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Res. 00078-2016 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV · Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV · 07/09/2016

Tariff setting for private hydroelectric generatorFijación tarifaria a generador hidroeléctrico privado

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OutcomeResultado

DeniedSin lugar

The lawsuit is dismissed in all its claims; the requests for nullity and damages against ARESEP and ICE are denied.Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos; no se acogen las pretensiones de nulidad ni de indemnización contra ARESEP y el ICE.

SummaryResumen

The Administrative Appeals Court analyzed whether ARESEP and ICE breached their tariff-setting duties towards Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., a private hydroelectric generator selling energy to ICE under Law 7200. The company argued that ARESEP had to set an individual rate-of-return tariff from the moment its concession was perfected, that retroactive application of the tariff band methodology was illegal, and that ICE was unjustly enriched by paying only the lower band limit. The Court extensively reviewed the legal regime for water power concessions, the public-service nature of private generation, and ARESEP's powers to establish sector-wide methodologies. It held that ARESEP acted within its technical discretion by adopting the band system, which applies to all new private generators under Law 7200, and that there is no acquired right to any specific methodology or tariff. It emphasized that the company contractually agreed to abide by ARESEP's methodologies via an addendum, and failed to prove the alleged nullities or a causal link between the administrative actions and the claimed damages. The Court dismissed all claims and declared the lawsuit unfounded.El Tribunal Contencioso Administrativo analiza si ARESEP y el ICE incumplieron sus obligaciones de fijación tarifaria hacia Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., un generador privado de energía hidroeléctrica que vende energía al ICE bajo la Ley 7200. La empresa actora alegó que ARESEP le debía fijar una tarifa individual por tasa de retorno desde que se perfeccionó su concesión, que la aplicación retroactiva de la metodología de bandas tarifarias era ilegal, y que el ICE incurría en enriquecimiento sin causa al pagar el límite inferior de la banda. El Tribunal recoge extensamente el régimen jurídico de las concesiones de fuerza hidráulica, la naturaleza de servicio público de la generación privada, y las facultades de ARESEP para establecer metodologías sectoriales. Concluye que ARESEP actuó dentro de su discrecionalidad técnica al adoptar el sistema de bandas, aplicable a todos los generadores privados nuevos al amparo de la Ley 7200, sin que exista un derecho adquirido a metodología o tarifa alguna. Destaca que la empresa aceptó contractualmente someterse a las metodologías de ARESEP mediante un addendum, y que no demostró los vicios de nulidad invocados ni el nexo causal entre las actuaciones administrativas y los daños reclamados. Rechaza todas las pretensiones y declara sin lugar la demanda.

Key excerptExtracto clave

“In this Court's view, ARESEP is empowered to choose the technical method for setting a price that guarantees cost-of-service and the financial equilibrium of the regulated public-service provider. This constitutes the exercise of a technical discretionary power, without implying the delegation of the legal tariff-setting competence to another public institution, in accordance with Article 31 of Law 7593... That band system corresponds to ARESEP's exercise of technical discretionary power, grounded in law and based on the technical studies set out in the resolutions that give the methodology its force; therefore, the sector's tariff determination is deemed lawful... In this specific case, the plaintiff company claims that the tariff determination was denied by applying the rate-of-return methodology that was in force when the concession was finalized... The arguments are rejected as unfounded. First, tariff setting using the rate-of-return methodology lacks any factual or legal basis, since it is a formula ARESEP used to set the *provisional* tariff, which is thus temporary in nature.”“En criterio de este Tribunal la Aresep se encuentra facultada para elegir el método técnico para la fijación de un precio que garantice el servicio al costo y el equilibrio financiero del prestador del servicio público regulado. Se trata del ejercicio de una potestad discrecional técnica, sin que implique la delegación en otra institución pública del ejercicio de la competencia legal de fijación tarifaria, al amparo del artículo 31 de la Ley 7593... Dicho sistema de bandas, corresponde al ejercicio de la potestad discrecional técnica de la Aresep, con amparo en la ley y bajo el fundamento de estudios técnicos contenidos en las resoluciones que le dan vigencia a la metodología, por ende la fijación tarifaria del sector se estima que es conforme a derecho... En el caso concreto, la empresa actora reclama la negativa de la fijación tarifaria en aplicación de la metodología de la tasa de retorno vigente al momento del perfeccionamiento de la concesión... Los argumentos se rechazan por improcedentes. En primer lugar, la fijación tarifaria aplicando la metodología de tasa de retorno, carece de todo sustento fáctico y jurídico, dado que se trata de una fórmula utilizada por la Aresep para el establecimiento de la tarifa provisional, por ende con carácter temporal.”

Pull quotesCitas destacadas

  • "“En criterio de este Tribunal la Aresep se encuentra facultada para elegir el método técnico para la fijación de un precio que garantice el servicio al costo y el equilibrio financiero del prestador del servicio público regulado. Se trata del ejercicio de una potestad discrecional técnica, sin que implique la delegación en otra institución pública del ejercicio de la competencia legal de fijación tarifaria, al amparo del artículo 31 de la Ley 7593.”"

    "“In this Court's view, ARESEP is empowered to choose the technical method for setting a price that guarantees cost-of-service and the financial equilibrium of the regulated public-service provider. This constitutes the exercise of a technical discretionary power, without implying the delegation of the legal tariff-setting competence to another public institution, in accordance with Article 31 of Law 7593.”"

    Considerando IX, parágrafo sobre la metodología de bandas

  • "“En criterio de este Tribunal la Aresep se encuentra facultada para elegir el método técnico para la fijación de un precio que garantice el servicio al costo y el equilibrio financiero del prestador del servicio público regulado. Se trata del ejercicio de una potestad discrecional técnica, sin que implique la delegación en otra institución pública del ejercicio de la competencia legal de fijación tarifaria, al amparo del artículo 31 de la Ley 7593.”"

    Considerando IX, parágrafo sobre la metodología de bandas

  • "“...no existe un derecho amparado en el Ordenamiento Jurídico al mantenimiento de la tarifa o del método de cálculo por tratarse de un servicio público regulado, que impone el pago de un precio al costo y respetando el equilibrio financiero. El marco normativo en materia de fijación de precios del servicio público, exige que sean revisados y ajustados a la realidad sobre criterios fácticos, científicos o jurídicos en cumplimiento del interés público y en aplicación de los Principios de Inderogabilidad Singular de los Reglamentos e Igualdad, sin que la tarifa fijada y el método de cálculos puedan mantenerse estáticos en el tiempo.”"

    "“...there is no right protected by the legal system to the maintenance of a tariff or a calculation method, because this is a regulated public service that requires paying a price at cost while respecting financial equilibrium. The regulatory framework for public-service pricing demands that prices be reviewed and adjusted to reality based on factual, scientific, or legal criteria, in the public interest and in application of the Principles of Singular Non-Derogability of Regulations and Equality; neither the set tariff nor the calculation method can remain static over time.”"

    Considerando IX, respuesta al argumento de la empresa actora

  • "“...no existe un derecho amparado en el Ordenamiento Jurídico al mantenimiento de la tarifa o del método de cálculo por tratarse de un servicio público regulado, que impone el pago de un precio al costo y respetando el equilibrio financiero. El marco normativo en materia de fijación de precios del servicio público, exige que sean revisados y ajustados a la realidad sobre criterios fácticos, científicos o jurídicos en cumplimiento del interés público y en aplicación de los Principios de Inderogabilidad Singular de los Reglamentos e Igualdad, sin que la tarifa fijada y el método de cálculos puedan mantenerse estáticos en el tiempo.”"

    Considerando IX, respuesta al argumento de la empresa actora

  • "“Se enfatiza que existió un acuerdo voluntario de la parte actora con el ICE para sujetarse a las tarifas establecidas por la Aresep, siendo que el Addendum suscrito con posterioridad no deja ninguna duda acerca de la sujeción a la metodología que adopte la Aresep y a sus modificaciones sin requerir posteriores ajustes al contrato.”"

    "“It is emphasized that there was a voluntary agreement between the plaintiff and ICE to abide by the tariffs set by ARESEP, and the subsequently signed Addendum leaves no doubt about the subjection to the methodology adopted by ARESEP and its amendments, without requiring further adjustments to the contract.”"

    Considerando IX, análisis contractual

  • "“Se enfatiza que existió un acuerdo voluntario de la parte actora con el ICE para sujetarse a las tarifas establecidas por la Aresep, siendo que el Addendum suscrito con posterioridad no deja ninguna duda acerca de la sujeción a la metodología que adopte la Aresep y a sus modificaciones sin requerir posteriores ajustes al contrato.”"

    Considerando IX, análisis contractual

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Sections

Procedural marks

**VIII. On hydroelectric energy from private generators sold to ICE:** In order to conduct an adequate analysis of the object of this proceeding, it is necessary to specify the applicable legal regime in this case, given the specialty and complexity of the matter at hand. This Administrative Court has issued a pronouncement to clarify the legal regime applicable to private generators of hydroelectric energy, and the relevant portions are transcribed:

"(...) First. On the exploitation of the forces obtainable from the waters of the public domain of the national territory: It is precisely because of the nature of the asset in question that it is considered an asset of the Nation, according to which it does not belong to the State or to a specific public entity, much less to private individuals, but to 'the Nation,' that is, to the community as a whole, as expressed by Article 121, section 14), point a) of the Political Constitution, and the classification stated in ruling 2001-10466, of ten hours seventeen minutes on the twenty-fourth of November of two thousand one of the Constitutional Chamber—; according to which, because of this status, it has reinforced protection, insofar as it may not 'definitively leave the domain of the State,' and its exploitation shall be the responsibility of the Public Administration, or of private individuals 'in accordance with the law or by special concession granted for a limited time and in accordance with the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly,' as expressly provided for in the final paragraph of the cited numeral. That is, it is an 'asset,' in the legal-technical sense, which by virtue of this makes it deserving of legal protection, in this case reinforced. In this sense, these types of assets integrate the unity of the State, and together with its political, economic, and social organization, they pursue the satisfaction—on a plane of equality—of the general interests; their main objective is to achieve the common good; which constitutes the principal reason to justify the impediment, at least in principle, to the free disposition of this category of assets by those administered. Due to this special legal protection, they are not susceptible to being appropriated by private individuals, nor even by the Public Administration for particular purposes, nor destined for purposes different from those determined by their own essence and nature. In any event, their protection—in the terms that prove necessary—and administration, correspond to the State, on behalf of the Nation (Volume III of the Minutes of the National Constituent Assembly, Session number 168, page 468). For this reason, the constituent power opted for legislative control in cases where it is possible to alienate these assets, or to incorporate new assets for public uses; however, some of these cannot be the object of release from public domain, even by law of the Republic (the case in which we find ourselves), because due to their special nature, they have received a special constitutional designation, which exempts them from commerce among men; and in this sense, they are inalienable, unseizable, and imprescriptible, and subject their exploitation to the police power of the Administration. As stated supra, they may indeed be the object of rational exploitation by the State or by private individuals

\"[...] in accordance with the law or by special concession granted for a limited time and in accordance with the conditions and stipulations established by the Legislative Assembly\" (section 14) of Article 121 of the Political Constitution.)

Thus, constitutional jurisprudence, in ruling number 6240-93, of fourteen hours on the twenty-sixth of November of nineteen ninety-three, examined the possibility of the Legislative Assembly resorting to the technique called 'framework law' to satisfy the requirement of the norm under commentary. On that occasion it was indicated:

\"In this case, the Legislative Assembly invests in the Public Administration the power to grant specific concessions, a competence that, of course, does not include that of entirely substituting the function of the former, as will be stated later. In this hypothesis, the delegate may be any entity in the public sphere—both the Executive Branch itself, the normal organ of administrative contracting (Article 140 section 14) Constitution), and any other decentralized entity of the Public Administration—but not, as proposed in the bill, a simple deconcentrated body within an Executive ministry.\" Criteria reiterated—among others—in ruling number 2001-10466, cited above, in which it considered, in what is relevant:

\"The Water Law (Article 176), as of the reform to Transitory Provision V of Law 7593 of August 9, 1996, certainly attributed competence to MINAE to grant concessions intended to utilize public waters for electrical energy production. However, the mere assignment of competence cannot be assimilated to a framework law regulating the process of granting the concession (requirements for the concessionaire, obligations, designations, etc.), and even less so when assets that may not be released from public domain even by ordinary law are at stake. A liberal interpretation of the regime that regulates this matter could lead to a <de facto> release from public domain of the Nation's assets, which is clearly unsustainable. The Chamber estimates that with the repeal of Law 258, everything referring to water concessions for the exploitation of energy was left without a framework law, precisely the assumption dealt with in section 14) of Article 121 of the Political Constitution. The framework law that this Chamber has indicated as possible in this matter must have clear, concrete regulations regarding the concession to be granted, as it concerns the exploitation of the Nation's assets; not by chance did the constituent power itself establish that the law had to address <conditions and stipulations>, which are nothing other than a detailed normative framework due to the asset involved. It is important, for the purposes of this ruling, to indicate that the concept of a framework law is consistent with the Law of the Constitution. The jurisprudential development of this Chamber allows us to maintain that the framework law which is lacking could not be similar to Law No. 258 of August 18, 1941, and its reforms, nor to the current Water Law, because those <frameworks> would be insufficient to achieve the adequate regulation of the rational exploitation of the water resource. It is not enough to establish that a specific basin has hydroelectric potential, as the repealed SNE Law required; it is necessary to plan the installation of this type of project in such a way that, among other aspects to consider, it takes into account that future generations—whose rights are protected by the Law of the Constitution—are not prevented from enjoying the water resource and other natural resources, such as, for example, for the preservation of fauna, ecosystems, climate, guaranteeing navigation, and scenic and artistic enjoyment, among others. The Rio Declaration on Environment and Development of June 14, 1992, established as principle three <the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations>; principle four provides <in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation>. In accordance with the foregoing, the repealed SNE Law and the former Water Law are far from being the model framework law currently required by the Law of the Constitution. For the reasons stated, the Chamber deems inadmissible interpretations suggesting that the Water Law is the required framework law for the exploitation of the <force of the waters> by private individuals, as it has never been the normative regulatory framework for this matter; its content was limited to complementing specific provisions on the matter, at a historical moment, without it being possible to now give it, in the absence of adequate regulation, a function it does not have. Nor does this Chamber find that there is a true public interest in departing from the previous conclusion, since ICE retains the possibility of exploiting both the force of the waters and other forms of energy generation to satisfy national demand, and in the same condition are—without this implying a valuation of those contracts—those concessionaires duly authorized by SNE to carry out that activity <in limited capacity>. In any event, the possibility still subsists for the private individual interested in this type of activity to go to the Legislative Assembly to request the concession of their interest, and it shall correspond to the Assembly to establish the timeliness of regulating the matter, without this being validly achievable by the legal operator or the Executive Branch through its regulatory power.\" (In the same sense, see number 2001-6669, of fourteen hours fifty-six minutes on the eleventh of July of two thousand one.)

By virtue of the foregoing, that High Court indicated that for the rational exploitation of the Nation's heritage, a framework law regulating the process is required, through concessions, whether by State institutions (for example, the Costa Rican Electricity Institute in relation to the exploitation of the water resource), or by those administered (such as the contracting of electrical generation), regulations that must contain clear and concrete rules regarding the requirements for the concessionaire, obligations, designations, etc. Thus, in accordance with the stated constitutional mandate, special legislation is required to regulate the situation, in order to allow private individuals (those administered) participation, in this case, in the activity of electrical energy generation, through the respective concession, or failing that, through an express act of the Legislative Assembly. Consequently, if that legal regulation does not exist—in the terms required by the constitutional norm of reference—it is impossible for the Administration to grant recognition in this sense, under serious breach of the principle of legality. In the case of our country, in accordance with the provision of Decree-Law 449, of April eight, nineteen forty-nine, of the Founding Junta of the Second Republic, the Costa Rican Electricity Institute was entrusted with 'the rational development of the physical energy sources that the Nation possesses, especially hydraulic resources,' as its numeral 1 states; an activity that it has been prevalently carrying out based on that regulation, while the participation of private individuals, as has been stated, is conditioned to the assumptions and conditions established in a framework law, as mandated by the constitutional norm commented upon. This regulatory framework is currently lodged, first of all, in Law 7200, of September twenty-eight, nineteen ninety, in effect as of October eighteen of that same year, which regulates a particular type of generation, insofar as, as its name indicates, it authorizes autonomous or parallel electrical generation, which is that produced by 'power plants of limited capacity, belonging to private companies or cooperatives that can be integrated into the national electrical system' (Article 1); the destination of this energy—which is not for self-consumption—being for purchase—exclusively—by the Costa Rican Electricity Institute, under the terms expressly provided in Article 3, an activity declared to be of public interest, as expressly indicated by the Constitutional Chamber itself in ruling number 6556-95, of seventeen hours twenty-four minutes on the twenty-eighth of November of nineteen ninety-five, when it referred to the object or purpose of this Law, and indirectly, in ruling number 2008-14922, of fourteen hours fifty-five minutes on the eighth of October of two thousand eight, by concluding that:

\"For the energy generated by private entrepreneurs to be directly commercialized, a change in national legislation is required. This is to the extent that private generators must comply with the provisions regulating the service concessions and use of public domain at their disposal. In the Costa Rican legal system, there is no legal regulation whatsoever that grants a concession to produce energy and exploit public waters for a sale to third parties other than ICE.\" In the same sense, the administrative sphere of our country has also manifested itself, specifically the Office of the Attorney General of the Republic in various opinions, for example in opinions 293-2006, C-445-2007, and C-448-2007. Note also that numeral 6 of Law 7200 under commentary conditions the granting of the respective concession to exploit plants of limited capacity—not exceeding twenty thousand kilowatts (20,000 kW), as defined by Article 2—on 'a declaration of eligibility granted by the Costa Rican Electricity Institute'; establishing as a condition for that entity to grant such eligibility, that 'the power, by concept of parallel generation, does not come to constitute more than fifteen percent (15%) of the total power of the power plants that make up the national electrical system' (Article 7). Thus, the activity of purchasing energy from private individuals is classified in the law as an ordinary activity (Article 13), which must be carried out through contracts (of sale and purchase) and must be endorsed by ARESEP. It is understood that the participation of other operators in the national market for the generation, transmission, distribution, and commercialization of electrical energy is regulated in normative bodies other than Law 7200, for example Law number 8345, of February twenty-six, two thousand three, which regulates the Participation of Rural Electrification Cooperatives and Municipal Public Service Companies in National Development, in effect as of March twenty-five following its approval. In this normative body, the regulatory framework for the granting of concessions is expressly established:

\" a) ... for the use of the forces obtainable from the waters of the public domain of the national territory, under the protection of the provisions in section 14) of Article 121 of the Political Constitution, to rural electrification cooperative associations, to consortiums formed by these, and to municipal public service companies; b) the generation, distribution, and commercialization of electrical energy by the subjects indicated in the preceding section, using renewable energy resources in the national territory, under the protection of Law No. 7593, of August 9, 1996.\" (Article 1).

As observed, this regulation is special, insofar as it refers to a particular sphere—the local or rural—distinct from the one previously commented upon; it being that even in its Article 9, cooperative associations and/or municipal public service companies protected under this Law (8345) are authorized to 'arrange the sale of surplus electrical energy to ICE or among themselves.' The body responsible for granting these concessions is the Ministry of Environment and Energy, when production does not exceed sixty megawatts, given that in the event it does, the granting corresponds to the Legislative Assembly (Article 11). Consequently, there is no legal regulation in our country regarding the generation of electrical energy by private individuals for sale to third parties, in the terms requested by the plaintiff company in its claim, that is, based on Law 7200, given that the phases of transmission, distribution, and commercialization are carried out by the Costa Rican Electricity Institute, and the participation of private individuals is circumscribed to the rural or municipal sphere, residing in rural electrification companies and/or cooperatives—such as the Cooperativa de Electricidad Rural de Alfaro Ruiz, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R.L.; Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica, R.L.; Empresa de Servicio Público de Heredia (ESPH); Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC)—as regulated and authorized by the Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, number 8345, cited supra. Also take into consideration that the Costa Rican grid is under the responsibility of the Costa Rican Electricity Institute, which assumes the ultimate responsibility for the electricity service rendered in the country, with the already-indicated exceptions of rural cooperatives or municipal electrification companies. Note further that, in the case of the use or exploitation of public domain waters for the generation of electrical energy, the granting of these concessions is conditioned upon the Ministry of Environment and Energy having previously granted them the corresponding concession, which is currently regulated by the Ley Marco de la Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Eléctrica, number 8723, of April twenty-two, two thousand nine, in effect as of May fifteen following its adoption—this, it is reiterated, in compliance with the constitutional mandate established in Article 121, section 14), point a), and which the cited law develops in the following terms:

\"ARTICLE 1.- Purpose of this Law.

This Law establishes the regulatory framework to grant concessions for the use of the hydraulic forces obtainable from the waters of the public domain of the national territory, under the protection of the provisions in section 14) of Article 121 of the Political Constitution for hydroelectric generation.\" \"ARTICLE 2.- Authorization to grant concessions for the use of hydraulic forces for hydroelectric generation.

The Executive Branch is authorized, through the Ministry of Environment, Energy, and Telecommunications (Minaet), to grant or deny, by administrative act, concessions for the use of hydraulic forces for hydroelectric generation, as indicated below.

For Chapter I of Law No. 7200, the concessions for hydraulic force shall be granted within the limit indicated in its Article 5, that is, up to twenty thousand kilowatts (20,000 kW) and up to fifteen percent (15%) of the total power of the power plants that make up the National Electrical System.

For Chapter II of Law No. 7200, the concessions for hydraulic force shall be granted within the limit indicated in its Article 20, that is, up to fifty thousand kilowatts (50,000 kW) and up to fifteen percent (15%) of the total power of the power plants that make up the National Electrical System, in addition to that of the preceding paragraph.

Beyond these limits, it is the responsibility of the Legislative Assembly to grant the concession. Concessions requested for self-consumption are excepted from these limits.

The use of hydraulic force for hydroelectric generation must be carried out in accordance with the National Water Plan, respecting the priority of water for human consumption.\" Second: On the conceptualization of electrical generation as a public service: Likewise, as an essential element that also affects this activity, it must be considered that in our legal system, electrical generation is a public service, in the terms established in Article 5, section a) of Law 7593. Note that this provision does not distinguish the source of energy production; thus, in these terms, the generation of electrical energy is a public service, regardless of whether it is obtained from the forces of the waters, from hydrocarbons, from organic waste, or from wind energy, etc. This condition in itself means that its exercise is subject to regulations of Administrative Law, both regarding the subject responsible for the matter and the purpose—by legal reservation, as an expression of the principle of minimum regulation established in numeral 12 of the General Law of Public Administration—as well as regarding the principles that govern it—continuity, efficiency, adaptation to change, and equality (Article 4 of the cited General Law, number 6227); and its development, through concession, whether by public entities or private individuals, in accordance with the provisions established in the framework law, especially as in this case, when it concerns the exploitation of an asset of the Nation. That is, its exercise is not free, in a double sense, insofar as it cannot be carried out by any person by virtue of the autonomy of their will, but rather requires a qualifying title to participate in it, i.e., to generate energy; and furthermore, the development of this activity is necessarily subject to the legal provisions that regulate the rendering of public services in general and electrical generation in particular, in the aforementioned Laws 8723, 7200, and 7593, and their regulations (such as the Regulation to Chapter II of Law 7200, Executive Decree number 24866, of December twenty-two, nineteen ninety-five). For the foregoing reason, a regime of special subjection is configured for the concessionaires in their relationship with the Administration, according to which, special powers are recognized to the body responsible for the matter, in this case ARESEP, by virtue of the express mandate given in numerals 5 of Law 7200—by reform given on the occasion of the promulgation of Law 7593, insofar as it transformed the National Electricity Service (SNE) into the Regulatory Authority of Public Services, and with it, all the competences that had formerly been delegated to that entity, as of this new regulation, are understood to be assumed by the new autonomous institution—and 9, final paragraph of the cited Law 7593. Thus, ARESEP holds the competence to grant, modify, transfer, declare lapsed, or revoke a concession; all of the foregoing, in strict accordance with the legal framework, under the terms established in the General Law of Public Administration, that is, with reference to written sources, beginning with the Political Constitution (Article 6), unwritten sources (Article 7), and, of course, the rules of science and technique (Articles 16 and 158.3). (...)". (Ruling No. 127-2014-VI, the underlining is ours).

By way of synthesis, as extracted from the previous citation, for the exercise of private hydroelectric energy generation, the concession for energy generation issued by the Ministry of Environment and Energy is required, to which it is added that, despite the case of private electrical generators like the plaintiff company being providers to ICE, by provision of law they are considered providers of a public service, though not to the public at large, which is a different matter. In this sense, it is important that what should technically be understood as a service in this case is the generation of energy for ICE exclusively, to the extent that legally it may only be commercialized with it. Furthermore, the eligibility declaration (declaratoria de elegibilidad) granted by ICE is required, the concession for the exploitation of power plants issued by Aresep, and the contract for the sale and purchase of electrical energy signed with ICE, following a public bidding procedure or the conclusion of the processing of an individual application before Aresep so that the private generator may supply the electrical energy. For cases of individual application, the procedure requires the eligibility declaration from ICE and the approval of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) by the Ministry of Environment and Energy. Another important element turns out to be the figure of a single buyer (comprador único), which is ICE, to capture the electrical energy produced by private generators, through concessions, contracts, and tariffs established or approved by Aresep. It is emphasized that private hydroelectric energy generation for sale to ICE constitutes a public service and is subject to regulation regarding prices and quality. It is worth noting that Aresep is responsible for endorsing the contracts signed between ICE and private generators, in such a way that the generation activity is governed by normative regulations and not solely by contractual ones. Subsequently, and regarding the eligibility procedure that rests with ICE, it is relevant that this state company was mandated by law to take as a parameter for awarding eligibility, in its core aspects, only the verification of the percentage of electrical production that the applicant would be capable of generating—which occurs in principle—so that it conforms to the parameters of the law. This excludes other factors that could have an incidence on the business model. All of the foregoing allows this Court to understand that the business of selling hydroelectric energy produced by private generators presents particular characteristics of concession and contract. Hence, the private generator holds the dual condition of concessionaire/contractor. This is so because the sale of hydroelectric energy requires a concession (concession for the use of hydraulic forces (Concesión de aprovechamiento de fuerzas hidráulicas)—water concession (concesión de aguas)—an administrative act, issued by MINAET, by which the utilization of hydraulic forces for electricity generation is authorized; and concession for the public service of generation (concession for generation (concesión de generación))—an administrative act issued by Aresep, for the exploitation of power plants of limited capacity). The obligation to sign a contract for the purchase of energy between the private producer and ICE is imposed by law, the treatment of which requires a distinct and singular analysis. It can be seen that, being a concession of a public service, the guiding principles must apply, namely, service at cost subject to Aresep regulation, continuity, efficiency, among others. Furthermore, since it also involves a contractual relationship with ICE, the basic principles of the financial equilibrium of the relationship and good faith in the execution of the contract must be guaranteed. In the present case, the problem raised will be approached from this understanding of the business of selling hydroelectric energy by a private generator, to emphasize that its treatment and analysis is 'sui generis,' requiring a distinct comprehension, very specific to the technical specialty of the case, which departs from the broad and generic regulation of concessions or contracts for other matters […].” **IX [….] a) On the publication of the band system:** The band-based tariff methodology for the industrial hydroelectric energy sector was adopted by Aresep through resolution RJD-152-2011 of 14:15 on August 10, 2011, published in La Gaceta No. 168 on September 1, 2011, establishing the “Reference tariff methodology for new private hydroelectric generation plants,” which contains the technical mechanism (mathematical formula) for calculating the lower and upper limits of the bands. Furthermore, by resolution No. RJD-161-2011 of fifteen hours on October 26, 2011, a material error was rectified, and resolution No. RJD-152-2011 was supplemented.

Thus, the argument put forward by the plaintiff—that the methodology was created as of Resolution No. 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta No. 92 of May 14, 2012, which contains an update of the band extremes or limits—is not consistent with reality. In this regard, it is an undisputed fact that the plaintiff company signed the contract with ICE on April 26, 2012, and began operations on June 2, 2012; that is, after the band system methodology, published as of September 1, 2011, was already in effect, which prevents crediting the alleged retroactive application of the regulation.

  • b)Subjects to whom the methodology is applicable: Resolution RJD-152-2011 establishes that the subjects to whom the band system methodology is directed are "all new private generators that, under Law No. 7200, sign a contract with ICE and whose energy source is hydraulic" (page 56 of La Gaceta No. 168-2011). In this regard, Article 1 of Law 7200 establishes to whom this regulation is directed as follows:

"Article 1.- Definition. For the purposes of this Law, autonomous or parallel generation is defined as energy produced by limited-capacity power plants, belonging to private companies or cooperatives that can be integrated into the national electrical system. / Electrical energy generated from the processing of municipal solid waste shall be exempt from the provisions of this Law and may be purchased by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) or the Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), in accordance with the rates approved by the Servicio Nacional de Electricidad (SNE)." (Emphasis supplied).

It is clear that the preceding regulation is directed at limited-capacity power plants, also called private generators, regardless of the type of contract/concession obtained for the production and sale of energy. In the Regulations to Chapter I of Law 7200, Executive Decree No. 37124-MINAET, Article 3 contemplates the participation of private generators by individual request and by selection procedures when there are several new plants:

"Article 3.- Participation: Any Private Company or Rural Electrification Cooperative interested in participating in autonomous or parallel electricity generation activity for sale to ICE must comply with the requirements stipulated in Chapter I of Law No. 7200 and its amendments and sign an energy purchase contract following the procedures that ICE establishes for such purpose in accordance with the provisions of these regulations. / ICE is empowered to sign contracts for the purchase of electrical energy as part of its ordinary activity, which shall have a maximum term of twenty years. However, when there are two or more companies interested in establishing new plants, which have current eligibility and use the same type of primary source, ICE must carry out selection processes that allow it to directly contract those projects that, on an equal footing, best satisfy the public interest. The terms of reference for the selection shall be prepared by ICE and communicated to the interested parties at the time of each call." (Emphasis supplied).

The transcribed provisions allow concluding that private generators are subject to the provisions of Law 7200 without distinction as to the type of procedure used to obtain the status of electrical energy producer (Article 21 of Law 7200, which regulates purchases by public tender, does not limit or restrict energy purchases solely to this type of procedure). The plaintiff company's argument that Decree 37124-MINAET constitutes a regulation of Chapter II of Law 7200, according to the amendment by Law 7508, and is consistent with ICE's internal regulations for the selection of companies through competition, is not receivable. On the contrary, Article 1 of Decree 37124 specifically provides that it regulates the assumptions of Chapter I of Law 7200:

"Article 1.- Purpose: The purpose of these regulations is to regulate the process of formalizing energy purchase and sale contracts and the autonomous or parallel electrical generation activity under the provisions of Chapter I of Law No. 7200 and its amendments. The process contemplates the establishment of the requirements and procedures for granting eligibilities, project selection, contract formalization, and the general conditions of the contracts." (Emphasis supplied).

It is worth clarifying that Law No. 7508, "Reform of the Law Authorizing Autonomous or Parallel Electrical Generation," published in La Gaceta No. 104 of May 31, 1995, modifies the structure of Law No. 7200 and divides it into Chapters, with Chapter I comprising Articles 1 through 19, inclusive, and being called "Autonomous or Parallel Electrical Generation," and from Article 20 onward, Chapter II, "Purchase of Energy under the Competition Regime," is added. In essence, this second chapter contemplates the following scenarios:

"Article 20.- Authorization for the purchase of energy. ICE is authorized to purchase electrical energy from privately owned power plants, up to fifteen percent (15%) additional to the limit indicated in Article 7 of this Law. / This authorization is to acquire energy of hydraulic, geothermal, wind, and any other non-conventional source, in blocks of no more than fifty thousand kilowatts (50,000 kw) of maximum power.

Article 21.- Purchases by public tender. Purchases must be made through a public tender procedure, with competition in sale prices and evaluation of the technical, economic, and financial capacity, both of the offeror and of the characteristics of the offered energy source." From the foregoing, having clarity on the regulations applicable to the plaintiff company, it is proven that it voluntarily subjected itself to Law 7200 by signing with ICE the "Contract for the purchase of electrical energy under Chapter I of Law 7200, Vara Blanca Hydroelectric Plant" on April 26, 2012, which is in effect and whose clauses were not challenged for nullity in this proceeding. Specifically, in Clause Twenty-One, it was agreed that:

"Twenty-One - Rates. The energy received by ICE under this Contract shall be paid at the rates established in accordance with what is determined by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, for the sale of energy by Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. to ICE. For this Contract, the type of rate selected by the Seller for each year shall apply, within the rates provided in the tariff schedule, in accordance with the provisions of Annex 5, which forms an integral part of this Contract. / Should ARESEP authorize a general rate for all new hydroelectric plants applicable to C.H. Vara Blanca, S.A., the Parties agree to make the necessary modifications to this Contract to adjust to the new provisions." (Emphasis supplied).

Additionally, on June 18, 2012, ICE and the plaintiff company signed Addendum No. 1 to the "Contract for the purchase and sale of energy Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A." and amended Clause Twenty-One with the following wording:

"(...) Twenty-One - Rates. The energy received by ICE under this Contract shall be paid at the rates and tariff structure established in accordance with what is determined by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, based on the 'Reference tariff methodology for new private hydroelectric generation plants,' approved by Resolution RJD-152-2011 and its amendments. Should ARESEP approve a new methodology for the calculation and application of private generation rates for new hydroelectric plants in general—or for the specific case of Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A.—the same shall govern from the moment so provided by the respective resolution, without the need to modify this contract. (...)." (Emphasis supplied).

It is emphasized that there was a voluntary agreement by the plaintiff with ICE to be subject to the rates established by Aresep, and the Addendum signed subsequently leaves no doubt about subjection to the methodology adopted by Aresep and its amendments without requiring subsequent adjustments to the contract. The plaintiff freely expressed its willingness to submit to Aresep's methodology, understood as the methodology or technical formulas for setting the rate for the industrial sector to which the activity it carries out belongs. From this perspective, no argument was raised regarding defects in consent that could produce the nullity of what was contractually agreed upon. It should be noted that the plaintiff also does not raise any claim for nullity of the contract clauses or the addendum. The plaintiff company limited itself to questioning the countersignature granted by Aresep, and such an act is covered by the doctrine of expiration, as provided in the preceding recital, which prevents analysis of the merits in this judgment. Regarding regulatory subjection and Aresep's tariff provisions, it should be noted that the existence of a special subjection relationship is evident, by virtue of the special public service characteristics of the contractual/concessionary relationship that the plaintiff company, as a private generator, maintains for the sale of hydroelectric energy with the single buyer, ICE, by provision of law. Such condition obliges it to be subject to the regulatory body in matters of setting public service prices in accordance with Articles 5 and 31 of Law 7593 and prevents the non-application of the regulations in force for the specific case. In this sense, any claim aimed at maintaining the methodology initially applied by Aresep or a set rate is openly improper, since there is no right protected by the Legal System to the maintenance of the rate or the calculation method, as it is a regulated public service, which imposes payment of a price at cost and respecting financial equilibrium. The regulatory framework regarding the setting of public service prices requires that they be reviewed and adjusted to reality based on factual, scientific, or legal criteria in fulfillment of the public interest and in application of the Principles of Singular Non-Derogability of Regulations and Equality, without the set rate and the calculation method being able to remain static over time. For the foregoing reasons, the argument raised by the plaintiff company is rejected [...]

In the opinion of this Tribunal, Aresep is empowered to choose the technical method for setting a price that guarantees the service at cost and the financial equilibrium of the provider of the regulated public service. It involves the exercise of a technical discretionary power, without implying the delegation to another public institution of the exercise of the legal competence for tariff setting, under Article 31 of Law 7593. It is necessary to highlight that the control of the exercise of discretionary powers, while it is true is not barred from this jurisdiction, requires an express request from the administered party with the provision of the necessary evidence demonstrating a defect in reasonableness, proportionality, the rules of science and technique, or the elementary principles of justice, logic, or convenience, in accordance with the provisions of Article 119 of the Administrative Contentious Procedure Code in relation to Articles 15, 16, and 160 of the General Public Administration Law. Additionally, it is noted that Aresep itself, when hearing the oppositions of interested parties to the proposed band methodology, responded based on respect for the Principle of service at cost and financial equilibrium. In essence, it is cited:

"(...) ARESEP has broad powers to establish and use the methodologies it deems convenient, as long as the principle of service at cost is respected, the financial equilibrium of the public service providers subject to the regulations of Law No. 7593 is not undermined, and they are in accordance with the provisions of Article 16 of the aforementioned General Law. These powers include the setting of specific rates or tariff bands. Bear in mind that a tariff band is nothing more than a possible sequence of authorized rates. It should be kept in mind that the setting of rates through bands by public service regulatory bodies worldwide is frequent. (...)." (Resolution No. 152-2011. Emphasis supplied).

In this particular case, the tariff band system chosen by Aresep and adopted through Resolutions No. 152-2011, No. 161-2011, and No. 796-RCR-2012 is duly grounded in the regulatory framework and in the technical studies set forth in the content of the indicated resolutions (see proven fact number 16). This Tribunal understands that the band system methodology created by Aresep is for the entire industrial sector of private energy generators, thereby eliminating individual tariff setting for each selling company and replacing it with a variety of average rates for the sector, at the seller's—i.e., private generator's—choice. Said band system corresponds to the exercise of Aresep's technical discretionary power, supported by law and based on the technical studies contained in the resolutions that give effect to the methodology; therefore, the tariff setting for the sector is deemed to be in accordance with the law.

  • b)Procedure to review the methodology: Article 31 Law 7593. Article 31 of Law No. 7593 grants Aresep the possibility of establishing the methodology that best suits the regulated public service to set the rate, but also provides the option of considering the particular situation of each company if there is proven impossibility. As it is fully applicable, the indicated regulation is transcribed:

"Article 31.- Setting of rates and prices. To set the rates and prices of public services, the Regulatory Authority shall take into account model productive structures for each public service, according to the development of knowledge, technology, service possibilities, the activity in question, and the size of the provider companies. In the latter case, it shall seek to foster small and medium-sized enterprises. If there is proven impossibility to apply this procedure, the particular situation of each company shall be considered. / The criteria of social equity, environmental sustainability, energy conservation, and economic efficiency defined in the National Development Plan shall be central elements for setting the rates and prices of public services. Settings that undermine the financial equilibrium of the public service providing entities shall not be permitted. / The Regulatory Authority must apply annual rate adjustment models, based on changes in variables external to the administration of the service providers, such as inflation, exchange rates, interest rates, hydrocarbon prices, salary adjustments made by the Executive Branch, and any other variable the Regulatory Authority deems pertinent. / Likewise, when setting public service rates, the following aspects and criteria must be considered, where applicable:

  • a)Guarantee financial equilibrium.
  • b)Recognition of the cost structures of the different project financing and contracting mechanisms, their special forms of payment, and their effective costs; including, but not limited to, B-type schemes: (build and operate, or build, operate and transfer, BOO), as well as operating leases and/or financial leases and any others that may be regulated.
  • c)Protection of water resources, environmental costs, and environmental services." (Emphasis supplied).

According to the foregoing, it is legally viable for Aresep to choose a tariff methodology for the specific industrial sector, and at the same time, it is also admissible for companies to request individual tariff setting in those cases where it is possible to demonstrate that there is some type of proven impossibility to apply the sector's methodology or rate, all of which is subject to proof. In the specific case, the plaintiff company claims the refusal of tariff setting in application of the rate-of-return methodology in effect at the time the granted public service concession was perfected and its extension through the contractual relationship with ICE to guarantee financial equilibrium. It was also alleged that ARESEP refused to analyze a single cost of the multiple investment reports provided, audited by external accountants, which have invariably encountered an absolute lack of analysis, even preliminary, alleging a supposed obligation of ICE to renegotiate the rate. It adds that ICE has omitted adopting any type of palliative measure for the ruinous equation the plaintiff currently faces, with a situation of financial bankruptcy and the possibility of losing the assets given as collateral. It maintains that as a result of the failure to set a balanced rate, injuries have been caused to its patrimonial rights and consolidated legal situations, that the financial situation is unsustainable, barely alleviated by the external circumstance of having obtained an extension of the grace period until September 1, 2014, and it indicates that the interest generated must be assumed by ICE due to the unbalanced rate it pays. The arguments are rejected as improper. In the first place, the tariff setting applying the rate-of-return methodology lacks all factual and legal support, given that it is a formula used by Aresep for the establishment of the provisional rate, therefore temporary in nature. See in this regard that Resolution No. 341-RCR-2011 of 2:58 p.m. on February 21, 2011, issued by ARESEP, which authorized the provisional rate, clearly provided for a temporary nature of the rate. In essence, it is cited:

"(...) I. Set for the electricity generation service provided by Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. for sale to ICE, the rate of $0.0695/kWh (six point ninety-five cents of a dollar per kWh) (...) / III.- Indicate to C.H. Vara Blanca S.A. that the authorized maximum rate and the tariff structure shall be in effect as long as the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos has not authorized a general rate for all hydroelectric plants similar to C.H. Vara Blanca S.A., through the application of a cost model, model productive structures, or general reference costs. (...)." Published in La Gaceta No. 44 of March 3, 2011 (Proven fact No. 8, emphasis supplied).

In the same vein, the "Rate of Return" methodology and individual rate setting was based on the former Regulations to the Autonomous Parallel Electrical Generation Law No. 20346-MIRENEM, a decree that was repealed by Article 28 of the Regulations to Chapter I of Law No. 7200, "Law Authorizing Autonomous or Parallel Electrical Generation," approved by Executive Decree No. 37124 of March 19, 2012, thus making it improper to order the application of a repealed and no longer in-force regulation. In relation to the plaintiff's argument claiming a refusal by Aresep to analyze the requests made and the accounting information of costs, said refusal is not demonstrated. On the contrary, Aresep did provide a written response to the plaintiff company's request for tariff setting, as recorded in Resolution No. 010-RIE-2013 of 4:00 p.m. on January 25, 2013, issued by the Energy Intendancy, which rejected the plaintiff company's request because it was not based on the current price model and sought a particular setting, but without requesting a review of the rate applicable to the entire sector according to the tariff model parameters (proven fact number 29). Aresep's Board of Directors confirmed what was done with Resolution No. RJD-116-2013 of 2:20 p.m. on September 16, 2013, adding a lack of demonstration of the causal link between the alleged losses claimed and Aresep's conduct, while admitting the possibility of negotiation between the contracting parties within the reference bands (proven fact number 40). In the opinion of this Tribunal, what was done is supported by Article 31 of Law 7593, which admits the exceptional review of the methodology if the existence of impossibility to apply the procedure is proven, in order to consider the particular situation of each company. In the case of the plaintiff company, the band system methodology prevents the setting of an individual rate, as it establishes tariff limits for the entire industry and not for a particular subject, which were not questioned or challenged in the plaintiff company's request. In accordance with Article 31 of Law 7593, if the plaintiff company were to prove an impossibility, from the industry sector's financial standpoint, to establish a band system, only under that hypothesis would it be empowered to request a review of the methodology based on an objective study under the parameters of service at cost, with its specific case being considered. However, none of this was demonstrated in this proceeding, nor was it presented from that line of analysis. From this perspective, the plaintiff company does not manage to demonstrate that the band system methodology is vitiated. The argument regarding Aresep's referral to negotiate with ICE lacks the necessary support to vitiate the act with absolute nullity for the following reasons. Aresep raises the alternative of price negotiation with ICE in facultative, that is, optional and not obligatory, terms, as recorded in the Board of Directors Resolution No. RJD-116-2013, which exhausts the administrative channel and mentions "the possibility that the parties contractually agree on the purchase and sale price of electrical energy within the reference tariff band." Such a reference, although it might seem not adjusted to the reality of the electrical energy sale business and the particularity of the single buyer—ICE, which by internal policies has opted to pay the lower end of the band without this implying any legal infraction—does not constitute a defect of nullity of what was done, since the basis on which the act rejecting the plaintiff's request for tariff setting was sustained was the non-application of the current band system methodology for the industrial sector in order to seek an individual rate, without noting any type of impossibility of the authorized model. In this sense, the administrative conduct of Aresep challenged here (which ranges from the methodology to the rejection of the plaintiff's request) must be upheld in application of the Principle of Conservation of the administrative act, established in Article 168 of the General Public Administration Law, in order to guarantee legal certainty and the public purpose. This decision takes into account the special subjection relationship of private generators and the voluntary agreement signed by the plaintiff to submit to Aresep's regulation, as well as the limitation posed by the arguments and claims raised in this lawsuit, which prevent the Tribunal from going beyond the limits set by the parties, which does not address the impossibility of applying the band system methodology chosen by Aresep, nor is evidence provided. [...]

... See more Citations of Legislation and Doctrine Related Judgments 2 PROCEEDING:

Knowledge PLAINTIFF:

Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A.

DEFENDANTS:

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) and Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) VOTE No. 78-2016-IV CONTENTIOUS ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, SECTION FOUR, SECOND JUDICIAL CIRCUIT OF SAN JOSÉ. Goicoechea, at eight hours twenty minutes on September seventh, two thousand sixteen.- Proceeding of pure law established by CENTRAL HIDROELÉCTRICA VARA BLANCA S.A., legal identification number CED87992 - - , represented by Nombre37408 , of legal age, widower, businessman, resident of Alajuela, identification card number CED87993 - - , in his capacity as president with powers of unrestricted general agent without limit of sum; against INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (hereinafter by its acronym ICE), represented by its General Judicial Attorney María Gabriela Sánchez Rodríguez, identification card number CED32346 - - and against AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (hereinafter by its acronym Aresep), represented by its General Judicial Attorney Viviana Lizano Ramírez, identification card number CED1446 - - . Acting as special judicial attorney for the plaintiff is Dr. Rodolfo Saborío Valverde, identification card number CED30306 - - .

WHEREAS

1.- On June 17, 2014, the plaintiff company filed the lawsuit so that the judgment would uphold the claims that were ratified in the preliminary hearing as follows: "1) That Nombre628 is obligated by Law 7593 of August 9, 1996, Law 7200 of September 28, 1990, and Executive Decree 20346-MIRENEM of March 21, 1991, in effect at the time the public electricity generation service concession and the electricity sale contract with ICE were perfected, to set a rate for the purchase of energy delivered by Nombre111320 to ICE, in application of the rate-of-return method; that is, that in addition to establishing a rate that recognizes the investment made, a reasonable profit for the sector must be contemplated. / 2) That the administrative actions adopted by Nombre628 in disregard of the legal provisions outlined in the preceding claim incur a substantial infraction of the legal system and that therefore the following actions are absolutely null: a) Resolution 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta 92 of May 14, 2012; b) Resolution RRG-162-2012 of May 28, 2012; c) Resolution RJD-060-2012 of June 7, 2012; d) Resolution 879-RCR-2012 issued by the Regulation Committee on June 14, 2012; e) Resolution RJD-142-2012 of November 8, 2012; f) Resolution 010-RIE-2013 of January 25, 2013, of the Energy Superintendent; g) Resolution RIE-022-2013 of February 22, 2013, of the Energy Intendancy; h) Resolution RJD-116-2013 of September 16, 2013, of the Board of Directors. / 3) That Nombre628 is responsible, in application of Articles 190 and following of the General Public Administration Law, for all patrimonial damages caused to Nombre111320 by the omission of fulfilling its duties and by the absolutely null actions so declared in this proceeding, sums which shall be liquidated in the execution of judgment. In the event that at the time of issuing judgment, the financial situation of Nombre111320 has become unsustainable and has led to the execution of the bank guarantees encumbering the Vara Blanca Hydroelectric Project, we request that the judgment declare Nombre628 responsible for the indemnification of all damages and losses caused, which shall be liquidated in the execution of judgment. / 4) For the purposes of Articles 199 and 200 of the General Public Administration Law, we request that the judgment declaring the absolute nullity of the challenged administrative actions of Nombre628, that is: a) Resolution 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta 92 of May 14, 2012; b) Resolution RRG-162-2012 of May 28, 2012; c) Resolution RJD-060-2012 of June 7, 2012; d) Resolution 879-RCR-2012 issued by the Regulation Committee on June 14, 2012; e) Resolution RJD-142-2012 of November 8, 2012; f) Resolution 010-RIE-2013 of January 25, 2013, of the Energy Superintendent; g) Resolution RIE-022-2013 of February 22, 2013, of the Energy Intendancy; and h) Resolution RJD-116-2013 of September 16, 2013, of the Board of Directors, contain an express declaration that said administrative acts are manifestly illegal and therefore generators of the responsibilities defined by those provisions.

/ 5) We request that it be declared that Nombre9574 must recognize to Nombre111320 the differences between the rates paid from the entry into operation of the Vara Blanca Hydroelectric Project on June 2, 2012, and the new rate setting carried out by Nombre628 on the occasion of the obligation declared in this proceeding, with the recognition of legal interest computed from each of the monthly payments made, all of which shall be liquidated in the execution of judgment. Regarding this obligation, we request that it be declared that Nombre628 is subsidiarily liable for the payment of these differences. / 6) Subsidiary claim: In the event that the judgment considers that Nombre628 has support in the legal system for maintaining that it is the responsibility of Nombre9574 to negotiate the adjustment of the rate to be paid to Nombre111320 for the electricity generated in the Vara Blanca Hydroelectric Project, we request that the judgment declare the obligation of Nombre9574 to immediately proceed to negotiate with Nombre111320 the setting of a rate applying the rate-of-return method, that is, that in addition to establishing a rate that recognizes the investment made, it must contemplate a reasonable profit for the sector. In this scenario, Nombre9574 must recognize to Nombre111320 the differences between the rates paid from the entry into operation of the Vara Blanca Hydroelectric Project on June 2, 2012, and the new rate setting agreed upon on the occasion of the obligation declared in this proceeding, with the recognition of legal interest computed from each of the monthly payments made, all of which shall be liquidated in the execution of judgment. In the event that, at the time of the issuance of the judgment, the financial imbalance caused by the non-updating of the rates has led to the execution of the bank guarantees encumbering the Vara Blanca Hydroelectric Project, we request that the judgment declare Nombre9574 liable for the compensation of all damages and losses caused, which shall be liquidated in the execution of judgment." (Lawsuit at folios 455 and 456, minute at folios 657 and 658 of the principal file).

2.- The representation of Nombre9574 answered the lawsuit negatively and raised the defenses of lack of right and lack of passive standing (falta de legitimación ad causam pasiva). It requested that the lawsuit be declared without merit with an award of costs (folios 472 to 485).- 3.- The representation of Nombre628 answered the lawsuit negatively and raised the defenses of lack of right and lack of passive standing (falta de legitimación ad causam pasiva). It requested that the lawsuit be declared without merit with an award of costs. In the Preliminary Hearing, it interposed the preliminary defense of expiration (caducidad). (Folios 526 to 582, minute at folios 657 and 658 of the principal file).- 4.- The preliminary hearing was held at 8:30 a.m. on November 26, 2014, with the attendance of all parties and under the direction of the procedural judge, Licenciada Laura Gómez Chacón. The claim was defined in the terms of the first resultando of this ruling. The expiration (caducidad) defense raised by Nombre628 was reserved for the issuance of the judgment, as it was not deemed evident and manifest. The disputed and non-disputed facts relevant to the resolution of the case were determined, and the corresponding evidence was admitted. As there was no other evidence to be taken apart from the documentary evidence, the proceeding was declared to be processed in accordance with Article 98, subsection 2) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, and the parties were given the opportunity to present their conclusions (recorded hearing attached to the file in its corresponding electronic medium; minute at folios 657 to 664).- 5.- The file was referred to this Fourth Section, and by order at eight o'clock in the morning on July 6, 2015, evidence for a better resolution was ordered, consisting of a financial-accounting expert (folio 667).- 6.- The appointed expert, Nombre111321, an authorized public accountant, rendered the report in a brief filed on March 4, 2016.

7.- By order at nine o'clock in the morning on March 11, 2016, this Court summoned the parties to the oral hearing for the evacuation of the expert evidence.

8.- At eight thirty in the morning on June 3, 2016, the oral hearing for the evacuation of expert evidence was held, and the parties expanded their conclusions in relation to said evidence.

9.- That in the proceedings, no nullities that must be declared nor defects that must be corrected have been observed. A record is made of the technical complexity of this process, as well as the considerable volume of evidence composed of administrative files in digital and physical formats, also the number of acting parties and the mandatory time needed for the digitization of the judicial file and its incorporation into the electronic system of the Judicial Branch, which constitute the reasons that imposed the requirement of a longer, but absolutely reasonable, period for the issuance of the written judgment, in order to incorporate the detailed analysis of all the arguments presented.- Judge Reyes Castillo drafts;

CONSIDERANDO:

I.- Proven facts. For the purposes of this proceeding, the following are deemed demonstrated facts, with the clarification that for reasons of order and clarity, the citation of documentary evidence will correspond—in the first place—to the judicial file, as it is evidence admitted in its entirety during the preliminary hearing and coincides with the administrative files provided by the defendants in printed and digital versions, which will be cited in a timely manner: 1.- That through resolution N°2357-2008-SETENA of 8:35 a.m. on August 25, 2008, the Secretaría Técnica Nacional Ambiental of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones granted environmental viability (viabilidad ambiental) to the hydroelectric project of the plaintiff herein, with the core provisions being: "Therefore, the Plenary Commission resolves: In Ordinary Session N° 0128-2008 of this Secretariat, held on August 21, 2008, in Article N° 03, it is agreed: FIRST: To approve the Environmental Impact Study (Estudio de Impacto Ambiental, EsIA) and its corresponding Annex, submitted for evaluation by the developer. / SECOND: To approve the Sworn Statement of Environmental Commitments (Declaración Jurada de Compromisos Ambientales) submitted by the developer. / THIRD: To order the company Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., owner of the Vara Blanca Hydroelectric Project, administrative file N°1185-2007-SETENA, to deposit the environmental guarantee amount in the sum of $75,600.00 (seventy-five thousand six hundred dollars or its equivalent in colones) (...) / SIXTH: To inform the interested party that, in accordance with Articles 17, 18, and 19 of the Ley Orgánica del Ambiente, the environmental assessment process for the project has been completed, which has the following characteristics: / Project Name: Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca S.A., File No. 1185-2007-SETENA, Owner: Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., Location: Province: Heredia, Canton: Heredia, District: Vara Blanca, Cartographic Sheet: Poás, Scale: 1:50,000, Coordinates: Dirección13246 / . / Cadastral Plan No.: H-0765701-02, H-0636782-00 / Property number: 4-046300-000, 4-143818-000 / Project Area: 94ha 6972.81m², 567,296.86 m² / Project Description: The project consists of the construction and operation of a hydroelectric plant for the generation of 2,150 kW of energy, utilizing 2.2 m³/s of the waters of the San Rafael River at an elevation of 1,497 masl, with a total head of 113 m, with restitution of the utilized waters into the Sarapiquí River, approximately 1,200 m before its confluence with the San Rafael River. This electrical production will be carried out under a run-of-river dam modality and will not require a regulating reservoir. Once the energy is produced, it will be fed into the national electrical interconnection system to cover part of the national demand. For the construction of this project, the use and rehabilitation of roads to the dam site and some sections of the penstock will be necessary. (...) Therefore, environmental viability (viabilidad ambiental) is granted to the project, opening the Environmental Management stage and on the understanding that the fundamental Environmental Commitment Clause, indicated in the Third Considerando above, must be complied with. / (...) / EIGHTH: The validity of this viability will be for a period of two years for the start of works. If the works do not begin within the established time, the provisions of current legislation shall be applied (...)". The communication to the plaintiff herein was made at 11:20 a.m. on August 27, 2008. (Resolution visible at folios 1 to 6 of the principal file). 2.- That through resolution N°086-2010-SETENA of 8:20 a.m. on January 13, 2010, of the Secretaría Técnica Nacional Ambiental of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, the modification of the plaintiff's hydroelectric project was approved in the following sense: "(...) Therefore, the Plenary Commission resolves: In Ordinary Session N° 003-2010 of this Secretariat, held on January 12, 2010, in Article N°07, it is agreed: / FIRST: To approve the request for voluntary adherence to Decree N°33959-MINAE, 'Manual of Technical Instruments for the (sic) Environmental Impact Assessment Process (Manual de EIA)-Part V', of August 14, 2007. / SECOND: To authorize the modification of the PH Vara Blanca project, Administrative File N°D1-1185-2007-SETENA, endorsing the following: / 1. Relocation of the powerhouse and the dam site, thereby increasing generation from 2.2 MW to 2.65 MW. / 2. Increase in the length of the pipeline, whether conduction or penstock, from 1500 m to 1950 m. / 3. Use of explosives within the project area. / 4. Construction of bridges on the conduction line, given the interruption of public communication routes, requiring the use of a camp within the Suerkata Hydroelectric Plant zone for accommodation. / (...) / FOURTH: To remind the developer that the modification only includes what is mentioned in the Therefore, Second of this Resolution, but all parameters agreed upon within Administrative File N°D1-1185-2007-SETENA are maintained, including the already established environmental commitments and those acquired in the new Sworn Statement of Environmental Commitments (...)". The indicated resolution was communicated to the plaintiff at 2:50 p.m. on January 14, 2010 (folios 8 to 13 of the principal file). 3.- That by resolution N° R-0298-2010-AGUAS-MINAET of 3:28 p.m. on April 9, 2010, issued by the Dirección de Agua of the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, a water use concession (concesión de aprovechamiento de aguas) was granted for a term of twenty years to the plaintiff herein with the following specifications: "(...) Therefore, the Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones resolves: To grant a water use concession (concesión de aprovechamiento de aguas), in the name of Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., legal ID CED771, represented by Mr. Nombre37408, ID CED87994, for a term of twenty years, to use the following monthly flow and under the other conditions, the breach of which shall give rise to the cancellation of the concession. / Source: San Rafael River / (...) / I. Theoretical Power: 2,805.666 kW / II. Estimated Energy in kilowatt-hours: 14,350,000.00 / III. Estimated turbine generator efficiency: 91% / IV. It will be captured on the applicant's property / V. Must guarantee that a bypass flow of 9.06 liters per second spills at the intake. / VI. Calibration Structure: Must submit to the Water Department within two months of being notified of this resolution, the design with calculation report and respective plans of the civil works that guarantee that only the concessioned flow will be taken, for evaluation and approval by the Dirección de Aguas. / VII. Must install an energy dissipating structure at the generation flow discharge point. (...)". (Resolution visible at folios 15 to 19 of the principal file). 4.- That on May 19, 2010, the plaintiff company filed the eligibility request for the Vara Blanca Hydroelectric Project 2500 kW with Nombre9574 in accordance with Ley 7200 and its Regulations, thereby updating the eligibility granted by agreement of the Consejo Directivo of Nombre9574 in session N°5123 held on October 26, 1999, which had expired. The feasibility study for the reopening of eligibility, prepared by engineer Esteban Lara Erramouspe, was provided, containing the general description, details of works to be built, generation and income, and economic calculation of the project (folios 21 to 62 of the principal file and folios 279 to 374 of the administrative file Nombre9574 "Centro Nacional Control Energía -CENCE-"). 5.- That by resolution N° RJD-026-2010 of 2 p.m. on October 27, 2010, issued by the Junta Directiva of Nombre628, it was resolved: "Therefore (...) I. To grant a public service concession for electric energy generation to Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., for a maximum of 20 MW, for sale to the Instituto Costarricense de Electricidad. II. The concession shall be governed by the following terms and conditions: First: The term of the concession hereby granted is 20 (twenty) years, counted from October 27, 2010. / Second: The service may not be provided if the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos has not set the corresponding prices or rates. / Third: The request for renewal of the concession hereby granted must be submitted to the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos at least six months before its expiration. / Fourth: The concessionaire must pay the regulatory fee established by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos and remain up to date. Failure to pay said fee shall give rise to the sanctions established in Ley 7593 and its amendments. / Fifth: The concessionaire must comply with the obligations established in Article 14 of Ley 7593 and its amendments, and the regulations on quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal service provision issued by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. / Sixth: The grounds for extinguishment of the concession hereby granted shall be the following: (a) Generating more energy than authorized; (b) Selling or delivering electric energy to a person other than the Instituto Costarricense de Electricidad; (c) Transferring the concession, in whole or in part, without prior (sic) authorization from the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. / Seventh: The grounds for expiration (caducidad) of the concession hereby granted shall be the following: (a) The resignation of the concessionaire, without prejudice to any applicable liabilities; (b) Force majeure or fortuitous event that alters the conditions of the concession; (c) Express provision of the Legislative Assembly, in accordance with subsection c) of Article 15 of Ley 7593 and its amendments and; (d) Non-compliance with the provisions on quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal service provision and, regarding (sic) rates, issued by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. / Eighth: The grounds for revocation of the concession hereby granted shall be those established in Articles 38, 39, and 41 of Ley 7593 and its amendments. (...)". (Folios 58 to 62 of the principal file, emphasis is ours). 6. That on November 11, 2010, the plaintiff company filed an individual rate request with Nombre628 for US$14.90 c/kWh (fourteen and ninety hundredths of a dollar per kilowatt-hour), providing flow and cost estimates, a rate study according to the published methodology, and the company's financial statements (folios 64 to 79 of the principal file and folios 1 to 50 of the digital administrative file of Nombre628 N°ET-185-2010). 7.- That on January 24, 2011, by official letter N° 0690-24-2011 issued by the Contract Management Department of Nombre9574, it was agreed: "(...) To approve the eligibility request submitted by Nombre37408, in his capacity as President of the company Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., for the development of the P.H. Vara Blanca of 2.5 MW capacity. The foregoing considering that, according to the analyses carried out by the technical departments, the project in question meets the legal, technical, and financial requirements established in Ley 7200 and its Regulations. / The approval of this eligibility request only constitutes an expectation of right and shall be valid for one year from the date of this approval. / (...) this eligibility approval shall be valid until January 5, 2012" (folios 81 and 82 of the principal file and folio 280 of the administrative file of Nombre9574 -CENCE- Volume I). 8.- That by resolution N°341-RCR-2011 of 2:58 p.m. on February 21, 2011, issued by Nombre628, the rate request filed by the plaintiff company for the electricity generation service for sale to Nombre9574 was acknowledged, and the core provisions were: "(...) I. To set the rate for the electricity generation service provided by Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. for sale to ICE at $0.0695/kWh (six dollars and ninety-five hundredths per kWh) (...) / III.- To indicate to C.H. Vara Blanca S.A. that the authorized ceiling rate and the rate structure shall be in effect as long as the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos has not authorized a general rate for all hydroelectric plants similar to Nombre111322. ., through the application of a cost model, model production structures, or general reference costs. / IV.- To indicate to C. H. Vara Blanca, S. A. that it must submit a rate request once the project has made the investments mentioned in this study and is in operation, if by that date a reference rate does not exist, as established in the preceding point (...)". Published in La Gaceta N°44 on March 3, 2011 (folios 84 to 86 of the principal file and folios 436 to 441 of the digital administrative file Nombre628 N° ET-185-2010). 9.- That on March 31, 2011, the plaintiff company, together with the company Suerkata S.R.L., signed the guarantee trust agreement (contrato de fideicomiso de garantía) on the property with registration number Placa19729 where the Vara Blanca Hydroelectric Project is located (folios 88 to 104). 10.- That on July 4, 2011, the plaintiff company filed an updated feasibility study with Nombre9574 to obtain viability (viabilidad) approval for the Vara Blanca Hydroelectric Project (folios 106 to 145 of the principal file and folios 297 to 374 of the administrative file ICE-CENCE). 11.- That on October 12, 2011, the plaintiff company filed an individual rate request with Nombre628 according to the methodology published in La Gaceta N°168 of September 1, 2011, and with a rate of $13.37 kWh (thirteen dollars and thirty-seven hundredths per kilowatt-hour). (Folios 147 to 157 of the principal file and folios 1 to 19 of the digital administrative file of Nombre628 N°ET-162-2011). 12.- That by official letter N°768-DEN-2011/74794 of October 25, 2011, the Dirección de Servicios de Energía of Nombre628 answered the plaintiff company's rate request and, regarding the relevant part, ordered: "(...) In view of the foregoing, the request proposed by your represented party is without effect, given that, in the first order, the Regulatory Body is responsible for setting the rate band, and in the second order, those interested in carrying out a new private generation investment must negotiate with the Instituto Costarricense de Electricidad the price per kWh to sell and buy, respectively, under the reference framework (rate band), and in the third point, Nombre628 must endorse the contract signed between the parties". (Folio 159 of the principal file and folio 21 of the digital administrative file of Nombre628 N°ET-162-2011). 13.- That on October 31, 2011, the plaintiff company filed an appeal against official letter N°768-DEN-2011/74794 of October 25, 2011, from the Dirección de Servicios de Energía of Nombre628 (folios 161 to 164 of the principal file and folios 24 to 29 of the digital administrative file Nombre628 N°ET-162-2011). 14.- That by official letter N°690-264-2011 of November 24, 2011, Nombre9574 grants viability (viabilidad) to the plaintiff's hydroelectric project and established that "After the technical review of the Feasibility Study provided for the P.H. Vara Blanca, we inform you that after the review provided for said study, it is considered sufficient and acceptable for the purposes of issuing the approval required by Ley 7200 and its Regulations (...)". (Folio 166 of the principal file and folio 20 of the administrative file ICE-UEN-CENPE). 15.- That on April 26, 2012, the plaintiff company and Nombre9574 signed the "Contract for the purchase of electric energy under Chapter I of Ley 7200, Planta Hidroeléctrica Vara Blanca", in which the relevant provisions are: "(...) Second - Purpose. The purpose of this Contract is to establish the conditions under which the company Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., in its capacity as Seller, shall supply to Nombre9574 the surplus electric energy that will be generated at the Plant named Vara Blanca, once its own energy needs have been met, all based on Ley N°7200, its amendments, and regulations. For all purposes, the Maximum Contracted Power is 2,500 kW. Nombre9574 shall acquire the surplus electric energy that the Seller can supply, up to the Maximum Contracted Power. (...) / Twenty-First - Rates. The energy that Nombre9574 receives under this Contract shall be paid at the rates established in accordance with what is determined by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, for the sale of energy by Central Hidroeléctrica Vara Blanca S. A. to ICE. For this Contract, the type of rate selected by the Seller for each year shall be applied, within the rates foreseen in the rate schedule, in accordance with the provisions of Annex 5, which forms an integral part of this Contract. / In the event that Nombre628 authorizes a general rate for all new hydroelectric plants and that it is applicable to Nombre111322. . , S. A., the Parties agree to make the necessary modifications to this Contract to adjust to the new provisions. (...)". (Folios 168 to 229 of the principal file and folios 29 to 117 of the administrative file ICE-UEN-CENPE). 16.- That by resolution N°796-RCR-2012 of 4 p.m. on March 16, 2012, published in La Gaceta N° 92 of May 14, 2012, Nombre628 set the rate band for all new private hydroelectric generators using water as an input to generate electric energy for sale to the Instituto Costarricense de Electricidad under Chapter I of Ley 7200 and its amendments, as follows: "(...) a lower rate (lower limit) of $0.0798, an average rate of $0.1080, and an upper rate (upper limit) of $0.1363 per kWh (...)". The indicated resolution cited the regulatory framework and the technical studies on which the setting of the sale price of hydroelectric energy to ICE is based. Furthermore, it established the structure for the resulting rate ($/kWh) and the conditions for its application (folios 230 to 241 of the principal file). 17.- That by resolution N° RRG-162-2012 of 9 a.m. on May 28, 2012, Nombre628 endorsed the electric energy purchase and sale contract signed by Nombre9574 and the plaintiff company and ordered: "Therefore / (...) The Regulador General resolves: I. To endorse the energy purchase and sale contract signed by the Instituto Costarricense de Electricidad with Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. for a maximum contracted power of 2.5 MW and with an expiration of 20 years from the endorsement of this contract. / II. To establish that the energy received by Nombre9574 shall be paid according to the current rates and rate structure approved by the Regulatory Authority. / III. To request that Nombre9574 modify, as soon as possible, the corresponding clause of the contract so that it conforms to the rate provisions of resolutions RJD-152-2012 and 796-RCR-2012 and their modifications. / IV. To indicate with respect to the wording of the Twenty-First clause of the contract that it must be understood—for all purposes—as conditioned by the following: a) That it is the exclusive competence of the Regulatory Authority to set rates based on what is indicated in Ley 7593 and its amendments, b) That nothing in the proposed wording may indicate otherwise; the rate and its structure to be applied on each occasion shall be that which the Regulatory Authority has in force at that moment. It must also be understood that in the event that Nombre628 should approve a new methodology for the calculation and application of private generation rates in general—or for the particular case of Central Hidroeléctrica Vara Blanca S. A.—it shall govern from the moment so ordered by the respective resolution, without the need to modify the contract." Notified to the plaintiff at 3:08 p.m. on May 28, 2012, via the indicated fax. (Folios 243 and 244 of the principal file, folios 120 to 122, 147 to 155 of the administrative file ICE-UEN-CENPE, and folios 145 to 148, 150 of the digital administrative file Nombre628 N°OT-058-2012). 18.- That by official letter N°0690-171-2012 of May 30, 2012, issued by the Contract Management Unit -UEN CENPE- of ICE, it informed the plaintiff company of the rate applicable to the contract in the following sense: "(...) the prices that will be used for the settlement of the energy received under this contract shall be adjusted to the values corresponding to the lower limit of the band approved by Nombre628 that is in force at the time of receiving the energy" (folio 246 of the principal file). 19.- That by official letter N°0810-369-2012 of June 5, 2012, the Contracts Administration Area UEN CENCE of Nombre9574 certified the start of Commercial Operation effective as of 11:30 a.m. on Saturday, June 2, 2012. (Folio 248 of the principal file). 20.- That on June 4, 2012, the plaintiff company petitioned Nombre628 so that "(...) in accordance with the current methodology published by Nombre628 in resolution RCR-152-2011, published in La Gaceta N°168 of September 1, 2011, and its modifications, and fully complying with resolution N°796-RCR-2012 of Nombre628, published in La Gaceta N°92 of May 14, 2012, we request the following: / That the specific rate for the Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. project be set at a value of US$0.1446 kWh (zero point one thousand four hundred forty-six cents of a United States dollar -sic- per kilowatt-hour)" and attached documentation in support of the request (folios 250 to 276 of the principal file). 21.- That by resolution N°RJD-060-2012 of June 7, 2012, the Junta Directiva of Nombre628 partially granted the appeal filed by the plaintiff against official letter N°768-DEN-2011 of October 25, 2011, from the Dirección de Servicios de Energía that had rejected the individual rate request, annulled the proceedings, and ordered the procedure to be rolled back (folios 278 to 280 of the principal file and folios 69 to 73 of the digital administrative file Nombre628 N°ET-162-2011). 22.- That by resolution N°879-RCR-2012 of 4 p.m. on June 14, 2012, issued by the Regulation Committee of Nombre628, the rate request presented by the plaintiff on June 4, 2012, was rejected, and it was ordered: "(...) To indicate to Central Hidroeléctrica Varablanca S.A. that it should proceed to negotiate with the Instituto Costarricense de Electricidad the rate that corresponds to it, in accordance with the provisions of Resolution RJD 152-2011 of August 10, 2011, published in La Gaceta 168 of September 1, 2011, as amended by Resolution 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta 92 of May 14, 2012 (...)". (Folios 282 and 283 of the principal file and folios 77 to 86 of the digital administrative file Nombre628 N°ET-074-2012). 23.- That on June 18, 2012, Nombre9574 and the plaintiff company signed Addendum N° 1 to the "Contract for the purchase-sale of energy Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A." and, in what is relevant, modified the Twenty-First clause as follows: "(...) Twenty-First - Rates. The energy that Nombre9574 receives under this Contract shall be paid at the rates and rate structure established in accordance with what is determined by the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, based on the 'Reference Rate Methodology for New Private Hydroelectric Generation Plants', approved by Resolution RJD-152-2011 and its modifications. In the event that Nombre628 should approve a new methodology for the calculation and application of private generation rates for new hydroelectric plants in general—or for the particular case of Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A.—it shall govern from the moment so ordered by the respective resolution, without the need to modify this contract. (...)".

