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Res. 00028-2016 Tribunal Contencioso Administrativo Sección II · Tribunal Contencioso Administrativo Sección II · 19/04/2016
OutcomeResultado
The Court denied the claim because Law No. 9134 did not create retroactive tariff differences and the claimant failed to prove an unlawful ARESEP omission, an overcharge, or the alleged damages.El Tribunal declaró sin lugar la demanda porque la Ley N.º 9134 no generó diferencias tarifarias retroactivas ni se probaron una omisión ilícita de ARESEP, un sobreprecio o los daños reclamados.
SummaryResumen
The Administrative Litigation Court rejected JASAE S.A.’s claim against ARESEP seeking retroactive application of Law No. 9134 to fuel prices for non-sport fishing and compensation for the period from 2002 through 2013. The Court found that the law specified the components needed to calculate a competitive preferential price distinct from the tax exemption, but introduced new elements that operate prospectively. Earlier tariff determinations, once paid, were exhausted legal situations and had been based on lawful regulatory methodologies. The claimant also failed to prove any administrative omission by ARESEP, payment of an overcharge, the fuel cost’s actual economic impact, a causal connection with its financial obligations, or the alleged damages. Consequently, the Court upheld the defense of lack of legal entitlement, denied every declaratory and compensatory claim, and ordered the company to pay procedural costs and attorney fees. It also rejected the defenses of res judicata and lack of passive standing.El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda de JASAE S.A. contra ARESEP, mediante la cual se pretendía aplicar retroactivamente la Ley N.º 9134 al precio del combustible para la pesca no deportiva y obtener indemnizaciones por el período comprendido entre 2002 y 2013. El Tribunal determinó que esa ley precisó los componentes necesarios para calcular un precio competitivo y preferencial distinto de la exoneración tributaria, pero introdujo elementos novedosos cuya aplicación es prospectiva. Las fijaciones tarifarias anteriores, una vez pagadas, constituyeron situaciones jurídicas agotadas y se sustentaron en metodologías regulatorias lícitas. La actora tampoco acreditó una omisión administrativa de ARESEP, el pago de un sobreprecio, el impacto económico real del combustible, la relación causal con sus obligaciones financieras ni los daños alegados. Por ello, se acogió la excepción de falta de derecho, se denegaron todas las pretensiones declarativas e indemnizatorias y se impusieron a la empresa las costas procesales y personales.
Key excerptExtracto clave
The inclusion of the items under that interpretive law applies prospectively in relation to the preexisting legislation because, as stated, the determinations already made were grounded in lawful conduct inherent in the regulatory methodology described above. As can be seen, this Court concludes that implementation of the algorithm’s new elements takes effect from their legal definition. Their original difference as a new rule in relation to the interpreted law is evident and is not retroactive as claimed; otherwise, an exception to the principle embodied in Article 34 of the Constitution would result. As the defendant argues, “the new law cannot validly affect it because the event giving rise to the right occurred while the former law was in force.” The claimant’s requests therefore lack any legal basis.La incorporación de los rubros en esa ley interpretativa aplican prospectivamente con relación a la normativa preexistente, pues como se ha dicho, las fijaciones dadas se ampararon en conductas lícitas propias de la metodología reguladora como se ha venido indicando. Como se aprecia, la conclusión de este Tribunal, es que la instrumentación de los nuevos elementos del algoritmo corre a partir de la definición legal, cuya diferencia originaria hacia nueva regla en relación con la ley interpretada es evidente y no retroactiva como se ha pretendido, provocando excepcionalidad al principio inmerso en el numeral 34 constitucional, tal y como lo aduce la demandada cuando señala que "la nueva ley no puede válidamente incidir sobre él porque el hecho constitutivo del derecho se produjo bajo el imperio de la ley anterior", por lo que no lleva razón legal alguna la accionante en sus pedidos.
Pull quotesCitas destacadas
"Esta ley, bajo una motivación creíble, procuró definir los parámetros necesarios que facilitacen al operador jurídico técnico, materializar el quantum del beneficio, distinto al beneficio tributario, es decir, expresó aquellos rubros a considerar como parte de la definición del precio competitivo ayunos en las leyes interpretadas, modificando el precio preferente resultante."
"With a credible rationale, this law sought to define the parameters needed for the legal and technical decision-maker to quantify the benefit, which was distinct from the tax benefit; that is, it identified the items to be considered in defining the competitive price that were absent from the interpreted laws, thereby modifying the resulting preferential price."
Considerando VIII
"Esta ley, bajo una motivación creíble, procuró definir los parámetros necesarios que facilitacen al operador jurídico técnico, materializar el quantum del beneficio, distinto al beneficio tributario, es decir, expresó aquellos rubros a considerar como parte de la definición del precio competitivo ayunos en las leyes interpretadas, modificando el precio preferente resultante."
Considerando VIII
"Ello obviamente favoreció al consumidor especial, pero no en la medida de lograr ventajas patrimoniales de carácter retroactivo acumulativo por las diferencias, pues como se dijo, el derecho subjetivo no fue quebrantado en la medida que se pretende, y las fijaciones previas del precio una vez pagadas por ese consumidor particular constituyeron situaciones jurídicas agotadas, tanto para el operador del servicio monopolístico de cita como para el usuario."
"This plainly benefited the special consumer, but not to the extent of producing cumulative retroactive financial advantages from the differences because, as stated, the asserted individual right was not infringed, and the prior prices, once paid by that particular consumer, became exhausted legal situations for both the monopoly service operator and the user."
Considerando VIII
"Ello obviamente favoreció al consumidor especial, pero no en la medida de lograr ventajas patrimoniales de carácter retroactivo acumulativo por las diferencias, pues como se dijo, el derecho subjetivo no fue quebrantado en la medida que se pretende, y las fijaciones previas del precio una vez pagadas por ese consumidor particular constituyeron situaciones jurídicas agotadas, tanto para el operador del servicio monopolístico de cita como para el usuario."
Considerando VIII
"Por ende, al establecerse la juricidad y la conformidad sustancial con el ordenamiento jurídico de las conductas objeto de este contencioso, es evidente que resultan improcedentes los reclamos de orden reparatorio."
"Therefore, because the conduct challenged in this litigation was found lawful and substantially consistent with the legal system, the claims for compensation are plainly inadmissible."
Considerando IX
"Por ende, al establecerse la juricidad y la conformidad sustancial con el ordenamiento jurídico de las conductas objeto de este contencioso, es evidente que resultan improcedentes los reclamos de orden reparatorio."
Considerando IX
"Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se rechaza la excepción de cosa juzgada. Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho."
"The claim is denied in its entirety. The res judicata defense is rejected. The defense of lack of passive standing is rejected. The defense of lack of legal entitlement is upheld."
Por tanto
"Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se rechaza la excepción de cosa juzgada. Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho."
Por tanto
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Case file: 13-008916-1027-CA Case file: 13-008916-1027-CA Proceeding: Ordinary Proceedings (Conocimiento) Plaintiff: JASAE S.A.
Defendant: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) JUDGMENT N° 28 - 2016 - II TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, at ocho horas del diecinueve de abril de dos mil dieciséis.- This Court hears the ordinary proceeding (proceso de conocimiento) brought by JASAE SOCIEDAD ANONIMA, legal-entity identification number tres - ciento uno - ciento cincuenta y un mil ciento setenta y nueve, represented by Nombre17429, of legal age, married, fishing entrepreneur, resident of Puntarenas, identity card number CED60322 - , against LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (hereinafter ARESEP), represented by attorney Giovanni Marchena Jara in his capacity as General Judicial Attorney-in-Fact (Apoderado General Judicial), whose personal particulars and corresponding power of attorney appear in the records of this Court.- BACKGROUND:
Drafted by Judge Hernández Hernández; and,
CONSIDERING.
Opinion of the COURT: The request to admit additional evidence to assist the Court in reaching a decision is denied at this stage of the proceedings with respect to the specified items of evidence. They are deemed unnecessary for rendering a judgment on the merits, as the record contains the useful and necessary elements for resolving the dispute. Moreover, this Court does not discern—and the party does not explain—the special or extraordinary circumstances that would justify submitting such evidence at this stage of the proceedings, which constitutes sufficient grounds to deny it. Furthermore, pursuant to section 331 of the Código Procesal Civil, these items are not considered indispensable documentary evidence having a decisive influence on the outcome of the proceeding.
Summary of the claimant company’s arguments: Its representative states that, since its founding, the company has engaged in fishing activities, establishing its center of operations in Puntarenas. For this purpose, it owns a vessel duly registered under number Placa12917 and authorized by the Capitanía de Puerto de Puntarenas, named Talmana 2, flying the Costa Rican flag, used for fishing shrimp and bycatch (fauna de acompañamiento) in national waters, and it also holds the corresponding fishing license (licencia de pesca) issued by INCOPESCA. It argues that fishing activity, because of its socioeconomic nature, receives preferential legal treatment so that it may be competitive in relation to the standards and requirements of the international market, especially those of the Eastern Pacific Ocean Basin. To that end, laws N° 7384 (art. 45) and N° 8436 (art. 123) established an economic incentive—with the exception of sport fishing—consisting of a preferential price for the acquisition or purchase of fuel.
It states that, pursuant to those laws, currently, and because Nombre628 is responsible for setting the price, it must not and cannot apply or take into account all the variables or components of the price of those fuels that are applied when setting the price for the general public; that is, it must include only those items expressly or exhaustively specified in those legal provisions, without considering others that must be excluded from the total cost package. In other words, it must set and generate a differentiated or preferential price for the fuel used by the fishing fleet, specifically a lower price so that it is more advantageous for the activity in question. Additionally, law N° 8114 of 4 de noviembre de 2002 establishes another incentive, which is additional to and different from those indicated above, because it is tax-related in nature and consists of an exemption (exoneración) from payment of the single fuel tax, involving a fixed amount applied per liter of fuel, regardless of the items used to determine the cost of the service; that is, it represents an additional benefit.
It states that Nombre628 has recognized the tax benefit in its price determinations (fijaciones) for the fishing sector by excluding that charge, but that this was reflected as the only reduction recognized for fishers through 2 de octubre de 2013, while the other economic incentives under the other laws mentioned were excluded, as it repeatedly refused to exclude the costs that, by operation of law, it must not and cannot apply when setting the price of fuel for fishing activities. It changed this position beginning with resolution RIE-084-2013 of 24 de setiembre de 2013, published in La Gaceta N° 188, when it accepted that certain other items also had to be excluded from the cost component in order to set a preferential price. Previously, the regulatory entity’s position was that all items implicit in the cost of fuel had to be taken into account and applied, regardless of who purchased it, in flagrant and manifest disobedience of the cited laws, conflating the economic incentive solely with the tax exemption and causing direct, manifest, and unjustifiable harm to Costa Rican fishers.
For the foregoing reasons, law N° 9134 of 13 de junio de 2013 stated that rules entirely different from those applied in determining the ordinary price govern the determination of fuel costs for the non-sport-fishing sector, specifying that only the first five categories, from subsection a) through subsection e), may be included. Consequently, the remaining items, such as losses in transit, debt service, support-management costs, safety stock of finished products, investments, transfers, and the distributor’s profit margin, may be taken into account only to determine the cost of fuel when setting the ordinary price. Before the authoritative interpretation (interpretación auténtica), fishers were denied the effective benefit of that preferential price, which was applied beginning with Resolution RIE-084- 2013.
