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Res. 01588-2017 Tribunal Contencioso Administrativo · Tribunal Contencioso Administrativo · 12/07/2017

Interim Suspension of Demolition of a Vulnerable HouseholdSuspensión cautelar de demolición de vivienda vulnerable

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OutcomeResultado

GrantedCon lugar

The Court continued the suspension of the home’s demolition, conditioned on the principal action being filed within fifteen days.El Tribunal mantuvo suspendida la demolición de la vivienda y condicionó la medida cautelar a la presentación de la demanda principal dentro de quince días.

SummaryResumen

The Contentious-Administrative Court granted a pre-suit interim measure and continued suspending the Ministry of Public Works and Transportation’s order to demolish a dwelling allegedly located within the right-of-way of National Route 163. Without prejudging the legality of the occupation or deciding whether the property actually encroached upon public-domain land, the Court found a prima facie case and concluded that demolition could inflict serious and irreparable harm on the thirteen people living in the home, including minors and persons living in poverty. In balancing the competing interests, it noted that the Administration had not shown that the suspension would seriously harm the public interest or interfere with roadworks. The protection was conditional upon the applicant filing the principal action within fifteen days after notification. Failure to do so would result in termination of the interim measure and potential liability for the damages caused.El Tribunal Contencioso Administrativo acogió una medida cautelar ante causam y mantuvo suspendida la orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de demoler una vivienda presuntamente ubicada dentro del derecho de vía de la Ruta Nacional 163. Sin prejuzgar sobre la legalidad de la ocupación ni resolver si el inmueble efectivamente invade un bien de dominio público, estimó que la futura demanda presentaba apariencia de buen derecho y que la demolición podía causar un daño grave e irreparable a las trece personas que habitaban la casa, entre ellas menores de edad y personas en condición de pobreza. Al ponderar los intereses, observó que la Administración no demostró que la suspensión afectara gravemente el interés público o impidiera obras viales. La protección quedó condicionada a que la promovente presentara la demanda principal dentro de los quince días siguientes a la notificación; de lo contrario, la medida sería levantada y podrían imponérsele daños y perjuicios.

Key excerptExtracto clave

In view of the foregoing, the claimant must be afforded effective protection, irrespective for now of what may ultimately be decided on the merits in the principal proceeding. With the first two requirements established, the decision turns on balancing the interests at stake and the effect upon the public interest. Accordingly, after considering the parties’ positions as a whole, this Court concludes that the private interest must prevail over the public interests or those of interested third parties. The requirement under examination is therefore deemed satisfied. The effects and enforcement of the demolition ordered through Resolution IVD-II24-2014 of October 24, 2014, shall remain suspended. Ms. Nombre3223 is advised that, under Article 26, second paragraph, of the Contentious-Administrative Procedure Code, if she has not filed the principal action, she must do so under this same case number (16-007716-1027-CA) within fifteen days counted from the day following notice of this ruling. Failure to do so will result in the lifting of the interim measure ordered here and an award against her for the damages caused, to be assessed through judgment-enforcement proceedings.Dicho lo anterior, se considera que se le debe de dar una tutela efectiva a la parte actora, independientemente por ahora de lo que por el fondo se resolverá en el proceso de conocimiento. Teniendo acreditados los dos primeros presupuestos, la decisión recae sobre la ponderación de los intereses en juego y la afectación al interés público. Así las cosas, al analizar en conjunto las posiciones de las partes, es la conclusión de este juzgador que ha de prevalecer el interés particular, frente a los intereses públicos o de terceros interesados. Téngase por cumplido el elemento analizado. Se ordena el mantener suspendido los efectos y ejecución de la demolición dispuesta por medio de la resolución IVD-II24-2014 del 24 de Octubre del 2014. Tome en consideración la señora Nombre3223 , que según las reglas del artículo 26 párrafo segundo Código Procesal Contencioso Administrativo, si no ha presentado la demanda principal deberá presentarla en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, y bajo este mismo número (16-007716-1027-CA), bajo el apercibimiento de que en caso de omisión la medida cautelar aquí decretada será levantada y se le condenará al pago de los daños y perjuicios causados los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de sentencia.

Pull quotesCitas destacadas

  • "La justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia."

    "Interim judicial protection responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and effective justice by preserving the factual conditions essential for issuing and enforcing the judgment."

    Considerando II

  • "La justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia."

    Considerando II

  • "Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave."

    "The alleged injuries must at least be established through a rational evidentiary basis; merely asserting harm in those terms is insufficient, because the circumstances showing that it constitutes harm and that it is serious must be proven."

    Considerando III

  • "Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave."

    Considerando III

  • "Se tiene total claridad que el derecho de vía forma parte de los bienes del Estado, y por consiguientes entran en lo conocido como dominio público, y como tales son inalienables, imprescriptibles, inembargables y que se encuentran fuera del comercio; por lo que no podrán ser ocupados ni apropiados sin autorización de la administración correspondiente."

    "It is entirely clear that the right-of-way forms part of State property and therefore falls within the public domain; as such, it is inalienable, not subject to acquisitive prescription, immune from attachment, and outside commerce, and thus may not be occupied or appropriated without authorization from the competent administration."

    Considerando V

  • "Se tiene total claridad que el derecho de vía forma parte de los bienes del Estado, y por consiguientes entran en lo conocido como dominio público, y como tales son inalienables, imprescriptibles, inembargables y que se encuentran fuera del comercio; por lo que no podrán ser ocupados ni apropiados sin autorización de la administración correspondiente."

    Considerando V

  • "Dicho lo anterior y hasta tanto no sea dirimido el conflicto en sede jurisdiccional la balanza en esta oportunidad se inclina por tener por cumplido este requisito."

    "In view of the foregoing, and until the dispute is resolved judicially, the balance at this stage favors finding that this requirement has been satisfied."

    Considerando V

  • "Dicho lo anterior y hasta tanto no sea dirimido el conflicto en sede jurisdiccional la balanza en esta oportunidad se inclina por tener por cumplido este requisito."

    Considerando V

Full documentDocumento completo

Procedural marks

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Main line 2545-0003. Fax 2545-0033. Email ...01 Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Former Motorola building) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CASE FILE: 16-007716-1027-CA PROCEEDING: PRE-FILING INTERIM MEASURE (MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM) PETITIONER: Nombre3223 RESPONDENT: THE STATE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N°1588-2017-T TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Dirección144, Goicoechea, at sixteen hundred hours on doce de Julio del año dos mil diecisiete.- Petition for a pre-filing interim measure, filed by Ms. Nombre3223, who is of legal age, married, a homemaker, a resident of Jicaral de Puntarenas, holder of identity card number CED2493 - -, against THE STATE, represented in this matter by Licenciada Berta Eugenia Marín González, a resident of Guadalupe, married, holder of identity card number CED2494 - -, in her capacity as Procuradora A.- RESULTS I) This petition for an interim measure (medida cautelar) was filed on once de Agosto del año dos mil dieciséis, through which the petitioner herein requests the following, quoted verbatim: “(...) I hereby formally petition your authority to issue an interim measure intended to suspend the effects of administrative act (acto administrativo) IVD-1124-2014 of the Dirección de Ingeniería de Obras Publicas, Sub-Dirección de Diseño Vial, Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, served upon the undersigned on 28 de Octubre de año 2014, which to date has not been enforced, and office memorandum DVOP-DI-DV-IVD-2016-1379 of 09 de agosto del presente, which was served upon me that same day, states that the administrative act ordering MY HOME TO BE DEMOLISHED will be enforced in the coming days.” (see filing received on 11/08/2016).- II) By ruling issued at fifteen hours and ten minutes on once de Agosto del año dos mil dieciséis, this Tribunal denied this application for an emergency interim measure (medida provisionalísima), given that, as of that date, the urgency that must necessarily be demonstrated for relief of that nature did not exist, since the date on which the Administration would proceed to demolish the petitioner’s home was unclear (see ruling of 11/08/2016).

  • III)By means of the brief filed by the petitioner on dieciséis de agosto del año pasado, she submitted office memorandum number DVOP-DI-IVD-2016-1456 dated 16 de agosto del 2016, by which the Dirección de Ingeniería de Obras Públicas of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes informed the petitioner herein that the demolition of her home was scheduled to take place between 22 y 26 de agosto del 2016 (see brief and office memorandum filed on 16/08/2016).- IV) By means of the ruling issued at eleven hours and thirty-five minutes on diecisiete de Agosto del año dos mil dieciséis, this Tribunal, based on the evidence identified in the preceding recital and pursuant to section 29 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, proceeded to stay the demolition order issued by the Administration through ruling number IVD-1124-2014 of 24 de Octubre del 2014, as well as the effects of office memorandum number DVOP-DI-DV-IVD-2016-1456 dated 16 de agosto del año en curso, which stated that the challenged act would be carried out between 22 y 26 de agosto del año 2016 (see ruling issued on 17/08/2016).
  • V)By means of the brief filed on diecinueve de Agosto del año dos mil dieciséis, counsel for the State responded to the hearing concerning this interim measure, opposing it on the grounds that the actions of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes are supported by the declaration that State property serves the public interest (declaratoria de interés público) (see brief filed on 19/08/2016).- VI) The statutory formalities have been observed in the proceedings, and no defects or omissions are apparent that could invalidate the proceedings conducted or leave either party without an adequate defense.

CONSIDERATIONS

  • I)REGARDING THE EVIDENCE OFFERED BY THE PETITIONER: Among her evidence, the petitioner requests that testimony be received from Mr. Nombre3224, who is offered as an expert witness (testigo-perito), so that he may state the following: “that even using the maximum width of 20 metros under artículo 4 de la Ley de Caminos Públicos, the house is not 100% within the alleged right-of-way (derecho de vía) such that it would have to be demolished.” In this Tribunal’s view, it is unnecessary for him to appear for the purposes stated because, as explained below, these matters pertain to the merits of the case, which the petitioner challenges through this interim application. This is without prejudice to an assessment in the corresponding proceeding of whether that evidence is pertinent. It is therefore rejected.
  • II)GENERAL CONSIDERATIONS FOR GRANTING AN INTERIM MEASURE. As developed by the Sala Constitucional, interim-relief jurisdiction (justicia cautelar) responds to the need to guarantee the constitutional principle of prompt and effective justice by preserving the factual conditions essential to the issuance and enforcement of the judgment. (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). In the same vein, artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo provides that the purpose of imposing an interim measure is to provisionally protect and safeguard the subject matter of the proceeding and the effectiveness of the judgment. Legal scholarship has stated that the purpose of interim-relief jurisdiction is neither to declare a fact or liability, establish a legal relationship, enforce an order and satisfy an undisputed right, nor resolve litigation, but rather to prevent the harm that litigation may cause or that may arise from an abnormal situation (Gallegos Fedriani, Pablo.

Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). With the foregoing in mind, the adjudicator, in compliance with artículo 21 de la norma procesal indicada, must determine whether a petition for an interim measure is warranted by verifying that the claim (pretensión) in the merits proceeding (proceso de conocimiento) is neither reckless nor manifestly lacking in seriousness; this constitutes a preliminary assessment of the merits to determine whether the case presents what legal scholarship and case law have called a likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho or fumus boni iuris). The provision under review also establishes that an interim measure is warranted when the enforcement or continuation of the conduct at issue in the proceeding causes serious actual or potential harm or loss, a situation defined in legal scholarship as periculum in mora, or danger in delay (peligro en la demora); that is, when the pathological delay of judicial proceedings creates a present, real, and objective danger that the petitioner will suffer serious harm (Jinesta Lobo, Nombre43.

Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Along the same lines, artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo imposes upon the adjudicator the obligation to weigh the interests at stake in light of the principle of proportionality (principio de proporcionalidad): namely, the individual’s circumstances on the one hand, and the public interest and the interests of third parties that could be affected by the adoption of the interim measure on the other. In addition, that same section 22 requires the interim measure to be instrumental and provisional.- III) ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR GRANTING A PRECAUTIONARY MEASURE (MEDIDA CAUTELAR). In this regard, it has been held that, in implementing precautionary protection (tutela cautelar), as a fundamental right derived from Article 41 of the Constitution—namely, the right to obtain prompt and effective justice—the court must assess, for its effective implementation, not only compliance with the requirements known in legal doctrine as Likelihood of Success on the Merits (Apariencia de Buen Derecho; Fumus Boni Iuris), Risk from Delay (Peligro en la demora; Periculum in Mora), and the balancing of the interests at stake, which will be discussed below, but also whether the so-called structural characteristics of the precautionary measure are present.

These refer to instrumentality (instrumentalidad), provisional nature (provisionalidad), urgency (urgencia), and summary review (summaria cognitio or sumariedad del procedimiento). Both the stated requirements and these characteristics must be present for the requested measure to be granted in order to provisionally protect and safeguard the subject matter of the proceedings and the effectiveness of the judgment. The following requirements must be satisfied for a precautionary measure to be granted: a) Likelihood of Success on the Merits: the measure may be granted only if the claim is “serious,” meaning that there is such a probability of success that the claim does not appear manifestly devoid of merit or, as the case may be, frivolous. According to legal doctrine, this is nothing more than the probable subsequent recognition, in the judgment, of the claimant’s substantive right (derecho material), based on the analysis inherent in highly expedited proceedings (proceso sumarísimo), which cannot and must not entail a ruling on the merits of the matter raised, but rather only a preliminary assessment based on the evidence available when the ruling granting or denying the measure is issued; b) Risk from Delay: this consists of an objectively well-founded and reasonable fear that the asserted substantive legal position (situación jurídica sustancial) will be seriously harmed or gravely and irreparably prejudiced during the time required to issue judgment in the principal proceedings (proceso principal).

This requirement entails two elements: serious harm or injury and delay in the adjudicatory proceedings (proceso de conocimiento), without overlooking, of course, that it also encompasses what legal doctrine has termed the “Bilaterality of the Periculum in Mora” (Bilateralidad del Periculum in Mora), commonly known as the balancing of the interests at stake. This requirement concerns the characteristics that the alleged harm—which is capable of occurring, either actually or potentially, if the requested measure is not adopted—must possess. Such harm must be established as serious and must also be deemed to arise from the asserted situation. The alleged injuries must at least be demonstrated through the rational evidentiary principle (principio racional de prueba); therefore, merely alleging harm in the foregoing terms is insufficient, and the circumstances establishing that it constitutes harm and that it is serious must be proven.

In this regard, it must be emphasized that alleging the existence of serious, actual, or potential harm or injury is insufficient; it must be proven. As noted above, this is a procedural burden (carga procesal) borne by the interested party seeking to prove its assertions, Article 317 of the Código Procesal Civil. Regarding delay in the adjudicatory proceedings: This requirement refers to the situation arising from judicial proceedings (procesos jurisdiccionales), which, in order to proceed and ultimately conclude, require a series of acts that guarantee not only due process (debido proceso), but also the issuance of a ruling that, if it cannot be rendered promptly, is at least just. Bringing adjudicatory proceedings to a close takes time, and it is precisely in this respect that precautionary protection assumes particular importance, because it prevents serious harm while a decision in the case is pending—harm that, if it occurred, would render the claimed right ineffective.

The entry into force of the Código Procesal Contencioso Administrativo largely addressed proceedings that had taken years or even decades. Today, despite the efforts made, although proceedings take less time because of the benefits of oral procedure (oralidad), various stages and scheduled hearings must still be completed amid heavily congested dockets and other constraints, with the result that proceedings last a reasonable period, but a period nonetheless. Regarding the bilaterality of the periculum in mora: This term refers to balancing the interests at stake, in connection with any public interest that may require protection, against the interests of third parties and, of course, the interest of the party seeking a precautionary measure. These interests must be assessed comparatively, and the measure must be denied when the harm suffered or potentially suffered by the community or third parties exceeds that which the applicant for the measure might experience.- IV) STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE PRECAUTIONARY MEASURE: As stated above, in addition to the requirements already identified, the measure to be adopted must structurally possess the following characteristics: instrumentality, meaning that such measures have a distinctly ancillary relationship (relación de accesoriedad) to the final judgment, since they ultimately serve as an instrument for preserving the subject matter of the proceedings as presented; provisional nature, meaning that the precautionary relief ordered will remain in effect subject to the decision rendered in the proceedings on the merits (proceso de fondo).

It should be emphasized that the measure may also be terminated or modified at any time if the circumstances that originally warranted it change, or a measure previously denied may be adopted, as provided in Article 29 of the Código Procesal Contencioso Administrativo. Its effectiveness therefore ends when the judgment on the merits (sentencia de mérito) is issued or, in other words, its effects are contingent upon the disposition adopted in the principal proceedings; urgency, to avert the risk from delay; and summary review, that is, such measures are adopted pursuant to a highly expedited assessment by the court, without prejudging the merits of the matter, and such an assessment could in no way replace the stages of the adjudicatory proceedings. Based on the foregoing analytical legal framework and the elements required for granting a precautionary measure, the Court shall now examine the specific case.- V) REGARDING THE CASE UNDER REVIEW.

Having examined the record in light of the evidence and arguments presented by both parties, this Court considers that the elements required to grant the interim relief (medida cautelar) requested by Ms. Nombre3223 are indeed present. The elements supporting its issuance will now be addressed, as follows: Regarding the likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho). There are circumstances that lead this Judge to believe that this is not a claim that might prove reckless or lacking in seriousness, as may be inferred from the statements made by the parties involved in this matter, as well as from the evidence they have submitted in the proceedings. The following statements by the plaintiff are relevant to the resolution of this matter: She states that, in 2000, they registered Survey Plan Number P-621909-2000 with the Catastro Nacional, located in Camaronal, District 4 Lepanto, Canton 1 Puntarenas, Province 6 Puntarenas, with an area of 262,36 m2.

The Concejo Municipal de Distrito de Lepanto granted her Construction Permit N° 0940 dated 08 de Octubre del año 2003 to build the 42 m2 dwelling. She states that on 17 de noviembre del año 2003, the Banco Hipotecario de la Vivienda, through the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, awarded her the housing subsidy benefit, and that they were therefore able to build it. She states that in Mayo del año 2005, the Concejo Municipal de Distrito de Lepanto granted her Construction Permit N°1037, which allowed her to remodel the dwelling with her own resources and expand it by 15 m2 so that they could live more comfortably. She states that both permits required compliance with a construction setback line (línea de construcción) of 3 metros into the property as the municipal alignment (alineamiento Municipal). She states that on 28 de octubre del año 2014, the Departamento de Inspección Vial y Demoliciones of the Ministerio de Obras Públicas y Transporte served her with official letter IVD-1124-2014, informing her that she must vacate the right-of-way (derecho de vía) she was encroaching upon and proceed to demolish and remove the residential structures, as well as fences, mesh fencing, railings, gates, and any other structures or objects encroaching upon the right-of-way of that National Route, for which she was granted 15 business days to comply with the order; she was also informed that expediente No 2013-070 was available to her.

She later states that the gravel road connecting Jicaral with Dominicas, “KNOWN AS NATIONAL ROUTE No 163,” which borders the western side of her plan, is 10 metros wide. She therefore states verbatim: “assuming that it is in fact a National Route, it would be classified as a highway, for which, under the PUBLIC ROADS LAW Law No 5060 de 1972, the roadway should be 20 m wide, and my property would therefore, in principle, be encroaching by 5 m; however, for that very reason, the construction permit granted by the Concejo Municipal Distrito Lepanto ordered that the construction setback line inside the Municipal Alignment had to be THREE METERS, which is precisely how it was built.” Regarding the likelihood of success on the merits, she states that the explanation provided above demonstrates that her claim has such likelihood. She considers that her actions were in accordance with the law: obtaining and registering a plan and applying for a construction permit as a requirement for BANHVI and INVU to grant her the housing subsidy so that she could build the dwelling.

She considers that the Ministerio de Obras Públicas y Transportes, acting through the Departamento de Demoliciones, has failed to substantiate its position and that this is a merits issue (situación de fondo) pertaining to the proceeding she will file. Nevertheless, she considers that the official letter served on her lacks the elements inherent to an administrative act (acto administrativo), such as a statement of reasons (motivación), and that enforcing it would not only cause extremely serious harm to her assets and those of her family, but would also do so because a public official irresponsibly and without justification claims that her dwelling is encroaching upon the right-of-way of a national route, which she asserts is completely false. She considers that she is not seeking anything reckless or manifestly lacking in seriousness and that, on the contrary, she asks this Jurisdiction to protect her family under the rights established by the Constitution in its articles 41 and 49, emphasizing that MOPT is mistaken and will cause irreparable harm (daño irreparable), and that only the issuance of interim relief such as that requested can bring peace of mind to her family.

Regarding the risk arising from delay (peligro en la demora), she states that the potential harm to her family—her husband, children, mother, and siblings, who live in the dwelling—would be irreparable, and that nothing would compensate for the harm that would be caused if there were no interim relief guaranteeing the effectiveness of the proceedings; otherwise, there would be no point even continuing this struggle if, at night, she had nowhere to put her children to sleep. She considers and asserts that her house is not built within the right-of-way of any National Route. The public road running along the western side of her house is a local road in a rural region that has always been gravel-surfaced, and if its possible expansion were contemplated, this would have to be done through a decree declaring the construction of a highway to be in the national interest, as required by law, with the corresponding expropriations (expropiaciones) imposed on everyone living in the area.

She asserts that “MOPT’s arbitrary position is so misguided that more than half of Jicaral would then have to be demolished.” Regarding the interests at stake (intereses en juego), she asserts that it is untrue that her property is public-domain property (bien demanial), that it is untrue that the State must recover title to property belonging to her, and that it is untrue that the dwelling built on her property must be demolished because it is within a right-of-way, when even if this route were classified as Primary, the 20 metros of width it would have would not reach her dwelling, much less require its demolition. She considers that the State’s interest, as expressed through the administrative act served on her, is not properly reasoned or substantiated, whereas her family’s right to have a home of their own is protected and guaranteed by constitutional law. She adds that the instrumental characteristics required of interim relief are also satisfied in this case, noting that the relief requested is ancillary (instrumental) and will be subject to principal proceedings (proceso principal), that it is provisional and may be modified or even revoked, and that the extreme urgency has been demonstrated.