(Folios 286 to 288 of the main file and folios 141 to 155 of the ICE-UEN-CENPE administrative file). 24.- That on June 21, 2012, the plaintiff company filed a motion to revoke with a subsidiary appeal against resolution 879-RCR-2012 issued by the Regulatory Committee of Aresep. (Folios 290 to 292 of the main file). 25.- That by resolution No. RJD-142-2012 of 2:30 p.m. on November 8, 2012, the Board of Directors of the Nombre628 rejected on the merits the appeal filed by the plaintiff company against resolution 879-RCR-2012 and the administrative channel was exhausted based on the following: "(...) 3. In accordance with Law 7593, resolution 506-F-S1-2010 of the First Chamber, Article 20 of Executive Decree No. 37124-MINAET -Regulation to Chapter I of Law 7200- and resolution RJD-152-2011, it is concluded that the Nombre628 has broad powers to set rates through a tariff band system. / 4. The current methodology establishes a tariff band for the entire industry (sic), and is not applicable with data from a single company, as requested by the appellant. And in the specific case, through resolution 796-RCR-2012, this band was set so that the Nombre9574 and new private hydroelectric generators negotiate the prices at which they contract the energy, always within the tariff limits defined in said band. / 5. It is the responsibility of Nombre111322 to negotiate the purchase-sale price of electric energy with ICE, in accordance with the current tariff band. (...)". (Folios 294 to 296 of the main file and folios 109 to 120 of the Nombre628 digital administrative file No. ET-074-2012, underlining is ours). 26.- That on November 19, 2012, the plaintiff company filed with the Nombre9574 a request for tariff setting with application of the methodology contained in Nombre628 resolutions RJD-152 and 796-RCR-2012 (folios 299 and 300 of the main file). 27.- That on December 17, 2012, by official letter No. 073-IE-2012/119882 from the Energy Intendancy (Intendencia de Energía) of the Nombre628 and in compliance with the ruling granting the appeal filed by Nombre111320 against the administrative decision contained in official letter 768-DEN-2011, to continue with the proceeding ordered by the Board of Directors of Nombre628 No. RJD-060-2012, the plaintiff company was requested to submit supplementary information for the tariff application (folios 302 and 303 of the main file and folios 83 to 86 of the Nombre628 digital administrative file No. ET-162-2011). 28.- That on January 14, 2013, the plaintiff company provided the information requested by the Energy Intendancy of Nombre628 (folios 305 to 316 of the main file and folio 87 of the Nombre628 digital administrative file No. ET-162-2011). 29.- That by resolution No. 010-RIE-2013 of 4:00 p.m. on January 25, 2013, the Energy Intendancy of Nombre628 flatly rejected the petition for electricity generation tariffs filed by the plaintiff company based on the following: "(...) The tariff petition is not supported by the current price model, established by resolution RJD-152-2011 published in La Gaceta No. 168 on Thursday, September 1, 2011, which proposes the setting of a tariff band per industry, for companies seeking to make new investments in non-conventional energy. That methodology does not establish the possibility of setting specific prices, company by company, as proposed by the petitioner. From that perspective, it is inappropriate to apply that methodology with the data of a single company, as requested by the petitioner (...)". (Folios 318 to 320 of the main file and folios 129 to 133 of the Nombre628 digital administrative file No. ET-162-2011). 30.- That on January 30, 2013, the plaintiff company filed a motion to revoke with a subsidiary appeal against resolution No. 010-RIE-2013 of January 25, 2013 (folios 322 to 328 of the main file and folios 111 to 122 of the Nombre628 digital administrative file No. ET-162-2011). 31.- That by resolution No. RIE-022-2013 of 10:43 a.m. on February 22, 2013, the Energy Intendancy of the Nombre628 rejected the motion to revoke filed against Resolution 010-RIE-2013 (folios 330 to 333 of the main file and folios 142 to 148 of the Nombre628 digital administrative file No. ET-162-2011). 32.- That by official letter No. 0510-245-2013 of February 26, 2013, the Electricity Management (Gerencia de Electricidad) of the Nombre9574 ordered: "(...) 1. Reject as improper the request for setting the tariff for the Vara Blanca plant based on the upper level of the applicable tariff band for new hydroelectric plants set by the Nombre628 through Resolution 796-RCR-2012. / 2. Accept the proposal submitted by the company Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. as the company's manifestation, regarding its expectations, within a negotiation process regarding the price of energy under the terms established by the Nombre628 in the applicable tariff setting for new hydroelectric plants. / 3. Reiterate that the position of the Nombre9574 is to set the price of energy at the value equivalent to the lower limit of the tariff band established by the Nombre628 and applicable for hydroelectric plants similar to the Central Hidroeléctrica Vara Blanca" (Folios 335 to 339 of the main file and folios 200 to 209 of the ICE-UEN-CENPE administrative file). 33.- That on February 28, 2013, the plaintiff company expanded the arguments of its appeal against resolution No. 010-RIE-2013 before the Board of Directors of ARESEP. (Folios 341 to 344 of the main file). 34.- That by resolution No. RIE-033-2013 of 2:57 p.m. on March 19, 2013, the Energy Intendancy of the Nombre628 modified the tariff bands as follows: "(...) I. Set the tariff band for all new private hydroelectric generators that sell energy to the Instituto Costarricense de Electricidad, composed of a lower tariff (lower limit) of $0.0948, an average tariff of $0.1229, and an upper tariff (upper limit) of $0.1510 per kWh. (...)". (Folios 346 to 348 of the judicial file and folios 1763 to 1768 of the Nombre628 digital administrative file No. ET-028-2011). 35.- That on May 9, 2013, the plaintiff company addressed to the Nombre9574 its position regarding official letter No. 0510-245-2013 of February 26, 2013, from the Nombre9574 and pointed out the absence of a tariff setting as requested by it (folios 350 and 351 of the main file and folio 220 of the ICE-UEN-CENPE administrative file). 36.- That by official letter No. 0510-503-2013 of May 14, 2013, the Electricity Management of the Nombre9574 replied to the plaintiff's note referred to in the preceding finding of fact (considerando) and reiterated that the authority to set tariffs resides exclusively with the Nombre628. (folio 353 of the main file and folio 210 of the ICE-UEN-CENPE administrative file). 37.- That on June 4, 2013, the plaintiff company requested the Nombre628 to order the Nombre9574 to negotiate and pay a tariff “that is not injurious to the financial stability of the service provider, within the margins established by ARESEP". (Folios 355 and 356 of the main file). 38.- That on June 4, 2013, by official letter No. 970-IE-2013/17783 of July 8, 2013, the Nombre628 requested the plaintiff company “to demonstrate, within a period of five business days, the investments made and their variation with respect to what was recognized in previous tariff settings”. (Folio 371 of the main file and folio 341 of the Nombre628 digital administrative file No. OT-107-2013). 39.- That on July 12, 2013, the plaintiff company provided the information requested by Nombre628 as indicated in the preceding finding of fact. (Folios 373 to 392 of the main file and folios 318 to 340 of the Nombre628 digital administrative file No. OT-107-2013). 40.- That by resolution No. RJD-116-2013 of 2:20 p.m. on September 16, 2013, the Board of Directors of the Nombre628 rejected the appeal filed by the plaintiff against resolution No. 010-RIE-2013 of January 25, 2013, and declared the administrative channel exhausted, concluding that: "(...) 1) The appeal filed by Nombre32982. Nombre111322 , against resolution 010-RIE-2013, is admissible, since it was filed in a timely manner and in proper form. / 2) The current and applicable methodology to resolve the request is the one defined in resolution RJD-152-2011, which is designed to set tariffs for the industry through a tariff band. / 3) The appellant sought an individual tariff, a petition that did not conform to the current methodology according to resolution RJD-152-2011. / 4) Nombre111322. does not demonstrate the causal link between the alleged losses claimed and the actions of Aresep. / 5) The current methodology (RJD-152-2011) establishes the possibility for the parties to contractually agree on the purchase-sale price of electric energy within the reference tariff band. / 6) The Nombre628 has broad powers to set tariffs through a tariff band system, in accordance with Law 7593, the judgment of the First Chamber 506-F-S1-2010 of April 30, 2010, the Regulation to Chapter I of Law No. 7200, and resolution RJD-152-2011. (...)". Resolution communicated to the plaintiff company at 11:56 a.m. on October 3, 2013. (Folios 394 to 400 of the main file and folios 176 to 186 of the Nombre628 digital administrative file No. OT-162-2011). 41.- That on October 1, 2013, the plaintiff company requested the Nombre9574 a negotiation to determine a new price within the tariff band (folio 402 of the main file). 42.- That by official letter 0510-1392-2013 of October 8, 2013, the Nombre9574 resolved the plaintiff company's request, indicating that: "(...) 1. Reiterate to Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. that the Nombre9574 is aware of and respects the application in all its scope of the tariff band established by the Nombre628 as a result of applying the tariff-setting methodology for new hydroelectric plants, including the possibility of agreeing upon and paying any price that is within the limits of the established band. / 2. Reject the request for an adjustment in the price of energy for the Vara Blanca plant since, contrary to what might be expected in a negotiation process, the proposal exceeds the previously proposed price using the same reference information. / 3. Reiterate to the company that the position of the Nombre9574 remains to set the price of energy at the value equivalent to the lower limit of the band established by the Nombre628 and applicable for hydroelectric plants similar to the Central Hidroeléctrica Vara Blanca. / 4. Reject the argument of eventual technical bankruptcy since the increase in the price recognized by the Nombre9574 to the company by applying the lower limit of the band recognizes the possible increase in investment that the company may have had to cover due to the construction of the plant" (Folios 416 to 418 of the main file and folios 334 to 338 of the ICE-UEN-CENPE administrative file). 43.- That on October 30, 2013, the plaintiff company filed an appeal against the Nombre9574 resolution 0510-1392-2013, clarified and supplemented in official letter No. 0510-1479-2013 (folios 421 to 423 of the main file). 44.- That by official letter No. 0150-0236-2014 of 8:00 a.m. on February 13, 2014, the General Management (Gerencia General) of the Nombre9574 dismissed the appeal against official letter No. 0150-01392-2013, supplemented and clarified by official letter No. 0510-1479-2013 of October 22, 2013 "(...) because this General Management considers that it has acted in accordance with the law and with what corresponds in matters of private generation tariffs, in compliance with what is provided by the legal system and by the regulatory entity itself. The administrative channel is declared exhausted". (Folios 424 to 427 of the main file and folios 427 to 433 of the ICE-UEN-CENPE administrative file). 45.- That on March 14, 2014, the licensed certified public accountant Luis Manuel Chaves Carranza, in the study carried out for the plaintiff company, concluded essentially that: "a.- The company's financial condition according to real financial statements as of January 31, 2014, shows an accumulated balance of accumulated losses of ¢772,549,153, which exceeds the share capital which is ¢Placa19730, and equivalent to 49.18% of the total equity before considering said losses. With the projected operation for the month of January, said ratio of losses vs. total equity is 54.12%. (...)". (Folios 429 to 439 of the main file).

II.- Facts not proven. Of importance for the decision, the following is deemed not demonstrated: 1. That the price at which the Nombre9574 pays the plaintiff for the electric energy it produces according to the lower limit of the band set by ARESEP, constitutes the reason or efficient cause of the company's financial situation in what has been described as "bankruptcy" (there is no direct evidence or technical determination in that sense in the case file). 2. That there is a causal link between the alleged "bankruptcy" financial situation of the plaintiff company and the band methodology approved by the Nombre628 or the rest of the administrative conduct of the defendant institutions related to the price or tariff for the sale of electric energy from the Central Hidroeléctrica Vara Blanca project (there is no direct evidence or technical determination in that sense in the case file).- III.- Allegations of the plaintiff company: The arguments set forth in the complaint are summarized, with the clarification that a detailed examination of each has been carried out in the substantive analysis of this matter. In summary, the plaintiff company maintains that the Nombre628 and the Nombre9574 are directly responsible for the administrative activity and inactivity regarding the setting of the tariff for the sale of electric energy, which caused an economic imbalance of the contract and threatens the company with bankruptcy. In support of its thesis, it argues: "a) Introductory ideas. The financial bankruptcy situation faced by Nombre111320 in light of the refusal of the Nombre628 to comply with its legal obligations and proceed to set a tariff in accordance with the applicable rate-of-return principle (recognition of investment costs and an expected and reasonable profit for the sector of activity), reveals a serious case of non-compliance with duties, even though said body expressly states in the recitals (considerandos) of some of the challenged resolutions that it holds exclusive and excluding competence in matters of setting tariffs for public services under its regulatory sphere. / From this inactivity of the Nombre628, the Nombre9574 takes advantage by arbitrarily applying the lower band of tariffs defined for a situation completely different from the case of Nombre111320, as we will expand upon later, all of which leads to a situation in which both administrations recognize that the current tariff is not the one that corresponds in Law, but attribute to the other the responsibility for solving the problem presented. / As can be deduced from the list of facts supporting this complaint, the Nombre628 considers that the tariff adjustment must be carried out through negotiation between Nombre111320 and ICE, and for its part, the latter affirms, not entirely lacking legal reason but thereby obtaining unjust enrichment, that the matter of tariffs is the exclusive competence of ARESEP. / As was already briefly noted in the background of this brief, private electricity generation finds its support in Law 7200 of September 28, 1990, which opened the possibility for private investors or cooperatives to participate in electricity generation and thus collaborate with a task that the Nombre9574 alone was showing an inability to face, without seriously endangering the country's economic growth. / Within this scheme, private generators, after complying with the mandatory environmental feasibility studies and obtaining the concessions for the use of water flows, obtained from the SNE first and later from ARESEP, a public service concession for electric energy generation. Thus, we have that the model introduced from Law 7200 conceives private electricity generators as holders of a public service concession. / This type of figure is not foreign to Costa Rican Administrative Law, which for many decades has recognized and promoted private participation in the provision of essential public services such as education, health, public transportation, fiscal warehousing since the beginning of the last century (Decree 43 of February 4, 1915), and recently telecommunications. / As in Comparative Law, in which the recourse to private collaboration in the provision of public services is more than a century old, in Costa Rica the very diverse schemes that operate start from the assumption that the providers of said services receive a return on the investment made and compensate for the risk of their investment with the recognition of a reasonable profit. / It could not have been otherwise with the case of Law 7200 and the complex process of starting up a hydroelectric plant or other modalities of electricity generation, where capital investment is intensive, a complex business organization is required, with access to financing lines, this without taking into account the degree of specialization involved in designing and putting into operation a project of this nature. These conditions are collected in their entirety in Executive Decree 20346-MIRENEM of March 21, 1991, which was responsible for establishing the regulatory framework for the implementation of Law 7200. / It is in this way that private investors who decided to venture into the provision of the public service of electric energy generation needed a precise and reliable regulatory framework to have certainty that under normal conditions they would be guaranteed, through tariffs and the purchase of their electricity by ICE, a return on their investment with a reasonable profit. / This seemed to be very clear until, in the present case, the Nombre628 has been the protagonist of a prolonged series of illegal and arbitrary acts that have resulted in the very substantial investment made by CHVB, with the personal guarantee of its shareholders, being in danger of defaulting on its financial commitments, thereby risking not only the capital of the company and its partners but also the provision of an essential public service at a time when the generation of the Nombre9574 is completely deficient and does not cover the needs and demands of individual and business consumers. We will address this in the following sections. / b) Violation of the principle of non-retroactivity of laws: The repetitive argument that the Nombre628 has used to justify its non-compliance with duties is that it has already set tariff bands for private energy generators through Resolution 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta 92 of May 14, 2012. / This Resolution, which we challenge in this proceeding, cannot be applied to Nombre111320 without thereby openly violating the prohibition of retroactivity of normative provisions, enshrined in Article 34 of the Political Constitution. / As can be observed in this resolution, the tariff band scheme contained therein is expressly directed at new hydroelectric and wind plants. Not only that, this model is directed at projects developed under the application of the amendment to the Regulation to Law 7200 that was promulgated by Executive Decree 37124-MINAET of March 19, 2012, published in La Gaceta 108 of June 5, 2012, therefore, also subsequent to the construction and entry into operation of the Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, for which reason this new regulation could not be applied to it without again incurring a violation of the principle of non-retroactivity. / A detailed reading of said decree allows us to understand that the regulation contained therein is directed at a scenario in which investors wishing to undertake new electricity generation projects must participate in a competition model and bid with their offers to obtain new generation concessions. Despite the fact that said Regulation postulates that it develops Chapter I of Law 7200, it actually invokes in its recitals (considerandos) the amendments to said regulation that were introduced by Law 7508 of May 9, 1995, which introduced a Chapter II to said Law for the regulation of energy purchases under a competition regime. This competition regime by means of bidding is what the Nombre9574 regulated in a set of rules published in La Gaceta 71 of April 12, 2012, and called “Procedimiento de Selección de Proyectos para venta de electricidad al Nombre9574 Ley Nº 7200 (Capítulo I)”, but that in reality, like Decree 37124-MINAET, constitutes a regulation of Chapter II of Law 7200, according to its amendment by Law 7508, already cited. / None of the assumptions contemplated in Decree 37124-MINAET, in the cited internal regulations of the Nombre9574, much less in Resolution 796-RCR-2012, are applicable to the Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, since as we said, this would imply a violation of the principle of non-retroactivity of laws, and by proceeding in this manner, both the Nombre628 and the Nombre9574 have caused the absolute nullity of the following administrative provisions: Aresep: a) Resolution 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta 92 of May 14, 2012; b) Resolution RRG-162-2012 of May 28, 2012; c) Resolution RJD-060-2012 of June 7, 2012; d) Resolution 879-RCR-2012 issued by the Regulatory Committee on June 14, 2012; e) Resolution RJD-142-2012 of November 8, 2012; f) Resolution 010-RIE-2013 of January 25, 2013, of the Energy Superintendent; g) Resolution RIE-022-2013 of February 22, 2013, of the Energy Intendancy (Intendencia de Energía); h) Resolution RJD-116-2013 of September 16, 2013, of the Board of Directors and ICE: a) Official letter 0690-171-2012 of May 30, 2012; b) Official letter 0510-245-2013 of February 26, 2013; c) Official letter 0510-503-2013 of May 14, 2013; d) Official letter 0510-1392-2013 of October 8, 2013; e) Official letter 0510-1479-2013 of October 22, 2013. / c) The Nombre628 openly fails to comply with its legal obligations and violates the rights of Nombre111320. By refusing to set a specific tariff for the Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, the Nombre628 openly fails to comply with the basic functions assigned to it by the legislator when transforming the former Servicio Nacional de Electricidad through Law 7593 of August 9, 1996, where subsection a) of Article 31 obliges it to guarantee the financial equilibrium of public service providers. This legal mandate has been repeatedly ignored by the Nombre628 by refusing to comply with its obligation to set the tariff price that the Nombre9574 must pay for the purchase of electricity produced by CHVB. / By acting in this manner, the Nombre628 incurs substantial defects that entail the absolute nullity of the following administrative provisions: a) Resolution 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta 92 of May 14, 2012; b) Resolution RRG-162-2012 of May 28, 2012; c) Resolution RJD-060-2012 of June 7, 2012; d) Resolution 879-RCR-2012 issued by the Regulatory Committee on June 14, 2012; e) Resolution RJD-142-2012 of November 8, 2012; f) Resolution 010-RIE-2013 of January 25, 2013, of the Energy Superintendent; g) Resolution RIE-022-2013 of February 22, 2013, of the Energy Intendancy (Intendencia de Energía); h) Resolution RJD-116-2013 of September 16, 2013, of the Board of Directors. / d) The Nombre9574 incurs unjust enrichment and de facto expropriation. The Nombre9574 opted for the simplest solution for them as buyers, but thereby violates the essential principles governing the contractual relationship through which Nombre111320 sells the energy produced in the Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, since by selecting, without support from any criterion, the application of the lowest tariff, without even analyzing the investment made by the company, duly audited and justified, it is incurring unjust enrichment, which leads in practice to a de facto expropriation of others' property, by appropriating a good for a value much lower than necessary to produce it, taking unfair advantage of the ARESEP's non-compliance with duties. This undue benefit that the Nombre9574 is obtaining directly violates the rules of contractual good faith and openly injures the contractual equilibrium, expressly recognized in our legal system as a constitutional right. Regardless of whether the Nombre9574 refused to include in the energy sale contract of March 26, 2012, an express tariff adjustment clause, that does not prevent it, by virtue of the current regulatory scheme and the aforementioned constitutional principle that guarantees contractual financial equilibrium, from having been relieved of its duty to abide by said principles, which cannot be abrogated by contractual means. By acting in this manner, the Nombre9574 incurs substantial infractions of the legal system that cause the absolute nullity of the following administrative actions: a) Official letter 0690-171-2012 of May 30, 2012; b) Official letter 0510-245-2013 of February 26, 2013; c) Official letter 0510-503-2013 of May 14, 2013; d) Official letter 0510-1392-2013 of October 8, 2013; e) Official letter 0510-1479-2013 of October 22, 2013. / e) Violation of the legal system by omission in the fulfillment of duties. In the present case, the infractions of the legal system originate not only from the challenged administrative provisions but, to a more severe degree, the damages to the vested rights (derechos patrimoniales) and consolidated legal situations of Nombre111320 originate from the refusal of the Nombre628 to comply with its legal mandates. / The refusal of tariff setting applying the rate-of-return methodology in force at the time the public service concession granted to Nombre111320 was perfected, and its extension through the contractual relationship with the Nombre9574 to guarantee the purchase of the energy produced, has produced an unsustainable financial situation, lessened only by the external circumstance of having obtained the extension of the grace period until September 1, 2014. From that date, in addition to the payment of interest, which has been paid punctually with contributions from the partners and the unbalanced tariff paid by ICE, it will be necessary to face amortization payments, which is absolutely impossible without proceeding to the setting that has been repeatedly denied, without the Nombre628 having shown the slightest responsibility in the fulfillment of its functions to analyze a single cost from the multiple investment reports provided, audited by external accountants, which have at all times encountered an absolute lack of analysis, even preliminary, since the representatives of the Nombre628 have evaded at every opportunity initiating their assessment, alleging a supposed obligation of the Nombre9574 to renegotiate the tariff, given that this is the essential function and reason for being of ARESEP, by legal mandate. / On the other side of the chain of unjustifiable omissions, the Nombre9574, despite being correct in stating that the setting is the exclusive competence of ARESEP, has omitted to adopt any type of palliative measure to the ruinous equation that Nombre111320 currently faces with a financial bankruptcy situation, and the possibility of losing the assets given as collateral, with the collateral consequences for the partners who are personally liable for the bank financing obtained. (...)". In the closing arguments speech, the following was argued: that there is consensus on the narrated facts. That the present case consists of a national investment project for private electric energy generation, carried out under the protection of Decree 20346 of March 21, 1991, under conditions that guaranteed with legal certainty the return on investment with a reasonable profit. It maintains that the role of the Nombre628 is vital for regulating tariffs and no private operator enters that sector unless they obtain a recovery of the investment and a reasonable profit. It alleges that financial equilibrium is based on timely and reasonable tariff setting. It claims that in the specific case, neither the Nombre628 nor the Nombre9574 have provided a solution to the tariff mismatch since the plaintiff company began operations, since they set a provisional tariff without subsequent revisions. It notes that the plaintiff did not participate in a bidding process and that the concession was obtained through an individual study.

There is a violation of legal certainty because Nombre628 refuses to set the rate, and this is evident from the list of administrative resolutions tainted by nullity and producing omissive conduct, since Nombre628 refuses to comply with its obligations. They seek for the judgment to expressly declare the manifest illegality of what has been done. It raises the existence of absolute nullity defects due to direct violation of Laws 7200 and 7593 and Decree No. 20346, which constitutes an administrative illicit act. It considers that it is not necessary to point to a specific element (motive, content, and purpose) because it is a gross violation. It indicates that the retroactive application of the band method to the plaintiff goes against contractual regulation. In the responses of the defendant parties, none considers that it is up to them to resolve the conflict, which it considers a high degree of arbitrariness. It reiterates the arguments of the complaint and requests that the main claim be declared with merit and that compliance with the obligations be ordered. Regarding the evidence for better judgment, it concludes that the theory of the case concerning the damage suffered by the plaintiff since it began operations four years ago is confirmed. It adds that the projected expenses were set out from the first request, that they were known to Nombre628, and that it approved a provisional rate. It states that it is being paid a rate that does not reflect costs. Also, that the band system is subsequent and that the plaintiff company is not competing. It alleges that the plaintiff company is forced to the lower band, and the applicable methodology was the rate of return. It indicates that the plaintiff company has accumulated losses of almost one billion colones and that Nombre628 has not touched a single file to analyze the expenses, claiming lack of competence. It considers that Nombre9574 cannot negotiate the price, that the band model was applied retroactively, and that Nombre9574 has paid a price below the minimum. It points out that both defendant parties acknowledge that the price paid is not correct, but neither decides. It clarifies that what they request is that the competent entity set the rate. It states that the defendants have not conducted a single study to identify whether there is mismanagement or inefficiency of the company. That it is necessary for whoever has the competence to set the rate applying the rate-of-return scheme. It requests that the judgment declare who must fulfill the duty to set the rate or whether negotiation with Nombre9574 proceeds and the guidelines to follow.

IV.- Arguments of the representation of Nombre628: The representation of Aresep responds to the arguments of the complaint as follows: "(...) From the arguments of the plaintiff party, it is clear that it accuses supposed omissions or actions of Nombre628 in the rate settings carried out, which have placed it in a situation of financial bankruptcy, an argument that would seemingly support the claim for damages (daños y perjuicios) requested in its claim numbered 3). However, its allegations are inconsistent for the purpose of sustaining a claim for damages like the one sought. In accordance with Article 58.e of the Code of Contentious Administrative Procedure, when there is a claim for damages, the plaintiff must specify what the motive is that originates the damages, what they consist of, and their prudential estimate, aspects which the complaint filing is devoid of. / Proof of the non-existence of the generation of damages by the issuance of the administrative acts challenged by CHVB is claims 5 and 6 (subsidiary claim) of the complaint. Note that the plaintiff acknowledges that its right to indemnification if its complaint were declared with merit would have its genesis on June 2, 2012, the date on which the Vara Blanca Hydroelectric Project enters into operation, as of that date, the reference rate methodology for new private hydroelectric generation plants was in force, published in La Gaceta No. 168 of September 1, 2011 (Resolution RJD-152-2011). Thus, the plaintiff expressly accepts that if a damage exists, it would be viable as of the entry into operation of the plant, and not before, otherwise, seeking indemnification under the terms set forth in the complaint would indeed constitute unjust enrichment (enriquecimiento sin causa) and an improper claim. / Nombre111320 states that Nombre628, through its actions and inactivity, is causing it economic losses, and that Nombre9574 takes advantage of said circumstance, and therefore Nombre628 is liable in application of the provisions of Article 190 and following of the General Public Administration Law for all the patrimonial damages caused to Nombre111320 by the omission in fulfilling its duties and by the absolutely null actions. / On this point, Article 196 of the LGAP is clear in indicating that: / "In any case, the alleged damage must be effective, evaluable, and individualizable in relation to a person or group." / Thus, it is observed that Nombre111320 does not demonstrate by suitable means whether the supposed damage alleged by action or omission of Nombre628 is effectively due to the actions of the Regulatory Entity. It demonstrates neither its causal relationship nor its amount. / Likewise, in supplementary application and as a complement to the aforementioned rule, Article 1045 of the Civil Code states that: / "Anyone who by fraud, fault, negligence, or imprudence causes damage to another is obliged to repair it together with the damages..." / However, there would be no liability if the plaintiff has not demonstrated the causal link between the action or omission of Nombre628 and the possible damage caused. In this regard, judgment No. 252-F-01, of 4:15 p.m. on March 28, 2001, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, indicated: / "...The causal link as a prerequisite for liability. The diverse typology of causes. Having established in this case the abnormality and unlawfulness of the omissive behavior, it remains to be established whether that pathological administrative inaction was or was not the cause of the injury claimed, and specifically, of the death of Mr. Nombre36115, because for the estimation of the complaint it is essential to verify the existence of the causal link, in its traditional notion of cause-effect. In this regard, it should be remembered that in the production of damage, multiple factors often concur, within which it is necessary to determine those that directly or indirectly are the efficient and adequate cause of the harm caused (on the proximate, adequate, and efficient cause, one may consult the already cited judgment of the First Chamber of the Supreme Court of Justice, No. 252-F-01, of 4:15 p.m. on March 28, 2001). In that confluence of factual or legal elements surrounding the harmful situation, it will be necessary to establish the apt action or omission that caused the consequence; discarding those that have had no influence on the result (external causes), from those which, had they not occurred, would have prevented the loss. It is a kind of objective analysis, through which it can be affirmed that with such action or omission it is logical or probable that the specific damage would occur..." / The plaintiff company has omitted to indicate not only the motive from which the damages it alleges supposedly originate, what they consist of, and their prudential estimate, as required by Article 58 subsection e of the Code of Contentious Administrative Procedure and 290 subsection 5) of the Code of Civil Procedure (of supplementary application by provision of Article 220 CPCA), in addition to this, it has not demonstrated the causal link between the supposed damage caused and the administrative conducts or omissions emanating from Aresep, which rather, was always diligent in indicating to the plaintiff that if it felt affected, it had the possibility of agreeing with Nombre9574 on the contractual conditions regarding the price for the purchase and sale of energy, according to the methodology in force, within the rate band established by ARESEP. / Added to the above, when Nombre111320 signed the energy purchase and sale contract with ICE, the rate set was Placa19725 (resolution 341-RCR-2011), subsequently, through resolution 796-RCR-2012, the rate band was set in application to the methodology approved in resolution RJD-152-2011. It should be noted that the current limits of the band were determined in resolution RIE-033-2013 of March 19, 2013, where the lower limit of the band was set at Placa19726, an average rate of Placa19727, and an upper limit of Placa19728. Hence, the current minimum price the plaintiff receives for the sales of energy to Nombre9574 is 36.40% higher than the rate set in resolution 341-RCR-2011. / From the detailed analysis of the response to the facts of the complaint, the conclusion is reached that Nombre111320 is not correct in stating that both Nombre628 and ICE do not assume their responsibility, and have denied the rate-setting requests it has made. There is no doubt that the company Nombre111320 knew perfectly well which methodology was applicable, and that it had to negotiate with Nombre9574 through the signing of an electric energy purchase and sale contract (Article 13 of Law 7200) the specific conditions (including the price per kWh) by which the contractual relationship would be governed, always within the regulatory framework established by Nombre628 (methodology and band system). / It must be made clear that Nombre628 has not indicated to Nombre111320 that Nombre9574 is the competent entity to carry out the rate-setting at issue at its discretion, on the contrary, the Regulatory Authority in all its administrative acts has indicated to the plaintiff that it must negotiate with Nombre9574 the price for the purchase and sale of the energy it produces. Said negotiation had to conform to the methodology in force (resolution RJD-152-2011) and the band system established in accordance with that methodology (Resolution 796-RCR-2012), by Aresep. / The benefits of Law 7200 are not disregarded (within the framework of market opening), therefore, the possibility that Nombre111320 may participate in the generation of electricity is not disregarded, because this is a right it has as a company that is part of the market, and this was verified upon being granted the concession for electric energy generation by Aresep. However, the plaintiff has maintained that the rate must be set based on the rate-of-return principle (reconocimiento de los costos de inversión más una utilidad razonable para el sector de actividad), to which Nombre628 has opposed, indicating to the plaintiff that rate settings for that sector are not carried out individually (rate of return) as occurred in the past, but rather are carried out by integrating the sector as a whole (industry). The plaintiff does not legally demonstrate why Nombre628 must be bound by a rate-of-return methodology that cannot be modified, and why, having been modified through the procedure of law, it must continue to be applied in its case. On this point, we will elaborate further below. / The actions of Nombre628 were never removed from the applicable methodology, which implies that no damage that is indemnifiable can be generated, not even by strict liability. It acted in accordance with the law, thus there is no fraud or fault, grounds for administrative liability. The plaintiff must demonstrate to this Court the effective injury to its assets, if it had as a result of the actions or supposed omissions of Nombre628 to incur in cessation of payments, sale of assets, dismissal of personnel, if it had to resort to external financing, etc. Something it does not demonstrate in any way in its complaint. It must demonstrate without a doubt the immediate and direct causal link between what my represented party did and the damages alleged. / The plaintiff makes its damage derive from the non-application of the rate-of-return method, this leads us to affirm that Nombre111320's line of argument is confusing, since it seeks a rate-setting using individualized information, in which investment and expected and reasonable profit are recognized (rate of return), but always within the context of the methodology in force, that is, entering the data provided by it into the Methodology for setting rates for new hydroelectric plants, a methodology which, as it was repeatedly indicated, is based on the industry. The foregoing can be clearly observed in the rate request filed by Nombre111320 on June 4, 2012 (see fact and documentary evidence number 29), whose request is based on the methodology in force (RCR-152-2011, published in La Gaceta No. 168 on September 1, 2011) and its update through resolution 796-RCR-2012 (published in La Gaceta No. 92 on May 14, 2012). Nombre111320 on one hand ignores the content and scope of resolutions RCR-152-2011 and 796-RCR-2012, but on the other hand, seeks for said methodology to be applied in the form and with the data it provides. / Based on the foregoing, it is considered that the plaintiff is not correct regarding this argument. / (...) i- Analysis of the competence of Nombre628 for the establishment of Methodologies and to carry out rate settings: / As established in Law 7593, Nombre628 is an autonomous institution, with legal personality and its own patrimony, as well as technical and administrative autonomy (Article 1), likewise, it is granted competence to set the prices of electric energy services in its stages of generation, transmission, distribution, and commercialization, as provided in Article 5 of said law—which translates into the setting of prices and rates in accordance with technical studies (Article 6, subsection d) of Law 7593)—; in addition, it must ensure compliance with the standards of quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal service, according to Article 25 of Law 7593. / To set rates and establish methodologies, ARESEP has exclusive and excluding powers (an aspect that the Regulatory Authority in no way denies recognizing), that is, regulatory powers over public services contemplated in the law, and which, incidentally, no other institution or body has, as has been indicated by the General Attorney's Office of the Nombre27343 in opinion C-329-2002 of January 7, 2002, and in judgment 005-2008 of 9:15 a.m. on April 15, 2008, of the Contentious Administrative Tribunal, as well as what was provided by the First Chamber of the Supreme Court of Justice in its judgment 577-F-2007 of 10:20 a.m. on August 10, 2007. / In that sense, in rate matters it should be indicated that we are not faced with the existence of acquired rights or consolidated legal situations (as has been indicated by the courts), because it involves the provision of a public service by a concessionaire that must adhere to a series of regulations. From the non-existence of acquired rights or consolidated legal situations, it follows that the regulation of public services is a dynamic matter (due to the characteristics inherent in the market), therefore, no public service provider can consider itself a creditor of an absolute right to the invariability of the rate settings carried out by Aresep. / The concession regime to which the plaintiff is subject entails that the determination of the prices or rates that providers receive as consideration for the service they provide is linked to a procedure of determination and setting, under the principle of service at cost. / Regarding the legal nature of rates, we must state that the Constitutional Chamber has defined it in its extensive jurisprudence on the subject, setting the principles, guidelines, and scope of this figure. / The Constitutional Chamber states: / "III- On the merits. Decrease in rate. In the case of rate setting, the Chamber in its jurisprudence has been consistent in establishing that this aspect corresponds to the administrative bodies determined by law, and as it involves technical aspects, it is a matter of mere legality, not reviewable in the constitutional venue." / On the other hand, the Chamber has also indicated that rate-setting is a power of the State, concerning the provision of a public service, the setting of which cannot be claimed as an acquired right of the concessionaire company. In that sense, in judgment 5153-98 of 10:39 a.m. on July 17, 1998, it was indicated: / "... Likewise, it must be indicated that in this case we are not faced with the existence of acquired rights or consolidated legal situations, because it involves the provision of a public service by a concessionaire that must adhere to a series of regulations, including the establishment of a rate, which do not depend on the market, but on the setting carried out by the administrative authority..." (Criterion used in Vote 4070-98 of 10:33 a.m. on October 2, 1998). / The Constitutional Chamber pronounces in the same sense when it states: / "II- Regarding the alleged violation of the principle of irrevocability of one's own acts, it must be indicated that this principle, derivable from constitutional numeral 34, prevents the administration from going back—retroactively—on its own acts declarative of rights, and the Chamber warns that in the case at hand there is no infraction of the indicated principle. In the present case, it involves the provision of a public service by a concessionaire that must adhere to a series of regulations, among them the regulation of rates by the Regulatory Authority of Public Services (Law 7593). (Vote 2696-99) / In the same vote (vote 2696-99), it later expresses: / "We cannot speak in this matter of an acquired right of the contracting party to a determined price, which may be varied by the competent regulatory authority, empowering broad participation by the interested party, who, as already indicated, has within reach the possibility of intervening in the setting process and of filing the ordinary appeals provided by the legal system to combat the final act." (Ibidem) / For greater abundance, the following votes of the Constitutional Chamber can be consulted: 3680-99, 2699-99, 1999-09185, 9589-99. / From this it follows with crystal clarity that the price or rate as consideration for public service does not constitute an acquired right or consolidated legal situation that the provider is in a position to demand from the grantor or regulatory Administration. / In other words, the price or rate does not constitute a subjective right in favor of the individual, by which they are empowered to demand a specific price or rate from the Regulatory Authority. The only thing they can demand is respect for the methodology approved in accordance with the parameters and procedures of Law 7593, as the First Chamber has made clear in reiterated resolutions such as 577-F-2007. / This characteristic is of vital importance for the purposes of the present complaint, because it requests the recognition of an individualized legal situation and the indemnification for damages that it alleges Nombre628 caused it (which it is worth emphasizing, Nombre111320 does not specify what these consist of). As we have already had occasion to explain, according to the jurisprudence of the Constitutional Chamber, there is no acquired right to a specific rate, therefore, its non-setting, readjustment, or even decrease is left to the determination of the regulatory Administration of the public service, obviously in accordance with the legal system, the fulfillment of requirements, the applicable technical parameters, and the legal rate procedure. Thus, in compliance with the normative provisions contained in Law 7593, Nombre628 promulgates the "Reference rate methodology for new private hydroelectric generation plants" (published in La Gaceta No. 168 of September 1, 2011), likewise, through resolution 796-RCR-2012 of March 16, 2012, the rate band was set for all new private hydroelectric generators. / In such a way that, the public service provider has no right to demand specific concrete conduct from the Administration, which inexorably results in a rate readjustment. / We must reiterate here what was said on previous occasions, in the sense that the Principle of Patrimonial Intangibility is not of extensive application to the activity of the public service, given the marked character of regulation and intervention by the State in the provision, in which superior values and principles prevail over the individual and concrete one of the concessionaire. Furthermore, if acting in the manner sought by the plaintiff "application of the rate-of-return method", it would not only be disapplying the methodology in force, but also placing at a disadvantage all those private generators of electric energy that did sign an energy purchase and sale contract with ICE, and that participated in the selection process "competitive bidding" established in Articles 8-11 of the Regulation to Chapter I of Law 7600, Law that authorizes autonomous or parallel electrical generation, Executive Decree 37124-MINAET. / ii. On the non-retroactivity of norms: / Once the framework of Nombre628's competencies for establishing methodologies and carrying out rate settings has been set out, we proceed to respond to what was referred to as the alleged violation of the principle of non-retroactivity of norms claimed by the company Nombre111320. To do this, we will revisit some relevant background facts, by which it will be duly proven that there is no violation of said principle, and furthermore, that it is the plaintiff who seeks to be granted differential treatment in relation to the other private electric energy generators that provide said service to ICE. / In this regard, it is indicated that: / 1- On November 11, 2010, Nombre111320 filed an individual rate request before Nombre628 based on the methodology approved by resolution RJD-009-2010 - information based on the rate-of-return methodology with costs and investment from the feasibility studies -. / 2- On February 21, 2011, through resolution 341-RCR-2011, Nombre628 established a provisional rate for the Vara Blanca Hydroelectric project of $0.0695 /kWh, and it was indicated in the "Por Tantos III and IV" of said resolution, the following: / "...III- Indicate to C.H. Vara Blanca, S.A. that the authorized maximum rate and rate structure will be in effect as long as the Public Services Regulatory Authority has not authorized a general rate for all hydroelectric plants similar to C.H. Vara Blanca, S.A. through the application of a cost model, productive structures, models, or general reference costs. / IV- Indicate to C.H. Vara Blanca, S.A. that it must submit a rate request once the project has made the investments mentioned in this study and is in operation, if at that date a reference rate does not exist, as established in the previous point..." (Boldface not in original). / 3- On August 10, 2011, through resolution RJD-152-2011, the "Reference rate methodology for new private hydroelectric generation plants" was approved, which was published in La Gaceta No. 168 of September 1, 2011. This methodology establishes that the rate limits are defined for the entire industry, so that Nombre9574 and the new private hydroelectric generators negotiate the purchase-sale price of electric energy, always within those limits established by the Regulatory Authority; therefore, applying said methodology to the data of a single company is not appropriate. / 4- On October 12, 2011, Nombre111320 requested a new rate, since the new rate methodology was in force by virtue of the cited resolution RJD-152-2011. / 5- On March 16, 2012, through resolution 796-RCR-2012, the rate band was set for all new private hydroelectric generators. / 6- On April 26, 2012, Nombre9574 and Nombre111320 signed a contract for the purchase of electric energy under Chapter I of Law 7200. / 7- On May 28, 2012, through resolution RRG-162-2012, the contract for the purchase of electric energy signed by the parties (ICE-CHVB) under Chapter I of Law 7200 was countersigned by Nombre628. In said countersignature, the following is established: / "...III. Request Nombre9574 to modify as soon as possible the corresponding clause of the contract so that it conforms to the rate provisions of resolutions RJD-152-2012 (sic) and 796-RCR-2012 and their modifications. IV. Indicate with respect to the wording of clause Twenty-First of the contract that it must be understood – for all purposes – as conditioned to the following: a) That it is the exclusive competence of the Regulatory Authority to set rates based on what Law 7593 and its amendments indicate, b) that nothing in the proposed wording can indicate otherwise, the rate and its structure that will be applied on each occasion is that which the Regulatory Authority has in force for that moment. It is also understood that in the event that Nombre628 should approve a new methodology for the calculation and application of private generation rates in general, – or for the specific case of Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. – the former will govern from the moment the respective resolution so provides, without the need to modify the contract..." (Boldface does not belong to the original). / 8- On June 2, 2012, operations of the Vara Blanca Hydroelectric Project begin. This is recognized by the plaintiff party in fact 19 of the complaint and from the documentary evidence provided (official letter from Nombre9574 0810-369-2012). / 9- On June 18, 2012, through Addendum No. 1, to the energy purchase-sale contract signed between Nombre9574 and CHVB, it was provided, among other things, to modify Clause 21, which in relevant part established that: / "...The energy that Nombre9574 receives under this Contract will be paid with the rates and rate structure established in accordance with what the Public Services Regulatory Authority, ARESEP, determines, based on the 'Reference rate methodology for new private hydroelectric generation plants', approved through Resolution RJD-152-2011 and its modifications..." (Boldface does not belong to the original). / 10- As of the date on which: / i- the operations of the Vara Blanca Hydroelectric Project begin, June 2, 2012; / ii- the contract for the purchase of electric energy is countersigned by Nombre628, May 28, 2012; / iii- Addendum No. 1 to the energy purchase-sale contract between Nombre9574 and CHVB is signed between the parties (ICE-CHVB), dated June 18, 2012 (complying with what was indicated by Nombre628 in the act of countersignature of the contract dated May 28, 2012, through resolution RRG-162-2012 "modifications to the contract"); / Resolution RJD-152-2011 "Reference rate methodology for new private hydroelectric generation plants" had already been issued, which was published in La Gaceta No. 168 of September 1, 2011, and the rate bands had been set through 796-RCR-2012 dated March 16, 2012. / From the extensive factual account presented, it is concluded that the plaintiff party is not correct that the actions and supposed omissions of Nombre628 have violated the constitutional principle of non-retroactivity of norms enshrined in Article 34. It should be clarified that the rate requests submitted to the Regulatory Authority must be duly supported by the price-setting models (methodology) in force, and that it is based on these models that Nombre628 carries out rate settings. This constitutes an admissibility requirement for rate requests (based on a methodology in force). Nombre628 does not carry out rate settings based on methodologies not in force, or that have been repealed by a later one, because clearly, that would go against the principle of legality (Article 11 of the Political Constitution and the General Public Administration Law) and the principle of singular non-derogability of norms (Article 13 of the cited legal body). In rate matters, the change of methodology for a particular service implies that the new rates will be set according to the new methodology; one cannot speak here of a more favorable condition, acquired rights, or consolidated legal situations, aspects that do apply constitutionally as parameters to avoid giving retroactive effect to a norm in other legal matters. In rate matters, as the Constitutional Chamber has stated, one cannot speak of acquired rights, nor can these be claimed to avoid the effectiveness or application of a new methodological regulation.

In the specific case, the violation of the principle of singular non-derogability would consist of the non-application by [Nombre628] for a specific case (as [Nombre111320] intends) of the current technical methodological standard, established in resolution RJD-152-2011 and the tariff band that it provides, set forth in resolution 796-RCR-2012. / In this regard, the Constitutional Chamber stated: / “…Principle of singular non-derogability of regulations. The administrative law principle of singular non-derogability of regulations and other administrative provisions of a general nature contained in Article 13 of the General Law of Public Administration prevents one from considering that there is an acquired right or a consolidated legal situation in favor of the petitioner to continue failing to comply with the requirements generally established for all public officials to whom the Autonomous Regulation of the National Registry applies… / …The application of the general principle of the singular non-derogability of the norm; a general principle of constitutional rank, is applicable to the entire legal system, as a derivation and at the same time a condition of the Rule of Law in its entirety…” (Judgment 2009-95 of 10:30 a.m. on April 21, 1995, of the Constitutional Chamber. See in this same sense Constitutional Chamber Judgment No. 1709-04). / [Nombre14412], in the case before us, the Regulatory Authority has at all times applied the norms and methodologies in force when attending to the plaintiff's tariff requests. Nor is it considered that there is a violation of Article 34 of the Constitution, in the sense that [Nombre628] issued an administrative act and subsequently issued another contrary to the first (it has always been consistent in its actions), to the detriment of the subjective rights of the protected company, since, as indicated, this is a public service granted under concession to a private company that must adjust to the establishment of a tariff technically set by the defendant entity; therefore, it cannot be said that the "tariffs" established by the administration are immutable, and that they become part of the sphere of subjective rights of individuals, given that these depend on external factors that must be considered to set them and, above all, on the interest of the community. Therefore, one cannot speak of acquired rights that must be respected./ Finally, the plaintiff seeks the absolute nullity of administrative acts that, in its opinion, are not applicable to it, because it intends for the “rate of return” method to be applied (recognition of investment costs and an expected and reasonable profit for the activity sector)—see the first paragraph of the introductory ideas section of the complaint—however, in addition to seeking the nullity of resolutions that, according to it, are inapplicable, it is completely remiss in indicating what defects in those administrative acts generate the alleged nullity for which it must be declared in this contentious-administrative proceeding. Furthermore, assuming that what the plaintiff argues is correct (that the resolutions it accuses of absolute nullity are not applicable to it), their inapplicability per se does not render them null. (...) / c) Regarding the alleged failure to comply with legal obligations and violation of the rights of [Nombre111320]: (...) / In order to address the reproach noted by [Nombre111320], in relation to the fact that Article 31, subsection a) of Law 7593, obligates [Nombre628] to guarantee the financial equilibrium of public service providers, it is necessary to transcribe that article in its relevant parts in order to understand its context and not in relation to a single particular aspect. / “Article 31.- Setting of tariffs and prices / To set the tariffs and prices of public services, the Regulatory Authority shall take into account the model productive structures for each public service, according to the development of knowledge, technology, the possibilities of the service, the activity in question, and the size of the providing companies. In the latter case, it shall seek to promote small and medium-sized enterprises. If there is a proven impossibility of applying this procedure, the particular situation of each company shall be considered. / The criteria of social equity, environmental sustainability, energy conservation, and economic efficiency defined in the National Development Plan shall be central elements for setting the tariffs and prices of public services. Settings that threaten the financial equilibrium of the entities providing the public service shall not be permitted. / The Regulatory Authority shall apply annual tariff adjustment models, based on the modification of variables external to the administration of the service providers, such as inflation, exchange rates, interest rates, hydrocarbon prices, salary settings made by the Executive Branch, and any other variable that the Regulatory Authority deems pertinent. / Likewise, when setting public service tariffs, the following aspects and criteria shall be contemplated, when applicable: / a) Guarantee financial equilibrium. (The bold text is not from the original). / In accordance with Article 31 of Law 7593, the Regulatory Authority, to set tariffs and prices, shall take into account the model productive structures for each public service, that is, for the industry. Exceptionally, if there were a proven impossibility of applying this procedure (an exception that does not apply in the present case, due to the existence of the methodology cited many times), the particular situation of each company shall be considered. As indicated above, the “Reference tariff methodology for new private hydroelectric generation plants,” approved by Resolution RJD-152-2011 and its modifications, establishes that the tariff limits are defined for the entire industry, and not for a particular subject, as the plaintiff intends. / In the same vein, Article 20 of Regulation No. 37124-MINAET, to Chapter I of Law No. 7200, Law that authorizes autonomous or parallel electric generation, establishes the power of [Nombre628] to develop and establish models based on statistical information on the cost structure and performance of existing plants, as it indeed did in resolutions RJD-152-2011, 796-RCR-2012, and their modifications. / Article 20.- Tariffs. / ARESEP, in accordance with the provisions of Law No. 7593, shall set the tariffs that will govern the purchase and sale of electricity under Chapter I of Law No. 7200 and its amendments. These tariffs may be established by ARESEP, for each type of energy source, based on cost structure models developed to consider the particular conditions of new and efficient plants. Likewise, [Nombre628] may establish tariffs for each type of energy source that will apply when renewing contracts, based on models developed from statistical information on the cost structure and performance of existing plants. Producers are obligated to annually submit the statistical and financial information requested by [Nombre628] for these purposes. Otherwise, they shall be subject to the application of the sanctions established in Articles 24, 38 subsection g), and 41 of the Law of the Regulatory Authority of Public Services, Law No. 7593. / The tariffs, for both new plants and existing plants, may be set under the modality of a maximum price, or a band with a maximum price and a minimum price, and may have a structure disaggregated by seasons of the year, hours of the day, energy and capacity, defined according to the expected evolution of SEN costs. (The underlining is not from the original). / The tariff request of the plaintiff was not supported by the current price model, established by resolution RJD-152-2011, which proposes the setting of a tariff band by industry, for companies seeking to build new non-conventional energy plants, and the input it takes for its calculation is a database of cost and investment information from companies belonging to the sector. The methodology in force and applicable to CHVB does not establish the possibility of setting prices for a particular company, as proposed by the plaintiff. Even if a single company requests a tariff adjustment from [Nombre628], that request would imply the review of the tariff applicable to the entire sector according to the parameters set in the tariff model. / As in the previous section, the plaintiff seeks the absolute nullity of administrative acts that, in its opinion, are not applicable to it, because it intends for the “rate of return” method to be applied; however, in addition to seeking the nullity of resolutions that, according to it, are inapplicable, it is completely remiss in indicating which elements of those administrative acts suffer from such a defect of nullity that their nullity must be declared in this contentious-administrative proceeding. It only manages to indicate that under the terms of Article 31.a of Law 7593, [Nombre628] must guarantee its financial equilibrium. Furthermore, assuming that what the plaintiff argues is correct (that the resolutions it accuses of absolute nullity are not applicable to it), their inapplicability per se does not render them null. / d) Regarding the unjust enrichment and de facto expropriation that ICE allegedly incurs: / As this is a series of arguments relating to alleged actions or omissions of ICE, and in respect for the legally assigned competencies of each of the co-defendant institutions, [Nombre628] refrains from commenting on the substance of this reproach. / e) Regarding the alleged violation of the legal system by omission in the fulfillment of duties: / i- Regarding the inapplicability of the “rate of return”: / The plaintiff intends for the “Rate of Return” to be applied, considering that this was the methodology in force included in Executive Decree 20346-MIRENEM of March 21, 1991 (in force at the time the public service concession for electricity generation and the electricity sales contract with ICE were perfected); however, it must be clarified that this decree was repealed by Executive Decree No. 37124-MINAET of March 19, 2012, published in Supplement No. 72 to Gazette No. 108 of June 5, 2012, which is the Regulation to Chapter I of Law No. 7200, Law that authorizes autonomous or parallel electric generation, and which also did not include that tariffs would be set with “Rate of Return”—recognition of costs and an expected and reasonable profit for the activity sector—but rather they were set based on future costs, which Law 7200 called the “avoided cost of investment and operation of the SIN.” / Laws 7593 and 7200 establish that the Regulatory Authority shall establish the methodologies or models for setting prices and tariffs; no norm establishes [Nombre628]'s obligation to conform to the “Rate of Return” criteria for all services. / It will be proven throughout the process that ARESEP has fully complied with the normative provisions contained in Law 7593, Law 7200, Law that authorizes autonomous or parallel electric generation, and Regulation No. 37124-MINAET, to Chapter I of Law No. 7200, Law that authorizes autonomous or parallel electric generation, and that it has in no way failed to fulfill its legally established duties. / [Nombre111320] considers that the model that should have been used is the rate of return, since the Board of Directors resolved in resolution RJD-060-2012, to rectify the procedure and revert it to the moment when the tariff request should have been considered. Therefore, it argues that said request should have been processed with the tariff models in force at that date. Resolution RIE-022-2011, which addressed the motion for revocation, was clear in stating that: / “…on the date on which the tariff request is considered, that is, October 12, 2011 (folios 01 to 03), resolution RJD-152-2011 of August 10, 2011, through which the Board of Directors established the Reference tariff methodology for new private hydroelectric generation plants, was already in force, which was published in Gazette No. 168 of September 1 of that same year…” / The Energy Superintendence of [Nombre628] also mentioned that: / “…the methodology approved in resolution RJD-152-2011 does not establish the possibility of setting specific prices company by company (folio 112), […] with this methodology [Nombre628] does not make individual settings (folios 144 and 145). / Resolution RIE-022-2013, which resolved the motion for revocation filed by the plaintiff, stated regarding resolution RJD-152-2011 that: / “The aforementioned methodology establishes that these tariff limits are defined for the entire industry, so that [Nombre9574] and new private hydroelectric generators negotiate the purchase-sale price of electric energy, always within those limits established by the Regulatory Authority; therefore, it is not appropriate to apply said methodology to the data of a single company, as requested by the appellant, nor to inform [Nombre9574] or another operator where to place each of the generators within those tariff limits” (folio 145). / The methodology approved by resolution RJD-152-2011 aims to determine the reference tariffs for new private hydroelectric generation plants that sell energy to ICE, regarding which it is stated that: / “Within this scheme, [Nombre9574] is placed in a position to buy energy from some plants whose production costs differ from the average costs of the private generation industry, within acceptable cost and operational efficiency conditions.” (Considering II of resolution RJD-152-2011). / The appellant requested at the administrative venue that [Nombre628] specifically set the price to be paid by ICE; however, as already stated, the methodology in force is designed to set tariffs for the industry -RJD-152-2011-. Additionally, resolution RJD-161-2011 incorporated into the section Adjustment of the tariff band values, of resolution RJD-152-2011, the following: / “…At no time may the prices paid for the purchase of electric energy be greater than the upper limit of the current tariff band, nor less than the lower limit of that band…” / Based on this, any price clause or adjustment thereto must conform to the provisions of resolutions RJD-152-2011 and its amendments to date, namely: RJD-161-2011 and RJD-013-2012. Given the foregoing, the parties have this band to agree on the purchase-sale price of electricity. Consequently, what was requested by the appellant was not in accordance with the model in force under resolution RJD-152-2011. / The plaintiff's allegations are confusing, because when it submitted its tariff request, it was based on the model set in resolution RJD-152-2011 (folio 1); however, in the appeals filed at the administrative venue and in the complaint, it maintains that [Nombre628] should have used the rate of return model to calculate the tariff. This argument is not consistent with the tariff request made, nor with the methodology it knew was applicable to it. / The company, furthermore, has not demonstrated the disequilibrium it alleges and that it claims makes the current methodology unprofitable; however, if such exists, it is clear that the company has agreed under those conditions with [Nombre9574] and that it must seek a solution within the applicable regulatory framework. / ii- Regarding the legal power of [Nombre628] to set tariffs through a tariff band system: / In a case similar to the one before us, in which the illegality of the band system was discussed because, in the opinion of the plaintiff, [Nombre628] was delegating sovereign powers, the First Chamber of the Supreme Court of Justice, through judgment 506-F-S1-2010 of April 30, 2010, in Considering III, stated that the Regulatory Authority did not delegate its powers, but rather [Nombre628], in the exercise of its powers, exercised the technical discretion it possesses in the matter and established the band system: / “…Hence, for this Collegiate Body, the defendant, without exceeding its powers in resolution RRG-9233-2008, whose nullity is sought in the process, created a system of bands for determining the price of fuels in ports and airports for large consumers. In accordance with the stipulations of numeral 31 ibidem, [Nombre628] may enable or create price calculation models for regulated services, and may take into account variables external to the providers ‘… such as inflation, exchange rates, interest rates, hydrocarbon prices, salary settings made by the Executive Branch and any other variable that the Regulatory Authority deems pertinent’ (the bold text is supplied). Thus, in this case, the defendant did not delegate its competence to RECOPE, but rather established the formula that it technically deemed most adequate and suitable for regulating the specific market, in which it took the variation of the international price of hydrocarbons, within the bands that the model established. Consequently, all the Refinery does is apply it and obtain the price that must be published daily on the Internet, but it is [Nombre628] that continues to determine the tariff for that market, through the established methodology… Therefore, there is no delegation of its competence regarding the setting of prices, but rather, it exercised the discretion it possesses in the matter, taking into account the variables in that market…” (The bold text is not from the original). / The First Chamber clearly recognizes that [Nombre628] does not exceed its powers when setting a tariff based on a tariff band system and that it is not delegating its own functions. / Within this line of thought, Article 20 of Executive Decree No. 37124-MINAET, Regulation to Chapter I of Law No. 7200, states that: / “…Tariffs, for both new plants and existing plants, may be set under the modality of a maximum price, or a band with a maximum price and a minimum price, and may have a structure disaggregated by seasons of the year, hours of the day, energy and capacity (sic), defined according to the expected evolution of SEN costs. / In that same sense, reference should be made to Considering IV of resolution RJD-152-2011, in which it was stated: / “…The tariff methodology is based on a model that estimates the upper and lower values of a tariff band, expressed in dollars per KWh. These limits are defined from the estimation of the average and the standard deviation of the available investment cost data for Central American hydroelectric plants with installed capacities equal to or less than 20 MW. The upper limit is given by the tariff corresponding to an investment cost equal to the average plus one standard deviation; and the lower limit is given by the tariff calculated with an investment cost equal to the average minus the standard deviation…” / For its part, resolution RJD-161-2011, which modified resolution RJD-152-2011, added that: / “…At no time may the prices paid for the purchase of electric energy be greater than the upper limit of the current tariff band, nor less than the lower limit of that band…” / Based on the foregoing, it is concluded that [Nombre628] has broad powers to set tariffs through a tariff band system, in accordance with Law 7593, the jurisprudence supra indicated, Article 20 of the cited regulation, and resolution RJD-152-2011. This in no way means that [Nombre628] transferred its powers to set the tariff to [Nombre9574]. / In the specific case, through resolution 796-RCR-2012 of March 16, 2012, the tariff limits (band) were set for the first time, so that [Nombre9574] and the private hydroelectric generators would contractually establish the purchase-sale price of electric energy, always within those limits set by ARESEP. The current limits of the tariff band were set by resolution RIE-033-2013. / In accordance with all of the foregoing, it is considered that the plaintiff is incorrect regarding the violation of the legal system due to alleged failure to fulfill duties by supposed omission in setting a tariff based on the rate of return methodology in force at the time of perfection. It is striking that [Nombre111320] titles this section “Violation of the legal system by omission…”, but does not point out a single norm that [Nombre628] failed to apply or that was violated by non-application. / VI- SUBSTANTIVE DEFENSES / LACK OF PASSIVE STANDING and LACK OF RIGHT. / For the reasons set forth in the preceding sections, this representation considers that the Regulatory Authority of Public Services acted in this case in accordance with the Law; therefore, there are no reasons to be sued in this process, which clearly constitutes an absence of passive standing with respect to my represented entity. / Likewise, for the factual and legal reasons extensively set forth above, the exception of lack of right of the plaintiff in this process and in the formulated claims is hereby interposed.” In the conclusions stage, it alleged a summary of the facts that begin with the plaintiff's tariff request with rate of return on November 11, 2010, and that on February 21, 2011, [Nombre628] set a provisional tariff. It clarifies that at that time work was being done on a methodology by industry where each particular company is reviewed and an average tariff is set, with a reference to which it must conform. It cites vote 577-2007 of the First Chamber regarding the methodology chosen by [Nombre628] and the obligation to conform to it. It indicates that the band system methodology, adopted in resolution No. RJD-152-2011 of August 10, 2011, published in Gazette No. 168 of 2011, of general application for the entire industry of private generators and in accordance with the Principle of Singular Non-Derogability of Regulations, is not applied specifically. It states that the plaintiff requested a tariff setting based on the approved methodology. That on March 16, 2012, through resolution No. 796-RCR-2012, the tariff band was set. Furthermore, that by resolution RGR-162-2012 of File OT-112-2012, [Nombre628] endorsed the contract and recommended that the price clause be modified so that the tariff methodology and future changes would govern. That there was no retroactive effect and that it governed from its publication and not backwards. The plaintiff made the addendum to the contract and on June 2 begins operations, at which time the methodology was in force. It indicates that on March 19, 2013, the Energy Superintendence sets the tariff band. It states that Article 31 of Law 9573 empowers [Nombre628] to choose the tariff model; it is an abstraction to set the tariff based on productive structures. This coincides with Article 20 of the Regulation to Chapter I of Law 7200, Executive Decree No. 37124-MINAET, which allows [Nombre628] to set tariffs based on the cost structure of the industry sector. The methodology seeks the efficiency of companies so that users pay a lower price for electricity. Regarding the position adopted by [Nombre9574] of not moving away from the lower margin, it considers that it is not outside of legality, since the extreme guarantees financial equilibrium. Regarding the nullity defects of the challenged acts, it claims that the plaintiff was not precise in indicating which elements of the administrative act are defective, so that if accepted, there would be defenselessness. In the case of the application of the band system to the plaintiff's case, it clarifies that the lower extreme was 34.60% higher than the provisional tariff, hence the plaintiff company must prove financial disequilibrium. It clarifies that the request submitted by the plaintiff contains accounting information, attempting to have an individual tariff set, which is not appropriate since only sector variables are analyzed. The rejections of the requests are because the information is not consistent with the methodology invoked. It alleges that in tariff matters there is no non-retroactivity of norms, patrimonial intangibility, or the Principle of Irrevocability of one's own acts as in other matters, because one cannot claim an acquired right to the tariff; it governs until another modifies it. It points out that the approved methodology is the only one that can be applied in accordance with the Principle of Legality and is endorsed by the regulatory technique of the industrial sector for the efficient management of the company. It requests that the complaint be dismissed and the exceptions of lack of right and lack of standing be accepted. Furthermore, that the indemnification claim be rejected, since the damages were not specified, their nature is unknown, there is no clear causal link, and it is not shown that they were the product of Aresep's actions. In the hypothetical case that the complaint is accepted, they request to be exempted from costs for having acted in good faith and with sufficient cause. In the evidentiary hearing for better adjudication, it was added that the plaintiff company qualifies as a new private hydroelectric generator because it has a contract. Furthermore, that the application of the band methodology guarantees equilibrium and that it should not have losses; if they exist, they are the responsibility of the generator. The band system is reviewed each year and the plaintiff company is taken into account in the sample. In the plaintiff's first request, a particular setting is made, and in the following two requests, the system by industry is applied, that is, for the entire sector. It highlights that the lower limit of the band was higher than the provisional tariff and increases each year. [Nombre628] admits that it is possible to negotiate the price with [Nombre9574] within the band. The technical analysis of the band includes costs and obtaining a profit. It argues that the company's inefficiency cannot be assumed by [Nombre628]. Regarding the expert report, it alleges that the opinion is unfounded, shows ignorance of the subject, and is not useful. The damages alleged by the plaintiff are not attributable to [Nombre628]. \n\nV.- Allegations of the representation of [Nombre9574]: "The object of this process is the reasonableness or not of a tariff for the payment of the sale of energy, the setting of which is the responsibility of [Nombre628] and whose discussion is associated with determining which tariff model of the 3 cited below should have been applied for the case of the plaintiff company: / 1. 'Methodology for setting tariffs for existing private generators that sign a new electricity purchase-sale contract with ICE' (resolution RJD-009-2010 published in Gazette No. 109 of June 7, 2010). / 2. 'Rate of Return Methodology' (resolution 341-RCR-2011 of February 21, 2011), the only one applicable to new investments in sources such as hydroelectric, biomass, and wind, at that date, according to Considering 11 of said resolution. / 3. 'Reference tariff methodology for new private hydroelectric generation plants' (Resolution RJD-152-2011 of September 1, 2011, which was modified by Resolution RJD 161-2011 of October 26, 2011, whose methodology was applied with Resolution 796-RCR-2012 published in Gazette No. 92 of May 14, 2012). / The plaintiff [Nombre111320]., given its commercial interest in selling electric energy to ICE, in May 2010 began the procedure provided for from the legal, regulatory, and regulatory point of view in force, which included from obtaining a declaration of eligibility for its project, obtaining a water concession, public service concession, negotiation of the electricity purchase-sale contract, to obtaining a particular tariff setting from [Nombre628]. / At that time, [Nombre9574] had in force the 'Regulation on the project selection procedure under the first chapter of Law No. 7200' (published in the Gazette of March 14, 2000), which was generated from a criterion of the General Attorney's Office of the [Nombre27343] (opinion C-024-97 of February 4, 1997) that pointed out [Nombre9574]'s obligation to select projects that, under equal conditions, offered the best conditions for the public interest. / Said regulation was in force until April 12, 2012, since from then on, the holding of tenders for the selection of the projects with which contracts would be signed was already contemplated. The plaintiff took advantage of the situation that no other company was in a position to deliver energy immediately in order to get the contract signed. / It is important to highlight that the plaintiff, prior to signing the contract, requested that [Nombre628] set in advance the tariff that my represented entity should pay, so that it would allow it to carry out the financing procedures necessary for the construction of the hydroelectric plant.

