesto en posesión de su propiedad al ser las 13:30 horas y es expulsado en esa ocasión el señor [Nombre60] . 4.- En fecha 11 de febrero de 2012, a las 10:00 horas, el ofendido [[Nombre10] ] iba en compañía de varias personas y se dirigía hacia su propiedad, sita en la dirección ya indicada en el punto 1 anterior, siendo que en la misma se encontraban los encartados [Nombre32] y [Nombre13] , quienes con la intención de perturbar el legítimo derecho de posesión que tiene el ofendido sobre su propiedad, le dijeron que sí entraba a la propiedad lo iban a golpear y le iban a volar machete, por lo que el ofendido llamó a la Fuerza Pública, quienes se presentaron al lugar y le confeccionaron un parte policial a los encartados [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 497 vuelto, línea 25 en adelante; la transcripción es literal). Como se aprecia, en lo que atañe a los hechos acreditados que sustentan la responsabilidad penal del coimputado [Nombre61] , se tuvo por demostrado lo que se describe en el punto 2) de la requisitoria fiscal (salvo en lo relativo al coencartado [Nombre22] [Nombre1] así como lo que se indica en el punto 6) de dicha pieza, lo cual no sólo es suficiente para sustentar la decisión condenatoria dictada en su contra, sino que con ello de ningún modo se está variando (en detrimento de las garantías de defensa) la esencia de la acusación. Al respecto se aprecia cómo, a efectos de estructurar su alegato impugnaticio[Nombre1] el abogado defensor deja de lado que no sólo se tuvo por demostrado lo narrado en el punto 2) de la requisitoria (con la salvedad antes referida), sino también el hecho específico, concreto y bien circunstanciado (temporal y espacialmente) que se describe en el punto 6) de dicha acusación fiscal, de modo que no se demuestra por parte de dicho profesional de qué modo se vio afectada la posibilidad de defensa en juicio. Así, si bien es cierto que el hecho acusado que se identifica como número 2 se incluye a título de simple “preámbulo”, de ningún modo se pierde la coherencia al no haberse incluido la frase que echa de menos. Con base en lo anterior, se rechaza también este segundo motivo del recurso.

Recurso de apelación de la licenciada [Nombre16] , defensora pública del coimputado [Nombre17] (cfr[Nombre1] folios 530 a 535).

IV.- PRIMER MOTIVO (forma): Inconformidad con la valoración probatoria[Nombre1] En el primer motivo de su recurso, la defensora pública del coimputado [Nombre62] se muestra inconforme con la valoración probatoria, por lo siguiente: A) Tomando “parte” de los alegatos del Ministerio Público, la jueza de mérito desacredita los alegatos de la defensa y otorga total credibilidad a la prueba de cargo, aún y cuando en el contradictorio salieron a la luz [Nombre1][Nombre1] muchos aspectos que generaron dudas razonables de que en el caso de mi defendido no tuvo participación en los hechos que se le acusaron [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 532; la transcripción es literal). B) Cómo puede la juzgadora (decir) que es gracias a la defensa técnica que arriba a la condenatoria contra los imputados, cuando aquella se avocó a demostrar que [Nombre1]las cosas[Nombre1] ni en la acusación ni en el juicio, se demostraron realmente, como lo pretendió el Ministerio Público; por ejemplo, que no se demostró que las propiedades le pertenecían al ofendido, según éste así lo alegaba; y que, al contrario, hubo duda razonable en cuanto a [Nombre1]quiénes ostentaban[Nombre1] la posesión de esas tierras. C) La jueza indica que, prácticamente, el imputado [Nombre62] se encuentra en la propiedad del ofendido, lo cual es falso, pues [Nombre1][Nombre1] el único que demostró hasta escrituras como propietarios de terrenos cercanos a los del ofendido fue [Nombre63] , pero la jueza indica más bien todo lo contrario indicando que lo dicho por mi representado es falso [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 532, la transcripción es literal). D) Al valorar la prueba, la jueza toma “partida” (sic) de la testimonial