For its part, the State’s representative has stated the following insofar as relevant to the resolution of this matter: The plaintiff has not demonstrated a likelihood of success on the merits, and the right-of-way is governed by articles 2, 3 and 6 of the Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad exterior, decreto N°29253. It adds that the rights-of-way of the national road network are State-owned public-domain assets (bienes de dominio público) and are therefore inalienable, not subject to adverse possession, immune from attachment, outside the stream of commerce, and may not be occupied without authorization from the Ministerio de Obras Públicas y Transportes. It asserts that, in this case, the plaintiff’s dwelling lies within the right-of-way of Route 163, which runs from Jicaral to Dominicas de Puntarenas, according to registered survey plan N° P-621909-200, such that a dwelling has been built on a right-of-way without authorization from the Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

This empowers the Dirección de Ingeniería del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de la Dirección de Ingeniería de la División de Obras Públicas to take the measures necessary to appear before the competent authorities and pursue the corresponding actions to restore the public-domain asset to the State. In the State representative’s view, administrative act IVD-1124-2014 dated 24 de octubre del 2014, granting the plaintiff fifteen business days to vacate the right-of-way she is encroaching upon, complies with the law, making it clear that the authorities of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes acted in accordance with the legal system and the procedures established for situations of this kind. It considers that this application for interim relief lacks a likelihood of success on the merits and therefore requests a declaration to that effect. Regarding the risk arising from delay, it states that the plaintiff claims there is extreme urgency in granting interim relief because potential harm would be caused to her family—her husband, children, mother, and siblings—who live in the dwelling.

Nevertheless, the assertion that harm exists is not accompanied by appropriate evidence capable of effectively demonstrating that serious harm has occurred. It adds that, in this case, the plaintiff has submitted no document demonstrating any potential harm, although the burden of proof (carga de la prueba) rested with the plaintiff. On the contrary, it has been shown that the action of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes was intended to protect a public-domain asset, namely the right-of-way that the plaintiff is using without authorization. Until the evidence necessary to demonstrate the alleged harm is introduced into the proceedings, or at least compelling indications of the possibility of such harm are provided, it is the State representative’s position that this requirement has not been met and that interim relief must therefore be denied. Regarding the balancing of the interests at stake (ponderación de intereses en juego), it states that, in this case, it is clear that the protection of public-domain assets must prevail because they are intended for public use, over any social and economic interest the plaintiff may assert, and that the actions of the Ministerio de Obras Públicas y Transportes are supported by the declaration in the legal system that State-owned assets are in the public interest.

  • VI)Opinion of this Adjudicator: As indicated above, in this Adjudicator’s view, the complaint is neither unreasonable nor lacking in seriousness from any standpoint such that its merits could not be addressed in a plenary proceeding (proceso de conocimiento). There are matters that, because they are not properly addressed at this interim-relief stage (etapa cautelar), will not be examined in depth; nevertheless, they must be cited in support of this ruling. The parties’ repeated arguments concerning the administrative proceeding (procedimiento administrativo) itself must be analyzed in depth, since this would be the only way to obtain clarity and determine which position is correct; however, that can only be done through a plenary proceeding. According to the plaintiff, the adverse administrative determination is wholly arbitrary and unlawful because she has all the construction permits; she adds that, beginning in 2000, they proceeded to register cadastral plan (plano Catastrado) number P-621909-2000, covering an area of 262.36m2; that the Municipal Council of the District of Lepanto granted her construction permit number 0940 dated 08 de Octubre del año 2003 to build the 42m2 dwelling; and that, in May 2005, that Municipal Council granted her permit number 1037, which allowed her to remodel her dwelling with her own resources and expand it by 15m2.

She states that both permits required, as the building setback line (línea de construcción), compliance with a municipal setback (alineamiento Municipal) of 3 meters inward from the property line. She states that she appeared before the MOPT Setbacks Department, where she was informed that the Road Planning Department classified Route N°163 as a secondary route, for which a projected width of 20 meters had been established. She adds that if the National Road Council were ever to seek to widen and pave that route, it would have to expropriate those located within that right-of-way (derecho de vía), because the projected width was merely a projection, not an established right-of-way. She maintains, based on the evidence she submitted, that the notice served upon her, which she considers unlawful, lacks elements inherent to an administrative act (acto administrativo), such as a statement of reasons (motivación), since a public official irresponsibly and without any basis claims that her dwelling, which was built more than thirteen years ago, encroaches upon the right-of-way of a national route—an assertion she emphasizes is wholly false.

The State’s representative, for its part, defends the manner in which this matter was handled at the administrative level (sede administrativa). It provides an extensive review of public-domain property (bienes de dominio público) and refers to the legal scholarship, regulations, and case law concerning the subject. With respect to the case before the Court, however, it maintains that the plaintiff’s structure stands on the right-of-way of Route 163, which authorizes the Engineering Directorate of the Public Works Division to take the measures necessary to appear before the competent authorities and bring the appropriate actions to restore the public-domain property to the State. It further considers administrative act number IVD-1124-2014 dated 24 de octubre del 2014, which grants the plaintiff fifteen business days to vacate the right-of-way she is encroaching upon, to be lawful; accordingly, it is clear to the State’s representative that the authorities of the Ministry of Public Works and Transportation acted in accordance with the legal system and the procedures established for situations of this kind.

For this Court, the arguments and/or defects involving arbitrariness and unlawfulness alleged by the plaintiff are precisely what must be addressed in the proceeding on the merits, rather than through an interim measure (medida cautelar). As already indicated, this is fully reviewable in these proceedings, and that is precisely what the element or requirement under analysis concerns. This matter challenges administrative conduct (conducta administrativa), and the Contentious-Administrative Court was created precisely to review such conduct (see Article 1 of the Contentious-Administrative Procedural Code) and to determine, through the appropriate proceeding, whether it conforms to the legal system and whether it was undertaken in observance of each and every one of the plaintiff’s rights. It is clear that each administrative authority has its own jurisdiction and that each performs its assigned activity within its respective subject-matter and/or territorial jurisdiction, so as to ensure the proper functioning of the administration, both internally and externally.

As to the external sphere, it necessarily involves the regulated party (administrado), who approaches particular administrative authorities seeking proper attention to their applications. Accordingly, any administrative decision must be readily understandable, so that every determination addressed to the regulated party encompasses everything submitted in that administrative forum, leaving nothing open to anyone’s interpretation or imagination, and so that, upon receiving a favorable or unfavorable ruling, the regulated party will know what step to take from that moment onward. In this particular case, it should be noted that in 2000 the plaintiff proceeded to register her cadastral plan number P-621909-000 (undisputed fact); that the Municipal Council of the District of Lepanto granted her a construction permit to build her dwelling specifically on her property (undisputed fact); that the plaintiff became a beneficiary of the Housing Grant (Bono de la Vivienda) on 17 de noviembre del 2003 (undisputed fact); that in 2005 the Municipal Council of Lepanto granted the plaintiff a construction permit to remodel the dwelling (undisputed fact); and that these permits required compliance with a municipal setback of 3 meters inward from the property line (undisputed fact; see also the evidence submitted).

It is now important to analyze official letter number DVOP-DI-IVD-2016-1379 dated 9 de agosto del año 2016, the penultimate paragraph of which states, insofar as relevant: “It is important to note that, as verified through the respective field inspection, the referenced house is located entirely within the Directorate’s343 right-of-way, according to cadastral plan P-621909-2000, which was used in the possessory-title proceeding (información posesoria). However, such possession has not been recorded in the Real Property Registry.” (underlining, boldface, and italics added). If this is so, and if the property shown on cadastral plan number P-621909-2000 was the subject of a possessory-title proceeding, it would be not only logical but legally required for the State to have participated in that proceeding, as established by Section 5 of the Possessory Information Law (Ley de Informaciones Posesorias), and to have formally asserted its objection therein, as established by Section 8 of the cited law.

However, there is no evidence of this, since the plaintiff neither submitted nor stated anything in that regard, and the State’s representative merely devoted itself to referencing the evidence already submitted by the plaintiff (see the section entitled “Evidence” in the State’s answer). Thus, as indicated in the referenced official letter, the property has not been recorded in the corresponding Registry, and it would therefore be reasonable to conclude, in the absence of evidence, that only registry requirements—not judicial requirements—remain to be satisfied for registration of the cited property. As can be seen, the plaintiff believes that she completed each and every procedure required not only to comply with construction regulations, but also with the rules governing possession and with institutional requirements, which in this case originated from the Municipal Council of the District of Lepanto.

As indicated above, each administrative authority has its own jurisdiction and must act within it. In the plaintiff’s view, this is precisely what is adversely affecting her on this occasion through the determination of the Road Inspection and Demolition Department of the Ministry of Public Works and Transportation, which is now seeking the demolition of a dwelling that, as far as she was concerned, had the corresponding permits granted by the local administrative authority, without any construction-related warning that would have prevented her from undertaking the construction itself or the expansion and/or remodeling for which she applied and which was approved at that time. As indicated, there is clarity not only regarding the jurisdiction of the administrative authorities, but also regarding the meaning of a right-of-way. Yet this is precisely what the plaintiff disputes, and through the evidence she submitted she seeks to demonstrate that she did not build within that right-of-way.

She further asserts that the position of the Ministry of Public Works and Transportation is so mistaken that, if it were correct—that is, if her property were within that right-of-way—“half of Jicaral” would have to be demolished. She also considers that the proper course in this case is to carry out the corresponding expropriations after issuing a declaration of national interest (declaratoria de interés nacional). She further maintains that the investigation was deficient and emphasizes and reiterates that her property is not public-domain property (bien demanial), that it is not true that the State must recover title to property belonging to her, and that it is not true that her dwelling was built within that right-of-way and must therefore be demolished. She asserts that even if the road were classified as a primary road—which she maintains it is not—a width of 20 meters would not reach her dwelling, much less require its demolition.

On the other hand, the State’s representative defends the manner in which the matter was handled, asserting that the plaintiff encroached upon the right-of-way and that the State is simply obligated to recover it because public-domain property is inalienable and not subject to acquisitive prescription (imprescriptibles); that the plaintiff was afforded her right to a defense (derecho de defensa); and that, for that reason, the administrative proceeding complied with the law, due process (debido proceso), and the right to a defense, and therefore this requirement has not been met. These are precisely the matters that remain to be analyzed, since this Court has no doubt that State-owned land has the characteristics identified by the State’s representative. Nevertheless, some of the plaintiff’s assertions cannot be resolved through an interim measure because they are matters properly belonging to the plenary proceeding; however, they support the conclusion that this case is indeed capable of analysis through a plenary proceeding in which it can be determined which position is correct—not with respect to whether State-owned land may be appropriated by private persons, an issue that has long since been settled, but rather with respect to changes over time and space in the dimensions of the right-of-way.

This is the administrative conduct challenged by the plaintiff, who asserts that the change occurred at a time subsequent to her acquisition of the property, through the alteration of the right-of-way dimensions claimed by the State through the Ministry of Public Works and Transportation. This is precisely the central issue in the proceeding, in which it must be determined whether the road dimensions are those that have always applied in that area or whether they were changed under the circumstances described. In this Court’s view, this matter presents particular issues that may properly be resolved in the corresponding proceeding, and it therefore finds that this requirement has been met.

Furthermore, we cannot overlook the fact that the jurisdiction of this Court, derived both from the provisions of Article 49 of the Constitution and from the provisions of the Code of Administrative Litigation Procedure (Código Procesal Contencioso Administrativo), makes it possible to exercise plenary review of the legality of administrative action, which entails declaring legally noncompliant any formal or material conduct that is contrary to the body of applicable law (bloque de legalidad). The likelihood of success on the merits (apariencia de buen derecho) is, in itself, an assessment of probabilities made by the Judge regarding the eventual outcome of the proceedings; since we are considering an interim measure (medida cautelar), and even more so one such as the present measure, which is sought before the commencement of the proceedings (ante causam), it is premature to determine whether or not it should be granted, because the arguments and evidence on which the proceedings on the merits will be based could differ from those before us today.