It is stated that, although the authoritative-interpretation law was published and entered into force on 13 de junio de 2013, Nombre628 did not implement it until 2 de octubre de 2013, one day after Resolution RIE-084-2013 was published in La Gaceta. Damages and losses (Daños y Perjuicios): It states that Nombre628’s recalcitrant position has caused fishers a series of economic damages and losses that are difficult or impossible to remedy and that, in some cases, fishers have had to leave the activity, even losing their personal assets. The cause thereof: they are non-pecuniary in nature, arising from the uncertainty and anguish caused to the fishing sector by this unequal competition with the international fishing fleet. What they consist of: Nombre628’s failure to act has brought fishing activity to the brink of permanent shutdown, causing a state of complete upheaval and affecting fishers personally, as well as their families and society, with the economic incentive constituting their only lifeline because fishing is the sole source of economic and social well-being for coastal communities.
It is asserted that Nombre628’s inaction is directly and conspicuously impairing their ability to compete, leaving their activity in a state of absolute defenselessness. The amount of damages will be determined during the judgment-enforcement phase (fase de ejecución de sentencia). As to the losses: The cause thereof: it is alleged to be economic in nature and to prevent the fishing sector from attaining a competitive position in relation to the international fishing fleet. What they consist of: it is stated that Nombre628’s conduct has brought them to the brink of bankruptcy and has forced them to resort to costly sources of financing, even encumbering personal assets and making it impossible to maintain and promptly repair their vessels. It is stated that fuel costs represent 70% of total production costs, which directly affects the activity. The amount of damages will be determined during the judgment-enforcement phase.
Regarding the administrative conduct in violation of the legal system (ordenamiento jurídico): Nombre628 has failed and refused to establish preferential treatment and, consequently, a special fuel-cost price for the fishing sector, as required by laws N°s 7384 and 8436, in clear violation of the parameters established by those laws, due process (debido proceso), and the principle of legality (principio de legalidad). With respect to the first, by applying a methodology different from that prescribed by the cited laws regarding the costs that must comprise the price of fuel for the fishing sector; and, with respect to the second, by disregarding the will of the legislature and giving precedence to the provisions of the general law—law N° 7593—over the two specific laws establishing the exception regime (régimen de excepción), thereby rendering illusory the fundamental social purpose of placing Costa Rican fishers on an equal footing with the conditions prevailing in international markets and driving the activity toward total collapse. As a consequence of that failure to act by ARESEP, until the Authoritative Interpretation Law was enacted, the fishing sector was deprived of the benefit of the economic incentives provided for in the cited laws N°s 7384 and 7436, prior to Resolution RIE-084-2013.
The defendant’s arguments. In a concise summary of ARESEP’s position, it is asserted, insofar as relevant to the resolution of this matter, that the Fourth Section of this Court, by judgment Voto N° 1230-2010, issued on 6 de abril de 2010, dismissed a contentious-administrative action for annulment (acción contenciosa de nulidad) brought against formal conduct by ARESEP, filed on that occasion by a group of non-sport fishers, including the plaintiff herein. It is stated that the Court endorsed Nombre628’s authority to verify whether the costs claimed by service providers when requesting rate adjustments are warranted, pursuant to the regulatory principles established by its enabling statute and always seeking the financial balance of the service, its sustainability, and harmony between the rights and interests of consumers and those of the service provider. It is further asserted that the cost-of-service principle (principio de servicio al costo) is the subsequent and special rule governing the setting of public-service prices and rates.
Although art. 45 de la ley 7384 has not been repealed, it cannot be interpreted in the same manner following the enactment of la ley 7593, artículo 3 inc. b; accordingly, the challenged decisions have been consistent not only with the terms and limits established by the cited artículo 45, but also with the jurisdiction and powers conferred upon the Regulatory Authority by la ley 7593 to set fuel prices under artículo 5 inciso d) and artículo 3 inciso b), which is the provision in light of which the former must be interpreted and applied. Those decisions have maintained a preferential price for the national fishing fleet that is substantially lower than the price charged to other hydrocarbon consumers, and all of them have applied an ex-terminal FOB price (precio FOB plantel), which is equivalent to applying the cost-based rate established by Nombre628 for sales at Nombre1494 terminals, excluding the single fuel tax.
It is also stated that the fishers have brought other proceedings seeking to establish that Nombre628 violated artículo 123 de la ley 8436 by basing the price set for that fuel solely on the tax benefit, an issue also disputed in these proceedings. Nevertheless, it is asserted that, when setting competitive prices, the factors corresponding to the carriers’ margin and the marketing margin are excluded, thereby providing economic advantages in addition to the tax advantages, contrary to what is alleged in those actions. The plaintiff now claims that Nombre628 is obligated to duly and faithfully comply with the provisions of artículo Unico de la ley 9134 and that, because this action is based on an authentic-interpretation statute (ley de interpretación auténtica), its effects must apply retroactively from the effective date of the statutes interpreted. The defendant contests this position, denying the facts associated with that theory and indicating that, contrary to the relief sought, the action filed is unfounded because Nombre628 is subject to the power and duty to apply the cost-of-service principle to the rates of all regulated services.
It is therefore not only permissible but also necessary, for the service provider’s financial balance, that its rates incorporate certain costs, including investment costs that ensure the continuity, development, and sustainability of the activity. In that field, it therefore has exclusive, preclusive, and specialized jurisdiction vis-à-vis every other public entity, such that it has the power to establish the technical parameters necessary for setting the prices of the fuels sold by Recope. It further states that artículos 45 y 123 de las leyes de cita do not establish any methodology, but only a general parameter requiring that the price of fuel purchased by the fishing sector be competitive with the international market; they did not establish any specific technical parameter for that purpose. It was therefore necessary to enact la ley 9134, which provides an authentic interpretation of leyes 7384 y 8436 for the purposes of artículos 45 y 123, respectively.
That statute contains the same technical error because it establishes no methodology, but merely defines what is to be understood as an internationally competitive fuel price, identifying for the first time the costs that such price must include, which until then had not been expressly and specifically identified in the provisions now interpreted. Accordingly, Nombre628 applied the previously approved methodology for setting the price of fuel at Nombre1494 distribution terminals and for end consumers, adapted it to the new regulation, and issued resolución RIE-084-2013 del 24 de setiembre de 2013, setting the price of fuel consumed by the non-sport fishing fleet. It is thus asserted that neither the articles in question nor the authentic interpretation now provides a methodology in the technical sense, but rather an exhaustive list of costs that must be incorporated into the price, a list that did not exist before that authentic interpretation was issued.
The establishment of methodologies therefore falls within the jurisdiction of the regulatory entity and extends beyond that specific regulation, which ultimately must be applied within a particular methodology, as was in fact done. Within the margin of technical discretion (discrecionalidad técnica) inherent to the Regulatory Authority and within the parameters established by artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, clear methodological guidelines have indeed been established to implement the general regulations contained in artículos 45 de la ley 7384 y 123 de la ley 8436. Nombre628 has not failed to establish a competitive price, since a decision of the General Regulator has existed since 2002 establishing the method for calculating fuel prices for that fishing fleet; that measure is la RRG-2774-2002 del 26 de setiembre de 2002, which established terminal prices excluding the single tax but including an investment component.
Resolución RRG-9233-2008 del 11 de noviembre de 2008 upheld the regulatory standard established since 2002, excluding the single tax as required by artículo 45 de la ley 7384; the statutory mandate has therefore been complied with and implemented for the benefit of that productive sector, and those actions were upheld by the aforementioned sentencia 1230-2010. It adds that the plaintiff’s request to give retroactive effect to the economic legal consequences of the enactment of la ley 9314 and to order financial reimbursements dating back to the effective dates of artículos 45 de la ley 7384 y 123 de la ley 8436 is unfounded. It asserts that although the natural effect of an interpretive provision (norma interpretadora) is to clarify the true meaning of the interpreted provision when it is ambiguous, obscure, or susceptible to two or more interpretations that make its application impossible, and although its effects constitute an exception to the prohibition against retroactivity by virtue of a legal fiction that relates them back to the date on which the interpreted statute took effect, the content of the interpretation must satisfy those necessary conditions.
Otherwise, retroactive effect would be given to a statute to the detriment of vested rights (derechos adquiridos) or settled legal situations (situaciones jurídicas consolidadas). Thus, as the Sala Constitucional has held, when the content of the interpretive provision exceeds the role assigned to it by the Constitution and instead creates a new provision or amends or repeals other legislation, it cannot have such retroactive effect. La ley 9134 went beyond clarifying an obscure aspect of the statutes interpreted and sought to establish additional parameters that the regulatory entity could not have anticipated in performing its rate-setting function before la ley 9134 was enacted. It defined an indeterminate legal concept (concepto jurídico indeterminado)—that of an internationally competitive price—and quantified an economic benefit that had not been clear or intelligible to the legal decision-maker; that is, it constitutes ex novo legislation, both because of the content it establishes and because of the purpose pursued by the legislature.
It adds that giving retroactive effect and ordering the requested reimbursements would be improper because the service provider has vested rights arising from the various final rate determinations approved by Nombre628 during the requested period and also upheld by this contentious-administrative Court; moreover, the resulting revenues were received by Nombre1494 and never became part of the regulatory entity’s assets. It rejects the alleged damages because the petitioner neither specified their origin nor quantified them through appropriate evidence and because the allegations concern circumstances that cannot be attributed to the regulatory entity, such as the scarcity of employment opportunities and the economic crisis affecting the fishing sector, which are unrelated to the price of the fuel consumed by that fishing fleet. Finally, it asserts that the requirements of artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública, including actual, quantifiable, and individualized harm, have not been proven, nor has the causal link (nexo de causalidad) demonstrating specific harm to the plaintiff’s assets or legally protected interests; accordingly, there is no evidence of the serious and irreparable damages that the plaintiff company claims to have suffered. It requests that the action be dismissed in its entirety.
First, the Court shall rule on res judicata. It applies when the parties, subject matter, and cause of action are identical, elements that must be considered so that, in proceedings in which the same matters are being disputed, there may be certainty as to the substantive law and the decision rendered in one of them may become immutable. As follows from the foregoing, the defendant must demonstrate, or the adjudicating body itself must find as established, that the actions, facts, and statements alleged in the specific proceeding are identical to those considered in another judicial matter in which a final judgment (sentencia firme) already exists. Accordingly, this defense is upheld to prevent contradictory rulings concerning the same matter, thereby safeguarding the principle of legal certainty (Seguridad Jurídica) prevailing in the current legal system (Ordenamiento). In this specific case, this panel has no evidence that the facts discussed and analyzed here have already been finally resolved by another judicial authority of this same Court, such that it would be improper to issue a valid ruling thereon.
In the present matter, the claim has been clearly identified and seeks a declaration by this Court that, prior to its Resolución RIE-084-2013, ARESEP failed, through omission, to apply a proper methodology for setting hydrocarbon prices, both in accordance with and contrary to the provisions and scope of laws N°s 7384 and 8436; and that, as such, financial compensation retroactive to the enactment of those laws applies as a consequence of the change in methodology adopted by Nombre628 as of 2 de octubre de 2013 in compliance with Ley 9134, as embodied in resolución RIE-084-2013 published in La Gaceta 188 of 1 de octubre 2013. That is, the claim neither alleges nor seeks in any manner the invalidity of formal administrative conduct (conducta formal) issued by Nombre628 in those price-setting decisions during the period preceding the cited resolution in relation to the effectiveness of Ley de Interpretación Auténtica N° 9134 of 13 de junio de 2013.