de cargo, ignorando que, al cotejarla con [Nombre1]la documental ”[Nombre1] se generan dudas importantes. E) La acusación incluye a [Nombre17] en todos los hechos descritos, pero no existe una sola denuncia que describa que éste realice acciones delictivas correspondientes a una usurpación. Con respecto a la única (denuncia) que describe alguna acción (de este imputado), [Nombre1][Nombre1] existe pruebas como informes policiales que demuestran una situación distinta a la demostrada y que por ende generan duda efectiva [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 533; la transcripción es literal). Sin lugar el reparo[Nombre1] No demuestra (ni lo indica siquiera) cuáles son esos “muchos aspectos” que, conforme al criterio personal de la recurrente, habrían generado dudas razonables en torno a la participación del coimputado [Nombre62] en los hechos que se le acusaron; cuáles serían las supuestas dudas que se generan al cotejar la prueba testimonial con la documental; o cómo o por qué los informes policiales demuestran una situación distinta a la demostrada. Por otra parte, y lo mismo que se indicó en el considerando segundo de esta resolución al declararse sin lugar el primer motivo del recurso de apelación del defensor público del coimputado [Nombre61] , la aquí impugnante deberá remitirse a lo analizado en el primer considerando, donde se reseñó la amplia y coherente motivación que desarrolló la jueza de instancia a efectos de concluir que el ofendido es el legítimo titular y efectivo poseedor de los fundos en disputa. Por otra parte, luego de analizada la sentencia en su integralidad[Nombre1] no encuentra este órgano de apelación que la juzgadora responsabilice a la defensa técnica de la condenatoria dictada en contra el aquí encartado, conforme lo asegura la recurrente. Ninguna relevancia tiene en la resolución de fondo de este caso que el encartado [Nombre62] aportara documentos de los cuales se derive su titularidad sobre otras propiedades, pues lo que se le acusa y se tuvo por demostrado es que, en conjunto y acuerdo con el coimputado [Nombre61] , procedió a perturbar la posición del ofendido en torno a las parcelas de éste. Por otra parte, ningún yerro o arbitrariedad se detectan en el análisis que expone la juzgadora a efectos de negarle todo crédito al relato defensivo que expuso en debate el señor [Nombre62] , pues pese a que él señaló que los testigos de cargo querían hacerle daño (único fundamento para rechazar los cargos que surgen en contra suya del relato que éstos brindaron en juicio), ni siquiera pudo precisar ni dio razón alguna que haga comprensible o explicable esa supuesta maledicencia: [Nombre1][Nombre1] se analiza la declaración vertida en juicio por [Nombre38] [Nombre1] en su calidad de imputado, quien negó los hechos y señaló que no tiene ninguna propiedad que colinde con las de [Nombre [Nombre19]], que incluso el ofendido le había contado que negoció una propiedad con don [Nombre39][Nombre1] que es el ofendido quien lo molesta a él, abriéndole los portillos para que el ganado de su propiedad se salga, y que el conflicto ocurre porque al ofendido [[Nombre10] ] le molesta su amistad con [Nombre58], asimismo, señala que los testigos de cargo lo que quieren es hacerle daño. Al analizar su declaración, no se desprende manifestación alguna en cuanto al derecho de posesión que alega tener el agraviado, más bien, pareciera reconocer que el mismo ofendido le había contado haber comprado una de esas propiedades, sin que el imputado alegue tener un mejor derecho sobre las mismas. Señala que los testigos quieren hacerle daño, pero no indica cuál es la razón, ni justifica de forma alguna el porqué de la enemistad con el agraviado [Nombre1] No hay justificación en las manifestaciones del encausado [Nombre62] , cuando señala que los testigos quieren hacerle daño, porque no explica en ningún momento, la razón o motivo de esa maligna intención[…]” (cfr[Nombre1] folio 511 frente y vuelto; la transcripción es literal). Aunado a ello, la juzgadora también