Furthermore, we cannot overlook the constitutional principle guaranteeing that any person who considers themselves affected by an administrative action may seek redress before this Court, with access to justice also being recognized as a fundamental right (Articles 41 and 49 of the Political Constitution). Accordingly, at least prima facie, without prejudging the matter and without even determining the likelihood that the claim will succeed, the fact remains that it is sufficiently serious for the requirement under analysis to be deemed established. As regards the risk arising from delay (peligro en la demora), although the entry into force of the Code of Administrative Litigation Procedure largely resolved the problem of proceedings that lasted years or even decades, today, despite the efforts made, proceedings—although shorter due to the benefits of oral procedure—must pass through various stages and scheduling processes amid fairly congested dockets, as well as other procedural steps that make them last for a shorter and reasonable period, but a period of time nonetheless.

The claimant has stated that she lives in the dwelling that is intended to be demolished with her husband, children, mother, and siblings. The respondent Administration has stated that the claimant’s survey plan served or was used in connection with a possessory-title proceeding (información posesoria), the outcome of which, as noted above, remains unknown as of today; therefore, if it is pending registration, it is reasonable to conclude that the claimant has no other property to which she could relocate with her entire family if her dwelling were demolished, since one of the requirements for applying to register, or registering, real property through a possessory-title proceeding is that it lack title registered or eligible for registration with the Public Registry; for that reason, the claimant would suffer greater harm, which in this case would extend to her family unit, thereby further aggravating the harm.

In the filing submitted by counsel for the State on 29 de agoto del año dos mil dieciséis, it argues with respect to this requirement that the claimant has not demonstrated that enforcement of the challenged decision would cause her serious harm or injury, whether actual or potential. It states that report IVD 883-2013 of 20 de mayo del 2013, issued by the Roadway Inspection and Demolitions Department of the Ministry of Public Works and Transportation, shows that the claimant’s dwelling is located within the right-of-way (derecho de vía) of Route 163, which runs from Jicaral to Dominicas de Puntarenas, according to registered survey plan Placa434°; therefore, a dwelling has been built within a right-of-way without authorization from the Ministry of Public Works and Transportation, which empowers the Engineering Directorate’s Roadway Inspection and Demolitions Department, under the Public Works Division, to take the measures necessary to apply to the competent authorities in order to pursue the appropriate actions to restore the public-domain property (bien de dominio público) to the State.

It further states that, in view of the foregoing, administrative act IVD-1124-2014 of 24 de octubre del 2014, served on the claimant on 24 de octubre del 2014, granted her fifteen business days to vacate the right-of-way she is encroaching upon, a period that has been extended to the present day; therefore, it is not true that this case involves urgency, because the claimant has had approximately 10 months rather than 15 days to vacate the right-of-way she is encroaching upon, and she has submitted no evidence demonstrating any potential harm, despite bearing the burden of proof; and until the evidence necessary to demonstrate the alleged harm is introduced into the proceedings, it is the State’s position that this requirement has not been met and the interim measure must therefore be denied. As is apparent from the arguments advanced by counsel for the State to contest this element, it has relied on matters going to the merits, such as the construction of a dwelling within the right-of-way, and has defended the position of the Engineering Directorate’s Roadway Inspection and Demolitions Department, under the Public Works Division, that the dwelling should be demolished for that reason; these are considered positions that must be examined in the proceedings on the merits.

The second argument relied upon by counsel for the State to contest this element is that the claimant has not submitted the evidence necessary to demonstrate the alleged harm; however, counsel fails to account for the fact that, as stated by that Ministry’s own Department, the property on which the dwelling at issue was built was acquired by the claimant through a possessory-title proceeding and that, in addition, according to the claimant’s statements, she and her relatives live in the dwelling intended for demolition, with the resulting harm that they would have nowhere to go because they do not own another home—a circumstance that counsel for the State did not address. For this Court, each and every one of the claimant’s statements, as well as the evidence she submits, is consistent with what is required and necessary to establish an injury that, in this particular case, could extend beyond the personal sphere to the family sphere, since the claimant states that her family lives in that dwelling.

It should also be noted that in official letter number DVOP-DI-DV-IVD-2016-826 dated 07 de Junio del 2016, addressed to Engineer Oscar Ulloa Rojas of the Ministry of Public Works and Transportation, Licenciado Vinicio Barboza Ortíz, Head of that Ministry’s Roadway Inspection and Demolitions Department, states that the dwelling is “occupied by 13 people,” a circumstance to which he apparently lent credibility by recording it as such, regardless of whether it was based on the claimant’s statement; because if there was no certainty regarding the number of people living in what he describes as a makeshift house, the prudent course would have been to verify it rather than simply record the claimant’s statement. This circumstance merely demonstrates that the harm indeed extends not only to the applicant but also to the group of people who occupy the dwelling. Later in the cited official letter, this time in the words of the Head of the Roadway Inspection and Demolitions Department himself, it states that “the shack” is occupied by persons who are vulnerable because of their poverty and that minors are among its occupants.

As can be seen, in the section concerning the risk arising from delay, counsel for the State begins its challenge by noting that the claimant asserts that granting the interim measure is extremely urgent because her family—her husband, children, mother, and siblings who live in the dwelling—would suffer potential harm; nevertheless, counsel adds, the assertion that harm exists is not accompanied by suitable evidence effectively demonstrating that serious harm has occurred. For this Court, that position is incorrect for one very simple reason: if this is a family group consisting of 13 people; if, in the words of the Head of the Roadway Inspection and Demolitions Department, the structure is a shack or makeshift dwelling; and if those who live there are vulnerable persons, including minors, then demolition in this case, without taking the corresponding steps before that Ministry’s Environmental and Social Management Unit, would be contrary to the determination made by the Head of that Department himself: that the persons concerned are in a state of vulnerability.

In that condition, the harm would be more severe and would consequently warrant protection not only through an interim measure, but also from the institutions involved in this matter. In this case and under these circumstances, what is known as an admission by a party (confesión de parte) must apply, because the Head of the Roadway Inspection and Demolitions Department himself has stated that minors live in the dwelling, that they live in conditions of poverty, and that they require assistance. These statements merely confirm that, because they are persons in a state of vulnerability, the harm is imminent; therefore, since there is an admission to that effect, it relieves the opposing party of the need to prove its assertion (an admission by a party relieves the burden of proof—“a confesión de parte - relevo de prueba”). It is entirely clear that the right-of-way forms part of the State’s property and consequently falls within what is known as the public domain (dominio público), and that such property is inalienable, not subject to acquisitive prescription, immune from attachment, and outside the stream of commerce; therefore, it may not be occupied or appropriated without authorization from the relevant Administration.

However, it must be clear that this is precisely the issue disputed by the claimant, a matter that is fully reviewable in these proceedings; yet the particular circumstances presented and described by Ms. Nombre3223, as well as those of the persons who live with her in the dwelling intended for demolition, require a decision that is not only prompt but effective, so as to afford her at least an opportunity to defend herself against the State’s position. It should now be emphasized that, in this case, counsel for the State’s position is framed from the perspective of the area comprising the right-of-way of Dirección343, which it asserts the claimant is encroaching upon, as well as from its analysis that such property belongs to the public domain and has the corresponding characteristics. Although this is highly relevant to the proceedings on the merits, counsel has neglected its obligation to present evidence.

It objects that the claimant has not submitted evidence, referring to her statement that she lives with her family—her husband, children, mother, and siblings—and arguing that the assertion that harm exists is nevertheless not accompanied by suitable evidence demonstrating that the harm has actually occurred. In this regard, it is important to note that Article 317 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), applicable to this matter by express reference under numeral 220 of the Code of Administrative Litigation Procedure, provides with respect to the burden of proof, in its first subsection, that: 1) A person who brings a claim (pretención) (sic), with respect to assertions concerning the facts constituting that person’s right.” However, its second subsection provides that the burden of proof rests upon: “2) A person who opposes a claim, with respect to assertions of facts that preclude, modify, or extinguish the claimant’s right.” (boldface and underlining do not appear in the original).

It is clear that the State’s representative has taken a position regarding this case, but this Court finds that such position and assertions are insufficient to rebut the element or requirement under review—danger in delay (periculum in mora)—and even less sufficient to discredit all the evidence that the plaintiff has diligently undertaken to submit. Although that evidence is directly related to the merits of the matter, it has made it possible to ascertain the conditions in which they live, their state of vulnerability, and the presence of minors at the location; this evidence is therefore fully credible to this Court, as it was not challenged as required (Article 317, subsection 2; see also official communication IVD-510-2015 dated 28/04/2016). In light of the foregoing, the plaintiff must be afforded effective judicial protection (tutela efectiva), irrespective, for the time being, of the ruling ultimately issued on the merits in the plenary proceedings (proceso de conocimiento).

With the first two prerequisites established, the decision turns on balancing the interests at stake and the impact on the public interest. To determine this third element, this judge conducts a preliminary review of matters such as the reasons for the demolition, as well as the evidence submitted in the proceedings. Regarding the reasons underlying the demolition, this judge considers that, although these are matters that may be assessed by an administrative authority—in this case, the Ministerio de Obras Públicas y Transportes—and although the situation might even be deemed an encroachment upon the road right-of-way (derecho de vía), this authority does not find that it would seriously impair the public interest. As the plaintiff has stated, and as is evident from official communication number DRCH-47-2016-0125 dated 17 de Febrero del 2016, there apparently was no intention as of that date to recover the right-of-way allegedly encroached upon by the plaintiff; rather, the work was directed toward constructing drainage ditches, shoulders, and the roadway surface.

As of today, when this order is issued, it bears noting that the precautionary measure (medida cautelar) filed by Ms. Nombre3223 on once de Agosto del año dos mil dieciséis was granted by this Court on an extremely provisional basis (provisionalísima) as of diecisiete de Agosto del año pasado, ordering the immediate stay of the effects of the administrative act under which the home of the plaintiff herein was to be demolished. Accordingly, since that date Ms. Nombre3223 has resided in her home with the other members of her family unit; a simple calculation thus shows that she has remained in her home pursuant to a judicial order for almost eleven months. Throughout that time, the administrative authority apparently has not carried out any work on the surface of that road involving the property of the plaintiff herein, and consequently the public works project has not experienced any setback.

At least, that is what may be presumed given the absence of a single item of evidence establishing otherwise and warranting a change to the prior decision granting relief on an extremely provisional basis (Articles 29.1 of the Código Procesal Contencioso Administrativo and 317, subsection 2, of the Código Procesal Civil, which applies supplementarily pursuant to Article 220 of the Code governing this subject matter). In light of the foregoing, and until the dispute is resolved judicially, the balance in this instance weighs in favor of finding that this requirement has been satisfied. Accordingly, upon considering the parties’ positions as a whole, this judge concludes that the private interest must prevail over the public interests or those of interested third parties. The element under review is deemed satisfied.

  • VII)DECISION IN THE CASE: It is ordered that the effects and enforcement of the demolition ordered by Resolution IVD-II24-2014 of 24 de Octubre del 2014 remain stayed. Ms. Nombre3223 is advised that, pursuant to the rules of Article 26, second paragraph, of the Código Procesal Contencioso Administrativo, if she has not filed the principal action (demanda principal), she must do so within 15 days from the day following notification of this ruling, under this same case number (16-007716-1027-CA), with the warning that, should she fail to do so, the preliminary injunction (medida cautelar) ordered herein will be lifted and she will be ordered to pay the damages caused, which shall be determined through judgment-enforcement proceedings (trámite de ejecución de sentencia). In view of the particular nature of this type of application, this matter is decided without a specific award of costs (condenatoria en costas).

