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Res. 01435-2016 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José · 12/10/2016

Notary's civil fraud in real estate scamDolo civil del notario en estafa inmobiliaria

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OutcomeResultado

Partially grantedParcialmente con lugar

By majority, the civil judgment against the acquitted notary is overturned; unanimously, the criminal judgment is overturned and a retrial is ordered.Por mayoría se anula la condena civil contra el notario absuelto; por unanimidad se anula la sentencia penal y se ordena juicio de reenvío.

SummaryResumen

This ruling by the Criminal Appeals Court of the Second Judicial Circuit of San José addresses an appeal against a judgment that criminally convicted two defendants for fraud and simulation fraud, and civilly condemned three defendants, including a notary, for damages arising from a land-grabbing scheme against farmers in Guanacaste. The majority of the court overturns the civil judgment against the criminally acquitted notary, finding a violation of the principle of congruence: the civil action was based on joint fraudulent participation in the criminal plan, but the trial court condemned the notary for a negligent act (carelessness in his notarial duties) that was not pleaded in the statement of facts. The court emphasizes that a criminal acquittal does not automatically preclude civil liability, provided there is a separate legal basis (such as the Civil Code's extracontractual liability) and the right of defense is respected. The dissenting opinion argues that the notary's civil fraud was proven through his irregular legal advice, which induced the victims to dispose of their property. Additionally, the unanimous court overturns the criminal judgment for insufficient reasoning, as it relied on criteria foreign to the legal system (e.g., requiring that the buyer had money at the time of the transaction), and orders a retrial. The civil action against the other defendants is also annulled to ensure the right to be heard for third-party mortgage creditors. The pretrial detention of one defendant is extended by six months.Esta resolución del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José aborda un recurso de apelación contra una sentencia que condenó penalmente a dos acusados por estafa y fraude de simulación, y civilmente a tres demandados, incluyendo un notario, por los daños derivados de un esquema de despojo de tierras a campesinos en Guanacaste. La mayoría del tribunal anula la condena civil contra el notario absuelto penalmente, al considerar que se violó el principio de congruencia: la acción civil se basó en una participación dolosa conjunta en el plan delictivo, pero el tribunal de instancia condenó al notario por una actuación culposa (descuido en sus deberes notariales) que no fue planteada en los hechos de la demanda. Se subraya que una absolutoria penal no impide automáticamente la condena civil, siempre que exista una fuente normativa distinta (como la responsabilidad extracontractual del Código Civil) y se respete el derecho de defensa. El voto salvado disiente, argumentando que el dolo civil del notario quedó acreditado por su asesoría irregular, que indujo a las víctimas a disponer de su patrimonio. Además, por unanimidad se anula la sentencia penal por deficiente fundamentación, al basarse en criterios ajenos al ordenamiento jurídico (ej. exigir que el comprador tuviera dinero al momento de la transacción), y se ordena el reenvío para nueva sustanciación. Se anula también la acción civil contra los otros demandados, para garantizar el derecho de audiencia de terceros acreedores hipotecarios. Se prorroga la prisión preventiva de uno de los acusados por seis meses.

Key excerptExtracto clave

Thus, there is a factual claim by the civil plaintiff based on a fraudulent act in the criminal sphere, which is not proven regarding the criminal action; [Nombre35] is acquitted, but is condemned in civil terms for a negligent act (acting carelessly). This grossly contravenes the principle of congruence and the right of defense, since the defense strategy was built on the accusation of a criminal fraudulent act, yet despite being acquitted of it, he is condemned for a negligent act not mentioned in the alleged facts. This Chamber wishes to make clear that when a criminal acquittal is decided, it does not necessarily imply that the civil action for damages is automatically dismissed; indeed, an acquitted person may be civilly liable in cases of extracontractual liability such as those provided in Article 1045 of the Civil Code, as well as in cases of strict civil liability, with its exceptions (Article 1048(5) of the Civil Code). However, such a claim was not formulated in the statement of facts cited above; the judgment does not explain that the causal link connecting [Nombre35]'s action stems from a risky activity, nor that notarial activity is considered prone to cause a potential risk to the public when approaching a licensed professional. Therefore, this Chamber finds that the appeal should be granted, and it is not appropriate to civilly condemn a civil defendant for an activity of which he was not accused nor its connection to the alleged harm suffered by the civil plaintiffs explained. Consequently, the appeal is granted, the contested judgment is partially annulled insofar as it civilly condemns [Nombre35], and instead, by majority, the civil action for damages brought against [Nombre3] is dismissed.Se tiene entonces una propuesta fáctica por parte del actor civil por un hecho doloso en el plano penal, que no se demuestra en relación con la acción penal, [Nombre35] es absuelto, pero si condenado en lo civil, por una acción culposa (actuar con descuido), esto riñe de manera grosera con el principio de congruencia y el derecho de defensa, en el tanto la estrategia defensiva se construye a partir de la imputación de una acción dolosa penalmente, pero a pesar de ser absuelto por ella se le condena por una acción culposa que no se mencionó en los hechos demandados. Si quiere dejar claro esta Cámara que cuando se resuelve una absolutoria por la acción penal, esto no implica necesariamente que se declare sin lugar la acción civil resarcitoria de manera automática, no, en el tanto se puede condenar civilmente a una persona absuelta, en caso de responsabilidad civil extracontractual como los contemplados en el artículo 1045 del Código Civil, al igual que en supuestos de responsabilidad civil objetiva, con sus excepciones (artículo 1048 inciso 5 de Código Civil), pero dicho planteamiento no se formuló así en la relación de hechos que se indicó supra, no se explica en la sentencia que el nexo causal que une la acción de [Nombre35], se derive de una actividad riesgosa, que la actividad notarial sea una considerada como propensa a causar un potencial riesgo de la población al acudir a un profesional titulado. Por ello estima esta Cámara que se debe declarar con lugar el recurso planteado y no es procedente condenar civilmente a un demandado civil por una actividad de la cual no fue acusada ni explicado su nexo con el daño alegado sufrido por los actores civiles, en consecuencia lo que corresponde es declarar con lugar el recurso de apelación planteado, anular la sentencia impugnada en cuanto condena a [Nombre35] civilmente y en su lugar por mayoría declarar sin lugar la acción civil resarcitoria planteada en contra de [Nombre3].

Pull quotesCitas destacadas

  • "esta Cámara que cuando se resuelve una absolutoria por la acción penal, esto no implica necesariamente que se declare sin lugar la acción civil resarcitoria de manera automática, no, en el tanto se puede condenar civilmente a una persona absuelta, en caso de responsabilidad civil extracontractual como los contemplados en el artículo 1045 del Código Civil"

    "this Chamber [holds] that when a criminal acquittal is decided, it does not necessarily imply that the civil action for damages is automatically dismissed; indeed, an acquitted person may be civilly liable in cases of extracontractual liability such as those provided in Article 1045 of the Civil Code"

    Considerando I

  • "esta Cámara que cuando se resuelve una absolutoria por la acción penal, esto no implica necesariamente que se declare sin lugar la acción civil resarcitoria de manera automática, no, en el tanto se puede condenar civilmente a una persona absuelta, en caso de responsabilidad civil extracontractual como los contemplados en el artículo 1045 del Código Civil"

    Considerando I

  • "toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee por una de las partes para conseguir la ejecución del acto jurídico."

    "any assertion of what is false or concealment of the truth, any artifice, cunning or machination used by one of the parties to achieve the execution of the legal act."

    Voto salvado

  • "toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee por una de las partes para conseguir la ejecución del acto jurídico."

    Voto salvado

Full documentDocumento completo

**Dissenting vote of Judge [Nombre1].** Even though I deeply respect the criterion of my fellow Judges, I must depart from it, for the following reasons: I consider that the Civil Action decreed against the defendant [Nombre2] was duly substantiated by the lower court, and furthermore that such joinder was achieved through a correct interpretation of the civil law governing these types of proceedings, since even though an acquittal was handed down, civil liability did indeed persist. It is relevant to consider that, jurisprudentially, civil fraud (dolo civil) has been established as: "any assertion of what is false or concealment of what is true, any artifice, cunning, or machination employed by one of the parties to secure the execution of the juridical act. Determinative fraud (dolo determinante) and incidental fraud (dolo incidental); the former consists of the machinations that, definitively, lead the person to enter into the act. Incidental fraud is that which is not determinative of the act; therefore, it does not invalidate it. However, the one who committed it must indemnify the other party for the damage derived from it. Fraud can be positive or negative, depending on whether the defect of consent results from a fraudulent action or omission, respectively. For fraud to be a defect of consent, it must meet the following requirements: it must be serious; determinative of the granting of the act by the counterparty; it must have caused significant damage; and it must not be a case of reciprocal fraud. When it meets the stated requirements, fraud will determine the nullity of the act (the act will be voidable, of relative nullity). Likewise, by application of the general rules of liability, the one who incurred in fraudulent action must compensate the injured party for the damages and losses derived from such action." Vote No. 032-2015. In this case, I consider that civil fraud (dolo civil) was proven, since based on the actions carried out by the defendant, the victims ultimately disposed of their property, his participation being determinative in vitiating the consent of the appearing parties in the granting of acts that ultimately economically benefited the defendants. In a similar vein, the Administrative Appeals Tribunal, Section Four, at eight o'clock on the tenth of April, two thousand fifteen, has stated: " [...]. Indeed, in matters of contracting, any artifice employed to deceive and induce a person to consent to a contract is called fraud (dolo). For fraud to be a cause of nullity, it must originate from the contracting party opposing the one who was the victim of the deception. The essence lies in the deception, the false promise, the exaggeration of hopes or benefits, producing vitiated consent. We see, then, that the artificial means used by a person to deceive another can be both by action and omission, that is, positive or negative fraud (dolo positivo or negativo). Positive fraud would consist of an artifice or maneuver exceeding the limits of the cunning that all contracting parties customarily employ, and negative fraud, according to [Nombre3], will be to conceal a defect or anomaly." Even though in this case, as was decided, an acquittal was handed down, that does not relieve the judges from analyzing the facts according to the guiding principles of extra-contractual civil liability and the existence of compensable damage, since, regarding matters relating to the civil action for damages (acción civil resarcitoria), even though it is accessory to the criminal action, it must be governed by the provisions of the general norms of the Civil Code. In this case, the civil conviction was based on the same event under investigation, understood as a civil wrong, and therefore the manner in which the Tribunal ultimately resolved the matter is correct, which is why annulling that part of the judgment is not appropriate. In this regard, the Criminal Cassation Chamber has considered: "(...) civil liability is independent of the commission of a crime: ‘In line with this order of ideas, case law has indicated that: "... it is perfectly feasible that, without a criminal wrong, a civil liability conviction proceeds, provided the requirement is met that there is another normative source distinct from criminal law that permits such a thing...", (ruling # 619, at 11:20 hrs on June 9, 2000. See in the same sense, # 1130, at 9:18 hrs on November 23, 2001, both from this Third Chamber). The required normative source in the present case is found in the regime of extra-contractual liability contained in the Civil Code, starting from its Article 1045. On this topic, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has stated that: "... Extra-contractual liability falls upon whoever, outside any prior contractual relationship, has caused damage within the legal sphere of another subject, through fault (culpa), or through the implementation of a risky activity or creation of a social risk. This liability is not born from the breach of a specific bond, but from the violation of the general duty not to harm others. Its regime is based on Articles 1045, 1046, 1047, and 1048 of the Civil Code. The first of these provides that: 'Everyone who through fraud (dolo), fault, negligence, or imprudence causes damage to another, is obligated to repair it together with the losses.' - A principle that is the foundation of all civil liability (...) Thus... to uphold a liability claim such as the one at hand, the following must be convincingly demonstrated: a) The existence of the damage or loss, which must be certain, real, and effective; b) The objective magnitude of the damage, meaning the claim must be worthy of protection, for if it is insignificant, legal protection does not proceed; c) The cause of the damage must have been a third party in relation to the affected party; d) The causal relationship between the damage and the illicit act alleged to originate it... " (Resolution # 320, at 14:20 hrs on November 9, 1990). Now, it must be clarified (because it seems this is where the error of the Trial Judges lies) that the defining characteristics of fault (culpa) in a civil context are not identical to those governing its namesake in terms of criminal liability, since the current legal system does not consider every act of imprudence or negligence causing damage to a third party to be criminal (consider, for example, the criminal type of "damages," which does not admit its commission through fault/culpa). The decision of the First Chamber clarifies that: "... fault (culpa) involves negligent, careless, improvident conduct that causes damage without intending it... Fault (culpa) consists, then, of a lack of the required care, precaution, and diligence. Diligence has been considered the rational and ordinary caution that must accompany all acts from which damage may derive, according to the type of activity involved and what can and should be expected of a normally reasonable and sensible person, belonging to the technical sphere of the case. That is, if the person acted with the required care, attention, or perseverance and with the necessary reflection aimed at avoiding harm to legally protected property. Indeed, doctrine indicates that required diligence does not only encompass the precautions and care ordered in each case by regulations, but also all the prudence necessary to avoid the damage", (see vote No. 53 at 15:10 hrs on May 27, 1998. In the same sense, numbers 17 at 15:00 hrs on January 29, 1992, and 398 at 16:00 hrs on June 6, 2001). It is for this reason that in various precedents the Third Chamber has insisted that the generating fact of civil liability is the damage caused, and not the criminal nature of the conduct." Resolution number 2006-00087, at 15:15 hrs, on February 13, 2006. Regarding the principle of the accessoriness of the civil action to the criminal action, it has been established that: "...The phrase 'when it proceeds', contained in the third paragraph of Article 40 of the Criminal Procedure Code, must necessarily be interpreted in the sense that, despite a criminal acquittal, the court may rule on the civil action when other normative assumptions distinct from the crime exist upon which that duty to indemnify can be sustained. That is, when the proven facts are sufficient to demonstrate the existence of civil liability, without needing the substantive norm generating the obligation to indemnify the damage to come from Criminal Law, and without needing to demonstrate the criminal or administrative liability of a specific public official. The foregoing interpretation is the only possible one to be derived from the principles of Procedural Economy and Restrictive Interpretation, in accordance with our constitutional order, with the sole requirement that the defendant must be granted an opportunity to be heard...". To which it must be added that such normative assumptions may come from contractual or, as in this case, extra-contractual civil liability. Admitting the contrary would imply, as this Chamber also understood in the same cited precedent, violating the constitutional principle of prompt and fulfilled justice, resulting in an absurdity to refer a party who has aired their conflict in the criminal venue to resort again to the judicial apparatus in protection of their rights (...). This being the case, as this judge considers that the trial judges relied on the existence of a causal link between the actions of the civil defendant and the result produced, civil liability was proven. The fact that [Nombre2] provided notarial advice to the injured parties in an irregular manner, which caused them to make proprietary dispositions [Nombre4] to their interests, in supposed sales of properties that were extremely valuable and of which in the majority of cases they lost their real estate, is sufficient reason to declare the civil action well-founded." Sixth: On December eleventh, two thousand thirteen, the accused and civil defendant [Name36] appeared at the home of the victim and civil plaintiff [[Name46]], located in Cuajiniquil de la Cruz, Guanacaste, whom, with the purpose of implementing the criminal plan devised together with the accused and civil defendants [Name6] and [Name3] and obtaining an undue patrimonial benefit, he indicated that he worked for the accused and civil defendant [Name39], who was interested in buying her farm located in Agua Caliente de Santa Elena de la Cruz, Guanacaste for the sum of one hundred sixty-nine million colones (¢ 169,000,000.00). The victim, faced with such a proposal, accepted. Therefore, that same day he took her to the office of the attorney and notary and accused and civil defendant [Name3], located in Guápiles, fifty meters south of Palí, a place where the victim, induced into error by the accused, was made to believe that what she would sign was a purchase option. Through two bills of exchange, the accused [Name39] committed to paying her the sum of fifty million colones (¢ 50,000,000.00) on January twenty-sixth, two thousand fourteen, and the sum of one hundred nineteen million colones (¢ 119,000,000.00) in the month of July two thousand fourteen. At that moment, the victim, induced into error, signed the supposed purchase option, when what she really signed was the transfer of her property registered in the Property Registry, Guanacaste district [Placa4], for the price of two million five hundred thousand colones (¢ 2,500,000.00), executed via public deed number 330, visible on folio 165 front of volume 21 of the protocol of Licenciado [Name35].

Seventh: To finish obtaining an undue patrimonial benefit for himself, the accused [Name6], on December twentieth, two thousand thirteen, before the notary [Name42] in the city of San José, according to deed 324 visible on folio 198 back of volume 4 of his protocol, proceeded to mortgage the property of the victim [Name47], registered in the Property Registry, Guanacaste district [Placa4], in favor of [Name48] for the sum of six million colones (¢ 6,000,000.00).

Eighth: Without specifying an exact date, but within the month of November two thousand thirteen, in the morning, a subject known as "Chuchequero" appeared at the home of the victim and civil plaintiff [Name [Name20]] in Cuajiniquil de la Cruz, Guanacaste, to whom he indicated that there were people interested in buying farms and gave him the telephone number of the accused and civil defendant [Name36]. The aggrieved party called him, and the accused, with the purpose of implementing the criminal plan devised together with the accused and civil defendants [Name6] and [Name3] and obtaining an undue patrimonial benefit, indicated to the victim that the defendant [Name39] was the one interested in buying farms, that he bought them in two installments, and if he wished to sell them, he had to go to Guápiles to sign the purchase option. The victim accepted, and on November twenty-ninth, two thousand thirteen, the defendant [Name40] appeared at the victim's home and took him along with his wife [Name [Name21]] and his brother [Name [Name49]] to Guápiles. The next day, i.e., November thirtieth, two thousand thirteen, they went to the office of the attorney and notary and accused and civil defendant [Name3], located in Guápiles, fifty meters south of Palí. There, the accused [Name39] indicated that he would buy the farm and pay him in two installments: one on January fifteenth, two thousand fourteen, at which time he would deliver the sum of fifty million colones (¢ 50,000,000.00), and the second payment to finalize the sale on June twenty-ninth, two thousand fourteen, for an amount of one hundred twenty-four million one hundred fifty-nine thousand six hundred ten colones (¢ 124,159,610.00), for a total amount of one hundred seventy-four million one hundred fifty-nine thousand six hundred ten colones (¢ 174,159,610.00). At that moment, the sale of his property registered in the Property Registry, Guanacaste district [Placa5] and right 002 would be formalized. The victim and his wife [Name [Name21]] accepted and signed, under the belief that they were signing a purchase option, when what they really signed was public deed number 315, visible on folio 157 back of volume 21 of the protocol of Licenciado [Name35], in which they transferred the property in favor of the accused [Name39]. At that act, the accused [Name39], to keep the victim [[Name50]] induced into error and falsely make him believe that he would pay on the dates already indicated, handed him the two bills of exchange.

