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Res. 00077-2017 Sala Primera de la Corte · Sala Primera de la Corte · 26/01/2017
OutcomeResultado
The Chamber granted the municipality’s appeal, set aside the lower judgment, and dismissed the entire challenge to Curridabat’s cellular base-station regulation, ordering the claimant company to pay costs.La Sala acogió el recurso municipal, anuló la sentencia recurrida y declaró sin lugar toda la demanda contra el reglamento de radiobases de Curridabat, con costas a cargo de la empresa actora.
SummaryResumen
The First Chamber set aside the judgment that had partially invalidated Curridabat Municipality’s regulation governing supporting structures and cellular base stations, and dismissed Costa Pacífico Torres Limitada’s entire action. It held that municipal autonomy and local authority over urban planning, environmental control, land use, and landscape protection empowered the municipality to regulate telecommunications infrastructure and to make the technical choice of using poles in public areas. The public consultation and the regulation’s constitutional and statutory foundations also demonstrated that the administrative measure was adequately reasoned. The company failed to prove that the municipality’s solution was technically or functionally unsuitable or that it prevented proper provision of telecommunications services. Because the dispute implicated the urban environment, land use, and landscape, the Chamber applied the reversal of the burden of proof established by Article 109 of the Biodiversity Law. It also rejected the damages claim and ordered the claimant to pay personal and procedural costs.La Sala Primera anuló la sentencia que había invalidado parcialmente el reglamento de la Municipalidad de Curridabat sobre estructuras soportantes y radiobases celulares, y declaró sin lugar toda la demanda de Costa Pacífico Torres Limitada. Determinó que la autonomía municipal y las competencias locales de planificación urbana, control ambiental, uso del suelo y protección del paisaje facultaban al ayuntamiento para regular la infraestructura de telecomunicaciones y optar técnicamente por postes situados en zonas públicas. La consulta pública y el fundamento constitucional y legal del reglamento demostraban, además, que el acto estaba motivado. La empresa no acreditó que la solución municipal fuera técnica o funcionalmente inadecuada ni que impidiera prestar debidamente el servicio. Como estaban involucrados el entorno urbano, el paisaje y el uso del suelo, la Sala aplicó la inversión de la carga probatoria del artículo 109 de la Ley de Biodiversidad. También rechazó la pretensión indemnizatoria y condenó a la actora al pago de las costas.
Key excerptExtracto clave
Given that the environment is involved (urban surroundings, land use, and landscape), the reversal of the burden of proof contained in Article 109 of the Biodiversity Law applies. Under this rule, the claimant was required to demonstrate that the regulations established were contrary to law in this respect, which it did not do; nor did it prove that the technical and functional solution contained in those regulations prevented the proper provision of the corresponding telecommunications service. In view of the foregoing, the defendant’s appeal must be granted. The challenged judgment shall be set aside. Ruling on the merits, the portions of the action granted by the Tribunal shall be rejected, and the action shall be dismissed in its entirety. The claimant shall pay the personal and procedural costs. The evidentiary requests submitted by the appellants are denied. The defendant’s appeal is granted. The challenged judgment is set aside. Ruling on the merits, the portions of the action granted by the Tribunal are rejected, and the action is dismissed in its entirety, with personal and procedural costs charged to the claimant. In light of this disposition, the claimant’s appeal is denied.Considérese, al estar involucrado el ambiente (entorno urbano, uso de suelo, paisaje), aplica la inversión de la carga probatoria contenida en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad. En este predicado, debió la actora demostrar que las regulaciones establecidas contrarían el derecho en este particular, lo cual no hizo, como tampoco que la adecuación técnica y funcional, contenida en esas regulaciones, no permite el cabal cumplimiento del respectivo servicio de telecomunicaciones. En mérito de lo indicado procede acoger el recurso de la demandada. Se deberá anular la sentencia impugnada. Fallando por el fondo, se rechazarán los extremos de la demanda acogidos por el Tribunal, para declararla sin lugar en su totalidad. Corresponderá a la actora el pago de las costas personales y procesales. Se deniegan las gestiones referidas a pruebas que hacen los impugnantes. Se declara con lugar el recurso de la demandada. Se anula la sentencia recurrida. Fallando por el fondo, se rechazan los extremos de la demanda acogidos por el Tribunal, la cual se declara sin lugar en su totalidad, con las costas personales y procesales a cargo de la actora. Por la forma cómo se resuelve este asunto, se rechaza el recurso de esta última.
Pull quotesCitas destacadas
"Se trata, en lo fundamental, de una potestad regulatoria local, radicada sobre el núcleo esencial de su autonomía, que motiva al ayuntamiento a gobernarse según los intereses cantonales que está llamado a tutelar, incluyendo el control urbano, ambiental, el entorno y el ambiente ecológicamente equilibrado, de consuno con los numerales 41 y 50 de la Constitución Política y según se armoniza con la Ley de Planificación Urbana, por ejemplo, en sus artículos 4 y 15."
"Fundamentally, this is a local regulatory power rooted in the essential core of municipal autonomy, which enables the municipality to govern according to the cantonal interests it is charged with protecting, including urban and environmental control, the surroundings, and an ecologically balanced environment, consistently with Articles 41 and 50 of the Constitution and the Urban Planning Law."
Considerando XXIV
"Se trata, en lo fundamental, de una potestad regulatoria local, radicada sobre el núcleo esencial de su autonomía, que motiva al ayuntamiento a gobernarse según los intereses cantonales que está llamado a tutelar, incluyendo el control urbano, ambiental, el entorno y el ambiente ecológicamente equilibrado, de consuno con los numerales 41 y 50 de la Constitución Política y según se armoniza con la Ley de Planificación Urbana, por ejemplo, en sus artículos 4 y 15."
Considerando XXIV
"Por todo ello, tampoco lleva razón el Tribunal al considerar que la accionada extralimitó su discrecionalidad y potestad reglamentaria."
"For all these reasons, the Tribunal was also incorrect in finding that the defendant exceeded its discretion and regulatory authority."
Considerando XXIV
"Por todo ello, tampoco lleva razón el Tribunal al considerar que la accionada extralimitó su discrecionalidad y potestad reglamentaria."
Considerando XXIV
"Antes bien, es respetable su decisión de estimar adecuada a esos propósitos la infraestructura de postes en zonas públicas, según se reguló en la normativa cuestionada que el Tribunal anuló, obligándola a adoptar propuestas y disposiciones de entes que no le resultan vinculantes, infringiendo, según lo denuncia la demandada, las susodichas normas jurídicas y su potestad reglamentaria en esta materia."
"Rather, its decision to consider pole infrastructure in public areas suitable for those purposes must be respected, as provided in the challenged regulation that the Tribunal annulled while requiring the municipality to adopt proposals and directives from entities that were not binding upon it, thereby infringing the cited legal provisions and its regulatory authority in this field."
Considerando XXIV
"Antes bien, es respetable su decisión de estimar adecuada a esos propósitos la infraestructura de postes en zonas públicas, según se reguló en la normativa cuestionada que el Tribunal anuló, obligándola a adoptar propuestas y disposiciones de entes que no le resultan vinculantes, infringiendo, según lo denuncia la demandada, las susodichas normas jurídicas y su potestad reglamentaria en esta materia."
Considerando XXIV
"Las personas físicas y jurídicas con intereses comerciales y expectativas económicas, a desarrollar en el correspondiente cantón, deberán ajustarse a las reglas establecidas como derivación del ejercicio de la potestad reglamentaria del ayuntamiento; de no hacerlo, no procede alegar quebranto de derechos, en tanto no se ajustaron a esa normativa."
"Individuals and legal entities with commercial interests and economic expectations to be pursued in the canton must comply with the rules adopted through the municipality’s exercise of regulatory authority; if they do not, they may not claim a violation of rights when they failed to comply with those rules."
Considerando XXIV
"Las personas físicas y jurídicas con intereses comerciales y expectativas económicas, a desarrollar en el correspondiente cantón, deberán ajustarse a las reglas establecidas como derivación del ejercicio de la potestad reglamentaria del ayuntamiento; de no hacerlo, no procede alegar quebranto de derechos, en tanto no se ajustaron a esa normativa."
Considerando XXIV
Full documentDocumento completo
*110068851027CA* Res. 000077-F-S1-2017 FIRST CHAMBER OF THE SUPREME COURT OF JUSTICE. San José, at thirteen hours fifty minutes on veintiséis de enero de dos mil diecisiete.
Ordinary proceedings (proceso de conocimiento) declared subject to expedited processing before the Administrative and Civil Court for Public Finance, brought by COSTA PACÍFICO TORRES LIMITADA, represented by its general attorney-in-fact with unlimited authority (apoderado generalísimo sin límite de suma), Nicholas Van Slyck, a United States national and telecommunications entrepreneur, against the MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, represented by its mayor, Edgar Mora Altamirano, divorced, journalist. Also appearing as special litigation counsel (apoderados especiales judiciales) for the plaintiff is Aldo Milano Sánchez; and for the Municipality, Luis Gerardo Chaves Villalta, divorced. The natural persons are of legal age, residents of San José, and, except as otherwise stated, married and attorneys.
BACKGROUND
Drafted by Justice Rojas Morales
CONSIDERING
I.The attorney-in-fact (apoderado) of Costa Pacífico Torres Limitada sued the Municipalidad de Curridabat (hereinafter, the Municipalidad). It requested a judgment declaring that Article 6.1, in relation to Article 3.3, as well as sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.4, 9.1, 9.2, 9.4, and 12.1.f, all of the Reglamento General para la Adaptación y Armonización Territorial de Estructuras Soportantes y Continentes de Radiobases de Telecomunicaciones Celulares (hereinafter, the Regulation), issued by that municipality and published in La Gaceta on 7 de setiembre de 2011, were inconsistent with the legal order (ordenamiento jurídico) and therefore null and void (nulidad), with retroactive effect to the time of their promulgation. It further requested that the Municipalidad be ordered to exercise the discretion inherent in its regulatory authority (potestad reglamentaria) in accordance with the following limits and mandates imposed by the legal order, which were to be expressly declared, such that the Regulation could not: 1.- Exclude the possibility of constructing telecommunications towers. 2.- Exclude the possibility of erecting them on privately owned property (bienes de dominio privado). 3.- Contain imprecise provisions whose application was left to subjective criteria. 4.- Contain provisions contrary to Informe Técnico No. CCI-2011-05T or to the criteria of the Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), the Poder Ejecutivo, and the Federación de Municipalidades Metropolitanas (FEMETROM).
It requested that the defendant be ordered to pay both categories of costs (ambas costas). It also sought compensation for the damages and losses (daños y perjuicios) caused by the challenged provisions, consisting of the “sunk financial cost from payments for lease options to the owners of the land on which the towers would be located; costs incurred to obtain authorizations such as environmental feasibility (viabilidad ambiental), setback alignments (alineamientos), land-use approvals (usos de suelos), etc.; the losses, in turn, consist of the income that the plaintiff failed to receive because the contracts to lease space on the towers that could not be constructed were frustrated.” At the single hearing (audiencia única), it itemized the damages and losses as follows: “There are specifically two sites out of the 10 that had been identified for which the opportunity to lease them has been lost.
In that case, for one of them, it has been estimated that the company failed to receive and record gross income equivalent to $29.700,00 and a total of $198.000,00. That is a total amount (…) At one of the sites, CPX-3223 in Tirrases, income of $198.000,00 was lost. And an investment of $2.427.95 plus $8.491.51 in lease payments was incurred, approximately $11.000,00 in damages at that CPX. For the other, the amount of income not received is $243.000,00; those are the losses. And an investment of $16.327,00 and change, plus additional lease expenses of $7.629,00.” It expressly requested that these amounts not be determined during enforcement of the judgment (ejecución de sentencia), but rather in these proceedings, for which purpose it would submit supporting evidence. The defendant denied the allegations. It raised the preliminary defenses (defensas previas) of lack of subject-matter jurisdiction (incompetencia material) and failure to join a necessary defendant (litis consorcio pasivo necesario).
Both were denied by interlocutory ruling. The Tribunal partially granted the complaint. It annulled Articles 6.1 in relation to 3.3, as well as sections 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.4, and 12.1.f) of the challenged Regulation, because they were contrary to the legal order. It ruled that the declaration would have retroactive effect as of the date of the invalidated provisions, without prejudice to rights acquired in good faith. It ordered that the ruling, once final, be published in the Diario Oficial La Gacela at the defendant’s expense. It stated that the annulment would not affect any revocable permits (permisos en precario) that the defendant had granted pursuant to the annulled provisions. Until it issues new provisions correcting the identified deficiencies, it shall apply Chapter XIX Bis (‘Telecommunications Facilities’) of the Reglamento de Construcciones approved by the Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), published in La Gaceta 121 on 22 de junio de 2012, to grant the permits required to construct telecommunications towers and provide the population with cellular telephone coverage, without it being necessary, for those purposes, to wait for approval of the new provisions replacing those annulled.
It ordered the defendant to exercise its regulatory authority in this area within the limits and mandates imposed by the legal order, expressly bearing in mind the following: 1.- It must act in full compliance with the legal order governing the subject matter, particularly the provisions of Leyes 7593, 8643 y 8660 concerning the authority of the various bodies and entities involved in telecommunications management, as well as the location, types, and characteristics of the infrastructure and the design of the corresponding network. Accordingly, it may neither contradict rules of superior hierarchical rank nor exclude the possibility of constructing this type of facility on privately owned property or approve network design or location plans. 2.- If, in exercising its inherent technical discretion (discrecionalidad técnica), it decides to permit a specific type of infrastructure while excluding others, it must comply with the limits established in Articles 15, 16, and 17 of the Ley General de la Administración Pública.
It shall consider both the technical and scientific criteria of public bodies and entities in the telecommunications sector and the observations made by the social stakeholders involved, and shall reach its decision with the necessary technical support. Any decision it adopts in that regard must be duly supported by technical and scientific criteria explaining its suitability and relevance to achieving the public purpose ultimately pursued. It rejected the claim seeking annulment (pretensión anulatoria) of sections 8.1, 9.1, and 9.2 because it found them consistent with the legal order. It also rejected the claim for damages and losses. It ordered the defendant to pay both categories of costs of the proceedings. In a supplemental ruling, it added the following grounds for rejecting the claim seeking annulment of provisions 8.1, 9.1, and 9.2: “…because: a) Article 8.1 permits antenna-supporting and housing structures and cellular telecommunications base stations (whose construction, installation, and maintenance are the plaintiff’s business) to be owned by public and private concessionaires (concesionarios) of the radiofrequency spectrum; but also by natural or legal persons, whether public or private, national or foreign, that, pursuant to a delegation, contract, or any type of agreement with the foregoing, intend to develop, construct, or install antenna-supporting and housing structures and cellular telecommunications base stations, a category into which the plaintiff falls.
It is therefore clear that infrastructure construction is not being limited to concessionaires, but is also authorized for those in the plaintiff’s factual circumstances, provided there is a delegation or contract from the operator. b) Article 9.1 does not limit infrastructure construction to concessionaires, but instead authorizes it for those who (sic) have a delegation or contract from the operator. c) Article 9.2 is a provision intended solely for cases in which such infrastructure is developed on public property, which justifies granting a revocable use permit (permiso de uso en precario). Nevertheless, it has been established here that construction on private property is feasible and lawful, in which case no permit of this nature would obviously be required; instead, there would need to be a lease agreement with the owner of the real property, duly registered with the Registro de Concesiones de SUTEL.(...)”.
II.Both litigants appeal before this Sala. For reasons of order and logic, the defendant’s appeal, which challenges the declaration of nullity, will be addressed first. The plaintiff’s appeal will then be considered, as it is limited to challenging the rejection of the claim for compensation (pretensión indemnizatoria). Before doing so, the requests of both appellants concerning evidence offered at this stage will be decided.
III.The defendant’s attorney-in-fact attaches to the appeal copies of: 1.- The first page of Nombre8220’s passport, should the Sala wish to establish that this person was in Costa Rica on 9 de agosto de 2012 for the single hearing. 2.- The presentation that this person intended to give. 3.- A printout of part of architect John Odio Quesada’s presentation. He also requests that the evidentiary materials that the defendant attempted to introduce at the hearing of 21 de mayo be considered as evidence to assist the Court in reaching its decision (prueba para mejor resolver). The documents submitted shall be added to the record, although the appellant did not even explain their purpose. Moreover, there are no grounds for admitting, to assist the Court in reaching its decision, evidence that should have been offered at the corresponding hearing. Nor does this Chamber require it to decide the appeals. In short, the foregoing request shall be denied.
IV.Pursuant to Article 145 of the Código Procesal Contencioso Administrativo (hereinafter, CPCA), the attorney-in-fact of the plaintiff company requests admission of evidence “concerning new facts and facts arising after the judgment that confirm the existence of the damages and losses caused by the defendant’s conduct.” The evidence consists of document number 1, namely the letter dated 22 de julio signed by Mr. Jorge Abadía Pozuelo, CEO of Telefónica de Costa Rica TC S.A. Document number 2 consists of certifications from an authorized public accountant and is intended, according to the petitioner, to demonstrate that, in its accounting records dated 22 de julio de 2013, the plaintiff recognized and recorded an accounting loss in fixed assets by writing off the assets located and constructed at sites CPX3223 and CPX0058 in light of the communication from Telefónica de Costa Rica TC S.A. To assist the Court in reaching its decision, it requests admission of document number 3, which is a certified copy of the lease agreements entered into with Volta S.A. and Mr.
Gerardo Francisco Castro Carvajal for the land on which the operator requested that the towers be constructed. This Sala rules as follows: with respect to the documentary evidence (prueba documental) whose admission is sought, the provision cited by the petitioner requires an oath that the evidence was not previously known to the petitioner. Merely referring to that provision does not suffice to justify the request. The interested party was required to satisfy its conditions. First, given the conclusiveness and seriousness required, it should have clearly and precisely sworn that it had not known of those documents. The absence of this requirement is sufficient reason to deny the request. Nor did it specifically explain which facts were new or which arose after the challenged judgment. As to document number three, this Court does not consider it necessary to reach its decision; nor does it consider the remaining documents necessary. The foregoing request shall therefore be denied.
Appeal by the defendant Violation of procedural rules of the legal order.