Under that understanding, the litigation or dispute is not equivalent or identical to that resolved in sentencia N°1230-2010 of 6 de abril de 2010, issued by the Fourth Section of this Court, in which the invalidity of resolutions RRG-2774-2002, RRG-2878-2002, RRG4196- 2004, RRG-6118-2006, RRG-7601-2007, RRG-2821-2002, RRG-3249-2003, RRG-5218-2005, RRG-6226-2006, RRG-8559-2008 and subsequently related resolutions was examined. This Section of the Court notes that, although the matter disputed in that proceeding may have involved similar arguments and discussion, the underlying conduct in the two proceedings differs in its legal nature, demonstrating the distinction between them and, therefore, that res judicata does not prevail in these proceedings. Beyond mere rhetoric, it has not been established that this procedural doctrine (instituto procesal) is actually present; the asserted defense must therefore be rejected.-
The complaint must be dismissed in its entirety. According to the Dictionary of the Royal Spanish Academy, “evidence” (“prueba”) means, in a general sense, “A reason, argument, instrument, or other means by which one seeks to show and make evident the truth or falsity of something...”; and, in a more legal sense according to the same source, it is the “Demonstration of the truth of facts disputed in a trial, made by means authorized and recognized as effective by law..:” (see DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA of the Real Academia Española. Madrid, Twenty-first edition, 1992). For Francesco Carnelutti (a renowned procedural-law scholar of international standing), the word “evidence” is used to mean verification of the truth of an assertion and should not be confused with the procedure employed to verify the proposition. Facts are the subject matter of evidence. Based on this assertion, and although a segment of legal scholarship states that evidence is not important in proceedings involving purely questions of law because the law is not subject to proof, the presentation of this case is exceptional (as declared at the preliminary hearing), since the “thema decidendi” extends beyond a mere understanding of the proper application of the laws under examination and delves into the implementation of technical methodologies used to set preferential prices for a specific good and sector of the national economy.
Thus, in accordance with what was stated above, the omissions attributed by the plaintiff to Nombre628 and the demand for retroactive payment of compensation beginning with Ley de Interpretación Auténtica N° 9134, Artículo Unico, concerning the scope and effective period of laws 7384, Artículo 45 and 8436, Artículo 123, were matters of institutional, practical implementation that had to be elucidated and established technically or scientifically; the burden of proof (carga de la prueba) rested on the party bringing the action pursuant to the text of artículo 317 del Código Procesal Civil, which imposed upon it the duty to prove the assertions concerning the facts constituting its right. The plaintiff failed to satisfy its evidentiary obligation in these proceedings, and none of the assertions set forth in its complaint that would establish or support its claimed subjective right (derecho subjetivo) have been proven in the record.
The plaintiff did not even establish such basic legal facts or information concerning standing (legitimación) as whether its navigation and fishing permits were valid as of the date the complaint was filed, or submit reliable accounting records that would establish the company as a consumer of fuel at preferential prices. This is particularly significant because, as the defendant has stated, the dispute concerning the validity and therefore the lawfulness of the formal administrative conduct contained in that Administration’s resolutions RRG-2774-2002, RRG- 2878-2002, RRG-4196-2004, RRG-6118-2006, RRG-7601-2007, RRG-2821-2002, RRG-3249-2003, RRG-5218-2005, RRG-6226-2006, RRG-8559-2008 and subsequently related resolutions, as frameworks for the institution’s performance of its regulatory function, was resolved favorably under the protection of the legal system, as stated in sentencia N°1230-2010 of 6 de abril de 2010, issued by the Fourth Section of this Court.
This made it all the more incumbent upon the litigant to prove each premise on which it structured the complaint; otherwise—and as occurred in this matter—the generality, imprecision, and highly rhetorical nature of its arguments concerning what it regarded as the dispute undermine the legal viability of obtaining a judgment in its favor, leaving its assertions as nothing more than subjective opinions.
A litigation premise such as “Nombre628 has engaged in conduct consisting of omission and reluctance to establish preferential treatment and, consequently, a special fuel price for the fishing sector, pursuant to laws N°s 7384 and 8436, in clear violation of the parameters established by those laws, due process (debido proceso), and the principle of legality (principio de legalidad). With respect to the former, by applying a methodology different from that prescribed by the stated laws regarding the costs that must make up the price of fuel for the fishing sector; and with respect to the latter, by disregarding the will of the legislature and giving precedence to the provisions of the general law /ley N° 7593/ over the two specific laws establishing the exemption regime (régimen de excepción), thereby rendering illusory the fundamental social objective of placing Costa Rican fishers on an equal footing with conditions in international markets and driving the activity into total collapse.
As a consequence of that omission by ARESEP, until Ley de Interpretación Auténtica was enacted, the fishing sector was deprived of the benefit of the economic incentives provided for in the aforementioned laws N°s 7384 and 7436, until before Resolución RIE- 084-2013,” required technical proof and, moreover, justification of the underlying unlawfulness of the challenged conduct. The mere assertion that Nombre628 committed violations of due process and the principle of legality is not binding on this Section of the Court or sufficient for it to resolve this matter in the plaintiff’s favor. The interested party must provide a scientific basis for its premise and demonstrate its hypothesis, and thus its theory of the case (teoría del caso), which in this instance is wholly unsupported and absent. Evidence of this is that, during the adversarial phase following the answer to the complaint, the plaintiff company was likewise unable to refute Nombre628’s position regarding the inapplicability of retroactive effects of the interpretive law referenced in this matter and the inviolability of vested legal situations (situaciones jurídicas consolidadas), much less the position that this law introduced new content in relation to the laws it interpreted, as shown by its procedural silence and failure to address the matter.
VII.Continuation ... Position of the Court.- Nombre628 duly sets preferential fuel prices for non-sport fishing activities. Rationale. The statutory provisions involved:
Ley 7384, Artículo 45. The fishing sector shall purchase fuel (gasoline and diesel) from Nombre1494 for non-sport fishing activities at a price competitive with the international price, based on the average import cost for the preceding month and taking into consideration the refinery C.I.F. cost, as well as pipeline distribution costs and distribution costs at terminals, such that the price is F.O.B. Terminal. That price shall be set by the Servicio Nacional de Electricidad, from which Nombre1494 must request it in advance, as provided in Ley No. 6588 of 30 de julio de 1981, or by the Instituto. The Instituto shall be responsible for administering and monitoring the efficient use of fuel intended for non-sport fishing activities.
Ley 8436, Artículo 123. The national fishing fleet, except vessels engaged in sport fishing, is hereby exempted from all national taxes on the importation of vessels, spare parts, engines, navigation and fishing equipment, and their respective accessories. In compliance with artículo 45 of Ley Nº 7384, of 16 de marzo de 1994, Nombre1494 shall sell fuel (gasoline, regular and diesel) to the national fishing fleet, except for sport fishing activities, at a price competitive with the international price.
Ley 9134. Sole Article. Article 45 of the Law Creating the Costa Rican Institute of Fisheries and Aquaculture, N° 7384, and Article 123 of the Fisheries and Aquaculture Law, N° 8436, are authentically interpreted to mean that the expression “internationally competitive fuel price,” contained in both provisions, which the national non-sport fishing fleet shall receive, is based on the Costa Rican fishing sector purchasing fuel as a finished product (gasoline and diesel) from the Costa Rican Petroleum Refinery (Recope), or from the entity legally authorized to import hydrocarbons into the country, at a price comprising only the following items: a) The value of the product cost (refined product: amount of the purchase invoice. Unrefined product: cost of refining in Costa Rica). b) Freight to the port of destination in Costa Rica. c) The corresponding fuel insurance. d) The cost of transporting the final product within the national territory to the distribution point. e) The cost of storage and pumping at the terminal where the sale takes place.
Those amounts shall be established based on the average import cost for the preceding month, or the latest similar information available. No general pricing model may include fuel intended for the national non-sport fishing sector; therefore, the Public Services Regulatory Authority (Aresep) shall exclude any other item or component considered in setting the ordinary price of these fuels. Incopesca shall be responsible for administering and overseeing the efficient use of fuel intended for non-sport fishing activities.
As the Public Services Regulatory Authority, Nombre628’s primary task is to ensure that public services are provided to users under optimal conditions of access, cost, quality, and variety, including differentiated sectors such as the one at issue here. This regulation is justified by the public interest that governs not only the technical setting of the prices and rates to be determined, but also the establishment, likewise on a technical and scientific basis, of incentives through the differentiated hydrocarbon pricing model specified for a particular developing field of activity. Nombre628 has the authority and duty to impose the methodological rules that must be followed in setting the rate or price and its adjustments; therefore, Nombre628 must consider a series of regulatory principles, most notably the so-called “cost-of-service” principle (servicio al costo), which requires Nombre628 to set public-service rates and prices by taking into account only the costs necessary to provide those services, allowing a competitive return and ensuring the proper development of the activity, as well as the criteria of economic efficiency, social equity, environmental sustainability, resource conservation, and “efficient regulation.” On this basis, the development of regulatory models and practices that impose the lowest cost on users must be promoted, a circumstance that serves the general interest by encouraging the fishing economy.
Among this institution’s inherent powers and areas of authority, which derive from a legislative mandate, specifically Ley Nº 7593 del 09 de agosto de 1996, its regulatory framework notably rests on the cost-of-service principle (art. 3.b y art. 14 p.1 de LGAP), as stated above. This means that, in determining rates and prices, only the costs necessary to establish those prices shall be considered, allowing a competitive return that guarantees the proper development of the activity, particularly by those engaged in fishing activities. That is, by law this Administration not only has the power to establish the technical parameters necessary to set the prices of the fuels sold by Recope, but also has exclusive, preclusive, and specialized authority in this area as part of its ordinary regulatory conduct, which must conform to the aforementioned technical and economic principles. Accordingly, the incentives established in the cited laws—which need not be repeated—are not excluded from these pricing equations.
It is therefore legally permissible for Nombre628 to have a measure of technical discretion (discrecionalidad técnica) to establish the calculation methodology most conducive to the general interest and specifically within the scope of its duties (e.g., resolutions RRG-2774-2002, RRG-2878-2002, RRG-4196-2004, RRG-6118-2006, RRG-7601-2007, RRG-2821-2002, RRG-3249-2003, RRG-5218-2005, RRG-6226-2006, RRG-8559-2008, reviewed in judgment 1230-2010 del 6 d abril de 2010 by Section IV of this Court). This is itself the product and consequence of the practical reality arising from the direct application of principles that, it bears repeating, include necessary cost of service, good faith, fair pricing, the balancing of interests, technical expertise, and science, all implemented through the use of technical discretionary elements authorized by the positive legal authority (vinculación positiva) conferred upon ARESEP through the incorporation of sections 15 and 16 of the General Law of Public Administration into its organic law, in the absence of specific regulations governing the rate-setting matters contained in laws 7384 and 8436 (the provisions at issue).
Throughout the proceedings, the interested party has neither refuted nor established the limits of that discretion with technical certainty, scientific clarity, or, for that matter, legal clarity, so as to substantiate the alleged unlawful violation as grounds for its claimed right to be held harmless or the corresponding law of damages. The foregoing interrelationship in the application of provisions (7384, 8436 and 7593) creates no conflict of laws (antinomia) between the legislation establishing preferential prices through economic and tax advantages and ARESEP’s organic law, much less does it imply the existence of areas excluded from regulatory jurisdiction, even with respect to the existing and exceptional regulatory parameters for setting those preferential prices. This is illustrated, for example, by the implementation of Resolución RIE-084-2013 de 24 de setiembre de 2013, which provides explanatory content for the definition of the preferential fuel price set forth more explicitly in the authentic-interpretation law N°9134.