Ninth: To finish obtaining an undue patrimonial benefit for himself, the accused [Name6], on December eleventh, two thousand thirteen, before the notary [Name42] in the city of San José, according to deed 322 visible on folio 196 back of volume 4 of his protocol, proceeded to mortgage, in first degree, the property of the victim [Name [Name20]], registered in the Property Registry, Guanacaste district, registration number [Placa6], in favor of [Name51] for the sum of thirteen million colones (¢ 13,000,000.00).

Tenth: Without specifying an exact date, but at the beginning of the month of November two thousand thirteen, in the afternoon, a subject known as "Chuchequero" appeared at the home of the victim and civil plaintiff [[Name52]] who indicated that the accused and civil defendant [Name36] was interested in buying farms and gave him his telephone number. The next day, the victim called him, and the accused [Name40], with the purpose of implementing the criminal plan devised together with the accused and civil defendants [Name6] and [Name3] and obtaining an undue patrimonial benefit for himself, indicated that they indeed wanted to buy land in that area. The aggrieved party stated that he would sell only fourteen hectares of his property, registered in the Property Registry, Guanacaste district [Placa7], for the sum of one hundred twelve million colones (¢ 112,000,000.00). The defendant [Name40] accepted, and on November eleventh, two thousand thirteen, they met in Cuajiniquil Centro. The accused [Name40] took him to Guápiles, to the office of the attorney and notary and accused and civil defendant [Name3], located in Guápiles, fifty meters south of Palí. In accordance with the previously established plan to deceive the victim in order to dispossess him of his property, he indicated that he was going to sign a purchase option for the property, without reading the document to him. The victim did not read it because he does not know how to read. At that act, the accused [Name6], to keep the victim in error and make him believe that he would pay him, handed him two bills of exchange: one indicating that the first payment for the sale of the property would be made on December twenty-sixth, two thousand thirteen, for an amount of fifty million colones (¢ 50,000,000.00), and the second indicating that the payment would be made on June eleventh, two thousand fourteen, for an amount of sixty million sixty-seven thousand eight hundred forty-seven colones (¢ 60,067,847.00). Immediately, the accused [Name3] indicated to the victim that once the total money was paid, the sale of the property would be formalized, when what the victim actually signed was the transfer of the entirety of his property. To date, the accused [Name39] has not paid him.

Eleventh: To finish obtaining an undue patrimonial benefit for himself, the accused [Name6], on November thirteenth, two thousand thirteen, mortgaged the property of the victim [Name53] for thirty-two million five hundred thousand colones in favor of [Name [Name32]].

Twelfth: On December twentieth, two thousand thirteen, the accused and civil defendant [Name36] appeared at the home of the victim and civil plaintiff [Name [Name22]], located in Cuajiniquil de la Cruz, Guanacaste [Address2], whom, with the purpose of implementing the criminal plan devised together with the accused and civil defendants [Name6] and [Name3] and obtaining an undue patrimonial benefit, he indicated that the accused [Name6] was interested in buying her farm located in Cuajiniquil, [Address3], [Address4]. Said property has an extension of two hundred thirty-six square meters and is registered in the Public Registry, Guanacaste district, real folio registration number [[Placa8]]. They agreed on a price of one hundred ninety-two million one hundred thirty-two thousand six hundred fifty colones (¢ 192,132,650.00). Subsequently, on December twenty-first, two thousand thirteen, the accused [Name40] took the victim [Name [Name22]] and her husband [Name [Name23]] to the office of the attorney and notary and accused and civil defendant [Name3], located in Guápiles, fifty meters south of Palí, a place where the victim, induced into error by the accused under the belief that they would pay her for her property and that she would sign a purchase option, actually signed the transfer of the same, together with her husband [[Name54]], according to deed 339, visible on folio 168 back of volume 21 of the protocol of Licenciado [Name35], a property that is registered under real folio registration number [Placa9]]. That same day, in the afternoon, specifically at the Mall Cariari in Pedregal de Heredia, the accused [Name6] signed two bills of exchange: one for an amount of fifty million colones (¢ 50,000,000.00) maturing on February third, two thousand fourteen, and the other for an amount of one hundred eighty-six million one hundred thirty-two thousand six hundred fifty colones (¢ 186,132,650.00) maturing in the month of June two thousand fourteen. With these, he would keep the victim in error, making her believe that he would pay her, which did not happen, as to date he has not paid her.

Thirteenth: To finish obtaining an undue patrimonial benefit for himself, the accused [Name6], on February twentieth, two thousand fourteen, transferred the property of the victim [[Name55]] to Mrs. [Name56]. Then, on July second, two thousand fourteen, Mrs. [Name56] mortgaged the victim's property for twelve thousand dollars ($12,000.00) in favor of [Name57].

Fourteenth: Without specifying a date, but at the beginning of the month of November two thousand thirteen, a subject known as "Chuchequero" appeared at the home of the victim and civil plaintiff [[Name58]] to whom he stated that the accused and civil defendant [Name59] was interested in buying his parcel and immediately called him by phone, indicating to the aggrieved party that he would consult with his partner about the sale amount, which was one hundred eighty-one million colones (¢ 181,000,000.00). Approximately two days later, the accused [Name60] to [Name61], with the purpose of continuing the criminal plan devised together with the accused and civil defendants [Name6] and [Name3] to dispossess people of their properties without paying them anything, called the victim and indicated that the accused [Name39] had accepted the price and would pay him in two installments. Therefore, on November twenty-first, two thousand thirteen, they met in San José, and there the defendant [Name40] took the victim to the office of the attorney and notary and accused and civil defendant [Name3], located in Guápiles, fifty meters south of Palí. Subsequently, the accused [Name6] appeared, and there, all of them, by common agreement and with the purpose of obtaining an undue patrimonial benefit and managing to dispossess the victim of his property without paying him its value, managed to get him, together with his wife, deceived into believing that they would be paid and under the belief that they were signing a purchase option, to sign the transfer of their property according to deed 305, visible on folio 153 back of volume 21 of the protocol of Licenciado [Name35], and registered in the Property Registry, Guanacaste district [Placa10]. To keep them in error, the accused [Name39] handed them two bills of exchange: one to be paid on January fifth, two thousand fourteen, for an amount of fifty million colones (¢ 50,000,000.00), and another to be paid on August fifth, two thousand fourteen, for an amount of one hundred thirty-one million six hundred fourteen thousand colones (¢ 131,614,000.00). To date, the accused has not paid him.

Fifteenth: To finish obtaining an undue patrimonial benefit for himself, the accused [Name6], on November twenty-ninth, two thousand thirteen, in San José, before the notary [Name42], according to deed 316, visible on folio 193 front of volume four of his protocol, mortgaged the property of the victim [[Name58]] for ten million colones (¢ 10,000,000.00) in favor of [Name [Name32]].

Sixteenth: The victims and civil plaintiffs [Name [Name17]], [Name [Name26]], [Name [Name18]], [Name [Name62]], [Name [Name24]], and [Name [Name22]] suffer not only a patrimonial impact but also an emotional impact, as their capacities to feel and perceive are altered as a result of the described events, causing feelings of fear, anguish, anger, and impotence in the face of the action of the defendants, translated into evident moral damage, coupled with that by the fact of having to resort to a tedious and lengthy process like the present one, in search of asserting their rights personally." (See the civil action brief and judgment from folios 1421 back to 1425 back). At all times, the link of the accused [Name3] is within the civil claim for his joint participation in the criminal plan devised by the three accused, with a full distribution of functions. However, when later, once the adversarial process was developed and it was established that the actions of [Name35] do not constitute a crime, he is convicted in relation to the civil claim for exercising his notarial duties carelessly. Regarding this accused, it was indicated: "as for the notary [Name31], since despite not meeting the conditions of principal or accomplice, for not attending to his obligations as a notary, neglecting or not attending to the rights of the victims as parties to the purchase-sale contracts he authorized, obligations that were inherent to him by his function as a notary, who had to ensure the legitimacy of the acts he authorized, which allowed the deception to materialize and later the undue patrimonial benefit of [Name63], and later perhaps the loss of the farms by the victims, with all the other material and moral damages that have been indicated; it is for this reason that, having all three contributed to the production of the damages that the victims suffer and will suffer, it is appropriate that all three jointly and severally contribute to paying the civil plaintiffs the mentioned damages." (See folio 1478). We have, then, a factual proposition by the civil plaintiff for an intentional act in the criminal sphere, which is not demonstrated in relation to the criminal action. [Name35] is acquitted, but he is convicted in the civil sphere for a negligent action (acting carelessly). This grossly conflicts with the principle of congruence and the right of defense, insofar as the defense strategy is built based on the accusation of a criminally intentional action, but despite being acquitted for it, he is convicted for a negligent action that was not mentioned in the facts claimed.

This Chamber wants to make it clear that when a judgment of acquittal for the criminal action is issued, this does not necessarily imply that the civil action for compensation is automatically dismissed. No, a person acquitted can be civilly convicted in cases of extracontractual civil liability, such as those contemplated in Article 1045 of the Civil Code, as well as in cases of strict civil liability, with its exceptions (Article 1048, subsection 5 of the Civil Code). However, such an approach was not formulated that way in the statement of facts indicated supra. The judgment does not explain that the causal link connecting the action of [Name35] derives from a hazardous activity, that the notarial activity is considered prone to causing a potential risk to the population by resorting to a licensed professional. Therefore, this Chamber considers that the filed appeal must be granted, and it is not appropriate to civilly convict a civil defendant for an activity for which he was not accused nor its link to the alleged damage suffered by the civil plaintiffs explained. Consequently, the appropriate course of action is to grant the filed appeal, annul the appealed judgment insofar as it convicts [Name35] civilly, and in its place, by majority, dismiss the civil action for compensation filed against [Name3].

II.-Dissenting vote of Judge [Name64]. Even though I deeply respect the opinion of my fellow Judges, I must dissent from it, for the following reasons: I consider that the Civil Action ordered against the defendant [Name65] was duly substantiated by the a quo court, and furthermore, that said connection is achieved through a correct interpretation of the civil law governing that type of process, since despite an acquittal judgment having been issued, civil liability effectively persisted. It is relevant to consider that, jurisprudentially, civil fraud (dolo civil) has been established as: "any assertion of what is false or concealment of what is true, any artifice, cunning, or machination used by one of the parties to achieve the execution of a legal act. There is determining fraud (dolo determinante) and incidental fraud (dolo incidental); the first is constituted by the machinations that ultimately lead the person to enter into the act. The incidental one is that which is not determining for the act; therefore, it does not invalidate it. However, the one who committed it must compensate the other party for the damage derived from it. Fraud can be positive or negative, depending on whether the defect of consent results from an action or a fraudulent omission, respectively. Fraud must meet the following requirements to be a defect of consent: it must be serious; determining the granting of the act by the counterparty; it must have caused significant damage; it must not be a case of reciprocal fraud. When it meets the stated requirements, the fraud will determine the nullity of the act (the act will be voidable, of relative nullity). Likewise, by application of the general rules of liability, the one who incurred in fraudulent action must satisfy the injured party for the damages and losses derived from such action." Ruling No. 032-2015. In this case, I consider that civil fraud (dolo civil) was proven, because from the actions carried out by the defendant, the victims ultimately disposed of their property, with his participation being determining in vitiating the consent of the appearing parties in the granting of acts that finally economically benefited the accused. In the same sense, the Contentious-Administrative Tribunal, Fourth Section, at eight o'clock on April tenth, two thousand fifteen, has stated: " [...]. Indeed, in contractual matters, any artificial means used to deceive and induce a person to consent to a contract is called fraud (dolo). For fraud to be a cause of nullity, it must come from the contracting party opposite the one who has been the victim of the deception. The essence lies in the deception, the false promise, the exaggeration of hopes or benefits, producing a vitiated consent. We see then that the artificial means used by a person to deceive another can be either by action or omission, i.e., positive or negative fraud. Positive fraud would consist of an art or maneuver that exceeds the limits of the cunning that all contracting parties are accustomed to using, and negative fraud, according to [Name66], will be to remain silent about a defect or anomaly." Even though, as in this case, an acquittal judgment was issued, this does not relieve the judges from analyzing the facts according to the guiding principles of extracontractual civil liability and the existence of compensable damage, because, concerning what is related to the civil action for compensation, despite it being accessory to the criminal action, it must be governed by the provisions of the general rules of the Civil Code. In this case, the civil conviction was based on the same investigated event, understood as a civil illicit act, so the manner in which the Court finally resolved is correct, and that is why annulling that part of the judgment is not appropriate. In this regard, the Criminal Cassation Chamber has considered: "(...) civil liability is independent of the commission of an illicit act: 'According to this line of thought, jurisprudence has indicated that: “... it is perfectly viable that without a criminal wrong, a conviction for civil liability proceeds, provided the requirement is met that there is another normative source distinct from the criminal law that allows such a thing...” (ruling # 619, of 11:20 hours on June 9, 2000. See in the same sense, # 1130, of 9:18 hours on November 23, 2001, both from this Third Chamber). The required normative source is found in the present case in the extracontractual liability regime contained in the Civil Code, starting from its Article 1045. On this topic, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has stated that: “... Extracontractual liability falls on whoever, outside any prior contractual relationship, has caused damage in the legal sphere of another subject, through fault, or through the initiation of a hazardous activity or creation of a social risk. This liability is not born from the non-compliance with a specific bond, but from the violation of the general duty not to harm others. Its regime is based on Articles 1045, 1046, 1047, and 1048 of the Civil Code. The first of them provides that: 'Everyone who through fraud (dolo), fault, negligence, or imprudence causes damage to another, is obliged to repair it along with the losses.' - A principle that is the foundation of all civil liability (...) In this way... to uphold a liability claim such as the one at hand, it must be convincingly demonstrated: a) The existence of the damage or injury, which must be certain, real, effective; b) The objective magnitude of the damage, that is, the claim must be worthy of protection, because if it is insignificant, legal protection does not proceed; c) The cause of the damage must have been a third party in relation to the affected person; d) The causal relationship between the damage and the illicit act that is alleged to originate it... " (Resolution # 320, of 14:20 hours on November 9, 1990). Now then, it must be clarified (because the error of the Trial Judges seems to lie on this point) that the defining characteristics of fault in the civil sphere are not identical to those governing its namesake in terms of criminal liability, since the current legal system does not consider all imprudence or negligence causing damage to a third party to be criminal (think, for example, of the criminal type of 'damages,' which does not admit its commission through fault). In the First Chamber's own decision, it is clarified that: “... civil fault (culpa) supposes a negligent, careless, unforesighted action that causes damage without wanting it… Fault (culpa) consists, then, in a lack of due care, precaution, and diligence. Diligence has been considered as the rational and ordinary caution that must accompany all acts from which damages may derive, according to the type of activity in question and what can and should be expected from a normally reasonable and sensible person, belonging to the technical sphere of the case. That is, if the person acted with the required care, attention, or perseverance and with the necessary reflection with a view to avoiding harm to the legally protected property of others. Indeed, the doctrine indicates that the required diligence covers not only the precautions and care ordered in each case by regulations but also all the prudence necessary to avoid the damage” (see ruling No. 53 of 15:10 hours on May 27, 1998. In the same sense, numbers 17 of 15:00 hours on January 29, 1992, and 398 of 16:00 hours on June 6, 2001). It is for this reason that in various precedents, the Third Chamber has insisted that the generating fact of civil liability is the damage caused and not the criminal nature of the conduct." Resolution number 2006-00087, of 15:15 hours, on February 13, 2006. Regarding the principle of accessoriness of the civil action over the criminal one, it has been established that: “…The phrase ‘when it proceeds’, contained in the third paragraph of Article 40 of the Criminal Procedure Code, must necessarily be interpreted in the sense that, despite the criminal acquittal, the court can rule on the civil action when other normative assumptions distinct from the crime subsist on which that duty to indemnify can be sustained. That is, when the proven facts are sufficient to demonstrate the existence of civil liability, without the necessity that the substantive norm generating the obligation to indemnify the damage comes from Criminal Law, and without the necessity of demonstrating the criminal or administrative liability of a specific public official. The previous interpretation is the only possible one deriving from the principles of Procedural Economy and Restrictive Interpretation, in consonance with our constitutional system, with the sole requirement that the defendant must be given the opportunity for defense…”. To this, it must be added that such normative assumptions can come from contractual or extracontractual civil liability, as in this case. Admitting the contrary would imply, as this Chamber also understood in the same cited precedent, violating the constitutional principle of swift and fulfilled justice, it being absurd to refer the party who has aired their conflict in the criminal sphere back to the judicial apparatus to protect their rights (...). Thus, as this judge considers that the trial judges based their decision on the existence of a causal link between the action of the civil defendant and the result produced, civil liability was proven. The fact that [Name65] notarially advised the victims in an irregular manner, which caused them to make patrimonial dispositions that were extremely disadvantageous to their interests, in supposed sales of properties that were highly valuable and of which, in the majority of cases, they lost their real estate, is sufficient reason to grant the civil action.