V.Counsel for the Municipality raises five grounds of error (agravios). First: he alleges a “Violation of the Rights of Defense…” based on seven reasons: 1.- Reduction by half of the time established for conducting the trial. He states that the Court ordered that the oral and public hearing (audiencia oral y pública) would consist of two stages, on May 20 and 21, 2013. The first was to address the matters set forth in section 90 of the CPCA. The second was to conduct the eventual trial. It did so without first analyzing whether the case had characteristics warranting its classification as complex proceedings (trámite complejo). He further states that it accepted an excuse from counsel for the plaintiff for not appearing at the aforementioned May 20 hearing, which it then canceled. It maintained the setting for the 21st but did not replace the one on the 20th with a comparable period of time.
He believes that the strategy required at least the two days originally scheduled. Nevertheless, the Court, relying on the unnecessary declaration that the case was subject to expedited proceedings (trámite preferente), reduced the time by 50%. He asserts that the delay in this matter was due to that panel’s inaction, since it received an order to send the case file to this Chamber to hear a challenge to the denial of the lack-of-jurisdiction defense (defensa de incompetencia), yet failed to comply with the superior court’s order and continued issuing rulings, including the ruling assigning the case to expedited proceedings, despite lacking jurisdiction. He challenges the short time allotted for the hearing and the Court’s denial of the requests to submit evidence, on the ground that they were unrelated to the merits of the matter. In his view, that panel had an irrepressible desire to finish on May 21 at any cost, proposing a teleconference with an expert who was in Guatemala.
He adds that the reasons given for the rulings on defenses and motions were scant and prevented the proper filing of challenges. The same occurred during the closing phase, limiting the parties’ ability to make a serious presentation of their arguments, grounds, and evidence. A defense of the Regulation’s technical justifications was also prevented. He believes that each litigant required at least four hours for closing arguments. He criticizes the fact that, after reducing the duration of the hearings by 50%, the Court converted the matter into complex proceedings, with an extended period for rendering judgment. He argues that it could have used part of that extraordinary complex-proceedings period to afford the parties hearings of a reasonable and proportionate duration. On that basis, he requests that the hearing under section 142(2) of the CPCA be ordered so that he may present the expert, expert-witness, and documentary evidence rejected at the oral and public hearing.
He maintains that the disproportionate and unreasonable handling of the hearing’s proper duration prevented the Court from having the necessary information to issue a just judgment, as prescribed by section 8(1) of the Ley Orgánica del Poder Judicial. He contends that reasonable and proportionate promptness was required, while allowing due process to ensure the legitimacy of the defense. “But the Court stepped on the accelerator, as though labeling the matter expedited proceedings were a license to disregard Due Process and the Principles of Defense, Reasonableness, and Proportionality.” 2.- He alleges: “Systematic rejection of evidence relevant to the Regulation’s technical quality.” He states that, during the first part of the hearing, he offered the testimony of Nombre8221, who holds a master’s degree, to establish that the poles fully satisfy the technical requirements for first-rate telecommunications, but it was rejected on the ground that it had nothing to contribute to the issue in dispute.
He also sought testimony from architect John Odio Quesada, who would explain the visual pollution caused by telecommunications towers compared with the minimal impact of utility poles, particularly in the urban setting of Curridabat. Nevertheless, he complains, it was rejected because it was deemed unrelated to the issue under debate. He further states that he offered the expert testimony of engineer Nombre8220, a partner in a Guatemalan company, who designed and supplies poles for installing telecommunications antennas and has experience in that field. He explains that this person was in Costa Rica to attend the hearing scheduled for August 9 and 10, 2012. For the hearing held in May, however, only 11 calendar days and five business days elapsed after notice was given—that is, far too little time to locate him—and it was not even possible to arrange the videoconference proposed by one of the Court’s judges. 3.- He objects to the “Changes in the composition of the Court’s Sixth Section that issued the judgment.” He believes: “A judicial proceeding cannot be properly adjudicated if systematic changes occur in the composition of the collegiate body, preventing a broad, measured, reasonable, and rational analysis.” He recounts the procedural acts performed by the different panels and alleges a lack of jurisdiction.
He adds: “If the matter was subject to expedited proceedings and was later classified as complex, the changing composition of the Court necessarily results in a violation of my client’s Rights of Defense, because it constitutes in itself a disproportionate intellectual limitation, considering that the composition of the Court cannot be a game in which a member is here today, gone tomorrow, and freely replaced.” 4.- He alleges: “Issuance of rulings outside its temporal jurisdiction, resulting in deprivation of the right of defense.” He states that the ruling issued at 11:11 a.m. on August 9, 2012, by the coordinating judge shows that, since April of that year, all actions taken by the Court restricted his client’s right of defense and are null and void. He states that he said as much at the single hearing held on May 21 and in the motion for reconsideration (recurso de revocatoria). He alleges that this right was impaired by the unserved ruling issued at 7:30 a.m. on August 6, 2012, which requested the administrative record (expediente administrativo) within 24 hours.
He emphasizes, however, that in addition to not being served, it did not include a warning concerning the consequences of failing to comply with the order. He explains that, when the August 9 hearing was held, the Court imposed on his client the sanction of deeming the allegations in the complaint proven because it had not submitted the record. Nevertheless, he adds, it had in fact been submitted, as shown by the court office’s acknowledgment of receipt at 3:55 p.m. on August 8, 2012. He explains that the hearing scheduled for August 9 and 10, 2012, never legally came into existence because, once the Court received this Chamber’s order to send the case file to the First Judicial Circuit of San José, anything that could prejudice either party had no legal effect—that is, it was absolutely null and void (nulidad absoluta). He maintains that the Court was advised of the error at the hearing, but it denied the motion to cure procedural defects (solicitud de saneamiento) and the motion for reconsideration.
He adds that the deliberation took place in the courtroom and, as can be seen in the video, the judges did not review the rulings issued or the recording of the August 9, 2012 hearing, and unfairly and unlawfully denied the motion to cure and the motion for reconsideration. 5.- He alleges the “Absence of notice ordering submission of the administrative record and loss of the administrative record.” He reiterates his arguments on that subject and adds that both the order to send the case file to this Chamber, for adjudication of the challenge to the ruling rejecting the lack-of-jurisdiction defense, and the administrative record submitted according to the acknowledgment of receipt at 3:55 p.m. on August 8, 2012, were lost, and that his client cannot be prejudiced by deficient administrative handling. Accordingly, he again insists that the right of defense was violated and that the proceedings are absolutely null and void. 6.- He objects to the denial of the request to take evidence in advance (prueba anticipada), made in the filing received by the Court at 3:55 p.m. on August 8, 2012, consisting of the testimony of expert witness Nombre8220 regarding matters closely related to the allegations in the complaint.
He contends that it was denied at the August 9, 2012 hearing, despite his explanation of the practical and rational reasons for hearing the witness, whose company is in Guatemala and who works there. At the May 21 hearing, he notes, the judges accepted the testimony under conditions that were impossible for his client to satisfy; that is, he states: “…the Court is solely responsible for this impossibility; if it had allowed him to give his testimony on August 09, 2012, pursuant to the broad powers held by the Court to ensure the proper conduct of judicial proceedings, all the more so because this matter was classified as expedited proceedings.” 7.- He alleges: “The Court prejudged the matter.” This occurred, he asserts, when the Court, in assigning the matter to expedited proceedings, stated: “It has been publicly known that towers have been installed to enable connectivity and therefore the provision of cellular telephone service….” In his view, this meant that from the outset “…the Court committed itself to the position favoring the preeminence of towers over any other infrastructure for installing telecommunications antennas….” He adds that the declaration assigning the case to expedited proceedings was defective.
VI.In the ruling issued at 1:00 p.m. on May 6, 2013, the Court summoned the parties to an oral and public hearing consisting of two stages. The first concerned the adjudication of the matters set forth in section 90 of the CPCA. The second was for the oral and public trial. For those purposes, it scheduled May 20 and 21. Counsel for the plaintiff reported that on the 20th he had a hearing as a member of an arbitral tribunal. Accordingly, in an order issued at 8:00 a.m. on May 13 of that year, the Contentious-Administrative Court (Tribunal Contencioso Administrativo) canceled the setting for the 20th and maintained the setting for the 21st in order to hold a single hearing. The defendant was notified and did not object to that ruling, which therefore became final. As shown by the electronic record of the hearing, the Court proposed taking testimony by videoconference because the defendant failed to produce the expert witness.
The rejection of other evidence was duly justified. It was not rejected because of any lack of time to receive it. The electronic record also makes clear that the defendant’s representative did not avail himself of the procedural-curing phase or any other opportunity to request additional time for his purposes. The Court even granted the litigants 20 minutes to present their closing arguments. Only counsel for the plaintiff company requested additional time and obtained an extension to no more than 30 minutes. Counsel for the defendant raised no objection whatsoever to the time established. Indeed, he did not even use all of it, as he presented his closing argument from 3:19 p.m. to 3:43 p.m., without requesting any extension or objecting to the period allotted. Nor did he raise the slightest objection to the Court’s declaration that the matter was complex and its decision to allow up to 15 days to render judgment.
Article 137(2) of the CPCA requires that a claim concerning a defect, or a request for its correction, be raised before the appropriate judicial body. In this particular case, he should have raised it before the Court, not before the Chamber or at this procedural stage. The hearing under section 142(2), Ibidem., is not intended for the taking of the evidence mentioned by the appellant in cassation (casacionista). It is intended for presenting argument on the issues comprising the appeal in cassation (recurso de casación). In view of all the foregoing, ground of error number 1 is inadmissible.
VII.Examination of the digital record shows that the Tribunal provided reasons for rejecting the expert witnesses (testigos peritos) Nombre8221 and John Odio Quesada. The defendant’s representative raised no objection. The adjudicating body admitted Nombre8220’s testimony, but that person was not in Costa Rica at the time of the hearing. The Tribunal noted that notice of the summons to that proceeding had been served on 9 de mayo de 2013, and that the municipal entity, as an interested party, had not requested that the corresponding subpoena be issued. The municipality’s own counsel acknowledged that it was materially impossible to take the testimony and stated that he would rely on the judges’ indulgence. He added, “... it appears that we are going to have to dispense with this evidence.” He later stated that he would not dispense with it and reiterated that it was materially impossible to take it.
The Tribunal proposed arranging a videoconference, to which counsel agreed, but that could not be accomplished either. Accordingly, the judges declared that the evidence could not be taken, emphasizing that the defendant bore the procedural burden (carga procesal) of ensuring that it was properly obtained and should have arranged for the witness’s presence and requested the corresponding subpoena. The Tribunal reiterated that the evidence had been offered belatedly and that the hearing should not be suspended because none of the statutory grounds applied. Counsel for the defendant likewise did not challenge that decision or its grounds. Because no appeal was filed, that issue may not be raised before this Chamber. Moreover, based on the account of what occurred, there are no grounds for attributing to the Tribunal the inability to obtain that testimony. All of the foregoing leads to the rejection of ground number 2.
VIII.There is no explanation of how the changes in the composition of the Tribunal could have affected the defendant’s right of defense or influenced the decision on the merits. Nor does the appellant in cassation (casacionista) raise any specific objection against any of the officials who served on it at each stage. Indeed, at the trial hearing, the reporting judge explained that one of the judges had been replaced because of another judge’s health problems, and counsel for the defendant raised no challenge whatsoever to that change. The reference to the Tribunal’s lack of jurisdiction (competencia) over certain proceedings and rulings is unfounded. In any event, the plea of lack of jurisdiction (defensa de incompetencia) was denied by that court in ruling 756-2012 at 10 horas 35 minutos on 19 de abril de 2012. This Chamber rejected the defendant’s challenge in order 1303-C-S1-2012 at 10 horas 50 minutos on 11 de octubre de 2012 and denied the motion for supplementation and clarification (solicitud de adición y aclaración).
At the hearing, the Tribunal reported that rejection, and the municipal entity’s representative made no statement in that regard. The jurisdictional issue was therefore conclusively settled, and the appellant in cassation has identified no ground showing that the Tribunal issued proceedings or rulings without jurisdiction, a matter that will be addressed in greater depth in the following section. Accordingly, challenge number 3 is inadmissible.
IX.The appellant insists that the issuance of rulings by the Tribunal, which lacked “temporal jurisdiction,” deprived his principal of the right of defense. But he does not specify why she was left defenseless or how that right was restricted. Moreover, he contends that certain rulings were issued while the challenge to the ruling denying the plea of lack of jurisdiction should have been heard before this Chamber. However, as stated in the preceding recital (considerando), this Chamber denied the defendant’s motion seeking a declaration that the Tribunal lacked subject-matter jurisdiction (incompetencia material). Thus, merely establishing—much less ordering—nullity (nulidad) “for nullity’s own sake” is insufficient. This is so not only because the basis invoked by the appellant ceased to exist when the objection based on lack of jurisdiction (excepción de incompetencia) was rejected, but also because the challenger has failed to establish any deprivation of the right of defense.
As to the administrative case file (expediente administrativo), it is not true, as he appears to argue, that the request for that file was issued only in the ruling at 7 horas 30 minutos on 6 de agosto de 2012, which, he states, was not served on him. Nor is it true that he was not warned of the consequences of failing to submit that file. In the ruling at 11 horas 16 minutos on 21 de diciembre de 2011, the case-management judge served process on the Municipalidad and ordered it to submit a certified copy of the administrative case file, duly identified, paginated, complete, and in strict chronological order. She instructed that, if submitted as a physical copy, it had to be legible. If it consisted of several volumes, they had to be duly identified. If submitted in digital format, it had to be compatible with the Poder Judicial’s software. It also had to state that it contained all materials and documents comprising the file as of the date the certification was issued.
The judge warned: “... failure to comply shall result in the allegations set forth in the complaint being deemed true with respect to the noncompliant party....” Notice was served on 18 de enero de 2012, as recorded in the certificate on folio 279. Consequently, long before the ruling cited by the appellant, his principal had been ordered to submit the administrative case file and had been informed of the consequences of noncompliance. In the order at 7 horas 30 minutos on 6 de agosto de 2012, the Tribunal stated that the administrative files entered into the proceeding did not correspond to the requested file. Notwithstanding the order already issued and the notice of the applicable sanctions, it granted the Municipalidad 24 horas to submit the documents. That ruling could not be served by the designated means because the transmission was not completed despite the corresponding attempts.
Even so, according to the notation on the reverse of folio 488, at 9 horas 20 minutos on 7 de agosto de 2012, counsel for the defendant, who is the appellant here, was informed “... that the preceding ruling exists, (6.8.2012 7:30) it could not be served because there was no (sic) communication with the designated fax, and therefore the five attempts required by law were made....” It is true that the record shows receipt of documents at 15 horas 55 minutos on 8 de agosto de 2012. But according to the minutes of the hearing at 8 horas on 9 de agosto de 2012, the Tribunal found that the two files submitted concerned regulations not challenged in this proceeding. Furthermore, the documentation submitted did not comply with section 51 of the CPCA because the document did not state that the certified folios comprised all materials constituting the file, and because it had not been submitted with the answer to the complaint.
It therefore deemed the allegations in the complaint to be true. That hearing was suspended because this Chamber had yet to decide a challenge to the denial of the plea of lack of jurisdiction. According to the electronic record, at the hearing at 8 horas on 21 de mayo de 2013, the presiding judge of the Tribunal summarized the determinations made at the preceding proceeding. She stated that the allegations in the complaint had been deemed true for the reasons already given concerning the administrative case file. She emphasized that this measure had been adopted and directed that it be placed on the record. Significantly, the defendant’s representative did not object to that ruling. He accepted the decision. With respect to procedural regularization (saneamiento del proceso), the Tribunal stated that a motion to consolidate proceedings (solicitud de acumulación de procesos) remained pending.
Likewise, counsel for the defendant filed no motion and did not challenge the ruling deeming the allegations in the complaint to be true. The parties were then asked whether there were any matters requiring correction. The defendant said nothing about the issue under examination. It merely reiterated the nullity allegedly arising from the proceedings conducted and rulings issued while the challenge to the withdrawal of the plea of lack of jurisdiction remained pending. It stated that the order to produce the file was issued after this Chamber had ordered that it be transmitted and was therefore null, including the Tribunal’s decision deeming the allegations in the complaint to be true. However, as explained supra, service of process and the order to produce the file had occurred much earlier and, in any event, the jurisdictional challenge was unsuccessful. For the foregoing reasons, grounds 4 and 5 are rejected.
X.The hearing of August 9, 2012 was adjourned precisely because counsel for the defendant (apoderado de la demandada) informed the Trial Court that he had filed a challenge (gestión de inconformidad) before this Chamber against the ruling denying the objection for lack of jurisdiction (defensa de incompetencia). Consequently, that proceeding could not continue and no evidence (probanza) could be taken, including the testimony (declaración) of Mr. Nombre8220, which was of interest to the appellant (recurrente). The electronic record shows that, at the single hearing (audiencia única) of May 21, 2013, the adjudicatory body (órgano decisor) rejected the defendant’s witness testimony (prueba testimonial) because it had been offered generically when answering the complaint (contestar la demanda), the procedural stage (momento procesal) at which it should have been properly submitted. It stated: “…the Trial Court would understand that the municipal entity is offering no witness testimony; what I want is to confirm that fact with you.” Counsel for the defendant replied: “Indeed…, the evidence was offered, but the names of the persons who would participate were not provided; it was merely stated generically who they would be.
This was to be done at this hearing, specifically to determine who they were.… But yes, from the standpoint of what the Trial Court is saying, the evidence was indeed not submitted at the proper time.” The Trial Court added: “…and 64 requires that it be submitted; this hearing is not the time to submit that type of evidence.” Counsel replied: “Yes, yes, yes.” That attorney offered the testimony of Mr. Nombre8220 as expert-witness testimony (prueba testimonial pericial), stating that he intended to produce him at the August 9 hearing. Counsel for the opposing party objected. He emphasized that the profile of the expert witness (testigo perito) showed that he had been improperly offered when the complaint was answered. The Trial Court agreed to hear him and acknowledged: “…even though he is also another witness who should have been submitted at the outset, when the complaint was answered....” Nevertheless, the defendant did not produce the expert witness at the hearing and stated that he was in Guatemala.