It is therefore entirely consistent and appropriate to state, as the defendant does, that “In this manner, Nombre628, applying the previously approved methodology for setting the price of fuel at Nombre1494 distribution terminals and for the final consumer, adapts that methodology to the new regulations and issues resolución RIE-084-2013 del 24 de setiembre de 2013, setting the price of the fuel consumed by the non-sport fishing fleet.” Thus, because the fishing sector effectively enjoys exclusive prices for the fuel it purchases for the competitive development of its activity, without the tax burden and with the application of an ex-terminal FOB price (precio FOB plantel)—that is, plainly, without the profit margins or factors of the carrier and service stations—this Court considers that competitive prices are reasonably achieved not only nationally, which is beyond dispute, but also internationally.
This has guaranteed the claimant the inviolability of its subjective right (intangibilidad de su derecho subjetivo) through the lawful regulatory conduct by which Nombre628 has addressed preferential fuel pricing, an aspect that has not been discredited because the plaintiff has not introduced into the record the corresponding comparative indices or its own accounting records regarding expenditures, administrative costs, and the gross and net income from its own activity that could be deemed serious and reliable enough to contradict what has been established.
The economic and tax advantage that the fishing activity in question has enjoyed and continues to enjoy is graphically evident, as shown by the answer to the complaint and the analysis of the documentary evidence submitted (folios 150-185 of the case file), which reveal the exclusion of variables in determining fuel prices; the equation or algorithm is displayed and expressed as follows:
Nombre5194 = PRI + D + K and for fuel prices for the ordinary user, as follows:
Nombre5194 = PRI + D + K+ IU+ MT + MC or, equivalently, according to resolución RRG-9233-2008 NPPCi = (PRji * TCR) * (1 + Kj) + DI + SI where the abbreviations mean:
Nombre5194 final consumer price PRI international reference price D rate differential or lag K Recope domestic margin* includes freight and insurance expenses, port costs, financing costs, transfer costs, distribution-terminal costs, investment, and safety stock IU single fuel tax MT carrier’s margin MC retailer’s margin SI subsidy The legislative enactment of authentic-interpretation law 9134 not only strengthened the incentives or advantages enjoyed by non-sport fishing activities in acquiring fuel but, as may be seen from the legal framework set out above, also clarified, identified, and determined “anew” or “ex nunc” the content of those pricing advantages. In other words, it not only reiterated the underlying subjective right but also defined the set of cost and tax variables within which the interpreted laws had established that preference for the sector only fleetingly, vaguely, and with little guidance, without specifying the variables to be considered in the corresponding methodological algorithm for setting the respective price that Nombre628 consequently applied in the determinations it made.
It is therefore untrue, as the plaintiff asserts, that the defendant failed to apply the economic incentive in a “certain and effective” manner by not excluding the costs associated with the ex-terminal FOB fuel price, because the internal components of variable K (identified in the table) cannot be excluded, given Nombre1494’s monopoly over fuels in the international market and the fact that this entity is the sole primary purchaser of those goods. Those components must therefore cover the cost of service without creating a deficit, so as not to undermine the financial equilibrium of the service provider (Recope); that is, if the fishing sector were hypothetically permitted to import them into the country, it would unquestionably incur a CIF price and the associated costs as well. Nor, for the reasons stated, has it been established with certainty that the fishing sector paid a reference-price surcharge for the purchase of fuel under the rate-setting models applied before the interpretive law.
Accordingly, the recital concerning facts not proven lists several premises that the interested party was unwilling, unable, or did not deem relevant to prove—least of all that this subsequently enacted legislation prospectively revealed “cheaper” costs for those fuels—because the new methodology updates fuel prices calculated on the basis of the actual purchase invoices from the preceding month and prospectively relies on the variables specified from that point onward and, consequently, implemented by Resolución RIE-084-2013 de 24 de setiembre de 2013.
VIII.Inadmissibility of retroactive compensation (indemnizaciones retroactivas). The only possible conclusion is that Law 9134, as understood from the statement of reasons (exposición de motivos) explaining its purpose, was enacted to provide legal certainty (seguridad jurídica) by establishing certainty and precision in the already conceived concept of a competitive price relative to the international price, in order to implement, in a regulated manner, the final composition of the fuels acquired at preferential prices by the fishing sector. Based on a credible rationale, this law sought to define the necessary parameters that would enable the legal and technical practitioner to determine the quantum of the benefit, distinct from the tax benefit; that is, it specified those items to be considered as part of the definition of the competitive price that were absent from the laws being interpreted, thereby modifying the resulting preferential price.
This obviously benefited the special consumer, but not to the extent of granting cumulative retroactive financial advantages based on the differences, because, as stated, the subjective right (derecho subjetivo) was not infringed to the extent alleged, and the prior price determinations, once paid by that particular consumer, constituted exhausted legal situations (situaciones jurídicas agotadas), both for the operator of the aforementioned monopoly service and for the user. The inclusion of those items in that interpretive law applies prospectively in relation to the preexisting legislation because, as stated, the determinations made were supported by lawful conduct inherent in the regulatory methodology, as has been explained. Based on the foregoing assessment, this Court must address the conclusions of official letter 1704-IE-2013, the justificatory preamble to Resolution RIE-084-2013, which states the consequences of the novel content developed by Law 9134: “Conclusions: 1.
Law 9134 and the legislative debate that took place during the approval process establish the list of costs that must be included in fuel rates for sales to the national non-sport fishing sector. 2. The current methodology includes the option of adding a subsidy to or subtracting it from the rate, which may be approved by the Legislative Assembly or determined by ARESEP. 3. Law 9134 excludes from the calculation a series of costs incurred by the service provider; because that law does not identify their source of financing, and taking into account the principle of the public service provider’s financial equilibrium (equilibrio financiero), as defined by Law 7593, this constitutes a cross-subsidy (subsidio cruzado) between fuel rates for the national fishing fleet and the other fuels sold by Recope. 4. The differences between the costs that Law 9134 states must be included in these rates and those included in the current rates determine the amount of the subsidy.
Those differences were identified in the following variables: value of imported fuels (invoiced value versus reference price—PRI—), marketing margin of Nombre1494—Ki—(of which only ocean freight costs, marine insurance, and transfer, storage, and distribution costs must be retained), and price differential—Di—). 5. Based on the foregoing, it is determined that the prices of fuels sold to the national non-sport fishing sector must be reduced ... 6.
The total amount of the subsidy to be distributed among the other fuels ...” As can be seen, this Court concludes that implementation of the new elements of the algorithm takes effect from their legal definition; the original difference introduced by the new rule in relation to the law being interpreted is evident and is not retroactive as alleged, and therefore does not create an exception to the principle embodied in Article 34 of the Constitution, as the defendant argues when stating that “the new law cannot validly affect it because the event giving rise to the right occurred while the prior law was in force.” Accordingly, the claimant has no legal basis for its requests.
IX.Inadmissibility of the claimed damages. The claimant supplements its claims with requests for compensation. Specifically, the claims request: “c) That the defendant be ordered to compensate for non-pecuniary harm (daño moral), consisting of the company having been deprived of economic benefits established by law, constituting objective non-pecuniary harm (daño moral objetivo), estimated at one million colones per year for the period from November 4, 2002, through October 2, 2013. It must likewise compensate for the damage, estimated as the difference that ceased to exist between a preferential price and the street price that the claimant was required to pay during the aforementioned period. d) That it be ordered to compensate for the losses (perjuicios) caused, consisting of the payment of statutory interest (intereses de ley) corresponding to six-month term deposits, as established by Banco Nacional de Costa with respect to the aforementioned amounts.” Within the logical framework of this action, the foregoing claims are directly linked to the request that: “a) The defendant entity be declared obligated to duly and faithfully comply with the provisions of the Sole Article (Artículo Unico) of Law N° 9134, insofar as it constitutes the regulatory framework for setting fuel prices for non-sport fishing. b) Because this is an action based on an ‘Authentic Interpretation Law’ (Ley de Interpretación Auténtica), its effects shall be retroactive from November 4, 2002, through October 2, 2013.” These are heads of relief that bear an undeniable ancillary relationship (relación de accesoriedad) to the requested declaratory relief (pretensión declarativa).
Therefore, because the lawfulness and substantive conformity with the legal system of the conduct at issue in these contentious-administrative proceedings have been established, the claims for reparation are plainly inadmissible. Accordingly, those amounts must be denied.
X.Defenses (excepciones). Nombre628 raised the defenses of failure to state a legal right (falta de derecho) and lack of standing to be sued (falta de legitimación pasiva). Standing to be sued refers to the suitability of the respondent party to appear in the litigation in that capacity and arises from its status as the legal entity required by the legal system to satisfy the claimant’s asserted claim should the action be upheld. That is, the party sued must actually bear the obligations that the claimant seeks to have declared in the litigation; otherwise, it may argue—specifically through the defense of lack of standing to be sued—that it was improperly brought before the court because there is no legal basis requiring it to answer the complaint and potentially be adversely affected by the judgment. Lack of standing to be sued therefore arises when the defendant is not a party to the substantive legal relationship (relación jurídica sustancial) on which the claim is based, irrespective of whether the claim has merit.
Nombre628 is the regulatory entity competent to assess the obligations underlying the claimant’s claim and therefore has the requisite status to be summoned to court; accordingly, the asserted defense must be denied. Nevertheless, in accordance with the reasons set forth above, there was no unlawful, abnormal, or omitted administrative action that could serve as a causal link to the alleged harm. Consequently, the defense of failure to state a legal right must be upheld, and the complaint must therefore be dismissed in all respects.
XI.Costs of the proceedings. Pursuant to section 193 of the Código Procesal Contencioso Administrativo, litigation costs and attorneys’ fees (costas procesales y personales) constitute a burden imposed on the unsuccessful party by virtue of having lost. Waiver of such an award is permissible only when, in the Court’s judgment, there was sufficient reason to litigate or when the judgment is rendered on the basis of evidence whose existence was unknown to the opposing party. In this case, this collegiate body finds no reason to apply the exception established by the provisions governing the matter and depart from the principle that costs are awarded against the unsuccessful party. Accordingly, litigation costs and attorneys’ fees are assessed against the claimant, and they shall accrue statutory interest once determined and until paid in full.
POR TANTO
The evidence offered to assist the Court in reaching its decision (prueba para mejor resolver) is rejected. The complaint is dismissed in all respects. The defense of res judicata (cosa juzgada) is denied. The defense of lack of standing to be sued is denied. The defense of failure to state a legal right is upheld. The claimant shall bear the costs of the proceedings, which shall accrue statutory interest once determined and until paid in full.