III.- Licenciado [Name67], representing the accused [Name6], filed an appeal against judgment 156-2014 (sic.), issued by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí venue, in which the accused [Name39] was convicted of the crime of Fraud (Estafa). First Ground: Erroneous and Scarce Assessment of Evidence. He highlights that the court begins by justifying its judgment with arguments such as that the victims are people of scarce economic resources and low schooling, and that they were convinced to sell their farms, an aspect that is not true, since his represented client [Name39] only made an offer to Mr. [[Name9]]; the rest of the victims, on their own initiative, offered to sell their farms, but there was no offer made to them. It was also the victims who set the price of eight million per hectare in the zone; the court mentions an extraordinary offer, but this never existed. It is mentioned that only the victims fulfilled while the accused [Name39] did not, which is not true; this accused offered bills of exchange as a payment guarantee; upon non-compliance with the first payment of the purchase-sale, what was appropriate was to enforce the guarantees due to the non-compliance. Another of the erroneous arguments that the Court highlights in its judgment is that there was no money as an initial payment, common in this type of business; the truth is that there are a large number of businesses in which there is not necessarily money, and besides, the initial payment would be made one month after signing the transfers, i.e., almost immediately. The Court highlights the lack of credibility of the bill of exchange as a credit instrument; however, it is a valid and legal instrument, so its use is according to law, no matter how much the Court dislikes it. He considers that the court's interpretation of the negotiation is inadequate, insofar as the accused [Name39] is required to have the necessary money in his accounts at the time of making the negotiations, an aspect he deems absurd, because if it had been so, one would not negotiate using credit. On the other hand, the accused at no time had the fraud (dolo) to defraud the victims, since he had the total willingness to return each one of the farms to their original owners. However, only Mr. [Name [Name68]] accepted the return, which was effectively carried out; all the others wanted the money, not the farms. However, the business deal could not be finalized because, at the time, the pretrial detention of the accused was ordered, but his intention was always to be able to fulfill his obligations to the victims.

For the appellant, it is a serious error the confusion shown by the trial court in its judgment when it equates the bill of exchange (letra de cambio) with a bounced check, commercial instruments that are totally distinct and of which the appellant sets out the differences. He requests that given the highlighted inconsistencies and the erroneous assessment of the evidence, the remedy filed be granted and the ineffectiveness of the ruling be ordered, and that the respective remand be ordered for a proper substantiation of the proceeding. (See appeal on folios 1507 to 1523) Licensed attorney [Name14], representing the accused [Name36], has filed a formal appeal against judgment 156-2014 (sic.) issued by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí venue, in the following terms: First Ground: Inaccurate assessment of the evidence received. The appellant considers that the Court makes an inadequate assessment of the evidence received during the adversarial phase. He highlights that far from conducting an analysis of the testimonial evidence received, the Court merely transcribes the facts charged by the Public Prosecutor's Office, the ruling lacking any analytical rigor. The evidence is not even contrasted in its contradictions, it being of interest that witness [Name69] is the one who makes the purchase offers, but at trial he states a diametrically opposite situation. He emphasizes that the Court omits to assess and rule on said testimony and limits itself to transcribing what the witness said without indicating whether it endorsed or discredited it, a deficiency that is shown in the rest of the testimonial evidence, however, it is more evident in the case of witness [Name70] because he is an essential witness to the facts proposed in due course by the Public Prosecutor's Office. Regarding the documentary evidence, despite having updated registry studies, the Court failed to detect that the properties of four of the victims, [Name [Name71]], [Name [Name18]] and [Name [Name29]], were never transferred, they suffered no harm, but rather the only thing they showed were expired annotations that have no validity whatsoever; in the case of [Name [Name18]], he has no annotation at all, an aspect that would have been noticed if even a superficial analysis of the evidence had been performed. Another error is evident in the analysis of the bills of exchange (letras de cambio), when it is mentioned that they were issued without economic content, an aspect that is logical, because no bill of exchange requires economic content, but rather by its nature it comprises a promise of payment to be made from a date indicated in the document. It fails to consider that the bills of exchange, even to this day, are enforceable through collection proceedings and can be annotated on the properties that [Name72] owns in his name, so it is not true that they had no validity whatsoever. Another inadequate interpretation made by the ruling, according to the appellant, is regarding the participation of the accused [Name73]; while in one part of the judgment he is referred to as a partner of [Name72], in another section he is referred to as an intermediary between [Name74] and the victims, a situation that remains unclear. More notable inaccuracies arise in the interpretation and application of the criminal offenses, especially in relation to fraud (estafa), insofar as at no time was there patrimonial harm to the victims, and at least for the four victims already indicated, the properties never left their possession. Therefore, he requests that the appealed judgment be reversed and his client be acquitted of all penalty and criminal liability; subsidiarily, that the respective remand be ordered so that it is resolved accordingly and the evident contradictions clarified. (See appeal on folios 1530 to 1544) These appeals, both that of Lic. [Name67] and Lic. [Name75], are resolved jointly because the issues raised are related to each other. The claims are admissible. There are several aspects that the trial court introduces within its analysis of the legal reasoning and criminal offenses that cannot be shared by this Chamber, especially because the criterion of persons in their manner of negotiating must be respected, as long as it is permitted by the legal system, regardless of whether it is uncommon. When beginning its analysis, the trial court stated: "The facts that have been deemed accredited herein constitute typical conduct because they are described in criminal norms as prohibited conduct, specifically Article 216 subsection 2) of the Penal Code, called Fraud (Estafa), which punishes anyone who, by causing another person to fall into error, through simulation, distortion, or concealment of true facts, injures the patrimony of another to obtain an unlawful patrimonial benefit for himself or for a third party; as well as Fraud by Simulation (Fraude de Simulación), provided for in Article 218, which punishes anyone who, to the detriment of another and to obtain any undue benefit, makes a simulated contract, act, proceeding, or judicial document, these being precisely the conducts that were accredited here as having been carried out by [Name63] with the help of [Name76] or [Name77] and the sums in the millions in a very short period were determined to be delivered through a transfer of ownership contract of their properties in favor of the accused [Name63], who almost immediately proceeded to dispose of them by selling them without paying a cent to the victims, and in the case of [[Name55]], transferring the property he had acquired from [[Name55]] to his partner [Name78], without paying her a cent, and then [Name78] mortgaged it to [Name79], who was awarded it through a public auction, [Name78] not even having visited the aforementioned property at any time, much less taken possession of it, she only appeared to sign the acceptance of the sale and then the mortgage; they are also typical because they meet the objective and subjective elements of both criminal offenses; let us see: REGARDING THE OFFENSE OF FRAUD (ESTAFA): INDUCING ERROR: All the victims, peasant farmers, simple people, with little or no formal education, some not even knowing how to read or write, poor, very poor, the vast majority of advanced age, were convinced to sell their properties, for which they would receive high sums of money, close to and even exceeding in some cases two hundred million colones, an offer that given their socio-economic conditions seemed the great opportunity of their lives, since such a situation would allow them to change their entire life of poverty and misery, as well as that of their families, and possibly die in more dignified conditions; note that due to their conditions, especially their poverty, and the climatological phenomena affecting the Guanacaste area, especially the higher part including La Cruz, the location of their properties, they had managed to produce very little wealth from them; this caused them, before such an offer, to decide to sell their lands, which had been granted to them years ago by the Institute of Agrarian Development (Instituto de Desarrollo Agrario, IDA), today INDER, precisely to help them carve out a better living situation; for these very simple people, the sums of money offered to be paid for their properties proved an irresistible bait, and everyone rushed to sell their properties, [Name80], they were told there was someone who would buy their properties, and even without knowing the buyer, who turned out to be the accused [Name81], who did not even present himself to see or tour the properties, their condition, their limits or boundaries, they agreed to sell to him, such was the goodness of the offer in their circumstances; some of the victims, on the same day they were told their property would be bought, left their place of residence in the Cuajiniquil de la Cruz area in Guanacaste for Guápiles, Pococí, Limón province, on the other side of the country, even arriving at night, to sell their property, THE OFFER PROVED (sic.) SO IRRESISTIBLE. It is true that some of the victims state that when signing in the office of the accused [Name82], they believed they were signing a purchase option, but finally all accept that they agreed to sell their properties. Selling and buying land is a lawful activity, the defense attorneys are right in that. But the victims were not paid a single cent at the moment of selling their properties, but rather they were given two bills of exchange, with the promise that the first, for fifty million colones (the same amount in all cases), would be paid to them approximately one month after the transfer was completed, and the second, for the remainder of the sale value (which in all cases was recorded as just 2.5 million colones), would be paid six months later. In their simplicity, the victims believed the promise of payment as true and agreed to sell properties to [Name72] BY MEANS OF THE SIMULATION OF FALSE FACTS OR CONCEALING TRUE ONES: The form of payment is precisely the means used to cause the victims to fall into error, since in it the accused and his assistant [Name83], with the assistance of the notary [Name82], engage in the simulation of false facts or concealment of true facts, the circumstances and the evidence specifically allowing it to be accredited BEYOND ANY DOUBT, that [Name72] NEVER HAD THE INTENTION OR WILL TO PAY ANY SUM OF MONEY TO THE VICTIMS FOR THEIR PROPERTIES. The facts demonstrate this. As the defense attorneys themselves maintain, a purchase contract is perfected by the simple agreement between the thing and the price, that is true. Therefore, the sale-purchase contract as such is a legitimate act; except that in this case, one of the parties, the sellers, fulfilled their part of the contract, transferring their property to [Name72], but [Name63] neither paid, nor has paid, nor has the intention of paying the corresponding sums to the sellers for their properties. Commercial practice teaches us that when buying a property, the seller is paid at least a portion of the sale value, and the payment of the remaining part is guaranteed with a first-degree mortgage, so that the seller can pursue the same property if his buyer does not honor payment of the unpaid part; of course, there is no impediment to paying no sum in the act of selling and buying, BUT THAT IS NOT COMMON PRACTICE; in this case, such a situation appears completely illogical due to the economic conditions of the victims, who, being very poor people, did not have the means to extend credit to their buyer, and on the contrary, it proves the bad faith of the accused [Name72] in the transaction; why were the victims not backed by a mortgage guarantee on their own properties so that they would be covered in the event of non-payment for the purchases? In their defense, the accused maintained that it was at the request of the victims, because it meant payment of expenses for which the victims did not have the money to cover them" (see folios 1465 verso to 1467 front). It is true that the victims involved have limited economic and academic resources, but that does not prevent them from being able, within the negotiation that interested them at the time, to choose to carry out a purchase and sale with payment conditioned on credit and in installments, guaranteeing their transaction with guarantees granted through bills of exchange; both the type of credit business and the use of guarantees through bills of exchange are totally valid commercial situations in force within our legal system. That the victims chose not to use mortgage guarantees in order to save on payment of registration taxes is possible and also permitted; the contracting parties are not obliged to always use a mortgage guarantee. Nor is it viable to impose on a person who buys a good on credit to have money backing their transaction, when it is indicated: "Why, because a bill of exchange whose payer does not have money to pay them, THEY ARE JUST PAPERS." (See folios 1468 verso). In reality, in a commercial transaction, where a payment guarantee is used, such as a mortgage, CED4, CED5, CED6, etc., the debtor is not required to demonstrate possession of money in their accounts to guarantee payment of the transaction; a term to be agreed upon is granted so that once they have the economic liquidity they can make the promised payment. In reality, these arguments, summarized as part of a legal reasoning, cannot be admitted, as they are contrary to the legal system itself; that it is risky is a situation that will be left to the choice of the involved persons, but that does not eliminate its legality. Therefore, the reasoning set forth is insufficient, grossly violating Article 142 of the Criminal Procedure Code, and both appeals must be granted; the appealed judgment is annulled as well as the trial that preceded it, and in order for a lawful reasoning to be conducted, a remand trial is ordered for what is legally appropriate. The remand trial will address the entirety of the criminal action brought against the accused [Name40] and [Name39]; the acquittal of the accused [Name35] remains unchanged.

IV.- Licensed attorney [Name13], in his capacity as representative of the civil plaintiffs and the Civil Defense Office for the Victim (Oficina de Defensa Civil de la Víctima), filed an appeal against judgment number 156-2014 (sic.), issued by the Criminal Trial Court of the Second Judicial Circuit of the Atlantic Zone, Pococí venue, in the terms described below. First Ground. Violation of due process. The appellant does not share the Court's criterion of granting the civil conviction but referring the parties to the civil jurisdiction in defense of their rights, due to the existence of third-party rights that are debatable, in addition to not declaring the instrument falsity (falsedad instrumental) of the transfers of the victims' properties and returning them to their original owners. The appellant also does not share the criterion that admitting third parties denatures the criminal proceeding; on the contrary, for the appellant, it is a duty of the court to grant the right to be heard and to participate to those whose rights may be affected. He highlights, on the other hand, that the majority of the properties were mortgaged in favor of Mr. [Name [Name32]], who did participate as a complainant with civil action but was excluded by the Criminal Judge, in addition to the fact that the non-application of Article 491 clearly affects the victims who cannot go to another proceeding due to their economic limitations, and this interpretation in the judgment puts their properties in definitive risk. He considers that although there are third-party rights that deserve to be protected, they cannot supersede the rights of those who had absolute right over the properties that belonged to them, in addition to it being extremely burdensome for them to resort to the ordinary civil jurisdiction to claim the defense of their rights, considering it unjust that due to an omission that can be corrected, rights are attended to third parties without denaturing the criminal proceeding. Second Ground: Erroneous application of substantive law. He considers that the Court, when issuing its judgment and specifically in relation to the fees in favor of the Civil Defense Office for the Victim, mistakenly interpreted Article 266 of the Criminal Procedure Code, inasmuch as even though it partially awards an abstract sum, it does establish a liquid and enforceable amount for moral damages. He explains that the abstract award was for material damages, but in relation to moral damages, the Court granted seven of the victims ten million colones each for moral damages, for a total of seventy million colones. Therefore, the Office should be granted 20 percent on 15 million colones, and on the excess, which is 55 million, fifteen percent should be calculated. The appropriate amount for costs in relation to the amount granted should be eleven million two hundred fifty thousand colones. He requests that this appeal be granted, ordering a remand in which the right to be heard must be given to possible affected parties, and in this way elucidate the protection of the property rights related to the properties subject to this appeal so that only the request for a declaration of instrument falsity (falsedad instrumental) is heard. He therefore requests that the judgment remain unaltered regarding the civil and criminal aspects, and for reasons of procedural economy, the instrument falsity (falsedad instrumental) of the mortgages granted in favor of Mr. [Name [Name32]] be declared, and the correct amount for fees in favor of the Civil Defense Office for the Victim be granted, according to the fee decree in force at the date of the facts. (See appeal on folios 1524 to 1529). Both grounds are resolved jointly because the issues raised are related. The claims are admissible. There are several topics of interest raised by the representation of the civil plaintiff party through the Civil Defense Office for the Victim, and to organize the treatment of each of the arguments, this considering clause is subdivided as follows: A.- Regarding the right to be heard. There are several assessments that the trial court made when rejecting the civil plaintiffs' request to declare the instrument falsity (falsedad instrumental) of the deeds that affected their interests in relation to the properties that were transferred in due course in favor of [Name84]. In this regard, it stated: "REGARDING THE REQUEST FOR DECLARATION OF INSTRUMENT FALSITY (FALSEDAD INSTRUMENTAL): The interested parties must resort to the civil jurisdiction to elucidate the protection of the property rights related to the properties subject to this proceeding in view of what has been resolved herein. For this purpose, the annotations made in the registry entries shall be maintained for up to ten years, while the corresponding matter is resolved in said jurisdiction, in attention to the existence of third parties with legitimate or protectable interests. In analyzing this petition from the attorney of the civil defense office for the victim, the Court finds a rather complex situation. We have no doubt that the purchase and sale transactions, having been carried out with deceit, are fraudulent, since they were made knowing that the buyer, [Name72], did not have the money to pay the price agreed upon for them, and recourse was had to granting the victims two bills of exchange without economic content to back them, solely as a means to get the victims to consent to hand over their lands to [Name72] and thus later obtain an undue patrimonial benefit, undue because he would never honor the payment of the agreed price, and the payment guarantee he granted to the peasant farmers is a spurious instrument because the buyer has neither the money nor other assets against which to enforce said bills of exchange. This is sufficient reason to order the annulment of the respective deeds, excluding, as already indicated, the case of [Name [Name68]] whose property was returned to her; however, since the properties were immediately mortgaged to third parties, mortgage liens that appear in the mortgage deeds on folios 17, 42, 63, 82, 146 and 177, noted in the registry registration entries of the properties, which is also possible (sic.) to observe from the updated consultation of the Public Registry that appear on folios 1191 to 1207; to resolve this point, due process must be respected for third parties with legitimate interests that could be protected, that is, these third parties should have been brought into the proceeding, which was not done, but had it been done, it would have entailed the denaturation of the criminal proceeding at hand due to the nature of the rights and the corresponding actions of some and other interested parties. We do not know the status of these mortgage loans, whether foreclosures have been filed or not, and if filed, it would have to be determined in what type of proceeding the matter should be resolved. In the case of [Name [Name22]], it must be determined whether the mortgage foreclosure attested to by the annotations registered have complied with due process to her as the current possessor of the lands, and there is also an open criminal proceeding against [Name85], the outcome of which we are unaware. It is notorious that the rights of the victims over their properties have become litigious rights, which by their nature must be heard in the ordinary civil jurisdiction, calling upon all those who may have interests deserving of possible judicial protection. The most prudent course is therefore to adhere to the provisions of Article 491 of the Criminal Procedure Code and order that this aspect be elucidated in the civil jurisdiction, where what has been heard in this proceeding and judgment will become an input for what must be resolved in that regard. The Court cannot resolve this point without having granted a hearing to the third-party annotators. What powerfully calls the Court's attention, and we do not want to fail to point it out, is the fact that according to all the victims, without exception, up to the days they testified at trial, NOT A SINGLE ONE OF THE TODAY'S MORTGAGE CREDITORS HAS EVER SHOWN UP at the victims' properties and houses, neither to get to know the properties and their nature, nor to find out who has possession of them or why for the lands, it having been accredited, by the statements of the victims, by the statements of the accused, by the statement of [Name86], that they continue in the possession of the victims, and this possession alone must already be analyzed as an object of protection in the jurisdictional venue; nor has any single one of the accused been notified of the existence of a civil collection action as third-party possessors, not even [Name [Name22]], according to her statement, in whose case it appears in the Public Registry consultation visible at folio 1200 that her property had already been awarded to the German [Name87], for having been auctioned for non-payment of the mortgage that [Name63] imposed on it through [Name85]; we ask ourselves how such a thing occurred if [[Name55]] continues to maintain possession of the property, and she says she is unaware of everything regarding that award. The mortgage creditors of [Name63] appeared to state that they would be willing to change the guarantees provided they returned his freedom, including Mr. [Name [Name32]], as recorded on folio 382 and 484, even calling himself 'presumed creditor' in a document authenticated by the same attorney and notary who performed all the mortgages, except one? The most striking case is that of [Name [Name32]], who, like in the other cases, the victims indicate has not visited Cuajiniquil, nor any of the properties, despite the fact that according to the copies of the mortgages appearing in the file at the folios already cited, and the Public Registry consultations from folios 1191 to 1207, he would have granted credits to [Name63] for over one hundred million colones, mortgaging the properties of several of the victims here. We ask ourselves: how is it that someone lends such an amount of money without seeing the asset that will serve as their guarantee, without knowing its state, its nature, its condition; how is it that more than two years have passed since he apparently granted said credits and there is no record anywhere that he has filed any collection claim for those credits, knowing, as it has been accredited, that [Name63] had no money to honor said credits? Of course, we are not unaware that Mr. [Name88] appeared in this proceeding trying to be considered an injured party and complainant on the occasion of said credits, but that is as far as it went. We ask ourselves: could it be that there was a group behind Mr. [Name74], interested in acquiring those lands with the help of [Name72]? The accused began his statement by indicating that those lands had been requested from him by [Name89] and [Name90]. It is possible that Mr. [Name [Name32]] is merely a third party of good faith; the Court cannot gratuitously assume illegitimate conduct, but given the data indicated, it is mandatory and seems healthy for us to request the Public Prosecutor's Office to investigate whether it is possible that he acted in collusion with the accused [Name63], [Name76], and other persons interested in acquiring the lands of the Cuajiniquil peasant farmers. That is why it will be ordered to add to the dispositive part of this judgment in this regard and in relation to Mr. [Name [Name91] folios 1478 front to 1479 verso)." It is true that the right of third parties to be heard is a necessary part so that they can exercise the defense of their rights, in application of due process, as established in Article 39 of the Political Constitution, but that does not imply that their interests must be separated from the criminal proceeding, because contrary to what the trial court reasons, for this Chamber the legislator has been accommodating the necessary procedural mechanisms so that within the criminal proceeding, the corresponding civil claims can be made. This is done through the mechanism of the civil action for damages (acción civil resarcitoria), contemplated in Articles 37 to 41 of the Criminal Procedure Code, and the exercise of which is established from Articles 111 to 124 of the same legal body, which allows contemplating the rights to compensation without denaturing the criminal proceeding. These arguments are clear in relation to those who appear in the proceeding in defense of their rights, as is the case of the victims represented by the Civil Defense Office for the Victim, but that does not mean they are the only persons who could be affected by the crime. This concept is broader because it must also contemplate the rights of the injured parties and third parties of good faith, who have not claimed civilly but have the right to be heard within the proceeding and to be informed of it in protection of their rights, as indicated in Article 70 of the Criminal Procedure Code, which textually states: "Article 70.- Victims The following shall be considered victims: a) The person directly harmed by the crime. b) The spouse, the cohabiting partner with more than two years of common life, the son or daughter, the adoptive mother and father, relatives within the third degree of consanguinity or the second degree of affinity, and the judicially declared heir, in crimes whose result is the death of the victim. c) Partner persons, associates, or members, regarding crimes that affect a legal entity, committed by those who direct, administer, or control it. d) Associations, foundations, and other entities of a registered nature, in crimes that affect collective or diffuse interests, provided that the purpose of the group is directly linked to those interests. (As amended by Article 16 of the Law for the Protection of Victims, Witnesses, and other Participants in the Criminal Proceeding No. 8720 of March 4, 2009)." Contemplating the participation of these parties does not imply denaturing the criminal proceeding either; in fact, the protection of the rights of the victims, direct and indirect, of the crime does not alter the criminal proceeding at all; on the contrary, the legislator's interest is to protect them. This allows that, with the participation of the creditors who provided funds with guarantees on the properties of interest in this case, they can be included within the concept of those injured by the crime or interested third parties of good faith, whose rights can be protected within this same proceeding without having to resort to a different one. Therefore, for the remand trial, all creditors or persons who are affected by the instrument nullity (nulidad instrumental) of the deeds must be called to the proceeding so that they have the opportunity to defend their rights, having to assume the proceeding in the state in which it finds itself, this so that they do not have to resort to another proceeding and thus make effective the principle of effective judicial protection contemplated in Article 41 of the Political Constitution. Therefore, the claim is granted, and the judgment is annulled regarding the civil action for damages (acción civil resarcitoria). b.- Regarding costs based on the judgment. In view of the fact that the first part of the appeal has been accepted, it is omitted to rule on costs as it is unnecessary.