My client opposed the individual tariff setting requested, since as of January 2011 there was no current methodology that would allow setting tariffs for 'new private-generation hydroelectric plants that signed an electricity purchase-sale contract with ICE.' (See folio 248 of administrative file ET -185-201 0). / Nevertheless, said tariff setting was carried out by Nombre628 on February 21, 2011, at a price of US$0.0695/kWh applying the rate-of-return methodology, since, being a new plant at that time, the "Methodology for setting tariffs for existing private generators that sign a new electricity purchase-sale contract with ICE" was not applicable to it. In that resolution, Nombre628 established: "It is important to indicate that C.H. Vara Blanca S.A., being a new plant, will have a tariff setting appropriate to its costs, expenses, and a level of profitability, and the company has the authority to request a new tariff setting each year if it deems it convenient, using the methodology defined by the Regulatory Body at that time," from which it follows that Nombre628 was clear that no defined methodology existed for new plants. / The energy purchase contract with ICE was not signed by the plaintiff until April 26, 2012 (14 months after having obtained the tariff). / Only 19 days after having signed the contract, precisely on May 14, 2012, Nombre628 carried out the tariff band setting based on the "Reference tariff methodology for new private hydroelectric generation plants" (Resolution 796-RCR-2012 published in La Gaceta No. 92). / After this date, the contract was submitted for approval, and the Regulator (RRG-162-2012 of May 28, 2012) ordered in the Por Tanto 111, "Request that Nombre9574 modify the corresponding contract clause as soon as possible so that it conforms to the tariff provisions of resolutions (Resolution No. 796-RCR-2012 and RJD-152-2011), an order that was fulfilled by signing an addendum on June 18, 2012, in which it was expressly stipulated that should Nombre628 approve a new methodology for the calculation and application of private generation tariffs for new hydroelectric plants in general—or for the particular case of Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A.—it would govern from the moment so established, without the need to modify the Contract. / Prior to the signing and approval of the addendum, on June 4, 2012, the plaintiff again went to the Regulator and requested a specific tariff of US$0.1446 kWh, based on the application of the Reference Tariff Methodology for new private hydroelectric generation plants (approved in resolution RJD-152-2011 and modified by resolution RJD-161-2011). In its resolution, the Regulator dismissed this request and argued "that one of the objectives of the methodology approved through resolution RJD-152-2011 is to avoid individual tariff settings for the different types of private generation projects, but rather, general settings, according to models or productive structures," therefore indicating that it should proceed to negotiate with Nombre9574 the tariff that corresponded to it according to the criteria of said resolutions. Given the impropriety of a "negotiation" that would result in a tariff setting by ICE, my client emphatically stated to the plaintiff not only that it lacked the competence for it, but that in its particular case the cited band methodology was not applicable, because it was established for a scenario where Nombre9574 received offers from a wide range of private generators and chose those that were most attractive. / Faced with this request, however, Nombre9574, in respectful compliance with what was ordered by the Regulator in tariff matters, in accordance with resolution RJD-161-2011 which established "that under no circumstances may the prices paid for the purchase of energy be higher than the upper limit nor lower than the band," informed the plaintiff that it would adjust (sic) the price to US$0.0798/kWh, equivalent not only to the lower limit of the band but also to 14.8% more than the specific tariff set by ARESEP. This price adjustment was updated on March 26, 2013, in response to the new bands set in resolution RIE-033-2013, with the price currently paid corresponding to an amount of US$0.0948, the lower limit of the current band, equivalent to 36.4% more with respect to the tariff set by Nombre628 based on the plaintiff's individual study. / Not satisfied with this, the plaintiff filed an administrative claim before ARESEP and insisted on the application of the band system methodology, which was rejected for lack of merit (As recorded in file OT-107-2013, provided by the plaintiff). / The plaintiff's specific allegation against Nombre9574 when filing this lawsuit is the supposed non-compliance with the instructions of Nombre628 so that, after the "negotiation" that would take place, it would recognize the upper limit established in the band system as the price, as detailed below, a request to which Nombre9574 could not agree, since it would have violated, among other things, its scope of competence, the principle of legality, and the principle of public service regulation, and might even have incurred in legal fraud in accordance with the Law against Corruption and Illicit Enrichment. ICE is the only entity that has been clear in lacking the competence to negotiate tariffs for the purchase of electric energy as was intended, since the competence to set (not negotiate) was given exclusively to ARESEP, in accordance with Law No. 7593 (Article 5), it being necessary to emphasize that, as a power regulated in a legal norm, it cannot be delegated to Nombre9574, and in the event that Nombre628, within the band system, envisioned regulatory viability for Nombre9574 to set the tariff in the plaintiff's particular case, it should have specified the parameters of action, which it omitted. / By reason of the foregoing, we must be emphatic in pointing out that the object of this lawsuit arises, on the one hand, from a lack of regulatory precision that occurs in the plaintiff's particular case, and from the Regulator's omission to include, in the tariff band methodology or system (RJD-152-2011), a transitory rule to regulate the transition that occurred after the individually set tariff under the new regulatory model of the tariff band system. Such imprecision leads the plaintiff to two ambiguous positions (sic), one in the administrative venue where it seeks the application of the tariff band methodology, and another in the judicial venue where it rejects said application considering it improper in its particular case. / The factual picture of what actually happened in the present case is basically summarized as follows: / 1. Nombre111322 obtained a tariff from Nombre628 applying the rate-of-return model; then sought a new tariff setting whose determination would be made under the tariff band model; and today, according to the claim of this lawsuit, considers that this latter model does not apply to its case. / 2. Nombre628 omitted regulating the plaintiff's specific case; and by referring it to negotiate with ICE, intended for ICE to remedy its regulatory omission. / 3. Nombre9574 has always been clear about its scope of competence and has acted in accordance with the regulatory framework, so all its acts are in compliance with the Law and contain no defects of nullity. / REGARDING THE MERITS OF THE LAWSUIT FILED / Before going into the detail of the plaintiff's substantive arguments, I allow myself to make the following preamble. / On the one hand, in consideration of the procedural object, what the plaintiff seeks is the challenge of ARESEP's conduct, which emerges clearly from its claims. On the other hand, regarding my client's conduct, it not only complies with the provisions of the legal system, but it is the only party—among the parties to the proceeding—that has shown clarity and consistency regarding what its competences are within the framework of Law No. 7200, the Regulation to Chapter 1 (Decree 37124-MINAET), the Project Selection Procedure and the Energy Purchase Contract and its respective Addendum, as well as in subjection to tariff regulation matters. / The following aims to demonstrate the ambiguity of criteria that has prevailed in the plaintiff's actions, all generated by the lack of clarity in the regulatory provisions that defined its tariff situation. / a) Ambiguity of the plaintiff's criteria in the request for adjustment of the tariff set by Nombre628, induced by the lack of regulatory precision arising from subsection a) of its lawsuit. / The plaintiff has held, during the administrative procedure—and now in the judicial proceeding—, two contradictory positions. First, it requested an individual tariff setting without having a signed and approved contract, and obtained an individual tariff setting based on an inapplicable methodology (rate of return); and second, once it was informed by Nombre9574 that the prices used for the settlement of the energy received under the Energy Purchase Contract would be adjusted to the lower limit of the band approved by Nombre628 in effect at the time of energy receipt (official letter number 0690-171-2012 of May 30, 2012, in response to the provisions of resolution RJD-162-2012), the plaintiff objected and requested, on June 4, 2012, that Nombre628 set a tariff based on that new methodology (approved in RJD-152-2011 and 796-RCR-2012). / Specifically, under resolution 879-RCR-2012, in which Nombre628 indicated to the plaintiff that it had to "negotiate" the tariff with Nombre9574 within the prices set in the band system, the plaintiff submitted to ICE, on November 19, 2012, a request for tariff adjustment based on the Methodology contained in RJD-152-2011, and given Nombre9574's decision to reject the tariff-setting request based on the upper level of tariff setting, the plaintiff filed an administrative claim and the administrative petition for Urgent Attention against my client before ARESEP, which was archived according to resolution RRG-359-2013 of September 16, 2013, for lack of sufficient merit to initiate an administrative procedure, indicating to both Parties that "Under the reference tariff methodology for new private hydroelectric generation plants, all prices between the band are set and authorized by ARESEP, and the price at which the energy from these is ultimately transacted must be negotiated by them (...)." It should be clarified at this point that Nombre9574 could in no way accept setting the tariff at the upper part of the band, as it lacks the competence to determine and validate the cost structure presented by the generator and to enter into determining investment recognitions. Nevertheless, having presented all the described actions, and recognizing the reasonableness and legality of my client's position in this regard, the plaintiff now, in the filing brief of this lawsuit, modifies the terms of its thesis, stating that Nombre628 has incurred illegal and arbitrary acts by failing to fulfill its obligation to set a tariff according to the rate-of-return principle, specifically exposing the inapplicability of the band system for its specific case. / Faced with this scenario, inconsistency is evident in the plaintiff's actions and claims: initially, knowing the existing regulation, it requested a specific tariff setting prior to signing the contract. (It is worth noting at this point that once that provisional tariff was known, the plaintiff decided to continue with the project, which suggests that it considered that tariff economically viable for financing purposes). Subsequently, once the methodology approved for new plants (Nombre628 Resolution RJD-152-2011) was in effect, it requested a tariff setting based on that different methodology. And finally, today it argues that this methodology is not applicable to it. / In our view, the plaintiff's confusion was ultimately caused by the lack of regulation in its particular case on the part of ARESEP. In its capacity as Regulator, supported by the respective technical criterion, it set an individual energy purchase tariff for the plaintiff, without there being a specific application methodology for plants with the plaintiff's characteristics. In addition to the foregoing, when issuing the tariff band system methodology, it omitted to include a transitory provision to regulate the plaintiff's incorporation into this new tariff band system. It should be clarified here that this band system is only applicable when a solicitation (concurso) among generators has occurred, as the solicitation (concurso) modality allows, on the one hand, generators to offer within the band and, on the other hand, the most economical and technically superior project to be selected, within a framework of healthy competition and transparency. Although not clearly stipulated in the band methodology, the system is only applicable when there is competition to win the right for the project in question to be selected to sell energy to ICE. / The inclusion of a transitory provision within the new methodology or band system, in this representation's view, could have avoided this proceeding, as the Regulator was aware that it had set an individual tariff for a new plant, and that the band system methodology did not permit the setting of an individual tariff, but only the existence of offerors and the authority of Nombre9574 to select the most favorable offer, a condition that the plaintiff did not present since it began operations without having participated in a selection process. / It is important to highlight at this point that Nombre9574 itself requested that Nombre628 add to and clarify resolution RJD-152-2011, regarding aspects related to the prices agreed upon by Nombre9574 at the time of signing the contracts and the implications of the tariff band review. In response to this request from Nombre9574, ARESEP, in resolution RJD-013-2012, indicated: "Despite the applicant being correct regarding the requested clarification on aspects related to the prices agreed upon by Nombre9574 at the time of signing the contracts and the implications of the annual tariff band review, its request lacks interest, since through resolution RJD-161-2011 of October 26, 2011, the Board of Directors added to the section 'Adjustment of tariff band values' of resolution RJD-152-2011 the following: 'under no circumstances may the prices paid for the purchase of electric energy be higher than the upper limit of the current tariff band nor lower than the lower limit of that band'." Far from clarifying, confusion prevailed, whereby today it is clear that it was a regulatory omission that prompted the object of this lawsuit. / b) Ambiguity in the allegation regarding the alleged violation of the principle of non-retroactivity of the norm. It must be clear that the plaintiff, once Nombre628 set the tariff that applied for the Energy Purchase-Sale contract, filed ordinary appeals against said setting on February 28, 2011, which were not resolved by the regulatory body until September 5, 2013, through resolution RJD-111-2013, sometime after the energy purchase-sale contract had already been signed. / Furthermore, it was Nombre628 that ordered Nombre9574 to modify the purchase-sale contract through an addendum, this in order to apply the band methodology, which is why the plaintiff requested the corresponding application based on said methodology. It is therefore strange that now, in this lawsuit, the plaintiff alleges that the application of the resolution it had previously requested violates the principle of non-retroactivity of norms. / The plaintiff alleges that the tariffs set within the Band System cannot be applied to it for two reasons: because it is directed at new plants (and its plant was built prior to its issuance), and because that model is directed at projects developed under the application of the modification to the Regulation of Law 7200 made by Executive Decree 37124-MINAET. / The plaintiff clearly shares Nombre9574's position by indicating that the latter is not entirely legally lacking reason when pointing out its incompetence to set a tariff, given that this is the competence of ARESEP. By virtue of this, it is clear that the plaintiff is the one that has been making tariff application requests before Nombre628 because it knows the existing regulation beforehand, and therefore that Nombre9574 is not competent to set an individual tariff as ARESEP is. / In addition to this, the plaintiff signed the Energy Purchase-Sale Contract and its Addendum, without having expressed any opposition to the terms of the Twenty-First clause ordered by ARESEP. For which reason it is clear that the plaintiff consented to the price of its contract being regulated by RJD-152-2011, and that the price set by resolution 341-RJD-2011 would remain in effect until the regulator authorized a general tariff for plants with similar characteristics. Note that although it appealed resolution 341-RCR-2011, all arguments referred (sic) to the tariff calculation performed therein, according to Considerando IV of RJD-111-2013, and not to the opposition that its particular case be subjected to a new methodology applied retroactively. / Now, it is clear that Nombre9574 is not the one that ordered the application of one or another methodology to the plaintiff; this competence belongs exclusively to ARESEP, which, without having expressly provided so within the tariff band system methodology (RJD-152-2011), refers the plaintiff to a negotiation process with my client, ignoring that Nombre9574 lacks the competence for setting tariffs or prices. / For this reason, the plaintiff's claim to now invoke the nullity of five administrative acts of my client—Official Letter 0690-171-2012 of May 30, 2012, Official Letter 0510-245-2013 of February 26, 2013, Official Letter 0510-503-2013 of May 14, 2013, Official Letter 0510-1392-2013 of October 8, 2013, and Official Letter 0510-1479-2013 of October 22, 2013—which were generated by the plaintiff's insistence that the band system be applied to it—, results in an allegation that lacks any foundation and is devoid of good faith, as developed in the last section of this response, within which it is demonstrated that said acts do not contain defects of nullity. / In any case, what is important to make clear from the outset is that in all those administrative acts deployed by ICE, there was always the legal clarity that within the application of the methodology to Nombre111322, no negotiation process was possible, first because the methodology did not expressly provide for it, and second, due to the lack of competence to apply said methodology and to set a tariff for the plaintiff, with Nombre9574 having only proceeded in accordance with its competences and in respect of the regulatory provisions issued by the regulatory body. / Finally, although the principle of non-retroactivity contained in Article 34 of the Political Constitution states that no norm shall be given retroactive effect to the detriment of any person, or their acquired patrimonial rights, or consolidated legal situations, constitutional jurisprudence has delimited the scope of said norm to indicate that what is prohibited is not retroactivity in itself, but detrimental retroactivity, meaning that beneficial retroactivity is possible. For this particular case, the tariff setting in resolution 341-RCR-2011 occurred at a time when no applicable methodology existed, and its validity was conditioned on the approval of the methodology applicable to the plaintiff. Said setting did not constitute a definitive administrative act but rather one conditioned on a new setting, one which, for the plaintiff's interests, are beneficial, as it constitutes 36.4% more compared to the first tariff setting; that is, it cannot be alleged that there is a violation of the principle of non-retroactivity since the price paid under the new methodology and by order of the Regulator is more beneficial than the one previously set, that is, no ruinous price for the plaintiff occurs. / e) Regarding the alleged unjust enrichment and de facto expropriation by Nombre9574. The plaintiff alleges that there is unjust enrichment and de facto expropriation on the part of my client; however, it fails to provide a legal and evidentiary basis to impute such responsibility to ICE, with which to support such a serious accusation. / My client EMPHATICALLY REJECTS that we are facing a case of enrichment with the tariff set and paid to the plaintiff. Both doctrine and jurisprudence have repeatedly declared that any claim of unjust enrichment, as a cause of patrimonial liability, requires as essential requirements: proof that a patrimonial advantage occurred for one party and an impoverishment of the other, a connection between the enrichment and impoverishment, and a lack of cause justifying the enrichment. / The foregoing can never be proven by the plaintiff, for the simple reason that such conditions do not exist. First, because there is an energy purchase-sale contract signed by both parties, which clearly establishes in the Twenty-First clause that the tariff and tariff structure that will govern will be that set by ARESEP; even the same clause states that should Nombre628 approve a new methodology for the calculation and application of private generation tariffs for new hydroelectric plants in general, or for the particular case of Central Hidroeléctrica Vara Blanca, it will govern from the moment so ordered by the respective resolution without the need to modify the contract; the plaintiff, by signing said contract, expressly accepted its content, which it cannot now disregard. Second, the plaintiff cannot invoke unjust enrichment against my client when Nombre9574, when purchasing electric energy—which constitutes a regulated service—is not empowered to pay more than the price set by the Regulator, as the sole competent entity, and in any case in compliance with the principle of legality. / The tariff that is being paid to the plaintiff to this day is the equivalent of the lower limit of the tariff band system, duly set by Nombre628, based on the legal impossibility of negotiating a price above what Nombre9574 currently pays the plaintiff, for the following reasons: 1) Nombre9574 is not competent to apply the methodology, 2) the methodology contained in RJD-152-2011 is not for application with the specific data of a single generator, and this has been reiterated by Nombre628 itself through resolution RJD-142-2012, 3) Nombre9574 is not competent to review the cost structure of a generator—which includes the total investment—and, based on that assessment, determine whether the reported expenses are or are not necessary for the provision of the service. The sole entity competent to analyze and validate said structure presented by the plaintiff is ARESEP, and 4) the only data, from a technical and financial standpoint, that Nombre9574 possesses to determine the price to pay for the energy purchased from the plaintiff is the setting made by Nombre628 through resolution RCR-341-2011 of February 21, 2011. / Thus, it is proven that the only valid parameter from a technical, economic, and legal standpoint, from which Nombre9574, in accordance with the general principle of law contained in Article 16 of the General Public Administration Law, could justify setting the energy price at the value equivalent to the lower limit of the tariff band, is the tariff setting of Placa19725 performed by the regulator through resolution 341-RCR-2011 of February 21, 2011, which was the result of the study and analysis of the plaintiff's cost structure that Nombre628 conducted in 2011 within its competences (which Nombre9574 informed the Regulator in response to the Administrative Claim filed by the plaintiff). / Thus, the tariff setting for Placa19725 is the only parameter that objectively allows Nombre9574 to offer and set a reasonable and proportionate price within the authorized bands, with the latest energy purchase price setting communicated to the plaintiff and grounded in Resolution RIE-033-2013 "contemplating an increase of 36.4% with respect to the tariff initially set by Nombre628 as a result of the individual study." / Likewise, the plaintiff provides no proof demonstrating its state of impoverishment; on the contrary, the payment of the tariff corresponding to the lower limit established in the set tariff band, in comparison with the first individual tariff setting through resolution RCR-341-2011, as indicated, constitutes 36.4% more with respect to the tariff that Nombre628 had originally set for it, and for which, exercising its competences, it analyzed the financial information presented and even ordered the submission of additional information to determine an individual tariff, which the plaintiff accepted and proceeded with the contract signing process. / A criterion of legitimacy to reject the alleged state of "impoverishment" is the fact that in solicitation (concurso) No. 02-2014 promoted by ICE (published in the official gazette La Gaceta No. 24 of February 4, 2014), several private hydroelectric generators participated (in a condition similar to the plaintiff's), and the majority offered a sale tariff at the lower limit or "floor" of the band, which is $0.0948. The price requested by the plaintiff, meanwhile, is US$0.1483 kWh. The result of the recent solicitation (concurso) shows that the price paid by Nombre9574 is a suitable tariff that recognizes the costs and profits of the business, as they study the economic suitability of said tariff and adapt it to their projects, meaning there is no real economic injury in the plaintiff's case. Precisely, based on the estimates of the upper and lower band values, that model provides the generator with the necessary retribution to amortize the investment it had to make to start up energy sales, cover its operating costs, and provides a reasonable profitability, as recognized by the Regulator in resolution 796-RCR-2012. / While an economic imbalance for one of the parties regarding their obligations can indeed occur in a contractual relationship, the truth is that it would not be possible to frame an argument of such nature (unjust enrichment) against an energy buyer like Nombre9574, whose payment of the price is made within a regulatory scheme, since, as derived, the setting of the price or tariff is not established by Nombre9574, nor based on technical-economic analyses or at its whim; it does not set it because it lacks the competence to do so, and what it does is fully comply with the setting performed by the regulator, as long as it is reasonable and legally viable. Otherwise, we would be in a scenario where anyone not satisfied with what was established by the regulator and seeking to derive a similar claim would distort the tariff schemes of regulated services, such as the purchase of electric energy from private generators. This is why any allegation of economic imbalance must be resolved solely between the interested party and the regulator, since in a case such as the one under analysis, Nombre9574 only complies with the regulatory resolution. / The plaintiff's assertion can only be understood under a supposed ignorance of how the electricity sector operates, and in particular, of how Nombre628 sets purchase tariffs for ICE. In summary, Nombre628 sets tariffs for Nombre9574 at the level of each system (generation, distribution, transmission, and public lighting) based on the application of the cost-of-service principle (Article 3, Law No. 7593). Given that the settings are for subsequent application (as they govern from publication in La Gaceta), they are made based on projections. In the case of private generation, the projection is based on the current tariff, and consequently, any variation that occurs during the period instead represents an over-cost for Nombre9574 that is not recognized.

The Name9574 faces the same risk from currency devaluations, since rates for private generation are denominated in dollars and recognition is made based on the projected exchange rate. Thus, far from profiting, in the best of cases the Name9574 recovers what it pays to private generators for the energy it buys from them. Ultimately, the beneficiaries are the electric service users. / Based on the foregoing and the absence of evidence, the principle of the dynamic burden of proof is violated, in accordance with articles 58, 82, 85, and 220 of the Administrative Procedure Code, and as indicated in article 317 of the Civil Code, since the plaintiff, without having provided any element demonstrating the supposed unjust enrichment it seeks to attribute to my client, seeks to have the Name9574 recognize a rate, thereby violating the provisions of the legal system. / • Need to differentiate the concepts of negotiate and set a rate It is clear that the term "negotiate" rates completely conflicts with the function of "regulation," which is equivalent to state intervention ensuring the effectiveness of public interests through ARESEP, an entity endowed with functional autonomy to guarantee its regulatory function, which is to seek a balance between the diverse forces and interests acting in the market. / Although my client, as part of the Public Administration, has administrative autonomy, it is subject to the legal framework, especially the principles of legality and equality, particularly regarding acts in the field of regulated public service provision, such that in the specific case of rate-setting, the Name9574 does not have the authority to carry out such action. Furthermore, the due diligence it must exercise because it is responsible for the administration of public funds, from which, in the case of regulated prices, those can only be defined by the entity legally designated, and that designation falls on ARESEP, the sole and exclusive competent entity to set the "specific" price or rate that the Name9574 must recognize for the plaintiff. / On the other hand, the term "fijar" (set) means "Determinar, limitar, precisar, designar de un modo cierto" (to determine, limit, specify, designate in a certain way), and rate, according to the energy purchase-sale contract signed between the parties, is "The set of prices and conditions defined by ARESEP, under which the Name9574 buys energy from the Seller." In accordance with the provisions of Article 5 of Law No. 7593, the activity corresponding to rate-setting in the generation, transmission, distribution, and commercialization stages corresponds to ARESEP, as part of its obligations, as also stipulated in Article 6, subsection d), by indicating "Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos (Set rates and prices in accordance with technical studies). (Thus added by Article 41, subsection e) of Law 8660 of 8/18/2008, published in Scope 31, to La Gaceta 156 of 13/18/2008)". The elements that the Name9574 took into consideration to address the plaintiff's request for a rate adjustment presented by the plaintiff were the following: / 1) the Name9574 is not competent to apply the methodology to an individual generator, / 2) the methodology contained in RJD-152-2011 is not applicable with the particular data of a single generator, and this has been reiterated by the Name628 itself through resolution RJD-142-2012, / 3) the Name9574 is not competent to examine the cost structure of a generator—which includes the total investment—and from that assessment determine whether the reported expenses are necessary or not for the provision of the service; the only entity competent to analyze and validate said structure presented by the plaintiff is ARESEP, / 4) the only datum from a technical and financial standpoint that the Name9574 has to determine the price to be paid for the purchase of energy from the plaintiff is the setting made by the Name628 through resolution RCR-341-2011 of February 21, 2011. / As this Court can infer from the documents contained in the administrative file corresponding to the "Solicitud de Ajuste en Tarifa" (Rate Adjustment Request), my client, despite not having been notified of any resolution issued by the Name628 expressly ordering it to enter into a negotiation stage with the plaintiff (see resolution 879.RCR-2012), addressed both the written and verbal requests made by the plaintiff, under the firm thesis, from the outset, of lacking authority to enter into a negotiation leading to rate-setting. / For this reason, it is reiterated that there is no express mandate from the Name628 by which the Name9574 must enter into a negotiation process. For these purposes, what the Regulator ordered in Considering 11 of resolution RRG-359-2013 of September 16, 2013, is clear: "Que el precio pagado actualmente por la energía que suministra al ICE la empresa CH Vara Blanca S.A. ($0,0948/kwh) (...) se encuentra dentro de la banda fijada en la resolución R/E-033-2013 (...) por lo que no hay espacio alguno para que la Nombre628 requiera de ninguna de las dos partes a negociar y pagar un precio diferente(...)" (That the price currently paid for the energy supplied to the ICE by the company CH Vara Blanca S.A. ($0.0948/kwh) (...) is within the band set in resolution R/E-033-2013 (...), so there is no room whatsoever for the Name628 to require either of the two parties to negotiate and pay a different price(...)). / That is, the Name628 did not order or request the Name9574 to initiate a negotiation process in this case. The only thing it pointed out in the cited resolution is the power that both the Name9574 and the plaintiff have so that the price at which the energy between them is finally transacted be negotiated, providing only as a parameter to set the price, according to the principle contained in Article 16 of the LGAP, a principle that precisely justifies the settings that the Name9574 has made in accordance with the law, which under no point of view constitute unfounded imposed settings, much less abuses of a position of power, as the plaintiff erroneously states in the process under analysis. / • The Name9574 as administrator of public funds is precluded from disposing of them for the payment of a rate that has not been previously and precisely set by the regulator / As has been indicated throughout this submission, the Name9574 has a limitation on making rate-settings; this limitation arises not only from its lack of authority, as has already been reiterated, but also because in its capacity as administrator of public funds, it must guarantee that every payment made for the purchase of energy and others finds the corresponding justification, which does not occur in the plaintiff's case, to pay the rate equivalent to the maximum limit. / Likewise, the Name9574 does not have the authority to assess and analyze whether the rate it pays to the private generator is ruinous for the latter, since such analysis corresponds, according to Law No. 7593, to ARESEP, when it indicates that it must ensure the financial equilibrium of its regulated entities. / Consequently, the actions of the Name9574 at no time contravene the Legal System, given that it has acted in compliance with the current regulation on rates and in protection of public funds. Finally, what is clear is that the object of this litigation should have been specifically limited between the plaintiff, as an interested party in obtaining a different rate, and the sole entity competent to set it, ARESEP, a matter clearly not within the immediate purview of ICE. / • Disastrous precedent in the event that the Name9574 sets the rate for a specific private generator using an inapplicable methodology / As is reasonably evident from what has been stated thus far, the fact that my client had agreed to negotiate and derive from that a rate higher than the one set by the Name628 specifically for the plaintiff, without being able to base its action on a precise regulatory authorization, would constitute a negative precedent vis-à-vis other electric power generating companies that have acted under certain regulatory models and would call into question the legality of the Name9574's action, with its correlative repercussions in the realm of the liability regime. / THE Name9574 HAS NOT VIOLATED THE LEGAL SYSTEM BY OMISSION IN THE FULFILLMENT OF DUTIES / Although the plaintiff emphatically states that the alleged breach of duties is by ARESEP, an entity it holds responsible to a "harsher degree" to use its own terms, it states that the Name9574, despite being correct in affirming that rate-setting is the exclusive authority of ARESEP, has omitted adopting any type of palliative measure regarding the supposed bankruptcy situation the plaintiff faces. / Although the legal impossibility of my client adopting any measure sought by the plaintiff is more than evident, given the clarity of the current regulations on rate-setting (Law 7593), I permit myself to refer to the Legal Opinion on the Bill for the Regulatory Authority of Public Services - visible on folio 056 of the legislative file - which sought the transformation of the National Electricity Service (S.N.E.) into a public services regulatory body, which, according to what was stated, "will have as its main function the setting of rates charged by institutions and private companies that provide those services (...)," coupled with this, and as recorded in discussion minute number 3 of the Permanent Commission on Social Affairs (see folio 90 of the legislative file), the legislator intended that said entity would have the function of "seeking a balance that allows institutions providing services to have rates that allow them to recover their operating costs and have a return on assets (...) so a mechanism must be established that sets those prices in an adequate manner (...) only the costs necessary for the provision of the service must be included in the rate-setting." / In this way, it is clear that the Name628 was created as the sole entity competent for setting the rates and prices of services, among which is the energy supply service in the stages of generation, transmission, distribution, and commercialization, and that setting, as indicated by Article 6 subsection d), must be established in accordance with the technical studies that support such setting. / The function of regulation consists of "encuadrar el desarrollo de un sector de la vida social esforzándose por asegurar el mantenimiento de ciertos equilibrios" (framing the development of a sector of social life, striving to ensure the maintenance of certain balances) (definition by Name111323), an activity that involves seeking and specifying the correct functioning of a complex system. In our Legal System, such function is specified as stipulated by Article 3 of Law No. 7593, by indicating that a fundamental objective of ARESEP is, among others, "(...) b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos (To seek a balance between the needs of users and the interests of public service providers) (...)." In the same manner, the Name628 must ensure that public services are provided under the principle of cost-of-service, that is, that the rates and prices of the services are set in such a way that they "contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad (include only the costs necessary to provide the service, allow for competitive remuneration, and guarantee the adequate development of the activity)(...)." / In this same sense, Article 6 subsection a) of Law No. 7593 establishes as an obligation of the Name628 "a) Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad ó utilidad obtenida (a) To regulate and oversee, in accounting, financial, and technical terms, the public service providers, to verify the correct management of the factors affecting the cost of the service, be it the investments made, the debt incurred, the income levels received, the costs and expenses incurred, or the income received and the profitability or utility obtained)." In the same manner, it establishes that companies are obligated to provide the necessary information for the exclusive fulfillment of ARESEP's functions, this in accordance with Article 24 of Law No. 7593. / Now, Article 30 of Law No. 7593 states that public service providers, constituted consumer organizations, and public entities and bodies with legal authority to do so may submit requests for rate-setting or changes, and that the Name628 may modify, approve, or reject those petitions. Furthermore, it is noted that it may, ex officio, make ordinary modifications, having to grant them a hearing as established by law, understanding ordinary settings to be those that contemplate cost and investment factors in accordance with the cost-of-service principle. / According to Article 31 of the cited normative body, to carry out the setting of rates and prices, the Name628 must consider the model production structures for each public service, according to the development of knowledge, technology, and the possibilities of the service, it being clear also according to said regulations that settings that harm the financial equilibrium of the public service provider entities will not be permitted. / Based on the regulations set forth, only the Name628 has in our Legal System the authority to carry out rate-settings, and such setting or modification must be grounded in technical studies and in compliance with what is established in Article 16 of the General Public Administration Law "(...) En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (In no case may acts contrary to unambiguous rules of science or technique or to elementary principles of justice, logic, or convenience be issued) (...)." In summary, one can never arrive at a conclusion that an entity fails to fulfill its duties when those "duties" do not correspond to its authority. The Name9574 did not and does not have any authority whatsoever to adopt any kind of measure favorable to the plaintiff, firstly because the setting of general or specific rates is not within its scope of authority, much less did it have authority to carry out technical studies or to have requested from the plaintiff the supply of financial, accounting, statistical, and technical information related to the service provision, nor did it have the authority to inspect and record the provider's legal and accounting books, vouchers, reports, and equipment, which would allow it to issue a duly motivated administrative act for price setting, in accordance with the provisions of the General Public Administration Law in relation to the Internal Control Law, and secondly because within the regulatory framework in which it operates, there are relationships and delimitations of functions with the regulator, in which my client recognizes and adjusts to the functional autonomy that ARESEP possesses, adjusting its actions to the resolutions of the latter where it sets the rates or limits within which it can validly act. Had the Name9574 acted otherwise, it would have incurred in a violation of ARESEP's authority. / THE LACK OF PRECISION FOR THE PLAINTIFF'S SPECIFIC CASE IN THE VARIATION OF THE RATE MODEL FOR PRIVATE ELECTRICITY GENERATION IS WHAT GENERATES THIS LAWSUIT. / With the enactment of Law No. 7200, the spirit of the legislator was to encourage production by the Costa Rican private sector through the sale of energy by private producers, where the costs generated by the investment made and the profitability from electricity generation would be recognized in the corresponding rate set by ARESEP, prior to the corresponding technical and financial analysis, and based on the information presented by each of the energy production companies. / The analyses carried out by the Name628 historically demonstrate that since the start of operations of these generating companies, there was no standard rate calculation model due to the diverse conditions and production costs of each company, so it was considered to establish a rate band within which the Name9574 could RECEIVE OFFERS and choose the most convenient, all with the ultimate purpose of also making the rates that the final consumer pays for the electricity service more efficient (See Considering 11 of Resolution RJD-152-2011 page 55 of the publication in La Gaceta). With this, it is clear that for the definition of said rate model, the regulator took into account the modality of selection through competitive bidding, consistent with the contracting procedure that the Name9574 had in force since 2000, generated subsequent to the criterion of the PGR (opinion C-024-97). / Today, there is a rate regulation model different from the traditional model, known as the BAND SYSTEM, in which regulated competition is the main instrument to achieve greater efficiency, a model that contemplates a rate band that allows the Name9574 to pay electricity purchase prices with which the companies can obtain sufficient income to cover their operating costs, recover investment, and obtain a reasonable return, a model that, as the Name628 defined, governed not for one but for ALL electric power producers with new plants. / ARESEP, when establishing the band-based rate methodology, with the aim of harmonizing the rate situation of private electric power generating companies, with the new rate structure, it was necessary and convenient (I reiterate, as was requested by the Name9574 in its due time through a request for addition and clarification of resolution RJD-013-2012 of February 29, 2012) that by means of a transitional provision, it clearly establish the condition in which the companies that already had a rate set under the previous rate system would remain, but unfortunately that was NOT the case. / On the other hand, in the event that the Name628, at the time of issuing said methodology, foresaw for that type of situation—such as that alleged by the plaintiff—the obligation of the Name9574 to negotiate the prices within the band, in compliance with the minimum regulatory principles, it was its obligation to establish within said methodology the objective parameters under which the Name9574 could accept or not a rate different from that previously set, which, as this Court can verify, such methodology does not contain, thereby, I reiterate, leaving my client devoid of minimum elements to act. / The regulatory imprecision that occurred for a case as specific as that of the plaintiff company evidences not only disorder and inconsistency of arguments on the part of the plaintiff—for it should be remembered that it began its entire rate request procedure in 2010—and later sought to have applied the methodology that it now alleges to be inapplicable, but also evidences a lack of clarity by the regulator itself, which tacitly rendered without effect a rate it set under a scenario very different from the one that motivated the issuance of the band system, but which nonetheless deferred its application. / It is generally evidenced with this particular case that what occurred was a lack of regulatory precision, which violated the principle of legal certainty and caused the specific rate-setting under an inapplicable methodology due to the characteristics of the plant at that time, and its conditioning to the future application of a methodology that did not fit the case. Therefore, based on the plaintiff's request to adjust its rate to that new model, it generated that now the determination of the specific rate is sought to be delegated to ICE, a request that now in the judicial sphere the plaintiff seeks to discredit by pointing out that the new band model should not be applied to its case. / It is clear today that the Methodology of the band system was conceived with a competitive scenario in mind, that is, where the Name9574 would receive offers from various companies and could choose the most attractive based on price, which would result in benefits for the rates that national consumers pay for the electric service. / The truth is that the plaintiff initiated its procedure and obtained a rate before this methodology was created; therefore, it did not enter as another offeror, because a signed and countersigned contract already existed. / Finally, it is important to note that the absence of mechanisms for applying the rate in individual cases was recognized by the Director of the Name628, Mr. Emilio Arias Rodríguez, in the vote on Resolution RJD-161-2012 that modified Resolution RJD-152-2012. In the dissenting vote, the aforementioned director states that "(...) otra razón para discrepar del voto de mayoría es el hecho de que la metodología que se está aprobando es omisa en detallar la operatividad de las bandas de precios porque no se dice cómo se aplicarán (another reason to disagree with the majority vote is the fact that the methodology being approved fails to detail the operability of the price bands because it does not say how they will be applied). / Furthermore, no se establece cómo opera la indexación de los precios de la energía que se paga a las empresas que los tienen establecidos dentro de la banda. Otra omisión de la metodología es el hecho de no establecer límites al Nombre9574 para definir los precios dentro de la banda, lo que generará que éste en su condición de comprador único, haga uso de ese poder en contra de los vendedores de energía (it does not establish how the indexation of the energy prices paid to the companies that have them established within the band operates. Another omission of the methodology is the fact of not establishing limits for the Name9574 to define the prices within the band, which will cause it, in its capacity as sole buyer, to use that power against the energy sellers)." From the above, it is clear that, rather than using it, the Name9574 is obliged to seek the best conditions (in this case, the best possible price) for the benefit of the public interest. / NONEXISTENCE OF ELEMENTS OF NULLITY IN THE ADMINISTRATIVE ACTS ISSUED BY THE Name9574 / Within what is alleged by the plaintiff, it refers to four official letters that were issued by my client and requests they be declared null, because the conduct of the Name9574 was supposedly violative of essential principles that regulate the contractual relationship the parties have. It further states that the application made by the Name9574 of the lowest rate for the purchase of energy supplied by that company lacks criteria, as it was not based on a corresponding financial analysis. / The official letters that the plaintiff requests be declared absolutely null are the following: / Official Letter No. 0690-171-2012 of May 30, 2012, providing a response to the company's request for tests, and clarifying that although at the time of signing the contract, the rate price negotiated at that time, according to resolution 341-RCR-2011 of 02/21/2011, was 0.0695/kWh, as was contemplated, upon the emergence of a new rate model, it would replace the one established in the contract; consequently, the rate was established at the lower limit of the current band of $0.0798/kWh (Folios 028 and 029 of the administrative file for rate adjustments). / Official Letter No. 0510-245-2013 of February 25, 2013, resolves the rate adjustment request made by the plaintiff requesting the application of the upper limit of the band set by ARESEP, and the plaintiff is informed that setting that rate is not possible because said model cannot be applied with the data of a particular case, as the Name628 established in the "Metodología tarifaría de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas" (Reference rate methodology for new private hydroelectric generation plants), as it applies based on purely statistical criteria. (Folios 0200 to 0209). / Official Letter No. 0510-503-2013 of May 14, 2013, reiterates what was indicated in the previous letter, and clarifies that it has technical support contained in a report. (Folio 0210). / Official Letter No. 0510-1392-2013 of October 08, 2013, remitted regarding the request for negotiation of a new rate price, raised by the company, is rejected, among other aspects, because the proposal exceeds the price previously proposed by the company, using the same reference information. (Folio 0333 to 0338). / Official Letter No. 0510-1479-2013 of October 22, 2013, corresponds to a request for clarification and addition requested by the company, regarding official letter 0510-1392-2013, which is rejected as improper, and the company is reiterated that the Name9574's criterion of not setting the rate requested by the company is based on technical criteria provided in notes Nos. 0610-242-2013, 0510-1392-2013, and 0610-242-2013. (Folios 0355 to 0357). / The Name9574 at all times has processed the requests submitted by the plaintiff to adjust the purchase-sale price of electric power. On each occasion, a report was prepared detailing in a reasoned manner the criteria applied to maintain the position of adjusting the price to the value corresponding to the lower limit of the band, and as was reiterated in said reports, the Name9574 is only empowered to set prices within the band authorized by ARESEP, in competitive bidding processes, not to apply the methodology. / As indicated in the "formulación general del modelo" (general formulation of the model) section of the "Metodología tarifaría de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas" (Reference rate methodology for new private hydroelectric generation plants), what was intended was to establish a rate band that allows the Name9574 to offer electricity purchase prices. / Based on that, it is not the responsibility of the Name9574 to apply the methodology, since the sole competent entity is ARESEP. The power of the Name9574 is limited to offering purchase prices located within the limits set by said entity in the band, in accordance with Decree 37124 and the Procedure for Selection of Generation Projects for Sale of Electricity to the Name9574. From the analysis of the nullity regime of administrative acts, it is clear that none of the official letters present serious defects or flaws that constitute them as null, as they generally comply with the constituent elements that every administrative act must contain: they were issued by the competent body, the reason was precisely the plaintiff's request, their purpose was to provide legal certainty to the application of the rate as ordered by the Name628, and the content, which in this case is the essential element under discussion, is not only lawful but also encompassed all the factual and legal issues necessary and adjusted to ICE's authority, and above all was based on the regulatory entity's decision. That is, as there is no margin of discretion to apply the methodology to the plaintiff's specific case, because parameters for a situation like the plaintiff's were not regulated through ARESEP resolutions, the content of the acts issued by my client was absolutely valid, and consequently, their nullity is not appropriate. / ON THE NONEXISTENCE OF A CAUSAL NEXUS BETWEEN THE ACTIONS OF THE Name9574 AND THE ALLEGED FINANCIAL BANKRUPTCY CLAIMED BY THE PLAINTIFF. / The document filing the lawsuit contains no evidence whatsoever that guarantees the causal nexus between my client's actions and the alleged financial bankruptcy claimed by the plaintiff. In any case, the Name628, as the sole entity competent for setting rates and prices that do not harm the financial equilibrium of the generators, is the only one responsible for ensuring in the design of methodologies and rate-setting based on them, that the generators obtain the necessary profitability in such a way that said equilibrium is not harmed. / PRELIMINARY AND SUBSTANTIVE DEFENSES / 1-) Lack of Passive Standing ad causam: This defense is filed by virtue of the fact that the facts set forth in the lawsuit do not constitute any of the scenarios contemplated by article 36 of the Administrative Procedure Code, and not only does the plaintiff itself acknowledge that the alleged breaches are directed at ARESEP, but also, as has been demonstrated, there is no material conduct by my client executed in violation of the legal system, as it has been shown that the rate-setting was done in accordance with the provisions of ARESEP, the sole competent entity in rate matters. It has been demonstrated that the Name9574 is not legally empowered to set rates; consequently, there is no liability to attribute to it. / It has not been demonstrated by the plaintiff that my client has executed acts that cause its impoverishment, as alleged in its document, therefore the demonstration of the causal nexus as an indispensable requirement for a potential determination of liability of my client does not exist. / Consequently, my client invokes the lack of passive standing to be sued, insofar as there is no evidence whatsoever within the process that could attribute to it the responsibility for generating conduct contrary to the legal system, and that consequently, the supposed impoverishment of the plaintiff was generated as a result. / 2-) Lack of Right: Insofar as it has been demonstrated that all the administrative acts issued by my client conformed to the scope of its authority and under the protection of what was ordered by the regulatory entity." In the closing arguments speech, it essentially indicated that it is the only one that has had clarity on the problem. The plaintiff requested an individual rate-setting with a rate of return, a year later the contract was signed, and the Name628 ordered the rate clause to be modified based on the band system methodology. However, it indicates that said resolution never expressly provided that the Name9574 could agree on a price within a negotiation process.

Nombre628 sets out the model for the offeror to obtain an appropriate price, but it is not within Nombre9574’s purview to set the price. It reiterates that the methodology does not expressly include negotiation with ICE. In 2012 the Reglamento was amended and the duty was imposed on Nombre9574 to hold competitive tenders for the purchase of electric energy. The Reglamento on project selection by competitive tender does not apply to the plaintiff Nombre111322, because it has a signed contract with ICE. It considers that the methodology lacks a transitional provision for projects that were already operating under Ley 7200. It argues that the methodology contained in the challenged resolution 796-2012 does not allow a limit tariff to be established. Nombre9574 has addressed the plaintiff’s request and has applied the lower limit of the band, but it is not its role to analyze the methodology and cost structure. It notes that there is a gap because the possibility of negotiation is not included. At the lower limit of the band, the provisional tariff initially set for the plaintiff was increased by 36.40%. It maintains that Nombre9574 is precluded from entering into a negotiation process to set the price, an aspect that is contemplated for a competitive-tender system. It alleges that the plaintiff was aware of the methodology when it signed the contract addendum. It reports that Nombre628 has not issued a resolution ordering Nombre9574 to negotiate a price and under what technical parameters, if it recognizes that it has that authority. In its view, Nombre628 is the competent body to set and guarantee financial equilibrium and service at cost. It argues that retroactive tariff payments are not proper under Article 34 of Ley 7593. Furthermore, under Articles 194 and 195 of the Ley General de la Administración Pública, payment of damages for lawful conduct is not proper. It indicates that there is no violation of the Principle of Non-Retroactivity of Norms because an order of Nombre628 was complied with. Nor is there illicit enrichment, because Nombre9574 has readjusted the tariff at the lower limit of the band and the price increased by 36.40% over the first tariff set by Nombre628. There is no causal link with ICE’s conduct; the plaintiff does not demonstrate which conduct caused the disequilibrium. It points out that in one case the Sala Primera recognized Nombre628’s authority to determine a price, and therefore there was no delegation of competence, but the same does not hold for this case, because the band system, with an upper and a lower band, applies to competitive tenders in which generators participate. It requests that the lawsuit be dismissed and that the defenses of lack of right and lack of standing be upheld, and should the lawsuit be upheld, that it be exempted from costs due to good faith in litigating. Regarding the expert report produced as evidence to better resolve, they argue that it was neither clear nor precise. That the plaintiff had a particular tariff and that the contract clauses were not modified in that sense. Regarding the Reglamento to Chapter I of Ley 7200, the authority it grants to Nombre9574 is to put the purchase of electric energy out to competitive tender, not to negotiate the price. It reiterates that the plaintiff is not under the competitive-tender modality and that a direct contract was entered into. That at Nombre9574 they did not imagine that the band system was going to be applied, and that the decision was made to apply the minimum price that ensures the company “breaks even” on the investment. It indicates that the expert report did not conform to what the Tribunal requested; the production costs were not identified; a future projection with the tariff was not made; the investor’s risk and drought were not taken into account. It maintains that it was not determined that the company’s bankruptcy was due to the tariff. The expert report omitted the auditor’s opinion, which is essential for determining technical bankruptcy. It considers that the company has financial problems that are unrelated to the tariff, and Nombre9574 is not the entity responsible for setting it because it lacks competence. It maintains that there is bias in the expert report in requesting that the tariff be set, without reviewing whether the accounting information includes payroll from another company. It requests that the Tribunal determine the technical parameters for imposing the price, and that it not be ruinous.

VI.- On the object of the proceeding: It is necessary to make clear that, for this Tribunal to validly issue a ruling, it must do so in light of the arguments raised by the parties in the lawsuit, the answers, and the hearings of law granted to the parties. Furthermore, it shall rule only on the claims set forth in the lawsuit that were clarified and fixed at the Preliminary Hearing (Audiencia Preliminar), in guarantee of due process. This clarification is important to avoid imprecisions or confusion, since during the closing arguments presented, the plaintiff’s representative interprets the object of the proceeding to the point of introducing a substantial adjustment to the initial claim fixed at the Preliminary Hearing, by arguing that what they request is for the competent entity to set the tariff and for the judgment to establish who has that competence and must fulfill that duty, which is untimely and surprising. In this regard, it is noted that the Principle of Orality of the current contentious-administrative proceeding could not be applied to the detriment of the preclusive phases of the proceeding or in violation of the right of defense of the litigating parties. Therefore, this judgment must conform to the literal text of the claims contained in the lawsuit filing and that were ratified at the corresponding stage of the Preliminary Hearing without any type of adjustments or expansions. The arguments set forth by the parties in their closing statements will be evaluated together with the other allegations when analyzing the merits of this matter. For the reasons stated, the object of the proceeding is limited to the claims of the plaintiff, which consist of the following: “1) That Nombre628 is obligated by Ley 7593 of August 9, 1996, Ley 7200 of September 28, 1990, and Decreto Ejecutivo 20346-MIRENEM of March 21, 1991, in force at the time the public-service concession for electricity generation and the electricity sale contract with ICE were perfected, to set a tariff for the purchase of energy delivered by Nombre111320 to ICE, applying the rate-of-return method, that is, in addition to establishing a tariff that recognizes the investment made, a reasonable profit for the sector must be contemplated. / 2) That the administrative actions adopted by Nombre628 in disregard of the legal provisions outlined in the preceding claim incur a substantial violation of the legal system and that therefore the following actions are absolutely null and void: a) Resolución 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta 92 of May 14, 2012; b) Resolución RRG-162-2012 of May 28, 2012; c) Resolución RJD-060-2012 of June 7, 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 issued by the Regulatory Committee (Comité de Regulación) on June 14, 2012; e) Resolución RJD-142-2012 of November 8, 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 of January 25, 2013 of the Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 of February 22, 2013 of the Intendencia de Energía; h) Resolución RJD-116-2013 of September 16, 2013 of the Junta Directiva. / 3) That Nombre628 is liable, under Articles 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública, for all patrimonial damages caused to Nombre111320 by the omission to fulfill its duties and by the absolutely null and void actions so declared in this proceeding, sums which shall be liquidated in the enforcement-of-judgment stage. In the event that, at the time judgment is rendered, the financial situation of Nombre111320 has become unsustainable and has led to the execution of the bank guarantees encumbering the Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, we request that the judgment declare Nombre628 liable for the indemnification of all damages caused, which shall be liquidated in the enforcement-of-judgment stage. / 4) For the purposes of Articles 199 and 200 of the Ley General de la Administración Pública, we request that the judgment declaring the absolute nullity of the challenged administrative actions of Nombre628, i.e.: a) Resolución 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta 92 of May 14, 2012; b) Resolución RRG-162-2012 of May 28, 2012; c) Resolución RJD-060-2012 of June 7, 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 issued by the Regulatory Committee (Comité de Regulación) on June 14, 2012; e) Resolución RJD-142-2012 of November 8, 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 of January 25, 2013 of the Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 of February 22, 2013 of the Intendencia de Energía; and h) Resolución RJD-116-2013 of September 16, 2013 of the Junta Directiva, contain an express declaration that said administrative acts are manifestly illegal and therefore generative of the liabilities defined by those articles. / 5) We request that it be declared that Nombre9574 must recognize to Nombre111320 the differences between the tariffs paid from the start of operation of the Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca on June 2, 2012, and the new tariff setting carried out by Nombre628 on the occasion of the obligation declared in this proceeding, with recognition of legal interest computed from each of the monthly payments made, all of which shall be liquidated in the enforcement-of-judgment stage. Regarding this obligation, we request that it be declared that Nombre628 is secondarily liable for the payment of these differences. / 6) Alternative claim: In the event that the judgment considers that Nombre628 has support in the legal system when maintaining that it is for Nombre9574 to negotiate the adjustment of the tariff to be paid to Nombre111320 for the electricity generated at the Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, we request that the judgment declare the obligation of Nombre9574 to proceed immediately to negotiate with Nombre111320 the fixing of a tariff by applying the rate-of-return method, that is, in addition to establishing a tariff that recognizes the investment made, a reasonable profit for the sector must be contemplated. In this scenario, Nombre9574 must recognize to Nombre111320 the differences between the tariffs paid from the start of operation of the Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca on June 2, 2012, and the new tariff setting agreed upon on the occasion of the obligation declared in this proceeding, with recognition of legal interest computed from each of the monthly payments made, all of which shall be liquidated in the enforcement-of-judgment stage. In the event that, at the time judgment is rendered, the financial disequilibrium caused by the failure to update tariffs has provoked the execution of the bank guarantees encumbering the Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, we request that the judgment declare Nombre9574 liable for the indemnification of all damages caused, which shall be liquidated in the enforcement-of-judgment stage.” For the purpose of establishing the merits or otherwise of the aforementioned claims, the arguments set forth in the lawsuit and in the closing arguments will be reviewed comprehensively, together with the allegations presented by the defendant institutions and the evidence appearing in the case file, following the same order of exposition as the lawsuit filing. Specifically, the order of the merits examination addressed in this judgment is as follows: i) Statute of limitations (caducidad) pleaded by Aresep. ii) Argument concerning the violation of the principle of non-retroactivity of the norm. iii) Argument that Nombre628 openly fails to comply with its legal obligations and violates the rights of Nombre111320. iv) Argument that Nombre9574 incurs in unjust enrichment and de facto expropriation. v) Argument concerning the violation of the Legal System by omission in the fulfillment of duties. vi) Ruling on the principal claims. vii) Ruling on the alternative claims. viii) On the remaining defenses raised. ix) On the plaintiff’s request for a precautionary measure. x) Costs of the proceeding. The merits analysis continues.

VII.- On the statute of limitations (caducidad): Nombre628’s representative raised at the Preliminary Hearing the defense of statute of limitations (caducidad) regarding resolution No. RRG-162-2012 of May 28, 2012, which granted the countersignature (refrendo) of the contract signed between Nombre9574 and the plaintiff company, alleging that more than one year passed from its issuance until the lawsuit was filed on June 2, 2014. The plaintiff company’s representative opposed and pointed out that it is a complex act that continues to produce effects and that what is challenged is the absolute nullity of the actions. It indicates that it is not an act with its own effects, isolated from the other administrative activities. The Trial Judge (Jueza Tramitadora) at the Preliminary Hearing resolved to reserve the determination of the statute of limitations (caducidad) for the issuance of the judgment on the merits, considering that it was not evident or manifest in accordance with Article 66, subsection k) of the Código Procesal Contencioso Administrativo. We proceed to resolve. The right of action allows claims to be formulated within a judicial lawsuit, and the Código Procesal Contencioso Administrativo regulates the exercise of this right of action, subject—as the case may be—to the institutions of statute of limitations (caducidad) or prescription, in order to safeguard certainty and legal certainty. The resolution challenged here, No. RRG-162-2012 of May 28, 2012, which granted the countersignature (refrendo) to the contract signed between Nombre9574 and the plaintiff company, constitutes a requirement of efficacy for executing the contract. In this sense, the countersignature (refrendo) is understood as an act of approval, with instantaneous effect, which, once granted, allows the contract to be executed. It is important to clarify that the contract itself does produce effects over time, but not the countersignature (refrendo) granted, taking into account that what is challenged in this case is this specific administrative act, and not the contract as such. Under this line of analysis, the interest and utility of the plaintiff in attacking the granted countersignature (refrendo) in court is questioned, since the allegations seem to be directed at the content of what was agreed in the contract and in the first addendum, an aspect distinct from the act of countersignature (refrendo). Consequently, the statute of limitations (caducidad) of the action against resolution No. RRG-162-2012 of May 28, 2012 is declared, in accordance with Article 39, subsection 1) of the Código Procesal Contencioso Administrativo, which grants a one-year period from notification of the act to file the lawsuit. See that the act was notified to the plaintiff at 3:08 p.m. on May 28, 2012, at the fax number indicated (folio 150 of Nombre628’s administrative file No. OT-058-2012). In the present matter, the fatal deadline has been amply exceeded, since the lawsuit was not filed until June 17, 2014, that is, more than two years after the challenged act was notified.

VIII.- On hydroelectric energy from private generators sold to Nombre9574: In order to carry out an adequate analysis of the object of this proceeding, it is necessary to specify the legal regime applicable in the case, given the specialty and complexity of the matter addressed. This Tribunal Contencioso has issued a ruling to clarify the legal regime that applies to private generators of hydroelectric energy, and in what is of interest, it is transcribed:

“(...) First. On the exploitation of the forces that may be obtained from the public-domain waters of the national territory: It is precisely because of the nature of the good in question that it is considered a good of the Nación (Nation), according to which, it does not belong to the State or to a specific public entity, much less to private individuals, but to ‘the Nación (Nation),’ that is, to the community as a whole, as expressed in Article 121, subsection 14), point a) of the Constitución Política itself, and classification enunciated in ruling 2001-10466, of ten hours seventeen minutes of November twenty-fourth, two thousand one, of the Sala Constitucional—; according to which, by this condition, it has reinforced protection insofar as it may not ‘permanently leave the domain of the State,’ wherefore its exploitation shall be the responsibility of the Public Administration, or of private individuals ‘in accordance with the law or by means of a special concession granted for a limited time and subject to the conditions and stipulations established by the Asamblea Legislativa,’ as the final paragraph of the cited article expressly provides. That is, it is a ‘good,’ in the technical-legal sense, which by virtue thereof makes it deserving of legal protection, in this case reinforced. In this sense, this type of goods integrates the unity of the State, and together with its political, economic, and social organization, pursues the satisfaction—on a level of equality—of general interests; its principal objective is to achieve the common good; which constitutes the principal reason to justify the impediment, at least in principle, to the free disposition of this category of goods to administered persons. Due to that special legal protection, they are not susceptible to being appropriated by private individuals, nor even by the Public Administration for particular purposes, nor being destined for purposes different from those determined by their own essence and nature. In any event, their protection—in the terms that may be necessary—and administration correspond to the State, in the name of the Nación (Nation) (Volume III of the Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, Session number 168, page 468). For this reason, the constituent assembly opted for legislative control in cases where it is possible to alienate these goods, or to incorporate new goods into public uses; however, some of these cannot be subject to disaffection, not even by law of the Nombre27343 (the case at hand), since, due to their special nature, they have received a special constitutional affectation, which exempts them from commerce among men; and in this sense, they are inalienable, unseizable, and imprescriptible, and subjects them, regarding their exploitation, to the police power of the Administration. As stated supra, they may be subject to rational exploitation by the State or by private individuals

“[...] in accordance with the law or by means of a special concession granted for a limited time and subject to the conditions and stipulations established by the Asamblea Legislativa” (subsection 14) of Article 121 of the Constitución Política.)

It is thus, how constitutional case law, in ruling number 6240-93, of fourteen hours of November twenty-sixth, nineteen ninety-three, examined the possibility that the Asamblea Legislativa resorts to the technique called ‘framework law (ley marco),’ to fulfill the requirement of the norm under comment. On that occasion it was indicated:

“In this case, the Asamblea Legislativa invests in the Public Administration the power to grant specific concessions, a competence that, of course, does not include that of wholly substituting the function of the former, as will be stated below. In this hypothesis, the delegate may be any entity of the public sphere—both the Poder Ejecutivo itself, the ordinary body for administrative contracting (Article 140, subsection 14) Constitución), as well as any other decentralized entity of the Public Administration—but not, as proposed in the bill, a merely deconcentrated organ within an Executive Branch ministry.” A criterion reiterated—inter alia—in ruling number 2001-10466, cited above, in which it considered, in what is of interest:

“The Ley de Aguas (Article 176), following the amendment to the transitional provision V of Ley 7593 of August 9, 1996, certainly attributed competence to MINAE to grant concessions intended to harness public waters for electric energy production. However, the mere attribution of competence cannot be assimilated to a framework law (ley marco) regulating the concession-granting process (requirements for the concessionaire, obligations, affectations, etc.), and even less so when goods that cannot be disaffected even by ordinary law are at stake. A free interpretation of the regime regulating this matter could lead to a de facto disaffection of the goods of the Nación (Nation), which is clearly unsustainable. The Sala considers that with the repeal of Ley 258, everything concerning water concessions for energy exploitation was left without a framework law (ley marco), precisely the scenario addressed by subsection 14) of Article 121 of the Constitución Política. The framework law (ley marco) that this Sala has indicated as possible in this matter must have clear, concrete regulations concerning the concession to be granted, since it concerns the exploitation of goods of the Nación (Nation); it is not by chance that the constituent assembly itself established that the law should address ‘conditions and stipulations,’ which are nothing other than a detailed normative framework by reason of the good involved. It is important, for the purposes of this ruling, to indicate that the concept of framework law (ley marco) is in accordance with the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución). The jurisprudential development of this Sala allows holding that the framework law (ley marco) that is missed could not be similar to Ley No. 258 of August 18, 1941, and its amendments, nor to the current Ley de Aguas, because those ‘frameworks’ would be insufficient to achieve adequate regulation of the rational exploitation of the water resource. It is not enough to establish that a particular basin has hydroelectric potential, as the repealed Ley del SNE required; it is necessary to plan the installation of this type of project so that, among other aspects to consider, it is taken into account that future generations—whose rights are protected by the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución)—are not prevented from enjoying the water resource and other natural resources, such as, for example, for the preservation of fauna, ecosystems, the climate, guaranteeing navigation, and scenic and artistic enjoyment, among others. The Río Declaration on Environment and Development of June 14, 1992, established as its third principle that ‘the right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations’; the fourth principle provides ‘In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.’ According to the foregoing, the repealed Ley del SNE and the old Ley de Aguas are far from being the model of framework law (ley marco) that the Law of the Constitution (Derecho de la Constitución) currently requires. For the stated reasons, the Sala considers inadmissible the interpretations suggesting that the Ley de Aguas is the required framework law (ley marco) for the exploitation of the ‘force of the waters’ by private individuals, since it has never been the normative regulatory framework for this matter; its content was limited to complementing certain provisions on the matter, at a historical moment, without it being possible now, in the absence of adequate regulation, to give it a function it does not have. Nor does this Sala find that there exists a genuine public interest in departing from the preceding conclusion, since Nombre9574 retains the possibility of exploiting both the force of the waters and other forms of energy generation to satisfy national demand, and in the same condition are—without this implying any assessment of those contracts—those concessionaires duly authorized in a timely manner by SNE to carry out that activity ‘in limited capacity.’ In any event, there still subsists for the private individual interested in this type of activity the possibility of resorting to the Asamblea Legislativa to request the concession of its interest, and it shall be for it to establish the timeliness in regulating the matter, without the legal operator or the Poder Ejecutivo being able to validly do so through its regulatory power.” (In the same sense, see number 2001-6669, of fourteen hours fifty-six minutes of July eleventh, two thousand one.)

By virtue of the foregoing, that High Court pointed out that for the rational exploitation of the patrimony of the Nación (Nation), a framework law (ley marco) regulating the process is required, through concessions, whether by State institutions (for example, by the Instituto Costarricense de Electricidad in relation to the exploitation of the water resource), or by administered persons (such as contracting for electric generation), a regulation that must contain clear and concrete rules on the requirements for the concessionaire, obligations, affectations, etc. Thus, in accordance with the constitutional mandate stated, special legislation is required to regulate the situation, in order to allow private individuals (administered persons) to participate, in this case, in the activity of electric energy generation, through the respective concession, or failing that, through an express act of the Asamblea Legislativa. Consequently, if that regulation of a legal nature—in the terms required by the referenced constitutional norm—does not exist, recognition in that sense is impossible for the Administration, under serious breach of the principle of legality. In our country’s case, in accordance with Decreto-Ley 449 of April eighth, nineteen forty-nine, of the Junta Fundadora de la Segunda República, the Instituto Costarricense de Electricidad was entrusted with “the rational development of the sources of physical energy that the Nación (Nation) possesses, especially hydraulic resources,” as its section 1 states; an activity it has been carrying out in a prevailing manner based on that regulation, insofar as the participation of private individuals, as stated, is conditioned on the prerequisites and conditions established in a framework law (ley marco), as the constitutional norm under comment commands. This legal framework is currently located, in the first place, in Ley 7200 of September twenty-eighth, nineteen ninety, in force as of October eighteenth of that same year, which regulates a particular type of generation, since, as its name indicates, it authorizes autonomous or parallel electric generation, which is that produced by “power plants of limited capacity, belonging to private companies or cooperatives that can be integrated into the national electric system” (Article 1); the destination of this energy—which is not for self-consumption—being the purchase—exclusively—by the Instituto Costarricense de Electricidad, on the terms expressly provided in Article 3, an activity declared to be of public interest, as the Sala Constitucional itself expressly indicated in ruling number 6556-95, of seventeen hours twenty-four minutes of November twenty-eighth, nineteen ninety-five, when it referred to the object or purpose of this Ley, and indirectly, in ruling number 2008-14922, of fourteen hours fifty-five minutes of October eighth, two thousand eight, upon concluding that:

“For the energy generated by private entrepreneurs to be directly commercialized, a change in national legislation is required. This is so, insofar as private generators must be subject to the provisions that regulate the service concessions and use of the public domain that they hold. In the Costa Rican legal system, there is no legal regulation that grants the concession to produce energy and exploit public waters for sale to third parties other than ICE.” The administrative sphere of our country has also expressed itself in the same sense, specifically the Procuraduría General de la Nombre27343 in various opinions, for example in opinions 293-2006, C-445-2007, and C-448-2007. It should also be noted, section 6 of Ley 7200 under comment conditions the granting of the respective concession to exploit power plants of limited capacity—not exceeding twenty thousand kilowatts (20,000 kW), as Article 2 defines—on “a declaration of eligibility granted by the Instituto Costarricense de Electricidad”; establishing as a condition for that entity to grant that eligibility, that “the power, by virtue of parallel generation, may not come to constitute more than fifteen percent (15%) of the total power of power plants that make up the national electric system” (Article 7). It is thus how the activity of purchasing energy from private individuals is classified in the law as an ordinary activity (Article 13), which must be done through contracts (of purchase and sale) and must be countersigned by ARESEP. It is understood that the participation of other operators in the national market for the generation, transmission, distribution, and commercialization of electric energy is regulated in normative bodies other than Ley 7200, such as, for example, Ley number 8345 of February twenty-sixth, two thousand three, which regulates the Participation of Rural Electrification Cooperatives and Municipal Public Service Companies in National Development, in force as of March twenty-fifth following its approval.

In this regulatory body, the regulatory framework for the granting of concessions is expressly established "a) ... for the utilization of the forces that may be obtained from the public-domain waters of the national territory, under the provisions of subsection 14) of Article 121 of the Political Constitution, to rural electrification cooperative associations, to consortia formed by them, and to municipal public service companies; b) the generation, distribution, and commercialization of electric energy by the subjects indicated in the preceding subsection, using renewable energy resources in the national territory, under Law No. 7593, of August 9, 1996." (Article 1).

As can be observed, this regulation is special, insofar as it refers to a particular sphere—the local or rural—different from the one previously discussed; to the point that even in its Article 9, cooperative associations and/or municipal public service companies covered by this Law (8345) are empowered to "arrange the sale of surplus electric energy to Nombre9574 or among themselves." The body responsible for granting these concessions is the Ministry of Environment and Energy, when production does not exceed sixty megawatts, given that if it does, the Legislative Assembly is responsible for granting it (Article 11). Consequently, there is no legal regulation in our country regarding the generation of electric energy by private parties for sale to third parties, in the terms requested by the plaintiff corporation in its lawsuit, that is, on the basis of Law 7200, given that the phases of transmission, distribution, and commercialization are carried out by the Instituto Costarricense de Electricidad and the participation of private parties is circumscribed to the rural or municipal sphere, residing in rural electrification companies and/or cooperatives—such as Cooperativa de Electricidad Rural de Alfaro Ruiz, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R.L.; Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica, Nombre2807.; Empresa de Servicio Público de Heredia (ESPH); Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC)—as regulated and authorized by the Law on the Participation of Rural Electrification Cooperatives and Municipal Public Service Companies in National Development, number 8345, cited above. It should also be taken into consideration that the Costa Rican grid is under the responsibility of the Instituto Costarricense de Electricidad, which assumes ultimate responsibility for the electricity service provided in the country, with the already indicated exceptions of rural cooperatives or municipal electrification companies. It should also be noted that, in the case of the utilization or exploitation of public-domain waters for electric energy generation, the granting of these concessions is conditional upon the Ministry of Environment and Energy having previously granted the corresponding concession, which is currently regulated by the Framework Law on Concessions for the Utilization of Hydraulic Forces for Electric Generation, number 8723, of April twenty-second, two thousand nine, effective as of the fifteenth of May following its adoption; it is emphasized, the foregoing in compliance with the constitutional mandate established in Article 121, subsection 14), point a), and which the cited law develops in the following terms:

"ARTICLE 1.- Purpose of this Law.

This Law establishes the regulatory framework for granting concessions for the utilization of hydraulic forces that may be obtained from the public-domain waters of the national territory, under the provisions of subsection 14) of Article 121 of the Political Constitution for hydroelectric generation." "ARTICLE 2.- Authorization to grant concessions for the utilization of hydraulic forces for hydroelectric generation.

The Executive Branch is authorized, through the Ministry of Environment, Energy and Telecommunications (Minaet), to grant or deny, by administrative act, concessions for the utilization of hydraulic forces for hydroelectric generation, as indicated below.

For Chapter I of Law No. 7200, hydraulic force concessions shall be granted within the limit indicated in its Article 5, that is, up to twenty thousand kilowatts (20,000 Kw) and up to fifteen percent (15%) of the capacity of the set of power plants that make up the National Electric System.

For Chapter II of Law No. 7200, hydraulic force concessions shall be granted within the limit indicated in its Article 20, that is, up to fifty thousand kilowatts (50,000 Kw) and up to fifteen percent (15%) of the capacity of the set of power plants that make up the National Electric System, in addition to that of the preceding paragraph.

Beyond these limits, it is the responsibility of the Legislative Assembly to grant the concession. Excepted from these limits are concessions requested for self-consumption.

The utilization of hydraulic force for hydroelectric generation must be carried out in accordance with the National Water Plan, respecting the priority of water for human consumption." Second: On the conceptualization of electric generation as a public service: Likewise, as another essential element affecting this activity, it must be considered that in our legal system, electric generation is a public service, under the terms established in Article 5, subsection a), of Law 7593. Note that this provision does not distinguish the source of energy production, so under these terms, the generation of electric energy is a public service, regardless of whether it is obtained from water forces, hydrocarbons, organic waste, or wind energy, etc. This condition by itself means that its exercise is subject to Administrative Law regulations, both with regard to the subject responsible for the matter and its purpose—due to legal reserve, as an expression of the principle of minimum regulation established in section 12 of the General Law of Public Administration—and with regard to the principles that govern it—continuity, efficiency, adaptation to change, and equality (Article 4 of the cited General Law, number 6227); and its development, through concessions granted to both public entities and private parties, in accordance with the provisions established in the framework law, especially as in this case, when it involves the exploitation of a national asset. That is, its exercise is not free, in a dual sense, insofar as it cannot be performed by any person, by virtue of their autonomy of will, but rather requires an enabling title in order to participate in it, that is, to generate energy; and furthermore, the development of this activity is necessarily subject to the legal provisions that regulate the provision of public services in general and electric generation in particular, in the discussed Laws 8723, 7200, and 7593 and their regulations (such as the Regulation to Chapter II of Law 7200, Executive Decree number 24866, of December twenty-second, nineteen ninety-five). By reason of the foregoing, a special regime of subjection is configured for the concessionaires in their relationship with the Administration, under which special powers are recognized in the body responsible for the matter, in this case Nombre628 by virtue of the express mandate given in sections 5 of Law 7200—as amended on the occasion of the enactment of Law 7593, insofar as it transformed the National Electricity Service (SNE) into the Regulatory Authority of Public Services, and with that, all powers that had previously been delegated to that entity, as of this new regulation are understood to be assumed by the new autonomous institution—and the final paragraph of Article 9 of the cited Law 7593. Thus, Nombre628 has the competence to grant, modify, transfer, declare lapsed, or revoke a concession; all of the foregoing, with strict subjection to the block of legality, under the terms established in the General Law of Public Administration, that is, with reference to written sources, beginning with the Political Constitution (Article 6), unwritten sources (Article 7), and of course the rules of science and technique (Articles 16 and 158.3). (...)". (Judgment No. 127-2014-VI, emphasis is ours).

By way of synthesis, as extracted from the preceding citation, the exercise of private hydroelectric energy generation requires the energy generation concession issued by the Ministry of Environment and Energy, to which it is added that, even though private electric generators like the plaintiff corporation are suppliers to ICE, by legal provision they are considered providers of a public service, though not to the public, which is a different matter. In this sense, it is important that what should technically be understood as a service in this case is the generation of energy exclusively for Nombre9574, to the extent that legally it can only be commercialized with it. Furthermore, it requires the declaration of eligibility (declaratoria de elegibilidad) granted by ICE, the power plant exploitation concession (concesión de explotación de centrales eléctricas) issued by Nombre628, and the contract for the purchase and sale of electric energy signed with Nombre9574 following a public bidding procedure or the conclusion of the processing of an individual application before Nombre628, so that the private generator may supply electric energy. For cases of individual application, the procedure requires the declaration of eligibility from Nombre9574 and the approval of an environmental impact assessment (estudio de impacto ambiental) from the Ministry of Environment and Energy. Another important element is the figure of a single buyer, which is Nombre9574, to capture the electric energy produced by private generators, through concessions, contracts, and tariffs established or approved by Aresep. It is emphasized that private hydroelectric energy generation for sale to ICE is a public service and is subject to price and quality regulation. It should be noted that Nombre628 has the authority to approve (refrendar) the contracts signed between Nombre9574 and private generators, such that the generation activity is governed by normative regulations and not solely contractual ones. Then, regarding the eligibility procedure that rests with ICE, it is relevant that said state company was imposed by law to take as a parameter for awarding eligibility, essentially, only the verification of the percentage of electric production that the applicant would be capable of generating—which occurs in principle—so that it conforms to the legal parameters. This excludes other factors that could have an impact on the business model. All of the foregoing allows this Court to understand that the business of selling hydroelectric energy produced by private generators presents particular concession and contract characteristics. Hence, the private generator holds the dual status of concessionaire/contractor. This is so because the sale of hydroelectric energy requires a concession (Concession for the utilization of hydraulic forces—water concession—administrative act, issued by MINAET, by which the use of hydraulic forces for electricity generation is authorized, and Public Generation Service Concession—generation concession—administrative act issued by Aresep, for the exploitation of limited-capacity power plants). The obligation to sign a contract for the purchase of energy between the private producer and ICE is imposed by law, whose treatment requires a distinct and unique analysis. It should be noted that, being a public service concession, guiding principles must apply, namely service at cost subject to Aresep regulation, continuity, efficiency, among others. Moreover, since it is also a contractual relationship with Nombre9574, the basic principles of financial equilibrium of the relationship and good faith in contract execution must be guaranteed. In the present case, the problem raised will be addressed from this understanding of the business of selling hydroelectric energy by a private generator, to emphasize that its treatment and analysis is "sui generis," requiring a different understanding, very specific to the technical specialty of the case, which diverges from the broad and generic regulation of concessions or contracts for other matters.