An attempt was made to take his testimony by videoconference, but it was unsuccessful. Counsel for the defendant explained the reasons why it had been physically impossible to bring him. The Trial Court reiterated that this evidence had been offered late, outside the appropriate procedural stage, namely, the answer to the complaint. It admitted the evidence in pursuit of the substantive truth (búsqueda de la verdad real), while noting the defendant’s failures regarding its evidentiary duties (deberes probatorios). It emphasized that, between the scheduling and the holding of the hearing, the defendant had failed, as required, to notify it of the impossibility of bringing him or to state the reasons why he could not attend at that time. It added: “Nor did the defendant serve the summons (cédula de citación) during that period. For all these reasons, as required by sections 351, 361 and 325 of the CPC, the Trial Court must declare the evidence incapable of being taken (prueba inevacuable).” It stressed the obligation to satisfy the procedural burdens (cargas procesales), since the defendant was responsible for producing the witnesses.
By failing to do so, it stated, the defendant would bear the adverse consequences. It noted that none of the grounds under section 100 of the CPCA for suspending the hearing existed. It continued the hearing without counsel for the defendant raising any objection. Consequently, contrary to what the defendant claims, that evidence was neither advance evidence (prueba anticipada) nor new evidence (prueba nueva). As ruled, it was improperly offered. The defendant did not effectively arrange for it to be taken, as was its responsibility as the interested party. When the evidence was declared incapable of being taken, it likewise raised no objection. As a further reason for rejecting this challenge, it should be noted that experts, witnesses, and expert witnesses may not validly be offered generically, without any identifying details—that is, contrary to the proper manner of submitting them—and then simply be presented for examination at the oral hearing.
As counsel for the plaintiff noted, some of the persons offered in the complaint as witnesses correspond to those whom the municipal representative sought to have examined at the hearing. In any event, they were not offered in a timely manner, and the defendant did not object to the duly justified rejection. This warrants denial of ground No. 6.
XI.If counsel for the defendant believed that the Trial Court had prejudged the matter from the outset, he should have raised the issue in a timely manner. He could not reserve it pending the outcome of the proceedings. Pursuant to section 8(a) of the CPCA, in conjunction with section 53 of the Code of Civil Procedure, as applicable under section 220 of the CPCA, he was required to file the corresponding motion for recusal (recusación) at the appropriate procedural stage, based on the ground for judicial disqualification (causal de inhibitoria) established in the first provision concerning a statement made by the judges regarding the administrative conduct at issue in the proceedings. In any event, this Chamber considers that the declaration of expedited processing (declaratoria de trámite preferente) contains no statement constituting the grievance identified by the appellant in cassation (casacionista) as No. 7. Accordingly, it is without merit.
XII.As his second ground (cargo), the appellant alleges that the judgment failed to determine clearly and precisely the facts that the Trial Court deemed proven, or that it was based on illegitimate evidence or evidence unlawfully introduced into the proceedings. He refers to fact 6, which the challenged judgment deemed unproven, according to which it was not demonstrated that telecommunications towers are technically inappropriate, cause visual pollution, or increase the cost of cellular telephone service in Curridabat. He asserts that, in the complaint, the plaintiff stated under oath that towers have a greater impact on the visual environment than utility poles. He adds that the party he represents attempted to submit suitable evidence to establish several matters relating to that unproven fact. He explains that whether the towers were technically inappropriate was irrelevant to the issue being addressed.
The matter in dispute was whether the utility poles were technically appropriate, which is made clear in the Ley General de Telecomunicaciones. He contends that he offered evidence to demonstrate that the telecommunications network “could indeed be served by the utility-pole infrastructure,” but states that it was systematically rejected. He again challenges the rejection of the testimony of Nombre8221, Nombre8220, and John Odio Quesada. He states: “In every case, the corresponding motions for reconsideration (recursos de revocatoria) were filed, and the Trial Court affirmed its rulings; in other words, it did not want to change this unproven fact into a proven one.” He states that, in closing arguments (conclusiones), he emphasized that merely by going out into the street or walking through Curridabat, one could observe the lack of pollution caused by the utility poles compared with the towers.
He adds: “The Justices can, from their windows at the Corte Suprema de Justicia, see at very close range the actual truth of this assertion.” He argues that, because the evidence was not admitted, it was impossible to reach a conclusion regarding the costs of telecommunications service and leases for the benefit of the end user nationwide. Regarding telecommunications coverage, he notes that the evidence consisting of official Internet pages containing certified and accurate information from the companies Claro, Kölbi, and Movistar was not admitted, although he was permitted to cite them. He states: “…a euphemism that remains incomprehensible to this representation, because although they were mentioned in order to state that the REGULATION had the virtue of being SUCCESSFUL—that is, despite the errors alleged by the plaintiff, the Canton of Curridabat has coverage from all authorized telecommunications operators that is at least very good, but generally excellent, according to the categories authorized by SUTEL.
In short, the Trial Court did not permit an intellectual, rational, and appropriate assessment of the evidence.” He again raises challenges concerning the administrative record (expediente administrativo), which, according to him, the Trial Court found had not been submitted, although it later considered it without giving the parties an opportunity to use it. He contends that the record was submitted, as evidenced by the receipt dated 15 hours 55 minutes on August 8, 2012. He states that an attempt was made to cure that issue and a motion for reconsideration was filed. He alleges that the certified copy of the administrative record was lost, with the result that it could not be used as evidence at the May 21 hearing. Nevertheless, he objects that the Trial Court used it at one point during that proceeding, when his client had been unable to rely on it in its defense. He attributes to the Trial Court an error of fact (error de hecho) in concluding that towers are synonymous with a network.
XIII.The asserted ground for cassation (causal de casación), set forth in provision 137(c) of the CPCA, encompasses several possibilities. The appellant does not specify or explain whether the Tribunal committed one, several, or all of the alleged errors. Provision 139(3), Ibid., requires a clear and precise statement of the grounds for appeal, with proper factual and legal support for the case. The manner in which the objections were raised clearly falls far short of satisfying those requirements. Nor does the cassation appellant establish where, in the complaint, the plaintiff stated—and therefore swore—that the towers affect the visual environment more than the poles do. A review of the complaint shows that, in factual allegations 4 and 5, the plaintiff emphasized the advantages that, in its view, the towers have over the poles. It did so as well in the section concerning “The principle of legal regularity.” Indeed, under the heading “The principles of reasonableness and proportionality,” it explains why there would be no cumulative effect capable of causing visual harm to the surroundings and their aesthetics.
The objections to the denial of the evidence offered by the defendant are addressed in recitals (considerandos) VI, VII, IX, and X of this judgment. To avoid unnecessary repetition, reference is made to what was decided there; it should also be emphasized that, according to the Court’s review of the minutes and the electronic record, it is not true that the defendant’s representative filed motions for reconsideration (recursos de revocatoria) to challenge the exclusion of the expert witnesses (testigos peritos). The references to how the absence of visual pollution from the poles, as compared with the towers, may be verified are not linked to any specific evidence that is procedurally admissible. It is therefore insufficient merely to refer to what can be observed with the naked eye while walking through the area or looking from a building’s windows. Nor does the appellant specify why the refusal to admit certain items of evidence prevented it from addressing some of the disputed matters, such as the issue of telecommunications-service costs and leases that benefit the end user nationwide.
In any event, if it objects to the weight assigned to certain evidence or believes that evidence—such as websites and information about certain companies—was disregarded, it should have expressly alleged this and explained its relevance to the factual and legal considerations on which the challenged judgment rests. It should, of course, also have challenged any decision by the Tribunal improperly denying evidence. The arguments concerning the administrative record (expediente administrativo) are reiterated, and reference must therefore be made to recital IX of this judgment. It may be added that the cassation appellant does not specify which aspects the Tribunal supported with that documentation, much less the influence it had on the final decision. Instead, it is apparent that the list of facts found proven in the challenged decision is based on pages of the judicial record (expediente judicial), the testimony of Nombre8222, and certain uncontested events.
The cassation appellant likewise fails to explain which parts of the record it claims it was unable to use or the significance they might have had for specific matters of interest to it. It is striking that it claims the Tribunal did not grant the motions for reconsideration and affirmed its rulings because it did not wish to alter the fact found not proven, as though, during the hearing, it had already anticipated a determination that could be made only in the judgment. Lastly, the alleged error of fact is not based on any evidence whatsoever. All of this is inconsistent with the duty to state the grounds for appeal clearly and precisely, as well as the requirement of providing the necessary factual and legal support for the case, requirements expressly established in provision 139(3) of the CPCA, as explained above. Accordingly, the objections at issue must be rejected, without prejudice to revisiting certain allegations of error when analyzing the appeal based on the violation of substantive provisions of the legal system, particularly as to whether the poles are technically appropriate for the purpose sought by the General Telecommunications Law, whether the towers should also be deemed appropriate, and the objection to the content of fact 6, which the judgment at issue found not proven.
XIV.In the third ground for appeal, the appellant alleges a “Complete, unclear, and contradictory lack of reasoning.” It states that the decision-making body imposed several obligations unsupported by the content of the complaint itself. It required the appellant to apply, in the field of telecommunications, the regulations issued by FEMETROM and, with respect to tower construction, the provisions of INVU or SUTEL. It questions what studies those entities conducted before issuing their respective Regulations. It objects that the Tribunal presumed such studies had been conducted but rejected the grounds for implementing, in Curridabat, the restrictions necessary to protect the urban environment. It reiterates that, during the oral and public trial, it was prevented from presenting the three qualified professionals who would demonstrate the merits of the challenged Regulation. It adds that the statement of grounds for Decreto 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT on Rules, Standards, and Jurisdiction for the Installation or Expansion of Telecommunications Networks shows that it suffers from the same alleged defects as the appellant’s Regulation.
Nevertheless, it contends that the Tribunal’s reading of that decree differs in its theoretical, intellectual, and regulatory requirements when referring to the rules it wishes to have applied in place of the municipality’s Regulation. It alleges a violation of the constitutional provisions granting municipalities authority to regulate matters related to their functions as local governments. It states that there is extensive case law from the Constitutional Chamber and this Chamber on that subject and on the recognition of regulatory authority (potestad reglamentaria) in matters of urban planning, urban control, protection of the surroundings, and the ecologically balanced environment. It explains FEMETROM’s powers. It mentions the Municipal Code and the General Public Administration Law. It states that the record contains no evidence of an agreement by the Curridabat Municipal Council to submit to the regulations of FEMETROM, which it joined voluntarily.
It argues that each proposal by that entity and the technical studies must be approved by its constituent Councils; thus, each municipal government has authority to determine whether to adopt them as its own. It considers the Tribunal incompetent to compel the appellant to join an alliance and to comply with all the regulations developed by that alliance, “if not (sic) it is by through (sic) the legal mechanisms imposed by law.” It alleges a violation of substantive provisions in everything concerning FEMETROM, INVU, SUTEL, and IFAM because, under the meaning given to that term by the General Public Administration Law, no provision organically binds the appellant to those entities. It also accuses the adjudicatory body of overstepping its authority by requiring the appellant to comply with the regulatory or operational directives of entities of the same or lower rank, “…contrary to the Political Constitution, which originally created the municipalities.” It argues that, at the trial hearing, “…the Tribunal undertook no analysis whatsoever of the appropriateness of applying the INVU Construction Regulation; it merely accepted the plaintiff’s proposal, without any evidence having been submitted (sic) to establish that the amendment to the INVU Construction Regulation was supported by technical studies (which likewise do not exist) showing that this amendment was the panacea to be applied in the Canton of Curridabat.” It finds it curious that the amendment to the Regulation under the Construction Law addresses only the erection of towers, not poles, masts, or other infrastructure for installing telecommunications antennas.
In other words, it adds, “…the Tribunal acts contrary to what it decides in the challenged judgment, because it says that ordering that only poles may be installed within the Territorial Jurisdiction of Curridabat is inconsistent with the Legal System, yet it now orders that only towers may be installed.” It asserts that the amendment to the Regulation under the Construction Law is not an Executive Regulation. It addresses only the construction of towers and establishes a series of requirements for them. For example, it emphasizes that a mast is installed on the roofs of buildings, “…and the requirements of that INVU regulation are technically impossible to satisfy in the skies; it implicitly prohibits the construction of masts and poles as well, because it established conditions only for towers—that is, it became a model that creates an implicit monopoly favoring companies such as the plaintiff, which devote themselves to planting the urban, suburban (sic), and rural surroundings with hideous red-and-white towers.” Regarding SUTEL’s regulations, it asserts that no technical studies exist to support their application.
There are only analyses, assessments, and studies conducted abroad, which that entity adopted without further examination. It states that the appellant conducted an analysis of the urban environment concerning the adverse impact of the towers, providing the network with infrastructure that would offer users the best conditions. It concludes that the regulations the Tribunal ordered to be applied in its place contain the same errors that the Tribunal identified in the Municipality’s Regulation. Regarding those of FEMETROM and INVU, it notes that the capacity and regulatory powers of municipal governments are disregarded, “…favoring, without any statutory or constitutional basis, those mandated by other institutions—one established through an intermunicipal agreement and another created by law—over the Municipalities, whose legal creation is found in the Fundamental Law.”
XV.The challenge focuses on certain issues concerning the scope the Tribunal gave to the effects of the judgment. It declared certain regulatory provisions null and void and prescribed how the discretion inherent in regulatory authority (potestad reglamentaria) was to be exercised, taking into consideration, among other matters, criteria issued by SUTEL, the Executive Branch, FEMETRON, and INVU. However, the claim is rendered moot because, in this Chamber’s view, contrary to the appealed judgment, the challenged provisions of the Regulations may not be declared null and void. Accordingly, no purpose would be served by analyzing the rulings challenged in this section of the appeal. In any event, it is apparent that mutually contradictory defects are alleged simultaneously: “Complete, confusing, and contradictory lack of reasoning,” which demonstrates the imprecision with which the claim was formulated; moreover, it is intermingled with evidentiary matters and challenges to the application of the law, creating ambiguities that are difficult to overcome.
This is compounded by the assertion that the adjudicatory body imposed obligations unsupported by the judgment’s own content, which might appear to allege inconsistency (incongruencia). However, the sections of that decision being referenced are not specified and, in any event, the aforementioned criteria that the Tribunal required the defendant to consider formed part of the relief sought. Indeed, in the complaint, the plaintiff stated that, as a corollary to the requested declaration of nullity and in the proper exercise of discretion under regulatory authority, the Regulations should contain no provisions contrary to Technical Report CCI-2011-05T or to criteria issued by SUTEL, the Executive Branch, or FEMETROM. It also stated that the municipality’s duty to apply Decreto 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT should be declared until new provisions replacing those annulled were approved. The appellant himself states that the Tribunal granted the plaintiff’s proposal to apply the Reglamento de Construcciones of INVU, demonstrating that she was the one who requested it.
Nevertheless, the aforementioned lack of relevance of the grievance also makes it unnecessary at this cassation stage to determine whether the errors the Tribunal found in the Regulations exist in the provisions it ordered to be applied in their place. To avoid repetition, the repeated challenges concerning the rejection of evidence must be addressed by reference to the discussion of that issue in the preceding recitals (considerandos) of this judgment. It should be emphasized that a series of objections have been added which, although they do not qualify as grounds for cassation for procedural reasons, are relevant to the decision on the merits reached in the appealed judgment. Accordingly, when the appeal alleging violation of substantive rules is examined, the following issues raised in this section will be assessed: 1.- The Tribunal rejected the grounds for implementing in Curridabat the restrictions necessary to protect the urban environment. 2.- The constitutional rules granting municipalities jurisdiction to regulate matters related to their functions as local governments are violated with respect to recognition of their regulatory authority in matters of urban planning, urban control, protection of the surrounding environment, and protection of the ecologically balanced environment. 3.- The Código Municipal and the Ley General de la Administración Pública are violated insofar as appellant’s principal is required to comply with the proposals and technical studies of the aforementioned entities without approval by the Concejo Municipal, because it is for each municipality to determine whether to adopt them as its own. 4.- The adjudicatory body exceeded its authority by requiring it to submit to the regulatory or operational directives of entities of equal or lower rank, contrary to the Constitución Política, which originally created the municipalities. 5.- Appellant’s principal conducted an analysis of the urban environment concerning the adverse impact of the towers, providing the network with infrastructure offering users the best possible conditions. 6.- The municipalities’ authority and regulatory powers in this area are disregarded.
At this juncture, the judgment may not be annulled nor the case remanded on the basis of the challenges under review, without prejudice to any bearing they may have on the decision on the merits, as will be analyzed below.
XVI.The fourth challenge concerns what the appellant describes as the “Issuance of the judgment after the deadline.” He states that the proceeding was granted expedited treatment and that section 60(6) of the CPCA establishes a five-day period for issuing judgment. In his view, no provision authorizes the Tribunal, merely because it deems the matter complex, to rule after the deadline. He maintains that the statutory provision allowing such a declaration applies exclusively to ordinary proceedings.
XVII.In judgment 1474-S1-2014, issued at 9:40 a.m. on November 11, 2014, this Chamber ruled as follows regarding an allegation of error similar to the one now under consideration: “In the case under review, the audio and video recording of the hearing confirms that, after the closing-argument stage had concluded, the judges, pursuant to section 111 of the aforementioned Code, declared the proceeding complex and stated that judgment would be issued within 15 days, a decision that neither party challenged at that procedural stage. Therefore, the challenge asserted on that basis must be rejected. Moreover, this Chamber considers that, even when a proceeding has been granted expedited treatment, nothing prevents the judges, after assessing the nature and particular circumstances of the matter, from ordering, because of its complexity, that judgment be issued within the aforementioned 15-day period.
Although section 60(6) of the CPCA provides that, in cases accorded expedited treatment, judgment must be issued within a maximum of five business days, counted from the day after the proceeding was granted such treatment or, where applicable, from the date of the final hearing, that provision does not preclude declaring cases of this type complex in order to apply the period prescribed in section 111(1) of the Code in question. Furthermore, the possibility established by that provision is not specific to any particular type of proceeding; instead, it constitutes a mechanism available to the Tribunal, or an option provided by the legislature, for cases that, by their nature and in the judges’ opinion, require further study, because justice must not only be prompt but must also be properly administered, that is, correctly (…) In this Chamber’s view, the fact that the Tribunal, after declaring the matter complex, issued judgment within the 15-day period established in section 111 under discussion, even though the matter had been accorded expedited treatment, is not contrary to law.