V.- REGARDING THE PRECAUTIONARY MEASURE. Given that this Chamber is annulling the appealed judgment and ordering the remand trial against the accused [Name40] and [Name39], it is considered necessary to extend the precautionary measure of pretrial detention of the accused [Name84], with the sole purpose of ensuring his presence at the remand trial. Therefore, in accordance with the provisions of Article 258 of the Criminal Procedure Code, the current precautionary measure of pretrial detention is extended for SIX MONTHS, from November 5, 2016, to May 05, 2017.-

POR TANTO:

The appeals filed are granted with the following procedural consequences: By majority, the appealed judgment is partially annulled in relation to the civil action for damages (acción civil resarcitoria), which is dismissed against the accused [Name3]. Judge [Name64] casts a dissenting vote. Unanimously, the appealed judgment and the trial that preceded it are annulled against the accused [Name36] and [Name84], against whom a remand trial is ordered before the court of origin so that, with a new composition, it may resolve what is legally appropriate. The acquittal of the accused [Name3] remains unchanged.

The judgment is also annulled with regard to the civil action for damages filed against [Name92] and [Name93]. The pretrial detention of the accused [Name84] is extended for a period of SIX MONTHS, running from November 5, 2016, until May 5, 2017. NOTIFY.- Roy Antonio Badilla Rojas [Name10] Giovanni Mena Artavia Judges of the Criminal Sentence Appeals Court Accused: [Name1] AND OTHERS Victim: [[Name9] ] AND OTHERS Crime: FRAUD AND OTHER MAVILLALOBOS Classification prepared by the JUDICIAL INFORMATION CENTER of the Judicial Branch. Its reproduction and/or distribution for a fee is prohibited.

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Tribunal de Apelación de Sentencia Penal II Circuito Judicial de San José Clase de asunto: Recurso de apelación Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Sentencia con Voto Salvado Sentencia con datos protegidos, de conformidad con la normativa vigente Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto salvado Rama del Derecho: Derecho Procesal Penal Tema: Acción civil resarcitoria Subtemas:

Concepto de dolo civil, tipos y requisitos para que vicie la voluntad. Absolutoria no impide que se declare con lugar.

Tema: Dolo en materia civil Subtemas:

Concepto, tipos y requisitos para que vicie la voluntad.

“II.-Voto salvado de la Jueza [Nombre1] . Aún cuando respeto profundamente el criterio de mis compañeros Jueces, debo apartarme de este, por lo siguiente: Considero que la Acción Civil decretada en contra del justiciable [Nombre2] , fue debidamente sustanciada por el a quo, y además de que dicha vinculación se logra a través de un correcta interpretación de la materia civil que rige ese tipo de procesos, puesto que a pesar de que se haya dictado una sentencia absolutoria efectivamente persistía la responsabilidad civil. Resulta relevante considerar que jurisprudencialmente el dolo civil se ha establecido como: " toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee por una de las partes para conseguir la ejecución del acto jurídico. El dolo determinante y dolo incidental, el primero está constituido por las maquinaciones que, en definitiva, llevan a la persona a celebrar el acto. El incidental es aquel que no resulta determinante del acto; por tanto, no lo invalida. Sin embargo, el que lo hubiere cometido debe indemnizar a la otra parte el daño que de aquél se hubiere derivado. El dolo puede ser positivo o negativo, según que el vicio de la voluntad resulte de una acción o de una omisión fraudulenta, respectivamente.El dolo debe reunir los requisitos, para ser vicio de la voluntad: debe ser grave; determinante del otorgamiento del acto por la contraparte; debe haber causado un daño importante; no debe tratarse de dolo recíproco. Cuando reúna los requisitos expuestos, el dolo determinará la nulidad del acto (el acto será anulable, de nulidad relativa). Asimismo, por aplicación de las reglas generales de la responsabilidad, el que hubiere incurrido en acción dolosa deberá satisfacer al perjudicado los daños y perjuicios derivados de tal acción".Voto N° 032-2015. En este caso, considero que el dolo civil, se acreditó pues a partir de las acciones llevadas a cabo por el justiciable, las víctimas finalmente dispusieron de su patrimonio, siendo su participación determinante para viciar la voluntad de los comparecientes en el otorgamiento de actos que finalmente beneficiaron económicamente a los imputados. En igual sentido el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, a las ocho horas del diez de abril de dos mil quince, ha dicho: " [...]. En efecto, en materia de contratación se denomina dolo todo medio artificioso que se emplea para engañar e inducir a una persona a consentir en un contrato. Para que el dolo sea causa de nulidad debe provenir del contratante contrario al que ha sido víctima del engaño. La esencia está en el engaño, la falsa promesa, la exageración de esperanzas o beneficios, produciéndose un consentimiento viciado. Vemos entonces que los medios artificiosos de los que se vale una persona, para engañar a otra pueden ser tanto de acción como de omisión, es decir dolo positivo o negativo. El dolo positivo consistiría en un arte o maniobra que excedan los límites de la astucia que acostumbran emplear todos los contratantes, y dolo negativo según [Nombre3] será callar un defecto o anomalía". A pesar de que como en este caso se haya dispuesto, el dictado de una sentencia absolutoria, ello no releva a los juzgadores de analizar los hechos, según los principios informadores de la responsabilidad civil extracontractual, y la existencia de un daño resarcible, por cuanto, entratándose de lo relativo a la acción civil resarcitoria, a pesar de que está es accesoria de lo penal debe regirse por lo dispuesto en las normas generales del Código Civil. En este caso la condenatoria civil se fundamentó en el mismo evento investigado, entendido, como ilícito civil, por lo que la manera en la que finalmente resolvió el Tribunal, resulta correcta, y es por ello es que no procede anular esa parte de la sentencia. Al respecto, la Sala Casación Penal, ha considerado: "(...) la responsabilidad civil es independiente de la comisión de un ilícito:“Conforme a este orden de ideas, ha indicado la jurisprudencia que: “... es perfectamente viable el que sin un injusto penal, proceda la condena por responsabilidad civil, siempre que se cumpla con la exigencia de que haya otra fuente normativa distinta del ordenamiento penal que permita tal cosa...”, (fallo # 619, de 11:20 horas del 9 de junio de 2000. Ver en igual sentido, # 1130, de 9:18 horas del 23 de noviembre de 2001, ambas de esta Sala Tercera). La fuente normativa requerida, se encuentra en el presente caso en el régimen de responsabilidad extracontractual contenido en el Código Civil, partiendo de su artículo 1045. Sobre este tópico, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado, que: “... La responsabilidad extracontractual recae sobre quien, fuera de toda relación contractual previa, ha causado un daño en la esfera jurídica de otro sujeto, por culpa, o a través de la puesta en marcha de una actividad riesgosa o creación de un riesgo social. Esta responsabilidad no nace del incumplimiento de un vínculo determinado, sino de la violación del deber general de no dañar a los otros. Su régimen está basado en los artículos 1045, 1046, 1047 y 1048 del Código Civil. El primero de ellos dispone que: "Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios".- Principio que es fundamento de toda responsabilidad civil (...) De esta forma... para acoger un reclamo de responsabilidad como el de marras, debe quedar fehacientemente demostrado: a) La existencia del daño o perjuicio, los cuales deben ser ciertos, reales, efectivos; b) La magnitud objetiva del daño, es decir, el reclamo debe ser merecedor de amparo, pues si es insignificante la protección jurídica no procede; c) El causante del daño haya sido un tercero en relación con el afectado; d) La relación de causalidad entre el daño y el actuar ilícito que se alega lo origina... ", (Resolución # 320, de 14:20 horas del 9 de noviembre de 1990). Ahora bien, debe aclararse (porque en este punto parece versar el yerro de los Juzgadores de instancia) que los caracteres definitorios de la culpa en sede civil, no son idénticos a los que rigen a su homónima en términos de responsabilidad penal, pues el ordenamiento jurídico vigente no considera delictiva toda imprudencia o negligencia causante de daño a un tercero (piénsese verbigracia, en el tipo penal de “daños”, que no admite su comisión a modo de culpa). En la propia decisión de la Sala Primera se aclara, que: “... la culpa supone un actuar negligente, descuidado, imprevisor que causa un daño sin quererlo… La culpa consiste, entonces, en una falta de cuidado, precaución y diligencia exigibles. La diligencia se ha considerado como la racional y ordinaria cautela que debe acompañar a todos los actos de los que puedan derivarse daños, según la clase de actividad de que se trate y la que puede y debe esperarse de persona, normalmente razonable y sensata, perteneciente a la esfera técnica del caso. Es decir, si la persona obró con el cuidado, atención o perseverancia exigibles y con la reflexión necesaria con vistas a evitar el perjuicio de bienes ajenos, jurídicamente protegidos. Incluso, la doctrina indica que la diligencia obligada no abarca sólo las precauciones y cuidados ordenados en cada caso por los reglamentos, sino también toda la prudencia precisa para evitar el daño”, (ver voto Nº 53 de las 15:10 horas del 27 de mayo de 1998. En el mismo sentido los números 17 de las 15:00 horas del 29 de enero de 1992 y 398 de 16:00 horas del 6 de junio del 2001). Es por eso, que en distintos antecedentes la Sala Tercera ha insistido en que el hecho generador de la responsabilidad civil es el daño ocasionado y no en el carácter delictivo de la conducta.” Resolución número 2006-00087, de las 15:15 horas, del 13 de febrero de 2006. En cuanto al principio de accesoriedad de la acción civil sobre la penal, se ha establecido que: “…La frase ‘cuando proceda’, contenida en el párrafo tercero del artículo 40 del Código Procesal Penal debe necesariamente interpretarse en el sentido de que, a pesar de la absolutoria penal, el tribunal puede pronunciarse sobre la acción civil cuando subsistan otros supuestos normativos distintos al delito en los cuales pueda sustentarse ese deber de indemnizar. Es decir, cuando los hechos acreditados sean suficientes para demostrar la existencia de responsabilidad civil, sin necesidad de que la norma sustantiva que genera la obligación de indemnizar el daño proceda del Derecho Penal, y sin necesidad de que se demuestre la responsabilidad penal o administrativa de un funcionario público determinado. La anterior interpretación es la única posible a derivar de los principios de Economía Procesal e Interpretación Restrictiva, en consonancia con nuestro ordenamiento constitucional, con el único requisito de que debe concederse al demandado oportunidad de defensa…”. A lo que habrá que añadirse que tales supuestos normativos pueden provenir de una responsabilidad civil contractual, o extracontractual, como en este caso. Admitir lo contrario implicaría, como también lo entendió esta Cámara en el mismo precedente citado, violentar el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, resultando un absurdo remitir a la parte, que ha ventilado su conflicto en sede penal acuda nuevamente al aparato judicial en resguardo de sus derechos (...). Así las cosas, al considerar esta juzgadora que los jueces de instancia se basaron en la existencia de un vínculo causal entre el accionar del demandado civil y el resultado producido, la responsabilidad civil se acreditó. El hecho de que [Nombre2] asesorara notarialmente a los ofendidos, de manera irregular, lo cual hizo que tomaran disposiciones patrimoniales [Nombre4] a sus intereses, en supuestas ventas de propiedades, que eran sumamente valiosas y de las cuales en la mayoría de casos perdieron sus inmuebles, es motivo suficiente para declarar con lugar la acción civil.” ... Ver más Sentencias Relacionadas Resolución: [Telf1] TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las trece horas cincuenta minutos, del doce de octubre de dos mil dieciséis.- RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre1] , mayor, costarricense, cédula de identidad número CED1, nacido en San José el 28 de julio de 1978, hijo de [Nombre1] y [Nombre2] , vecino de Quepos; [Nombre3] , mayor, costarricense, cédula de identidad número CED2, nacido el 14 de diciembre de 1965, hijo de [Nombre4] y [Nombre5] , vecino de Pococí y [Nombre6] , mayor, costarricense, CED3 , nacido en San José el 22 de enero de 1975, hijo de [Nombre7] y [Nombre8] , vecino de Acosta; por el delito de ESTAFA Y OTRO, en perjuicio de [[Nombre9] ] Y OTROS. Intervienen en la decisión del recurso, el juez Roy Antonio Badilla Rojas, la jueza [Nombre10] y el juez Giovanni Mena Artavia. Se aperson aron en esta sede el licenciado [Nombre11] en su condición de defensor particular del imputado [Nombre3] , el licenciado [Nombre12] en calidad de defensor particular del encartado [Nombre6] , el licenciado [Nombre13] , como abogado de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, el licenciado [Nombre14] , defensor particular del encausado [Nombre1] . Contestó la licenciada [Nombre15] , en representación de la Fiscalía Adjunta de Pococí y Guácimo del Ministerio Público y el licenciado [Nombre13] , como abogado de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima.