Ronaldo Hernández Hernández Eduardo González Segura Bernardo Rodríguez Villalobos EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA – DECIDING JUDGE RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ – DECIDING JUDGE BERNARDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS - DECIDING JUDGE
VOTO N° 28 - 2016 - II TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, a las ocho horas del diecinueve de abril de dos mil dieciséis.- Conoce este Tribunal, del proceso de conocimiento interpuesto por JASAE SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona jurídica número tres - ciento uno - ciento cincuenta y un mil ciento setenta y nueve, representada por Nombre17429 , mayor, casado, empresario pesquero, vecino de Puntarenas, cédula de identidad número CED60322 - , contra LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, (en adelante ARESEP), representada por el licenciado Giovanni Marchena Jara en su condición de Apoderado General Judicial, cuyas calidades personales y el poder respectivo consta en los registros de este Despacho.-
RESULTANDO:
(los anteriores extremos fueron aducidos en la petitoria de la demanda visible a folio 21-22 del expediente judicial y reformulados en aclaración en audiencia preliminar (consta en soporte digital) celebrada a las ocho horas cincuenta minutos el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis ante la jueza tramitadora Godelieve López Salas (minuta visible a folio 302- 304).
Redacta el Juez Hernández Hernández; y,
CONSIDERANDO.
Criterio del TRIBUNAL: Se rechaza la admisión de incorporación de prueba para mejor resolver en este estadio procesal, en cuanto a los elementos de prueba indicados. Estos se estiman innecesarios para dictar la sentencia de fondo, al contarse en autos con los elementos útiles y necesarios para resolver la controversia, amén de que este Tribunal no advierte, ni la parte fundamenta, cuáles son las circunstancias especiales o extraordinarias que justificarían la presentación de dichas pruebas en este momento procesal, motivos suficientes para denegarlas. Otro además, de conformidad con el numeral 331 del Código Procesal Civil, los mismos no se consideran piezas documentales indispensables y de influencia decisiva en el resultado del proceso.
Resumen del planteamiento de la acción de la sociedad actora: Señala su representante que la empresa desde su fundación, se ha dedicado a la actividad pesquera, fijando el centro de sus operaciones en Puntarenas. Para ello, se tiene una embarcación debidamente matriculada bajo el número Placa12917 y autorizada por la Capitanía de Puerto de Puntarenas, denominada Talmana 2, con bandera costarricense, destinada a la pesca de camarón y fauna de acompañamiento en aguas nacionales y tiene además la respectiva licencia de pesca expedida por INCOPESCA. Aduce que la actividad pesquera, por su actividad socio económica, tiene trato legal preferente para que pueda ser competitiva respecto a los parámetros y exigencias del mercado internacional, especialmente en relación con la Cuenca del Océano Pacífico Oriental. Para ello, las leyes N° 7384 (art. 45) y N° 8436 (art. 123) establecieron un incentivo de carácter económico / con excepción de la pesca deportiva/ consistente en un precio preferencial en la adquisición o compra del combustible.
Indica que por la disposición de esas leyes, actualmente y por corresponder al Nombre628 de su fijación, ésta no debe ni puede aplicar o tomar en cuenta la totalidad de las variables o componentes del precio de esos combustibles, que sí se aplican en la fijación del precio para el público en general, esto es, solo debe incluir aquellos rubros que expresa o taxativamente se indican en esas normas jurídicas, sin considerar otras que deben quedar fuera, respecto al paquete total de costos. Es decir, debe fijar y generar un precio diferenciado o preferencial para el combustible que utiliza la flota pesquera, concretamente un precio inferior para que sea más ventajosa para la actividad de cita. Adicionalmente, la ley N° 8114 de 4 de noviembre de 2002, establece otro incentivo, que es adicional y diferente a los indicados, ya que es de naturaleza tributaria y consistente de una exoneración en el pago del impuesto único sobre los combustibles, referido a una suma fija que se aplica por litro de combustible, independientemente de los rubros que se hayan aplicado, para determinar el costo del servicio, es decir, representa una ventaja adicional.
Señala que la Nombre628 sí ha reconocido en sus fijaciones para el sector pesquero la ventaja fiscal, excluyendo dicha carga, pero reflejándose así esto, como la única disminución que, hasta el día 2 de octubre de 2013 que se le ha reconocido a los pescadores, dejando por fuera los otros incentivos económicos de las otras leyes mencionadas, negándose reiteradamente a excluir los costos que por disposición legal, no debe ni puede aplicar en la fijación del precio del combustible para la actividad pesquera. Esta posición la varió a partir de la resolución RIE-084-2013 del 24 de setiembre de 2013, publicada en La Gaceta N° 188, cuando aceptó que además se tenía que excluir algunos otros rubros en el componente de los costos, para así fijar un precio preferencial. Previamente, la tesis de la entidad reguladora es que se debe tomar en cuenta y aplicar todos los rubros implícitos en el costo del combustible, independientemente de quien lo adquiera, en desobediencia flagrante y manifiesta hacia esas leyes citadas, confundiendo el incentivo económico únicamente dentro de la exoneración tributaria, causando un perjuicio directo, manifiesto e injustificable a los pescadores de Costa Rica.
Por lo anterior, la ley N° 9134 del 13 de junio de 2013 vino a señalar que en la determinación del costo del combustible para el sector pesquero no deportivo rigen reglas completamente diferentes respecto a las que se aplican en la determinación del precio común, quedando como indica el texto que solo se pueden incluir los primeros cinco supuestos del inciso a) al inciso e). Resultando que los demás como pérdidas en tránsito, servicio de la deuda, costos de gerencias de apoyo, inventario de seguridad en producto terminado, inversiones, transferencias y margen de utilidad del comercializador, solo se pueden tomar en cuenta para determinar el costo del combustible en la fijación del precio común. Antes de la interpretación auténtica, el pescador estuvo privado de gozar efectivamente de ese precio preferencial aplicado a partir de la Resolución RIE-084- 2013.
Se señala, que a pesar de que la ley de interpretación auténtica se publicó y entró en vigencia desde el 13 de junio de 2013, el Nombre628 la implementó hasta el 2 de octubre de 2013, un día después de que se publicó en La Gaceta la Resolución RIE-084-2013. Daños y Perjuicios: Indica que la postura reticente de Nombre628 ha causado a los pescadores una serie de daños y perjuicios económicos, los que son de difícil o imposible reparación y que en casos, se han tenido que salir de la actividad, perdiendo incluso el patrimonio personal. El motivo que los origina: su naturaleza es moral, derivado de la incertidumbre y angustia que provoca al sector pesquero esa competencia desigual frente a la flota pesquera internacional. En qué consiste: la conducta omisa de Nombre628 ha puesto a la actividad pesquera al borde del cierre definitivo, generando un estado de conmoción total, afectando el plano personal, familiar y social, resultando el incentivo económico la única tabla de salvación, por ser la actividad pesquera la única fuente de bienestar económico y social para las comunidades costeras.
Se refiere que la inacción de Nombre628 está afectando directa y ostensiblemente la capacidad de competencia, quedando su actividad en un estado de absoluta indefensión. El monto de los daños se determinará en la fase de ejecución de sentencia. En cuanto al perjuicio: El motivo que los origina: se aduce que es de naturaleza económica e impide que el sector pesquero se coloque en una posición competitiva, respecto a la flota pesquera internacional. En que consiste: se indica que la conducta de Nombre628 los tiene al borde de la quiebra, y que ello lo ha obligado a incurrir en costosas fuentes de financiamiento, comprometiendo incluso bienes personales, imposibilitando el mantenimiento y reparación oportuna de las embarcaciones. Se señala que el costo de los combustibles representa el 70% de los costos totales de producción lo que incide directamente en la actividad. El monto de los daños se determinará en la fase de ejecución de sentencia.
Sobre la conducta administrativa violatoria del ordenamiento jurídico: El Nombre628 ha mostrado una conducta omisa y renuente en establecer un trato preferencial y por ende un precio especial de los costos de los combustibles para el sector pesquero, ello al tenor de lo que establecen las leyes N°s 7384 y 8436, en franca violación a los parámetros dados por las citadas leyes, el debido proceso y el principio de legalidad. En cuanto al primero por aplicar una metodología distinta a la prescrita por las leyes indicadas en cuanto a los costos que deben conformar el precio de los combustibles para el sector pesquero y en relación al segundo, por irrespetar la voluntad de los legisladores y hacer prevalecer lo dispuesto por la ley general /ley N° 7593/ sobre las dos leyes específicas que establecen el régimen de excepción, tornado ilusorio el fin social fundamental en cuanto a equiparar a los pescadores costarricenses con las condiciones de los mercados internacionales, llevando a la actividad al colapso total. Como consecuencia de esa conducta omisa de la ARESEP, hasta antes de que se dictara la Ley de Interpretación Auténtica, el sector pesquero ha sido privado, en cuanto al disfrute de los incentivos económicos, contemplados en las citadas leyes N°s 7384 y 7436, hasta antes de la Resolución RIE-084-2013.
Del planteamiento de la demandada. Realizando un apretado resumen de la posición de ARESEP, se aduce en lo que interesa para resolver este asunto que: la Sección Cuarta de esta Tribunal, mediante resolución voto N° 1230-2010, dictada el 6 de abril de 2010 declaró sin lugar una acción contenciosa de nulidad contra conducta formal de ARESEP, intentada en esa oportunidad por un grupo de pescadores no deportivos, incluyendo a la aquí igualmente accionante. Se dice que el Tribunal avaló de que a Nombre628 le corresponde verificar si son procedentes los costos solicitados por los prestadores al solicitar ajustes de tarifas, todo en aplicación de los principios reguladores que le fija su ley constitutiva y buscando siempre el equilibrio financiero del servicio, sus sostenibilidad y la armonía entre los derechos e intereses del consumidor y los del prestador del servicio. Que el principio de servicio al costo es norma posterior y especial para la fijación de precios y tarifas de los servicios públicos.
Que si bien el art. 45 de la ley 7384 no ha sido derogado este no puede interpretarse igual luego de la emisión de la ley 7593 en su artículo 3 inc. b, que por ello las resoluciones impugnadas han sido contestes no solo con los términos y límites que establece el artículo 45 de cita, sino también con la competencias y potestades que le asigna a la Autoridad Reguladora la ley 7593 para la fijación de precios en los combustibles según el artículo 5 inciso d) y el artículo 3 inciso b) que es la norma a la luz de la cual debe interpretarse y aplicarse la primera y en la cuales se ha respetado un precio preferente para la flota pesquera nacional, que es muy inferior en su monto al de los restantes consumidores de los hidrocarburos y en todas ellas ha aplicado un precio FOB plantel, que es lo mismo que aplicar la tarifa al costo que fija Nombre628 para la venta en planteles de Nombre1494 sin impuesto único de combustibles.
Se dice además que hay otros procesos de los pescadores que intentan establecer que Nombre628 violentó el artículo 123 de la ley 8436 al hacer descansar el precio fijado para ese combustible solo en el beneficio fiscal, aspecto que también se discute en este otro proceso. No obstante ello, se aduce que para la fijación de los precios competitivos se excluyen los factores correspondientes al margen de los transportistas y el margen de comercialización, lo que da ventajas económicas además de las fiscales, contrario a lo que se afirma en esas acciones. Que lo que actualmente pretende la actora es que Nombre628 está en la obligación de dar debido y fiel cumplimiento a lo dispuesto ahora por el artículo Unico de la ley 9134 y que por tratarse de una demanda amparada en una ley de interpretación auténtica, los efectos serán de carácter retroactivo a partir de la fecha de entrada en vigencia de las leyes interpretadas.