The period used was reasonable and proportionate in light of the proceeding’s actual technical complexity (…) particular circumstances that rule out any possible abuse of the authority established in section 111 of the CPCA. For the reasons stated, the challenge, it bears repeating, must be rejected.” In the present case, as in the precedent, the Tribunal declared the matter complex and ordered that judgment be issued within the maximum period of 15 days, pursuant to section 111 of the CPCA, without objection from the parties, which in itself is sufficient to deny the grievance. The case also entails technical complexity and has required a detailed analysis of the challenged rules in light of the legal system. These reasons also support the conclusion that the judges did not abuse the authority granted by that provision in deciding the matter within the period they used. On this basis, the claim is without merit.
XVIII.The fifth objection challenges the denial, at the hearing, of the request for consolidation (acumulación). The appellant asserts that the denial of the request to join the necessary parties (integración del litis consorcio necesario) was based on the proceeding’s expedited status. However, he argues that neither the CPCA nor the Código Procesal Civil treats that status as a bar to consolidation. He notes that both the first proceeding and the second proceeding sought to be consolidated concern a request to annul the same Regulations, under the same conditions and seeking the same relief, which are the elements required by article 45 of the CPCA. He states that he filed a motion for reconsideration (recurso de revocatoria) against the Tribunal’s ruling, which the Tribunal denied. In his view, the consequence is that the other proceeding, conducted under expediente 12-001349-1027-CA, remains pending and his client must continue its defense while awaiting a potentially favorable or adverse res judicata (cosa juzgada) determination, contrary to procedural economy (economía procesal).
XIX.The argument presented does not correspond to any of the grounds for cassation listed in section 137 of the CPCA. In any event, the denial of the consolidation request does not appear to have impaired the defendant’s right of defense or due process (debido proceso). In presenting the challenge, the appellant also fails to specify the violation of any particular rule for which absolute nullity is the prescribed sanction. Furthermore, judgment has already been entered. There is no practical purpose in determining whether the proceedings should have been consolidated, because the purpose would have been to process and decide them jointly, which did not occur in practice. The claim is therefore rejected.
Violation of substantive rules of the legal system
XX.The appellant in cassation raises three challenges. First: he alleges failure to consider evidence (preterición de prueba). He explains that, had the evidence offered at the May 21, 2013 hearing been admitted, the Tribunal would have reached the most important conclusion instead of making unsupported factual finding 6. He adds: “Hence the need for the Chamber to obtain evidence in aid of adjudication (prueba para mejor resolver) and for that evidence to be taken at the oral hearing hereby requested.” He refers to the statements in preceding sections concerning the relevance and suitability of the evidence he attempted to present to the adjudicatory body: expert testimony specialized in telecommunications and urban and visual pollution, as well as official webpages containing authentic information under SUTEL regulations regarding telecommunications coverage.
XXI.Evidence in aid of adjudication is not intended to give the parties another opportunity to secure the admission of evidence ruled inadmissible or rejected. Nor is that the purpose of the hearing provided for in article 142 of the CPCA. Under subsection 2 of that provision, holding such a hearing is within the discretion of the Chamber or the Cassation Tribunal when it deems it appropriate. That is not the case here, because the appellants’ written submissions are sufficient to decide the matter, without any need for oral argument. Subsection 3 specifies that the hearing is intended to allow the appellant to state the grounds and reasons supporting the appeal and the opposing party to respond and present arguments in defense of the challenged judgment. Accordingly, the claim is denied.
XXII.The second ground of appeal alleges the improper application of legal rules. The appellant emphasizes that Article 136 of the Ley General de la Administración Pública must always be applied, as it establishes the obligation to state the grounds for administrative acts. However, it adds, the adjudicating body did so only with respect to the Regulations of the party it represents, but not with respect to the regulations of FEMETROM, INVU, and SUTEL, which lack supporting grounds and studies to justify their issuance. It objects that, in this specific case, the Court rendered the consultation required under the Código Municipal binding by stating that the respondent should have heeded the opinions or contributions of companies or institutions, which could have sought review before the nonhierarchical superior (jerarca impropio), namely the Third Section of the Contentious-Administrative and Civil Court of the Treasury, but never did so.
This is especially so, it adds, if account is taken of the public-management obligations of the entities that raised objections and could readily have been parties to these proceedings. Nevertheless, it complains, the Court rejected the represented party’s compulsory-joinder (litis consorcio) argument. It asserts that the Court interpreted Article 6, subsection 18), of the Ley General de Telecomunicaciones restrictively, as though it mentioned only towers, even though it also refers to poles. It states: “That subsection and its corresponding article, and the LGT in general, requires (sic) the construction of one structure or another, but leaves open the possibility of organizing the network in the best manner…”. This concerns uniform and universal access under conditions of solidarity and accessibility so as to expand service to end users, not tower companies (torreros), which are scarcely addressed by that Law and the remaining applicable rules.
It argues that the foregoing reveals another erroneous interpretation, namely, equating tower companies with operators under Article 6, subsection 12), Ibid. It states that there are only three operators in Costa Rica: the companies operating under the trade names Kölbi, Claro, and Movistar. Accordingly, it argues, the Court arrogated to itself authority it does not possess by equating those engaged in obtaining land for the installation of towers or poles with the three concession-holding operators. By acting in this manner, it contends, the Court is effecting a concealed repeal of the rules it claims to uphold and a statutory amendment to the text of the aforementioned Law. In its view, the plaintiff has at no time shown that it is authorized or holds a SUTEL concession as an operator. At least, none of the proven facts so indicates. If any did, it asserts, it would be false. To that end, it notes, the Chamber may ask SUTEL whether the plaintiff is classified as such.
It states: “The rules identified in section XI are clear and consistent with the LGT and cannot be altered to the detriment of the Legislature unless the corresponding judicial constitutional consultation is undertaken, which has not been done to date.” In its view, the annulment ordered in the judgment exceeds the Court’s powers because municipal regulations are issued pursuant to the exclusive and preclusive authority granted to municipalities by Articles 169 and 170 of the Constitución Política. It contends that, in determining that the Regulations contravene the legal system, the adjudicating body relied on a partial evidentiary framework of its own making by restricting the respondent’s ability to demonstrate that those rules complied with the legal system. It accuses the Court of reaching inappropriate, unlawful, unconstitutional, and unjust conclusions regarding the Municipality’s work to establish efficient, economical, environmentally appropriate, and modern regulations. It considers that the Court deprived itself of evidence on the basis of which it issued unproven fact 6, which governs the remainder of the decision.
XXIII.The objections concerning the application of the regulations of FEMETRON, INVU, and SUTEL are without merit because, as determined in this judgment, annulment of the challenged provisions of the Regulations is unwarranted; consequently, there is no need to determine how the respondent must regulate the matter in their absence. Those were issues considered by the judges as a consequence of the declaration of nullity (declaratoria de nulidad). Once that declaration is set aside, those issues lack any basis to justify them. Nor is there any basis for the challenges to the Court’s view that the municipality should have heeded the opinions or contributions of companies or institutions concerning the provisions of the Regulations. Although the adjudicating body stated that they should have been weighed before that body of rules was adopted, it acknowledged: “The Court understands that these are not binding upon the Municipal Administration or upon the decision by which it is ultimately adopted.” Moreover, the Court did not annul the regulatory provisions, impose limitations on the creation of new rules, and order the application of certain provisions pending the issuance of others because the plaintiff failed to address the opinions or contributions of companies or institutions.
Nor did it do so because only towers, but not poles, were to be installed, or because it confused tower companies with operators such as Kölbi, Claro, and Movistar. The judges made no express ruling intended to prevent the installation of poles. The crux of the matter concerned the inability to use towers and the restriction of their installation on private property. Furthermore, whether the plaintiff is authorized or holds a concession as a telecommunications-services operator has not been at issue. It is sufficient to find that it has standing (legitimación) to seek the relief claimed in the complaint. In all other respects, the Court ordered annulment on the ground that the recitals of the Regulations, which the respondent claims contain the necessary statement of grounds and therefore preclude the requested annulment: “…are insufficient with respect to the duty to state reasons for formal administrative actions, as required by Article 136 of the LGAP…”.
Even accepting that, in the judges’ view, the objections raised against the draft should have been weighed, this does not necessarily mean that the companies and entities that submitted them had to be joined as parties to the litigation. In any event, the objections concerning the rejection of the compulsory-joinder issue and its connection to the request for consolidation of proceedings (acumulación de procesos) were examined and rejected as stated in recital XIX of this judgment, without any need for repetition. In summary, the objections underlying these arguments are without merit.
XXIV.Notwithstanding all the foregoing, the appellant on cassation is correct in alleging a violation of Articles 169 and 170 of the Political Constitution, because the Tribunal disregarded the powers assigned by the constituent authority to municipal governments, applicable in this specific case to the respondent, with respect to the administration of local interests and services in its canton through the corporate autonomy likewise conferred by the Magna Carta. In this regard, the decision as to how to regulate the provision of cellular telephone service through poles located in public places falls within its purview, which it implemented through the challenged regulatory provisions. Furthermore, a reading of the Regulation, in its “Whereas” section (Considerando), clearly reveals the purpose pursued: to regulate cellular telecommunications infrastructure in order to increase the availability of the service, improve its quality, and ensure affordable prices, with respect for and in harmony with environmental and urban sustainability, taking into account its visual and environmental impact on the urban and natural surroundings, for the benefit of the collective interest of the canton of Curridabat.
This was prompted by the fact that technological advances have led to the emergence of new communications services and the proliferation of telecommunications installations, which entails the aforementioned visual and environmental impact on those surroundings. Accordingly, the substance of the administrative action consisted of creating the Regulation by establishing parameters governing the standardization of structures supporting cellular telecommunications radio base stations, as regards land use (uso de suelo), with due regard for compliance concerning location, form, construction conditions, and commercial operation. These elements are set forth in the aforementioned rules and serve to justify their validity, insofar as they are also grounded in the need identified by the Municipal Administration, within its jurisdiction and under its autonomy in matters of territorial planning and administration, to establish parameters regulating the standardization of supporting infrastructure for cellular telecommunications, as was also stated in the Regulation.
Thus, the administrative action complied with the provisions concerning the elements and validity of an administrative act (acto administrativo) established in the General Law of Public Administration, particularly Articles 128 through 136 for purposes of this matter. As alleged by the appellant, the Tribunal violated the latter statutory provision. In light of the foregoing, the Tribunal was incorrect in finding that the Regulation lacked a statement of reasons. Consider also the legal basis supporting the municipal government’s authority to issue the aforementioned regulations: “…in the Magna Carta, Articles 169 and 170, as well as Articles 15, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 32,33 34, 36, 38, 39, 56, 57, 58, 62, 63 and 64 et seq. of the Urban Planning Law, as well as Articles 13, 59 and 190 through 198 of the General Law of Public Administration.” Of all these provisions, the cited constitutional provisions emphasize municipal autonomy, by virtue of which a municipality may make its own decisions and administer itself in accordance with its legal personality and its own assets, thereby enabling it to issue local rules.
Thus, the powers of the Municipal Council include, precisely, the issuance of regulations. This is provided for in Articles 2, 4, and 13 of the Municipal Code, which find constitutional protection in the aforementioned Articles 169 and 170 of the Political Constitution. Fundamentally, this is a local regulatory power rooted in the essential core of its autonomy, which enables the municipal government to govern itself in accordance with the cantonal interests it is called upon to protect, including urban and environmental control, the surroundings, and an ecologically balanced environment, consistent with Articles 41 and 50 of the Political Constitution and in harmony with the Urban Planning Law, for example, Articles 4 and 15 thereof. The former establishes the Municipal Council’s authority to issue regulatory provisions. The latter provides that, pursuant to Article 169 of the Political Constitution, municipal governments are recognized as having jurisdiction and authority to plan and control urban development within the boundaries of their jurisdictional territory and, consequently, each shall adopt the measures necessary to implement a regulatory plan (plan regulador) and the related urban-development regulations in the areas where they are to apply, without prejudice to extending all or some of their effects to other sectors where compelling reasons warrant establishing a particular oversight regime.
Likewise, Article 19 Ibid. authorizes the promulgation of procedural rules to ensure compliance with regulatory plans and to protect the community’s interests in health, safety, comfort, and well-being. In other words, its authority extends to issuing regulatory provisions. In the specific case, the plaintiff acknowledges in its complaint that the respondent complied with the requirement for nonbinding public consultation on the Regulation, as confirmed by Gazette No. 121 of June 23, 2011. This demonstrates how, in addition to that municipal government’s own regulatory power, its exercise took collective opinion into account by submitting the Regulation for public consideration. It chose to regulate the matter as stated, without thereby violating the constitutional and statutory authority protecting it in that regard. In the matter at bar, the Tribunal failed to consider this body of law.
Furthermore, as the appellant states, the Tribunal disregarded the fact that the respondent entity could properly choose to use such supporting structural networks as were technically appropriate for the full provision of cellular communications service. These include poles, as provided in Article 6, subsection 18), of the General Telecommunications Law—which the appellant on cassation alleges was violated—within the definition of “Scarce resources” and as part of the infrastructure required to operate telecommunications networks. As the appellant also noted, there is no need to determine whether tower structures are suitable for that purpose or whether private installation sites must be included, because this case must be examined on the basis of whether poles in public areas fulfill their intended purpose. For this same reason, the appellant’s objection concerning fact 6, deemed unproven in the challenged judgment, is well founded; under that finding, the adjudicating body held that it had not been proven that telecommunications towers were technically unsuitable, caused visual pollution, or increased the cost of telecommunications service in Curridabat.
These matters fall within municipal consideration because they concern matters related to its functions as a local government. For all these reasons, the Tribunal was also incorrect in finding that the respondent exceeded its discretion and regulatory authority. On the contrary, its decision that pole infrastructure in public areas was suitable for those purposes must be respected, as regulated in the challenged provisions annulled by the Tribunal, which compelled it to adopt proposals and provisions from entities that were not binding upon it, thereby infringing, as alleged by the respondent, the aforementioned legal rules and its regulatory authority in this area. Moreover, the plaintiff has in no way demonstrated compelling reasons for discounting the technical or functional suitability of using poles in public places for providing the corresponding service. Given that the environment is involved (urban surroundings, land use, landscape), the reversal of the burden of proof (inversión de la carga probatoria) contained in Article 109 of the Biodiversity Law applies.
Under this principle, the plaintiff was required to demonstrate that the established regulations were contrary to the law in this specific respect, which it failed to do; nor did it demonstrate that the technical and functional suitability embodied in those regulations prevented the proper provision of the respective telecommunications service. As to the deprivation of rights that it claims to have suffered, in its appeal on cassation it acknowledged that another company providing services similar to those it offers complied with the regulatory provisions and succeeded in carrying out its commercial activity. That is, natural and legal persons with commercial interests and economic expectations to be pursued in the corresponding canton must comply with the rules established through the exercise of the municipal government’s regulatory authority; if they fail to do so, they may not properly allege a violation of rights, insofar as they did not comply with those rules.
XXV.In view of the foregoing, the respondent’s appeal must be granted. The challenged judgment shall be annulled. Ruling on the merits, the claims granted by the Tribunal shall be denied, and the complaint shall be dismissed in its entirety. The plaintiff shall be responsible for payment of attorneys’ fees and litigation costs (costas personales y procesales). In this regard, Article 193 of the CPCA establishes the authority to exempt a party when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence the opposing party plausibly did not know and, for that reason, the party’s opposition was justified. It also permits an exemption when, because of the nature of the dispute, the Tribunal finds that sufficient grounds existed for litigation. The rule established in the following Article 194 does not confer authority to exempt but instead imposes a requirement. It applies when the prevailing party has engaged in excessive pleading (plus petitio). Because the former is discretionary, the Tribunal commits no violation of law when it decides not to exercise it. Moreover, the factual prerequisite for finding the existence of excessive pleading as grounds for exemption has not been met. Hence the award imposed at this level.
XXVI.The third ground is asserted for the purpose of establishing the good faith in which, according to the appellant, the party it represents always acted when protecting community interests. It states that it never acted merely with the intention of opposing the plaintiff’s claims, but rather sought to safeguard the powers assigned by the Magna Carta and the Municipal Code, endeavoring to protect the public interest as fully as possible. It asserts that it should not be ordered to pay costs, given the evident good faith and procedural loyalty that have characterized its conduct in these proceedings.
Appeal by the plaintiff
XXVIII.The grounds comprising it relate to the denial of the claim for compensation, which was asserted on the basis of the damages and losses (daños y perjuicios) that the appellant claims its principal suffered as a consequence of the annulled regulatory provisions. In the appellant on cassation’s view, there is a causal link between the Regulation, as regards the annulled provisions, and the financial harm it claims was caused to its principal while those provisions were in effect because it was unable to conduct its commercial activity. Because the opposing party’s appeal has been granted, the complaint dismissed, and the request for annulment denied due to the absence of the alleged defects, the plaintiff’s appeal lacks any basis and must therefore be denied.
POR TANTO
The parties’ motions concerning evidence are denied. The respondent’s appeal is granted. The challenged judgment is annulled. Ruling on the merits, the claims granted by the Tribunal are denied, and the complaint is dismissed in its entirety, with attorneys’ fees and litigation costs to be borne by the plaintiff. In view of the manner in which this matter is decided, the plaintiff’s appeal is denied.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez FChR 3
*110068851027CA* Res. 000077-F-S1-2017 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las trece horas cincuenta minutos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete.
Proceso de conocimiento declarado de trámite preferente establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por COSTA PACÍFICO TORRES LIMITADA, representado por su apoderado generalísimo sin límite de suma, Nicholas Van Slyck, de nacionalidad estadounidense, empresario en telecomunicaciones; contra la MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT, representada por su alcalde, Edgar Mora Altamirano, divorciado, periodista. Figuran además, como apoderados especiales judiciales de la parte actora, Aldo Milano Sánchez; y por la Municipalidad, Luis Gerardo Chaves Villalta, divorciado. Las personas físicas son mayores de edad, vecinos de San José, y con las salvedades hechas, casados y abogados.