THEREFORE

It is ordered that the effects and enforcement of the demolition ordered by Resolution IVD-II24-2014 of 24 de Octubre del 2014 remain stayed. Ms. Nombre3223 is advised that, pursuant to the rules of Article 26, second paragraph, of the Código Procesal Contencioso Administrativo, if she has not filed the principal action, she must do so within 15 days from the day following notification of this ruling, under this same case number (16-007716-1027-CA), with the warning that, should she fail to do so, the preliminary injunction ordered herein will be lifted and she will be ordered to pay the damages caused, which shall be determined through judgment-enforcement proceedings. In view of the particular nature of this type of application, this matter is decided without a specific award of costs. LET NOTICE BE SERVED.- *TQWFQ43NUBYQ61* RODRIGO HUERTAS DURÁN - DECIDING JUDGE

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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico ...01 Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Antiguo edificio Motorola) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROCESO: MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAM PROMOVENTE: Nombre3223 DEMANDADO: EL ESTADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N°1588-2017-T TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, Dirección144 , Goicoechea, al ser las dieciséis horas del día doce de Julio del año dos mil diecisiete.- Solicitud de medida cautelar ante causam, interpuesta por la señora Nombre3223 quien es mayor de edad, casada, ama de casa, vecina de Jicaral de Puntarenas, portadora de la cédula de identidad número CED2493 - - en contra del ESTADO representado en este asunto por la Licenciada Berta Eugenia Marín González, vecina de Guadalupe, casada, portadora de la cédula de identidad número CED2494 - - en su condición de Procuradora A.-

RESULTANDO

  • I)La presente solicitud de medida cautelar fue interpuesta el día once de Agosto del año dos mil dieciséis, por medio de la cual la aquí actora solicita lo que de seguido, se transcribe literalmente: " (...) interpongo ante su autoridad formal solicitud de dictado de medida cautelar, tendiente a suspender los efectos del acto administrativo IVD-1124-2014 de la Dirección de Ingeniería de Obras Publicas, Sub-Dirección de Diseño Vial, Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, notificado a la suscrita el día 28 de Octubre de año 2014, que a la fecha no se ha ejecutado y que mediante oficio DVOP-DI-DV-IVD-2016-1379 del 09 de agosto del presente, que me fue notificado ese mismo día se indica que el acto administrativo que ordena DEMOLER MI VIVIENDA se ejecutará en los próximos días.". (ver escrito de interposición recibido en fecha 11/08/2016).- II) Por resolución dictada al ser las quince horas diez minutos del día once de Agosto del año dos mil dieciséis, este Tribunal rechazó en carácter de provisionalísima esta gestión, en vista que para esa fecha no existía es urgencia que obligatoriamente se debe de acreditar para acceder a la cautelar en ese carácter, ya que no se tenía claridad la fecha en la cual la administración procedería a realizar la demolición de la vivienda de la aquí actora (ver resolución del 11/08/2016).
  • III)Por medio del escrito presentado por la parte actora en fecha dieciséis de agosto del año pasado, aporta oficio identificado con el número DVOP-DI-IVD-2016-1456 de fecha 16 de agosto del 2016, por medio del cual la Dirección de Ingeniería de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes le informaba a la aquí actora que la demolición de su vivienda estaba programada para realizarse entre los días 22 y 26 de agosto del 2016 (ver escrito y oficio presentados en fecha 16/08/2016).- IV) Por medio de la resolución dictada al ser las once horas treinta y cinco minutos del día diecisiete de Agosto del año dos mil dieciséis este Tribunal conforme a la prueba identificada en el considerando anterior y amparada en el numeral 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, procedió a suspender la orden de demolición dispuesta por la administración mediante resolución número IVD-1124-2014 del 24 de Octubre del 2014; así como los efectos del oficio número DVOP-DI-DV-IVD-2016-1456 de fecha 16 de agosto del año en curso, donde se informaba que la materialización del acto cuestionado se realizaría entre los días 22 y 26 de agosto del año 2016 (ver resolución dictada el día 17/08/2016).
  • V)Por medio del escrito presentado en fecha diecinueve de Agosto del año dos mil dieciséis la representación Estatal contesta la audiencia con relación a esta medida cautelar, con aposición a la misma, considerando que la actuación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes está amparada a la declaratoria de interés público de los bienes del Estado (ver escrito presentado en fecha 19/08/2016).- VI) En los procedimientos se han observado las formalidades de Ley y no se notan vicios u omisiones que sean capaces de invalidar lo actuado o pueda generar indefensión para alguna de las partes.

CONSIDERANDO

  • I)SOBRE LA PRUEBA OFRECIDA POR LA PARTE ACTORA: La parte actora dentro de sus pruebas, gestiona el que se reciba al señor Nombre3224 , quien es ofrecido en calidad de testigo - perito, con el fin de que este indique lo siguiente: " que ni siquiera usando el ancho máximo de 20 metros según el artículo 4 de la Ley de Caminos Públicos la casa esta 100% dentro del supuesto derecho de vía, como para tener que demolerla". Para este Tribunal en los términos ofrecidos, resulta innecesario el hacerlo comparecer, ya que como más adelante se indicará estos son aspectos propios del fondo del asunto, y que por medio de esta gestión cautelar cuestiona la parte actora. Esto sin perjuicio que el proceso respectivo se analice la pertinencia o no de dicha prueba. Por tal motivo la misma se rechaza.
  • II)GENERALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA MEDIDA CAUTELAR. Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, Pablo.

Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Ábaco, 2006). Teniendo claro lo anterior, el juzgador con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicada, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (Jinesta Lobo, Nombre43.

Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte instrumental y provisional.- III) REQUISITOS ESENCIALES PARA ADMITIR UNA MEDIDA CAUTELAR. Al respecto se ha dicho que el cumplimiento de la tutela cautelar, como derecho fundamental derivado del numeral 41 constitucional que es el derecho a obtener justicia pronta y cumplida, el órgano jurisdiccional debe valorar para su efectiva materialización, además del cumplimiento de los presupuestos conocidos en doctrina como Apariencia de Buen Derecho (Fumus Boni Iuris), Peligro en la demora (Periculum in Mora), así como la ponderación de intereses en juego, los cuales se detallarán adelante, la verificación sobre la presencia o existencia de las que se han dado en llamar, características estructurales de la medida cautelar.

Refiere lo anterior a la instrumentalidad, la provisionalidad, la urgencia y la summaria cognitio o sumariedad del procedimiento. Tanto los presupuestos indicados como las características señaladas, han de estar presentes para el otorgamiento de la medida que se ha solicitado con la finalidad de proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. En lo que respecta a los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar, encontramos los siguientes: a) Apariencia de Buen Derecho: para la procedencia de la medida cautelar debe mediar "seriedad en la demanda", es decir, una probabilidad de éxito tal, que la demanda no resulte a simple vista palmariamente carente de seriedad, o en su caso que sea temeraria. Para la doctrina, no es otra cosa que la probable estimación posterior del derecho material del actor en la sentencia, mediante el análisis propio de un proceso sumarísimo que en forma alguna puede o debe, determinar pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, sino y en su lugar, únicamente una aproximación al mismo con los elementos presentes al momento del dictado del fallo que acoge o deniega la medida; b) Peligro en la Mora: consiste en el temor objetivamente fundado y razonable de que la situación jurídica sustancial aducida resulte seriamente dañada o perjudicada en forma grave e irreparable, durante el transcurso del tiempo necesario para dictar sentencia en el proceso principal.

Este presupuesto requiere la presencia de dos elementos: el daño o perjuicio grave y la demora en el proceso de conocimiento, sin dejar de lado claro está, que dentro de este presupuesto se encuentra lo que la doctrina ha denominado como la "Bilateralidad del Periculum in Mora" o como comúnmente se le conoce, la ponderación de los intereses en juego. El presupuesto alude a la característica que habrán de encontrarse en los daños que se reprochen, son susceptibles de producirse, -actual o potencialmente-, de no adoptarse la medida que se requiere. Daños que deberán ser establecidos como graves, además de tenerse como derivados de la situación aducida. Las lesiones acusadas al menos deben ser comprobadas a través del principio racional de prueba por lo que no basta con aducir el daño en los términos dichos, sino que habrá de acreditarse las circunstancias para ser considerado un daño y que el mismo sea grave.

En ese sentido, debe enfatizarse que no basta con alegar la existencia del daño o perjuicio, grave, actual o potencial, sino que debe probarse, lo cual, como se refirió líneas arriba, es una carga procesal que le corresponde asumir a la parte interesada en probar su dicho, artículo 317 del Código Procesal Civil. Sobre la demora en el proceso de conocimiento: Este presupuesto refiere a la situación que se genera con ocasión de los procesos jurisdiccionales que requieren para su desarrollo y posterior fenecimiento, la realización de una serie de actos a través de los cuales se garantiza no sólo el debido proceso, sino la emisión de un fallo que si no se pude llevar a cabo con prontitud al menos que sea justo. El ponerle fin a un proceso de conocimiento demanda tiempo y es precisamente donde la tutela cautelar adquiere especial relevancia, por cuanto mientras llega esa decisión del caso se esta evitando graves daños, que en el caso de darse haría nugatorio el derecho que se reclama.

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, se vino a solucionar en mucho, aquellos procesos que tardaban años e incluso décadas, hoy día por más esfuerzos que se han realizado los procesos aunque duran menos, por las bondades de la oralidad, hay que cumplir con diferentes etapas, señalamientos, en contraposición con agendas bastantes saturadas, etc, que hacen que los procesos duren un tiempo razonable, pero tiempo al fin. Sobre la bilateralidad del periculum in mora: Bajo esta denominación se alude a la ponderación de los intereses en juego, vinculado ello con el interés público que sea susceptible de encontrarse en necesidad de ser protegido, frente al interés de terceros y por supuesto al interés de quien acude por medio de una medida cautelar, debiendo valorarse comparativamente los mismos, imponiéndose la denegatoria de la medida cuando el perjuicio sufrido o susceptible de ser producido a la colectividad o terceros, sea superior al que podría experimentar el solicitante de la medida.- IV) CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA MEDIDA CAUTELAR: Tal y como fuera señalado, además de los presupuestos ya indicados, es necesario que la medida que vaya adoptarse, estructuralmente cuente con las siguientes características: la instrumentalidad lo que significa que guardan una marcada relación de accesoriedad con la sentencia final, pues en definitiva, sirven de instrumento para mantener la vigencia del objeto del proceso en los términos planteados, la provisionalidad, que no es otra cosa que lo acordado respecto de la cautelar, se mantendrá en vigencia y condicionado a lo que se resuelva en el proceso de fondo.

Cabe resaltar que también puede ser cesada o modificada en cualquier momento, ante la variabilidad de las condiciones que originariamente le dieron cabida, o bien, adoptar la que de previo hubiere sido rechazada, tal y como lo establece el numeral 29 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que su eficacia se agota al momento de dictarse la sentencia de mérito, o lo que es lo mismo tiene efectos supeditados a la disposición adoptada en el proceso principal; la urgencia para evitar el peligro en la mora, así como la sumaria cognitio <esto es>, que este tipo de medidas son adoptadas en virtud de una cognición sumarísima efectuada por el órgano jurisdiccional sin entrar a prejuzgar sobre el mérito del asunto, que de forma alguna podría sustituir las etapas del proceso de conocimiento. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto.- V) SOBRE EL CASO BAJO ESTUDIO.