RESULTANDO:

I.- Que mediante sentencia número 156-201 6 , de las quince horas del doce de abril de dos mil dieciséis, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Guápiles, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con las reglas de la sana crítica racional, artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 28, 39 y 41 de la Constitución Política, 1, 18, 30, 31, 45 y 47, 71, 73 y 103, 216 y 218 del Código Penal reglas vigentes sobre responsabilidad civil del Código Penal de 1941; artículos 6 y 16 del Código Notarial, 1, 6, 9, 142, 265 a 270, 360, 361, 363 a 365, 366, 367, 368, 491 y 492 del Código Procesal Penal, al resolver este asunto por unanimidad se acuerda: ABSOLVER de toda pena y responsabilidad a [Nombre6] , [Nombre1] Y [Nombre16] por los hechos en relación con el señor [[Nombre9] ], ABSOLVER de responsabilidad penal a [Nombre16] por los delitos acusados; DECLARAR a [Nombre6] autor y a [Nombre1] , cómplice, responsables de OCHO delitos de Estafa consumada en concurso material, en perjuicio de [Nombre [Nombre17]], [Nombre [Nombre18]], [Nombre [Nombre19]], [Nombre [Nombre20]] y [Nombre [Nombre21]], [Nombre [Nombre22]] y [Nombre [Nombre23]], [Nombre [Nombre24]] y [Nombre [Nombre25]], [Nombre [Nombre26]] y [Nombre [Nombre27]], [Nombre [Nombre28]] y [Nombre [Nombre29]]; DECLARAR a [Nombre6] , autor responsable de Un delito de Fraude de Simulación en perjuicio de [Nombre [Nombre22]] y [Nombre [Nombre23]], y por ello se les impone las siguientes penas: a [Nombre6] , Cuatro años de prisión por cada delito de estafa y Siete años de prisión por el delito de Fraude de Simulación, para un total de Treinta y nueve años de prisión, que por las reglas de la penalidad del concurso material se adecuan a VEINTIÚN AÑOS DE PRISIÓN como la pena que finalmente deberá descontar; a [Nombre1] se le impone una pena de Un año de prisión por cada delito de estafa para un total de Ocho años de prisión que por las reglas de penalidad del concurso material se adecúan a TRES AÑOS DE PRISIÓN, como la pena que finalmente deberá descontar; la pena impuesta deberán descontarla los condenados en el lugar y condiciones que establezcan los reglamentos penitenciarios previo abono de la prisión preventiva que hubieren sufrido, y por el monto de la pena impuesta no se concede beneficio judicial alguno al imputado [Nombre6] ; al condenado [Nombre1] se le concede el beneficio de la ejecución condicional de la pena por un plazo de Cinco años en el cual no podrá cometer nuevo delito doloso en el que se le imponga una pena de prisión superior a seis meses, pues de hacerlo deberá descontar la que en esta sentencia se suspende. SE DECLARA CON LUGAR en todos sus extremos la Acción Civil Resarcitoria interpuesta por medio de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima en favor de [Nombre [Nombre17]], [Nombre [Nombre18]], [Nombre [Nombre30] ], [Nombre [Nombre22]] , [Nombre [Nombre24]], [Nombre [Nombre26]] y en contra de [Nombre31] , [Nombre6] y [Nombre1] , a quienes se les condena por ello a pagar en forma solidaria a los actores civiles los daños materiales, los morales que con su actuar se ha determinado produjeron a los ofendidos, lo mismo que ambas costas de la Acción Civil Resarcitoria en favor de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público; en cuanto a los daños materiales se condena en abstracto por no contar el Tribunal con elementos suficientes para determinar la cuantía de los mismos, en cuanto al daño moral se fija el monto a pagar a cada ofendido constituido en actor civil la suma de DIEZ MILLONES DE COLONES ; y respecto de las costas, al no poderse fijar en este acto el monto a indemnizar por concepto de daño material se condena igualmente en abstracto; respecto de los montos por concepto de daño moral se establece un plazo de quince días a partir de la firmeza de la sentencia para que los condenados civiles paguen a los ofendidos las sumas fijadas, y de no hacerlo en dicho plazo deberán acudir los interesados a la vía civil, igualmente que deberán hacerlo para la definición y pago de los rubros correspondientes a daño material y costas. Las partes interesadas deberán acudir a la vía civil a dilucidar la tutela de los derechos de propiedad relacionados con las fincas objeto de este proceso y con vista de lo aquí resuelto, para lo cual se mantendrán las anotaciones realizadas en los asientos registrales hasta por diez años, mientras se resuelve en dicha vía lo correspondiente, en atención a la existencia de terceros con intereses legítimos o tutelables. SE PRORROGA la prisión preventiva del condenado [Nombre6] por un plazo de SEIS MESES a partir de esta fecha y hasta el DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. En lo penal se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se ordena testimoniar las piezas necesarias y poner en conocimiento de la Dirección General de Notariado, como del Ministerio Público para que se investigue la conducta del imputado [Nombre31] en relación con estos hechos en su función de notario Público, como lo referente al monto consignado como valor de venta de las fincas y el monto real de los negocios de compra venta. Firme esta sentencia comuníquese lo correspondiente al Juez de Ejecución de la Pena, al Instituto Nacional de Criminología, al Registro Judicial. Mediante lectura notifíquese..- SE ADICIONA POR TANTO Se adiciona la parte dispositiva de la sentencia anterior en el sentido de agregar que se ordena testimoniar piezas ante el Ministerio Público a efecto de que se investigue si el señor [Nombre [Nombre32]] tiene alguna participación delictiva en los hechos investigados en relación con las hipotecas que se otorgaron a su favor. " (sic.,).

II.- Que contra el anterior pronunciamiento interpus ieron recurso de apelación el licenciado [Nombre11] en su condición de defensor particular del imputado [Nombre3] , el licenciado [Nombre12] en calidad de defensor particular del encartado [Nombre6] , el licenciado [Nombre13] , como abogado de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, el licenciado [Nombre14] , defensor particular del encausado [Nombre1] .

III.- Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de apelación.

IV.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Apelación de Sentencia Penal [Nombre33] ; y,

CONSIDERANDO:

l.- El Lic. [Nombre34] defensor particular del encartado [Nombre3] , ha promovido formal recurso de apelación en contra de la sentencia número 156-2014(sic.), dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, de las 16:00 horas del 19 de abril de 2016, en la que se absolvió penalmente al acusado y se le condenó a su representado [Nombre35] como responsable civil solidario junto con los co encartados [Nombre6] y [Nombre1] , por los daños sufridos por los ofendidos y ambas costas en favor de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima. Primer motivo: Disconformidad con la fundamentación jurídica a la que llega el tribunal en la citada sentencia, para condenar civilmente al encartado [Nombre35] . Resalta que a pesar de que al encartado [Nombre35] no se le tiene como responsable penal de los hechos investigados, ni en calidad de autor y menos de cómplice se le condena civilmente por daños, perjuicios y costas, por una supuesta falta de orden notarial en sus deberes como Notario Público, violentando claramente los principios de Juez Natural y legalidad, debido a que las faltas en esta jurisdicción se resuelven por parte del Juzgado Notarial, el Tribunal Notarial y la Sala Primera, según sea el caso, criterios jurisdiccionales que han sido sumamente reiterados. Destaca que el Tribunal de Guápiles si estimaba que se incurrió en una responsabilidad disciplinaria a nivel notarial, debió ordenar el respectivo testimonio de piezas ante el Juzgado Notarial, para que el encartado tuviera la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y presentar su prueba de descargo, siendo juzgado por un órgano integrado por especialistas en materia notarial, siendo evidente que se violentó el principio de juez natural, por intromisión en una competencia ajena y además el principio de legalidad fue quebrantado impidiendo ejercer en este caso un debido proceso. Considera que existe falta de fundamentación de la pena, por cuanto se condenó civilmente a su representado por un hecho atípico, respaldado por el artículo 311 inciso b, siendo injustificado que se determinara una responsabilidad en daños perjuicios y costas, cuya determinación se debió dar en sede notarial. Segundo Motivo. Falta de fundamentación jurídica. Se violenta el debido proceso y el derecho de Defensa. Estima que la condenatoria civil de la cual es objeto el encartado [Nombre35] en la sentencia, se realiza en absoluta contradicción al principio de correlación entre acusación y sentencia. Propone que si se analiza la acusación planteada por el Ministerio Público y los hechos propuestos por la Defensa Civil de la Víctima en contra de [Nombre35] , se puede determinar con facilidad que son hechos totalmente diversos a los tenidos por demostrados por el tribunal, en el tanto los de la acusación y los de la acción civil, se respaldan en un nexo de causalidad existente por la actuación conjunta con los otros acusados, sin embargo, el Tribunal estimó que en el caso de este acusado, dicha actuación es atípica, sin embargo, lo condena de forma solidaria al pago de daños perjuicios y costas en favor de los ofendidos por una supuesta falta a su deber notarial. Solicita se declare con lugar el motivo y se anule la sentencia impugnada. Tercer Motivo. Falta de fundamentación jurídica. Se violentan el debido proceso y el derecho de defensa. Muestra el recurrente disconformidad con los argumentos expuestos por el tribunal al considerar que el hecho acusado a su representado es atípico, sin embargo, le condena civilmente, argumentando como fundamento que existe responsabilidad desde el punto de vista del Derecho Notarial. Solicita se anule la sentencia al incurrirse en la falta de fundamentación por haberse dictado una sentencia absolutoria por duda cuando debió ser por certeza al considerarse que el hecho acusado era atípico. (Ver recurso de folios 1491 a 1506) Se resuelven los tres motivos de manera conjunta por ser los temas tratados conexos entre sí. El reclamo es atendible. Luego de revisado el fallo impugnado de manera integral, se puede determinar que existe un serio problema de congruencia, entre lo planteado en la acción civil resarcitoria y lo condenado en el momento de examinar dicha demanda. Nótese en la relación de hecho de la acción civil resarcitoria se planteó lo siguiente: "HECHOS DE LA ACCION CIVIL RESARCITORIA: Primero: Los imputados y demandado civiles [Nombre36] , [Nombre6] y [Nombre37] , de común acuerdo y con pleno dominio del hecho, idearon un plan a efecto de obtener un beneficio patrimonial indebido, mediante el cual despojarían a personas humildes de sus propiedades, para lo cual los engañarían haciéndoles creer falsamente que les iban a comprar sus propiedades en sumas exhorbitantes de dinero, por lo que los ofendido y actores civiles ante esas propuestas aceptarían venderlas e inducidas en error firmaron documentos en los que les hacían creer que eran opciones de venta, cuando en realidad serían los traspasos formales de las propiedades a cambio les entregarían letras de cambio para mantenerlos en error, haciéndoles creer falsamente que en las fechas que en ellas se señalaban les iban a realizar el pago de la venta de sus propiedades, posteriormente una vez que los ofendidos y actores civiles firmaran los traspasos el imputado y demandado civil [Nombre6] procedía a hipotecar esas propiedades a favor de terceras personas. Segundo: A finales del mes de octubre del año dos mil trece, sin precisar fecha exacta, el encartado y demandado civil [Nombre36] se presentó al negocio denominado Bar El Sarpe propiedad del ofendido y actor civil [[Nombre38] ], sita en Cuajiniquil de la Cruz, Guanacaste, a quien con la finalidad de llevar a cabo el plan delictivo ideado junto con los acusados y demandados civiles [Nombre6] y [Nombre3] y obtener un beneficio patrimonial indebido, le indicó que el encartado y demandado civil [Nombre39] estaba interesado en comprarle su finca ubicada en Cuajiniquil de la Cruz de Guanacaste dos kilómetros sur del centro de Cuajiniquil en la suma de ciento noventa y un millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos diez colones (¢ 191.999.410,00), indicándole el imputado [Nombre40] que debía de firmar primero el traspaso de su propiedad para que el imputado [Nombre39] pudiera obtener el dinero y así cancelarle, por lo que el día once de noviembre de dos mil trece el encartado [Nombre40] llevó al ofendido [Nombre [Nombre41]] hasta la oficina del abogado y notario e imputado y demandado civil [Nombre3] , sita en Guápiles cincuenta metros sur de Palí, lugar en el que el ofendido inducido a error, bajo la creencia que le pagarían su propiedad y que firmaba una opción de venta, lo que realmente firmó fue la escritura pública número 292 visible al folio 147 vuelto del tomo 21 del protocolo del licenciado [Nombre35] , que corresponde al traspaso de su propiedad, la cual se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, partido de Guanacaste matrícula [Placa1] por un monto de dos millones quinientos mil colones (¢ 2.500.000,00)Y en el acto el imputado [Nombre39] le firmó dos letras de cambio, una por un monto de cincuenta millones de colones (¢ 50.000.000,00) a vencer el día veintiséis de diciembre de dos mil trece y la otra por monto de ciento cuarenta y un millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos diez colones (¢ 141.999.410,00)a vencer el día once de junio de dos mil catorce, con las cuales mantendría en error al ofendido haciéndole creer que si le pagaría lo cual no sucedió ya que a la fecha no se le ha cancelado. Tercero: Para terminar de obtener un beneficio patrimonial indebido para sí, el encartado [Nombre6] , el día trece de noviembre de dos mil trece ante la notaria [Nombre42] , en la ciudad de San José, según escritura 309 visible a folio 179 vuelto del tomo 4 de su protocolo, procedió a hipotecar la propiedad del ofendido [Nombre [Nombre17]] a favor de [Nombre [Nombre43]] por la suma de treinta y dos millones quinientos mil colones (¢ 32.500.000,00). Cuarto: El día diez de diciembre de dos mil trece, el imputado y demandado civil [Nombre36] se presentó a la vivienda del ofendido y actor civil [[Nombre44] ], sita en Cuajiniquil de la Cruz, Guanacaste, a quien con la finalidad de poner en marcha el plan delictivo ideado junto con los imputados [Nombre6] y [Nombre3] y obtener un beneficio patrimonial indebido, le indicó que era corredor de bienes y raíces y el encartado [Nombre6] estaba interesado en comprarle sus dos fincas ubicada en Cuajiniquil de la Cruz, Guanacaste, Asentamiento [Dirección1] en la suma de doscientos cuarenta y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y nueve colones (¢ 244.994.999,00),a lo que el ofendido motivado por esa suma de dinero aceptó, es así como el día treinta de noviembre de dos mil trece, el imputado [Nombre40] llevó al ofendido [[Nombre44] ] hasta la oficina del abogado y notario e imputado y demandado civil [Nombre45] , sita en Guápiles cincuenta metros sur de Palí, lugar en el que el ofendido inducido a error por parte de los encartados le hicieron creer que lo que firmaría era un pagaré y que con ello podían tener el poder para revisar la finca en el Registro Público para ver si tenía anotaciones y que además de esa forma comprometían a cancelarle el quince de enero de dos mil catorce la suma de cincuenta millones de colones (¢ 50.000.000,00)Y para el treinta de junio de dos mil catorce la suma de ciento noventa y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y nueve colones (¢ 194.944.999,00),en el acto el ofendido inducido a error firmó el pagaré, siendo que en realidad lo que firmó fue el traspaso de sus propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad, partido Guanacaste matrícula folio real [Placa2] y [Placa3] mediante escritura pública número 316 visible a folio 159 frente del torno 21 del protocolo del encartado [Nombre35] . Quinto: Para terminar de obtener un beneficio patrimonial indebido para sí el encartado [Nombre6] el día once de enero de dos mil catorce ante la notaria [Nombre42] en la ciudad de San José, según escritura 2 visible a folio 02 vuelto del tomo quinto de su protocolo, procedió a hipotecar la propiedad del ofendido [[Nombre44] ] inscrita en el Registro de la Propiedad, partido Guanacaste matrícula folio real [Placa2] a favor de [Nombre [Nombre43]] por la suma de diez millones cuatrocientos mil colones (¢ 10.400.000,00). Sexto: El día once de de diciembre de dos mil trece el encartado y demandado civil [Nombre36] se presentó a la vivienda de la ofendida y actora civil [[Nombre46] ], sita en Cuajiniquil de la Cruz, Guanacaste, a quien con la finalidad de poner en marcha el plan delictivo ideado junto con los imputados y demandados civiles [Nombre6] y [Nombre3] y obtener un beneficio patrimonial indebido le indicó que trabajaba para el encartado y demandado civil [Nombre39] , el cual estaba interesado en comprarle su finca ubicada en Agua Caliente de Santa Elena de la Cruz, Guanacaste en la suma de ciento sesenta y nueve millones de colones (¢ 169.000.000,00), a lo que la ofendida ante tal propuesta aceptó, por lo que ese mismo día la llevó hasta la oficina del abogado y notario e imputado y demandado civil [Nombre3] , sita en Guápiles, cincuenta metros sur de Palí, lugar en el que la ofendida inducida a error por parte de los encartados le hicieron creer que lo que firmaría era una opción de venta y mediante dos letras de cambio el imputado [Nombre39] se comprometía a cancelarle el veintiséis de enero de dos mil catorce la suma de cincuenta millones de colones (¢ 50.000.000,00) Y en el mes de julio de dos mil catorce la suma de ciento diecinueve millones de colones (¢ 119.000.000,00) y en el acto la ofendida inducida a error firmó la supuesta opción de venta, siendo que lo que firmó realmente fue el traspaso de su propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad, partido Guanacaste [Placa4] por el precio de dos millones quinientos mil colones (¢ 2.500.000,00), esto mediante escritura pública número 330 visible a folio 165 frente del tomo 21 del protocolo del licenciado [Nombre35] . Sétimo: Para terminar de obtener un beneficio patrimonial indebido para si el encartado [Nombre6] el día veinte de diciembre de dos mil trece ante el notario [Nombre42] en la ciudad de San José, según escritura 324 visible a folio 198 vuelto del tomo 4 de su protocolo, procedió a hipotecar la propiedad de la ofendida [Nombre47] inscrita en el Registro de la Propiedad, partido Guanacaste [Placa4] a favor de [Nombre48] por la suma de seis millones de colones (¢ 6.000.000,00). Octavo: Sin precisar fecha exacta pero si en el mes de noviembre de dos mil trece, en horas de la mañana un sujeto conocido como "Chuchequero" se presentó a la vivienda del ofendido y actor civil [Nombre [Nombre20]] en Cuajiniquil de la Cruz, Guanacaste, a quien le indicó que habían personas interesadas en comprar fincas y le dio el número telefónico del imputado y demandado civil [Nombre36] , por lo que el agraviado lo llamó y el imputado con la finalidad de poner en marcha el plan delictivo ideado junto con los imputados y demandados civiles [Nombre6] y [Nombre3] y obtener un beneficio patrimonial indebido le indicó al ofendido que el endilgado [Nombre39] era el que estaba interesado en comprar fincas, que las compraba en dos tractos y si deseaba venderlas tenía que ir hasta Guápiles a firmar la opción de venta, por lo que el ofendido aceptó y el día veintinueve de noviembre de dos mil trece, el endilgado [Nombre40] se presentó a la vivienda del ofendido y lo llevó junto con su esposa [Nombre [Nombre21]] y su hermano [Nombre [Nombre49]] hasta Guápiles y al día siguiente, sea el treinta de noviembre de dos mil trece, se trasladaron a la oficina del abogado y notario e imputado y demandado civil [Nombre3] , sita en Guápiles cincuenta metros sur de Palí y ahí el imputado [Nombre39] le indicó que le compraría la finca y se la cancelaría en dos tractos uno el día quince de enero de dos mil catorce momento en el cual le entregaría la suma de cincuenta millones de colones (¢ 50.000.000,00) y el segundo pago para finiquitar la venta el día veintinueve de junio de dos mil catorce por un monto de ciento veinticuatro millones ciento cincuenta y nueve mil seiscientos diez colones (¢ 124.159.610,00), para un monto total de ciento setenta y cuatro millones ciento cincuenta y nueve mil seiscientos diez colones (¢ 174.159.610,00) y en ese momento se formalizaría la venta de su propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad, partido Guanacaste [Placa5] y el derecho 002, a lo que el ofendido y su esposa [Nombre [Nombre21]] aceptaron y firmaron bajo la creencia que estaban firmando una opción de venta, siendo que lo que realmente firmaron fue la escritura pública número 315 visible a folio 157 vuelto del tomo 21 del protocolo del licenciado [Nombre35] , en la cual traspasaban la propiedad a favor del encartado [Nombre39] , en el acto el encartado [Nombre39] para mantener inducido en error al ofendido [[Nombre50] ] y hacerle creer falsamente que le pagaría en las fechas ya indicadas, le entregó las dos letras de cambio. Noveno: Para terminar de obtener un beneficio patrimonial indebido para si el encartado [Nombre6] el día once de diciembre del dos mil trece, ante la notaria [Nombre42] en la ciudad de San José, según escritura 322 visible a folio 196 vuelto del tomo 4 de su protocolo, procedió a hipotecar en primer grado la propiedad del ofendido [Nombre [Nombre20]] inscrita en el Registro de la Propiedad, partido Guanacaste, matrícula [Placa6] a favor de [Nombre51] por la suma de trece millones de colones (¢ 13.000.000,00). Décimo: Sin precisar fecha exacta pero si a inicios del mes de noviembre del dos mil trece en horas de la tarde se presentó a la vivienda del ofendido y actor civil [[Nombre52] ] un sujeto conocido como "Chuchequero" quien le indicó que el imputado y demandado civil [Nombre36] estaba interesado en comprar fincas y le dio el número de teléfono del mismo, por lo que al día siguiente el ofendido lo llamó y el encartado [Nombre40] con la finalidad de poner en marcha el plan delictivo ideado junto con los imputados y demandados civiles [Nombre6] y [Nombre3] y obtener un beneficio patrimonial indebido para si, le indicó que efectivamente querían comprar tierras en esa zona, manifestándole el agraviado que le vendería únicamente catorce hectáreas de su propiedad inscrita en Registro de la Propiedad, partido Guanacaste [Placa7] en la suma de ciento doce millones de colones (¢ 112.000.000,00), por lo que el endilgado [Nombre40] aceptó y el día once de noviembre de dos mil trece, se vieron en Cuajiniquil Centro y el encartado [Nombre40] lo llevó hasta Guápiles a la oficina del abogado y notario e imputado y demandado civil [Nombre3] sita en Guápiles cincuenta metros sur de Palí quien de acuerdo al plan previamente establecido de engañar al ofendido, para despojarlo de su propiedad, le indicó que iba a firmar una opción de venta de la propiedad, sin leerle el documento y éste no lo leyó por cuanto no sabe leer y en el acto el imputado [Nombre6] para mantener en error al ofendido y hacerle creer que si le pagaría le entregó dos letras de cambio, una que indicaba que el primer pago por la venta de la propiedad lo iba a hacer el veintiséis de diciembre de dos mil trece por un monto de cincuenta millones de colones (¢ 50.000.000,00) y la segunda indicaba que el pago se realizaría el día once de junio de dos mil catorce por un monto de sesenta millones sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y siete colones (¢ 60.067.847,00) de inmediato el encartado [Nombre3] le indicó al ofendido que una vez que se cancelara la totalidad del dinero se formalizaba la venta de la propiedad, cuando lo que el ofendido firmó en realidad fue el traspaso de la totalidad de su propiedad y a la fecha el imputado [Nombre39] no le ha cancelado. Décimo primero: Para terminar de obtener un beneficio patrimonial indebido para si el encartado [Nombre6] el día trece de noviembre de dos mil trece hipotecó la propiedad del ofendido [Nombre53] por treinta y dos millones quinientos mil colones a favor de [Nombre [Nombre32]]. Décimo segundo: El día veinte de diciembre de dos mil trece el encartado y demandado civil [Nombre36] se presentó a la vivienda de la ofendida y actora civil [Nombre [Nombre22]] ubicada en Cuajiniquil de la Cruz, Guanacaste [Dirección2] , a quien con la finalidad de poner en marcha el plan delictivo ideado junto los imputados y demandados civiles [Nombre6] y [Nombre3] , y obtener un beneficio patrimonial indebido le indicó que el encartado [Nombre6] estaba interesado en comprarle su finca ubicada en Cuajiniquil, [Dirección3] , [Dirección4] , dicha propiedad tiene una extensión de doscientos treinta y seis metros cuadrados e inscrita en el Registro Público, partido Guanacaste folio real matrícula [[Placa8] ], acordando un precio de veinte de ciento noventa y dos millones ciento treinta y dos mil seiscientos cincuenta colones ¢ 192.132.650,00), posteriormente el día veintiuno de diciembre de dos mil trece el encartado [Nombre40] llevó a la ofendida [Nombre [Nombre22]] y su esposo [Nombre [Nombre23]] hasta la oficina del abogado y notario e imputado y demandado civil [Nombre3] sita en Guápiles cincuenta metros sur de Palí, lugar en el que la ofendida inducida a error por parte de los encartados bajo la creencia que si le pagarían su propiedad y que firmaría una opción de venta, lo que firmó realmente fue el traspaso de la misma, junto con su esposo [[Nombre54] ], según escritura 339 visible a folio 168 vuelto del tomo 21 del protocolo del licenciado [Nombre35] , propiedad que se encuentra inscrita a folio real matrícula [Placa9] ], ese mismo día en horas de la tarde propiamente en el Mall Cariari en Pedregal de Heredia el encartado [Nombre6] firmó dos letras de cambio, una por un monto de cincuenta millones de colones (¢ 50.000.000,00) a vencer el día tres de febrero de dos mil catorce y la otra por un monto de ciento ochenta y seis millones ciento treinta y dos mil seiscientos cincuenta colones (¢ 186.132.650,00) a vencer en el mes de junio de dos mil catorce, con las cuales mantendría en error a la ofendida haciéndole creer que si le pagaría, lo cual no sucedió ya que a la fecha no le ha cancelado. Décimo tercero: Para terminar de obtener un beneficio patrimonial indebido para si el encartado [Nombre6] el día veinte de febrero de dos mil catorce traspasó la propiedad de la ofendida [[Nombre55] ], a la señora [Nombre56] , siendo que el día dos de julio de dos mil catorce la señora [Nombre56] hipotecó la propiedad de la ofendida por doce mil dólares ($ 12.000,00) a favor de [Nombre57] . Décimo Cuarto: Sin precisar fecha pero si a inicios del mes de noviembre de dos mil trece, un sujeto conocido como "Chuchequero" se presentó a la vivienda del ofendido y actor civil [[Nombre58] ] a quien le manifestó que el imputado y demandado civil [Nombre59] estaba interesado en comprar su parcela y de inmediato lo llamó por teléfono, indicándole al agraviado que a consultar con su socio sobre el monto de la venta, el cual era de ciento ochenta y un millones de colones (¢ 181.000.000,00), aproximadamente dos días después el imputado [Nombre60] a [Nombre61] con la finalidad de continuar con el plan delictivo ideado junto con los imputados y demandados civiles [Nombre6] y [Nombre3] de despojar a las personas de sus propiedades sin pagarles nada, llamó al ofendido y le indicó que el imputado [Nombre39] había aceptado el precio y que se lo pagaría en dos tractos, por lo que el día veintiuno de noviembre de dos mil trece se encontraron en San José y ahí el endilgado [Nombre40] , llevó al ofendido hasta la oficina del abogado y notario e imputado y demandado civil [Nombre3] sita en Guápiles cincuenta metros sur de Palí, posteriormente se presentó el imputado [Nombre6] y ahí todos, de común acuerdo y con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial indebido y lograr despojar al ofendido de su propiedad sin cancelarle el valor de la misma, lograron que él junto con su esposa, engañados de que si les iban a cancelar con la creencia que firmaban una opción de venta, firmaran el traspaso de su propiedad según escritura 305 visible a folio 153 vuelto del tomo 21 del protocolo del licenciado [Nombre35] e inscrita en el Registro de la Propiedad, partido Guanacaste [Placa10] y para mantenerlos en error el imputado [Nombre39] le entregó dos letras de cambio, una para ser cancelada el día cinco de enero de dos mil catorce por un monto de cincuenta millones de colones (¢ 50.000.000,00) y otra a cancelar el día cinco de agosto de dos mil catorce por un monto de ciento treinta y un millones seiscientos catorce mil colones (¢ 131.614.000,00), siendo que a la fecha el encartado no le ha cancelado. Décimo quinto: Para terminar de obtener un beneficio patrimonial indebido para si el encartado [Nombre6] el día veintinueve de noviembre de dos mil trece en San José, ante la notaria [Nombre42] , según escritura 316 visible a folio 193 frente del tomo cuarto de su protocolo, hipotecó la propiedad del ofendido [[Nombre58] ] por diez millones de colones (¢ 10.000.000,00) a favor de [Nombre [Nombre32]]. Décimo sexto: Los ofendidos y actores civiles [Nombre [Nombre17]], [Nombre [Nombre26]], [Nombre [Nombre18]], [Nombre [Nombre62] ], [Nombre [Nombre24]] y [Nombre [Nombre22]], sufren no solo una afectación de carácter patrimonial sino también sufre una afectación de carácter emocional, siendo que se ven alteradas sus capacidades de sentir y percibir producto de los hechos descritos provocando sentimientos de temor angustia, cólera e impotencia ante la acción de los justiciables, traducidos en un evidente daño moral, aunado a ello por el hecho de tener que acudir a un proceso como el presente tedioso y largo, en busca de hacer valer sus derechos en su carácter personal." (Ver legajo de acción civil y sentencia de folios 1421 vuelto a 1425 vuelto). En todo momento el vínculo del acusado [Nombre3] , es dentro del reclamo civil por su participación conjunta dentro del plan delictivo elaborado por los tres acusados, con plena distribución de funciones, sin embargo, cuando posteriormente una vez desarrollado el contradictorio y establecido que las acciones de [Nombre35] , no constituyen delito, se le condena en relación al reclamo civil por ejercer su labor notarial de manera descuidada, cuando en relación con este acusado se indicó: "en cuanto al notario [Nombre31] , por cuanto no obstante no reunir las condiciones de autor , ni cómplice, por no atender sus obligaciones como notario, descuidando o no atendiendo los derechos de los ofendidos como parte de los contratos de compra venta que autorizó, obligaciones que le eran inherentes por su función de notario, que debía velar por la legitimidad de los actos que autorizaba, lo que permitió que se concretara el engaño y más luego el beneficio patrimonial indebido de [Nombre63], y más adelante quizá la pérdida de las fincas por parte de los ofendidos, con todos los demás daños materiales y el moral que se han indicado; es por ello que habiendo aportado los tres a la producción de los daños que sufren y sufrirán los ofendidos, lo procedente es que los tres solidariamente concurran a sufragar a los actores civiles los mencionados daños." (Ver folio 1478). Se tiene entonces una propuesta fáctica por parte del actor civil por un hecho doloso en el plano penal, que no se demuestra en relación con la acción penal, [Nombre35] es absuelto, pero si condenado en lo civil, por una acción culposa (actuar con descuido), esto riñe de manera grosera con el principio de congruencia y el derecho de defensa, en el tanto la estrategia defensiva se construye a partir de la imputación de una acción dolosa penalmente, pero a pesar de ser absuelto por ella se le condena por una acción culposa que no se mencionó en los hechos demandados. Si quiere dejar claro esta Cámara que cuando se resuelve una absolutoria por la acción penal, esto no implica necesariamente que se declare sin lugar la acción civil resarcitoria de manera automática, no, en el tanto se puede condenar civilmente a una persona absuelta, en caso de responsabilidad civil extracontractual como los contemplados en el artículo 1045 del Código Civil, al igual que en supuestos de responsabilidad civil objetiva, con sus excepciones (artículo 1048 inciso 5 de Código Civil), pero dicho planteamiento no se formuló así en la relación de hechos que se indicó supra, no se explica en la sentencia que el nexo causal que une la acción de [Nombre35] , se derive de una actividad riesgosa, que la actividad notarial sea una considerada como propensa a causar un potencial riesgo de la población al acudir a un profesional titulado. Por ello estima esta Cámara que se debe declarar con lugar el recurso planteado y no es procedente condenar civilmente a un demandado civil por una actividad de la cual no fue acusada ni explicado su nexo con el daño alegado sufrido por los actores civiles, en consecuencia lo que corresponde es declarar con lugar el recurso de apelación planteado, anular la sentencia impugnada en cuanto condena a [Nombre35] civilmente y en su lugar por mayoría declarar sin lugar la acción civil resarcitoria planteada en contra de [Nombre3] .