RESULTANDO
Redacta la magistrada Rojas Morales
CONSIDERANDO
I.El apoderado de la empresa Costa Pacífico Torres Limitada demandó a la Municipalidad de Curridabat (Municipalidad, en lo sucesivo). Pidió se declare en sentencia la inconformidad con el ordenamiento jurídico y nulidad con efecto retroactivo al momento de su promulgación, del artículo 6.1 en relación con el 3.3, así como de los numerales 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.4, 9.1, 9.2, 9.4 y 12.1.f, todos del Reglamento General para la Adaptación y Armonización Territorial de Estructuras Soportantes y Continentes de Radiobases de Telecomunicaciones Celulares (el Reglamento, en adelante), emitido por ese municipio, publicado en La Gaceta del 7 de setiembre de 2011. Además, se condene a ejercitar la discrecionalidad propia de la potestad reglamentaria, conforme a los siguientes límites y mandatos impuestos por el ordenamiento jurídico, que se declararán de modo expreso, con lo cual el Reglamento no podrá: 1.- Excluir la posibilidad de construir torres de telecomunicaciones. 2.- Excluir la posibilidad de edificarlas en bienes de dominio privado. 3.- Contener disposiciones imprecisas cuya aplicación quede librada a criterios subjetivos. 4.- Contener disposiciones contrarias al Informe Técnico No. CCI-2011-05T o a criterios de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), del Poder Ejecutivo y de la Federación de Municipalidades Metropolitanas (FEMETROM).
Solicitó se condene a la demandada al pago de ambas costas. Asimismo, de los daños y perjuicios ocasionados por las normas impugnadas, consistentes en el "costo financiero hundido por los pagos por opciones de arrendamiento a propietarios de los terrenos en que se ubicarían las torres; costos para obtener autorizaciones tales como viabilidad ambiental, alineamientos, usos de suelos, etc; Por su parte, los perjuicios consisten en los ingresos dejados de percibir por la actora, al verse frustrados los contratos de arrendamiento de espacio en las torres que no ha sido posible construir". En la audiencia única, detalló los daños y perjuicios así:”Hay específicamente dos sitios de los 10 que se habían identificado en los que se ha perdido la posibilidad de arrendarlos. En ese caso, en uno de ellos, se ha estimado que la empresa no ha percibido registrado ingresos brutos equivalentes a $29.700,00 y un total de $198.000,00.
Ese es un monto total (…) En uno de los sitios CPX-3223 de Tirrases se perdió un ingreso de $198.000,00. Y se incurrió en una inversión de $2.427.95 más $8.491.51 de arrendamientos, alrededor de $11.000,00 en daños en ese CPX. El otro es la suma dejada de percibir son $243.000,00, esos son los perjuicios. Y una inversión de $16.327,00 y fracción y gastos adicionales por arrendamiento de $7.629,00”. Expresamente, pidió que no se determinaran en ejecución de sentencia sino en este proceso, para lo cual aportaría la prueba acreditante. La accionada contestó en forma negativa. Opuso las defensas previas de incompetencia material y litis consorcio pasivo necesario. Ambas se rechazaron de modo interlocutorio. El Tribunal declaró parcialmente con lugar la demanda. Anuló los artículos 6.1 en relación con el 3.3, así como los numerales 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.4 y 12.1.f) del Reglamento cuestionado, por ser contrarios al ordenamiento jurídico.
Dispuso, la declaratoria tiene efecto retroactivo a la fecha de las normas invalidadas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Ordenó la publicación del fallo, una vez firme, en el Diario Oficial La Gacela, con cargo a la demandada. Señaló, la nulidad no afecta los permisos en precario que ella hubiese otorgado al amparo de los preceptos anulados. Mientras dicta nuevas normas correctivas de las falencias señaladas, aplicará el Capítulo XIX Bis (‘Instalaciones de Telecomunicaciones ’) del Reglamento de Construcciones aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), publicado en La Gaceta 121 del 22 de junio de 2012, de otorgamiento de los permisos necesarios para construir las torres de telecomunicación y proveer a la población de cobertura de telefonía celular, sin ser necesario, a esos efectos, esperar se aprueben las nuevas normas sustitutivas de las anuladas.
La obligó a ejercer la potestad reglamentaria en esta materia, dentro de los límites y mandatos impuestos por el ordenamiento jurídico, teniendo presente, en forma expresa: 1.- Actuar con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico que rige la materia, en especial, en cuanto a lo dispuesto por las Leyes 7593, 8643 y 8660, en aspectos referidos a la competencia de los distintos órganos y entes que participan de la gestión de telecomunicaciones, así como ubicación, tipos y características de la infraestructura y diseño de la correspondiente red. En ese tanto, no podrá contradecir normas de rango jerárquico superior ni excluir la posibilidad de construir este tipo de obras en bienes de dominio privado o aprobar planes de diseño o ubicación de la red. 2.- En caso de que, en el ejercicio de la discrecionalidad técnica que le es propia, decida permitir algún tipo específico de infraestructura excluyendo otros, deberá someterse a los límites establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Administración Pública.
Valorará tanto los criterios técnicos y científicos de los órganos y entes públicos del sector de telecomunicaciones, como las observaciones formuladas por los actores sociales involucrados y resolver con el sustento técnico necesario. Cualquier decisión que en ese sentido adopte, deberá estar debidamente sustentada en criterios técnicos y científicos, explicativos de su idoneidad y pertinencia para la satisfacción del fin público que, en definitiva, se persiga. Rechazó la pretensión anulatoria de los numerales 8.1, 9.1 y 9.2, pues los estimó conformes al ordenamiento jurídico. También la referida a daños y perjuicios. Le impuso a la demandada el pago ambas costas del proceso. En resolución complementaria, adicionó el rechazo de la pretensión anulatoria de las disposiciones 8.1, 9.1 y 9.2, “…toda vez que: a) El artículo 8.1 permite que las estructuras soportantes y continentes de antenas y radiobases de telecomunicaciones celulares (a cuya construcción, instalación y mantenimiento se dedica la actora) sean propiedad de los concesionarios públicos y privados del espectro radioeléctrico; pero también de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que, por delegación, contrato o cualquier tipo de acuerdo con los anteriores, pretendan desarrollar, construir o instalar estructuras soportantes y continentes de radiobases de telecomunicaciones celulares, supuesto en el cual se ubica la accionante.
Así, resulta claro que no se está limitando la construcción de infraestructura a los concesionarios, sino que esta se habilita a quienes se encuentra en el supuesto de hecho de la actora, siempre y cuando exista una delegación o contrato del operador. b) El artículo 9.1 no se está limitando la construcción de infraestructura a los concesionarios, sino que esta se habilita a quienes se (sic) cuenten con una delegación o contrato del operador. c) El artículo 9.2 es una norma prevista únicamente para el supuesto de que esa infraestructura se desarrollara en bienes públicos, lo que justifica el otorgamiento del permiso de uso en precario. No obstante, aquí se ha establecido que es viable y legítima la construcción en propiedad privada, supuesto en el cual, obviamente no se requeriría ningún permiso de esta naturaleza sino más bien la existencia del contrato de arrendamiento con el propietario del inmueble, debidamente inscrito ante el Registro de Concesiones de SUTEL.(...)".
II.Ambos litigantes impugnan ante esta Sala. Por razones de orden y lógica se abordará primero el recurso de la accionada, quien objeta la declaratoria de nulidad. Luego el de la actora, pues se contrae a cuestionar el rechazo de la pretensión indemnizatoria. Previo a ello se resolverán las solicitudes de ambos impugnantes atinentes a pruebas ofrecidas en esta sede.
III.El apoderado de la demandada adjunta al recurso copias de: 1.- La primera página del pasaporte de Nombre8220, en caso de que la Sala quiera establecer que se encontraba en Costa Rica el 9 de agosto de 2012, para la celebración de la audiencia única. 2.- La presentación que realizaría esa persona. 3.- Impreso de parte de la exposición del arquitecto John Odio Quesada. También pide se considere como prueba para mejor resolver los elementos probatorios que se quisieron presentar en la audiencia del 21 de mayo. Se dispone agregar a los autos los documentos presentados, cuyo propósito ni siquiera fue expuesto por el recurrente. Además, no ha lugar a recibir, para mejor proveer, las probanzas que debieron ofrecerse en la correspondiente audiencia. Tampoco las requiere esta Cámara para resolver las impugnaciones. En síntesis, se desestimará la anterior petición.
IV.Con fundamento en el artículo 145 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA, en adelante), el apoderado de la empresa actora pide se le admita la prueba, “referida a hechos nuevos y posteriores a la sentencia que confirman la existencia de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta de la demandada”. Se trata del documento número 1, consistente en la nota del 22 de julio suscrita por el señor Jorge Abadía Pozuelo, CEO de la compañía Telefónica de Costa Rica TC S.A. El documento número 2, compuesto por certificaciones de contadora pública autorizada, con el propósito de demostrar, a juicio del petente, que la actora, según registro contable del 22 de julio de 2013, asentó y registró una pérdida contable en activos fijos, dando de baja contable a los activos ubicados y construidos en los sitios CPX3223 y CPX0058, en vista de la comunicación de la empresa Telefónica de Costa Rica TC S.A. Para mejor proveer, solicita se admita el documento número 3, que es copia certificada de los contratos de arrendamiento suscritos con la empresa Volta S.A. y con el señor Gerardo Francisco Castro Carvajal de los terrenos donde el operador solicitó construir las torres.
Resuelve esta Sala: el canon citado por el gestionante, respecto a la prueba documental que solicita se le admita, obliga a rendir un juramento de no haberla conocido con anterioridad. No basta justificar la gestión con solo la referencia a esa norma. Precisaba que el interesado cumpliera con sus presupuestos. En primer lugar, atendiendo a la contundencia y seriedad impuesta, debió manifestar, con claridad y precisión, el juramento de no haber conocido de esos documentos. La falta de este requisito es motivo suficiente para desestimar el pedimento. Tampoco explicó, en concreto, cuáles son los hechos novedosos ni los posteriores al fallo recurrido. En cuanto al documento número tres, este Colegio no lo considera necesario para resolver; tampoco los restantes. Se rechazará, en consecuencia, la anterior solicitud.
Recurso de la parte demandada Quebranto de normas procesales del ordenamiento jurídico.
V.El apoderado de la Municipalidad formula cinco agravios. Primero: alega “Violación de los Derechos de Defensa…” con base en siete razones: 1.- Reducción a la mitad del tiempo establecido para realizar el juicio. Indica, el Tribunal dispuso, la audiencia oral y pública se compondría de dos etapas, los días 20 y 21 de mayo de 2013. La primera para los extremos del canon 90 del CPCA. La segunda a fin de realizar el eventual juicio. Lo hizo sin analizar de previo si el caso revestía características para calificarlo complejo. Además, señala, aceptó una excusa del apoderado de la actora de no presentarse a la audiencia del 20 de mayo citado la cual dejó sin efecto. Mantuvo la convocatoria del 21, pero no sustituyó la del 20 por un tiempo similar. Estima, la estrategia requería de al menos los dos días señalados originalmente. No obstante, el Tribunal, acogiéndose a la declaratoria innecesaria del proceso de trámite preferente, redujo el plazo en un 50%.
Afirma, el atraso en este asunto se debió a la inercia de ese Colegio, quien recibió una orden de enviar el expediente a esta Sala, para conocer una inconformidad contra la denegatoria de la defensa de incompetencia, y no cumplió con lo ordenado por el superior, amén de seguir emitiendo resoluciones, entre ellas, la de trámite preferente, pese a no contar con competencia. Cuestiona el corto tiempo para la audiencia y el rechazo que hizo el Tribunal de las solicitudes de aportación de prueba, con el argumento de que no tenía que ver con el fondo del asunto. En su criterio, esa Cámara tuvo el deseo irrefrenable de terminar, a como diera lugar, el 21 de mayo, proponiendo una teleconferencia con un perito quien estaba en Guatemala. Añade, los fundamentos de lo resuelto sobre defensas y recursos fueron escasos y se impidió la formulación adecuada de impugnaciones. Igual respecto a la fase conclusiva, limitando a las partes la posibilidad de realizar una exposición seria de los argumentos, fundamentos y pruebas.
También se impidió una defensa de las justificaciones técnicas del Reglamento. Considera, se requería de al menos cuatro horas a cada litigante para concluir. Censura, luego de reducir en un 50% la duración de las audiencias, el Tribunal convirtió el asunto a trámite complejo, con amplio plazo para sentenciar. Arguye, pudo tomar parte de ese trámite complejo extraordinario y permitirle a las partes contar con audiencias en una duración razonable y proporcional. Con esa base, solicita se ordene realizar la audiencia del canon 142, inciso 2), del CPCA, para poder presentar la prueba pericial, testimonial pericial y documental, rechazada en la audiencia oral y pública. Sostiene, el manejo desproporcionado e irrazonable en la debida duración de ésta, impidió que el Tribunal contara con insumos para emitir una sentencia justa como lo preceptúa el canon 8, inciso 1), de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Reprocha, se requiere de celeridad razonable y proporcional, permitiendo el debido proceso para la legitimación de la defensa. “Pero el Tribunal aplicó el acelerador, como si decir trámite preferente fuera una patente de corso para obviar el Debido Proceso, dentro de los Principios de Defensa, Razonabilidad y Proporcionalidad”. 2.- Aduce: “Rechazo sistemático de la prueba pertinente a la calidad técnica del Reglamento”. Manifiesta haber ofrecido, en la primera parte de la audiencia, el testimonio del máster Nombre8221, con el objetivo de establecer que los postes cumplen a plenitud con los requerimientos técnicos para telecomunicaciones de primera calidad, pero fue rechazado con el argumento de no tener nada que aportar a la cuestión en contienda. También gestionó recibir al arquitecto John Odio Quesada, quien explicaría sobre la contaminación visual de las torres de telecomunicaciones frente a la mínima afectación de la postería, especialmente, en el entorno urbano citadino en Curridabat.
Sin embargo, recrimina, fue rechazado por estimarse no era el tema en debate. Además, señala, ofreció el testimonio pericial del ingeniero Nombre8220, socio de una empresa guatemalteca, quien diseñó y es proveedor de postes para instalar antenas de telecomunicaciones, contando con experiencia en esa materia. Explica, esa persona estaba en Costa Rica para asistir a la audiencia convocada los días 9 y 10 de agosto de 2012. No obstante, para la realizada en mayo solo mediaron, desde la convocatoria, 11 días naturales, cinco hábiles, es decir, muy poco tiempo para localizarlo, incluso, no fue posible montar la videoconferencia como lo propuso uno de los jueces del Tribunal. 3.- Objeta los “Cambios en la integración de la Sección Sexta del Tribunal que emite la sentencia”. Opina: “No puede realizarse un conocimiento adecuado de un proceso jurisdiccional si en la conformación del órgano colegiado se dan cambios sistemáticos que impiden considerar un análisis amplio, mesurado, razonable, racional”.
Relata los actos procesales realizados por las diferentes integraciones y arguye falta de competencia. Añade: “Si el trámite era preferente y luego se calificó de complejo, la composición cambiante del Tribunal necesariamente incide en violentar los Derechos de Defensa de mi representada, al constituirse por sí en una limitante intelectual desproporcionada, considerando que la integración del Tribunal no puede ser un juego de hoy está y mañana no y se sustituye libremente”. 4.- Alega: “Emisión de resoluciones fuera de su competencia temporal con consecuencia de privación del derecho de defensa”. Expresa, de la resolución de las 11 horas 11 minutos del 9 de agosto de 2012, emitida por la jueza coordinadora, se desprende, desde abril del citado año, todas las actuaciones realizadas por el Tribunal limitan el derecho de defensa de su mandante y son nulas. Señala, así lo indicó en la audiencia única del 21 de mayo y en el recurso de revocatoria.
Afecta ese derecho, aduce, la resolución no notificada de las 7 horas 30 minutos del 6 de agosto de 2012, donde se solicitó el expediente administrativo en el plazo de 24 horas. Sin embargo, enfatiza, además de no notificarse, no incluyó la advertencia sobre las consecuencias de incumplir con lo prevenido. Al celebrarse la audiencia del 9 de agosto, expone, el Tribunal impuso a su representada la sanción de tener por probados los hechos de la demanda, en virtud de no haber presentado el expediente. No obstante, añade, sí se había aportado, como se demuestra con el recibido del despacho de las 15 horas 55 minutos del 8 de agosto de 2012. Explica, la audiencia convocada para los días 9 y 10 de agosto de 2012, no nació jurídicamente, pues desde que el Tribunal recibió la orden de esta Sala de enviar el expediente al Primer Circuito Judicial de San José, todo lo que pudiera perjudicar a alguna de las partes no tenía relevancia alguna, es decir, resultaba en nulidad absoluta.
Sostiene, en la audiencia se hizo ver el yerro al Tribunal, quien rechazó la solicitud de saneamiento y el recurso de revocatoria. Agrega, la deliberación se hizo en la sala de juicio y según se aprecia en el video, los juzgadores no revisaron las resoluciones emitidas ni la grabación de la audiencia del 9 de agosto de 2012, rechazando injusta e ilegalmente la solicitud de saneamiento y revocatoria. 5.- Atribuye “Inexistencia de notificación ordenando presentar el expediente administrativo y pérdida del expediente administrativo”. Reitera alegatos sobre esa temática y añade, tanto la orden de envió del expediente a esta Sala, para resolver la inconformidad contra la resolución desestimatoria de la defensa de incompetencia, como el expediente administrativo presentado según constancia de recibido de las 15 horas 55 minutos del 8 de agosto de 2012, se extraviaron, sin que pueda verse perjudicada su mandante por un manejo administrativo deficiente.
Ante ello, insiste en la violación al derecho de defensa y en la nulidad absoluta. 6.- Objeta el rechazo de la solicitud para recabar prueba anticipada, que hizo en el escrito recibido por el Tribunal a las 15 horas 55 minutos del 8 de agosto de 2012, consistente en el testigo perito Nombre8220, para declarar sobre temas íntimamente relacionados con los hechos de la demanda. Aduce, se denegó en la audiencia del 9 de agosto de 2012, pese a haber expuesto sobre las razones prácticas y racionales para recibir al declarante, de tener la empresa en Guatemala y trabajar allí. En la audiencia del 21 de mayo, acota, los juzgadores lo aceptaron en condiciones imposibles para su representada; es decir, señala: “…el Tribunal es el único responsable de esta imposibilidad, si desde el 09 de agosto de 2012 hubiera permitido que rindiera su declaración, dentro de las amplias facultades que tiene el Tribunal para el buen desarrollo de los procesos jurisdiccionales, y con mayor razón si el presente asunto fue calificado como de trámite preferente”. 7.- Aduce: “Se adelantó criterio por parte del Tribunal”.