Estudiados los autos a la luz de los elementos probatorios y argumentos esbozados por ambas partes, este Despacho considera que si concurren los elementos para dictar la medida cautelar solicitada por la señora Nombre3223 . De seguido se procede a abordar los elementos para su procedencia, veamos: En cuanto a la apariencia de buen derecho. Existen situaciones que hacen pensar a este Juzgador que no estamos ante una demanda que pudiera resultar ser temeraria o carente de seriedad, lo cual se desprende de lo externado por las partes involucradas en este asunto; así como de la prueba que han hecho llegar al proceso, veamos lo que resulta de interés para la resolución de este asunto, y ha sido externado por la parte actora: Indica que desde el año 2000 procedieron a inscribir ante el Catastro Nacional, el Plano Numero P-621909-2000, situado en Camaronal, Distrito 4 Lepanto, Cantón 1 Puntarenas, Provincia 6 Puntarenas, con un área de 262,36 m2.

Que el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, le otorgó el permiso de Construcción N° 0940 del 08 de Octubre del año 2003, para construir la vivienda de 42 m2. Cita que el día 17 de noviembre del año 2003, el Banco Hipotecario de la Vivienda, mediante el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, le otorgó el beneficio con el Bono de la vivienda, y que por esa razón pudieron construirla. Que para el mes de Mayo del año 2005, el Concejo Municipal de Distrito de Lepanto, le otorga el permiso de Construcción N°1037, que le permitió con sus propios recursos remodelar su vivienda pudiendo ampliarla en 15 m2, con el fin de poder vivir mas cómodos. Cita que en ambos permisos se solicitó como línea de construcción el respetar 3 metros hacia dentro de la propiedad como alineamiento Municipal. Cita que el día 28 de octubre del año 2014, el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte le notifica el oficio IVD-1124-2014, por medio del cual le informan que debe de desalojar el derecho de vía que se encuentro invadiendo y que debe de proceder a demoler y a retirar la estructuras habitacionales, así como cercas, mallas, verjas, portones y cualquier otro tipo de estructura u objetos que se encuentren invadiendo el derecho de vía de esa Ruta Nacional, para lo cual se le otorgaba 15 días hábiles, para cumplir con lo ordenado, así como también le indicaron que ponían a su disposición el expediente No 2013-070.

Más adelante indica que el ancho del camino lastreado que une a Jicaral con Dominicas, "CONOCIDO COMO RUTA NACIONAL No 163", que es el Lindante Oeste de su plano, mide 10 metros de ancho; por lo que cita textualmente que: "suponiendo que es en efecto una Ruta Nacional estaría catalogándose como carretera, para lo cual la LEY DE CAMINOS PUBLICOS Ley No 5060 de 1972, el ancho de la calzada debería de ser de 20 m, para lo cual mi propiedad estaría invadiendo en tesis de principio 5 m, sin embargo por ese motivo, el permiso de construcción otorgado por el Concejo Municipal Distrito Lepanto, ordenó que la línea de construcción hacia dentro del Lineamiento Municipal, debía de ser de TRES METROS, tal y como está construido.". En cuanto a la apariencia de buen derecho, indica que con la explicación que realizó líneas atrás la pretensión que hace tiene la apariencia de buen derecho. Considera que lo que ha realizado ha sido apegada a derecho, sacar plano e inscribirlo, solicitar permiso de construcción como requisito para que el BANHVI e INVU, le otorgaran el bono de vivienda y así poderla construir.

Considera que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en la figura del Departamento de Demoliciones, no logra fundamentar su tesis, y que esto es una situación de fondo propio del proceso que presentará, pero considera que el oficio que le hez notificado carece de elementos propios de un acto administrativo, como lo es la motivación y que de ejecutarse el mismo, no sólo traería un gravísimo daño en su esfera patrimonial y de su familia; sino que también, porque un funcionario público de forma irresponsable sin fundamento, dice que su vivienda está invadiendo un derecho de vía de una ruta nacional, lo cual afirma es totalmente falso. Considera que no está pidiendo nada que sea temerario o notoriamente carente de seriedad y que por el contrario, solicita a esta Jurisdicción, que cobije a su familia con lo que establece el derecho de la Constitución en sus artículos 41 y 49, enfatizando que el MOPT está equivocado y cometerá un daño irreparable y que solo el dictado de una cautelar como la que esta pidiendo puede únicamente traer tranquilidad a su familia.

Con relación al peligro en la demora cita que el potencial daño que se causaría a su familia, esposo, hijos, madre y hermanos que viven en la vivienda, sería irreparable y que nada compensaría el daño que se causaría, si no existe una medida cautelar que garantice esa efectividad en el proceso, y que de lo contrario ni siquiera tendría sentido seguir en esta lucha, si en la noche no tendría ni a dónde meter a mis hijos para dormir. Considera y afirma que su casa no está construida en ningún derecho de vía de ninguna ruta Nacional. Que la vía pública que pasa por el frente oeste de su casa, es una calle vecinal de una región rural, que ha estado en lastre toda la vida y que si se tiene una posible previsión de ampliación sería mediante un decreto que declare de interés nacional hacer una carretera como lo exige la ley, pegándoles a todos los que viven en la zona las respectivas expropiaciones.

Asegura que "es tan errada la posición antojadiza del MOPT, que mas de medio Jicaral habría que demolerlo entonces". Con relación a los intereses en juego; afirma que no es cierto que su propiedad sea un bien demanial, no es cierto que el Estado deba de reivindicarse un inmueble suyo, asegura que no es cierto que la vivienda construida en su propiedad se tenga que demoler porque está en derecho de vía, cuando ni siquiera catalogándo esta ruta como Primaria, los 20 metros de ancho que tendría tocan su vivienda, al extremo de tener que demolerla. Considera que el interés del Estado manifestado mediante el acto administrativo que le fue notificado, no está debidamente razonado y fundamentado, pero el derecho que tiene su familia de tener techo propio, si está protegido y garantizado por el derecho de la Constitución. Agrega que las características instrumentales que una medida cautelar debe de tener también se cumplen en este caso, haciendo notar como la medida cautelar solicitada es instrumental y se someterá a un proceso principal, siendo la misma provisional y podrá ser modificada o incluso revocada, considerando que la extrema urgencia es demostrada.

Por su parte la representación del Estado, a lo que resulta de interés para la resolución de este asunto ha indicado lo siguiente: La apariencia de buen derecho en el caso de la actora no está demostrado, que el derecho de vía se encuentra regulado en los artículos 2, 3 y 6 del Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad exterior, decreto N°29253. Agrega que el derecho de vía de la red vial nacional son bienes del Estado, de dominio público por lo que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, se encuentran fuera del comercio y no podrán ser ocupados sin autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Afirma que en este caso la vivienda de la actora se encuentra en el derecho de vía de la ruta 163 que va de Jicaral a Dominicas de Puntarenas según el plano catastrado N° P-621909-200, de manera que se ha construido una vivienda sobre un derecho de vía sin autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo cual faculta a la Dirección de Ingeniería del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de la Dirección de Ingeniería de la División de Obras Públicas a tomar las medidas necesarias para acudir ante la autoridades competentes a efecto de ejercer las acciones correspondientes para restituir el bien de dominio público a favor del Estado.

A consideración de la representación Estatal el acto administrativo IVD-1124-2014 del 24 de octubre del 2014 en la que se concede a la actora un plazo de quince días hábiles para que desaloje el derecho de vía que está invadiendo, se encuentra ajustada a derecho por lo que le hez claro que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes han actuado conforme al ordenamiento jurídico y a los procedimientos que para este tipo de situaciones se han establecido. Considerando que la presente gestión cautelar carece de apariencia de buen derecho, por lo que solicita así la declaratoria. Con relación al Peligro en la demora; cita que la parte actora señala que existe una extrema urgencia en otorgar la medida cautelar toda vez que, se le causaría un potencial daño a su familia, esposo, hijos, madre y hermanos que viven en la vivienda, no obstante, la afirmación de la existencia de los daños no es acompañada de la prueba idónea que permita la demostración efectiva de que se ha producido un daño grave.

Agrega que en este caso, la parte actora no presenta documento alguno que permita demostrar ningún potencial daño, y que esto es carga de la prueba que correspondía a la parte actora, sino que por el contrario se demuestra que la acción del Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha sido con el fin de proteger un bien demanial como lo es el derecho de vía que está usando la actora sin autorización alguna. Que mientras no se traiga al proceso la prueba necesaria para demostrar los supuestos daños alegados, o al menos, se indiquen los indicios contundentes de la eventualidad de los mismos. Es su criterio que este presupuesto no se configura por lo que la medida cautelar debe ser rechazada. En cuanto a la ponderación de intereses en juego, cita que en este caso es claro que debe privar la protección de los bienes demaniales ya que son destinados para el uso público, frente a cualquier interés social y económico que la actora pueda presentar y que en este caso, la actuación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, está amparada a la declaratoria de interés público de los bienes del Estado contenida en el ordenamiento jurídico.

  • VI)Criterio de este Juzgador: Como se indicó líneas arriba, para este Juzgador la demanda no resulta desde ningún punto de vista irrazonable ni carente de seriedad, como para no poder ser abordada por el fondo en un proceso de conocimiento. Existen situaciones que al no ser propias de abordar en esta etapa cautelar, no se entraran a tocar profundamente, sin embargo si se deben de citar en respaldo de este pronunciamiento. Las reiteradas argumentaciones de ambas partes con relación al procedimiento administrativo en sí, son las que se deberá analizar a profundidad, ya que esto sería la única forma de llegar a tener claridad y determinar cual de las posturas es la correcta, sin embargo eso solo podrá ser por medio de un proceso de conocimiento. Para la parte actora la determinación administrativa que le hez adversa es totalmente arbitraria e ilegal ya que cuenta con todos los permisos de construcción, donde agrega que desde el año 2000 procedieron a inscribir el plano Catastrado número P-621909-2000 con un área de 262.36m2; que el Concejo Municipal del Distrito de Lepanto, le otorgó el permiso de Construcción número 0940 del 08 de Octubre del año 2003, para construir la vivienda de 42m2; y que en el mes de mayo del 2005, ese concejo Municipal le otorga el permiso número 1037 que le permitió con sus propios recursos remodelar su vivienda y la ampliaron en 15m2; y cita que en ambos permisos se pidió como línea de construcción, respetar 3 metros hacia dentro de la propiedad como alineamiento Municipal.

Hace ver que se presentó al departamento de alineamietos del MOPT donde se le indicó que el Departamento de previsión vial, tenía a esa Ruta N°163 como una ruta secundaria y para lo cual se tenía una previsión de 20 metros de ancho. Agrega que si algún día el Consejo Nacional de Viabilidad, pretendía anchar y asfaltar dicha ruta, se debía proceder a expropiar a quienes estén en ese derecho de vía, ya que la previsión era eso, una previsión y no una consolidación. Asegura con la prueba que aporta que el oficio que le notifican y que le resulta ilegal, carece de elementos propios de un acto administrativo, como lo es la motivación, donde un funcionario público de forma irresponsable sin fundamento dice que su vivienda que está construida hace más de trece años está invadiendo un derecho de vía de una ruta nacional, lo que enfatiza es totalmente falso. Por su parte la representación Estatal defiende la forma en que fue llevado este asunto en sede administrativa.