IX- On the argument of the violation of the principle of non-retroactivity of the norm. The arguments presented by the plaintiff on this point consist of the following: a) That it is directed at another model based on competition, namely, generators by bidding. It alleges that the norm is inapplicable because it does not fit the subject. It considers that said regulation is directed at new hydroelectric and wind plants, projects developed in application of Decree No. 37124-MINAET of March 19, 2012, published in La Gaceta No. 108 of June 5, 2012, and therefore it is a different scenario, corresponding to the model of public bidding to obtain the electric generation concession. b) That the norm is subsequent to the construction and entry into operation of the plaintiff corporation, thus posing a problem of the norm's temporal validity, since it estimates that a system of tariff bands published after the construction and entry into operation of the Vara Blanca Hydroelectric Project was applied to it. This Court resolves: the argument is rejected as unfounded based on the following analysis.

  • a)On the publication of the band system: The tariff band methodology for the industrial hydroelectric energy sector was adopted by Nombre628 through resolution RJD-152-2011 of 2:15 p.m. on August 10, 2011, published in La Gaceta No. 168 of September 1, 2011, establishing the "Reference tariff methodology for new private hydroelectric generation plants," which contains the technical mechanism (mathematical formula) for calculating the lower and upper limits of the bands. Furthermore, through resolution No. RJD-161-2011 of three p.m. on October 26, 2011, a material error was corrected and resolution No. RJD-152-2011 was supplemented. Therefore, the argument raised by the plaintiff, to the effect that the methodology was created through resolution No. 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta No. 92 of May 14, 2012, which contains an update of the extremes or limits of the bands, does not conform to reality. In this regard, it is an uncontested fact that the plaintiff corporation signed the contract with Nombre9574 on April 26, 2012, and began operations on June 2, 2012, that is, when the methodology of the band system was already in force, having been published since September 1, 2011, which prevents the alleged retroactive application of the norm from being established.
  • b)Subjects for whom the methodology is applicable: Resolution RJD-152-2011 establishes that the subjects to whom the methodology of the band system is directed are "all those new private generators that, under Law No. 7200, sign a contract with Nombre9574 and whose energy source is hydraulic" (page 56 of La Gaceta No. 168-2011). In this regard, Article 1 of Law 7200 establishes to whom this regulation is directed, in the following manner:

"Article 1.- Definition. For the purposes of this Law, autonomous or parallel generation is defined as the energy produced by limited-capacity power plants, belonging to private companies or cooperatives that may be integrated into the national electric system. / Electric energy generated from the processing of municipal solid waste shall be exempt from the provisions of this Law and may be acquired by the Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) or the Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), in accordance with the tariffs approved by the National Electricity Service (SNE)". (Emphasis supplied).

It is clear that the preceding regulation is directed at limited-capacity power plants, also called private generators, regardless of the type of contract/concession obtained for the production and sale of energy. In the Regulation to Chapter I of Law 7200, Executive Decree No. 37124-MINAET, Article 3 contemplates the participation of private generators by individual application and by selection procedures when there are several new plants:

"Article 3.- Participation: Any Private Company or Rural Electrification Cooperative interested in participating in the activity of autonomous or parallel electricity generation for sale to Nombre9574, must fulfill the requirements stipulated in Chapter I of Law No. 7200 and its amendments and sign an energy purchase contract following the procedures established for such purpose by Nombre9574 in accordance with the provisions of this regulation. / Nombre9574 is empowered to sign contracts for the purchase of electric energy as part of its ordinary activity, which shall have a maximum term of twenty years. However, when there are two or more companies interested in establishing new plants, which have current eligibility and use the same type of primary source, Nombre9574 must carry out selection processes that allow it to contract directly those projects that, on an equal footing, best satisfy the public interest. The terms of reference for the selection shall be prepared by Nombre9574 and communicated to the interested parties at the time of each call." (Emphasis supplied).

The transcribed sections allow concluding that private generators are subject to the provisions of Law 7200 without distinction as to the type of process used to obtain the status of electric energy producer (Article 21 of Law 7200, which regulates purchases by bidding, does not limit or restrict energy purchases solely to this type of procedure). The argument of the plaintiff corporation, referring to the fact that Decree 37124-MINAET constitutes a regulation of Chapter II of Law 7200, according to the modification by Law 7508 and is concordant with the internal regulations of Nombre9574 for the selection of companies through competitive bidding, is not admitted. On the contrary, Article 1 of Decree 37124 specifically provides that it regulates the assumptions of Chapter I of Law 7200:

"Article 1.- Purpose: The purpose of this regulation is to regulate the process of formalizing energy purchase-sale contracts and the activity of autonomous or parallel electric generation, under the provisions of Chapter I of Law No. 7200 and its amendments. The process contemplates the establishment of the requirements and procedures for the granting of eligibilities, selection of projects, formalization of contracts, and the general conditions of contracts." (Emphasis supplied).

It is worth clarifying that Law No. 7508 "Reform of the Law Authorizing Autonomous or Parallel Electric Generation," published in La Gaceta No. 104 of May 31, 1995, modifies the structure of Law No. 7200 and divides it into Chapters, with Chapter I comprising Articles 1 through 19 inclusive and being denominated "Autonomous or Parallel Electric Generation," and as of Article 20, Chapter II "Purchase of Energy under the Competition Regime" is added; essentially this second chapter contemplates the following assumptions:

"Article 20.- Authorization for the purchase of energy. Nombre9574 is authorized to purchase electric energy from privately owned power plants, up to fifteen percent (15%) in addition to the limit indicated in Article 7 of this Law. / That authorization is to acquire energy of hydraulic, geothermal, wind, and any other non-conventional source, in blocks of no more than fifty thousand kilowatts (50,000 kw) of maximum capacity.

Article 21.- Purchases by bidding. Purchases must be made through a public bidding procedure, with competition on sale prices and evaluation of the technical, economic, and financial capacity, both of the offeror and the characteristics of the energy source offered." From the foregoing, having clarity on the regulations applicable to the plaintiff corporation, it is established that it voluntarily subjected itself to Law 7200 when it signed with Nombre9574 the "Contract for the purchase of electric energy under Chapter I of Law 7200, Vara Blanca Hydroelectric Plant" on April 26, 2012, which is in force and whose clauses were not challenged for nullity in this proceeding. Specifically, in clause Twenty-First it was agreed that:

"Twenty-First - Tariffs. The energy that Nombre9574 receives under this Contract shall be paid at the tariffs established in accordance with what the Regulatory Authority of Public Services, ARESEP, determines for the sale of energy by Central Hidroeléctrica Vara Blanca S. A. to Nombre9574. For this Contract, the type of tariff selected by the Seller for each year shall apply, from among the tariffs provided in the tariff schedule, in accordance with the provisions of Annex 5, which forms an integral part of this Contract. / In the event that Nombre628 authorizes a general tariff for all new hydroelectric plants and that it is applicable to C. H. Vara Blanca, S. A., the Parties agree to make the necessary modifications to this Contract to adjust to the new provisions." (Emphasis supplied).

Additionally, on June 18, 2012, Nombre9574 and the plaintiff corporation signed Addendum No. 1 to the "Contract for the purchase-sale of energy Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A." and modified the twenty-first clause with the following wording:

"(...) Twenty-First - Tariffs. The energy that Nombre9574 receives under this Contract shall be paid at the tariffs and tariff structure established in accordance with what the Regulatory Authority of Public Services, ARESEP, determines, based on the 'Reference tariff methodology for new private hydroelectric generation plants,' approved through Resolution RJD-152-2011 and its modifications. In the event that Nombre628 comes to approve a new methodology for the calculation and application of tariffs for private generation for new hydroelectric plants in general—or for the particular case of Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A.—the same shall govern from the moment the respective resolution so provides, without the need to modify this contract. (...)". (Emphasis supplied).

It is emphasized that there was a voluntary agreement by the plaintiff with Nombre9574 to submit to the tariffs established by Aresep, with the Addendum signed subsequently leaving no doubt about the subjection to the methodology adopted by Nombre628 and its modifications without requiring subsequent adjustments to the contract. The plaintiff freely expressed its will to submit to Aresep's methodology, understood as the methodology or technical formulas for setting the tariff for the industrial sector to which the activity it carries out belongs. From this perspective, no argument regarding defects in consent that could produce the nullity of what was contractually agreed was raised. It should be noted that the plaintiff also raises no claim of nullity of the contract clauses or the addendum. The plaintiff corporation merely questioned the approval (refrendo) granted by Aresep, such that said act is covered by the doctrine of expiration (caducidad), as provided in the preceding recital, which prevents an analysis on the merits in this judgment. Regarding the normative subjection and tariff provisions of Aresep, it is worth highlighting that the existence of a special subjection relationship is evident, by virtue of the special public service characteristics of the contractual/concession relationship that the plaintiff corporation, as a private generator, maintains for the sale of hydroelectric energy with the single buyer Nombre9574 by legal provision. Such condition obligates it to submit to the regulatory body regarding the setting of public service prices, in accordance with Articles 5 and 31 of Law 7593, and prevents the applicable norms from being set aside for the specific case. In this sense, any claim aimed at maintaining the methodology initially applied by Nombre628 or a set tariff is openly unfounded, since there is no right protected by the Legal System to the maintenance of the tariff or the calculation method, as it is a regulated public service, which imposes the payment of a price at cost and respecting financial equilibrium. The normative framework regarding public service pricing requires that they be reviewed and adjusted to reality based on factual, scientific, or legal criteria, in compliance with the public interest and in application of the Principles of Singular Non-Derogability of Regulations and Equality, without the set tariff and the calculation method being able to remain static over time. For the reasons stated, the argument raised by the plaintiff corporation is rejected.

X.- On the argument that Nombre628 openly fails to comply with its legal obligations and violates the rights of CHVB. The plaintiff sets forth the following aspects: a) That Nombre628 has refused to fulfill its obligation to set the price. b) That said conduct produces the nullity of the resolutions. This Court resolves: the argument is rejected as unfounded based on the following analysis.

  • a)On the band system methodology: technical discretion of Nombre628. Law No. 7200, Law Authorizing Autonomous or Parallel Electric Generation, and Law No. 7593, Law of the Regulatory Authority of Public Services (Aresep), establish the legal competence of Nombre628 to set the sale prices of electric energy produced in private plants. In particular, Article 14 of Law 7200 empowers Nombre628 in the following sense:

"Article 14.- The tariffs for the purchase of electric energy, by the Instituto Costarricense de Electricidad, require the express and prior setting by the National Electricity Service (*), which, before issuing the final resolution, shall request the opinion of the affected concessionaires. / (...) (*Through section 1 of the Law of the Regulatory Authority of Public Services (ARESEP), No. 7593 of August 9, 1996, the National Electricity Service was transformed into the Regulatory Authority of Public Services. Emphasis supplied).

Moreover, Article 5 of Law 7593 attributes the following function to Nombre628:

"Article 5.- Functions. In the public services defined in this article, the Regulatory Authority shall set prices and tariffs; additionally, it shall ensure compliance with quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision standards, in accordance with Article 25 of this law. The aforementioned public services are: / a) Supply of electric energy in the stages of generation, transmission, distribution, and commercialization (...)". (Emphasis supplied).

Additionally, in Law No. 8723, Framework Law on Concessions for the Utilization of Hydraulic Forces for Hydroelectric Generation, it is established:

"Article 17.- The regulation regarding the public service and the tariffs for the sale of electricity to Nombre9574, which are approved for companies holding concessions for the utilization of hydraulic forces for hydroelectric generation under this Law, shall be established in accordance with the principles, criteria, and norms of Law No. 7593, in particular the precepts of service at cost and the setting of prices and tariffs contained in Articles 3 and 31, respectively. The avoided cost criterion may not be used, under any circumstances, in setting prices and tariffs for the sale of energy to Nombre9574 or other distributors authorized by law." (Emphasis supplied).

In this regard, the recitals of Resolution No. RJD-152-2011 of 14:15 hours on August 10, 2011, which establishes the band methodology, make special reference to the technical-discretionary competence, composed of a series of parameters and principles used in the selection of the tariff method:

"(...) the Board of Directors of the Regulatory Authority is the competent body to issue the tariff methodologies for regulated public services, including electricity generation, for which it must follow the public hearing procedure that guarantees citizen participation, and for the issuance of such methodologies, it must observe the principle of cost-of-service, the rules of science and technology, and the general provisions issued in the National Development Plan related to the electricity sector.

The legal framework cited above provides the basis empowering Nombre628 to establish regulatory methodologies that reflect the cost structure, financing structure, and required returns in accordance with the principle of cost-of-service and the applicable technical aspects, in such a way that reference tariffs are obtained that allow the competitive development of private hydroelectric generation. (...)". (Emphasis supplied).

In accordance with the foregoing, it is Nombre628 that has the competence to set tariffs and prices in accordance with the methodologies it itself determines and to ensure compliance with the quality, quantity, reliability, continuity, timeliness, and optimal provision standards for the public services listed in Article 5 of Law No. 7593, including electric energy in the generation, transmission, distribution, and commercialization stages (Article 5, subsection a) of Law No. 7593), for which it holds exclusive and preclusive technical powers. In the present case, Nombre628 adopted a tariff band system for the industrial sector, through resolutions No. 152-2011 of 14:15 hours on August 10, 2011, supplemented by resolution No. RJD-161-2011 of 15:00 hours on October 26, 2011, and updated by resolution No. 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta No. 92 of May 14, 2012. The indicated band methodology is composed of a lower tariff (lower limit) and an upper tariff (upper limit). It is a mechanism for setting the sale price of electric energy produced by new private hydroelectric generators within the industrial sector to which it is directed. At its core, resolution No. 152-2011 sets forth the technical basis of the methodology and explains what it consists of as follows:

"(...) 1. The ultimate objective of the tariff methodology defined in this report is to provide the necessary tariff incentives so that, in the shortest possible time, the country takes advantage of the instruments defined in the first chapter of Law No. 7200, to substitute the largest possible proportion of energy generated from thermal sources with energy generated from hydraulic sources. In this regard, it is borne in mind that according to recent ICE estimates, this public company can currently contract up to a maximum of 183 MW from private electricity generators that produce with renewable sources, within the framework of Law No. 7200.

2. A tariff model has been defined that stimulates private investment associated with hydroelectric generation plants with capacities equal to or less than 20 MW, capable of operating within an acceptable range of costs and operational efficiency. To this end, a tariff band is determined that allows Nombre9574 to offer electricity purchase prices with which the offeror can obtain sufficient income to cover its operating costs, recover the investment made, and obtain a reasonable return for the level of risk associated with the electricity generation activity.

3. Having reference tariffs for the aforementioned energy transactions is of great importance for the National Electric System and, in general, for the economic and social development of the country.

4. In particular, the proposed tariff scheme allows taking advantage of the opportunities offered by Law No. 7200 of September 13, 1990, to promote the contribution of private investors and increase the supply of electricity generation based on renewable energy sources.

5. The tariffs resulting from this model would be those used for the purchase of electric energy by Nombre9574 from all those new private generators that, under the protection of the first chapter of Law No. 7200, sign a contract with Nombre9574 and whose energy source is hydroelectric.

6. The tariff methodology is based on a model that estimates the upper and lower values of a tariff band, expressed in dollars per kWh. These limits are defined based on the estimation of the average and the standard deviation of the investment cost data available for Central American hydroelectric plants with installed capacities equal to or less than 20 MW. The upper limit is given by the tariff corresponding to an investment cost equal to the average plus one standard deviation; and the lower limit is given by the tariff calculated with an investment cost equal to the average minus the standard deviation.

7. The model was developed with industry parameters from some Central American countries and some specific cases from Costa Rica, and the return was calculated according to the CAPM methodology, established by Nombre628 in similar models, updating the respective parameters.

The methodological proposal defines the tariff as the final result of the algorithm that includes operating costs (costos de explotación, CE), investment recovery (depreciation) (recuperación de la inversión, RI), return (rentabilidad, r), and an environmental factor (factor ambiental, fa).

8. The method for calculating the operating cost is as follows: a) operating cost data are taken from a sample of hydroelectric plants operating in the country, with different installed capacities; b) an exponential regression exercise is performed to estimate the curve that best approximates the function relating installed capacity and operating cost; and c) the value of the mentioned function is used, corresponding to a 10 MW plant, which is the mean value of the range permitted by Chapter 1 of Law No. 7200.

The Fixed Capital Cost (Costo Fijo por Capital, CFC) will depend on the investment amount, the level of leverage used (debt/capital contribution ratio), the financing conditions (interest rate, payment method, and term), the rate of return, the investment recovery period (economic life), the age of the plant, and the applicable income tax rate.

9. The total investment amount (M) represents the total costs necessary to build a generation plant under normal conditions for our country. The calculation of this value is made from a sample of investment cost data for hydroelectric plants with installed capacities equal to or less than 20 MW. The resulting value is obtained from the average of the averages of the unit investment costs for five ranges of installed capacity, each of 4 MW. To this value was added the amount corresponding to the payment of interest during the grace period.

10. Regarding the factor that reflects the investment conditions (FC), this will depend on the conditions established in the financing, namely: leverage (debt ratio), interest rate, debt term (years), the return on capital contributions (CAPM), in addition to the age of the plant (years), which will take into account the economic life of the plant (years).

11. The financing conditions (interest rate, debt ratio, and term) to be used in the proposed model will be determined, with the exception of the term which is fixed, by the average of each of these parameters for a sample of national and international projects with capacities similar to those for which tariffs are intended to be applied. Said parameters will be subject to the financial conditions offered by the market at the time.

12. For the purposes of this model, the economic life of the project is 20 years, a period equal to that of the contract considered in the model to define the tariff.

13. The duration of the energy purchase-sale contract used in the model for calculating tariffs (20 years) is the maximum permitted by law.

14. The return on the capital contribution will be obtained through the Capital Asset Pricing Model (CAPM), which will take into account the following parameters: the risk-free rate, the beta of the investment leveraged according to the debt ratio, the risk premium, and the updated country risk.

15. The hourly-seasonal structure seeks to represent the cyclical changes in the value of energy in the electrical system, due to the seasonal influence of hydrology and the weekly behavior of the load curve.

16. The tariffs resulting from the detailed methodology will be expressed and invoiced in United States dollars (US$ or $). The respective payments will be made in accordance with what the parties establish contractually, in conformity with the applicable regulations.

The values of the tariff band will be reviewed at least once a year, in accordance with the provisions of Law No. 7593.

17. To improve this methodology in the future, new private hydroelectric generators will have the obligation to annually submit audited financial information to Nombre628. (...) ". (Emphasis supplied).

In resolution No. 161-2011 of 15:00 hours on October 26, 2011, resolution No. 152-2011 was supplemented to incorporate the following:

"AGREEMENT 04-65-2011

I.Rectify the material error detected in the operative part of resolution RJD-152-2011, in its point I, so that equation 5 of the section titled "Fixed Capital Cost" reads as follows: RI + r = M x FC, and so that in the references to the variable names found after the line where the equation is expressed, the reference to the variable "capital recovery (recuperación del capital)" is included, as follows: RI = Investment recovery (depreciation) (Recuperación de la inversión (depreciación)).

II.Add to the text of the title "Adjustment of the tariff band values", in point I of the operative part of resolution RJD-152-2011 the following text: "At no time may the prices paid for the purchase of electric energy be greater than the upper limit of the current tariff band, nor less than the lower limit of that band." (Emphasis supplied).

In resolution No. 796-RCR-2012, the general formulation of the band model and its application are established, stating as follows regarding the matter of interest:

"(...) In accordance with the foregoing, it is clear that the Board of Directors of the Regulatory Authority is the competent body to issue the tariff methodologies for regulated public services, including electricity generation, for which it must follow the public hearing procedure that guarantees citizen participation, and for the issuance of such methodologies, it must observe the principle of cost-of-service, the rules of science and technology, and the general provisions issued in the National Development Plan related to the electricity sector.

The legal framework cited above provides the basis empowering Nombre628 to establish regulatory methodologies that reflect the cost structure, financing structure, and required returns in accordance with the principle of cost-of-service and the applicable technical aspects, in such a way that reference tariffs are obtained that allow the competitive development of private hydroelectric generation.

(...)

1.2. General formulation of the model To achieve the mentioned objective, a tariff model has been defined that stimulates private investment associated with hydroelectric generation plants with capacities equal to or less than 20 MW, capable of operating within an acceptable range of costs and operational efficiency. To this end, a tariff band is established that allows Nombre9574 to offer electricity purchase prices with which the offeror can obtain sufficient income to cover its operating costs, recover the investment made, and obtain a reasonable return for the level of risk associated with the electricity generation activity.

The tariffs per kWh estimated through the proposed model include operation and maintenance costs, financial costs, and the net return for the investor.

In general, the economic equation for the supply of electric energy can be expressed by equating costs plus return with income, from the private generator's perspective. In this way, the following equation is obtained:

CE + CFC + fa = IR (Equation 1) Where:

CE = Operating costs (Costos de explotación) CFC = Fixed capital cost (Costo fijo por capital), which is the sum of investment recovery (RI) and return (r). Thus, CFC = RI + r RI = Investment recovery (depreciation) (Recuperación de la inversión (depreciación)) r = Return on investment (Rentabilidad sobre la inversión) fa = Total or unit environmental factor (Factor ambiental total o unitario) IR = Required income (Ingresos requeridos), which is the result of multiplying the tariff "p" by the energy sales "E", i.e., IR = p x E p = Sale tariff E = Sales (quantity of energy) Solving for p:

p = CE + CFC + fa E From the foregoing, it follows that, for the purposes of this model, the tariff depends on the electricity sales expectations, operating costs, capital recovery (depreciation), return, and the environmental factor.

The environmental cost would be incorporated into the price determined by the general formula, becoming an integral part of the final price. The approval of the mechanism and methodology corresponding to the environmental component, as well as its respective amount, must be processed through the procedures established in the current legal framework (convening and holding a public hearing). (...)". (Emphasis supplied).

In the opinion of this Tribunal, Nombre628 is empowered to choose the technical method for setting a price that guarantees cost-of-service and the financial equilibrium of the regulated public service provider. This constitutes the exercise of a technical discretionary power, without implying the delegation to another public institution of the exercise of the legal competence for tariff setting, under the protection of Article 31 of Law 7593. It is necessary to emphasize that the control of the exercise of discretionary powers, while it is true is not prohibited to this jurisdiction, requires that there be an express request from the administered party with the contribution of the necessary evidence that demonstrates a defect in reasonableness, proportionality, the rules of science and technology, or the elementary principles of justice, logic, or convenience, in accordance with the provisions of Article 119 of the Administrative Contentious Procedure Code in relation to numerals 15, 16, and 160 of the General Public Administration Law. Additionally, it is highlighted that Nombre628 itself, when hearing the objections of interested parties to the proposed band methodology, responded on the basis of respect for the Principle of cost-of-service and financial equilibrium, citing at its core:

"(...) Nombre628 has broad powers to establish and use the methodologies it deems convenient, as long as the principle of cost-of-service is respected, the financial equilibrium of the public service providers subject to the regulations of Law No. 7593 is not threatened, and they are in accordance with the provisions of Article 16 of the cited General Law. These powers include the setting of specific tariffs or tariff bands. It should be noted that a tariff band is nothing other than a possible sequence of authorized tariffs. One must bear in mind that the setting of tariffs through bands by public service regulatory entities is common worldwide. (...)". (Resolution No. 152-2011. Emphasis supplied).

In this specific matter, the tariff band system chosen by Nombre628 and adopted through resolutions No. 152-2011, No. 161-2011, and No. 796-RCR-2012, is duly grounded in the normative framework and in the technical studies set forth in the content of the indicated resolutions (see proven fact number 16). This Tribunal understands that the band system methodology created by Nombre628 is for the entire industrial sector of private energy generators, thereby eliminating individual tariff setting for each selling company and replacing it with a variety of average tariffs for the sector at the seller's, that is, the private generator's, choice. Said band system corresponds to the exercise of the technical discretionary power of Aresep, under the protection of the law and based on the foundation of technical studies contained in the resolutions that give effect to the methodology; therefore, the tariff setting for the sector is deemed to be in accordance with the law.

  • b)Procedure for reviewing the methodology: Article 31 Law 7593. Numeral 31 of Law No. 7593 grants Nombre628 the possibility of establishing the methodology that best suits the regulated public service for setting the tariff, but also provides the option of considering the particular situation of each company if there is proven impossibility. As it is fully applicable, the indicated norm is transcribed:

"Article 31.- Setting of tariffs and prices. To set the tariffs and prices of public services, the Regulatory Authority will take into account the model productive structures for each public service, according to the development of knowledge, technology, service possibilities, the activity in question, and the size of the providing companies. In this last case, small and medium-sized enterprises shall be encouraged. If there is proven impossibility to apply this procedure, the particular situation of each company shall be considered. / The criteria of social equity, environmental sustainability, energy conservation, and economic efficiency defined in the National Development Plan must be central elements for setting the tariffs and prices of public services. Settings that threaten the financial equilibrium of the entities providing the public service are not permitted. / The Regulatory Authority must apply annual tariff adjustment models, based on the modification of variables external to the administration of the service providers, such as inflation, exchange rates, interest rates, hydrocarbon prices, salary settings made by the Executive Branch, and any other variable that the Regulatory Authority deems pertinent. / Likewise, when setting the tariffs for public services, the following aspects and criteria must be contemplated, when applicable:

  • a)Guarantee financial equilibrium.
  • b)The recognition of the cost schemes of the different project financing contracting mechanisms, their special payment forms, and their effective costs; among them, but not limited to, schemes type B: (build and operate, or build, operate, and transfer, BOO), as well as operating leases and/or financial leases, and any others that are regulated.
  • c)The protection of water resources, environmental costs, and services." (Emphasis supplied).

According to the foregoing, it is legally viable for Nombre628 to choose a tariff methodology for the specific industrial sector, and at the same time, it is also admissible for companies to request an individual tariff setting, in those cases where it can be demonstrated that there is some type of proven impossibility to apply the sector's methodology or tariff, all of which is subject to proof. In the specific case, the plaintiff company claims the refusal of the tariff setting applying the return-on-rate methodology in force at the time of the perfection of the public service concession granted and its extension through the contractual relationship with Nombre9574 to guarantee financial equilibrium. It was also alleged that Nombre628 refused to analyze any single cost from the multiple investment reports provided, audited by external accountants, which have encountered at all times an absolute lack of analysis, even preliminary, by alleging a supposed obligation of Nombre9574 to renegotiate the tariff. It adds that Nombre9574 has omitted adopting any type of palliative measure to the ruinous equation that the plaintiff currently faces, with a situation of financial bankruptcy and the possibility of losing the assets given as collateral. It maintains that as a result of the failure to set a balanced tariff, injuries have been caused to its property rights and consolidated legal situations, that the financial situation is unsustainable, alleviated only by the external circumstance of having obtained the extension of the grace period until September 1, 2014, and indicates that the interest generated must be assumed by Nombre9574, due to the unadjusted tariff it pays. The arguments are rejected as improper. In the first place, the tariff setting applying the return-on-rate methodology lacks all factual and legal support, given that it is a formula used by Nombre628 for the establishment of the provisional tariff, therefore temporary in nature. See in this regard, that resolution No. 341-RCR-2011 of 14:58 hours on February 21, 2011, issued by Nombre628 authorizing the provisional tariff, clearly provided a temporary nature of the tariff, citing at its core:

"(...) I. Set for the electricity generation service provided by Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. for sale to ICE, the tariff of $0.0695/kWh (six point ninety-five cents of a dollar per kWh) (...) / III.- Indicate to C.H. Vara Blanca S.A. that the authorized maximum tariff and the tariff structure will be in effect as long as the Regulatory Authority of Public Services has not authorized a general tariff for all hydroelectric plants similar to C.H. Vara Blanca S.A., through the application of a cost model, model productive structures, or general reference costs. (...)". Published in La Gaceta No. 44 of March 3, 2011 (Proven fact No. 8, emphasis supplied).

In the same vein, the "Return-on-Rate" methodology and individual tariff setting were based on the previous Regulation to the Autonomous Parallel Electric Generation Law No. 20346-MIRENEM, a decree that was repealed by Article 28 of the Regulation to Chapter I of Law No. 7200 "Law Authorizing Autonomous or Parallel Electric Generation", approved by Executive Decree No. 37124 of March 19, 2012, therefore it is improper to require the application of a repealed and non-current norm. Regarding the plaintiff's argument claiming a refusal by Nombre628 to analyze the requests made and the accounting information on costs, the indicated refusal is not demonstrated. On the contrary, Nombre628 did provide a written response to the plaintiff company's request for tariff setting, as evidenced in resolution No. 010-RIE-2013 of 16:00 hours on January 25, 2013, issued by the Energy Intendancy, which rejected the plaintiff company's request for not being based on the current price model and for seeking a particular setting, but without requesting the review of the tariff applicable to the entire sector according to the parameters of the tariff model (proven fact number 29). The Board of Directors of Nombre628 confirmed what was done with resolution No. RJD-116-2013 of 14:20 hours on September 16, 2013, adding a lack of demonstration of the causal link between the alleged losses claimed and the conduct of Nombre628, admitting the possibility of negotiation between the contracting parties within the reference bands (proven fact number 40). In the opinion of this Tribunal, what was done is protected under Article 31 of Law 7593, which admits the exceptional review of the methodology, in the event of proving the existence of impossibility to apply the procedure, to consider the particular situation of each company. In the case of the plaintiff company, the band system methodology prevents the setting of an individual tariff, as it establishes tariff limits for the entire industry and not for a particular subject, which were neither questioned nor challenged in the plaintiff company's request. According to Article 31 of Law 7593, in the event that the plaintiff company managed to prove an impossibility from the financial standpoint of the industry sector for establishing a band system, only under that hypothesis will it be empowered to request the review of the methodology based on an objective study under the cost-of-service parameters and that its specific case be considered. However, none of this was demonstrated in this proceeding, nor was it presented from this line of analysis. From this perspective, the plaintiff company does not manage to prove that the band system methodology is vitiated. The argument regarding Nombre628's referral for negotiation with ICE lacks the necessary support to vitiate the act with absolute nullity for the following reasons. Nombre628 proposes the alternative of price negotiation with Nombre9574 in facultative, that is, optional, and not obligatory terms, as stated in the Board of Directors' resolution No. RJD-116-2013 that exhausts the administrative route, mentioning "the possibility that the parties contractually agree on the purchase-sale price of electric energy within the reference tariff band". Such reference, although it might seem not adjusted to the reality of the electric energy sale business and to the particularity of the single buyer - Nombre9574 which, due to internal policies, has opted to pay the lower end of the band without this implying any legal infraction -, does not constitute a defect of nullity of what was done, since the basis on which the act rejecting the plaintiff's tariff setting request rests was the non-application of the current industrial sector band system methodology to seek an individual tariff, without noting any type of impossibility of the authorized model. In this sense, the administrative conduct of Nombre628 questioned here (which ranges from the methodology to the rejection of the plaintiff's request), must be maintained in application of the Principle of Conservation of the administrative act, established in Article 168 of the General Public Administration Law, in order to guarantee legal certainty and the public purpose. In this decision, the special subjection relationship of private generators and the voluntary agreement signed by the plaintiff to submit to Aresep's regulation is taken into account, as well as the limitation implied by the arguments and claims deduced in the present lawsuit, which prevent the Tribunal, outside the limits set by the parties, from addressing the impossibility of applying the band system methodology chosen by Nombre628, nor is evidence provided.

  • c)Regarding the claim for damages: The plaintiff seeks a declaration that "Nombre628 is responsible, in application of Articles 190 and following of the General Public Administration Law, for all property damages caused to Nombre111320 due to the omission of compliance with its duties and due to the absolutely null actions declared as such in the present proceeding, sums which will be liquidated in the execution of sentence. In the event that at the time of issuing the judgment, the financial situation of Nombre111320 has become unsustainable and this has led to the execution of the bank guarantees encumbering the Vara Blanca Hydroelectric Project, we request that the judgment declare Nombre628 responsible for the compensation of all damages and losses caused, which will be liquidated in the execution of sentence." The claim for damages derives from the plaintiff company's thesis of being in a situation of financial crisis, close to bankruptcy and loss of the assets given as collateral, caused by the payment of an insufficient tariff to achieve investment recovery and cover costs. Regarding the issue of administrative liability, the plaintiff company omits specifying the type of liability it seeks, whether contractual or extra-contractual, by virtue of the special condition it maintains with both Nombre628 and ICE. Despite such essential omission, the demonstration of effective, assessable, and individualizable damage and the causal link with the causing administrative conduct is indispensable for the recognition of administrative liability.

Nonetheless, with the evidence provided to the case file, consisting of the company's financial-accounting documentation that was attached to the tariff application before Aresep, the guarantee and promissory note trust agreement, it is not possible to demonstrate what the alleged patrimonial damage consists of, its magnitude, specificity, certainty, or existence. The plaintiff company asserts that it is undergoing a financial crisis situation close to bankruptcy caused by the price of the electric power sale tariff paid to it by ICE, but it fails to demonstrate that this tariff, which is located at the lower limit of the sector's band system, is ruinous and causes financial imbalance, nor for how long. The evidence provided fails to link or directly and immediately relate the financial situation of the plaintiff company with the conduct of Nombre628 or Nombre9574, and more specifically, with the tariff paid, which has been paid according to what was contracted by both parties. The plaintiff company did not support, through a technical analysis (essential for this tariff matter), that the band system methodology was inapplicable for the entire sector, nor that this method was financially unbalanced, nor that the price at the lower end of the band was insufficient to cover operating costs and recover the investment. In this regard, the plaintiff merely provided the same accounting documentation with which it accompanied the tariff-setting application before Nombre628 and failed to incorporate the specific technical analysis that would have allowed this Court to demonstrate the alleged damages claimed, thereby failing to comply with its duty regarding the burden of proof, as provided in Article 317 of the Civil Procedure Code, which applies supplementarily in the contentious-administrative proceedings by dispensation of numeral 220 of the Contentious-Administrative Procedure Code. On the other hand, the evidence ordered for better resolution in this proceeding is insufficient to accredit the alleged damage or the link to the conduct of Aresep, since it was evasive, contradictory, and ambiguous, which diminishes its credibility before this Court. It is necessary to clarify here that the plaintiff company, as the owner of this judicial proceeding, delimited the legal problem to specific arguments and claims, outside of which a judgment cannot be issued, under penalty of nullity. However, by virtue of the dual condition that the plaintiff company possesses, as concessionaire of Nombre628 and contractor of Nombre9574, it has the possibility of filing the judicial proceedings and administrative requests it deems necessary to guarantee compliance with its financial equilibrium. It must be reiterated that in this judicial proceeding, the alleged patrimonial damages claimed by the plaintiff were not demonstrated, nor was the causal link with any administrative conduct established, which imposes the rejection of the argument in its entirety.

XI.- Regarding the argument that Nombre9574 incurs in unjust enrichment and de facto expropriation. The plaintiff raises the following aspects: a) For selecting the lower end of the tariff without analysis of the company's investment. b) Infringement of the Principles of Good Faith and Contractual Equilibrium, despite the contractual clause that submits to the regulatory scheme must always be complied with. c) Nullity of the official letters issued by Nombre9574, listing the following four official letters: a) Oficio 0690-171-2012 of May 30, 2012; b) Oficio 0510-245-2013 of February 26, 2013; c) Oficio 0510-503-2013 of May 14, 2013; d) Oficio 0510-1392-2013 of October 8, 2013; e) Oficio 0510-1479-2013 of October 22, 2013. This Court resolves: the argument is rejected as unfounded based on the following analysis. Firstly, it is observed that the official letters issued by Nombre9574 whose nullity is claimed are not included among the claims of this proceeding where a declaration of nullity is requested, and with this, a distortion with the main object of the complaint is observed, evidently caused by an inadequate technique employed. Despite the foregoing, upon analyzing the argument raised regarding the alleged unjust enrichment of Nombre9574 and de facto expropriation, this argument is accessory to the argument previously reviewed in the preceding Considerando, which analyzed the issue of damages and losses from the tariff paid. Thus, given that the existence of damage derived from the payment of the lower limit of the band system made by Nombre9574 for the purchase of electric power from the plaintiff company was not demonstrated in this trial, this accessory argument regarding illicit enrichment also becomes unfounded given the lack of evidentiary material on this aspect. Note that Nombre9574, in its answer to the complaint, alleged that "the tariff that to this day is paid to the plaintiff is equivalent to the lower limit of the tariff band system," meaning that timely payment has indeed been mediated under the terms of the contract signed by the parties for the purchase of electric power and according to the methodology authorized by Aresep. The plaintiff failed to demonstrate that Nombre9574 has incurred in a breach of the regulatory framework, the contractual clauses, or the principles of good faith and equilibrium of the contractual relationship —arguments that are only cited without further argumentative development in the complaint— for the payment of electric power, which prevents having the alleged illicit enrichment or the claimed de facto expropriation as proven. By reason of the foregoing, the alleged nullity of the official letters issued by Nombre9574, numbers: a) Oficio 0690-171-2012 of May 30, 2012; b) Oficio 0510-245-2013 of February 26, 2013; c) Oficio 0510-503-2013 of May 14, 2013; d) Oficio 0510-1392-2013 of October 8, 2013; e) Oficio 0510-1479-2013 of October 22, 2013, becomes unfounded, given the absence of arguments setting forth what the alleged defects are, without the alleged unjust enrichment of ICE having been accredited. It is obvious that differences exist between the contracting parties ICE-plaintiff company over the electric power purchase tariff, but it is not viable to extend the analysis to other aspects that were not debated in this proceeding, and the limits presented in this complaint must be strictly respected, such that the arguments presented here are insufficient to identify the illegality of ICE's conduct. Under this line of analysis, the fifth claim of the complaint directed against Nombre9574, which consists of: "We request that it be declared that Nombre9574 must recognize to Nombre111320 the differences between the tariffs paid from the start of operation of the Vara Blanca Hydroelectric Project on June 2, 2012, and the new tariff setting carried out by Nombre628 on the occasion of the obligation declared in this proceeding, with the recognition of legal interest computed from each of the monthly payments made, all of which shall be settled in the execution of judgment. Regarding this obligation, we request that it be declared that Nombre628 is subsidiarily liable for the payment of these differences," is unfounded, as it is an accessory point to the main one, given that the breach of Nombre9574 was not accredited, nor was the alleged damage and its causal link demonstrated. For the reasons stated, the argument raised is rejected.

XII.- Regarding the argument concerning the violation of the Legal System by omission in the fulfillment of duties. The plaintiff raises the following arguments: a) Refusal of Nombre628 to comply with the legal mandate. b) Refusal to set the tariff with the rate of return in force at the perfection of the concession, which causes an unsustainable financial situation. c) Lack of analysis by Nombre628 of the financial information provided under the alleged obligation of Nombre9574 to negotiate the tariff. d) Nombre9574 has not adopted any palliative measure to the ruinous equation and that there is a danger of losing the assets given as collateral. This Court resolves: the argument is rejected as unfounded based on the following analysis. The argument is reiterative and was analyzed at length in Considerando X of this judgment. It is necessary to point out that the plaintiff's argument regarding the alleged omission leads to error when referring to an omission in the factual scenario analyzed. Omission supposes the total absence of a manifestation of will by the Public Administration, which can be claimed in contentious-administrative proceedings, as admitted in numerals 1.2), 36 subsection e), 42 subsection g), and 122 subsection g) of the Contentious-Administrative Procedure Code. For this type of claim impugning the omission of the administration, a special procedure is established in Articles 35 and 118 of the Contentious-Administrative Procedure Code. Article 35 states the following:

"Article 35.- 1) When an omission of the Public Administration is impugned, the interested party may require the respective organ or entity to adopt the required conduct within a period of fifteen days. If after said period the omission persists, the contentious-administrative avenue shall be open.

  • 2)If the jurisdictional avenue has been directly resorted to, the judge or the Court shall grant the supreme head of the entity or the competent organ a maximum period of fifteen business days, with a stay of the proceedings, so that they may fulfill the required conduct. If they do so, the proceeding shall be terminated without special award of costs, without prejudice to continuing it for the full restoration of the injured person's legal situation. If, after said period, the omission is maintained totally or partially, the proceeding shall continue its course, without the need for a resolution so ordering." (Emphasis added).

The claim of omission is distinct from one where an administrative act does exist whose content does not result in the complacency or satisfaction of the administered party or interested party, and in such cases, what is technically appropriate is to attack the act issued. This Court has defined omission as "(...) the non-compliance by the public administration of a preexisting administrative obligation —imposed by the legal system— that produces an unlawful injury to the administered party or the public interest, and therefore represents an administrative dysfunction that must be subject to jurisdictional control and oversight to overcome its unlawful effects (...) / In this line of thought, we must refer to the concept of administrative function, which encompasses all forms of manifestation of the Public Administration, legal and non-legal, formal and material. Legal inactivity is consequently an administrative dysfunction, insofar as it implies the omission of formal or material action by the State or a public entity, and therefore, doctrinally, different types of administrative inactivity are discussed. Thus, we have inactivity in the issuance of a specific administrative act (formal), inactivity produced by the omission of a material action (issuance of a legal act), factual (provision of a public service), or technical. In all these cases, it starts from a duty to do or refrain from doing by the respective Administration, which is breached by it and has legal effects towards a specific individual and/or third parties. Faced with this non-performance, the possibility arises for the administered party to make use of the legal system that obliges the Public Administration to act within adequate levels of functioning for the fulfillment of public purposes. It is thus that our Constitutional Law provides for the existence of guiding principles that must govern the administrative function, such as effectiveness, efficiency, simplicity, and speed in its formal and material action" (Judgment N°302-2012-VI, emphasis added). In the present matter, administrative acts do exist, issued by Nombre628 and by Nombre9574, that give a formal response to the requests of the plaintiff company, all of which are listed in the Considerando of proven facts of this judgment; therefore, the complaint is not directed against an omission in the strict sense. On the contrary, the plaintiff company shows itself dissatisfied with the responses issued by the defendant administrations and claims to modify what was ordered, but that factual scenario does not qualify as an omission, even though a breach of duties has been alleged due to the lack of tariff setting, the absence of palliative measures, and the lack of analysis of the company's financial information, as these are elements that directly question the acts issued by both Nombre628 and ICE. Special note is taken regarding the processing of this proceeding, as the order transferring the complaint, issued by resolution at 10:24 hours on July 7, 2014, visible on folios 463 to 469 of the principal file, contains no reference to, nor was the period for omission established by the aforementioned Article 35 granted, and that judicial action became final due to the lack of challenge by the litigating parties, especially the plaintiff company, which did not note any discrepancy in what was resolved. From the foregoing, it follows that the allegation of omission lacks support and is rejected.

XIII.On the main claims: An express ruling is hereby issued for each of the claims of this proceeding that were ratified in the preliminary hearing:

"So that Nombre628 is obligated by Ley 7593 of August 9, 1996, Ley 7200 of September 28, 1990, and Decreto Ejecutivo 20346-MIRENEM of March 21, 1991, in force at the time of perfecting the public service concession for electricity generation and the electricity sale contract with ICE, to set a tariff for the purchase of energy delivered by Nombre111320 to ICE, applying the rate-of-return method, that is, that in addition to establishing a tariff that recognizes the investment made, it must contemplate a reasonable profit for the sector." Based on the analysis in the preceding Considerandos, it is rejected as unfounded.

"That the administrative actions adopted by Nombre628 in disregard of the legal provisions outlined in the preceding claim incur a substantial infringement of the legal system and that therefore the following actions are absolutely null: a) Resolución 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta 92 of May 14, 2012; b) Resolución RRG-162-2012 of May 28, 2012; c) Resolución RJD-060-2012 of June 7, 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 issued by the Comité de Regulación on June 14, 2012; e) Resolución RJD-142-2012 of November 8, 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 of January 25, 2013, of the Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 of February 22, 2013, of the Intendencia de Energía; h) Resolución RJD-116-2013 of September 16, 2013, of the Junta Directiva." Based on the analysis in the preceding Considerandos, it is rejected as unfounded.

"That Nombre628 is liable, in application of Articles 190 et seq. of the Ley General de la Administración Pública, for all patrimonial damages caused to Nombre111320 by the omission in fulfilling its duties and by the absolutely null actions declared as such in this proceeding, sums which shall be settled in the execution of judgment. In the event that at the time of issuance of the judgment the financial situation of Nombre111320 has become unsustainable and this has led to the execution of the bank guarantees encumbering the Vara Blanca Hydroelectric Project, we request that the judgment declare Nombre628 liable for the indemnification of all damages and losses caused, which shall be settled in the execution of judgment." Based on the analysis in the preceding Considerandos, it is rejected as unfounded.

"For the purposes of Articles 199 and 200 of the Ley General de la Administración Pública, we request that the judgment declaring the absolute nullity of the impugned administrative actions of Nombre628, that is: a) Resolución 796-RCR-2012 of March 16, 2012, published in La Gaceta 92 of May 14, 2012; b) Resolución RRG-162-2012 of May 28, 2012; c) Resolución RJD-060-2012 of June 7, 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 issued by the Comité de Regulación on June 14, 2012; e) Resolución RJD-142-2012 of November 8, 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 of January 25, 2013, of the Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 of February 22, 2013, of the Intendencia de Energía; and h) Resolución RJD-116-2013 of September 16, 2013, of the Junta Directiva, contain an express declaration that said administrative acts are manifestly illegal and therefore generators of the liabilities defined by said numerals." Based on the analysis in the preceding Considerandos, it is rejected as unfounded and reiterative.

"We request that it be declared that Nombre9574 must recognize to Nombre111320 the differences between the tariffs paid from the start of operation of the Vara Blanca Hydroelectric Project on June 2, 2012, and the new tariff setting carried out by Nombre628 on the occasion of the obligation declared in this proceeding, with the recognition of legal interest computed from each of the monthly payments made, all of which shall be settled in the execution of judgment. Regarding this obligation, we request that it be declared that Nombre628 is subsidiarily liable for the payment of these differences." Based on the analysis in the preceding Considerandos, it is rejected as unfounded.

XIV.- On the subsidiary claim: An express ruling is issued regarding the subsidiary claim: 6) "In the event that the judgment considers that Nombre628 has support in the legal system in maintaining that it is incumbent upon Nombre9574 to negotiate the adjustment of the tariff to be paid to Nombre111320 for the electricity generated in the Vara Blanca Hydroelectric Project, we request that the judgment declare the obligation of Nombre9574 to proceed immediately to negotiate with Nombre111320 the setting of a tariff applying the rate-of-return method, that is, that in addition to establishing a tariff that recognizes the investment made, it must contemplate a reasonable profit for the sector. In this case, Nombre9574 must recognize to Nombre111320 the differences between the tariffs paid from the start of operation of the Vara Blanca Hydroelectric Project on June 2, 2012, and the new tariff setting agreed upon on the occasion of the obligation declared in this proceeding, with the recognition of legal interest computed from each of the monthly payments made, all of which shall be settled in the execution of judgment. In the event that at the time of issuance of the judgment the financial imbalance caused by the non-updating of the tariffs has led to the execution of the bank guarantees encumbering the Vara Blanca Hydroelectric Project, we request that the judgment declare Nombre9574 liable for the indemnification of all damages and losses caused, which shall be settled in the execution of judgment." The claim is rejected as unfounded. It is worth noting that there is no legal or contractual obligation that forces Nombre9574 to negotiate the tariff with the plaintiff company, whether or not the Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos understands it as such. Nonetheless, it has been indicated that the band system methodology for the sector does not imply a delegation of Nombre628's powers to Nombre9574 and that in the event of a "proven impossibility of applying this procedure" —which would have to be accredited— as established by Article 31 of Ley 7593 (Ley de Aresep), the plaintiff company would be empowered to have its particular situation considered, none of which was alleged or demonstrated in the present contentious-administrative proceeding. In sum, the subsidiary claim finds no legal protection, and is therefore rejected.

XV.- Analysis of the defenses filed. The co-defendants filed the defense of lack of right, which is upheld based on what is stated in the preceding Considerandos, as all the points of the complaint have been denied. The defense of lack of standing is rejected by virtue of the relationship of the litigating parties to the facts analyzed and the claims made. Consequently, the complaint is declared without merit.

XVI.- On the precautionary measure requested: The representation of the plaintiff company, during the hearing granted to expand the conclusions on the occasion of the expert evidence ordered as evidence for better resolution by this Court, requested as a precautionary measure the immediate execution of the favorable judgment to be issued in the present case, to guarantee the results of the proceeding. The request is rejected. The application made by the plaintiff, despite indicating that a precautionary measure was sought, omits entirely the reference and proof of each of the elements previously indicated, which imposes rejection due to the informality of the request. On the other hand, Article 155 of the Contentious-Administrative Procedure Code provides for the execution of final judgments, and the application made is premature. What was requested, lacking rigor in procedural technique as a precautionary measure at the moment of outlining closing arguments, takes the counterparty and the Court by surprise, making it unresponsive. In any case and regardless, if the execution of the judgment is at issue, that is a matter reserved for the respective procedural phase or stage.

XVII.- On costs. Article 193 of the Contentious-Administrative Procedure Code establishes that procedural and personal costs shall be imposed on the losing party for that sole reason. The dispensation of this award is only viable when, in the Court's judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is issued by virtue of evidence unknown to the opposing party. In this case, no reasons are observed that would allow an exception to the principle of awarding costs against the loser. Therefore, both costs of the proceeding are imposed on the plaintiff party.

POR TANTO

The defense of lack of standing is rejected. The defense of expiration of the action is upheld insofar as it was directed against Resolución N°RRG-162-2012 of May 28, 2012, and consequently, the complaint is inadmissible in that exclusive respect. In all other respects, the defense of lack of right filed by both co-defendant institutions is upheld. Consequently, the complaint is declared without merit in all its points. The plaintiff's request for a precautionary measure is rejected. Both costs are to be borne by the plaintiff party. NOTIFÍQUESE.- JUDITH REYES CASTILLO JOSÉ IVÁN SALAS LEITÓN FELIPE CÓRDOBA RAMÍREZ Classification prepared by CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL of the Poder Judicial. Reproduction and/or distribution for profit is prohibited.

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Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV Clase de asunto: Proceso de conocimiento Analizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL Contenido de Interés:

Tipo de contenido: Voto de mayoría Rama del Derecho: Derecho Ambiental Tema: Energía hidroeléctrica Subtemas:

Consideraciones respecto a la explotación del agua. Conceptualización de la generación eléctrica como servicio público.

Tema: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Subtemas:

Aplicación de la metodología de bandas tarifarias para el sector industrial de energía hidroeléctrica.

Tema: Instituto Costarricense de Electricidad Subtemas:

Regulación y consideraciones sobre la explotación del agua para generación eléctrica en el ordenamiento jurídico nacional. Consideraciones sobre la metodología de bandas tarifarias.

Tema: Aguas Subtemas:

Consideraciones sobre su explotación para generación eléctrica en el territorio nacional.

Tema: Aguas de dominio público Subtemas:

Consideraciones sobre su explotación para generación eléctrica dentro del dominio público del territorio nacional.

“VIII. Sobre la energía hidroeléctrica de generadores privados vendida al ICE: En aras de realizar un análisis adecuado del objeto del presente proceso, es necesario puntualizar el régimen jurídico aplicable en la especie, dada la especialidad y complejidad del asunto tratado. Este Tribunal Contencioso ha vertido pronunciamiento para decantar el régimen legal que aplica a los generadores privados de energía hidroeléctrica y en lo que resulta de interés se transcribe:

"(...) Primero. De la explotación de las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público del territorio nacional: Es precisamente por la naturaleza del bien de que se trata, que se le tiene como un bien de la Nación, al tenor de lo cual, no pertenece al Estado ni a una entidad pública determinada, ni mucho menos a los particulares, sino a "la Nación", es decir a la colectividad en su conjunto, conforme lo expresa el propio numeral 121 inciso 14) punto a) de la Constitución Política, y clasificación enunciada en la sentencia 2001-10466, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil uno de la Sala Constitucional-; al tenor de lo cual, por esta condición, tiene una tutela reforzada en tanto, no podrá "salir definitivamente del dominio del Estado ", por la que su explotación estará a cargo de la Administración Pública, o de particulares " de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a a (sic) las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa", según prevé de manera expresa el párrafo final del citado numeral. Es decir, se trata de un "bien", en sentido técnico jurídico, que en tal virtud le hace merecedor de la tutela jurídica, en este caso reforzada. En este sentido, este tipo de bienes, integran la unidad del Estado, y junto con su organización política, económica y social, persiguen la satisfacción -en plano de igualdad- de los intereses generales, su objetivo principal es alcanzar el bien común; lo cual se constituye en la principal razón para justificar el impedimento, por lo menos en principio, para la libre disposición a los administrados de esta categoría de bienes. Por esa especial protección jurídica, es que no son susceptibles de ser apropiados por particulares, y ni siquiera por la Administración Pública para fines particulares, ni ser destinados a fines distintos de los que le determina su propia esencia y naturaleza. En todo caso, su protección -en los términos que resulten necesarios- y administración, corresponden al Estado, en nombre de la Nación (tomo III. de las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, Sesión número 168, pagina. 468). Por este motivo el constituyente optó por el control legislativo en los casos en que es posible enajenar estos bienes, o incorporar nuevos bienes a usos públicos; sin embargo, algunos de éstos no pueden ser objeto de desafectación, siquiera por ley de la República (caso en el que nos encontramos), por cuanto por su especial naturaleza, han recibido una especial afectación constitucional, que los excepciona del comercio los hombres; y en este sentido, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y los sujeta en cuanto a su explotación, al poder de policía de la Administración. Como se enunció supra, sí pueden ser objeto de explotación racional por el Estado o los particulares

"[...] de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo determinado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa" (inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política.)

Es así, como la jurisprudencia constitucional, en sentencia número 6240-93, de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, examinó la posibilidad de que la Asamblea Legislativa acuda a la técnica, denominada "ley marco ", para cumplir la exigencia de la norma en comentario. En esa ocasión se indicó:

"En este caso, la Asamblea Legislativa inviste en la Administración Pública la potestad de otorgar concesiones específicas, competencia que, claro está, no comprende la de sustituir del todo la función de la primera, como se dirá adelante. En esta hipótesis el delegado puede ser cualquier ente del ámbito público -tanto el propio Poder Ejecutivo, órgano normal de la contratación administrativa (artículo 140 inciso 14) Constitución), como cualquier otra entidad descentralizada de la Administración Pública- pero no como, se propone en el proyecto, un simple órgano desconcentrado dentro de una cartera del Ejecutivo." Criterio reiterado -entre otras- en la sentencia número 2001-10466, supra citada, en que consideró, en lo que interesa:

"La Ley de Aguas (artículo 176), a partir de la reforma al transitorio V de la Ley 7593 del 9 de agosto de 1996, ciertamente atribuyó competencia al MINAE para otorgar concesiones destinadas a aprovechar las aguas públicas en producción de energía eléctrica. Sin embargo, la sola asignación de competencia no puede asimilarse a una ley marco regulatoria del proceso de otorgamiento de la concesión (requisitos para el concesionario, obligaciones, afectaciones, etc.) y menos aún, cuando están de por medio bienes que ni siquiera por ley ordinaria pueden ser desafectados. Una interpretación libre del régimen que regula esta materia, podría conducir a una desafectación <de hecho> de los bienes de la Nación, lo que a todas luces es insostenible. La Sala estima que al derogarse la Ley 258, se dejó sin ley marco todo lo referente a las concesiones de agua para la explotación de energía, precisamente el supuesto del que se ocupa el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política. La ley marco que ha señalado esta Sala como posible en esta materia, debe tener regulaciones claras, concretas sobre la concesión a otorgar, pues se trata de la explotación de bienes de la Nación; no por casualidad el propio constituyente estableció que la ley debía ocuparse de <condiciones y estipulaciones>, que no son otra cosa que un marco normativo detallado en razón del bien involucrado. Resulta importante, a los efectos de esta sentencia, indicar que el concepto de ley marco resulta acorde con el Derecho de la Constitución. El desarrollo jurisprudencial de esta Sala permite sostener que la ley marco que se echa de menos, no podría ser similar a la Ley No. 258 del 18 de agosto de 1941 y sus reformas, ni a la vigente Ley de Aguas, pues esos <marcos> resultarían insuficientes para lograr la adecuada regulación de la explotación racional del recurso hídrico. No basta con establecer que una determinada cuenca tiene potencial hidroeléctrico, como lo exigía la derogada Ley de SNE, es necesario planificar la instalación de este tipo de proyectos de manera que, entre otros aspectos a considerar, se tome en cuenta que no se impida a las futuras generaciones -cuyos derechos se encuentran tutelados por el Derecho de la Constitución- disfrutar del recurso hídrico y los demás recursos naturales, como por ejemplo, para la preservación de la fauna, los ecosistemas, el clima, garantizar la navegación y el disfrute escénico y artístico entre otros. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 14 de junio de 1992 establecieron como principio tercero <el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras>; el cuarto principio dispone <A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada>. De acuerdo con lo expuesto, la derogada Ley del SNE y la antigua Ley de Aguas, distan mucho de ser el modelo de ley marco que actualmente requiere el Derecho de la Constitución. Por lo expuesto, la Sala estima inadmisibles las interpretaciones que sugieren que la Ley de Aguas es la ley marco requerida para la explotación de la <fuerza de las aguas> por particulares, pues nunca ha sido el marco normativo regulatorio de esta materia; su contenido se limitó a complementar determinadas disposiciones sobre la materia, en un momento histórico, sin que pueda dársele ahora, en ausencia de una adecuada regulación, una función que no tiene. Tampoco encuentra esta Sala que exista un verdadero interés público en apartarse de la conclusión anterior, ya que el ICE conserva la posilibidad (sic) de explotar tanto la fuerza de las aguas como otras formas de generación de energía para satisfacer la demanda nacional y en igual condición se encuentran – sin que ello implique valoración de esos contratos- aquellos concesionarios oportunamente autorizados por el SNE para realizar esa actividad <en capacidad limitada>. En todo caso, aún subsiste para el particular interesado en este tipo de actividad, la posibilidad de acudir a la Asamblea Legislativa a solicitar la concesión de su interés y corresponderá a ella establecer la oportunidad en la regulación de la materia, sin que ello pueda hacerlo válidamente el operador jurídico ni el Poder Ejecutivo a través de su potestad reglamentaria." (En igual sentido, puede consultarse la número 2001-6669, de las catorce horas cincuenta y seis minutos del once de julio del dos mil uno.)

En virtud de lo anterior, ese Alto Tribunal señaló que para la explotación racional del patrimonio de la Nación, se requiere de una ley marco reguladora del proceso, a través de concesiones, sea por las instituciones del Estado (por ejemplo, del Instituto Costarricense de Electricidad en relación con la explotación del recurso hídrico), o por los administrados (como lo es la contratación de la generación eléctrica), normativa que debe contener regulaciones claras y concretas sobre los requisitos para el concesionario, obligaciones, afectaciones, etc. Así, al tenor del mandato constitucional enunciado, se requiere una legislación especial que regule la situación, a efecto de permitir a los particulares (administrados) la participación, en este caso, en la actividad de la generación de energía eléctrica, a través de la respectiva concesión, o en su defecto, a través de acto expreso de la Asamblea Legislativa. Consecuentemente, si no existe esa regulación de orden legal -en los términos exigidos en la norma constitucional de referencia-, resulta imposible para la Administración, el reconocimiento en tal sentido, so quiebra grave del principio de legalidad. En el caso de nuestro país, conforme a la previsión del Decreto-Ley 449, del ocho de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, de la Junta Fundadora de la Segunda República, se le encomendó al Instituto Costarricense de Electricidad "el desarrollo racional de las fuentes de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos", según reza su numeral 1; actividad que ha venido ejerciendo de manera prevalente sobre la base de aquella regulación, en tanto la participación de los particulares, según se ha enunciado, está condicionada a los presupuestos y condicionamientos establecidos en una ley marco, como manda la norma constitucional comentada. Este ordenamiento en la actualidad está residenciado, en primer lugar en la Ley 7200, del veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa, vigente a partir del dieciocho de octubre de ese mismo año, que regula un tipo particular de generación, en tanto, como su nombre lo indica, autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, que es la producida por "centrales eléctricas de capacidad limitada, pertenecientes a empresas privadas o cooperativas que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional" (artículo 1); siendo el destino de esta energía -que no es para autoconsumo- para la compra -en exclusiva- por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, en los términos previstos de manera expresa en el artículo 3, actividad que se declara de interés público, como lo indicó de manera expresa la propia Sala Constitucional en sentencia número 6556-95, de las diecisiete horas veinticuatro minutos del veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, cuando se refirió al objeto o finalidad de esta Ley, y de manera indirecta, en sentencia número 2008-14922, de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del ocho de octubre del dos mil ocho, al concluir que:

"Para que la energía generada por los empresarios privados pueda ser comercializada directamente, se requiere un cambio de la legislación nacional. Ello en el tanto en que los generadores privados deben sujetarse a las disposiciones que regulan las concesiones de servicio y de uso de dominio público de que disponen. En el ordenamiento jurídico costarricense no existe ninguna regulación legal que otorgue la concesión para producir energía y explotar las aguas públicas para una venta a terceros, distintos del ICE." En igual sentido también se ha manifestado el ámbito administrativo de nuestro país, concretamente la Procuraduría General de la República en diversos dictámenes, así por ejemplo en los dictámenes 293-2006, C-445-2007 y C-448-2007. Nótese además, en el numeral 6 de la Ley 7200 en comentario, condiciona el otorgamiento de la respectiva concesión para explotar centrales de limitada capacidad -que no sobrepasen los veinte mil kilovatios (20.000kW), según define el artículo 2-, a "una declaratoria de elegibilidad otorgada por el Instituto Costarricense de Electricidad"; estableciendo como condicionante a esa entidad para otorgar esa elegibilidad, que "la potencia, por concepto de generación paralela, no llegue a constituir más del quince por ciento (15%) de la potencia en conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional" (artículo 7). Es así como la actividad de compra de energía a particulares se califica en la ley como de actividad ordinaria (artículo 13), lo que debe hacerse a través de contratos (de compraventa) y que debe refrendar a la ARESEP. Se entiende que la participación de otros operadores en el mercado nacional para la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica está regulada en cuerpos normativos diversos a la Ley 7200, así por ejemplo la Ley número 8345, del veintiséis de febrero del dos mil tres, que regula la Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, vigente a partir del veinticinco de marzo siguiente a su aprobación. En éste cuerpo normativo, expresamente se establece el marco regulatorio para el otorgamiento de las concesiones "a) ... para el aprovechamiento de las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público del territorio nacional, al amparo de lo dispuesto en el inciso 14) del Artículo 121 de la Constitución Política, a las asociaciones cooperativas de electrificación rural, a consorcios formados por éstas y a las empresas de servicios públicos municipales; b) la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica por parte de los sujetos indicados en el inciso anterior, utilizando los recursos energéticos renovables en el territorio nacional, al amparo de la Ley No. 7593, de 9 de agosto de 1996." (Artículo 1).

Como se observa, esta regulación es especial, en tanto está referida a un ámbito particular -el local o rural-, diversa de la anteriormente comentada; siendo que incluso en su artículo 9, se faculta a las asociaciones cooperativas y/o empresas de servicios públicos municipales amparados a esta Ley (8345) de "disponer la venta del excedente de energía eléctrica al ICE o entre sí mismas." El órgano encargado del otorgamiento de estas concesiones es el Ministerio de Ambiente y Energía, cuando la producción no exceda de sesenta megavatios, dado que caso en que ello se de, le corresponde a la Asamblea Legislativa su otorgamiento (artículo 11). Consecuentemente, no existe regulación legal en nuestro país en relación a la generación de energía eléctrica de particulares para la venta a terceros, en los términos en que lo pide la sociedad actora en su demanda, esto es, sobre la base de la Ley 7200, dado que las fases de transmisión, distribución y comercialización la realizan el Instituto Costarricense de Electricidad y la participación de particulares está circunscrita al ámbito rural o municipal, residenciado en empresas y/o cooperativas de electrificación rural -tales como la Cooperativa de Electricidad Rural de Alfaro Ruiz, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R.L.; Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica, R.L.; Empresa de Servicio Público de Heredia (ESPH); Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC)-, conforme lo regula y autoriza la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, número 8345, supra citada. Téngase además en consideración que la red costarricense está a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad, quien asume la responsabilidad última por el servicio de electricidad prestado en el país, con salvedades ya indicadas de las cooperativas rurales o empresas municipales de electrificación. Nótese además, que tratándose del aprovechamiento o explotación de aguas del dominio público para la generación de energía eléctrica, es que el otorgamiento de estas concesiones está condicionada a que el Ministerio de Ambiente y Energía previamente les haya dado la correspondiente concesión, que actualmente se regula con la Ley Marco de la Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Eléctrica, número 8723, del veintidós de abril del año dos mil nueve, vigente a partir del quince de mayo siguiente a su adopción, se insiste, lo anterior en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 121 inciso 14) punto a) y que desarrolla la citada ley en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 1.- Objeto de esta Ley.

La presente Ley establece el marco regulatorio para otorgar concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público del territorio nacional, al amparo de lo dispuesto en el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política para la generación hidroeléctrica." "ARTÍCULO 2.-Autorización para otorgar las concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica.

Autorízase al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), para que otorgue o deniegue, por acto administrativo, las concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica, según se indica a continuación.

Para el capítulo I de la Ley Nº 7200, las concesiones de fuerza hidráulica se otorgarán dentro del límite que indica su artículo 5, es decir, hasta veinte mil kilovatios (20.000 Kw) y hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional.

Para el capítulo II de la Ley Nº 7200, las concesiones de fuerza hidráulica se otorgarán dentro del límite que indica su artículo 20, es decir, hasta cincuenta mil kilovatios (50.000 Kw) y hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional, adicional al del párrafo anterior.

Más allá de estos límites, le corresponde a la Asamblea Legislativa otorgar la concesión. Se exceptúan de estos límites, las concesiones solicitadas para el autoconsumo.

El aprovechamiento de la fuerza hidráulica para la generación hidroeléctrica deberá realizarse conforme al Plan nacional hídrico, respetando la prioridad del agua para el consumo humano." Segundo: De la conceptualización de la generación eléctrica como servicio público: Asimismo, como elemento también esencial que incide en esta actividad, debe considerarse que en nuestro ordenamiento, la generación eléctrica es un servicio público, en los términos establecidos en el artículo 5 inciso a) de la Ley 7593. Nótese que esta disposición no distingue la fuente de obtención de la energía, por lo que en estos términos, es servicio público la generación de energía eléctrica, independientemente de que se obtenga de las fuerzas de las aguas, de hidrocarburos, de desechos orgánicos, o la energía aeólica, etc. Esta condición hace por sí mismo que su ejercicio esté sujeto a regulaciones del Derecho Administrativo, tanto en lo atinente al sujeto encargado de la materia y el fin -por reserva legal, como expresión del principio de regulación mínima establecido en el numeral 12 de la Ley General de la Administración Pública-, como en lo que refiere a los principios que lo rigen -continuidad, eficiencia, adaptación al cambio e igualdad (artículo 4 de la citada Ley General, número 6227)-; y su desarrollo, a través de concesión tanto de entes públicos como de particulares, conforme a las previsiones establecidas en la ley marco, máxime como en este caso, cuando se trata de la explotación de un bien de la Nación. Es decir, su ejercicio no es libre, en un doble sentido, en tanto no puede ser realizada por cualquier persona, en virtud de la autonomía de su voluntad, sino que requiere de un título habilitante para que pueda participar de ella, sea, generar energía; y además, necesariamente se sujeta el desarrollo de esta actividad a las disposiciones legales que regulan la prestación de los servicios públicos en general y la generación eléctrica en particular, en las comentadas Leyes 8723, 7200 y 7593 y reglamentarias (tal como el Reglamento al Capítulo II de la Ley 7200, Decreto Ejecutivo número 24866, del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cinco). En razón de lo anterior, se configura en un régimen de sujeción especial de los concesionarios en su relación con la Administración, al tenor del cual, se reconocen facultades especiales al órgano encargado de la materia, en este caso a la ARESEP en virtud de la encomienda expresa dada en los numerales 5 de la Ley 7200 -por reforma dada con ocasión de la promulgación de la Ley 7593, en tanto transformó el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y con ello, todas las competencias que otrora habían sido delegadas a aquella entidad, a partir de esta nueva regulación se entiende las asume la nueva institución autónoma-, y 9 párrafo final de la citada Ley 7593. Así, le corresponde a la ARESEP la competencia para otorgar, modificar, traspasar, declarar caduca o revocar una concesión; todo lo anterior, con sujeción estricta al bloque de legalidad, en los términos establecidos en la Ley General de la Administración Pública, sea con referencia en las fuentes escritas, comenzando con la Constitución Política (artículo 6), las fuentes no escritas (artículo 7) y por supuesto las reglas de la ciencia y de la técnica (artículos 16 y 158.3). (...)". (Sentencia N°127-2014-VI, el subrayado es nuestro).

A modo de síntesis, según se extrae de la cita anterior para el ejercicio de la generación privada de energía hidroeléctrica se requiere la concesión de la generación de energía extendida por el Ministerio del Ambiente y Energía, a lo que se agrega, que pese tratarse en el caso de los generadores eléctricos privados como la empresa actora, de proveedores del ICE, por disposición de ley se les considera prestatarios de un servicio público, que no al público, que es cosa diversa. En este sentido resulta importante que lo que debería de entenderse técnicamente como un servicio en este caso lo es la generación de energía para el ICE exclusivamente, en la medida que legalmente sólo puede ser comercializada con él. Además, se requiere de la declaratoria de elegibilidad otorgada por el ICE, la concesión de explotación de centrales eléctricas expedida por Aresep y el contrato para compra venta energía eléctrica suscrito con el ICE previo procedimiento de licitación pública o conclusión del trámite de una solicitud individual ante Aresep para que el generador privado pueda suministrar la energía eléctrica. Para los casos de solicitud individual el procedimiento exige la declaratoria de elegibilidad del ICE y la aprobación de un estudio de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Otro elemento importante, resulta ser la figura de un comprador único que es el ICE para captar la energía eléctrica producida por los generadores privados, mediante concesiones, contratos y tarifas establecidos o aprobados por la Aresep. Se enfatiza que la generación privada de energía hidroeléctrica para su venta al ICE, se trata de un servicio público y esta sometido a la regulación en materia de precios y calidad. Cabe señalar que compete a la Aresep refrendar los contratos suscritos entre el ICE y los generadores privados, de tal manera que la actividad de generación se rige por regulaciones normativas y no únicamente contractuales. Luego y sobre el procedimiento de elegibilidad que descansa en el ICE, resulta relevante que a dicha empresa estatal se le impuso por ley tomar como parámetro para adjudicar la elegibilidad en lo medular, solo la verificación sobre el porcentaje de producción eléctrica que estaría en capacidad de generar el postulante -lo que ocurre en tesis de principio- para que se ajuste a los parámetros de ley. De donde se excluyen otros factores que podrían tener incidencia en el modelo de negocio. Todo lo anterior, le permite a este Tribunal entender que el negocio de la venta de energía hidroeléctrica producida por generadores privados, presenta características particulares de concesión y contrato. De ahí que el generador privado ostente la doble condición de concesionario/contratista. Esto es así, porque para la venta de energía hidroeléctrica se requiere de concesión (Concesión de aprovechamiento de fuerzas hidráulicas -concesión de aguas - acto administrativo, emitido por el MINAET, por el cual se autoriza la utilización de las fuerzas hidráulicas para generación de electricidad y Concesión de servicio público de generación -concesión de generación - acto administrativo emitido por la Aresep, para la explotación de centrales eléctricas de limitada capacidad). Se impone por ley la obligación de suscribir un contrato para la compra de energía entre el productor privado con el ICE, cuyo tratamiento exige un análisis distinto y singular. Véase que por tratarse de una concesión de un servicio público han de aplicarle los principios orientadores a saber servicio al costo sujeto a la regulación de Aresep, continuidad, eficiencia, entre otros. Además, siendo que también se trata de una relación contractual con el ICE se debe garantizar los principios básicos de equilibrio financiero de la relación y buena fe en la ejecución del contrato. En el presente caso, se abordará el problema planteado desde este entendimiento del negocio de la venta de energía hidroeléctrica por generador privado, para enfatizar que su tratamiento y análisis es "sui géneris", que requiere de una comprensión distinta, muy propia de la especialidad técnica del caso, que se aleja de la regulación amplia y genérica de las concesiones o de los contratos para otros asuntos […].” IX [….] a) De la publicación del sistema de bandas : La metodología de bandas tarifarias para el sector industrial de energía hidroeléctrica se adopta por la Aresep a partir de la resolución RJD-152-2011 de las 14:15 del 10 de agosto del 2011, publicada en La Gaceta No. 168 del 1º de setiembre de 2011, al establecer la “Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas”, que contiene el mecanismo técnico (fórmula matemática) para calcular los límites inferior y superior de las bandas. Además, con la resolución N° RJD-161-2011 de las quince horas del 26 de octubre del 2011, se rectificó error material y se adicionó la resolución N°RJD-152-2011. De tal manera que no es ajustado a la realidad el argumento planteado por la actora, en el sentido que la metodología se crea a partir de la resolución N°796-RCR-2012 del 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta N° 92 de 14 de mayo de 2012, que contiene una actualización de los extremos o límites de las bandas. En este sentido, son hechos no controvertidos que la empresa actora firmó el contrato con el ICE el 26 de abril de 2012 y entró en operaciones hasta el 2 de junio de 2012, es decir ya estando vigente la metodología del sistema de bandas, publicado desde el 1° de setiembre de 2011, lo que impide acreditar la aplicación retroactiva de la norma alegada.