Ello, afirma, cuando al darle trámite preferente indicó ese órgano: “Ha sido de conocimiento público, la instalación de torres, para que la conexión y por ende el suministro del servicio de telefonía celular…”. Con ello, opina, desde el inicio “…el Tribunal se casó con la causa a favor de la preeminencia de las torres sobre cualquier otra infraestructura de instalación de antenas de telecomunicaciones…”. Agrega, la declaratoria de trámite preferente estaba viciada.
VI.En la resolución de las 13 horas del 6 de mayo de 2013, el Tribunal citó a las partes para la celebración de la audiencia oral y pública, compuesta por dos etapas. La primera atinente a conocer y a resolver los extremos del canon 90 del CPCA. La segunda para el juicio oral y público. A esos efectos fijó los días 20 y 21 de mayo siguientes. El abogado de la parte actora informó, el 20 tenía una audiencia como integrante de un órgano arbitral. Ante ello, el Tribunal Contencioso Administrativo, en auto de las 8 horas del 13 de mayo de mismo año, dejó sin efecto el señalamiento del 20 y mantuvo la convocatoria del 21, a fin de efectuar la audiencia única. Se notificó a la demandada quien no objetó ese pronunciamiento, cobrando firmeza. La propuesta del Tribunal para recabar una declaración mediante videoconferencia, como consta en el registro electrónico de la audiencia, se debió a que la demandada no presentó al testigo perito.
El rechazo de otras pruebas se justificó en debida forma. No lo fue en razón de algún faltante de tiempo para recibirse. En el registro electrónico también se hace patente que el representante de la accionada no aprovechó la fase de saneamiento del proceso, o alguna otra oportunidad, a fin de gestionar más tiempo para lo de su interés. Incluso, el Tribunal confirió 20 minutos para que los litigantes expusieran sus conclusiones. Tan solo el abogado de la empresa actora solicitó se ampliara y logró se extendiera a no más de 30 minutos. El apoderado de la accionada no mostró oposición alguna al tiempo establecido. Es más, ni siquiera utilizó la totalidad, pues concluyó de las 15 horas 19 minutos a las 15 horas 43 minutos, sin gestionar ampliación alguna ni oponerse al lapso asignado. Tampoco formuló el menor reparo para que el Tribunal declarara complejo el asunto y dispusiera de hasta 15 días para sentenciar.
El artículo 137, inciso 2), del CPCA exige gestionarse ante el órgano jurisdiccional pertinente la denuncia o rectificación del vicio. En el caso concreto, debió aducirlo al Tribunal, no ante la Sala ni en este estadio procesal. La audiencia del canon 142, inciso 2), Ibidem., no está ideada para la recepción de la prueba que menciona el casacionista. Es para exponer sobre los puntos conformantes del recurso de casación. En mérito de todo lo indicado, la censura número 1 deviene inadmisible.
VII.El examen del soporte digital desprende, el Tribunal emitió razones para rechazar a los testigos peritos Nombre8221 y John Odio Quesada. Ninguna objeción hizo el representante de la demandada. El órgano sentenciador admitió la declaración de Nombre8220, pero esa persona no estaba en Costa Rica al momento de la audiencia. El Tribunal destacó, desde el 9 de mayo de 2013 se notificó la convocatoria a esa diligencia y el ente municipal, como parte interesada, no le solicitó la correspondiente citación. El mismo apoderado del ayuntamiento reconoció, era materialmente imposible la declaración y dijo atenerse a la indulgencia de los jueces. Agregó, “... parece que vamos a tener que prescindir de esta prueba”. Luego manifestó no prescindir de ella e insistió en la imposibilidad material de recibirse. El Tribunal le propuso diligenciar una videoconferencia, a lo cual el abogado estuvo anuente; pero tampoco se logró.
En esta virtud, los juzgadores declararon inevacuable la probanza enfatizando, la carga procesal le compete a la demandada para el correcto diligenciamiento, debiendo haber gestionado la presencia del deponente y la solicitud para la respectiva citación. Insistió en la tardanza en el ofrecimiento de la prueba y en que no procedía suspender la audiencia por no configurar alguno de los motivos legales. El apoderado de la accionada tampoco combatió esa decisión ni sus fundamentos. Al no recurrir, no procede el planteamiento de ese asunto ante esta Sala. Además, según el recuento de lo acontecido, no hay mérito para atribuirle al Tribunal la imposibilidad de recabar esa declaración. Todo ello conduce al rechazo del cargo número 2.
VIII.No se justifica cómo los cambios en la conformación del Tribunal pudieron afectar el derecho de defensa de la demandada, o influyeron en la decisión de fondo. Tampoco el casacionista formula objeciones concretas contra alguna de las personas funcionarias que en cada momento lo integraron. Incluso, en la audiencia de juicio, la jueza ponente explicó el motivo de la suplencia de uno de los jueces con ocasión de problemas de salud de otro, y el abogado de la accionada no planeó cuestionamiento alguno contra ese cambio. La alusión a la falta de competencia del Tribunal respecto a algunas actuaciones y resoluciones carece de fundamento. En todo caso, la defensa de incompetencia fue denegada por ese despacho en resolución 756-2012 de las 10 horas 35 minutos del 19 de abril de 2012. Esta Sala rechazó la inconformidad de la accionada en el auto en 1303-C-S1-2012 de las 10 horas 50 minutos del 11 de octubre de 2012 y denegó la solicitud de adición y aclaración.
En la audiencia, el Tribunal dio cuenta de ese rechazo y el personero del ente municipal no externó manifestación alguna a ese respecto. Entonces, el tema competencial quedó zanjado en definitiva, sin que el casacionista haya determinado motivo alguno que desprenda actuaciones o resoluciones emitidas por aquel Colegio sin contar con competencia, lo cual se ahondará en el siguiente apartado. Por ende, la censura número 3 es inadmisible.
IX.El recurrente insiste, el dictado de resoluciones del Tribunal, carente de “competencia temporal”, privó del derecho de defensa a su mandante. Pero no especifica por qué quedó indefensa o cómo se le limitó aquel derecho. Por lo demás, aduce, algunos pronunciamientos se emitieron mientras debió ventilarse ante esta Sala la inconformidad contra la resolución desestimatoria de la defensa de incompetencia. Sin embargo, según se indica en el considerando precedente, esta Cámara denegó la gestión de la demandada, con la cual pretendía se declarara la incompetencia material. Entonces, no basta establecer, mucho menos decretar, una nulidad “por la nulidad misma”. No solo por cuanto la causa en que la fundamenta el recurrente desapareció al rechazarse la excepción de incompetencia; sino también en virtud de que el impugnante no ha logrado establecer privación del derecho de defensa. En cuanto a la temática del expediente administrativo, no es cierto, como parece plantearlo, que la solicitud de ese legajo se le cursó solo en la resolución de las 7 horas 30 minutos del 6 de agosto de 2012, la cual, indica, no se le notificó.
Tampoco que no fue prevenido de las consecuencias de no aportar ese expediente. Desde la resolución de las 11 horas 16 minutos del 21 de diciembre de 2011, la jueza tramitadora emplazó a la Municipalidad y le previno presentar copia certificada del expediente administrativo, debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico. Instó que de hacerlo con copia física debía ser legible. Tratándose de varios tomos, con la debida identificación. Si lo presentaba en formato digital, ser compatible con el software del Poder Judicial. Además, debía consignar que correspondía a la totalidad de las piezas y documentos que lo componen a la fecha de expedirse la certificación. Advirtió la juzgadora: “…la omisión, dará lugar a que se tengan por ciertos los hechos expuestos en la demanda respecto de la remisa…”. Se le notificó el 18 de enero de 2012 según consta en el acta de folio 279.
Por consiguiente, desde mucho antes de la resolución a que alude el recurrente, a su representada se le previno la presentación del expediente administrativo y quedó enterada de las consecuencias en caso de incumplimiento. En el auto de las 7 horas 30 minutos del 6 de agosto de 2012, el Tribunal expresó, los legajos administrativos incorporados al proceso no correspondían al expediente requerido. Con todo y la prevención ya cursada e indicación de las sanciones correspondientes, otorgó 24 horas a la Municipalidad para aportar los documentos. Esa resolución no se le pudo notificar por el medio señalado, porque la transmisión no se completó pese a los respectivos intentos. Aún así, según constancia de folio 488 vuelto, a las 9 horas 20 minutos del 7 de agosto de 2012, se le comunicó al apoderado de la accionada, aquí recurrente, “…que existe la anterior resolución, (6.8.2012 7:30) no se pudo notificar por no (sic) hubo comunicación con el fax señalado por lo que se le realizaron los cinco intentos de ley…”.
Es cierto que consta la recepción de documentos a las 15 horas 55 minutos del 8 de agosto de 2012. Pero según la minuta de la audiencia de las 8 horas del 9 de agosto de 2012, el Tribunal estimó, los dos legajos presentados corresponden a reglamentos no impugnados en este proceso. Además, la documentación presentada no cumplió con lo establecido en el canon 51 del CPCA, pues el documento no indicó que se certifican los folios relativos a la totalidad de las piezas conformantes del expediente y no haberse presentado al contestar la demanda. Por eso tuvo por ciertos los hechos de la demanda. Esa audiencia se suspendió al estar pendiente de resolver, por parte de esta Sala, una inconformidad contra la denegatoria de la defensa de incompetencia. Según el registro electrónico, en la audiencia de las 8 horas del 21 de mayo de 2013, la presidenta del Tribunal recapituló lo dispuesto en la diligencia anterior.
Indicó, los hechos de la demanda se habían tenido por ciertos en virtud de las razones ya expuestas atinentes al expediente administrativo. Enfatizó en haber adoptado esa medida y en dejar constancia de ello. De importancia por destacar, el representante de la demandada no objetó ese pronunciamiento. Se conformó con lo resuelto. En aspectos de saneamiento del proceso, el citado Colegio indicó encontrarse pendiente una solicitud de acumulación de procesos. Igualmente, el abogado de la accionada no gestionó nada ni combatió la declaratoria de certeza de los hechos de la demanda. Luego, se preguntó a las partes si tenían aspectos por subsanar. La parte demandada no dijo nada de la temática en examen. Se limitó a insistir en la nulidad derivada de lo actuado y resuelto mientras estuvo pendiente de decidirse la inconformidad contra el desistimiento de la defensa de incompetencia. Indicó, la prevención de entrega del expediente se hizo con posterioridad a la orden de esta Sala de enviarlo y por eso es nula, incluyendo la decisión del Tribunal de declarar ciertos los hechos de la demanda.
Sin embargo, como se expuso supra, el emplazamiento y prevención de entrega del expediente se hizo mucho antes y, en todo caso, no prosperó el cuestionamiento competencial. Por lo expuesto, se rechazan los cargos 4 y 5.
X.La audiencia del 9 de agosto de 2012 se suspendió, precisamente, porque el apoderado de la demandada dio cuenta al Tribunal de haber presentado una gestión de inconformidad ante esta Sala, contra el pronunciamiento desestimatorio de la defensa de incompetencia. Por eso, no podía proseguirse con esa diligencia ni recibirse probanza alguna, incluyendo la declaración del señor Nombre8220 de interés para el recurrente. Consta en el registro electrónico, en la audiencia única del 21 de mayo de 2013, el órgano decisor rechazó la prueba testimonial de la parte demandada, por haberla ofrecido en forma genérica al contestar la demanda, momento procesal cuando debió presentarla en debida forma. Indicó: “…entendería el Tribunal que no hay prueba testimonial que ofrezca el ente municipal, lo que quiero es confirmar ese dato con usted”. El abogado de la demandada contestó: “Efectivamente…, se ofreció la prueba, no se indicaron los nombres de las personas que iban a participar, nada más se hizo en forma genérica quiénes iban a ser.
Esto para hacerlo en esta audiencia, específicamente para determinar quiénes eran… Pero sí, desde el punto de vista de lo que dice el Tribunal efectivamente la prueba no se aportó en su momento”. Añadió el Tribunal: “…y el 64 exige aportarla no es esta audiencia el momento para aportar ese tipo de probanzas”. Respondió el abogado: “sí, sí, sí”. El referido profesional ofreció como prueba testimonial pericial la declaración del señor Nombre8220, indicando, lo iba a presentar en la audiencia del 9 de agosto. El abogado de la contraparte se opuso. Destacó, por el perfil del testigo perito se determina, fue ofrecido irregularmente al contestar la demanda. El Tribunal aceptó recibirlo y reconoció “…pese a que también es otro testigo que debió de ser aportado al inicio, al contestar la demanda...”. Sin embargo, la parte demandada no presentó al testigo perito en la audiencia y dijo se encontraba en Guatemala.
Se intentó la declaración por videoconferencia y no se logró. Explicó el abogado de la accionada las razones que hicieron materialmente imposible traerlo. El Tribunal insistió, se trata de una prueba ofrecida de manera tardía, fuera del momento procesal oportuno, esto es, la contestación a la demanda. La admitió para la búsqueda de la verdad real, señalando las falencias respecto a los deberes probatorios de la parte demandada. Resaltó cómo entre el señalamiento de la audiencia y su verificación, la accionada no le hiciera ver, según correspondía, la imposibilidad de traerlo o externar las razones para no asistir en ese momento. Agregó: “Tampoco diligenció la cédula de citación en ese espacio la parte demandada. Es por todo ello que, como lo exigen los numerales 351, 361 y 325 del CPC el Tribunal debe declarar la prueba inevacuable”. Recalcó en la obligación de cumplir con las cargas procesales por ser a ella a quien le competía presentar a los declarantes.
Al no hacerlo, dijo, asumirá las consecuencias negativas. Acotó, no existe causal del numeral 100 del CPCA para suspender la audiencia. Continuó con ésta sin que el abogado de la demandada formulara reparo alguno. En consecuencia, contrario a lo que dice, esa prueba no es anticipada ni nueva. Conforme se dispuso, fue ofrecida indebidamente. No gestionó en forma efectiva su recepción, según le correspondía como parte interesada. Al declararse inevacuable, tampoco formuló objeción alguna. A mayor abundamiento de razones para denegar la censura, considérese, no vale ofrecer peritos, testigos ni testigos peritos en forma genérica, sin detalle alguno que los identifique, es decir, contrariando la debida forma de presentarse, para luego, en la audiencia oral, simplemente gestionar su recepción. Como lo señaló el abogado de la parte actora, existe una correspondencia entre algunas de las personas ofrecidas en la demanda para declarar y las que el representante municipal pretendió se le recibieran en la audiencia. Con todo, no hubo ofrecimiento oportuno y el rechazo, debidamente justificado, tampoco lo objetó la demandada. Ello determina la denegatoria del cargo número 6.
XI.Si el apoderado de la accionada considera que desde el principio el Tribunal adelantó criterio, debió invocarlo de manera oportuna. No cabe reservarlo a la espera de las resultas del proceso. Precisaba, conforme lo establece el numeral 8, inciso a), del CPCA, en relación con el precepto 53 del Código Procesal Civil, pertinente en orden a lo preceptuado en el canon 220 del CPCA, formular la correspondiente recusación en el momento procesal oportuno, según la causal de inhibitoria establecida en la primera norma, atinente al pronunciamiento hecho por los juzgadores sobre la conducta administrativa objeto del proceso. De todos modos, estima esta Sala, la declaratoria de trámite preferente no lleva ínsita manifestación alguna que constituya el motivo de agravio señalado por el casacionista con el número 7. Así las cosas, deviene sin lugar.
XII.Como segundo cargo, el impugnante acusa falta de determinación clara y precisa, en la sentencia, de los hechos que el Tribunal estimó acreditados, o fundarse en medios de prueba ilegítimos o introducidos de manera ilegal al proceso. Alude al hecho 6 tenido por no probado en el fallo recurrido, conforme al cual no se demostró que las torres de telecomunicaciones sean técnicamente inapropiadas, generen contaminación visual o aumenten el costo del servicio de telefonía celular en Curridabat. Considera, en la demanda, la actora señaló y juró, las torres afectan más el entorno visual que los postes. Añade, su representada trató de presentar prueba idónea para establecer varios extremos atinentes a ese hecho no probado. Explica, el que las torres no sean técnicamente inapropiadas, era algo sin interés para exponer. Lo discutido era si los postes eran técnicamente apropiados, lo cual queda claro en la Ley General de Telecomunicaciones.
Aduce haber ofrecido prueba para patentizar que con la postería “bien se podía la red de telecomunicaciones verse servida”, pero dice se le denegó de manera sistemática. Insiste en combatir el rechazo de las declaraciones de Nombre8221, Nombre8220 y John Odio Quesada. Afirma: “ En todos los casos se presentaron los recursos de revocatoria respectivos, el Tribunal confirmó sus resoluciones, es decir, no quería modificar este hecho no probado, como si (sic) probado”. Señala, en las conclusiones destacó cómo, con solo ir a la calle o caminar por Curridabat, se podía apreciar la falta de contaminación de la postería respecto a las torres. Agrega: “Los señores Magistrados pueden desde sus ventanas de la Corte Suprema de Justicia pueden (sic) ver muy de cerca la verdad verdadera (sic) de esta afirmación”. Estima, como no se aceptó la prueba, no era posible concluir sobre el extremo relacionado con los costos del servicio de telecomunicaciones y de arrendamientos a favor del usuario final, a nivel nacional.
Sobre la cobertura de telecomunicaciones, acota, no se aceptó la probanza consistente en las páginas oficiales de internet, con información certificada y veraz de las empresas Claro, Kölbi y Movistar, aunque sí pudo citarlas. Manifiesta: “…un eufemismo que aún resulta incomprensible para esta representación, por cuanto a pesar que se hizo mención a las mismas, para expresar que el REGLAMENTO tenía la virtud de ser EXITOSO, es decir, que a pesar de los yerros que le afirmaba la parte actora, el Cantón de Curridabat, cuenta con una cobertura de todos los operadores autorizados de telecomunicaciones, al menos muy buena, pero en general excelente, según las denominaciones autorizadas por SUTEL. En síntesis el Tribunal no permitió que se pudiera realizar un ejercicio intelectual, racional, apropiado con la prueba”. De nuevo lanza cuestionamientos relacionados con el expediente administrativo que, a su decir, el Tribunal consideró no había sido presentado, aunque luego lo tomó en cuenta, sin darle oportunidad a las partes para usarlo.