expuso las razones que, a partir de la inmediación que propicia el debate, le llevaron a otorgarle plena credibilidad a las versiones de cargo que aportó la prueba testimonial ofrecida por el Ministerio Público, pues no se detectó siquiera algún motivo por el cual quisieran rendir una versión falsa o perjudicar inmerecidamente a los encartados, la cual incluso coincide de modo pleno con el contenido de la prueba documental [Nombre1]cfr[Nombre1] escrituras y certificaciones agregadas a folios 32, 142, 150, 161, 169 a 180 y 331 a 356): [Nombre1][Nombre1] Ambos testimonios, son creíbles a criterio de quien resuelve. Don [Nombre [Nombre19]], si bien tiene un interés especial en lo que aquí se resuelva, por ser el ofendido directo, ello no significa que su interés sea ilegítimo y que lo haya llevado a plantear denuncia por hechos falsos o a manipular la información brindada en juicio, por el contrario, los hechos que señaló en debate son contestes en los aspectos medulares con la prueba documental y pericial incorporada a los autos, pues tal y como se indicará, el derecho de posesión que alega le corresponde, se encuentra respaldado con la documental y pericial incorporada, además, narró en forma coherente, clara y circunstanciada, sin ningún vicio de contradicción o intención de exagerar los hechos sufridos, sino que se conformó con señalar lo que a su criterio fue realizado por cada uno de los encausados, reconociendo en ocasiones que al menos uno de ellos no había participado del impedimento de ingreso a su finca ([Nombre24] [Nombre36]), lo que convierte su testimonio en merecedor de credibilidad. No existe noticia de hechos previos generadores de un conflicto entre las partes (familiares, pasionales, laborales o de otra índole), más que el que nos ocupa por el derecho de posesión y los actos perturbatorios endilgados a los imputados [Nombre1] En cuanto a [Nombre40], es una persona que tan siquiera tiene relación con los imputados, su papel en el proceso es el de vendedor de la propiedad de los fundos[Nombre1] cuya posesión aquí se discute, no se ha desvirtuado de forma alguna, su legitimación para trasladar el dominio o la posesión de las mencionadas propiedades, tampoco existe elemento alguno que haga considerar que la información brindada es falsa o manipulada, sino que se trata de una persona imparcial en el proceso, que no es tan siquiera familiar del denunciante y que únicamente narró lo que le constaba [Nombre1] [[Nombre37] ] y [[Nombre64] ], a pesar de ser hijas del ofendido, no son consideradas por quien resuelve, testigos complacientes, contrario a ello, se estima que su dicho es merecedor de credibilidad, porque si bien su interés se relaciona directamente con el bienestar de su padre, ello no implica por sí solo que lo indicado en juicio, sea el resultado de un plan que implique mentir, exagerar o manipular la información brindada. No existe un solo elemento que objetivamente sugiera que ambas hicieron manifestaciones falsas, sino que narraron solo aquello que pudieron recordar, no se notó en ellas un relato aprehendido o aleccionado, más bien, su lenguaje verbal y no verbal, resultó absolutamente espontáneo, y muy especialmente en el caso de [[Nombre64] ], pudo notar ésta juzgadora, rezagos de una afectación que va más allá de un simple conflicto por tierras, sino que con su llanto y sus gestos, describió claramente lo sucedido en una de las ocasiones que implicó confrontación casi física de los dos imputados [Nombre58] y [Nombre63] , contra el ofendido y ellas mismas. Así es que [Nombre [Nombre53]], [Nombre [Nombre33]] y el ofendido [Nombre49], coinciden en los aspectos primordiales, del hecho sexto de la acusación [Nombre1] que describe un acto perturbatorio del legítimo derecho de posesión que tiene el ofendido sobre sus propiedades [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 512 vuelto, línea 3 en adelante; la transcripción es literal). Así las cosas, se declaran sin lugar todos los reproches que se incluyen en este primer motivo de apelación.