  • b)Sujetos para los que es aplicable la metodología: La resolución RJD-152-2011 se establece que los sujetos a los está dirigido la metodología del sistema de bandas son "todos aquellos generadores privados nuevos que al amparo de la Ley N°7200 firmen un contrato con el ICE y cuya fuente energética sea hidráulica" (página 56 de La Gaceta N°168-2011). Al respecto el artículo 1 de la Ley 7200 establece a quienes está dirigida esta normativa de la siguiente forma:

"Artículo 1 .- Definición. Para los efectos de esta Ley, se define la generación autónoma o paralela como la energía producida por centrales eléctricas de capacidad limitada, pertenecientes a empresas privadas o cooperativas que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional. / La energía eléctrica generada a partir del procesamiento de desechos sólidos municipales estará exenta de las disposiciones de la presente Ley y podrá ser adquirida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), conforme a las tarifas aprobadas por el Servicio Nacional de Electricidad (SNE)". (Énfasis suplido).

Es claro que la normativa anterior, está dirigida a las centrales eléctricas de capacidad limitada, también denominados generadores privados, con independencia del tipo de contrato/concesión obtenido para la producción y venta de energía. En el Reglamento al Capítulo I de la Ley 7200 Decreto Ejecutivo N°37124-MINAET, artículo 3 se contempla la participación de generadores privados por solicitud individual y por procedimientos de selección cuando existan varias plantas nuevas:

"Artículo 3.- Participación: Toda Empresa Privada o Cooperativa de Electrificación Rural interesada en participar en la actividad de la generación de electricidad autónoma o paralela para venta al ICE, deberá cumplir los requisitos estipulados en el Capítulo I de la Ley N° 7200 y sus reformas y suscribir un contrato de compra de energía siguiendo los procedimientos que para tal efecto establezca el ICE de conformidad con las disposiciones del presente reglamento. / El ICE está facultado para suscribir contratos destinados a la compra de energía eléctrica como parte de su actividad ordinaria, los cuales tendrán una vigencia máxima de veinte años. No obstante cuando existan dos o más empresas interesadas en establecer plantas nuevas, que cuenten con la elegibilidad vigente y que utilicen un mismo tipo de fuente primaria, el ICE deberá llevar a cabo procesos de selección que le permitan contratar directamente a aquellos proyectos que, en un plano de igualdad, mejor satisfagan el interés público. Los términos de referencia para la selección serán elaborados por el ICE y comunicados a los interesados al momento de realizar cada convocatoria." (Énfasis suplido).

Los numerales transcritos, permiten concluir que los generadores privados están sujetos a las disposiciones de la Ley 7200 sin distingo del tipo de trámite utilizado para obtener la condición de productor de energía eléctrica (el artículo 21 de la Ley 7200 que regula las compras por licitación no limita ni restringe las compras de energía sólo a este tipo de procedimiento). No es recibo el argumento de la empresa actora, referente a que el Decreto 37124-MINAET, constituye una reglamentación del Capítulo II de la Ley 7200, según la modificación por Ley 7508 y es concordante con la reglamentación interna del ICE para la selección de empresas por medio de concurso. Al contrario, el artículo 1 del Decreto 37124 específicamente dispone que regula los supuestos del Capítulo I de la Ley 7200:

"Artículo 1.- Objeto: El presente reglamento tiene por objeto regular el proceso de formalización de contratos de compra venta de energía y la actividad de generación eléctrica autónoma o paralela al amparo, de lo dispuesto en el Capítulo I de la Ley N° 7200 y sus reformas. El proceso contempla el establecimiento de los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de elegibilidades, selección de proyectos, formalización de contratos y las condiciones generales de los contratos." (Énfasis suplido) .

Valga aclarar que la Ley N°7508 "Reforma de Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela", publicada en La Gaceta N°104 del 31 de mayo de 1995, modifica la estructura de la Ley No. 7200 y la divide en Capítulos, siendo que el Capítulo I comprende del artículo 1 al 19, inclusive y se denomina "Generación Eléctrica Autónoma o Paralela" y a partir del artículo 20 se adiciona el Capítulo II "Compra de energía bajo el Régimen de Competencia" , en lo medular este segundo capítulo contempla los siguientes supuestos:

"Artículo 20 .- Autorización para compra de energía. Se autoriza al ICE para comprar energía eléctrica proveniente de centrales eléctricas de propiedad privada, hasta por un quince por ciento (15%) adicional al límite indicado en el artículo 7 de esta Ley. / Esa autorización es para adquirir energía de origen hidráulico, geotérmico, eólico y de cualquier otra fuente no convencional, en bloques de no más de cincuenta mil kilovatios (50.000 kw) de potencia máxima.

Artículo 21.- Compras por licitación. Las compras deberán efectuarse mediante el procedimiento de licitación pública, con competencia de precios de venta y evaluación de la capacidad técnica, económica y financiera, tanto del oferente como de las características de la fuente de energía ofrecida".

A partir de lo anterior, teniendo claridad de la normativa aplicable a la empresa actora, se acredita que ésta se sujetó voluntariamente a la Ley 7200 al suscribir con el ICE el "Contrato para la compra de ener­gía eléctrica al amparo del Capítulo I de la Ley 7200, Planta Hidroeléctrica Vara Blanca" el 26 de abril de 2012, que se encuentra vigente y cuyas cláusulas no fueron atacadas de nulidad en este proceso. En concreto, en la cláusula Vigésimo Primera se acordó que:

"Vigésimo Primera - Tarifas . La energía que reciba el ICE al amparo de este Contrato se cancelará con las tarifas que se establezcan de acuerdo con lo que determine la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, para la venta de energía por parte de Central Hidroeléctrica Vara Blanca S. A. al ICE. Para este Contrato se aplicará el tipo de tarifa que seleccione el Vendedor para cada año, dentro de las tarifas previstas en el pliego tarifario, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 5, el cual forma parte integral de este Contrato. / En caso que la ARESEP autorice una tarifa general para todas las plantas hidroeléctricas nuevas y que sea de aplicación para la C. H. Vara Blanca, S. A., las Partes convienen en realizar las modificaciones necesarias a este Contrato para ajustarse a las nuevas disposiciones”. (Énfasis suplido) .

Adicionalmente, el 18 de junio de 2012, el ICE y la empresa actora suscribieron el Addendum N° 1 al "Contrato para la compra-venta de energía Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A." y modificaron la cláusula vigésimo primera con la siguiente redacción:

"(...) Vigésimo Primera - Tarifas . La energía que reciba el ICE al amparo de este Contrato se cancelará con las tarifas y estructura tarifaria que se establezcan de acuerdo con lo que determine la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, con base en la 'Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas', aprobada mediante la Resolución RJD-152-2011 y sus modificaciones. En caso de que la ARESEP llegue a aprobar una nueva metodología para el cálculo y aplicación de las tarifas de generación privada para plantas hidroeléctricas nuevas en general, -o para el caso particular de Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., - la misma regirá desde el momento en que así lo disponga la resolución respectiva, sin necesidad de modificar el presente contrato. (...)". (Énfasis suplido) .

Se enfatiza que existió un acuerdo voluntario de la parte actora con el ICE para sujetarse a las tarifas establecidas por la Aresep, siendo que el Addendum suscrito con posterioridad no deja ninguna duda acerca de la sujeción a la metodología que adopte la Aresep y a sus modificaciones sin requerir posteriores ajustes al contrato. La parte actora externó libremente su voluntad de someterse a la metodología de la Aresep, entendida como la metodología o fórmulas técnicas para la fijación de la tarifa del sector industrial al que pertenece la actividad que desarrolla. Desde esta perspectiva, no se planteó ningún argumento relativo a vicios en el consentimiento que pudieran producir la nulidad de lo acordado contractualmente. Cabe destacar que la parte actora tampoco plantea ninguna pretensión de nulidad de las cláusulas del contrato ni del addendum. La empresa actora se limitó a cuestionar el refrendo otorgado por la Aresep, siendo que tal acto está cubierto por el instituto de la caducidad, según se dispuso en el considerando anterior, lo que impide el análisis de fondo en esta sentencia. En torno a la sujeción normativa y disposiciones tarifarias de la Aresep, cabe destacar que es evidente la existencia de una relación de sujeción especial, en virtud de las especiales características de servicio público que posee la relación contractual/concesionaria que la empresa actora como generador privado mantiene para venta de energía hidroeléctrica con el comprador único el ICE por disposición de ley. Tal condición, la obliga a sujetarse al ente regulador en materia de la fijación de precios de los servicios públicos de conformidad con los artículos 5 y 31 de la Ley 7593 e impide que se desapliquen las normas vigentes para el caso concreto. En este sentido, todo reclamo tendiente a que se mantenga la metodología aplicada inicialmente por la Aresep o una tarifa fijada, es abiertamente improcedente, ya que no existe un derecho amparado en el Ordenamiento Jurídico al mantenimiento de la tarifa o del método de cálculo por tratarse de un servicio público regulado, que impone el pago de un precio al costo y respetando el equilibrio financiero. El marco normativo en materia de fijación de precios del servicio público, exige que sean revisados y ajustados a la realidad sobre criterios fácticos, científicos o jurídicos en cumplimiento del interés público y en aplicación de los Principios de Inderogabilidad Singular de los Reglamentos e Igualdad, sin que la tarifa fijada y el método de cálculos puedan mantenerse estáticos en el tiempo. Por lo expuesto se rechaza el argumento planteado por la empresa actora […]

En criterio de este Tribunal la Aresep se encuentra facultada para elegir el método técnico para la fijación de un precio que garantice el servicio al costo y el equilibrio financiero del prestador del servicio público regulado. Se trata del ejercicio de una potestad discrecional técnica, sin que implique la delegación en otra institución pública del ejercicio de la competencia legal de fijación tarifaria, al amparo del artículo 31 de la Ley 7593. Es necesario destacar que el control del ejercicio de las potestades discrecionales, si bien es cierto no está vedado a esta jurisdicción, requiere que exista un pedimento expreso del administrado con el aporte de la prueba necesaria que demuestre el vicio en la razonabilidad, proporcionalidad, las reglas de la ciencia y técnica o de los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 del Código Procesal Contencioso Administrativo en relación con los numerales 15, 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública. Adicionalmente, se destaca que la misma Aresep al conocer las oposiciones de los interesados a la metodología de bandas planteada, contestó sobre la base del respeto al Principio de servicio al costo y equilibrio financiero, en lo medular se cita:

"(...) la ARESEP tiene amplias potestades para establecer y utilizar las metodologías que considere convenientes, en tanto se respete el principio de servicio al costo, no se atente contra el equilibrio financiero de los prestadores de los servicios públicos, sujetos a las regulaciones de la Ley Nº 7593 y, sean conformes con lo estipulado en el artículo 16 de la citada Ley General. Esas potestades incluyen la fijación de tarifas puntuales o bandas tarifarias. Téngase en cuenta que una banda tarifaria no es otra cosa que una secuencia posible de tarifas autorizadas. Se debe tener presente que es frecuente la fijación de tarifas mediante bandas por parte de los entes reguladores de servicios públicos en todo el mundo. (...)". (Resolución N°152-2011. Énfasis suplido).

En el particular, el sistema de bandas tarifarias escogido por Aresep y adoptado mediante las resoluciones N°152-2011, N°161-2011 y N°796-RCR-2012, se encuentra debidamente motivado en el marco normativo y en los estudios técnicos expuestos en el contenido de las resoluciones indicadas (véase el hecho probado número 16). Este Tribunal entiende que la metodología del sistema de bandas creada por Aresep lo es para todo el sector industrial de generadores privados de energía, con lo cual se suprime la fijación tarifaria individual para cada empresa vendedora y se sustituye por una variedad de tarifas promedio para el sector a escogencia del vendedor, esto es generador privado. Dicho sistema de bandas, corresponde al ejercicio de la potestad discrecional técnica de la Aresep, con amparo en la ley y bajo el fundamento de estudios técnicos contenidos en las resoluciones que le dan vigencia a la metodología, por ende la fijación tarifaria del sector se estima que es conforme a derecho.

  • b)Procedimiento para revisar la metodología: artículo 31 Ley 7593 . El numeral 31 de la Ley N°7593 concede a la Aresep la posibilidad de establecer la metodología que mejor se adapte al servicio público regulado para fijar la tarifa, pero también prevee la opción de considerar la situación particular de cada empresa si existe imposibilidad comprobada. Por resultar de plena aplicación se transcribe la norma indicada:

"Articulo 31.- Fijación de tarifas y precios . Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, la Autoridad Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el tamaño de las empresas prestadoras. En este último caso, se procurará fomentar la pequeña y la mediana empresa. Si existe imposibilidad comprobada para aplicar este procedimiento, se considerará la situación particular de cada empresa. / Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica definidos en el Plan nacional de desarrollo, deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos. No se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del servicio público. / La Autoridad Reguladora deberá aplicar modelos de ajuste anual de tarifas, en función de la modificación de variables externas a la administración de los prestadores de los servicios, tales como inflación, tipos de cambio, tasas de interés, precios de hidrocarburos, fijaciones salariales realizadas por el Poder Ejecutivo y cualquier otra variable que la Autoridad Reguladora considere pertinente. / De igual manera, al fijar las tarifas de los servicios públicos, se deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten aplicables:

  • a)Garantizar el equilibrio financiero.
  • b)El reconocimiento de los esquemas de costos de los distintos mecanismos de contratación de financiamiento de proyectos, sus formas especiales de pago y sus costos; efectivos; entre ellos, pero no limitados a esquemas tipo B: (construya y opere, o construya, opere y transfiera, BOO), así como arrendamientos operativos y/o arrendamientos financieros y cualesquiera otros que sean reglamentados.
  • c)La protección de los recursos hídricos, costos y servicios ambientales." (Énfasis suplido).

Según lo anterior, resulta jurídicamente viable para la Aresep escoger una metodología tarifaria para el sector industrial específico y a la vez, también es admisible que las empresas puedan solicitar una fijación tarifaria individual , en aquellos casos en los que se logre demostrar que existe algún tipo de imposibilidad comprobada para aplicar la metodología o tarifa del sector, todo lo cual sujeto a la prueba. En el caso concreto, la empresa actora reclama la negativa de la fijación tarifaria en aplicación de la metodología de la tasa de retorno vigente al momento del perfeccionamiento de la concesión de servicio público otorgada y su prolongación mediante la relación contractual con el ICE para garantizar el equilibrio financiero. También se alegó la negativa de ARESEP de analizar un solo costo de los reportes múltiples de inversión suministrados, auditados por contadores externos, los cuales han encontrado en todo momento una absoluta falta de análisis, siquiera preliminar, al alegar una supuesta obligación del ICE de renegociar la tarifa. Agrega que el ICE ha omitido adoptar todo tipo de medida paliativa a la ruinosa ecuación a que se enfrenta en estos momentos la actora, con una situación de quiebra financiera y la posibilidad de perder los bienes dados en garantía. Sostiene que producto de la falta de fijación de una tarifa equilibrada se la han provocado lesiones a los derechos patrimoniales y situaciones jurídicas consolidadas, que la situación financiera es insostenible, aminorada apenas por la circunstancia externa de haber conseguido la extensión del período de gracia hasta el 1 de setiembre de 2014, indica que los intereses generados deberán ser asumidos por el ICE, debido a la tarifa desajustada que paga. Los argumentos se rechazan por improcedentes. En primer lugar, la fijación tarifaria aplicando la metodología de tasa de retorno, carece de todo sustento fáctico y jurídico, dado que se trata de una fórmula utilizada por la Aresep para el establecimiento de la tarifa provisional, por ende con carácter temporal. Véase en este sentido, que la resolución N°341-RCR-2011 de las 14:58 horas del 21 de febrero de 2011 emitida por la ARESEP que autorizó la tarifa provisional, claramente dispuso un carácter temporal de la tarifa, en lo medular se cita:

"(...) I. Fijar para el servicio de generación de electricidad prestado por Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. para la venta al ICE, la tarifa de $0,0695/kWh (seis coma noventa y cinco centavos de dólar por kWh) (...) / III.- Indicarle a C.H. Vara Blanca S.A. que la tarifa tope autorizada y la estructura tarifaria estará vigente en el tanto la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no haya autorizado una tarifa general para todas las plantas hidroeléctricas similares a la C.H. Vara Blanca S.A., mediante la aplicación de un modelo de costos, estructuras productivas modelos o costos generales de referencia.(...)”. Publicada en La Gaceta N°44 del 3 de marzo de 2011 (Hecho probado N°8, énfasis suplido).

En el mismo sentido, la metodología de "Tasa de Retorno" y fijación individual de la tarifa se sustentó en el anterior Reglamento a Ley de la Generación Eléctrica Autónoma Paralela N° 20346-MIRENEM, decreto que fue derogado por el artículo 28 del Reglamento al Capítulo I de la Ley N° 7200 "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela", aprobado mediante decreto ejecutivo N° 37124 del 19 de marzo del 201, con lo cual resulta improcedente disponer de la aplicación de una norma derogada y no vigente. En relación con el argumento de la actora que reclama una negativa de Aresep de analizar las solicitudes planteadas y la información contable de los costos, no se demuestra la indicada negativa. Por el contrario, la Aresep sí dio respuesta escrita para la solicitud de fijación tarifaria de la empresa actora, así consta en la resolución N° 010-RIE-2013 de las 16 horas del 25 de enero de 2013 emitida por la Intendencia de Energía, que rechazó la solicitud de la empresa actora, por no estar sustentada en el modelo de precios vigentes y pretender una fijación particular, pero sin gestionar la revisión de la tarifa aplicable a todo el sector según los parámetros del modelo tarifario (hecho probado número 29). La Junta Directiva de Aresep confirmó lo actuado con la resolución N°RJD-116-2013 de las 14:20 horas del 16 de setiembre de 2013, agregando una falta de demostración del nexo causal entre las supuestas pérdidas alegadas y la conducta de Aresep, admitiendo la posibilidad de negociación entre las partes contratantes dentro de las bandas de referencia (hecho probado número 40). En criterio de este Tribunal, lo actuado se ampara en el artículo 31 de la Ley 7593 que admite la revisión excepcional de la metodología, en caso de comprobarse la existencia de imposibilidad para aplicar el procedimiento, para considerar la situación particular de cada empresa. En el caso de la empresa actora, la metodología del sistema de bandas impide la fijación de una tarifa individual, ya que establece límites tarifarios para toda la industrial y no para un sujeto particular, que no fueron cuestionados ni impugnados en la solicitud de la empresa actora. Conforme al artículo 31 de la Ley 7593, en caso que la empresa actora lograra acreditar una imposibilidad desde el punto de vista financiero del sector industria para establecer un sistema de bandas, solo en esa hipótesis estará facultada para gestionar la revisión de la metodología a partir de un estudio objetivo bajo los parámetros de servicio al costo y que se considere su caso específico. Sin embargo nada de ello se logró demostrar en este proceso ni se expuso desde esa línea análisis. Desde esta perspectiva la empresa actora no logra demostrar que la metodología del sistema de bandas se encuentre viciada. El argumento sobre la remisión de la Aresep para que se negocie con el ICE, carece del soporte necesario para viciar de nulidad absoluta el acto por los siguientes motivos. La Aresep plantea la alternativa de la negociación del precio con el ICE en términos facultativos sea opcionales y no obligatorios, así consta en la resolución de la Junta Directiva N°RJD-116-2013 que agota la vía administrativa hace mención a "la posibilidad de que las partes pacten contractualmente el precio de compra venta de energía eléctrica dentro de la banda tarifaria de referencia". Tal referencia, aunque pareciera no estar ajustada a la realidad del negocio de venta de energía eléctrica y a la particularidad del comprador único -el ICE que por políticas internas ha optado por pagar el extremo inferior de la banda sin que ello suponga infracción legal alguna-, no constituye vicio de nulidad de lo actuado, ya que el fundamento sobre el cual se sustenta el acto de rechazo de la solicitud de fijación tarifaria de la actora fue la desaplicación de la metodología vigente del sistema de bandas del sector industrial para pretender una tarifa individual, sin advertir algún tipo de imposibilidad del modelo autorizado. En este sentido, la conducta administrativa de la Aresep aquí cuestionada (que comprende desde la metodología hasta el rechazo de la solicitud de la actora), debe mantenerse en aplicación del Principio de Conservación del acto administrativo, establecido en el artículo 168 de la Ley General de la Administración Pública, en aras de garantizar la certeza jurídica y el fin público. En esta decisión se toma en cuenta, la relación sujeción especial de los generadores privados y el acuerdo voluntario suscrito por la parte actora para someterse a la regulación de la Aresep, así como la limitación que supone los argumentos y pretensiones deducidos en la presente demanda, que impiden al Tribunal fuera de los límites planteados por las partes, que no aborda la imposibilidad de aplicar la metodología del sistema de bandas elegida por Aresep ni se aporta prueba […].” ... Ver más Citas de Legislación y Doctrina Sentencias Relacionadas 2 Conocimiento ACTOR:

Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A.

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) e Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) VOTO No. 78-2016-IV TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las ocho horas veinte minutos del siete de setiembre del dos mil dieciséis.- Proceso de conocimiento declarado de puro derecho establecido por CENTRAL HIDROELÉCTRICA VARA BLANCA S.A., cédula de persona jurídica número CED87992 - - , representada por Nombre37408 , mayor, viudo, empresario, vecino de Alajuela, cédula de identidad CED87993 - - , en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma; contra INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (en adelante por sus siglas ICE), representado por su Apoderada General Judicial María Gabriela Sánchez Rodríguez, cédula de identidad número CED32346 - - y contra AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (en adelante por sus siglas Aresep), representada por su Apoderada General Judicial Viviana Lizano Ramírez, cédula de identidad CED1446 - - . Figura como apoderado especial judicial de la parte actora el doctor Rodolfo Saborío Valverde, cédula de identidad número CED30306 - - .

RESULTANDO

1.- En fecha 17 de junio del 2014, la empresa actora formuló la demanda para que en sentencia se acojan las pretensiones que fueron ratificadas en la audiencia preliminar de la siguiente manera: "1) Que la Nombre628 se encuentra obligada por la Ley 7593 de 9 de agosto de 1996, la Ley 7200 de 28 de setiembre de 1990 y el Decreto Ejecutivo 20346-MIRENEM de 21 de marzo de 1991, vigente al momento de perfeccionarse la concesión de servicio público de generación de electricidad y el contrato de venta de electricidad con el ICE, a fijar una tarifa para la compra de energía entregada por Nombre111320 al ICE, en aplicación del método de tasa de retorno, esto es, que además de establecerse una tarifa que reconozca la inversión realizada, debe contemplarse la utilidad razonable para el sector. / 2) Que las actuaciones administrativas adoptadas por la Nombre628 con desconocimiento de las disposiciones legales reseñadas en la pretensión anterior, incurren en infracción sustancial del ordenamiento jurídico y que por tanto son absolutamente nulas las siguientes actuaciones: a) Resolución 796-RCR-2012 de 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta 92 de 14 de mayo de 2012; b) Resolución RRG-162-2012 de 28 de mayo de 2012; c) Resolución RJD-060-2012 de 7 de junio de 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 dictada por el Comité de Regulación el 14 de junio de 2012; e) Resolución RJD-142-2012 de 8 de noviembre de 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 de 25 de enero de 2013 del Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 de 22 de febrero de 2013 de la Intendencia de Energía; h) Resolución RJD-116-2013 de 16 de setiembre de 2013 de la Junta Directiva. / 3) Que la Nombre628 es responsable, en aplicación de los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública de todos los daños patrimoniales causados a Nombre111320 por la omisión del cumplimiento de sus deberes y por las actuaciones absolutamente nulas declaradas así en el presente proceso, sumas las cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. En caso que al momento del dictado de la sentencia la situación financiera de Nombre111320 se haya tornado insostenible y eso haya llevado a la ejecución de las garantías bancarias que pesan sobre el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, solicitamos que en sentencia se declare a la Nombre628 responsable por la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. / 4) Para los efectos de los artículos 199 y 200 de la Ley General de la Administración Pública, solicitamos que la sentencia que declare la nulidad absoluta de las actuaciones administrativas de la Nombre628 impugnadas, esto es: a) Resolución 796-RCR-2012 de 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta 92 de 14 de mayo de 2012; b) Resolución RRG-162-2012 de 28 de mayo de 2012; c) Resolución RJD-060-2012 de 7 de junio de 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 dictada por el Comité de Regulación el 14 de junio de 2012; e) Resolución RJD-142-2012 de 8 de noviembre de 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 de 25 de enero de 2013 del Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 de 22 de febrero de 2013 de la Intendencia de Energía; y h) Resolución RJD-116-2013 de 16 de setiembre de 2013 de la Junta Directiva, contenga una declaración expresa de que dichos actos administrativos son manifiestamente ilegales y por tanto generadores de las responsabilidades definidas por dichos numerales. / 5) Solicitamos se declare que el Nombre9574 debe reconocer a Nombre111320 las diferencias entre las tarifas pagadas a partir de la entrada en operación del Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca el 2 de junio de 2012 y la nueva fijación tarifaria efectuada por la Nombre628 con ocasión de la obligación declarada en este proceso, con el reconocimiento de los inte­reses legales computados a partir de cada uno de los pagos mensuales efectuados, todo lo cual se liquidará en ejecución de sentencia. Sobre esta obligación, solicitamos se declare que la Nombre628 es subsidiariamente responsable del pago de estas diferencias. / 6) Pretensión subsidiaria: En caso que en sentencia se considere que la Nombre628 tiene apoyo en el ordenamiento jurídico al sostener que corresponde al Nombre9574 negociar el ajuste de la tarifa a pagar a Nombre111320 por la electricidad generada en el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, solicitamos se declare en sentencia la obligación del Nombre9574 de proceder de inmediato a negociar con Nombre111320 la fijación de una tarifa en aplicación del método de tasa de retorno, esto es, que además de establecerse una tarifa que reconozca la inversión realizada, debe contemplarse la utilidad razonable para el sector. En este supuesto, el Nombre9574 deberá reconocer a Nombre111320 las diferencias entre las tarifas pagadas a partir de la entrada en operación del Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca el 2 de junio de 2012 y la nueva fijación tarifaria acordada con ocasión de la obligación declarada en este proceso, con el reconocimiento de los inte­reses legales computados a partir de cada uno de los pagos mensuales efectuados, todo lo cual se liquidará en ejecución de sentencia. En caso que al momento del dictado de la sentencia el desequilibrio financiero ocasionado por la no actualización de las tarifas haya provocado la ejecución de las garantías bancarias que pesan sobre el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, solicitamos que en sentencia se declare al Nombre9574 responsable por la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia". (Demanda de folios 455 y 456, minuta de folios 657 y 658 del expediente principal).

2.- La representación del Nombre9574 contestó de forma negativa la demanda y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad causam pasiva. Solicitó declarar sin lugar la demanda con condenatoria en costas (folios 472 a 485).- 3.- La representación del Nombre628 contestó de forma negativa la demanda y opuso las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación ad causam pasiva. Solicitó declarar sin lugar la demanda con condenatoria en costas. En la Audiencia Preliminar interpuso la defensa previa de caducidad. (Folios 526 a 582, minuta de folios 657 y 658 del expediente principal).- 4.- La audiencia preliminar se realizó a las 8:30 horas del 26 de noviembre del 2014, con asistencia de todas las partes y bajo la conducción de la jueza de trámite Licenciada Laura Gómez Chacón. La pretensión se definió en los términos del primer resultando de este fallo. Se reservó la caducidad opuesta por la Nombre628 para el dictado de la sentencia por no estimarse evidente y manifiesta. Se determinaron los hechos controvertidos y no controvertidos de relevancia para la resolución del caso y se admitió la prueba correspondiente. Al no haber otra prueba que evacuar distinta de la documental, se declaró el proceso con trámite de conformidad con el artículo 98 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo y se confirió oportunidad a las partes para que rindieran sus conclusiones (audiencia grabada y que consta adjunta al expediente en su correspondiente soporte electrónico; minuta a folios 657 a 664).- 5.- El expediente fue turnado a esta Sección Cuarta y por auto de las ocho horas del seis de julio de 2015 se ordenó prueba para mejor resolver consistente en un perito financiero contable (folio 667).- 6.- Que el perito nombrado, Nombre111321 , contador público autorizado, rindió el informe en memorial presentado el 4 de marzo de 2016.

7.- Que por auto de las nueve horas del once de marzo de 2016 este Tribunal convocó a las partes a la audiencia oral para la evacuación de la prueba pericial.

8.- Que a las ocho horas treinta minutos del tres de junio de 2016 se realizó la audiencia oral de evacuación de prueba pericial y las partes ampliaron las conclusiones en relación con la indicada prueba.

9.- Que en los procedimientos no se han observado nulidades que deban ser declaradas, y/o vicios que hayan de ser subsanados. Se deja constancia de la complejidad técnica de este proceso, así como el considerable volumen de probanzas compuestas por expedientes administrativos en formatos digitales y físicos, también de la cantidad de partes actuantes y del espacio obligatorio para la digitalización del expediente judicial y su incorporación en el sistema electrónico del Poder Judicial, que constituyen los motivos que impusieron el requerimiento de un mayor plazo, pero absolutamente razonable para el dictado de la sentencia escrita, a efecto de incorporar el análisis pormenorizado de todos los argumentos presentados .- Redacta la Jueza Reyes Castillo;

CONSIDERANDO:

I.- Hechos probados. De relevancia para efectos del presente proceso se tienen como hechos demostrados que de seguido se indican, con la aclaración que por motivos de orden y claridad la cita de la prueba documental corresponderá -en primer plano- al expediente judicial, por tratarse de prueba admitida en su totalidad durante la audiencia preliminar y resultar coincidente con los expedientes administrativos aportados por las demandadas en versiones impresas y digitales, los que serán citados en forma oportuna: 1.- Que mediante resolución N°2357-2008-SETENA de las 8:35 horas del 25 de agosto de 2008 la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones otorgó la viabilidad ambiental al proyecto hidroeléctrico de la aquí actora, siendo que en lo medular se dispuso: "Por tanto la Comisión Plenaria resuelve: En sesión Ordinaria N° 0128-2008 de esta Secretaría, realizada el 21 de agosto del 2008, en el Artículo N° 03 acuerda: PRIMERO: Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y su correspondiente Anexo, sometido a evaluación por el desarrollador. / SEGUNDO: Aprobar la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales presentada por el desarrollador. / TERCERO: Ordenar a la sociedad Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., propietaria del proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, expediente administrativo N°1185-2007-SETENA a depositar el monto de garantía ambiental por la suma de $75 600,00 (setenta y cinco mil seiscientos dólares o su equivalente en colones) (...) / SEXTO: Comunicar al interesado que, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, se ha cumplido con el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto que tiene las siguientes características: / Nombre Proyecto: Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca S.A., N° Exp. 1185-2007-SETENA, Propietario: Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., Ubicación: Provincia: Heredia, Cantón: Heredia, Distrito: Vara Blanca, Hoja Cartográfica: Póas, Esc: 1: 50.000, Coordenadas: Dirección13246 / . / N° de Plano Catastrado: H-0765701-02, H-0636782-00 / Número de finca: 4-046300-000, 4-143818 000 / Área del proyecto: 94ha 6972,81m2, 567.296,86 m2 / Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción y operación de una planta hidroeléctrica para la generación de 2.150 kw de energía, aprovechando 2,2 m3/s de las aguas del río San Rafael sobre la cota 1 497 msnm, con una caída total de 113 m, con restitución de las aguas aprovechadas sobre el río Sarapiquí, aproximadamente uno 200 m antes de la confluencia con el río San Rafael. Esta producción eléctrica se realizará según modalidad de presa a filo de agua y no requerirá de embalse de regulación. Una vez producida la energía, la misma será dispuesta en el sistema de interconexión eléctrica nacional para cubrir para de la demanda nacional. Para la construcción de este proyecto será necesario la utilización y rehabilitación de caminos hacia el sitio de presa y alguno tramos de la tubería a presión. (...) Por lo que se le otorga la viabilidad ambiental al proyecto, quedando abierta la etapa de Gestión Ambiental y en el entendido de cumplir con la Cláusula de Compromiso Ambiental fundamental, indicado en el Considerando Tercero anterior. / (...) / OCTAVO: La vigencia de esta viabilidad será por un período de dos años para el inicio de las obras. En caso de no iniciarse las obras en el tiempo establecido, se procederá a aplicar lo establecido en la legislación vigente (...)". La comunicación a la aquí actora se realizó a las 11:20 horas del 27 de agosto de 2008. (Resolución visible a folios 1 a 6 del expediente principal). 2.- Que mediante resolución N°086-2010-SETENA de las 8:20 horas del 13 de enero de 2010 de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones aprobó la modificación del proyecto hidroeléctrico de la actora en el siguiente sentido: "(...) Por tanto la Comisión Plenaria resuelve: En sesión Ordinaria N° 003-2010 de esta Secretaría, realizada el 12 de enero del 2010, en el artículo N°07 acuerda: / PRIMERO: Aprobar la solicitud de acogimiento de manera voluntaria al Decreto N°33959-MINAE, 'Manual de Instrumentos Técnicos para la (sic) Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte V', del 14 de agosto del 2007. / SEGUNDO: Autorizar la modificación del proyecto PH Vara Blanca, Expediente Administrativo N°D1-1185-2007-SETENA, avalando lo siguiente: / 1. Traslado de la casa máquinas y el sitio de presa, con lo cual se incrementa la generación, pasando de 2,2 MW a 2,65 MW. / 2. Incremento de la longitud de la tubería ya sea de conducción o forzada, pasando de 1500 m a 1950 m. / 3. Utilización de explosivos dentro del área del proyecto. / 4. Construcción de puentes sobre la línea de conducción, dada la interrupción de las vías de comunicación públicas debiendo utilizarse un campamento dentro de la zona de la Central Hidroeléctrica Suerkata para su habitación. / (...) / CUARTO: Recordar al desarrollador que la modificación solo incluye lo mencionado en el Por tanto Segundo de la presente Resolución, pero se mantienen todos los parámetros acordados dentro del Expediente Administrativo N°D1-1185-2007-SETENA, incluyendo los compromisos ambientales ya establecidos y los adquiridos en la nueva Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (...)". La indicada resolución se comunicó a la actora a las 14:50 horas del 14 de enero de 2010 (folios 8 a 13 del expediente principal). 3.- Que por resolución N° R-0298-2010-AGUAS-MINAET de las 15:28 horas del 9 de abril de 2010 dictada por la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones se otorgó concesión de aprovechamiento de aguas por el plazo de veinte años a la aquí actora con las siguientes especificaciones: "(...) Por tanto el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones resuelve: Otorgar concesión de aprovechamiento de aguas, a nombre de Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., cédula jurídica CED771, representada por el señor Nombre37408 , CED87994, por un plazo de veinte años, para utilizar el siguiente caudal mensual y bajo las demás condiciones, cuyo incumplimiento darán lugar a la cancelación de la concesión. / Fuente: Río San Rafael / (...) / I. Potencia teórica: 2805,666 kw / II. Energía estimada en kilovatios hora: 14350000,00 / III. Eficiencia estimada en el turbogenerador: 91% / IV. Se captará en propiedad del solicitante / V. Deberá garantizar escurrir en la toma un caudal de rebose de 9,06 litros por segundo. / VI. Obra calibradora: Deberá presentar al Departamento de Aguas en un plazo de dos meses a partir de notificada la presente resolución, el diseño con memoria de cálculo y los planos respectivos de la obra civil que garantice que tomará únicamente el caudal concesionado, para su evaluación y aprobación por parte de la Dirección de Aguas. / VII. Deberá instalar una obra disipadora de energía en el punto de desfogue del caudal de generación. (...)". (Resolución visible a folios 15 a 19 del expediente principal). 4.- Que el 19 de mayo de 2010 la empresa actora presentó ante el Nombre9574 la solicitud de elegibilidad para el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca 2500 kw conforme a lo establecido en la Ley 7200 y su Reglamento, con el que actualizó la elegibilidad otorgada por acuerdo del Consejo Directivo del Nombre9574 en la sesión N°5123 celebrada el 26 de octubre de 1999 vencido. Se aportó el estudio de factibilidad para la reapertura de la elegibilidad preparado por el ingeniero Estaban Lara Erramouspe que contiene la descripción general, detalle de obras a construir, generación e ingresos y cálculo económico del proyecto (folios 21 a 62 del expediente principal y folios 279 a 374 expediente administrativo Nombre9574 "Centro Nacional Control Energía -CENCE-" ). 5.- Que por resolución N° RJD-026-2010 de las 14 horas del 27 de octubre de 2010 emitida por la Junta Directiva de la Nombre628 resolvió: "Por tanto (...) I. Otorgar concesión de servicio público de generación de energía eléctrica a Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., por 20 MW, como máximo, para venta al Instituto Costarricense de Electricidad. II. La concesión se regirá por los siguientes términos y condiciones: Primero: El plazo de la concesión que en este acto se otorga, es de 20 (veinte) años, contados a partir del 27 de octubre de 2010. / Segundo: No se podrá prestar el servicio, si la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no tiene fijados los precios o las tarifas correspondientes. / Tercero: La solicitud de renovación de la concesión que en este acto se otorga, debe ser presentada a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, al menos seis meses antes de su vencimiento. / Cuarto: La concesionaria debe pagar el canon de regulación establecido por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y mantenerse al día. La falta de pago de dicho canon, dará lugar a las sanciones establecidas en la Ley 7593 y sus reformas. / Quinto: La concesionaria debe cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 7593 y sus reformas y la normativa sobre calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio, que emita la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. / Sexto: Serán causales de extinción de la concesión que en este acto se otorga, las siguientes: (a) Generar más energía que la autorizada; (b) Vender o entregar energía eléctrica a persona distinta al Instituto Costarricense de Electricidad; (c) Traspasar la concesión, total o parcialmente, sin previo (sic) autorización de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. / Sétimo: Serán causales de caducidad de la concesión que este acto se otorga, las siguientes: (a) La renuncia del concesionario, sin perjuicio de las responsabilidades que le quepan; (b) Fuerza mayor o caso fortuito, que alteren las condiciones de la concesión; (c) La disposición expresa de la Asamblea Legislativa, de conformidad con lo establecido en el inciso c) del artículo 15 de la Ley 7593 y sus reformas y; (ch) El incumplimiento de las disposiciones que en materia de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio y, respecto (sic) de tarifas que dicta la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. / Octavo: Serán causales para dar revocación de la concesión que en este acto se otorga, las establecidas en los artículos 38, 39 y 41 de la Ley 7593 y sus reformas. (...)". (Folios 58 a 62 del expediente principal, el subrayado es nuestro). 6. Que con fecha 11 de noviembre de 2010 la empresa actora presentó ante la Nombre628 una solicitud individual de tarifa de US14,90 c/kWh (catorce con noventa centavos de dólar por kilovatio hora), aportó estimaciones de flujo y costos, estudio tarifario conforme a la metodología publicada y estados financieros de la empresa (folios 64 a 79 del expediente principal y folios 1 a 50 expediente administrativo digital de Nombre628 N°ET-185-2010). 7.- Que el 24 de enero de 2011 por oficio N° 0690-24-2011 emitido por el Departamento de Gestión de Contratos del Nombre9574 acordó: "(...) Aprobar la solicitud de elegibilidad presentada por el Nombre37408 , en calidad de Presidente de la empresa Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. para desarrollo del P.H. Vara Blanca de 2.5. MW de capacidad. Lo anterior considerando que de acuerdo con los análisis realizados por las dependencia técnicas, proyecto en cuestión cumple con los requisitos legales, técnicos y financieros establecidos en la Ley 7200 y su Reglamento. / La aprobación de esta solicitud de elegibilidad sólo constituye una expectativa de derecho y tendrá vigencia de un año a partir de la fecha de esta aprobación. / (...) esta aprobación de elegibilidad estará vigentes hasta el 05 de enero de 2012" (folios 81 y 82 del expediente principal y folio 280 expediente administrativo del Nombre9574 -CENCE- Tomo I). 8.- Que por resolución N°341-RCR-2011 de las 14:58 horas del 21 de febrero de 2011 emitida por la Nombre628 se conoció petición tarifaria presentada por la empresa actora para el servicio de generación de electricidad para venta al Nombre9574 y se dispuso en lo medular: "(...) I. Fijar para el servicio de generación de electricidad prestado por Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. para la venta al ICE, la tarifa de $0,0695/kWh (seis coma noventa y cinco centavos de dólar por kWh) (...) / III.- Indicarle a C.H. Vara Blanca S.A. que la tarifa tope autorizada y la estructura tarifaria estará vigente en el tanto la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no haya autorizado una tarifa general para todas las plantas hidroeléctricas similares a la Nombre111322. ., mediante la aplicación de un modelo de costos, estructuras productivas modelos o costos generales de referencia. / IV.- Indicar a C. H. Vara Blanca, S. A. que debe presentar una solicitud tarifaria una vez que el proyecto haya realizado las inversiones mencionadas en este estudio y se encuentre en operación, si a la fecha no existe una tarifa de referencia, tal y como lo establece el punto anterior (...)”. Publicada en La Gaceta N°44 del 3 de marzo de 2011 (folios 84 a 86 del expediente principal y folios 436 a 441 expediente administrativo digital Nombre628 N° ET-185-2010). 9.- Que el 31 de marzo de 2011 la empresa actora en conjunto con la empresa Suerkata S.R.L., suscribieron el contrato de fideicomiso de garantía sobre el inmueble matrícula Placa19729 donde se ubica el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca (folios 88 a 104). 10.- Que el 4 de julio de 2011 la empresa actora presentó ante el Nombre9574 estudio actualizado de factibilidad para obtener la aprobación de viabilidad para el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca (folios 106 a 145 expediente principal y folios 297 a 374 expediente administrativo ICE-CENCE). 11.- Que el 12 de octubre de 2011 la empresa actora presentó ante Nombre628 solicitud individual de tarifa según la metodología publicada en la Gaceta N°168 del primero de setiembre del 2011 y con una tarifa de $13,37 kWh (trece como treinta y siete centavos de dólar por kilovatio hora). (Folios 147 a 157 del expediente principal y folios 1 a 19 expediente administrativo digital de Nombre628 N°ET-162-2011). 12.- Que mediante oficio N°768-DEN-2011/74794 del 25 de octubre de 2011 la Dirección de Servicios de Energía de la Nombre628 contestó la solicitud de tarifa de la empresa actora y en lo que interesa dispuso: "(...) Ante lo anterior, la solicitud propuesta por su representada queda sin efecto, dado que en un primer orden, el Ente Regulador es el encargado de fijar la banda tarifaria, y en un segundo orden, a los interesados en llevar a cabo una nueva inversión en generación privada negociar con el Instituto Costarricense de Electricidad el precio por el kWh a vender y comprar respectivamente, bajo el marco de referencia (banda tarifaria) y en un tercer punto, a la Nombre628 refrendar el contrato suscrito entre las partes”. (Folio 159 expediente principal y folio 21 expediente administrativo digital de Nombre628 N°ET-162-2011). 13.- Que el 31 de octubre de 2011 la empresa actora interpuso recurso de apelación contra el oficio N°768-DEN-2011/74794 del 25 de octubre de 2011 la Dirección de Servicios de Energía de la Nombre628 (folios 161 a 164 del expediente principal y folios 24 a 29 expediente administrativo digital Nombre628 N°ET-162-2011). 14.- Que por oficio N°690-264-2011 del 24 de noviembre de 2011 el Nombre9574 otorga la viabilidad al proyecto hidroeléctrico de la actora y estableció que "Luego de la revisión técnica del Estudio de Viabilidad aportado para el P.H. Vara Blanca, le comunicamos que después de la revisión aportada para dicho estudio, el mismo se considera suficiente y aceptable para los efectos de emitir la aprobación que exige la Ley 7200 y su Reglamento (...)". (Folio 166 del expediente principal y folio 20 expediente administrativo ICE-UEN-CENPE). 15.- Que el 26 de abril de 2012 la empresa actora y el Nombre9574 suscribieron el "Contrato para la compra de ener­gía eléctrica al amparo del Capítulo I de la Ley 7200, Planta Hidroeléctrica Vara Blanca", en lo de interés se acordó: "(...) Segunda - Objeto. El presente Contrato tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales la empresa Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., en su calidad de Vendedor, le suministrará al Nombre9574 los excedentes de energía eléctrica que serán generados en la Planta denominada Vara Blanca, una vez satisfechas sus propias necesidades de energía, todo con fundamento en la Ley N°7200 sus reformas y reglamentos. Para todos los efectos, la Potencia Máxima Contratada es de 2 500 kw. El Nombre9574 adquirirá los excedentes de energía eléctrica que el Vendedor pueda suministrar, hasta por la Potencia Máxima Contratada. (...) / Vigésimo Primera - Tarifas. La energía que reciba el Nombre9574 al amparo de este Contrato se cancelará con las tarifas que se establezcan de acuerdo con lo que determine la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, para la venta de energía por parte de Central Hidroeléctrica Vara Blanca S. A. al ICE. Para este Contrato se aplicará el tipo de tarifa que seleccione el Vendedor para cada año, dentro de las tarifas previstas en el pliego tarifario, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 5, el cual forma parte integral de este Contrato. / En caso que la Nombre628 autorice una tarifa general para todas las plantas hidroeléctricas nuevas y que sea de aplicación para la Nombre111322. . , S. A., las Partes convienen en realizar las modificaciones necesarias a este Contrato para ajustarse a las nuevas disposiciones. (...)”. (Folios 168 a 229 del expediente principal y folios 29 a 117 expediente administrativo ICE-UEN-CENPE). 16.- Que mediante resolución N°796-RCR-2012 de las 16 horas del 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta N° 92 de 14 de mayo de 2012, la Nombre628 fijó la banda tarifaria para todos los generadores privados hidroeléctricos nuevos que utilicen el agua como insumo para generar energía eléctrica para la venta al Instituto Costarricense de Electricidad al amparo del Capítulo I de la Ley 7200 y sus reformas como sigue: "(...) una tarifa inferior (límite inferior) de $0,0798, una tarifa promedio de $0,1080 y una tarifa superior (límite superior) de $0,1363 por kWh (...)". La indicada resolución citó el marco normativo y los estudios técnicos en que fundamenta la fijación del precio de venta de la energía hidroeléctrica al ICE. Además, estableció la estructura para la tarifa resultante ($/kWh) y las condiciones para la aplicación (folios 230 a 241 del expediente principal). 17.- Que por resolución N° RRG-162-2012 de las 9 horas del 28 de mayo de 2012 la Nombre628 refrendó el Contrato de compra y venta de energía eléctrica suscrito por el Nombre9574 y la empresa actora y dispuso: "Por tanto / (...) El Regulador general resuelve: I. Refrendar el contrato de compra venta de energía suscrito por el Instituto Costarricense de Electricidad con Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. por una potencia máxima contratada de 2,5 MW y con vencimiento 20 años a partir del refrendo de este contrato. / II. Establecer que la energía que reciba el Nombre9574 se cancelará de acuerdo con las tarifas y estructura tarifaria vigentes aprobada por la Autoridad Reguladora. / III. Solicitar al Nombre9574 que modifique a la mayor brevedad la cláusula correspondiente del contrato para que se ajuste a las disposiciones tarifarias de las resoluciones RJD-152-2012 y 796-RCR-2012 y sus modificaciones. / IV. Indicar con respecto a la redacción de la cláusula Vigésimo Primera del contrato que debe entenderse –para todos los efectos– como condicionada a lo siguiente: a) Que es competencia exclusiva de la Autoridad Reguladora fijar las tarifas sobre la base de lo que indica la Ley 7593 y sus reformas, b) Que nada en la redacción propuesta puede señalar lo contrario, la tarifa y su estructura que se aplicará en cada oportunidad es la que la Autoridad Reguladora tenga vigente para ese momento. También debe entenderse que en el caso de que la Nombre628 llegue a aprobar una nueva metodología para el cálculo y aplicación de las tarifas de generación privada en general, -o para el caso particular de Central Hidroeléctrica Vara Blanca S. A.- aquélla regirá desde el momento en que así lo disponga la resolución respectiva, sin necesidad de modificar el contrato”. Notificado a la actora a las 15:08 horas del 28 de mayo de 2012 en el fax señalado. (Folios 243 y 244 del expediente principal, folios 120 a 122, 147 a 155 expediente administrativo ICE-UEN-CENPE y folios 145 a 148, 150 expediente administrativo digital Nombre628 N°OT-058-2012). 18.- Que por oficio N°0690-171-2012 del 30 de mayo de 2012 emitido por la Unidad Gestión de Contratos -UEN CENPE- del ICE, informó a la empresa actora la tarifa de aplicación al contrato en el siguiente sentido: "(...) los precios que se utilizarán para la liquidación de la energía que se reciba al amparo de este contrato se ajustarán a los valores correspondientes al límite inferior de la banda aprobada por la Nombre628 que se encuentre vigente al momento de la recepción de la energía" (folio 246 del expediente principal). 19.- Que por oficio N°0810-369-2012 del 5 de junio de 2012 el Área Administración de Contratos UEN CENCE del Nombre9574 certificó el inicio de Operación Comercial con rige a partir de las 11:30 horas del sábado 2 de junio del 2012. (Folio 248 del expediente principal). 20.- Que el 4 de junio de 2012 la empresa actora gestionó ante la Nombre628 para que "(...) conforme a la metodología vigente publicada por la Nombre628 de la resolución RCR-152-2011 publicada en la Gaceta N°168 del 1 de setiembre del 2011 y sus modificaciones y cumpliendo en todas sus partes con la resolución de la Nombre628 N°796-RCR-2012 publicada en la Gaceta N°92 del 14 de mayo de 2012, solicitamos lo siguiente: / Que se establezca la tarifa específica para el proyecto de Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. por un valor de US$0,1446 kWh (cero como cuatro cuatro seis centavos de dólar de estados unidos de norteamérica -sic- por kilovatio hora)" y adjuntó documentación en sustento de la solicitud (folios 250 a 276 del expediente principal). 21.- Que mediante resolución N°RJD-060-2012 de 7 de junio de 2012, la Junta Directiva de la Nombre628 declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación presentado por la actora contra el oficio N°768-DEN-2011 del 25 de octubre de 2011 de la Dirección de Servicios de Energía que rechazó la solicitud individual de tarifa, anuló lo actuado y ordenó retrotraer el procedimiento (folios 278 a 280 del expediente principal y folios 69 a 73 expediente administrativo digital Nombre628 N°ET-162-2011). 22.- Que por resolución N°879-RCR-2012 de las 16 horas del 14 de junio de 2012 dictada por el Comité de Regulación de la Nombre628 se rechazó la petición tarifaria presentada por la actora el 4 de junio de 2012 y se dispuso: "(...) Indicar a Central Hidroeléctrica Varablanca S.A., que proceda a negociar con el Instituto Costarricense de Electricidad la tarifa que le corresponde, de acuerdo con lo establecido en la Resolución RJD 152-2011 del 10 de agosto de 2011, publicada en La Gaceta 168 del 1° de setiembre de 2011, modificada por la Resolución 796-RCR-2012, del 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta 92 del 14 de mayo de 2012 (...)". (Folios 282 y 283 del expediente principal y folios 77 a 86 expediente administrativo digital Nombre628 N°ET-074-2012). 23.- Que el 18 de junio de 2012, el Nombre9574 y la empresa actora suscribieron el Addendum N° 1 al "Contrato para la compra-venta de energía Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A." y en lo que interesa modificó la cláusula vigésimo primera en el siguiente sentido: "(...) Vigésimo Primera - Tarifas. La energía que reciba el Nombre9574 al amparo de este Contrato se cancelará con las tarifas y estructura tarifaria que se establezcan de acuerdo con lo que determine la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, con base en la 'Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas', aprobada mediante la Resolución RJD-152-2011 y sus modificaciones. En caso de que la Nombre628 llegue a aprobar una nueva metodología para el cálculo y aplicación de las tarifas de generación privada para plantas hidroeléctricas nuevas en general, -o para el caso particular de Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., - la misma regirá desde el momento en que así lo disponga la resolución respectiva, sin necesidad de modificar el presente contrato. (...)". (Folios 286 a 288 del expediente principal y folios 141 a 155 expediente administrativo ICE-UEN-CENPE). 24.- Que el 21 de junio de 2012 la empresa actora interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución 879-RCR-2012 dictada por el Comité de Regulación de Aresep. (Folios 290 a 292 del expediente principal). 25.- Que mediante resolución N°RJD-142-2012 de las 14:30 horas del 8 de noviembre de 2012, la Junta Directiva de la Nombre628 rechazó por el fondo el recurso de apelación interpuesto por la empresa actora contra la resolución 879-RCR-2012 y se agotó la vía administrativa con fundamento en lo siguiente: "(...) 3. De conformidad con la Ley 7593, la resolución 506-F-S1-2010 de la Sala Primera, el artículo 20 del Decreto Ejecutivo N°37124-MINAET -Reglamento al Capítulo I de la Ley 7200- y la resolución RJD-152-2011 se concluye que la Nombre628 tiene amplias potestades para fijar tarifas mediante un sistema de banda tarifaria. / 4. La metodología vigente establece una banda tarifaria para toda la industrial (sic), y no es aplicable con datos de una sola empresa, tal y como lo solicita el recurrente. Y en el caso concreto, mediante la resolución 796-RCR-2012 se fijó esa banda con el fin de que el Nombre9574 y los generadores privados hidroeléctricos nuevos negocien los precios a los que contratan la energía siempre dentro de los límites tarifarios definidos en dicha banda. / 5. Le corresponde a Nombre111322 negociar el precio de compra-venta de energía eléctrica con el ICE, de conformidad con la banda tarifaria vigente. (...)" . (Folios 294 a 296 del expediente principal y folios 109 a 120 expediente administrativo digital Nombre628 N°ET-074-2012, el subrayado es nuestro). 26.- Que el 19 de noviembre de 2012 la empresa actora presentó ante el Nombre9574 solicitud de fijación tarifaria con aplicación de la metodología contenida en las resoluciones de Nombre628 RJD-152 y 796-RCR-2012 (folios 299 y 300 del expediente principal). 27.- Que el 17 de diciembre de 2012 por oficio N°073-IE-2012/119882 de la Intendencia de Energía de la Nombre628 y en cumplimiento de la declaratoria con lugar del recurso de Nombre111320 en contra de la decisión administrativa contenida en el oficio 768-DEN-2011, para continuar con el trámite ordena por la Junta Directiva de Nombre628 N°RJD-060-2012 se solicitó a la empresa actora presentar información complementaria para la solicitud tarifaria (folios 302 y 303 del expediente principal y folios 83 a 86 expediente administrativo digital Nombre628 N°ET-162-2011). 28.- Que el 14 de enero de 2013 la empresa actora aportó la información solicitada por la Intendencia de Energía de Nombre628 (folios 305 a 316 del expediente principal y folio 87 expediente administrativo digital Nombre628 N°ET-162-2011). 29.- Que mediante resolución N°010-RIE-2013 de las 16 horas del 25 de enero de 2013 la Intendencia de Energía de Nombre628 rechazó de plano la petición de tarifas para generación de electricidad planteada por la empresa actora con fundamento en lo siguiente: "(...) La petición tarifiaria no está sustentada en el modelo de precios vigente, establecido mediante resolución RJD-152-2011 publicado en La Gaceta N°168 del jueves 1 de setiembre de 2011, que plantea la fijación de una banda tarifaria por industria, para empresas que pretendan realizar nuevas inversiones en energía no convencional. Esa metodología no establece la posibilidad de fijar precios puntuales, a empresa por empresa, como lo plantea la petente. Desde esa perspectiva resulta improcedente aplicar esa metodología con los datos de una única empresa, tal y como lo solicita la petente (...)". (Folios 318 a 320 del expediente principal y folios 129 a 133 expediente administrativo digital Nombre628 N°ET-162-2011). 30.- Que el 30 de enero de 2013 la empresa actora interpone recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de la resolución N° 010-RIE-2013 de 25 de enero de 2013 (folios 322 a 328 del expediente principal y folios 111 a 122 expediente administrativo digital Nombre628 N°ET-162-2011). 31.- Que por resolución N°RIE-022-2013 de las 10:43 horas del 22 de febrero de 2013 la Intendencia de Energía de la Nombre628 rechazó el recurso de revocatoria interpuesto en contra de la Resolución 010-RIE-2013 (folios 330 a 333 del expediente principal y folios 142 a 148 expediente administrativo digital Nombre628 N°ET-162-2011). 32.- Que por oficio N°0510-245-2013 del 26 de febrero de 2013, la Gerencia de Electricidad del Nombre9574 dispuso: "(...) 1. Rechazar por improcedente la solicitud de fijación de la tarifa para la plante Vara Blanca con base en el nivel superior de la banda tarifaria aplicable para plantas hidroeléctricas nuevas fijada por la Nombre628 mediante la Resolución 796-RCR-2012. / 2. Aceptar la propuesta presentada por la empresa Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. como la manifestación de la empresa, en cuanto a sus expectativas, dentro de un proceso de negociación respecto al precio de la energía en los términos establecidos por la Nombre628 en la fijación tarifaria aplicable para plantas hidroeléctricas nuevas. / 3. Reiterar que la posición del Nombre9574 es fijar el precio de la energía en el valor equivalente al límite inferior de la banda tarifaria establecida por la Nombre628 y aplicable para plantas hidroeléctricas similares a la Central Hidroeléctrica Vara Blanca" (Folios 335 a 339 del expediente principal y folios 200 a 209 expediente administrativo ICE-UEN-CENPE). 33.- Que el 28 de febrero de 2013 la empresa actora amplió los argumentos de su apelación contra la resolución N°010-RIE-2013 ante la Junta Directiva de la ARESEP. (Folios 341 a 344 del expediente principal). 34.- Que por resolución N°RIE-033-2013 de las 14:57 horas del 19 de marzo de 2013 la Intendencia de Energía de la Nombre628 modificó las bandas tarifarias de la siguiente forma: "(...) I. Fijar la banda tarifaria para todos los generadores privados hidroeléctricos nuevos que vendan energía al Instituto Costarricense de Electricidad, compuesta por una tarifa inferior (límite inferior) de $0,0948, una tarifa promedio de $0,1229 y una tarifa superior (límite superior) de $0,1510 por kWh. (...)". (Folios 346 a 348 expediente judicial y folios 1763 a 1768 expediente administrativo digital Nombre628 N°ET-028-2011). 35.- Que el 9 de mayo de 2013, la empresa actora dirigió al Nombre9574 su criterio respecto al oficio N°0510-245-2013 de 26 de febrero de 2013 del Nombre9574 y señaló la ausencia de fijación de una tarifa según lo solicitado por ella (folios 350 y 351 del expediente principal y folio 220 expediente administrativo ICE-UEN-CENPE). 36.- Que por oficio N°0510-503-2013 del 14 de mayo de 2013 la Gerencia de Electricidad del Nombre9574 contestó la nota de la actora referida en el considerando anterior y reiteró que la competencia para fijar tarifas reside en la Nombre628 de forma exclusiva. (folio 353 del expediente principal y folio 210 expediente administrativo ICE-UEN-CENPE). 37.- Que el 4 de junio de 2013 la empresa actora solicitó a la Nombre628 que se ordene al Nombre9574 negociar y pagar una tarifa “que no resulte lesiva para la estabilidad financiera del prestador del servicio, dentro de los márgenes establecidos por la ARESEP". (Folios 355 y 356 del expediente principal). 38.- Que el 4 de junio de 2013 por oficio N°970-IE-2013/17783 de 8 de julio de 2013 la Nombre628 solicitó a la empresa actora “que en el plazo de cinco días hábiles demuestre las inversiones realizadas y su variación con respecto a lo reconocido en fijaciones tarifarias anteriores”. (Folio 371 del expediente principal y folio 341 expediente administrativo digital Nombre628 N°OT-107-2013). 39.- Que el 12 de julio de 2013, la empresa actora aportó la información solicitada por Nombre628 según lo indicado en el considerando anterior. (Folios 373 a 392 del expediente principal y folios 318 a 340 expediente administrativo digital Nombre628 N°OT-107-2013). 40.- Que por resolución N°RJD-116-2013 de las 14:20 horas del 16 de setiembre de 2013 la Junta Directiva de la Nombre628 rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la resolución N° 010-RIE-2013 de 25 de enero de 2013 y dio por agotada la vía administrativa al concluir que: "(...) 1) El recurso de apelación interpuesto por Nombre32982. Nombre111322 , contra la resolución 010-RIE-2013, resulta admisible, puesto que fue presentado en tiempo y forma. / 2) La metodología vigente y aplicable para resolver la solicitud, es la definida en la resolución RJD-152-2011, la cual está diseñada para fijar tarifas para la industrial mediante una banda tarifaria. / 3) El recurrente pretendía una tarifa individual, petición que no era conforme a la metodología vigente según la resolución RJD-152-2011. / 4) Nombre111322. no demuestra el nexo causal entre las supuestas pérdidas alegadas y el accionar de la Aresep. / 5) La metodología vigente (RJD-152-2011) establece la posibilidad de que las partes pacten contractualmente el precio de compra venta de energía eléctrica dentro de la banda tarifaria de referencia. / 6) La Nombre628 tiene amplias potestades para fijar tarifas mediante un sistema de banda tarifaria, de conformidad con la Ley 7593, la sentencia de la Sala Primera 506-F-S1-2010 del 30 de abril de 2010, el Reglamento al capítulo I de la Ley N°7200 y la resolución RJD-152-2011. (...)". Resolución comunicada a la empresa actora a las 11:56 horas del 3 de octubre de 2013. (Folios 394 a 400 del expediente principal y folios 176 a 186 expediente administrativo digital Nombre628 N°OT-162-2011). 41.- Que el primero de octubre de 2013 la empresa actora solicitó al Nombre9574 una negociación para determinar un nuevo precio dentro de la banda tarifaria (folio 402 del expediente principal). 42.- Que por oficio 0510-1392-2013 del 8 de octubre de 2013, el Nombre9574 resolvió la gestión de la empresa actora indicando que: "(...) 1. Reiterar a Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. que el Nombre9574 es consciente y respeta la aplicación en todos sus alcances de la banda tarifaria establecida por la Nombre628 como resultado de la aplicación de la metodología de fijación de tarifas para plantas hidroeléctricas nuevas, incluyendo la posibilidad de acordar y pagar cualquier precio que se encuentre dentro de los límites de la banda establecida. / 2. Rechazar la solicitud de ajuste en el precio de la energía para la planta Vara Blanca ya que, contrario a lo que podría esperarse en un proceso de negociación, la propuesta supera el precio anteriormente propuesto utilizando la misma información de referencia. / 3. Reiterar a la empresa que se mantiene la posición del Nombre9574 de fijar el precio de la energía en el valor equivalente al límite inferior de la banda establecida por la Nombre628 y aplicable para plantas hidroeléctricas similares a la Central Hidroeléctrica Vara Blanca. / 4. Rechazar por el argumento de la eventual quiebra técnica ya que el incremento en el precio reconocido por el Nombre9574 a la empresa al aplicar el límite inferior de la banda reconoce el posible incremento en la inversión que haya debido cubrir la empresa con motivo de la construcción de la planta" (Folios 416 a 418 del expediente principal y folios 334 a 338 del expediente administrativo ICE-UEN-CENPE). 43.- Que el 30 de octubre de 2013 la empresa actora interpuso recurso de apelación en contra de la resolución del Nombre9574 0510-1392-2013, aclarada y adicionada en oficio N°0510-1479-2013 (folios 421 a 423 del expediente principal). 44.- Que por oficio N°0150-0236-2014 de las 8 horas del 13 de febrero de 2014 la Gerencia General del Nombre9574 declaró sin lugar el recurso de apelación contra el oficio N°0150-01392-2013 adicionado y aclarado por oficio N°0510-1479-2013 del 22 de octubre de 2013 "(...) por considerar esta Gerencia General que se ha actuado en apego a derecho y a lo que en materia tarifaria de generación privada corresponde en atención a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y por el mismo ente regulador. Se da por agotada la vía administrativa". (Folios 424 a 427 del expediente principal y folios 427 a 433 del expediente administrativo ICE-UEN-CENPE). 45.- Que el 14 de marzo de 2014 el contador público autorizado licenciado Luis Manuel Chaves Carranza en el estudio efectuado a la empresa actora concluye en lo medular que: "a.- La condición patrimonial de la empresa según estados financieros reales al 31 de enero de 2014, muestran un saldo acumulado de pérdidas acumuladas de ¢772.549.153, lo cual supera el capital accionario que es de ¢Placa19730, y equivalente al 49.18% del patrimonio total antes de considerar dichas pérdidas. Con la operación proyectada del mes de enero, dicha relación de pérdidas vs patrimonio total es del 54.12%. (...)". (Folios 429 a 439 del expediente principal).