Aduce haberse aportado el expediente según se acredita con el recibido de las 15 horas 55 minutos del 8 de agosto de 2012. Señala, eso se trató de sanear y se presentó recurso de revocatoria. Denuncia, la copia certificada del expediente administrativo se extravió, con la consecuencia de no poderlo utilizar como probanza dentro de la audiencia del 21 de mayo. Sin embargo, reprocha, el Tribunal lo usó en un momento de esa diligencia, cuando su mandante no pudo valerse de él para su defensa. Le atribuye error de hecho al concluir: torres es sinónimo de red.
XIII.La causal de casación endilgada, contenida en el precepto 137, inciso c), del CPCA, comprende varias posibilidades. El recurrente no detalla ni justifica si el Tribunal incurrió en alguno, varios o en todos los supuestos. El canon 139, inciso 3), Ibid., exige la exposición, clara y precisa, de los motivos del recurso, con la debida fundamentación fáctica y jurídica del caso. Evidentemente, el planteamiento de las inconformidades dista mucho de cumplir con esos requerimientos. Tampoco el casacionista se ocupa de establecer dónde, en la demanda, la actora manifestó y, por ende, juró, las torres afectan más el entorno visual que los postes. Revisada la demanda, se aprecia, la accionante destacó, en los hechos 4 y 5, las virtudes que, en su criterio, ostentan las torres respecto a los postes. También lo hizo en el apartado sobre “El principio de regularidad jurídica”. Incluso, con el epígrafe “Los principios de razonabilidad y proporcionalidad”, explica por qué no existiría un efecto acumulativo capaz de producir un daño de tipo visual en el entorno y en su estética.
Los reproches a la denegatoria de la prueba ofrecida por la demandada, encuentran respuesta en los considerandos VI, VII, IX, X de esta sentencia. Para evitar reiteraciones innecesarias se remite a lo allí dispuesto, debiendo ahondarse, no es cierto que el representante de la accionada haya presentado recursos de revocatoria para combatir el rechazo de los testigos peritos, según se ha revisado en la minuta y en el registro electrónico. Las referencias a cómo es posible constatar la falta de contaminación de la postería respecto a las torres, no se enlaza a prueba concreta procesalmente admisible. No basta entonces con aludir a su apreciación a simple vista al caminar por la zona u observar desde las ventanas de un edificio. Tampoco especifica por qué la falta de aceptación de algunas probanzas impidió se refiriera a algunos aspectos debatidos, como la temática de los costos del servicio de telecomunicaciones y de arrendamientos que favorecen al usuario final, a nivel nacional.
De todas maneras, si echa de menos el valor asignado a algunas pruebas o estima se pretirieron, por ejemplo, páginas de internet e información sobre algunas empresas, debió aducirlo expresamente e indicar la relevancia que ello representa en cuanto a las consideraciones de hecho y de derecho sobre las cuales se erige la sentencia recurrida. Por supuesto, también combatir cualquier decisión del Tribunal tendiente a una denegatoria indebida. Se reiteran las manifestaciones sobre el expediente administrativo, debiendo por ello remitirse a lo indicado en el considerando IX de este fallo. Cabe agregar, el casacionista no detalla cuáles aspectos fundamentó el Tribunal con esa documentación; mucho menos la influencia que generó para la decisión final. Más bien se observa, el elenco de hechos probado del pronunciamiento recurrido se basa en folios del expediente judicial, el testimonio de Nombre8222 y en algunos eventos no controvertidos.
Asimismo, es omiso el casacionista en explicar las piezas del expediente que dice no haber podido utilizar ni la importancia que pudieron tener en aspectos puntuales de su interés. Llama la atención cómo afirma que el Tribunal no aceptó los recursos de revocatoria y confirmó sus resoluciones por no querer modificar el hecho no probado, como si en la audiencia ya hubiese adelantado algo que solo correspondía determinar en el fallo. Por último, el aducido error de hecho no lo erige sobre probanza alguna. Todo ello compromete el deber de formular, de un modo claro y preciso, los motivos del recurso, lo mismo respecto a la necesaria fundamentación fáctica y jurídica del caso, exigencias expresamente estatuidas en el canon 139, inciso 3), del CPCA, conforme quedó expuesto. Consiguientemente, se impone el rechazo de las censuras en cuestión, sin perjuicio de retomar algunas manifestaciones de agravio cuando se analice el recurso por violación a normas sustantivas del ordenamiento jurídico, en particular, respecto a si los postes son técnicamente apropiados para el fin perseguido en la Ley General de Telecomunicaciones, si corresponde o no considerar que las torres también lo son y la inconformidad respecto al contenido del hecho 6 tenido por no probado en el fallo en cuestión.
XIV.En el tercer cargo alega “Falta de motivación total, confusa y contradictoria”. Señala, el órgano decisor ordenó varias obligaciones sin asidero en el contenido mismo de la demanda. Impuso a su representada aplicar, en el campo de las telecomunicaciones, la normativa que emita la FEMETROM; respecto a construcción de torres, las disposiciones del INVU o de la SUTEL. Se cuestiona cuáles fueron los estudios de esos entes para emitir sus respectivos Reglamentos. Objeta, el Tribunal presumió se realizaron, pero desechó los fundamentos para implantar, en Curridabat, las limitaciones necesarias a fin de proteger el entorno urbano. Reitera, se le impidió, en el juicio oral y público, presentar a los tres profesionales calificados, quienes demostrarían la bondad del Reglamento cuestionado. Añade, en la exposición de motivos del Decreto 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT de Normas, Estándares y Competencias para Instalación o Ampliación de Redes de Telecomunicaciones se desprende, adolece de los mismos supuestos defectos del Reglamento de su mandante.
Empero, sostiene, la lectura que el Tribunal hace de éste, es diferente en exigencias teóricas, intelectuales y normativas, cuando se refiere a las reglas que quiere se apliquen en sustitución del Reglamento del municipio. Acusa, se violenta la normativa constitucional que otorga a las municipalidades la competencia de regular las materias relacionadas con su quehacer como gobierno local. Expresa, es amplia la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de esta Cámara sobre esa temática y el reconocimiento de la potestad reglamentaria en aspectos de urbanismo, control urbano, tutela del entorno y del ambiente ecológicamente equilibrado. Explica las facultades de FEMETROM. Menciona el Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública. Dice no existir prueba en el expediente sobre la existencia de un acuerdo del Concejo Municipal de Curridabat para someterse a la normativa de la FEMETROM, a la cual se afilió voluntariamente.
Arguye, cada propuesta de ese ente y los estudios técnicos, se deben aprobar por los Concejos que lo componen; de este modo, es competencia de cada ayuntamiento determinar si los asumen como propios. Estima, el Tribunal es incompetente para obligar a su representada a inscribirse en una alianza y a toda la normativa que la desarrolle, “si no (sic) es por a través (sic) de los mecanismos legales impuestos por ley”. Acusa quebranto de normas sustantivas en todo lo referido a FEMETROM, INVU, SUTEL e IFAM, por cuanto no existe disposición vinculante a su representada respecto a esos entes en sentido orgánico, según lo entiende la Ley General de la Administración Pública. También le atribuye al órgano sentenciador, excederse al imponerle el sometimiento de los dictados reglamentarios o funcionales de entidades del mismo o inferior rango, “…a contrapelo de la Constitución Política que es la creadora originaria de las municipalidades”.
Aduce, en la audiencia del juicio, “…el Tribunal no realizó ejercicio alguno sobre la pertinencia de aplicar el Reglamento de Construcciones del INVU, solo aceptó la proposición de la parte actora, sin que se aportará (sic) elemento de convicción alguno por el cual se estableciera que la modificación del Reglamento de Construcciones del INVU, contaba con estudios técnicos (que tampoco existen) para establecer que esta modificación era la panacea para ser aplicada en el Cantón de Curridabat”. Estima curioso que la modificación al Reglamento a la Ley de Construcciones solo contemple la edificación de torres, no de postes, mástiles u otra infraestructura para instalar antenas de telecomunicaciones. Es decir, añade, “…el Tribunal a contrapelo de lo que resuelve en la sentencia recurrida, pues dice que es disconforme con el Ordenamiento Jurídico el ordenar que solo se puede instalar postes en la Jurisdicción Territorial de Curridabat, ahora ordena que solo se pueden instalar torres”.
La variación del Reglamento a la Ley de Construcciones, afirma, no es un Reglamento Ejecutivo. Solo contempla la construcción de torres, con una serie de requisitos para ellas. Por ejemplo, destaca, un mástil se instala en los techos de los edificios, “…y las regulaciones de ese reglamento del INVU son técnicamente imposibles de cumplir en los cielos, implícitamente prohíbe la construcción de mástiles, también de postes, porque sólo estableció condiciones para las torres, es decir se constituyó como un modelo con el cual se da un monopolio implícito que favorece empresas como la actora, que se dedican a sembrar los entornos urbanos, suburban (sic), y rural con las horripilantes torres blanquirojas”. Sobre la reglamentación de la SUTEL, asevera, no existen estudios técnicos para aplicarla. Solo análisis, evaluaciones y estudios realizados en el exterior, los cuales fueron acogidos sin mayor examen por ese ente.
Afirma, su mandante hizo un análisis del medio ambiente urbano sobre la incidencia negativa de las torres, dándole a la red una infraestructura que ofreciera las mejores condiciones a los usuarios. Concluye, los mismos yerros que el Tribunal encontró en el Reglamento de la Municipalidad, tienen las reglamentaciones que dispone aplicar en sustitución. En cuanto a las de FEMETROM y el INVU, acota, se desconocen la capacidad y las facultades reglamentarias de los ayuntamientos, “…favoreciendo sin contar con normativa legal o constitucional a los ordenados por otras instituciones, una de ellas establecida por convenio intermunicipal y otra de origen legal, frente a las Municipalidades cuya creación normativa se encuentra en la Norma Fundamental”.
XV.La censura se centra en algunos puntos atinentes a la dimensión que hizo el Tribunal de los efectos del fallo. Decretó la nulidad de algunas normas reglamentarias y dispuso cómo ejercitar la discrecionalidad propia de la potestad reglamentaria, en consideración, entre otros aspectos, a criterios de la SUTEL, Poder Ejecutivo, FEMETRON e INVU. Pero el cargo pierde interés por cuanto, para esta Sala, contrario a lo establecido en el fallo recurrido, no cabe declarar la nulidad de disposiciones del Reglamento cuestionado. Siendo así, a nada conduciría analizar los pronunciamientos que se combaten en este apartado del recurso. De todas maneras, es notorio, a un mismo tiempo se acusan defectos antagónicos entre sí: “Falta de motivación total, confusa y contradictoria”, lo cual patentiza lo impreciso en la formulación del cargo que, además, se entremezcla con aspectos probatorios y cuestionamientos a la aplicación normativa, generando ambigüedades difíciles de sortear.
Ello se agrava cuando se indica, el órgano decisor ordenó obligaciones sin asidero en el contenido mismo de la sentencia, lo que podría parecer una denuncia de incongruencia. Sin embargo, no se especifica a cuáles apartados de esa resolución se alude y, en todo caso, los referidos criterios que el Tribunal obligó a la demandada a considerar fueron parte de lo reclamado. En efecto, desde la demanda, la accionante manifestó que, como corolario del decreto de la nulidad peticionada y en correcto ejercicio de la discrecionalidad en la potestad reglamentaria, el Reglamento no debía contener disposiciones contrarias al Informe Técnico CCI-2011-05T, ni a criterios de SUTEL, del Poder Ejecutivo ni de FEMETROM. También, que procedía declarar el deber del ayuntamiento de aplicar el Decreto 36159-MINAET-S-MEIC-MOPT mientras no se llegasen a aprobar nuevas normas sustitutivas de las anuladas. El mismo recurrente manifiesta, el Tribunal accedió a la propuesta de la actora de aplicar el Reglamento de Construcciones del INVU, denotando fue ella quien lo gestionó.
Con todo, la aludida falta de interés del agravio conduce, asimismo, a patentizar lo innecesario que resulta en esta sede casacional, establecer si los yerros que el Tribunal encontró en el Reglamento existen o no en las disposiciones que en su lugar ordenó aplicar. Las censuras reiteradas sobre el rechazo de las probanzas obligan, para evitar incurrir en esas repeticiones, al examen de lo indicado sobre esa temática en los considerandos precedentes de este fallo. Precisa destacar, se agregan una serie de inconformidades, las cuales, aunque no califican como motivos de casación por razones procesales, sí tiene pertinencia en cuanto a la decisión de fondo arribada en el fallo recurrido. En este sentido, cuando se analice el recurso por quebranto de normas sustantivas, se valorarán los siguientes temas expuestos en este apartado: 1.- El Tribunal desechó los fundamentos para implantar, en Curridabat, las limitaciones necesarias a fin de proteger el entorno urbano. 2.- Se violenta la normativa constitucional que otorga a las municipalidades la competencia de regular las materias relacionadas con su quehacer como gobierno local, en punto al reconocimiento de la potestad reglamentaria en aspectos de urbanismo, control urbano, tutela del entorno y del ambiente ecológicamente equilibrado. 3.- Se vulneran el Código Municipal y la Ley General de la Administración Pública, en tanto se obliga a su mandante a acatar las propuestas y estudios técnicos de los citados entes, sin aprobarse por el Concejo Municipal, pues es competencia de cada ayuntamiento determinar si los asumen como propios. 4.- El órgano sentenciador se excedió al imponerle el sometimiento de los dictados reglamentarios o funcionales de entidades del mismo o inferior rango contrariando la Constitución Política, que es la creadora originaria de las municipalidades. 5.- Su poderdante hizo un análisis del medio ambiente urbano sobre la incidencia negativa de las torres, dándole a la red una infraestructura que ofreciera las mejores condiciones a los usuarios. 6.- Se desconoce la capacidad y las facultades reglamentarias de los ayuntamientos en la materia.
Por lo pronto, no cabe la nulidad del fallo ni el reenvió del expediente con base en las censuras en estudio, sin perjuicio de la implicación que puedan tener respecto a la decisión de fondo, conforme luego se analizará.
XVI.El cuarto reproche se refiere a lo que el impugnante califica como el “Dictado de la sentencia fuera del plazo”. Expresa, el proceso se declaró de trámite preferente y el canon 60, inciso 6), del CPCA establece cinco días para sentenciar. Opina, no hay norma habilitante al Tribunal para que por solo estimarlo complejo, falle fuera de tiempo. A su juicio, la disposición legal para declararlo así es exclusiva del trámite ordinario.
XVII.Esta Sala, en sentencia 1474-S1-2014 de las 9 horas 40 minutos del 11 de noviembre de 2014, sobre una manifestación de agravio similar a la que ahora se atiende, dispuso: “En el caso en estudio, del archivo de audio y video de la audiencia, se comprueba que finalizada la fase de conclusiones, los juzgadores, de conformidad con el precepto 111 del Código de cita, declararon complejo el proceso e indicaron que el dictado de la sentencia sería en el plazo de 15 días, situación que no fue objetada en ese momento procesal por ninguna de las partes. Por lo tanto, la censura que en ese sentido se formula deberá ser rechazada. A mayor abundamiento de razones, considera esta Cámara que, aún y cuando un proceso sea declarado de trámite preferente nada obsta para que los jueces, verificada la naturaleza y circunstancias particulares del asunto, dispongan, a raíz de su complejidad, la emisión de la sentencia en el plazo de los 15 días antes indicados.
Si bien es cierto, el mandado 60 inciso 6) del CPCA regula, para los casos de trámite preferente, tal dictado en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel cuando se decidió darle dicho trámite o, en su caso, a partir de la celebración de la última audiencia, véase que la norma no impide declarar este tipo de asuntos como complejos, a fin de aplicar el plazo previsto en el ordinal 111 inciso 1 del Código de referencia. Además, la posibilidad que esa disposición prevé no es específica para ningún tipo de proceso, más bien, deviene en un mecanismo para el Tribunal o una opción prevista por el legislador, para aquellos casos que por su naturaleza, a criterio de los jueces, requieren de un mayor estudio, dado que la justicia además de pronta debe ser cumplida, es decir, correcta (…) Para esta Sala, el hecho de que el Tribunal dictara la sentencia, previa declaratoria de complejidad, en el plazo de los 15 días establecidos en el mandato 111 de comentario, aún tratándose de asuntos con trámite preferente, no resulta contraria a derecho.
El plazo utilizado es racional y proporcional en virtud de la efectiva complejidad técnica del proceso (…) particularidades que excluyen cualquier posible abuso de la facultad que establece el precepto 111 del CPCA. Por los motivos expuestos, se reitera, la censura deberá rechazarse”. En el caso concreto, al igual que en el precedente, el Tribunal declaró el asunto complejo y dispuso sentenciar en el plazo máximo de 15 días, de conformidad con el canon 111 del CPCA, sin que las partes objetaran, aspecto de suyo suficiente para denegar el agravio. Asimismo, el caso reviste complejidad técnica y ha impuesto el análisis pormenorizado de la normativa cuestionada a la luz del ordenamiento jurídico. Estas razones permiten estimar, también, no existe abuso alguno de los juzgadores al acogerse a la facultad contemplada en esa norma, a fin de resolver en el tiempo en que lo hicieron. En este predicado, el cargo deviene improcedente.
XVIII.En la quinta inconformidad se objeta el rechazo de la solicitud de acumulación en la audiencia. Afirma el impugnante, el fundamento desestimatorio del pedido de integración del litis consorcio necesario, se basó en que el trámite es preferente. Sin embargo, considera, ese no es un elemento del CPCA o del Código Procesal Civil para impedirlo. Señala, tanto el primer proceso como el segundo que se desea acumular, se refieren a solicitar la nulidad del mismo Reglamento, con iguales condiciones y pretensiones, elementos exigidos en el artículo 45 del CPCA. Manifiesta haber presentado recurso de revocatoria contra lo resuelto por el Tribunal, quien lo rechazó. Opina, la consecuencia es que el otro proceso, tramitado con el expediente 12-001349-1027-CA, continúa en curso y su representada debe sostener la defensa, a la espera de una eventual cosa juzgada favorable o negativa, contrariando la economía procesal.
XIX.El argumento planteado no se identifica con alguna de las causales de casación enumeradas en el precepto 137 del CPCA. De todas maneras, el rechazo de la solicitud de acumulación, no desprende haber afectado a la demandada en su derecho de defensa o en el debido proceso. Al exponer la censura, tampoco detalla la inobservancia de alguna norma en concreto, sancionada con nulidad absoluta. Además, ya recayó sentencia. No tiene sentido práctico discernir sobre la pertinencia o no de haberse acumulado los procesos, pues la finalidad sería el trámite y resolución en conjunto, lo que materialmente no se hizo. Se desestima entonces el cargo.