V.- SEGUNDO MOTIVO (forma): Violación al principio de continuidad al dictarse la parte dispositiva[Nombre1] Reclama la defensora que, a efectos del dictado de la parte dispositiva, la jueza señaló las 07:15 horas del 18 de julio de 2017. Ante ello, la recurrente le indicó a la juzgadora que ella (la defensora) goza de la hora de la lactancia, por lo que ingresa a laborar a partir de las 08:00 horas; pese a esto, la jueza indicó que mantenía la hora de la diligencia, siendo que ‒en efecto‒ la inició a esa hora. A partir de las 08:00 horas de ese día, la aquí impugnante se apersonó al tribunal para conocer de la decisión, pues el auxiliar le manifiesta que ya se habían retirado todas las partes que se presentaron (incluido el imputado [Nombre62] ). Éste le indicó a la abogada aquí recurrente que él se apersonó aproximadamente a las 07:30 horas y que (para entonces) la jueza ya había notificado la parte dispositiva y se había retirado; que el auxiliar le indicó que lo habían condenado a 6 meses; que la sentencia completa estaba para el 26 de julio; que en la continuación del debate él entendió que la (lectura de la) parte dispositiva era a las 07:30 horas; que a “esa” hora sólo estuvo el coimputado [Nombre23] [Nombre1] A partir de lo anterior, la licenciada [Nombre65] asegura que es más que evidente la violación al debido proceso; que el dictado de la parte dispositiva es parte esencial del contradictorio; que [Nombre1] para nadie es un secreto la obligatoriedad de la presencia [Nombre1]” (cfr[Nombre1] folio 534); que (la jueza) pudo haber dado un tiempo prudencial a los imputados “que hacían falta”, y si en un plazo razonable los mismos no se hubieran presentado, lo que seguía era ordenar su captura (lo que no hubiera sido necesario, pues ambos se presentaron a las 07:30 horas); que la jueza decidió dictar la parte dispositiva a pesar de la ausencia de la defensa técnica, aún cuando existía justa causa (para ello); también hay violación al debido proceso al dictarse la parte dispositiva en completa ausencia del imputado, siendo que el pasar por alto la parte donde el juzgador resuelve el conflicto y por qué tomó la determinación de condenarle, creó en el encartado una real sensación de injusticia. Sin lugar los reclamos[Nombre1] No logra demostrar la abogada defensora qué agravio se le generó al encartado por el hecho de que dicha profesional en Derecho no estuviese presente al momento en que se procedió al dictado de la parte dispositiva, o que el imputado (por un error atribuido sólo a él) llegara tarde a dicha diligencia, siendo claro que ya para esa fase procesal estaba cerrado el contradictorio y durante la misma la defensa (técnica y material) sólo podría cumplir el rol pasivo de escuchar la decisión jurisdiccional adoptada, así como una breve reseña de las razones que la sustentan. Tal decisión, así como su fundamentación completa y definitiva, aparecen plasmadas por escrito en la sentencia documento que se confeccionó posteriormente, al cual el encartado y su defensora tuvieron pleno acceso, a tal punto que ambos estuvieron en condiciones de conocer su contenido e impugnarlo, como en efecto lo hicieron. Es más, lo ocurrido en dicha oportunidad hasta quedó grabado en vídeo [Nombre1]cfr[Nombre1] constancia de folio 495 vuelto), de donde ‒si hubiera sido de su interés‒ las partes podían obtenerlo y reproducirlo, con iguales resultados en caso de que hubieran estado presentes. Con base en lo anterior, se declara sin lugar el reproche

POR TANTO:

Se declaran sin lugar los tres recursos interpuestos por la defensa pública de los imputados. NOTIFÍQUESE.- Mario Alberto Porras Villalta Patricia Vargas González [Nombre11] Juez y juezas de Apelación de Sentencia Penal Imputado: [Nombre13] y Otros Ofendido: [[Nombre10] ] Delito: Usurpación AALFAROS Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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      • Código Procesal Penal Art. 366
      • Código Procesal Penal Art. 140
      • Código Penal Art. 103
      • Código Penal Art. 225.3

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