II.- Hechos no probados. De importancia para la decisión, se tiene por no demostrado lo siguiente: 1. Que el precio por el que el Nombre9574 paga a la actora por la energía eléctrica que produce conforme el límite inferior de la banda fijada por ARESEP, constituya la razón o causa eficiente de la situación financiera de la empresa en lo que ha sido descrita como "de quiebra" (no hay prueba directa ni determinación técnica en ese sentido en los autos). 2. Que exista nexo causal entre la supuesta situación financiera de "quiebra" de la empresa actora y la metodología de bandas aprobada por la Nombre628 o el resto de la conducta administrativa de las instituciones demandadas relacionadas con el precio o tarifa de la venta de energía eléctrica proveniente del proyecto Central Hidroeléctrica Vara Blanca (no hay prueba directa ni determinación técnica en ese sentido en los autos).- III.- Alegatos de la empresa accionante: Se resumen los argumentos planteados en la demanda, con la aclaración que en el análisis de fondo del presente asunto, se ha realizado un examen pormenorizado de cada uno. En síntesis la empresa actora sostiene que la Nombre628 y el Nombre9574 son responsables directos por la actividad e inactividad administrativa respecto a la fijación de la tarifa para la venta de energía eléctrica, que le provocó un desequilibrio económico del contrato y amenaza con la quiebra de la empresa. En fundamento de sus tesis argumenta: "a) Ideas introductorias. La situación de quiebra financiera que enfrenta Nombre111320 ante la negativa de la Nombre628 de cumplir con sus obligaciones legales y proceder a la fijación de una tarifa de acuerdo con el principio aplicable de tasa de retorno (reconocimiento de los costos de inversión y una utilidad esperable y razonable para el sector de actividad), pone en evidencia un caso grave de incumplimiento de deberes pese a que expresamente dicho organismo expresa en los considerandos de algunas de las resoluciones impugnadas que ostenta una competencia exclusiva y excluyente en materia de fijación de tarifas de los servicios públicos bajo la esfera de su regulación. / De esta inactividad de la Nombre628 saca provecho el Nombre9574 aplicando en forma antojadiza la banda inferior de unas tarifas definidas para una situación completamente diferente a la que presenta el caso de Nombre111320, como ampliaremos más adelante, todo lo cual lleva a una situación en la cual ambas administraciones reconocen que la tarifa actual no es la que corresponde en Derecho, pero atribuyen a la otra la responsabilidad de solucionar el problema presentado. / Como se desprende del elenco de hechos en que se apoya esta demanda, la Nombre628 considera que el ajuste de la tarifa debe efectuarse por medio de negociación entre Nombre111320 y el ICE, y por su parte, este último afirma, no sin faltarle del todo la razón legal pero obteniendo con ello un enriquecimiento sin causa, que el tema de tarifas es competencia exclusiva de la ARESEP. / Como ya se señaló resumidamente en los antecedentes de este memorial, la generación privada de electricidad encuentra su apoyo en la Ley 7200 de 28 de setiembre de 1990, que abrió la posibilidad de que inversionistas privados o cooperativas pudieran participar en la generación de electricidad y colaborar de esa manera con una tarea que por sí solo el Nombre9574 se mostraba en imposibilidad de enfrentar, sin poner en serio riesgo el crecimiento económico del país. / Dentro de este esquema, los generadores privados, luego de cumplir con los estudios de factibilidad ambiental preceptivos y obtener las concesiones de aprovechamiento de caudales hídricos, obtenían del SNE primero y posteriormente de la ARESEP, una concesión de servicio público de generación de energía eléctrica. Así tenemos que el modelo introducido a partir de la Ley 7200 concibe a los generadores privados de electricidad como titulares de una concesión de servicio público. / Este tipo de figura no es ajena al Derecho administrativo costarricense que desde hace muchas décadas reconoce y promueve la participación privada en la prestación de servicios públicos esenciales como la educación, la salud, el transporte público, el almacenaje fiscal desde inicios del siglo pasado (Decreto 43 de 4 de febrero de 1915) y recientemente las telecomunicaciones. / Al igual que en el Derecho comparado, en el cual el recurso a la colaboración privada en la prestación de servicios públicos es más que centenaria, en Costa Rica los muy diversos esquemas que operan parten del supuesto de que los prestatarios de dichos servicios reciben un retorno de la inversión realizada y compensan el riesgo de su inversión con el reconocimiento de una utilidad razonable. / No podía haber sido distinto con el caso de la Ley 7200 y el proceso complejo de poner en marcha una central hidroeléctrica u otras modalidades de generación de electricidad, en donde la inversión de capital es intensiva, se requiere de una organización empresarial compleja, con acceso a líneas de financiamiento, esto sin tomar en cuenta el grado de especialización que conlleva diseñar y poner en operación un proyecto de esta naturaleza. Estas condiciones se recogen en toda su extensión en el Decreto Ejecutivo 20346-MIRENEM de 21 de marzo de 1991, que se encargó de sentar el marco reglamentario para la puesta en práctica de la Ley 7200. / Es así que los inversionistas privados que decidían incursionar en la prestación del servicio público de generación de energía eléctrica, necesitaban de un marco regulatorio preciso y confiable para tener certeza de que en condiciones normales tendrían garantizado, por la vía de las tarifas y la compra de su electricidad por parte del ICE, un retorno de su inversión con una utilidad razonable. / Esto parecía estar muy claro hasta que en el presente caso la Nombre628 ha sido el protagonista de una serie prolongada de actos ilegales y arbitrarios que han tenido como consecuencia que la inversión muy cuantiosa que ha realizado CHVB, con el aval personal de sus accionistas, se vea en peligro de cesación de pagos de sus compromisos financieros, poniendo en riesgo con ello no solamente el capital de la empresa y de sus socios, sino además la prestación de un servicio público esencial en momentos en que la generación del Nombre9574 es completamente deficitaria y no cubre las necesidades y demandas de los consumidores individuales y empresariales. Sobre esto pasaremos a ocuparnos en los siguientes apartes. / b) Violación del principio de irretroactividad de las normas: El argumento reiterativo que ha utilizado la Nombre628 para justificar su incumplimiento de deberes es que ya ha fijado unas bandas tarifarias para los generadores privados de energía por medio de la Resolución 796-RCR-2012 de 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta 92 de 14 de mayo de 2012. / Esta Resolución, que impugnamos en este proceso, no puede ser aplicada a Nombre111320 sin que con ello se quebrante abiertamente la interdicción de la retroactividad de las disposiciones normativas, consagrada por el artículo 34 de la Constitución Política. / Como se puede observar en esta resolución, el esquema de bandas tarifarias allí contenido está expresamente dirigido a las plantas hidroeléctricas y eólicas nuevas . No solo eso, este modelo está dirigido a los proyectos que se desarrollen en aplicación de la modificación al Reglamento a la Ley 7200 que se promulgó mediante el Decreto Ejecutivo 37124-MINAET de 19 de marzo de 2012, publicado en La Gaceta 108 de 5 de junio de 2012, por lo tanto, también posterior a la construcción y entrada en operación del Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, por lo cual no podría serle aplicada esta nueva reglamentación sin incurrir nuevamente en violación del principio de irretroactividad. / Una lectura detallada de dicho decreto permite comprender que la regulación allí contenida se dirige a un escenario en el cual los inversionistas que deseen asumir nuevos proyectos de generación de electricidad, deben participar en un modelo de competencia y pujar con sus ofertas por la obtención de nuevas concesiones de generación. A pesar de que dicho Reglamento postula que desarrolla el Capítulo I de la Ley 7200, en realidad invoca en sus considerandos las modificaciones a dicha normativa que se introdujeron por la Ley 7508 del 9 de mayo de 1995, que introdujo un Capítulo II a dicha Ley para la regulación de la compra de energía en régimen de competencia. Ese régimen de competencia por medio de licitación es el que reglamentó el Nombre9574 en un conjunto de normas que publicó en La Gaceta 71 de 12 de abril de 2012 y denominó “Procedimiento de Selección de Proyectos para venta de electricidad al Nombre9574 Ley Nº 7200 (Capítulo I)”, pero que en realidad, al igual que el Decreto 37124-MINAET, constituye una reglamentación del Capítulo II de la Ley 7200, según su modificación por Ley 7508, ya citada. / Ninguno de los supuestos contemplados en el Decreto 37124-MINAET, en la reglamentación interna del Nombre9574 citada, ni mucho menos en la Resolución 796-RCR-2012, son aplicables al Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, ya que como dijimos, esto implicaría una violación al principio de irretroactividad de las normas, y al proceder de esta manera, tanto la Nombre628 como el Nombre9574 han provocado la nulidad absoluta de las siguientes disposiciones administrativas: La Aresep: a) Resolución 796-RCR-2012 de 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta 92 de 14 de mayo de 2012; b) Resolución RRG-162-2012 de 28 de mayo de 2012; c) Resolución RJD-060-2012 de 7 de junio de 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 dictada por el Comité de Regulación el 14 de junio de 2012; e) Resolución RJD-142-2012 de 8 de noviembre de 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 de 25 de enero de 2013 del Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 de 22 de febrero de 2013 de la Intendencia de Energía; h) Resolución RJD-116-2013 de 16 de setiembre de 2013 de la Junta Directiva y el ICE: a) Oficio 0690-171-2012 de 30 de mayo de 2012; b) Oficio 0510-245-2013 de 26 de febrero de 2013; c) Oficio 0510-503-2013 de 14 de mayo de 2013; d) Oficio 0510-1392-2013 de 8 de octubre de 2013; e) Oficio 0510-1479-2013 de 22 de octubre de 2013. / c) La Nombre628 incumple abiertamente con sus obligaciones legales y viola los derechos de Nombre111320. Con su negativa a fijar una tarifa específica para el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, la Nombre628 incumple abiertamente con las funciones básicas que le asignó el legislador al transformar el anterior Servicio Nacional de Electricidad mediante la Ley 7593 de 9 de agosto de 1996, en donde en el inciso a) del artículo 31 le obliga a garantizar el equilibrio financiero de los prestatarios de los servicios públicos. Este mandato legal ha sido repetidamente desconocido por la Nombre628 al negarse a cumplir con su obligación de fijar el precio de la tarifa que debe pagar el Nombre9574 por la compra de la electricidad producida por CHVB. / Al actuar de esta manera la Nombre628 incurre en vicios sustanciales que acarrean la nulidad absoluta de las siguientes disposiciones administrativas: a) Resolución 796-RCR-2012 de 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta 92 de 14 de mayo de 2012; b) Resolución RRG-162-2012 de 28 de mayo de 2012; c) Resolución RJD-060-2012 de 7 de junio de 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 dictada por el Comité de Regulación el 14 de junio de 2012; e) Resolución RJD-142-2012 de 8 de noviembre de 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 de 25 de enero de 2013 del Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 de 22 de febrero de 2013 de la Intendencia de Energía; h) Resolución RJD-116-2013 de 16 de setiembre de 2013 de la Junta Directiva. / d) El Nombre9574 incurre en enriquecimiento sin causa y expropiación de hecho. El Nombre9574 optó por la solución más sencilla para ellos como compradores, pero con ello viola los principios esenciales que regulan la relación contractual por medio de la cual Nombre111320 le vende la energía producida en el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, ya que al seleccionar sin apoyo en criterio alguno la aplicación de la tarifa más baja, sin analizar siquiera la inversión realizada por la empresa, debidamente auditada y justificada, está incurriendo en un enriquecimiento sin causa, lo que lleva en la práctica a una expropiación de hecho de bienes ajenos, al apropiarse de un bien por un valor mucho menor al necesario para producirlo, sacando provecho desleal del incumplimiento de deberes de la ARESEP. Este beneficio indebido que está obteniendo el Nombre9574 quebranta directamente las reglas de la buena fe contractual y lesiona abiertamente el equilibrio contractual, reconocido expresamente en nuestro ordenamiento como un derecho de rango constitucional. Independientemente de que el Nombre9574 se haya negado a incluir en el contrato de venta de energía de 26 de marzo de 2012 una cláusula expresa de ajuste de tarifas, eso no impide que en virtud del esquema regulatorio vigente y el principio constitucional ya citado que garantiza el equilibrio financiero contractual, se haya relevado de su deber de acatamiento de dichos principios, los cuales no pueden ser derogados por vía contractual. Al actuar de esta manera, el Nombre9574 incurre en infracciones sustanciales al ordenamiento jurídico que ocasionan la nulidad absoluta de las siguientes actuaciones administrativas: a) Oficio 0690-171-2012 de 30 de mayo de 2012; b) Oficio 0510-245-2013 de 26 de febrero de 2013; c) Oficio 0510-503-2013 de 14 de mayo de 2013; d) Oficio 0510-1392-2013 de 8 de octubre de 2013; e) Oficio 0510-1479-2013 de 22 de octubre de 2013. / e) Violación del ordenamiento jurídico por omisión en el cumplimiento de deberes. En el presente caso, las infracciones al ordenamiento jurídico se originan no solamente en las disposiciones administrativas impugnadas, sino que con un grado más severo, las lesiones a los derechos patrimoniales y situaciones jurídicas consolidadas de Nombre111320 se originan en la negativa de la Nombre628 en cumplir con sus mandatos legales. / La negativa de la fijación tarifaria en aplicación de la metodología de la tasa de retorno vigente al momento del perfeccionamiento de la concesión de servicio público otorgada a Nombre111320 y su prolongación mediante la relación contractual con el Nombre9574 para garantizar la compra de la energía producida, ha producido una situación financiera insostenible, aminorada apenas por la circunstancia externa de haber conseguido la extensión del período de gracia hasta el 1 de setiembre de 2014. A partir de esa fecha, además del pago de intereses, que se han venido asumiendo puntualmente con aportes de los socios y la tarifa desajustada que paga el ICE, deberá hacerse frente a los pagos de amortización, lo cual es absolutamente imposible sin que se proceda a la fijación repetidamente denegada sin que la Nombre628 haya tenido la menor muestra de responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones de analizar un solo costo de los reportes múltiples de inversión suministrados, auditados por contadores externos, los cuales han encontrado en todo momento una absoluta falta de análisis, siquiera preliminar, ya que los personeros de la Nombre628 han evadido en todas las oportunidad iniciar su valoración alegando una supuesta obligación del Nombre9574 de renegociar la tarifa, siendo que esa es la función esencial y razón de ser de la ARESEP, por mandato legal. / Del otro lado de la cadena de omisiones injustificables, el Nombre9574 a pesar de que lleva razón al afirmar que la fijación es competencia exclusiva de la ARESEP, ha omitido adoptar todo tipo de medida paliativa a la ruinosa ecuación a que se enfrenta en estos momentos Nombre111320 con una situación de quiebra financiera, y la posibilidad de perder los bienes dados en garantía, con las consecuencias colaterales para los socios que responden en su carácter personal por el financiamiento bancario obtenido. (...)". En el discurso de conclusiones se argumentó lo siguiente: que hay consenso en los hechos narrados. Que el presente caso consiste en un proyecto de inversión nacional para la generación privada de energía eléctrica, realizado al amparo del Decreto 20346 del 21 de marzo de 1991 en condiciones que garantizaban con certeza jurídica el retorno de la inversión con una utilidad razonable. Sostiene que el papel de la Nombre628 es vital para regular las tarifas y ningún operador privado se introduce a ese sector sino obtiene una recuperación de la inversión y utilidad razonable. Alega que el equilibrio financiero se sustenta en una fijación tarifaria oportuna y razonable. Reclama que en el caso concreto ni la Nombre628 ni el Nombre9574 han dado solución al desface tarifario desde que inició operaciones la empresa actora, ya que le fijaron una tarifa provisional, sin que hubieran posteriores revisiones. Advierte que la actora no participó de concurso y que la concesión fue obtenida por estudio individual. Que existe violación a la certeza jurídica por cuanto la Nombre628 se niega a fijar la tarifa y así se evidencia del elenco de resoluciones administrativas viciadas de nulidad y producen conducta omisiva, ya que Nombre628 se niega a cumplir con sus obligaciones. Pretenden que en sentencia expresamente se declare la ilegalidad manifiesta de lo actuado. Plantea la existencia de vicios de nulidad absoluta por violación directa de la Leyes 7200 y 7593 y el Decreto N°20346, lo que constituye un ilícito administrativo. Estima que no es necesario señalar un elemento específico (motivo, contenido y fin) por ser una violación grosera. Indica que la aplicación retroactiva del método de bandas a la actora va en contra de la regulación contractual. En las contestaciones de las partes demandadas, ninguna considera que les toca a ellas resolver el conflicto, lo que estima un alto grado de arbitrariedad. Reitera los argumentos de la demanda y pide declarar con lugar la pretensión principal y que se ordene el cumplimiento con las obligaciones. Respecto a la prueba para mejor resolver concluye que se confirma la teoría del caso referido al daño sufrido por la actora desde hace cuatro años que entró en operación. Agrega que los gastos proyectados se expusieron desde la primera solicitud, que eran conocidos por la Nombre628 y aprobó una tarifa provisional. Manifiesta que se le está pagando una tarifa que no refleja los costos. También que el sistema de bandas es posterior y que empresa actora no está compitiendo. Alega que a la empresa actora la obligan a la banda inferior, la metodología que era aplicable es la tasa de retorno. Indica que la empresa actora tiene pérdidas acumuladas casi en mil millones de colones y que la Nombre628 no ha tocado un folio para analizar los gastos, alegando incompetencia. Estima que el Nombre9574 no puede negociar el precio, que el modelo de bandas se aplicó de forma retroactiva y que el Nombre9574 ha pagado un precio por debajo del mínimo. Señala que ambas partes demandadas reconocen que el precio pagado no es correcto, pero ninguno decide. Aclara que lo que piden es que el ente competente fije la tarifa. Manifiesta que las demandadas no tienen un solo estudio para identificar si hay un mal manejo o ineficiente de la empresa. Que es necesario que quien tiene la competencia fije la tarifa con aplicación del esquema de tasa de retorno. Pide que en sentencia se declare quien debe cumplir el deber de fijar la tarifa o si procede la negociación con el Nombre9574 y las pautas a seguir.

IV.- Alegatos de la representación de la Nombre628 : La representación de la Aresep, contesta los argumentos de la demanda en el siguiente sentido: "(...) De los argumentos de la parte actora, se desprende que acusa supuestas omisiones u actuaciones de la Nombre628 en las fijaciones tarifarias realizadas, que la han colocado en una situación de quiebra financiera, argumento que en apariencia sustentaría la petitoria de daños y perjuicios que peticiona en su pretensión numerada 3). No obstante, sus alegatos son inconsistentes a efecto de sustentar un reclamo de daños y perjuicios como el pretendido. De conformidad con el artículo 58.e del Código Procesal Contencioso Administrativo, cuando exista una pretensión de daños y perjuicios, la parte accionante debe concretar cuál es el motivo que origina los daños y perjuicios, en qué consisten y su estimación prudencial, aspectos de los cuales es ayuno el escrito de interposición de demanda. / Prueba de la inexistencia de la generación de daños y perjuicios por la emisión de los actos administrativos impugnados por CHVB, es la pretensión 5 y 6 (pretensión subsidiaria) de la demanda. Nótese que la accionante reconoce que su derecho indemnizatorio en caso de declararse con lugar su demanda tendría su génesis el 02 de junio de 2012, fecha en la cual entra en operación el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, ya para esa data, se encontraba vigente la metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctrica nuevas, publicada en La Gaceta No.168 del 1° de setiembre de 2011 (Resolución RJD-152-2011). Así las cosas, la actora acepta de manera expresa que de existir un daño, el mismo sería viable a partir de la entrada en operación de la planta, y no antes, caso contrario, pretender una indemnización bajo los términos planteados en la demanda sí constituiría un enriquecimiento sin causa, y una pretensión improcedente. / Nombre111320 señala que Nombre628, con sus actuaciones e inactividad le está causando pérdidas económicas, y que el Nombre9574 saca provecho de dicha circunstancia, por lo que Nombre628 es responsable en aplicación de lo establecido en el artículo 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública de todos los daños patrimoniales causados a Nombre111320 por la omisión del cumplimiento de sus deberes y por las actuaciones absolutamente nulas. / Sobre este particular, el artículo 196 de la LGAP es claro al indicar que: / “En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable e individualizable en relación con una persona o grupo”. / Así las cosas, se observa que Nombre111320 no demuestra por medios idóneos si el supuesto daño alegado por acción u omisión de Nombre628 se debe efectivamente al accionar del Ente Regulador. No demuestra ni su relación de causalidad ni su cuantía. / Asimismo, en aplicación supletoria y como complemento de la norma supra citada, el artículo 1045 del Código Civil señala que: / “Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios…” /Sin embargo, no cabría responsabilidad si no se ha demostrado por parte de la accionante el nexo de causalidad entre la acción u omisión de la Nombre628 y el posible daño causado. En este sentido, la sentencia N° 252-F-01, de las 16 horas 15 minutos del 28 de marzo del 2001, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, indicó: / “…El nexo causal como presupuesto de responsabilidad. La diversa tipología de las causas. Establecida en este caso, la anormalidad e ilicitud del comportamiento omisivo, resta por establecer si esa patológica inacción administrativa fue o no causa de la lesión reclamada, y en concreto, del fallecimiento de don Nombre36115 , pues para la estimación de la demanda resulta imprescindible comprobar la existencia del nexo causal, en su tradicional noción de causa-efecto. Al respecto cabe recordar que en la producción del daño, suelen concurrir con frecuencia múltiples factores, dentro de los cuales es preciso determinar aquellos que directa o indirectamente son causa eficiente y adecuada del mal causado (sobre la causa próxima, adecuada y eficiente, puede consultarse la sentencia ya citada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. N° 252-F-01, de las 16 horas 15 minutos del 28 de marzo del 2001). En esa confluencia de elementos fácticos o jurídicos que rodean la situación dañosa, habrá necesidad de establecer la acción u omisión apta que provocó la consecuencia; desplazando aquéllas que no han tenido ninguna influencia en el resultado (causas extrañas), de las que, de no haber tenido lugar, hubiesen evitado el menoscabo. Se trata de una especie de análisis objetivo, a través de la cual se pueda afirmar que con tal acción u omisión es lógico o probable que se produzca el daño específico…” / La empresa accionante, ha sido omisa en indicar no solo el motivo del cual supuestamente se originan los daños y perjuicios que alega, en qué consisten y su estimación prudencial, conforme lo exige el artículo 58 inciso e del Código Procesal Contencioso Administrativo y 290 inciso 5) del Código Procesal Civil ( de aplicación supletoria por disposición del artículo 220 CPCA), además de esto, no ha demostrado el nexo causal entre el supuesto daño provocado y las conductas u omisiones administrativas emanadas de la Aresep, que más bien, siempre fue diligente indicando a la accionante que en caso de sentirse afectado, contaba con la posibilidad de acordar con el Nombre9574 las condiciones contractuales en cuanto al precio por la compra venta de energía, conforme a la metodología vigente, dentro de la banda tarifaria establecida por ARESEP. / Sumado a lo anterior, cuando Nombre111320 firmó el contrato de compra venta de energía con el ICE, la tarifa fijada fue de Placa19725 (resolución 341-RCR-2011), posteriormente, mediante la resolución 796-RCR-2012, se fijó la banda tarifaria en aplicación a la metodología aprobada en la resolución RJD-152-2011. Cabe indicar que los límites actuales de la banda se determinaron en la resolución RIE-033-2013 del 19 de marzo del 2013, donde el límite inferior de la banda se estableció en Placa19726, una tarifa promedio de Placa19727 y un límite superior de Placa19728. De ahí que el precio mínimo actual que recibe la accionante por las ventas de energía al Nombre9574 es un 36,40% mayor que la tarifa fijada en la resolución 341-RCR-2011. / Del análisis detallado de la contestación de los hechos de la demanda, se llega a la conclusión que no lleva razón Nombre111320 al señalar que tanto Nombre628 como el ICE, no asumen su responsabilidad, y han denegado las solicitudes de fijación tarifaria que ha planteado. No cabe duda que la empresa Nombre111320 conocía a la perfección cuál era la metodología aplicable, y que debía gestionar ante el Nombre9574 mediante la suscripción de un contrato de compraventa de energía eléctrica (artículo 13 de la Ley 7200) las condiciones específicas (incluido el precio por kWh) por las cuales se regiría la relación contractual siempre dentro del marco regulatorio establecido por la Nombre628 (metodología y sistema de bandas). / Debe dejarse claro que Nombre628 no ha indicado a Nombre111320 que el Nombre9574 es la competente para realizar a su arbitrio la fijación tarifaria que nos ocupa, por el contrario, la Autoridad Reguladora en todos sus actos administrativos ha señalado a la actora que debe negociar con el Nombre9574 el precio para la compraventa de la energía que produzca. Dicha negociación debía ajustarse a la metodología vigente (resolución RJD-152-2011) y al sistema de bandas establecido de conformidad con esa metodología (Resolución 796-RCR-2012), por la Aresep. / No se desconocen las bondades de la Ley 7200 (en el marco de una apertura de mercado), por ende, no se desconoce la posibilidad de que Nombre111320 pueda participar en la generación de electricidad, porque este es un derecho que tiene como empresa integrante del mercado, y así quedó constatado al otorgársele la concesión para generación de energía eléctrica por parte de la Aresep. Sin embargo, la parte actora ha sostenido que debe fijársele la tarifa con base en el principio de tasa de retorno (reconocimiento de los costos de inversión más una utilidad razonable para el sector de actividad), a lo que la Nombre628 se ha opuesto, indicándole a la actora que las fijaciones tarifarias de dicho sector no se realizan de manera individual (tasa de retorno) como ocurría en un pasado, sino que se realizan integrando al sector como un todo (industria). La actora no demuestra jurídicamente porque razón la Nombre628 debe sujetarse a una metodología de tasa de retorno que no pueda modificarse y porque razón habiéndose modificado mediante el procedimiento de ley, ésta deba seguirse aplicando para su caso. Sobre este punto se ampliará más adelante. /El accionar de la Nombre628 nunca fue alejado de la metodología aplicable, lo que implica que no puede generarse daño alguno que sea indemnizable, ni siquiera por responsabilidad objetiva. Se actuó apegado a derecho con lo cual no existe dolo ni culpa, causales de responsabilidad administrativa. Debe la actora demostrar a ese Tribunal la lesión efectiva en su haber, si tuvo producto de las actuaciones u supuestas omisiones de la Nombre628 que incurrir en cesación de pagos, venta de activos, despidos de personal, si tuvo que acudir a financiamiento externo, etc. Cosa que no demuestra de forma alguna en su demanda. Debe demostrar sin lugar a dudas el nexo causal inmediato y directo entre lo actuado por mi representada y los daños alegados. / La actora hace derivar su daño de la no aplicación del método tasa de retorno, esto nos lleva a afirmar que la línea argumentativa de Nombre111320 es confusa, ya que pretende que se le realice una fijación tarifaria utilizando información particularizada, en la cual se reconozca inversión y utilidad esperable y razonable (tasa de retorno), pero siempre dentro del contexto de la Metodología vigente, sea, introduciendo los datos por ella aportados a la Metodología para fijación de tarifas para plantas hidroeléctricas nuevas, metodología que como se le indicó en repetidas oportunidades se encuentra fundamentada en la industria. Lo anterior se puede observar con claridad en la solicitud tarifaria presentada por Nombre111320 el 04 de junio de 2012 (ver hecho y prueba documental número 29), cuya solicitud se fundamenta en la Metodología vigente (RCR-152-2011, publicada en La Gaceta No.168 el 1° de setiembre de 2011) y su actualización mediante resolución 796-RCR-2012 (publicada en La Gaceta No.92 del 14 de mayo de 2012). Nombre111320 por un lado desconoce el contenido y alcance de las resoluciones RCR-152-2011 y 796-RCR-2012, pero por otro lado, pretende que se le aplique dicha metodología en la forma y con los datos por ella dispuestos. / Con fundamento en lo anterior, se considera que no lleva razón el accionante en cuanto a este argumento. / (...) i- Análisis de la competencia de la Nombre628 para el establecimiento de Metodologías y realizar fijaciones tarifarias: / Según se establece en la Ley 7593, la Nombre628 es una institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y administrativa (artículo 1), asimismo, se le determina la competencia para fijar los precios de los servicios de energía eléctrica en sus etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización, según lo dispuesto en el artículo 5 de dicha ley -misma que se traduce en fijación de precios y tarifas de acuerdo con estudios técnicos (artículo 6, inciso d) de la Ley 7593)-; además, debe velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de la Ley 7593. / Para fijar tarifas y establecer las metodologías, la ARESEP, tiene competencias exclusivas y excluyentes (aspecto que en modo alguno se niega la Autoridad Reguladora a reconocer), es decir, competencias de regulación de los servicios públicos contemplados en la ley, y que dicho sea de paso, ninguna otra institución o instancia tiene y así ha sido señalado por la Procuraduría General de la Nombre27343 en el dictamen C-329-2002 del 7 de enero de 2002, y en la sentencia 005-2008 de las 9:15 horas del 15 de abril de 2008 del Tribunal Contencioso Administrativo, así como lo dispuesto por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 577-F-2007 de las 10 horas 20 minutos del 10 de agosto de 2007. / En ese sentido, en materia tarifaria debe indicarse que no se está frente a la existencia de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas (así ha sido señalado por los tribunales), pues se trata de la prestación de un servicio público por parte de una concesionaria que debe ajustarse a una serie de regulaciones. De la inexistencia de derecho adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, se deriva que la regulación de los servicios públicos es una materia dinámica (por las características propias del mercado), por ende, ningún prestador de servicios públicos puede considerarse acreedor de un derecho absoluto a la invariabilidad de las fijaciones tarifarias que realice la Aresep. / El régimen de concesión al que está sujeto la accionante, conlleva que la determinación de los precios o tarifas que reciben los prestadores como contraprestación por el servicio que brindan, esté vinculada a un procedimiento de determinación y fijación, bajo el principio de servicio al costo. / Sobre la naturaleza jurídica de las tarifas, debemos expresar que la Sala Constitucional la ha definido en su amplia jurisprudencia sobre el tema, fijando los principios, lineamientos y alcances de esta figura. / Manifiesta la Sala Constitucional: / “III- Sobre el fondo. Disminución de tarifa. Tratándose de la fijación de tarifas, la Sala en su jurisprudencia ha sido constante en establecer que este aspecto corresponde a los órganos administrativos determinados por ley, y al tratarse de aspectos técnicos, es materia de mera legalidad, no revisable en la sede constitucional.” / Por otra parte, la Sala también ha indicado que la fijación de las tarifas es una facultad del Estado, al tratarse de la prestación de un servicio público, cuya fijación no puede ser alegada como derecho adquirido de la empresa concesionaria del servicio. En ese sentido, en sentencia 5153-98 de las 10:39 horas del 17 de julio de 1998, se indicó: / “... Asimismo, debe indicarse que en este caso no se está frente a la existencia de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, porque se trata de la prestación de un servicio público por parte de una concesionaria que debe ajustarse a una serie de regulaciones en cuenta el establecimiento de una tarifa, que no dependen del mercado, sino de la fijación que realiza la autoridad administrativa...” (Criterio utilizado en el Voto 4070-98 de las 10:33 minutos del 02 de octubre, 1998). / En igual sentido se pronuncia la Sala Constitucional cuando manifiesta: / “II- En lo que atañe a la alegada vulneración al principio de irrevocabilidad de los actos propios, debe indicarse que ese principio derivable del numeral 34 constitucional, impide a la administración volver –retroactivamente- contra sus propios actos declarativos de derechos y la Sala advierte que en el caso que nos ocupa no se presenta la infracción alguna al indicado principio. En el presente caso se trata de la prestación de un servicio público por parte de una concesionaria que debe ajustarse a una serie de regulaciones, entre ellas la de regulación tarifaria por parte de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ley 7593). (Voto 2696-99) / En el mismo voto (voto 2696-99), más adelante expresa: / “No podemos hablar en esta materia de un derecho adquirido de la contratante a un determinado precio, el que puede ser variado por la autoridad reguladora competente, potenciando una amplia participación de la interesada, que como ya se indicó, tiene a su alcance la posibilidad de intervenir en el proceso de fijación y de presentar los recursos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico para combatir el acto final.” (Ibídem) / Pueden consultarse a mayor abundamiento, los siguientes votos de la Sala Constitucional: 3680-99, 2699-99, 1999-09185, 9589-99. / De ello se deriva con meridiana claridad, que el precio o tarifa como contraprestación por el servicio público, no constituye un derecho adquirido o situación jurídica consolidada que el prestatario esté en posibilidad de exigir frente a la Administración concedente o reguladora. / En otros términos, el precio o tarifa no constituye un derecho subjetivo en favor del particular, por el cual se le faculte para exigir un precio o tarifa determinada a la Autoridad Reguladora. Lo único que puede exigir es el respeto a la metodología aprobada de acuerdo a los parámetros y procedimientos de la ley 7593, como bien lo ha hecho ver la Sala Primera de retiradas resoluciones como la 577-F-2007. / Esta característica resulta de vital importancia para efectos de la presente demanda, porque se solicita el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la indemnización de daños y perjuicios que aduce le ocasionó la Nombre628 (que valga recalcar, Nombre111320 no precisa en qué consisten los mismos). Como ya se tuvo ocasión de exponer, conforme con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, no existe derecho adquirido a una tarifa determinada, por ende, su no fijación, reajuste e incluso disminución, queda librada a la determinación de la Administración reguladora del servicio público, obviamente conforme con el ordenamiento jurídico, el cumplimiento de requisitos, los parámetros técnicos aplicables y el procedimiento tarifario de ley. Es así como, en cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 7593, la Nombre628 promulga la “Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas” (publicada en La Gaceta No.168 del 1° de setiembre de 2011), asimismo, mediante resolución 796-RCR-2012 del 16 de marzo de 2012, se fijó la banda tarifaria para todos los generadores privados hidroeléctricos nuevos. / De tal suerte que, el prestador del servicio público no tiene derecho a exigir de la Administración una conducta concreta o específica, que devenga inexorablemente en un reajuste tarifario. / Debemos reiterar aquí lo dicho en anteriores oportunidades, en el sentido que el Principio de Intangibilidad Patrimonial, no es de aplicación extensiva a la actividad del servicio público, dado el marcado carácter de regulación e intervención del Estado en la prestación, en el cual, superiores valores y principios se imponen sobre el individual y concreto del concesionario. Además, de actuarse en la forma pretendida por la actora “aplicación del método tasa de retorno”, se estaría no solo desaplicando la metodología vigente, sino también colocando en una situación de desventaja a todos aquellos generadores privados de energía eléctrica que sí suscribieron un contrato de compraventa de energía con el ICE, y que participaron en el proceso de selección “concurso” establecido en los artículos 8-11 del Reglamento al Capítulo I de la Ley 7600, Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, Decreto Ejecutivo 37124-MINAET. / ii. De la irretroactividad de las normas: / Una vez expuesto el marco de competencias de la Nombre628 para el establecimiento de metodologías y realizar fijaciones tarifarias, se procede a contestar lo referido a la alegada violación al principio de irretroactividad de las normas que hace la empresa Nombre111320. Para ello, se retomarán algunos antecedentes de interés, por medio de los cuales quedará debidamente acreditado que no existe violación a dicho principio, y además, que es la actora la que pretende que se le otorgue un trato diferenciado en relación con los demás generadores privados de energía eléctrica que prestan dicho servicio al ICE. / Al respecto se indica que: / 1- El 11 de noviembre de 2010 Nombre111320 presentó solicitud individual de tarifa ante la Nombre628 con fundamento en la metodología aprobada por resolución RJD-009-2010, -información con base en la metodología tasa de retorno con costos e inversión de los estudios de factibilidad-. / 2- El 21 de febrero de 2011, mediante la resolución 341-RCR-2011, la Nombre628 estableció una tarifa provisional para el proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca de $0,0695 /kWh, y se indicó en los “Por Tantos III y IV” de dicha resolución, lo siguiente: / “…III- Indicarle a C.H. Vara Blanca, S.A. que la tarifa tope autorizada y la estructura tarifaria estará vigente en el tanto la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no haya autorizado una tarifa general para todas las plantas hidroeléctricas similares a la C.H. Vara Blanca, S.A. mediante la aplicación de un modelo de costos, estructuras productivas modelos o costos generales de referencia. / IV- Indicar a C.H. Vara Blanca, S.A. que debe presentar una solicitud tarifaria una vez que el proyecto haya realizado las inversiones mencionadas en este estudio y se encuentre en operación, si a la fecha no existe una tarifa de referencia, tal y como lo establece el punto anterior…” (La negrita no es del original). / 3- El 10 de agosto del 2011 mediante la resolución RJD-152-2011, se aprobó la “Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas”, la cual fue publicada en La Gaceta Nº 168 del 01 de setiembre de 2011. Esta metodología establece que los límites tarifarios son definidos para toda la industria, con el fin de que el Nombre9574 y los generadores privados hidroeléctricos nuevos negocien el precio de compra-venta de la energía eléctrica, siempre dentro de esos límites establecidos por la Autoridad Reguladora; por lo cual no procede aplicar dicha metodología a los datos de una única empresa. / 4- El 12 de octubre del 2011, la Nombre111320 solicitó una nueva tarifa, ya que se encontraba vigente la nueva metodología tarifaria en virtud de la resolución RJD-152-2011, citada. / 5- El 16 de marzo de 2012 mediante resolución 796-RCR-2012 se fijó la banda tarifaria para todos los generadores privados hidroeléctricos nuevos. / 6- El 26 de abril de 2012, el Nombre9574 y la Nombre111320 suscribieron un contrato para la compra de energía eléctrica al amparo del Capítulo I de la Ley 7200. / 7- El 28 de mayo de 2012, mediante resolución RRG-162-2012, se refrenda por parte de la Nombre628 el contrato para la compra de energía eléctrica, suscrito por las partes (ICE-CHVB) al amparo del Capítulo I de la Ley 7200. En dicho refrendo se establece lo siguiente: / “…III. Solicitar al Nombre9574 que modifique a la mayor brevedad la cláusula correspondiente del contrato para que se ajuste a las disposiciones tarifarias de las resoluciones RJD-152-2012 (sic) y 796-RCR-2012 y sus modificaciones. IV. Indicar con respecto a la redacción de la cláusula Vigésimo Primera del contrato que debe entenderse –para todos los efectos- como condicionada a lo siguiente: a) Que es competencia exclusiva de la Autoridad Reguladora fijar las tarifas sobre la base de lo que indica la Ley 7593 y sus reformas, b) que nada en la redacción propuesta puede señalar lo contrario, la tarifa y su estructura que se aplicará en cada oportunidad es la que la Autoridad Reguladora tenga vigente para ese momento. También entenderse que en el caso que la Nombre628 llegue a aprobar una nueva metodología para el cálculo y aplicación de las tarifas de generación privada en general, -o para el caso particular de Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A.- aquélla regirá desde el momento en que así lo disponga la resolución respectiva, sin necesidad de modificar el contrato…” (La negrita no pertenece al original). / 8- El 2 de junio de 2012, se inician las operaciones del Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca. Así lo reconoce la parte actora en el hecho 19 de la demanda y de la prueba documental aportada (oficio del Nombre9574 0810-369-2012). / 9- El 18 de junio de 2012, mediante el adendum No. 1, al contrato de para la compra-venta de energía firmado entre el Nombre9574 y CHVB, se dispuso entre otras cosas, modificar la Cláusula 21, que en lo conducente estableció que: / “…La energía que reciba el Nombre9574 al amparo de este Contrato se cancelará con las tarifas y estructura tarifaria que se establezcan de acuerdo con lo que determine la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, con base en la “Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas”, aprobada mediante la Resolución RJD-152-2011 y sus modificaciones…” (La negrita no pertenece al original). / 10- A la fecha en la cual: / i- se inician las operaciones del Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, 02 de junio de 2012; / ii- se refrenda por parte de la Nombre628 el contrato para la compra de energía eléctrica, 28 de mayo de 2012 ; / iii- se firma entre las partes (ICE-CHVB) el adendum No. 1, al contrato para la compra-venta de energía entre el Nombre9574 y CHVB, de fecha 18 de junio de 2012 (dando cumplimiento a lo indicado por la Nombre628 en el acto de refrendo del contrato de fecha 28 de mayo de 2012, mediante resolución RRG-162-2012 “modificaciones al contrato”; / Ya se había emitido la resolución RJD-152-2011 “Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas” la cual fue publicada en La Gaceta Nº 168 del 01 de setiembre de 2011, y se habían fijado las bandas tarifarias mediante la 796-RCR-2012 de fecha 16 de marzo de 2012. / De la extensa relación fáctica planteada, se concluye que no lleva razón la parte actora en cuanto a que las actuaciones y supuestas omisiones de la Nombre628 hayan infringido el principio constitucional de irretroactividad de las normas consagrado en el artículo 34. Cabe aclarar que las peticiones tarifarias que se presentan ante la Autoridad Reguladora deben estar debidamente sustentadas en los modelos (metodología) de fijación de precios vigentes, siendo que con base en esos modelos la Nombre628 realiza las fijaciones tarifarias. Este constituye un requisito de admisibilidad de las peticiones tarifarias (fundamentado en una metodología vigente). La Nombre628 no realiza fijaciones tarifarias fundamentada en metodologías no vigentes, o que han sido derogadas por otra posterior, porque claro está, eso iría en contra del principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública) y del principio de inderogabilidad singular de las normas (artículo 13 del citado cuerpo legal). En materia tarifaria el cambio de metodología para un servicio en particular implica que las nuevas tarifas se fijaran conforme la nueva metodología, no puede hablarse aquí de condición más favorable, derechos adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas, aspectos que si aplican constitucionalmente como parámetros para no dar efecto retroactivo a una norma en otras materias jurídicas. En materia tarifaria como lo ha dicho la Sala Constitucional no puede hablarse de derecho adquiridos, ni pueden alegarse estos para no dar vigencia o aplicación a una nueva normativa metodológica. / En el caso concreto, la violación al principio de inderogabilidad singular, consistiría en la desaplicación por parte de la Nombre628 para un caso concreto (como pretende Nombre111320) de la norma metodológica técnica vigente, establecida en la resolución RJD-152-2011 y la banda tarifaria que dispone aquella, dispuesta en la resolución 796-RCR-2012. / Al respecto la Sala Constitucional señaló: / “…Principio de Inderogabilidad singular de los reglamentos. El principio de derecho administrativo de inderogabilidad singular de los reglamentos y demás disposiciones administrativas de carácter general contenido en el artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública impide que se pueda considerar que existe un derecho adquirido o una situación jurídica consolidada en favor del gestionante para continuar incumpliendo con los requisitos establecidos de manera general para todos los funcionarios públicos a los que se le aplica el Reglamento Autónomo del Registro Nacional… / …La aplicación del principio general de la inderogabilidad singular de la norma ; principio general de rango constitucional, es aplicable a la totalidad del ordenamiento jurídico, como derivación y a la vez condición del Estado de Derecho en su integridad…” (Sentencia 2009-95 de las 10:30 minutos del 21 de abril de 1995, de la Sala Constitucional. Ver en este mismo sentido la sentencia de Sala Constitucional No.1709-04). / Nombre14412, en el caso que nos ocupa, la Autoridad Reguladora, en todo momento ha aplicado las normas y metodologías vigentes en la atención de las solicitudes tarifarias de la actora. Tampoco se considera que exista violación del artículo 34 constitucional, en el sentido que la Nombre628 haya dictado un acto administrativo y con posterioridad haya emanado otro contrario al primero (siempre ha sido consecuente en sus actuaciones), en menoscabo de los derechos subjetivos de la empresa amparada, pues que como se indicó, se trata de un servicio público dado en concesión a una empresa privada que se debe de ajustar al establecimiento de una tarifa que fija técnicamente la entidad accionada, por lo que no puede decirse, que las "tarifas" que establezca la administración sean inamovibles, y que entren a formar parte de la esfera de derechos subjetivos de las personas, en virtud que éstas dependen de factores externos que se deben de considerar para ordenarlas y sobre todo del interés de la colectividad, por lo tanto no puede hablarse de derechos adquiridos que haya que respetar./ Por último, la actora pretende la nulidad absoluta de actos administrativos que a su criterio no le son aplicables, porque pretende que se le aplique el método tasa de retorno” (reconocimiento de los costos de inversión y una utilidad esperable y razonable para el sector de actividad)—ver párrafo primero del apartado ideas introductorias de la demanda---sin embargo, además de pretender la nulidad de resoluciones que según indica le son inaplicables, es totalmente omiso en indicar cuáles son los vicios de esos actos administrativos que generan la nulidad alegada, por la que deba declararse en esta vía contenciosa. Por otra parte, suponiendo que lo argumentado por la actora es correcto (que las resoluciones que acusa de nulidad absoluta no le son aplicables), su inaplicabilidad per se no las torna nulas. (...) / c) Del supuesto incumplimiento a las obligaciones legales y violación de los derechos de Nombre111320: (...) / A efecto de atender el reproche anotado por Nombre111320, en relación a que el artículo 31 inciso a) de la Ley 7593, obliga a la Nombre628 a garantizar el equilibrio financiero de los prestatarios de los servicios públicos, se hace necesario transcribir en lo que interesa ese artículo a efecto de entender su contexto y no en relación a un solo aspecto en particular. / “Artículo 31.- Fijación de tarifas y precios / Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, la Autoridad Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el tamaño de las empresas prestadoras. En este último caso, se procurará fomentar la pequeña y la mediana empresa. Si existe imposibilidad comprobada para aplicar este procedimiento, se considerará la situación particular de cada empresa. / Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica definidos en el Plan nacional de desarrollo, deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos. No se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del servicio público. / La Autoridad Reguladora deberá aplicar modelos de ajuste anual de tarifas, en función de la modificación de variables externas a la administración de los prestadores de los servicios, tales como inflación, tipos de cambio, tasas de interés, precios de hidrocarburos, fijaciones salariales realizadas por el Poder Ejecutivo y cualquier otra variable que la Autoridad Reguladora considere pertinente. / De igual manera, al fijar las tarifas de los servicios públicos, se deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten aplicables: / a) Garantizar el equilibrio financiero. (La negrita no pertenece al original). / De conformidad con el artículo 31 de la Ley 7593, la Autoridad Reguladora, para fijar las tarifas y precios, tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para cada servicio público, es decir para la industria. De forma excepcional, si existiese imposibilidad comprobada para aplicar este procedimiento (excepción que no aplica en el presente caso, por la existencia de la metodología tantas veces citada) se considerará la situación particular de cada empresa. Como se indicó líneas arriba, la “Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas”, aprobada mediante la Resolución RJD-152-2011 y sus modificaciones, establece que los límites tarifarios son definidos para toda la industria, y no para un sujeto particular, como pretende la actora. / En la misma línea, el artículo 20 del Reglamento N° 37124-MINAET, al Capítulo I de la ley N° 7200 Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, establece la potestad de la Nombre628 de desarrollar y establecer modelos a partir de información estadística sobre la estructura de costos y el desempeño de las plantas existentes, como al efecto lo hizo en las resoluciones RJD-152-2011, 796-RCR-2012 y sus modificaciones. / Artículo 20.- Tarifas. / La ARESEP, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 7593, fijara las tarifas que regirán la compraventa de electricidad al amparo del Capítulo I de la Ley N° 7200 y sus reformas. Estas tarifas podrán ser establecidas por la ARESEP, para cada tipo de fuente de energía, con base en modelos de estructuras de costos desarrollados para considerar las condiciones particulares de plantas nuevas y eficientes. Asimismo, la Nombre628 podrá establecer las tarifas para cada tipo de fuente de energía que aplicaran al renovar los contratos, con base en modelos desarrollados a partir de información estadística sobre la estructura de costos y el desempeño de las plantas existentes. Los Productores están obligados a presentar anualmente la información estadística y financiera que les solicite la Nombre628 para estos propósitos, De lo contrario estarán sujetos a la aplicación de las sanciones que establece los artículos 24, 38 inciso g) y 41 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los servicios públicos, Ley N° 7593. / Las tarifas, tanto para plantas nuevas como para las plantas existentes, podrán ser fijadas bajo la modalidad de precio máximo, o de una banda con un precio máximo y un precio mínimo, y podrán tener una estructura desagregada por épocas del año, horas del día, energía y potencia, definida de acuerdo con la evolución prevista de los costos del SEN. (El subrayado no pertenece al original). / La petición tarifaria de la parte actora, no estaba sustentada en el modelo de precios vigente, establecido mediante resolución RJD-152-2011, que plantea la fijación de una banda tarifaria por industria, para empresas que pretendan realizar nuevas plantas en energía no convencional, y el insumo que toma para su cálculo es una base de datos de información de costos e inversión de empresas que pertenecen al sector. La metodología vigente y aplicable a CHVB, no establece la posibilidad de fijar precios a una empresa en particular, como lo plantea la parte actora. Aun cuando sea una empresa la que solicite a la Nombre628 un ajuste tarifario, esa solicitud implicaría la revisión de la tarifa aplicable a todo el sector de acuerdo a los parámetros que se fija en el modelo tarifario. / Al igual que en el apartado anterior, la actora pretende la nulidad absoluta de actos administrativos que a su criterio no le son aplicables, porque pretende que se le aplique el método tasa de retorno”, sin embargo, además de pretender la nulidad de resoluciones que según indica le son inaplicables, es totalmente omiso en indicar cuáles son los elementos de esos actos administrativos que adolecen de un vicio de nulidad tal, que deba declararse su nulidad en esta vía contenciosas, solo atina a indicar que al tenor del artículo 31.a de la Ley 7593, la Nombre628 debe garantizar su equilibrio financiero. Por otra parte, suponiendo que lo argumentado por la actora es correcto (que las resoluciones que acusa de nulidad absoluta no le son aplicables), su inaplicabilidad per se no las torna nulas. / d) Del enriquecimiento sin causa y expropiación de hecho en el presuntamente incurre el ICE: / Por tratarse de una serie de argumentación relativa a presuntas actuaciones u omisiones del ICE, y en respeto a las competencias legalmente asignadas a cada una de las instituciones codemandadas, se omite por parte de la Nombre628 manifestarse sobre el fondo de este reproche. / e) De la supuesta violación al ordenamiento jurídico por omisión en el cumplimiento de deberes: / i- De la inaplicabilidad de la “tasa de retorno: / La parte actora pretende que se le aplique la “Tasa de Retorno”, por considerar que esta era la metodología vigente incluida en el Decreto Ejecutivo 20346-MIRENEM de 21 de marzo de 1991 (vigente al momento de perfeccionarse la concesión de servicio público de generación de electricidad y el contrato de venta de electricidad con el ICE), sin embargo debe aclararse que ese decreto fue derogado mediante Decreto Ejecutivo N° 37124-MINAET del 19 de marzo del 2012, publicado en el Alcance N° 72 de la Gaceta N° 108 del 05 de junio de 2012, que es Reglamento al Capítulo I de la ley N° 7200 Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, y que además, no incluía que las tarifas se fijaran con “Tasa de Retorno” –reconocimiento de los costos y una utilidad esperable y razonable para el sector de actividad-, sino que se fijaban basado en costos futuros, que la Ley 7200 llamó “costo evitado de inversión y operación del SIN”. / Las Leyes 7593 y 7200 lo que establecen es que la Autoridad Reguladora establecerá las metodologías o modelos de fijación de precios y tarifas, ninguna norma establece la obligatoriedad de Nombre628 de ajustarse a los criterios de “Tasa de Retorno” para todos los servicios. / Quedará acreditado a lo largo del proceso que la Aresep, ha cumplido a cabalidad con las disposiciones normativas contenidas en la Ley 7593, la Ley 7200 Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, y el Reglamento N° 37124-MINAET, al Capítulo I de la ley N° 7200 Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, que en modo alguno a dejado de cumplir con sus deberes legalmente establecido. / Nombre111320 considera que el modelo que debió emplearse es el de tasa de retorno, por cuanto la Junta Directiva resolvió en la resolución RJD-060-2012, enderezar el procedimiento y retrotraer hasta el momento en que debió conocerse la solicitud tarifaria. Por lo anterior, argumenta que dicha solicitud debió gestionarse con los modelos tarifarios vigentes a esa fecha. La resolución RIE-022-2011, que atendió el recurso de revocatoria, fue clara al señalar que: / “…a la fecha en la cual se conoce la solicitud tarifaria, es decir el 12 de octubre del 2011 (folio 01 al 03), ya se encontraba vigente la resolución RJD-152-2011 del 10 de agosto del 2011 por medio de la cual la Junta Directiva estableció la Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctrica nuevas, la cual fue publicada en La Gaceta N°168 del 1 de setiembre de ese mismo año…” / La Intendencia de Energía de la Nombre628 también mencionó que: / “…la metodología aprobada en la resolución RJD-152-2011 no establece la posibilidad de fijar precios puntuales empresa por empresa (folio 112), […] con esta metodología la Nombre628 no realiza fijaciones individuales (folios 144 y 145). / La resolución RIE-022-2013, que resolvió el recurso de revocatoria planteado por la actora, señaló respecto a la resolución RJD-152-2011 que: / “La metodología mencionada establece que esos límites tarifarios son definidos para toda la industria, con el fin de que el Nombre9574 y los generadores privados hidroeléctricos nuevos negocien el precio de compra-venta de la energía eléctrica, siempre dentro de esos límites establecidos por la Autoridad Reguladora; por lo cual no procede aplicar dicha metodología a los datos de una única empresa; tal y como lo solicita el recurrente, ni comunicar al Nombre9574 u otro operador donde ubicar a cada uno de los generadores dentro de esos límites tarifarios” (folio 145). / La metodología aprobada mediante resolución RJD-152-2011 tiene como objeto, determinar las tarifas de referencia para plantas nuevas de generación privada hidroeléctricas que vendan energía al ICE, al respecto se indica que: / “Dentro de este esquema, se pone al Nombre9574 en condiciones de comprar energía de algunas plantas cuyos costos de producción difieran de los costos promedio de la industria de generación privada, dentro de condiciones aceptables de costos y de eficiencia operativa.” (Considerando II de la resolución RJD-152-2011). / El recurrente solicitó en sede administrativa, que la Nombre628 le fije específicamente el precio a ser pagado por el ICE, sin embargo, como ya se ha dicho, la metodología vigente está diseñada para fijar tarifas a la industria -RJD-152-2011-. Adicionalmente, la resolución RJD-161-2011 incorporó al apartado Ajuste de los valores de la banda tarifaria, de la resolución RJD-152-2011, lo siguiente: / “…En ningún momento los precios pagados por la compra de energía eléctrica pueden ser mayores que el límite superior de la banda tarifaria vigente, ni menores que el límite inferior de esa banda…” / Con base en esto, cualquier cláusula de precios o ajuste a los mismos, debe sujetarse a lo dispuesto en las resoluciones RJD-152-2011 y sus modificaciones a la fecha, a saber: RJD-161-2011 y RJD-013-2012. Dado lo anterior, las partes cuentan con esa banda para acordar el precio de compra-venta de electricidad. Por consiguiente, lo solicitado por el recurrente no era conforme al modelo vigente según la resolución RJD-152-2011. / Los alegatos del accionante son confusos, porque cuando presentó su solicitud tarifaria, esta se fundamentó en el modelo fijado en la resolución RJD-152-2011 (folio 1), sin embargo, en los recursos interpuestos en sede administrativa y en el escrito de demanda, sostiene que Nombre628 debió utilizar el modelo de tasa de retorno para el cálculo de la tarifa. Ese argumento no es consistente con la solicitud tarifaria planteada, ni con la metodología que conocía le era aplicable. / La empresa por otra parte no ha demostrado el desequilibrio que alega y que hace que la metodología actual no sea rentable, sin embargo de existir este, es claro que la empresa ha pactado bajo esas condiciones con el Nombre9574 y que debe buscar una solución dentro de marco normativo aplicable. / ii- De la potestad legal de Nombre628 de fijar tarifas por medio de un sistema de bandas tarifarias: / En un caso similar al que nos ocupa, en el cual se discutía la ilegalidad del sistema de bandas, porque a criterio de la parte demandante la Nombre628 delegaba potestades de imperio, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia 506-F-S1-2010 del 30 de abril de 2010, en el Considerando III expresó que la Autoridad Reguladora no delegó sus competencias, sino que Nombre628 en el ejercicio de sus competencias ejerció la discrecionalidad técnica que posee en la materia y estableció el sistema de bandas: / “…De ahí, para este Órgano Colegiado, la accionada, sin exceder sus potestades en la resolución RRG-9233-2008, cuya nulidad se pretende en el proceso, creó un sistema de bandas para la determinación del precio de los combustibles en puertos y aeropuertos para grandes consumidores. De conformidad con las estipulaciones del numeral 31 ibídem, la Nombre628 puede habilitar o crear modelos de cálculo de precios para los servicios regulados, pudiendo tomar en cuenta variables externas a los prestatarios “… tales como la inflación, tipos de cambio, tasas de interés, precios de los hidrocarburos , fijaciones salariales realizadas por el Poder Ejecutivo y cualquier otra variable que la Autoridad Reguladora considere pertinente” (la negrita es suplida). Así, en la especie la demandada no delegó su competencia a RECOPE, sino, que estableció la fórmula que técnicamente estimó resulta más adecuada e idónea para regular el mercado específico, en la que tomó la variación del precio internacional de los hidrocarburos, dentro de las bandas que el modelo establecía. Consecuentemente, lo único que hace la Refinadora, es aplicarla y obtener el precio que debe publicar cada día en Internet, pero es la Nombre628 quien continúa determinando la tarifa para ese mercado, mediante la metodología dispuesta…Por ello, no se produce una delegación de su competencia en lo tocante a la fijación de precios, sino, que ejerció la discrecionalidad que posee en la materia, tomando en cuenta las variables en dicho mercado…” (La negrita no pertenece al original). / Claramente reconoce la Sala Primera que la Nombre628 no excede sus potestades al fijar una tarifa con base en un sistema de bandas tarifarias y que no está delegando funciones que le son propias. / Dentro de ese orden de ideas, el artículo 20 del Decreto Ejecutivo No. 37124-MINAET, Reglamento al capítulo I de la Ley N° 7200, expresa que: / “…Las tarifas, tanto para plantas nuevas como para plantas existentes, podrán ser fijadas bajo la modalidad de precio máximo, o de una banda con un precio máximo y un precio mínimo, y podrán tener una estructura desagregada por épocas del año, horas del día, energía y ponencia (sic), definida de acuerdo con la evolución prevista de los costos del SEN. / En ese mismo sentido, cabe hacer referencia el Considerando IV de la resolución RJD-152-2011, en el cual se manifestó: / “…La metodología tarifaria está basada en un modelo con el que se estiman los valores superior e inferior de una banda tarifaria, expresados en dólares por KWh. Esos límites se definen a partir de la estimación del promedio y la desviación estándar de los datos de costo de inversión disponibles para plantas hidroeléctricas centroamericanas con capacidades instaladas iguales o menores que 20 MW. El límite superior está dado por la tarifa correspondiente a un costo de inversión igual al promedio más una desviación estándar; y el límite inferior está dado por la tarifa calculada con un costo de inversión igual al promedio menos la desviación estándar…” / Por su parte, la resolución RJD-161-2011, que modificó la resolución RJD-152-2011, agregó que: / “…En ningún momento los precios pagados por la compra de energía eléctrica pueden ser mayores que el límite superior de la banda tarifaria vigente, ni menores que el límite inferior de esa banda…” / Con fundamento en lo anterior, se concluye que la Nombre628 tiene amplias potestades para fijar tarifas mediante un sistema de banda tarifaria, de conformidad con la Ley 7593, la jurisprudencia supra indicada, el artículo 20 de reglamento citado y la resolución RJD-152-2011. Lo cual de manera alguna significa que la Nombre628 le haya trasladado al Nombre9574 las competencias para fijar la tarifa. / En el caso en concreto, mediante la resolución 796-RCR-2012 del 16 de marzo de 2012, se fijaron por primera vez los límites tarifarios (banda), con el fin de que el Nombre9574 y los generadores privados hidroeléctricos establecieran contractualmente el precio de compra-venta de la energía eléctrica, siempre dentro de esos límites fijados por la ARESEP. Los límites vigentes de la banda tarifaria se fijaron mediante la resolución RIE-033-2013. / De conformidad con todo lo antes indicado, se considera que no lleva razón la actora en cuanto a la violación al ordenamiento jurídico por supuesto incumplimiento de deberes por presunta omisión en la fijación de una tarifa con base en la metodología de tasa de tasa de retorno vigente al momento de perfeccionamiento de la perfección. Llama la atención que Nombre111320 titula este apartado “Violación del ordenamiento jurídico por omisión…”, pero no señala una sola norma que la Nombre628 haya dejado de aplicar o que la haya violentado por inaplicación. / VI- DEFENSAS DE FONDO / FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA y FALTA DE DERECHO. / Por las razones expuestas en los apartados anteriores estima esta representación que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos actuó en el presente caso apegada a Derecho por lo tanto no existen razones para ser demandada en este proceso, lo que configura claramente una ausencia de legitimación pasiva respecto a mi representada. / Asimismo, por las razones hecho y derecho ampliamente anteriormente, se deja interpuesta la excepción de falta de derecho de la actora en este proceso y en las pretensiones formuladas". Alegó en la etapa de conclusiones una reseña de los hechos que inician con la solicitud tarifaria de la actora con tasa de retorno el 11 de noviembre de 2010 y que el 21 de febrero de 2011 la Nombre628 fijó una tarifa provisional. Aclara que en ese momento se estaba trabajando en una metodología por industria donde se revisa a cada empresa particular y se fija una tarifa promedio, con una referencia a la que debe ajustarse. Cita el voto 577-2007 de la Sala Primera respecto a la metodología escogida por Nombre628 y a la obligación de ajustarse a la misma. Indica que la metodología del sistema de bandas, adoptada en la resolución N°RJD-152-2011 del 10 de agosto de 2011 publicada en La Gaceta N° 168 del 2011 de aplicación general para toda la industria de generadores privados y de conformidad con el Principio de Inderogabilidad Singular de los Reglamentos no se aplica de forma específica. Expone que la actora solicitó una fijación tarifaria con base en la metodología aprobada. Que el 16 de marzo de 2012 mediante resolución N°796-RCR-2012 se fijó la banda tarifaria. Además, que por resolución RGR-162-2012 del Expediente OT-112-2012 Nombre628 refrendó el contrato y recomendó que se modificara la cláusula sobre el precio para que rigiera la metodología tarifaria y los cambios futuros. Que no hubo efecto retroactivo y que rigió desde la publicación y no para atrás. La parte actora hizo el adedum al contrato y el 2 de junio empieza operaciones, momento en que la metodología estaba vigente. Indica que el 19 de marzo de 2013 la Intendencia de Energía fija la banda tarifaria. Expone que el artículo 31 de la Ley 9573 faculta a la Nombre628 a elegir el modelo tarifario, se trata de una abstracción para fijar la tarifa con base en estructuras productivas. Lo que coincide con el artículo 20 del Reglamento al Capítulo I de la Ley 7200, Decreto Ejecutivo N°37124-MINAET que permite a la Nombre628 fijar las tarifas con base en la estructura de costos del sector industria. La metodología busca la eficiencia de las empresas para que los usuarios paguen menor precio por la electricidad. Respecto a la posición adoptada por el Nombre9574 de no despegarse del margen inferior, considera que no está fuera de la legalidad, ya que el extremo garantiza el equilibrio financiero. En cuanto a los vicios de nulidad de los actos cuestionados, reclama que la parte actora no fue precisa en indicar cuáles elementos del acto administrativo están viciados, por lo que de acogerse habría indefensión. En el caso de la aplicación del sistema de bandas al caso de la actora, aclara que el extremo inferior era mayor que la tarifa provisional en un 34,60%, de ahí que la empresa actora tiene que probar el desequilibrio financiero. Aclara que la solicitud presentada por la actora contiene información contable pretendiendo se fije una tarifa individual, lo que no resulta procedente ya que únicamente se analizan variables del sector. Los rechazos de las solicitudes son porque la información no es acorde con la metodología invocada. Alega que en materia tarifaria no hay irretroactividad de las normas, intangibilidad patrimonial o el Principio de Irrevocabilidad de los actos propios como en otras materias, porque no se puede alegar un derecho adquirido a la tarifa, rige hasta que otra la modifica. Señala que la metodología aprobada es la única que se puede aplicar conforme al Principio de Legalidad y está avalada por la técnica regulatoria del sector industrial para el manejo eficiente de la empresa. Pide declarar sin lugar la demanda y acoger las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación. Además, que se rechace la pretensión indemnizatoria, por cuanto no se concretaron los daños, no se sabe en qué consisten, no hay clara relación causalidad y que fueran producto de las actuación de Aresep. En el caso hipotético que se acoja la demanda, piden se le exima en costas por haber actuado de buena fe y con motivo suficiente. En la audiencia sobre la prueba para mejor resolver, se adicionó que la empresa actora califica como un generador privado nuevo hidroeléctrico por tener un contrato. Además, que la aplicación de la metodología de bandas garantiza un equilibrio y que no debería tener pérdidas, si existen son responsabilidad del generador. El sistema de bandas se revisa cada año y en la muestra se toma en cuenta a la empresa actora. En la primera solicitud de la actora se hace una fijación particular y en las dos siguientes solicitudes se aplica el sistema por industria, sea para todo el sector. Destaca que el límite inferior de la banda era superior a la tarifa provisional y cada año aumenta. Nombre628 admite que sí es posible negociar el precio con el Nombre9574 dentro de la banda. El análisis técnico de la banda incluye los costos y la obtención de una ganancia. Argumenta que la ineficiencia de la empresa no la puede asumir Nombre628. En cuanto a la pericial, alega que el dictamen es infundado, desconoce del tema y no es útil. Los daños alegados por la actora no son atribuibles a la Nombre628.