Hace un amplio repaso de lo que son bienes de dominio público y mención de la doctrina, normativa y jurisprudencia en cuanto al tema se refiere; sin embargo en cuanto al caso puesto a conocimiento asegura que la construcción de la aquí actora esta sobre un derecho de vía de la ruta 163, lo que faculta a la Dirección de Ingeniería de la División de Obras Públicas a tomar las medidas necesarias para acudir ante la autoridades competentes a efecto de ejercer las acciones correspondientes para restituir el bien de dominio público a favor del Estado. Considera además que el acto administrativo número IVD-1124-2014 del 24 de octubre del 2014 en la que se concede a la actora un plazo de quince días hábiles para que desaloje el derecho de vía que está invadiendo, se encuentra ajustada a derecho, por lo que le hez claro que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes han actuado conforme al ordenamiento jurídico y a los procedimientos que para este tipo de situaciones se han establecido.

Para este Tribunal, los argumentos y/o vicios de arbitrariedad e ilegalidad que pretende la parte actora, son precisamente lo que se debe de abordar en el proceso de fondo y no a través de una medida cautelar, lo cual como se ha indicado es perfectamente revisable en esta vía, y de eso se trata precisamente el elemento o requisito analizado. En este asunto se esta cuestionando la conducta administrativa y el Tribunal Contencioso Administrativo para eso fue creado para revisarla (ver artículo 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo), y determinar en el procedimiento respectivo si la misma es conforme al ordenamiento Jurídico y fue realizada respetando o no todos y cada uno de los derechos de la aquí actora. Existe claridad que todas y cada una de las administraciones, tienen su propia competencia, y cada una realiza la actividad que le corresponde dentro sus funcionales precisamente competenciales y/o territoriales; para la buena marcha administrativa, tanto a lo interno como a lo externo.

En este punto y hablando de lo externo, se encuentra precisamente el administrado, quien acude a determinadas administraciones en procura de que sus gestiones sean atendidas en debida forma, por lo que las decisiones de cualquier administración deberá ser sencilla de comprensión, de tal modo que cualquier determinación dirigida al administrado abarque todo y cuanto se ha gestionado en aquella sede, da tal manera que no deje nada a la interpretación e imaginación de nadie, que al tener un pronunciamiento a favor o en contra sabrá el paso a seguir a partir de ese momento. En el caso particular, es de notar que la parte actora desde el año 2000 procedió a inscribir su plano Catastrado número P-621909-000 (hecho no controvertido); que el concejo Municipal del Distrito de Lepanto le otorga el permiso de construcción para realizar la vivienda de la parte aquí actora precisamente en su propiedad (hecho no controvertido); que la parte actora es beneficiaria con el Bono de la Vivienda en fecha 17 de noviembre del 2003 (hecho no controvertido); que en el año 2005 el Concejo Municipal de Lepanto le concede a la parte aquí actora permiso de construcción para remodelación de vivienda (hecho no controvertido); que para estos permisos se pidió el respeto de 3 metros hacia a dentro de la propiedad como alineamiento municipal (hecho no controvertido ver además prueba aportada).

Ahora bien es importante analizar el oficio número DVOP-DI-IVD-2016-1379 de fecha 9 de agosto del año 2016, en el cual en su párrafo penúltimo indica a lo que interesa, lo siguiente: " Es importante señalar que conforme se verificó en el estudio de campo respectivo, la casa de referencia se encuentra ubicada en su totalidad en el derecho de vía de la Dirección343 , según el plano catastrado P-621909-2000, utilizado para el trámite de información posesoria. Sin embargo, tal posesión no ha sido inscrita en el Registro de la Propiedad inmueble.". (el subrayado, negrita y cursiva es nuestro). De ser esto así, si la propiedad que registra el plano catastrado número P-621909-2000, fue utilizado para un proceso de información posesoria, no solo resultaría lógico sino legal, que la participación del Estado en esa información posesorias se haya dado, conforme lo establece el numeral 5 de la Ley de Informaciones Posesorias; y en esa vía haber externado precisamente su oposición conforme lo establece el numeral 8 de la normativa citada; sin embargo eso es una situación de la cual no hay prueba, ya que la parte actora no aportó ni indicó nada al respeto, y la representación Estatal únicamente se ocupó y preocupó de hacer referencia a la prueba ya aportada por la parte actora (ver apartado denominado como "Prueba" del escrito de contestación del estado); por lo que como se ha indicado en el oficio de referencia no se ha inscrito en el Registro correspondiente, por lo que resultaría lógico pensar (a falta de prueba) que únicamente faltan requisitos registrales, y no judiciales para la inscripción del bien citado.

Como es de notar la parte actora a realizado a su entender todas y cada una de las gestiones que debía de realizar no solo para cumplir con lo que establece las normativas de construcción; sino además de las normativas posesorias; así como institucionales, que en este caso emanaron del Concejo Municipal del Distrito de Lepanto. Ahora como se indicó líneas arriba todas y cada una de las administraciones, tiene su propia competencia y cada una de ellas deberá actuar dentro de estas, y es precisamente lo que al entender de la parte actora le está afectando en esta ocasión con la determinación del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes quien en esta ocasión solicita precisamente la demolición de aquella vivienda que para ella contaba con los permisos correspondientes y otorgados por la administración de la localidad, sin ninguna advertencia constructiva que le imposibilitaba realizar la construcción en sí, así como la ampliación y/o remodelación que gestionó y que se le aprobó en aquella oportunidad.

Como se indicó existe claridad no solo de las competencias de las administraciones, sino también claridad de lo que es el derecho de vía; pero es precisamente esto lo que se está reclamando por la parte actora, y con la prueba que aporta pretende demostrar que no ha construido dentro de ese derecho, donde además afirma que es tan errada la posición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que de resultar cierto (refiriéndose que si su propiedad está dentro de ese derecho de vía) habría que demoler "la mitad de Jicaral"; aunado a ello considera que lo correcto en este caso es establecer las respectivas expropiaciones, previo a una declaratoria de interés nacional. Considera además que existen deficiencias en la investigación, considera enfatiza y repite que su propiedad no es un bien demanial, que no es cierto que el Estado deba de reivindicarse un inmueble suyo, que no es cierto que su vivienda esté construida en ese derecho de vía, y por tal motivo que se tenga que demoler; afirma que ni siquiera catalogando esa vía como primaria (situación que afirma no es cierto), con 20 metros de ancho tocaría su vivienda, al extremo de tener que demolerla.

Ahora por otro lado tenemos la postura de la representación del Estado, que defiende la forma en que fue llevado este asunto; donde afirma que la parte actora invadió el derecho de vía, y que el estado simplemente tiene la obligación de recuperarlos, ya que son inalienables e imprescriptibles, que al actor se le dio su derecho de defensa, y por tal motivo el procedimiento administrativo se ajustó a derecho, se apegó al debido proceso y derecho de defensa, por lo que no se cumple con este requisito. Estas situaciones son las que precisamente restan por analizar, ya que no cabe ninguna duda para este Tribunal que los terrenos del Estado tiene las particularidades que apunta la representación Estatal; sin embargo existen afirmaciones de la parte actora que no podrían encontrar respuesta por medio de una medida cautelar, por ser propias del proceso de conocimiento, pero estas hacen considerar que esta causa si es posible de analizarla y llevar un proceso de conocimiento para determinar en éste, cual de las posturas es la correcta, no en cuanto a si los terrenos del Estado podrán ser apropiados por personas particulares, tema más que superado; sino en cuanto a la variación de la medida del derecho de vía en tiempo y espacio, conducta administrativa cuestionada por la parte actora, que afirma se dio en tiempo distinto al momento en que adquirió la propiedad, con la variación de la medida del derecho de vía que reclama el Estado, en cabeza del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Esto es precisamente la razón medular del proceso, donde se deberá determinar si las medidas de la calle son las que siempre han imperado en esa zona, o existe una variación de las mismas, en las circunstancias que se apuntan. Para este Tribunal en este asunto existen particularidades que bien podrán encontrar respuesta en el procedimiento respectivo, por lo que se considera que si se cumple con este requisito. Aunado a ello no podemos dejar de lado, que la competencia de esta jurisdicción derivada tanto de lo establecido en el artículo 49 Constitucional como de lo establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, que posibilita ejercer un control plenario de la legalidad de la función administrativa, lo cual implica declarar la disconformidad jurídica de aquellas conductas formales o materiales, que resulten contrarias al bloque de legalidad. La apariencia de buen derecho en sí, es un juicio de probabilidades que hace el Juez del resultado eventual del proceso, lo cual al encontrarnos ante una medida cautelar, y mas aún como la presente que es ante causam, es prematuro advertir la procedencia de la misma o no, por cuanto los argumentos y probanzas que fundamentarán la causa de conocimiento, podrían ser distintos al que hoy día nos ocupa.

Aunado a ello tampoco podríamos dejar de lado el principio constitucional que garantiza que cualquier persona que se sienta afectada por una actuación administrativa, puede buscar reparación en esta Jurisdicción, siendo además reconocido el acceso a la Justicia como un derecho fundamental (artículos 41 y 49 de la Constitución Política). Así las cosas y al menos prima facie y sin prejuzgar sobre el asunto, y sin que ni siquiera se esté determinando las probabilidades de éxito de la demanda, lo cierto es que ésta guarda la seriedad necesaria para tener como acreditado el presupuesto analizado. Respecto al peligro en la demora, si bien con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo se vino a solucionar en mucho, aquellos procesos que tardaban años e incluso décadas, hoy día por más esfuerzos que se han realizado los procesos aunque duran menos por las bondades de la oralidad, hay que cumplir con diferentes etapas, señalamientos en contraposición con agendas bastantes saturadas, entre otros trámites que hacen que los procesos duren un tiempo menor y razonable, pero tiempo al fin.

La parte actora ha indicado que en la vivienda que se pretende demoler vive con su esposo, hijos, madre y sus hermanos. Se ha indicado por parte de la administración accionada que el plano de la parte actora sirvió o fue utilizado para el trámite de una información posesoria, de la cual al día de hoy como se indicó líneas arriba no se sabe los resultados de la misma; por lo que si está para su inscripción, es lógico el pensar que la parte actora no tiene otro bien, donde pueda dirigirse con toda su familia ante la demolición de su vivienda, ya que uno de los requisitos para poder solicitar o inscribir un inmueble por medio de información posesoria es que carezca de título inscrito o inscribible ante el Registro público; y por tal motivo resultaría una afectación mayor para la parte actora, que en este caso se dimensionaría a su núcleo familiar agudizando aún más el daño. En el escrito aportado por la representación del Estado en fecha 29 de agoto del año dos mil dieciséis, en cuanto a este presupuesto indica que la parte actora no ha demostrado que la ejecución de la resolución que cuestiona le produzca daños graves o perjuicios, actuales o potenciales a la actora.