Esta posición la rebate la demandada rechazando los hechos vinculantes con esa tesis indicando que contrariamente a lo peticionado, la demanda planteada resulta improcedente, dado que al Nombre628 se le impone el poder-deber de aplicar el principio de servicio al costo a las tarifas de todos los servicios regulados, por lo que no solo es procedente sino también necesario para el equilibrio financiero del prestador del servicio ver incorporado en sus tarifar determinados costos, entre ellos los de inversión que garanticen la continuidad, desarrollo y sostenibilidad de la actividad. Existe por ello y en ese campo una competencia exclusiva, excluyente y especializada respecto a todo otro ente público, de manera que se tiene la potestad para establecer los parámetros técnicos necesarios para fijar los precios de los combustibles que expende Recope. Se agrega señalando que los artículos 45 y 123 de las leyes de cita no establecen metodología alguna, sino sólo un parámetro general en cuanto a que el precio de los combustibles que adquiera el sector pesquero ha de ser competitivo con el mercado internacional, pero no establecieron ningún parámetro técnico concreto para ello, y que fue por ello que se debió aprobar la ley 9134 que da interpretación auténtica a las leyes 7384 y 8436 y para los alcances de los artículos 45 y 123 respectivamente, misma que incurre en el mismo error técnico pues no establece ninguna metodología, sino simplemente define lo que debe tenerse como precio competitivo del combustible a nivel internacional, definiendo por primera vez los costos que deberá comprender ese precio, que hasta ese momento no se hacía de formal puntual en las normas ahora interpretadas.
De esta manera, Nombre628 aplicando la metodología ya de previo aprobada para fijar el precio del combustible en planteles de distribución de Nombre1494 y al consumidor final, adecua la misma a la nueva regulación y emite la resolución RIE-084-2013 del 24 de setiembre de 2013, donde fija el precio del combustible que consume la flota pesquera no deportiva, con lo que se afirma que ni los artículos en cuestión ni ahora la interpretación auténtica presenta una metodología en el sentido técnico, sino una enumeración taxativa de costos que deben incorporarse al precio, lista que no existía antes de la emisión de esa interpretación auténtica, de modo que la fijación de metodologías es competencia del ente regulador y va más allá de esa regulación particular, que al final de cuentas debe ser aplicada dentro de una metodología determinada, como en efecto se hizo. Dentro del margen de discrecionalidad técnica que le es propia a la Autoridad Reguladora y dentro de los parámetros que establece el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, sí se han establecido claras pautas metodológicas a fin de implementar las regulaciones generales que se establecen en los artículos 45 de la ley 7384 y 123 de la ley 8436.
No se ha omitido por parte de Nombre628 establecer un precio competitivo, pues desde el 2002 existe resolución del Regulador General que establece la forma de cálculo de los precios de los combustibles para esa flota pesquera y ese acto es la RRG-2774-2002 del 26 de setiembre de 2002, estableciéndose precios plantel sin impuesto único más rubro de inversiones. Mediante resolución RRG-9233-2008 del 11 de noviembre de 2008 se respeta el criterio regulatorio establecido desde el 2002, sin impuesto único como lo ordena el artículo 45 de la ley 7384, por lo que el mandato legal se está cumpliendo y haciendo efectivo para beneficio de ese sector productivo, actuaciones que fueron avaladas mediante la citada sentencia 1230-2010. Agrega, que la petición de la actora de hacer retroactivos los efectos jurídicos patrimoniales por el dictado de la ley 9314 y establecer regresos económicos desde la vigencia de los artículos 45 de la ley 7384 y 123 de la ley 8436 es improcedente.
Aduce que si bien el efecto natural de la norma interpretadora es de precisar el verdadero sentido de la norma interpretada por ser ambigua, oscura o por dar dos o más interpretaciones que hacen imposible su aplicación, y que responden por sus efectos a la excepción de irretroactividad en virtud de ficción legal retrotrayéndose al momento de vigencia de la ley interpretada, para ello debe estarse el contenido de la interpretación sujeta a esas condiciones necesarias, ya que de no ser así, se le estaría dando efectos retroactivos a una ley en perjuicio de derechos adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas, de manera que como lo ha señalado la Sala Constitucional, cuando el contenido de la norma interpretativa exceda el papel que la Constitución le asignó y esté más bien produciendo una nueva norma, reformando o derogando otra legislación, no podrá tener tal efecto retroactivo. La ley 9134 fue más allá de aclarar un aspecto oscuro en las leyes interpretadas y con ella ha procurado establecer parámetros adicionales a esas normas que eran imposibles de prever por el ente regulador en su función de fijación tarifaria hasta antes de la emisión de esa ley 9134.
Precisó un concepto jurídico indeterminado, el de precio competitivo a nivel internacional y materializar el quantum de un beneficio económico que no estaba claro ni inteligible para el operador jurídico, esto es, es una legislación ex novo, no solo por el contenido que ésta establece sino por el fin perseguido con ella por el legislador. Agrega que retrotraer los efectos y las devoluciones pretendidas no es procedente por darse derechos adquiridos en la persona del prestador de servicios, ello por las diversas y distintas fijaciones tarifarias firmes que ha aprobado Nombre628 en el tramo de tiempo que se pide, como además avaladas por este Tribunal contencioso, ingresos que incluso fueron percibidos por Nombre1494 y que nunca ingresaron en el patrimonio del ente regulador. Rechaza los daños y perjuicios alegados dado que el petente no los precisó en cuanto a su origen ni los cuantificó por medio probatorio idóneo y se alegan situaciones que no pueden ser endosadas al ente regulador, como son los aspectos de poca fuente de trabajo y la crisis económica que sufre el sector pesquero, circunstancias que no están relacionadas con el precio de los combustibles que consume esa flota pesquera.
Aduce finalmente que los presupuestos del artículo 196 de la Ley General de la Administración Pública, tales como daño efectivo, evualuable e individualizable no han sido acreditados, como tampoco el nexo de causalidad que demuestre el daño concreto en su patrimonio o bienes jurídicos, por lo que no constan los daños y perjuicios graves e irreparables que dice sufrir la sociedad actora. Pide que la demanda sea declarada sin lugar en todos sus extremos.
En primer término, el Tribunal procede a pronunciarse en relación con la cosa juzgada. Ella es procedente, cuando se dé una identidad de las partes, el objeto y la causa, elementos a considerar a fin de que, en procesos en que se estén discutiendo los mismos aspectos, se tenga la certeza del derecho sustancial, y convirtiendo en inmutable, la decisión dirimida en uno de ellos. Como se obtiene de lo expuesto, es necesario que la accionada demuestre, o el propio órgano juzgador tenga por cierto, que las actuaciones, hechos y manifestaciones que se alegan en el proceso específico, son idénticas a las conocidas en otro asunto de carácter jurisdiccional, en el que ya exista sentencia firme. Su acogimiento se da, en consecuencia, a fin de evitar fallos contradictorios en relación con un mismo tema, en salvaguarda del principio de Seguridad Jurídica que impera en el Ordenamiento vigente. En el caso específico, no le consta a este cuerpo colegiado, que los hechos que aquí se discuten y analizan, ya hubiesen sido resueltos en definitiva por otra autoridad jurisdiccional de este mismo Tribunal, de forma tal que fuese improcedente el manifestarse válidamente al respecto.
En el presente asunto, la pretensión ha sido claramente identificada y persigue que se declare por parte de este Tribunal que la ARESEP, previo a su Resolución RIE-084-2013 ha desaplicado por omisión la utilización de una debida metodología de fijación de precios de hidrocarburos de conformidad y en contrapelo con lo dispuesto y establecido con los alcances de las leyes N°s 7384 y 8436; y como tal, aplican indemnizaciones patrimoniales retroactivas a la promulgación de las citadas leyes, esto como consecuencia del cambio de metodología adoptado por Nombre628 desde el 2 de octubre de 2013 en cumplimiento de la Ley 9134 que se plasmó con la resolución RIE-084-2013 publicada en La Gaceta 188 del 1 de octubre 2013. Esto es, no se acusa, no se pretende de modo alguno la invalidez de conducta formal emanada por el Nombre628 en tales fijaciones en el período precedente a la resolución de cita en relación con la vigencia de la Ley de Interpretación Auténtica N° 9134 del 13 de junio de 2013.
En ese entender, no hay paridad e identidad de litigio o controversia con lo dispuesto en sentencia N°1230-2010 del 6 de abril de 2010, dictada por la Sección Cuarta de este Tribunal, y que en cuya sede se vislumbró la invalidez de las resoluciones RRG-2774-2002, RRG-2878-2002, RRG4196- 2004, RRG-6118-2006, RRG-7601-2007, RRG-2821-2002, RRG-3249-2003, RRG-5218-2005, RRG-6226-2006, RRG-8559-2008 y conexas con posterioridad. Alerta esta Sección del Tribunal, que si bien, del asunto discutido en ese proceso podría haber similitud de argumentación y de discusión, la conducta subyacente en ambos procesos son disímiles por su naturaleza jurídica, lo que exhibe su diferenciación y por ende que la cosa juzgada no prevalezca en autos. No se comprueba, más allá del orden retórico, que tal instituto procesal efectivamente se hubiese presentado, por lo que es menester rechazar la alegada.-
La demanda ha de declararse sin lugar en todos sus extremos. Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, “prueba” significa en sentido general “Razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo...”; y en un sentido más jurídico conforme a la misma fuente, es la “Justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley..:” (ver DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA de la Real Academia Española. Madrid, Vigésima primera edición, 1992). Para Francesco Carnelutti (reconocido tratadista procesal de nivel mundial), la palabra “prueba” se utiliza como comprobación de la verdad de una afirmación, y no debe confundirse con el procedimiento empleado para la verificación de la proposición. El objeto de la prueba son los hechos. A partir de esta afirmación, y aunque cierto sector de la doctrina señala que en los procesos de puro derecho la prueba no es importante, dado que el derecho no es objeto de prueba, corre excepcionalidad en la presentación de esta causa (así declarada en audiencia preliminar), ya que el "thema decidendi" trasciende más allá del mero entendimiento de la aplicación correcta de las leyes en estudio y, se inmersa en la instrumentación de metolodogías técnicas empleadas en la fijación de precios preferentes de un determinado bien y sector de la economía nacional.
Así y de acuerdo a lo indicado en las líneas precedentes, las omisiones acusadas por la actora en cabeza de Nombre628 y la exigencia de la retroactividad del pago de las indemnizaciones a partir de la Ley de Interpretación Auténtica N° 9134, Artículo Unico sobre los alcances y temporalidad de rige de las leyes 7384, Artículo 45 y 8436, Artículo 123, resultaban campos de pragmatismo material institucional a dilucidar y comprobar técnica o científicamente, carga de la prueba que recaía en sede del pretendiente de la acción, esto al tenor del contenido del texto del artículo 317 del Código Procesal Civil, que le imponía su deber de demostrar las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho. La obligación de la prueba fue incumplida por la actora en este proceso y no quedan acreditadas en autos, ninguna de sus aseveraciones residenciadas en el escrito de demanda que acrediten o afiancen su derecho subjetivo reclamado.