V.- Alegatos de la representación del Nombre9574 : "El objeto de este proceso lo constituye la razonabilidad o no de una tarifa para el pago de la,venta de energía, cuya fijación compete a la Nombre628 y cuya discusión está asociada a determinar cuál modelo tarifaría de los 3 que se citan a continuación, debió aplicarse para el caso de la empresa actora: / 1. "Metodología de fijación de tarifas para generadores privados existentes que firmen un nuevo contrato de compra venta de electricidad con el ICE" (resolución RJD-009-2010 publicada en La Gaceta No 109 del 7 de junio del 2010). / 2. "Metodología Tasa de Retorno" (resolución 341-RCR-2011 del 21 de febrero de 2011), única aplicable a nuevas inversiones en fuentes como hidroeléctricas, biomasa y eólicas, a esa fecha, según el Considerando 11 de dicha resolución. / 3. "Metodología tarifaría de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas" (Resolución RJD-152-2011 del 1 de setiembre del 2011 la cual fue modificada por la Resolución RJD 161-2011 del 26 de octubre del 2011, cuya metodología se aplicó con la Resolución 796-RCR-2012 publicada en la Gaceta No 92 del14 de mayo de 2012). / La actora Nombre111320., dado su interés comercial de vender energía eléctrica al ICE, en mayo del 201 O inició el procedimiento previsto desde el punto de vista legal, reglamentario y regulatorio vigente, que incluía desde la obtención de una declaratoria de elegibilidad para su proyecto, obtención de concesión de agua, concesión de servicio público, negociación del contrato de compra venta de energía, hasta la obtención en Nombre628 de una fijación tarifaria particular. / En ese momento el Nombre9574 tenía vigente el "Reglamento al procedimiento de selección de proyectos al amparo del primer capítulo de la Ley N°7200" (publicado en Gaceta del 14 de marzo del 2000), el cual se generó a partir de un criterio de la Procuraduría General de la Nombre27343 (dictamen C-024-97 del 4 de febrero de 1997) que señaló la obligación del Nombre9574 de seleccionar proyectos, que en igualdad de condiciones, presentaran las mejores condiciones para el interés público. / Dicho reglamento estuvo vigente hasta el 12 de abril del 2012, pues a partir de ahí ya se contempla la realización de concursos para la selección de los proyectos con los cuales se firmarían contratos. La actora aprovechó la coyuntura de que ninguna otra empresa se encontraba en condiciones de entregar energía en forma inmediata para lograr que se firmara el contrato. / Importante destacar que la actora, de previo a suscribir el contrato, solicitó a Nombre628 le fijara en forma anticipada la tarifa que mi representada debía pagar, con el fin de que le permitiría realizar las gestiones de financiamiento necesarias para la construcción de la planta hidroeléctrica. Mi representada se opuso a la fijación tarifaría individual solicitada, ya que a enero de 2011 no había una metodología vigente que permitiera fijar tarifas para 'nuevas plantas hidroeléctricas de generación privada que firmaran un contrato de compra venta de electricidad con el ICE. (Ver folio 248 del expediente administrativo ET -185-201 0). / No obstante, dicha fijación tarifaría fue realizada por Nombre628 el 21 de febrero del 2011 en un precio de US$0.0695/kWh en aplicación de la metodología de tasa de retorno, pues al ser a ese momento una planta nueva no le era aplicable la "Metodología de fijación de tarifas para generadores privados existentes que firmen un nuevo contrato de compra venta de electricidad con el ICE". En dicha resolución, la Nombre628 estableció "Es importante indicar que C.H. Vara Blanca S.A. por ser una nueva planta, dispondrá de una fijación tarifaría adecuada a sus costos, gastos y un nivel de rentabilidad y la empresa tiene la potestad de solicitar una nueva fijación tarifaría cada año si así lo considera conveniente, utilizando la metodología definida por el Ente Regulador en su momento", a partir de lo cual se desprende que Nombre628 tenía claro que no existía una metodología definida para plantas nuevas. / El contrato por compra de energía con el ICE, no lo suscribió la actora sino hasta el 26 de abril del2012 (14 meses después de haber obtenido la tarifa). / Tan sólo 19 días después de haber suscrito el contrato, exactamente el 14 de mayo del 2012 la Nombre628 realizó la fijación de bandas tarifarías a partir de la "Metodología tarifaría de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas" (Resolución 796-RCR-2012 publicada en la Gaceta No 92). / Posterior a esta fecha, se sometió a refrendo el contrato y el Regulador (RRG-162-2012 del 28 de mayo de 2012) dispuso en el Por Tanto 111, "Solicitarle al Nombre9574 que modifique a la mayor brevedad la cláusula correspondiente del contrato para que se ajuste a las disposiciones tarifarías de las resoluciones (Resolución No 796-RCR-2012 y RJD-152-2011 ), orden que fue cumplida mediante la suscripción de un addendum en fecha 18 de junio de 2012, en el cual expresamente se estipuló que en caso de que Nombre628 llegara a aprobar una nueva metodología para el cálculo y aplicación de tarifas de generación privada para plantas hidroeléctricas nuevas en general- o para el caso particular de Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A.-la misma regiría desde el momento en que así se estableciera, sin necesidad de modificar el Contrato. / De previo a la suscripción y refrendo del addendum, el 4 de junio de 2012, nuevamente la actora acudió al Regulador y solicitó una tarifa específica por un valor de US$0, 1446 kWh, con base en la aplicación de la Metodología Tarifaría de Referencia para plantas de generación privada~ hidroeléctricas nuevas (aprobada en resolución RJD-152-2011 y modificada por resolución RJD-161-2011 ). En su resolución, el Regulador desestimó tal petición y argumentó "que uno de los objetivos la metodología aprobada mediante resolución RJD-152-2011, es evitar fijaciones tarifarías individuales a los diferentes tipos de proyectos de generación privada, si no más bien, fijaciones generales, según modelos o estructuras productivas" , por lo que le indicó debía proceder a negociar con el Nombre9574 la tarifa . que le correspondía de acuerdo con los criterios de dichas resoluciones Ante la improcedencia de una "negociación" que derivara en una fijación tarifaría por parte del ICE, mi representada en forma contundente le manifestó a la actora no sólo no tener competencia para ella, sino que para su caso particular no le resultaba aplicable la citada metodología de bandas, debido a que fue establecida para un escenario donde el Nombre9574 recibiera ofertas de una gama amplia de generadores privados y escogiera las que le resultaran más atractivas. / Frente a esta solicitud sin embargo, el Nombre9574 en respetuoso acatamiento a lo dispuesto por el Regulador en materia tarifaría, conforme a la resolución RJD-161- 2011 que estableció "que en ningún momento los precios pagados para la compra de energía pueden ser mayores al límite superior ni inferiores a la banda", le informó a la actora que ajusataría (sic) el precio a US$0,0798/kWh equivalente no sólo al límite inferior de la banda sino a un 14.8% mayor a la tarifa particular fijada por ARESEP. Ajuste de precio que se actualizó el 26 de marzo de 2013 en atención a las nuevas bandas fijadas en la resolución RIE-033-2013, siendo que el precio pagado actualmente corresponde a un monto de US$0,0948 límite inferior de la banda vigente, equivalente a un36,4% con respecto a la tarifa fijada por Nombre628 con base en el estudio particular de la actora. / No satisfecha con ello la actora, interpuso reclamo administrativo ante la ARESEP, e insistió en la aplicación de la metodología del sistema de bandas, mismo que fue rechazado por falta de mérito (Según consta en el expediente OT-107-2013, aportado por la actora). / El alegato específico de la actora contra el Nombre9574 al interponer la presente demanda, es el supuesto incumplimiento con las instrucciones de Nombre628 para que, luego de la "negociación" que se llevaría a cabo, le reconociera como precio el límite superior establecido en el sistema de bandas, como se detalla más adelante, solicitud a la que el Nombre9574 no pudo acceder pues habría vulnerado entre otros, su ámbito de competencia, el principio de legalidad y el principio de regulación de servicios públicos y a lo mejor hasta habría incurrido en fraude de ley conforme a la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. El ICE, es el único que ha estado claro en no tener competencia para negociar tarifas para compra de energía eléctrica como se pretendió, pues la competencia para fijar (no negociar) fue dada en forma exclusiva a la ARESEP, conforme la Ley No. 7593 (artículo 5), siendo necesario recalcar que al ser una potestad reglada en una norma de rango legal no puede ser delegada en el Nombre9574 y en caso que Nombre628 dentro del sistema de bandas visualizara viabilidad regulatoria para que Nombre9574 fijara la tarifa en el caso particular de la actora, tuvo que haberle precisado los parámetros de actuación, lo cual omitió. / En razón de lo expuesto, debemos ser enfáticos en señalar que el objeto de esta demanda deviene por un lado de una falta de precisión regulatoria que se da en el caso particular de la actora, y por la omisión del Regulador de incluir en la metodología o sistema de Bandas tarifarías (RJD-152-2011) una norma transitoria para regular la transición que se dio luego de la tarifa fijada en forma individual con el nuevo modelo regulatorio de sistema de bandas tarifarías. Tal imprecisión lleva a la actora a dos posiciones ambiguas (sic), una en vía administrativa en la que pretende la aplicación de la metodología de bandas tarifarías y otra en vía judicial en la que rechaza dicha aplicación por considerarla improcedente en su caso particular. / El cuadro fáctico de lo realmente sucedido en el presente caso se resume básicamente así: / 1. Nombre111322 obtuvo una tarifa de Nombre628 con aplicación del modelo de tasa de retorno; luego pretendió se le fijara una nueva tarifa cuya determinación se hiciera con el modelo de bandas tarifarias; y hoy día, según la pretensión de esta demanda considera que este último modelo no le aplica a su caso. / 2. Nombre628 omitió regular el caso específico de la actora; y al remitirla a negociar con el ICE, pretendió que éste subsanara su omisión regulatoria. / 3. El Nombre9574 siempre ha tenido claro su ámbito de competencia y ha actuado apegado al marco regulatorio por lo que todos sus actos se encuentran apegados a Derecho y no contienen vicios de nulidad. / SOBRE EL FONDO DE LA DEMANDA INTERPUESTA / Previo a entrar al detalle de los argumentos de fondo del actor, me permito realizar el siguiente preámbulo. / Se tiene por un lado que en consideración al I objeto del proceso lo que pretende la parte actora es la impugnación de la conducta de la ARESEP, lo que se desprende con claridad de sus pretensiones. Por otro lado en lo que concierne a las conductas de mi representada las mismas no solo cumplen con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, sino que es la única -de las partes del proceso- que ha mostrado claridad y consistencia acerca de cuáles son sus competencias en el marco de la Ley No. 7200, el Reglamento al Capítulo 1 (Decreto 37124-MINAET), el Procedimiento de Selección de Proyectos y del Contrato de Compra de Energía y su respectivo Addendum, así como en la sujeción en materia de regulación de tarifas. / A continuación se pretende evidenciar la ambigüedad de criterios que ha prevalecido en las actuaciones de la actora, todo ello generado por la falta de claridad en las disposiciones regulatorias que definieran su situación tarifaría. / a) Ambigüedad de criterios de la actora en la solicitud de ajuste de la tarifa fijada por Nombre628 inducidos por su falta de precisión regulatoria que se desprenden del apartado a) de su demanda. / La actora ha tenido durante el procedimiento administrativo -y ahora en el proceso judicial-, dos posiciones que resultan contradictorias. En primer lugar solicitó una fijación tarifaría individual sin contar con un contrato suscrito y refrendado, y obtuvo una fijación tarifaría individual con base en una metodología que no le era aplicable (tasa de retorno); y en segundo lugar, una vez que le fue comunicado por parte del Nombre9574 que los precios que se utilizarían para la liquidación de la energía que se recibía al amparo del Contrato de Compra de Energía se ajustarían al límite inferior de la banda aprobada por la Nombre628 que se encontrara vigente al momento de la recepción de la energía (oficio número 0690-171-2012 de/30 de mayo de 2012 en atención a lo dispuesto en resolución RJD-162-2012) la parte actora se opuso y solicitó el 4 de junio de 2012 a la Nombre628 una fijación tarifaría con base en esa nueva metodología (aprobada en RJD-152-2011 y 796-RCR-2012.) / Específicamente, al amparo de la resolución 879-RCR-2012 en la que Nombre628 le indicó a la actora que debía "negociar" con el Nombre9574 la tarifa dentro de los precios fijados en el sistema de bandas, ésta sometió al ICE, el19 de noviembre de 2012, una solicitud de ajuste de tarifa basada en la Metodología contenida en la RJD-152-2011, y ante la decisión del Nombre9574 de rechazar la solicitud de fijación tarifaría con base en el nivel superior de fijación de la tarifa, la parte actora interpuso un reclamo administrativo y lo petición administrativa de Atención Urgente en contra de mi representada, ante ARESEP, la cual fue archivada según resolución RRG-359-2013 del 16 de setiembre de 2013, por no haber mérito suficiente para iniciar un procedimiento administrativo, indicando a ambas Partes que "La metodología tarifaría de referencia para plantas de generación privadas hidroeléctricas nuevas, todos los precios entre la banda se encuentran fijados y autorizados por la ARESEP, y que el precio al que finalmente se transe la energía de estos deberá ser negociado por ellos (. .. )". Cabe aclarar en este punto que el Nombre9574 no podía, de ninguna manera, aceptar fijar la tarifa en la parte superior de la banda, ya que éste no tiene competencia para determinar y validar la estructura de costos presentada por el generador y entrar a determinar reconocimientos de inversiones. No obstante, haber presentado todas las gestiones descritas, y al reconocer la razonabilidad y legalidad de la posición de mi representada al respecto, ahora la actora en el escrito de interposición de la presente demanda modifica los términos de su tesis, al señalar que Nombre628 ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios al no cumplir su obligación de fijarle una tarifa conforme al principio de tasa de retorno, exponiendo de forma precisa la inaplicabilidad para su caso concreto del sistema de bandas. / Frente a este escenario, se evidencia inconsistencia en las acciones y pretensiones de la actora: en un primer momento, conociendo la regulación existente, solicitó la fijación de tarifa específica previo a la firma del contrato. (Cabe destacar en este punto que una vez conocida esa tarifa provisional la actora decide continuar con el proyecto, lo que hace suponer que consideraba esa tarifa económicamente viable para efecto del financiamiento). Posteriormente, una vez vigente la metodología aprobada para plantas nuevas (Resolución de Nombre628 RJD-152-2011) solicitó una fijación tarifaría con base en esa metodología distinta. Y por último, hoy día argumenta que esa metodología no le resulta aplicable. / En nuestro criterio la confusión de la actora a la postre fue propiciada por la falta de regulación en su caso particular por parte de la ARESEP. En su condición de Regulador, con sustento en el criterio técnico respectivo, fijó una tarifa individual de compra de energía a la actora, sin que existiera una metodología de aplicación específica para plantas con las características de la actora. Además de lo anterior, cuando emitió la metodología de sistema de bandas tarifarías omitió incluir un transitorio que regulara la incorporación de la parte actora dentro de este nuevo sistema de bandas tarifarías. Cabe aclarar aquí que ese sistema de bandas sólo es aplicable cuando ha habido un concurso entre generadores, pues la modalidad de concurso permite por un lado que los generadores ofrezcan dentro de la banda y por otro lado, que se seleccione el proyecto más económico y de mejores condiciones técnicas, dentro de un marco de sana competencia y transparencia. Aunque no se estipuló claramente en la metodología de bandas, el sistema sólo resulta aplicable cuando sé compite por ganarse el derecho a ser seleccionado el proyecto de que se trate para vender energía al ICE. / La inclusión de un transitorio dentro de la nueva metodología o sistema de bandas, a criterio de esta representación, pudo evitar este proceso, ya que el Regulador tenía claro que había fijado una tarifa individual a una planta nueva, y que la metodología del sistema de bandas no permitía la fijación de una tarifa individual, sino únicamente la existencia de oferentes y la facultad del Nombre9574 de seleccionar la oferta más favorable, condición que no presentaba la parte actora ya que entró en operación sin haber participado de un proceso de selección. / Importante en este punto destacar que el propio Nombre9574 solicitó a la Nombre628 adicionar y aclarar la resolución RJD-152-2011, sobre aspectos relativos a los precios pactados por el Nombre9574 al momento de suscribir los contratos y las implicaciones de la revisión de la banda tarifaría. Como respuesta a esa solicitud del Nombre9574 la ARESEP, en resolución RJD-013-2012 indicó: " A pesar de llevar razón el solicitante en cuanto a la aclaración solicitada sobre los aspectos relativos a los precios pactados por el Nombre9574 al momento de suscribir los contratos y las implicaciones de la revisión anual de la banda tarifaría, su gestión carece de interés, ya que mediante la resolución RJD-161-2011 del 26 de octubre del 2011, la Junta Directiva adicionó al apartado "Ajuste de los valores de la banda tarifaría" de la resolución RJD-152-2011 lo siguiente: "en ningún momento los precios pagados por la compra de energía eléctrica pueden ser mayores que el límite superior de la banda tarifaría vigente ni menores que el límite inferior de esa banda". Lejos de aclarar, la confusión prevaleció, con lo cual al día de hoy es claro que fue una omisión regulatoria que provocó el objeto de esta demanda. / b) Ambigüedad en el alegato sobre la supuesta violación al principio de irretroactividad de la norma. Debe quedar claro que la actora, una vez que la Nombre628 le fijó la tarifa que aplicaba para el contrato de Compra Venta de energía, presentó los recursos ordinarios contra dicha fijación, el 28 de febrero del 2011, lo cual no fue resuelto por el ente regulador sino hasta el 5 de setiembre de 2013 mediante resolución RJD-111-2013, tiempo después de haberse firmado ya el contrato de compra venta de energía. / Además, fue la Nombre628 quien ordenó al Nombre9574 modificar el contrato de compra venta mediante addendum, esto con el fin de que se aplicara la metodología de bandas por lo que la actora solicitó la aplicación correspondiente con base en dicha metodología. Extraña por lo tanto, que ahora en esta demanda la actora alegue que la aplicación de la resolución que antes había solicitado, violenta el principio de irretroactividad de las normas. / Alega la actora que las tarifas fijadas dentro del Sistema de Bandas no le pueden ser aplicadas por 2 razones: porque va dirigida a plantas nuevas (y la suya fue construida previo a su emisión), y porque ese modelo está dirigido a los proyectos que se desarrollen en aplicación de la modificación del Reglamento a la Ley 7200 hecha por Decreto Ejecutivo 37124-MINAET. / El actor claramente comparte la posición del Nombre9574 al indicar que a éste no le falta del todo razón legal al señalar su incompetencia para proceder a fijar una tarifa, ya que esto es competencia de la ARESEP, en virtud de ello es claro que el actor es el que ha venido gestionando solicitudes de aplicación tarifaría ante Nombre628 porque conoce de antemano la regulación existente, y por ende que el Nombre9574 no es competente para fijar una tarifa individual como si lo es la ARESEP. / Además de ello, el actor suscribió el Contrato de Compra Venta de Energía y su Addendum, sin que hubiese manifestado oposición alguna a los términos de la cláusula Vigésimo Primera que fueran ordenados por ARESEP. En razón de lo cual es claro que el actor consintió que el precio de su contrato fuera regulado por la RJD-152-2011 , y que el precio fijado por la resolución 341-RJD-2011 se mantuviera vigente hasta que el regulador autorizara una tarifa general para plantas con características similares. Nótese que si bien recurrió la resolución 341-RCR-2011, todos los argumentos se referían (sic) al cálculo de la tarifa realizado en la misma, esto según el Considerando IV de la RJD-111-2013, y no a la oposición que su caso en particular se sometiera a una nueva metodología que se aplicará retroactivamente. / Ahora, resulta claro que el Nombre9574 no es el que dispuso la aplicación de una u otra metodología a la parte actora, esta competencia es exclusiva de la ARESEP, la que sin haberse dispuesto expresamente dentro de la metodología de sistema de bandas tarifarías (RJD-152-2011) remite a la parte actora a un proceso de negociación con mi representada, obviando que el Nombre9574 no cuenta con la competencia para la fijación de tarifas o precios. / En razón de ello, la pretensión de la actora de invocar ahora la nulidad de cinco actos administrativos de mi representada -Oficio 0690-171-2012 del 30 de mayo de 2012, Oficio 0510-245-2013 del 26 de febrero de 2013, Oficio 0510-503-2013 del14 de mayo de 2013, Oficio 0510-1392-2013 del 8 de octubre de 2013 y Oficio 0510-1479-2013 del 22 de octubre de 2013- mismos que fueron generados por la insistencia de la actora de que se le aplicara el sistema de bandas-, deviene en un alegato que no cuenta con fundamento alguno y que se encuentra desprovisto de buena fe, tal y como se desarrolla en el último apartado de esta contestación, dentro del cual se demuestra que dichos actos no contienen vicios de nulidad. / En todo caso lo que resulta importante dejar claro desde ya, es que en todos esos actos administrativos desplegados por el ICE, siempre se tuvo la claridad jurídica que dentro de la aplicación de la metodología a Nombre111322 , no cabía ningún proceso de negociación, primero por no disponerlo expresamente la metodología y segundo por la falta de competencia para aplicar dicha metodología y para la fijación de una tarifa a la parte actora, siendo que el Nombre9574 únicamente ha procedido conforme sus competencias y en respeto a las disposiciones regulatorias emitidas por ente regulador. / Finalmente, si bien el principio de irretroactividad contenido en el artículo 34 de la Constitución Política señala que a ninguna norma se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas, la jurisprudencia constitucional ha delimitado el alcance de dicha norma para indicar que lo prohibido no es la retroactividad en sí misma, sino la retroactividad perjudicial, es decir que sí es posible la retroactividad beneficiosa. Para el caso particular se tiene que la fijación de la tarifa en la resolución 341-RCR-2011 se dio en un momento en que no existía una metodología aplicable y su vigencia quedó condicionada a la aprobación de la metodología aplicable a la parte actora. Dicha fijación no constituía un acto administrativo definitivo sino condicionado a una nueva fijación, misma que para los intereses de la parte actora resultan beneficiosos por cuanto constituye un 36.4% más respecto a la primera fijación tarifaría; es decir no podría alegarse que existe una violación al principio de irretroactividad por cuanto el precio que se paga a partir de la nueva metodología y por orden del Regulador es más beneficioso que el fijado anteriormente, es decir no se da un precio ruinoso para la actora. / e) Sobre el supuesto enriquecimiento sin causa y expropiación de hecho por parte del Nombre9574. Alega el actor que existe un enriquecimiento sin causa y una expropiación de hecho por parte de mi representado, sin embargo prescinde de aportar un fundamento legal y probatorio para imputar una responsabilidad de este tipo al ICE, con el cual respalde esa acusación tan grave. / Mi representada RECHAZA ENFÁTICAMENTE que se esté ante una figura de enriquecimiento con la tarifa fijada y pagada al actor. Tanto la doctrina como la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que toda pretensión de enriquecimiento sin causa, como causal de responsabilidad patrimonial, exige como requisitos esenciales: prueba de que se presentó una ventaja patrimonial para una parte y empobrecimiento de la otra, una conexión entre el enriquecimiento y empobrecimiento y una falta de causa que justifique el enriquecimiento. / Lo anterior, no puede nunca ser demostrado por el actor, por la simple razón de que no se presentan tales presupuestos, primero porque existe un contrato de compra venta de energía suscrito por ambas partes, que establece claramente en la cláusula Vigésimo Primera que la tarifa y estructura tarifaría que regirá será la que fije la ARESEP, incluso la misma cláusula señala que en caso de que la Nombre628 llegue a aprobar una nueva metodología para el cálculo y aplicación de las tarifas de generación privada para plantas hidroeléctricas nuevas en generarlo para el caso particular de Central Hidroeléctrica Vara Blanca- la misma regirá desde el momento en que así lo disponga la resolución respectiva sin necesidad de modificar el contrato; el actor al firmar dicho contrato aceptó expresamente su contenido, mismo que no puede hoy venir a desconocer. Segundo, el actor no puede invocar un enriquecimiento sin causa contra mi representada cuando el Nombre9574 al comprar energía eléctrica -que constituye un servicio regulado- no está facultado a pagar más que aquel precio que el Regulador, como único ente competente le fije y en todo caso en cumplimiento con el principio de legalidad. / La tarifa que hasta el día de hoy se le cancela al actor es la equivalente al límite inferior del sistema tarifario de bandas, debidamente fijado por la Nombre628 esto con fundamento en la imposibilidad legal de negociar un precio por encima del que actualmente paga el Nombre9574 a la actora, por las siguientes razones: 1) el Nombre9574 no es competente para aplicar la metodología, 2) la metodología contenida en la RJD-152-2011 no es de aplicación con los datos en particular de un solo generador y esto ha sido reiterado por la propia Nombre628 mediante resolución RJD-142-2012, 3) el Nombre9574 no es competente para entrar a conocer la estructura de costos de un generador -dentro de la cual se incluye la inversión total-, y partir de esa valoración determinar si los gastos reportados son o no necesarios para la prestación del servicio, el único competente para analizar y validar dicha estructura presentada por la actora es la ARESEP, y 4) el único dato desde el punto de vista técnico y financiero con el que cuenta el Nombre9574 para determinar el precio a cancelar por la compra de energía a la actora, es la fijación realizada por Nombre628 mediante resolución RCR-341-2011 DEL 21 de febrero de 2011. / Queda así demostrado, que el único parámetro válido desde el punto de vista técnico, económico y jurídico a partir del cual el Nombre9574 en atención al principio general del derecho contenido en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, ha podido justificar la fijación del precio de la energía en el valor equivalente a límite inferior de la banda tarifaría, lo constituye la fijación tarifaría de Placa19725 realizada por el regulador mediante resolución 341-RCR-2011 del 21 de febrero de 2011, la cual fue el resultado del estudio y análisis de la estructura de costos de la actora que conforme sus competencias llevó a cabo la Nombre628 en el año 2011 (lo cual informó el Nombre9574 al Regulador en atención al Reclamo Administrativo presentado por la actora). / Es así, que la fijación tarifaría de Placa19725, es el único parámetro que objetivamente permite al Nombre9574 ofrecer y fijar un precio razonable y proporcionado dentro de las bandas autorizadas, siendo que la última fijación de precio de compra de energía comunicada a la parte actora y fundamentada en la Resolución RIE-033-2013 "contempla un incremento del 36,4% con respecto a la tarifa que inicialmente le fijó/a Nombre628 como resultado del estudio particular'. / Asimismo, la actora no aporta prueba que demuestre su estado de empobrecimiento, por el contrario el pago de la tarifa correspondiente al límite inferior establecido en la banda tarifaría fijada, en comparación con la primera fijación individual de tarifa mediante resolución RCR-341 -2011, tal y como se indicó, constituye un 36,4% de más, con respecto a la tarifa que Nombre628 le había fijado originalmente, y para lo cual ejerciendo sus competencias analizó la información financiera presentada e incluso ordenó la presentación de información adicional para determinar una tarifa individual, misma que ésta aceptó y siguió adelante con el proceso de firma de contrato. / Un criterio de legitimación para rechazar el estado de "empobrecimiento" alegado, lo constituye el hecho de que en el concurso No. 02-2014 promovido por el ICE, (publicado en el diario oficial La Gaceta No. 24 de/4 de febrero de 2014), participaron varios generadores privados hidroeléctricos (en condición similar a la de la actora) y la mayoría ofrecieron una tarifa de venta en el límite inferior o "piso" de la banda, que es $0,0948. Por su parte el precio solicitado por la parte actora es de US$0.1483 kWh. Del resultado del concurso reciente se desprende que el precio cancelado por el Nombre9574 es una tarifa conveniente que reconoce los costos y ganancias del negocio, ya que ellos estudian la conveniencia económica de dicha tarifa y la acomodan a sus proyectos, por lo que no hay un perjuicio económico real en el caso de la actora. Precisamente ese modelo a partir de las estimaciones de los valores superiores e inferiores de la banda, dota al generador de la retribución necesaria para amortizar la inversión que tuvo que realizar para poner en marcha la venta de energía, cubrir sus costos de operación y le dota de una rentabilidad razonable, así lo reconoce el Regulador en la resolución 796-RCR-2012. / Si bien en una relación contractual puede producirse un desequilibrio económico para una de las partes entre sus prestaciones, lo cierto es que no resultaría posible encuadrar un argumento de tal naturaleza (enriquecimiento sin causa) a un comprador de energía como el Nombre9574 cuya cancelación del precio se hace dentro de un esquema regulatorio, pues tal y como se desprende la fijación del precio o tarifa no es fijada por el Nombre9574 ni a partir de análisis técnico-económicos ni a su antojo, no lo fija porque no tiene la competencia para ello y lo que hace es acatar íntegramente la fijación que realiza el regulador, claro está en el tanto sea razonable y jurídicamente viable. Caso contrario estaríamos en un escenario donde todo aquel que no estuviera conforme con lo establecido por el regulador y que pretendiera derivar una pretensión similar, desnaturalizaría los esquemas tarifarías de servicios regulados como lo es la compra de energía eléctrica a generadores privados. Es por ello que todo alegato de desequilibrio económico debe resolverse únicamente entre en el interesado y el regulador, pues en un caso como el que se analiza, el Nombre9574 sólo acata la resolución regulatoria. / La afirmación que realiza la actora, sólo puede entenderse bajo un supuesto desconocimiento de la forma en que opera el sector eléctrico, y en particular de la forma en que Nombre628 le fija las tarifas de compra al ICE. En forma resumida, la Nombre628 le fija las tarifas al Nombre9574 a nivel de cada uno de los sistemas (generación, distribución, transmisión y alumbrado público) sobre la base de la aplicación del principio de servicio al costo (artículo 3 Ley No. 7593). Siendo que las fijaciones son de aplicación posterior (pues rigen a partir de la publicación en La Gaceta) las mismas se realizan sobre la base de proyecciones. En el caso de la generación privada, la proyección se realiza sobre la base de la tarifa vigente y en consecuencia más bien cualquier variación que ocurra durante el ejercicio significa un sobrecosto para el Nombre9574 que no es reconocido. Igual riesgo corre el Nombre9574 ante devaluaciones de la moneda toda vez que las tarifas para generación privada están nominadas en dólares y el reconocimiento se realiza sobre la base del tipo de cambio proyectado. Así lejos de lucrar, en el mejor de los casos el Nombre9574 recupera lo que le paga a los generadores privados por la energía que les compra. Eventualmente los beneficiados son los usuarios del servicio eléctrico. / De lo expuesto y dada la ausencia de prueba, hace que se violente el principio de carga dinámica de la prueba, en concordancia con los numerales 58, 82, 85 y 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y lo señalado en el numeral 317 del Código Civil, ya que la parte actora, sin haber aportado elemento alguno que demuestre el supuesto enriquecimiento sin causa que pretende achacar a mi representada, pretende que el Nombre9574 reconozca una tarifa, violentando con ello lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. / • Necesidad de diferenciar los conceptos negociar y fijar una tarifa Es claro que el término "negociar" tarifas riñe totalmente con la función de "regulación" que equivale a la intervención estatal que asegura la efectividad de los intereses públicos a través de la ARESEP, ente al cual se le dotó de autonomía funcional para garantizar su función reguladora, el cual es buscar el equilibrio entre las diversas fuerzas e intereses que actúan en el mercado. / Si bien mi representada como parte de la Administración Pública, cuenta con autonomía administrativa, está sujeta al bloque de legalidad, especialmente a los principios de legalidad y de igualdad sobre todo tratándose de actos en el ámbito de la prestación de servicios públicos regulados, que como el caso particular de una fijación tarifaría, el Nombre9574 no tiene la competencia para llevar a cabo dicha acción, además de la debida diligencia que debe realizar por tener a su cargo la administración de fondos públicos, a partir de lo cual, tratándose de precios regulados únicamente pueden ser definidos por el ente que legalmente se haya designado, y dicha designación recae sobre la ARESEP, único y exclusivo competente para fijar el precio o tarifa "específica" que debe reconocer el Nombre9574 a la parte actora. / Por su parte la expresión "fijar'' se refiere a "Determinar, limitar, precisar, designar de un modo cierto", y tarifa según el contrato de compra venta de energía firmado entre las partes es "Es el conjunto de precios y condiciones que define la ARESEP, bajo los cuales el Nombre9574 le compra al Vendedor la energía". De conformidad con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley No. 7593 la actividad correspondiente a la fijación tarifaria en etapa de generación, transmisión, distribución y comercialización corresponde a la ARESEP, como parte de sus obligaciones, según lo estipulado también en el artículo 6 inciso d) al indicar "Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos. (Así adicionado por artículo 41, inciso e) de la Ley 8660 de 818/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta 156 del131812008)". Los elementos que tomó en consideración el Nombre9574 para atender la solicitud de la actora de ajuste de tarifa presentada por la parte actora fueron los siguientes: / 1) el Nombre9574 no es competente para aplicar la metodología a un generador individual, / 2) la metodología contenida en la RJD-152-2011 no es de aplicación con los datos en particular de un solo generador y esto ha sido reiterado por la propia Nombre628 mediante resolución RJD-142-2012, / 3) el Nombre9574 no es competente para entrar a conocer la estructura de costos de un generador -dentro de la cual se incluye la inversión total-, y partir de esa valoración determinar si los gastos reportados son o no necesarios para la prestación del servicio, el único competente para analizar y validar dicha estructura presentada por la actora es la ARESEP, / 4) el único dato desde el punto de vista técnico y financiero con el que cuenta el Nombre9574 para determinar el precio a cancelar por la compra de energía a la actora, es la fijación realizada por Nombre628 mediante resolución RCR-341-2011 DEL 21 de febrero de 2011. / Tal y como puede desprender ese Tribunal a partir de los documentos que constan en el expediente administrativo correspondiente a la "Solicitud de Ajuste en Tarifa", mi representada, a pesar de no haber sido notificada de ninguna resolución que haya emitido Nombre628, mediante la cual le ordenara de forma expresa entrar en una etapa de negociación con la actora (ver resolución 879.RCR-2012), atendió tanto las solicitudes escritas como verbales que realizó la actora, bajo la tesis, firme desde el inicio, de no contar con competencia para entrar en una negociación que derivara en fijación tarifaría. / En razón de ello, se reitera que no existe ningún mandato expreso de la Nombre628 por el cual el Nombre9574 deba entrar en un proceso de negociación, para estos efectos es claro lo que el Regulador dispuso en el Considerando 11 de la resolución RRG-359-2013 del 16 de setiembre de 2013 lo siguiente: "Que el precio pagado actualmente por la energía que suministra al/CE la empresa CH Vara Blanca S.A. ($0,0948/kwh) ( ... ) se encuentra dentro de la banda fijada en la resolución R/E-033-2013 ( ... ) por lo que no hay espacio alguno para que la Nombre628 requiera de ninguna de las dos partes a negociar y pagar un precio diferente( ... )". / Es decir, la Nombre628 no ordenó ni solicitó al Nombre9574 iniciar un proceso de negociación para este caso. Lo único que señaló en la resolución de cita es la potestad que tiene tanto el Nombre9574 como la actora para que el precio al que finalmente se transe la energía entre ellos sea negociado, brindando únicamente como parámetro fijar el precio, según el principio contenido en el artículo 16 de la LGAP, principio que precisamente justifica las fijaciones que el Nombre9574 ha realizado conforme a derecho, las cuales bajo ningún punto de vista constituyen fijaciones impuestas sin fundamento y mucho menos abusos en una posición de poder, tal y como de forma equivocada lo expone la actora en el proceso, objeto de análisis. / • Nombre9574 como administrador de fondos públicos está imposibilitado de disponer de ellos para un pago de una tarifa que no haya sido previa y en forma precisa fijada por el regulador / Tal y como se ha venido indicando en el presente escrito, el Nombre9574 tiene una limitación para realizar fijaciones tarifarías; dicha limitación no sólo se da por su falta de competencia, como ya ha sido reiterado, sino porque en su condición de administrador de fondos públicos, debe garantizar que todo pago que se realice por compra de energía y otros, encuentre la justificación correspondiente, lo cual no se da en el caso de la actora, para pagar la tarifa equivalente al límite máximo. / Asimismo, no tiene el Nombre9574 competencia para entrar a valorar y analizar si la tarifa que le paga al generador privado es o no ruinosa para éste, pues tal análisis corresponde conforme a la Ley N°7593, a la ARESEP, cuando le señala que debe velar por el equilibrio financiero de sus regulados. / En consecuencia las actuaciones del Nombre9574 en ningún momento llegan a contravenir el Ordenamiento Jurídico, siendo que éste ha actuado en atención a la regulación vigente en materia tarifaria y en protección de los fondos públicos. Finalmente lo que está claro es que el objeto de la presente litis debió circunscribirse particularmente entre el actor como interesado en obtener una tarifa diferente y el único ente competente para fijarla la ARESEP, tema que a todas luces no es de resorte inmediato del ICE. / • Funesto precedente en caso de que Nombre9574 fije la tarifa a un generador privado particular con una metodología inaplicable / Como resulta razonable de lo expuesto hasta acá, el que mi representada hubiera accedido a negociar y derivar de ella una tarifa superior a la fijada por Nombre628 en forma particular a la actora, sin que para ello pudiera basar su actuación en una autorización regulatoria precisa, constituiría un precedente negativo frente a otras empresas generadoras de energía eléctrica que han actuado bajo determinados modelos regulatorios y pondría en duda la legalidad de la actuación del Nombre9574 con sus correlativas repercusiones en el ámbito del régimen de responsabilidad. / EL Nombre9574 NO HA VULNERADO EL ORDENAMIENTO JURÍDICO POR OMISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE DEBERES / Si bien la actora es enfática en señalar que el incumplimiento de deberes alegado es de la ARESEP, ente al que responsabiliza en un "grado más severo" para utilizar sus propios términos, señala que el Nombre9574 a pesar de que lleva razón al afirmar que la fijación es competencia exclusiva de ARESEP, ha omitido adoptar todo tipo de medida paliativa a la supuesta situación de quiebra que enfrenta la actora. / Aunque es más que evidente la imposibilidad legal de mi representada de adoptar alguna medida de las pretendidas por la actora, dada la claridad en la normativa vigente en materia de fijación tarifaria (Ley 7593), me permito hacer referencia al Informe Jurídico del Proyecto de Ley de Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos - visible al folio 056 del expediente legislativo-, que pretendía la transformación del Servicio Nacional de Electricidad (S.N.E.) en un ente regulador de servicios públicos, el cual según se expresó "tendrá como función principal la fijación de las tarifas que cobren las instituciones y las empresas particulares que brinden esos servicios (...)", aunado a ello y según consta en el acta de discusión número 3 de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales (ver folio 90 del expediente legislativo), el legislador pretendió que dicha entidad tuviera como función "buscar un equilibrio que permita que las instituciones que presenten servicios tengan tarifas que permitan recuperar sus costos de operación y tener rentabilidad sobre activos (...) entonces hay que establecer un mecanismo que fije esos precios de una manera adecuada (...) son sólo los costos necesarios para la prestación del servicio los que se deben incluir en la fijación de las tarifas." / De esta forma es claro que la Nombre628 fue creada como único ente competente para la fijación de las tarifas y los precios de los servicios, dentro de los cuales se encuentra el servicio de suministro de energía en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización, y dicha fijación según lo señala el artículo 6 inciso d) debe ser establecida de conformidad con los estudios técnicos que permitan fundamentar dicha fijación. / La función de regulación consiste en "encuadrar el desarrollo de un sector de la vida social esforzándose por asegurar el mantenimiento de ciertos equilibrios" (definición de Nombre111323. ) actividad que supone buscar y precisar el funcionamiento correcto de un sistema complejo. En nuestro Ordenamiento tal función se precisa según lo estipulado por el artículo 3 de la Ley No. 7593, al señalar que constituye un objetivo "fundamental de la! ARESEP, entre otros, "(...) / b) Procurar el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores de los servicios públicos (...)". De la misma forma, la Nombre628 debe asegurar que los servicios públicos se brinden bajo el principio de servicio al costo, es decir, que las tarifas y los precios de los servicios se fijen de manera que se "contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio,que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad(...)". / En este mismo sentido, el artículo 6 inciso a) de la Ley No. 7593 establece como una obligación de la Nombre628 "a) Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad ó utilidad obtenida". De la misma forma establece que las empresas se encuentran obligadas a suministrar la información necesaria para el cumplimiento exclusivo de la funciones de la ARESEP, esto en atención del artículo 24 de la ley No. 7593. / Ahora bien, el artículo 30 de la Ley No. 7593 señala que los prestadores de servicios públicos, las organizaciones de consumidores constituidas y los entes y órganos públicos con atribución legal para ello, podrán presentar solicitudes de fijación o cambio de tarifas, y que la Nombre628 podrá modificar, aprobar o rechazar esas peticiones. Además se señala que ésta de oficio podrá realizar modificaciones ordinarias debiendo otorgarles la audiencia según lo establecido por la ley, entiéndase por fijaciones ordinarias aquellas que contemplen factores de costo e inversión conforme el principio de servicio al costo. / Conforme al artículo 31 del citado cuerpo normativo, para realizar la fijación de tarifas y precios, la Nombre628 debe considerar las estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, siendo claro además según dicha normativa que no se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del servicio público. / A partir de la normativa expuesta sólo Nombre628 tiene en nuestro Ordenamiento Jurídico la competencia para realizar la fijaciones tarifarias y dicha fijación o modificación debe estar fundamentada en estudios técnicos y en atención a lo que establece el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública"(...) / En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia (...)". En síntesis, no se puede nunca arribar a una conclusión de que una entidad incumple sus deberes cuando esos "deberes" no corresponden a su competencia. El Nombre9574 no tenía ni tiene competencia alguna para adoptar ningún tipo de medida favorable a la actora, en primer lugar porque las fijaciones de tarifas generales o particulares no es de su ámbito de competencia, mucho menos tenía competencia para realizar estudios técnicos ni para haber solicitado a la parte actora el suministro de información financiera, contable, estadística y técnica relacionada con la prestación del servicio, tampoco tenía la competencia para inspeccionar y registrar libros legales y contables, comprobantes, informes y equipos del prestador, que le permitiera emitir un acto administrativo debidamente motivado de fijación de precio, conforme a las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública en relación con la Ley de Control Interno, y en segundo lugar porque dentro del marco regulatorio en el que actúa, existen relaciones y delimitación de funciones con el regulador en la cual mi representada reconoce y se ajusta a la autonomía funcional que tiene la ARESEP, ajustando su actuar a las resoluciones de ésta donde fija las tarifas o límites dentro de los cuales puede válidamente actuar. De haber el Nombre9574 actuado de forma contraria habría incurrido en violación de la competencia de ARESEP. / LA IMPRECISIÓN PARA EL CASO PARTICULAR DE LA ACTORA EN VARIACIÓN DEL MODELO TARIFARIO EN GENERACIÓN PRIVADA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES LO QUE GENERA ESTA DEMANDA. / Con la promulgación de la Ley No. 7200 el espíritu del legislador fue incentivar la producción de la empresa privada costarricense con la actividad de venta de energía por parte de productores privados, en donde los costos generados por la inversión realizada y la rentabilidad por la generación de electricidad, serían reconocidos en la tarifa correspondiente fijada por la ARESEP, previo al análisis técnico y financiero correspondiente, y con base en la información presentada por cada una de las empresas productoras de energía. / Los análisis realizados por Nombre628 demuestran históricamente que desde la entrada en operación de estas empresas generadoras, no existía un modelo estándar de cálculo de tarifas debido a los diversas condiciones y costos de producción de cada empresa, por lo que se consideró establecer una banda de tarifas dentro de la cual el Nombre9574 podría RECIBIR OFERTAS y escoger las más convenientes, todo con el propósito final además de hacer más eficientes las tarifas que el consumidor final paga por el servicio de electricidad (Ver Considerando 11 de la Resolución RJD-152-2011 página 55 de la publicación en La Gaceta). Con ello queda claro que para la definición de dicho modelo tarifario, el regulador tomó en cuenta la modalidad de selección a partir de concursos, de manera consistente con el procedimiento de contratación que tenía vigente el Nombre9574 desde el año 2000, generado con posterioridad al criterio de la PGR (dictamen C-024-97). / Hoy en día, se cuenta con un modelo de regulación tarifario diferente al modelo tradicional, conocido como SISTEMA DE BANDAS, en el que la competencia regulada es el instrumento principal para lograr una mayor eficiencia, modelo que contempla una banda tarifaría que permite al Nombre9574 pagar precios de compra de electricidad con los cuales las empresas puedan obtener los ingresos suficientes para cubrir sus costos de operación, recuperar inversión y obtener una rentabilidad razonable, modelo que según lo definió la Nombre628 regía no para uno sino para TODOS los productores de energía eléctrica con plantas nuevas. / La ARESEP, al establecer la metodología de tarifas por bandas, con el fin de armonizar la situación tarifaría de las empresas privadas generadoras de energía eléctrica, con la nueva estructura tarifaría era necesario y conveniente, (reitero tal y como fue solicitado por el Nombre9574 en su oportunidad mediante una solicitud de adición y aclaración de la resolución RJD-013-2012 del 29 de febrero del 2012.) que por medio de una disposición transitoria estableciera claramente la condición en la que quedarían las empresas que ya contaban con una tarifa fijada con el sistema tarifario anterior, pero lamentablemente NO fue así. / Por otra parte, en caso de que Nombre628 al momento del dictado de dicha metodología previera para ese tipo de situaciones -como la alegada por el actor-, la obligación del Nombre9574 de negociar los precios dentro de la banda, en cumplimiento de los principios mínimos regulatorios, era su obligación establecer dentro de dicha metodología los parámetros objetivos bajo los cuales el Nombre9574 podría aceptar o no una tarifa diferente a la previamente fijada, lo cual tal y como puede verificar ese Tribunal no contiene tal metodología, con lo cual se reitera se deja desprovista a mi representada de elementos mínimos para actuar. / La imprecisión regulatoria que se dio para un caso tan específico como el de la empresa actora, evidencia no sólo desorden e inconsistencia de argumentos de parte de la actora, -pues recuérdese que empezó todo su procedimiento de solicitud de tarifas desde el año 2010- y luego pretendió le aplicaran la metodología que hoy alega inaplicable, también evidencia falta de claridad del propio regulador que de forma tácita deja sin efecto una tarifa que fijó bajo un escenario muy diferente al que motivó la emisión del sistema de bandas, pero que no obstante remite su aplicación. / Se evidencia en forma general con este caso particular, que lo que se dio fue una falta de precisión regulatoria, lo cual vulneró el principio de seguridad jurídica y provocó la fijación tarifaría particular bajo una metodología no aplicable por las características de la planta para ese momento, y su condicionamiento a la aplicación a futuro de una metodología que no se ajustaba al caso, por lo tanto a partir de la solicitud de la actora para ajustar su tarifa a ese nuevo modelo, generó que ahora se pretenda delegar la determinación de la tarifa particular al ICE, solicitud que ahora en el ámbito judicial pretende la actora, descalificar al señalar que no corresponde se le aplique a su caso el nuevo modelo de bandas. / Es claro al día de hoy, que la Metodología del sistema de bandas se realizó pensando en un escenario en competencia, es decir donde el Nombre9574 recibiera ofertas de diversas empresas y pudiera escoger las más atractivas conforme al precio, lo cual redundaría en beneficio de las tarifas que los consumidores nacionales pagan por el servicio eléctrico. / Lo cierto es que la actora inició su procedimiento y obtuvo una tarifa antes de que esta metodología se creara, por lo tanto no entró como un oferente más, porque ya existía un contrato firmado y refrendado. / Finalmente es importante hacer notar, que la ausencia de los mecanismos para la aplicación de la tarifa en casos individuales fue reconocida por el Directivo de la Nombre628 señor Emilio Arias Rodríguez, en la votación de la Resolución RJD-161-2012 que modificó la Resolución RJD-152-2012. En el voto salvado el citado directivo señala que "(...) otra razón para discrepar del voto de mayoría es el hecho de que la metodología que se está aprobando es omisa en detallar la operatividad de las bandas de precios porque no se dice cómo se aplicarán. / Además, no se establece cómo opera la indexación de los precios de la energía que se paga a las empresas que los tienen establecidos dentro de la banda. Otra omisión de la metodología es el hecho de no establecer límites al Nombre9574 para definir los precios dentro de la banda, lo que generara que éste en su condición de comprador único, haga uso de ese poder en contra de los vendedores de energía". De lo anterior es claro, que más que hacer uso, el Nombre9574 está obligado a buscar las mejores condiciones (en este caso el mejor precio posible) en beneficio del interés público. / INEXISTENCIA DE ELEMENTOS DE NULIDAD EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR EL Nombre9574 / Dentro de lo alegado por la actora, hace referencia a cuatro oficios que fueron emitidos por mi representada y solicita sean declarados nulos, por cuanto el actuar del Nombre9574 fue supuestamente violatorio de principios esenciales que regulan la relación contractual que tienen las partes. Señala además, que la aplicación que hizo el Nombre9574 de la tarifa más baja para la compra de la energía suministrada por dicha empresa, carece de criterio pues no se hizo con fundamento en un análisis financiero correspondiente. / Los oficios que solicita la actora sean declarados absolutamente nulos son los siguientes: / Oficio No. 0690-171-2012 del 30 de mayo del 2012, con el que se da respuesta a la solicitud de pruebas de la empresa, y se aclara que si bien al momento de suscribir el contrato, el precio de la tarifa negociado en ese momento, según resolución 341-RCR-2011 del 21/02/2011, fue de 0,0695/kWh, tal y como quedó contemplado, al sobrevenir un nuevo modelo tarifario, reemplazaría el establecido en el contrato, en consecuencia la tarifa quedó establecida en el límite inferior de la banda vigente de $0,0798/kWh (Folios 028 y 029 del expediente administrativo del ajuste de tarifas). / Oficio No. 0510-245-2013 del 25 de febrero del 2013, resuelve solicitud de ajuste de tarifa hecha por la actora solicitando la aplicación del límite superior de la banda fijada por la ARESEP, y se le indica a la actora que no es posible fijar esa tarifa por cuanto dicho modelo no puede ser aplicado con los datos de un caso particular, tal y como estableció la Nombre628 la "Metodología tarifaría de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas", pues aplica con base en criterios meramente estadísticos. (Folios 0200 al 0209). / Oficio No. 0510-503-2013 del14 de mayo del2013, reitera lo indicado en el oficio anterior, y aclara que cuenta con un respaldo técnico contenido en un informe. (Folio 0210). / Oficio No. 0510-1392-2013 del 08 de octubre del 2013, se remite ante la solicitud de negociación de un nuevo precio de tarifa, planteada por la empresa, se rechaza, entre otros aspectos, por cuanto la propuesta supera el precio anteriormente propuesto por la empresa, utilizando la misma información de referencia. (Folio 0333 a 0338). / Oficio 0510-1479-2013 del 22 de octubre del 2013, corresponde a una solicitud de aclaración y adición solicitado por la empresa, del oficio 0510-1392-2013, lo cual se rechaza por improcedente, y se le reitera a la empresa que el criterio del Nombre9574 de no fijar la tarifa solicitada por la empresa encuentra su fundamento en criterio técnicos dados en notas Nos. 0610-242-2013, 0510-1392-2013 y 0610-242-2013. (Folios 0355 a 0357). / El Nombre9574 en todo momento ha dado curso a las gestiones presentadas por la actora para ajustar el precio de compra venta de energía eléctrica. En cada ocasión se ha elaborado un informe en el que se detalla en forma razonada los criterios aplicados para mantener la posición de ajustar el precio al valor correspondiente al límite inferior de la banda, y tal como se reiteró en dichos informes el Nombre9574 solamente se encuentra facultado para fijar precios dentro de la banda autorizada por la ARESEP, en procesos concursales, no para aplicar la metodología. / Tal y como se señala en el apartado "formulación general del modelo" de la "Metodología tarifaría de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas" lo que se pretendió fue establecer una banda tarifaría que le permita al Nombre9574 ofrecer precios de compra de electricidad. / Con base en ello, no le corresponde al Nombre9574 entrar a aplicar la metodología, puesto que el único competente es la ARESEP. La potestad del Nombre9574 se limita a ofrecer precios de compra que se ubiquen dentro de los límites fijados por dicho ente en la banda en atención al Decreto 37124 y al Procedimiento para Selección de Proyectos de Generación para Venta de Electricidad al Nombre9574 A partir del análisis del régimen de nulidad de los actos administrativos, es claro que ninguno de los oficios presentan vicios o defectos graves que los constituyan en nulos, por cuanto cumplen en general con los elementos constitutivos que debe contener todo acto administrativo: fueron dictados por el órgano competente, el motivo fue precisamente la solicitud de la parte actora, su fin fue brindar seguridad jurídica a la aplicación de la tarifa según lo ordenado por la Nombre628 y el contenido, que en este caso es el elemento esencial que se discute, no sólo es lícito sino que abarcó todas las cuestiones de hecho y derecho necesarias y ajustadas a la competencia del ICE, y sobre todo tuvo su fundamento en la decisión del ente regulatorio, es decir que al no existir margen de discrecionalidad para aplicar al caso concreto de la actora la metodología, por no haber sido regulados parámetros para una situación como la de la actora mediante las resoluciones de ARESEP, el contenido de los actos emitidos por mi representada fueron absolutamente válidos y en consecuencia 110 procede la nulidad de los mismos. / SOBRE LA INEXISTENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LAS ACTUACIONES DEL Nombre9574 y LA SUPUESTA QUIEBRA FINANCIERA ALEGADA POR LA PARTE ACTORA. / No consta dentro del escrito de interposición de demanda, prueba alguna que garantice el nexo de causalidad entre las actuaciones de mi representada y la supuesta quiebra financiera alegada por el actor. En todo caso, Nombre628 como único competente para la fijación de tarifas y precios que no atenten contra el equilibrio financiero de los generadores, es el único responsable en garantizar en el diseño de metodologías y fijación de tarifas con base en éstas, que los generadores obtengan la rentabilidad necesaria de forma tal que no se atente contra dicho equilibrio. / EXCEPCIONES PREVIAS Y DE FONDO / 1-) Falta de Legitimación ad causam pasiva: Se interpone dicha excepción en virtud de que los hechos expuestos dentro de la demanda, no constituyen ninguno de los supuestos contemplados por el numeral 36 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y no sólo la misma actora reconoce que los incumplimientos alegados están dirigidos a la ARESEP, sino que tal y como ha sido demostrado no existe ninguna conducta material de mi representada que se haya ejecutado en violación al ordenamiento jurídico, por cuanto se ha demostrado que la fijación tarifaría se hizo de conformidad con lo dispuesto por la ARESEP, único competente en materia tarifaría. Ha sido demostrado que el Nombre9574 no está facultado legalmente para fijar tarifas, en consecuencia no hay responsabilidad que imputarle. / No ha sido demostrado por parte del actor que mi representada haya ejecutado actos, que le generen empobrecimiento, como lo alega en su escrito, por ende no existe la demostración del nexo de causalidad como requisito indispensable para que proceda una eventual determinación de responsabilidad de mi representada. / Consecuentemente, mi representada invoca la falta de legitimación pasiva para ser demandada, en el tanto no existe prueba alguna dentro del proceso que pueda atribuirle la responsabilidad en la generación de conductas contrarias al ordenamiento jurídico y que consecuentemente a raíz de ello se haya generado el supuesto empobrecimiento de la actora. / 2-) Falta de Derecho: En el tanto se ha demostrado que todos los actos administrativos emitidos por mi representada se ajustaron al ámbito de su competencia y al amparo de lo ordenado por el ente regulador." En el discurso de conclusiones señaló en lo medular que es el único que ha tenido claridad del problema. La actora pidió una fijación tarifaria individual con tasa de retorno, luego de un año se firmó el contrato y Nombre628 pide se modifique la cláusula tarifaria con base en la metodología del sistema de bandas. Sin embargo, indica que nunca se dispuso de manera expresa en esa resolución que el Nombre9574 podía acordar un precio dentro de un proceso de negociación. Nombre628 expone el modelo para que el oferente obtenga un precio apropiado, pero al Nombre9574 no le compete fijar el precio. Reitera que la metodología no contiene en forma expresa la negociación con el ICE. En el 2012 se reforma el Reglamento y se impone el deber del Nombre9574 de hacer concursos para la compra de energía eléctrica. El Reglamento de selección de proyectos por concurso no aplica a la actora Nombre111322 , porque tiene un contrato firmado con el ICE. Estima que existe una falta de previsión en la metodología con un transitorio para los proyectos que ya venían funcionando en aplicación de la Ley 7200. Aduce que la metodología contenida en la resolución impugnada 796-2012 no permite establecer una tarifa límite. El Nombre9574 ha atendido la solicitud de la actora y ha aplicado el límite inferior de la banda, pero no le corresponde analizar la metodología y estructura de los costos. Observa que hay un vacío porque no se incluye la posibilidad de negociar. En el límite inferior de la banda, se da un aumento a la tarifa provisional que inicialmente se fijó para la actora en un 36.40%. Sostiene que el Nombre9574 está imposibilitado para entrar en un proceso de negociación para fijar el precio, aspecto que está contemplado para un sistema de concursos. Alega que la actora conocía la metodología al firmar el addedum del contrato. Informa que la Nombre628 no ha dictado una resolución ordenando al Nombre9574 que negocie un precio y bajo qué parámetros técnicos, si reconoce que tiene esa facultad. En su criterio Nombre628 es la competente para fijar y garantizar el equilibrio financiero y servicio al costo. Argumenta que no es procedente el pago retroactivo de tarifas por el artículo 34 de la Ley 7593. Además, según los artículos 194 y 195 de la Ley General de la Administración Pública no procede el pago de daños y perjuicios por conducta lícita. Indica que no hay violación al Principio de Irretroactividad de normas ya que se cumplió una orden de Nombre628. Tampoco hay enriquecimiento ilícito, porque el Nombre9574 ha readecuado la tarifa en el límite inferior de la banda y el precio aumentó en un 36,40% respecto de la primera tarifa fijad por Nombre628. No hay nexo causal con la conducta del ICE, la actora no demuestra qué conducta causó el desequilibrio. Señala que en un caso la Sala Primera reconoció la facultad de la Nombre628 para determinar un precio y por eso no había delegación de competencia, pero no sucede lo mismo con este caso, porque el sistema de bandas, con una superior y otra inferior aplica para los concursos de generadores que participen. Solicita se rechace la demanda y se acojan las defensas de falta de derecho, falta de legitimación y en caso de acoger la demanda se les exima de las costas por la buena fe al litigar. En cuanto al peritaje evacuado en condición de prueba para mejor resolver, aducen que no fue claro ni preciso. Que la actora tenía una tarifa particular y que las cláusulas del contrato no se modificaron en ese sentido. En cuanto al Reglamento al Capítulo I de la Ley 7200 la facultad que otorga al Nombre9574 es para sacar a concurso la compra de energía eléctrica no para negociar el precio. Reitera que la actora no está bajo la modalidad de concurso y que se dio un contrato directo. Que en el Nombre9574 no se imaginaron que el sistema de bandas iba a ser aplicado y que se decidió aplicar el precio mínimo que garantiza que la empresa "salga" con la inversión. Indica que el peritaje no se ajustó a lo solicitado por el Tribunal, no se identificó cuáles eran los costos de producción, no se hizo una proyección futura con la tarifa, no se tomó en cuenta el riesgo del inversionista ni la sequía. Sostiene que no se determinó que la quiebra de la empresa fuera por la tarifa. El peritaje omitió la opinión del auditor, que es indispensable para determinar la quiebra técnica. Estima que la empresa tiene problemas financieros que no tienen relación con la tarifa y el Nombre9574 no es el encargado de fijarla porque carece de competencia. Sostiene que hay una parcialización del peritaje al pedir que se fije la tarifa, sin revisar que en la información contable se incluyen planillas de otra empresa. Solicita que sea el Tribunal el que determine los parámetros técnicos para imponer el precio y que no sea ruinoso.

VI.- Sobre el objeto del proceso: Es necesario dejar claro que para que este Tribunal pueda emitir válidamente el pronunciamiento, debe hacerlo en atención a los argumentos planteados por las partes en la demanda, las contestaciones y las audiencias de ley concedidas a las partes. Además, se resolverá únicamente respecto de las pretensiones deducidas en la demanda que fueron aclaradas y fijadas en la Audiencia Preliminar, en garantía del debido proceso. Esta aclaración es importante para evitar imprecisiones o confusiones, toda vez que durante las conclusiones rendidas, la representación de la actora interpreta el objeto del proceso hasta introducir un ajuste sustancial en la pretensión inicial fijada en la Audiencia Preliminar, al argumentar que lo que piden es que el ente competente fije la tarifa y que en sentencia se establezca quien tiene esa competencia y debe cumplir con ese deber, lo que resulta extemporáneo y sorpresivo. En este sentido, se advierte que el Principio de Oralidad del proceso contencioso actual no podría aplicarse en detrimento de las fases preclusivas del trámite o en quebranto del derecho de defensa de las partes litigantes. Por ende, esta sentencia ha de ajustarse a la literalidad de las pretensiones que contiene el escrito de demanda y que fueron ratificadas en la etapa correspondiente de la Audiencia Preliminar sin ningún tipo de ajustes ni ampliaciones. Los argumentos expuestos por las partes en sus discursos de conclusiones serán valorados en conjunto con los demás alegatos al analizar el fondo del presente asunto. Por lo expuesto, el objeto del proceso se limita a las pretensiones de la parte actora que consisten en lo siguiente: "1) Que la Nombre628 se encuentra obligada por la Ley 7593 de 9 de agosto de 1996, la Ley 7200 de 28 de setiembre de 1990 y el Decreto Ejecutivo 20346-MIRENEM de 21 de marzo de 1991, vigente al momento de perfeccionarse la concesión de servicio público de generación de electricidad y el contrato de venta de electricidad con el ICE, a fijar una tarifa para la compra de energía entregada por Nombre111320 al ICE, en aplicación del método de tasa de retorno, esto es, que además de establecerse una tarifa que reconozca la inversión realizada, debe contemplarse la utilidad razonable para el sector. / 2) Que las actuaciones administrativas adoptadas por la Nombre628 con desconocimiento de las disposiciones legales reseñadas en la pretensión anterior, incurren en infracción sustancial del ordenamiento jurídico y que por tanto son absolutamente nulas las siguientes actuaciones: a) Resolución 796-RCR-2012 de 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta 92 de 14 de mayo de 2012; b) Resolución RRG-162-2012 de 28 de mayo de 2012; c) Resolución RJD-060-2012 de 7 de junio de 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 dictada por el Comité de Regulación el 14 de junio de 2012; e) Resolución RJD-142-2012 de 8 de noviembre de 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 de 25 de enero de 2013 del Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 de 22 de febrero de 2013 de la Intendencia de Energía; h) Resolución RJD-116-2013 de 16 de setiembre de 2013 de la Junta Directiva. / 3) Que la Nombre628 es responsable, en aplicación de los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública de todos los daños patrimoniales causados a Nombre111320 por la omisión del cumplimiento de sus deberes y por las actuaciones absolutamente nulas declaradas así en el presente proceso, sumas las cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. En caso que al momento del dictado de la sentencia la situación financiera de Nombre111320 se haya tornado insostenible y eso haya llevado a la ejecución de las garantías bancarias que pesan sobre el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, solicitamos que en sentencia se declare a la Nombre628 responsable por la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. / 4) Para los efectos de los artículos 199 y 200 de la Ley General de la Administración Pública, solicitamos que la sentencia que declare la nulidad absoluta de las actuaciones administrativas de la Nombre628 impugnadas, esto es: a) Resolución 796-RCR-2012 de 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta 92 de 14 de mayo de 2012; b) Resolución RRG-162-2012 de 28 de mayo de 2012; c) Resolución RJD-060-2012 de 7 de junio de 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 dictada por el Comité de Regulación el 14 de junio de 2012; e) Resolución RJD-142-2012 de 8 de noviembre de 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 de 25 de enero de 2013 del Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 de 22 de febrero de 2013 de la Intendencia de Energía; y h) Resolución RJD-116-2013 de 16 de setiembre de 2013 de la Junta Directiva, contenga una declaración expresa de que dichos actos administrativos son manifiestamente ilegales y por tanto generadores de las responsabilidades definidas por dichos numerales. / 5) Solicitamos se declare que el Nombre9574 debe reconocer a Nombre111320 las diferencias entre las tarifas pagadas a partir de la entrada en operación del Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca el 2 de junio de 2012 y la nueva fijación tarifaria efectuada por la Nombre628 con ocasión de la obligación declarada en este proceso, con el reconocimiento de los inte­reses legales computados a partir de cada uno de los pagos mensuales efectuados, todo lo cual se liquidará en ejecución de sentencia. Sobre esta obligación, solicitamos se declare que la Nombre628 es subsidiariamente responsable del pago de estas diferencias. / 6) Pretensión subsidiaria: En caso que en sentencia se considere que la Nombre628 tiene apoyo en el ordenamiento jurídico al sostener que corresponde al Nombre9574 negociar el ajuste de la tarifa a pagar a Nombre111320 por la electricidad generada en el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, solicitamos se declare en sentencia la obligación del Nombre9574 de proceder de inmediato a negociar con Nombre111320 la fijación de una tarifa en aplicación del método de tasa de retorno, esto es, que además de establecerse una tarifa que reconozca la inversión realizada, debe contemplarse la utilidad razonable para el sector. En este supuesto, el Nombre9574 deberá reconocer a Nombre111320 las diferencias entre las tarifas pagadas a partir de la entrada en operación del Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca el 2 de junio de 2012 y la nueva fijación tarifaria acordada con ocasión de la obligación declarada en este proceso, con el reconocimiento de los inte­reses legales computados a partir de cada uno de los pagos mensuales efectuados, todo lo cual se liquidará en ejecución de sentencia. En caso que al momento del dictado de la sentencia el desequilibrio financiero ocasionado por la no actualización de las tarifas haya provocado la ejecución de las garantías bancarias que pesan sobre el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, solicitamos que en sentencia se declare al Nombre9574 responsable por la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia". A efectos de establecer la procedencia o no de las aludidas pretensiones, se revisará de forma integral los argumentos planteados en la demanda y en las conclusiones en conjunto con los alegatos presentados por las instituciones demandadas y la prueba que consta en autos, siguiendo el mismo orden de exposición del escrito de demanda. En concreto, el orden del examen de fondo que aborda esta sentencia es el siguiente: i) Caducidad alegada por la Aresep. ii) Argumento relativo a la violación al principio de irretroactividad de la norma. iii) Argumento respecto a que la Nombre628 incumple abiertamente con sus obligaciones legales y viola los derechos de Nombre111320. iv) Argumento respecto a que el Nombre9574 incurre en enriquecimiento sin causa y expropiación de hecho. v) Argumento relativo a la violación del Ordenamiento Jurídico por omisión en el cumplimiento de deberes. vi) Pronunciamiento sobre las pretensiones principales. vii) Pronunciamiento sobre las pretensiones subsidiarias. viii) Sobre las demás excepciones planteadas. ix) Sobre la solicitud de medida cautelar de la parte actora. x) Costas del proceso. Se prosigue con el estudio de fondo.

VII.- De la caducidad: La representación de la Nombre628 opuso en la Audiencia Preliminar la defensa de caducidad respecto de la resolución N°RRG-162-2012 del 28 de mayo de 2012 que otorgó el refrendo del contrato suscrito entre el Nombre9574 y la empresa actora, alegando que desde su emisión pasó más de un año hasta que se presentó la demanda el 2 de junio de 2014. El representante de la empresa actora, se opuso y señaló que se trata de un acto complejo que sigue surtiendo efectos y que lo acusado es la nulidad absoluta de las actuaciones. Indica que no se trata de un acto con efectos propios y aislado de las demás actividades administrativas. La Jueza Tramitadora en la Audiencia Preliminar resolvió reservar el conocimiento de la caducidad para el dictado de la sentencia de fondo, por estimar que no era evidente y ni manifiesta de conformidad con el artículo 66 inciso k) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Se procede a resolver. El derecho de acción permite formular pretensiones dentro de una demanda judicial, siendo que el Código Procesal Contencioso Administrativo regula el ejercicio de este derecho acción, con sujeción -según sea el caso- a los institutos de la caducidad o la prescripción, en aras de resguardar la certeza y seguridad jurídica. La resolución aquí impugnada N°RRG-162-2012 del 28 de mayo de 2012 que otorgó el refrendo al contrato suscrito entre el Nombre9574 y la empresa actora, consiste en un requisito de eficacia para ejecutar el contrato. En este sentido, el refrendo se entiende como un acto de aprobación, con efecto instantáneo y que al otorgarse permite que el contrato se ejecute. Es importante aclarar que el contrato sí surte efectos en el tiempo, pero no el refrendo otorgado, debiéndose tomar en cuenta que lo impugnado dentro de la presente causa lo es este específico acto administrativo, y no el contrato como tal. Bajo esta línea de análisis, se cuestiona el interés y la utilidad de la parte actora de atacar en sede judicial el refrendo otorgado, ya que las alegaciones parecen dirigirse al contenido de lo acordado en el contrato y en el primer adendum, aspecto distinto al acto de refrendo. En consecuencia, se declara la caducidad de la acción contra la resolución N°RRG-162-2012 del 28 de mayo de 2012 de conformidad con el artículo 39 inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, que concede el plazo de un año desde la notificación del acto para presentar la demanda. Véase que el acto se notificó a la actora a las 15:08 horas del 28 de mayo de 2012 en el fax señalado (folio 150 del expediente administrativo de la Nombre628 N°OT-058-2012). En el presente asunto, el plazo fatal está sobradamente superado, por haberse interpuesto la demanda hasta el 17 de junio de 2014, sea con más de dos años de notificado el acto que se cuestiona.

VIII.- Sobre la energía hidroeléctrica de generadores privados vendida al Nombre9574: En aras de realizar un análisis adecuado del objeto del presente proceso, es necesario puntualizar el régimen jurídico aplicable en la especie, dada la especialidad y complejidad del asunto tratado. Este Tribunal Contencioso ha vertido pronunciamiento para decantar el régimen legal que aplica a los generadores privados de energía hidroeléctrica y en lo que resulta de interés se transcribe:

"(...) Primero. De la explotación de las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas del dominio público del territorio nacional: Es precisamente por la naturaleza del bien de que se trata, que se le tiene como un bien de la Nación, al tenor de lo cual, no pertenece al Estado ni a una entidad pública determinada, ni mucho menos a los particulares, sino a "la Nación", es decir a la colectividad en su conjunto, conforme lo expresa el propio numeral 121 inciso 14) punto a) de la Constitución Política, y clasificación enunciada en la sentencia 2001-10466, de las diez horas diecisiete minutos del veinticuatro de noviembre del dos mil uno de la Sala Constitucional-; al tenor de lo cual, por esta condición, tiene una tutela reforzada en tanto, no podrá "salir definitivamente del dominio del Estado ", por la que su explotación estará a cargo de la Administración Pública, o de particulares " de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a a (sic) las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa", según prevé de manera expresa el párrafo final del citado numeral. Es decir, se trata de un "bien", en sentido técnico jurídico, que en tal virtud le hace merecedor de la tutela jurídica, en este caso reforzada. En este sentido, este tipo de bienes, integran la unidad del Estado, y junto con su organización política, económica y social, persiguen la satisfacción -en plano de igualdad- de los intereses generales, su objetivo principal es alcanzar el bien común; lo cual se constituye en la principal razón para justificar el impedimento, por lo menos en principio, para la libre disposición a los administrados de esta categoría de bienes. Por esa especial protección jurídica, es que no son susceptibles de ser apropiados por particulares, y ni siquiera por la Administración Pública para fines particulares, ni ser destinados a fines distintos de los que le determina su propia esencia y naturaleza. En todo caso, su protección -en los términos que resulten necesarios- y administración, corresponden al Estado, en nombre de la Nación (tomo III. de las Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, Sesión número 168, pagina. 468). Por este motivo el constituyente optó por el control legislativo en los casos en que es posible enajenar estos bienes, o incorporar nuevos bienes a usos públicos; sin embargo, algunos de éstos no pueden ser objeto de desafectación, siquiera por ley de la Nombre27343 (caso en el que nos encontramos), por cuanto por su especial naturaleza, han recibido una especial afectación constitucional, que los excepciona del comercio los hombres; y en este sentido, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, y los sujeta en cuanto a su explotación, al poder de policía de la Administración. Como se enunció supra, sí pueden ser objeto de explotación racional por el Estado o los particulares

"[...] de acuerdo con la ley o mediante concesión especial otorgada por tiempo determinado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa" (inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política.)

Es así, como la jurisprudencia constitucional, en sentencia número 6240-93, de las catorce horas del veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y tres, examinó la posibilidad de que la Asamblea Legislativa acuda a la técnica, denominada "ley marco ", para cumplir la exigencia de la norma en comentario. En esa ocasión se indicó:

"En este caso, la Asamblea Legislativa inviste en la Administración Pública la potestad de otorgar concesiones específicas, competencia que, claro está, no comprende la de sustituir del todo la función de la primera, como se dirá adelante. En esta hipótesis el delegado puede ser cualquier ente del ámbito público -tanto el propio Poder Ejecutivo, órgano normal de la contratación administrativa (artículo 140 inciso 14) Constitución), como cualquier otra entidad descentralizada de la Administración Pública- pero no como, se propone en el proyecto, un simple órgano desconcentrado dentro de una cartera del Ejecutivo." Criterio reiterado -entre otras- en la sentencia número 2001-10466, supra citada, en que consideró, en lo que interesa:

"La Ley de Aguas (artículo 176), a partir de la reforma al transitorio V de la Ley 7593 del 9 de agosto de 1996, ciertamente atribuyó competencia al MINAE para otorgar concesiones destinadas a aprovechar las aguas públicas en producción de energía eléctrica. Sin embargo, la sola asignación de competencia no puede asimilarse a una ley marco regulatoria del proceso de otorgamiento de la concesión (requisitos para el concesionario, obligaciones, afectaciones, etc.) y menos aún, cuando están de por medio bienes que ni siquiera por ley ordinaria pueden ser desafectados. Una interpretación libre del régimen que regula esta materia, podría conducir a una desafectación <de hecho> de los bienes de la Nación, lo que a todas luces es insostenible. La Sala estima que al derogarse la Ley 258, se dejó sin ley marco todo lo referente a las concesiones de agua para la explotación de energía, precisamente el supuesto del que se ocupa el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política. La ley marco que ha señalado esta Sala como posible en esta materia, debe tener regulaciones claras, concretas sobre la concesión a otorgar, pues se trata de la explotación de bienes de la Nación; no por casualidad el propio constituyente estableció que la ley debía ocuparse de <condiciones y estipulaciones>, que no son otra cosa que un marco normativo detallado en razón del bien involucrado. Resulta importante, a los efectos de esta sentencia, indicar que el concepto de ley marco resulta acorde con el Derecho de la Constitución. El desarrollo jurisprudencial de esta Sala permite sostener que la ley marco que se echa de menos, no podría ser similar a la Ley No. 258 del 18 de agosto de 1941 y sus reformas, ni a la vigente Ley de Aguas, pues esos <marcos> resultarían insuficientes para lograr la adecuada regulación de la explotación racional del recurso hídrico. No basta con establecer que una determinada cuenca tiene potencial hidroeléctrico, como lo exigía la derogada Ley de SNE, es necesario planificar la instalación de este tipo de proyectos de manera que, entre otros aspectos a considerar, se tome en cuenta que no se impida a las futuras generaciones -cuyos derechos se encuentran tutelados por el Derecho de la Constitución- disfrutar del recurso hídrico y los demás recursos naturales, como por ejemplo, para la preservación de la fauna, los ecosistemas, el clima, garantizar la navegación y el disfrute escénico y artístico entre otros. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del 14 de junio de 1992 establecieron como principio tercero <el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades del desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras>; el cuarto principio dispone <A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada>. De acuerdo con lo expuesto, la derogada Ley del SNE y la antigua Ley de Aguas, distan mucho de ser el modelo de ley marco que actualmente requiere el Derecho de la Constitución. Por lo expuesto, la Sala estima inadmisibles las interpretaciones que sugieren que la Ley de Aguas es la ley marco requerida para la explotación de la <fuerza de las aguas> por particulares, pues nunca ha sido el marco normativo regulatorio de esta materia; su contenido se limitó a complementar determinadas disposiciones sobre la materia, en un momento histórico, sin que pueda dársele ahora, en ausencia de una adecuada regulación, una función que no tiene. Tampoco encuentra esta Sala que exista un verdadero interés público en apartarse de la conclusión anterior, ya que el Nombre9574 conserva la posilibidad (sic) de explotar tanto la fuerza de las aguas como otras formas de generación de energía para satisfacer la demanda nacional y en igual condición se encuentran – sin que ello implique valoración de esos contratos- aquellos concesionarios oportunamente autorizados por el SNE para realizar esa actividad <en capacidad limitada>. En todo caso, aún subsiste para el particular interesado en este tipo de actividad, la posibilidad de acudir a la Asamblea Legislativa a solicitar la concesión de su interés y corresponderá a ella establecer la oportunidad en la regulación de la materia, sin que ello pueda hacerlo válidamente el operador jurídico ni el Poder Ejecutivo a través de su potestad reglamentaria." (En igual sentido, puede consultarse la número 2001-6669, de las catorce horas cincuenta y seis minutos del once de julio del dos mil uno.)

En virtud de lo anterior, ese Alto Tribunal señaló que para la explotación racional del patrimonio de la Nación, se requiere de una ley marco reguladora del proceso, a través de concesiones, sea por las instituciones del Estado (por ejemplo, del Instituto Costarricense de Electricidad en relación con la explotación del recurso hídrico), o por los administrados (como lo es la contratación de la generación eléctrica), normativa que debe contener regulaciones claras y concretas sobre los requisitos para el concesionario, obligaciones, afectaciones, etc. Así, al tenor del mandato constitucional enunciado, se requiere una legislación especial que regule la situación, a efecto de permitir a los particulares (administrados) la participación, en este caso, en la actividad de la generación de energía eléctrica, a través de la respectiva concesión, o en su defecto, a través de acto expreso de la Asamblea Legislativa. Consecuentemente, si no existe esa regulación de orden legal -en los términos exigidos en la norma constitucional de referencia-, resulta imposible para la Administración, el reconocimiento en tal sentido, so quiebra grave del principio de legalidad. En el caso de nuestro país, conforme a la previsión del Decreto-Ley 449, del ocho de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, de la Junta Fundadora de la Segunda República, se le encomendó al Instituto Costarricense de Electricidad "el desarrollo racional de las fuentes de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos", según reza su numeral 1; actividad que ha venido ejerciendo de manera prevalente sobre la base de aquella regulación, en tanto la participación de los particulares, según se ha enunciado, está condicionada a los presupuestos y condicionamientos establecidos en una ley marco, como manda la norma constitucional comentada. Este ordenamiento en la actualidad está residenciado, en primer lugar en la Ley 7200, del veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa, vigente a partir del dieciocho de octubre de ese mismo año, que regula un tipo particular de generación, en tanto, como su nombre lo indica, autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, que es la producida por "centrales eléctricas de capacidad limitada, pertenecientes a empresas privadas o cooperativas que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional" (artículo 1); siendo el destino de esta energía -que no es para autoconsumo- para la compra -en exclusiva- por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, en los términos previstos de manera expresa en el artículo 3, actividad que se declara de interés público, como lo indicó de manera expresa la propia Sala Constitucional en sentencia número 6556-95, de las diecisiete horas veinticuatro minutos del veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, cuando se refirió al objeto o finalidad de esta Ley, y de manera indirecta, en sentencia número 2008-14922, de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del ocho de octubre del dos mil ocho, al concluir que:

"Para que la energía generada por los empresarios privados pueda ser comercializada directamente, se requiere un cambio de la legislación nacional. Ello en el tanto en que los generadores privados deben sujetarse a las disposiciones que regulan las concesiones de servicio y de uso de dominio público de que disponen. En el ordenamiento jurídico costarricense no existe ninguna regulación legal que otorgue la concesión para producir energía y explotar las aguas públicas para una venta a terceros, distintos del ICE." En igual sentido también se ha manifestado el ámbito administrativo de nuestro país, concretamente la Procuraduría General de la Nombre27343 en diversos dictámenes, así por ejemplo en los dictámenes 293-2006, C-445-2007 y C-448-2007. Nótese además, en el numeral 6 de la Ley 7200 en comentario, condiciona el otorgamiento de la respectiva concesión para explotar centrales de limitada capacidad -que no sobrepasen los veinte mil kilovatios (20.000kW), según define el artículo 2-, a "una declaratoria de elegibilidad otorgada por el Instituto Costarricense de Electricidad"; estableciendo como condicionante a esa entidad para otorgar esa elegibilidad, que "la potencia, por concepto de generación paralela, no llegue a constituir más del quince por ciento (15%) de la potencia en conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional" (artículo 7). Es así como la actividad de compra de energía a particulares se califica en la ley como de actividad ordinaria (artículo 13), lo que debe hacerse a través de contratos (de compraventa) y que debe refrendar a la ARESEP. Se entiende que la participación de otros operadores en el mercado nacional para la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica está regulada en cuerpos normativos diversos a la Ley 7200, así por ejemplo la Ley número 8345, del veintiséis de febrero del dos mil tres, que regula la Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, vigente a partir del veinticinco de marzo siguiente a su aprobación. En éste cuerpo normativo, expresamente se establece el marco regulatorio para el otorgamiento de las concesiones "a) ... para el aprovechamiento de las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público del territorio nacional, al amparo de lo dispuesto en el inciso 14) del Artículo 121 de la Constitución Política, a las asociaciones cooperativas de electrificación rural, a consorcios formados por éstas y a las empresas de servicios públicos municipales; b) la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica por parte de los sujetos indicados en el inciso anterior, utilizando los recursos energéticos renovables en el territorio nacional, al amparo de la Ley No. 7593, de 9 de agosto de 1996." (Artículo 1).