Quebranto de normas sustantivas del ordenamiento jurídico
XX.El casacionista expone tres censuras. Primera: alega preterición de prueba. Explica, el Tribunal hubiese arribado a la más importante conclusión, en lugar del hecho indemostrado 6, de recibirle las probanzas ofrecidas en la audiencia del 21 de mayo de 2013. Agrega: “De ahí la necesidad que la Sala pueda traer prueba para mejor resolver y se evacue la misma en la audiencia oral que desde ya se pide”. Remite a lo indicado en apartados precedentes respecto a la pertinencia e idoneidad de la prueba que trató de exponer ante el órgano decisor, testimonios periciales especializados en telecomunicaciones y contaminación urbana y visual; así como las páginas oficiales con información auténtica según la normativa de la SUTEL respecto a cobertura en telecomunicaciones.
XXI.La prueba para mejor proveer no tiene como objetivo abrir una nueva oportunidad a las partes, para que logren la recepción de las probanzas declaradas inadmisibles o rechazadas. Tampoco tiene ese fin la audiencia prevista en el artículo 142 del CPCA. Según el inciso 2 de esta norma, su celebración constituye una facultad de la Sala o del Tribunal de Casación, cuando lo estime pertinente. En el caso concreto no sucede así, pues bastan las manifestaciones de los recurrentes para resolver, sin precisar exposición oral alguna. El inciso 3 detalla, es para que quien recurra exponga los motivos y fundamentos en sustento de la impugnación, y la contraparte conteste y emita alegatos con el propósito de defender la sentencia impugnada. Así las cosas, el cargo deviene sin lugar.
XXII.En el segundo agravio se acusa aplicación indebida de normas jurídicas. El recurrente destaca, el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública se debe aplicar siempre, como obligación de fundamentar los actos administrativos. Pero, agrega, el órgano sentenciador solo lo hizo respecto al Reglamento de su representada; no así en cuanto a las reglamentaciones de FEMETROM, INVU y SUTEL, las cuales carecen de fundamentación y estudios para amparar sus emisiones. Objeta, el Tribunal convirtió en vinculante, en el caso concreto, la consulta del Código Municipal, al señalar, la demandada debió hacer caso a las opiniones o aportes de empresas o instituciones, quienes pueden acudir ante el jerarca impropio de la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, lo cual nunca hicieron. Especialmente, añade, si se toman en cuenta las obligaciones de la gestión pública de entidades que objetaron y bien pudieron ser parte en este proceso.
Sin embargo, censura, el Tribunal rechazó el alegato de litis consorcio de su representada. Afirma, esa Cámara interpretó restrictivamente el mandato 6, inciso 18), de la Ley General de Telecomunicaciones, como si solo mencionara torres, pues también refiere a postes. Refiere: “Dicho inciso y su respectivo numeral y en general la LGT, obliga (sic) a construir tal o cual estructura, sino que deja abierta la posibilidad de ordenar la red de la mejor manera…”. Ello, en torno al acceso uniforme y universal, en condiciones de solidaridad y accesibilidad para ampliar a los usuarios finales, no torreros, quienes apenas están considerados por esa Ley y la restante normativa existente. Arguye, lo expuesto desprende otra interpretación errónea, cual es identificar a los torreros con operadores, según lo normado en el artículo 6, inciso 12), Ibid. Expone, los operadores en Costa Rica son solo tres: las empresas con las denominaciones comerciales Kölbi, Claro y Movistar.
Por eso, argumenta, el Tribunal se da una licencia que no le corresponde, al equiparar a quienes se dedican a conseguir terrenos para las instalaciones de torres o postes, con los tres operadores concesionados. Con este actuar, manifiesta, está realizando una derogatoria oculta de la normativa que dice mantener y una modificación legal del texto de la susodicha Ley. A su juicio, en ningún momento la actora ha demostrado estar autorizada o tener la concesión de la SUTEL como operadora. Al menos ningún hecho probado lo indica. De existir, afirma, sería falso. Para ello, acota, la Sala puede solicitarle a la SUTEL si la demandante está catalogada como tal. Señala: “La normativa indicada en el apartado XI, es clara y conforme con la LGT y no puede ser alterada en detrimento Legislativo, salvo que se de la respectiva consulta judicial de constitucionalidad, lo cual hasta el momento no se ha hecho”.
En su criterio, la nulidad dispuesta en sentencia excede las facultades del Tribunal, pues los reglamentos municipales son emitidos según competencia exclusiva y excluyente otorgada a los ayuntamientos por la Constitución Política en los numerales 169 y 170. Manifiesta, para establecer que el Reglamento contraría el ordenamiento jurídico, el órgano decisor utilizó un marco probatorio parcial, que el mismo construyó al limitarle a la demandada las posibilidades de demostrar la conformidad de ese cuerpo normativo. Lo acusa de llegar a conclusiones inapropiadas, ilegales, inconstitucionales e injustas respecto al trabajo de la Municipalidad para contar con una normativa eficiente, económica, ecológicamente adecuada y moderna. Considera, el Tribunal se privó de elementos de convicción con los cuales emitió el hecho no probado 6 que se impone en el resto del fallo.
XXIII.Las censuras sobre la aplicación de reglamentaciones de FEMETRON, INVU Y SUTEL devienen sin lugar, porque según se resuelve en este fallo, es improcedente la nulidad de las normas del Reglamento cuestionado, de modo que no habría que disponer cómo debe regularse la demandada en ausencia de ellas. Son temas que consideraron los juzgadores a partir de la declaratoria de nulidad. De este modo, al suprimirse, no tendrían soporte que los justifique. Tampoco tienen razón de ser los cuestionamientos al criterio del Tribunal respecto a que el ayuntamiento debió hacer caso a las opiniones o aportes de empresas o instituciones sobre las normas del Reglamento. El órgano sentenciador, aunque afirmó debieron ponderarse previo a la adopción de ese cuerpo jurídico, reconoció: “Tiene claro el Tribunal que éstas no resultan vinculantes para la Administración Municipal y la decisión que finalmente lo adopte”.
Además, el Tribunal no anuló las disposiciones reglamentarias, impuso limitaciones a la creación de nuevas normas y ordenó la aplicación de ciertas disposiciones mientras se emitan otras, en razón de que la actora no atendió las opiniones o aportes de empresas o instituciones. Tampoco en virtud de que sólo se instalen torres, no así postes, ni por incurrir en alguna confusión entre torreros y operadores como Kölbi, Claro y Movistar. Los juzgadores no emitieron pronunciamiento expreso para impedir la instalación de postes. El meollo del asunto radicó en la imposibilidad de emplear torres y en restringir su instalación en inmuebles privados. Además, no ha sido objeto de debate si la actora está o no autorizada, ni si tiene o no concesión como operadora de los servicios de telecomunicaciones. Basta estimarla legitimada para el reclamo de lo pretendido en la demanda. Por lo demás, el Tribunal anuló en función de que la parte considerativa de Reglamento, que según la demandada contiene la fundamentación necesaria y por ello no cabe la nulidad pedida: “…resulta insuficiente en cuanto al deber de motivar las conductas formales administrativas, en los términos que exige el numeral 136 de la LGAP…”.
Aún considerando que, a juicio de los juzgadores, se debieron ponderar las objeciones hechas al proyecto, ello no conduce necesariamente a tener que integrar en la litis a las empresas y entidades que las formularon. De todas maneras, los reparos contra el rechazo atinente al tema del litis consorcio y su vínculo con la solicitud de acumulación de procesos, fueron objeto de estudio y rechazo según lo indicado en el considerando XIX de esta sentencia, sin ser necesario incurrir en reiteraciones. En síntesis, las censuras que motivaron estos argumentos devienen sin lugar.
XXIV.Con todo y lo expuesto, lleva razón el casacionista cuando acusa quebranto de los numerales 169 y 170 de la Constitución Política, por cuanto el Tribunal desconoció las atribuciones asignadas por el constituyente a los ayuntamientos, aplicable en el caso concreto a la demandada, respecto a la administración de los intereses y servicios locales en su cantón, a través de una autonomía corporativa que igualmente asigna la Carta Magna. En este sentido, la decisión de cómo regular la prestación del servicio de telefonía celular, mediante postes ubicados en sitios públicos, es de su encargo, lo cual materializó en las normas reglamentarias cuestionadas. Por lo demás, de la lectura del Reglamento, en su “Considerando”, es notoria la finalidad perseguida, al objetivar la regulación de la infraestructura de telecomunicaciones celulares, para aumentar la disponibilidad del servicio, mejorar su calidad y asegurar precios asequibles, en respecto y armonía a la sostenibilidad ambiental y urbanística, tomando en cuenta su impacto visual y medioambiental en el entorno urbano y natural, en beneficio del interés colectivo del cantón de Curridabat.
Ello, motivada en que los avances tecnológicos han propiciado la aparición de nuevos servicios de comunicaciones y la multiplicación de instalaciones de telecomunicaciones, lo cual supone el referido impacto visual y medioambiental de aquel entorno. De allí, el contenido de la conducta administrativa ha radicado en la creación del Reglamento, al establecer los parámetros para regir la normalización del sistema de estructuras soportantes de radiobases para las telecomunicaciones celulares, en lo atinente al uso de suelo, atendiendo la conformidad con la ubicación, forma y condición constructiva y la explotación comercial. Estos elementos están consignados en la referida normativa y vienen a justificar su validez, en tanto se fundamenta, asimismo, en la necesidad que consideró la Administración Municipal, dentro de su competencia y bajo el presupuesto de su autonomía en materia de planificación y administración territorial, de establecer los parámetros que regulen la normalización de la infraestructura soportante para las telecomunicaciones celulares, según también se expresó en el Reglamento.
De este modo, la conducta administrativa se ajustó a los preceptos alusivos a los elementos y a la validez del acto administrativo, previstos en la Ley General de la Administración Pública; de interés para este asunto, en los numerales 128 a 136. Como lo denunció el recurrente, esta última disposición legal fue conculcada por el Tribunal. Por lo expuesto, éste no lleva razón al estimar que el Reglamento no se motivó. Considérese además la base jurídica que acuerpó al ayuntamiento para apoyar el dictado de la aludida reglamentación: “…en la Carta Magna, Artículos 169 y 170, así como los artículos 15, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 32,33 34, 36, 38, 39, 56, 57, 58, 62, 63 y 64 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana, así como los Artículos 13, 59 y del 190, al 198, de la Ley General de la Administración Pública”. De todo ello, los citados preceptos constitucionales resaltan la autonomía municipal, en cuya virtud, el municipio puede adoptar decisiones propias y administrase en orden a su personería jurídica y patrimonio propio, a lo que le resulta viable el dictado de normas locales.
De este modo, dentro de las competencias del Concejo Municipal está, precisamente, la emisión de Reglamentos. Así lo contempla el Código Municipal en los artículos 2, 4 y 13, que encuentran égida constitucional en los susodichos preceptos 169 y 170 de la Carta Política. Se trata, en lo fundamental, de una potestad regulatoria local, radicada sobre el núcleo esencial de su autonomía, que motiva al ayuntamiento a gobernarse según los intereses cantonales que está llamado a tutelar, incluyendo el control urbano, ambiental, el entorno y el ambiente ecológicamente equilibrado, de consuno con los numerales 41 y 50 de la Constitución Política y según se armoniza con la Ley de Planificación Urbana, por ejemplo, en sus artículos 4 y 15. El primero estatuye la competencia del Concejo Municipal para dictar disposiciones normativas. El segundo preceptúa que, conforme al canon 169 de la Constitución Política, se reconoce competencia y autoridad a los gobiernos municipales, para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites de su territorio jurisdiccional y, en consecuencia, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores en que primen razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor.
De igual manera, el artículo 19 Ibid., autoriza la promulgación de reglas procesales para el acatamiento de planes de regulación y para la protección de los intereses de la salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad. Es decir, su competencia se extiende a la emisión de normativa reglamentaria. En el caso concreto, la actora reconoce en su demanda, la accionada cumplió con la exigencia de consulta pública no vinculante del Reglamento, lo cual se ratifica con vista en la Gaceta número 121 del 23 de junio de 2011. Ello evidencia cómo, aunada a la potestad reglamentaria propia de ese ayuntamiento, su ejercicio consideró la opinión colectiva al someterlo a su conocimiento. Se decantó por regular en el sentido dicho, sin que ello vulnere el respaldo constitucional y legal que al efecto le ampara. En el sub lite, el Tribunal no tomó en cuenta ese espectro normativo. Además, según lo informa el impugnante, desconoció que la entidad accionada bien podía escoger el empleo de las redes estructurales soportantes que, según la técnica, conviniera para el cabal cumplimiento del servicio de comunicación celular.
Entre ellas, como lo dispone el mandato 6, inciso 18), de la Ley General de Telecomunicaciones, que el casacionista aduce quebrantado, los postes, dentro de la definición de “Recursos escasos” y como parte de la infraestructura requerida para operar las redes de telecomunicaciones. También lo acotó el recurrente, no precisa establecer si las estructuras de torres son o no aptas para ese fin, ni si deben incluirse sitios privados de instalación, porque la base de este caso se debe examinar a partir de si los postes en zonas públicas cumplen su cometido. Es por esto mismo que resulta atendible la inconformidad del impugnante respecto al hecho 6 tenido por no probado en el fallo recurrido, en virtud el cual, para el órgano sentenciador, no se probó que las torres de telecomunicaciones sean técnicamente inapropiadas, generen contaminación visual o aumenten el costo del servicio de telecomunicaciones en Curridabat.
Esos aspectos son de consideración municipal en virtud de consistir materia relacionada con su quehacer como gobierno local. Por todo ello, tampoco lleva razón el Tribunal al considerar que la accionada extralimitó su discrecionalidad y potestad reglamentaria. Antes bien, es respetable su decisión de estimar adecuada a esos propósitos la infraestructura de postes en zonas públicas, según se reguló en la normativa cuestionada que el Tribunal anuló, obligándola a adoptar propuestas y disposiciones de entes que no le resultan vinculantes, infringiendo, según lo denuncia la demandada, las susodichas normas jurídicas y su potestad reglamentaria en esta materia. Además, la actora en modo alguno ha patentizado razones contundentes, como para desmeritar la adecuación técnica o funcional de la utilización de postería en sitios públicos respecto a la prestación del correspondiente servicio. Considérese, al estar involucrado el ambiente (entorno urbano, uso de suelo, paisaje), aplica la inversión de la carga probatoria contenida en el artículo 109 de la Ley de Biodiversidad.
En este predicado, debió la actora demostrar que las regulaciones establecidas contrarían el derecho en este particular, lo cual no hizo, como tampoco que la adecuación técnica y funcional, contenida en esas regulaciones, no permite el cabal cumplimiento del respectivo servicio de telecomunicaciones. En cuanto a la privación que dice haber sufrido de sus derechos, en el recurso de casación que presentó, reconoció cómo otra compañía prestataria de servicios similares a los que ofrece, se ajustó a las disposiciones reglamentarias y logró concretar su actividad mercantil. Esto es, las personas físicas y jurídicas con intereses comerciales y expectativas económicas, a desarrollar en el correspondiente cantón, deberán ajustarse a las reglas establecidas como derivación del ejercicio de la potestad reglamentaria del ayuntamiento; de no hacerlo, no procede alegar quebranto de derechos, en tanto no se ajustaron a esa normativa.
XXV.En mérito de lo indicado procede acoger el recurso de la demandada. Se deberá anular la sentencia impugnada. Fallando por el fondo, se rechazarán los extremos de la demanda acogidos por el Tribunal, para declararla sin lugar en su totalidad. Corresponderá a la actora el pago de las costas personales y procesales. Sobre este particular, el precepto 193 del CPCA, establece la facultad de exonerar cuando la sentencia se dicta en virtud de pruebas cuya existencia, verosímilmente, no haya conocido la contraria y, por esa causa, se haya ajustado la oposición de la parte. Además, cuando por la naturaleza de lo debatido haya existido, a juicio del Tribunal, suficiente motivo para litigar. La regla establecida en el canon 194 siguiente, no contiene una facultad para exonerar sino una imposición. Aplica cuando la parte vencedora incurrió en plus petitio. Como facultad que es, el Tribunal no incurre en quebranto normativo alguno cuando dispone apartarse de ella. Por lo demás, no se cumple el supuesto de hecho para considerar la existencia de plus petitio como motivo de exoneración. De allí la condenatoria impuesta en esta sede.
XXVI.El tercer cargo se invoca con el propósito de establecer la buena fe con la que, sostiene el recurrente, actuó siempre su representada, al proteger intereses comunales. Nunca, señala, con ánimo solo de oponerse a las pretensiones de la actora, sino de salvaguardar las competencias asignadas por la Carta Magna y el Código Municipal, tratando de poner al mejor recaudo el interés público. Afirma, no debe ser condenada al pago de costas, en orden a la evidente buena fe y lealtad procesales que le han caracterizado en este proceso.
Recurso de la parte actora
XXVIII.Los agravios que lo conforman se relacionan con el rechazo de la pretensión indemnizatoria, la cual se erigió en virtud de los daños y perjuicios que el recurrente dice haber sufrido su mandante como corolario de las disposiciones reglamentarias anuladas. A juicio del casacionista, existe vínculo causal entre el Reglamento, en cuanto a las disposiciones anuladas, y las lesiones patrimoniales que dice se causaron a su poderdante durante la vigencia, al no poder desarrollar su actividad mercantil. Al acogerse el recurso de su contraparte, declararse sin lugar la demanda y denegarse la petitoria de nulidad por no existir los vicios que se le endilgan, carece de asidero la impugnación de la actora debiendo en consecuencia rechazarse.
POR TANTO
Se deniegan las gestiones referidas a pruebas que hacen los impugnantes. Se declara con lugar el recurso de la demandada. Se anula la sentencia recurrida. Fallando por el fondo, se rechazan los extremos de la demanda acogidos por el Tribunal, la cual se declara sin lugar en su totalidad, con las costas personales y procesales a cargo de la actora. Por la forma cómo se resuelve este asunto, se rechaza el recurso de esta última.
Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya Carmenmaría Escoto Fernández Rocío Rojas Morales William Molinari Vílchez FChR 3
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