II.-Voto salvado de la Jueza [Nombre64] . Aún cuando respeto profundamente el criterio de mis compañeros Jueces, debo apartarme de este, por lo siguiente: Considero que la Acción Civil decretada en contra del justiciable [Nombre65] , fue debidamente sustanciada por el a quo, y además de que dicha vinculación se logra a través de un correcta interpretación de la materia civil que rige ese tipo de procesos, puesto que a pesar de que se haya dictado una sentencia absolutoria efectivamente persistía la responsabilidad civil. Resulta relevante considerar que jurisprudencialmente el dolo civil se ha establecido como: " toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee por una de las partes para conseguir la ejecución del acto jurídico. El dolo determinante y dolo incidental, el primero está constituido por las maquinaciones que, en definitiva, llevan a la persona a celebrar el acto. El incidental es aquel que no resulta determinante del acto; por tanto, no lo invalida. Sin embargo, el que lo hubiere cometido debe indemnizar a la otra parte el daño que de aquél se hubiere derivado. El dolo puede ser positivo o negativo, según que el vicio de la voluntad resulte de una acción o de una omisión fraudulenta, respectivamente.El dolo debe reunir los requisitos, para ser vicio de la voluntad: debe ser grave; determinante del otorgamiento del acto por la contraparte; debe haber causado un daño importante; no debe tratarse de dolo recíproco. Cuando reúna los requisitos expuestos, el dolo determinará la nulidad del acto (el acto será anulable, de nulidad relativa). Asimismo, por aplicación de las reglas generales de la responsabilidad, el que hubiere incurrido en acción dolosa deberá satisfacer al perjudicado los daños y perjuicios derivados de tal acción".Voto N° 032-2015. En este caso, considero que el dolo civil, se acreditó pues a partir de las acciones llevadas a cabo por el justiciable, las víctimas finalmente dispusieron de su patrimonio, siendo su participación determinante para viciar la voluntad de los comparecientes en el otorgamiento de actos que finalmente beneficiaron económicamente a los imputados. En igual sentido el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, a las ocho horas del diez de abril de dos mil quince, ha dicho: " [...]. En efecto, en materia de contratación se denomina dolo todo medio artificioso que se emplea para engañar e inducir a una persona a consentir en un contrato. Para que el dolo sea causa de nulidad debe provenir del contratante contrario al que ha sido víctima del engaño. La esencia está en el engaño, la falsa promesa, la exageración de esperanzas o beneficios, produciéndose un consentimiento viciado. Vemos entonces que los medios artificiosos de los que se vale una persona, para engañar a otra pueden ser tanto de acción como de omisión, es decir dolo positivo o negativo. El dolo positivo consistiría en un arte o maniobra que excedan los límites de la astucia que acostumbran emplear todos los contratantes, y dolo negativo según [Nombre66] será callar un defecto o anomalía". A pesar de que como en este caso se haya dispuesto, el dictado de una sentencia absolutoria, ello no releva a los juzgadores de analizar los hechos, según los principios informadores de la responsabilidad civil extracontractual, y la existencia de un daño resarcible, por cuanto, entratándose de lo relativo a la acción civil resarcitoria, a pesar de que está es accesoria de lo penal debe regirse por lo dispuesto en las normas generales del Código Civil. En este caso la condenatoria civil se fundamentó en el mismo evento investigado, entendido, como ilícito civil, por lo que la manera en la que finalmente resolvió el Tribunal, resulta correcta, y es por ello es que no procede anular esa parte de la sentencia. Al respecto, la Sala Casación Penal, ha considerado: "(...) la responsabilidad civil es independiente de la comisión de un ilícito:“Conforme a este orden de ideas, ha indicado la jurisprudencia que: “... es perfectamente viable el que sin un injusto penal, proceda la condena por responsabilidad civil, siempre que se cumpla con la exigencia de que haya otra fuente normativa distinta del ordenamiento penal que permita tal cosa...”, (fallo # 619, de 11:20 horas del 9 de junio de 2000. Ver en igual sentido, # 1130, de 9:18 horas del 23 de noviembre de 2001, ambas de esta Sala Tercera). La fuente normativa requerida, se encuentra en el presente caso en el régimen de responsabilidad extracontractual contenido en el Código Civil, partiendo de su artículo 1045. Sobre este tópico, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado, que: “... La responsabilidad extracontractual recae sobre quien, fuera de toda relación contractual previa, ha causado un daño en la esfera jurídica de otro sujeto, por culpa, o a través de la puesta en marcha de una actividad riesgosa o creación de un riesgo social. Esta responsabilidad no nace del incumplimiento de un vínculo determinado, sino de la violación del deber general de no dañar a los otros. Su régimen está basado en los artículos 1045, 1046, 1047 y 1048 del Código Civil. El primero de ellos dispone que: "Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios".- Principio que es fundamento de toda responsabilidad civil (...) De esta forma... para acoger un reclamo de responsabilidad como el de marras, debe quedar fehacientemente demostrado: a) La existencia del daño o perjuicio, los cuales deben ser ciertos, reales, efectivos; b) La magnitud objetiva del daño, es decir, el reclamo debe ser merecedor de amparo, pues si es insignificante la protección jurídica no procede; c) El causante del daño haya sido un tercero en relación con el afectado; d) La relación de causalidad entre el daño y el actuar ilícito que se alega lo origina... ", (Resolución # 320, de 14:20 horas del 9 de noviembre de 1990). Ahora bien, debe aclararse (porque en este punto parece versar el yerro de los Juzgadores de instancia) que los caracteres definitorios de la culpa en sede civil, no son idénticos a los que rigen a su homónima en términos de responsabilidad penal, pues el ordenamiento jurídico vigente no considera delictiva toda imprudencia o negligencia causante de daño a un tercero (piénsese verbigracia, en el tipo penal de “daños”, que no admite su comisión a modo de culpa). En la propia decisión de la Sala Primera se aclara, que: “... la culpa supone un actuar negligente, descuidado, imprevisor que causa un daño sin quererlo… La culpa consiste, entonces, en una falta de cuidado, precaución y diligencia exigibles. La diligencia se ha considerado como la racional y ordinaria cautela que debe acompañar a todos los actos de los que puedan derivarse daños, según la clase de actividad de que se trate y la que puede y debe esperarse de persona, normalmente razonable y sensata, perteneciente a la esfera técnica del caso. Es decir, si la persona obró con el cuidado, atención o perseverancia exigibles y con la reflexión necesaria con vistas a evitar el perjuicio de bienes ajenos, jurídicamente protegidos. Incluso, la doctrina indica que la diligencia obligada no abarca sólo las precauciones y cuidados ordenados en cada caso por los reglamentos, sino también toda la prudencia precisa para evitar el daño”, (ver voto Nº 53 de las 15:10 horas del 27 de mayo de 1998. En el mismo sentido los números 17 de las 15:00 horas del 29 de enero de 1992 y 398 de 16:00 horas del 6 de junio del 2001). Es por eso, que en distintos antecedentes la Sala Tercera ha insistido en que el hecho generador de la responsabilidad civil es el daño ocasionado y no en el carácter delictivo de la conducta.” Resolución número 2006-00087, de las 15:15 horas, del 13 de febrero de 2006. En cuanto al principio de accesoriedad de la acción civil sobre la penal, se ha establecido que: “…La frase ‘cuando proceda’, contenida en el párrafo tercero del artículo 40 del Código Procesal Penal debe necesariamente interpretarse en el sentido de que, a pesar de la absolutoria penal, el tribunal puede pronunciarse sobre la acción civil cuando subsistan otros supuestos normativos distintos al delito en los cuales pueda sustentarse ese deber de indemnizar. Es decir, cuando los hechos acreditados sean suficientes para demostrar la existencia de responsabilidad civil, sin necesidad de que la norma sustantiva que genera la obligación de indemnizar el daño proceda del Derecho Penal, y sin necesidad de que se demuestre la responsabilidad penal o administrativa de un funcionario público determinado. La anterior interpretación es la única posible a derivar de los principios de Economía Procesal e Interpretación Restrictiva, en consonancia con nuestro ordenamiento constitucional, con el único requisito de que debe concederse al demandado oportunidad de defensa…”. A lo que habrá que añadirse que tales supuestos normativos pueden provenir de una responsabilidad civil contractual, o extracontractual, como en este caso. Admitir lo contrario implicaría, como también lo entendió esta Cámara en el mismo precedente citado, violentar el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, resultando un absurdo remitir a la parte, que ha ventilado su conflicto en sede penal acuda nuevamente al aparato judicial en resguardo de sus derechos (...). Así las cosas, al considerar esta juzgadora que los jueces de instancia se basaron en la existencia de un vínculo causal entre el accionar del demandado civil y el resultado producido, la responsabilidad civil se acreditó. El hecho de que [Nombre65] asesorara notarialmente a los ofendidos, de manera irregular, lo cual hizo que tomaran disposiciones patrimoniales leoninas a sus intereses, en supuestas ventas de propiedades, que eran sumamente valiosas y de las cuales en la mayoría de casos perdieron sus inmuebles, es motivo suficiente para declarar con lugar la acción civil.

I ll.- El Licenciado [Nombre67] en representación del encartado [Nombre6] , promovió recurso de apelación en contra de la sentencia 156-2014(sic.), dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, en la que se condenó al encartado [Nombre39] por el delito de Estafa. Primer Motivo por errónea y escasa valoración de la prueba. Destaca que el tribunal inicia justificando su sentencia con argumentos como que los ofendidos son personas de escasos recursos económicos y baja escolaridad, además de que fueron convencidos de vender sus fincas, aspecto que no es cierto, ya que su representado [Nombre39] únicamente le hizo una oferta al señor [[Nombre9] ], el resto de ofendidos de iniciativa propia ofrecieron vender sus fincas, pero hacia ellos no hubo oferta alguna. También fueron los ofendidos quienes pusieron el precio de ocho millones por hectárea en la zona, el tribunal menciona de una oferta extraordinaria, pero esta nunca existió. Se menciona que solo los ofendidos cumplieron mientras que el acusado [Nombre39] no lo hizo, lo cual no es cierto, este encartado ofreció letras de cambio como garantía de pago, al incumplirse el primer pago de la compraventa lo que correspondía era ejecutar las garantías, por el incumplimiento. Otro de los argumentos erróneos que destaca el Tribunal en su sentencia es que no hubo dinero como pago inicial, común en este tipo de negocios, lo cierto es que hay gran cantidad de negocios en los que no necesariamente hay dinero, además de que el pago inicial se realizaría un mes después de firmar los traspasos, sea casi de inmediato. El Tribunal resalta la falta de credibilidad de la letra de cambio como instrumento de crédito, sin embargo, es un instrumento vigente y legal, por lo que su uso es acorde a derecho, por más que al Tribunal no le guste. Considera que la interpretación de la negociación por parte del tribunal es inadecuada, en el tanto se le exige al encartado [Nombre39] tener el dinero necesario en sus cuentas al momento de hacer las negociaciones, aspecto que estima es absurdo, pues si así hubiera sido no se negociaría utilizando crédito. Por otra parte, el encartado en ningún momento tuvo el dolo de estafar a los ofendidos, ya que tuvo la total disposición de devolver cada una de las fincas a sus propietarios originales, sin embargo, solo el señor [Nombre [Nombre68]] aceptó la devolución que efectivamente se realizó, todos los demás lo que querían era el dinero, no las fincas, sin embargo, la obtención del negocio no se pudo concretar porque en su momento se ordenó la prisión preventiva del encartado, pero su intención siempre fue poder cumplir con los ofendidos. Para el recurrente es un grave error la confusión que muestra el Tribunal de juicio en su sentencia cuando equipara la letra de cambio con un cheque sin fondos, figuras comerciales que son totalmente distintas y de las cuales el recurrente expone las diferencias. Solicita que ante las inconsistencias destacadas y la errónea valoración de la prueba se declare con lugar el recurso planteado y se ordene la ineficacia del fallo, se disponga el reenvío respectivo para una adecuada sustanciación del proceso. (Ver recurso de folios 1507 a 1523) El Licenciado [Nombre14] en representación del encartado [Nombre36] ha promovido formal recurso de apelación en contra de la sentencia 156-2014(sic.) dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, en los siguientes términos: Primer Motivo: Inexacta apreciación de los elementos de prueba recibidos. Estima el recurrente que el Tribunal realiza una inadecuada valoración de los medios de prueba recibidos en la fase de contradictorio. Destaca que lejos de hacer un análisis de la prueba testimonial recibida, el Tribunal se limita a realizar una transcripción de los hechos acusados por el Ministerio Público, careciendo el fallo de cualquier rigor de orden analítico. Incluso la prueba ni siquiera es contrastada en sus contradicciones, siendo de interés que el testigo [Nombre69] es quien realiza los ofrecimientos de compra, pero en juicio afirma una situación diametralmente opuesta. Resalta que el Tribunal omite valorar y pronunciarse sobre dicho testimonio y se limita a transcribir lo dicho por el testigo sin indicar si lo avaló o lo desacredita, falencia que se muestra en el resto de la prueba testimonial, sin embargo, es más evidente en el caso del testigo [Nombre70] porque es un testigo esencial de los hechos propuesto en su momento por el Ministerio Público. En relación con la prueba documental, a pesar de que se contó con estudios registrales actualizados el Tribunal no logró detectar que las propiedades de cuatro de los ofendidos, [Nombre [Nombre71]], [Nombre [Nombre18]] y [Nombre [Nombre29]], nunca fueron traspasados, no tuvieron perjuicio, sino que lo único que mostraban eran anotaciones caducas que no tiene vigencia alguna, en el caso de [Nombre [Nombre18]] no tiene anotación alguna, aspecto que se hubiera notado si se realiza tan solo un análisis superficial de la prueba. Otro error se evidencia en el análisis de las letras de cambio, cuando se menciona que se libraron sin contenido económico, aspecto que es lógico, porque ninguna letra requiere contenido económico, sino que por su naturaleza comprende un compromiso de pago que se hará a partir de una fecha indicada en el documento. Se deja de tomar en consideración que las letras incluso al día de hoy son ejecutables por la vía de cobro y pueden ser anotadas sobre las fincas que tiene a su nombre [Nombre72] , por lo que no es cierto que no tuvieran validez alguna. Otra inadecuada interpretación que hace el fallo, según el recurrente es de la participación del acusado [Nombre73] , mientras en una parte de la sentencia se le refiere como socio de [Nombre72] en otro apartado se le refiere como intermediario entre [Nombre74] y los ofendidos, situación que no queda clara. Inexactitudes más notorias se presentan con la interpretación y aplicación de los tipos penales, en especial en relación con la estafa, en el tanto en ningún momento existió perjuicio patrimonial para los ofendidos, y al menos en cuatro ofendidos ya indicados, nunca salieron las propiedades de su poder. Por lo anterior solicita se revoque la sentencia impugnada y se absuelva a su representado de toda pena y responsabilidad penal, de manera subsidiaria se ordene el reenvío respectivo para que se resuelva conforme corresponde y aclarando las contradicciones evidenciadas. (Ver recurso de apelación de folios 1530 a 1544) Se resuelven estos recursos, tanto el del Lic. [Nombre67] como el Lic. [Nombre75] de manera conjunta por ser los temas conexos entre sí. Los reclamos son atendibles. Hay varios aspectos que el tribunal de juicio introduce dentro de su análisis de la fundamentación jurídica y los tipos penales que no pueden ser compartidos por esta Cámara, en especial porque se debe respetar el criterio de las personas en la forma de negociar, siempre y cuando esté permitido por el ordenamiento jurídico, no importa si es poco común. Al iniciar su análisis el Tribunal de juicio indicó: "Los hechos que se han tenido aquí por acreditados constituyen conductas típicas por estar descritas en normas penales como conductas prohibidas, concretamente los artículos 216 inciso 2) del Código Penal, denominada Estafa, que sanciona con pena a quien haciendo incurrir en error a otra persona, por medio de la simulación, de la deformación, o el ocultamiento de hechos verdaderos, lesione el patrimonio ajeno para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero; lo mismo que Fraude de Simulación, previsto en el artículo 218, que sanciona al que en perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido, hiciere un contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulado, siendo esas precisamente las conductas que aquí se acreditó fueron realizadas, por [Nombre63] con la ayuda de [Nombre76] o [Nombre77] y el sumas millonarias en un plazo muy breve fueron determinados a entregar mediante un contrato traslativo de dominio sus fincas en favor del imputado [Nombre63], quien casi de inmediato procedió a disponer de las mismas enajenándolas sin pagar un cinco a los ofendidos, y en el caso de [[Nombre55] ], traspasando a su pareja [Nombre78] la finca que había adquirido de [[Nombre55] ], sin pagarle un cinco a esta, y luego [Nombre78] la hipotecó a [Nombre79] , que se la adjudicó mediante remate, siendo que [Nombre78] ni siquiera visitó en oportunidad alguna la mencionada finca, y menos entró en posesión de la misma, solo concurrió a firmar la aceptación de la venta y luego la hipoteca; también resultan típicas por reunir los elementos objetivos y subjetivos de ambos tipos penales; veamos: RESPECTO DEL DELITO DE ESTAFA: INDUCIENDO A ERROR: Los ofendidos todos, campesinos, sencillos, con escasa o ninguna educación formal, algunos sin siquiera saber leer o escribir, pobres, muy pobres, de avanzada edad la gran mayoría, fueron convencidos de vender sus fincas, por las cuales recibirían altas sumas de dinero, cercanas y aún superiores en algunos casos a los doscientos millones de colones, ofrecimiento que dadas sus condiciones socio económicas, les pareció la gran oportunidad de sus vidas, pues tal situación les permitiría cambiar toda su vida de pobreza y miserias, lo mismo que de sus familias, y posiblemente morir en condiciones más dignas, véase que por sus condiciones, especialmente por su pobreza, y que los fenómenos climatológicos que afectan la zona de Guanacaste, especialmente la parte más alta incluyendo La Cruz, lugar de asentamiento de sus fincas, era muy poco lo que habían logrado producir de riqueza con las mismas; esto hizo que ante semejante oferta, decidieran vender sus tierras, las que les había otorgado años atrás el Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, hoy INDER, precisamente para ayudarles a labrarse una mejor situación de vida; para estas sencillísimas personas, las sumas de dinero que se les ofreció pagar por sus fincas, resultó un cebo imposible de resistir, y todos corrieron a vender sus fincas, [Nombre80] , les dijeron que había alguien que les compraría sus fincas, y aún sin conocer al comprador, que resultó ser el encartado [Nombre81] , que ni siquiera se presentó a conocer o recorrer las fincas, su estado, sus límites o linderos, estuvieron de acuerdo en venderle, tal era de buena la oferta en sus circunstancias, algunos de los ofendidos el mismo día en que se les dijo que les comprarían la finca salieron de su lugar de residencia en la zona de Cuajiniquil de la Cruz en Guanacaste hasta Guápiles, Pococí, provincia de Limón, al otro lado del país, llegando incluso en horas de la noche, para vender su finca, LA OFERTA RESULTO (sic.) ASI DE IRRESISTIBLE. Es verdad que algunos de los ofendidos manifiestan que al momento de firmar en la oficina del imputado [Nombre82] creyeron que lo que firmaban era una opción de compra, pero finalmente todos aceptan que estuvieron de acuerdo en vender sus fincas. Vender y comprar terrenos es una actividad lícita, llevan en eso razón los abogados defensores. Pero a los ofendidos no se les pagó al momento de vender sus fincas un solo cinco, sino que se les entregó dos letras de cambio, con la promesa de que la primera, por cincuenta millones de colones (el mismo monto en todos los casos) les sería pagada aproximadamente un mes después de realizado el traspaso, y la segunda por el resto del valor de la venta (que se consignó en todos los casos era por apenas 2,5 millones de colones) se les cancelaría seis meses después. En su sencillez los ofendidos creyeron como cierta la promesa de pago y aceptaron vender fincas a [Nombre72] MEDIANTE LA SIMULACION DE HECHOS FALSOS U OCULTANDO VERDADEROS: Es precisamente la forma de pago el medio utilizado para hacer incurrir en error a los ofendidos, pues en la misma el imputado y su ayudante [Nombre83] , con el concurso del notario [Nombre82] , incurren en la simulación de hechos falsos u ocultación de hechos verdaderos, siendo que las circunstancias ,y la prueba concretamente, permiten acreditar SIN LUGAR A DUDAS, que [Nombre72] NUNCA TUVO EL PROPOSITO O VOLUNTAD DE CANCELAR SUMA ALGUNA DE DINERO A LOS OFENDIDOS POR SUS FINCAS. Los hechos así lo demuestran. Tal como lo sostienen los mismos abogados defensores, el contrato de compra se perfecciona con el simple acuerdo entre cosa y precio, eso es cierto. Por eso el contrato de compra venta como tal es un acto legítimo; tan solo que en este caso, una de las partes, los vendedores, cumplieron con su parte del contrato, traspasar su propiedad a [Nombre72] , pero [Nombre63] ni pagó, ni ha pagado, ni tiene el propósito de pagar las sumas correspondientes a los vendedores por sus fincas. La práctica comercial nos enseña que al momento de comprar una finca, se paga al vendedor al menos una parte del valor de la venta, y el pago de la parte restante se garantiza con hipoteca en primer grado, de forma que el vendedor pueda perseguir la misma finca si su comprador no honra el pago de la parte insoluta; claro está que no existe impedimento alguno para que en el acto de vender y comprar no se pague suma alguna, PERO ELLO NO ES LA PRACTICA COMUN; en este caso tal situación aparece fuera de toda lógica por las condiciones económicas de los ofendidos, que siendo personas muy pobres no tenían las condiciones como para dar crédito a su comprador, y por el contrario acredita la mala fe del encartado [Nombre72] en el negocio; porqué no se respaldó a los ofendidos con una garantía hipotecaria sobre sus propias fincas para que ante una falta de pago por las compras estuvieran cubiertos? En su defensa los imputados sostuvieron que fue a petición de los ofendidos, porque significaba el pago de gastos para los que los ofendidos no contaban con dinero para sufragarlo" (ver folios 1465 vuelto a 1467 frente). Es cierto que se está entre ofendidos que tienen recursos económicos y académicos limitados, pero eso no les impide que dentro de la negociación que en su momento les interesó, pudieran elegir realizar una compra y venta con pago condicionado a crédito y en tractos, garantizando su transacción con garantía otorgada mediante letras de cambio, tanto el tipo de negocio a crédito, como el uso de garantías mediante letras de cambio, son situaciones mercantiles totalmente válidas vigentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que las ofendidos eligieran no utilizar garantías hipotecarias con el fin de ahorrar el pago de impuestos de inscripción es posible y también permitido, los contratantes no están obligados a siempre usar la garantía hipotecaria. Tampoco es viable imponer a una persona que compra un bien a crédito, tener dinero que respalde su transacción, cuando se indica: "Por qué, porque una letra de cambio cuyo pagador no tenga dinero con el cual pagar las mismas, SON SOLO PAPELES." (Ver folios 1468 vuelto). En realidad en una transacción mercantil, en la que se use una garantía de pago, como hipoteca, CED4 , CED5 , CED6, etc, no se le exige al deudor que demuestren tenencia de dinero en sus cuentas para garantizar el pago de la transacción, se le otorga un plazo a convenir para que una vez que tenga la liquidez económica pueda realizar el pago prometido. En realidad estos argumentos, resumidos como parte de una fundamentación jurídica no pueden ser admitidos, por ser contrarios al propio ordenamiento jurídico, que sea arriesgado es una situación que quedará a elección de las personas que intervienen, pero eso no elimina su legalidad, por ello la fundamentación expuesta es insuficiente, violentando de manera grosera el artículo 142 del Código Procesal Penal, debiendo ser declarados con lugar ambos recursos, se anula la sentencia impugnada lo mismo que el debate que la precedió y con el fin de que se realizada una fundamentación acorde a derecho, se ordena el juicio de reenvío para lo que en derecho corresponda. El juicio de reenvío versará sobre la totalidad de la acción penal planteada en contra de los acusados [Nombre40] y [Nombre39] , la absolutoria del acusado [Nombre35] se mantiene invariable.