Como se observa, esta regulación es especial, en tanto está referida a un ámbito particular -el local o rural-, diversa de la anteriormente comentada; siendo que incluso en su artículo 9, se faculta a las asociaciones cooperativas y/o empresas de servicios públicos municipales amparados a esta Ley (8345) de "disponer la venta del excedente de energía eléctrica al Nombre9574 o entre sí mismas." El órgano encargado del otorgamiento de estas concesiones es el Ministerio de Ambiente y Energía, cuando la producción no exceda de sesenta megavatios, dado que caso en que ello se de, le corresponde a la Asamblea Legislativa su otorgamiento (artículo 11). Consecuentemente, no existe regulación legal en nuestro país en relación a la generación de energía eléctrica de particulares para la venta a terceros, en los términos en que lo pide la sociedad actora en su demanda, esto es, sobre la base de la Ley 7200, dado que las fases de transmisión, distribución y comercialización la realizan el Instituto Costarricense de Electricidad y la participación de particulares está circunscrita al ámbito rural o municipal, residenciado en empresas y/o cooperativas de electrificación rural -tales como la Cooperativa de Electricidad Rural de Alfaro Ruiz, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos, R.L.; Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R.L.; Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica, Nombre2807.; Empresa de Servicio Público de Heredia (ESPH); Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC)-, conforme lo regula y autoriza la Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, número 8345, supra citada. Téngase además en consideración que la red costarricense está a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad, quien asume la responsabilidad última por el servicio de electricidad prestado en el país, con salvedades ya indicadas de las cooperativas rurales o empresas municipales de electrificación. Nótese además, que tratándose del aprovechamiento o explotación de aguas del dominio público para la generación de energía eléctrica, es que el otorgamiento de estas concesiones está condicionada a que el Ministerio de Ambiente y Energía previamente les haya dado la correspondiente concesión, que actualmente se regula con la Ley Marco de la Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Eléctrica, número 8723, del veintidós de abril del año dos mil nueve, vigente a partir del quince de mayo siguiente a su adopción, se insiste, lo anterior en cumplimiento del mandato constitucional establecido en el artículo 121 inciso 14) punto a) y que desarrolla la citada ley en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 1.- Objeto de esta Ley.

La presente Ley establece el marco regulatorio para otorgar concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público del territorio nacional, al amparo de lo dispuesto en el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política para la generación hidroeléctrica." "ARTÍCULO 2.-Autorización para otorgar las concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica.

Autorízase al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), para que otorgue o deniegue, por acto administrativo, las concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica, según se indica a continuación.

Para el capítulo I de la Ley Nº 7200, las concesiones de fuerza hidráulica se otorgarán dentro del límite que indica su artículo 5, es decir, hasta veinte mil kilovatios (20.000 Kw) y hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional.

Para el capítulo II de la Ley Nº 7200, las concesiones de fuerza hidráulica se otorgarán dentro del límite que indica su artículo 20, es decir, hasta cincuenta mil kilovatios (50.000 Kw) y hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional, adicional al del párrafo anterior.

Más allá de estos límites, le corresponde a la Asamblea Legislativa otorgar la concesión. Se exceptúan de estos límites, las concesiones solicitadas para el autoconsumo.

El aprovechamiento de la fuerza hidráulica para la generación hidroeléctrica deberá realizarse conforme al Plan nacional hídrico, respetando la prioridad del agua para el consumo humano." Segundo: De la conceptualización de la generación eléctrica como servicio público: Asimismo, como elemento también esencial que incide en esta actividad, debe considerarse que en nuestro ordenamiento, la generación eléctrica es un servicio público, en los términos establecidos en el artículo 5 inciso a) de la Ley 7593. Nótese que esta disposición no distingue la fuente de obtención de la energía, por lo que en estos términos, es servicio público la generación de energía eléctrica, independientemente de que se obtenga de las fuerzas de las aguas, de hidrocarburos, de desechos orgánicos, o la energía aeólica, etc. Esta condición hace por sí mismo que su ejercicio esté sujeto a regulaciones del Derecho Administrativo, tanto en lo atinente al sujeto encargado de la materia y el fin -por reserva legal, como expresión del principio de regulación mínima establecido en el numeral 12 de la Ley General de la Administración Pública-, como en lo que refiere a los principios que lo rigen -continuidad, eficiencia, adaptación al cambio e igualdad (artículo 4 de la citada Ley General, número 6227)-; y su desarrollo, a través de concesión tanto de entes públicos como de particulares, conforme a las previsiones establecidas en la ley marco, máxime como en este caso, cuando se trata de la explotación de un bien de la Nación. Es decir, su ejercicio no es libre, en un doble sentido, en tanto no puede ser realizada por cualquier persona, en virtud de la autonomía de su voluntad, sino que requiere de un título habilitante para que pueda participar de ella, sea, generar energía; y además, necesariamente se sujeta el desarrollo de esta actividad a las disposiciones legales que regulan la prestación de los servicios públicos en general y la generación eléctrica en particular, en las comentadas Leyes 8723, 7200 y 7593 y reglamentarias (tal como el Reglamento al Capítulo II de la Ley 7200, Decreto Ejecutivo número 24866, del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cinco). En razón de lo anterior, se configura en un régimen de sujeción especial de los concesionarios en su relación con la Administración, al tenor del cual, se reconocen facultades especiales al órgano encargado de la materia, en este caso a la Nombre628 en virtud de la encomienda expresa dada en los numerales 5 de la Ley 7200 -por reforma dada con ocasión de la promulgación de la Ley 7593, en tanto transformó el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, y con ello, todas las competencias que otrora habían sido delegadas a aquella entidad, a partir de esta nueva regulación se entiende las asume la nueva institución autónoma-, y 9 párrafo final de la citada Ley 7593. Así, le corresponde a la Nombre628 la competencia para otorgar, modificar, traspasar, declarar caduca o revocar una concesión; todo lo anterior, con sujeción estricta al bloque de legalidad, en los términos establecidos en la Ley General de la Administración Pública, sea con referencia en las fuentes escritas, comenzando con la Constitución Política (artículo 6), las fuentes no escritas (artículo 7) y por supuesto las reglas de la ciencia y de la técnica (artículos 16 y 158.3). (...)". (Sentencia N°127-2014-VI, el subrayado es nuestro).

A modo de síntesis, según se extrae de la cita anterior para el ejercicio de la generación privada de energía hidroeléctrica se requiere la concesión de la generación de energía extendida por el Ministerio del Ambiente y Energía, a lo que se agrega, que pese tratarse en el caso de los generadores eléctricos privados como la empresa actora, de proveedores del ICE, por disposición de ley se les considera prestatarios de un servicio público, que no al público, que es cosa diversa. En este sentido resulta importante que lo que debería de entenderse técnicamente como un servicio en este caso lo es la generación de energía para el Nombre9574 exclusivamente, en la medida que legalmente sólo puede ser comercializada con él. Además, se requiere de la declaratoria de elegibilidad otorgada por el ICE, la concesión de explotación de centrales eléctricas expedida por Nombre628 y el contrato para compra venta energía eléctrica suscrito con el Nombre9574 previo procedimiento de licitación pública o conclusión del trámite de una solicitud individual ante Nombre628 para que el generador privado pueda suministrar la energía eléctrica. Para los casos de solicitud individual el procedimiento exige la declaratoria de elegibilidad del Nombre9574 y la aprobación de un estudio de impacto ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía. Otro elemento importante, resulta ser la figura de un comprador único que es el Nombre9574 para captar la energía eléctrica producida por los generadores privados, mediante concesiones, contratos y tarifas establecidos o aprobados por la Aresep. Se enfatiza que la generación privada de energía hidroeléctrica para su venta al ICE, se trata de un servicio público y esta sometido a la regulación en materia de precios y calidad. Cabe señalar que compete a la Nombre628 refrendar los contratos suscritos entre el Nombre9574 y los generadores privados, de tal manera que la actividad de generación se rige por regulaciones normativas y no únicamente contractuales. Luego y sobre el procedimiento de elegibilidad que descansa en el ICE, resulta relevante que a dicha empresa estatal se le impuso por ley tomar como parámetro para adjudicar la elegibilidad en lo medular, solo la verificación sobre el porcentaje de producción eléctrica que estaría en capacidad de generar el postulante -lo que ocurre en tesis de principio- para que se ajuste a los parámetros de ley. De donde se excluyen otros factores que podrían tener incidencia en el modelo de negocio. Todo lo anterior, le permite a este Tribunal entender que el negocio de la venta de energía hidroeléctrica producida por generadores privados, presenta características particulares de concesión y contrato. De ahí que el generador privado ostente la doble condición de concesionario/contratista. Esto es así, porque para la venta de energía hidroeléctrica se requiere de concesión (Concesión de aprovechamiento de fuerzas hidráulicas -concesión de aguas - acto administrativo, emitido por el MINAET, por el cual se autoriza la utilización de las fuerzas hidráulicas para generación de electricidad y Concesión de servicio público de generación -concesión de generación - acto administrativo emitido por la Aresep, para la explotación de centrales eléctricas de limitada capacidad). Se impone por ley la obligación de suscribir un contrato para la compra de energía entre el productor privado con el ICE, cuyo tratamiento exige un análisis distinto y singular. Véase que por tratarse de una concesión de un servicio público han de aplicarle los principios orientadores a saber servicio al costo sujeto a la regulación de Aresep, continuidad, eficiencia, entre otros. Además, siendo que también se trata de una relación contractual con el Nombre9574 se debe garantizar los principios básicos de equilibrio financiero de la relación y buena fe en la ejecución del contrato. En el presente caso, se abordará el problema planteado desde este entendimiento del negocio de la venta de energía hidroeléctrica por generador privado, para enfatizar que su tratamiento y análisis es "sui géneris", que requiere de una comprensión distinta, muy propia de la especialidad técnica del caso, que se aleja de la regulación amplia y genérica de las concesiones o de los contratos para otros asuntos.

IX- Sobre el argumento de la violación al principio de irretroactividad de la norma. Los alegatos presentados por la parte actora en este extremo consisten en lo siguiente: a) Que se dirige a otro modelo por competencia, sea a los generadores por licitación. Alega que la norma es inaplicable por no calzar con el sujeto. Considera que dicha regulación está dirigida a plantas hidroeléctricas y eólicas nuevas, proyectos desarrollados en aplicación del Decreto N°37124-MINAET del 19 de marzo de 2012 publicado en La Gaceta N°108 del 5 de junio de 2012, por lo que se trata de un escenario distinto, que corresponde al modelo por licitación pública para obtener la concesión de generación eléctrica. b) Que la norma es posterior a la construcción y entrada en operación de la empresa actora, con que plantea un problema de la vigencia de la norma, ya que estima se le aplicó un sistema de bandas tarifarias publicado con posterioridad a la construcción y entrada en operación del Proyecto hidroeléctrico Vara Blanca. Este Tribunal resuelve: se rechaza por improcedente el argumento con fundamento en el siguiente análisis.

  • a)De la publicación del sistema de bandas : La metodología de bandas tarifarias para el sector industrial de energía hidroeléctrica se adopta por la Nombre628 a partir de la resolución RJD-152-2011 de las 14:15 del 10 de agosto del 2011, publicada en La Gaceta No. 168 del 1º de setiembre de 2011, al establecer la “Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas”, que contiene el mecanismo técnico (fórmula matemática) para calcular los límites inferior y superior de las bandas. Además, con la resolución N° RJD-161-2011 de las quince horas del 26 de octubre del 2011, se rectificó error material y se adicionó la resolución N°RJD-152-2011. De tal manera que no es ajustado a la realidad el argumento planteado por la actora, en el sentido que la metodología se crea a partir de la resolución N°796-RCR-2012 del 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta N° 92 de 14 de mayo de 2012, que contiene una actualización de los extremos o límites de las bandas. En este sentido, son hechos no controvertidos que la empresa actora firmó el contrato con el Nombre9574 el 26 de abril de 2012 y entró en operaciones hasta el 2 de junio de 2012, es decir ya estando vigente la metodología del sistema de bandas, publicado desde el 1° de setiembre de 2011, lo que impide acreditar la aplicación retroactiva de la norma alegada.
  • b)Sujetos para los que es aplicable la metodología: La resolución RJD-152-2011 se establece que los sujetos a los está dirigido la metodología del sistema de bandas son "todos aquellos generadores privados nuevos que al amparo de la Ley N°7200 firmen un contrato con el Nombre9574 y cuya fuente energética sea hidráulica" (página 56 de La Gaceta N°168-2011). Al respecto el artículo 1 de la Ley 7200 establece a quienes está dirigida esta normativa de la siguiente forma:

"Artículo 1 .- Definición. Para los efectos de esta Ley, se define la generación autónoma o paralela como la energía producida por centrales eléctricas de capacidad limitada, pertenecientes a empresas privadas o cooperativas que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional. / La energía eléctrica generada a partir del procesamiento de desechos sólidos municipales estará exenta de las disposiciones de la presente Ley y podrá ser adquirida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), conforme a las tarifas aprobadas por el Servicio Nacional de Electricidad (SNE)". (Énfasis suplido).

Es claro que la normativa anterior, está dirigida a las centrales eléctricas de capacidad limitada, también denominados generadores privados, con independencia del tipo de contrato/concesión obtenido para la producción y venta de energía. En el Reglamento al Capítulo I de la Ley 7200 Decreto Ejecutivo N°37124-MINAET, artículo 3 se contempla la participación de generadores privados por solicitud individual y por procedimientos de selección cuando existan varias plantas nuevas:

"Artículo 3.- Participación: Toda Empresa Privada o Cooperativa de Electrificación Rural interesada en participar en la actividad de la generación de electricidad autónoma o paralela para venta al Nombre9574, deberá cumplir los requisitos estipulados en el Capítulo I de la Ley N° 7200 y sus reformas y suscribir un contrato de compra de energía siguiendo los procedimientos que para tal efecto establezca el Nombre9574 de conformidad con las disposiciones del presente reglamento. / El Nombre9574 está facultado para suscribir contratos destinados a la compra de energía eléctrica como parte de su actividad ordinaria, los cuales tendrán una vigencia máxima de veinte años. No obstante cuando existan dos o más empresas interesadas en establecer plantas nuevas, que cuenten con la elegibilidad vigente y que utilicen un mismo tipo de fuente primaria, el Nombre9574 deberá llevar a cabo procesos de selección que le permitan contratar directamente a aquellos proyectos que, en un plano de igualdad, mejor satisfagan el interés público. Los términos de referencia para la selección serán elaborados por el Nombre9574 y comunicados a los interesados al momento de realizar cada convocatoria." (Énfasis suplido).

Los numerales transcritos, permiten concluir que los generadores privados están sujetos a las disposiciones de la Ley 7200 sin distingo del tipo de trámite utilizado para obtener la condición de productor de energía eléctrica (el artículo 21 de la Ley 7200 que regula las compras por licitación no limita ni restringe las compras de energía sólo a este tipo de procedimiento). No es recibo el argumento de la empresa actora, referente a que el Decreto 37124-MINAET, constituye una reglamentación del Capítulo II de la Ley 7200, según la modificación por Ley 7508 y es concordante con la reglamentación interna del Nombre9574 para la selección de empresas por medio de concurso. Al contrario, el artículo 1 del Decreto 37124 específicamente dispone que regula los supuestos del Capítulo I de la Ley 7200:

"Artículo 1.- Objeto: El presente reglamento tiene por objeto regular el proceso de formalización de contratos de compra venta de energía y la actividad de generación eléctrica autónoma o paralela al amparo, de lo dispuesto en el Capítulo I de la Ley N° 7200 y sus reformas. El proceso contempla el establecimiento de los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de elegibilidades, selección de proyectos, formalización de contratos y las condiciones generales de los contratos." (Énfasis suplido) .

Valga aclarar que la Ley N°7508 "Reforma de Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela", publicada en La Gaceta N°104 del 31 de mayo de 1995, modifica la estructura de la Ley No. 7200 y la divide en Capítulos, siendo que el Capítulo I comprende del artículo 1 al 19, inclusive y se denomina "Generación Eléctrica Autónoma o Paralela" y a partir del artículo 20 se adiciona el Capítulo II "Compra de energía bajo el Régimen de Competencia" , en lo medular este segundo capítulo contempla los siguientes supuestos:

"Artículo 20 .- Autorización para compra de energía. Se autoriza al Nombre9574 para comprar energía eléctrica proveniente de centrales eléctricas de propiedad privada, hasta por un quince por ciento (15%) adicional al límite indicado en el artículo 7 de esta Ley. / Esa autorización es para adquirir energía de origen hidráulico, geotérmico, eólico y de cualquier otra fuente no convencional, en bloques de no más de cincuenta mil kilovatios (50.000 kw) de potencia máxima.

Artículo 21.- Compras por licitación. Las compras deberán efectuarse mediante el procedimiento de licitación pública, con competencia de precios de venta y evaluación de la capacidad técnica, económica y financiera, tanto del oferente como de las características de la fuente de energía ofrecida".

A partir de lo anterior, teniendo claridad de la normativa aplicable a la empresa actora, se acredita que ésta se sujetó voluntariamente a la Ley 7200 al suscribir con el Nombre9574 el "Contrato para la compra de ener­gía eléctrica al amparo del Capítulo I de la Ley 7200, Planta Hidroeléctrica Vara Blanca" el 26 de abril de 2012, que se encuentra vigente y cuyas cláusulas no fueron atacadas de nulidad en este proceso. En concreto, en la cláusula Vigésimo Primera se acordó que:

"Vigésimo Primera - Tarifas . La energía que reciba el Nombre9574 al amparo de este Contrato se cancelará con las tarifas que se establezcan de acuerdo con lo que determine la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, para la venta de energía por parte de Central Hidroeléctrica Vara Blanca S. A. al Nombre9574. Para este Contrato se aplicará el tipo de tarifa que seleccione el Vendedor para cada año, dentro de las tarifas previstas en el pliego tarifario, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 5, el cual forma parte integral de este Contrato. / En caso que la Nombre628 autorice una tarifa general para todas las plantas hidroeléctricas nuevas y que sea de aplicación para la C. H. Vara Blanca, S. A., las Partes convienen en realizar las modificaciones necesarias a este Contrato para ajustarse a las nuevas disposiciones”. (Énfasis suplido) .

Adicionalmente, el 18 de junio de 2012, el Nombre9574 y la empresa actora suscribieron el Addendum N° 1 al "Contrato para la compra-venta de energía Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A." y modificaron la cláusula vigésimo primera con la siguiente redacción:

"(...) Vigésimo Primera - Tarifas . La energía que reciba el Nombre9574 al amparo de este Contrato se cancelará con las tarifas y estructura tarifaria que se establezcan de acuerdo con lo que determine la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARESEP, con base en la 'Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación privada hidroeléctricas nuevas', aprobada mediante la Resolución RJD-152-2011 y sus modificaciones. En caso de que la Nombre628 llegue a aprobar una nueva metodología para el cálculo y aplicación de las tarifas de generación privada para plantas hidroeléctricas nuevas en general, -o para el caso particular de Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A., - la misma regirá desde el momento en que así lo disponga la resolución respectiva, sin necesidad de modificar el presente contrato. (...)". (Énfasis suplido) .

Se enfatiza que existió un acuerdo voluntario de la parte actora con el Nombre9574 para sujetarse a las tarifas establecidas por la Aresep, siendo que el Addendum suscrito con posterioridad no deja ninguna duda acerca de la sujeción a la metodología que adopte la Nombre628 y a sus modificaciones sin requerir posteriores ajustes al contrato. La parte actora externó libremente su voluntad de someterse a la metodología de la Aresep, entendida como la metodología o fórmulas técnicas para la fijación de la tarifa del sector industrial al que pertenece la actividad que desarrolla. Desde esta perspectiva, no se planteó ningún argumento relativo a vicios en el consentimiento que pudieran producir la nulidad de lo acordado contractualmente. Cabe destacar que la parte actora tampoco plantea ninguna pretensión de nulidad de las cláusulas del contrato ni del addendum. La empresa actora se limitó a cuestionar el refrendo otorgado por la Aresep, siendo que tal acto está cubierto por el instituto de la caducidad, según se dispuso en el considerando anterior, lo que impide el análisis de fondo en esta sentencia. En torno a la sujeción normativa y disposiciones tarifarias de la Aresep, cabe destacar que es evidente la existencia de una relación de sujeción especial, en virtud de las especiales características de servicio público que posee la relación contractual/concesionaria que la empresa actora como generador privado mantiene para venta de energía hidroeléctrica con el comprador único el Nombre9574 por disposición de ley. Tal condición, la obliga a sujetarse al ente regulador en materia de la fijación de precios de los servicios públicos de conformidad con los artículos 5 y 31 de la Ley 7593 e impide que se desapliquen las normas vigentes para el caso concreto. En este sentido, todo reclamo tendiente a que se mantenga la metodología aplicada inicialmente por la Nombre628 o una tarifa fijada, es abiertamente improcedente, ya que no existe un derecho amparado en el Ordenamiento Jurídico al mantenimiento de la tarifa o del método de cálculo por tratarse de un servicio público regulado, que impone el pago de un precio al costo y respetando el equilibrio financiero. El marco normativo en materia de fijación de precios del servicio público, exige que sean revisados y ajustados a la realidad sobre criterios fácticos, científicos o jurídicos en cumplimiento del interés público y en aplicación de los Principios de Inderogabilidad Singular de los Reglamentos e Igualdad, sin que la tarifa fijada y el método de cálculos puedan mantenerse estáticos en el tiempo. Por lo expuesto se rechaza el argumento planteado por la empresa actora.

X.- Sobre el argumento que refiere que la Nombre628 incumple abiertamente con sus obligaciones legales y viola los derechos de CHVB. La parte actora expone los siguientes aspectos: a) Que Nombre628 se ha negado a cumplir su obligación de fijar el precio. b) Que dicha conducta genera la nulidad de las resoluciones. Este Tribunal resuelve: se rechaza por improcedente el argumento con fundamento en el siguiente análisis.

  • a)De la metodología del sistema de bandas: discrecionalidad técnica de Nombre628. La Ley N°7200 Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela y la Ley N°7593 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), establecen la competencia legal de Nombre628 para fijar los precios de venta de la energía eléctrica producida en plantas privadas. En particular el artículo 14 de la Ley 7200 faculta a la Nombre628 en el siguiente sentido:

"Artículo 14 .- Las tarifas para la compra de energía eléctrica , por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, requieren la expresa y previa fijación del Servicio Nacional de Electricidad (*), el que, antes de emitir la resolución final, solicitará el criterio de los concesionarios afectados. / (...) (*Mediante el numeral 1° de la ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), N° 7593 del 9 de agosto de 1996, se transformó el Servicio Nacional de Electricidad en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Énfasis suplido).

Además, el artículo 5 de la Ley 7593 atribuye a la Nombre628 la siguiente función:

"Artículo 5.- Funciones. En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad Reguladora fijará precios y tarifas ; además, velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios públicos antes mencionados son: / a) Suministro de energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización (...)". (Énfasis suplido) .

Adicionalmente, en la Ley N°8723 Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica, se establece:

"Artículo 17 .- La regulación en cuanto al servicio público y las tarifas de venta de electricidad al Nombre9574, que se aprueben para las empresas que tengan concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica al amparo de esta Ley, se establecerán de acuerdo con los principios, los criterios y las normas de la Ley Nº 7593, en particular los preceptos de servicio al costo y de fijación de precios y tarifas contenidos en los artículos 3 y 31, respectivamente. El criterio de costo evitado no podrá ser utilizado, bajo ninguna circunstancia, en la fijación de los precios y las tarifas para la venta de energía al Nombre9574 u otros distribuidores autorizados por ley". (Énfasis suplido).

En este sentido, la parte considerativa de la Resolución N°RJD-152-2011 de las 14:15 horas del 10 de agosto de 2011 que fija la metodología de bandas, hace especial referencia a la competencia técnica-discrecional, compuesta por una serie de parámetros y principios utilizados en la escogencia del método tarifario:

"(...) la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora es la competente para emitir las metodologías tarifarias de los servicios públicos regulados, incluyendo la generación de electricidad, para lo cual deberá seguir el procedimiento de audiencia pública en el que garantice la participación ciudadana y para la emisión de las mismas deberá observar el principio de servicio al costo, las reglas de la ciencia y la técnica y las disposiciones generales emitidas en el Plan Nacional de Desarrollo, relativas al sector eléctrico.

El marco legal citado anteriormente, provee la base que faculta a Nombre628 para establecer metodologías regulatorias que refleje la estructura de costos, de financiamiento, los rendimientos requeridos de acuerdo con el principio de servicio al costo y los aspectos técnicos aplicables, de tal forma que se obtengan tarifas de referencia que permitan el desarrollo competitivo de la generación hidroeléctrica privada. (...)". (Énfasis suplido).

En apego a lo anterior, es la Nombre628 quien tiene la competente para fijar las tarifas y precios de conformidad con las metodologías que ella misma determine y velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima de los servicios públicos que enumera el artículo 5º de la Ley Nº 7593, incluyendo la energía eléctrica en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización, (artículo 5º inciso a) de la Ley Nº 7593), para lo cual ostenta facultades técnicas exclusivas y excluyentes. En el presente caso, la Nombre628 adoptó un sistema de banda tarifaria para el sector industrial, mediante las resoluciones N°152-2011 de las 14:15 horas del 10 de agosto de 2011, adicionada con la resolución N°RJD-161-2011 de las 15 horas del 26 de octubre de 2011 y actualizada por la resolución N° 796-RCR-2012 del 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta N° 92 del 14 de mayo de 2012. La indicada metodología de bandas está compuesta por una tarifa inferior (límite inferior) y una tarifa superior (límite superior). Se trata de un mecanismo para fijar el precio de venta de la energía eléctrica producida por los generadores privados hidroeléctricos nuevos dentro del sector industrial al que esta orientado. En lo medular, la resolución N°152-2011 expone el fundamento técnico de la metodología y explica en qué consiste de la siguiente manera:

"(...) 1. El objetivo último de la metodología tarifaria definida en este informe consiste en brindar los incentivos tarifarios necesarios para que en el plazo más corto posible, el país aproveche los instrumentos definidos en el capítulo primero de la Ley Nº 7200, para sustituir la mayor proporción posible de energía generada con fuentes térmicas por energía generada con fuentes hidráulicas. Al respecto, se tiene presente que según estimaciones recientes del ICE, esta empresa pública puede contratar en la actualidad hasta un máximo de 183 MW a generadores privados de electricidad que produzcan con fuentes renovables, en el marco de la Ley Nº 7200.

2. Se ha definido un modelo tarifario que estimula la inversión privada asociada con plantas de generación hidroeléctrica con potencias iguales o menores que 20 MW, capaces de operar dentro de un rango aceptable de costos y de eficiencia operativa. Para ello, se determina una banda tarifaria que permite al Nombre9574 ofrecer precios de compra de electricidad con los cuales el oferente pueda obtener los ingresos suficientes para cubrir sus costos de operación, recuperar la inversión realizada, y obtener una rentabilidad razonable para el nivel de riesgo asociado con la actividad de generación de electricidad.

3. El contar con tarifas de referencia para las transacciones de energía antes mencionadas es de gran importancia para el Sistema Eléctrico Nacional y en general, para el desarrollo económico y social del país.

4. En particular, el esquema tarifario propuesto permite aprovechar las oportunidades que ofrece la Ley Nº 7200 del 13 de setiembre de 1990, para promover el aporte de los inversionistas privados y aumentar la oferta de generación de electricidad basada en fuentes renovables de energía.

5. Las tarifas resultantes de este modelo serían las que se utilicen para la compra de energía eléctrica por parte del Nombre9574 a todos aquellos generadores privados nuevos que al amparo del capítulo primero de la Ley Nº 7200 firmen un contrato con el Nombre9574 y cuya fuente energética sea hidroeléctrica.

6. La metodología tarifaria está basada en un modelo con el que se estiman los valores superior e inferior de una banda tarifaria, expresados en dólares por KWh. Esos límites se definen a partir de la estimación del promedio y la desviación estándar de los datos de costo de inversión disponibles para plantas hidroeléctricas centroamericanas con capacidades instaladas iguales o menores que 20 MW. El límite superior está dado por la tarifa correspondiente a un costo de inversión igual al promedio más una desviación estándar; y el límite inferior está dado por la tarifa calculada con un costo de inversión igual al promedio menos la desviación estándar.

7. El modelo se desarrolló con parámetros de la industria de algunos países de Centroamérica y algunos casos específicos de Costa Rica, y la rentabilidad se calculó de acuerdo con la metodología del CAPM, establecida por la Nombre628 en modelos similares, actualizando los respectivos parámetros.

La propuesta metodológica define la tarifa como el resultado final del algoritmo que incluye los costos de explotación (CE), la recuperación de la inversión (depreciación) (RI), la rentabilidad (r) y un factor ambiental (fa).

8. El método para calcular el costo de explotación es el siguiente: a) se toman los datos de costos de explotación de una muestra de plantas hidroeléctricas que operan en el país, de diferentes capacidades instaladas; b) se hace un ejercicio de regresión exponencial para estimar la curva que mejor aproxima la función que relaciona capacidad instalada y costo de explotación; y c) se utiliza el valor de la función mencionada, correspondiente a una planta de 10 MW, que es el valor medio del rango permitido por el Capítulo 1 de la Ley Nº 7200.

El Costo Fijo por Capital (CFC) dependerá del monto de la inversión, del nivel de apalancamiento utilizado (relación deuda / aportes de capital), de las condiciones de financiamiento (tasa de interés, modalidad de pago y plazo), de la tasa de retorno, del período de recuperación de la inversión (vida económica), de la edad de la planta y de la tasa de impuesto de renta aplicable.

9. El monto total de la inversión (M) representa los costos totales necesarios para construir una planta de generación en condiciones normales para nuestro país. El cálculo de este valor se efectúa a partir de una muestra de datos sobre costos de inversión de plantas hidroeléctricas con capacidades instaladas iguales o menores que 20MW. El valor resultante se obtiene del promedio de los promedios de los costos unitarios de inversión de cinco rangos de capacidad instalada, cada uno de 4 MW. A ese valor se agregó el monto correspondiente al pago de intereses durante el período de gracia.

10. En lo que respecta al factor que refleja las condiciones de la inversión (FC), éste dependerá de las condiciones que se establezcan en el financiamiento, a saber: apalancamiento (relación de deuda), tasa de interés, plazo de la deuda (años), la rentabilidad de los aportes de capital (CAPM), además de la edad de la planta (años), que tomará en cuenta la vida económica de la planta (años).

11. Las condiciones de financiamiento (tasa de interés, la relación de deuda y el plazo) a utilizar en el modelo propuesto estarán determinadas, a excepción del plazo que es fijo, por el promedio de cada uno de estos parámetros para una muestra de proyectos nacionales e internacionales con capacidades similares a los que se pretende aplicar tarifas. Dichos parámetros estarán sujetos a las condiciones financieras que ofrezca el mercado en su momento.

12. Para los efectos de este modelo, la vida económica del proyecto es de 20 años, lapso igual al del contrato considerado en el modelo para definir la tarifa.

13. La duración del contrato de compra-venta de energía utilizada en el modelo para el cálculo de las tarifas (20 años), es el máximo permitido por la ley.

14. La rentabilidad del aporte de capital será obtenido por medio del Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM), el cual tomará en cuenta los siguientes parámetros: la tasa libre de riesgo, el beta de la inversión apalancada según la relación de deuda, el premio por riesgo y el riesgo país actualizado.

15. La estructura horario - estacional procura representar los cambios cíclicos del valor de la energía en el sistema eléctrico, debidos a la influencia estacional de la hidrología y al comportamiento semanal de la curva de carga.

16. Las tarifas resultantes de la metodología detallada serán expresadas y facturadas en dólares de los Estados Unidos de América (US$ o $). Los respectivos pagos se harán de conformidad con lo que las partes establezcan vía contractual, de conformidad con la normativa aplicable.

Los valores de la banda tarifaria se revisarán al menos una vez al año, de conformidad con lo que establece la Ley Nº 7593.

17. Para mejorar esta metodología en el futuro, los generadores privados hidroeléctricos nuevos tendrán la obligación de presentar anualmente a la Nombre628 la información financiera auditada. (...)". (Énfasis suplido).

En la resolución N°161-2011 de las 15 horas del 26 de octubre del 2011 se adicionó la resolución N° 152-2011 para incorporar que:

"ACUERDO 04-65-2011

I.Rectificar el error material detectado en la parte dispositiva de la resolución RJD-152-2011, en su punto I para que la ecuación 5 del apartado titulado “Costos Fijo por Capital “se lea de la siguiente manera: RI + r = M x FC, y para que en las referencias a los nombres de las variables que se encuentra después de la línea en que se expresa la ecuación se incluya la referencia a la variable “recuperación del capital”, de la siguiente forma: RI = Recuperación de la inversión (depreciación).

II.Adicionar al texto del título “Ajuste de los valores de la banda tarifaria”, en el punto I de la parte dispositiva de la resolución RJD-152-2011 el siguiente texto: “En ningún momento los precios pagados por la compra de energía eléctrica pueden ser mayores que el límite superior de la banda tarifaria vigente, ni menores que el límite inferior de esa banda.” (Énfasis suplido).

En la resolución N°796-RCR-2012 se establece la formulación general del modelo de bandas y su aplicación, señalando en de lo interés como sigue:

"(...) De conformidad con lo anteriormente expuesto, resulta claro que la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora es la competente para emitir las metodologías tarifarias de los servicios públicos regulados, incluyendo la generación de electricidad, para lo cual deberá seguir el procedimiento de audiencia pública en el que garantice la participación ciudadana y para la emisión de las mismas deberá observar el principio de servicio al costo, las reglas de la ciencia y la técnica y las disposiciones generales emitidas en el Plan Nacional de Desarrollo, relativas al sector eléctrico.

El marco legal citado anteriormente, provee la base que faculta a Nombre628 para establecer metodologías regulatorias que refleje la estructura de costos, de financiamiento, los rendimientos requeridos de acuerdo con el principio de servicio al costo y los aspectos técnicos aplicables, de tal forma que se obtengan tarifas de referencia que permitan el desarrollo competitivo de la generación hidroeléctrica privada.

(...)

1.2. Formulación general del modelo Para lograr el objetivo mencionado, se ha definido un modelo tarifario que estimula la inversión privada asociada con plantas de generación hidroeléctrica con potencias iguales o menores que 20 MW, capaces de operar dentro de un rango aceptable de costos y de eficiencia operativa. Para ello, se establece una banda tarifaria que permite al Nombre9574 ofrecer precios de compra de electricidad con los cuales el oferente pueda obtener los ingresos suficientes para cubrir sus costos de operación, recuperar la inversión realizada y obtener una rentabilidad razonable para el nivel de riesgo asociado con la actividad de generación de electricidad.

Las tarifas por kWh estimadas mediante el modelo propuesto incluyen los costos de operación y mantenimiento, los costos financieros y la rentabilidad neta del inversionista.

En general, se puede expresar la ecuación económica del suministro de energía eléctrica a partir de igualar los costos más la rentabilidad con los ingresos, desde la perspectiva del generador privado. De esa forma, se obtiene la siguiente ecuación:

CE + CFC + fa = IR (Ecuación 1) En donde:

CE = Costos de explotación CFC = Costo fijo por capital, que es la suma de la recuperación de la inversión (RI) y la rentabilidad (r). Así, CFC = RI + r RI = Recuperación de la inversión (depreciación) r = Rentabilidad sobre la inversión fa = Factor ambiental total o unitario IR = Ingresos requeridos, que son el resultado de multiplicar la tarifa "p" por las ventas de energía "E", es decir, IR = p x E p = Tarifa de venta E = Ventas (cantidad de energía) Despejando p:

p= CE + CFC + fa E De lo anterior se desprende que, para los efectos de este modelo, la tarifa depende de las expectativas de venta de electricidad, los costos de explotación, la recuperación del capital (depreciación), la rentabilidad y el factor ambiental.

El costo ambiental estaría incorporado en el precio determinado por la fórmula general, pasando a formar parte integral del precio final. La aprobación del mecanismo y metodología correspondiente al componente ambiental, así como su respectivo monto, deberá ser tramitada por los procedimientos establecidos en el marco legal vigente (convocatoria y realización de audiencia pública). (...)". (Énfasis suplido).

En criterio de este Tribunal la Nombre628 se encuentra facultada para elegir el método técnico para la fijación de un precio que garantice el servicio al costo y el equilibrio financiero del prestador del servicio público regulado. Se trata del ejercicio de una potestad discrecional técnica, sin que implique la delegación en otra institución pública del ejercicio de la competencia legal de fijación tarifaria, al amparo del artículo 31 de la Ley 7593. Es necesario destacar que el control del ejercicio de las potestades discrecionales, si bien es cierto no está vedado a esta jurisdicción, requiere que exista un pedimento expreso del administrado con el aporte de la prueba necesaria que demuestre el vicio en la razonabilidad, proporcionalidad, las reglas de la ciencia y técnica o de los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 del Código Procesal Contencioso Administrativo en relación con los numerales 15, 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública. Adicionalmente, se destaca que la misma Nombre628 al conocer las oposiciones de los interesados a la metodología de bandas planteada, contestó sobre la base del respeto al Principio de servicio al costo y equilibrio financiero, en lo medular se cita:

"(...) la Nombre628 tiene amplias potestades para establecer y utilizar las metodologías que considere convenientes, en tanto se respete el principio de servicio al costo, no se atente contra el equilibrio financiero de los prestadores de los servicios públicos, sujetos a las regulaciones de la Ley Nº 7593 y, sean conformes con lo estipulado en el artículo 16 de la citada Ley General. Esas potestades incluyen la fijación de tarifas puntuales o bandas tarifarias. Téngase en cuenta que una banda tarifaria no es otra cosa que una secuencia posible de tarifas autorizadas. Se debe tener presente que es frecuente la fijación de tarifas mediante bandas por parte de los entes reguladores de servicios públicos en todo el mundo. (...)". (Resolución N°152-2011. Énfasis suplido).

En el particular, el sistema de bandas tarifarias escogido por Nombre628 y adoptado mediante las resoluciones N°152-2011, N°161-2011 y N°796-RCR-2012, se encuentra debidamente motivado en el marco normativo y en los estudios técnicos expuestos en el contenido de las resoluciones indicadas (véase el hecho probado número 16). Este Tribunal entiende que la metodología del sistema de bandas creada por Nombre628 lo es para todo el sector industrial de generadores privados de energía, con lo cual se suprime la fijación tarifaria individual para cada empresa vendedora y se sustituye por una variedad de tarifas promedio para el sector a escogencia del vendedor, esto es generador privado. Dicho sistema de bandas, corresponde al ejercicio de la potestad discrecional técnica de la Aresep, con amparo en la ley y bajo el fundamento de estudios técnicos contenidos en las resoluciones que le dan vigencia a la metodología, por ende la fijación tarifaria del sector se estima que es conforme a derecho.

  • b)Procedimiento para revisar la metodología: artículo 31 Ley 7593 . El numeral 31 de la Ley N°7593 concede a la Nombre628 la posibilidad de establecer la metodología que mejor se adapte al servicio público regulado para fijar la tarifa, pero también prevee la opción de considerar la situación particular de cada empresa si existe imposibilidad comprobada. Por resultar de plena aplicación se transcribe la norma indicada:

"Articulo 31.- Fijación de tarifas y precios . Para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, la Autoridad Reguladora tomará en cuenta las estructuras productivas modelo para cada servicio público, según el desarrollo del conocimiento, la tecnología, las posibilidades del servicio, la actividad de que se trate y el tamaño de las empresas prestadoras. En este último caso, se procurará fomentar la pequeña y la mediana empresa. Si existe imposibilidad comprobada para aplicar este procedimiento, se considerará la situación particular de cada empresa. / Los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica definidos en el Plan nacional de desarrollo, deberán ser elementos centrales para fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos. No se permitirán fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de las entidades prestadoras del servicio público. / La Autoridad Reguladora deberá aplicar modelos de ajuste anual de tarifas, en función de la modificación de variables externas a la administración de los prestadores de los servicios, tales como inflación, tipos de cambio, tasas de interés, precios de hidrocarburos, fijaciones salariales realizadas por el Poder Ejecutivo y cualquier otra variable que la Autoridad Reguladora considere pertinente. / De igual manera, al fijar las tarifas de los servicios públicos, se deberán contemplar los siguientes aspectos y criterios, cuando resulten aplicables:

  • a)Garantizar el equilibrio financiero.
  • b)El reconocimiento de los esquemas de costos de los distintos mecanismos de contratación de financiamiento de proyectos, sus formas especiales de pago y sus costos; efectivos; entre ellos, pero no limitados a esquemas tipo B: (construya y opere, o construya, opere y transfiera, BOO), así como arrendamientos operativos y/o arrendamientos financieros y cualesquiera otros que sean reglamentados.
  • c)La protección de los recursos hídricos, costos y servicios ambientales." (Énfasis suplido).

Según lo anterior, resulta jurídicamente viable para la Nombre628 escoger una metodología tarifaria para el sector industrial específico y a la vez, también es admisible que las empresas puedan solicitar una fijación tarifaria individual , en aquellos casos en los que se logre demostrar que existe algún tipo de imposibilidad comprobada para aplicar la metodología o tarifa del sector, todo lo cual sujeto a la prueba. En el caso concreto, la empresa actora reclama la negativa de la fijación tarifaria en aplicación de la metodología de la tasa de retorno vigente al momento del perfeccionamiento de la concesión de servicio público otorgada y su prolongación mediante la relación contractual con el Nombre9574 para garantizar el equilibrio financiero. También se alegó la negativa de Nombre628 de analizar un solo costo de los reportes múltiples de inversión suministrados, auditados por contadores externos, los cuales han encontrado en todo momento una absoluta falta de análisis, siquiera preliminar, al alegar una supuesta obligación del Nombre9574 de renegociar la tarifa. Agrega que el Nombre9574 ha omitido adoptar todo tipo de medida paliativa a la ruinosa ecuación a que se enfrenta en estos momentos la actora, con una situación de quiebra financiera y la posibilidad de perder los bienes dados en garantía. Sostiene que producto de la falta de fijación de una tarifa equilibrada se la han provocado lesiones a los derechos patrimoniales y situaciones jurídicas consolidadas, que la situación financiera es insostenible, aminorada apenas por la circunstancia externa de haber conseguido la extensión del período de gracia hasta el 1 de setiembre de 2014, indica que los intereses generados deberán ser asumidos por el Nombre9574, debido a la tarifa desajustada que paga. Los argumentos se rechazan por improcedentes. En primer lugar, la fijación tarifaria aplicando la metodología de tasa de retorno, carece de todo sustento fáctico y jurídico, dado que se trata de una fórmula utilizada por la Nombre628 para el establecimiento de la tarifa provisional, por ende con carácter temporal. Véase en este sentido, que la resolución N°341-RCR-2011 de las 14:58 horas del 21 de febrero de 2011 emitida por la Nombre628 que autorizó la tarifa provisional, claramente dispuso un carácter temporal de la tarifa, en lo medular se cita:

"(...) I. Fijar para el servicio de generación de electricidad prestado por Central Hidroeléctrica Vara Blanca S.A. para la venta al ICE, la tarifa de $0,0695/kWh (seis coma noventa y cinco centavos de dólar por kWh) (...) / III.- Indicarle a C.H. Vara Blanca S.A. que la tarifa tope autorizada y la estructura tarifaria estará vigente en el tanto la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no haya autorizado una tarifa general para todas las plantas hidroeléctricas similares a la C.H. Vara Blanca S.A., mediante la aplicación de un modelo de costos, estructuras productivas modelos o costos generales de referencia.(...)”. Publicada en La Gaceta N°44 del 3 de marzo de 2011 (Hecho probado N°8, énfasis suplido).

En el mismo sentido, la metodología de "Tasa de Retorno" y fijación individual de la tarifa se sustentó en el anterior Reglamento a Ley de la Generación Eléctrica Autónoma Paralela N° 20346-MIRENEM, decreto que fue derogado por el artículo 28 del Reglamento al Capítulo I de la Ley N° 7200 "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela", aprobado mediante decreto ejecutivo N° 37124 del 19 de marzo del 201, con lo cual resulta improcedente disponer de la aplicación de una norma derogada y no vigente. En relación con el argumento de la actora que reclama una negativa de Nombre628 de analizar las solicitudes planteadas y la información contable de los costos, no se demuestra la indicada negativa. Por el contrario, la Nombre628 sí dio respuesta escrita para la solicitud de fijación tarifaria de la empresa actora, así consta en la resolución N° 010-RIE-2013 de las 16 horas del 25 de enero de 2013 emitida por la Intendencia de Energía, que rechazó la solicitud de la empresa actora, por no estar sustentada en el modelo de precios vigentes y pretender una fijación particular, pero sin gestionar la revisión de la tarifa aplicable a todo el sector según los parámetros del modelo tarifario (hecho probado número 29). La Junta Directiva de Nombre628 confirmó lo actuado con la resolución N°RJD-116-2013 de las 14:20 horas del 16 de setiembre de 2013, agregando una falta de demostración del nexo causal entre las supuestas pérdidas alegadas y la conducta de Nombre628, admitiendo la posibilidad de negociación entre las partes contratantes dentro de las bandas de referencia (hecho probado número 40). En criterio de este Tribunal, lo actuado se ampara en el artículo 31 de la Ley 7593 que admite la revisión excepcional de la metodología, en caso de comprobarse la existencia de imposibilidad para aplicar el procedimiento, para considerar la situación particular de cada empresa. En el caso de la empresa actora, la metodología del sistema de bandas impide la fijación de una tarifa individual, ya que establece límites tarifarios para toda la industrial y no para un sujeto particular, que no fueron cuestionados ni impugnados en la solicitud de la empresa actora. Conforme al artículo 31 de la Ley 7593, en caso que la empresa actora lograra acreditar una imposibilidad desde el punto de vista financiero del sector industria para establecer un sistema de bandas, solo en esa hipótesis estará facultada para gestionar la revisión de la metodología a partir de un estudio objetivo bajo los parámetros de servicio al costo y que se considere su caso específico. Sin embargo nada de ello se logró demostrar en este proceso ni se expuso desde esa línea análisis. Desde esta perspectiva la empresa actora no logra demostrar que la metodología del sistema de bandas se encuentre viciada. El argumento sobre la remisión de la Nombre628 para que se negocie con el ICE, carece del soporte necesario para viciar de nulidad absoluta el acto por los siguientes motivos. La Nombre628 plantea la alternativa de la negociación del precio con el Nombre9574 en términos facultativos sea opcionales y no obligatorios, así consta en la resolución de la Junta Directiva N°RJD-116-2013 que agota la vía administrativa hace mención a "la posibilidad de que las partes pacten contractualmente el precio de compra venta de energía eléctrica dentro de la banda tarifaria de referencia". Tal referencia, aunque pareciera no estar ajustada a la realidad del negocio de venta de energía eléctrica y a la particularidad del comprador único -el Nombre9574 que por políticas internas ha optado por pagar el extremo inferior de la banda sin que ello suponga infracción legal alguna-, no constituye vicio de nulidad de lo actuado, ya que el fundamento sobre el cual se sustenta el acto de rechazo de la solicitud de fijación tarifaria de la actora fue la desaplicación de la metodología vigente del sistema de bandas del sector industrial para pretender una tarifa individual, sin advertir algún tipo de imposibilidad del modelo autorizado. En este sentido, la conducta administrativa de la Nombre628 aquí cuestionada (que comprende desde la metodología hasta el rechazo de la solicitud de la actora), debe mantenerse en aplicación del Principio de Conservación del acto administrativo, establecido en el artículo 168 de la Ley General de la Administración Pública, en aras de garantizar la certeza jurídica y el fin público. En esta decisión se toma en cuenta, la relación sujeción especial de los generadores privados y el acuerdo voluntario suscrito por la parte actora para someterse a la regulación de la Aresep, así como la limitación que supone los argumentos y pretensiones deducidos en la presente demanda, que impiden al Tribunal fuera de los límites planteados por las partes, que no aborda la imposibilidad de aplicar la metodología del sistema de bandas elegida por Nombre628 ni se aporta prueba.

  • c)Sobre la pretensión indemnizatoria: La parte actora pretende que se declare que "Que la Nombre628 es responsable, en aplicación de los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública de todos los daños patrimoniales causados a Nombre111320 por la omisión del cumplimiento de sus deberes y por las actuaciones absolutamente nulas declaradas así en el presente proceso, sumas las cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. En caso que al momento del dictado de la sentencia la situación financiera de Nombre111320 se haya tornado insostenible y eso haya llevado a la ejecución de las garantías bancarias que pesan sobre el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, solicitamos que en sentencia se declare a la Nombre628 responsable por la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia". La pretensión indemnizatoria se deriva de la tesis de la empresa accionante de encontrarse en una situación de crisis financiera, próxima a la quiebra y pérdida de los bienes dados en garantía, provocada por el pago de una tarifa insuficiente para lograr una recuperación de la inversión y cubrir los costos. Respecto al tema de la responsabilidad administrativa, la empresa actora omite precisar el tipo de responsabilidad que pretende, sea contractual o extra-contractual, en virtud de la especial condición que mantiene tanto con la Nombre628 como con el ICE. Pese a tal omisión esencial, es indispensable para el reconocimiento de la responsabilidad administrativa la demostración del daño efectivo, evaluable e individualizable y el nexo causal con la conducta administrativa causante. No obstante, con la prueba aportada al expediente, consistente en documentación financiero-contable de la empresa que fue adjuntada en la solicitud tarifaria ante Aresep, el contrato de fideicomiso de garantía y pagaré, no se logra demostrar en qué consiste el supuesto daño patrimonial, su magnitud, especialidad, certeza y existencia. La empresa actora afirma que atraviesa una situación de crisis financiera próxima a la quiebra provocado por el precio de la tarifa de venta de energía eléctrica que le paga el ICE, pero no logra demostrar que esa tarifa que se ubica en el límite inferior del sistema de bandas del sector, sea ruinosa y que ocasione el desequilibrio financiero ni por cuánto tiempo. La prueba aportada no logra vincular ni relacionar de forma directa e inmediata situación financiera de la empresa actora con la conducta de Nombre628 ni el Nombre9574 y mas concretamente, con la tarifa pagada, que se ha venido pagando según lo contratado por ambas partes. La empresa actora no sustentó en un análisis técnico (esencial para esta materia tarifaria) que la metodología del sistema de bandas resultara inaplicable para todo el sector, ni que ese método estuviera financieramente desequilibrado ni que el precio del extremo inferior de la banda fuera insuficiente para cubrir los costos operativos y recuperar la inversión. Al respecto, la actora se limitó a aportar la misma documentación contable con la que acompañó la solicitud de fijación tarifaria ante la Nombre628 y omitió incorporar el análisis técnico particular, que le permitiera a este Tribunal evidenciar los supuestos daños alegados, con lo cual faltó al cumplimiento de su deber en cuanto a la carga probatoria, según lo dispuesto en el artículo 317 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria en el proceso contencioso por dispensa del numeral 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Por otro lado, la prueba para mejor resolver ordenada en este proceso, es insuficiente para acreditar el daño alegado ni la vinculación con la conducta de la Aresep, ya que fue omisa, contradictoria y ambigüa, lo que le resta credibilidad ante este Tribunal. Es necesario aclarar aquí, la empresa actora, como dueña de este proceso judicial delimitó el problema jurídico a unos argumentos y pretensiones específicos, fuera de los cuales no se puede dictar sentencia, so pena de incurrir en nulidad. Sin embargo, en virtud de la doble condición que posee la empresa accionante, como concesionaria de la Nombre628 y contratista del Nombre9574, tiene la posibilidad de entablar los procesos judiciales y solicitudes administrativas que estime necesarias para garantizarse el cumplimiento del equilibrio financiero. Debe reiterarse, que en este proceso judicial los supuestos daños patrimoniales alegados por la actora no fueron demostrados ni se logró establecer el nexo causal con alguna conducta administrativa, lo que impone el rechazo del argumento en su totalidad.

XI.- Sobre el argumento relativo a que el Nombre9574 incurre en enriquecimiento sin causa y expropiación de hecho. La parte actora expone los siguientes aspectos: a) Por seleccionar el extremo inferior de la tarifa sin análisis de la inversión de la empresa. b) Infracción a los Principios de Buena Fe y Equilibrio Contractual, pese a la cláusula contractual que se somete al esquema regulatorio siempre se deben cumplir. c) Se produce nulidad de los oficios dictados por el Nombre9574 que enlista los siguientes cuatro oficios: a) Oficio 0690-171-2012 de 30 de mayo de 2012; b) Oficio 0510-245-2013 de 26 de febrero de 2013; c) Oficio 0510-503-2013 de 14 de mayo de 2013; d) Oficio 0510-1392-2013 de 8 de octubre de 2013; e) Oficio 0510-1479-2013 de 22 de octubre de 2013. Este Tribunal resuelve: se rechaza por improcedente el argumento con fundamento en el siguiente análisis. En primer lugar, se hace la observación que los oficios dictados por el Nombre9574 cuya nulidad se acusa, no se incluyen dentro de las pretensiones de este proceso donde se solicita la declaratoria de nulidad y con ello se observa una distorsión con el objeto principal de la demanda, evidentemente provocado por una inadecuada técnica empleada. Pese a lo anterior, al analizar el argumento planteado en torno al supuesto enriquecimiento sin causa del Nombre9574 y a la expropiación de hecho, este argumento es accesorio al planteamiento antes revisado en el Considerando precedente, que analizó el tema de los daños y perjuicios por la tarifa pagada. Así las cosas, siendo que no se logró demostrar en este juicio, la existencia de un daño derivado por el pago del límite inferior del sistema de bandas que hace el Nombre9574 para la compra de la energía eléctrica a la empresa actora, este argumento accesorio sobre el enriquecimiento ilícito, también deviene en improcedente dada la falta de material probatorio sobre este aspecto. Véase que el Nombre9574 en la contestación de la demanda alegó que "la tarifa que hasta el día de hoy se le cancela al actor es la equivalente al límite inferior del sistema tarifario de bandas", es decir que sí ha mediado pago puntual en los términos del contrato suscrito por las partes por la compra de la energía eléctrica y según la metodología autorizada por la Aresep. La parte actora no logró demostrar que el Nombre9574 ha incurrido en un incumplimiento al bloque de legalidad, de las cláusulas contractuales o de los principios de buena fe y equilibrio de la relación contractual -argumentos que solo se citan sin mayor desarrollado argumentativo en la demanda-, para el pago de la energía eléctrica, lo que impide tener por demostrado el supuesto enriquecimiento ilícito o la alegada expropiación de hecho. En razón de lo anterior, la alegada nulidad de los oficios dictados por el Nombre9574 números: a) Oficio 0690-171-2012 de 30 de mayo de 2012; b) Oficio 0510-245-2013 de 26 de febrero de 2013; c) Oficio 0510-503-2013 de 14 de mayo de 2013; d) Oficio 0510-1392-2013 de 8 de octubre de 2013; e) Oficio 0510-1479-2013 de 22 de octubre de 2013, se torna improcedente, dada la ausencia de argumentos que expongan cuáles son los vicios que se acusan, sin que se hubiera acreditado el supuesto enriquecimiento sin causa del ICE. Es obvio que existen diferencias entre las partes contratantes ICE-empresa actora por la tarifa de compra de la energía eléctrica, pero no es viable extender el análisis a otros aspectos que no fueron debatidos en este proceso, debiendo respetarse con extremo rigor los límites presentados en esta demanda, de tal manera que los argumentos aquí presentados resultan insuficientes para identificar la ilicitud de la conducta del ICE. Bajo esta línea de análisis, resulta improcendente la quinta pretensión de la demanda dirigida contra el Nombre9574 que consiste en: "Solicitamos se declare que el Nombre9574 debe reconocer a Nombre111320 las diferencias entre las tarifas pagadas a partir de la entrada en operación del Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca el 2 de junio de 2012 y la nueva fijación tarifaria efectuada por la Nombre628 con ocasión de la obligación declarada en este proceso, con el reconocimiento de los inte­reses legales computados a partir de cada uno de los pagos mensuales efectuados, todo lo cual se liquidará en ejecución de sentencia. Sobre esta obligación, solicitamos se declare que la Nombre628 es subsidiariamente responsable del pago de estas diferencias", por tratarse de una extremo accesorio al principal, siendo que no se logró acreeditar el incumplimiento del Nombre9574 ni se demostró el daño alegado y su nexo causal. Por lo expuesto, se rechaza el argumento planteado.

XII.- Sobre el argumento referente a la violación del Ordenamiento Jurídico por omisión en el cumplimiento de deberes. La parte actora plantea los siguientes argumentos: a) Negativa de la Nombre628 de cumplir el mandato legal. b) Negativa a fijar la tarifa con tasa de retorno vigente al perfeccionamiento de la concesión, lo que provoca una situación financiera insostenible. c) Falta de análisis por parte de Nombre628 de la información financiera suministrada bajo la supuesta obligación del Nombre9574 de negociar la tarifa. d) El Nombre9574 no ha adoptado ninguna medida paliativa a la ruinosa ecuación y que hay peligro de perder los bienes dados en garantía. Este Tribunal resuelve: se rechaza por improcedente el argumento con fundamento en el siguiente análisis. El argumento es reiterativo y fue analizado con amplitud en el Considerando X de esta sentencia. Es necesario señalar que el planteamiento de la supuesta conducta omisiva que realiza la parte actora conduce a error al referirse a una conducta omisiva en el cuadro fáctico analizado. La conducta omisiva supone la ausencia total de manifestación de voluntad de la Administración Pública, que puede ser pretendida en el juicio contencioso y así se admite en los numerales 1.2), 36 inciso e), 42 inciso g) y 122 inciso g) del Código Procesal Contencioso Administrativo. Para este tipo de pretensiones donde se impugna la conducta omisiva de la administración, se establece un procedimiento especial en los artículos 35 y 118 del Código Procesal Contencioso Administrativo. El artículo 35 indica indica lo siguiente:

"Artículo 35.- 1) Cuando se impugne una conducta omisiva de la Administración Pública, el interesado podrá requerir, al órgano o el ente respectivo para que en el plazo de quince días adopte la conducta debida. Si transcurrido dicho plazo la omisión persiste, quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

  • 2)De haberse acudido directamente a la vía jurisdiccional, el juez o el Tribunal concederá, al jerarca supremo de la entidad o el órgano competente, un plazo máximo de quince días hábiles, con suspensión del proceso, para que cumplimente la conducta debida. De hacerlo así, se dará por terminado el proceso sin especial condenatoria en costas, sin perjuicio de continuarlo para el restablecimiento pleno de la situación jurídica de la persona lesionada. Si, transcurrido dicho plazo, se mantiene total o parcialmente, la omisión, el proceso continuará su curso, sin necesidad de resolución que así lo disponga." (Énfasis suplido) .

La pretensión de conducta omisiva es distinta de aquella donde sí existe un acto administrativo cuyo contenido no resulta de la complacencia o satisfacción del administrado u interesado, siendo que tales casos lo técnicamente procedente es atacar el acto dictado. Este Tribunal ha definido la conducta omisiva como "(...) el incumplimiento por la administración pública de una obligación administrativa preexistente -impuesta por el ordenamiento jurídico- que le produce una lesión antijurídica al administrado o al interés público , por lo que representa una disfunción administrativa que debe ser objeto de control y fiscalización jurisdiccional para superar sus efectos antijurídicos (...) / En este orden de ideas, debemos hacer referencia al concepto de función administrativa, el cual engloba todas las formas de manifestación de la Administración Pública, jurídicas y no jurídicas, formales y materiales. La inactividad jurídica es consecuentemente, una disfunción administrativa, en tanto que implica la omisión de actuación formal o material del Estado o un ente público, y por ello, doctrinariamente se habla de diferentes tipos de inactividad de la Administración. Así, tenemos la inactividad en la emisión de un determinado acto administrativo (formal), la inactividad producida por la omisión de una actuación material (emisión de un acto jurídico), fáctica (prestación de un servicio público) o técnica. En todos estos supuestos, se parte de un deber de hacer o dejar de hacer de la Administración respectiva, que es incumplido por ella y que tiene efectos jurídicos hacia un particular concreto y/o terceros. Frente a este no actuar, surge la posibilidad de que el Administrado haga uso del ordenamiento jurídico que obliga a la Administración Pública a actuar dentro de niveles adecuados de funcionamiento para el cumplimiento de los fines públicos. Es así como nuestro Derecho de la Constitución prevé la existencia de principios rectores que deben regir la función administrativa, tales como la eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad en su actuación formal y material" (Sentencia N°302-2012-VI, énfasis suplido). En el presente asunto, sí existen actos administrativos dictados por la Nombre628 y por el Nombre9574 que dan respuesta formal a las solicitudes de la empresa actora, todos los cuales se enlistan en el Considerando de hechos probados de esta sentencia, por ende la demanda no se dirige contra una conducta omisiva en estricto sentido. Por el contrario, la empresa actora se muestra insatisfecha con las respuestas dictadas por las Administraciones demandadas y reclama para modificar lo dispuesto, pero ese cuadro fáctico no califica como una conducta omisiva, aunque se haya alegado un incumplimiento de deberes por la falta de fijación tarifaria, por la ausencia de medidas paliativas, ante la falta de análisis de la información financiera de la empresa ya que son elementos que cuestionan directamente los actos dictados tanto por Nombre628 como por el ICE. Se toma especial nota, en cuanto a la tramitación de este proceso de conocimiento, ya que el auto de traslado de la demanda dictado por resolución de las 10:24 horas del 7 de julio de 2014, visible a folios 463 a 469 del principal, no contiene ninguna referencia ni se concedió el plazo establecido por conducta omisiva del artículo 35 aludido, siendo que dicha actuación judicial alcanzó firmeza ante la falta de impugnación de las partes litigantes, en especial de la empresa actora que no advirtió ningún desajuste en lo resuelto. De lo anterior, se desprende que el alegato de la conducta omisiva carece de sustento y se rechaza.

XIII.De las pretensiones principales: Se procede ha emitir pronunciamiento expreso para cada una de las pretensiones de este proceso que fueron ratificadas en la audiencia preliminar:

" 1) Que la Nombre628 se encuentra obligada por la Ley 7593 de 9 de agosto de 1996, la Ley 7200 de 28 de setiembre de 1990 y el Decreto Ejecutivo 20346-MIRENEM de 21 de marzo de 1991, vigente al momento de perfeccionarse la concesión de servicio público de generación de electricidad y el contrato de venta de electricidad con el ICE, a fijar una tarifa para la compra de energía entregada por Nombre111320 al ICE, en aplicación del método de tasa de retorno, esto es, que además de establecerse una tarifa que reconozca la inversión realizada, debe contemplarse la utilidad razonable para el sector". Según el análisis de los considerandos precedentes se rechaza por improcedente.

  • 2)Que las actuaciones administrativas adoptadas por la Nombre628 con desconocimiento de las disposiciones legales reseñadas en la pretensión anterior, incurren en infracción sustancial del ordenamiento jurídico y que por tanto son absolutamente nulas las siguientes actuaciones: a) Resolución 796-RCR-2012 de 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta 92 de 14 de mayo de 2012; b) Resolución RRG-162-2012 de 28 de mayo de 2012; c) Resolución RJD-060-2012 de 7 de junio de 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 dictada por el Comité de Regulación el 14 de junio de 2012; e) Resolución RJD-142-2012 de 8 de noviembre de 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 de 25 de enero de 2013 del Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 de 22 de febrero de 2013 de la Intendencia de Energía; h) Resolución RJD-116-2013 de 16 de setiembre de 2013 de la Junta Directiva." Según el análisis de los considerandos precedentes se rechaza por improcedente.
  • 3)"Que la Nombre628 es responsable, en aplicación de los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública de todos los daños patrimoniales causados a Nombre111320 por la omisión del cumplimiento de sus deberes y por las actuaciones absolutamente nulas declaradas así en el presente proceso, sumas las cuales se liquidarán en ejecución de sentencia. En caso que al momento del dictado de la sentencia la situación financiera de Nombre111320 se haya tornado insostenible y eso haya llevado a la ejecución de las garantías bancarias que pesan sobre el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, solicitamos que en sentencia se declare a la Nombre628 responsable por la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia". Según el análisis de los considerandos precedentes se rechaza por improcedente.
  • 4)"Para los efectos de los artículos 199 y 200 de la Ley General de la Administración Pública, solicitamos que la sentencia que declare la nulidad absoluta de las actuaciones administrativas de la Nombre628 impugnadas, esto es: a) Resolución 796-RCR-2012 de 16 de marzo de 2012, publicada en La Gaceta 92 de 14 de mayo de 2012; b) Resolución RRG-162-2012 de 28 de mayo de 2012; c) Resolución RJD-060-2012 de 7 de junio de 2012; d) Resolución 879-RCR-2012 dictada por el Comité de Regulación el 14 de junio de 2012; e) Resolución RJD-142-2012 de 8 de noviembre de 2012; f) Resolución 010-RIE-2013 de 25 de enero de 2013 del Intendente de Energía; g) Resolución RIE-022-2013 de 22 de febrero de 2013 de la Intendencia de Energía; y h) Resolución RJD-116-2013 de 16 de setiembre de 2013 de la Junta Directiva, contenga una declaración expresa de que dichos actos administrativos son manifiestamente ilegales y por tanto generadores de las responsabilidades definidas por dichos numerales". Según el análisis de los considerandos precedentes se rechaza por improcedente y reiterativa.
  • 5)"Solicitamos se declare que el Nombre9574 debe reconocer a Nombre111320 las diferencias entre las tarifas pagadas a partir de la entrada en operación del Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca el 2 de junio de 2012 y la nueva fijación tarifaria efectuada por la Nombre628 con ocasión de la obligación declarada en este proceso, con el reconocimiento de los inte­reses legales computados a partir de cada uno de los pagos mensuales efectuados, todo lo cual se liquidará en ejecución de sentencia. Sobre esta obligación, solicitamos se declare que la Nombre628 es subsidiariamente responsable del pago de estas diferencias". Según el análisis de los considerandos precedentes se rechaza por improcedente.

XIV.- De la pretensión subsidiaria: Se emite pronunciamiento expreso respecto a la pretensión subsidiaria: 6) "En caso que en sentencia se considere que la Nombre628 tiene apoyo en el ordenamiento jurídico al sostener que corresponde al Nombre9574 negociar el ajuste de la tarifa a pagar a Nombre111320 por la electricidad generada en el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, solicitamos se declare en sentencia la obligación del Nombre9574 de proceder de inmediato a negociar con Nombre111320 la fijación de una tarifa en aplicación del método de tasa de retorno, esto es, que además de establecerse una tarifa que reconozca la inversión realizada, debe contemplarse la utilidad razonable para el sector. En este supuesto, el Nombre9574 deberá reconocer a Nombre111320 las diferencias entre las tarifas pagadas a partir de la entrada en operación del Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca el 2 de junio de 2012 y la nueva fijación tarifaria acordada con ocasión de la obligación declarada en este proceso, con el reconocimiento de los inte­reses legales computados a partir de cada uno de los pagos mensuales efectuados, todo lo cual se liquidará en ejecución de sentencia. En caso que al momento del dictado de la sentencia el desequilibrio financiero ocasionado por la no actualización de las tarifas haya provocado la ejecución de las garantías bancarias que pesan sobre el Proyecto Hidroeléctrico Vara Blanca, solicitamos que en sentencia se declare al Nombre9574 responsable por la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia". La pretensión se rechaza por improcedente. Cabe señalar que no existe una obligación legal ni contractual que obligue al Nombre9574 a negociar la tarifa con la empresa actora, lo entienda así o no, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. No obstante, se ha indicado que la metodología del sistema de bandas para el sector no supone una delegación de las competencias de la Nombre628 en el Nombre9574 y que en caso de suponer una "imposibilidad comprobada para aplicar este procedimiento" -lo cual habría de acreditarse- según lo establece el artículo 31 de la Ley 7593 (Ley de Aresep), la empresa actora estaría facultada para que se considere su situación particular, nada de lo cual fue alegado ni demostrado en el presente proceso contencioso. En suma, la pretensión subsidiaria no encuentra amparo legal, por lo que se rechaza.

XV.- Análisis de las excepciones opuestas. Las co-demandadas formularon la excepción de falta de derecho, que se acoge con base en lo expuesto en los Considerandos previos, por haberse denegado todos los extremos de la demanda. La excepción de falta de legitimación, se rechaza en virtud de la relación de las partes litigantes con los hechos analizados y las pretensiones deducidas. En consecuencia, la demanda se declara sin lugar.

XVI.- De la medida cautelar solicitada: La representación de la empresa actora, durante la audiencia conferida para ampliar las conclusiones con motivo de la evacuación pericial con carácter de prueba para mejor resolver ordenada por este Tribunal, solicitó como medida cautelar la ejecución inmediata de la sentencia estimatoria que se dictara en el presente caso, para garantizar las resultas del proceso. La solicitud se inadmite. La gestión formulada por la parte actora, pese a indicar que se pretendía una medida cautelar, omite en su totalidad la referencia y prueba de cada uno de los elementos antes indicados, lo que impone el rechazo ante la informalidad de la solicitud. Por otro lado, el artículo 155 Código Procesal Contencioso dispone la ejecución de las sentencias firmes, siendo la gestión planteada prematura. Lo peticionado con falta de rigor en técnica procesal como medida cautelar al momento de esbozar alegatos de conclusiones toma por sorpresa a la contraparte y al Tribunal, resultando inatendible. De otra parte y de todos modos, si de la ejecución de la sentencia se trata ese es asunto reservado a la fase o etapa procesal respectiva.- XVII.- Sobre las costas. El artículo 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las costas procesales y personales se imponen al vencido por el solo hecho de serlo. La dispensa de esta condena solo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria. En este caso, no se observan motivos que permitan excepcionar la máxima de condena al vencido. Por ello, se imponen ambas costas del proceso a cargos de la parte actora.

POR TANTO

Se rechaza la excepción de falta de legitimación. Se acoge la de caducidad de la acción en lo que se dirigió en contra la resolución N°RRG-162-2012 del 28 de mayo de 2012 y en consecuencia, inadmisible la demanda en ese exclusivo tanto. En lo demás se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por ambas instituciones co-demandadas. En consecuencia, se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se inadmite la solicitud de medida cautelar de la parte actora. Son ambas costas a cargo de la parte actora. NOTIFÍQUESE.- JUDITH REYES CASTILLO JOSÉ IVÁN SALAS LEITÓN FELIPE CÓRDOBA RAMÍREZ Clasificación elaborada por CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALdel Poder Judicial. Prohibida su reproducción y/o distribución en forma onerosa.

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    • Ley 7200 Arts. 1, 2, 3, 7, 13, 21
    • Ley 7593 Arts. 5, 31
    • Constitución Política Art. 121(14)
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