Ni siquiera acreditó la actora aquellos datos o hechos jurídicos básicos de legitimación como que los permisos de navegabilidad y pesca estuvieran vigentes a la fecha de presentación de la demanda, o bien, la presentación de contabilidades confiables que permitieran acreditar a la sociedad como consumidora de combustibles a precios preferentes, más cuando, como lo ha indicado la demandada, la controversia sobre la validez y por ende juricidad de las conductas administrativas formales contenidas en las resoluciones de esa Administración RRG-2774-2002, RRG- 2878-2002, RRG-4196-2004, RRG-6118-2006, RRG-7601-2007, RRG-2821-2002, RRG-3249-2003, RRG-5218-2005, RRG-6226-2006, RRG-8559-2008 y conexas con posterioridad, como marcos de actuación institucional de su labor reguladora, fueron prohijadas bajo el amparo del ordenamiento jurídico, según se ha dicho en sentencia N°1230-2010 del 6 de abril de 2010, dictada por la Sección Cuarta de este Tribunal, lo que obligaba, aún con mayor ahínco y esmero, al litigante a demostrar cada una de las premisas mediante las cuales estructuró la demanda; de lo contrario y como ha sucedido en este asunto, la generalidad, imprecisión y alta retórica argumentativa sobre lo que ha considerado como el contradictorio, menoscaba su viabilidad jurisdiccional para obtener una sentencia estimatoria a su favor, quedando sus postulados como meros criterios de índole subjetivo.
Premisa de litigio como que "El Nombre628 ha mostrado una conducta omisa y renuente en establecer un trato preferencial y por ende un precio especial de los costos de los combustibles para el sector pesquero, ello al tenor de lo que establecen las leyes N°s 7384 y 8436, en franca violación a los parámetros dados por las citadas leyes, el debido proceso y el principio de legalidad. En cuanto al primero por aplicar una metodología distinta a la prescrita por las leyes indicadas en cuanto a los costos que deben conformar el precio de los combustibles para el sector pesquero y en cuanto a segundo, por irrespetar la voluntad de los legisladores y hacer prevalecer lo dispuesto por la ley general /ley N° 7593/ sobre las dos leyes específicas que establecen el régimen de excepción, tornado ilusorio el fin social fundamental en cuanto a equiparar a los pescadores costarricenses con las condiciones de los mercados internacionales, llevando a la actividad al colapso total.
Como consecuencia de esa conducta omisa de la ARESEP, hasta antes de que se dictara la Ley de Interpretación Auténtica, el sector pesquero ha sido privado, en cuanto al disfrute de los incentivos económicos, contemplados en las citadas leyes N°s 7384 y 7436, hasta antes de la Resolución RIE- 084-2013", requerían de demostración técnica y más que ello, de la justificación de antijuricidad de base de la conducta impugnada, no resultando vinculante para esta Sección del Tribunal, que bastase la sola enunciación de que Nombre628 incurriera en violaciones en contra del debido proceso y del principio de legalidad para resolver este asunto a su favor. Es la parte interesada la que debe aportar las bases de cientificidad de su presupuesto y la demostración de su hipótesis, ergo de su teoría del caso, aspecto que en esta oportunidad se encuentra ayuno y ausente. Muestra de ello, es que tampoco en la fase de contradictorio de la contestación de la demanda, la sociedad actora fue capaz de desacreditar la posición de Nombre628 sobre la improcedencia de los efectos retroactivos de la ley interpretativa de la que se ha hecho mención en este asunto e intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas, menos que menos sobre la tesis del contenido novedoso de esa ley en relación con las leyes interpretadas, ello por el silencio procesal plasmado por su falta de manifestación al respecto.
VII.Continuación ... Posición del Tribunal.- El Nombre628 cumple con fijar los precios preferenciales del combustible para la actividad de pesca no deportiva. Justificación. La normativa a nivel legal involucrada:
Ley 7384, Artículo 45. El sector pesquero adquirirá de Nombre1494 el combustible (gasolina y diesel), para la actividad de pesca no deportiva a un precio competitivo con el precio internacional, basado en el costo promedio de importación del mes anterior y considerando el costo C.I.F. refinería, así como los costos de distribución por oleoducto y distribución en planteles, de tal forma que el precio sea F.O.B. Plantel. Ese precio será fijado por el Servicio Nacional de Electricidad; al cual deberá solicitarlo previamente Nombre1494, según lo dispuesto en la Ley No. 6588 del 30 de julio de 1981, o el Instituto.El Instituto se encargará de la administración y el control del uso eficiente del combustible, destinado a la actividad pesquera no deportiva.
Ley 8436, Artículo 123. Exonérase a la flota pesquera nacional, excepto a la dedicada a la pesca deportiva, de todo tipo de impuestos nacionales para la importación de embarcaciones, repuestos, motores, implementos de navegación, de pesca y sus respectivos accesorios. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Nº 7384, de 16 de marzo de 1994, Nombre1494 venderá el combustible (gasolina, regular y diesel) a la flota pesquera nacional, excepto para la actividad de pesca deportiva, a un precio competitivo con el precio internacional.
Ley 9134. Artículo Unico . Se interpreta de manera auténtica el artículo 45 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, N° 7384, y el artículo 123 de la Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436, en el sentido de que la expresión “precio competitivo del combustible a nivel internacional”, contenido en ambas normas, que recibirá la flota pesquera nacional no deportiva, es basado en que el sector pesquero costarricense adquirirá de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), o de la entidad legalmente autorizada para la importación de hidrocarburos al país, el combustible, producto terminado (gasolina y diésel), a un precio que comprenderá únicamente los siguientes rubros: a) Valor del costo del producto (producto refinado: monto de la factura de compra. Producto no refinado: costo de refinamiento en Costa Rica). b) El flete hasta el puerto de destino en Costa Rica. c)Los seguros correspondientes al combustible. d) El costo por traslado del producto final, dentro del territorio nacional, hasta el punto de distribución. e) El costo de almacenamiento y bombeo para el plantel, donde se efectúe la venta.
Esos valores se fijarán con base en el costo promedio de importación del mes anterior, o la última información similar disponible. Ningún modelo general de cálculo de precios podrá abarcar el combustible destinado al sector pesquero nacional no deportivo, por lo tanto la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) deberá excluir cualquier otro rubro o componente considerado en la fijación del precio común de estos combustibles. El Incopesca se encargará de la administración y el control del uso eficiente del combustible destinado a la actividad pesquera no deportiva.
Al ser la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la tarea primordial de Nombre628 es asegurar que éstos se presten en condiciones óptimas de acceso, costo, calidad y variedad para los usuarios, incluyendo los sectores diferenciados como el que nos interesa. Esta regulación, se justifica en razón del interés público que marca no solo las fijaciones técnicas de los precios y tarifas que se determinen, sino además establecer, igualmente de manera técnica y científica, los incentivos a través del modelo de precios diferenciados de los hidrocarburos especificados hacia una especial área actividad en desarrollo. Nombre628 tiene el poder deber para imponer las reglas metodológicas que deben seguirse para la fijación de la tarifa o, del precio y sus ajustes, por lo tanto debe Nombre628 considerar una serie de principios regulatorios, entre los cuales destaca el llamado “servicio al costo”, el cual implica que Nombre628 debe fijar tarifas y precios de los servicios públicos contemplando únicamente los costos necesarios para su prestación, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad, como igualmente los criterios de eficiencia económica, equidad social, sostenibilidad ambiental y conservación de los recursos y el de “regulación eficiente”.
Con base en esto, se debe impulsar el desarrollo de los modelos y prácticas de regulación que impongan el mínimo costo a los usuarios, circunstancia que funciona en relación con la satisfacción del interés general al incentivar la economía pesquera. Dentro de las atribuciones y competencias propias de esta institución, mismas que dimanan por orden legislativa, concretamente por Ley Nº 7593 del 09 de agosto de 1996, destaca dentro de su esquema de regulación, el pilar basado en el principio del servicio al costo (art. 3.b y art. 14 p.1 de LGAP) como se ha dicho, que se traduce en que la determinación de las tarifas y los precios, únicamente se contemplarán los costos necesarios para la puntualización de los precios, permitiendo una retribución competitiva, que garantice un adecuado desarrollo de la actividad por parte de los desarrolladores de la actividad pesquera en particular. Esto es, por ley esta Administración tiene no solo la potestad para establecer los parámetros técnicos necesarios para fijar los precios de los combustibles que expende Recope, sino que en éste ámbito, tiene competencia exclusiva, excluyente y especializada en su conducta ordinaria reguladora, que ha de ser de acuerdo a los principios citados, tanto de orden técnico y económico y por ello, no quedan excluídas de estas ecuaciones de fijación los incentivos establecidos en las leyes de referencia y que huelga repetir, por lo que es jurídicamente aceptable que Nombre628 tenga un margen de discrecionalidad técnica para establecer la metodología de cálculo más conveniente al interés general y que precisamente es correspondiente a sus oficios (v.grs. resoluciones RRG-2774-2002, RRG-2878-2002, RRG-4196-2004, RRG-6118-2006, RRG-7601-2007, RRG-2821-2002, RRG-3249-2003, RRG-5218-2005, RRG-6226-2006, RRG-8559-2008 revisadas en sentencia 1230-2010 del 6 d abril de 2010 por Sección IV de este Tribunal), producto mismo y consecuente de la pragmaticidad material por la aplicación directa de los principios que se reitera obedecen al del servicio al costo necesario, la buena fe, el precio justo, el equilibrio de intereses, la técnica y la ciencia, todos instrumentalizados a través del uso de los elementos discrecionales técnicos, facultados por la vinculación positiva a favor de la ARESEP, que incorpora el numeral 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública a su ley orgánica, en ausencia de una reglamentación especifica sobre la temática tarifaria contenida en las leyes 7384 y 8436 (artículos de marras) y cuyos límites no ha desvirtuado ni acreditado por la parte interesada con certeza técnica y claridad científica y por demás jurídica, a lo largo del proceso para sostener la infracción antijurídica que acusa como motivo de su derecho de indemnidad o del llamado derecho de los daños correspondiente.
La anterior relación de aplicación de normas (7384, 8436 y 7593) no produce antinomia alguna entre las legislaciones que establecen los precios preferenciales, a nivel de ventajas económicos y tributarias y, la ley orgánica del ARESEP, menos que menos, que se deba entender la existencia de parcelas excluidas del fuero regulador, aún sobre los parámetros reguladores existentes y excepcionales en la fijación de esos precios preferentes, tal y como acontece por ejemplo con la instrumentación de la Resolución RIE-084-2013 de 24 de setiembre de 2013 que estima el contenido explicatorio para la definición del precio preferente del combustible que contiene más explícitamente la ley de interpretación auténtica N°9134 al respecto. Resulta entonces más que consecuente, procedente afirmar como lo indica la demandada que "De esta manera, Nombre628 aplicando la metodología ya de previo aprobada para fijar el precio del combustible en planteles de distribución de Nombre1494 y al consumidor final, adecua la misma a la nueva regulación y emite la resolución RIE-084-2013 del 24 de setiembre de 2013, donde fija el precio del combustible que consume la flota pesquera no deportiva".
De esta manera, al gozar efectivamente el sector pesquero de precios exclusivos del combustible que adquiere para el desarrollo competitivo de su actividad sin la carga tributaria y la aplicación de un precio FOB plantel, esto es, claramente, sin los márgenes o factores de ganancia del transportista y de las estaciones de servicio, es consideración de este Tribunal, que razonadamente se obtienen precios competitivos no solo a nivel nacional, lo que es indudable, sino también en el ámbito internacional. Esto le ha garantizado al reclamante la intangibilidad de su derecho subjetivo por la conducta lícita reguladora con que Nombre628 ha tratado la preferencia del precio de los combustibles, aspecto éste ayuno de descrédito, ya que el actor no ha traído a autos los índices de comparación correspondientes, ni contabilidades propias de erogación y costes administrativos y de renta bruta y neta de su propia actividad que puedan ser considerados como serios y confiables para que contradigan lo estipulado.