IV.- El Lic. [Nombre13] , en su condición de representante de los actores civiles y la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia número 156-2014(sic.), dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica sede Pococí, en los términos que se describen a continuación. Primer Motivo. Violación al debido proceso. No comparte el recurrente el criterio del Tribunal de declarar con lugar la condenatoria civil pero remitir a las partes a la vía civil en defensa de sus derechos, por existir derechos de terceros que son discutibles, además de no declarar la falsedad instrumental de los traspasos de las fincas de los ofendidos y regresarlas a sus propietarios originales. Tampoco comparte el recurrente el criterio de que admitiendo a los terceros se desnaturaliza el proceso penal, por el contrario para el recurrente, es un deber del tribunal dar el derecho de audiencia y participación de quienes se pueden ver afectados en sus derechos. Destaca, por otra parte la mayoría de las fincas fueron hipotecadas en favor del señor [Nombre [Nombre32]], quien si participó con querella y acción civil pero fue excluido por el Juez Penal, además de que la no aplicación del artículo 491 afecta en forma clara a los ofendidos quienes no pueden ir a otro proceso por sus limitaciones económicas y esa interpretación en la sentencia pone en riesgo definitivo sus propiedades. Considera que si bien existen derechos de terceros que merecen ser tutelados, no pueden superar los derechos de quienes tenían absoluto derecho sobre las propiedades que le pertenecían, además de que les resulta sumamente onerosos acudir a la vía ordinaria civil para reclamar la defensa de sus derechos, estimando injusto que por una omisión que puede corregirse se le atiende los derechos a los terceros sin que se desnaturalice el proceso penal. Segundo Motivo: Errónea aplicación de la ley sustantiva. Estima que el Tribunal al dictar su sentencia y específicamente en relación con los honorarios en favor de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, equivocada la interpretación del artículo 266 del Código Procesal Penal, por cuanto a pesar de que condena una parte en abstracto si establece un monto líquido y exigible en cuanto al daño moral. Explica que la condena en abstracto fue por el daño material, pero en relación con el daño moral el Tribunal le concedió a siete de los ofendidos, diez millones de colones a cada uno por concepto de daño moral, para un total de setenta millones de colones, por lo que se le debe conceder el 20 por ciento sobre 15 millones de colones y sobre el exceso sea 55 millones debe calcularse el quince por ciento, el monto adecuado por concepto de costas en relación con el monto concedido debe ser de once millones doscientos cincuenta mil colones. Solicita se declare con lugar el presente recurso de apelación, ordenándose el reenvío en el que debe dársele el derecho de audiencia a los posibles afectados, y de esta forma dilucidar la tutela de los derechos de propiedad relacionados con las fincas objeto de este recurso para que se conozca solamente de la solicitud de declaratoria de falsedad instrumental, por lo que solicita que se mantenga incólume la sentencia en cuanto a los aspectos civiles y penales, y por razones de economía procesal se declare la falsedad instrumental de las hipotecas concedidas en favor del señor [Nombre [Nombre32]] y se conceda el monto correcto por concepto de honorarios en favor de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, según el decreto de honorarios vigente para la fecha de los hechos. (Ver recurso de folios 1524 a 1529). Se resuelven ambos motivos de manera conjunta por tener relación entre sí los temas planteados. Los reclamos son atendibles. Son varios temas de interés que ha planteado la representación de la parte actora civil por medio de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima y para ordenar el trato de cada uno de los planteamientos se subdivide este considerando de la siguiente forma: A.- Sobre el derecho de audiencia. Hay varias apreciaciones que el tribunal de juicio realizó en el momento de rechazar la solicitud de los actores civiles de declarar la falsedad instrumental de las escrituras que afectaron sus intereses en relación con las fincas que se traspasaron en su momento en favor de [Nombre84] , al respecto se refirió: "SOBRE LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE FALSEDAD INSTRUMENTAL: Las partes interesadas deberán acudir a la vía civil a dilucidar la tutela de los derechos de propiedad relacionados con las fincas objeto de este proceso con vista de lo aquí resuelto, para lo cual se mantendrán las anotaciones realizadas en los asientos registrales hasta por diez años, mientras se resuelve en dicha vía lo correspondiente, en atención a la existencia de terceros con intereses legítimos o tutelables. Al analizar esta petición del abogado de la defensa civil de la víctima el Tribunal encuentra una situación bastante compleja; no nos queda duda que los negocios de compra venta por haber sido realizados con engaño son fraudulentos, puesto que se hicieron a sabiendas de que el comprador, [Nombre72] no contaba con dinero para pagar el precio acordado por las mismas, y se recurrió a otorgar a los ofendidos dos letras de cambio sin contenido económico que las respaldara, únicamente como el medio para lograr que los ofendidos consintieran en entregar sus tierras a [Nombre72] y así obtener luego un beneficio patrimonial indebido, indebido porque nunca honraría el pago del precio acordado, y la garantía de pago que otorgó a los campesinos es un título espúreo por no contar el comprador ni con el dinero ni con otros bienes sobre los cuales hacer efectivas dichas letras de cambio; esto es suficiente motivo para disponer la anulación de las escrituras respectivas, excluyendo como ya se indicó el caso de [Nombre [Nombre68]] a quien se le devolvió su finca; sin embargo, al haber hipotecado las fincas de inmediato a terceros, gravámenes hipotecarios que constan en las escrituras de hipotecas de folios 17, 42, 63, 82, 146 y 177 anotados en los asientos de inscripción registrales de las fincas, lo que también es es(sic.) posible observar de la consulta actualizada al Registro Público que constan a folios del 1191 al 1207; para resolver este punto debe respetarse el debido proceso como terceros con intereses legítimos que pudieran ser tutelados, o sea, haber traído al proceso a dichos terceros, lo cual no se hizo, pero que de haberse hecho habría significado la desnaturalización del proceso penal que nos ocupa por la naturaleza de los derechos y las acciones correspondientes a unos y otros interesados; no conocemos cual es el estado de dichos créditos hipotecarios, si se han presentado o no ejecuciones, y de haberse presentado debería determinarse en qué tipo de proceso debe resolverse la cuestión, en el caso de [Nombre [Nombre22]] deberá determinarse si la ejecución hipotecaria de la que dan fe las anotaciones que constan registralmente han cumplido con el debido proceso a ella como poseedora actual de los terrenos y también existe un proceso penal abierto en contra de [Nombre85] que desconocemos cual ha sido su suerte. Es notorio que los derechos de los ofendidos sobre sus fincas se han tornado derechos litigiosos, que por la naturaleza de los mismos deben ser conocidos en la vía civil ordinaria, con el llamamiento de todos los que pudieran tener intereses merecedores de una posible tutela judicial. Lo más prudente es entonces estarse a lo dispuesto en el numeral 491 del Código Procesal Penal y disponer que este aspecto sea dilucidado en la vía civil, donde lo conocido en este proceso y sentencia se convertirá en un insumo para lo que deba resolverse al respecto. No puede el Tribunal resolver este punto sin haber dado audiencia a los terceros anotantes. Llama poderosamente al Tribunal y no queremos dejar de señalarlo, el hecho de que según han narrado todos los ofendidos, sin excepción, a las fincas y casas de los ofendidos hasta los días en que depusieron en debate, NUNCA SE HA PRESENTADO UNO SOLO DE LOS HOY ACREEDORES HIPOTECARIOS, ni para conocer las fincas y su naturaleza, ni para saber quiénes tienen en posesión o porqué los terrenos, que ha quedado acreditado, con el dicho de los ofendidos, con el dicho de los imputados, con el dicho de [Nombre86] , que continúan en posesión de los ofendidos, y solo esta posesión ya debe analizarse como objeto de tutela en la vía jurisdiccional; tampoco alguno solo de los imputados ha sido notificado de la existencia de una acción cobratoria civil como terceros poseedores, ni aún [Nombre [Nombre22]], según su dicho, en cuyo caso consta en la consulta del Registro Público visible a folio 1200 que su finca se habría ya adjudicado al alemán [Nombre87] , por haberla rematado por falta de pago de la hipoteca que le impuso [Nombre63] a través de [Nombre85] ; nos preguntamos cómo es que tal cosa ocurrió si [[Nombre55] ], sigue manteniendo la posesión de la finca, y ella dice desconoce todo respecto de esa adjudicación. Los acreedores hipotecarios de [Nombre63] concurrieron a manifestar que estarían dispuestos a cambiar las garantías con tal de que se le devolviera su libertad, incluyendo al señor [Nombre [Nombre32]], como consta a folio 382 y 484, incluso autodenominándose "presunto acreedor" en un escrito autenticado por la misma abogada y notaria que realizó todas las hipotecas, excepto una ¿? El caso más llamativo es el de [Nombre [Nombre32]], que al igual que en los demás casos, indican los ofendidos que no ha visitado Cuajiniquil , ni alguna de las fincas, no obstante que según las copias de las hipotecas que constan en el expediente en los folios ya citados, y las consultas del Registró Público de folios 1191 a 1207 habría otorgado créditos a [Nombre63] por más de cien millones de colones, hipotecando las fincas de varios de los aquí ofendidos. Nos preguntamos ¿cómo es que alguien presta semejante cantidad de dinero sin ver el bien que le servirá de garantía, sin conocer su estado, su naturaleza, su condición, cómo es que han pasado más de dos años desde que otorgó en apariencia dichos créditos y no consta por ningún lado que haya presentado cobro alguno por esos créditos, conociendo, como ha quedado acreditado, que [Nombre63] no tenía dinero como para honrar dichos créditos? Claro que no desconocemos que el señor [Nombre88] se presentó a este proceso intentando ser tenido como damnificado y querellante con ocasión de dichos créditos, pero hasta allí. Nos preguntamos ¿será acaso que había un grupo detrás del señor [Nombre74], interesado en hacerse con esas tierras con la ayuda de [Nombre72] ? El imputado inició su declaración indicando que esas tierras se las habían solicitado [Nombre89] y [Nombre90]. Es posible que el señor [Nombre [Nombre32]] sea tan solo un tercero de buena fe, el Tribunal no puede graciosamente conductas ilegítimas, pero ante los datos indicados, nos es obligado y nos parece saludable solicitar al Ministerio Público se avoque a investigar si es posible que actuara en contubernio con los imputados [Nombre63], [Nombre76] y otras personas interesadas en hacerse con los terrenos de los campesinos de Cuajiniquil. Es por ello que se ordenará adicionar la parte dispositiva de esta sentencia en este tanto y en relación con el señor [Nombre [Nombre91] folios 1478 frente a 1479 vuelto)". Es cierto que el derecho de audiencia de los terceros es parte necesaria para que puedan ejercer la defensa de sus derechos, en aplicación del debido proceso, conforme lo establece el artículo 39 de la Constitución Política, pero eso no implica que deba separarse sus intereses del proceso penal, porque contrario a lo que razona el Tribunal de juicio, para esta Cámara el legislador ha ido acomodando las figuras procesales necesarias para que dentro del proceso penal se puedan realizar los reclamos civiles correspondientes, esto por medio de la figura de la acción civil resarcitoria, contemplada en los artículos 37 a 41 del Código Procesal Penal y cuyo ejercicio se establece a partir de los artículos 111 a 124 del mismo cuerpo legal, eso permite contemplar los derechos resarcitorios sin desnaturalizar el proceso penal. Estos argumentos son claros en relación con quienes se apersonan al proceso en defensa de sus derechos, como es el caso de los ofendidos representados por la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, pero eso no quiere decir que sean las únicas personas que se puedan ver afectadas por el delito, este concepto es más amplio porque también debe contemplarse los derechos de los damnificados y terceros de buena fe , que no han reclamado civilmente, pero que tienen derecho a ser escuchadas dentro del proceso y que se les informe del mismo en protección de sus derechos conforme lo indica el numeral 70 del Código Procesal Penal, que textualmente indica: "Artículo 70.- Víctimas Serán consideradas víctimas: a) La persona directamente ofendida por el delito. b) El cónyuge, la persona conviviente con más de dos años de vida en común, el hijo o la hija, la madre y el padre adoptivos, los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido. c) Las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los delitos que afecten a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan. d) Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan carácter registral, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses. (Así reformado por el artículo 16 de la Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal N° 8720 de 4 de marzo de 2009)". El contemplar la participación de estas partes no implica tampoco desnaturalizar el proceso penal, de hecho la protección de los derechos de las víctimas, directas e indirectas del delito, no altera en lo absoluto el proceso penal, por el contrario el interés del legislador es protegerlos. Esto permite que teniendo participación los acreedores que facilitaron dineros con garantías sobre las fincas de interés en esta causa, se puedan incluir dentro del concepto de damnificados del delito o terceros interesados de buena fe, cuyos derechos se pueden proteger dentro de este mismo proceso sin que tenga que acudir a otro distinto. Por ello para el juicio de reenvío todos los acreedores o personas que se vean afectadas por la nulidad instrumental de las escrituras deben ser llamadas al proceso para que tengan oportunidad de defensa de sus derechos, debiendo asumir el proceso en el estado en que se encuentre, esto con el fin de que no tengan que acudir a otro proceso y así hacer efectivo el principio de tutela judicial efectiva que contempla el numeral 41 de la Constitución Política, por ello se declara con lugar el reclamo y se anula la sentencia en lo relativo a la acción civil resarcitoria. b.- Sobre las costas en razón de sentencia. En vista de haberse aceptado la primera parte del recurso, se omite pronunciarse por innecesario sobre las costas .

V.- SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. Siendo que esta Cámara está anulando la sentencia impugnada y el ordenado el juicio de reenvío en contra de los encartados [Nombre40] y [Nombre39] , se considera necesario prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva del acusado [Nombre84] , con el fin único de garantizar su presencia en el juicio de reenvío, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 del Código Procesal Penal, se prorroga la media cautelar de prisión preventiva vigente por SEIS MESES, desde el 5 de noviembre 2016 hasta el 05 de mayo de 2017.-

POR TANTO:

Se declaran con lugar los recursos de apelación planteados con las siguientes consecuencias procesales: Por mayoría se anula parcialmente la sentencia impugnada en relación con la acción civil resarcitoria, la cual se declara sin lugar en contra del encartado [Nombre3] . La Jueza [Nombre64] salva el voto. Por unanimidad se anula la sentencia impugnada y el juicio que la precedió en contra de los acusados [Nombre36] y [Nombre84] , en contra de quienes se ordena el juicio de reenvío para ante el tribunal de origen para que con nueva integración resuelva lo que en derecho corresponda. La absolutoria del encartado [Nombre3] se mantiene invariable. Se anula también la sentencia en lo referente a la acción civil resarcitoria planteada en contra de [Nombre92] y [Nombre93] . Se prorroga la prisión preventiva del encartado [Nombre84] por el plazo de SEIS MESES, contados a partir del el 5 de noviembre 2016 hasta el 05 de mayo de 2017. NOTIFÍQUESE.- Roy Antonio Badilla Rojas [Nombre10] Giovanni Mena Artavia Jueces y Jueza de Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Imputado : [Nombre1] Y OTROS Ofendido : [[Nombre9] ] Y OTROS Delito : ESTAFA Y OTRO MAVILLALOBOS Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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