Que de conformidad con el informe IVD 883-2013 del 20 de mayo del 2013 del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del Ministerio de obras Públicas y Transportes, se desprende que la vivienda de la actora se encuentra en el derecho de vía de la ruta 163 que va de Jicaral a Dominicas de Puntarenas según el plano catastrado Placa434° , de manera que se ha construido una vivienda sobre un derecho de vía sin autorización del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo cual faculta a la Dirección de Ingeniería del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de la Dirección de Ingeniería de la División de Obras Públicas a tomar las medidas necesarias para acudir ante la autoridades competentes a efecto de ejercer las acciones correspondientes para restituir el bien de dominio público a favor del Estado. Que en razón de lo expuesto, mediante el acto administrativo IVD-1124-2014 del 24 de octubre del 2014 notificado a la actora el día 24 de octubre del 2014, se concedió a la actora un plazo de quince días hábiles para que desalojara el derecho de vía que está invadiendo, plazo que se ha extendido hasta el día de hoy, por lo que no es cierto que exista una urgencia en el presente caso, ya que la parte actora ha tenido el plazo de aproximadamente de 10 meses y no de 15 días para desalojar el derecho de vía que está invadiendo, además que no aporta prueba alguna que permita demostrar ningún potencial daño, carga de la prueba que correspondía a la parte actora y mientras no se traiga al proceso la prueba necesaria para demostrar los supuestos daños alegados, es su criterio que este presupuesto no se configura, por lo que la medida cautelar debe ser rechazada.

Como se puede apreciar de lo externado por la representación Estatal para combatir este elemento ha acudido a la consideración de situaciones de fondo, como lo es la construcción de una vivienda dentro del derecho de vía, y defendiendo la posición del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de la Dirección de Ingeniería de la División de Obras Públicas, en cuanto a derribar la vivienda por ese motivo, considerándose que estas posturas son las que se debe de analizar en el proceso de conocimiento. Al segundo argumento que acude la representación del Estado para combatir este elemento es que la parte actora no aporta prueba necesaria para demostrar los supuestos daños que alega; dejando por fuera dicha representación que como indicó el mismo Departamento de ese Ministerio, el inmueble donde se ha construido la vivienda en discusión fue adquirido por la parte actora por medio de información posesoria, que aunado a ello y las manifestaciones de la parte actora, ella y sus familiares habitan la vivienda que se pretende demoler, con el perjuicio que no tendrían a donde ir al no tener techo propio, situación de la cual la representación del Estado no se refirió al respecto.

Para este Tribunal todas y cada una de las manifestaciones de la parte actora; así como las pruebas que aporta son acordes con la requerida y necesaria para poder acreditar una lesión que en este caso en particular podría dimensionarse más allá del ámbito personal, hacia el ámbito familiar, donde la parte actora afirma que es en esa vivienda donde se encuentra su familia; que demás está indicar en el oficio número DVOP-DI-DV-IVD-2016-826 de fecha 07 de Junio del 2016, dirigido al Ingeniero Oscar Ulloa Rojas, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Licenciado Vinicio Barboza Ortíz, que es el Jefe del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de ese Ministerio, cita que en la vivienda es "habitada por 13 personas", situación que al parecer le brindó credibilidad al consignarlo así, independientemente sea el dicho de la parte actora; por cuanto si no se tenía certeza de la cantidad de personas que vivían en una casa improvisada como el lo cita, lo prudente era su constatación y no simplemente anotar el dicho de la actora, situación que únicamente demuestra que efectivamente el daño no solo se dimensiona a la parte gestionante sino a ese grupo de personas que la habitan.

Ahora más adelante el oficio citado, y ahora sí, en palabras del Jefe del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, cita que "el rancho" está ocupado por personas en vulnerabilidad por su condición de pobreza, y entre sus miembros hay menores de edad. Como se puede apreciar la representación Estatal en el apartado correspondiente al peligro en la demora su introducción para combatirlo está direccionada a que la parte actora señala que existe una extrema urgencia en otorgar la medida cautelar toda vez que, se le causaría un potencial daño a su familia, esposo, hijos, madre y hermanos que viven en la vivienda, no obstante (agrega) la afirmación de la existencia de los daños no es acompañada de la prueba idónea que permita la demostración efectiva de que se ha producido un daño grave. Para esta Tribunal esta postura no es la correcta, por una razón muy simple, si estamos ante un grupo familiar compuesto por 13 personas, que en palabras del Jefe del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, es un rancho, o vivienda improvisada, y que las personas que viven ahí son personas en vulnerabilidad, y entre sus miembros existen menores de edad, el resultado de la demolición en este caso y sin realizar las gestiones correspondientes ante la Unidad de Gestión Ambiental y Social de ese Ministerio resultaría contrario a lo que el mismo Jefe de ese departamento determinó, que se está en presencia de personas en estado de vulnerabilidad, y en ese condición el daño resultaría ser más gravoso y por consiguiente de protección no solo cautelar; sino de las Instituciones relacionados con este tema.

En este caso y bajo este panorama se debe de aplicar lo que se conoce como confesión de parte, ya que efectivamente en este caso el propio Jefe del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones, ha indicado que en la vivienda existen personas menores de edad, en condiciones de pobreza y que requieren colaboración, manifestaciones que solo reafirman que al ser personas en estado de vulnerabilidad el daño es eminente; por lo que si existe confesión en ese sentido; la cual viene a relevar a la parte contraria de tener que probar su dicho (a confesión de parte - relevo de prueba). Se tiene total claridad que el derecho de vía forma parte de los bienes del Estado, y por consiguientes entran en lo conocido como dominio público, y como tales son inalienables, imprescriptibles, inembargables y que se encuentran fuera del comercio; por lo que no podrán ser ocupados ni apropiados sin autorización de la administración correspondiente; pero se debe de tener claridad que es precisamente este punto lo que está en discusión por la parte actora, situación que es totalmente revisable en esta vía; pero la situación particular que presenta y expone la señora Nombre3223 ; así como de las personas que habitan junto con ella la vivienda que se pretende demoler, requieren de una disposición no solo pronta si no efectiva para al menos brindarle la oportunidad de defenderse de la postura estatal.

Ahora es de destacar que la postura de la representación Estatal se encuentra inmersa en este caso desde la óptica del área que conforma el derecho de vía de la Dirección343 , que asegura se encuentra invadiendo la parte actora; así como su análisis de que son bienes de dominio público y sus características; lo cual es de mucha importancia para el proceso de conocimiento, pero ha dejado de lado su obligación de probar. Cuestiona que la parte actora no ha aportado prueba; haciendo referencia que cita que vive con su familia, esposo, hijos, madre y hermanos, y que no obstante la afirmación de la existencia de los daños no se acompaña la prueba idónea que permita demostrar la efectiva producción del daño. Al respeto es importante advertir que si bien el artículo 317 del Código Procesal Civil de aplicación a esta materia por remisión expresa del numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece en cuanto a la carga de la prueba, en su inciso primero que: 1) A quien formule una pretención (sic), respecto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho.".

Pero resulta ser que en su inciso segundo, ese mismo numeral establece, la carga de la prueba le incumbe: :" 2) A quien se oponga a una pretensión, en cuanto a las afirmaciones de hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor.". (la negrita y subrayado no corresponde al original). Es claro que la representación del Estado tiene su posición en cuanto a este caso, pero para este Tribunal esa posición y manifestaciones son insuficientes para combatir el elemento o requisito bajo estudio (periculum in mora), y menos aún para desacreditar toda la prueba que se ha preocupado y ocupado la parte actora en presentar; que si bien tienen relación directa con el fondo del asunto, de la misma se ha podido extraer en las condiciones que habitan, el estado de vulnerabilidad y la existencia de menores en el lugar, lo cual le merecen toda credibilidad a este Tribunal al no haberse combatido como correspondía (artículos 317 inciso 2, ver además oficio IVD-510-2015 de fecha 28/04/2016).

Dicho lo anterior, se considera que se le debe de dar una tutela efectiva a la parte actora, independientemente por ahora de lo que por el fondo se resolverá en el proceso de conocimiento. Teniendo acreditados los dos primeros presupuestos, la decisión recae sobre la ponderación de los intereses en juego y la afectación al interés público. Para determinar este tercer elemento este juzgador acude a la revisión preliminar de aspectos como lo son las razones de la demolición; así como la prueba que se ha hecho llegar al proceso. Respecto de las razones que motivaron la demolición, considera este juzgador que aunque se trata de aspectos valorables por parte de una administración en este caso el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que incluso pudieran llegar a considerarse como una invasión al derecho de vía, no ve esta autoridad que con ello se produzca una afectación grave al interés público, ya que conforme lo ha indicado la parte actora y resulta evidente del oficio número DRCH-47-2016-0125 de fecha 17 de Febrero del 2016, al parecer no existía a esa fecha intención de recuperar el derecho de vía supuestamente invadido por la parte actora; y más bien los trabajos estaban direccionados a la realización de cunetas, espaldones y superficie de rodamiento.

Ahora hoy día en que se dicta esta disposición es de destacar que la medida cautelar interpuesta por la señora Nombre3223 , en fecha once de Agosto del año dos mil dieciséis, fue admitida por este Tribunal en carácter de provisionalísima desde el día diecisiete de Agosto del año pasado, ordenado la suspensión inmediata de los efectos del acto administrativo por medio del cual se pretendía demoler la vivienda de la aquí actora; por lo que es desde aquella fecha en que la señora Nombre3223, ha estado habitando su casa con el resto de integrantes de su núcleo familiar, por lo que haciendo un simple cálculo da como resultado que ha estado en su vivienda por disposición judicial, por casi once meses y durante todo ese tiempo al parecer la administración no ha realizado ningún tipo de obras en la superficie de esa carretera que involucre la propiedad de la aquí actora, y por consiguiente la obra pública no ha sufrido ningún contratiempo, al menos eso es lo que se podría presumir al no existir ningún solo elemento de prueba como para acreditar lo contrario y hacer variar aquella determinación de acogimiento provisionalísima (artículos 29.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 317 inciso 2 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria conforme al 220 del Código que regula la Materia).

Dicho lo anterior y hasta tanto no sea dirimido el conflicto en sede jurisdiccional la balanza en esta oportunidad se inclina por tener por cumplido este requisito. Así las cosas, al analizar en conjunto las posiciones de las partes, es la conclusión de este juzgador que ha de prevalecer el interés particular, frente a los intereses públicos o de terceros interesados. Téngase por cumplido el elemento analizado.

  • VII)DECISIÓN DEL CASO: Se ordena el mantener suspendido los efectos y ejecución de la demolición dispuesta por medio de la resolución IVD-II24-2014 del 24 de Octubre del 2014. Tome en consideración la señora Nombre3223 , que según las reglas del artículo 26 párrafo segundo Código Procesal Contencioso Administrativo, si no ha presentado la demanda principal deberá presentarla en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, y bajo este mismo número (16-007716-1027-CA), bajo el apercibimiento de que en caso de omisión la medida cautelar aquí decretada será levantada y se le condenará al pago de los daños y perjuicios causados los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de sentencia. Por las particularidades propias de este tipo de gestiones se falla este asunto sin especial condenatoria en costas.

POR TANTO

Se ordena el mantener suspendido los efectos y ejecución de la demolición dispuesta por medio de la resolución IVD-II24-2014 del 24 de Octubre del 2014. Tome en consideración la señora Nombre3223 , que según las reglas del artículo 26 párrafo segundo Código Procesal Contencioso Administrativo, si no ha presentado la demanda principal deberá presentarla en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, y bajo este mismo número (16-007716-1027-CA), bajo el apercibimiento de que en caso de omisión la medida cautelar aquí decretada será levantada y se le condenará al pago de los daños y perjuicios causados los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de sentencia. Por las particularidades propias de este tipo de gestiones se falla este asunto sin especial condenatoria en costas. NOTIFÍQUESE.- *TQWFQ43NUBYQ61* RODRIGO HUERTAS DURÁN - JUEZ/A DECISOR/A

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