Gráficamente es ostensible la ventaja económica y tributaria que ha gozado y que goza la actividad pesquera de cita, tal y como se desprende de lo establecido en la contestación de la acción y del análisis de la prueba documental aportada (folios 150-185 de los autos), al apreciarse exclusión de variables en la determinación de los precios de los combustibles; ecuación o algoritmo que se visualiza y se expresa así:
Nombre5194 = PRI + D + K y para los precios del combustible para el usuario ordinario asi:
Nombre5194 = PRI + D + K+ IU+ MT + MC o lo que es igual, según resolución RRG-9233-2008 NPPCi = (PRji * TCR) * (1 + Kj) + DI + SI y en donde las siglas son:
Nombre5194 precio final al consumidor PRI precio internacional de referencia D diferencia o rezago tarifario K margen interno Recope* incluye gastos de flete y seguro, costo portuario, costo financiero, costo de trasiego, costo plantel distribución, inversión e inventario de seguridad IU impuesto único a los combustibles MT margen del transportista MC margen del comercializador SI subsidio El advenimiento legislativo de la ley de interpretación auténtica 9134, vino no solo a reforzar los incentivos o ventajas que tenía la actividad pesquera no deportiva en su adquisición de combustible, sino que como se aprecia del cuadro normativo expuesto, vino a clarificar, identificar y determinar "novedosamente" o "ex nunc", el contenido de esas ventajas en los precios, esto es, no solo reiteró el derecho subjetivo subyacente sino que además marcó el escenario de variables de costos y tributos sobre el cual las leyes interpretadas tan solo de manera fugaz, vaga y poco orientadora establecían esa preferencia para el sector, sin especificar las variables a considerar en el algoritmo metodológico correspondiente para la fijación del precio respectivo que estimó consecuentemente Nombre628 en las fijaciones dadas.
Por esto, no es cierto como lo afirma el actor que la demandada no ha hecho aplicación "cierta y efectiva" del incentivo económico al no excluir los costos asociados al precio FOB plantel del combustible, pues el componente interno de la variable K (indicada en el cuadro) no son susceptibles de exclusión dado el monopolio de Nombre1494 sobre los combustibles en el mercado internacional y ser éste ente el único adquirente primario de esos bienes y por lo tanto, cubrir el servicio al costo y no en déficit para no atentar contra el equilibrio financiero de la entidad prestataria (Recope), es decir, de acceder hipotéticamente el sector pesquero a introducirlos al país, costearían un precio CIF indiscutible y sus costos igualmente asociados. Tampoco por lo indicado, resulta certero y acreditado que el sector pesquero hubiese pagado un sobreprecio de referencia por la compra de los combustibles según los modelos tarifarios aplicados previamente a la ley interpretativa, al tanto que por ello en el considerando de hechos no probados, se enlistan varios presupuestos que la parte interesada no quiso, no pudo o no estimó pertinente demostrar, menos que menos, que esta legislación sobrevenida revelara con efectos anticipatorios costos más "baratos" de esos carburantes, ya que la nueva metodología aplicada actualiza los precios de los combustibles calculado con base en la facturación real de compra de estos del mes anterior y se sustenta prospectivamente con las variables precisadas desde ese momento y por ende, instrumentadas por la Resolución RIE-084-2013 de 24 de setiembre de 2013.
VIII.Improcedencia de indemnizaciones retroactivas. No cabe otro criterio que decir que la ley 9134, a partir del entendimiento de la exposición de motivos de su razón de ser, se dio para dar seguridad jurídica por establecer certeza y precisión en el ya concebido concepto precio competitivo con el precio a nivel internacional a fin de instrumentar regladamente la composición final de los combustibles adquiridos a precios preferentes por el sector pesquero. Esta ley, bajo una motivación creíble, procuró definir los parámetros necesarios que facilitacen al operador jurídico técnico, materializar el quantum del beneficio, distinto al beneficio tributario, es decir, expresó aquellos rubros a considerar como parte de la definición del precio competitivo ayunos en las leyes interpretadas, modificando el precio preferente resultante. Ello obviamente favoreció al consumidor especial, pero no en la medida de lograr ventajas patrimoniales de carácter retroactivo acumulativo por las diferencias, pues como se dijo, el derecho subjetivo no fue quebrantado en la medida que se pretende, y las fijaciones previas del precio una vez pagadas por ese consumidor particular constituyeron situaciones jurídicas agotadas, tanto para el operador del servicio monopolístico de cita como para el usuario.
La incorporación de los rubros en esa ley interpretativa aplican prospectivamente con relación a la normativa preexistente, pues como se ha dicho, las fijaciones dadas se ampararon en conductas lícitas propias de la metodología reguladora como se ha venido indicando. Es obligatorio para este Tribunal a partir de la estimación anterior, referirnos a las conclusiones del oficio 1704-IE-2013, preámbulo justificativo de la Resolución RIE-084-2013 que señala los consecuentes del contenido novedoso que desarrolló la ley 9134: "Conclusiones:1. De la ley 9134 y la discusión legislativa que hubo en el proceso de aprobación, se desprende la lista de costos que deben incluir las tarifas de combustibles para la venta al sector pesquero nacional no deportivo.2. La metodología vigente incluye la opción de agregar o restar a la tarifa un subsidio, mismo que puede ser aprobado por la Asamblea Legislativa o determinado por ARESEP. 3.
La ley 9134 deja por fuera del cálculo una serie de costos en los que incurre el prestador del servicio, al no indicar la misma su fuente de financiamiento y tomando en cuenta el principio de equilibrio financiero del prestador del servicio público, que define la ley 7593, se está bajo la presencia de un subsidio cruzado entre las tarifas de combustibles a la flota pesquera nacional y el resto de combustibles que vende Recope. 4. Las diferencias de los costos entre lo que indica la ley 9134 que deben incluir estas tarifas y los que están incluidos en las tarifas vigentes, son las que determinan el monto del subsidio. Esas diferencias se detectaron en las variables: valor de los combustibles importados (valor facturado versus precio de referencia -PRI-), margen de comercialización de Nombre1494 -Ki- (del cual se deben mantener únicamente los costos de flete marítimo, seguro marítimo y costo de trasiego, almacenamiento y distribución) y diferencial de precio -Di-). 5. Con base en lo anterior, se determina que los precios de los combustibles vendidos al sector pesquero nacional no deportivo deben rebajarse ... 6.
El monto total del subsidio a distribuir entre los demás combustibles ..." Como se aprecia, la conclusión de este Tribunal, es que la instrumentación de los nuevos elementos del algoritmo corre a partir de la definición legal, cuya diferencia originaria hacia nueva regla en relación con la ley interpretada es evidente y no retroactiva como se ha pretendido, provocando excepcionalidad al principio inmerso en el numeral 34 constitucional, tal y como lo aduce la demandada cuando señala que "la nueva ley no puede válidamente incidir sobre él porque el hecho constitutivo del derecho se produjo bajo el imperio de la ley anterior", por lo que no lleva razón legal alguna la accionante en sus pedidos.
IX.Improcedencia de los daños reclamados. El promovente complementa sus pretensiones con pedimentos indemnizatorios. En concreto, en las pretensiones "c) Que la demandada deberá indemnizar por el daño moral, consistente en el hecho de haberse privado a la compañía, de beneficios económicos establecidos por ley, daño moral objetivo, los cuales se estiman en razón de un millón de colones por año del período comprendido entre el 4 de noviembre de 2002 y hasta el 2 de octubre de 2013. Igualmente, deberá indemnizar por el daño, el cual se estima de la diferencia que dejó de existir entre un precio preferencial y el precio de la calle, el cual se obligó a pagar a la parte actora en el período dado anteriormente. d) Que deberá indemnizar por los perjuicios ocasionados consistentes en el pago de intereses de ley, correspondientes de los depósitos a seis meses plazo, según lo establece el Banco Nacional de Costa sobre los rubros anteriormente indicados." En el marco lógico de esta acción, las pretensiones recién mencionadas se vinculan de manera directa con la solicitud de "a) Que la entidad demandada está en la obligación de dar debido y fiel cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Unico de la Ley N° 9134, en el tanto, constituye el marco regulatorio para la fijación del precio de los combustibles para la pesca no deportiva. b) Que por tratarse de una demanda amparada en una "Ley de Interpretación Auténtica", los efectos serán de carácter retroactivo a partir del 4 de noviembre de 2002, hasta el 2 de octubre de 2013".
Se trata de extremos que respecto de los cuales existe una innegable relación de accesoriedad con la pretensión declarativa requerida. Por ende, al establecerse la juricidad y la conformidad sustancial con el ordenamiento jurídico de las conductas objeto de este contencioso, es evidente que resultan improcedentes los reclamos de orden reparatorio. En consecuencia, dichas partidas deben ser denegadas.
X.De las excepciones. Se invocaron por parte de Nombre628 las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación pasiva. La legitimación pasiva hace referencia a la idoneidad de la parte accionada para figurar en la litis en ese carácter y deriva del hecho de ser la persona jurídica obligada por el ordenamiento a satisfacer la pretensión esgrimida por el demandante en la eventualidad de la estimación de la causa. Esto es, se exige que a quien se haya demandado tenga en realidad las obligaciones que el actor pretende que se declare en el litigio; de lo contrario, podrá argumentar (por medio, justamente, de la excepción de falta de legitimación pasiva) que ha sido traído erróneamente a juicio, pues no existe título en virtud del cual deba contestar la demanda y verse eventualmente perjudicado por lo que se declare en sentencia. La falta de legitimación pasiva se presenta, pues, cuando el demandado no es titular de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión, con prescindencia de que ésta tenga mérito o no. Nombre628 es el ente regulador competente para estimar las obligaciones de la pretensión de la actora, con lo cual muestra su titularidad para ser llamada a juicio; en esta tesitura, la excepción alegada debe denegarse.
No obstante, de conformidad con lo expuesto en los considerandos anteriores, no existe actuación administrativa ilegítima, anormal u omisa que sirva de puente causal para los detrimentos que se alegan. Lo anterior trae como consecuencia acoger la defensa de falta de derecho, resultando consecuente que la demanda deba declararse sin lugar en todos sus extremos.
XI.De las costas del proceso. De conformidad con el numeral 193 del Código Procesal Contencioso Administrativo, las costas procesales y personales constituyen una carga que se impone a la parte vencida por el hecho de serlo. La dispensa de esta condena sólo es viable cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar o bien, cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas cuya existencia desconociera la parte contraria. En la especie, no encuentra este órgano colegiado motivo alguno para aplica la excepción que fija la normativa atinente al caso y quebrar el postulado de condena al vencido. Por ende, se impone la condenatoria en costas procesales y personales a cargo de la parte actora, mismas que devengarán intereses legales una vez determinadas y hasta su efectivo pago.
POR TANTO
Se rechaza la prueba para mejor resolver. Se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Se rechaza la excepción de cosa juzgada. Se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva. Se acoge la excepción de falta de derecho. Son las costas del proceso a cargo de la actora, mismas que devengarán intereses legales una vez determinadas y hasta su efectivo pago.
Ronaldo Hernández Hernández Eduardo González Segura Bernardo Rodríguez Villalobos EDUARDO GONZÁLEZ SEGURA – JUEZ/A DECISOR/A RONALDO HERNANDEZ HERNANDEZ – JUEZ/A DECISOR/A BERNARDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS - JUEZ/A DECISOR
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